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nombramientos de ,|ueces y Fiscales C0NV0CATORIAS 001, 002 y 003-2014-SN/CNM
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BANCODEPREGUNTASDESARROLLADO3 Para el concurso de selección y nombramientos de f ueces y Fiscales
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UBI LEX Asociados S.A.C.
Av. Paseo de la República No 111 Of. 2)TLima1 Teléfono: 69L-7721. Tiraje: 1000 ejemplares
Edición: lrnio2014 Derechos de Autor Reservados conforme a Ley Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú N': 20'1.4-07 617 ISBN: 9786124574863 Composición y Diagramación UBI LEX Asociados S.A.C
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1. Nota: en este documento se colocan las respuestas al banco de preguntas en concordancia con la numeración enlistada en el banco de preguntas publicado en la página web del Concejo Nacional de la Magistratura el 25 de abril de 2014.
t.
DERECHO PENAL, DERECHO PROCESAL PENAL Y DERECHO PENITENCIARIO
14.
LA RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN NO 3106.2012-MP.FN, aprueba la la Directiva No 011-2012-MP-FN, denominada: "Directiva que regula la intervención Fiscal en los operativos extraordinarios de seguridad interna en los Establecimientos Penitenciarios", la misma que en su artículo primero señala que las Fiscalías de Prevención del Delito, son competentes para intervenir en los operativos extraordinarios de seguridad en los Establecimientos Penitenciarios, de conformidad con el artículo 150 del Código de Ejecución Penal (que regula estos operativos), sin embargo en aquellas localidades en las no se hayan
implementado estos Despachos Fiscales, las Fiscalías Provinciales Penales o Mixtas, asumen dicha competencia. 15.
En el artículo artículo 29 del NCPP, se dispone que a este Juez le compete: 1. Conocer las cuestiones derivadas de la constitución de las partes durante la lnvestigación Preparatoria. 2. lmponer, modificar o hacer cesar las medidas limitativas de derechos durante la lnvestigación Preparatoria. 3. Realizar el procedimiento para la actuación de prueba anticipada. 4. Conducir la Etapa lntermedia y la ejecución de la sentencla. 5. Ejercer los actos de control que estipula el NCPP. 6. Ordenar, en caso de delito con resultado de muerte, si no se hubiera inscrito la defunción, y siempre que se hubiera identificado el cadáver, la correspondiente inscripción en el Registro Nacional de ldentificación y Estado Civil. 7. Conocer de los demás casos que el NCPP y las Leyes determinen.
16.
Los efectos de la formalización de la investigación preparatoria por excelencia son 2 y se encuentran ubicados en el artÍculo 339 del NCPP: 1) La suspensión del curso de la prescripción de la acción pená|. 2) El Fiscal perderá la facultad de archivar la investigación sin intervención judicial.
'17.
La detención domiciliaria es una medida de coerción personal sustituta de la prisión preventiva, es decir, para imponerse debe de presentarse el fumus delicti
comissi y el peligro procesal, pero se impone, en vez de la prisión preventiva cuando el imputado o imputada: a) Es mayor de 65 años de edad. b) Adolece de una enfermedad grave o incurable. c) Sufre grave incapacidad física permanente que afecte sensiblemente su capacidad de desplazamiento. d) Es una madre gestante. Asimismo, esta medida está condicionada a que el peligro de fuga o de obstaculización pueda evitarse razonablemente con la imposición de esta medida. 't
8.
Teniendo en cuenta que estamos ante un delito de hurto simple, toda vez que no existe destreza (conceptualizada como aquella habilidad del sujetc destinada a quebrar las defensas opuestas por el propietario o poseedor del bien -bramot
DERECHO PENAL, DERECHO PROCESAL PENALY DERECHO PENITENCIARIO
y cant¡zano, p. 298-299-), el fiscal de acuerdo al artículo 2 del Código Procesal Penal, vigente en todo el pais, podra: 1) Proponer un acuerdo reparatorio (pues está dentro del supuesto del artículo 2 inciso 6 del NCPP). 2) Promover el principio de oportunidad (pues no afecta el interés público y la pena mínima del delito es un año de pena privativa de libertad). 3) Formalizar la investigación. 19.
Como fiscal y teniendo en cuenta los actos de investigación que se citan, dispondría formalizar la investigación preparatoria con Hugo por los delitos de manipulación herramienta peligrosa en estado de ebriedad o drogadicción, contenido en el artículo 274-A del Código Penal y por delito de tenencia ilegal de armas contenido en el artículo 279 del Código Penal.
20.
El reconocimiento de personas según el artículo 189 del NCPP es un medio de prueba que se insta cuando fuere necesaric individualizar a una persona, para ello, quien reconoce previamente describirá a la persona aludida, acto seguido, se le pondrá a la vrsta junto con otras de aspecto exterior semejantes, y en presencia de todas ellas, y desde un punto de donde no pueda ser visto, se le
preguntará si se encuentra entre las personas que observa aquella a quien se hubiere referido en sus declaraciones y, en caso afirmativo, cuál de ellas es. Cuando el impuiado no pudiere ser traído, se podrá utilizar su fotografia u otros registros. observando las mismas regias análogamente.
y 310. El actor civil es la figura del sujeto procesal que tiene la acción reparatoria en el proceso penal. Según el Código Procesal Penal, lo constitución del actor civil tiene las siguientes características: a) Se constituye el agraviado o los perjudicados con el delito - a diferencia del Código de Procedimientos
21, 113
Penales que indicaba que solo se podía constituir en Actoi' Civil el titular del Bien Jurídico Protegido, b) El criterio para reclamar la reparación civil es el daño
causado, no constituye un criterio las posibilidades económicas del obligado, c) La oportunidad para que un agraviado se constituya en Actor Civil es durante la investigación preparatoria (formalización y antes de la etapa intermedla), d) Se presenta un escrito con ciertas formalidades (nombres, hechos, fundamentos de
derecho, monto, medios de convicción, si fatta uno de ello es inadmisible)-, la decisión respecto a si se acepta o no la constitución en actor civil, se toma en audiencia. 22.
En la intervención policial en casos de delitos de conducción de vehículos en estado de ebriedad deben de actuar las diligencias urgentes que reclaman la naturaleza de este tipo de delitos, de conformidad con la Ley 29439, el registro de personas, cumpliendo en especial el numerál cuarto del artículo 210 del NCPP Registro de personas, que señala que antes de iniciar el registro se expresará al intervenido las razones de su ejecuoón, v se le indicará del derecho que tiene de hacerse asistir en ese acto por una persona de su confianza, siempre que ésta se pueda ubicar rápidamente y sea mayor de edad. Asimismo, se realizará un examen corporal para prueba de alcoholemia, asÍ podrá realizar la comprobación de tasas de alcoholemia en aire aspirado. Si el resultado de la comprobación
es positiva o, en todo caso, si se presentan signos evidentes de estar bajo la influencia de bebidas alcohólicas u otro tipo de sustancia prohibida, el intervenido
será retenido y conducidr: al centro de corrtrol sanitario cor"respondiente para realizar la prueba de intoxicación en sangre o en otros fluidos según la prescripción del facultativo. Si la policía interviene en operaciones de prevenc¡ón del delito, elaborará un acta de las diligencias realizadas, abrirá un Libro-Registro en el que se harán constar las comprobaciones de aire aspirado realizadas, y
comunicará lo ejecutado al Ministerio Público adjuntando un informe razonado de su intervención.
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BANCO DE PREGUNTAS DESARROLTADO
43.
Que el delito imputado es el de tráfico ilícito cle drogas, pcr lo que Ia detención
tiene un plazo máximo de quince días, por lo que es legal la detenciÓn; sin embargo, no es proporcional, pues habiendo terminado !as diligencias de Ley en el dÍa cinco, debió de decidir ahí acerca de la libertad del procesado. es decir, si es que solicita al juez la imposición de prisión prevent¡va. ccmparecencia
restringida, o comparecencia simple, pues es el juez qu¡en dec¡de sobre la libertad del procesado a pedido del fiscal.
44.
La Policía Nacional del
Per^ú
lo puede detenei legaimenie sn necesidad
de
mandato judicial, por existir flagrancia. la ubicada en el rnciscl tres del artículo 259 que señala que existe flagrancia (flagrancia extendida) r:uando ei agente ha huido y ha sido identificado durante la perpetracion Cel hecho punible, sea por el agraviado o por otra persona que haya presenciado ei heci-ro, y es encontrado dentro de las 24 hcras de produciCo el l'iecho puniblt-:. 45.
Como señala el artÍculo 158 del Código Penal el delito de violaciÓn a la intirnidad es perseguibles por acción orivada. En estcs casos señala el NCPP que el directamente ofendido por el delito formulará qLierella. por sÍ o por sl.t representante legal ante el Juzgado Penal Unipersonal Sin emDargo, en ei presente caso no se hizo, sino que se preserrtó denuncia y ésta llegÓ al fiscal como si se tratara de un delito perseguible por acción pública, de ahí que el fiscal no tenga competencia para seguir conociendo de éste, por lo que debe disponer la reserva provisional de la investigación, notificande al dentrnciante sclbre las razones por las cuales no da trámite a su denuncia.
46.
No obstante procede el careo de imputados, testigos o ei agraviado, cuando surjan contradicciones importantes, se ha establecido de forma expresa la prohibición de este medio de prueba entre el imputado y la víctima menor de catorce años de edad, salvo que quien lo represente o su defensa lo solicite expresamente.
47.
48.
Formalizar la investigación preparatoria para determinar si es autcr o cómplice del delito de fabricación y falsificación de moneda de curso legal. regulado en el artÍculo 252, que sanciona al que falsifica billetes o monedas con pena privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de doce años V con ciento veinte a trescientos días-multa. El artículo 162 dei NCPP señala que toda persona es, en principio, hábil para
prestar testirnonio, asimismo, en virtud del artículo 163 del mismo cuerpo normativo, toda persona citada corno testigoJiene el deber de concurrir, salvo las excepciones legaies correspondientes, 'de ahÍ que este requerimiento no
deba ocasionarle consecuencias jurídicas adversas bajo circunstancia alguna. De ahí que si Juan Constante no asiste a prestar su testimonio se le hará comparecer compulsivamente por la fuerza pública (Art. 164 NCPP). 49.
No procede principio de oporiunidad por tratarse de un reinciciente, Además se debe tener en cuenta que 0,3 de alcohol en la sangre constituye delito para los que realizan servicio de transpode público.
55.
Se comete delito de estafa, configurado en el adícuk¡ 196 del Código Penal que exrge que el sujeto activo induzca en error a! agraviado. haciéndolo caer en error en virtud cie un engaño (en este caso la firma del Cr:rcunrento porque supuestamente perdería su domicilio), motivo por el cual este cecie su patrimonio
al sujeto activo o un te!'cero, siendo así perjudicado (lo que se da al inscritc el inmueble a nombre dei imputarjo, ya no del agraviado).
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queCar
DERECI-10 PENAT DERECHO PROCESAL PENAI. Y DERECHO PENITENCIARIO
56.
Se ha deterrninado que es incc¡nstitucional !a norma por vulnerar el derecho funclamental al libre desarrollo cie la personalidad de los menores de 14 años de eda,l a Íienos de 18. EI Tribunal Constitucional estima que carece de relevancia enritir pronunciamiento sobre si dicha disposición penal vulnera o no el principio de rgualdad. La sentencia no implica la inrnediata excarcelación de aquellos procesados o condenados con base en el inconstitucional artículo 173", inciso 3), del Código Penal, modificado por la Ley No 28704, en los casos de violencia, agresión o ahuso sexual contra menores de
i4
años a menos de 18 (en los
que no se acredita el consentinriento de dichos rnenores). La declaración de inconstiiucionalldad no implica que a dichos procesados o condenados, cuando corresponda, no se les pueda orocesar nuevamente por el delito de violación sexual regulado en elarticulo '170" de| Código Pena) u otrc tipo penal, o aplicar algunos mecanisrncs alternativos a dicho juzgamiento. se debe diferenciar dos tipos de efectos que origina la presente declaratoria de inconstituciorralidad: el primero. respecto de aquellos casos penales en trámite o terminados en ios que se acredite el consentimiento fehaciente y expreso de los menores de edad entre 14 años y menos de 18, que teniendo en cuenta los efectos retroactivos en materia penal favorable al reo, a partir de la presente declaratoria de inconstitucionalidad, no resultarán sancionados penalmente; y el segurrdo, sobre aquellos casos penales en trámite o terminados en los que no se acredite dicho consentimiento, sino pol. el contrario, se evidencie que ha existidr¡ violencia, agresión o abuso sexual, o grave amenaza, contra dichos menores, o casos en los que no se hubiera podido apreciar si existió o no el aludido consentimiento, , dependiendo de los hechos concretos, podrán ser susceptibles de "sustitución de pena", "adecuación del tipo penal" o ser procesados nuevamente conforme al artículo'l 70'del Código Penal u otro tipo oeiral que resultara pertinente. Exhor-ta al Congreso de la República para que, ct:nforme a siJS competencias, legisie de forma sistemática y con la gravedad de la pena que corresponda, ias respectivas disposiciones penales del capítulo s<¡bre vioiación de la libertad sexual del código Penal que tengan porfinalidad la protección de los derechos fundamentaies de los menores de edad. 57.
La cuestión previa es un medio técnico de defensa y procede cuarrdo el Fiscal decide continuar con la lnvestigación Preparatoi'ia omitiendo un requisito de procediiiilidad explicitamente previsto en la ["ey. si el órgano jurisdiccional la declara fundada se anulará lo actuado. una vez satisfecho el requisito omitido la investigación Preparatorra podrá reiniciarse.
58.
Se pueden deducir las excepciones de: a) Nafuraleza de juicio. b) lnrprocedencia de acción. c) Cosa juzgada. d) Amnistía. e) Prescripción. Están reguladas en el artículc 6 del Nuevo código Procesal Penal y el procedimiento de tramitación de las excepaones se encuentra regulado en el artículo 8 que tiene que ver con el señalamiento de una audiencia-. Soio la excepción de naturaleza de juicio no finiquita el proceso, las demás impiican qrie el proceso será sob¡^eseído definitivamente. Estas se plantean una vez que el Fiscai haya decidido continuar con las investigaciones preparatorias o al coritestar la querella ante el Juez y se resolverár¡ necesariamente hasta culminar la Etapa Intermedia. Pueden ser
expedtdo por
el Juez de ia Investigación Preparatoria procede recurso de
apelación. 59.
Es la medrda de coerción perrs<.inal más grave dei ordenamiento jurídico procesal penal. para su imposición se requiere que el fiscal !c¡ soiicite al juez, sobre la bas* de estos requisitos: a) Que exisien funCados y graves elementos de
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convicción para estimar razonablemente la conr¡s¡ón de L!n deliio que vincule al imputado conro autor o partíc¡pe dei nlismo. b) Que la sanciÓn a itnpcnerse sea superior a cuatro años de pena privatir,'a de libertad. c) Que el itrputaclo, en razón a sus antecedentes y otras circunstancias del caso 0articular. permita colegir razonablemente que tratará de eludir la acción de la lusticia (oeligro de fuga) u obstaculrzar la averiguación de la verdad (peligrc Ce obstaculización). El Juez de la lnvestigación Preparatcria, cienfro de las cuarenta y ccho hcras siguientes al reqirerimiento del Ministerio Público realiz.ará la at-tdiencia para determinar la procedencia Ce la prisión pi-eventiva. La audiencia se ce iebrará con la concurrencia obligatoria del Fiscal, dei implriado ),' su defensDr. El defensoi del imputado que no asista será reemplazad,: pcr el defensor de oii.:ic. Il auto de prisión preverrtiva será especialmente n¡otivado. con e;
60.
La confesión consiste en la admisión por el imputado de los ca¡'qos o imputaclón formulada en su contra, para que tenga valor probatorio y ienga la entidad ccmo para disminuir pruclencialmente la ¡:ena hasia en uria tei'cei"a parie por debajo del mínimo legal debe: a) Esié debidamente corroborada por otro u otros elententos de convicción. b) Sea prestada libremente y en estado normal cie las facultades psÍquicas. c) Sea prestada ante el luez o e! fiscal err presericia de su abogacJo d) Sea sincera y espontanea. Sin ernbargo, a p€jsar de elio, este bene[icio es inaplicable en los supuestos de fiagrancia, toda vez que es t¡rnecesari,.¡ ar.rte la realidad del delito y no importará una ayuda a la investigación o juicio
61. Como señala el Acuerdo
Plenario A4-2007 ICJ-116 el l-ribunal. i;in variar o alterar sustancialmente el hecho punrble objeto de acusación. puede plantear la tesis de desvinculación. Esta no es necesaria si la nue.,,a circunstancia c la disti¡¡ta tipificación, siempre que respete la hoinogeneidaci del bien jurídico protegido. ha sido propuesta expresa o implicitamente poi'!a defensa. Tanrpccc-r coi'responclr: plantear ia tesis para !ntroducir una cjrcunstancia atenuante o variar el gradc, del delito o el título de participación. ni cuando se esiá ante un manifiesto error en !a tipificación, fácilmente constatable por la defensa.
62.
En este caso a la madre le cabe responsabifdad por el
67.
Frente al derecho a la inviolabrlidad del domicilio para ailanilr-una vi'¡ienda se requiere autorización jurJicial: sin en;bargo, se cla una excepción que se 'oasa la situación particular de Ia urgencra, así resuita iegítirno ei ingr"eso de efectivos de la Policía Nacional en el dor¡i,;ilio de uir.r pei'sona sin su nrer'ia sutoriza,;ion siempre que se tenga conocinrierrtc fundado, directo e iirmediato qL,e ilr.je ccnstancia eviCente de la realizaciÓn de un hecho prinlhie, el gr"¿ví5in"6 peit.qro de su perpetración c en caso de la persecución conunuada del i¡rr¿6{6r ¡¡sg se refugia en é1. Sin ernbargo, la inten,enctóri ureente sancionada para ios casos de flagrancia se justrfica constitucionalmenie respecto de los dr¡iitcs c!e consumación instantánea, puers en los deiitos Dermítner:tes no se config:rrarÍa, en principio. la situación de urgencia que impida recabar la ai;k:rizaoirn iuclicial 13
DERECHO PENAL. DERECHO PROCESAL PENAL Y DERECHO PENITENCIARIO
correspond¡ente. Por consiguiente, en los delitos de tenencia de armas, tráfico ilicitc de drogas. contrabando y otros, cuya posesión continuada se indica como almacenada al interior de un domicilio, se requerirá la previa autorización judlcial; pues, aun cuando puedan presentarse de manera concurrente los requisitos de la flagrancia delictiva, en los delitos permanentes se presenta el decaimiento del supuesto de la extrema urgencia. 69.
No procedería la aplicación del principio de oportunidad, de acuerdo a lo estabiecido en el artÍculo 2, inciso I, NCPP el mismo señala que b) Sin tener la condición de reincidente o habitual, se hubiera acogido al principio de oportunidad o acuerdo reparatorio en dos ocasiones anteriores, dentro de los cinco años de su última aplicación, siempre que se trate, en todos los casos, de oelitos de la misma naturaleza o que atenten contra un mismo bien jurídico.
74.
Fara la prisión preventiva se requiere analizar los siguientes elementos: (Artículo
268 NCPP). Que existan Fundados elementos de convicción a) Que ex¡sten fundados y graves elementos de convicción para estimar razonablemente la comisión de un delito que vincuie a! imputado corno autor o partícipe del mismo. Prognosis de la pena b) Que la sanción a ¡mponerse sea sL¡perior a cuatro años de pena privativa de libertad; y Peligro de fuga y obstaculización c) Que el imputado, en razón a sus antecedentes y otras circunstancias del caso particular, permita colegir razonablemente que tratará de eludir la acción de la justicia (peligro de fuga) u obstaculizar Ia averiguación de la verdad (peligro de obstaculización). Peligro de fuga (Artículo 269 NCPP). Para calificar el peligro de fuga, el juez tendrá en cuenta: 1. El arraigo en el país del imputado, determinado por el domicilio, residencia habitual, asiento de la familia y de sus negocios o trabajo y las facilidades para abandonar definitivamente el país o permanecer oculto; 2. La gravedad de la pena que se espera como resultado del procedimiento; 3. La magnitud del Caño causado y la ausencia de una actitud voluntaria del imputado para repararlo; 4. El comportamiento del imputado durante el procedimiento o en otro proceciimiento anterior, en la medida que indique su voluntad de someterse
a la persecución penal;
y
5. La pertenencia del imputado a una organización
criminal o su reintegración a las mismas. Y Peligro de obstaculización (Artículo
270 NCPP) Para calificar el peligro de obstaculización se tendrá en cuenta el riesgo razonable de que el imputado 1. Destruirá, modificará, ocultará, suprimirá o faisificará elementos de prueba. 2. lnfluirá para que coimputados, testigos o peritos informen falsamente o se comporten,de manera desleal o reticente. 3. lnducirá a otros a realizar tales comportamientos.
71.
24 horas. El artículo 311 de! NCPP, establece en su inciso 1 que: En los delitos de usurpación, el juez, a solicitud del fiscal o del agraviado, ordenará el desalojo preventivo del inmueble ocupado en el término de veinticuatro horas, ministrando pro'risionalrlente la posesión al agrav¡ado, siempre que exista motivo razonable para sostener que se ha cometido el delito y que el derecho del agraviado está suficientemente acrediiado. El desalojo se ejecuta dentro del término de setenta y dos horas de concedicia.
72.
Mediante Resolución de la Fiscalía de la Nación 798-2010-MP-FN, del 03 10512010 se establece que ¡os delitos de Corrupciórr de funcionarios deben ser conocidos por' fiscalías especiailzadas, siendo sólo estas competentes para conocer las denuncias y prccesos penales por delitos contra la Administración pública,
previstos en las Secciones ll(Concusión), lll, (Peculado) y lV(corrupción de funcionarios, que en ei presente caso el art. 390 tipifica el delito de retardo
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BANCO DE PREGUNTAS DESARROLLADO
injustificado de pago, en la sección lll. En tal sentido como Fiscal determinaría
como competente
a la
Fiscalía especializada en delitos de Corrupción de
funcionarios.
73.
La sanción por excelencia para los actos procesales es la nuiidad, que será absoluta cuando se afecte: a) La intervención, asistencia y representación del imputado o de la ausencia de su defensor en los casos en que es obligatoria su presencia. b) Nombramiento, capacidad y constitución de Jueces o Salas. c) La promoción de la acción penal, y a la participación del Ministerio Público en las actuaciones procesales que requieran su intervención obligatoria. d) La inobservancia del contenido esencial de los derechos y gai'antías previstos por la Constitución. Ninguno de estos casos se da en el supuesto, pues la competencia que podría generar nulidad es la de los jueces y no la del Ministerio Público que se rige por el principio de unidad, tal es así que sus miembros pueden ser reemplazados para garantizar la presencia del funcionario en ciertas actuaciones, asimismo, tampoco se presenta algún tipo de indefensión.
74.
El artículo 10'l del NCPP, señala que la oportunidad de la constitución en actor civil deberá efectuarse antes de la culminación de la lnvestigación Preparatoria. Sobre este particular, no hay mayor discrepancia en la doctrina, la discrepancia se suscita respecto a si debe haber o no audiencia para decir la constitucién en
Actor Civil. 75.
Hasta la etapa intermedia. El artículo 154 dei NCPP. Establece los efectos de la nulidad.-
1.
La nulidad de un acto anula todos los efectos o actos consecutivos que
2.
dependen de é1. El Juez precisará los actos dependientes que son anulados. Los defectos deberán ser subsanados, siempre que sea posible, renovando el acto, rectificando su error o cumpliendo el acto omitido.
3.
4.
76.
La declaración de nulidad conlleva la regresión del proceso al estado e instancia en que se ha cumplido el acto nulo. Sin embargo, no se podrá retraer el proceso a etapas ya precluidas salvo en los casos en que asi correspondiere de acuerdo con las normas del recurso de apelación o de casación. La declaración de nulidad de actuaciones realizadas durante la lnvestigación Preparatoria, no importará la reapertura de ésta. Asimismo, las nulidades declaradas durante el desarrollo deljuicio oral no retrotraerán el procedimiento a la etapa de investigación o a la etapa inlermedia.
Conforme al art. 49' CP, se constituye en delito continuado, Cuando varias violaciones de la misma ley penal o una de igual o semejante naturaleza hubieran sido cometidas en el momento de la acción o en momentos diversos, con actos ejecutivos de la misma resolución criminal, serán considerados como un sólo delito continuado y se sancionarán con la pena correspondiente al más
grave. (...) En tal sentido ambos delitos serán considerados como uno solo. Por ello como solicitaría una sanción con la pena correspondiente al delito más grave, esto es, con la pena establecida para el delito de hurto agravado (pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis años). 77.
El Artículo 329 del CPP, establece que el Fiscal debe iniciar los actos
de
investigación cuando tenga conocimiento de la sospecha de la comisión de un hecho que reviste los caracteres de delito. Promueve la investigación de oficio o a petición de los denunciantes. 15
DERECHO PENAL. DERECHO PROCESAL PENAL Y DERECHO PENI TENCIARIO
Respecto a las diligencias que deba realizar el Artículo 330 del CPP indica que: 1. Ei Fiscal puede, bajo su dirección, !'equerir la intervención de la Policía o realizar por sí mismo diligencias prelirninares de investigación para determinar si debe formalizar la lnvestigación Preparatoria, estas diligencias tienen por finalidad inmediata realizar los actos urgentes o inaplazables destinados a determinar si han tenido lugar los hechos objeto de conocimiento y su delictuosidad, así
como asegurar ios elernentos materiales de su comisión, individualizar a las personas involucradas en su comisión, incluyendo a los agraviados, y, dentro de los límites de la -ey, asegurarlas debidamente y al tener conocimiento de un delito de ejercicio público de la acción penal, puede constituirse inmediatamente en el lugar de los hechos con el personal y medios especializados necesarios y efectuar un examen con la finalidad de establecer la realidad de los hechos y, en su caso, impedir que el delito produzca consecuencia ulteriores y que se altere la escena del Celito.
78.
Ccmo es Lrn deiito cometid<¡ por un funcionario público en incumplimiento de un deber especial. la FiscalÍa encargada es la frscalía especializada en delitos de Corrupción de funcionarios, pues estas son competentes para conocer las denr-¡ncias y procesos penales al respecto, así meCiante las resoluciones de la Fiscalía de la Nación N" 182 y 206-2004-l\,1P-FN, se amplían las facultades otorgadas a las Fiscalia especializadas para que se avoquen al conocimiento de los delitos comprendidos en los Títulos XVlll y XIX del libro segundo del Código Penal( éste último título los delitos contra la administración pública).
79.
La etapa intermedia constituye el espacio procesal adecuado dirigido por el órgano jurisdiccional- eljuez de investigación preparatoria-para preparar el paso a la siguiente fase de juzgamiento o tomar la decisión de archivar el proceso, plantear incidencia, que es el caso de excepciones, sino hubieran producido antes. (SANCHEZ VELARDE, Pabio. El Nuevo Proceso Penal, Editorial ldemsa, 2009, Lima, p. 158)
El Artículo 29 del NCPP, establece la competencia de los Juzgados de lnvestigación Preparatoria.- Compete
la
a los Juzgados de la lnvestigación
Preparatoria: 4. Conducir la Etapa lntermedia y la ejecución de la sentencia. 80.
Al juez de rnvestigación preparatoria. Así el arL. 71 del NCPP inciso 4 establece que "cuando el imputado considere que durante las diligencias Preliminares o en la lnvestigación Preparatoria no se ha dado cumplimiento a estas disposiciones,
o que sus derechos no son respetados, o que es objeto de medidas limitativas de derechos indebidas o de requerimientos ilegales, puede acudir en vía de tutela al Juez de la lnvestigación Preparatdria para que subsane la omisión o dicte las medidas de corrección o de protección que correspondan. La solicitud del imputado se resolverá inmediatamente, previa constatación de los hechos y realización de una audiencia con intervención de las partes". En Acuerdo Plenario 04-2010 en su fundamento 11 establece que la finalidad esencial de la audiencia de tutela es, entonces, la protección, resguardo y consiguiente efectividad de los derechos del imputado reconocidos por la Constitución y las leyes. Desde esta perspectiva, el Juez de la lnvestigación Preparatoria se erige en un Juez de Garantías durante las diligencias preliminares
y la investigación preparatoria ejerciendo su función de control de los derechos ante la alegación del imputado de que se ha producido la vulneración de uno o varios de sus derechos reconocidos específicamente en el artÍculo 71o del NCPP, responsabilizando al Fiscal o a la PolicÍa del agravio. En otras palabras,
su finalidad esencial consiste en que el Juez determine, desde la instancia y actuación de las partes, la vulneración al derecho o garantÍa constitucional 16
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prevista en la citada norma y realice un acto procesal dictando una medida de ponga fin al agravio-, reparadora tutela correctiva lo repare, por -queuna omisión-que ejemplo, subsanando o protectora.
81.
Resolverá en el desaiojo en el término de 24 horas, Aftículo 31 1 . modificado por la Ley 30076.
Se concede la apelación con efecto suspensivo. Se eleva en 24 horas
al
Superior. 31f .4.
82.
La pérdida del dedo meñique confiere especial gravedad a la lesión, no pr-rdiendo ser considerado falta sino delito. El delito que se configura es el de Lesiones graves (Artículo 121 inciso segundo C.P.): 'El que causa a otro daño grave en el cuerpo o en la salud, será reprimido
con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de ocho años. Se consideran lesiones graves: 2. Las que mutilan un miembrro u órgano principal del cuerpo o lo hacen impropio para su función, causan a una persona incapacidao
para el trabajo, invalidez o anomalía psÍquica permanente o la desfiguran de rnanera grave y permanente". 83.
Por delito de Peculado Agravado (Artículo 387, tercer párrafo C.P.).
Peculado en su modalidad agravada, en razón de que, el administrador (funcionario) se apropia de los bienes que administra. Esta apropiación que supone la relación funcional entre el sujeto activo, y la cosa constituye la base sobre la que se articula la comisión de este ilícito, constituyéndose en presupuesio necesario que estos bienes se hallen en posesión del funcionario, bienes que por estar destinados a programas de apoyo social (PRONAA) se constituye en agravante (ROJAS VARGAS, Fidel. Delitos contra la Administración Pública, Cuarta edición, Lima, 2007, pp. 489-490). 84.
De conformidad a lo descrito por el artículo 208 del Código Penal, no es posibie aplicar pena, sin perjuicio de la determinación de la reparación civil.
Art. 208 C.P.: La excusa absolutoria: 'No son reprimibles, sin perjuicio de la reparación civil, los hurTos, apropiaciones, defraudaciones o danos que se causen: 1. Los cónyuges, concubinos, ascendlenfes, descenciientes y afines en línea
recta.[...]. 87.
La Ley 30076, indica que la policía puede hacer recomendaciones sobre
la
estrateg¡a de investigación, pues participa operativamente en la investigación jurídica que diseña el fiscal, indica que puede¡nalizar los hechos contribuyendo
a la labor que realiza el
Ministerio Público, que puede informar sobre ias
diligencias que ha realizado, pero que debe abstenerse de calificar jurídicamente los hechos y pronunciarse respecto a la responsabilidad o irresponsabilidad penal. 93.
El inciso 1 del artículo 356, señala que: El juicio es la etapa principal
del
proceso. Se realiza sobre la base de la acusación. Sin perjuicio de las garantías procesales reconocidas por la Constitución y los Tratados de Derecho lnternacional de Derechos Humanos aprobados y ratificados por el Perú, rigen
especialmente la oralidad, la publicidad, la inmediación y la contradicción en la actuación probatoria. Asimismo, en su desarrollo se observan los principios de continuidad del juzgamiento, concentración de los actos del juicio, identidad física del juzgador y presencia obligatoria del imputado y su defensor. 94.
La prueba anticipada, en la medida que el articulo Artículo 325 del NCPp señala el carácterde las actuaciones de la investigación.- Las actuaciones de la investigación sólo sirven para emitir las resoluciones propias de la investigación
t7
DERECHO PENAL. DERECHO PROCESAL PENAL Y DERECHO PENITENCIARIO
y de la etapa intermedia. Para los efectos de la sentencia tienen carácter de acto
de prueba las pruebas anticipadas recibidas de conformidad con los artículos 242 y siguientes, y las actuaciones objetivas e irreproducibles cuya lectura en el
juicio oral autoriza este Código. 95.
Los recui-sos ccntra las resoluciones judiciales son: 1. Recurso de reposición, un recurso ordinario, no devolutivo, dirigido contra resoluciones jurisdiccionales limitadas genéricamente por la ley, por el cual
el agraviado reclama al mismo tribunal que dictó el pronunciamiento su revocación o modificación por contrario imperio (AYAN, Manuel N. Medios de impugnación en el proceso penal. Alveroni ediciones. Córdova. 2007. P 15.)
2.
Recurso de apelación, la apelación es un recurso judicial ordinario,
constituye instancia. en consecuencia se pueden revisar los hechos, y abrirse a o agregarse pruebas a los intereses de las partes.
3.
Recurso de casación, que procede contra las sentencias definitivas, los autos de sobreseimiento, y los autos que pongan fin al procedimiento, extingan la acción penal o la pena o denieguen la extinción, conmutación, reserva o suspens¡ón de la pena, expedidos en apelación por las Salas Penales Superiores.
96.
4.
Recurso de queja, su objeto es, en esencia, el que los órganos jurisdiccionales se ajusten a los términos o plazos dentro de los cuales deben resolver, cumplan con las formalidades y despachen los asuntos ajustándose a lo ordenado por la ley. (BARRAGÁN SALVATIERRA, Carlos. Derecho Procesal Penal, Tercera edición, Editorial Mc Graw Hill, México, p. 665).
1.
Quienes hayan interpuesto un recurso pueden desistirse antes de expedirse resolución sobre el grado, expresando sus fundamentos.
2. 3. 97.
El defensor no podrá desistirse de los recursos interpuestos por él
sin
mandato expreso de su patrocinado, posterior a la interposición del recurso. El desistimiento no perjudicará a los demás recurrentes o adherentes, pero cargarán con las costas.
La Constitución Política, en el artículo 'l 39, señala que- Son principios y
derechos de la función jurisdiccional: 5. La motivación escrita de las resoluciones
judiciales en todas las instancias, excepto los decretos de mero trámite, con mención expresa de la Iey aplicable y de los fundamentos de hecho en que se sustentan. Así también el EXP. N.' 00037-2012-PA/TCLIMA, fundamento 33: "La jurisprudencia de este Tribunal ha sido constante al establecer que la exigencia de que las decisiones judiciales sean motivadas "garantiza que los jueces, cualquiera sea la instancia a la que pertenezcan, expresen el proceso mental que los ha llevado a decidir una controversia, asegurando que el ejercicio
de la potestad de administrar justicia se haga con sujeción a la Constitución y a la ley; pero también con la finalidad de facilitar un adecuado ejercicio del derecho de defensa de los justiciables" [Expediente N.o 01230-2002-HC/TC, fundamento 'l 11. De este modo, la motivación de las resoluciones judiciales se revela tanto como un principio que informa el ejercicio de la función jurisdiccional, asÍ como
un derecho constitucional que asiste a todos los justiciables [Expediente 081 25-2005-HC/TC,
98.
fundamento
1
N.o
01.
Se constituye en un delito proceso en el cual interviene un con.iunto de eslabones
que se inicia con la identificación, captación y aislamiento de la víctima, puede llegar a producirse la privación de la libertad con la finalidad de que la víctima sea
L8
BANCO DE PREGUNTAS DESARROLLADO
incorporada la víctima a la producción de bienes y servic¡os contra su voluntad. El primero de los casos es una afectación que se produce a la libertad personal y la segunda se constituye en un proceso de explotación. (SATINAS SICCHA, Ramiro. Derecho Penal. Voiumen l, Cuarta edición, Editorial lustitia, Lima. 20'10. Pp.490).
Según el Acuerdo Plenario N" 3-2011lCJ -116 del 06 de diciembre de 2011, el delito de Trata de Personas protege la Iibertad personal, entendida como la capacidad de autodeterminación que cuenta una persona para desenvolver su proyecto de vida. Sin embargo, un sector de la doctrina* considera que esta posición es equívoca, porque las víctimas menores de edad no tienen capacidad de autodeterminarse, además no explica el medio comisivo de "abuso de poder", el cual se ejerce sobre la víctima sin recurrir a la amenaza o violencia sobre ella, la que aparentemente seguiria teniendo libertad, optando por considerar como bien juridico protegido, la dignidad, que si bien es considerada como la esencia de todos los derechos fundamentales, tiene una rnanifestación concreta denominada "integridad moral", que es la prohibición de todo "trato vejatorio que represente convert¡r en cosas a /os seres humanos".
La Trata de Personas en consecuencia, describe un proceso que implica un atentado al núcleo fundamental de la persona humana, porque supone la vulneración de su dignidad.
104. Según elTribunal Constitucional (PLENO JURISDICCIONAL N'0019-2005-Pl/ TC 21106/2005):
§5. El arresto domiciliario 14. Existen dos grandes modelos de regulación de esta medida cautelar que han sido objeto de recepción en la legislación comparada. El primero es el modelo amplio de detención domiciliaria, que se caracteriza por las siguientes notas: a) la detención domiciliaria es considerada como una medida alternativa a la prisión provisional; b) tiene carácter facultativo para el Juez; c) el sujeto afecto a dicha medida puede ser cualquier persona, y d) la medida puede ser flexibilizada por razones de trabajo. de salud, religiosas, entre otras circunstancias justificativas. Este modelo ha sido acogido, por ejemplo, por Bolivia, Chile y Costa Rica. En estos supuestos, las legislaciones suelen acudir a la nomenclatura "arresto domiciliario" antes que a la de "detención domiciliaria", a efectos de evitar confusiones con la detención preventiva.
El segundo modelo es el restringido,.y sus notas distintivas son: a) la detención domiciliaria es una medida sUstitutiva de la prisión provisional; b) se impone de manera obligatoria en defecto de la aplicación de la prisión provisional, esto es, cuando no puede ejecutarse la prisiÓn carcelaria; c)
se regula de manera tasada para personas valetudinarias (vale decir, madres gestantes, mayores de 65 años, enfermos graves, entre otros); d) excepcionalmente, admite su flexibilización mediante permisos en casos de urgencia. La Ley de Enjuiciamiento Criminal española ha adoptado este modelo. Lo propio ha acontecido con el Código Procesal Penal peruano de 2004, aún no vigente.
2. MONTOYA Vivanco, lván "Manual de Capacitación para operadores de justicia durante la investigación y el proceso penal en casos de Trata de personas. Organización lnternacional para los Migrantes, lnstituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUC del Perú, 2012, pp.50-52.
19
DERECHO PENAL. DERECHO PROCESAL PENAL Y DERECHO PENITENCIARIO
15
El régimen del Código Procesal Penal de 1991, específicamente en el inciso 1 de su añiculo 143c (vigente a la fecha), define al arresto domiciliario no como un mandato de detención, sino como una medida de comparecencia. Es decir, antes que ser una detención en sentido técnico, es una alternat¡va frente a ésta, pues el precepto aludido es claro en señalar que: "Se dictará mandatc de comparecencia cuando no corresponda la medida de detención".
En otras palabras, corresponderá dictar alguna de las medidas de comparecencia previstas en los distintos incisos del artículo 143o (entre las cuales se encuentra incluido el arresto en el domicilio), cuando no se cumplan copulativamente los requisitos previstos en el artículo 135o del mismo cuerpo de leyes, para dictar un mandato de detención. Dichos requisitos son: Que existen suficientes elementos probatorios de la comisión de un delito que vincule al imputado como autor o partícipe del mismo. (...) 2. Que la sanción a imponerse sea superior a los cuatro años de pena privativa de Iibertad; y,
"1. 3.
Que existen suficientes elementos probatorios para concluir que el imputado intenta eludir la acción de la justicia o perturbar la acción
probatoria. No constituye criterio suficiente para establecer la intención de eludir a la justicia, la pena prevista en la Ley para el delito que se le imputa.
En todo caso, el juez penal podrá revocar de oficio el mandato de detención previamente ordenado cuando nuevos actos de investigación pongan en cuestión Ia suficiencia de las pruebas que dieron lugar a la medida'. 16
De acuerdo al artículo 143o, el arresto domiciliario puede ser dictado en cualquier supuesto; lo cual quiere decir, prima facie, que no se concibe como un sustituto de la detención preventiva. De hecho, prácticamente
la totalidad de supuestos en los que se ha dictado esta medida
ha
comprendido casos de personas en perfecto estado de salud. No obstante, el referido artículo también permite que esta medida cautelar se imponga como un sustituto de la prisión preventiva para casos excepcionales. es decir, cuando se trate "(. .) de imputados mayores de 65 años que adolezcan de una enfermedad grave o de incapacidad física, siempre que el peligro de fuga o de perturbación de la actividad probatoria pueda evitarse razonablemente". Este tratamiento legal de la detención domiciliaria denota la existencia de una fórmula mixta respecto a los dos modelos reseñados en el Fundamento 14, supra. 17
18.
En tal sentido, bien puede afirmarse que, a la vista del ordenamiento procesal penal vigente, con la salvedad hecha a los supuestos de personas valetudinarias, el arresto domiciliario y la detención judicial preventiva son instituciones procesales penales sustancialmente distintas. De ahí que sea un despropósito acudir a ordenamientos que recogen modelos restringidos para justificar el tratamiento que debe otorgarse al arresto domiciliario en nuestro medio. Sin embargo, el Tribunal Constitucional, en tanto supremo intérprete de la Constitución, no puede considerar al ordenamiento infraconstitucional, por sí solo, como el factor determinante de sus interpretaciones. Motivo por el cual, es necesario revisar si, desde una perspectiva constitucional, puede 20
tsANCO DE PREGI.INTAS DESARROi.L.ADO
19.
equipararse el arresto domiciliario con la detención preventiva. Para tales efectos, debe recurrirse al uniforme criterio qrre este Tribunal ha expuesto sobre el part¡cular y que, ilentro de esie contexto, ccnstituye jurisprudencia vinculante para todos los poderes ¡rúblicos. Así. en el Caso Chumpitaz Gonzales (STC 1565-2002-HC). en el que se pretendió cuest¡onar ia constitucionalidad
domiciliario, este Colegiado señaló: "IL]o primero que este Tribunal Constitucional debe destacar. teniendo en ccnsideración los términos en que se ha formulado la pretensión, es que el análisis del presente caso no es sustancialmente igual a otros qL¡e, con anterior¡dad. se haya pronunciado (...), En efectc¡, en el presente caso se cuest¡ona que el juzgador haya dec¡'etado
contra el beneficiario el mandato de cornparecencia con «jetención domiciliaria, mientras que en los casos a los que se ha hecho referencia en el párrafo anterior, se cuestionaba supuestos de detencrón judicial preventiva. Tales figuras, desde luego, no pueden ser equiparadas ni en sus efectos personales, ni en el análisis de sus elementos justificatorios, pues es indudable que la prinrera de las mencionadas (la detención domiciliaria) se configura como una de las diversas formas a las que, de manera alternativa, puede apelar el juzgador con el objeto de evitar la segunda de ellas, esto es, la detención judicial preventiva. que, como se ha expuesto en la sentencia recaída en el caso Silva Checa contra el Poder Judicial, se trata siempre de una medida cuya validez constitucional
se encuentra sujeta a los principios de subsidiaridad, provisionalidad,
razonabilidad y proporcionalidad, en tanto que comporta una restricción, en términos plenarios, de la libertad loconlotoria del afectado cor¡ ella."
20.
(Fundamento 2). Este criterio ha sido invariablemente reiterado en diversas causas resueltas en esta sede (Caso Fernandini Maraví, STC 0209-2002-HC, Fundamento 2; Caso Bozzo Rotondo, STC 0376-2003-HC, Fundamento 2; entre otros). Porsu parte, en el Caso Viilanueva Chirinos (STC 0731-2004-HC), estableció
21.
a que no es lo mismo permanecer por disposición judicial en el domicilio que en prisión, siendo menos estigmatizante (...)". (Fundamento 7). Basándose en estos criterios jurisprudenciales, el Tribunal Constitucional
lo siguiente: "EI Tribunal Constitucional en reiterada jurisprudencia ha señalado que la detención domiciliaria y Ia prisión preventiva responden a medidas de diferente naturaleza jurídica, en razón al distinto grado de incidencia que generan sobre la libertad personal del individuo. No cabe duda que la detención domiciliaria supone una intromisión a la libertad menos gravosa, pues resulta una menor carga psicológica, debido
precisó en el Caso Arbulú Seminario (STC 1725-2002-HC)que no es posible
acumular el plazo de la detención domiciliaria al plazo de la detención preventiva para efectos de establecer si ha vencido, o no, el plazo máximo de detención del artículo 137o del Código Procesal Penal. Primero, porque dicho plazo sólo es aplicable a la detención preventiva; y, segundo, porque, tal como ha establecido este Tribunal en el Caso Berrocal Prudencio (STC 2915-2002-HC, Fundamentos 18 a 31) en relación con la detención judicial
preventiva, en criterio que, mutatis mutandis, es aplicable a la detención domiciliaria, para determinar si existe, o no, afectación del derecho a que la libertad personal no sea restringida más allá de un plazo razonable, no es un elemento determinante la fijación de un plazo legal, sino el análisis de ciertos criterios a la luz de cada caso concreto. 21.
DERECHO PENAL, DERECHO PROCESAL PENAL Y DERECHO PENITENCIARIO
Estos criterios son: a) la diligencia del juez en la merituación de la causa; b) la complejidad del asunto; y c) la conducta obstruccionista del imputado.
22.
Teniendo en cuenta que en nuestro ordenamiento el arresto domiciliario tiene elementos jurídico-justificatorios menos estrictos que la detención preventiva, en su aplicación concreta se han advertido distintas permisiones de imposible verificación en un modelo restringido. Es el caso de concesiones tales como que la elección del lugar en el que se aplique la medida corra a cargo del imputado, y no del juez, o de permitirse que la persona acuda a su centro de labores durante plazos fijos. Asimismo, han existido casos en los que el inculpado sometido a arresto domiciliario, "(...)con autorización judicial, puede egresar de su domicilio a fin de realizar gestiones ante el colegio profesional del que es agremiado (fue el caso del ex vocal Daniel Lorenzzi Goicochea, quien acudió al Colegio de Abogados de Lima a fin de hacer frente a un proceso administrativo); puede votar en las elecciones gremiales; emitir voto en las elecciones generales; asistir a hospitales y clínicas cuando su salud lo requiera (fue el caso de Alex Wolfenson Woloch, quien en pleno juicio oral, visitó frecuentemente a su dentista)". (lnforme: Comentarios a la Ley No 28568 que modificó el artículo 47o del Código Penal sobre arresto domiciliario. Justicia Viva. Lima, julio, 2005).
23.
Así pues, tal como a la fecha se encuentran regulados el arresto domiciliario y la prisión preventiva, y aun cuando comparten la condición de medidas cautelares personales, son supuestos sustancialmente distintos en lo que a su incidencia sobre el derecho fundamental a la libertad personal respecta; ello porque, en el caso del arresto domiciliario, el ius ambulandi se ejerce con mayores alcances; no existe la aflicción psicológica que caracteriza a la reclusión; no se pierde la relación con el núcleo familiar y amical: en determinados casos, se continúa ejerciendo total o parcialmente el empleo; se sigue gozando de múltiples beneficios (de mayor o menor importancia) que serían ilusorios bajo el régimen de disciplina de un establecimiento penitenciario; y, en buena cuenta, porque el hogar no es la cárcel."
Así tenemos: ,:: . t: i-:r:::!
:,-
AMBAS MEDIDAS CAUTELARES SON DE NATURALEZA PERSONAL QUE BUSCAN ASEGURAR LOS FINES DEL PROCESO No puede ser entendida como una
El CPP de '1 991 define el arresto domi-
sanción punitiva que se aplica a consecuencia de haberse desvir-
ciliario como una medida de comparecencia restringida.
tuado la presunción de inocencia.
Restringe significativamente el a la libertad
El grado de intensidad en la restricción
de la libertad personal es inmediato inferior al grado de restricción que ejerce la detención preventiva, pero
derecho fundamental personal.
no por ello deja de ser lesivo.
