EFECTOS DE LA DECLARACION DE QUIEBRA.
IDEAS GENERALES GENE RALES .
La declaración de quiebra que reconoce el estado patrimonial crítico del deudor origina un conjunto de efectos o consecuencias en el plano jurídico-económico sobre las personas y bienes del fallido. Tales efectos, que son permanentes y definitivos, se producen desde que se declara la quiebra, como excepción a la regla del artículo artículo 38 del CPC, y afectan también también las relaciones relaciones jurídicas que el fall fallid ido o haya haya ce cele lebr brad ado o co con n ante anteri rior orid idad ad a ella ella,, lo que tamb tambié ién n es una excepción, ya que el inciso 2 del artículo 3 del Código Civil limita la fuerza obligatoria de las sentencias, y en este caso, alcanza incluso a personas que no han sido parte del juicio, como los terceros. Otra particularidad de la sentencia es que no sólo opera hacia lo futuro, sino que también sus consecuencias se remontan hacia el pasado, con influencia retroactiva, incluso antes del hecho en que se funda la causal. El título VI, en los artículos 64 y siguientes se refiere a los efectos de la quiebra.
CLASIFICACIÓN DE LOS EFECTOS DE LA QUIEBRA. (CRITERIOS)
Un primer criterio distingue entre:
Efectos de la quiebra sobre la persona del fallido, representado por cier cierta tass inha inhabi bili lida dade dess que que la ley ley esta establ blec ece e resp respec ecto to del del deud deudor or quebrado y por el proceso de calificación.
Efec Efecto toss sobr sobre e los los bien bienes es del del deud deudor or;; entr entre e los los cual cuales es debe deben n distinguirse: •
•
Los bienes del deudor, respecto de los cuales todo el sistema de la quiebra comporta medidas especiales, y Los bienes de los acreedores, sobre los cuales la quiebra implica la desaparición de algunos derechos y el nacimiento de otros nuevos.
Otro criterio distingue al tiempo en que se producen los efectos de la declaratoria de quiebra:
Efectos inmediatos, es decir, los que se originan con posterioridad a la resolución que reconoce el estado quiebra.
Efec Efecto toss retr retroa oact ctiv ivos os,, que que son son aque aquell llos os que que afec afecta tan n rela relaci cion ones es jurídicas celebradas con anterioridad a la declaración de quiebra.
ENUM ENUMER ERA ACIÓN CIÓN DE LOS EFEC EFECT TOS DE LA QUI QUIEBR EBRA. (SIG SIGUIE UIENDO LA CLASIFICACIÓN DE ACUERDO AL TIEMPO)
Efectos inmediatos:
El derecho a pedir alimento
El desasimiento
La fijación irrevocable y definitiva de los derechos de los acreedores.
La exigibilidad anticipada de todas las obligaciones del fallido.
La suspensión del derecho a ejecutar individualmente individualmente al quebrado.
La acumulación de juicios.
Efectos retroactivos
Los que se originan respecto de los actos celebrados a título gratuito.
Los que afectan los actos actos jurídicos celebrados celebrados a titulo oneroso.
Las acciones revocatorias. EFECTOS INMEDIATOS
EL DERECHO DERE CHO A PEDIR P EDIR ALIMEN A LIMENTOS TOS .
Esta establecido en el artículo 60 de la LQ, y se ejerce en contra de la masa con el objeto de asegurar la subsistencia del fallido y su familia. La verdad es que estos “alimentos” se integran dentro de la teoría general del “pago con beneficio de competencia”. El pago con beneficio de competencia es una prerrogativa que se le reconoce al deudor de buena fe, esto es, a aquel impo imposi sibl ble e de sanc sancio iona narr por por quie quiebr bra a culp culpab able le o frau fraudu dule lent nta. a. No pued puede e considerarse derecho de alimentos por la sencilla razón de que los bienes con que se proveen las necesidades alimentarias del fallido y su familia son de “su propiedad” y no de los acreedores, situación que no guarda relación con la institución de los derecho de alimentos. Según la norma señalada, se distingue entre el deudor común y el deudor calificado comprendido comprendido en el artículo 41 de la LQ. El deudor común tiene derecho a que la masa le dé alimentos para él y su famili familia. a. En cambio cambio,, el deudo deudorr calif califica icado do puede puede pedir pedir alime alimento ntoss si hubier hubiere e solicitado su propia quiebra.