22
BANCO DE PREGUNTAS DESARROLLADO
LA IMPOSICIÓN DE ESTAS MEDIDAS SE RIGEN POR LOS PRINCIPIOS DE SUBSIDIARIEDAD, RAZONABILIDAD Y PROPORCIONALIDAD
SIN EMBARGO, A PESAR QUE AMBAS MEDIDAS CONSTITUYEN UNA RESTRICCIÓN SERIA A LA LIBERTAD PERSONAL Y SE RIGEN POR LOS MISMOS PRINCIPIOS, LOS DISTINTOS PRESUPUESTO PARA SU DICTADO (ART. 135 Y 143 CPP)y EL GRADO DE INC|DENC|A NEGATTVO EN LA LIBERTAD IMPIDEN QUE LA DETENCIÓN PREVENTIVA Y LA DETENCIÓN DOMICILIARIA SEAN INSTITUCIONALES SIMILES (Caso Chumpitaz Gonzales, Fernandini Maraví, Bozzo Rotondo, Villanueva Chirinos)
El tiempo transcurrido de prisión preventiva se abona al cómputo de la pena, ello, por cuanto, los efectos
El tiempo transcurrido de detención domiciliaria se abona al cómputo de la pena, llegándose a esta conclusión a partir de fo establecido en el articulo 47" del Código Penal STC N" 6201
personales que se generan con la prisión preventiva son análogos a los producidos por pena privativa de libertad (se cumple en un establecimiento penitenciario, produce el mismo grado de afectación a la
2007-HC
libertad personal, la misma aflicción psicosomática,..) STC N" 00192005-At.
Un día de detención
preventiva
La fórmula matemática de equivalen-
equivale a un día de pena privativa
cía es tarea pendiente del legislador, a
de libertad
pesar de que se pueda inferir del art. 399 del NCPP que un día de detención domiciliaria equivale a un día de pena.
Sin embargo, de ninguna manera se puede entender que un día de detención domiciliaria equivale a un día de prisión efectiva, ello por cuanto: i) Se vacía de contenido la fir¡alidaC preventivo-general de Ia pena privativa de libertad, pues reduce irra-
zoneblemente la posibilidad de que genere un suficiente efecto intimidatorio.
ii) No permite que se logre la finalidad preventivo-especial de la pena, pues al permitir que el delincuente conciba el arresto domiciiiario como una limitación de Ia libertad idéntica a la ppl, debilita y descarta toda posibilidad de que internalice la gravedad de su conducta. STC 00192005-At.
105.
ExistirÍa Colusión desleal simple, por el concierto de ambas partes flos particulares (contratados posteriormente) y el funcionarioj
23
DEREíJHO PEI'];\L DF:iiICiIO PROCESAL PENAi- Y DERECHO PiI.']I-|ENCIARIO
Se realiza esla conducta cuando el sujeto activo en su cc¡ndición de funcionario público o servidor público, al inte¡-verrir de manera "directa" o "indirectamente" en
cualquiera etapa de las modaiidades cie adquisición o contratación pública de bienes, obras o servicics. ccrrcesrones o cr:alquier operacií.>n a carqo del Estado,
acuerda o concierte ccn los inieresados con el objeto de defraudar al Estado en la operación. Constituye de esta manera urr delito de peligro en relación al perjuicio patrimonial efectivo y Ce mera actlvidad dado que, no sería punible la tentativa, siendo obtuso pensar que debe ser punible el empezar a realizar los actos preparatorio*c, conrc cltar a uno de los postores de la licitación pública. En este tipo penal srilo se consLrma con el acic de ccncertación, ni una ventaja indebida por pa{e del !nteresado al frrncionario c servidos público. (Artículo 384' del Código Fenai)
106. Segúnel artículo4del D.LeyN'25tTSmoCificadoporel Artículoldel Decreto Legislativo N" 985. publicadc el 2.12 lu!io ?C07 son actos de Colaboración de I ei'rorisrno:
a)
Sunrini"etrar clocurr-rentos e ir¡fornracic,ires sobre fiersonas y patrinronios, instalacionas, eciii,:irts nirbl,ecs i, rr¡vedüs y cualquier otro que, específ¡camenle coaijirr-r';en i¡ f¿:criiie las aciivir.lacies de e lernentos o grupos terroristas en e! pars o en e, q;,rtraniero.
b)
La cesicrn o iriiiizar.;ión ,ii: i:ualqLtier i¡po de inmuebie o aiojamiento o de otros medicls susceptibles ,,ie ¡er ,-.lastrnaCos a ocultar personas o servir de depósito
pira armas, rnrr.licior¡e$ cxplosivos. riropaganda. viveres. v Ce ctras perlenerncias
relacrona¡1¿¡s
medicamentos
con los grupos terroristas o con sus
r,¡íctrmas-
c)
El traslado, a sabienCa;. cle persorias oertenecientes a grupos terroristas o vincuiarias cL)n sus aclividade-s deircluosas. en el país c en el extranjero, así corno la prestacirin ie cuaiqurer tipo de ayuda que favorezca ia fuga de aquelics.
d) e)
f)
u¡ ccndircción de actividades de forrnación, instrucción. entrenar¡iento o ¿¡iir.¡ctrrnamier¡to, con fines terroristas, de per-
La organ!z-aci
sonas pertenecicrntes c no ;r !,rrupos terroi-istas bajo cualouier ccbertura." La fabricación. adr¡uisición. i¿nerrcia. sustracción. almacenamiento, suministro, tráfrco o trans¡orte cie a;'n;as. sus parles y componentes accesorios, n'¡uniciones, sustancias y obleios exolosivos, asfixiantes, inflamables, tóxicos o cualquier otro qrre pu«iiera prÓducir rnuerte o lesiones. que fueran desiinarics a ia comisi,-in Ce actos terroristas en el pais o en el extranjero. Constituye circunstancia agrevante I;l pcrsesióri, tenencia y ccultamiento de armas, municiones c explosivos (lr.rc perteriezcan a las Fuerzas Armadas y Policia Nacional dei Perú.
Cualquier lo¡'me Ce aí:cion crl()rtóit;ieal, ay,-r,"ia ü rnecl¡ac:ón hecha voluntarianiente co¡r ia friraljclarl ,j+'jn;tr';..;r ias acti'"ir-jaies de elementos o grupr;s terrc.,i'istas. l-a pr:ira sor¿r nr) nrr¡no¡ de: r,,r¡iniici»cc ni rilayor de treinta y cinco años si itl r,;r;cnie lli'r-,c* u \:t.;¡-Lla :ef,ontDetsa itlci'la ci';nrisiÓn de un actD terrüriste (t"ite ral derr:ga,Jo per ei A,t. 4 de ia Ley N" ?9936. pub. el 21t11¡2012r.
g)
La falsificacion. aciLritetacirin y obfei'rcióri ilir:ita -e rjocumentos de identrdad rje cualqriier llstLlr¿ii';.¿-: 'i Ctro ii¡i-:ir-ent,¡ similar. para fatrorecer el tránsito, rnqreso o salirla ce:l pais iie personas i)É-,rten€-acientes a grupos terroristas o vincu!e¡Cas e !á ci-,!':t;srcil cle aclcrs icrroristas en el pais o e! extranjero 4t ;*
BANCO DE PREGUNTAS DESARROLLADO
El Precedente Vinculante (CONSULTA No 126 - 2004-Lima. F1. 3.2011212004) establece las diferencias entre asociación y coiaboración terrorista. De este modo: "/os delifos de asociación terrorista y colaboración terrorista son f/pos penales autónomos y. cotno tal, están contemplados en normas jurídicas especificas: aftículos cinco y cuatro, respectivamente. del Decreto Ley número veinticinco mil cuatrocienfos sefenfa y cinco, y que por su propia naturaleza son implicantes entre sí, por lo que no se puede admitir, en ningún caso, supuestos de concurso ideal; que el delito de colaboración terrorista: a) es un delito de mera actividad y de peligro abstracto *no requiere que /os acfos perpetrados esfén causalmente conectados a la producción de un resultado o de un peligro delictivo concreto. aunque es obvio que requiere de una acción apta en sí misma para producir un peligro al bien jurídico (idoneidad potencial de ios acfos de favorecimiento), delito que es independiente de las posib/es acciones o acúos terroristas-: b) impofta la comisión de actos preparatorios -realizar, cbtener, recabar y facilitar acfos de colaboración- especialmente casfrgrados como favorecimiento de la comisión de actos terroristas y de los fines de un grupo terrorista -anticipación de la barrera de protección penal que se justifica en la intpoftancia de los bienes jurídicos fundamentales que afecta el terr,crismo y en la objetiva peligrosidad que las conductas de colaboración adquieren en la actividad terrorista, esto es, en la prevención de conductas gravemente dañosas para la comunidad-; c) es un delito residual o subsidiario. pues que se caslrgan /os hechos siempre y cuando no se llegue a producit' un resultado típico determinado -en tanto constituye un auxilio o una preparación de otro compoñamiento-, pues de serasí-.en virtud del principio de absorción- se castigará como coautoría o participación del delito efectivamente perpetrado: y, d) el dolo del autor está integrado por la conciencia o conocimiento del
favorecimiento a la actividad terrorista y a la finalidad perseguida por /os grupos terroristas; que. asimismo. el sujeto activo de este delito sólo puede serlo aquella persona que no perienece o no está integrada a una organización terrorista es decir por un "exiraneus"; que, como señala la doctrina penalista mayoritaria. una interpretación distinta conduciria a una confusión con el delito de asociación terrorista, siendo tle resaltar ql,e ics sujetos integrantes de aquella pueden realizar sin duda les actividades tlplcas de colaboración o favorecimiento pero en ¡al caso no estarán sino haciendo patente su condición de afiliado: que. por otro lado, el tipo penal identifica o precisa seis acfos de colaboracton, aun cuando en ei primer párrafo se inclina por una definición amplia de su contenidc general *.así: ''cualquier tipo de bienes o medios (...) cualquier mado favoreciendo la comis!ón de delitos (. .)"-'que en la descripción de actos de colaboración el legislador utiliza formulas abierfas para evitar lagunas de punibt!idad -verbigracia: "(. ..) cuaiquier otr<; que especificantente coadyuve o facilite ias actividades de elementos terroristas o grLtpos terroristas ("..) prestación de cualquier tipo de ayuda que favorezca ia fuga de aquellos (personas perfenecientes a grupos terroristas) -: que. pese a ello. en aras del respelo al principio general cle seguriciad jurídica I al p¡i¡6¡r¡o penal de lex stricta. es Cei caso puntualizar que la interpretación que h;t de ;l¡'estdlr dichas fórmulas típicas necesariamente será restricliva y, por ertde corresponde asuntir la v;gencia de la cláusula intplícita de equivalencia en cuya viftud las conductas de colaboraciórt tÍpicamente relevantes sólo seran aquellas que impoñen una evidente gravedad e ir¡trinseca idonetdad dei acto realizatlo por el agente en
25
DERECHO PENAL, DERECHO PROCESAL PENAL Y DERECHO PENITENCIARiO
función a la entidad cle las actividades terroristas y a las finalidades de los qrupos terroristas.''
107.
El Director del Colegio Nacional cornete Delito de peculado básico por apropiación. (Art. 387 C.P.)
108. El Juez dictará cornparecencia simple. Artículo 286.1 del NCPP. Esto es con la única exigencia que el procesado concurra las veces que sea citado, la única obligación o carga que tiene es comparecer al proceso. A diferencia de la comparecencia con restricción. medida en la cual el Juez puede restringir al procesado c¡ertas cosas como viajes. salidas del país concurrencia a ciedos lugares, etc.
109. Para que se configure delito de colusión el Código Penal (Art. 384 C.P.) exige concertación ilegal entre el funcionario y el contratista o interesado. El supuesto no da cuenta de le concurrencia de este último, faltando un elemento de tipicidad
para ser colusión. En el caso que el ingeniero residente actúe a nombre dei contratista es una hipótesis que facilitaría considera¡" la hipótesis de colusión.
111. Debe solicitar la confirmatoria antes rje las 24 horas. Si bien el Nuevo Código P¡'ocesal Penal señala que de ¡.nanera inmediata, hay que tener en cuenta el término de ia distancia, las situaciones particu¡ares del caso, en cuanto a la escena del crimen es alejada o existen especiales dificultades dado el caso concreto.
112. Juan Pérez ha incurrido en el deiito de Cohecho activo genérico (Art. 397 C.P.). 114. Se está en dicho caso ante
Lrn
deiitc de cohecho activo genérico propio (Primer
párrafo de! Art. 397 C P.). 1
15. Se corrigen
los defectos de la ar:usar:ión en el plazo de 5 dias (artícula 352.2 del
NCPP) Esto en teoría, pues si la acusación adolece de pruebas, respecto de las propos¡ciones fácticas, esto no se podrá realizü en 5 días, para corregir ello se requeriria volver a investigar, lo cual ya no es posible.
117. Según los incisos 3
y 5 del artículo 28 del Nuevo Código Procesal Penal
(Decreto Legislativo N" 957), compete funcionalmente a los Juzgados Penales, Unipersonales o Colegiados, lo siguiente: a) Dirigir la etapa de juzgamiento en los procesos que conforme Ley deban conocer: b) Resolver los incidentes que se promuevan cJurante el curso del juzgamiento; c) Conocer de los denrás casos que este Código y las Leyes determinen. Los Juzgados Penales Unipersonales, funcionalmente, también conocerán: a) De los incidentes scbre beneficios penitenciarics, conforme a lo dispuesto en el Código de Ejecución Penal, b) Del recurso de apelaciórr interpuesto contra las sentencias expedidas por el Juez de Paz Letradc: c) Del recurso de queja e¡r ios c¡:sos prer.ristcls por la Ley; d) De la dirimencia Ce las cuesticnes de competencia entre los Jueces de Paz Letrados
118. El plazo parala apelacirirr de la piisrón preventiva la inconrunicación
(i
(3 dias) y para la apelación de
ítía).
119. El efectivr:policial haincurridoconsuconductadesolicitardonativoenel delito de cohecho pasirro prcipic genér'ico mediante solicitud (Art. 393, segundo párr"afo,
CP). 26
BANCO DE PREGUNTAS DESARROLLADO
121
.
El segundo párrafo del artículo 393'del Código Penal, aparte de sancionar con pena privativa de la libertad no menor de cinco ni mayor de ocho años al autor del Delito de Cohecho Pasivo Propio, sanciona con la pena de inhabilitación conforme a los incisos 1 y 2 del artículo 36 del Código Penal y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco dias-multa. En el Acuerdo Plenario N" 2-2008/CJ-1 16 del 18.07.2008 la Corte Suprema de Justicia ha esclarecido que: "La pena de inhabilitación conslsle en la privación,
suspenslón o incapacitación de uno o más derechos políticos. econónicos, profesionales y civiles del penado. A través de esta pena se sanciona a quien ha infraccionado un deber especial propio de su cargo, función, profesión. comercio, industria o relación familiar; o a quién se ha prevalido de su posición de poder o de dominio para delinquir." La pena de inhabilitación, según su importancia o i'ango interno. puede ser principal o accesoria (artículo 37" del Código Penal). L.a inhal¡ilitación cuando es principal se impone de forma independiente sin sujeción a ninguna otra pena, esto es, de manera autónoma aunque puede ser aplica conjuntamente con una pena privativa de libertad o de multa. En cambio, la inhabilitac¡ón accesoria no tiene existencia propia y únicamente se aplica acompañando a una pena principal, generalmente privativa de libedad, es, pues, compiementaria y castiga una acción que constituye una violación de los deberes especiales que impone un cargo, profesión, oficio o derecho -se basa en la incompetencia y el abus<: de la función- (artículos 39' y 40" del Código Penal). Conforme al artículo 426 del Código Penal (con las reformas de la Ley N'29758), el Delito de Cohecho Propio Pasivo se halla sancionado además, con pena de inhabilitación accesoria, con igual tiempo de duración que la pena principal, de conformidad con el articulo 36, incisos 1y 2del Código Penal (7. Privación de la función, carga o comisión que ejercía el condenado, aunque provenga de elección popular; 2. lncapacidad o impedimento para obtener mandato, cargo. empleo o comisión de carácter público).
El término de la inhabilitación, en caso de ser impuesta como pena conjLrnta, corre paralelamente a las otras penas principales, y se computa a partir de la fecha en que la sentencia queda firme. '122. Nuestro ordenamiento penal sustantivo ha previsto en su artÍculo 384'la tipificación del delito de Colusión, prescribiendo como uno de sus elementos típicos, que debe ser cometido por funcionarios o servidores públicos, es decir, se trata de un delito especial por la calidad que se exige al sujeto activo, debiendo
identificarse como tales, a aquellos que se qlcuentran dentro de los alcances
del articulo 425" del Código Penal.
Asimismo, este tipo penal acoge corno verbos rectores dos comportamientos ilícitos: el "concertar" y el "defraudar" al Estado, es decir, para que se configure
este delito tiene que configurarse el elemento o núcleo rector fundamental que es la concertación fraudulenta, esto es, que exista un acuerdo ilegal entre los funcionarios públicos a cargo de una operación o contrato estatal y los postores interesados en dicho acto, y que como consecuencia de esta concertación, se produzca una defraudación que se exprese en un perjuicio al Estadc¡. Asimismo, respecto del artículo 384 del Código Penal, se ciistingue dos supuestos
típicos, uno que podríamos denominar
el tipo básico (Colusión simple)
preceptuado en el primer párrafo, en el que no se exige como elemento el perjuicio patrimonial y un segundo supuesto que se podría denominar tipo agravado (Colusión agravada), en el que sí se exige el perjuicio patrimonial: sin enrbargo, los elementos dei tipo siguen inmutables, la conducta o ccmportamientc típico que se castiga, en relación a los momentos de ejecución y consunración. está
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DERECHO PENAL DERECHO PROCESAL PEI'IAL Y DERECHO PENITENCIARIO
dada por ia concertación dolosa con la consiguiente defraudación al Estado (tipo básico) o defraudación patrimonial a los intereses del Estado (tipo agravado). En relación al bien jurídico protegido en el delrto de Colusión, se aprecia que éste es múltiple. En relación a ello, Fidel Rojas identifica como tales los siguientes: "a) Preservar
el patrimonio público puesto en luego en las diferentes negociaciones que
a
noml¡re del Estado efectúan los neEociadores oficiales (funcionarios y servidores públicos especialmente vinculados); b) Garantizar la intangibilidad de los roles especiales, inherentes a la función pública, que asumen dichos negociadores en sus relaciones con los interesados en contratar con las diferentes reparticlones públicas, c) Asegurar los deberes de lealiad institucional y pr"obidad funcional"s.
123. No !'esLilta aplicable la Liquidación de la persona jurÍdica. Tanrpoco la clausura temporal.
124. SAN MARTit{ CASTRO precisa que, indicio es todo hecho cierto y probado
con
virtualidad para acred¡tar otro hecho con el que está relacionado. El indicio debe estar plenamente acreditado. Es el hecho base de la presunción, es un dato fáctico o elenrento que ciebe quedar acreditado a través de los medios de prueba previstos por la ley. La conclusión a la que se arr¡ba a partir de una prueba indiciaria debe someterse a ciertos requisitos para su validez. Así la afirmación o enlace entre el hecho - base y el hecho - consecuencia debe ajustarse a las reglas de la lógica y a las máximas de la experiencia. Debe primar la racionalidad y coherencia del proceso mental asumido en cada caso por el órgano jurisdiccional, siendo de rechazar por tanto la irrazonabilidad, la arbitrariedad, la incoherencia y el capricho del juzgador, que en todo caso constituyen un límite y tipo de la admisibilidad de la presunción como prueba.
Según el inciso 3 del artículo f 58 del Nuevo Código Procesal Penal la prueba por indicios requiere: a) Que el indicio esté probado;
b)
Que Ia inferencia esté basada en las reglas de la lógica, la ciencia o
la
experiencia;
c)
Que cuando se trate de indicios contingentes. éstos sean plurales, concordantes y convergentes, así corno que no se presenten contraindicios consistentes.
126. El delito de peculado por apropiación requiere de una disminución del patrimonio público, por acción del comportamiento del sujeto activo, razón por la cual abundante.iurisprudencia de la Cofie Suprerna exige la existencia de una pericia técnica que determine el perjuicio. por lo mismo es un deiito de resultado y de simple actividad
127. La concertación está referida a que el funcionario públiccl se concierte con los particulares con la finalidad de defraudar los intereses del Estado. Esta concertación debe tratarse Ce un acuerdo ilegal en !os contratos, iicitaciones, surninistros, entre otras operac¡ones. corno por ejemplo, Un pacto ilícito entre
los funcionarios miembros de un Comité Especial y los postores de
una
Adjudii;ación o Licitación, donde las condiciones de contraiación beneficien a estos particulares en un momento en el que se purjo lo
3. ROJAS VARGAS, Fidel. Delitos contra la Administración Pública. Editorial ...iuridi¡;a Grijiey Lima 2007, pá9.406.
28
BANCO DE PREGT]NTAS DESAP.ROLLADO
Sobre este particular. la Sala Penal Permanente, en el expedtente l.l" '1480-2003, en la ejecutoria del 22 de julio del 2004, señaló: "... el delito de colusión fraudulenta (..) exige que el funcionario público defraude al Estado concertándose fuera de la iey con los interesacJos en los ccntratos que l!eva a cabo por razones funcionales; que, propiamente, la concertación fraudLrienta requiere la realización de maniobras de engaño. que se manifiestan en un perjuicio
patrimonial -potencial o real- para la administración." "...esta corrcertación con la posibilidad Ce perjudicar ecr:nómicamenie a la Administración (. .)' Por su parte, ei profesor Mario Rodríguez Hufiadc señala scbre este elernento, que "... La concertación, además de ser el elemento que Ie otorga cleno,'ninación al tipo de Colusión Desleal, es el únic;r-¡ medio a través clei cual se puede defraudai-o perjudicar los intereses patrimonrales del estado"a.
128. El articulo '1 05 del Código Penal trc ha contenlplario Ia rnulla. tamprrco cancelación de licencias derechos u otras auir¡rizar:ionr-,s. E! articulo 23 de
¡a
ia
Ley N" 30077, no regula expresamenie la clar-¡slrra tt--i'r¡coral ni la liquicación.
129. No corresponde al lnsiituto Médico Leqal reaiizar pericias documentó lógicas, más bien a criminalística de la pohcia, pues dicha ilepeiidencia cr.¡enta con !os especialistas adecuaCos sobre la !"nater¡4, quienes se encuentran capacitarlos para el efecto.
130. Las diligencias preliminares tienen una
cjuraciÓn de 60 dias,
en las cuales
e!
Fiscal deberá practicar los actos de investigactón urgentes e inaplazables que conlleven a establecer los presupuestos mínimos para
formal del proceso, pero también excepciotralmente se otorga la facultad al Fiscal de poder fijar un plazo distinto, según ias características. complejidad y circunstancias de los hechos ob.jeto de investigación y en casos de flagrancia delictiva el plazo de las diligencias preliminares se reducen a 24 horas: asi la diligencias preliminares presentan un plazo ordinario o normal. otro especial -v uno excepcional.
En su desarrollo se realizan actos urgenies o inaplazables destinados a determinar si han tenido lugar los hechos y su delictuosidad, así comcr asegurar los elementos materiales de su comisión, individualizar a las personas
involucradas, incluyendo a los agraviados. y, dentro de los lírnites de la lev,
brindarles la debida seguridad (art. 330.2). Las diligencias preliminares forman parte de la investigación preparaioria y nc podrán repetirse una vez formalizada ésta. Una de las discusiones surgidas respecto. al§lazo de las diligerrcias prelimirrares en la jurisprudencia reciente, fue sí el plazo de Ias diligencias preliminares
forman parte del plazo establecido para la investigación preparatoria, para la Sala Penal de Apelaciones de frujillo existe sólo una fase de investigación, que es la investigación preparatoria, a cargo del Ministerio Público, conforme se estabiece en el inciso 2)del artículo 337 ciel NCPP, en el qi¡e se señala. -que las diligencias preliminares practicadas durante la inr"¡estigación preliminar forman parte Ce la investigación preparatr:ria, por existir "unidad de prueba, unidaC de investigación y unidad de investigador", ennrendando dicha decisión, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema en la Casación N" 02-08 - La l-ibertad, estableció a su entender que la etapa de ir¡vestiqación ureparatoria, presenta a
4. RODRIGUEZ HURTADO, Mario. La conoertacrón ün ei Celito cie Colusr(rn y la lmputaciLin Objetiva. En. Revista de Derecho y Ciencia Foiifica - UNMStui iN' i- N'2)Lima2CrJ7. o.?62
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DERECHO PENAL, DERECHO PROCESAL PENAL Y DERECHO PENITENCIARIO
su vez dos sub-eiapas: la primera correspondiente a las diligencias preliminares
y la segunda, corresponde a la investigación preparatoria propiamente dicha, siendo que las diligencias preliminares tiene un plazo distinto, además que ambas sub-etapas están sujetas a un control del plazo de investigación, que se regula de manera diferenciada. La resolución de casación no necesitaba mayor argumento que el establecido en la misrna norma procesal, que hace una diferenciación clara de los plazos para las diligencias preliminares y la investigación preparatoria. El código no hace referencia a que el plazo de las diligencias preliminares forme parte de la investigación preparatoria sólo forman parte las diligencias practicadas preliminarmente, esto con la tinalidad de evitar su práctica repetitiva de diligencias que caracterizaba al viejo proceso penal;
de otro lado. era ilógico que se pudiera acumular las 24 horas o 15 días de Cetención o en su caso el plazo que dure las diligencias preliminares en casos excepcionales para cornputar el plazo máximo de la investigación preliminar. La casación en mención al resolver este caso también introduce una limitación a los plazos rnáxinlos que deben durar las diligencias preliminares en casos excepcionales, señalando que la fase de diligencias preliminares no podría, en la hipótesis más extrerna, ser mayor que el plazo nráximo de la investigación preparatoria regulado en el artículo 342 del NCPP.
131. Según el Acuerdo Plenario N" 6-2012iCJ-116, la cadena de custodia, como quinta forma de autenticación, referida al cuerpo del delito, "[ ]se puede definir como aquel procedimiento de registro y control que tiene por finalidad garantizar
la integridad, conservación e rnalterabilidad de los elementos materiales
de
prueba [en pureza, del hecho delictivo y de su autor], tales como documentos, armas blancas y de fuego, muestras orgánicas e rnorgánicas, proyectiles, vainas, huellas dactilares, etcétera, desde el momento de su hallazgo en la escena del cr¡men, considerando su derivación a los laboratorios criminalísticos forenses donde serán analizados por parte de los expertos, técnicos o científicos, y hasta
que son acompañados y valorados como elementos de convicción [en rigor,
actos de pruebal en la aud¡encia de juicio oral" [READI SILVA y otra, 2003: 23]. La cadena de custodia es, propiamente. un sistema de control que permite registrar, de manera cierta y detallada, cada paso que sigue el cuerpo del delito
encontrado en el lugar de los hechos (recolección, incorporación -utilización de emhalajes adecuados-, rotulación, etiquetamiento -con identificación del funcionario responsable y referencias sobre el acto de hallazgo, ocupación e incautación-, traslado, almacenamiento, conservación, administración y destino final), de suefte que proporciona un conocifniento efectivo del flujograma que ha seguido el bien, cosa u objeto, a través de los diferentes sistemas (policial, fiscal, laboratorio criminalístico, lnstituto de Medicina Legal, u otros entes públicos o privados), hasta llegar a las instancias judiciales !a obligatoriedad de su presentación se advierte de lo dispuesto por el articulo 282 1 NCPPI.
135. Según el artículo 5 de la Ley N'30077- Ley contra el Crimen Organizado (Pub.20.08.20'1 3) el plazo de las diligencias preliminares para todos los delitos vinculados a orqanizaciones criminales es de sesenta dias, pudiendo el fiscal fijar un plazo distinto en atención a las caracteristicas, grado de complejidad y circunstancias de los hechos objeto de investigación (Conforme al inciso 2 del artículo 334 NCPP). Para determinar la razonabilidad del plazo, el Juez considera, entre otros factores, la complejidad de ia rnvestigación. su grado de avance, la realización de actos de investigación idóneos, la conducta procesal del imputado, los elementos probatorios o indiciarios recabados, la magnitud y grado de desarrollo
30
BANCO DE PREGUNTAS DESARROLLADO
de la presunta organización criminal, así como la peligrosidad y gravedad de los hechos vinculados a esta.
140. según el articulo 393 del código Penal se comete el delito de cohecho pasivo propio.
142. Funcionario o servidor público competentes por razón del cargo - intervención directa o indirecta en contrataciones, concesiones u operaciones- actos de concertación ilegal entre sujeto público intereses de la administración pública.
e interesado orientados a
defraudar
143. Determinar si dicho Gerente Municipal ocupa las funciones de administrador
de la entidad municipal o algunos de los otros dos vinculadores jurídicos (perceptor
o custodio) que exige el tipo penal 387 del CP, para efectos de ser reputado autor del delito de Peculado.
176. José conjuntamente con Carlos han cometido delito de asesinato, en su modalidad de homicidio para facilitar otro delito (Art. 108 del CP).
188. Cohecho pasivo impropio (Art.394 C.P.) 193. Cohecho pasivo propio y lavado de activos.
208. El delito de peculado exige que el funcionario se apropie para sí o para otro del caudal o efecto. En el presente caso exrstió una decisión arbitraria (delito de abuso de autoridad, Art.376 C.P.), pero no apropiación para sí, no pudiendo ser considerado "para otro", la propia entidad pública perjudicada.
210. Se configura el delito de Concusión regulado en el artículo 382 del C.P. 211. Se puede configurar un delito de Peculado de uso (Art. 388 del C.P.).
212. Delito de Exacción ilegal ( Art. 383 del CP). 213. Tal hipótesis abarca ya acuerdos de concertación ilegal subsumibles en el primer párrafo del Artículo 384 del Código Penal: delito de Colusión simple.
214. Cómplice primario en delito de Colusión simple. 215. Podría configurarse un caso de Malversación de Fondos. Pero el hecho podría quedar atípico si la ley de les asigna a los funcionarios municipales facultades de orientar los saldos en otras obras.
216. lncumplimiento de actos funcionales (Art..377 del CP). Resulta inaplicable
el
delito de retardo indebido de pago (Art. 390 CP), pues aquí el pago se produce pero con demora, lo que no es supuesto fáctico de la pregunta.
218. Juan comete delito de cohecho mediante solicitud de ventaja distinta a
la
219. Héctor comete delito de Patrocinio indebido de intereses particulares ante
la
patrimonial ("cualquier otra ventaja o beneficio" (Art. 393, segundo párrafo CP)
Administración Pública (Art. 385 delCP).
220. Tráfico de lnfluencias (Art. 400 del CP). 221
.
Delifo de Enriquecimiento ilícito (Art. 401 del CP).
222. Lesiones graves en contexto de violencia familiar (Art. 1218224. Asesinato por lucro (Art. 108.1 CP). 225. Asesinato por ferocidad (Art.
108.1 ).
31
CP).
DERECHO PENAL, DERECHO PROCESAL PENALY DERECHO PENITENCIARIO
227. El delito de eutanasia u homicidio piadoso (An. lP del CP), requiere como parte del tipo que la víctima sufra doiores intolerables, al no concurrir dicho componente no se perfecciona la figura del homicidio piadoso, quedando como homicidio simple ('1 06 CP), que será castigado, de conformidad con el artículo
46 CP(móvil noble o altruista). de forma atenuada. 228. Delito de aborto agravado reguladc en el artículo 117 del CP (profesional que abusa de su ciencia o arte).
229. Muy probablemente omisión de actos funcionales (4n. 377 del CP). Para que
se
!e pueda imputar autoría en colusión el tipo requiere de actos de concertación ilegal, que en el presente caso no existen. Para que se le impute complicidad en colusión el supuesto fáctico no exhibe actos de contribución con conocimiento de ios actos de concertación ilegal.
231. Delito de peculado
por apropiación (Art. 387 del CP). La devolución posterior del bien no deja atipico el delito ni constituye excusa absolutoria.
232. No es posible la figura de peculado, pues el dinero no es público ni es caudal público. A Io sumo delito de apropiación ilícita (Art 190 del CP). 233.
tv'lalversación de Fondos (Art. 389 del CP).
238. Los requisitos para abrir instrucción que contempla
el Código de Procedimientos penales son: Elementos relevadores de la existencia de un delito. lndividualización del presunto autor o participe, Acción no ha prescrito ni se ha extendido por otra caUSa.
239. Preguntas permitidas en los contrainterrogatorios: Sugestiva, desde la Ley
N"
30076, pues antes de dicha norma, se podían hacer preguntas sugestivas en los contrainterrogatorios, pero atendiendo a Ios principios del modelo acusatorio, entre ellos al contradictorio.
243. Plazo para designar
un agente encubierto (inicial y máximo) seis meses. (ArtÍculo 341.1 del NCPP). Sin embargo, dicho plazo puede ser prorrogado.
246. Operaciones y agentes encubiertos, el policia que pafticipa lo designa el
MP.
(ArtÍculo 341 -A del NCPP). Sin embargo, debe respetarse toda la tramitación que se establece, para garantizar la efectivtdad del procedimiento y evitar problemas con el agente encubierto y los delitos que se verá obligado a cometer al ser parte de una organización criminal.
260. Sujeto pasivo, en todos los casos siempre sárá una mujer (Art. 108-B). 261. Concurriendo cualquiera de los cuatro niveles de circunstancias que califican
el
asesinato (Art. 108 del CP).
265.
El arresto ciudadano: Se da en casos de flagrancia. El detenido debe ser puesto
a disposición de las autoridades en el término de la distancia. El ciudadano que detiene no debe levantar actas. Puede recoger fuentes de información como objetos y documentos para posteriormente hacer entrega de los mismos. No está permitido realizar torturas o tratos humillantes luego de la captura y mientras se pone al detenido a disposición del Juez.
269. Las clases de medidas de coerción son personales y reales.271. Se puede incomunicar por orden del Juez, por diez días, a pedido del Fiscal, es una incomunicación relativa, en casos graves. La medida de incomunicación es accesoria, procede cuando existe o se ha dictado una medida de prisión preventiva o detención preliminar.
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BANCO DE PREGUNTAS DESARROLLADO
274. Las medidas de protección las puede dictar el Juez 279. Se trata del dolo de consecuencias necesarias.
o el Fiscal (248.1 del NCPP).
284. El plazo para formalizar el recurso de apelación de sentencias es de cinco días (405.2 del NCPP). Y en el caso de autos es de 3 días.
285. Delito cje lesiones culposas graves por inobservancia de reglas de ocupación, regulado en el tercer párrafo del artículo 124 del CP.
287. Son coautores del deiito de robo agravado 288. Juan López ha incurrido en delito de retardo injustificado de pagos (Art. 390
del
CP).
291. Delito de cohecho activo propio (Art. 397 del CP) 293. Lavado de Activos. 294. Podría considerarse en primera línea de interpretación que se trata de
un
delito de Tráfico de lnfluencias, considerando el proceso de selección un caso administrativo. No obstante hay que tomar en cuenta que el delito de tráfico de influencias está circunscrito a la esfera de la justicia jurisdiccionalo administrativa, no siendo en este caso, el supuesto descrito referido a un proceso de selección ámbito de justicia administrativa. Se trata a ml parecer de un hecho atípico. Lo cual por cierto debe ser tomado con reserva para responder la interrogante, en función a las alternativas que tengan la pregunta.
295. Se trata de un delito de posesión para la microcomercialización (regulado
el
artículo 298 del CP). Resulta de aplicación aquí lo establecido en el segundo párrafo del artículo 299 del CP.
297. Se configura el delito de Secuestro agravado (Art. 152.8 CP). 298. Actos contar el pudor agravados (Art. 176.2 CP). 299. Funciones del Fiscal: El Fiscal con el Nuevo Código Procesal Penal, deja
de
dictaminar, sus funciones son disponer las diligencias preliminares. Elaborar una estrategia de investigación, en Ia investigación preparatoria a su cargo. Formalizar investigación preparatoria y presentar ai Juez los requerinrientos pertinentes. Reunir los elementos de convicción de cargo y de descargo. Formular acusación. Requerir el sobreseimiento.
300. Cuando el agente actúa en calidad de integratrte de una organización cr¡mina! o si como consecuencia del robo se produce muerte o lesiones graves a la integridad física o mental de la víctima (Art. 189 último párrafo CP).
301. Delito de cohecho pasivo específico (Art. 395 del C.P) 319. Delito de estafa (Art. 196 delCP). 321
.
La responsabilidad penal restringida por inconcurrencia de algún requisito de las causas de justificación o exculpacion (Art. 21 del CP).
322. Casos de reincidencia y habitualidad (Arts. 468 y 46 C del CP). 330. Un caso de error de prohibición (Art. 14 del CP) 331. Existe tentativa de homicidio imputable a Ricardo, En el caso que el niño resulte herido o muerto habrá un concurso de lesiones o muerte culposa (aberratio ictus) con tentativa de homicidio.
33
DERECHO PENAL, DERECHO PROCESAL PENAL Y DERECHO PENITENCIARIO
333. Desistimiento voluntario por delito de homicidio (Art. 18 del CP). Será castigado por lesiones.
338. Se perfecciona un caso de hurto agravado durante la noche y con rotura de obstáculos (Art. 186. 1y 2CP). 339. Se puede diferir la sentencia por 8 días posteriores al pronunciamiento (artículo 396.3 del NCPP).
347. Faltas contra el patrimonio (Art. 444 CP). 359. Se presenta un caso de injurias porvías de hecho (Art. 13'1 del CP).
36't. La reserva de fallo condenatoria está contemplado para el caso de delitos (Art. 62del CP). La posibilidad de aplicar penas propias de delito está reservada para el caso de reincidencia en faltas contra la persona. Supuesto que no se da en el presente caso.
369. Adicionar las penas concretas parciales concernientes a cada falta cometida por el agente y que perjudicaron a diferentes agraviados, sin superar los límites máximos establecidos de prestación de servicios a la comunidad (Art. 34 CP) y de multa (Art.440.4 CP).
370. Se trata de hurto agravado sobre vehículo automotor, sus autopartes
o
accesorios (Art. 186. 10 CP).
382. La estabilidad, transparencia y legitimidad del sistema económico financiero
383. El agotamiento, otrora impune y dependiente se ha convertido en la actualidad en un delito de lavado de activos autónomo y punible
384. En cuanto a la condena: debe estar debidamente motivada, especificar la pena y reparación civil u otras consecuencias penales. lndicar la valoración efectuada sobre la prueba. Se tiene que valorar todas las pruebas, no únicamente las que se utilizan para la decisión, la sana crítica exige ello.
386. Colusión simple y colusión agravada (Art. 384 del
CP).
396. El hecho constituye un caso de hurto agravado en contra de menores de edad (Art. 186.11 CP).
399.
Se trata de un caso de faltas contra el patrimonio en grado de tentativa (Artículos 444 y 440.1 CP). la reducción de pena estáblecida para el hecho punible por el articulo 22 del Código Penal.
403. Tomará en cuenta
404. Para impugnar el archivo de denuncia se tiene tres días. Para elevar cinco días. La Fiscalía de la Nación emitió una directiva en dicho sentido, dejando clara la interpretación.
407. Es de dos días (Artículo 29 del CP). 411. El Desalojo anticipado, Procede en Usurpación. Lo pide el Fiscal o el agraviado. Lo ejecuta la policía. En 24 horas. Apelación con efectivo suspensivo. Lo resuelve el Juez de lnvestigaciÓn Preparatoria. 41
3. Se puede utilizar la mencionada herramienta cuando el procesado está en lugar inaccesible y exista peligro de fuga en el traslado.
414. lmpugnación - terceros. 34
un
BANCO DE PREGUNTAS DESARROLLADO
41
5. No tiene plazo para ser notificada. Tampoco el NCPP indica que debe
ser
notificada.
430. Se produce un delito de tentativa de extorsión (Art. 200 del
CP).
432. lncidentes de acumulación oe penas: Juez Colegiado 446.
La medida de internamiento (Aft. 236.b. cjel Código de los Niños y Adolescentes).
452. La pertenencia a una organización criminal para la prisión preventiva hoy está comprendida en el peligro de fuga (269 del NCPP)
453. La nulidad es vista conro rernedio. 455.
El tiempo para que un Tribunal Revisor resuelva es de 20 dias (Artículo 42A.7).
456. Mantener en reserva su identidad (95.1.c NCPP). 465. José Andrade incurre en Faltas contra la seguridad pública (Art. 451.5 CP). 467.
Que tomando en cuenta el indicador cuantitativo del descanso propio de las faltas, el hecho punible debe haber adquirido especial gravedad, por las circunstancias o medios de comisión, para ser considerado como lesiones dolosas (Arl. 441
CP). Plazo ordinario de prescripción en cualquier falta un año, extraordinarie un año y medio.
473. El peligro procesal se manifiesta con el peligro de fuga y entorpecimiento 474. Los menores de edad son inimputables. 481. El abogado puede pedir estar presente en las declaraciones de coimputados (Artículo 84.2y 4 delNCPP).
482. Respecto
a la calificación jurídica es relativa en la formalización de la
investigación, puede variar.
492. Debe declararse inadmisible. Si es el condenado (demandante). Artículo 443.4. NCPP.
494. Se prefieren los principios del T.P. Del NCPP por su relevancia constitucional. 510.
No puede acceder a información de este tipo si han sido cancelados. Sólo podria acceder el MP y el Poder Judicial.
512.
No se puede exponer a una persona que todavia está investigada en medios de comunicación como si fuera culpable, afecta la presunción de inocencia.
518. Conforme al Acuerdo Plenario 3-20091CJ-116, en el asesinato existe
una
relación entre el delito medio (el homicidio) y el delito fin (el propósito ulterior), la que no se da en el robo con consecuencia de muerte.
520. Se configura el delito de lesiones culposas graves por ingesta de alcohol
del
conductor, si el dosaje arroja más de 0.50 gramos de alcohol en sangre en el conductor (Art.. 124, último párrafo CP).
521. Se configura tentativa de homicidio por emoción violenta (Art. 109 del CP). 524. El archivo de denuncia por un fiscal es cosa decidida. Pero se puede reabrir cuando existen nuevas pruebas o se demuestra una deficiente investigación.
525. Se trata de un homicidio simple (Art. 108 del 35
CP).
DERECHO PENAL, DERECHO PROCESAL PENAL Y DERECHO PENITENCIARIO
526. Carlos es un inimputable relativo, esto es una persona peligrosa susceptible de aplicársele medidas de seguridad.
528. Carlos no responderá penalmente, pues actuó
en estado de inimputabilidad (Art.
20.1 del CP).
529. Existe violación sexual de menores (\rt.. 173-2 CP), el consentimiento de
la
víctima carece de relevancia para dejar atípica la conducta del agente.
530. La reposición procede contra decretos y autos dictados en audiencia que
no
sean finales.
531. La Casación 318.2011, indicaba como máximo 120 días.534. Corresponde
la
revocación de la comparecencia a pedido del Fiscal.
537.
La figura penal cometida por Diana es apropiación ilícita (Art. 190 del C.P).
543.
La dirección le corresponde al Fiscal
544. Son principios de la actividad probatoria: Pertinenc¡a, conducencia, utilidad, legitimidad, inmediación, contradicción.
546.
No son oralizables los documentos o actas que se refieren a prueba actuada en la audiencia ni a la actuación de ésta (383.2 del NCPP).
547. No está facultado a pronunciarse sobre los aspectos penales que corresponden alMP.
548.
La acusación debe contener: Datos de identificación del acusado, relación claray precisa del hecho, situaciones anteriores y posteriores, elementos de convicción,
participación que se atribuye, circunstancias modificatorias de responsabilidad, tipificación, pena, reparación civil, medios de prueba que ofrece.
550. Medidas de Coerción Real: Embargo, incautación, inmovilización, inhibición, medidas anticipadas, medidas sobre personas jurídicas 551
.
(
.P.7 .2011).
Los plazos en días son contados a partir del día siguiente hábil de conocido el mandato o notificado con é1. (143.2 NCPP)
585. La vista se llevará a cabo dentro de las 72 horas de recibido el expediente. (Aúículo 278.2)
589.
Le está permitido consultar documentos al imputado cuando deba precisar datos y a los peritos
592. Procede
la terminación anticipada en todo el paÍs, para cualquier delito.
593. Le corresponde plantear la querella ante la Juez Unipersonal. 595. La solicitud debe cumplir alguna formalidades, tales como identificación, fundamentos de hecho, derecho, monto del petitorio, medios de prueba, se puede declarar inadmisible. Se puede plantear el pedido en la investigación preparatoria.
596. Juan Pérez debe presentar una excepción de improcedencia de acción. 597. El plazo del secreto de la investigación no debe superar los 20 días. Artículo 324.2. NCPP.
598. Mantener en reserva la identidad de la víctima. 599. Carece de relevancia penal el monto o valor pecuniario del bien mueble ajeno sustraído.
36
BANCO DE PREGUNTAS DESARROLLADO
600. Si el imputado se niega a declarar total o parcialmente constará en el acta, puede expresar los motivos es parte del derecho de defensa, principio de no autoincriminación.
601. Faltó
la descripción previa de quren debía ser reconocido.
602. Se ha convertido en un testigo hostil, cabe realizar preguntas cerradas (incluso sugestivas).
603.
El derecho a un ambiente sano y sostenible.
615. Un alegato preliminar debe contener expcsición de los hechos, trpificación, pedido de pena y reparación civil, medios de prueba admitidos y que se van a actuar.
622. Aplicación de la prohibición de regreso (institución de la teoría de la imputación objetiva), dado que su comportamiento de conductor del vehiculo (rol social de chofer) fue un acto inocuo y permitido socialmente.
623. Están dados los presupuestos de la medida de prisión preventiva. 626. La acción penal prescribe a los tres años (Artículo 440. 5 CP), en caso de reincidencia y habitualidad se aplica el articulo B0 del CP (régimen ordinario de la prescripción del delito).
627. Falsiflcación de documento privado ,Art.. 427 del
CP).
629. El delito excluido es el de receptación regulado en el artículo '1 94 del CP. 631. No genera consecuencias negativas, porque es su derecho, salvo que se
le
advierte que se dará lectura a sus declaraciones previas
632. Si sobreviene la anomalía psiquica se suspende el proceso hasta que
el
imputado muestra mejoría.
633. Cuando la pericia se realizó por exhorto o cuando el perito está imposibilitado para concurrir a juicio.
634. Se debe realizar en la etapa inicial del juicio oral. Luego de los alegatos
de
apertura y el trámite de conformidad.
646. Plazo de investigación preparatoria en casos complejos es de 36 meses, Ley 30077.
649.
.on cadena perpetua (Artículo 173.1 CP).La extinción de la acción penal por prescripción para dicho delito es 30 años (Artículo 80, quinto párrafo, CP), contados desde la comisión del delito. Tiempo que es el que tendría que estar en la clandestinidad el agente de delito. El delito cometido por Ermitaño está sancionuio
650. Se realizan bajo la dirección del fiscal, de acuerdo a su estrategia en función a teoría de caso se reúnen elementos de convicción de cargo y de descargo, deben completar o profundizar en la información, no repetir los actos que se realizaron en diligencias preliminares.
652. Se leerá
la declaración de un testigo de modo excepción cuando alegue haberse
olvidado de los hechos, cuando se quiera confrontar con sus propios dichos, cuando sea imposible su presencia en el juzgamiento y se actuó como prueba anticipada.
653. Debe declararse el abandono. 359.7 del NCPP.
37
DERECHO PENAL. DERECHO PROCESAL PENALY DERECHO PENITENCIARIO
654.
Si la querella no es clara o está incompleta, dentro del tercer día deberá subsanar, sino lo hiciera se dispondrá el archivo (articulo 460.1 ) Debe ofrecer prueba sobre el objeto penal y civil. Puede impugnar en ambos extremos (artículo 109).
655. Se corre traslado por cinco días para que el querellado conteste y ofrezca
la
prueba que considere adecuada. Vencido el plazo contestando o no se emitirá el auto de citación a juicio t-a audiencia deberá reaiizarse en no más de 10 días a 30 días. En la audiencia se insta a las partes para que concilien. El querellante tiene las facultades del Ministerio Público, y puede ser interrogado.
656. La reposición. 657, Las penas limitativas de derechos cuando se interpone apelación, todavía no
se
pueden ejecutar provisionalmente, sino hasta que la decisión quede firme.
659. Puede exigir que se pronuncien sobre el objeto civil a pesar de la absolución. 660. El plazo de investigación preparatoria es de 20 a 60 días, en casos complejos '1
puede llegar a ser 8 meses. En casos de crimen organizado a 36 meses.
y la prohibición de autoincriminación. Siendo posible que pueda ser obligado pero tendría que realizarse un test de
661. Es parte de su derecho de defensa proporcionalidad.
671. En dicho supuesto de concurso real retrospectivo, contexto en el cual se solicita la refundición, las penas parciales se suman hasta un máximo del doble de la pena más grave. En el presente caso la pena refundida aplicable no podrá ser superior a 20 años.
672. Puede realizar el examen corporal un profesional especializado, a petición
de ella
puede estar otra mujer o un familiar. Se puede realizar aun sin su consentimiento.
673. EI plazo de detención policial no se puede ampliar, por lo que a pesar de
los
elementos que falten el detenido debe ser puesto a disposición del Fiscal y Juez.
681. Niño es sujeto de derechos, menor de 18 años según el artículo
1'de
la
Convención de Derechos del Niño.
682. Son derechos del imputado los contenidos en el articulo 71" del NCPP: 1. El imputado puede hacer valer por sí mismo, o a través de su Abogado
2.