El derecho a pedir alimentos asiste al deudor obligado a solicitar su quiebra, aun cuando la pida después de transcurrido el plazo de 15 días desde que haya cesado en el pago de una obligación mercantil. Se suspende el derecho a pedir alimentos mientras el fallido esté encargado reo, y cesa si es condenado en definitiva por quiebra culpable o fraudulenta o por alguno de los delitos a que se refiere el artículo 466 del Código Penal. La cuantía de los alimentos se determina por el tribual que conoce de la quiebra, con audiencia del síndico y de los acreedores. Los alimentos son para el fallido y su familia. El concepto de familia debe entenderse en el sentido que le atribuye el artículo 815 inciso 3 del Código Civil, cuando define uso y habitación. El fallido es acreedor de la obligación de dar alimentos que grava a la masa o activo de la quiebra y tiene preferencia para su pago. La solicitud de alimentos del fallido se tramita como incidente, en ramo separado del cuaderno principal de la quiebra. La petición se notifica al síndico personalmente o por cedula, y a los acreedores por aviso. Este aviso debe cumplir con las exigencias del artículo 6 de la LQ. Los acreedores pueden oponerse a la solicitud del fallido, fundándose en que éste tiene medios para asegurar su sustento y el de su familia. Incluso puede acreditar que no obstante el desasimiento, el fallido tiene ingresos con que solventar esas necesidades. No debemos perder de vista que el desasimiento no implica una incapacidad, que no afecta bienes futuros y que no comprende todos los bienes del fallido En otro tema, bien podríamos plantear que el mal llamado derecho de alimentos no es un efecto de la sentencia de quiebra. Si observamos el beneficio para el caso del deudor del artículo 41 nacería de la sola solicitud oportuna de quiebra y no de la sentencia misma, pues esta conducta es la que premia la ley; en el caso del deudor común siempre se le presume buena fe. La buena fe premiada es entonces la causa de este beneficio. No es que la sentencia lo cause, y que, por lo tanto, aquel sea un efecto, sino que la sentencia de apertura lo hace necesario, por efecto del desasimiento.
EL DESASIMIENTO .
Es el efecto más importante de la quiebra, porque sirve para cumplir con el objetivo de ella, esto es, realizar en un solo los bienes de una persona, y así proveer al pago de las deudas del deudor. Para llegar a este fin la ley ha privado al fallido del derecho de administrar y disponer de los bienes, facultades que se entregan al síndico. En otras palabras, el desasimiento es la
inhibición que sufre de derecho el fallido respecto de las facultades de administrar y disponer de sus bienes, de acuerdo a la ley. R. Sandoval, lo define como un efecto inmediato de la declaratoria de quiebra, en virtud del cual el fallido queda inhibido de la administración y disposición de sus bienes afectos a concurso y mientras éste no ha concluido por convenio o sobreseimiento. Sea que se trate de una inhibición temporal del fallido o un embargo general, lo importante es que el fallido es privado de la administración de sus bienes la que pasa de pleno derecho al síndico y además, es privado de la facultad de disponer de ellos y de sus frutos, la que pasa a los acreedores.
Dada la importancia de este efecto, su aplicación opera por el ministerio de la declaración de quiebra, sin que sea necesario esperar que la sentencia sea notificada. El mismo encabezamiento del artículo 64 lo señala. Es uno de los efectos más importantes de la declaratoria de quiebra, pues a través de él se puede llevar a efecto el objeto del juicio de quiebras definido en al artículo primero, cual es, "realizar en un solo procedimiento los bienes de una persona natural o jurídica a fin de proveer al pago de sus deudas" . El efecto inmediato del desasimiento se produce desde que se pronuncia la sentencia declaratoria de quiebra, sin que medie notificación a las partes. A este respecto, un fallo de la Corte Suprema, Gaceta Jurídica, 1984, Nº51, p.41, señala "El desasimiento de los bienes del fallido es un efecto que se produce de pleno derecho, de inmediato, de tal manera que la sentencia que declara la quiebra, en cuanto a su notificación, constituye uno de los casos expresamente exceptuados por la ley de acuerdo con el artículo 38 del Código de Procedimiento Civil y produce los efectos inmediatos ya indicados o aún retroactivos en otros, antes de su notificación". La doctrina y la jurisprudencia justifican esta excepción a las reglas generales diciendo que solo así se asegura su eficacia. Sólo hay un fallo de la Corte de Apelaciones de Valdivia que ha dicho que el desasimiento requiere de notificación.
Naturaleza jurídica.
Para comprender el significado del desasimiento, se ha recurrido por los autores a variadas teorías. Nosotros no limitaremos a las más significativas. a) Teoría de la incapacidad del fallido.