Defensor, los derechos que la Constitución y las Leyes le conceden, desde el inicio de las primeras diligencias de investigación hasta la culminación del proceso. Los Jueces, los Fiscales o la Policía Nacional deben hacer saber al imputado de manera inmediata y comprensible, que tiene derecho a: a) Conocer los cargos formulados en su contra y, en caso de detención, a
que se le exprese la causa o motivo de dicha medida, entregándole la orden de detención girada en su contra, cuando corresponda; CONCORDANCIAS: Acuerdo Plenario
N"
2-2012-CJ-116,
6
(Acuerdo plenario en
materia penal sobre audiencia de tutela e imputación suficiente)
b)
c) d)
Designar
a la
persona
o
institución
a la que debe
comunicarse su
detención y que dicha comunicación se haga en forma inmediata; Ser asistido desde los actos iniciales de investigación por un Abogado Defensor; Abstenerse de declarar; y, si acepta hacerlo, a que su Abogado Defensor esté presente en su declaración y en todas las diligencias en que se requiere su presencia.
38
BANCO DE PREGUNTAS DESARROLLADO
e)
f) 1
.
2.
Que no se emplee en su contra med¡os coactivos, intin¡idatorios o contrarios a su dignidad, ni a ser sometido a técnicas o métodos que induzcan o alteren su libre voluntad o a sufrir una restricción no autorizada ni permitida por Ley; y Ser examinado por un médico legista o en su defecto por otro profesional
de la salud, cuando su estado de salud así lo requiera. El imputado puede hacer valer por sí misnlo, o a través de su Abogado Defensor, los derechos que la Constitución y las Leyes le conceden, desde el inicio de las primeras diligencias de investigación hasta la culminación del proceso. Los Jueces, los Fiscales o la Policía Nacional deben hacer saber al imputado
de manera inmediata y comprensible, que tiene derecho a: a) Conocer los cargos formulados en su contra y, en caso de detención, a
que se le exprese la causa o motivo de dicha medida, entregándole la orden de detención girada en su contra, cuando corresponda; CONCORDANC|AS: Acuerdo Plenario
N"
2-2012-CJ-116,
6
(Acuerdo plenario en
materia penal sobre audiencia de tutela e imputación suficiente)
b)
Designar
a la
persona
o
institución
a la que debe
comunicarse su
d)
detención y que dicha comunicación se haga en forma inmedrata; Ser asistido desde los actos iniciales de investigación por un Abogado Defensor; Abstenerse de declarar; y, si acepta hacerlo, a que su Abogado Defensor
e)
Que no se emplee en su contra medios coactivos, intimidatorios
c)
esté presente en su declaración y en todas las diligencias en que se requiere su presencia:
f)
o
contrarios a su dignidad, ni a ser sometido a técnicas o nlétodos que induzcan o alteren su libre voluntad o a sufrir una restricción no autorizada ni permitida por Ley; y Ser examinado por un médico legista o en su defecto por otro profesional
de la salud, cuando su estado de salud así lo requiera.
686. El Fiscal es titular de la acción penal. Asume la carga de la prueba. Conduce la investigación desde el inicio. En forma decidida y proactiva. Defiende a la sociedad.
689. La sola sindicación del agraviado puede servir para condenar si cumple condiciones objetivas y subjetivas: Falta de incredibilidad subjetiva (por móviles
o relaciones conflictivas) y objetivos: verosimilitud, coherencia, persistencia en la incriminación.
700. STC. N'0008-2012-Pl/TC declara la inconstitucionalidad del 173.3. delCódigo Penal con los siguientes criterios: a) Los adolescentes tienen libertad sexual (sujetos de derechos, de acuerdo su evolución. además lo demuestra las estadísticas, b) la libertad sexual está contenida por el libre desarrollo de la personalidad, c; es incclnstitucional porque no pasa el test de proporcicnalidad, no pasa el examen de necesidad ni la ponderación, C) Los jueces perrales no pueden emitir sentencias normativas, e) si hay violencia o arrenaza readecuen por el '1 70 del Código Penal
702.
El Juez de lnvestigación Preparatoria.
705. Delito de extorsión consumado (Art. 200 del C.P). 706. Plazo de duración de la pi'isión preveniiva: 9 meses y en casrrs complejos hasta i B meses.
39
DERECHO PENAL DERECHO PROCESAL PENALY DERECHC PENiiENCIARIO
707. Libertad provisionai por que se someten a reglas de conducta o comparecencia con restricciones.
708. 3 dÍas. Artículo 414.1 del NCPP. 709. Se
le puede imputar la muerte por omisión impropia o comisión por omisión. Por negligencia.
710. Se puede admitir un caso de vioiación sexual con aprovechamiento de
la
posiciórr de ventaja que tiene el medico sobre !a paciente (Art. 170.2 CP).
711. La motocicleia es un vehÍculo automotor de transporte ¡rrrvado, por lo cual corresponde el delito estado de cbriedad. Sea aplica principio de oportunidad.
717. La condición de Peluca es la cje reincidente. 718. La discusión final se desarrolla: Exposición fiscal. Alegatos del actor civil y del tercero. Alegato de ia defensa. Autodefensa.
719. La prueba indiciaria requiere: i) indicios acreditados por medios típicos.
ii)
indicios concurrentes. iii) indicios plurales si son débifes, iv) no contraindicios. v) respeto de los nrincipios de la lógica, máximas de exper¡encia y reglas de la ciencia.
720. No, si el niño no fue adoptado, se iratará de un homicidio simple. 721. Uso de doc;unrenlo público falso (Art. 427, segundo parrafo, 722. Una vez concluida
CP).
la investigación preparaioria el Fiscal puede acusar o requerir
el scbreseimienio.
723. Las excepciones son ciilatorias (excepción de naturaleza de juicro) y son perentorias (exceoción de rmprocedencia de acción cosa juzgada, juzgada, amnistía y prescripción). Se pueden plantear en la investigación preparatoria o -!-ambiéri en la fase intermedia. se pueden declarar de oficio.
724. Un caso de concurso real de deiitos (Artículo
50 del CP).
725. Son procesos especiales: Proceso inmediato. Terminación Anticipada
del
Proceso. Trámite de Conforrnidad.
735. lnvalidez del acta. Artículo 121 1. NCPP 737. Sobre los medios de prueba van a ser valorados en la sentencia de modo conjunto y razonable, Además los medioi de prueba deben ser valorados libremente y se debe excluir"el r¡aterial probatorio ilegitimo.
738. Acuercio Plenario N" 5-2012lCJ-1
16. establece que las citaciones y notificaciones son responsabilidad del fiscal. el "llP y el Juez del Juicio según la etapa procesal y la iabor de ias partes es subsidiaria r: conrplementaria.
a los beneficios penitenciaron: No son derechos funcjamentaies, incentivan la res,ccialización. Depr:nricn del Juez:. que no esiá vinculado al inforrne del il'lPE. Debe re¿,rlizar r-lna valoracrón sobre el ini.erno. Las restricciones a los beneficros son legitinias claLio iltre eslán fi.,ndadas en la prevención general.
739. Respecto
740. El control n¡ateriai se centra en ias c¿rusales de sobreseirniento conducta
atípica causas que extinguen la acción ,;erral, causas de justificación, causas de exculpación, exclrsa absolui,¡ria. felra cie u¡ra conCición objetiva de punibilidad.
741
.
Sólo de irrvestigación preparatoiia
40
BANCO DE PREGUNTAS DESARROLLADO
743. Delito de cohecho pasivo propio mediante solicitud (Art. 393 CP). 745. La competencia penal es sobre delitos o faltas. Es improrrogable y se guía por principio de competencia preestablecida por Ley,
747. Acuerdo Plenario N'6-2012/CJ-1
16. Las irregularidades y ruptura de la cadena de custodia no producen, nulidad, inadmisión ni exclusión probatoria. En todo caso hay que formar la credibilidad con otros medios de autenticación.
748. Las cuestiones previas y excepciones se pueden plantear en investigación preparatoria y etapa intermedia.
750. La sugerencia, por sí sola. no es aún un caso de inducción o determinacrón a delinquir. Se trata de un acto insuficientemente atipico.
751. La competencia penal es sobre delitos o faltas. Es improrrogable y se guía por principio de competencia preestablecida por Ley.
752. En un estado de necesidad justificante (/.n.20.4 del CP). 753. Apropiación ilícita (Art. 190 del CP).
754. Que totalizan o cubren el total de ilícitos penales. Los primeros pueden ser cometidos por cualquier persona, los segundos solo por parte de quienes mantienes vinculaciones positivas con el titular del bien jurídico protegido. El
Código penal no contiene regulación específica ni expresa al respecto.
755.
Según el NCPP la intervención corporal puede realizarse con o sin consentimiento del imputado y también de terceros relacionados con el hecho. Debe cuidarse de no cometer excesos. Puede implicar toma de muestras sanguíneas. radiológicas o revisar distintas partes del cuerpo.
756. Se está ante un concurso real de delitos (Art. 50 del
CP).
776. Principio de adquisición de la prueba. 780. Sobre ilícita es cierto que: Se sanciona con la exclusión probatoria. Puede ser ilegitima de forma (se obtuvo sin un debido procedimiento. Puede ser ilegitima de fondo (afecta derechos fundamentales). Se puede excluir en Audiencia de tutela si de ella pueden derivar otras diligencias. Puede existir prureba prohibida ilÍcita directa (por sí misma) o por derivación (teoría del árbol del fruto envenado). No se excluye si es en perjuicio del imputado. 781 y 830. La tutela de derecho la plantea el imputado. Durante diligencias preliminares e investigación preparatoria. Por la vulneración de derecho concretos contenidos en el artículo 71" del NCPP. También por la afectación del principio de imputación
necesaria. Es un mecanismo residual. No es nulificante.
782. La suspensión de la prescripción en el NCPP por Ia formalización de
la
investigación preparatoria por el Acuerdo Plenario 3-2012 se prolonga por un tiempo razonable máximo de la pena más la mitad.
784. En el lugar donde se cometió el delito. 785. Aquel delito que se reitera a través del tiempo, cometido en unidad jurídica de acción, por el mismo autor contra la nrisma víctima u otras distintas, siendo Ia misma ley penal la violada u otra semejante. EI artícuio (violación sexual de la víctima reiteradamente durante un período de tiempo. sustracción de dinero de banco a través de un año, etc).
4't
DERECHO PENAL, ÜERECHO PROCESAL PENAL Y DERECHO PENITENCIARIO
786. Debe r¡tilizar preguntas sugestlvas. 787. El l\4inisterio Público en
el
NCPP: Dicta disposiciones, requerimientos y
providencias.
788. Tiene como consecuencia excluir responsabilidad penal o excluir la agravante (Art. 14 dei CP). Responderá por lo que cometió sr fuera tÍpico, no por lo que intentaba hacer.
789. Nc resulta punible los actos de ejecución del delito practicados, salvo cuando ellos constituyen otro delito (Art. 1B del CP).
802. Se soiicit¿¡ ia actuación de prueba anticipada
i:c:r la imposibilidad de reproducir la actuación en el juicio oral, pero tarnbiérr cuanCr¡ existen razones que implican la pérdida dei material, antes del juzganriento.
803. Se dictará sin más t¡"ánrite: En casc¡s que no hay flagrancia. pero si está sarrcionado con más de cuatro Ce pen:r privat:';a de libertad y hay oeligro de fuga, es sorprenCirlo en flagrancia y logra evitar su detención policial. cuando el sujeto se futa de ¡.r¡i centro de clr:ien¿ión prelirninar.
804. Es dictado por el ,iuez de investigación Prepar"atoria. 805. Que es un delito
c]e c;onsuryración rnstarrtanea.
806. El agente integrante de una organizar:ión criminal, o
qr-re haya incurriclo en
Violacton sexual, homicidio calificado, feminicidio, secuestro, extorsión, tráfico de drogas, teri'orismo, atentado contra la seguridad nacional y traición a la patria. entre otros del¡tos graves
807. Cuando instrumenializa a uliliza
a terceras personas para la comis¡ón del delito, en caso de errc,r, faita de doio, coacciorr o inimpuiabilioaC del instrumento.
808 Los pei'itos deben ser examinacics en juicio, se les aplica el régimen de ios testigos, ciebierido ser sometidos al conti-adictorio para que sean prueba.
809. La expulsión cÍel país del extranjero luego de cumplida la pena privaiiva de libeúad (Afi. 30 del CP).
810. Los beneficios penitenciarios no son cierechos fundamentales. Sirven para incentivar Ia resocialización. Dependen del Juez y su análisis sobre el interno.
811. Rige la regla general de la irretroactividad de
Ias normas penales. La excepción está dada por la retroactividad berrigna de la'norma penal (caso de sucesión de leves penales en ei tiernpo), cuando resulta nrás faryorable a la situación jurídica del impuiado o procesaCo. Rige igualrnente el principio de ultraactividad de la norma, que acompaña al procesa<,{o en el tiempo.
815.
La constilución del actor civil tiene las siguientes características: a) Se constituye el aqraviaCo o ios ceriullicadcs b) Se sustenta err el daiio causado. c) Durante la investigación preparatoria (fr".,rmalizacicn y antes de la ete¡ra intermediai, d) Se presenla un escrito i:cn cieri¡¡s foriralrC¡¡des (iiorrrbres, hechos, furidamentos Ce derecho, rnonto. meCios ilc-,.uri'.,rcc:iii. :;; Íalia i,ino de ellr¡ es inadnrisible): se constiiuye poraLrdierrcier. si¡ro se ci¡servo drch;-i reEia procesal será nulo solo si se dejó en estado de indefe:lsiórr.
816. Está Ciri.qida para deiiios y. íaitas.
No alranze:r delrtos ililitares o castrenses. No alcanza a infracciones rje ailoleslcltes Ljs irlprcriooable Se sujeta al priricipio de Juez natural. Es relativa¡neirte oratui'La.
42
BANCO DE PREGUNTAS DESARROLLADO
817. Su labor es de apoyo técnico en la investigación, 818. La identificación del imputado basta tener nombres y apellidos completos.
No
requiere estar inscrito en RENIEC o tenerlo presente fisicamente.
824.
El imputado se adhiere a la acusación en la conclusión anticipada dei debate. Se conforma o no con los términos de la acusación, adernás de su abogado.
825. El proceso inmediato a diferencia de la acusación directa se da en un sistema de números clausus, únicamente procede elr los tres casos previstos por la Ley y son. flagrancia (toCos los tipos), suficientes elenlentos de convicción de cargo que hacen que el fiscai no tenga ya r-lecesidad de investigar y confesión sincera. La acusación directa procede en cuai
827. Requiere (cuestión rrrevia) para su procesarniento (rircisos
1 y 6 ciel art.214 del CP) del respectivo protesto o de constancia del Banco cionde se señale la causa del no pago.
828. Niveles de tipicidad, antijuridicidad, culpairilidad y punibilidad. Acción u omisiontipicidad-antijuridiciad y culpabilidad.
829. Que
se trata de actr-¡s de participación no es<-¡nciales en el delito cometioo por el
autor. oudiendo concretarse en cualquiera de las etapas del proceso ejecutivo del delito: preparación, tentativa y consuntación.
833. Restringen
en gran medida la autoría. Ejemplo: Prevancato, Falso testimonio. etc.
836. Pueden ser cometidos por cualquier persona. Suponen necesanamente donlinio fáctico del hecho.
842. Uso de docunrento público falsificado ({rt. 427 del
CP).
869. Pena privativa de libeftad e inhabiiitación accesoria. 870.
El delito oe instituciones financieras ilegales (Art. 245 del C.P).
872. Comprende ia restitución del bien
y un monto indemntzatorio por daños y
perjuicios. Tiene como fundamento la existencia de un daño civi! ocasionado poi' el delito, el mismo que incluso puede presentarse en los delitos de peligro.
873. Ricardo ha cometido delito de extorsión
(A,fi. 200 del CP).
874. Juan ha cometido deiito de cohecho pasivo propio mediante solicitud (segundo párrafo de! A.rticulo 393 cjel CP).
879. La hipótesis aplicable es posesión de droga para la microcomer"cialización (An, 298 del CP).
En el caso de -luan, porque ia cantidad incautada excede io previsto para el autoconsumc (Art 299 CP) En e! casc de Pabio por la posesión de dos drogas diferentes (segundc párrafo clel artículc¡.199 del CP.
880.
El deliio de robo agravaclo cor¡:etido err coar-¡toría se ha consr:mado con la fuga de Jorge llevándose ei dincro.
884. Quien invoca tener infiuencias y se hace dar o prometer donativo o ventaja para interceder ante funcionarios de ia adnrinist¡'ación de justicia (Art .100 del CP). 43
DIRECHO PENAL, DERECHO PROCESAL PENALY DERECHO PENITENCIARiO
887. Esta
rr.g¡ulado en dos sentidos (i) en la colusión simple, como la orientación que clebe tener el acto de concertación ilegal, (ii) en la colusión agravada, en tanto resultado que marca el perjuicio patrimonial causado por la concertación ilegal
entre funciorrario e interesado
888. Ello formalmente es posible, ya por principio de favorabilidad de la ley penal
o
por ultraactividad de la ley vigente durante la cr¡misjón del delito. No obstante la serltencia del Tribunal Constitucional en el caso Fiscalía de la Nación, generó 1ur-isprucjencia en el sentirio que la reforma de la Ley N' 29703, en el extremo del iérmino "perjuicio patrirnonial" era inaplicable
897. Que el juez puede drsponer la aplicación del articulo 105 del Código penal oara dispcl--rer la suspensión, clausura o disolución de la empresa minera, si se cumpien los requisitos que dicho artículo prevé.
900. Honricidrc por enroción violenta (Art 109 CP) 904. Aberratio ictus (errcr en el golpe). La inexperiencia err el manejo de armas,
la
ntala punteria. ocas¡ona la murede de iercera persona. En cambio en el error en ia persona (error en el objetc). es ia confusión la que getlera matar a persona cJistinta de la pre,rista en el plan de acción del agente.
910. Autor mediato de homicidio simple. 918. Accesoria, esto es por el mismo tiempo de la pena privativa de libertad aplicada al funcionario.
920. Carlos no será reprimido penalmente pero está obligado a responder civilmente, el Juez íijara la respectiva reparación civil.
925" Peculado doloso slmple y agravados por apropiación. Peculado doloso simple y agravado por utilización (Art. 387 CP) Peculado culposo y Peculado de Uso (Ar"t 388 CP).
927. Se configura el delito de Comercialización de insumos o precursores (tercer f:árrafo det artícuk-:296 del CP)
931.
RoL,o acrravado a rnano arnrada (Art. tener¡cia ilegai de arma.
938. Delito 946.
rJe
189.3 CP). El tipo penai absorbe a
la
concusión (Art. 382 CP).
El Código de los Niños y Adolescentes estab.lece medidas socioeducativas para
el adolescente infracior a part¡r de los 14 años. Por debajo de dicha edad rigen Ias mediCas de protección.
949. Es una niodalidaC aienuada de peculadc circunscrito al uso Ce máquinas, vehíctrlos e instrumentos de trabajo en fines ajenos al servicio público. Autor r:t-lede sei'el func.ionarto que adrninistra dichos bienes o el contratista de obra pública (concepto equiparadc de funcionario para fines penales). El tipo posee lina causa de exclt¡siÓn de tipiciCad circunscrita al usc¡ de vehículos para fines personalcs por razón de I cargo. (Ar1. 388 CP).
953.
L-a aplicación de Crnero público en destinos distintos a los previstos, para constituir delito de malrrersación de fondos. requiere Ce una aplicación tiefinitiva ), con perjuicro a Ia funciÓn o servicio.
963. Art
'170
del Códlgo Penal.
96S. Es córnpiice del funcionario en delito de cohecho pasivo impropio. 44
tsANCO DE PREGUNIAS DESARROLLADO
973.
El consentimiento es váiido para descartar violación sexual siernpre y cuando la preste una menor mayor de 14 años.-lbmando en cuenta la edad actua! de la menor, al momento de los hechos esta tenía menos de 14 años, por lo cual subsiste la imputación de violación sexual. Solo el errr:r de tipo sobre la edad de la víctima tiene efectos de destipificantes clel hecho.
975. La modificación
del tipo penal por efecto de la Ley 29756, incornoró
componente típico del abuso del cargo
y excluyo el deber de justiíicar
el el
incremento patrimonial
977.
El an¡mus retorquendi consiste en Ia respuesta a;i-aCa a la vez ii¡ualmente injuriante que da la víctima de la injuria.
981. 982. 989. 991. 993.
Se configura delito de intrusismo informático lArt. 208 del CP). Se produce una violación a !a intimidad (Art. 154 del CP). Se produce
Lir'¡
caso de reincidencia en el delito (Art 40 B üPl
Existe de parte de Raúl deltto de encubrirnienlo real (Art 4C5 del CP).
Si es invencible exc[rye la responsabilidad penal. Si es vencible permite
Ia
atenuación de la pena.
995. 997. 998. 999.
Julián es autor de delito de robo simple (An. 188 del CP).
Alternativamente pena privativa de la libertad de 1 a 3 años o Prestación de servicios comunitarios de 70 a 140 jornadas (,Ar1,.274 del CP). En ambos caso con pena de inhabilitación conforme al artículo 36.7 del CP Se trata de un delito de íeminicidio (Art. 108 B CP) Comisión de delito de instrusismo informático, c;on alteración de programas. No es posibie considerar hipótesis de an¡enazas extorsi'¡as.
1003. Dicho agente policial incurrió en delito de concusión
(4r1. 382 del CP).
1475. El ¡uez al momento de fundamentar y determinar la pena deberá tener en cuenta: 1)Las carencias sociales que hubiese sufridr: ei agente c ei abuso de su cargo, posición económica, formación, poder, oficio. profesión o función que ocupe en ia sociedad; 2) Su cultura y sus costumbres; y, 3) Los intereses de la víctima, de su familia o de las personas que de ella dependen. De conformidatJ ai artículo 45" del Código Penal.
1478. Según el artículo 247' del Nuevo Códigó Procesal Penal las medidas de protección son aplicables a quienes en calidad de testigos, peritos. aqraviados colaboradores intervengan en los procesos penales; para ello será necesario que el Fiscal durante la investigación preparatoria o el Juez aprecie racionalmente un peligro grave para ia persona. libeftad o biernes de quien pretenda ampararse en ellas, su cónyuge c su conviviente, o sus ascendientes. descendientes o hermanos. De cor¡formidad al articulo 247" rsel Nr",evo Codiqo Procesal Penal.
o
1480. l-a responsabilidad restringida por la edad se da cuandc el agente tenga nrás de dieciocho y menos de veinti[rn años o más cje sesenta y cincc años al momeirto de realizar la infracción. De confornridad ai artículo 22' dei Código Penal.
1488. Los elementos que deben de tenerse en cuenta para determinar la existencia de una legítima defensa son: En el plano objetivo: 1) La agresión ilegítima. 45
DERECHO PENAL. DERECHO PROCESAL PENAL Y DERECHO PENITENCIARIO
2) La necesidad racional del medio empleado, 3) La falta de provocacion
sirficiente de quien hace la Cefensa; y en el plano subjetivo: La exigencia de conocimiento de la situación de justificación. De conformidad al artículo 20" del Código Penal.
1491. El Juez a solicitud del Ministerio Público podrá dictar rnandato de prisión preventiva. si atendiendo a los primeros recaudos sea posible determinar la concurrencia rle ios siguientes presupuestos: 1) Que existen fundados v graves elernentos de convicciÓn para estimar razonablenrente la comisión de un deliio que vincule al imputado como autor o partícipe del mismo; 2) eue la sanción a impctnerse sea superior a cuatro años de pena privativa de libertad; y 3) Que el imputadc, en razón a sus antecedentes y otras circunstancias dei caso particular, permita coleg¡r razonablemente que tratará de eludir la acción de la justicia (peligro Ce fuga) u obstaculizar la averiguación de la verdad (peligro de obstaculización)" De conformidad al artículo 268' del Nuevo Código Procesal Penal.
1494. La detencion preliminai'procede en estos supuestos:
a)
b)
c)
No se presente un su¡ruesto de flagrancia delictiva, pero existan razones
plausibies para considera!' que una persona ha cometido un delito sancionado con pena privativa de libertad superior a cuatro años y, por las circunstancias del caso, puede desprenderse cierta posibilidad de fuga. EI sorprendido en flagrante delito logre evitar su detención. EI detenidc se fugare de un centro de deiención preliminar.
1496. Confor'me al artículo 248 inciso 2 del NCPP, se enlistan las siguientes
Las
medidas de protección: a) Protección policial. b) Cambio de residencia. c) Ocultación de su paradero. d) Reserva de su identidad y demás datos personales en las diligencias que se practiquen, y cualquier otro dato oue pueda seruir para su identificación, pudiéndose utilizar para ésta un número o cualquier otra clave. e) l.Jtilización de cualquier procedimiento que imposibilite su identificación visual normai en las diligencias que se practiquen. 0 Fijación como domicilio, a efectos de citaciones y notificaciones, la sede de la Fiscalía competente, a la cual se las hará llegar reservadamente a su destinatario. g) Utilización de procedimientos tecnológicos. tales como videoconferencias u otros adecuados, siempre que se cuenten con los recursos necesarios para su implementación. Esta medida se adoptará para evitar que se ponga en peligro la seguridad del protegido una vez desvelada su identidad y
siempre que lo requiera la preservación del derecho de defensa de las pdr itr5.
h)
Siempre que exista grave e rnminente riesgo para la vida, rntegridacl fislca o libertad del protegido o la de sus familiares y no pueda salvaguardarse estos bienes jurídicos de otro modo. se podrá facilitar su salida del país con una caliclad migratoria que les perrnita residrr temporalmente o realizar activid¿ldes lab'orales en ei extranjero.
1509. La dete¡rción preiiminarludicial no se debe confunclir con la prisión preverrtiva, porque aquélla solo exige razones plaLrsibies, mientras que la prisión preventiva solo se da si hay qraves y fundados eiementos de convicción.
46
BANCO DE PREGUNTAS DESARROLLADO
1513. La reparación civil comprende: 1)La restitución del bien o, si no es posible, el pago de su valor; y 2) La indemnización de los daños y perjuicios. De conformidad al a(ículo 93" del Código Penal.
1515. Culminada
la
investigación preparatoria, el fiscal emitirá requerimiento sobreseimiento; o requerimiento mixto de acusación y
de acusación o sobreseimiento.
1516. Conforme al artículo Vll inciso 2 del título preliminar del NCPP, solo será admisible la interpretación analógica si es bonam parfem o favorece al reo.
1517.
El Fiscal puede requerir la intervención o grabación o registro de comunicacrones
telefónicas o de otras formas de comunicación, cuando existan suficientes elementos de convicción para considerar la comisión de un delito sancionado con pena superior a los 4 años de pena privativa de libertad, de acuerdo con el artículo 230 inciso '1 del NCPP.
1522. Se constata la ausencia de acción, en los movimientos reflejos, la fuerza física irresistible y el estado de inconsciencia.
1524. El error de tipo es el conocimiento equivocado, desconocimiento o ignorancia de todos o alguno de los elementos del tipo objetivo. Así tenemos que, el artículo 14' del Código Penal establece que el error sobre un elemento del tipo penal o respecto a una circunstancia que agrave la pena, si es invencible, excluye la responsabilidad o la agravación. Si fuere vencible, la infracción será castigada como culposa cuando se hallare prevista como tal en Ia ley.
1525. El dolo es definido como la producción del resultado típicamente antijurídico con la conciencia de que se está quebrantando el deber, con conocimiento de las circunstancias de hecho y del curso esencial de la relación de causalidad existente entre las manifestaciones humanas y el cambio en el mundo exterior, con la voluntad de realizar la acción u con repi'esentación del resultado que se requiere.
1527.
El Fiscal podrá solicitaral Juezexpida contra el imputado orden de impedimento
de salida del país o de la localidad donde domicilia o del lugar que se fije, cuando el delito esté sancionado con pena privatrva de libertad mayor de 3 años. 1
530. Los principios de la actividad probatoria son: publicidad, comunidad, concentración, contradicción, inmediación y oralidad.
1531.
A la posibilidad de cuestionar en la audiencia de tutela de derechos la afectación
a la imputación necesaria (cuando la imputación fáctica es vaga, genérica o imprecisa).
1534. Coautor de hurto agravado. 1537. Según el artículo 196-4 del Código Penal son circunstancias agravantes
del
delito de estafa: 1. Se cometa en agravio de menores de edad, personas con discapacidad, mujeres en estado de gravidez o adulto mayor.2. Se reailce con la participación de dos o más personas. 3. Se cometa en agravio de pluralidad de víctimas. 4. Se realice con ocasión de compra-venta de vehículos motorizados o bienes inmuebles. 5. Se realice para sustraer o acceder a los datos de tarjetas de ahorro o de crédito, emitidos por el sistema financiero o bancario.
1538. Conforme al artículo 334 inciso
5 del NCPP, el plazo para impugnación es de 5
días.
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DERECHO PENAL. DERECHO PROCESAL PENAL Y DERECHO PENITENCIAR{O
't539. Solicitar la detención preliminar judicial.
1540. Son competentes para tramitar los procesos de
Habeas Corpus, bajo las reglas del Código Procesal Penal, todos los Jueces Penales, entendiéndose por éstos a los Jueces Penales de lnvestigación Preparatoria y Jueces Penales Unipersonales, quedando excluidos de dicha competencia aquellos que con
exclusividad ejerzan funciones como Jueces Penales Colegiados.
1542.Conforme al artículo 121 C.P modificado por la Ley No 30054 (30.06.2013), se consideran como lesiones graves: 1. Las que ponen en peligro inminente la vida de la victima. 2. Las que mutilan un miembro u órgano principal del cuerpo o lo hacen impropio para su función, causan a una persona incapacidad para el trabajo, inva!idez o anomalÍa psíquica permanente o la desfiguran de manera grave y permanente. 3. Las que infieren cualquier otro daño a ia integridad corporal, o a la salud física o mental de una persona que requiera treinta o más días de asistencra o descanso, según prescripción facultativa. Cuando la víctima es miembro de la Po!icÍa Nacional del Perú o de las Fuerzas Armadas, magistrado del Poder Judicial o del Ministerio Público, miembro del Tribunal Constitucicnal o autoridad elegida por mandato popular, en ejercicio de sus funciones o como consecuencia de ellas. Cuando la víctima muere a consecuencia de la lesión y si el agente pudo prever este resultado, la pena será no menor de ocho ni mayor de doce años. En este caso, si la victima es miembro de la Policía Nacional o de las Fuerzas Armadas, magistrado del Poder Judicial o del Ministerio Público, miembro del Tribunal Constitucional o autoridad elegida por mandato popular, en ejercicio de sus funciones o como consecuencia de ellas, se aplica pena privativa de libertad no menor de doce ni mayor de quince años.
1544. Como causa
de justificación -que excluye la antijuricidad- exige que el sujeto se halle frente a un peligro actual e insuperable que amenace la vida, la integridad
corporal, la Iibertad u otro bien juridico, realiza un hecho destinado a conjurar dicho peligro de sí o de otro, siempre que concurran los siguientes requisitos: a) Cuando de la apreciación de los bienes jurídicos en conflicto afectados y de la intensidad del peligro que amenaza, el bien protegido resulta predominante sobre el interés dañado; y b) Cuando se emplee un medio adecuado para vencer el peligro. Está contemplado en el ar1ículo 20 inciso 4 del Código Penal.
1545.
El delito de sustracción de menor se configura cuando se sustrae a un menor de edad o se rehúsa entregarlo a quien ejercola patria potestad; asimismo dicha
acción típica puede recaer en el padre o la madre u otros ascendientes, aun cuando aquellos no hayan sido excluidos judicialmente de la patria potestad. Ello de conformidad al artículo 147" del Código Penal.
1547. El bien jurídico protegido en el delito de Allanamiento llegal de Domicilio constituye la inviolabilidad de domicilio, como protección de
la
lo
intimidad
personal.
1549. El artículo 20 del C.P. señala los siguientes supuestos: anomalia psíquica, que comprende tanto las dolencias mentales en sentido estricto, como las perturbaciones de la conciencia y demás perturbaciones psíquicas graves; grave alteración de la conciencia, alteración de la percepción; referido a la carencia o imperfección de los sentidos, duda sobre el estado mental del agente, señala: 1. El que por anomalía psíquica, grave alteración de la conciencia o por sufrir alteraciones en la percepción, que afectan gravemente su concepto de la realidad, no posea la facultad de comprender el carácter delictuoso de su acto
48
BANCO DE PREGUNTAS DESARROLLADO
o para determinarse según esta comprensión, 2. El menor de
1B
años. 3.
El
que obra en defensa de bienes jurídicos propios o de tercero. 4. Ei que, ante un peligro actual e insuperable de otro modo, que arnenace la vida, la inteEridad corporal, la libertad u otro bien jurídico, realiza un hecho destinado a conjurar dicho peligro de sí o de otro. 5. El que, ante un peligro actuai y no evitable de
otro modo, que signifique una amenaza para la vida. la integridad corporal o la libertad, realiza un hecho antijurídico para alejar el peligro de sí mismo o dr¿ una persona con quien tiene estrecha vinculación no procede esta exencion si al agente pudo exigírsele que aceptase o soportase el peligro en atención a las circunstancias; especialnrente, si causó el peligro o estuviese obligado por una particular relación jurídica; 6. El que obra por unafuerza físrca irresistible proveniente de un tercero o de la naturaleza; 7. El que obra compelido por miedo insuperable de un mal igual o mavor; 8. El que obra por disposición de la ley, en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo Ce un derecho, oficio o cargo; 9. El que obra por orden obligatoria de autoridad ccmpetente. expedida en ejercicio de sus funciones. 10. El que actúa con el consentimiento válido del titular de un bien jurídico de libre disposiciórr. -r1 El personal de ias Fuerzas Armadas y de la Policia Nacional del Perú que, en el cumplimiento de su deber y en uso de sus armas u otro medio de defensa, cause lestones o muerte. 1551
.
Se configura el delito de robo con muerte subsecuente. (Artículo 189 C.P) El artículo 189' in fine CP prevé una. circunstancia agravante de tercer grado para la figura delictiva del robo. Esta se configura cuando el agente
como consecuencia de los actos propios del uso de la violencia para facilitar el apoderamiento o pare vencer la resistencia de quien se opone al apoderamiento, le ocasiona o le produce la muerte. Es obvio. en este caso, que el agente buscaba el desapoderamiento patrimonral de la víctima. pero como consecuencia del ejercicio de violencia contra ella -de los actos propios de violencia o vis in corpore- le causa la muerte, resultado que no quiso causar dolosamente pero que pudo prever y evitar. Se trata, pues, de un típico supuesto de homicidio preterintencional donde el resultado sólo se le puede atribuir al agente a título de culpa -la responsabilidad objetiva por el simple resultado es inadmisible, esiá prohibida por el artículo Vll del Título Preliminar del Código Penal-. El citado dispositivo regula, entonces,
Lrn
caso de tipificación
simultánea, dolosa y culposa, pero de una misma conducta expresamenie descrita. Como se advierte en la doctrina especializada la preterintención es una figura compuesta en la que el resultadosobrepasa el dolo del sujeto. AsÍ, el agente roba valiéndose del ejercicio de violencia física contra la victima. esto es, infiere lesiones a una persona, quien fallece a consecuencra de la agresión, siempre que el agente hubiere podido prever este resultado (la muerte, en este caso, no fue fortuita) -es una situación de preterintencionalidad heterogéneaIFELIPE VILLAVICENCIO TERREROS: Derecho Penal Parte General, Editorial Grijley, Lima, 2006, páginas 4091410). Como se puede inferir del ejemplo
planteado, la conducta típica se articula sobre la base de dos elementos: el apoderamiento del bien mueble y la utilización de violencia en la persona, la cual en el presente caso produce la muerte de esta última. (Acuerdo Plenario
N' 3-2009/CJ-116. Fj. 7) 1553. Ante una tentativa de robo, así la SENTENCIA PLENARIA No'1 -2005/DJ301-A establece que la consumación en estos casos viene condicionada por la disponibilidad de la cosa sustraída -de inicio sólo será tentativa cuando no llega a alcanzarse el apoderamiento de la cosa, realizados desde luego los actos de ejecución correspondientes-. Disponibilidad que, más que real y
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DERECHO PENAL. DERECHO PROCESAL PENALY DERECHO PENITENCIARIO
efectiva -que supondría la entrada en la fase de agotamiento del delito- debe
ser potencial, esto es. entendida como posibilidad material de disposición o realizacrón de cualquier acto de dominio de la cosa sustraída. Esta disponibilidad potencial, desde luego, puede ser momentánea, fugaz o de breve duración. La
disponibilidad potencial debe ser sobre la cosa sustraida, por lo que: (a) si hubo posibiiidad de disposición, y pese a ello se detuvo al autor y recuperó en su integridad el botín, la consumación ya se produjo; (b) si el agente es sorprendido in fraganti o in situ y perseguido inmediatamente y sin interrupción es capturado con el íntegro del botín, así como sr en el curso de la persecución abandona el botin y este es recuperado, el delito quedó en grado de tentativa: y, (c) si perseguidos los participantes en el hecho, es detenido uno o nrás de
ellos pero otro u otros logran escapar con el producto dei robo, el delito se consumó para todos.
1556.
La diferencia es que en la estafa y apropiación ilícita es que el primero es delito común y el segundo es delito especial. Además, la primera se configura con ei perjuicio, la segunda no lo requiere como elemento objetivo del tipo penal.
1557. Lesiones graves (Artículo 121 lnciso 3 CP). 1558. Parricidio tipificado en el artículo 107 del Código Penal, señala que: "El que, a sabiendas, mata a su ascendiente, descendiente, natural o adoptivo, o a
una persona con quien sostiene o haya sostenido una relación conyugal o de convivencia, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de
qurnce años". Esto en razón de que el conocimiento del vínculo de parentesco consanguíneo o jurídico por parte del sujeto pasivo, constituye un elemento fundamental de este delito, ya que de acuerdo a la ley se crea un nuevo estado de parentesco (legal).
1561. El estado de necesidad exculpante se configura cuando un sujeto, frente a un peligro actual e inevitable para sí o para otro respecto de la vida, integridad corporal o libertad, realiza un hecho antijurídico para alejar el peligro. Está regulado en el artículo 20 inciso 5 del Código Penal.
1562. El tipo imprudente está conformado por dos partes: la tipicidad objetiva y
la
tipicidad subjetiva.
La parte objetiva del tipo imprudente supone la infracción de la norma de cuidado o deber objetivo de cuidado (desvalor de acción), el mismo que debe generar una lesión o puesta en peligro de un bien jurídico penal (desvalor de resultado). El aspecto subjetivo del tipo imprudente exige el elemento positivo de ser consciente de estar realizando la conducta descuidada -previsibilidad objetiva de los elementos del tipo objetivo-, ya sea con conocimiento del peligro que en general entraña (culpa consciente) o sin él (culpa inconsciente) y el elemento negativo de no haber abarcado con la conciencia el resultado típico. El autor de un delito imprudente actúa de forma voluntaria, dirigiendo dicha voluntad tan solo a la realización de la acción contraria al cuidado debido. 1565. Se aplica el artículo 20 del Código Penal: causas que eximen o atenúan
la
responsabilidad penal, en este caso es lnimputable, dicho artículo menciona que: Está exento de responsabilidad penal: '1 . El que por anomalía psíquica, grave alteración de la conciencia o por sufrir alteraciones en la percepción, que afectan gravemente su concepto de la realidad, no posea la facultad de comprender el carácter delictuoso de su acto o para determinarse según esta comprensión.
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BANCO DE PREGUNTAS DESARROLLADO
1567. La querella. El NCPP (Art. 107 c.P.) establece que en los delitos de ejercicio privado cle la acción penal. conforme al numeral 2 del artículo 1, el directamente
ofendido por el delito podrá instar ante el órgano jurisdiccional, siempre conjuntamente, la sa¡rción penal y pago de la reparación civil contra quien considere responsable del delito en su agravio.
Los requisitcs para constituirse en querellante particular son señalados por
el Artículo 108: el querellante particular promoverá la acción de la justicia
mediante querella [...]. Además el artículo 109 establece que 1. El querellante particular está facultado para participar en todas las diligencias del proceso, ofrecer prueba de cargo sobre la culpabilidad y la reparación civil, interponer recursos impugnatorios referidos al objeto penal y civil dei proceso, y cuantos medios de defensa y requerrmientos en salvaguarda de su derecho [...].
1568. Juan es autor de peculado culposo. Según al artículo 387 del Código Penal, in fine: "Si el agente, por culpa, da ocasión a que se efectúe por otra persona la sustracción de caudales o efectos,
será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos años y con prestación de servicios comunitarios de veinte a cuarenta jornadas. Constituye circunstancia agravante si los caudales o efectos estuvieran destinados a fines asistenciales o a programas de apoyo social. En estos casos, Ia pena privativa de libeftad será no menor de tres ni mayor de cinco años y con ciento cincuenta a doscientos treinta dias-multa.' En este delito hay culpa en el sujeto activo, cuando éste no toma las precauciones
necesarias para evitar sustracciones vale decir cuando viola deberes del debido cuidado sobre los caudales o efectos, a ios que está obligado ta catidad especial, de posesión con el caudal o efecto, y de vinculación funcional.
1569.
EI imputado tiene derecho a prestar declaración y a ampliarla, a fin de ejercer su defensa y responder a los cargos formulados en su contra. Las ampliaciones
de declaración procederán si fueren pertinentes y no aparezcan sólc como un procedimiento dilatorio o malicioso. Durante la investigación preparatoria, cuando declare un imputado no pueden
estar presentes los abogados de los otros coimputados. Solo interrogarán el fiscal y el abogado defensor del imputado.
1572. No existe delito en el caso. 1573. En el presente caso se le puede atribuir el.delito falsedad ideológica, en
su
modalidad de uso, toda vez que el artÍculo 428, en su segundo párrafo, señala que el que hace uso del documento (con declaraciones falsas concernientes a hechos que deban probarse con el documento) como si el contenido fuera exacto, siempre que de su uso pueda resultar algún perjuicio, será sancionados
con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis años y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa.
1574. En el caso, por tratarse de un estudiante de cuarto año de secundaria, debe
establecerse si es menor de '14 años, en dicho supuesto sería aplicable el tipo penal de Lesiones leves cuando la víctima es un menor (Artículo 122-AC.P.) que establece "En el caso previsto en la primera parte del articulo 122, cuando la victima sea menor de catorce años, la pena es privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis años.
Cuando el agente sea el tutor o responsable del menor, procede además su remoción del cargo según el numeral 2 del artÍculo 554 del Código Civil e inhabilitación conforme a lo dispuesto en el inciso 5 del artÍculo 36 del C.P.". 51
DERECi]O PENAL. DERECHO PROCESAL PENALY DERECHO PENITENCIARIO
Este poder del Tribunal se establece en el artículo 374 del NCPP: 1 . "Sr en el curso del juicio, antes de la culminación de la actividad probatoria,
el Juez Penal observa la posibilidad de una calificación jurídica de
los
hechos objeto del debate que no ha srdo considerada por el Ministerio Público, deberá advertir al Fiscal y al imputado sobre esa posibilidad. Las partes se pronunciarán expresamente sobre la tesis planteada por el Juez Penal y, en su caso, propondrán la prueba necesaria que corresponda. Si alguna de las partes anuncia que no está preparada para pronunciarse sobre ella, el Juez Penal suspenderá el Juicio hasta por cinco días, para dar oportunidad a que exponga lo conveniente".[...]
1575. Durante la investigación preparatoria o en la etapa intermedia. 1576. La Corte Suprema determinó que no puede aplicarse extensivamente la regla del artÍculo 423 inciso 3 del NCPP (sanción de inadmisibilidad de la apelación, cuando el recurrente no concurre a ia audiencia de apelación de sentencia) al caso de la inasistencia dei recurrente a la apeiación de auto, porque de otra
manera se estaría interpretando extensivanrente una norma que restrinEe derechos -a la tutela judicial efectiva-, lo cuai está prohibido por el artículo Vll del Título Preliminar del NCPP. En consecuencia, cuando el apelante no concurra a la audiencia de apelación de auto no se declarará inadmisible el recurso de apelación, sino que el juez está obligado a conocer el fondo y resolverlo.
1578. Los plazos que solo tienen como fin regular la actividad de fiscales y jueces serán Observados Rigurosamente por ellos. Su inobservancia solo acaüea responsabilidad disciplinaria.
1582. Arturo comete el Delito de homicidio por omisión impropia. 1592. Como señala el Decreto Supremo N" 073-2014-EF, son bienes fiscalizados para la actividad de minería ilegal el mercurio, cianuro de potasio y cianuro de sodio. 1593. De conformidad con el artículo 310 del Código Penal la acción delictiva consiste en destruir, quemar, dañar o talar, en todo o en parte, el objeto de la acción, que en este caso son los bosques u otras formaciones boscosas. sean naturales o plantaciones.
1594. El transporte autorizado de mineral metálico, en vehículos convencionales no adecuados, no constituye una conducta penal. Sin perjuicio de ello se debe indicar que el agente de los delitos previsto.s en los articulos 307-A, 307-B, 307C, 307-D y 307-E, será además sancionado, de conformidad con el articulo 36, inciso 4, con la pena de inhabilitación para obtener, a nombre propio o a través de terceros, beneficio o transporte de minerales metálicos o no metálicos, así como para su comercialización, por un periodo igual al de la pena principal".
1596. Aquella persona que ingresa a territorio nacional y transita con dos cilindro conteniendo residuos sólidos tóxicos en su camioneta, debe ser denunciado por el Fiscal por Tráfico ilegal de residuos peligrosos, regulado en el artículo 307 del Código Penal, el cual que sanciona a quien ingrese ilegalmente al territorio nacional residuos o desechos tóxicos.
1606. Pena privativa de libertad y días multa. 1607. La PolicÍa Nacional del Perú, en específico la Comisaria de su Distrito, ya que dentro de sus funciones se encuentran el Mantener la Seguridad y tranquilidad públicas para permitir el libre ejercicio de los derechos fundamentales de 52
BANCO DE PREGUNTAS DESARROLLADO
la persona consagradcs en la Constitución Política del Perú. Garantizar la seguridad ciudaciana. Capacita en esta materia a las entidades vecinales organizadas. Ello en conformidad con Ley Orgánica de la PNP. 1632. 36 meses, prorrogables por 35 rneses más, según la 3ra dispcsición complementaria de la Ley No 30477, pr.rblicada el 20 agosto 2013, la cual entrará en vigor el 1 Ce lulio de 2C14.
1633. Actos de investigación (que sirven para fundanrentar resoluciones transitorias o medidas cautelares), nunca actos de prueba, porque éstcs tienen lugar en el juicio.
1634. El principio de oportunidad, confoi"me io señala el artÍculo 2 del NCPP, solo
se
aplica en estos supuestos:
i)
Cuando el agente haya sido afectado gravernente por las consecuencias
de su delito, culposo o doloso, siempre que este último sea i'eprimido con pena privativa de libertad no mayor de cuatro años, y la pena resulte innecesaria;
ii)
iii)
Cuando se trate de delitos que no afecten gravemente el interés público. salvo cuando el extremo mÍnimo de la pena sea superior a los dos años de pena privativa de libertaci, o hubieren sido cometidos por un funcionario público en ejercicio de su cargo. Será necesario que el agente hubiere reparado los daños y per.juicios ocasionados o exista acuerdo con el agraviado en ese sentido: y Cuando conforme a las crrcunstancias del hecho y a las condiciones personales del denunciado, el Fiscal puede apreciar que concurren los supuestos atenuantes de los artículos 14, 15, '16, 18,21 ,22,25 y 46 del Código Penal, y se advierta que no existe ningún interés público gravemente compromet¡do en su persecución. No será posible cuando se trate de un delito conminado con una sanción superior a cuatro años
de pena privativa de libertad o cometido por un funcionario público en el ejercicio de su cargo. Será necesario que el agente hubiere reparado los daños y perjuicios ocasionados o exista acuerdo con el agraviado en ese sentido. No procede la aplicación del principio de oportunidad cuandc el imputado: a) tiene la condición de reincidente o habitual;
b)
sin tener la condición de reincidente
Q,
habitual, se hubiera acogido al
principio de oportunidad o acuerdo reparátorio en dos ocasiones anteriores, dentro de los cinco años de su última aplicación, siempre que se trate, en todos los casos. de delitos de la misma naturaleza o que atenten contra un mismo bien jurídico,
c)
sin tener la condición de reincidente o habitual, se hubiera acogido al principio de oportunidad o acuerdo reparatorio dentro de los cinco años anteriores a la comisión del último delito; o,
d)
1635.
Sin tener la condición de reincidente o habitual, se hubiera acogido con anterioridad al principio de oportunidad o acuerdo reparatorio y no haya cumplido con reparar los daños y perjuicios ocasionados o lo establecido en el acuerdo reparatorio.
El encargado de resolver el requerimiento de prolongación de prisión preventiva es el juez de investigación preparatoria, en garantía de la imparcialidad judicial y el derecho a la instancia plural.