Pretende explicar esta teoría el desasimiento como una incapacidad especial que sufre el fallido con ocasión de la apertura. Consecuentemente con ella, se sancionan los actos del fallido con la nulidad relativa o absoluta. Hoy esta teoría no puede sostenerse en el derecho nacional. En primer lugar, porque las incapacidades son de derecho estricto, y son aquellas señaladas en el artículo 1447 del Código Civil. En segundo lugar, la sanción para los actos del fallido respecto de su patrimonio cursado es la inoponibilidad, consagrada en el artículo 72 de la LQ, y no la nulidad. b) Teoría de la expropiación del patrimonio. Esta teoría trata de explicar el desasimiento como una suerte de expropiación, privándole no de la capacidad, si no de la propiedad sobre su haber concursado. Sin embargo, nuestra ley en sentido expreso establece que la quiebra no sustrae del fallido el dominio de sus bienes, artículo 64 inciso 2 de la LQ. c) Teoría de la personalidad jurídica. Sostiene que la sentencia de quiebra constituye una persona jurídica especial, que tendría representación judicial y extrajudicial, ya sea a través de la junta de acreedores o el síndico. No tiene sustento porque: 1. Es una persona jurídica sin patrimonio. 2. Constituiría un ente jurídico cuyo único objeto sería su liquidación
d) Teoría de la prenda general. Señala que si bien el desasimiento no transfiere el dominio de los bienes del fallido, crea para los acreedores concursales un derecho real universal sobre dicho patrimonio, una prenda general en garantía de los créditos de los acreedores. Cabe objetarla porque no cabe la expresión prenda general, pues el patrimonio comprende muebles e inmuebles. e) Teoría Procesalista o del embargo. El embargo es un acto jurídico procesal que tiene por objeto asegurar el resultado de la pretensión deducida, afectando determinados bienes al cumplimento de la sentencia que en el procedimiento ejecutivo se dicte. El desasimiento pertenece al mismo género procesal, sin embargo tienen algunas diferencias:
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El embargo recae sobre bienes singulares, determinados individualmente. El desasimiento incide sobre una universalidad jurídica, sobre un conjunto de bienes que participan de un común status jurídico, sin que importe la especificación de los mismos. Por lo anterior, no es necesaria la actividad material de individualización del ministro de fe para formalizar el desasimiento. Las facultades de uso, goce y disposición sobre los bienes concursados se transmiten de una manera distinta que las mismas facultades sobre los bienes embargados. En el embargo, la facultad de disposición emerge en el órgano jurisdiccional y el uso y goce se traduce en la administración del bien singular confiada al depositario. Tratándose del desasimiento, la disponibilidad la detenta la colectividad de acreedores, que actúa por el órgano junta de acreedores, y el uso y goce se convierte en la facultad orgánica de administración del síndico. La sanción para la enajenación de bienes embargados es la nulidad absoluta por objeto ilícito, contemplada en el articulo 1464 nº3. En cambio, la sanción en el desasimiento es la inoponibilidad. Por último, el desasimiento es una medida del género del embargo, pero jerárquicamente superior, pues aquél prima sobre éste considerando el carácter de orden público del bien jurídico involucrado en la ejecución donde opera, en contraste con el carácter privado de los intereses en conflicto en la ejecución singular.
Por lo tanto, el desasimiento tiene el carácter de embargo, pero de manera colectiva o universal, si se quiere, lo que guarda directa relación con el artículo 70 de la LQ, toda vez la declaración hace sucumbir los embargos y medidas precautorias que en esos juicios se hubieran decretado, lo que no tendría sentido si el desasimiento no llenare esa misma finalidad, aunque en beneficio de todos los acreedores por el interés general que tiene la masa colectiva que ellos forman en resguardo de sus derechos. A juicio de Raúl Varela Varela el desasimiento es una especie de embargo general que paraliza los poderes de disposición y goce que el fallido tenía antes de la quiebra, como atributos de su dominio, para entregarlos a los acreedores para que se paguen de sus créditos.
Extensión de la pérdida del derecho de administrar .
El desasimiento tiene dos grandes aspectos: un aspecto material y un aspecto jurídico.
El aspecto material se ve reflejado principalmente en la incautación e inventario que tratan los artículos 94 y siguientes y comprende el desapoderamiento de los bienes, el cierre de establecimientos, la aposición de sellos, la entrega de bienes por terceros al síndico, etc... El aspecto jurídico, se traduce principalmente en la pérdida del derecho de administrar y disponer de sus bienes. Este es el principal efecto del desasimiento, la privación del derecho de administrar el fallido sus bienes, la que pasa al síndico. Esta pérdida comprende dos grandes actos, que es necesario distinguir: 1- Los actos extrajudiciales 2- Los actos judiciales.
1- Actos extrajudiciales. La pérdida del derecho de administrar significa que el fallido no puede disponer de los bienes ni de los frutos, salvo de aquellos que sean inembargables. Esta facultad de disponer pasa de pleno derecho al síndico, quien la ejerce con arreglo a las normas de la ley concursal. Así lo establece el artículo 64 inciso 3 de la LQ. a. Valor de los actos posteriores a la quiebra. En términos generales, podemos decir que tales actos o contratos son inoponibles y no nulos. Lo dice expresamente en el artículo 72 de la LQ. Sin embargo, el legislador no indica respecto de quién son inoponibles tales actos o contratos. Dicha precisión es fundamental tratándose de la inoponibilidad, que es relativa en cuanto a quienes pueden solicitarla que se declare y en cuanto a la ineficacia que ella origina. Con todo, debe entenderse que en este caso la inoponibilidad está consagrada a favor de todos los acreedores. La inoponibilidad sólo puede ser pedida por el síndico en representación de la masa de acreedores, y no puede hacerse valer por cualquier persona que tenga interés en ello, como sucede con la nulidad absoluta. Por otra parte, alzada la quiebra por alguno de los modos legales, los actos o contratos ejecutados o celebrados por el fallido, durante el desasimiento, no podrán ser atacados por vicio de nulidad por los terceros y se mantendrán plenamente eficaces. Qué pasa si el fallido dispone de sus bienes luego de dictada la sentencia declaratoria de quiebra.
El artículo 2467 del Código Civil señala que "son nulos todos los actos ejecutados por el deudor relativamente a los bienes de que ha hecho cesión, o de que se ha abierto concurso a los acreedores" .
La ley de quiebras señala en su artículo 72 que son inoponibles los actos y contratos que el fallido ejecute o celebre después de dictada la sentencia que declara la quiebra, con relación a los bienes de la masa. Entonces, la sanción no es la nulidad sino la inoponibilidad, sin embargo no se señala respecto de quién son inoponibles, lo que es importante saber, ya que la inoponibilidad es relativa en cuento quienes pueden solicitar que se declare y en cuanto a la ineficacia que ella origine. Se ha entendido que está establecida en favor de la masa de acreedores. Debe ser pedida por el síndico en representación de la masa, lo cual representa un adelanto en relación con la nulidad absoluta que puede ser pedida por quien tenga interés en ella; además la inoponibilidad sólo puede invocarse mientras dure la quiebra, en cambio la nulidad puede invocarse mientras no prescriban sus acciones incluso después de terminado el desasimiento.
b. Bienes comprendidos en el desasimiento. Los bienes comprendidos en el desasimiento son: •
Los bienes presentes;
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Los bienes que tenga el fallido en usufructo, y
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Los bienes futuros.
Bienes presentes :
Son bienes presentes del fallido los que le pertenezcan a cualquier título por haber ingresado a su patrimonio. Los bienes que se refiere el desasimiento son de carácter patrimonial, de donde resulta que no se consideran para este efecto los bienes extra patrimoniales. Quedan comprendidos en esta categoría de bienes presentes los que, perteneciendo al deudor quebrado, se encuentran en poder de un tercero. El momento para determinar los bienes presentes es el de la declaratoria de quiebra, de acuerdo con lo señalado en el artículo 64 de la LQ.
Quedan excluidos del desasimiento los bienes inembargables y a ellos se refieren los artículos 1618 del Código Civil y 445 del CPC, así como otros cuerpos legales que establecen inembargabilidades especiales.
Bienes que tenga el fallido en usufructo .
Puede ocurrir que el quebrado tenga el usufructo legal de ciertos bienes, como el caso del marido respecto de los bienes de su cónyuge, o en el caso del padre respecto de los hijos de familia. ¿Entran estos bienes en el desasimiento? La solución la otorga el artículo 64 inc. 4. El fallido conserva a la administración de los bienes que tenga en usufructo como marido o como padre y que pertenezcan a su mujer o hijos. Sin embargo, el síndico debe intervenir con el objeto de velar porque los frutos líquidos de esos bienes ingresen a la masa. Son frutos líquidos de los bienes en usufructo los que quedan después de deducir: •
Los costos de producción
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Las cargas legales o convencionales.
Son cargas legales las impuestas por el ordenamiento jurídico, como impuestos, contribuciones, etc. Son cargas convencionales las establecidas por voluntad de las partes, como un gravamen impuesto a los bienes que se ha recibido en herencia. •
La pensión alimenticia que el juez determinar para el fallido con audiencia del síndico, de la cuota de los frutos, para sus necesidades y las de su familia, habida consideración de su rango y de la cuantía de los bienes sometidos a intervención.
Deducidos estos 3 rubros, tenemos los frutos líquidos que ingresan a la masa y que están bajo intervención del síndico. La pensión alimenticia a que hacemos referencia ahora no es la misma contemplada en el artículo 60 de la LQ. Ambos son incompatibles, no se pueden acumular; los alimentos del artículo 60 se obtienen luego de una solicitud que se tramita incidentalmente, en tanto que la pensión a que hacemos referencia es una cuota de los frutos que el juez, con audiencia del síndico y del fallido, acuerdo a este último para que haga frente a sus necesidades. Cuando el artículo 64 inc. 4 señala “mientras subsista el derecho del marido, padre o madre en falencia” el legislador quiso dejar a salvo la posibilidad de que la mujer pueda iniciar, por ejemplo, un juicio de divorcio. En estos juicios, el síndico puede actuar como coadyuvante, como lo dice expresamente el artículo 64 inciso final. Del artículo 27 nº1 se desprende que en los demás
juicios que se sigan referente a los bienes comprendidos en la masa, debe actuar el síndico en representación del fallido.
Bienes futuros .
Respecto de los bienes que han sido adquiridos con posterioridad a la declaración de quiebra, para conocer la suerte de ellos es necesario distinguir: Bienes futuros adquiridos a título gratuito y bienes futuros adquiridos a titulo oneroso. •
Bienes futuros adquiridos a título gratuito .
Las herencias, legados o donaciones, y en general todos los bienes del fallido que ha adquirido a título gratuito, entran en la masa de bienes de la quiebra. Pero puede ocurrir que estos bienes estén afectos a ciertas cargas o gravámenes, lo justo es que éstas tengan preferencia para ser satisfechos. Así lo dispone el artículo 65 inciso 1 por lo demás. En efecto, el fallido podría ser donatario o legatario de una asignación determinada y en la que se le imponga como carga la obligación de pagar una renta en beneficio de un tercero, para atender así a la disposición con que le fuere otorgada, en cuyo caso la quiebra habrá de respetar esta carga y por lo mismo su importe no ingresa a la masa de bienes. •
Bienes futuros adquiridos a titulo oneroso .
El deudor quebrado conserva el dominio y la administración de estos bienes, por lo que no entran a la masa de bienes. Sin embargo, al tenor del artículo 65 inciso 2, lo acreedores pueden someter esa administración a intervención del síndico y tendrán derecho a los beneficios líquidos que de ellos se obtengan, dejando al fallido lo necesario para sus alimentos, como en el caso del artículo 64 inc. 4 Como el fallido no es incapaz, puede ejercer cualquier género de empleo, oficio, profesión, industria o comercio y será plenamente capaz para su administración, separadamente de la masa.