53
DERECHO PÉNAL, DERECHO PROCESAL PENAL Y DERECHO PENITENCIARIO
1636. Artículo 420' N§fP 1. Recibldos los autos, salvo los casos expresamente previstos en este Código, la Sala conferirá traslado del escrito de fundamentación del recurso
de apelación al Ministerio Público y a los demás sujetos procesales por el plazo de cinco días.
2. 3.
Absuelto el traslado o vencido el plazo para hacerlo, si la Sala Penal Superior estima inadmisible el recurso podrá rechazarlo de plano. En caso contrario, la causa queda expedita para ser resuelta, y se señalará dÍa y hora para la audiencia de apelación. Antes de la notificación de dicho decreto, el Ministerio Público y los demás
sujetos procesales pueden presentar prueba documental o solicitar se agregue a los autos algÚn acto de investigación actuado con posterioridad
4.
a la interposición del recurso, de lo que se pondrá en conocimiento a los sujetos procesales por el plazo de tres días. Excepcionalmente la Sala podrá solicitar otras copias o las actuaciones originales. sin que esto implique la paralización del procedimiento. El auto en el que la Sala declara inadmisible el recurso podrá ser objeto de
recurso de reposición, que se tramitará conforme al artículo 415".
5.
6. 7.
A la audiencia de apelación podrán concurrir los sujetos procesales que lo estimen conveniente. En la audiencia, que no podrá aplazarse por ninguna círcunstancia, se dará cuenta de la resolución recurrida, de los fundamentos del recurso y, acto seguido, se oirá al abogado del recurrente y a los demás abogados de las partes asistentes. El acusado, en todo caso, tendrá derecho a la última palabra. En cualquier momento de la audiencia, la Sala podrá formular preguntas al Fiscal o a los abogados de los demás sujetos procesales, o pedirles que profundicen su argumentación o la refieran a algún aspecto específico de la cuestión debatida. Salvo los casos expresamente previstos en este Código, la Sala absolverá el grado en el plazo de veinte días.
1637. Debería objetar por ser una pregunta sugestrva (arficulo 316 inciso d 1638.
NCPP).
No tienen carácter jurisdiccional, por lo que cuando éste requiera una decisión de esta naturaleza deberá pedirla -motivando debidamente- al juez (inciso 3 del arfículo lV del Título Preliminar del NCPP).
1640. Conforme al artículo 99 de la Constitución, el Presidente de la República los congresistas, los miembros del Tribunal Constitucional, los miembros
del Consejo Nacional de la Magistratura; los vocales de la Corte Suprema; los fiscales supremos; el Defensor del Pueblo y el Contralor General de la República.
1641
.
Prevención especial positiva.
o medidas de seguridad que correspondan y, en su caso, la alternativa a la pena privativa de libertad y las obligaciones que deberá cumplir el condenado (inciso 1 aftículo 399 del NCPP).
1643. La sentencia condenatoria fijará las penas
La sentencia condenatoria decidirá también sobre la reparación
civil,
ordenando -cuando corresponda- la restitución del bien o su valor y el monto de la indemnización que corresponda, las consecuencias accesorias del delito, las costas y sobre la entrega de los objetos secuestrados a quien tenga mejor derecho para poseerlos (rnclso 4 ar7ículo 399 del NCPP).
il
It. DERECHO CIVIT
1.
Antes de la publicación de la Ley N" 30179 del 06.04.2014. el artículo 2001 del Código Civil indicaba en su inciso cuarto que prescribían, salvo disposición diversa de la ley, a los dos años la acción que proviene de pensión alimenticia. Sin embargo, con esta nueva normativa se incorpora el inciso cinco en el cual se establece que prescriben, salvo disposición diversa de la ley, a los 15 años, la acción que proviene de pensión alimenticia, dando una protección más amplia a la facultad de ejercer la acción por el demandante en esta materia.
2.
De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 6650 del Código Civil, procederia formular una Acción Reivindrcatoria de Bienes Sucesorios, que es aquella acción que ejercita el heredero contra el tercero que, sin buena fe, adquiere los bienes hereditarios por efecto de contratos a título particular oneroso celebrados por ei heredero aparente que entró en posesión de ellos. En aplicación de quien puede lo más puede lo menos, esta acción también procede cuando el bien hereditario fue adquirido por el tercero de buena o de mala fe. La pretensión de tramita en la vía del proceso de conocimiento.
L
Los contratos sujetos a modalidad son aquellos que son válidos en tanto reúnen todos los requisitos de validez del artículo '140o del Código Civil. sin embargo. no tienen eficacia. En ese sentido, las modalidades son elementos accidentales de todo acto general que restringe la eficacia de un acto válido. Se dividen en LA CONDICION, EL PLAZO Y CARGO. La condición es un hecho futuro incierto, mientras que el plazo es un hecho futuro y cierto. Ambas modalidades a su vez pueden ser suspenslvas o resolutivas. En el primer caso, el acto es ineficaz hasta el momento en que se configure la condición o el plazo, en el segundo caso, el acto es eficaz desde la celebración, pero se tornará ineficaz a raiz de la configuración de las modalidades en cuestión, las misrnas que pueden
incorporarse a contratos onerosos o gratuitos, cuestión que no sucede en el caso del CARGO, que es propio de los actos o contratos celebrados a título gratuito, y consiste en la exigencia de una determinada conducta al beneficiario del acto, para que recién éste produzca plenamente sus efectos.
L 34"
Cuenten con el consentimiento expreso de sus padres, y en caso de discrepancia, la ley presume que existe consentimiento tácito. Los Cemás supuestos están descritos en el artículo 244o del Código Civil. El Tercer Pleno Casatorio se emitió en la Casación N'4664-201O-Puno, en un proceso de Divorcio por la Causal de Separación de Hecho. En esta resolución se fijó como criterio vinculante, lo siguiente. La indemnización a la que hace referencia el artÍculo 345-A del Código Civil es de naturaleza legal, en ese
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DERECHC CiIIL
sent¡do, el juez no debe tener en consideración criterios de responsabilidad civil contracfual ni extraccntractual para oiorgarla. Así, dicha ineiemnización debe otorgarse si existe un cónyuge oerjucilcado durante la separación de hecho o como consecuenr;ia ciei divorcio en sí. ;v Centro de los alcances de la indernnización se conrprende al dano ¡:ersonal, que a su vez comprende al daño rnora!. Para lo cua! debe er¡aluarse lcs rneriros pr^obatorios que se actúen en el proceso. Finaimente, se precisó que el juez puede pronunciai"se de oficio respecto de la rnencionada indemniza¿ión, sin ernbargo, ello nc debe vulnerar el Derecho al Debido Proceso o el Derecho ;a ia tulela Jurisdiccional Efectiva. En ese senridc, quedó claro que en los procescs de faniilia el estado ejerce una labor tuitiva, flexibilizánCose así ei principio de congruencia procesal. eventualidad y preclus¡ón.
38.
Dicho proyecto de Ley busca reconocer Derechos Sucesorios a los integrantes de la Unión Civil, así como Derechos de Segur-iciad Social.
51.
Los plazos de prescripción extintir.,a no trnpiden la posibilidad de iniciar un proceso plarrteando una pretensión, ya que circho plazo no afecta la existencia
de titularioad de la mencionada pretensión. Sin embargo, el demandado, y sólo
é1,
podrían fornlular ia excepcióri oe prescrrpción extintiva a fin de poner
fin al proceso. El plazo de prescripcion extintiva admite Ia posibiiidaC de suspensión e interrupción, en el prirner caso se genera un intervals de tiempo que no se computará, mienlras que err ei sequndc casc, el plazc se reinicia a cercl. Los supuestos de interrupción están contenidos en el artículo 1996o del Código Civil, en lanto los supuestos de suspensión están conter¡r:lados en el artículo '1 9940 del nrisnlo cuerpo normaiivo. Por últirno, los plazos generales de prescripción extinti'¡a están err el ar1ícirlo 2001o del CóCigo Civil.
52.
53.
54.
Es un recui"so extraordinario. e,s decir. su procedericia se encuentra lirnitada al cumplimiento de determinaclos i"equisitos que tiene que ver con las funciones que cumple (nonnofiláciica, unificación r,ie ia .iurisprudencia, parciarta y de tutela de garantías constiiucionales). Este recufso tiene por objeto anL;lar !a resoiución que ha caído en algrin defecto jurídico (procesa! o rnaterial). para lc cual puede reenviar la causa al estado y órgilno que io iramitaba o resclver etl ese acto.
El artículo 585 del Código Procesal Civil señala que procede, a decisión del demandante, el acunrular la pretensión cie pago de arriendo cuando el desalojo se fundamenta en dicha cauisai. Siendo e¡lkr asi, estamos ante dos pretensiones que tienen conexión y busca que lrabiendo varias pretensiones, al declararse fundada la princrpal, se amparar-r también las denrás, por ende es una acumulac¡ón objettva originaria accesoria.
Las obligaciones solidarias y manconil¡na
194. En la casación citada se concluyó {lue si bieri cle acuerclo al Te¡-cer Pleno Casatoric Civil, el ji;e:: debe ¡.;rontrrrciat':e ir':clirsive de oficio respectc a ia iirdemnizacicn a favcr ,:J''l cór;ugc pcrjudicaclo lc; cieúo es que ello rro debe 56
BAI.ICO DE PREGUNTAS DESARRCLLADO
significar la vulneración de la garantía mínima del debido proceso (derecho de defensa). y siempre que haya medio probatorio que sustente la existencia del cónyuge perjudicado.
196. Una sentencia constitutiva, es decir, que desde su emisión el acto anulable dejará de producir efectos. Asi, la sentencia modifica una situación pre exrstente.
Se precisa que la sentencia en un proceso de anulabilidad, de ser fundada ia pretensrón, declarará la nulidad del acto, y ello será así desde la celebración del acto.
'197. La pregunta parte de la premisa de que el bien es uno de carácter rura!, en ese sentido, debe asumirse que el poder no está inscrito en registros públicos, por ende, se detle aplicar el artículo 152o de CC, que refiere la revocación debe comunicarse también a cuantos intervengan o sean interesados en el acto jurídico. La revocación comunicada sólo al representante no puede ser opuesta a terceros que han contratado ignorando esa revocación, a menos que esta haya sido inscrita.
198. El contrato de mutuo que celebraron Juana y Lucas, sería válido no obstante que el matrimonio de los mencionados sea nulo. Pues no es requisitos de validez del contrato de mutuo que los mutuatarios sean cÓnyuges. Por Último, se precisa que el caso cambiaría si Lucas hubriera firmado el contrato de mutuo representando a la sociedad conyugal, en cuyo caso sí le afectaría la nulidad del matrimonio de Lucas y Juana.
199. Cuando la ley o un pacto de las partes le atribuya esa consecuencia juridica. 315. Tanto
la resolución como la rescisión son categorias de ineficacia (o denominado
también ineficacia funcional), ello implica que el acto desde su celebración es válido por reunir todos los requisitos de validez del articulo i40o del CÓdigo Civil. Sin embargo, en la resolución, la causa de la ineficacia es sobrevlnlente y en la rescisión la causa está presente desde la celebraciói¡ En la resclución la causa puede ser legal (excesiva onerosidad de la prestación o imposibilidad sobreviniente de la prestación) o convencional (segÚn lo que se pacte en el contrato), en cambio en la rescisión la causa sólo es legal (cbligación de venta de bien ajeno, venta sobre medida y lesión) La resoluciÓn puede lograrse en la vía judicial y extrajudicial (articulo 1429o y 1430o del CódiEo Ctvil). en tanto que en la rescisión sólo opera de manera judicial. Por Último, en la resoluciÓn la sentencra que lo produce tiene retroactiviQad parcial (hasta la causa que lo genera), mientras que en la rescisión la retr<¡actividad es total. es dec¡i'. hasta la celebración del coritrato.
317.
-
El Cuarto Pleno Casatorio Civil se emitió en la Casación No 2195-2011-Ucayali, publicado el 141A812013. En dicha resolución, específicamente en relación a
los supuestos en que un poseedor es precar¡o, se enumeraron los siguientes: Los casos de resolución extrajudicial de un contrato, cLlnforme a lo dispuesto
por los artículos 1429o y 1430o del Código Civil. En estos cascs se da supuesto de posestón precaria por haber fenecido el título que habilitaba demandado para segurr poseyerrdo el inmueble. Para ello, bastará que Juez, que conoce del proceso de desalojc. verifiqiie el curnplirniento de
el al
el la
formalidad de resolución prevista por la ley o ei contrato. sin deciCir la validez de las condiciones por las que se ciio esa resolur:ión. Exce¡.;ctonalmente, si el Juez advierte que los hechos revisten mayor conrpieltdad, podrá resolver decla¡'ando la infundabilidad cie la demanda, mas no asi la improcedencia.
57
DERECHO CIVII.
-
Será caso de titulo de posesión ferrecido, cuando se presente el supuesto previstoporel artÍculo 17040del CódigoCivil,puestoqueconel requerimiento de la devolución del inrnueble se pone de manifiesto la voluntad del arrendador de poner fin al contrato. llc constituirá un caso de titulo fenecido el supuesto contemplado por el artículo 17000 del Código Cirzil, dadc que el solo vencimiento del contlato de arrendamiento no resuelve el contrato sino que, por imperio de la ley, se asume la continuación de! mismo hasta que el arrendador le requiera la devolución del bien. Dada esta condición, recién se pL¡ede asum¡r que el poseedor ha pasado a constituirse en poseedor precar¡o por fenecimiento de su título.
-
Si en el irámite de un proceso de desaiojo, el Juez advierte la invalidez absoluta y evidente del título posesorio, conforme lo prevé ei artículo 220o del Código Civil, sólo analizará oicha situación eir la pade considerativa de
la sentencia la nulicjad manifiesta del negocio jurídico-, y declarará -sobre la demanda únicamente sobre el desalojo, dependiendro fundada o infundada de cuál de los títulos presentados por ias paries es el que adolece de nulidad manifiesta.
-
La enajenación de un bien arrendado, cuyo contrato no estuviera inscritc en los registros públicos, convierte en precario al arrendatario, respecto clel nuevo dueño. salvo que el adquiriente se hubiere comprometido a respetarlo. conforme a lo dispiresto por el artículo 1708n dei Código Civil. Cuando el demandado afi¡-me haber reaiizado eCificacrones o modificaciones sobre el predio rnateria de desalojo de buena c mala fe--, nr: justifica
-sea que se declare la imprccedencia de ia dernanda, bajo el sustento de que previamente deben ser discutidos dichos derechos en ctro proceso. Por el contrario, lo único que clebe verificarse es si el demandanle tiene derecho o no a disfrutar de Ia posesión que lnrroca, dejándose a salvo el derechrr del
-
demandado a reclamar en otro proceso lo que considere pertinente. La mera alegación del demandaCo, en el serriido de haber adquirido el bien por usucapión, no basta para deseslimar la pretensión de Cesalojo ni declarar la improcedencia de !a dernanda, correspondiendo al Juez
del desalojo valorar las pruebas en las cuales sustenta el demandado su derecho invocado, sin que ello implique que está facultado para decidir sobre la usucapión. Siendo así, se limitará a establecer si ha surgido en él la convicción de declarar ei derecho de poseer a favor del demandante. De declararse fundada la demanda de desalojo por precario, en nada afecta lo que se vaya a decidir en otro proceso donde se tramite la pretensión de usucapión, puesto que el usucapien{e tendrá expedito sr-r derecho para solicitar la inejecución del mandato de desaiojo o en tcdo caso para solicitar la devolución del inmueble.
318.
Las principales características de la responsabilidad civil extracontractuat son las que a continuación se enunreran:
-
Para ser fundada una pretensión de esa naturaleza el luez debe verificar la cclncurrencia de lcs siguientes elernenios: Antijuricidad de la conducta, daños, nexo causal y factores de atribucion. La antr¡uricidad se ccnfigura cuando se ha infringido el deber genérico de
cuidado, es decir, cuando se ha villnerado una norrna legal en gen€.,ral o cuando se ha vulnerado una norn,a de ccnvivencia confornre al orden público y las buenas costuntbres. Este elemento no se i;onfigura cuando el dernandadcl acredita, iegítima defensa, e.jei-cicir: regular de un dereclro o estado de necesirjad (causas de justificación).
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BANCtr DE pRFGUT'ITAS DESri!lC,L-/.Di.
-
-
Los daños pueden serel emergente, lLicr"c cesa¡rtr.:, ij+]r'sor;ai (íisrcc ps.r-,u,co o imagen), ei daño moral o el claño al ¡iroyecto clr,r v:cia. El nexo causal busca lrrstificar or-¡e los dañcs cue celrern tndenrn,zarse sr¡arr aquellos qenerados poi ia condt:cta airtijr.Lrídica, Dn esc s¿rtidl), si no existe dicha relación, los deiios no serái¡ indernnizado:i Lo_c supuestos que e!
demandaoo puede alegar para quebrar esle nex.c sr.ln: ei he¡:ho deir:rr¡linante de la propia victrma. ei hei:ho derternrinante cje urr te¡'ce ro, e! caso ÍcrtL;tlo o lafuerza mayor; suDuestos en los cuales se acreijita qrlÉr ia irniiju,-ici:,ar-! y los ciaños no tienen una relaciÓn co¡for:'ne a lc¡ crite;i'ios {.,-stab!eciCi--ts pi:ri l¡j Teoría de la Causa Adecuada. El factor atributivo puede ser siii;jeiir,,c u objetivo. en ei prinler caso irrpiica la necesidad de qt;e se acrec¡Ie qtte ei demandadc: causo ei rjañc r.;rn üclt;
o cuipa. aspectos cuya carga r1e la pl'uebra se tnv,ie¡.tr..n. de manera qi.re el descargo ie corresponde al demandaCo. En ei caso oe ia resi¡c¡si,i-.,!iüed civil extracontractual objetirra no liay necesid¡:ci de a¡rair;ar 1t cxisterici¡ cle Coic r-r culpa, pues basta la r¡erifrcaciórl rJe oue ei Cañc se haya causado con un bien riesgcsc o peiig'oso o en ejei'cicio Ji.l una ¡..iir,rd¡.u r-iesgosa l, peligrosa.
326.
-
328.
El artÍculo 42o del CódiEo Civil refiere los siguientes supuestos: Los menores ,ie -16 años, salvo supuestcs de emarrcipación. Los que pcr cualquier causa se encuentren ¡:rrv'acios ile Ciscei'nirr-rr;intr-¡
Los supuestos de indignidad están contemplados en el ai.ticulo 667ü
del
Código Civil. Mientras que las causas Ce rleshereda¡ión están enury]eradas en el artículo 7440 del m¡smo cuerpo normativo. La diferencia radica en caüa una de las causas, además aue los pr¡me!'os se aplicai, a los herederns fontotso§ y legatarios, mientras que las causas de desheredación sólo es aplicahrie a
los herederos fotzosos. Por último y más importante diferencia radica en la legitimidad activa, pues en la indignidad se puede prcr-nover ret1én luego
de la muerte del causante, y por cualquiera de los otros herederos. En tar¡to que en el caso de desheredación es el causante quien ic puede hacer en ei testarnenio.
329. El artículo
19o del Código Civil es una norrna de carácter irnpei.ativa, y básicamente refiere que en máteria sucesürie es compefente e! juez del lugar donde el causante tuvo su riltimo dcmicilic¡ en ei país, Poi úitimo, r3ichcr dispositivo refiere que esta competencia es i¡npror.rogable.
342. Para iniciar un proceso
Ce alinrentos. no se necesita iener la r'nayoría de e
nacimiento cJel hilo cesa la incapacidad de las p;rsc,rras ji1(-: lengiln i"1 ;.ir.l;s para ios actos enumeratlos en ei ariicuir:4,i'd(,1 CcCigc C;vil iaie:r ccr¡¡c el reconocimiertto dei hijo, demandar gaslos r.ie emba¡azo, alinrentos y c;lrcs r-ie iii misma naturaleza.
343. Dañq emergente si es una cct'rsecuencia 346.
EI Prirner Pleno
direct¿¡ de
laiái:ler
Casatsric Ci\,¡ise enritió en ia Casac¡on N'
'1
e,,:c¡rrtr-l.lic'l¡.
465-:i;rl7-C;a¡ari-iarca.
Y err i"elación a la iegitimideld para oL¡r¡:r-aciiva err oefi)ritiít ce los i,'l"erescs difusos estaoleció qite le cr:rresporrcÍa rlnicarneni.-.- .i i¡;s er:tidarJes señaiadas expresarnente erl e! artículo 82" Cel Código Proces:,il
ivr;io por uranii..':ir.1;id,;
";r¡¡, 59
LERECHO CIVIL
notiíic;¡i" cot'r'ro un litisconsorte necesario pasivo al Ministeric Públ;co. Algr-:ras causaies de nuhdad prerristas en el artículo 274o del Códlgo Civil, pueden
348. Se Cebe
convairdarse. es ctecir, que en la medida en que se configuren los supuestos previstos en los incisos. el acto rnatrimonial inroalmente nr.rlo, puede llegar a ser váiidr:. l-o cual es u¡ra característica especial de la nuliciad matrimonial. Y dichos
supuestos se icientifican porqlie vienen sujetos a plazos de caducidad. Las causales oe nuiidad de matrirnonic pueden tener una legitimidad activa abierta (artícrrio 275o ñel Cóiligc Civii) o resiringida. según Ic describa cada inciso del
inenr:ionado ¿rtículo. En este tipo ce proce3os, si ias parles no lo solicitart, el juez debe pronunciarse de oficio respect,3 dc la pairia potestad. réginren de visitas o alimentos de los hiios mencres si htrbi¿:iart.
356.
Es una presunción absolr-rta o conocida tarnbién corno lure Et de lure. Lo apuesto es la presrincicn iuris Tantum o reiativa, la que si arjmite prr-teba en contrario.
363. Los 28 anos de
edaC.
419. Para realizar actos cle disposición sobre los bienes rlei representado, los represenia nies legales ret.¡uir:ren autor:zación expresa, paia - Para disponer (trarrsferir la propiedad). - Para gravar (constituir garantias).
434.
:
La fundacién es una persona jurídica regulada por el Cóciigo Civil, y su flnalidad
no debe ser lucrativa, por el contrario debe estar orientado a la realización de objetivos de carácter religioso, asistencial, cultural u otros de interés social. La fundación se constituye mediante la afectación de bienes destinados a los objetivos descritos y debe constar por escritura pública o testamento. Sus integrantes pueden ser personas naturales o jurídicas. Una vez inscrito el acto constitutivo de la fundación, éste es irrevocable. La representación de ia fundación estará a cargo de ios Adnrinistradores designados al efecio. La disolución se debe solicitar ante el Juez Civii, y ello cuando no sea posible alcanzar k:s flnes para los cuales se constituyó.
&8.
En reiterada iurisprudencia la Corte Suprema viene admitiendo la posibilidad
de que proceda la impugnación de paternidad en este caso, aunque haya transci¡rrido el plazo de cadurcidad prevista en el artículo 4000 del Código Civil,
ello al reaiizar ia aplicación del Control Difuso del citado dispositivo iegal, y dando preferencia al Derecho Fundamental a la ldentidad.
470.
Es un contrato de arrendamiento. El mismo que puede celebrarse respecto de bienes muebles o inmuebles, y siempre debe ser a título oneroso.
487. 516.
Es un contrato de fianza.
Para qrre !a unión de hecho dé lugar a derechos sucesorios es requisito que rerina las condieic¡nes señaladas en el artículo 326 del Código Civil y se
encuentre v¡gente al momento del fal!ecimiento de cualquiera de sus miembros. No ser'á ,lecesario ir,icia| un proceso ludicial cie reconocimienlo de uniÓn de hech¡ si los integrantes de dicha un¡on lo hubieran registrado oportunomente
(antes dei fallecir¡iento de aiguno de ellc;s) antr:
el Registro
Nacional de
Personas. Ver artículc 49o de la Ley Nro. 26662.
517. Las resoluciones cn que se deciare ia rncapacldad y lars oue llmiie la capacidad
de las perr'sonas, las oue Ceclaren ia desaparioón de las persortas, ausencia. nluerte Lrresunio, ia auseircia i:or desai.¡arición forzada y el reconocimiento 60
BANCO DE PREGUNTAS DESARROLLADO
de existencia. De igual modo, se rnscriben las sentencias que imponean inhabilitación, interdicción civil o pérdida de la pairia potestad, las que declaran
la nuiidad de matrimonio, divorcio, separación de cuerpos y dernás que están enumeradas en el artículo 2030o del Código Civil.
522. Sucederse recíprocamente en caso de fallecimrento de uno
igual
modo, tienen rierecho a dividirse los bienes que conforman la cornunidad de b¡enes, bajo las mismas reglas de una sociedad de ganarrciales
536. El contratc
c1e fianza es un contrato en virtud del cual. ljn tercero (distinto al acreedor y deudor) garantrza el cunrpiinriento de una obligacrón. Debe ser un acuerdo expreso en ese senticio y debe ccnstar por escrito. Además que la garantia se extiende a tocjo el patrimonio del fiador. quien corno regla general
tlene a su favor e! beneficio de exc.usión. saivo renuncia expresa de tal beneficio o se obligue solidariamente. La fianza tamb,ién está regulada en ia Ley de Titulos Valcres. y !)ara qLre se constituya esta garantía debe ccnstar necesariamente en la literalidad cjei título valor, además que la regla es que el fiador es un deudor solidaric. salvo pacto en contrario.
575. La adopción. cuya naturaleza es un acto unilateral e irrevocable. 577. Aquel que ocupa un inmueble ajeno sin pago de renta, y sin título para ello. o cuando dicho tilulo no genere ningún efeclo de pi'oiección para quien lo ostente. frente al reclarnante. por habei'se extinctuido el mismo; se denomina Poseedor precario. eilo de conformidad al articulo 9.1 1o del Código Civil.
578. El promitente, quien asume la responsabilidad ante el prornisario si el tercero no ejecuta la prestación acordada en el contrato, situacirin además oue podría dar lugar una acción de resolución e indemnización por daños y per.¡uicros por responsabilidad civil contractual.
579. La responsabilidad civil contractual se configura cuando
la
e!
de¡nandanie
existencia de los siguientes elenlentos: Conducta antijurídica, daños, nexo causal y faciores de atribucion. El prrnler elemento se configura cuando ei deudor incurre en inejecución (total), eJecución parcial, tardia o acredita
defectuosa. Este elemento nc] se configura si el demandado acredita alguna de las causas de justificación, como el ejercicio :'egular de un dereciro, estada de necesidad o legítirna cjefensa (las 2 últirnas se aplrcan a la responsabiiidad ci',,ii extracontractual). En cuanto al daño, el demandante tiene Ia carga de la prueba.
y puede configurarse e! daño emergente, lucfo cesante. daños perscnal (físico, psíquico e imagen) o el daño moral. En el caso ciel nexo causal. ei demandante debe acreditar que existe una relacrón de cai-¡sa y efecto entre los daños que acredita y los supuestos de antijuricidad antes descritos. pues de no existir tal relación se conf!gura alguno cie lns supriestos eximen'Les de resporrsab:lidad, corno es el hecho determinante de un tercero. el her:hc deierr¡i¡rante cir: la propia víctiina. caso fortuito o Íuerza mayor. focios estos supr"iesios de fractura causal deben ser alegado y pr"obado por e! iemanclado Por úitinro. en relación a los factc¡res de atribución e!
debe ser el rnismo. en can¡bio si sólo se atribuye.: ia responsabiliCad a ia culpa leve, el nrcnto cje la indemnización tlisminuye a ios daiios que eran previsibles.
61
DERECHO CIVIL
580. Por ei Principio de rogación las inscripciones en los registros públicos rjeben realizarse necesariamente a solicitud de la parte interesada.
590. Teniria rlue iniciarse un proceso de Otorgamiento de Escritura Pública, vía prcceso ¡u¡nai"isinrc.
591.
El arií¿::uic 9!,16" del Código Crvii faculta la construcción que piensa realrzarJosé, toda vez que el ciiado dispositivo legal refiere que tocio colindante puede colocar
tirantes y,,rigas en la pared medianera. y servirse de ésta sin deteriorarla. La lrrnitación a tal facultad es no abrir ventanas o claraboyas. De igual modo, habría que tenerse en cuenta lo dispuesto por el articulo 998o del mismo cuerpo normativo. en cuanto refiere que los costos de conservación, reparación o ccnstrucción Ce la pared meridiana deben ser asumiCas por ambos benefrciarios
607. Ccnforme
al a¡1íc,-rlo 1656o oel Código Civii el plazo es de 30 días contados oesde
ia entrega del préstamo. Pero para aplicar este plazo prirnero def¡e analizarse las ci;'cunstancias en que se celebró el ccntrato, pues si ellas permiten conclurr en otrn p!azc, ésie sei'á e! aplicable.
608. La ccn-qtitircron en rlora es aquel acto unilateral de parte del acreedor en vrrtud del cuai se exige al deudor el cumplirniento oe la prestación, con lo cuai se habilita la genei'ación cje intereses moratorios pactados. Cuanclo ia r:bligación vence, pero el acreedor no !ntima en mora al deudor. nos er¡contramos sólo en una situación de retardo, que no genera intereses mcraiorios, Nc será necesaria la constitución en mora en los casos previstos en el articulo 13330 del Código Civii, por ejemplo, cuando el deudor manifieste por escrito su negativa a cumplir la obligación.
617. El Códrgo
Ci'.,i1 de'1 984, en concordancia con las disposiciones contenidas en ios artícuios 70 i, 80 de ia Convención sobre los Derechos del Niño, ha previsto el plazc tje !a acción de filiación extramatrimonial como imprescriptible.
619. Se tendría que aplicar la norma prevista en el artículc 831n del Código Civil, que i'efiere que todo lo que un heredero forzoso hubiera recibido de parte de su causante qen vida; sin nirrgun título, debe asunrirse corno un anticipo de legitima pai'a efectos de la colación. En ese sentitlo, via colación se tendría que reconstituir la masa heredltaria a fin de que el heredero dernandante obtenga su pa;1e en relación a dicha herencia.
621. Nula, toda vez que un pacto comisorio eíese senti«jo está prohibida en
la
constitr-rción de hipoieca. Ello según el articulo 1111o del Código Civil. Se precisa
que este trpo de pactos sí está permiiicio en las garantías mobiliarias.
640.
{.Jna obiigación solidaria puede ser activa o pasiva. En e! primer caso, cualquiera Ct, los acreecJrres €s el iegitir:raCo para exrgir el íntegro de la prestación, y en ei segundo caso, ia acción poclría dirigirse en contra de ctialquiera de k:s deudores.
en cui,,o:as¡ también responderian por el íntegro de la orestación.
647. Para que la preor;nta sea coherente . en el caso estaríar¡ios ante Llna obligación n¡ancornunada activa, es decir, varios acreedores y url solo delidor. En este caso, la regla general es oue cada acreeCor sólo puerle exigir su oarte de
!a
prestación. de ahí que tamb¡ién la obiigar:ión sea ciirvisrble. Ahora bien, luego del fallecimiento cjel un!cc deudor. la pretensión de cumplimientt: Ce la prestación se tendría qi"ie Cirigir ccntra la sucesión del deudor, sin importar ei núniero de estos, quienes a su vez corrstitu¡ren un Iitisconsorte necesarro. Lo
62
BANCO DE PREGUNTAS DESARROLLADO
anterior, según lo establecido por el artículo 87 lo del código civil. sin embargo.
luego de la partición. se entiende que cada heredero sólo respondera por
Ia
cuota de la deuda que le corresponda.
648.
Si en una relación obligacional sólo existe un acreedor y un solo derudor, esta¡los ante una obligaciÓn singular, en cambio, cuando exislen pluralicjad de sujetos ya sea como acreedores o como deudores, estamos ante un caso de obligaciones plurales, que a su vez podrian ser m¿tncomunadas o solidarias (esta úitima, solo cuando hay pacto expreso o la ley así lo establezca).
De Io anterior. se tiene que Lrna obligación mancomunada pLrede ser activa o pasiva, io que irnplila que cualquier acreedor sólo puede exigir la parte de ia prestación que le corresponde o que cualquier deudor sólo debe ejecutar la parte de la prestación que le corresponde. si no se pactó qué proporción le corresponde a cada parte, se presume que es en pílrtes iguales. por últinio. para que una obligaciÓn sea mancomunada. necesariamente la prestación tiene que ser divisible, es decir, pasible de fraccionamiento físico o jurídico. En el caso de las obligaciones solldarias activas cualquier acreedor puede exigir
el íntegro de la prestaciÓn, en tanto que si estamos ante una obligación soiioar-ia pasiva, cualquier deudor debe ejecutar el íntegro de la prestación. En ambos casos los demás acreedores o deudores tienen dei^echo a repetlr. En este tipo de obligaciones la prestación puede ser divisible o inclivisible 662. El recurso de apelación es un medio impugnatorio orclinario, lo que implica que está vinculado al Derecho Fundamental del Debido proceso de la Doble lnstancia, que en principio autoriza al superior jerárquico a realizar una revisión total de lo realizado por el juez inferior, y según ello resolver el ter.rra de fondo deforma que considere la correcta o anulando y ordenando al inferior jerárquico la renovación del acto procesal viciado. Sin embargo, dicho medio rnrpugnatorio está supeditado al principio de Reformatio lnpeius.lo que implica r-¡na limitación al actuar del superiorlerárquico en el sentido de resolver en un sentido perju
665. Juan podría iniciar un proceso de resolución de contrato y pedir además
el
677. En este caso Jesús sería un poseedor ilegitimo de buena fe. pero ello en
la
pago de una indemnización por daños y perjuicios. como consecuencia cje este proceso el demandante recuperaría también la posesión clel bien, a tÍtulo de restitución de prestación. Alternativamente, Juan podrÍa exigir el cumplimiento del contrato y el pago de una rndemnización pór daños y perjuicios. en cuyo caso ya no recuperariala posesión del bien. En la actualidad es posible pactar (expresamente) que si el comprador ya canceló una parte del precio ya no cabe la posibilidad de resolver el contrato por falta del pago del precio, y sólo dejar expedito la acción de cumplimiento de contrato.
medida en que Jesús no tenga conocimiento de que la donación de inmueble es un acto jurídico formal, es decir, que tuvo que realizarse por escritura pública. Pero si sabía, y a pesar de ello aceptó la donación en esos términos, Jesús serÍa un poseedor ilegítimo de mala fe. Jesús, si tiene la condición de poseedor ilegítimo de buena fe podría rniciar luego
un proceso de prescripción adquisitiva de dominio en la vía corta, es decir, la de 5 años; acreditando además su posesión pacÍfica, continua, pública y como propietario.
63
DERECHO CIVIL
679. Admitiría a trámite la demanda, pues la causal de improcedencia se configura
cuando el demandante es un incapaz absoluto, que no es el caso, ya que para que sea tal, no basta que el demandante sea un ciego mudo, sino que además, qLre no puedan expresar su voluntad de manera indubitable.
691. El Segundo Pleno Casatorio Civil se emitiÓ en la CasaciÓn N" 2229-2008Lambayeque, en la que se estableciÓ como criterio vinculante, en relaciÓn a
la interpretación correcta del articulo 950o del CÓdigo Civii, que "...nada obsta para que dos o más coposeedores homogéneos puedan usucapir, puesto que el resultado sería una copropiedad, figura jurídica que está prevista en nuestra legisiación".
Lo anterior, porque había cierto sector en la jurisprudencia que
venia
interpretando el articulo 950o del CÓdigo Civil, en el sentido de exigir que la posesión "como propietarro" implicaba una posesiÓn exclusiva y excluyente, supuesto que evidentemente no se daria se habría una coposesión homogénea.
692. El Tercer Pleno Casatorio Ci'ril se emitiÓ en Ia Casac¡ón N'4664-201O-Puno, en un proceso de Divorcio por la Causal de Separación de Hecho. En esta resolución se filó como criterio vinculante, lo siguiente. La indemnización a la que hace referencia el artículo 345-4 del CÓdigo civil es de naturaleza legal, en ese sentido. el juez no debe tener en consideración criterios de responsabilidad civil contractual ni extraccntractual para otorgarla. Así, dicha indemnizaciÓn debe otorgarse si existe un cónyuge perjudicado durante la separaciÓn de hecho o como consecuencia del divorcio en sí, y dentro de los alcances de
la indemnización se comprende al daño personal, que a su vez comprende al cjaño moral. Para lo cual debe evaluarse los medios probatorios que se actúen en el proceso. Finalmente, se precisÓ que el juez puede pronunciarse de oficio
respecto de la mencionada indemnizaciÓn, sin embargo. ello no debe vulnerar
ei Derecho al Debido Proceso o el Derecho a la tutela Jurisdiccional Efectiva. En ese sentido, quedó claro que en los procesos de familia el estado ejerce una labor tuitiva, flexibilizándose así el principio de congruencia procesal, eventualidad y preclusión.
731. SÍ. Las personas jurídicas adquieren derechos y contraen obligaciones, toda vez que constituyen sujetos de derecho. Y cualquier responsabilidad está limitada a lo que constituye su patrimonio autÓnomo, lo cual se genera desde su inscripción en registros públicos. Las personas jurídicas (irregulares) son aquetlas que vienen funcionando a pesar de que aún no están inscr¡ta§ en registros, sin embargo, en este caso los.socios asumen responsabilidades solidarias e ilimitadas.
748. En este caso Marco está legitimado para ¡niciar un proceso de pago de frutos
de parte de Moisés, en su condición de poseedor de mala fe. De igual modo, Moisés asumiría la responsabilidad respecto de Ios daños que pudiera causarle a Marco, así como por el riesgo de pérdida o deterioro del auto. Se precisa que sería importante que Marco constituya en mora y exija la devolución del bien, al vencimiento del contrato, a Moisés.
769. Considerando los criterios establecidos en el Cuarto Pleno Casatorio
Civil,
declararía fundada la demanda de desalojo, dejando expedito el derecho del demandado para que dicha parte, de considerarlo necesario, proceda en la vía que corresponda exigiendo el reembolso de las mejoras.
771. Sobre la posibilidad de que los coposeedores homogéneos puedan adquirir
la copropiedad, vía el proceso de prescripción adquisitiva de dominio. En ese sentido, se precisó la correcta interpretación del artículo 950o del Código Civil, 64
BANCO DE PREGT]NTAS DESARROLLADO
en cuanto a lo que debe entenderse por "posesión como propietario", lo que no implica necesariamente que tenga que ser de manera exclusiva y excluyente.
850. El proceso de obligación de dar suma de dinero se tramitaría en un Proceso Abreviado ante un juez especializado en lo civil del Comicilio cjel deudor.
851. Resultan válidos (reúnen todos los requisitos de validez del artícuio 140o del Código Civil), pero no obstante ello no producirán efectos porque se ha configurado un supuesto de ineficacia por representación directa sirr poder, qure
se configLrra cuando el representante se excede en sus facultades, las viola o se atribuye una representación que no tiene. Ello conforme a lc previsto en ei artículo 161o del Código Civil. Ahora bien, dicho acto iurídico ineficaz. es pasible de raiificación por parte del representado, en cuyo caso se tornaría en eficaz plenamente, Estos supuestos de ineficacia se podrían aplicar a los padres, gerentes. tutores, curadores, etc.
852. Por la representación sucesoria los descenciientes tienen derecho de entrar en lugar y en el grado de su ascendiente, a recibir la herencia que a éste le correspondería su viviese, o la que hubiera renunciado o perdido por indignidad o clesheredación. La representación en línea recta descendiente es ilimitada en tavor de los hijos sin distinción alguna. Ejemplo. si se muere papá (José) y quedan tres hermanos,
pero uno de ellos está muerto, ingresarían a suceder al papá (josé),
vía
representacion, los dos hermanos y los hijos de aquél hijo fallecicio (los nietos de José), pero si los nietos también están muertos, los hijos de éstos también podrían ingresar vía representación. La representación en línea colateral sólo se extiende hasta el segundo grado. es decir, en relación a Ios hermanos. Así por ejemplo. Juan, Luís y Carlos son hermanos, parientes con línea colateral de segundo grado. Si en este caso fallece Juan, vía representación sucesoria de Luís (porque este fue desheredado), sus hijos podrían ingresar a heredar a Juan, pero ello es posible porque también existe un hermano sobreviviente, es decir, Carlos. Se precisa que si Carlos no existir, ya no se aplicaría la representación a favor de los hijos de Luis. Evidentemente los hermancs heredan entre sÍ, porque el hermano fallecido no tiene hijos, padres ni cónyuge, que de existir excluirían a los herederos colaterales.
853. Son herederos forzosos los hijos y demás ddscendientes, lcs padres y demás ascendientes, y el cónyuge. Si sólo cuento con el primer y tercer tipo de herederos forzosos, tengo el tercio de iibre disponibilidad, pero sÍ sólo cuentc con el segundo tipo de herederos forzosos, tengo la mitad de libre disponibilidad. Y en el caso de que no tenga ninguno de los tipos de herederos forzosos, tengo la libre disponibilidad del 100% de mr patrimonro.
858. Por la Acción Pauliana, se declara ineficaz respecto del acreedor el acto de disposición del deudor, lo que no implica que el bien retorne a la esfera patrimonial del deudor. En ese sentido, la sentencia de ineficacia le permitirá al acreedor, en
el proceso correspondiente, solicitar la medida cautelar de embargo y sacar
a
remate judicial el bien que fue materia de disposición. Y si quedara un remanente éste le será devuelto al tercero, no al deudor. Esto último porque se parte de la premisa de que el acto de disposición es una transferencia válida, pero no eficaz a pedido del acreedor. Distinto sería el caso de una nulidad de acto jurÍdico, en
cuyo caso, el bien sí retornaría a la esfera patrimonial del deudor, y cualquier 65
DERECHO Ci'/iL
cl.ro acreedor del deudor común también podría embargar el bien en cuestión, ¡r si quetlara alqún remanente luego del remate, se entregaria al deudor y no al terce :c.
86fi. En esie caso Antonio podría resolver el contrato en virtud a los dispuesto en el artícillo'i ,i23" del Cóiligo Civil, que regula la resclución extrajudicial de un col-.treto de Pleno Derecho, luego de lo cual, iniciaria un proceso de Desalojo por Ocupación Precaria, por ferrecimiento de título. Elio de acuerdo al criterio '¡inculante establecidr: en el Cuarto PIeno Casatorio Civil. 898. La iegitimidac! para r:biar ¿lctiva le corresponde a María. sin embargo, Juan podría inicrar el pi-oceso irrlrque éste trene la representación en su condición de padre. Se precisa qire la oarticipación de Juan sólo sería en condición de ¡-efilesentante, y que él nc t¡ene legitirnidad para obrar activa.
899.
Dei casc planteaeio se infieren dos preguntas (aunque es posible que quien formuló
ia pregunta sólo se r:rientó al telra piocesal e incurrió en error en el aspecto
niaterial): ¿puede un tercero cualquiera pedir la nulidad de un acto jurídico? ¿Si l\,liguei iLrviera legitimidac para obrar activa, el Juez de Huaraz podría aCmitir la dcinarrcla no cbsiante que no es competente por razÓn de territorio? Er¡ relacroil a ia ¡:rimera pregunta tendría que precisarse de que si bien un tercero puede pedir la nulidad de un acto jurÍdico, tal tercero mínimamente debe acred:tar tener un leqítimo interés en relación al acto en cuestión, que puede ser de orden econórnico c moral, pues t.¡n tercero cualquiera que no reúna tales caracte ¡'isticas no podi-ía promover la citada acciÓn de nulidad. En relacion a la segunda cuestión, la respuesta es que el juez de Huaraz sí tendría que aclnritir a trámite Ia demanoa, toda vez que el criterio territorial de competencia admite la prórroga, esto es. que si el demandado no lo cuestiona vía una excepción y de manera oportuna, convalida tácitamente la incompetencia inicial, lo que luego será incuestionable.
916.
S¡ el demandanie acredita tener derecho a la posesión, y se acredita la condición
de precario del demandado; el juez debe amparar la pretensiÓn ordenando el lanzarniento, lo cual no periudicaría el derecho expedito a favor del poseedor, para que en la vía que corresponda exija el reembolso del valor de las construcciones, para lo cual evidentemente tendrá que acreditar su proceder de buena fe. Ello en virtud al principio de accesión, que implica que toda construcciÓn que se realice en un terreno ajeno, automáticamente pasa a formar parte de la propiedad del dueño del terreno, quedando en suspenso la declaración de certeza respecto a un posible derecho crediticio a favor del poseedor constructor.
926. Si Pedro es el cedente, ello implicaría que es él el acreedor y no Jesús. Lo más probable es que al plantear el caso se incurrió en un error material. En ese sentido, Pedro sÍ podrÍa formular el pedido de nulidad contra el cesionario (Juan), ello por ejemplo, porque dicha cesión sólo fue ficticia (simulación absoluta), En este caso no habria necesidad de demandar al cedido (Andrés), porque no tiene la calidad de litisconsorte necesario.
Sin embargo, en el supuesto de que se incurrió en error al confeccionar el caso planteado, y el demandante fuera el cedido (Andrés), quien también está legitimado para pedir la nulidad, se debe notificar como litisconsortes necesarios al cedente (Pedro) y cesionario (Juan).
936. Los daños que sufrió Rigorberto son atribuibles a su propia negligencia, de manera que respecto de él no habrÍa derecho a indemnización frente a Eriberto, quien alegaría el supuesto de fractura causal de hecho determinante de la propia víctima.
66
BANCO DE PREGUNTAS DESARROLLADO
Los daños que sufrieron María y Zenón tampoco serían atribuibles a Eriberto,
toda vez que dicha parte alegaría el supuesto de fractura causal de hecho determinante de un tercero (que sería Rigoberto). Por último, Eriberto sÍ tendría derecho a una indemnización, vía responsabilidad civil extracontractual objetiva, contra Rigoberto.
943.
Cuando una relaclón obligacional comprende varias prestaciones, se clasifican
en Conjuntivas, Alternativas y Facultativas. En el primer caso. el deudor se libera sólo si ejecuta todas las prestaciones. En el segundo caso, se libera ejecutando cualquiera de las prestaciones, a elección del acreedor. de un tercero o del propio deudor, y si no se pactó, se presume que el legitimado a elegir es el deudor. Se precisa de que en las obligaciones alternativas, si se extingue una de las prestaciones o se torna en imposible de cumplir, no quiere decir que el deudor se libera, pues tendrá que ejecutar la otra prestación subsistente. En el caso de las obligaciones facultativas, exlste una principal y una accesoria, y sólo el deudor tiene la facultad de decidir cuál de las dos elige. Pero si se extingue o se hace imposible de ejecutar la prestación principal, sin culpa de las partes, el deudor se libera, es decir, no se le puede exigir que cumpla la prestación accesoria.
1136. Que se comunique de forma fehaciente al cedido. Lo cual recién le da exigibilidad (eficacia pena) al crédito, para que el nuevo acreedor pueda dirigirse contra el cedido (el deudor). Debe entenderse por forma fehaciente, el uso de un instrumento que otorgue fecha cierta, según lo dispuesto por el artículo 245o del Código Procesal Civil.
1167.
El concebido es sujeto de derecho para todo en cuento lo favorezca y conforme
a su naturaleza sea posible. En ese sentido, puede ser titular de derechos patrimoniales (propiedad) o extrapatrimoniales (vida). Sin embargo, los primeros están supeditados a que el concebido nazca vivo, lo que implica que si nace muerto, es como si nunca hubiera llegad a adquirir derecho patrimonial alguno.
1172. El acto jurídico de compraventa sería anulable, por la causal de incapacidad relativa. El plazo de prescripción extintiva de la acción es de 2 años, y si la sentencia estima la pretensión, la compraventa serÍa nula desde la celebración. Sin embargo, si el incapaz se rehabilita, y aún no ha transcurrido el plazo
antes indicado, es posible que el acto anulable pueda ser confirmado. Si no se plantea la acción de anulabilidad el acto.'es y seguirá siendo eficaz desde su celebración, y si transcurre el mencionado plazo de prescripción, el acto anulable se convalida y en adelante se torna en incuestionable.
1174. Deben ínscribir la mencionada Unión de Hecho en el Registro de Personas, pues la citada ley les sería aplicable inmediatamente bajo la teoría de hechos cumplidos.
1175. Cuando el deudor cedido no ha sido comunicado de manera fehaciente (fecha cierta).
1177. Cuando ha renunciado expresamente en el contrato de fianza
a tal beneficio o
se hubiera obligado de manera soldaría.
1203. Es posible limitar o excluir la responsabilidad sólo por culpa leve del deudor; pues en el caso de culpa grave o dolo, de existir una cláusula de esa naturaleza se toma como nula.
67
DERECHO CIVIL
1206. De acuerdo al artÍculo
5830 del Código Civil, le corresponde al cónyuge, a sus parientes y al Ministerio Público.
1208. Bienes propios del cónyuge que recibe la indemnización. 1211. Sus bienes propios, a menos que el acreedor demuestre que la deuda
su
asumió en beneficio de la familia, en cuyo caso se puede afectar también los bienes sociales.
1267. El contrato de donación es válido, pues la formalidad que se exige para los casos de bienes muebles que superen el porcentaje indicado sólo es que consten en documento privado de fecha cierta, y en este caso la minuta privada adquiere fecha cierta cuando ingresa a la Notaría, por aplicación del artículo 245o del Código Procesal Civil.
1287. Amparar
la
pretensión
del demandante y ordenar el lanzamiento
del
demandado, dejando expedito su derecho a exigir el reembolso del valor de las edificaciones, el cual le corresponderán en la medida en que el demandado acredite ser poseedor de buena fe.
1292. Yíctor tendria expedido su derecho para iniciar un proceso de prescripción adquisitiva de dominio en la vía del proceso abreviado, con lo cual dejaría sin efecto la posible sentencia que hubiera ordenado la restitución del bien en el proceso de desalojo.
1294. El daño moral es aquella afectación al fuero emotivo de cada persona, que como consecuencia le signifique angustia, tristeza, sufrimiento o dolor. El cual, para otorgarse, debe necesariamente acreditarse, pues éste no se presume. Sin embargo, el juzgador debe analizar su concesiÓn tomando en cuenta las circunstancias de cada caso en particular, y considerando los indicios que le puedan ayudar a sustentar un pronunciamiento en ese sentido.
1300. Alosl0años,sinembargoel transcursodedichoplazonooperalaconvalidación automática del acto nulo, como sí ocurriría en el caso de la anulabilidad. Así, aunque transcurriera el plazo antes indicado, el acto seguiría siendo nulo.
1301.
La acción reivindicatoria en principio es de naturaleza real, exclusiva de alguien que ostenta la condición de propietario (también co propietario o superficiario,
respecto de lo que constituye su derecho), y se dirige contra quien tiene la condición de poseedor. Dentro de este proceso es posible discutir el mejor
derecho de propiedad bajo las reglas de concurrencia de acreedores previstas en el artículo'1 135" y 1136o del Código Civil. La pretensión en cuestión es imprescriptible como regla general, sin embargo, ya no procede contra aquél que por prescripción adquisitiva de dominio ya obtuvo el derecho de propiedad.
1302. Conforme lo establece el Artículo 950 del Código Civil, la propiedad inmueble se adquiere por prescripción mediante la posesión continua, pacífica y pública como propietario durante diez años. Se adquiere a los cinco años cuando median justo título y buena fe.
1303. 1
El Juez de Paz Letrado es competente en exigencia de acreencias para dirigir procesos sumarísimos, y siempre que no superen el monto de las 100 URP.
308. Dicho contrato es ineficaz en relación
a Odebretch, por el supuesto de violación
de facultades, es decir, sí contaba con facultad para suscribir el contrato de construcción de la autopista, pero bajo ciertas premisas, las cuales no fueron observadas por el representante. En este caso la mencionada empresa tiene la
68
BANCO DE PREGI.]NTAS DESARROLLADO
posibilidad de ratificar el acto si le interesa o de lo contrario pedir Ia ineficacia
del mismo. Se precisa que este acto es plenamente válido (no es nulo
ni
anulable).
1310
La rescisión por la causal lesión. Que se configura cuando una de las partes, se aprovecha de la situación apremiante del otro, y hace que acepte celebrar un contrato en el cual se genera una desproporción de prestación que exceden los 2/5 del valor de mercado. Se diferencia de la excesiva onerosidad de
la prestación, que es una causa de resolución, porque en este último caso
la desproporción es sobreviniente y como consecuencias de
situaciones
extraordinarias e imprevisibles.
1370. Derecho de retracto. Que le otorga un derecho preferente de adjudicación, subrogándose en la posición del compi"ador, reembolsándole lo que éste hubiera pagado. Sin embargo, este razonamiento no es uniforme, toda vez que en una jurisprudencia no vinculante como la Casación N" 780-2012-Lima, se sostuvo que el derecho de retracto no procede entre copropietarios. Todo lo anterior conforme a lo previsto en ei artículo 15990 del Código Civil.
1371. La Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema en la Casación No 780-2012Lima, con respecto al derecho de retracto normado en el articulo '1 592 del Código Civil, estableció como criterio jurisprudencial que el derecho de retracto
del copropietario de un inmueble no procede contra otro copropietario
del
mismo, porque esta prerrogativa se ejerce cuando hay un tercero adquirente ajeno al bien copropiedad.
1379. La Sala Civil Permanente de la Corte Suprema en la Casación No 1227-2012Lima, determinó que en los casos de pretensiones de ineficacia, de haberse invocado una excepción de prescripción, el juez debe aplicar el plazo de dos años -recogido en el artículo 2001 inciso 4 del Código Civil-, y no el de diez años, que establecia el inciso 1 que asimila la pretensión de ineficacia a la de nulidad de acto jurídico. Este pronunciamiento fue expuesto en la Cas. N" 1227-2012-Lima (El Peruano, 02/1
2/2013), en el que la Sala Suprema utilizó la facultad que le concede el
articulo 397 del Código Procesal Civil. En este, se indica que "la Saia no casará la sentencia por el solo hecho de estar errÓneamente motivada, si su parte resolutiva se ajusta a derecho. Sin embargo, debe hacer la correspondiente rectificación".
1405. De acuerdo al lV Pleno Casatorio Civil, Viclor, como nuevo propietario puede comunicar a Ana de su condición de tal. En ese sentido, tiene la opciÓn de poner fin al contrato de arrendamiento e iniciar luego un proceso de desalojo por ocupación precaria, por fenecimiento de título. Esta posibilidad no tendría Víctor, si Fernando en el contrato de compraventa lo hubiera obligado a respetar el contrato de arrendamiento de Ana, la misma situación ocurriria si Ana hubiera inscrito el contrato Ce arrendamiento antes de la compraventa a favor de Víctor.
1406. De acuerdo al Artículo 921o del Código Civil, Miguel podría ejercer la legítima defensa posesoria, toda vez que recién toma conocimiento del despojo arbitrario. Argumentación esta que no es acogida en nuestra jurisprudencia, que interpreta el requisito de temporalidad debe ser inmediata en el sentido de instantáneo. Así, en el caso propuesto y de acuerdo a lo previsto en el artículo 921o del Código Civil, procedería iniciar un proceso de interdicto de recobrar.
69
DERECHO CIVIL
1407. Arturo para recuperar su posesión, luego de un año del despojo sólo puede
accionar en Ia vía judicial mediante el proceso de acción posesoria, la misma que se tramita en la vía del proceso de conocimiento. Y la finalidad es discutir el mejor "derecho a poseer". Gunter Gonzales Barrón, sostiene que nuestro ordenamiento jurídico no regula las acciones posesorias, toda vez que el articulo 92'1o del Código Civil, es reduncjante al hablar de los interdictos y las acciones posesorias.
1408. Bruno para la interposición de su demanda de prescripción adquisitiva de dominio, según el artÍculo 505o del Código Procesal Civil puede interponer la demanda de prescripción adquisitiva de dominio, como requisrto especial de admisibilidad debe reunir además de los previstos en el 4240 y 42So del mismo cuerpo normativo, los siguientes: - lndicar el tiempo de posesión, la fecha y forma en que se adquirió la posesión, los datos de la persona que aparece como titular en los Registros Públicos. De igual modo, los datos de los propietarios o poseedores colindantes.
-
ldentificación exacta del bien, y en caso ser un ¡nmueble, acompañar un plano de ubicación y perimétrico así como de las edificaciones, elaborado por un ingeniero o arquitecto colegiado, debidamente visado por la autoridad
municipal.
-
Si el bien está inscrito, se debe acompañar la copia literal de los respectivos asientos, de los 10 o 5 últimos años, dependiendo si el bien es urbano o
rústico respectivamente.
-
Se debe ofrecer la declaración testimonial de no menos de 3 ni más de 6 personas.
1414. Juan, para iniciar un proceso de reivindicación debe evaluar las siguientes alternativas, pues quien diseñó esta pregunta no fue cuidadoso en delimitar lo que en verdad buscaba preguntar. Es decir, si la pregunta sólo era en que vía se tramita el proceso de reivindicación (conocimiento), no era necesario mencionar el elemento "posesión precaria" y hacer alusión a una donación. Ahora bien, si la pregunta es si los demandados son o no precarios, la respuesta sería tan evidente por el mismo hecho de que en la pregunta se parte de la afirmación de que lo poseedores sí tienen tal condición, además que el certificado de posesión no genera ningún vínculo obligacional para con el demandante. Por último, en relación a la donación, se tendría que precisar que éste resultará válido en tanto se haya celebrado por escritura pública y se haya expresado de forma indubitable el de3eo de donar, además de identificar de modo específico el bien. 141
5.
Los medios probatorios que están permitidos de acuerdo a nuestro ordenamiento
procesal para acreditar las excepciones en los procesos de desalojo por vencimiento de contrato solo serán aquellos que sean de actuación inmediata, es decir, los documentos. Se precisa que en un proceso de desalojo es improbable que proceda una defensa previa.
1416. No se podría reconvenir la pretensión de prescripción adquisitiva de dominio, ante un desalojo por ocupante precario. Ello además porque en un proceso sumarísimo no procede reconvención en general. Por último, de acuerdo al Pleno Casatorio citado, es posible que el demandado alegue argumentos de prescripción adquisitiva en su contestación, sin embargo, ello no dará opción a que el juez se pronuncie al respecto, sólo se limitará a evaluar si ello le otorga mejor derecho a poseer el bien a fin de desestimar la demanda, o de 70
BANCO DE PREGUNTAS DESARROLLADO
lo contrario, amparar la demanda y ordenar el lanzamiento, dejando expedito el derecho de la parte emplazada, para gue luego lo haga valer en la via que corresponde.
1422. De acuerdo
al artÍculo 19800 del código civil, la responsabilidad
civil
extracontractual se debería dirigir contra el propietario. quien tiene la condición de tal en el caso planteado de acuerdo a la Escritura Pública. Esta solución es coherente con la naturaleza declarativa de registros públicos en la transferencia de propiedad inmueble, que conforme al artículo g4go del códiqo civil, opera con el sólo consentimiento.
1430. El "falsus procurator", se refiere al caso en el que una persona se atribuye
una representaciÓn que no tiene y celebra actos jurídicos en representación de otra. Dicho acto de acuerdo a nuestra legislación es válida, pero ineficaz en relación al representado, quien podria iniciar un proceso a fin de que se
declare dicha ineficacia. Por último, el representado también tiene la opción de ratificar este acto, con lo cual el acto será plenamente eficaz. Esta institución se encuentra regulada en el artículo 16'lo del Código Civil.
1435. La retención es un mecanismo que sirve de garantía para el poseedor que tiene derecho al reembolso de mejoras. se precisa que tocJo poseedor tiene derecho al reembolso de mejoras, toda vez que el artículo 916o del código civil no restringe este derecho a favor de algún determinado tipo de poseedór.
Lo cual es coherente con el mismo hecho de la posesión, pues es natural que un poseedor realice mejoras en el bien, situación que al no estar prohibido, resulta legítimo que se le restituya el valor de las mismas si aún resultarán de beneficio para el propietario que recupere la posesión del bien. Sin embargo, hay jurísprudencía no vinculante que refiere que las mejoras sólo le deberían corresponder al poseedor legítimo. Lo cual es ciertamente cuestionable, toda vez que si estamos en un supuesto de posesión legítima (donde hay un título),
el tema de mejoras deben regirse por lo que se pactó en el contrato o en todo caso aplicar las reglas supletorias de los contratos, más no así el citado articulo del código civil. Bien, el derecho al reembolso sólo es en relación a las mejoras necesarias y útiles, pues las de recreo el poseedor tienen la facultad de retirarlas antes de entregar el bien. El plazo de prescripción al derecho de reembolso de mejorar es de 2 meses de restituido el bien. se precisa que el derecho de retención procede también en otros supuestos, cuando la ley expresamente lo autoriza, o cdando el crédito tiene relación con
el bien que se retiene, lo cual debe determinarse en cada caso en concreto. Ver el artículo 11230 del CóCigo Civil. La retención puede ejercitarse judicialmente y extrajudicialmente, en el primer caso negándose de facto a devolver el bien al propietario y en el segundo caso como excepción sustantiva (de fondo) cuando se inicia un Droceso que tenga como finalidad la restitución del bien.
La retención sobre inmuebles debe inscribirse en registros para que sea oponible a terceros. Y si el bien no tendría partida registral se debe inscribir a través de una rnedida cautelar de anotación. 1470. José vives interpone una demanda de Prescripción adquisitiva de dominio contra Consuelo Aguilar con la finalidad de adquirir la propiedad cJel predio del
cual está en posesión durante más de quince años, la parte demandada ha sido declarada Rebelde. Antes de emitir sentencia, el Juez ciebe correr traslado
71
DERECHO CIViL
del expediente al Ministerio Público, a fin de que el fiscal provincial civil pueda emitir su respectivo diclamen, que en concreto es una opiniÓn" La base legal de esta prevision la encontramos en el artÍculo 507o del Código Procesal Civil.
1501. El autorizar ai acreeclor para ejercer los derechos del deudor, constituye
un
caso de Acción oblicua o subrogatorra. prevista en el artícuio 199o del Código Civii.
a realizar el pago ante el acreedor. Sin embargo, ocurren consecuencias jurídicas distintas dependiencio si ei pago se realiza después o antes del vencirniento de la obligación, así en el primer caso no habrá subrogación del fiador frente al deudor, en tanto que en el segundo caso la subrogación opera automáticamente. Por último, si el fiador pagÓ antes del vencimienio de la obligación, tendrá que espera!' que llegue el vencimiento
15'11. Un fiador está legitimado
para qué recién se subrogue en la posiciÓn del acreedor y pueda exigir el pago vía repetición ai deudor inicial. Ver el ar-tÍculo 18960 del Código Civil.
1532. En caso el Juez observe que las paúes asumen una actitud extraña y
no
muy nornra! entre un demandante V demandado quienes usualmente tienen intereses contrapuestos. y liegue a ia conclusión qtre entre ellos ha existido colusión para interponer esta demanda con el fin de perjudicar a terceros, el juez podría, de oficio, citar a los terce¡"os qi.le se pudieran ver afectados con el proceso de obligación de dar sr¡ma de dinero. Esta forma de intervenciÓn de terceros se llama, "llamamiento por fraude o colusión". Ver artículo 106o del Código Procesal Civil. CaSo estamos ante un casc de compraventa sobre bienes futuros, lo que implica que el contrato en su celebraciÓn es plenamente válido, ya que
1555. En este
Edwin sólo está asurniendo la obligación de entregar '12 toneladas de naranjas, aún no se está transfiriendo la propiedad. Lo cual se producirá recién cuando Edwin cuente ccn la mencionacia cant¡dad de naranjas, momento a partir del cual el contrato será olenamente eficaz. El que Edwin no tenga la capacidad para producir las 12 tonelarias de naranjas no constituiría una causal de nuiidad del contrato de compraventa. pues es rrálido que hubiera acnrdado con Julio que éste le entregaría la parte faitante. Sin embargo, frente a Roberto, quien asume el Íntegro de la responsabilidad (indemnización contractual) es Edwin.
1572. En caso Miguel caiga sobre piezas de cerámica antigua de gran valor y éstas se quiebren, producto del empujÓn dado gor Fernando, que salía corriendo.
Si se demandada a Miguei por responsábilidad civil, este podría eximirse de responsabilidacl, por quiebre del nexo causal. El supuesto que tendría que invocar para ello sería el hecho determinante de un tercero.
1579. En este caso en pariicular habrÍa
pues primer se refiere que Ricardo LeÓn es representante por un poder especial, en cuyo caso Alelandro N4aqno sería el poderdante o representado. Srn embargo, en la parie iinal ocl caso se dela sobre entendido que Ricardo león es mandatario y Aleiandrc l\ilagno es ¡nandante. Lo cual no sería posible, a menos que estemos ante un caso de un Mandato con Representación, pero que tarnpoco es lc mismo que urr poder en sí. Nos explicantos. El poder especia! es un acto jLiridico uniiateral. Ei mandato es un contrato En el prinrer caso se generil una repiesentación Cirecta, es decir, que los actos que celebra el representante prociucen efectos de manera inmediata en la 72
BANCO DE PREGUNTAS DESARROLLADO
esfera patrimonial del representado. Sin embargo, en el mandato propiamente dicho, los actos celebrados por el mandatario no producen efectos de modo inmediato en la esfera patrimonial del mandante, para lo cual será necesario otro acto jurídico a fin de trasladar tales efectos al mandante. AsÍ las cosas, una cosa es que Ricardo León sea apoderado o sea mandatario. En el primer caso los que contratan con Ricardo deben saber que él sólo tiene la condición de representante, en cambio, en el segundo caso, quienes contratan con Ricardo León no tienen por qué saber si es o no mandatario. Por último, nuestro Código Civil admite la posibilidad de que exista un contrato representación directa, y en sus consecuencias se asemejaría muchÍsimo a un poder, pero que no llega a ser lo mismo porque éste último sigue siendo un acto unilateral.
de mandato con representación, lo que sí generarÍa una
Entonces, para que el caso propuesto sea correcto, debe tratarse sólo de un poder especial, como se señala en un inicio. Así las cosas, la respuesta sería:
El contrato de compraventa celebrado por Ricardo León, en virtud al poder especial. con que contaba, no obstante el fallecimiento de Alejandro lulagno, seria VALIDO. Es decir, no tiene defectos de nulidad ni anulabilidad. Sin embargo, la sucesión deAlejandro Magno, de considerarlo necesario, podrían iniciar un proceso de INEFICACIA DE ACTO JURIDICO, ello por la figura de falsus procurafor, regulado en el artículo 161o del Código Civil. Y si la sucesión de Alejandro Magno estuviera de acuerdo con los efectos de la compraventa, podrían RATIFICAR el citado contrato a fin de que se plenamente eficaz.
73
il¡. DERECHO PROCESAL ClVIL
3.
Tal y como señala el artículo 637 del Codigo Procesal Civil, una vez dictada la medida cautelar, la parte afectada puede formular Oposición dentro de un plazo
de 5 dÍas, contado desde que toma conocimiento de la resolución cautelar. a fin de que pueda formular ia defensa pertinente, la oposición no suspende la ejecución de la medida, solo se suspenderán sl es que ésta se ampara; contra el auto que resuelva la oposición se puede instar recurso de apelación, el que se concederá sin efecto suspensivo. No obstante, se puede apelar directamente ante el órgano jurisdiccional superior, sin recurrir a la oposición (Marienela Ledezma Narvaez, p. 510). 4.
Conforme a lo dispuesto por el artículo 64'1 del Código Procesal civil La ejecución
de la medida será realizada por el Secretario respectivo en día y hora hábiles o habilitados, con el apoyo de la fuerza pública si fuese necesario. Puede autorizarse el descerraje u otros actos similares, cuando el caso lo justifique. De esta actuación el auxiliar sentará acta firmada por todos los intervinientes y certificada por é1. En su caso, dejará constancia de la negativa a firmar. 5.
La importancia del derecho de propiedad establece que para interponer una demanda de prescripción adquisitiva de dominio es necesario no solo cumplir con los requisitos que se señalan en los artículos 424 y 425 del Código Procesal Civil, sino que además se debe de: 1) lndicar el tiempo de la posesión del demandante y la de sus causantes; la fecha yforma de adquisición; la persona que tenga inscritos derechos sobre el bien; y, cuando corresponda, los nombres y lugarde notificación de los propietarios u ocupantes de los bienes colindantes, 2) Describir el bien con la mayor exactitud'posible. 3) Tratándose de bienes inscribibles en un registro público o privado, se acompañará. además, copia literal de los asientos respectlvos de los últimos diez años, si se trata de inmuebles urbanos, o de cinco años si se trata de inmuebles rústicos o bienes muebles, o cet1ificación que acredite que los bienes no se encuentran inscritos. 4) Ofrecer como prueba la declaración testimonial de no menos de tres ni más de seis personas, mayores de veinticinco años, sin perjuicio de los demás medios probatorios que se estime pertinentes. 5) Tratárrdose de deslinde se ofrecerá como prueba, además, la inspección judicial del predic.
6.
En los procesos no contenciosos, es función del Ministerio Público velar por ia independencia de los órganos jurisdiccionaies y por la recta aCministración de justicia. (Artículo 159o de la Constitución inciso 2). Ello por remisión del artículo 759o del CPC (este articulo lo hacía en referencia a la anterior Constitución Politica).
75
DERECHO PROCESAL CIVIL
31.
Conforme a lo establecido en los artículos 552 y 553 del Código Procesal Civil, en los Procesos Sumarísimos procede formular tachas, oposiciones, excepciones,
defensas previas y contestación. No procede la reconvención, ampliación ni modificación de la demanda, medios probatorios externporáneos. 52.
El recurso de casación es un medio impugnatorio extraordinario, pues su acceso (in
es restringido al análisis sólo de errores de carácter tnaterial y procesal
iudicando e ¡n procedendo), en ese sentido, la corte suprema, vía casación, no podría volver a valorar los medios probatorios. Los fines del mencionado recurso son: Nomofiláctico (control Ce legalidad), Dikelógico (usticia en el caso en concreto) y unificador (uniformizar criterios via jurisprudencia). Son errores in iudicando. La interpretación errónea, la aplicación indebida y la inaplicación. Son errores in procedendo: La contravención de garantías mínimas del debido
proceso y la infracción de formaltdades que son requisitos de validez de los actos procesales. Todas las causales se invocan ahora, en el supuesto previsto en el artículo 386o del Código Procesal Civil: lnfracción Normativa. La c¡tra causal contenida en el citado dispositivo legal es el: Apartamiento inmotivado del precedente judicial, el cual se configura cuando en la resolución de vista no se tuvo en cuenta un criterio vinculante establecido vía un pleno casatorio civil. 53.
Si Pedro interpone demanda ante el Juez competente, solicitando que Juan pague los arrendamientos pendientes más una indemnizaciÓn, y de no ser así, que le entregue el inmueble arrendado, estaríamos ante un caso de Acumulación Objetiva Originaria AUTÓNOMA. La misma que si bien no está regulada expresamente, es posible realidad debido a que el artículo 87o del CPC, tiene un sistema númerus aperfus en relación a las formas de acumulaciÓn objetiva, en tanto se cumple con la misma vía procedimental, competencia y
exista conexidad. La acumulación autónoma implica que el juez analizará los
elementos de cada pretensión de manera independiente, y en la sentencia debe ¡'esolverse motivando por separado. 58.
Las excepciones son medios de defensa que le permite al demandado
cuestionar la validez de la relación jurídica procesal, ello debido a la falta de una condición de la acción o a la falta de un presupuesto procesal. En ese sentido, las excepciones podrían conllevar- a que la demanda sea declarada irnprocedente o inadmisible, en el primer caso estaremos antes excepciones perentorias y en el segundo frente a excepciones dilatorias. Estas últimas son 4. oscuridad y ambigüedad en el modo de proponer la demanda, representación defectuosa o insuficiente del demandante, incapacidad del demandante y falta de legitimidad para obrar del demandado. En los demás casos, las excepciones scn perentorias.
97.
Los justiciables tienen cJerecho a la Tutela Jurisdiccional Efectiva, el cual, entre r:tros aspectos, comprende que durante el proceso se observe de manera estricta el cumplimientc de las garantias mín¡mas del Debido Proceso, previsto en el artículo 139o de la Constitución. de ahí su carácter de Derecho Fundamental. En ese sentido, una de las garantías del mencionado derecho fundamental, es precisamente ei de la debida motivación de la resolución judicial, que impone al juzgador el deber de sustentar fáctica y juridicamente las razones de su decisión, ello a través de un análisis coherente y claro. La inobservancia de estas reglas,
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BANCO DE PREGUNTAS DESARROLLADO
dan lugar a la configuración de un error in procedenclo, que luego darían lugar a que la resoluciórr judicial sea anulada.
167. El juez de Lima ouede declarar improcedente la demanda, pero por falta de legitimidad para obrar, pues en el caso no nos dan informaciÓn respecto de la condición de Víctor. Distinto hubiera sido si por lo menos nos decían que Víctor era un tercero con legítimo intei'és, es dec¡r, alguien a quien el actc materia de nulidad le significaría un perjuicio económico o moral. Si fuera este el caso, es decir, que Víctor es un tercero con legítimo interés, el juez de lima no podría declarar improcedente, a pesar de oue territorialrnente es incornpetente, pues
esie presupuesto procesal admite la prórroga, '/ en todo caso estaría sujeto a que las partes formulen o no la excepción de incompetencia territorial, ya que de no ser así, y por el contrario, los dernandados se apersonan -v contestan la demanda, estaríamos ante un caso de prórroga tácita. Las notificaciones se realizarian por exhorto al juzgado de igual clase en Huaraz.
168. En este caso la legitimidacj para obrar activa ie corresponde al menor Alvaro, y si bien su mamá si podrÍa interponer la denranda de desalojo. io cierto es que la mencicnada madre sólo tendria la condición de represe;ntante.
169. Los supuestos de acumulación sucesiva son las siguientes: Aquellos que se confrguran llrego de interpuesta la demanda. Pueden ser objetivas o subjetivas, en el primer caso se presentan cuando hay ampiiaciÓn de la demanda, reconvención o acumulaciÓn de procesos. En el segundo caso se configura cuando durante el proceso ya iniciado se apersona un litisconsorte necesario o alguna intervención de tercero (denuncia civil, tercero litisconsorcial, coadyuvante, l!amamiento posesorio, etc.).
170. Pedro en su condición de cedido interpondrá una rJemanda de nulidad contra Juan y Pablc, en su condición de cedente y cesionario respectivamente. En ese sentido, estos últimos constrtuirían un litisconsorcio necesario pasivo. Además de configurar una acumulación subjetiva pasrva.
201. Nos estamos refiriendo al Sistema Autocompositivo, que a su vez puede ser bilateral o unilateral, en el primer caso se presenta cuando hay transacciÓn, conciliación o mediación y el segundo caso cuando hay allanamiento o desistimiento de parte del sujeto pasivo. De otro lado, los demás sistemas son la Autotutela y el Heterocompositivo. En el primer caso está la legítima defensa y la huelga, y en el segundo está el sistema iudicial o arbitral. La respuesta al supuesto planteado sería la.Transacción, que puede ser judicial o extrajudicial.
237. Los criterios de nlateria, cuantÍa y grado o jerarquía, no admiien prÓrroga.
En
ese sentido, si no se Celimita correctamente la competencia al interponerse la demanda, se incurre en causal de improcedencia de la demanda. Sin embargo, el criterio territorio es de tipo relativo, ponlue precisarnente admite la prÓrroga, expresa o tácita. En el pr"imer caso cuando se pacta en un corltrato que el juez competente para todo lo concernietrte ai acuerdc¡ será de competencia de un juez distintos al dornicilio de ias nartes, y en el segundo será cuando la dentania se ¡nterpone ante un juez incompetente por razones de territorio y éste tras admitirla notifica al demandado, quien no formula ia excepciÓn respectiva.
Por último, debe precisarse que la competencia es un presupuesto procesal o conocido también corTrc un presupuesto formal, que ayuda a delimitar el ejercicio de la jurisdicción que le es inherente a todo luez.Tal delimrtación precisamente se realiza de acuerdo a los criterlos antes descritos.
77
DERECHO PROCESAT CIVIL
311. Apelación....Nulidad. 325.
Del juez de paz letrado, vía proceso no contencioso. Ver artículo 29 del Código Civil.
345. De conformidad a lo indicado en el artícu!o
6300 del Código Procesal Civil, una medida caute¡ar se cancela de pleno derecho cuando la sentencia de primera instancia desestima la pretensión de la parte que solicitó la rnedida cautelar. Sin embargo, es posible que pueda solicitar la continuación de vigencia de la nledida, para lo cual será necesario que se otorgue una contracautela de naturaleza real o fianza solidaria.
353. El fin inmediato es resolver los conflictos de intereses o poner fin
a
una
incertidumbre jurídica. En tanto que el fin mediato es lograr la paz social. Lo cual se desprende del artículo lll del Título Preliminar del Código Procesal Civil.
357. Las condrciones de la acción o los denominados presupuestos materiales, son !a legitimidad para obrar, el interés para obrar y la voiuntad de la ley. La falta de alguno de ellos da lugar a la improcedencia de la demanda y por ende no son subsanabies. Los presupuestos procesales o conocidos también como presupuestos formales son la competencia del juez. la capacidad procesal y los requisitos de la demanda. Si los dos primeros presupuestos no se cumpien, la demanda también será improcedente, pero si sólo falta el último presupuesto, la demanda será declarada inadmisible y da lugar a subsanación. Si concurren todos los presupuestos procesales y las condiciones de la acción, en el proceso existirá una relación jurídica procesal válida, y será posible que el juez emita una decisión sobre el fondo, declarando fundada o infundada la pretensión del demandante.
362. Los requisitos especiales que se deben cumplir están enumerados en ei artículo 831o del Código Procesal Civil, que en resumen son, copias certificadas de la
partida de defunción el causante, de las partidas de nacimiento del presunto hereCero, entre otros. Ver la citada norma.
364. Las costas del proceso, Ias cuales en principio deben ser reembolsados a la parte que gana ei proceso. En igual sentido respecto de los costos, que son los honorarios de los abogados. Sin embargo, el juez puede eximrr de esa obligación a la parte vencida. siempre que en su decisión emita una motivación en ese sentido. Ver artículo 412o del Código Procesal Civil.
380. El aspecto formal del título, es decir, el ejecutado no está cuest¡onando
la
existencia o no de la obligación o su exigibilidad, sino tan sólo que el título que contiene la obligación, aciolece de una formalidad (nulidad formal) o que una de las formalidades del título no es la auténtica (falsedad). 414. El recurso de apelación.......terceros legitimados.
417. El juez de paz letrado por debajo de las 100 URP. Y el Juez Especializado de 100 a rnás URP.
423.
El artículo 827o del Código Procesal Civil prevé los otros supuestos de legitimidad
activa para este tipo cie proceso no contencioso. Como es el caso del titular de la partida de nac;imiento, si es mayor de edad y, en caso hubiera fallecido, los parientes hasta el cuarto grado de consanguineidad, entre otros supuestos previstos en ia citada norma.
438. En este tipo de procesos, donde el ejecutante busca hacer efectivo en
los
hechos un derecho ya certero, en caso el eiecutado no ejercitara su derecho de
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BANCO DE PREGUNTAS DESARROLLADC
contradicciÓn el juez emitirá el auto definitivo por el que ordene hacer efectivo lo dispuesto en el mandato ejecutivo, que fue aquella resolución que se emitió al admitir a trámite la demanda. En el supuesto descrito, la apelación del auto definitivo se concede sin efecto suspensivo.
471. La corte suprema podrá actuar o no en ese de instancia. es decir, emitirá o no un pronunciamiento sobre el fondo de la controversia. Lo cual dependerá
finalmente si la causal por la cual procedió el medio impugnatorio en cuestión. y fue amparada finalmente en sentencia casatoria, fue una de naturaleza materiál (in iudicando) o procesal (in procedendo).
Ejemplo. si en primera instancia la pretensión del demandante fue fundada. El demandado apeló y la sala confirmó la sentencia de primera instancia (es decir, la sentencia apelada). Ante este supuesto el demando interpone recurso de casación por causal de infracción normativa material (in iudicando), la corte suprema declara procedente el citado recurso y finalmente lo declara fundado. En este caso la corte suprema "actuará en ese de instancia" y luego de casar la sentencia de vista (de dejar sin efecto la sentencia de segunda instancia), revocará y reformará la sentencia apelada (la de primera instancia), para declarar infundada la demanda. En conclusión, cuando la corle suprema reiiere que actuará en "sede de instancia" se está refiriendo a que resolverá como si fuera segunda instancia (por eso es que podría revocar o confirmar ia sentencia apelada). En el mismo supuesto planteado, si el demandado interpuso recurso de casación por la causal de infracción normativa procesal (in procedendo), de ser declarado fundado el citado recurso, la corte suprema procederá a anular todo lo actuado hasta el momento donde se cometió el vicio, de manera que ordenará al inferior jerárquico (uez de primera o segunda instancia), que renueve el acto procesal afectado, lo cual dependerá donde se cometió el vicio. En este caso la corte suprema no actúa en sede de instancia.
490. El procedimiento cautelar es accesorio, pues dependerá siempre de un proceso principal. se tramita en cuaderno separado y ante el mismo juez que viene
conociendo o conocerá la pretensión principal. En el procedimiento cautelar el derecho de defensa del afectado está garantizado mediante la oposición, que se formulará luego de ejecutado la medida cautelar.
El procedimiento cautelar no genera un pronunciamiento que sea perpetuo, pues su naturaleza es temporal, entre tanto se discuta la pretensión principal. 544. Los principios que rigen la actividad probatoriá
-
son:
lnmediación (la relación directa del juez con los medios de prueba). Pertinencia (que guarden relación con los puntos controvertidos). Adquisición (una vez admitidos los medios probatorios dejan de pertenecer a la parte que las ofreció).
571. su naturaleza es la de
un remedio procesal, que procede contra actos procesales no contenidos en resoluciones judiciales (autos, decretos o sentencia). Procede en aquellos casos en que un acto procesal está afectado por la contravención de una garantía mínima del debido proceso o por la infracción de una formalidad
esencial que es requisitos de validez del acto procesal. En ambos casos, la nulidad se solicita ante el mismo juez que realizó el acto procesal cuestionado, quien a su vez lo resolverá mediante una resolución (auto). Los principios que rigen la nulidad son: - Legalidad (la causa debe estar prevista en la norma).
79
DERECHO PROCESAL CIVIL
618.
Convalidacion (si realizaste una conducta opuesta al cuestionamiento del acto procesal viciado, el acto se torna válido). Trascendencia (el vicio debe ser importante, debe tratarse de la afectación de un derecho fundamental procesal o una formalidad de tipo ad solemnitatem, cuya omisión da lugar a la invalidez del acto procesal. Subsanación (el juez puede de oficio corregir los vicios que podrían dar lugar a la nulidad.
En un proceso de desalojo la competencia puede corresponderle a un Juez Civil o a un Juez dePaz Letrado, lo cual dependerá si el monto de la renta supera o no los 50 URP. Y si la demanda de desalojo no tiene monto de renta (supuestos de precariedad). el ¡uez competente es el civil.
Todo lo anterior se abstrae de lo dispuesto en el artículo 547o del Código Procesal Civil.
620. Para iniciar un proceso de esta naturaleza se requiere de
un título ejecutivo (art. 688o del CPC), que pueden ser de naturaleza judicial (resoluciones judiciales firmes o laudos arbítrales firmes) o de naturaleza extrajudicial. En el primer caso el plazo para contradecir es de tres dias y en el segundo caso el plazo es de cinco días. En el primer caso las causales de contradicción son dos (cumplimiento de
lo ordenado o extinción de la obligación), en cambio en lo segundo son seis (nulidad formal, falsedad, extinción. inexigibilidad, iliquidez y contravención de acuerdos). En el primer caso los medios probatorios admisibles son sólo documentos, en cambio en lo segundo pueden ser documenios, declaraciones de parte y peritos.
636. La reconvención no procede en un proceso sumarísimo, que le corresponde
a
un proceso de desalojo. El reernbolso de mejoras se puede exigir en un proceso independiente, también en la vía ciel proceso sumarísimo. Pero si ya se interpuso la demanda de desalojo, el demandado debe iniciar su proceso de reembolsos de mejoras dentro del plazo que tiene para contestar la demanda interpuesta en su contra (de 05 días). Ver el artículo 5950 del Código Procesal Civil.
637.
En la sentencia se debe ordenar a Registros Públicos a inscribir el bien a nombre
del nuevo propietario, declarado en la sentencia del proceso de usucapion.
638. La demanda resultaría improcedente, pues en la vía sumarísima sólo proceden pretensiones dinerarias que no superen 100 URP, en ese sentido, el tope máximo es de S/. 38, 000 Nuevos Soles. Ahora bien, la demanda también resultaría improcedente por indebida acumúlación de pretensiones, por cuanto los créditos a favor de Juan no tienen el elemento "conexidad" para que sean acumulables. Por último, en la via sumarísima sólo procederia la pretensión de los S/. 17, 000.00 Nuevos Soles.
639.
El artículo 2690 del CPC, establece que si en el plazo de tres días de designado en
el perito no aceptara su cargo, se tendrá por rehusado el nombramiento,
cuyo caso se procederá a nombrar a otro perito. En ese sentido, la declaración
de "rehusado" y la designación de nuevo períto es un acto procesal que le corresponde ejecutar al juez, lo cual además es concordante con el principio de dirección del proceso. También es cierto que las partes pueden solicitarle al juez que proceda conforme lo descrito precedentemente, sin embargo, ello no puede asumirse como que es un acto procesal gue le correspondía impulsar a las partes. Por ese motivo, a pesar de haber transcurrido más de cuatro meses, no se declararia el abandono del proceso, esta conclusión además es más concordante con la finalídad de la institución del abandono, que es sancionar la
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BANCO DE PREGUNTAS DESARROLLADO
falta de interés de las partes o la negligencia de los mismos, aspectos que no se configurarían en el caso planteado.
645.
El principio de congruencia, eventualidad y preclusión. En el primer caso debido a que eljuez puede pronunciarse de oficio respecto a pretensiones no precisamente
solicitadas en la demanda. En el segundo caso debido a que las partes pueden realizar ciertos actos procesales de manera independiente (no conjunta) a pesar que en principio, como regla, debieron realizarse conjuntamente con otros actos procesales. En el tercer caso, debido a que se permite que las partes puedan adicionar ciertas pretensiones aún después de la oportunidad establecida en la Ley.
664" Es un proceso que se tramita en vía sumarísima. En el caso de desalojo por conclusión de arrendamiento el juez competente puede ser el juez civil o el de paz letrado, dependiendo si el monto de la renta supera o no las 50 URP. Y en el caso de desalojo por ocupante precario el juez competente siempre será el especializado en lo civil. En este proceso no se discute en torno al derecho de propiedad, por ende, el demandante, para promover este tipo de procesos, no necesita tener la condición de propietario; pues basta que tenga derecho a ostentar la posesión.
667. Declararía infundada la demanda, pues los daños deben ser debidamente acreditados en el proceso. Y las copias simples de documentos no resultarÍan idóneas para sustentar una decisión favorable. Esta situación cambiaría si los citados medios probatorios serán complementarios a otros que de modo directo sí acreditan la existencia de los daños.
668. No guarden relación con los puntos controvertidos, se traten de hechos imposibles o notorios o de pública evidencla. Los demás supuestos en los que se declararía la improcedencia de los medios probatorios están descritos en el artículo 190o del Código Procesal Civil:
674. Desestimar el pedido de nulidad, pues a pesar de que hubo una mala notificación, el derecho de defensa nunca se restringró. Lo cual implica que se confrguró un supuesto de convalidación, según lo previsto en el artículo 1720 del Código Procesal Civil.
675.
Si el juez a quien se remiten los autos considera que los fundamentos expuestos
no justifican la separación del proceso, se remitirá el expediente al superior
jerárquico en consulta, quien resolverá en forma definitiva respecto de la procedencia o no de la inhibitoria por parte del juez.
676. Siempre que para tal efecto se cuente con autorización expresa de la autoridad o funcionario competente. Ver artículo 336o del Código Procesal Civil.
680. El artículo 408o del CPC, inciso 2) se establece que procederá la consulta en aquellos casos en que la parte perdedora haya estado representada por un curador procesal, esto en clara alusión al demandado. Sin embargo, en el cuso planteado, quien ha perdido es el demandante, y esta parte no estuvo representado por un curador procesal
693. De conformidad con el artículo
5330 del Código Procesal Civil, la demanda de tercería debe fundarse en: (i) Bienes afectados por medida cautelar o bienes afectados con garantía real (Tercería de propiedad), y (ii) Créditos impagos de orden preferente (Tercería de derecho preferente).
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DERECHO PROCESAL CIVIL
En el caso de la tercería de propiedad la finalidad es obtener la liberación del bien, respecto de la medida cautelar que se ordenó en el proceso donde el tercerista no es parte, para ello el actor debe demostrar su derecho de propiedad respecto del bien en cuestión. En relación a la tercería de propiedad respecto de bienes afectados con garantías reaies, el D.L. Nro. 1069, modificó el citado artículo. adicionando este supuesto. Sin embargo, la condición que se estableció es que el derecho del tercerista esté inscrito con anterioridad a la garantía real; supuesto que sólo se configuraría en el caso de duplicidad de partidas registrales o que como consecuencia de un proceso de nulidad, por el carácter declarativo de la pretensiÓn la propiedad dei tercerista quede reestablecida a una fecha anterior a la garantia real cuya
extinción se pretende. Así, en los demás casos, este tipo de tercerías no procedería de plano. En el caso de tercería de derecho preferente, la finalidad es que reconozca en la sentencia una preferencia a cobrar. En ese sentido, no se evita el remate del bien.
En todos los casos, se exige que el demandante cuente con un documento privado o de fecha cierta que acredite su derecho, esto como requisito especial de admisibilidad.
694. La respuesta la encontramos en el artículo 831o del Código Procesal Civil, que exige como requisito especial de admisibilidad, la copia certificadas de la partida de defunción del causante, de los presuntos herederos, etc.
695. Las medidas cautelares innovativas pertenecen
al grupo de las medidas típicas.
En ese sentido, dichas medidas se encuentran taxativamente reguladas entre los artículo 6830 al 686o del Código Procesal Civil. Cabe precisar que este tipo de medidas se sustentan en que de no concederse se generaría un perjuicio irreparable, cuestión esta que no se configurarÍa en el supuesto de la pregunta. De otro lado, a fin de asegurar la pretensiÓn que nos plantean se tendría que solicitar, en todo caso, una medida cautelar atípica, con las características descritas a fin de que el demandante asegure su pretensión.
y los copropietarios, como demandantes, constituyen un litisconsorcio cuasinecesario, en ese sentido, no es obligatorio que demanden todos de manera conjunta. En cambio, si los mismos van a ser demandados, constituyen un supuesto de litisconsorcio necesario, de manera que se debe emplaza,¡ a la totalidad de sus integrantes. Si durante el proceso el litsconsorte cuásinecesario quiere incorporarse al proceso, lo tendrían que solicitar como una forma de intervención de tercero
696. La sociedad conyugal, las sucesiones indivisas
litisconsorcial.
697. El documento que contiene la garantía real, el estado de cuenta del saldo deudor, una tasación actualizada del bien, a menos que se haya realizado una
tasación convencional al momento de la constitución de la garantía y, por último, el certificado de gravamen del bien (actualizado). Estos requisitos se encuentran contenidos en el artículo 720o del Código Procesal Civil, y sólo los primeros documentos enumerados constituyen en conjunto, el título ejecutivo.
704. No sólo restringe la legitimidad activa a los supuestos de los poseedores mediatos, pues también comprende a todo aquél que considere que tiene derecho a ejercer la posesión sobre el bien. Así, no sólo el demandante puede ser el arrendador, o el sub arrendador, o el comodante, sino también aquel que por cualquier tÍtulo tenga el derecho a ejercer la posesión, no obstante que no le
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BANCO DE PREGUNTAS DESARROLLADO
una al demandado algún vínculo obligacional. Ejempio. El usufructuario p.iede demandar a un poseedor precario (y entre ambos nunca hubo ningún ccntratc).
742. En procesos de ejecución, sea con tituio ejecutivo judicial o extrajudicial,
el
acudir de modo prev¡o a un ceniro de conciliación extrajudiciril es facultativo. er¡ ese sentido, el juez debe desestrmar el pedido de nulidad. La base legai de esta respuesta la encontramos en el artículo €lo Ce la l"-ey de Cr:nciliación, inciso a). (Ley Nro. 26872).
758. Eljuezdepazletradoescompetenteparaconcceriaejecucióndetitulosejecutivos extrajudiciales (títulos valores. transacciones extrajudiciales, escrituras públicas, etc.) sólo cuando la pretensión no supera el monto de las i00 URP. pues de Io contrario la competencia le corresponde a los iueces civiles. Ahora bien, si el título ejecutivo es de naluralezajudiciai, eljuez cornpetente es aquél que hubiera emitido la resolución cuya ejecución se pretende. Por ejernplo, la ejecución de una sentencia de alimentos le corresponde a un juez de paz letrado.
770. Determinar respecto de los alcances de los sujetos activos en los procesos de desalojo, como debe resolver el juez en un proceso de desalojo cr¡ando el demandado alegue argumentos de prescripción adquisitiva de dominio o invalidez de resolución extrajudicial de títulos (resolución extrajudicial según el artículo 1429o del Código Civil). De igual modo se precisó los supuestcs de fenecimiento de título en ios casos de contratos de arrendamiento a plazo indeterminado. procesos de desalojo cuando el demandado ha realizado construcciones y demás supuestos en los cuales se configurará un supuesto de precariedad por parte del poseedor'. A partir del Cuarto Pleno Casatorio, en conclusión, se ha delimitado los supuestos
en que un poseedor es c no precario.
861. Tendrá legitimación activa para este tipo de procesos cuaiquiera que tenga derecho a ejercer la posesión del bien, sin rmportar si es o no propietaric;, y si el demandante tuvo o no una relación obligacional con el demandado. AsÍ, pueden demandar, el propietario, el usufructuar¡o, el administrador, el subarrendador, etc. Todo ello porque en el proceso de desalojo no se discutirá respecto de la titularidad del derecho real de propiedad.
862. Debe ordenar la conformación de un cuaderno aparte, con copias certificadas de las principales piezas procesales a fin de elevarlo al superior jerárquico a fin de que el juez superior resuelva el medio impugnatorio interpuesto. En primera instancia paralelamente el proceso debe continuar.
901. El interés para obrar, lo cual es una causal de improcedencia de la demanda, motivo por el cual la citada excepción es de carácter perentorio, es decir, que al ampararse el juez pondrá fin al proceso.
El interés para obrar es aquella situación jurídica que te habilita el acceso al proceso, el cual no puede usarse simultáneamente para promover varios procesos respecto a la misma pretensión y entre las mismas partes, y sobre la base de los mismos fundamentos.
903. Que todos dan lugar a que en el proceso exista una relación jurídica procesal válida, lo que luego le permitirá al juzgador emitir un pronunciamiento sobre el fondo del conflicto, amparando o desestimando la pretensión. Sin embargo, si faltare alguno de ellos el pronunciamiento del juez será inhibitorio, como improcedente o inadmisible. 83
DERECHO PROCESAL CIVIL
Las condiciones de la acción son la legitimación activa y pasiva, el interés para obrar y la voluntad de la ley. Y los presupuestos procesales son la competencia del juez, la capacidad procesas y los requisitos de la demanda, es sólo la falta
de este último que se da lugar a la inadmisiblidad de la demanda, la cual es subsanable. En los demás casos, la demanda será improcedente. Ver artículo 42"10 del Codigo Procesal Civil.
E13.
El pleno remite a que la legitimidad activa le corresponde a las instituciones previstas en el artículo 82o del Código Procesal Civil, que son el Ministerio Público, los Gobiernos Locales, Regionales, Etc.
917. 921
.
La acumulación objetiva originaria alternativa. Los supuestos de acumulación sucesiva pueden ser a su vez de tipo objetivo o subjetivo. En el primer caso es la ampliación de la demanda, reconvención y acumulación de procesos. En el segundo caso es básicamente la incorporación de terceros al proceso (denuncia civil, Ilamamiento posesorio, coadyuvante, etc.
)
La acumulacrón sucesiva se configura cuando la pretensión o el sujeto se incorporan al proceso luego de iniciado el mismo.
928.
El artículo 19o del Código Procesal Civil, la misrna que es de carácter imperativa.
establece que la competencia en materia de sucesiones es improrrogable, de manera que la demanda debe interponerse en la ciudad de Arequipa y no en Trujillo.
Aunque cabe argumentar que el citado artículo básicamente es para aquellos supuestos donde exista un conflicto de intereses (demanda de petición de herencia por ejemplo) y no así un proceso no contencioso de sucesión intestada. La respuesta dependerá de la alternativa.
939.
La demanda de cambio de nombre se tramitaría vía proceso no contencioso y sería de competencia del juez civil o mixto. En cambio, el proceso respecto de rectificación de partida se tramitaria ante el juez de paz letrado, y también en la vía no contenciosa.
964.
La pretensión y que sean de discrepancia entre las partes. Lo cual se delimita en la fijación de puntos controvertidos.
965.
Son las medidas cautelares innovativas, que proceden no sólo cuando hay verosimilitud en el derecho, sino y princ@almente, cuando se busca evitar un perjuicio irreparable. Las mismas están reguladas taxativamente entre los artículos 6830 al 686o del Código Procesal Civil.
1112. Declarar
la nulidad de todo lo actuado hasta la notificación de la demanda, pues de lo contrario se concretaría la vulneración a una de las garantías mínimas del debido proceso, que es el derecho de defensa. Esta conclusión es porque en el caso nos dan el dato de que existe "prueba fehaciente" de que hubo una mala notificación.