Bienes que no entran en el desasimiento.
Queda fuera de la quiebra dos categorías de bienes. •
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Los bienes inembargables, ya sea que este carácter se les dé por el CPC o por leyes especiales. Los bienes ajenos que van a ser objeto de una acción reivindicatoria o incidental.
2- Actos Judiciales.
Como regla general, el fallido no puede actuar en juicio como demandante ni como demandado, lo que significa que su representación la toma el síndico de quiebras. Esto es de importancia, por cuanto se debe demandar al síndico en representación del fallido. Así lo dispone el artículo 64 inc. 3. Este inciso se refiere sólo a los juicios en que el fallido puede actuar como demandante o demandado en lo relacionado con los bienes comprendidos en la quiebra. En otras palabras, la inhabilidad rige únicamente respecto de los juicios relativos a los bienes objeto del desasimiento y no para otros juicios relativos a bienes no afectados por la quiebra. Ella no se aplica en consecuencia a juicios donde se ventilan derechos extra patrimoniales, como por ejemplo, derechos de familia, estado civil, etc. Sin embargo, cuando estos juicios dan nacimiento a obligaciones patrimoniales, vuelve a cobrar vigencia la inhabilidad de que tratamos. El fallido puede actuar en todos aquellos en que el síndico no lo haga oportunamente, sobre todo tratándose de actos conservatorios, como por ejemplo, la interrupción de la prescripción.
LA FIJACIÓN IRREVOCABLE DE LOS DERECHOS DE LOS ACREEDORES .
Este efecto está señalado en el artículo 66 de la LQ. El alcance de esta norma está en que los créditos de los acreedores no pueden variar en cuanto a su monto ni a su calidad, después de declarada la quiebra. Es decir, el pasivo de la quiebra queda inmóvil. Sin embargo, el alcance de este efecto no es absoluto, como lo remarca el final de la propia disposición que consagra el efecto, lo que aparece de manifiesto en otras dos normas que guardan correspondencia y armonía con sus consecuencias. Tales son los casos de los artículos 69 y 71, que junto reafirmar el alcance del artículo 66, contienen a su vez sendas excepciones al principio. •
Consecuencias de la fijación irrevocable en las compensaciones .
La compensación es un modo de extinguir las obligaciones que opera cuando dos personas son deudoras una de otra y acreedoras recíprocamente. Está definida en el artículo 1655 del Código Civil. Para que opere la compensación como forma de extinguir las deudas, debe reunir las siguientes cualidades: -
Que ambas sean de dinero o de cosas fungibles o indeterminadas de igual género y calidad.
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Que ambas seas actualmente exigibles.
Reunidos estos requisitos, la compensación opera por el solo ministerio de la ley y aun sin el conocimiento de los deudores. Declarada la quiebra, toda compensación que no se ha producido antes de esa declaración no puede originarse después de acuerdo con lo prevenido en el artículo 69. La razón es que la compensación no tiene por objeto satisfacer una necesidad jurídica, sino que representa una economía en cuanto se evita un doble pago. Además, el artículo 69 se refiere a las compensaciones que cumplieron con los presupuestos antes de la declaratoria. Si los presupuestos se cumplen después de la declaratoria, la compensación no opera válidamente, porque lo impide la declaración de quiebra. Ahora, sobre las excepciones señaladas con anterioridad. El artículo 69 en su parte final señala una excepción. Ésta consiste en que se admite una compensación cuyos requisitos se reúnen después de la declaración de quiebra, y va a producir efectos válidos en dos casos: 1- Cuando se trata de compensar obligaciones conexas derivadas de un mismo contrato. 2- Cuando se trata de compensar obligaciones que provienen de una misma negociación. Otra excepción es la contemplada, como dijimos, en el artículo 71, por la que los acreedores hipotecarios y prendarios podrán iniciar o proseguir sus acciones en los bienes efectos a la seguridad de sus respectivos créditos. Por último, la compensación puede esta afecta a las acciones revocatorias. En efecto, la LQ señala un caso en el artículo 77. Durante la cesación de pagos el fallido realiza actos tendientes a salvar su estado patrimonial crítico. Puede ocurrir que, en este periodo, el fallido ceda un crédito mediante endoso, que sirva de base una compensación. Tal compensación resultará inválida por el ejercicio de la acción revocatoria. No obstante, las demás compensaciones que operen antes de la declaratoria no son nulas; pero esto no significa que queden a firme, porque cuando sus requisitos se han configurado durante el periodo de cesación de pagos, pueden ser objeto de acciones revocatorias. .
EXIGIBILIDAD ANTICIPADA DE TODAS LAS DEUDAS.
Este efecto inmediato está establecido en el artículo 67 de la LQ.