1158. Son medios de defensa que el demandado tiene para cuestionar que en
el
proceso iniciado en su contra no existe una relación jurídica procesal válida, es decir, que el juez no ha calificado correctamente la demanda, pues falta o una condición de la acción (legitimación activa o pasiva, interés para obrar o voluntad de la ley) o falta algún presupuesto procesal (competencia del juez, capacidad procesal y requisitos de la demanda). Según específicamente qué falte, la demanda será improcedente o inadmisible. 84
BANCO DE PREGUNTAS DESARROLLADO
1201. Se configure algunos de los supuesros contemplados en el artículo 332o del Código Procesal Civil. tale:; ccnro !a existencia de litisconsorcio necesario y una de las partes no ha prestado su conformidad, o que el conflicto de intereses afecta el orden público, etc.
1286. La empresa que obtuvo la medida cautelar ante el poder.¡udicial, debe de inmediato iniciar. dentro de los 10 días srguientes, el proceso arbitral. Para luego. en el plazo no menor de 90 días, quede constrtuido el tribunal arbitral. Si esto último no se llega a dar. la medida cautelar se caduca de pleno derecho.
1366. El citado principio faculta al juzgaoor aplicar las nornras que correspondan
al
caso, aunque las partes no Ias hayan irv.ocacio, o corregir las que hubieran sido invocadas erróneamente. Sin embargo, tal facultad ciel juzgador no puede dar lugar a que se emitan pronunc!amiento que afecten el principio de congruencia procesal, es dec¡r, se puede aplicar el principio de iura novit curia. pero no se debe emitir pronunciamientos extra petita, citra petita o ultra petita.
1420.
En el recurso de apelación se pueden ofrecer medios probatorios, sólo cuando
estos versen sobre hechos nuevos, c que los mismos se hubieran emitido (documentos), con posterioridad al inicio del proceso. O que al inicio del proceso, la parte impugnante no hubiera conocido de la existencia de tal medio probatorio. Base legal, el artículo 374o del Código Procesal Civil.
1463. Ordenar que se realice en una audiencia especial. ellc según lo dispuesto en el artículo 208o del Código Procesal Civil.
1497.
En una de las preguntas anteriores se desarrolló elconceplo de las excepoones. Ahora precisaremos la clasificación. En dilatorias o perentorias. Las primeras. se der fundadas, no ponen fin al proceso, lo que sí sucede en el segundo tipo
de excepciones. Todas están reguladas en el artículo 446o del Código Procesal Civil. Son dilatorias sólo 4 excepciones: (i) Falta de legitimación pasiva, (ii) oscuridad o ambigüedad en el modo de proponei' la demanda, (iii) Representación defectuosa o insuficiente del demandante e (iv) lncapacidad del demandante. El resto de excepciones son perentorias.
1498. El juez competente es el civil, porque la pretensión supera las 100 URP. Y la pretensión se tramitaría en un proceso declarativo (abreviado). Esto último porque el documento en el cual consta el crédrto no es un título ejecutivo, no obstante que cuente con firmas legalizadas. A menos que dicho documento sea una transacción extrajudicial, que no es.el caso planteado. el juez determina que una de las parte nunca ha tenido o en todo caso ha perdido legitimación activa o pasiva en el proceso, con lo cual dicha parte saldría del proceso.
1500. La extromisión procesal opera cuando
1518. Contra documentos y peritos. En el primer caso por alguna causal de nulidad formal o falses, o inexistencia de la matriz. Y en el segundo caso cuando se configure algún supuesto del artículo 229o del Código Procesal Civil. Ejemplo. El absolutamente incapaz.
1519. En cualquiera que fuere el proceso, la oportunidad para formular la nulidad
es
la primera que se tiene desde que se tomó conocimiento de la existencia del vicio procesal. 1523. La oposición procede contra los peritos, inspecciones judiciales, exhibición de documentos y contra las declaraciones de parte. En los demás casos. no procedería (documentos y testigos).
85
DERECHO PROCESAL CIVIL
1577. Requiere sea voluntaria, entre un varón y una mujer libres de impedimento matrimonial, el objetivo es alcanzar finalidades y cumplir deberes semejantes a los del matrimonio, esta unión de hecho debe haber durado por lo menos 2 años continuos, esta puede probarse con cualquiera de los medios admitidos por la ley procesal, siempre que exista un principio de prueba escrita. La unión de hecho termina por muerte, ausencia, mutuo acuerdo o decisión unilateral.
1605. Como señala el artículo 203 del Código Procesal Civil, la fecha fijada para la audiencia de pruebas es inaplazable, si a la audiencia concurre una de las parles, ésta se realizará sólo con ella. Sin embargo, si no concurren ambas partes, el ¡uez dará por concluidc el proceso.
1631. En caso de apelación de sentencias, tendrá que motivar por escrito
su
desistimiento dentro del plazo de 5 dÍas de notificado el recurso de apelación (punto resolutivo 9 de la Directiva 005-2012-MP) o deberá sustentar oralmente en audiencia su desistimiento. En caso de apelación de autos necesariamente tendrá que concurrir a la audiencia y sustentar oralmente su desistimiento.
86
tv. DERECHO DE FAMILIA
7.
se considera niño a todo ser humano desde su concepción hasta cumplir ios doce años de edad y adolescente desde los doce hasta cumplir los dieciocho años de edad. Si existiera duda acerca de la edad de una persona, se le considerará niño o adolescente mientras no se pruebe lc contrario. Estos son sujetos de derechos, libertades y de protección específica, además, cumplen obligaciones. Estos gozan de los derechos específicos relacionados con su proceso de desarrollo, además, tienen capacidad especial para la realización de los actos civiles autorizados por la Ley.
9.
No obstante están impedidos de contraer matrimonio los adolescentes, el juez puede dispensar este impedimento por motivos justificados, siempre que los contrayentes tengan, como mínimo, dieciséis años cumplidos y rnanifiesten expresamente su voluntad de casarse. Para estos los menores necesitan del asentimiento expreso de sus padres, en todo caso lo harán los abuelos y las abuelas, en su defecto corresponde al juez de menores otorgar o negar la licencla supletoria.
10.
La regla general es que cuando los padres estén separaclos de hecho, la tenencia de los niños, niñas o adolescentes se determina de común acuerdo entre ellos y tomando en cuenta el parecer del niño, niña o adolescente. Sin embargo. de no existir acuerdo el juez resolverá teniendo en cuenta que si el hijo e-c menor de 3 años permanecerá con la madre.
11.
Señala el Código de Niños y Adolescentes en su artículo 222 que Ia acción judicial prescribe a los dos años de cometido él acto infractor, pero tratándose de una falta señalada en el Código Penal prescribe a los seis meses. Se debe considerar que el adolescente contumaz o ausente estará sujeto a las norrnas contenidas en el ordenamiento procesal penal.
12.
Las medidas socio-educativas tienen por objeto la rehabilitación del adolescente infractor, las más grave es la ubicada en el ariículo 235 del código de Niños y Adolescentes: la internación, la cual es una medida privativa de libertad que no excederá de 6 años. Esta se aplica solo cuando a) se trate de un acto infractor doloso, que se encuentre tipificado en el Código Penal y cuya pena sea nrayor de cuatro años. b) Por reiteración en la perpetración de otras infracciones graves. c) Por incumplimiento injustificado y reiterado de la mecjida socio-educativa impuesta.
24.
De acuerdo a la Ley No 30179 del c6.04.2014 a través de la cual se adiciona
el inciso 5 al artículo 2001 del código civil, se tiispone que prescribe. salvo
disposición diversa de la ley, a los 15 años, la acción 87
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proviene de pensión
DLFiÉ:Ci"l0
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:-A\{LLIA
alir¡enticia, dando una prolección r¡ás arnpl¡a a la facultad de ejercer ia acción rror el denrandante en esia nrateri;¡.
25.
Si bien la regi¿ general es que en cualqr.tier estadr: de la causa. hasta antes cie dictatJa !a resclución de seguncia :n-ctancia, el agraviac; puede des¡st¡rse o transigir, con lc que se Cará por feitectcio el oi'oceso, t:n ios procesos de faltas derivados de actos Ce violencia farrriliar" no. pues cor¡o señala expresantente la Ley N" 29990. no Lii'ocede ia transar:ciót: rt¡ c! desistirniento en estos casos.
26.
Quien terrqa legitir.ro intei'és en cbtener una der:laracion de patertridad puede
peCii'al jue; de paz letrado que ex¡:rcia reso¡uciÓn declarando la filiaciÓn demandada. En este rnismcl proceso podrá acumularse como pretensiÓn accesoria, la frjación de tlna r¡enlián aii;neniaria. Ce confcrmidad con lo estabiecido en el últinlo pái'raio 'lei artÍ:ulo E5 del Codlgo Pr"ocesal Civil. En este caso, e! iuee. ¿¡ciemás de excedir el rnar"rdato decla¡'atr:rio de paternidad
extramatrimonial, correrá irasi¡:rjo ai enr¡.!azado de Ia pi'etensión cle alinlentos. Ei empiazaclr..r tiene un pla.o no mavoi-a oiee días de haber'sido notificado válidamente pars oponerse y ansolver e,i traslado de la pretension de alimentos sujeti:ndose a ic estabiecido,,'n ei artíc¡r!o 565 del CÓdrgo Procesal Civil. Si el err.rpla;ado nc lorn-rrr!a oposrcior'r Cr.i¡ti-c del plazo de drez dias de haber sicjo notificado válrcanrente, el rnar:dato se convertirá en declaraciÓn judiciai de paternidad y el iuez dictar'á senienci¿a ¡-:ronunciándose s<¡bre la pretensiÓn de alimer'¡tos.
27.
Una vez conciuido e¡ proceso, sobre la i:ase de la propuesta que formulen las partes, el Secretario de .iuzgadc practicará la irquidactÓn de las pensiones devengadas V cle los inle!-es,r:i conrputacios a partir det día siguiente de la not¡ficaciórr de la Ccmar,da De ia l¡oui,Jación se coircederá traslado al obiigado por el plazo de tres días y con su co¡lestación o s¡n ella, el juez resoiverá. esta decisión es apelabie sin efecto suspen:ivo, tal como señala ei ariÍculo 568 del
L
28.
29.
U,
Cor¡c señala e! articuio 171 del Cóciig,.r {iei Niño y Adolesc;ente. si duranie
la
audiencia únic¿¡ el Cemandado aceptar-a Ia paternidarJ, el Jr-rez tiene por funciÓn tener por recLrnociCo al hrio, para elio enviará a la I'riunicipaliciad que corresponda, copia certificacia cie la pieza jr.rdicial respectiva, ordenando la inscripción dei recc¡nocimienio en la partrda correspon{i¡ente, sirr perjuicio de la continuación dei proceso.
Para emitir un prcnunciamierrto ai respectd, el magistrailo tendría que evaluar la sitr-iación económica (ingresos) del padre y ias necesidades del hijo ya que si bien este últimc cuenta con un oficlo de técnico en corrputación tio se especifica que Eenere ingresos éstos Ie aicance para cubrir sus necesidades básicas y "v adicional cubrii gaslos en :iu eiircaciÓn universitari,a. De subsistir el e.sta,.Jc rle necesrriad c.rqrie el ¡!rrrentista está :,iguiendo una profesión u ofi0ilr e,,lif¡¡samerrlt,, t! juez pc)Ci'ía ccnsiCerar INFUIiDADA la dernanda ;v 'Jispr:rte:r oue ll, obli,3acrori de prester" alirnc¡tos coniinúe vigente (A.rt .183, i¡itimo pái'¡aío, üC), De enco¡rtra¡-se .tl hiio sr] api;tirJ r:e e..i:t',¡..ter str pr'r:;riri sl¡l.rsistencia por contar con ingresos derivarjcs üel of,r;iii üt: ii,r-;,ric(.: dn coiili-lulacrcn y h:lbtendc¡ ciisminuido los ingresos Cei dern¡rniarrte se ,jeci:¿r:¡rá FUttlIADO el perlido Cei prcgenito;-
(Art. 483, prinrer
pári;fc
CC)
30. Como sc-:iala el ariic,-iic 4-;.36 del L;r-1n¡(io Civii ia o§lir;¿:sión
d€,'
prestar aiimentos
se extingi"re pc,r la rnur:l'ie ciei oi.riigadc o del alimentist¡i pe¡'o si el testador 8E
BANCO DE PREGUNTAS DESARROLLADO
estuviese obligado al pago de una pensión alimenticia conforme al artículo, la porción disponible quedará gravada hasta donde fuera necesario para cumplirla.
32. Como señala el artículo prorrateo de alimentos, primer emplazamiento. Arequipa quien conoció
570 del Código Procesal Civil, cuando se demanda el corresponde conocer del proceso al Juez que realizó el En este caso sería no el juez de Lima, sino el juez de del primer emplazamiento"
33. La liquidación se practica por el Secretario de Juzgado sobre la base de la propuesta que formulen las partes de las pensiones devengadas y de los intereses computados a partir del día siguiente de la notificación de la demanda,
atendiendo a lo ocurrido en el cuaderno de asignación anticipada. Las que se devenguen posteriormente, se pagarán por adelantado.
34. 1.
En los procesos de familia, como en los de alimentos, divorcio, filiación, violencia familiar, entre otros, el Juez tiene facultades tuitivas y, en
consecuencia, se debe flexibilizar algunos principios y normas procesales como los de iniciativa de parte, congruencia, formalidad, eventualidad, preclusión, acumulación de pretensiones, en atención a la naturaieza de los conflictos que debe solucionar, derivados de las relaciones familiares y
2.
personales, ofreciendo protección a la parte perjudicada, ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 4 y 43 de la Constitución Política del Estado que reconoce, respectivamente, la protección especial a: el niño, la madre, el anc¡ano, la familia y e! matrimonio, asi como la fórmula politica del Estadcr democrático y social de Derecho. En los procesos sobre oivorcio -y de separación de cuerpos- por la causal de separación de hecho, el Juez tiene el deber de velar por la estabilidad económica del cónyuge que resulte más perjudicado por la separación de
hecho así como la de sus hijos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 345-4 del Código Civil. En consecuencia, a pedido de parte o de oficio señalará una indemnización por daños, el que incluye el daño a la persona, u ordenará la adjudicación
preferente de bienes de la sociedad conyugal, independientemente la pensión de alimentcs que pudiera ccrresponderle. El daño rnoral
3.
de es
indemnizable y se halla comprendido en el daño a la persona. Respecto a la indemnización pctr daños o la adjudicación preferente de bienes de la sociedad conyugai:
3.1. A pedido de parte, podrá formulErse tal pretensión en los
actos
postulatorios, ya sea en la denlanda como pretensión accesoria o en la reconvención, según sea el caso, salvo renu¡ncia expresa del interesado. El pedido también es procedente después de los actos postulatorios.
3.2. De oficlo, e! Juez de primera
instancia se pronunciará sobre estos puntos, siempre que ia parte interesada haya alegado o expresado de alguna forma hechos concretos referidos a los ps¡j¡i6¡ps resultantes de la separación de hecho o del divorcio en sí Aquelios hechos pueden ser alegados o expresados incluso despues de los actos postulatorios. En estas hipótesis, el Juez concederá a la otra parte la oportunidad razonable de pronunciarse sobre aquellos hechos y de ofrecer la prueba pertinente. Si ya se llevó a cabo la audiencia de pruel'las. los
3.3.
medios probatorios que se ofrezcan serán de act,-¡ación inn'¡ediata. En el estado correspondiente del procesc. ¡; de ser ei caso, el Juez debe fijar como parte de los puntos controvert¡dos los extren'os va mencionados.
89
DERECHO DE FAMILiA
3.4.
En todc caso el Juez se pronunciará sobre ia existencia de la condición
de cónyuge mas perjudicado de una de las partes según se haya forrlulado -y probado- la pretensión o la alegación respectiva, o scb¡-e la inexistencia
3
5.
c1e aquella condición, si no existiera elementos de co¡rvicción necesarios para ello En el trámite señaiado. se garantizará el derecho a la tutela jurisdiccional efect¡va !, ei del;ido proceso padicularmente el derecho de defensa de las partes, e! principio de contradicción y el derecho a la instancia
olLtral.
4
Para una decisión de oficio o a instanc¡a de parte sobre la indemnización o ad.prclicaciórr de bienes. del proceso debe verificarse y establecerse las pruetias, prcsunciones e ¡nCicics que rcred¡ten l¿; ccndición de cónyuge más perludicado a ;cnsecuencia de Ia separaoión de hecho o del divorcio en sí. El Juez apreciará, en el caso concreto, si se ha establecido algunas de las s;iguientes crrcunstanc¡as: a) el gi"ac¡o úe afectación emocionai o psicológica; b) la te;renci,? y custüdia Ce hecho de sus hiios rnenores de edad y la
dedicación ai hogar; c) si dicho cónyuge luvo que demandar alimentos para éi 1v::us hijos menores de edac, ante e i incumplimiento del cónyuge obligacio;
d) si ha qlredadc
5
er-r
!'espectiva airarezca
6.
35
una trr¿ln¡flesta situación económica desventajosa
y
perjudiüial con relacicn al oti-c cónyuge y a la situación que tenía durante el nratri¡lonic, entre otras crrcunstancia relevarrtes. E! Juez Superior iniegrará la resolución impugnada de primera instancia cuar¡do se harya onriiirlc¡ pronunciamiento expreso sobre la existencia o inexisiencia dei conyuge niás perjudicado. siempre que la funcjamentación
de alguna fornra en la parte consideraiiva de
la
senie¡¡ci¿l apclada. de ccrrftirnri:leC con lo oispuestc en el artícuio 370 del Código Procesal Civil. La indemnización o l;.: adjLriiicaciórr de bienes tiene la naturaleza de una
obligación Iegal. cuya iinaijdad e s corregir un evidente desequilibrio econó¡¡rco e indernniza¡ el dañc a la persona, resultante de la separación de her.;ho o del divorcio en si; su fundamento no es ia responsabilidad civil r:ontraciua! c extraccni¡-actirol sino la equldad y ia soliiJaridad familiar.
3e corrsidera alimentos Ic necesario para elsustento, habitación vestido, educación, instrucción y capacitación para el trabajo asistencia inédica y recreación del
niño o del adoiescente. También las gastos del embarazo de ia madre desde la conce¡:ción hasta ia etapa de postpado. Es obiigación de los padres prestar a!imentos a sus hijos. Por ausencia de los'padres o desconocimiento de su perader,). prestan alinlenlos en el orden de prelación sigr.riente: 1. Los hermanos mayores de eCacl. 2. Los abueios. 3. Los parientes colaterales hasta el tercer grada.4. Otros responsables del niño o del adolescente. La obligación alinrentaria de los padres ccntinúa en caso c1e suspens:ión o pérdida de la Patria Potestad. 36.
Ei drrrer:ho a ia alirnentacion a
por ia rnuerte del alimentante o del intransigibie, inconrpensable y se alimenfista: la perisiórr a!imenlicia"¡1ipgile es incrnhargab¡e, determinable, variabie, circun-qtancial y s+ ertir:oire por oiesci';pciólr. (lvlinistr-:rio de la l,4ujer v Cesar¡'ollo sociai 'Sit,-iacrrin ilci Deiecii,: Afrnrentario: Ava¡rces y IJesafios, Boletín Trimesiral. N -?,2rj11 L.ima, p 21). 90
BANCO DE PREGUNTAS DESARROL.ADO
37.
Según el artículo 92 del CNA señala que se consiciera alimentos lo necesario para el sustento, habiiación, vestido, educación, insirucción y capacitación para el trabajo, asistencia médica y recreación del niño o del adoiescente. También los gastos del embarazo de la madre desde la concepción hasta la etapa de postparto.
Asimismo, ei artícuio 92 del CNA dispone que es obligación de los pacires p!'estar aiirnentos a sus hijos. Por ausencia de lcs padres o ilesconocimiento de su paradero. prestan alimentos en el orden de prelación siquientes. 1. Los hermanos mayores de edad; 2. Los abuelos; 3. Los panentes cclaterales hasta el tercer grado; y 4. Otros responsables del niño o dei adolescente. 38.
1
.
El proyecto de iey
N' 2647-2013 establece
la unión civil no matr"imonia! r:ara
personas del mismo sexo. entiende a la unión civil, en su primer artículc corno la unión voluntaria conforrnada por dos personas del i¡ismo sexo con el fin de establecer y garantizar derechos y deberes, el uno para con el r:tro. El artÍcu!o 4 de esta, prescribe que los rniegrantes tienen derecho a formar
una sociedad de gananciales a padir del rnoinentr: en que se inscribe ia
2.
declaración (... ). Los compañeros oviles recibirán el nrismo tratamiento
5t
tendrán los misnlos
derechos que un pariente de primer grado. casos: Visitas a hospitales, centros médicos, etc.: toma de decisiones para el inioo de tratamientos quirúrgicos de emergencia, cuando el otro inteürante no pueda expresar su voluntad; visitas íntimas en centros penitenciaiios: recibir alimentos del otro integrante de la unión c'ivil, derecho de habitación, r,italicio y gratuito, adquirir nacionalidad peruana luego de dos años de celebrada !a unión civil, el acceso a atención de salud de la pareja en ESSALUD y EPS, cobertura de seguros, pensión de invalidez de ESSALUD, pensiones de sobrevivencia; inscribir el cambio del estado civil en el REI'JlEC, los integrantes de ia unit-rn civil no matrimonial recibirán prctección contra la violencia f;.lrrriliar y otrcs beneficlos de promoción sociai que r¡ueda brindar el Estado, especialmenie los programas de acceso a la vivienda.
39.
El Código del Niño y adoiescentes. en el artículo
1'1
5. Señala que Ia Adopción es
una medide de protección al niño y al adolescente por la cuial, bajo la viqiiancia del Estado, se establece de manera irrevocable ia reiación paterno-filial entre personas que no la tienen por naturaleza. En consecuencia, el acioptado adquiere la calidad de hijo del adoptante y deja de pertenecer a su familia cor¡sanq,rínea. Para la Adopción de niños o de adolescenJes se reouiere que hayan sido declarados previamente en estado de abandóno (Artículo 117.- Requisitos) sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos señalados en el Artículo 378 cei Código Civil, Que el adoptante goce de solvencia moral, edad dei adoptante sea por lo menos igual a la suma de Ia mayoridad y la del hijo por adoptar, cuanCo el acloptante sea casado conGLrrra ei asentimrento r-Je su cóni'uge, ei adoptaCc preste su asentimiento si es mayor de diez gños. Que esientan los peCres del adoptado si estuviese bajo su patria potes;tacl o bajo su curalel¡, se oiga al tutoi o al curadcr del adoptado y al consejr: de familia si e! aCoptado es incaoaz. 40.
La prueba genética es irnporlante a efec:tos cie pr,:bar ia fili;lción i:cr elio t-.i denlandado podrá soiicitar la aplicación de la prueba gr:nética u <¡tra de i¡alicez cientifica corr igual o mayor grado de certeze. Sin r:nrl-.argc. ia:rbiérr podrá accionar ante el n r¡srno juzgado que conoció riel proci:so cie alirrer:tcs el aeisü cjL" la obligación alimentaria ei demanda
DERECHO DE FAMILIA
4'1. En el caso de los procesos por alimentos existe
competencia especial,
regulado en el artículo 560 del Código Procesal Civil, por el cual corresponde el conoclmiento del proceso de alimentos al Juez del domicilio del demandado o del demandante, a elección de éste último. Sin embargo, a pesar de con cumplirse esto, el juez declara infundada la apelación, esto se debe a que el segundo párrafo de esta norma señala que el Juez rechazará de plano cualquier cuestionamiento a la competencia por razón de territorio.
42.
Se debe tener en cuenta que el adículo 482 del Código Civil señala que
Ia
pensión alinlenticia se incrementa o reduce según el aumento o la disminución que exDerimenten las necesidades del alimentista y las posibilidades del que debe prestarla, por ello cuando el monto de la pensión se hubiese fijado en un porcentaje de las remuneraciones del obligado, no es necesario nuevo juicio para reajustarla, pues dicho reajuste se produce automáticamente; sin embargo, cr.¡ando se ha determinado mediante un monto fijo esto no ocurre.
50.
Es un principio que los cónyuges se obligan rnutuanlente por el hecho Cel matrimonio a alimentar y educar a sus hijos. Sin embargo, esto no puede ir en contra de otros derechos como la libertad de trabajo reconocido en el artículo 293 del Código Civil, por este cada cónyuge puede ejercer cualquier profesión o industria permitidos por la ley, asÍ como efectuar cualquier trabajo fuera del hogar, pero esto con el asentimiento expreso o tácito del otro. Sin embargo, si uno de ellos lo negare, el juez puede autorizarlo, si así lo justifica el interés de la familia.
63. Como señala el artículo 204 del Código del Niñc¡ y el Adolescente, en mérito a las diligencias realizadas el Fiscal podrá: a) Solicitar la apertura del proceso. b) Disponer la Remisión. c) Ordenar el archivamiento, si considera que el hecho no constituye infracción.
68.
La regla general es que ccuando los padres estén separados de hecho, la tenencia de los niños, niñas o adolescentes se determina de común acuerdo entre ellos y tomando en cuenta el parecer del niño, niña o adolescente. Sin embargo, de no existir acuerdo eljuez resolverá teniendo en cuenta que si el hijo es menor de 3 años permanecerá con la madre.
99.
El Código de Niños y Adolescente en el arl. 242 señala que esta medida de protección está destinada a los menores que cometen infracción a la ley penal.
101. Víctima de delitos contra la libertad sexual yfo indemnidad sexual.
102. En casos de violencia familiar contra el menor. 103. La facultad que tiene el juez de integrar el petitorio con las pretensiones accesorias previstas por la ley en los procesos en materia de familia, constituye una excepción al Principio de Congi'uencia. Se ha establecidc como caracteristica de los prccesos de estado de familia el de ser una excepción al principio dispositivo o de iniciativa de parte, y que en tal sentido se le otorgan facultades extraordinarias al juzgador para concretar las finalidades ciel proceso y dar s<-llucion efectiva al caso.
Llna de esas pctestades es precisanrente la de rntegrar el petitorio con pretensiones sobre las cuales es necesario emitir un pronunciamiento porque afectan a Ios hijos o al régimen patrimonial que se pretende disolver. Ejemplos representativos scbre la acumulación de pretensiones en materia cle familia son el relativo a la separacrón de cuerpos o divorcic, conforme a los términos que señalan los artículos 34A y 342 del Código Civil y el artículo 483 del Código 92
BANCO DE PREGUNTAS DESARROLLADO
Procesal Civil, en concordancia con el artículo 87 in fine del mismo cuerpo normativo; también en el caso de invalidez del matrimonio según lo establece el artículo 282 del Código Civil y en los procesos por patria potestad, tenencia y régimen de visitas a que se refiere el articulo 137 del Código de los Niños y Adolescentes.
En consecuencia, el Juez de familia está facultado, en principio, para integrar la demanda con las pretensiones accescrias previstas expresamente por la ley, y en este sentido podrá hacerlo hasta el momento de fiiar los puntos controvertidos. Particularmente tamb¡én podrá integrar como punto controvertido la indemnización o aiternativamente Ia adjudicación preferente de un bien de la sociedad de gananciales.
También es necesario puntualizar que en esta !ínea de flexibilización del principio de congruencia nuestro ordenamiento procesal civil admite casos de acumulación tardía y de acumulación tácita. Así podemos verificar que en la última parte del arliculo 87, moclificado por Decr'eto Legislativc 1C70. dispone que: a) si no se demandan pretensior.res accescrias, sólo pueden acumularse ésras hasta antes de! saneamiento del proceso, b) cuandn la accesoriedad esta expresamente prevista por la ley, se consideran táci[amente integradas a Ia demanda.
137. Según el artículo 53 de la Ley Orgánica del Poder Judicial los Juzgados
de
Familia conocen: 'En materia de infracciones:
a)
t-as infracciones a la ley penal cometidas por niños y adolescentes comr: autores o como partícipes de un hecho punible tipificado como delito o falta".
138. En un proceso sobre Patria Potestad. según el artículo 80 del Código de
los
Niños y Adolescentes:
-
El Juez especializado de Familia, en cualquier estado de la causa, pondrá
al niño o adolescente en poder de algún mienrbro de la familia o persona distinta que reúna las condiciones de idoneidad, si fuera necesario. con
conocimiento del Ministerio Público. El Juez fijará en la sentenc¡a la pensión de alimentos con que debe acudir el obligado. Cuando el niño o el adolescente tienen bienes propios, el Juez procederá según las normas contenidas en el Código Civil.
-
139. El Ministerio Público es el titular de la acción y como tal tiene la carga de
la
prueba en los procesos al adolescente infradtor. En este caso puede solicitar el apoyo de la Policía (Art. 139 del Código de los Niños y Adolescentes).
194. Se deben actuar los medios probatorios ofrecidos y actuados en el proceso. 247
.
Arl. 14 de la directiva, estos son los indicadores: Sexo Edad Dependencia económica respecto del aEresor Reiteración de las agresiones Existencia de hijos menores de edad f) Estado civil g) Cumplimlento de la obligación alimentaria h) Permanencia en el hogar i) Estado de salud físico o mental
a) b) c) d) e)
93
DERECHO DE FAIVILIA
248. Está determinada por el lugar de los hechos o por el domicilio de 249. Carácler temporal. 251. Citar
la víctima.
por segunda oportunidad con mención de ser conducido de grado o'fuerza.
252. la medida cautelar se limita al trámite del proceso, la medida de protección se puede plantear inclusive en la etapa de ejecución de sentencia.
254. lnformar sobre los derechos que le asisten a la víctima. 255. No se puede impugnar la decisión fiscal, se debe solicitar la nulidad de
la
decisión fiscal en proceso judicial.
256. Recibida
la petición o apreciados Ce oficio los hechos, el Fiscal debe dictar en el término de 48 horas, bajo responsabilidad, las medidas de protección inmediatas que la situación exija. Las medidas de protección inmediatas que se adoptan a solicitud de la víctima o por orden del Fiscal incluyen, sin que la enumeración sea limitativa, el retiro del agresor del domicilio, prohibición de comunicación, acercarniento o proximidad a la víctima en cualquier forma. suspensión temporal de visitas, inventarios sobre sus bienes, suspensión del derecho de tenencia y porte de armas, y otras rnedidas de protección inmediatas que garantlzan su integridad física, psíquica y moral. Parala ejecución de estas medidas, debe solcitar el auxilio de la fuerza pública si fuera necesario. Asimismo, el Fiscal puede solicitar la detencrón del agresor ante ei Juez Penal competente (Art. 10 DECRETO SUPREMO N'006-97-JUS).
258. Se remite copias a la Fiscalía Penal por desobediencia
y resistencia a la
autoridad.
260. Se considera sujeto pasivo del delito de feminicidio a la mujer. 261
.
Si la victima es: a) Menor de edad. b) Si estaba en estado de gestación. c) Si se encontraba bajo cuidadc o responsabilidad del agente.
d) Si la víctima fue sometida previamente a violación sexual o e)
f)
actos de
mutiiación. Si la victima padeciera de alguna discapacidad. Si la víctima fue sometida para fines de tfata de personas.
316. Conforme al Tercer Pleno Casatorio Civilt Respecto a la indemnización por daños o la adjudicación preferente de bienes de la sociedad conyugal: "3.1 . A pedido de parte, podrá formularse tal pretensión en los actos postulatorios, ya sea en la dernanda como pretensión accesoria o en Ia reconvención, según sea el caso, salvo renuncia expresa del interesado. El pedido también es procedente después de ios actos postulatorios. 3.2. De oficio, el Juez de primera instancia se pranunciará sobre estos punfos, s¡empre que la parle interesada haya alegado o expresado de alguna forma hechos concretos referidos a los perjuicios resultantes de la separación de hecho o del divorcio en sí. Aquellas hechos pueden ser alegados o expresados incluso después de los acfcspostulatorics. En esfas hipótesis, el Juez concederá a la otra parle la oporlunidad razonable de pronunciarse sobre actuellos hechos v de ofrecer la prueba pertinente. Si ya se llevó 94
BANCO DE PREGUNTAS DESARROLLADO
a cabo la audiencia de pruebas, los medios probatorios que se ofrezcan serán de actuación inmediata."
325. Los procesos de adición o cambio de nombre por motivos justificados
es
competencia de los Juzgados de Paz Letrados.
326. Son absolutamente incapaces:
a) b)
Menores de 16 años. Los que se encuentren privados de discernimiento.
327. Juan puede pedir la suspensión de la obligación alimentaria; María puede pedir la suspensión del régimen de visitas por incumplimiento de pago de alimentos (según sea el caso, según la pregunta).
328. Las causales de indignidad son:
a) b) c) d)
Autor o cómplice de delito doloso cometido en agravo de los descendientes o cónyuge del causante o contra el mismo causante. Por haber sido sentenciado por cometer calumnia contra el causante. Los que hubiera empleado dolo o violencia para impedir que el causante otorgue testamento o lo modifique o lo genere. Los que hagan uso de un testamento falsificado.
329. Si es posible, por el domicilio del demandante. 335. El consejo de familia es un órgano superior que se encarga del cuidado y administración de los intereses de las personas mayores incapaces y menores de edad que no tienen progenitores. Una vez declarada la interdicción se debe nombrar un administrador al que lo llaman CURADOR quien tiene que rendir cuentas al CONSEJO DE FAMILIA y al JUEZ de ser necesario sobre la marcha de negocios e inversiones.
336. La tenencia compartida, en un sentido genérico, es un sistema que consiste en reconocer a ambos padres el derecho a tomar las decisiones y distribuir equitativamente las responsabilidades y deberes inherentes al ejercicio de la responsabilidad paternal, según sus distintas funciones, recursos, posibilidades y características personales. Este sistema permite, por un lado, conservar en ambos progenitores el poder de iniciativa respecto de las decisiones que conciernen a sus hijos aún luego de la ruptura matrimonial. Por otro lado, apunta a garanlizar mejores condiciones de vida para los hijos al dejarlos fuera de las desavenencias conyugales. Según el artículo 81 del CNA, de no existir acuerdo o si éste resulta perjudicial para los hijos, la tenencia la resolverá el juez especializado dictando las medidas necesarias para su cumplimiento, pudiendo disponer la tenencia compartida, salvaguardando en todo momento el interés superior del niño, niña o adolescente.
337. SÍ procede, si la demandante es la víctima del abandono injustificado. 342. Pero y María Gracia ya tienen capacidad absoluta pase lo que pase por haber contraÍdo matrimonio.
351. Jorge puede adoptar al hijo de María, para ello debe solicitarlo ante el luez competente y cumplir los requisitos de la adopción enumerados en el artículo 378 del Código Civil.
362. cumplir con los requisitos de admisibilidad de la demanda conforme a artículos 424 y 425 del Código Procesal Civil.
95
los
DERECHO DE FAIVILIA
363. Subsiste la obligación de proveer al sostenimiento de los hijos e hijas solteros mayores de dieciocho años que estén siguiendo con éxito estudios de una profesión u oficio hasta los 28 años de edad; y de los hijos e hijas solteros
que no se encuentren en aptitud de atender a su subsistencia por causas de incapacidad fÍsica o mental debidamente comprobadas (A1L. 424 C.C.).
366. Carmen Rosa deberá solicitar vía judicial el Régimen de visitas para ver a sus nietos conforme al articulo 90 del CNA.
368. Custodia del menor o un régimen de visitas. 372. Tachas, excepciones o defensas previas (Art. 170 CNA). 395. Juan el hijo de Antonia puede demandar directamente por alimentos a su padre en virtud de estar siguiendo estudios de una profesiÓn en una universidad privada hasta los 28 años, siempre y cuando éstos sean exitosos, Ia demanda deberá interponerse ante el Juez de Paz Letrado (Artículo 424 del Código Civil).
415.
15 años, según modificatoria del artículo 2001 del Código Civil a través de la Ley
N' 30179(06.04.2014). 420. Através de una Proceso de lnterdicción. Ésta es una acción judicial por la cual
a
una persona se le declara incapaz de ejercer sus derechos civiles por sí misma. Pueden ser objeto de interdicción: Los que, por cualquier causa se encuentran privados de discernimiento. Los sordomudos, los ciegosordos y los ciegomudos, que no pueden expresar su voluntad, de una manera indubitable. Los retardados mentales. Los que adolecen de deterioro mental que les impide expresar su libre voluntad. Los pródigos. Los que incurren en mala gestión. Los ebrios habituales. Los toxicómanos.
423. Él representante legal del incapaz y, a falta de aqué|, por cualquiera de sus parientes hasta el 4" grado de consanguinidad o segundo de afinidad inciso '1 del C.P.C).
(
1L.
827
424. la declaración judicial de convivencia o unión de hecho tiene como propÓsito el cautelar los derechos de cada conviviente sobre los bienes adquiridos durante la unión, entendiéndose que por esta unión de hecho se ha originado una sociedad de bienes sujeta al régimen de sociedad de gananciales, en cuanto fuera aplicable. Los requisitos que se exigen para instaurar un proceso judicial de reconocimiento
de convivencia son los descritos en el artículo 326 del Código Civil: unión libre y voluntaria entre un varón y una mujer, Iibres de impedimento matrimonial, la convivencia debe tener una duración minima de 2 años continuos y debe gozar de notoriedad y publicidad por terceros. El luez competente es el Juez de Familia y se tramita en la vía del proceso de conocrmiento.
En el caso de Juana
y
Enrique, la demanda planteada por la primera será
declarada fundada por cumplir con los requisitos exigidos por la ley.
425. Juez Especializado, en ausencia de éste, Juez Mixto. 426. En este caso para demandar separación convencional y divorcio ulterior Pedro
y Luisa deberán hacerlo de manera conjunta debido a que debe existir mutuo
consentimiento (Arts. 344C.C,578 C.P.C), lo que no sucede ya que el interesado en el divorcio es Pedro por tanto éste tendría que esperar completar los 04 años de separados para demandar el divorcio por causal de separaciÓn de hecho ya que existe un hijo menor de edad. (Art. 333 inciso 12C.C.)
96
BANCO DE PREGUNTAS DESARROLLADO
440. Abandono moral y material. 441. Eljuez impone multas compulsiva y progresiva, con el objeto de que se cumpla el mandato.
447. Raquel realiza una limitación al régimen de visitas y puede
ser forzada a cumplir
con lo acordado ante el Ministerio Público.
448. En reiterada jurisprudencia la Corte Suprema viene admitiendo la posibilidad
de que proceda la impugnación de paternidad en este caso, aunque haya transcurrido el plazo de caducidad prevista en el artículo 400o del Código Civil, ello al realizar la aplicación del Control Difuso del citado dispositivo legal, y dando preferencia al Derecho Fundamental a la ldentidad
451. José Rivas puede pedir el prorrateo de la pensión y con ello reducir la pensión de alimentos a favor de sus hijos mayores. en un nuevo proceso.
515. Pregunta sin alternativas para plantear una respuesta Eventualmente se debe considerar el art. 84 del CNA, que señala que la tenencia será otorgada al progenitor que permite el contacto con el otro progenitor
516.
Para que la unión de hecho dé lugar a derechos sucesorios es requisito que reúna
las condiciones señaladas en el artÍculo 326 del Código Civil (unión voluntaria entre varón y mujer libres de impedimento matrimonial con una duración de por lo menos 02 años) y se encuentre vigente al momento del fallecimiento de cualquiera de sus miembros (Art. 2 Ley N" 30007 Pub. 17.04.2013).
5't7. Se inscriben:
a) Declaratoria de incapacidad. b) Declaratoria de desaparición, ausencia, muerte presunta. c) Sentencias de inhabilitación. d) Actos de discernimiento de curadores. e) Resoluciones que rehabiliten a los interdictos en sus derechos.
f)
Declaratoria de nulidad de matrimonio. de patrimonios. concursal. Nombramiento de tutor o curador. lnscripción de unión de hecho.
g) Acuerdo de sepai'ación h) lnicio de procedimiento
i) j)
532. El hijo de uno de los cónyuges o concubinos puede ser adoptado por el
otro.
En tal caso, lleva como primer apellido el del padre adoptante y como segundo el de la madre biológica o, el primer apellido del padre biológico y el primer
apellido de la madre adoptante, según sea el caso $rt. 22, último párrafo, del C.C. modificado por el artículo único de la Ley N" 30084).
539. A la fijación de un monto indemnizatorio, alimentos, adjudicación preferente de bienes sociales, que requieren la identificación de un cónyuge perjudicado, a quien eljuez por mandato de ley deberá proteger, hecho que tiene que objetivarse legalmente en el proceso, pero no a partir de un acto de buena voluntad sino que procesalmente requiere invocación, debate probatorio, contradictorio,
congruencia, que determinen al perjudicado, el perjuicio y la reparación en su quantum y forma.
540. Según el artículo 77 del CNA se extingue la patria potestad:
a) b)
Por muerte del padre o hijo Por mayorÍa de edad del hijo
97
DERECHO DE FAI\,{ILIA
c) d) e) f)
Por Por Por Por
declaración judicial de abandono haber sido condenado por delito doloso cesar incapacidad del hijo reincidir en causal que generó suspensión de la patria potestad
545. Curador. 553. Las edades mínimas requeridas para autorizar el trabajo de los adolescentes son las siguientes: 1. Para el caso del trabajo por cuenta ajena o que se preste en relación de
2.
dependencia: a) 15 años para labores agrícolas no industriales, b) 16 años para labores industriales, conlerciales o mineras; y, c) '1 7 años para labores de pesca industrial.
Para el caso de las demás modalidades de trabajo la edad mínima es de 15 años. Por excepción se concederá autorización a partir de los 12 años, siempre que las labores a realizar no perjudiquen su salud o desarrollo, ni interfieran o limiten su asistencia a los centros educativos y permitan su participación en programas de orientación o formación profesional.
555. "La doctrina de protección integral se asienta en el interés superior del niño
(artículo 3o de la Convención de los Derechos del Niño), cuyo fin y forma de interpreiación es "( ) la plena satisfacción de sus derechos. El contenido
del principio son los propios derechos: interés y derechos, en este caso, se identifican. Todo "interés superior" pasa a estar mediado por referirse
estrictamente a lo "declarado derecho"; por su parte, sólo lo que es considerado derecho puede ser "interés superior''. ("..) 9. Que este Tribunal ya ha tenido oportunidad de pronunciarse sobre Ia protección integral del niño, mediante una lectura orospectiva del artículo 4 de la Constitución. AsÍ ha referido que "la tutela permanente que con esta disposición se reconoce tiene una base justa en lo que se ha señalado como interés superior del niño y del adolescente, doctrina que se ha admitido en el ámbito juridico como parte del bloque de constitucionalidad del mencionado articulo 4o, a través del artículo lX del Titulo Preliminar del Código de los Niños y Adolescentes y, en el espectro internacional, gracias al principio 2 de la Declaración de los Derechos del Niño y al artículo 3o, inciso 1 de la Convención sobre los Derechos del Niño". 10. Que, de esta forma. los elementos principales de una doctrina de protección integral viene a ser, entonces:
a)
La consideración del niño y el adoleseente como sujetos de derechos y no como meros objetos de protección. Estos derechos incluyen todos los consagrados en la Constitución y los tratados internacionales ratificados por
b)
el Perú. La obligación de la sociedad y del Estado en la adopción e implementación de políticas públicas, de carácter prioritario, en materia de educación, salud, deporte, cultura, esparcimiento, seguridad pública, justicia, trabajo, producción y consumo hacia el niño y adolescente. De forma complementaria, se establece la necesidad de que se adopten planes especiales sobre temas especiales enfocados hacia la infancia y adolescencia, tales como la trata de
c)
personas, programas de adopción, trabajo infantil, entre otros. Un sistema de protección basado en la Constitución y la ley, y a través del cual no es el niño o el adolescente los que se encuentran en una situación
irregular, sino que son las instituciones, públicas o privadas, las que se encuentran en tal condición por no poder satisfacer las necesidades de aquellos.
98
SANCO DE PREGUNTAS DESARROLLADC
d) e)
f)
El diseño de un sistema de responsabilidad penal especial para aquellas personas menores de dieciocho aiios (de acuerdo con el Art. 1 de Ia Convención) que entren en co¡¡sión con la ley penal. Un sistema de responsabilidad penal juvenil que desarrolle un mecanismo de pesos y contrapesos, en Ia cual el juez, la defensa y el Ministerio Público tienen atribuciones y funciones deterininadas por la ley. En el ámbito penal. se asegura el respeto al principio de igualdad, sustituyendo "el binomio impunidad-arbitrariedad por el binomio severidad-justicia". En casos excepcionales, se permite una privación de ia libertad pero bajo
un régimen especial de acuerdo con la Constitucion, ia Convención de los Derechos del Niño y demás rnsirumentos internacionales". (STC Exp. No 03247 -2008-P
H
C/TC-
C
uzco ).
556. Las previstas en el artículo 333o dei Codigo Civil. Una pretensión de esta nafuraleza no disLrelve el vínculo matrimonial, sólo suspende los deberes de cohabitación entre los cónyuges, además que pone fin al régimen patrimonial. Causales: a) Adulterio b) Violencia física o psicológica c) Atentado contra la vida del cónyuge d) lnjuria grave e) El abandono injustificado de la casa por más de 2 años f) Conducta deshonrosa g) Uso habitual e injustificado de drogas alucinógenas h) Enfermedad grave de transmisión sexual contraída después del matrimonio i) Homosexualidad sobreviviente al matrimonio j) Condena por delito doloso k) lmposibilidad de hacer vida en común l) Separación de hecho por más de 2 años (s¡n h¡jos) y 4 (con hijos) ll) Separación convenc¡onal
557. La sociedad de gananciales fenece cuando se produce alguno de los supuestos previstos en el artículo
3'1
80 del Código Civil (divorcio. muerte, separación de
cuerpos, etc.). Y dicho fenecimiento produce efectos según las siguientes reglas: Entre los cónyuges: - Desde la muerte o declaración de muerte'presunta o de ausencia. - Con la notificación de la demanda, en los casos de invalidez de matrimonio, divorcio, separación de cuerpos o separación judicial de bienes. - En la fecha de la escritura pública, cuando la sociedad de gananciales fenece por acuerdo de los cónyuges. - En los casos de abandono injustificado del hogar conyugal o separación de hecho, la sociedad de gananciales fenece desde el momento en que se produce la separación. Entre los terceros: Desde la inscripción en el Registro Personal.
562. En vía de excepción, podrán iniciar acción judicial de adopción ante el Juez especializado, inclusive sin que medie declaración de estado de abandono del niño o del adolescente, los peticionarios siguientes (Art. 128 CNA): 99
DERECHO DE FAMILIA
a)
El que posea vínculo matrimonial con el padre o madre del niño o el adolescente por adoptar. En este caso el niño o adolescente mantienen los vinculos de filiación con el padre o madre biológicos;
b)
El que posea vínculo de parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad con el niño o adolescente pasible de adopción; y El que ha prohijado o convivido con el niño o el adolescente por adoptar, durante un período no menor de dos años.
c)
564. Cualquier interesado y el Ministerio Público pueden impugnar el nombramiento de tutor efectuado con infracción del artÍculo 515.
y participación diaria y obligatoria del adolescente en el Servicio de Orientación al Adolescente a cargo
565. La Libertad Restringida consiste en la asistencia
de la Gerencia de Operaciones de Centros Juveniles del Poder Judicial, a fin de sujetarse al Programa de Libertad Restringida, tendente a su orientación, educación y reinserción. Se aplica por un término máximo de doce meses (Art. 234 CNA).
573. Se considera pandilla perniciosa al grupo de adolescentes mayores de
12 años y menores de 18 años de edad que se reúnen y actúan en forma conjunta, para lesionar Ia integr"idad física o atentar contra la vida, el patrimonio y la libertad sexual de las personas, dañar bienes públicos o privados u ocasionar desmanes que alteren el orden público (Art. 193 CNA).
al artículo 448 del Código Civil los padres necesitan también autorización judicial para practicar. en nombre del menor, los siguientes actos: 1.- Arrendar sus bienes por más de tres años. 2.- Hacerpartición extrajudicial. 3.- Transigir, estipular cláusulas compromisorias o sometimiento a arbitraje. 4.- Renunciar herencias, legados o donaciones. 5.- Celebrar contrato de sociedad o continuar en la establecida. 6.- Liquidar la empresa que forme parte de su patrtmonio. 7.- Dar o tomar dinero en préstamo. 8.- Edificar, excediéndose de las necesidades de la administración. 9.- Aceptar donaciones, legados o herencias voluntarias con cargas. 'l 0.- Convenir en la demanda.
574. Conforme
575. La definición de Adopción es la que obtenemos del Código de Niños
y
Adolescentes, el cual en su artículo 1'1 5 pretcribe: La Adopción es una medida de protección al niño y al adolescente por la cual, bajo la vigilancia del Estado, se establece de manera irrevocable la relación paterno-filial entre personas que no la tienen por naturaleza. En consecuencia, el adoptado adquiere la calidad de hijo del adoptante y deja de pertenecer a su familia consanguínea.
576. Es nulo en todos los supuestos previstos en el artículo
2740 del Código Civil. Se precisa que alguno de los supuestos contemplados en el citado artÍculo admite la posibilidad de que el matrimonio, nulo al principio, pueda convalidarse. Dichos supuestos se identifican cuando están sujetos a plazo de caducidad, momento en el cual precisamente, si no se ejercitó la acción de nulidad, el matrimonio nulo se convalida.
Es nulo el matrimonio: '1
.- Del enfermo mental, aun cuando la enfermedad se manifieste después de celebrado el acto o aquél tenga intervalos lúcidos. No obstante, cuando el 100
BANJCO DE PRÉC]i.JNTAS DESARROLLADC
enfermo ha recobrado la pier:itud de sus facultacjes, la acción corresponde
2.
exclusrvamente al cónyuge perjirdicaclo y caduca si nc se ejercita dentro del plazo de un año a partirdel día en que cesó la incapacidad. Del sordomucjo. del ciegcsordo y del ciegomudo que no sepan expresar su voluntad de manera indubitable.
Empero. si aprenden a expresarse sin lugar a duda, es de aplicación lo
3.
dispuesto en el inciso 1. Del casado. No obstante, s; el primer cónyuge del bigamo ha muerto o si el primer nratrirnonio ha sido invalidadr-¡ o disuelto por divorcio, sólo el segundo cónyuge del bígamo puede Cemandar la invalidación, siempre que hubiese actuado de buena fe. La acción caduca si no se interpone dentro del plazo de un año desde el ciía en que tuvo conocrnliento dei nratrinronio anterior.
Tratándose
4. 5. 6. 7. 8. 9.
del nuevo matrimotlio contraido por el cónyuge de
un
desaparecido sin que se hublera deci¿irado ia muerte presunta de éste, sólo puede ser impugnado, mientras dure el estado de ausencia, por ei nuevo cónyuge y siempre que hubiera procedido de buena fe. En el caso del matrinro¡lio contraído por ei cónyuge de quien fue declarado presuntamente muerto, es de aplicacion el articulo 68. De los consanguÍneos o afines en línea recta. De los consanguíneos en segundo y tercer grado de la linea colateral. Sin embargo, tratándose dei tercer grado, el rnatri¡¡onio se convalida si se obtiene dispensa judicial del parentesco. De los afines en segundo grado de ia línea colateral cuando el matrimonio anterior se disolvió poi"divorcio y el ex-cÓnyuge vive.
Del condenado por homicidio doloso de uno de los cónyuges con
el
sobreviviente a que se refiere el ar1ícuh¡ 242, inciso 6. De quienes lo celebren con prescindencia de los trámites establecidos en los artículos 248 a 268. No obstante, queda convalidado si los contrayentes han actuado de buena fe y se subsana la otnisiÓn. De los contrayentes que, actuando ambos de mala fe, lo celebren ante funcionario incompetente, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa, civil o penal de éste. La acción no puecie ser planteada por los cÓnyuges
605. La unión de hecho, voluntariamente realizada y mantenida por un
varÓn y una
mujer, libres de impedimento matrimonial. para alcanzar finalidades y cumplir deberes semejantes a los del matrimonio, origina una sociedad de bienes que se sujeta al régimen de sociedad de gananciales, en cuanto le fuere aplicable, siempre que dicha unión haya durado por lo rirenos dos años contínuos. La posesión constante de estado a partir Ce fecha aproximada puede probarse con cualquiera de los medios admitidos por la ley procesal. siempre que exista un principio de prueba escrita.
La unión de hecho termina por muerte, ausencia, mutuo acuerdo o decisiÓn unilateral. En este último caso, el luez puede conceder, a elecciÓn del abandonado, una cantidad de dinero por concepto de indemnizaciÓn o una pensión de alimentos, además de los derechos que le correspondan de conformidad con el régimen de sociedad de gananciales. Tratándose de la unión de hecho que no reúna las condiciones señaladas en este artículo, el interesado tiene expedita, en su caso, la acciÓn de enriquecimiento indebido. Las uniones de hecho que reúnan las condiciones señaladas en el presente articulo producen, respecto de sus miembros, derechos y deberes sucesorios,
L01
DERECHO DE FAMILIA
similares a los del matrlmonio, por lo que las disposiciones contenidas en los articulos 725,727,730,731,732,822.823,824 y 825 del Código Civil se aplican
ai integrante sobreviviente de la unión de hecho en los términos en que
se
aplicarían al cónyuge.
643. Las pretensiones sobre violencia familiar se tramitan como Proceso Único, conforme a las disposiciones del Código de los Niños y Adolescentes con las modificaciones que en el TUO de la Ley N" 26260, Ley de Protección frente a la
Violencia Familiar se detallan.
644. Se producirá el levantamiento de la medida cautelar impuesta- impedimento
de
salida del país - al demandado.
645.
En los procesos de familia, como en los de alimentos, divorcio, filiación, violencia familiar, entre otros, el Juez tiene facultades tuitivas y, en consecuencia, se debe
flexibilizar algunos principios y normas procesales como los de iniciativa de parte, congruencia, formalidad, eventualidad, preclusión, acumulación de pretensiones, en atención alanaturaleza de los conflictos que debe solucionar, derivados de las relaciones familiares y personales, ofreciendo protección a la parte perjudicada, ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 4 y 43 de la Constitución Política del Estado que reconoce, respectivamente, la protección especial a: el niño, la madre, el anciano, la familia y el matrimonio, asi como la fórmula política del Estado democrático y social de Derecho.
678. María puede pedir una declaración de paternidad ante un juez de paz letrado, el mismo que ha de expedir resolución declarando la filiación demandada. En este proceso podrá acumularse como pretensión accesoria, la fijación de una pensión alimentaria. (Art. 1 Ley No 28457- Ley que regula el proceso de filiación judicial de paternidad extramatrimonial).
683. Conforme al inciso "c" del artículo 128 del CNA el que ha prohijado o convivido con el niño o el adolescente por adoptar, durante un período no menor de dos años podrá iniciar acción judicial de adopción, en vía de excepción, ante el Juez especializado sin que medie declaración de estado de abandono del niño o del adolescente.
684.
El Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social podrá aplicar al niño y al adolescente de
en presunto estado de abandono cualquiera de las siguientes medidas protección:
a) b)
c) d)
e)
El cuidado en el propio hogar, para .lo cual se orientará a los padres, familiares o responsables en el cumplimiento de sus obligaciones, contando con apoyo y seguimiento temporal por instituciones de defensa; La participación en el Programa Oficial o Comunitario de Defensa con atención educativa, de salud y social; lncorporación a una familia sustituta o colocación familiar; Atención integral en un establecimiento de protección especial debidamente acreditado; y, Dar en adopción al niño o adolescente, previa declaración del estado de abandono expedida por el Juez especializado.
687. Las medidas socio-educativas tienen
por objeto la rehabilitación del adolescente
infractor y son las siguientes:
a)
Amonestación, consiste en la recriminación al adolescente y a sus padres o responsables.
102
BANCO DE PREGUNTAS DESARROLLADO
b)
c)
Prestación de Servicios a la Comunidad, consiste en la realización de tareas acordes a la aptitud del adolescente sin perjudicar su salud,
escolaridad nl trabajo, por un período máximo de seis meses; supervisados por personal técnico de la Gerencia de Operaciones de Centros Juveniles del Poder Judicial en coordinación con los Gobiernos Locales. Libertad Asistida, consiste en la designación por la Gerencia de Operaciones de Centros Juveniles del Poder Judicial de un tutor para la orientación, supervisión y promoción del adolescente y su familia, debiendo presentar
informes periódicos. Esta medida se aplicará por el término máximo de ocho meses.
d)
Libertad Restringida, consiste en la asistencia y participación diaria y obligatoria del adolescente en el Servicio de Orientación al Adolescente a cargo de la Gerencia de Operaciones de Centros Juveniles del poder Judicial, a fin de sujetarse al Programa de Libertad Restringida, tendente a su orientación, educación y reinserción. Se aplica por un térrnino máximo de doce meses.
e)
La internación, es una medida privativa de libertad que no excederá de 06 años. Esta sólo podrá aplicarse cuando: i) Se trate de un acto infractor doloso, que se encuentre tipificado en el Código penal ¡t cuya pena sea
mayor de 04 años; ii) Por reiteración en la perpetración de otras infracciones graves; y iii) Por incumplimiento injustificado y reiterado de la medida socioeducativa impuesta.
690. Para los efectos de la Convención
de los Derechos del Niño de 1989. se entiende por niño todo ser humano menor de 1B años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad.
692. El Tercer Pleno Casatorio Civil se emitió en la Casación N." 4664-20'1 0-puno, en un proceso de Divorcio por la Causal de Separación de Hecho. En esta resolución se fijó como criterio vinculante, lo siguiente: "La indemnización a la que hace referencia el articulo 345-4 del Código Civil es de naturaleza legal. en ese sentido, el luez no debe tener en consideración criterios de responsabilidad civil contractual ni extracontractual para otorgarla. Así, dicha indemnización debe otorgarse si exrste un cónyuge perjudicado durante la separación de hecho o como consecuencia del divorcio en sí, y dentro de los alcances de la indemnización se comprende al daño personal, que a su vez comprende al daño moral. Para lo cual debe evaluarse los medios probatorios que se actúen en el proceso. Firlalmente, se precisó que ei juez puede pronunciarse de oficio respecto de la mencionada indemnización, sin embargo, ello no debe vulnerar el Derecho al Debido Proceso o el Derecho a la tutela Jurisdiccional Efectiva. En ese sentido, quedó claro que en los procesos de familia el estado ejerce una labor tuitiva, flexibilizándose así el principio de congruencia procesal, eventualidad y preclusión".
694. Son los siguientes:
1.
Copia del DNI dei solicitante.
5. 6.
herederos. Partida de matrimonio si fuera el caso. Relación de los bienes conocidos"
2. Nombre del causante. 3. Copia certificada de la particia de defunción del causante. 4. Copia certificada de la partida de nacimiento del oresunto heredero
103
o
DERFCHO DT FA¡IiL,IA
7. B.
Certificado riegativc de testarnentc c.:xpedido por ia Oficina Registral. Ceriificadr¡ negativo cle declarat.¡ria cie herederos expedido por la Oficina Registral.
696. Cualquiei" Conyuge
pr-red13
ejetcer
ia
representaciÓn procesai
o
plantear
inriistintarnente la den;anda.
701. No excederá de 06 años. 733. La asignación atlt;cipada de aiimentos pertelrece a !a tipología
cautelares ternpoiales sobre el fonoo. Estas se denr¡nrinar-¡ así en !a medida en que airticrpan exactamente lo que ¡tresr:rriblerrrenle va a ser el pronunciamiento fin¿¡l en el proceso prrncipa!. !niciado un oroceso de alimentos. el demandante puede. si acredita con detetixi{raCc gi'erdc de cerleza su derecho, solicitar una asignación alinre¡rticia provisional. El artícu[¡ 675 dsi CccJigo F'ro.es..:i Üivil regula la asignaciÓn anticipada de alimenios Er vi¡-tud c1e la L.e;,i'ia l¿:!ti7Q se ¡lrcre!-nentÓ la legitimaciÓn para la r"eailzaclón rie esta nredida cil.rieiai In cfe,:;io. antes de su modificaciÓn la r-ioi'nra leg¡tirnaLr;r ai c:(rn:'ugÉr r¡ a los hijo:; rnenores de edad con indubitable relación familrar iticlrii 0ue s.:ilirt-.n Jrcl-ra ss¡g¡3ción anticii:ada, atiora se extiencle !a legitimación a Io$ aseer-rCientes clel acreedor alir¡entario y los hijos mayores de edad que esién si1;urerrdo con éxitc estudios tje una profesiÓn u oflcio cl cuancio no se eiiolrer'irer¡ eir arptitud de atenCer e su subs¡stencia por causa de inr:atpacidari iísica c ;'renial r:lr¡bidanrente comprotradas.
Asi. quecia elirriinada la distincrón que erl este articlrlo anteriofrnente se rcalizaba Coi resipeciü :r !r.,s hiios )l e I Consectlente i'iesgo de ¿ulneraciÓn a! Principio cie lclualdad en l¿as t¿rte¡r:'rías de ÍiliaoiÓn. en !a meclida en que se
toma en consideración el esti:Co de dr.lcapacidac Dor un lado y la irnposibiiidad real cJe los hijcs mayeres r]e solr.'eniar sus estr-rdios, lcs cuales necesitan apoyo econÓmico cle sus pr"ogenrL¡i.-'. o;r;r ¡-roder subsisiil'y no ¡rueden esperar la cultninac¡ón rlei prcceso d(] aiimentos [,a!'a que sé rcs ástln€ un ntonto dinerario porque la
ascendientes, por ei cÓrryuq¡e, por ios hi¡os nlenores con indubitable relaciÓn familiar o por los hijos mayores de ecjatlde acllerdo con lo prev:sto en los ariículos ,l'24,473 y 483 dei Cóclrgo Civrl. En los c¿tsos de hijos ntenores con indubiiable relación farnilii;r. ei iuez deberá olorgar rnedida de asignación
anticipa
Asi. respecto de :tqtrell,.rs silpue§t')3 de hi.ios r'IIe!*rcrtls :on i¡'¡dubitable relación fanriliar. s{t itlcoÍL:Lrra l¿ i:llL'r:ll,:iórl al ltiez i¿i r-ieber r-1e otorgar rnedida de asignación anti.:pail;.1 iir-: ¿:i;itrt:lrtc:1. ''i{ t:: l1';.¡'.:r:t siio reqrlr:rida cientro de ios
!; rer-qolrcion qrrt.r i:in'ii'ie a tr"¿inlite la de¡nranda. El ¡:lazo consagracio en la leJ/ se enlten
tres rlias de nolificade
104
BANCO DE PREGUNTAS DESARROLLADO
736. Patria potestad. Para Benjamín Aguilars: «la patria potestad es una institución del derecho de familia que comprende un cúmulo de derechos y deberes recíprocos entre padres e hijos, tendientes a lograr el desarrollo integral de éstos y la realización
de aquéllos. Este concepto pretende abarcar no sólo los derechos-deberes de los padres e hijos, sino también el fin que persigue la institución, el mismo que debe verse en sus dos dimensiones, la de los padres que encuentran su realización a través del desarrollo de sus hijos. y por cierto también la de los hijos que al recibir apoyo, amparo, sustento, educación, protección y ejemplos de vida, posibilita un desarrollo integral y su incorporación al seno de la sociedad en condiciones óptimas».
768. Amonestación y advertencia
772. La doctrina de la situación irregular es definida por Garcia Méndez como
la
legitimación de una potencial acción judicial indiscrinrinada sobre aquellos niños y adolescentes en situación de dificultad. Y con esta definición solo se estaria abarcando a los menores en situación irregular, concepto que predomino. La característica predominante de esta doctrina es que no diferencia ei ámbito
tutelar del penal, tratando por igual al adolescente en estado de abandono y al adolescente que ha cometido una infracción a la ley penal. Promoviendo una intervención represiva judicial frente al rresgo social. Lo que se traduce en un derecho penal juvenil de autor por medio de un tratamiento tutelar del problema penal y un tratamiento penal del problema tutelar. Asimismo criminaliza la pobreza y el juez es un buen padre de familia, con facultades
discrecionales y sin control frente a sus decisiones (arbitrariedad). Niegan todos los principios del derecho, pues los derechos carecen de contexto en una intervención para "beneficial' y no "para castigar" a un niño o adolescente que no es sujeto de derechos sino objeto de protección. Construyen una semántica llena de eufemismos que esconde las verdaderas consecuencias en la vida de los niños y adolescentes del sistema tutelar.
773. Se estableció la naturaleza legal de la indemnización a la que hace mención
el
artículo 345o-A del Código Civil, se precisó que en temas de familia eljuez puede pronunciarse de oficio sobre ciertas pretensiones no solicitadas por las partes, pero ello en la medlda en que se garantice el derecho al debido proceso y exista caudal probatorio que permita sostener el pronunciamiento. AsÍ, respecto de la mencionada indemnización el juez puedd pronunciarse de oficio, en tanto se cumplan los citados presupuestos. Con todo lo descrito, este pleno puso de manifiesto que en temas de familia los principios de congruencia, eventualidad y preclusión se aplican de manera flexible
774. Se amplíe el Dictamen fiscal para que se incluya el pedlCo de ¿¡linrentos como medida de protección.
775. Se refiere a la Adopción. 812. Podría bastar la autorización nolarial de salida del pais otorgarlo por la mama. En caso de negativa procede el pedido judicial de salida del pai*s.
5. Aguilar Llanos, Benlamín. La far¡ilia en el Código Civil peruani Ecilciones; legaies, i-irna 2C08
páq.305,306. 1,05
DERECHO DE FAIVIIL!A
822. Según el art. 248 CNA el Juez especializado podrá declarar en estado
de
abandono a un niño c aciLrlescente cuandc: a) Sea expósito b) Carezca de familiares que lo cuiden c) Sea objeto de maitratcs d) Sea entregado por sus padres a r-¡n estableciiniento de asistencra social e) Sea dejado en instituciones nospitalarias f) Sea entregado en adopción g) Sea explotado h) Sea entregadc por sus padres a ctras personas mediante remuneración para ejecutar labo¡'es i) Estado de desamparo
la Protección lntegral: Tiene con antecedente directo a la Convención lnterrracional de los Uerechos del l.liño (1989) Es aquella qtie considera al ni;lcr como sujeto de derecho. y consecuentemente ha de respetar los cjerechq-s !"1¡¡¡1¿l¡r-rs que tiene toda persona, los derechos específlccs q¡Je correspc;lde a es¡s r)erscnas en desarroll0. le reconoce también las libertades. ésta r.:cmo sujetr: en que se le deoe reconocer imperativanrente
823. Doctrina de
tales derechos.
Esta doctrina en materia ireiial consicler:¡ ios hechos cometidos por el menor como faltas o Ce!itos scbre ios que tiene responsabilidarl. il menor se convierte en infractor a ley penal, se ie sigue un prcceso de juzgamiento especial siguiendo las normas aplicables - en nuestro caso el Código de los Niños y Adolescentes - y' no se le aplica ia pena para et adultc sino medid.rs de protección o medidas socioeducativas. El menor no pcdi"á ser orocesado por un delito que no esté previamente tipificaoo en la ley penal es decir se sigue el orincipio "no hay pena sin delito" se le ha de ieconocer ei derecho de un debido proceso. el poder ser infrrrrnacio de su detención, el infornrársele a los padres, al no estar conjuntamente con adultu.s, etc Ia loctrina de la protección integral se basa furrdamentalrnenie en el ii-rteré¡ su¡..,erior del niño, considerado a este como sujeto de derechns.
852. El Código Civil peruanc¡ en el ariíct¡io 681 regula la representación sucesoria
del siguiente rnodo: 'For le !-epreseniación sucesctria /os descer¡dientes tienen derecho de enirar en ei lugar y en grado de su ascendiente. a recibir la herencia que a este correspondei-ia si vivtese. o faj la qtie hubiera renunciado o perdido por indignidad c deshercrlaciór, .
La representación sucesoria en línea recta descendente: Se da a favor de los hijr:s y demás oescenirentes de cualquier gi'ado que sea, es decir por su extension esta represenlación es ilinriiacia (Art. 682. C.C.) En los casos en que torJos ir:,c representar:ies teirgan el mismo gradc de pareirtesco frenie ai caug;ante y que lo hagan solos tales como los nietos llamados a la herencia il¿l abuelo pr';r impeciinrtinto Ce sus ascendientes. se aplica la regla de ia srice;r¡ión por re¡.rre:;i:ntacrórr r-r por"estirpes (A!'t. 684o C.C.) La representación sucE:soria en la línea colateral: L:stá ccnternplado en ei Aft. 683o C.C. y'se aplica al unrco caso de l¿l herencia errtre hermanos de tal rnodo que ai fallecer uno ce ellcs ci¡ricu¡'ra¡ a la herencra ios hermanos sobrevivrentes que heredan por rterechl: prcpio cori io:,; hijos cle i hei-niano prentuerlo que son sobnnos del causante i¡uir:nes heretlan {ior repie¡eniación distribLryéndose la cuota resl)c;tiva pcr ':slirire. 'I"ü6
BANCO DE PREGUNTAS DESARROLLADO
Presupuestos en los que opera la representación: Son cuatro los presupuestos: Premoriencia, cuando el representado ha fallecido prematuramente antes de la apertura de la sucesión. Renuncia, en principio nadie puede ser obligado a aceptar una herencia contra su voluntad, por lo que la ley otorga la posibihciad de renunciar, en dicho caso los hijos y descendientes del renunciante ccr.rparÍan st,r lugar por que poseen vocación sucesorta con respecto a é1. podemc,s afirmar entonces qi.re el derecho de representación proviene de la ley y no de la voiuntad del representado. lndignidad y Deshereclación, otra de las exceociones es el de la representación de los descendientes del indigno y del desheredado quienes no pueden quedar excluidos pcrr la culpa de su padre o ascendiente: siendo la indignidad
y la desheredación una consecuencia de la culpa. ias sanciones que son personalísimas no pueden extender srrs efectos a la pi'ole inocente.
853. Son herederos forzosos los hijos y demás ascendientes, el cónyuge unión de hecho (Art. 724 C.C.).
967.
c
lcrs clemás descendientes, Ios padres ¡l los en su caso, el integrante sobreviviente de la
S¡ bien el artículo 404 del Código Civil solo adnrite Ia irnpugnación de paternidad
matrimonial en caso del marido. Existe pronunciam¡enio jurisprudencial que admite tácitamente -poi'gue no se refiere al punto- que aun cuando !a madre
estaba casada puede reclamar la paternidad del presunto nadre i:iológico Cistinto del marido siendo inaplicable el artículo 404 del C.C. (Casación N'572-2006). A través de la mencionada casación la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia, aborda indirectamente el tema de la legitimidad de la ,.nadre para interponer una acción de reconocimiento de hijo extran.ratrimonial. aun cuando éste no ha sido despojado del tíiuio de hijo matrimonial porque el rnarido no ha contestado la paternidad. En un supuesto de este tipo ei criterio que permite resolver el caso es el interés superior del niño. El mismo nos plantea alternati'yas de solución de forma casuística, en ese sentido, dependerá de cuánto se considere que el niño ha forjado su identidad y cuánto el desplazamiento de su título y estatlo de hijo matrimonial afecte dicho derecho.
Por tanto, Maria podría inipugnar válidamente la paternidad matrimonial de
sLr
cónyuge respecto de menor hi;o, Juan Gabriei.
968.
En aplicación del tercer párrafo del artículo ¡Só" Oel Código Civil Eiizabeth poclría obtener un pronunciamiento favorable en caso de demandar a Pedro por alimentos.
969. Si, en aplicación del Principio del lnterés Superior del Niño. El proceso ha
de
llevarse a cabo c<¡nforme dispone ei artículo 1 12 del CNA.
985. S¡, porque Anabel es menor de eciad v necesita el asentimiento expreso
de
sus padres para casarse y en ausencia de estos o en caso de ser rncapaces abscllutos o hubieran sido destituidos del ejercicio de !a pat;'ia potestad prestarán su consentimiento los abuelos y ias abuelas y en ausencia de estos corresponde al juez de menores otorgar o negar la licencia supleloria (Añ.244 C.C).
986. En el extrenro de la indemnización solicitada en el proceso c1e divorcir: por causal de separac¡ón de hecho segun el Tercer Pleno Casatorio Civil, rista tiene como finalidad equilibrar las desigualdades económicas que resulten de la ruptura matrimonial. El juez se pi'onunciarli sobre ia existencra de la condición de cónyuge más perjudicado de una de las parles según se haya forrnulado
ta7
DERECHO DE FAMILiA
probado--la pretensión o la alegación respectiva, o sobre la inexistencia de aquella condición, si no existiera elementos de convicción necesarios para ello. En el caso concreto, de los hechos expuestos se puede conclu¡r que no existe perjuicio manifestado en un daño moral en la persona de Raymundo ya que
-y
ambos se casaron con una finalidad acordada previamente y prestaron su consentimiento para ello. Así de no existir un cónyuge perjudicado ante el divorcio sr: demanda en el extremo referido a la indemnización será infundada.
987.
Sí, tendria que probar cohabitación, convivencia por dos años y la inexistencia de impedirnento para contraer matrimoni<.r en virtud ciel artículo 325 del Código Civil.
988. En el caso no se señalan olazos de conocimiento de hechos, por lo que
se
concluye que no puede plantear la demanda Miguel porque se venció el plazo regulado por el Código Civil.
990. Sí no se cunrple ei requisito para acceder a la pensión de alimentos de mayor cie edad.
994.
I'Jo, no hay relación consanguÍnea o de afinidad entre agresor y agredido.
998. Julián lra conletiCo el Delito de feminicidio tipificado en el artículo 108-B
del
Código Penal. 1018.
No necesariamente porque la violencia entre progenitores no es causal de variación de tenencia. Habria que presentar otros medios probatorios.
1027.
A los dos progenitores.
1028. Necesidad del beneficiario y Capacidad del proveedor de alimentos. 1071. La Ley N' 2626A no admite el desistimiento ni la conciliación en los procesos por Violencia Familiar. El proceso deberá continuar hasta que se emita la sentencia. 1076. El Regimen de Visitas es una relación jurídica familiar básica que se identifica
como un derecho-deber a tener una adecuada comunicación entre padres e hijos (y vrceversa) cuando no existe entre ellos una cohabitación permanente. Conro derecho familiar subjetivo reconoce, en este orden de ideas, el derecho clel progenitor que no vive con su hijo a estar con él así como, reciprocamente, el cierecho del hiio de relacionarse con su padre a quien no ve cotidianamente. En otras palabras. no es una facu¡tad exclusiva del progenitor, sino que es una facultad indispensable del hijo para su desarrollo integral. Según el artículo BB CNA "Los padres que no ejerzan la Patria Potestad tienen derecho a visitar a sus hijos, para lo cual deberán acreditar con prueba suficiente el cumplimiento o la imposibilidad del cumplimiento de la obligación alimentaria.
Si alguno
c1e
los padres hubiera fallecido, se encontrara fuera del lugar
de
domicilio o se desconociera su paradero, podrán solicitar el Régimen de Visitas los parientes hasta e! cuarto grado de consanguinidad de dicho padre. El Juez, respetancio en lo posible el acuerdo de los padres, dispcndrá un Régimen de Visitas adecuado al Principio dei lnterés Superior del Niño y del Adolescente y podra variarlo de acuerCo a las circunstancias, en resguardo de su bienestar". 1091. Por la aplicación de la carga procesal: la demandante no cump!ió c<¡n absolver la demanda y se presume su condición de respor-isabilidacl de los hechos acusados.
1124. Las medidas de protección inmediatas que pueden ser adoptadas a solicitud de la víctima incluyen, sin que la enumeración sea !imitati'¡a, el retirr: del agresor del domicilio, impedimento de acoso a la víctima, suspensión temporal de visitas, inventario sobre sus bienes y otras medidas de protección inmediata que garanticen su integridad física, psíquica y moral. El Fiscal cJe Familia 1r)8
BANCO DE PREGUNTAS DESARROTLADO
debe poner en conocimiento del Juez de Familia las medidas de protección adoptadas.
1125. 5 días. 1126.
'14
1135.
El
años.
juez resolverá en el plazo es de 24 horas conforme al art. 87 del CNA.
1144. Conforme al artículo 415 del Código Civil hijos alimentista son los hiios extramatrimoniales no reconocidos voluntariamente por sus padres, ni declarados judicialmente, pero que pueCen reclamar una pensión alimentaría
que disfrutarán hasta los 1B arios, de quien tuvo relaciones sexuales con la madre durante la época de la concepción. La pensiÓn continÚa vigente si el hiio, llegado a la mayoría de edad, no puede proveer a sit sutrsistencia por incapacidad física o mental.
1145. Son requisitos para otorgar autorización para el trabajo de aCoiescentes:
a) Que el trabalo no perturbe [a aststencia regular a la escuela, b) Que el certificado médico acredite la capacidad física, mental
v'emocional
del adolescente para realizar las labores. Este cerlificado será expedido
c)
gratuitamente por los servicios nrédicos del Sector Salud o de la Seguridad Social; y Que ningún adolescente sea admitido al trabajo sin la debida autorización.
1167. Ei concebido es sujeto de derecho para todo cuanto
le favorece. La atribución
de derechos patrinroniales está condicionada a que nazca vivo.
1172.
El acto jurídico celebrado por Juan es anulable porque existe falta de manifestación
de voluntad que el legislador ha considerado como causaies de anulabilidad
conforme a los artículos 44 y 219 del Código Civil. Así tenemos los casos de violencia o intimidación, la manifestación emitida por ios retardados mentales. los toxicómanos, los ebrios, los que adolecen de deterioro menta! entre otros.
1173. El acogimiento familiar, regulado y conocido en el Perú como Colocación Familiar, es una rnedida de protección temporal que se aplica a los niños. niñas
y adolescentes que se encuentran en situación de abandono o desprciección familiar con la finalidad de sei" integrados a su famrlia extensa o a una familia no consanguínea previamente evaluada o seleccionada.
1174. lnscribirse en el registro personal como unión convivencial. 1181. Alimentos. 1182. En caso de no existir acuerdo sobre la tenencia. en cualquiera de sus modalidades, el juez resolverá teniendo en cuenta lo siguiente:
a)
El hijo deberá permanecer con el progenitor con quien ccnvivió mayor tiempo, siempre que le sea favorable; b) el hijo nrenor de tres (3) años permanecerá con la madre: y c) para el que no obtenga la tenencia o custodia Ce! niño, niña o adolescente debe señalarse un régirnen de vrsiias. En cualquiera de los supuestos, el iuez priorizará el otorgamiento de ia teriencia o custodia a quien mejor garantice el derecho del niño. niña o adoiescente a mantener contacto con el otro progenitor. 1184.
En la CAS. N' 370-2013-lca la Corte Suprema de Justicia resolvió un caso nrás
de síndronre de alienación parental en el régimen de tenencia. Estableciendo que la opinión rJe los menores cle edaci infiuida por dlcha ccnducta contra L09
DERECHO DE FAMILIA
uno de los progenitores no es decisiva para la custodia, por lo que deben ser to¡'nadas con reserva, siendo la prioridad la adecuada relación parental. En ella, se determina que dicho síndrome incide negativamente en el desarrollo e integridad emocional de los infantes y si bien lo expresado por los niños y
adolescentes en un proceso de tenencia y custodia debe ser especialmente apreciado por el juzgador, la decisión final tendrá como sustento, además de la opinión de estos. qué resulta lo más beneficioso para el desarrollo integral del menor de edad. De ahí la importancia de la correcta valoración del caudal probatorio aportado al proceso. Por tanto, es factible que se pueda variar la tenencia y custodia de Abril a favor de Juana ya que existen actitudes por parte del menor que reflejan un adiestramiento previo por parte del padre constituyéndose el Sindrome de Alienación Parental.
1185. Según el CNA. la edad mínima para el trabajo de los adolescentes es de 14 años y excepcionalmente 12 años siempre que las labores a realizar no perjuCiquen su salud o desarrollo, ni interfieran o limiten su asistencia a los centros educativos. En el caso de Pedro es un niño de 10 años y éste no alcanza la edad mínima
de admisión al empleo; o aquella actividad económica realizada por un adolescente (independientemente de su edad), impidiendo o poniendo en rresgo su desarrollo, su educac¡ón y afectando su integridad.
1187. No se suspende, se ejerce conjuntamente con el de la madre. 1188. En caso de no existir acuerdo sobre la tenencia, en cualquiera de modalidades" el juez resolverá teniendo en cuenta lo siguiente:
sus
a)
El hijo deberá permanecer con el progenitor con quien convivió mayor tiempo, siempre que le sea favorable; b) el hijo menor de tres (3) años permanecerá con la madre; ¡r c) para e! que no obtenga la tenencia o custodia del niño, niña o adolescente debe señalarse un régimen de visitas. En cualquiera de los supuestos, el juez priorizará el otorgamiento de la tenencia o custodia a quien mejor garantice el derecho del niño, niña o adolescente a mantener contacto con el otro progenitor. 1190. El progenitorque lo haya reconocido. (Art. 1191
.
111,
segundo párrafo, del CNA).
El auxilio de lafuerza pública.
1192. Mayores de
12 años y menores de 18 años.
1211. Responden con sus bienes propios a menos que se pruebe que las deudas se contrajeron en provecho de la familia. (Art. 308 del C.C)
1216. El Fiscal de Famiiia podrá disponer el archivamiento de los actuados si considera que la infracción a la ley penal no reviste gravedad y el adolescente hubiere obtenido el perdón del agraviado, por habérsele resarcido el daño. (Art. 206-A CNA)
1222. Es improcedente el abandono en los procesos segundo párrafo, del D. S. N' 006-97-JUS) 1235. 1251
.
l,-a
Ce vioiencia familiar. (Art. 20,
Corte Superior; las rnedidas socio educat¡vas.
Fundada la apelación, por cuanto la obligación de alimentos es del progenitor y que excepcionalmente se puede trasladar al abuelo.
110
BANCO DE PREGUNTAS DESARROLLADO
1268. solo procederá el pedido si se acredita
la violencia familiar denunciada.
370. Ejercer derecho de preferenci a para la adjudicación del porcentaje del hermano. 1449. Si Daniela contrajo matrimonio con Pedro y no eligió, antes de la celebración del matrimonio, un régimen patrimonial en particular, se entiende que se encuentran casados bajo el régimen de la socredad de qanancrales, sin 1
embargo si posteriormente Pedro se hizo acreedor a una condecoración cuyo valor comercial asciende a la suma de s/ 15,000(euince mil y 00/100 Nuevós Soles); este sería una bien "propio". Esto último, según ló previsto por el artículo 3020. inciso 9) del Código Civil.
1456. El acogimiento familiar tiene como objeto que los niños, niñas y adolescentes que no puedan vivir con sus padres, lo hagan de manera excepcional y temporal con un nÚcleo familiar que les permita la restitución, el disfrute, el goce y ejercicio de su derecho a vivir en una familia y les provea los cuidados necesarios para su desarrollo, siempre que sea favorable a su interés superior. Es aplicable para los niños, niñas y adolescentes que se encuentren dentro de un proceso de investigación tutelar hasta antes de declararse judicialmente el estado de abandono o cuando se encuentran institucionalizados en un hogar pÚblico o privado. Sólo por excepción un niño. niña. y adolescente declaradlos en abandono podría aplicarse la medida del acogimiento, previa opinión favorable de la Dirección General de Adopciones. El adolescente en ejercicio de su libertad de opinión y derecho a la participación
tiene la facultad de aceptar o no la medida de protección y podrá solicitar la remoción de ésta ante la autoridad que la otorgó.
Tipos de acogimiento familiar
Acogimiento en familia extensa: Mediante esta medida de protección se dispone el acogimiento del niño, niña y adolescente en su familia extensa, considerando a los abuelos y parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad
y segundo de afinidad, con la finalidad de sustituir temporalmente su núcleo familiar y asumir las responsabilidades de la tutela conforme a los artículos 526,527 y 528 del Código Civil.
Acogimiento en familia no consanguínea: Mediante esta medida
de
protecciÓn el niño, niña y adolescente es acogido por referentes familiares u otras personas idóneas que sin tener parentesco alguno constituyen un entorno positivo y apropiado para la protección del titular de la medida.
Ei acogimiento familiar será otorgado tenliendo en cuenta la relación de afinidad o afectividad con el niño, niña o adolescente que se pretende asumir su acogimiento; y, asimismo, las familias acogedoras deberán ser capacitadas y evaluadas previamente. La familia acogedora asumirá las responsabilidades de la tutela conforme a los artículos 526,527 y 528 del Código Civil.
1459. Medidas de protección, por la edad (inferior a 14 años). 1483. Los Juzgados de Familia asurnen competencia en materia civil, tutelar y
de
infracciones (Art. 133 CNA). Las Salas de Familia conocen (Art. 134 CNA): a) En grado de apelación, los procesos resueltos por los Juzgados de Familia; b) De las contiendas de competencia promovidas entre Juzgados de Familia del mismo distrito judicial y entre éstos y otros juzgados de distinta especialidad de su jurisdicción territorial; L11
DERECHO DE FAMILIA
c) d)
De las quejas de derecho por denegatoria del recurso de apelaciÓn; y De los demás asuntos que señala la ley.
1526. Por razones no imputables al progenitor: interdicción del padre, ausencia
del
progenitor, incapacidad del progenitor. 1546. El artículo 274 del C. C., señala las Causales de nulidad del matrimonio en los siguientes casos: 1.- el enfermo mental, 2. el sordomudo, del ciegosordo y del
ciégomudo que no sepan expresar su voluntad de manera indubitable. 3. el casado. 4. los consanguíneos o afines en línea recta. 5. los consanguíneos en
segundo y tercer grado de la línea colateral. 6. los afines en segundo grado de la linea colateral cuando el matrimonio anterior se disolvió por divorcio y el excónyuEe vive. 7. el condenado por homicidio doloso de uno de los cónyuges con-ellobreviviente. 8. quienes lo celebren con prescindencia de los trámites establecidos en los artículos 248 a 258. 9. los contrayetrtes que, actuando ambos de mala fe, lo celebren ante funcionario incompetente.
Respecto a las causales de anulabilidad del matrimonio el articulo 277 C.C. indica: Es anulable el matrimonio: 1. Dei impúber,2. De quien está impedido conforme el artículo 24'1 , inciso 2. La acciÓn sÓlo puede ser intentada por el cónyuge del enfermo y caduca si no se interpone dentro del plazo de un año desde el día en que tuvo conocimiento de la dolencia o del vicio. 3. Del raptor con la raptada o a la inversa o el matrimonio realizado con retenciÓn violenta. 4. De quien no se halla en pleno ejercicio de sus facultades mentales por una causa pasajera. 5. De quien lo contrae por error sobre la identidad física del otro contrayente o por ignorar algÚn defecto sustancial del mismo que haga
insopor"table la vida común. 6. De quien lo contrae bajo amenaza de un mal grave e inminente, capaz de producir en el amenazado un estado de temor, sin el cual no lo hubiera contraído. 7. De quien adolece de impotencia absoluta al tiempo de celebrarlo. S. De quien, de buena fe, lo celebra ante funcionario incompetente.
Los efectos del matrimonio invalidado según el artículo 284. Señala que produce efectos civiles respecto de los cónyuges e hijos si se contrajo de buena fe, como si fuese un matrimonio válido disuelto por divorcio. Si hubo mala fe en uno de los cÓrryuges, el matrimonio no produce efectos en su favor, pero sí respecto del otro y de los hijos.
1548. El artículo 332 del Código Civil, indica que son efectos de la separación de cuerpos: suspende los deberes relativos al lecho y habitación y pone fin al régimen patrimonial de sociedad de gananciales, dejando subsistente el vínculo matrimonial. Los efectos de la sentencia de divorcio són totalmente diferentes que los de la sentencia de separaciÓn, ya que en la primera queda disuelto el vínculo matrimonial, sin embargo en la segunda queda subsistente. !.J (N.L., Ago. 1992. Citado en: TORRES VASQUEZ, Anibal. CÓdigo Civil, Tomo l, Sétima edición, ldemsa, 201'1, Lima, P.543). 1550. La homosexualidad sobreviviente al matrimonio del marido o de la mujer es causal de separación de cuerpos y divorcio. (Art. 333. 9; 349 C.C.).
1559. El artículo 269 del Código Civil, señala que:" Para reclamar los efectos civiles del matrimonio debe presentarse copia certificada de la partida del registro del estado civil.
La posesión constante del estado de matrimonio, conforme a la partida, subsana cualquier defecto puramente formal de ésta". En caso de que se haya probado la pérdida del registro, se puede admitir otro medio de prueba, segÚn el art. 270'C.C. 112
V. DERECHO CONSTITUCIONAL
204. Son los derechos económicos, sociales y culturales, conocidos como derechos de segunda generación o derechos programáticos o libertades positivas.
Los derechos económicos, soc¡ales y culturales (de siglas DESC) son los derechos humanos socioeconómicos, que se diferencian de los derechos civiles y políticos. Los derechos económ¡cos, sociales y culturales se incluyen en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 (DUDH) y se desarrolla su proteccíón en el Pacto lnternacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) de 1966. Ejemplos de estos derechos incluyen el derecho a la alimentación, el derecho a la vivienda, y el derecho a la salud.
226. Cuando el tratado afecte disposiciones constitucionales deber ser aprobado por el mismo procedrmiento que rige la reforma de la Constitución, antes de ser ratificado por el Presidente de la República. Sobre este tema, Miguel de la Lama señala que las posturas en el Derecho Constitucional Comparado se pueden clasificar en tres grupos. Una primera postura otorga primacía altratado sobre la constitución. En este caso el tratado se aprueba y la norma constitucional opuesta queda automáticamente
reformada, sin ser necesario ningún procedimiento adicional.
Una segunda postura otorga primacia a la Constitución sobre el tratado, prohibiéndose expresamente la aprobación de un tratado contrario a una norma constitucional. Esta es la opción más difundida. Por último, una tercera postura permite la aprobación de un tratado que contenga una clausula contraria a la Constitución pero previa reforma de esta. Al igual que en el caso anterior, el tratado que colisiona con el texto constitucional no puede ingresar en el Derecho lnterno, pero en este caso, se establece la via para remover el obstáculo que significa esta colisión normativa, es decir la reforma constitucional. El modelo peruano no sigue ninguno de los tres sistemas mencionados. Al igual
que la Constitución derogada adopta una postura novedosa. Así para que se apruebe un tratado en conflicto con una norma constitucional, solo se requiere la aprobación de dicho acuerdo utilizando el procedimiento que está previsto para la reforma constitucional.
Es similar por ende a la tercera postura antes señalada pero sin existir
propiamente la reforma constitucional.
En este sentido la norma constitucional sigue rigiendo fuera del ámbito de aplicación del tratado y recupera su plena vigencia en caso de que este fuese objeto de una denuncia o termrnara. En consecuencia, la sustitución de la 113
DERECHC CONSTiTUCIONAL
norma constitucional por la norma del tratado solo se verifica sobre el campo
de plena vigencia. La postura aCoptada por la actual constitución presenta
consecuentemente algunas ventajas: a. En caso de denu¡rcia (retiro) o expiración del plazo del tratado, la entrada en vigor de la norma constitucional es automática. No es necesario volver a incorporar la norma constitucional al sistema jurídico.
b.
Podría darse el caso
-de adoptar la tercera postura- que se reforma
la
constitución y el tratado no entra en vigor (por ejemplo, por faltar un número se presentaria un vacio determinado de ratificaciones), en cuyro "uto, adoptada legislativo que no se configuraría con la norma
245. Tienen la calidad de precedente constitucional vinculante. La forma como se ha consolidado Ia tradición de los tribunales constitucionales en el sistema del derecho continental ha establecido, desde muy temprano, el efecto sobre todos los poderes públicos de las sentencias del Tribunal Constitucional. Esto significa que el precedente vinculante emittdo por un Tribunal Constitucional con estas características tiene, prima facie,los mismos efectos de una ley. Es decir, que la regla que el Tribunal externaliza como precedente a partir de un caso concreto, es una regla para todos y frente a todos los poderes públicos; cualquier ciudadano puede invocarla ante cualquier autoridad c funcionario sin tener que recurrir previamente ante los tribunales, puesto que las sentencias del Trrbunal Constitucional, en cualquier proceso, tienen efectos vinculantes frente a todos los poderes públicos y también frente a los particulares. Si no fuese asi, la propia Constitución estaría desprotegida, puesto que cualquier entidad, funcronario o persona podría resistirse a cumplir una decisión de la máxima instancia jurisdiccional
309. Gratuita, inmediata y proporcional, sin perjuicio de las responsabilidades de
ley.
312. Tráfico ilicito de drogas. Asimismo, regula el uso de los tóxicos sociales.
450. Por lo que respecta a la posición del individuo en cuanto beneficiario
del
derecho fundamental al agua potable, el Estado se encuentra en la obligación de garantizarle cuando menos tres cosas esenciales: el acceso, la calidad y la suficiencia. Sin la presencia de estos tres requisitos, dicho atributo se vería desnaturalizado notoriamente al margen de la existencia misma del recurso. No se trata, pues, de proclamar que el agua existe, sino de facilitar un conjunto de supuestos mínimos que garanticen su goce o disfrute por parte del ser humano o individuo
beneficiario.
.:
454. Se ejerce en forma individual o asociada. No hay persecución por razón de ideas o creencias. No hay delito de opinión. El ejercicio público de todas las confesiones es libre, siempre que no ofenda la moral ni altere el orden público.
483. La norma constitucional ha regulado dos supuestos de entrada legítima, como son las razones de sanidad o de grave riesgo.
. .
El ingreso al domicilio con el consentimiento del titular del derecho: este hecho constituye un supuesto de entrada legítima en términos constitucionales.
La autorización judicial que habilita al agente público para ingresar al domicilio: la Constitución es clara cuando establece como requisito sine qua non para el ingreso a un domicilio -a efectos de realizar actividades investigatorias- la existencia de un mandato judicial, el mismo que se entiende tiene que estar debidamente motivado y su procedencia debe obedecer a un acto jurisdiccional regular. 774
BAI.JCO DE PREGUN-|AS DESARROLLADC
.
Frente
a la existencra del delitc flagrante: el agente público queda
plenamente legitimado para ¡ngresar al domicrlio si es que su intervencion se convierte en necesaria para imcedir la consumación dei ilicito penal, la fuga del delincuente o la desaparición de los instrumentos que facilitaron la concreción del acto delictivo.
.
El peligro inminente de la perpetración de un del¡to: si es que se tiene el conocimiento [undado, la certeza clara y rnanifiesta de la comisión inminente de un delito, se configura otra excepción a la inviolabilidad de domicilio y en consecuenc¡a e¡ agente púbiico puetle operar libremente. Las razones de sar¡idad o grave riesga: la Constitución ha dejado en manos
.
del legislador la regulacrón de estas dos excepciones que legitiman
la
entrada a cualquier domicilio. Estos dos supuestos se fundan en el estado de necesidad o fuerza mayor.
498. La competencia del fuero militar de acuerdo al artículo
1 Z3o de la Constitución Política del Perú, se encuentra limitada para los delitos de función en los que incurran los miembros de las Fuerzas Armadas y Policiales. Este Tribunal Constitucional se ha pronunciado respectc del concepto de delito de función señalando en la sentencia recaída en el Expediente No 0017-2003-A|/TC, que se trata de infracciones cometidas por miernbros de las Fuerzas Armadas y Policiales en servicio, en ias que la conducta que se imputa debe haber sido
cometida con ocasión de actos de serv¡cio. Asimismo, en la sentencia precitada se determinó la exigencia de que la infracción afecte "(...)bienes juridicos de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional tutelados por el ordenamiento jurídico,
y que estén relacionados con el cumplirniento de los fines constitucionales
y
legales que se les encargan"; añadiéndose que ello implica, básicamente, la "(. .) infracción de una obligación funcional, por la cual el efectivo estaba constreñido a mantener, oarealizar, un comportamiento a favorde la satisfacción de un lnterés considerado institucionalmente como valioso por la ley, además Ia forma y modo de su comisión debe ser incompatible con los principios y valores consagrados
en el texto fundamental de la República (deber militar)". Este Tribunal ya
ha
señalado que los delitos contra el bien jurídico vida no pueden ser competencia del fuero militar, pues el indicado bien no constituye un bien institucional, propio
o
particular de las Fuerzas Armadas.
ni la Constitución ha establecido
un
encargo específico a su favor, tal como ocurre con algunos contenidos del bien jurídico Defensa Nacional. De este modo. el bien jurÍdico Vida no puede ser protegido por el Código de Justicia Militar sino por la legislación ordinaria. (Cfr.
Expediente No 0012-2006-Pl/TC, fundamentó 38). Es por ello que el delito de homicidio no puede constituir un delito de función y, en consecuencia, no puede ser competente el fuero militar para su juzgamiento.
651.
Es el fin supremo de la sociedad y el Estado.
734.
a)
Dimensión formal (conjunto de derechos adjetivos) b) Dimensión material (derecho a la razonabilidad de las resoluciones judiciales).
744.
La vacancia del Presidente se da por:
. . . . .
Muerte del Presidente de la República. Su permanente incapacidad moral o física, declarada por el Congreso. Aceptación de su renuncia por el Congreso.
Salir del territorio nacional sin permiso del Congreso o no regresar a él dentro del plazo fijado.