El fundamento en que se ha inspirado el legislador para establecer este efecto responde a varias consideraciones: •
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Desde una razón jurídica, es dable que pueda exigirse el pago de una obligación a plazo antes que se produzca su vencimiento, en la norma del artículo 1496, nº1 del Código Civil, que rige la caducidad del plazo respecto del deudor constituido en quiebra o que se halle en estado de notoria insolvencia. Desde una razón lógica, como quiera que si el deudor obtuvo del acreedor un plazo para dar cumplimiento a sus obligaciones, fue en base a la confianza que tenía en el deudor, la que desapareció con la sentencia. Además tiene un significado práctico, ya que si se advierte la complicación que traería consigo en el juicio de quiebra liquidar los créditos, aguardando los plazos de vencimiento de los diferentes créditos que se invocasen en el concurso. Por último, no puede sustraerse este efecto al principio de equidad en que descansa y se impone para cautelar la “ par condictio creditorum”, dado que se daría el contrasentido de proceder a pagar ciertos créditos primeramente que otros, sancionando todavía en términos injustos a los que estuvieron de más buena fe, al haber depositado la confianza en el deudor en relación con los otros que no le dieron crédito para pagar sus deudas.
El contenido y alcance de la exigibilidad que regula el artículo 67 queda claramente delimitado en la disposición en 5 dictados fundamentales: -
Quedan vencidas y exigibles.
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Respecto del fallido
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Todas sus deudas pasivas, y esto con el solo objeto;
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Que los acreedores puedan intervenir en la quiebra.
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Para percibir los dividendos por el valor actual de sus respectivos créditos.
La exigibilidad dice relación únicamente con las deudas pasivas que tenga el fallido como deudor y por ende tiene por objeto favorecer exclusivamente a los acreedores del fallido y por lo mismo no alcanza a los que sean deudores del fallido. Por excepción, la ley contempla algunos casos en que terceras personas que han garantizado el cumplimiento de obligaciones del fallido, como
avalistas o como codeudores solidarios, puedan verse afectados por la exigibilidad anticipada: •
Quiebra del aceptante de una letra de cambio.
Declarada la quiebra del aceptante de la letra de cambio, no hay duda de que no podrá cumplir la prestación incorporada al título de crédito, porque se lo impide el desasimiento. Tampoco podría pagarla el síndico mientras no haya realizado los bienes del quebrado. Como la letra está aceptada, el tomador o beneficiario no puede recurrir a los demás obligados cuya responsabilidad surge por el protesto por falta de aceptación. Desde la declaración de quiebra del aceptante se produce la exigibilidad anticipada de la obligación contenida en la letra de cambio no sólo para éste si no respecto de todos los obligados por garantía. Lo mismo ocurre cuando se declara en quiebra al librado antes de dar su aceptación. Lo dice el artículo 81 nº2 del la Ley 18.092 sobre Letra de Cambio y Pagaré. Además, esta norma contempla la misma solución si antes de la aceptación cae en quiebra uno de los librados subsidiarios y ninguno de los restantes accede a aceptar la letra, o si cae en quiebra el librado subsidiario que otorgó la aceptación. •
Quiebra del librador de una letra no aceptada .
Esta situación está reglamentada por el artículo 81 nº 4 de la ley 18.092. Declarado en quiebra el girador de una letra de cambio no aceptada, el librado no admite la orden que éste le da en el documento de pagar una suma determinada o determinable de dinero. Es lógico que en este caso el portador puede ejercer su acción antes del vencimiento de la letra y que la exigibilidad anticipada afecte a los obligados por garantía endosantes y avalistas del librador. •
Quiebra del suscriptor de un pagaré .
Si el suscriptor de un pagaré cae en quiebra sabe que no va a pagar por estar inhibido por el desasimiento. El portador, en tal caso, no puede esperar el vencimiento del título y la ley lo autoriza para dirigirse en contra de los demás obligados, como son los endosantes y avalistas. El fundamento de estas excepciones se encuentra en la seguridad que el legislador siempre ha querido revestir a los títulos de crédito, por la importante función que desarrollan en el tráfico mercantil. Los obligados por garantía que tienen que pagar la prestación contenida en sus títulos, pueden repetir contra el fallido, verificando su crédito en la quiebra.
Ahora bien, la ley en su artículo 67 emplea la expresión “deudas pasivas” para referirse a las obligaciones en las cuales el fallido es deudor, ya que tiene por finalidad favorecer a los acreedores del deudor, y no a los deudores del fallido. A su vez, para determinar estrictamente el alcance de las deudas pasivas, ha de estarse simplemente a los que sean acreedores a plazo del fallido, con lo que no sirte efecto respecto de los acreedores condicionales del deudor, toda vez que la condición supedita la obligación de la cual emana la existencia del derecho a la ocurrencia del evento futuro e incierto del cual ella depende y de ahí que el artículo 1485 del Código Civil hubiese dispuesto que no pueden exigirse el cumplimiento de una obligación sujeta a condición suspensiva, sino que verificada totalmente la condición y lo que se hubiere pagado antes, quedará sujeto a restitución. Lo que puede hacer el acreedor condicional para proteger su germen de derecho es impetrar la procedencia de medidas conservativas, como lo sería exigir la consignación de dividendos que le correspondería percibir una vez cumplida la condición, o bien la entrega del respectivo reparto de fondos bajo caución suficiente de restituirlos para el caso de que no se verifique la condición. Los incisos 2 y siguientes del artículo 67 definen en qué consiste el valor de los créditos que se hacen exigibles en razón de la caducidad de los plazos.
SUSPENSIÓN DEL DERECHO DE LOS ACREEDORES DE EJECUTAR INDIVIDUALMENTE AL FALLIDO.
El artículo 71 de la LQ dispone que la declaración de quiebra suspende el derecho de los acreedores para ejecutar individualmente al fallido. Esto significa que, declarada la quiebra, no se puede iniciar en contra del quebrado ninguna acción ejecutiva de los acreedores por vía separada. Incluso, como veremos, las acciones iniciadas antes de la declaratoria se acumulan al procedimiento. El fundamento de este efecto está en que la quiebra es una institución unitaria y universal, que crea respecto del deudor, un estado o situación. No es que no se pueda ejecutar al deudor, pues de hecho ya se lo está haciendo mediante la quiebra; lo que ocurre es que no se lo puede ejecutar fuera de la quiebra. Hay que destacar que el alcance que produce este efecto tiene como limitación dos rasgos que lo singularizan, en cuanto a que: •
Se aplica, como se desprende del texto de la disposición, a las acciones ejecutivas y por lo mismo no comprende a las de carácter declarativo, como quiera que la facultad para ejercer este tipo de acciones la conservará cada uno de sus titulares para conseguir el reconocimiento
del derecho que juzgue pertinente en protección del interés que se le pueda haber desconocido, impugnado o embarazado por el fallido. •
Se hace consistir en la suspensión de las acciones ejecutivas, lo que determina que estas acciones quedan latentes y no se extinguen, ni desaparecen , dado que si la causa de su paralización fue la declaración de quiebra, habrá de admitirse que al cesar el estado de falencia no se justifica que perduren sus consecuencias y por ende, como estas acciones subsisten, podrán los acreedores recobrar el derecho que antes tenían para ejercerlas y aun antes todavía puede darse esta hipótesis, si se decretase en la quiebra sobreseimiento temporal, porque en este caso se les restituye a los acreedores el derecho de ejecutar individualmente al fallido, como lo establece el artículo 161 del la ley.
Sin embargo, la regla enunciada, que suspende el derecho de los acreedores para ejecutar individualmente al fallido tiene las siguientes excepciones: •
Los acreedores hipotecarios o prendarios
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Los créditos que gozan del derecho legal de retención.
(En apunte especial)
LA ACUMULACIÓN DE JUICIOS.
Este efecto está contemplado en el artículo 70 de la LQ. Lo estatuido se condice con el carácter universal de la quiebra. Su finalidad es que se alleguen al concurso los diversos juicios que se promuevan contra el fallido y que puedan afectar a sus bienes. Se trata de una modificación de las reglas de competencia relativa, en que por la declaración de quiebra todos los tribunales, a excepción del tribunal de la quiebra, pasan a ser incompetentes para conocer de las causas civiles (en oposición de las penales). Sobre los juicios ya iniciados hay que señalar que se siguen substanciando en el tribunal de la quiebra en el estado en que se encuentran, y los nuevos deben iniciarse ante dicho tribunal. Esta acumulación también es llamada “competencia atractiva de la quiebra”, que altera la regla de la radicación del art. 109 del COT. •
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Requisitos de la acumulación de juicios. Al proceso de quiebre se acumulan los juicios, esto es, las contiendas actuales entre partes sometidas al conocimiento de los tribunales. En consecuencia, no se acumulan los asuntos no contenciosos o de jurisdicción voluntaria, como posesiones efectivas.
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La acumulación se refiere a los juicios en los que el fallido es demandado y no a aquellos en los cuales es demandante. Que afecten sus bienes, siempre que esos bienes estén comprendidos entre los que forman parte de la masa, como derivación del efecto del desasimiento, con lo que en estos juicios el fallido estará representado por el síndico, según lo dispuesto en art. 64 inc.3 Se acumulan los juicios pendientes, es decir, aquellos en los que no se haya dictado sentencia definitiva que se encuentre ejecutoriada. Debe tratarse de juicios que se ventilan ante tribunales de jurisdicción común.
Reunidos estos presupuestos, la acumulación debe originarse desde que se pronuncie la resolución que declare la quiebra. •
Excepciones a la acumulación .
La ley de quiebras señala algunas excepciones en las que no procede la acumulación, sea que se trate de juicios que se estaban tramitando, sea que sean juicios que pueden iniciarse. o
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Juicios posesorios. Juicios de desahucio y los de terminación de contrato de arrendamiento. Todos aquellos que se sigan ante jueces árbitros. Los juicios del trabajo.
Si alguna semblanza tienen en común estos juicios que se incluyen en la limitación, es la de estar sometidos a una tramitación rápida para que la acción sea deducida tenga eficacia, por lo que la ley dispuso que estos litigios seguirán adelante o deberán iniciarse ante el tribunal que esté conociendo o deba conocer de ellos, conforme a las reglas generales. •
Situación de los juicios declarativos y ejecutivos.
Los juicios declarativos.
La ley de quiebra, en el inc. 3 del art. 70 señala que los juicios ordinarios seguirán tramitándose con arreglo al procedimiento que corresponda según su naturaleza ante el tribual de la quiebra, hasta que quede ejecutoriada la sentencia definitiva. Condenado el fallido, el síndico dará cumplimento a lo resuelto en la forma que corresponda.
Pese a los términos escuetos del art. 70 de la LQ, el acreedor debe verificar con dicha sentencia en la quiebra., ya que el art.131 de la ley no lo exonera de esta carga y es razonable que se le exija. En el caso de que un acreedor, antes de la quiebra, haya iniciado un juicio ordinario con miras a la condena del deudor y que haya fundado dicha demanda en documento que constituya titulo hábil para insinuarse en la quiebra, nada obsta que pueda verificar pese a que continúa la sustanciación del proceso declarativo pertinente.
Juicios ejecutivos.
En esta materia hay que hacer una distinción: a) Juicios ejecutivos de obligaciones de dar y entregar: a. Juicios ejecutivos en los que se hayan interpuesto excepciones; se siguen tramitando ante el juez de quiebra y con síndico en representación del fallido, hasta que se dicte sentencia. Si la sentencia es favorable para el ejecutante, debe verificar su crédito en la quiebra. b. Si no se han deducido excepciones en el juicio ejecutivo, éste se paraliza en el estado en que se encuentre, de acuerdo con el principio general de que las ejecuciones individuales se suspenden. Los titulares de los créditos cuya ejecución queda suspendida deben verificar, sobre todo si se piensa que el síndico pagará más adelante sólo los créditos que se hayan verificado y reconocido en la quiebra. b) Juicios ejecutivos de obligaciones de hacer o no hacer: a. Si hay fondos depositados para el cumplimiento de estas obligaciones, el procedimiento continuo hasta la inversión completa de esos fondos o hasta la terminación de la obra, si los fondos fueran suficientes. b. En caso de no existir fondos depositados para llevar a efecto la obra, o si el hecho debido consiste en la suscripción de un documento o en la constitución de una garantía, deberá el acreedor iniciar las acciones pertinentes para que se considere su crédito por el valor de los perjuicios declarados o que se declaren. •
Situación de los promitentes compradores frente a la quiebra del promitente vendedor.
Íntimamente ligado a esta situación, figura el caso de las dificultades que afrontan los promitentes compradores para hacer valer sus derechos en la quiebra como acreedores del fallido, si se considera que deben ellos previamente verse en la necesidad de iniciar un juicio ordinario que tenga por objeto el contrato de promesa y conseguir que se regulen los perjuicios que el incumplimiento de la promesa les ha irrogado, pudiendo verificar mientras tanto su crédito bajo condiciones o bien aguardar simplemente el resultado del fallo del juicio incoado para recién entonces invocarlo en forma extraordinaria, exponiéndose al riesgo que a esa época no queden fondos por repartir. El problema se agudiza respecto de las promesas de compraventa celebradas con empresas que construyan bienes acogidos al régimen de copropiedad inmobiliaria. En estos casos, debemos considerar que en la generalidad de los casos el promitente comprador ya ha adelantado el precio o una parte importante del contrato definitivo y a su vez la empresa ha debido recurrir para financiar la obra a créditos bancarios garantizados con hipoteca que afectan al inmueble que se construye y que le confieren a estos créditos una preferencia especial que posterga a una remota posibilidad de recuperabilidad que puedan tener los promitentes compradores de conseguir en la quiebra el cobro de sus respectivos créditos. La alternativa de que el síndico pueda celebrar en representación del fallido los contratos definitivos topa con la dificultad que supone subvenir los gastos y desembolsos que se desprendería de cumplir con las obras, además, los acreedores hipotecarios tienen el derecho de instar por la realización de los bienes en que se construye la obra. La solución más viable sería que con los dineros que el promitente comprador ha adelantado dejar que el acreedor hipotecario los perciba por medio de la subrogación, y así conseguir que puedan, ambos, disponer de las mismas acciones contra el responsable de la obra. •
Cumplimiento de la sentencia:
Juicios declarativos: la sentencia debe cumplirse de acuerdo con las reglas generales del CPC.
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Si se trata de obligaciones de dar y se obtiene en el juicio, es necesario verificar el crédito de acuerdo con lo resuelto en la sentencia. Si se trata de obligaciones de hacer, es necesario distinguir si hay fondos consignados, en cuyo caso, se realizará la obra; en los demás casos el acreedor podrá continuar o iniciar las gestiones
para que se considere su crédito por el valor de los perjuicios declarados o que se declaren. •
Situación de los embargos y medidas precautorias.
Los embargos y medidas precautorias que su hubieren trabado o declarado con anterioridad de la declaratoria de quiebra, quedan sin efecto, toda vez que la quiebra en sí misma es un embargo general.
INHABILIDADES. La quiebra afecta la persona y los bienes del fallido. En el artículo 73 se establece que la declaración de quiebra no priva al fallido del ejercicio de sus derechos civiles, ni le impone inhabilidades sino en los casos expresamente determinados por las leyes. Las inhabilidades constituyen un efecto inmediato de la declaratoria de quiebra y son independientes de toda condena de carácter criminal. Las leyes contemplan las siguientes: Art. 497 Nº4 del Código Civil; 1272 en relación con el 497 del Código Civil; 509 del Código Civil; 256 Nº 7 del Código Orgánico de Tribunales; 332 Nº 1 del Código Orgánico de Tribunales; arts. 461 a 464 del mismo código; la Ley. 18.046 establece algunas inhabilidades especiales para ser director de S.A. Conforme el artículo 235 de la ley de quiebras las inhabilidades son temporales y cesan con la rehabilitación del fallido.