Destitución, tras haber sido sancionado por alguna de las infracciones mencionadas en el artículo 117 de la Constitución 115
DERECHO CONSTITUCIONAL
746. La prerrogativa del antejuicio dura hasta cinco años después de dejado el cargo y según el TC es renunciable. El Antejuicio constituye un instrumento del control político que procura preservar la conducta de los altos funcionarios dentro de la legalidad. Eguiguren sostiene que el antejuicio político "es una prerrogativa que el Derecho Constitucional otorga a determinados altos magistrados del Estado, con Ia finalidad de que no sean procesados ante el Poder Judicial, sin antes
recibir la venia del Congreso a través del procedimiento establecido, tanto en la Constitución como en el Reglamento del Congreso. En ese mismo horizonte, el profesor Marcial Rubio precisa que "el antejuicio es una prerrogativa porque el principio general es que toda persona pueda ser demandada o denunciada ante los tribunales y, en tal caso, queda sometida a jurisdicción. Cuando se trata de las personas a quienes se hace antejuicro, la situaciÓn es distinta: ninguna demanda o denuncia que se haga contra ellos los somete a jurisdicción de los tribunales, a menos que el Congreso autorice tal procesamiento."
794. Pueden ser sometidas a referéndum:
. . . .
La reforma total o parcial de la Constitución; La aprobación de normas con rango de ley; Las ordenanzas municipales, y Las materias relativas al proceso de descentralizaciÓn.
No pueden someterse a referéndum la supresión o la disminución de los derechos fundamentales de la persona, ni las normas de carácter tributario y presupuestal, ni los tratados internacionales en vigor. 795.
Poder Judicial, Fiscal de la Nación o una Comisión de investigación del Congreso.
796. El desarrollo sostenible. Se llama desarrollo sostenible aquél desarrollo que es capaz de satisfacer las necesidades actuales sin comprometer los recursos
y
posibilidades
de las futuras generaciones. lntuitivamente una actividad
sostenible es aquélla que se puede mantener.
859. La comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, al adolescente, a la madre y al anciano en situación de abandono. También protegen a la familia y promueven el matrimonio. Reconocen a estos últimos como institutos naturales y fundamentales de la sociedad. 1309. El principio de legalidad.
El principio de legalidad o primacía de la ley es un principio fundamental conforme al cual todo ejercicio de un poder.público debería realizarse acorde a la ley vigente y su jurisdicción y no a la voluntad de las personas. Si un Estado se atiene a dicho principio entonces las actuaciones de sus poderes estarÍan sometidas a la constitución o al imperio de la ley). Se considera que la seguridad jurídica requiere que las actuaciones de los poderes públicos estén sometidas al principio de legalidad. El principio se considera a veces como la "regla de oro" del Derecho público, y es una condición necesaria para afirmar que un Estado es un Estado de Derecho, pues en el poder tiene su fundamento y límite en
las normas jurídicas. En íntima conexión con este principio, la institución de la reserva de Ley obliga a regular la materia concreta con normas que posean rango
de ley, particularmente aquellas materias que tienen que ver la intervención del poder público en la esfera de derechos del individuo. Por lo tanto, son materias vedadas al reglamento y a la normativa emanada por el poder ejecutivo. La reserva de ley, al resguardar la afectación de derechos al Poder legislativo, refleja la doctrina liberal de la separación de poderes. Esta relación entre el principio de legalidad y el de reserva de la ley esta generalmente establecida
tt6
BANCO DE PREGUNTAS DESARROLLADO
-en una democracia- en el Ilamado ordenamiento jurídico y recibe un tratamiento dogmático especial en el Derecho constitucional, el Derecho administrativo, el Derecho tributario y el Derecho penal.
1447. La obligación de rectificar rnformaciones inexactas o agraviantes al honor o a la buena reputación difundidas por cualquier medio de comunicación social, tiene por finalidad, a la par de contribuir con una correcta formación de Ia opinión pública libre, el de corregir informaciones sobre hechos inexactos que hayan sido propalados mediante el ejercicio de la libertad de información, esto es, informaciones cuyo carácter material permita determinar que se trata Ce informaciones no veraces, o que hayan sido formuladas como consecuencia de no observarse una conducta razonablemente diligente para agenciarse de los hechos noticiosos que podrían ser objeto de información. En este marco, se puede admitir la existencia de un contenido esencial en el derecho fundamental a la rectificación, para que de esta forma sea conveniente y oportunamente tutelado. Básicamente este derecho incluirá dos ámbitos: uno positivo y uno negativo. Dentro del primero, se encuentra la posibilidad de que una persona afectada por un mensaje desatinado respecto a su persona pueda
acceder libremente a un medio de comunicación de masas a fin de que éste se rectifique en mérito a los derechos comunicativos. Como parte de la esfera negativa, se entiende que es inadecuado que el medio niegue esta posibilidad a la persona, toda vez que le asiste con el objeto de proteger su honor, y de presentar la verdad noticiosa; tal negativa se puede producir tanto con no publicar la rectificación propuesta o, si se realiza, por hacerse con comentarios inexactos o agraviantes adicionales.
1454. Según la Constitución Política de 1993, los Tratados lnternacronales suscritos por el Estado Peruano, tienen por el Artículo 200' inciso 4): Los tratados internacionales suscritos por el Perú ostentan rango legal.
1581. El contenido constitucionalmente protegido de los derechos fundamentales está constituido por un conjunto de facultades, concreto derechos y posiciones
jurídicas directamente conectadas con el bien jurídico ínsito en cada derecho fundamental (MEDINA GUERRERO, Manuel. La vinculación negativa del legislador a los Derechos Fundamentales. McGraw-Hill, Madrid, 1996, p. 167), no existe derecho que no tenga un contenido constitucionalmente protegido.
L17
VI. DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL 244. Es el hábeas corpus innovativo. Procede cuando, pese a haber cesado
la
amenaza o la violación de la libertad personal, se solicita la intervención jurisdiccional con el objeto de que tales situaciones no se repitan en el futuro, en el particular caso del accionante. Al respecto, Domingo García Belaunde [Constitución y Política, Eddili, Lima 1991, pá9.148], expresa que dicha acción de garantía "debe interponerse contra la amenaza y la violación de este derecho,
aun cuando éste ya hubiera sido consumado". Asimismo, César Landa Arroyo [Tribunal Constitucional, Estado Democrático, Editorial Palestra, Lima 2003, pá9. 1931, acota que "... a pesar de haber cesado la violación de la libertad individual, sería legítimo que se plantee un hábeas corpus innovativo, siempre que el afectado no vea restringida a futuro su libertad y derechos conexos". 320. En el Auto de Saneamiento Procesal. Es el acto jurÍdico procesal del Juez, en él se verifica que todos los elementos sean válidos, que se encuentre libre de causal de improcedencia, ello para que el Juez juzgue el fondo del proceso a éste último se denomina sentencia de mérito; es decir, que revisa la presencia de las condiciones de la acción y los presupuestos procesales. Lo trascendente de éste instituto procesal es que una vez confirmada la declaración de saneamiento procesal, desaparece del proceso toda discusión sobre el tema, quedando solo la discusión "sobre el fondo".
374. Los requisitos de la procedencia del cumplimiento son:
. . . . . . .
Mandato vigente Claro y concreto No sujeto a controversias ni interpretaciories dispares De ineludible cumplimiento lncondicional ldentificación del benefactor ldentificación del derecho que se le otorga.
375. Hábeas corpus correctivo. Dicha modalidad, a su vez, es usada cuando se producen actos de agravamiento ilegal o arbitrario respecto a las formas o
condiciones en que se cumplen las penas privativas de la libertad. Por ende, su fin es resguardar a la persona de tratamientos carentes de razonabilidad y proporcionalidad, cuando se ha determinado cumplir un mandato de detención o
de pena. En efecto, en el caso Alejandro Rodríguez Medrano vs la Presidencia del lnstituto Nacional Penitenciario y otro (Exp. N.'726-2002-HC|TC), el Tribunal Constitucional señaló que: "Mediante este medio procesal puede efectuarse el control constitucional de las condiciones en las que se desarrolla la restricción
719
DERECHO PROCESAL CONSTIIUCIONAL
del ejercicio de la libertad individual, en todos aquellos casos en que éste se haya decretado judicialmente". Así, procede ante la amenaza o acto lesivo del cierecho a la vida, la integridad fisica y psicológica, o del derecho a la salud de los reclusos o personas que se encuentran bajo una especial relación de sujeciÓn internados en establecimientos de tratamiento públicos o privados (tal el caso de
personas internadas en centros de rehabilitaciÓn y de menores, en internados estudiantiles, etc.). lgualmente, es idÓneo en los casos en que, por acción u omisión, importen violación o amenaza del derecho al trato digno o se produzcan
tratos inhumanos o degradantes. Es también admisible la presentación de esta modalidad en los casos de arbitraria restricción del derecho de visita familiar a los reclusos; de ilegitimidad del traslado de un recluso de un establecimiento pen¡tenciario a otro; y por la determinación penitenciaria de cohabitación en un mismo ambiente de reos en cár'cel de procesados y condenados.
376. En efecto, la sentencia del caso Salazar Yarlenque emitida en Noviembre
del 2005 estableció como precedente vinculante que "Todo tribunal u órgano colegiado de la administración pública tiene la facultad y el deber de preferir la Constitución e inaplicar una disposición infraconstitucional que la vulnera manifiestamente, bien por la forma. bien por el fondo, de conformidad con los artículos 38o, 5'1o y 138o de la Constitución. Para ello, se deben observar los siguientes presupuestos: (1) que dicho examen de constitucionalidad sea relevante para resolver la controversia planteada dentro de un proceso administrativo; (2) que la ley cuestionada no sea posible de ser interpretada de conform¡dad con la Constitución" (Fundamento 50 inciso A de la STC 037412004-PAiTC).
Pues bien, ocho años después el Tribunal Constitucional ha decidido dejar sin efecto el mencionado precedente vinculante, y lo ha hecho a través de la sentencia 04293-201 2-PAITC. ¿ Las razones alegadas?. Básicamente tres:
.
Que el precedente vinculante sobre control difuso administrativo fue emitido sin que se presentara ninguna de las causales que el propio Tribunal Constitucional estableció para la procedencia de la adopción de un
precedente. Que Ia Constitución confiere el control difuso exclusivamente al Poder Judicial. Y que la aplicación del control difuso por parte de la administración pública no tiene un filtro como el exigido al Poder Judicial (en el cual la inaplicación de una norma legal por inconstitucionalidad es sometida a revisión ante la Corte Suprema). Por dichos motivos el Tribunal Constitucionál ha resuelto "DEJAR SIN EFECTO el precedente vinculante contenido en la STC 03741-2004-PA|TC, conforme al cual se autorizaba a todo tribunal u órgano colegiado de la Administración Pública a inaplicar una disposición infraconstitucional cuando considere que ella vulnera manifiestamente la Constitución, sea por la forma o por el fondo" (Numeral 4 de la parte resolutiva de la STC 04293-2012-PAJTC).
. .
a partir de la notificaciÓn de la resolución que señala cúmplase lo decidido (Caso: rnáximo Valeriano). Como se ha precisado con anterioi'idad. el segundo párrafo del artículo 44o del Código Procesal Constitucional establece que ''Tratándose del proceso de amparo iniciado contra resolución judicial, el plazo para interponer la demanda se inicia
377. El plazo es de 30 días hábiles contados
cuando la resolución queda firme. Dicho plazo concluye a los treinta días hábiles despues de la notificación que ordena se cumpla lo decidido". Este Colegiado, como ya se ha visto, ha venido considerado que el cÓmputo del plazo se inicia
desde la notificación de la resolución que queda firme y concluye luego de L20
BANCO DE PREGUNTAS DESARROLLADO
treinta días de notificada dicha resolución; sin embargo del contenido literal de la disposición antes acotada se desprende que la conclusión del plazo se produce en realidad luego de treinta días hábiles de notificada la resolución que ordena se cumpla lo decidido. Estas posiciones merecen una interpretación adecuada que evite confusiones a la hora de determinar sr se configura o no el presupuesto de procedibilidad de la acción relativo al plazo de prescripción. Para tal efecto y atendiendo al principio pro actione, debe interpretarse que el legislador, al considerar el inicio del plazo para interponer la demanda en la fecha de notificación de la resolución que queda firme, simplemente ha dispuesio que el .lusticiable está facultado para interponer la respectiva demanda de amparo sin necesidad de esperar que se notifique la resolución que ordena se cumpla lo decidido, mas no está postulando que el computo de los 30 días hábiles a que se refiere la norma comienza a partir de la fecha en que se notifica la resolución que queda firme. La misma norma, por otra parte, no indica en ningún momento que el plazo concluye a los treinta días hábites de producida la notificación de la resolución judicial firme. Lo que la norma analizada consagra es un plazo que
finaliza treinta días después de realizada la notificación de la resolución que ordena se cumpla lo decidido. En otras palabras y siempre que la resolución judicial que se juzga lesiva quede firme, se puede interponer la demanda antes de que se expida o notifique la posterior resolución que ordena se cumpla con lo decidido, pero de tal circunstancia opcional no se sigue que ello resulte obligatorio en cualquier caso. Por lo tanto la notificación de la resolución firme que causa el agravio no puede consrderarse, en la generalidad de los casos, como fecha de inicio del cómputo del plazo de prescripción del proceso de amparo a efectos de que comience a correr el plazo de treinta días hábiles.
378. Es un proceso constitucional que tiene como finalidad que las normas juridicas de jerarquía inferior a la ley (por ejemplo, un decreto supremo que reglamenta una ley) no contravengan a la Constitución o a la ley. Se presenta a la Sala competente de la Corte Superior del Poder Judicial y ésta, en su sentencia, declara si la norma que ha sido impugnada contradice o no la Constitución o a la ley. Si la Sala comprueba que, efectivamente, la norma impugnada infringe
alguna de aquéllas, la declara inconstitucional o, en su caso, ilegal y. por consiguiente, esa norma pierde efecto desde el día siguiente a la publicación de la sentencia, lo que equivale a decir que, a partir de ese mornento. deja de existir en el ordenamiento jurídico.
435. El control difuso le corresponde
a) b) c) d) e) 501.
a:
Poder ¡udicial
TribunalConstitucional Jurisdicción Militar Jurisdicción Arbitral Jurado Nacional de Elecciones.
Es competente el juez civil del domicilio del afectado o del iugar donde se afecto el derecho.
581. Las reglas del amparo contra amparo son:
a) b) c)
Se interpone una sola vez No cabe contra sentencia del Tribunal Constitucional a afeclos de cambrarla
Procede contra sentencias de segunda instancia que declara fundada la demanda y afecta los derechos fundamentales del demandado
12-t
DEITECHO PROCES,¿,1 i]ONSI¡;!JCI ONAL
d) e)
f) g)
Procede contra sentencias de segunda instancia que declara infundada improcedente la demanda y afecta los derechos fundamentales del
o
demandante. ProceCe contra sentencias cle segunCa instancia que afecta los derechos funclanrentales de un tercero legitimado. Procetie contra sentencia de segunda instancia que inobserva jurisprudencia vinculante. Procede conira senfencia de segunda instancia que ¡noLlserva precedente vinculante;.
h)
i) j)
Prooede siemore y cuando se ejecl,rte el primr:r amparo ProceCe contra amparcs en etapa de ejeciición ProceCe contra ..enteírcia rjel Triklunal Const:luci<¡nal a efectcs de precisar sus alcances.
793. El Tribunal Coi¡stitucional es el que eierc¡la el control concentrado. EI Tribunal Colistitucionai es ei órgano supreiirc de interpretación y control de la constiiucionalidao. Es aLitóncrno e irrr.Jeprndiente, pcrrque en el ejercicio de sus atribuorcnes í({l deperrCe oe rinEún órgano constitucional; se encuentra sc¡meiido sóio a
!¿:
Corrstituciún;v a su Ley Qrgánica - Ley No 28301.
Al Tribunal Const¡tucicr:al se le ha confiado la defensa del principio de supremacia const;tucional. r:s ciccir. qLr€ conro supremo intérprete de la Constitución. cuiCa
que ias leyes c actos de los órganos cel Estado no socaven lo dispuesto por ella. lirtervrene para restablecei el respeto a la Constituc¡ón en Eeneral y de ios derechos constitucionaies en parlicuiar El Tribunal se ccmpone de siete r¡ienrbros elegidos por el CongrÉ-'so de la Repúbhca por un período de cinco años. No hay reelección irrnrediata. Corresponde al Tribunal Constitucional: . Conocer, en instoncia única, la accrón de inconstitucionalidad. . Conocer, en úliima y Cefrnrtiva rnsta¡¡cia. las resoluciones denegatorias de hábeas corpus. emparc, hábeas data, y ar:crón de cunrplimiento. . Conocer los conflictos de competencia, o de atribuciones as¡gnadas por la Constitr¡ción, conforrne a ley.
797. Se ha establecido que una interpretac¡on sistemárica de lcs alcances de restricción cDntenida en el segunda párrcfo del artículo 200', inciso 2) de
la la
Constitui:ión, Celre entenderse e¡r e! sentido de que ¡ro cabe, efectivamente, que nredrante una demanda ,Je aniparc se cuestione una norma cuando el propósito de ésta sea cuestionar su v'alidez en abstracto, habida cuenta de que
eri el ordenarnienio existen otros proüesos,'conlo el de inconstitucionalidad o el de acción popular, cuyo objeto precisamerite es preservar la condición de la Constitución comc Ley Suprer"ner del Istado. Este Colegiado también advirtió la necesidad de c!istirrguir entre lo qL¡€; e-q propiarnente un supuesto de amparo contra riormas, cle lo que es, eri rigor, Lrn supuestc de amparo contra actos sustentados en la apliclcrón ce i:na nonr¡a. En relación ai primero de ellcs, la procedencia de este instrurnento p,'ocesal está supeditada a que la norma le'gal a la cual se le imor.rl;! ei 3gravio sobre u',. dÉii'echo fundamental se trate
cie uria norrn:l áu[oa¡iiicativ;1. op+i.ativ;r r¡ r:ienr-.mir¡ada también de eficacia inmediata, esto es,.¡tiueli¡ cliva rjoij-¡ purrsia en vi¡;encia incicje en el contenido ie los dr:recho.q lu nrJanrentales. En tal cas..l ',v sie¡nprc que rjsias rrornras ¡i-¡c;4an cirecianrente en dete;-rninados derechos fr-:ird¿i'r,e¡-r[ales, el am¡',aru. s;erá procedenio. ris sólo porque de clptarse por iine interpretaciór¡ lite¡¡l ,rei inciso 2.1 dr:l adícirlo 2CC" Ce la Constitución se delaría en ai:so!ut¿¡ indefe nsión al parÍrcular ¡¡fectado por un acto legislativo con stitucionai ;;rotegirJo
22
BANCO DE PREGUNTAS DESARROLLADO
arbitrario; sino además porque tratándose de una limitación del derecho de acceso a la justicia constitucional, éste no puede interpretarse en forma extensiva, sino más bien restrictiva; esto es, en el sentido más favorable a la plena efectividad
del derecho a obtener una decisión judicial que se pronuncie respecto de su pretensión. Con relación al segundo supuesto, basado en la procedencia de demandas de amparo contra actos basados en la aplicación de una ley, se ha establecido que, en la medida de que se tratan de normas legales cuya eficacia y, por tanto, eventual lesión, se encuentra condicionada a la realización de actos posteriores de aplicación, su procedencia ha de responder a los criterios que se indican a continuación. Por un lado, si se trata de una alegación de amenaza de violación, ésta habrá de ser cierta y de inminente realización.
798. Hábeas Gorpus Reparador. Respecto del hábeas corpus reparador, es preciso señalar que dicha modalidad representa la rnodalidad clásica o inicial del hábeas corpus, la misma que se prornueve para obtener la reposición de la libertad de una persona indebidamente detenida. Se presenta. oor ejemplo, cuando se produce la privación arbitraria o ilegal de Ia lit¡ertad física como consecuencia de una orden policial: de un mandato judicial en sentido lato; de una negligencia penitenciaria cuando un condenado contrnúa en reclusión pese a haberse cumplido la pena; por sanciones disciplinarias privativas de la libertad, entre otros.
799. Los requisitos de la procedencia del cumplinriento
a) b)
c)
d) e) f) g)
son:
Mandato vigente Claro y concreto No sujeto a controversias ni interpretaciones dispares De ineludible cumplimiento incondicional ldentificación del benefactor ldentificación del derecho que se le otr:rga.
800. El proceso de inconstitucionalidad es el mecanismo de control abstracto por excelencia, y es en donde se observan la coherencia legislativa en armonía al interés constitucional. pero que por ser el origen de la norma en cuestrón resultado de la actuación política, tampoco puede dejar de observar las tensiones de este rubro que se apareen en el mornento mediante, claro está, la prevalencia de la supremacía constitucional. En ese orden de ideas, es muy pertinente el
pronunciamrento dado por este órgano constitucional autónomo en recientes jurisprudencias: "... la naturaleza jurisdiccional del Tribunal no es compatible con la evaluación de medidas adoptadas bajo criterios de conveniencra o inconveniencia por los órganos de representación política. En el proceso de inconstitucionalidad de las leyes, el Tribunal juzga si una norrna con rango de leyes o no incompatible con la Constitución, y no si el legislador, al regular una materia dada, lo hizo de la manera más conveniente. Al legislador le corresoonde optar por cualquiera de las medidas que, dentro del marco constitucional, se puedan dictar; en tanto que al Tribunal Constitucional. velar porque esa opción no rebase el ordenamiento constitucional".
He allí una clara delimitación competencial, va que el que ejercita el control de la constitucionalidad si bien va a valorar la actividad política, lo objetivo de su función será pronunciarse sobre el texto constitucional. De modo tal que la "political questions" no puede ser de su incurnbencia"
\23
DERECHO PROCESAL CCNSTITUCIONAL
En efecto, de un sornero análisis de las normas pertinentes podemos señalar que la acción de inconstitucionalidad proceCe de acuerdo a lo que dispone el Art.200 inciso 4 de la Constitución: '... contra las normas que tienen rango de ley: leyes. decretos legislativos, decretos de urgencia, tratados, reglamentos del Congreso, normas regionales de carácter general y ordenanzas muntcipales que contravenga ia Constitución en la forma o en el fondo". Esta es la base sobre la cual debe operar el control de la constitucionalidad en el Perú, de suerte que su ejercicio no puede ir más allá de la norma constitucional, siendo la instancia encargada de este control (en nuestro caso el Tribunal
Constitucional) una especie de 'guardián de la Constitución". No se trata en consecuencra de un poder en sí, sino antes bien, de un satélite que circunda a los poderes del Estado y que va a procurar que la actividad estatal se ejercite en armonía con ei poder constituyente, dei cual resultará tributario.
Es esa la realidad, ya que el tope del control de la constitucionalidad es la Constitución, la cual nc puede aiter-ar pero si interpretarla de acuerdo al sentimiento del constituyente cuando la norma constitucional no sea precisa, más nada. De esta manera, evaluar ia inconstitucionalidad o constitucionalidad de una norrna no nos conducirá a verificar si la supuesta contravención a la Constitución es incompatible o no en términos de exclusión. de suerte que el mandato de la Constitución y el de la Ley deben ser incompatibles entre sí. En consecuencia, el proceso de inconstitucionalidad peruano es el mecanismo de la jurisdicción constitucional que tiene por finalidad controlar la concordancia práctica con la Constitución de las norntas inferiores a la misma. Pero, este mecanismo impera no sobre todas las normas, sino sobre las más importantes del ordenamiento juridico, es decir, aquellas que tiene el rango de ley. 813. En efecto, la sentencra del caso Salazar Yarlenque emitida en Noviembre del 2005 establéció como precedente ,rinculante que ''Todo tribunal u Órgano colegiado de la administración pública tiene Ia facLrliad y el deber de preferir la Constitución e inaplicar una disposición inÍraconsiitucional que la vulnera manifiestamente,
bien por la forma, bien por ei fondo. ce conformidad con los artículos 38o, 5'1o y 138o de la ConstituciÓn, Para ello, se deben observar los siguientes presupuest«:s: ('1 ) que dicho examen de constrtucionalidad sea relevante para
resolver !a controversia planteada dentro de un proceso administrativo; (2) que la ley cuestionada no sea posible de ser interpretada de conformidad con la Constitución" (Fundamento 50 inciso A cle Ia STC 03741-2004-PA/TC).
Pues bien, ocho años después el Tribunal Constitucional ha decidido dejar sin efecto et mencionado precedente vinculante, y lo ha hecho a través de la sentencia C4293 -20 1 Z-PAITC. ¿ Las razones alegadas? Básicamente tres: . Que el precedente vinculante sobre control difuso administrativo fue emitido sin que se presentara ninguna de las causales que el propio Tribunal
. .
Constitucionalestableció para la procedencia de Ia adopción de un precedente. Que la Constitución confrere el control difuso exclusivamente al Poder Judicial. Y que la aplicación ciel control difuso por parte de la administración pública no tiene un filtrc como el exigido ai Poder Judicial (en el cual la inaplicación
de una norma legal por inconstiitrc:cnalidad es sometida a revisión ante la Corte Sttprema) Por dichos motivos el Tribunal Constitucional ha resuelto "DEJAR SIN EFECTO el pr"ecedente vinculante conlenido en la Sl-C 03741-2004-PA/TC, conforme al cual se autorizaba a todc¡ tribunal u órgano coleglado de la Administración Pública a inaplicar urra disposlción in[raconstitucional cuando ccnsidere que
124
BANCO DE PREGUNTAS DESARROLLADO
ella vulnera manifiestamente la Constitución, sea por la forma o por el fondo" (Numeral 4 de la parte resolutiva de la STC 04293-2012-PAITC).
821. Fundada la demanda. Se trata de un Hábeas Corpus Traslativo. En linea de principio, debemos precisar que mediante esta modalidad de hábeas corpus cabe denunciar no solo la mora judicial en la determinación de la situación personal del detenido, procesado o condenado, sino también cualquier tipo de mora, sea ésta administrativa (policial, penitenciaria, etc.) o de otra naturaleza, siempre, claro está, que con dicho estado de cosas se prolongue en el tiempo y de manera injustificada la privación del derecho a la libertad personal del individuo. El hábeas corpus traslativo precisamente se diferencia del hábeas corpus clásico o principal en que este último tiene lugar en todos aquellos supuestos de detención arbitraria donde exista ausencia o insuficiencia del presupuesto material habilitante (mandato judicial motivado o flagrancia delictiva). mientras que aquel tiene lugar en todos aquellos casos en que habiendo tenido inicialmente el fundamento habilitante, es seguida de una mora judicial o administrativa que de manera injustificada mantiene privada de la libertad a una persona. Así este tipo de hábeas corpus procede, entre otros, en los siguientes supuestos: - Por vulneración del derecho a ser puesto a disposición del juez competente dentro del plazo estr¡ctamente necesario o dentro del plazo establecido por la Constitución o la ley; - Por afectación del derecho al plazo razonable de la detención judicial preventiva,
-
Por vulneración del derecho a la libertad personal del condenado que ha cumplido la pena.
1266. La razón suficiente expone una formulación general del principio o regla jurídica
que se constituye en la base de la decisión específica, precisa o precisable, que adopta el Tribunal Constitucional. En efecto, esta se constituye en aquella consideración determinante que el Tribunal Constitucional ofrece para decidir estimativa o desestimativamente una causa de naturaleza constitucional; vale decir, es la regla o principio que el Colegiado establece y precisa como indispensable y, por ende, como justificante para resolver la litis. Se trata, en consecuencia, del fundamento directo de la decisióni que, por tal, eventualmente puede manifestar la basa, base o puntal de un precedente vinculante. La razón suficiente (la regla o principio recogida como fundamento) puede encontrarse expresamente formulada en la sentencia o puede ser inferida por la vía del análisis de la decisión adoptada, las situaciones fácticas y el contenido de las consideraciones argumentativas. 1285. Casos en
a) b) c) d) 1336.
que no procede el amparo: existe una via igualmente satisfactoria se trate de un despido por causa justa pero no probada es un despido fraudulento pero hay que actuar medios probatorios
Cuando Cuando Cuando Cuando
se trate de un despido por causa justa.
El Control Difuso. El significado de Control Difuso es el de una facultad constitucional concedida a los órganos revestidos de potestad jurisdiccional para revisar la constitucionalidad de las normas, haciendo prevalecer la Constitución sobre la ley y ésta sobre cualquier otra norma de rango inferior. El Control Difuso presenta las siguientes características: a) Naturaleza lncidental: Esto es, se origina a partir de un proceso existente en el cual se están dilucidando pretensiones o cuestiones con relevancia jurídica. 1'25
DERECHC PROCESAL CONSTITUCIONAL
b)
Efecto lnter pades: Esto es, de efecto entre partes, significando ello que
los efectos de la aplicación del control Cifuso sólo afectará a las partes vinculadas en el proceso. No Erga Omnes.
c)
Declaración de lnaplicabilidad de la Norma cuestionada: Esto es, en el caso concreto, más no su declaración de inconstitucionalidad o ilegalidad. Consecuentemente, la misma norma puede volver a ser invocada en otros procesos, en tanto no se la derogue, a través de los procesos legislativos correspondientes o la declaración de inconstitucionalidad.
'1460. lmprocedente la demanda pues no cabe interponer proceso de amparo contra sentencia del Tribiinal Constitucional.
'1479. La declara procedente porque si cabe interponer amparo por parte de una institución del Estado contra otra cuando se le afecta al menos tres derechos fundamentales: debido proceso, tutela jurisdiccional y propiedad. 1541
.
El derecho a ia debida motivación de las resoluciones judiciales es una garantía del justiciable frente a la arbitrariedad judicial y garantiza que las resoluciones no se encuentren justificadas en el mero capricho de los magistrados, sino en datos objetivos que proporciona el ordenamiento jurídico o los que se derivan del caso. Sin ernbargo, no todo ni cualquier error en el que eventualmente incurra una resolución judicial constituye automáticamente la violación del
contenido constitucionalmente protegido del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales. Asi, en el Exp. N o 3943-2006-PAITC y antes en el voto singular de los magistrados Gonzales Ojeda y Alva Orlandini (Exp. No 17442005-PAiTC), este Colegiado Constitucional ha precisado que el contenido constitucionalmente garantizado de este derecho queda delimitado, entre otros, en los siguientes supuestos: a) lnexistencia de motivación o motivación aparente. Está fuera de toda duda
que se viola el derecho a una decisión debidamente motivada cuando la motivación es inexistente o cuandr: la misma es solo aparente, en el sentido de que no da cuenta de las razones nrínimas que sustentan la decisión o de que no responde a las alegaciones de las partes del proceso, o porque solo intenta dar un cumplimiento formal al mandato, amparándose en frases sin ningún sustento fáctico o jurídico.
b)
Falta de motivación interna del razonamiento. La falta de motivación interna
del razonamiento [defectos internos de la motivación] se presenta en una doble din¡ensión; por un lado, cuando exisie invalidez de una inferencia a partir cle las premisas que establece pieviamente el Juez en su decisión; y. por otro lado. cuando existe incoherencia narrativa, que a la postre se presenta como un discurso absolutamente confuso incapaz de transmitir, de modo coherente, las razones en las que se apoya la decisión. Se trata. en ambos casos, de identificar el ámbito constitucional de la debida mc¡tivación mediante el control de los argumentos utilizados en la decisión asurnida por el Juez o Tribunal; sea desde la perspectiva de su corrección lógica o desde su coherencia narrativa.
c)
Deficiencias en la motivación externa; justificación de las premisas. El cr:ntrol de la motivación también puede autorizar la actuación del juez constitucional cuando las premisas der las que parte el Juez no han sido corrfrontadas o ana!izadas respecto de su validez fáctica o jurídica. Esto ocurre por Ic general en los casos dificiles, como los identifica Dworkin, es decir, en aquellos casos donde suele presentarse probler¡as de prue[ras o de interpretaclón de disposiciories norrnativas. La motivación
126
BANCO DE PREGUNTAS DESARROLLADO
se presenta en este caso como una garantía para validar las premisas de las que parte el Juez o Tribunal en sus decisiones. Si un Juez, al fundamentar su decisión: 1) ha establecido la existencia de un daño; 2) luego, ha llegado a la conclusión de que el daño ha sido causado por "X", pero no ha dado razones sobre la vinculación del hecho con la
participación de "X" en tal supuesto. entonces estaremos ante una carencia de justificación de la premisa fáclica y, en consecuencia. la aparente corrección formal del razonamiento y de la decisión podrán ser enjuiciadas por el juez [constitucional] por una deficiencia en la justificación externa del razonamiento del juez. Hay que precisar, en este punto y en línea de
principio, que el hábeas corpus no puede reemplazar la actuación del juez ordinario en la valoración de los medios de prueba. actividad que le corresponde de modo exclusivo a éste, sino de controlar el razonamiento o la carenc¡a de argumentos constitucionales; bien para respaldar el valor probatorro que se le confiere a determinados hechos; bien tratándose de problemas de interpretación, para respaldar las razones jurídicas que sustentan determinada comprensión del derecho aplicable al caso. Si el control de la motivación interna permite identificar la falta de corrección lógica en la argumentación del juez, el control en la justificación de las premisas posibilita identificar las razones que sustentan las premisas en las que ha basado su argumento. El control de la justificación externa del razonamiento resulta fundamental para apreciar la justicia y razonabilidad de la decisión judicial en el Estado democrático, porque obliga al juez a ser exhaustivo en la fundamentación de su decisión y a no dejarse persuadir
por la simple lógica formal. d) La motlvación insuficiente. Se refiere. básicamente, al mínimo de motivación exigible atendiendo a las razones de hecho o de derecho indispensables para asumir que la decisión está debidamente motivada. Si bien, como ha establecido este Tribunal en reiterada jurisprudencia, no se trata de dar respuestas a cada una de las pretensiones planteadas, la insuficiencia, vista aquí en términos generales, sólo resultará relevante desde una perspectiva constitucional si es que la ausencia de argumentos o la "insuficiencia" de fundamentos resulta manifiesta a la luz de lo que en sustancia se está decidiendo. e)
La motivación sustanc¡almente incongruente. El derecho a la debida
motivación de las resoluciones obliga a los órganos judiciales a resolver las pretensiones de las partes de manera congruente corr los térmrnos en que vengan planteadas, sin cometer, por lo tanto, desviaciones que supongan modificación o alteración del debate procesal (incongruencia activa). Desde luego, no cualquier nivel en que se produzca tal incumplimiento genera de inmediato la posibilidad de su control. El incumplimiento total de dicha obligación, es decir, el dejar incontestadas las pretensiones, o el desviar la decisión del marco del debate judicial generando indefensión,
constituye vulneración del derecho
a la
tutela judicial
y
también del
derecho a la motivación de la sentencia (incongruencia omisiva). y es que, partiendo de una concepción democratizadora del proceso como la que se expresa en nuestro texto fundamental (artículo 39o, incisos 3 y S), resulta un imperativo constitucional que los justiciables obtengan de los órganos judiciales una respuesta razonada, motivada y congruente de las pretensiones efectuadas, pues precisamente el principio de congruencia procesal exige que el juez, al momento de pronunciarse sobre una causa determinada, no omita, altere o se exceda en las peticiones ante él '1
formuladas.
127
DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL
f)
Motivaciones cualificadas.- Conforme lo ha destacado este Tribunal, resulta indispensable una especial justificación para el caso de decisiones de rechazo de la demanda, o cuando, como producto de la decisiÓn jurisdiccional, se afectan derechos fundamentales como el de la libertad. En estos casos, la motivación de la sentencia opera como un doble mandato, referido tanto al propio derecho a la justificación de la decisión como también al derecho que está siendo objeto de restricción por parte del Juez o Tribunal.
1552. Según la sentencia del Tribunal Constitucional Exp, N" 04853-2004-PtuTC: B) Regla sustancial: Para la procedencia, por única vez, de una demanda de "amparo contra amparo", el juez constitucional deberá observar los siguientes presupuestos:
() a)
La resolución estimatoria ilegÍtima de segundo grado, emitida por el Poder Judicial en el trámite de un proceso de amparo donde se haya producido la violación manifiesta del contenido constitucionalmente protegido de los derechos fundamentales, o que haya sido dictada sin tomar en cuenta o al margen de la mejor protecciÓn de los derechos establecida en la doctrina jurisprudencial de este Colegiado,
desnaturalizando
la
decisiÓn sobre
el fondo, convirtiéndola
en
inconstitucional.
b)
c)
La resolución desestimatoria de la demanda, emitida en segundo grado por el Poder Judicial en el trámite de un proceso de amparo, cuando ésta haya quedado firme en el ámbito del Poder Judicial y cuando en su trámite se haya violado, de modo manifiesto, el contenido const¡tuc¡onalmente protegido de los derechos fundamentales de un tercero legitimado, cuya intervenciÓn en el proceso haya sido rechazada o en el que no haya solicitado intervenir por desconocer de dicho trámite; o tratándose del propio interesado, cuando éste, por razones que no le sean imputables, no haya podido interponer oportunamente el respectivo recurso de agravio constitucional. En ningún caso puede ser objeto de una demanda de "amparo contra amparo" las resoluciones del Tribunal Constitucional, en tanto instancia de fallo última y definitiva en los procesos constitucionales.
.1554 Debe resolver declarando IMPROCEDENTE la excepciÓn pues el cPConst establece que la cosa juzgada en un proceso constitucional se da solo cuando se resuelve sobre el fondo de la controversia.
1580. Medidas cautelares (Art. 15 C.P.Cons.): Se pueden conceder medidas cautelares y de suspensiÓn del acto violatorio en los procesos de amparo, hábeas data y de cumplimiento, sin transgredir lo establecido en el primer párrafo del artículo 3 de este Código. Para su expedición se exigirá apariencia
del derecho, peligro en la demora y que el pedido cautelar sea adecuado o razonable para garanfizar la eficacia de la pretensiÓn. Se dictan sin conocimiento de la contraparte y la apelación sólo es concedida sin efecto suspensivo; salvo que se trate de resoluciones de medidas cautelares que declaren la inaplicación de normas legales autoaplicativas, en cuyo caso la apelación es con efecto suspensivo. Su procedencia, trámite y ejecución dependerán del contenido de la pretensión constitucional intentada y del adecuado aseguramiento de la decisión final,
a cuyos extremos deberá limitarse. Por ello mismo, el Juez al conceder L28
en
BANCO DE PREGUNTAS DESARROLLADO
todo o en parte la medida solicitada deberá atender a la irreversibilidad de la misma y al perjuicio que por la mrsma se pueda ocasionar en armonía con el orden público, la finalidad de los procesos constitucionales y los postulados constitucionales.
Cuando la solicitud de medida cautelar tenga por objeto dejar sin efecto actos administrativos dictados en el ámbito de aplicación de la legislación municipal o regional, se correrá traslado por el término de tres días, acompañando copia certificada de la demanda y sus recaudos. así como la resolución que la da por
admitida, tramitando el incidente por cuerda separada, con lntervención del Ministerio Público. Con la contestación expresa o ficta, el Juez resolverá dentro
del plazo de tres días, bajo responsabilidad. En todo lo no previsto expresamente en el presente Código, será de aplicación supletoria lo dispuesto en el Título lV de ia Sección Quinta del Código Procesal Civil, con excepción de los artículos 618, 621 , 630, 636 y 642 al 672.
Extinción de la medida cautelar (Art. 16 C.P.Cons.): La medida cautelar se extingue de pleno derecho cuando la resolución que concluye el proceso ha adquirido la autoridad de cosa luzgada.
Si la resolución final constituye una sentencia estimatoria, se conservan los efectos de la medida cautelar, produciéndose una conversión de pleno derecho de la misma en medida ejecuiiva. Los efectos de esta medida permanecen hasta el momento de la satisfacción del derecho reconocido al demandante, o hasta que el juez expida una resolución modificatoria o extintiva durante la fase de ejecución. Si la resolución última no reconoce el derecho reclamado por el demandante, se procede a la liquidación de costas y costos del procedimiento cautelar.
El sujeto afectado por la medida cautelar puede promover la declaración de responsabilidad. De verificarse la misma, en modo adicional a la condena de costas y costos, se procederá a la liquidación y ejecución de los daños y, si el juzgador lo considera necesario. a la imposición de una multa no mayor de diez Unidades de Referencia Procesal. La resolución que fija las costas y costos es
apelable sin efecto suspensivo; la que establece la reparación indemnizatoria y la multa lo es con efecto suspensivo. En lo que respecta al pago de costas y costos se estará a lo dispuesto por el artículo 56.
1642 Precedente (Art. Vll C.P.Cons.) .- Las sentencias del Tribunal Constitucional que adquieren la autoridad de cosa juzgada constituyen precedente vinculante cuando así lo exprese la sentenóia, precisando el extremo de su efecto normativo. Cuando el Tribunal Constitucional resuelva apartándose del precedente, debe expresar los fundamentos de hecho y de derecho que sustentan la sentencia y las razones por las cuales se aparta del precedente. ElTribunal Constitucional (STC Exp. EXP. N " 3741-2004-AA/TC. LIMA)estima que los presupuestos para emitrr precedente vinculante son los siguientes: a) Cuando se evidencia que los operadores jurisdiccionales o administrativos vienen resolviendo con distintas concepciones o interpretaciones sobre una determinada figura jurídica o frente a una modalidad o tipo de casos; es decir, cuando se acredita la existencia de precedentes conflictivos o contrad ictorios.
b)
Cuando se evidencia que los operadores jurisdiccionales o administrativos vienen resolviendo en base a una interpretación errónea de una norma del bloque de constitucionalidad; lo cual, a su vez, genera una indebida aplicación de la misma.
129
DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL
c) d) e)
Cuando se evidencia la existencia de un vacÍo normativo. Cuando se evidencia la existencia de una norma carente de interpretación jurisdiccional en sentido lato aplicable a un caso concreto, y en donde caben varias posibilidades interpretativas. Cuando se evidencia la necesidad de cambiar de precedente vinculante.
1580. Solo se pueden conceder en los procesos de amparo, hábeas data y
de
cumplimiento. Se exige para su procedencia la apariencia del derecho, peligro en la demora y que sea adecuado o razonable para garantizar la eficacia de la pretensión. Se dictan sin conocimiento de la contraparte y la apelación sÓlo es concedida sin efecto suspensivo; salvo que se trate de resoluciones de medidas cautelares que declaren la inaplicación de normas legales autoaplicativas,
en cuyo caso la apelación es con efecto suspensivo. La medida cautelar se extingue de pleno derecho cuando la resoluciÓn que concluye el proceso ha adquirido la autoridad de cosa juzgada.
130
vil. DERECHOS HUMANOS
200. Son dos: a) Pacta sun servanda
(los tratados son ley entre las partes) y, b) Bona
Fide (los Estados se comprometen a realizar todas las actividades necesarias para el cumplimiento de los tratados y se abstienen de realizar otras actividades que conlleven a lo ccntrario)
202. Son: Principio pro homine (la norma más favorable a la persona) y, el principio de progresividad (los derechos se interpretan de la manera más óptima posible)
203. Las Convenciones de Ginebra sobre el Derecho lnternacicnal Humanrtario. El Derecho lnternacional Humanitario es el conjunto de normas cuya finalidad, en tiempo de conflicto armado interno o internacional es, por una parte, proteger a las personas que no participan, o han dejado de participaren Ias hostilidades y por otra, limitar los méiodos y medios de hacer la guerra.
De esta forma, el DlH, establece unas reglas para as¡sttr y proteger a las personas que no toman parte en las hostilidades: la población civil que sufre las consecuencias de los combates. los heridos, Ios enfermos y los prisioneros o personas retenidas. Así ¡'nismo, busca la solución Ce los problemas que se derivan directamente de los conflictos armados, internacionales o no, y limitan, por razones humanitartas, el derecho de las partes en conflicto a utilizar los métodos y medios de su elección para hacer la guerra o protegen a las personas y a los bienes afectados o que pueden verse afectados por el conflicto.
Derecho lnternacional Humanitario conocido también como derecho de los conflictos armados, o derecho de la guerra, comprende dos ramas distintas pero complementarias: - El derecho cle Ginebra o derecho humanitarro propiamente dicho, cuyo
objetivo es proteger
-
a las personas que no participan o han dejado de
participar en las hostilidades, es decir a la población civil y a los combatientes puestos fuera de combate.
El derecho de La Haya o derecho de la guerra, por el que se determinan los derechos y las obligaciones de los beligerantes en Ia conducción de las operaciones militares y donde se limita la elección de los medios para perjudicar al enemigo.
205. La Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni se encuentra ubicada en la Costa Atlántica de Nicaragua y alberga aproximadamente a 142 familias. Jaime Castillo Felipe, Síndico de la comunidad, denunció al Estado de Nicaragua ante la Comisión lnteramericana de Derechos Humanos (CIDH) por no demarcar las tierras comunales de la comunidad, ni tomar las medidas necesarias para asegurar los derechos de propiedad sobre sus tierras ancestrales y recursos
L3L
DERECHOS HUMANOS
naturales. Asimismo, denunció al Estado por no garanfizar el acceso a un recurso efectivo para dar respuesta a los reclamos de la comunidad respecto de la por entonces inminente concesión de 62 mil hectáreas de selva tropical a una empresa privada, que pretendÍa comenzar una explotaciÓn comercial en las tierras comunales. La CIDH sometió el caso a la Corte lnteramericana
de Derechos Humanos quien concluyó que Nicaragua había violado los
derechos de la comunidad a la protección judicial y a la propiedad privada. La Corte determinó que el derecho a la propiedad reconocido en la ConvenciÓn Americana sobre Derechos Humanos protege la tenencia tradicional de la tierra por parte de los pueblos indígenas y por ende, el Estado no está facultado para otorgar concesiones a terceros en dicha tierra. En consecuencia, decidiÓ que el Estado debÍa adoptar las medidas necesarias para crear un mecanismo efectivo de demarcación y titulación del territorio de las comunidades indígenas, acorde con el derecho consuetudinario, sus valores, usos y costumbres. La Corte decidió asimismo que el Estado debía abstenerse de realizar, en el ínterin, actos que pudieran afectar la existencia, valor, uso o goce de los bienes ubicados en
la zona geográfica donde los miembros de la comunidad indígena habitan
y
realizan sus actividades.
206.
a) b)
c) d)
Sistema Regional Europeo (Convención sobre derechos y libertades fundamentales de '1 950) Sistema Regional Americano (Convención Americana de derechos humanos de 1969) Sistema Regional Africano (Carta de Derechos y deberes fundamentales de 1 984) Sistema Regional Árabe (Carta de derechos humanos para la Liga Árabe del 2003).
207. En tal sentido, esos derechos no siempre imponen acciones concretas, sino tipos de obligaciones que si bien constituyen una orientación, un camino que debe transitarse, un marco para las definiciones, dejan al Estado o a los sujetos obligados un amplio espacio de discrecionalidad para elegir las medidas específicas destinadas a hacer efectivos esos derechos. Así sucede tanto con los derechos civiles y polÍticos como con los derechos económicos, sociales y culturales, todos los cuales traen consigo un conjunto de obligaciones negativas y positivas. Lo señalado es importante como punto
de partida para matizar las críticas a la posibilidad de exigir plenamente
los
derechos sociales o a que haya imposiciones exorbitantes a la acción política. Desde esta perspectiva, las diferencias ehtre derechos civiles y políticos y derechos económicos, sociales y culturales son de grado, y no de sustancia. Cabe reconocer que la faceta más visible de los derechos económicos, sociales y culturales son las obligaciones de hacer, y es por ello que a veces se los denomi na "derechos-prestación". Sin embargo, cuando se observa la estructura de estos derechos es fácil descubrir
la existencia concomitante de obligaciones de no hacer: el derecho a la salud conlleva la obligación estatal de no dañar la salud; el derecho a la educación supone la obligación de no empeorar la educación; el derecho a la preservaciÓn del patrimonio cultural implica la obligación de no destruir el patrimonio cultural. Es por ello que muchas de las medidas tendientes a la aplicación judicial de los derechos económicos, sociales y culturales se dirigen a corregir la actividad estatal cuando esta incumple obligaciones de no hacer. En suma, los derechos económicos, sociales y culturales también pueden describirse como un complejo de obligaciones positivas y negativas del Estado,
132
BANCO DE PREGUNTAS DESARROLLADO
aunque en este caso las obligaciones positivas revistan una importancia simbólica mayor para identificarlos. Además, ha variado de tal modo la concepción teórica e incluso la regulación juridica concreta de varios derechos civiles tradicionalmente consiCerados "derechos-autonomía" o derechos generadores de obligaciones negativas del Estado. que algunos de los derechos descritos clásicamente como "civiles y polÍticos" han adquirido un indudable cariz social. La pérdida del carácter absoluto del derecho de propiedad, sobre la base de
consideraciones sociales, es el ejemplo más cabal al respecto, aunque no el único.
Las actuales tendencias del derecho de daños asignan un lugar central a la distribución social de riesgos y beneficios como criterio para definir la obligación de reparar. El impetuoso surgimiento de un derecho del consumo ha transformado sustancialmente los vínculos contractuales cuando tienen que ver con la relación consumidores y usuarios. La consideración tradicional de la libertad de expresión y prensa ha adquirido dimensiones sociales que cobran cuerpo al formularse la libertad de información como un derecho de todo miembro de la sociedad que comprende en ciertas circunstancias la obligación positiva de producir información pública. La libertad de empresa y de comercio resultan condicionadas cuando su objeto o desarrollo afecta la salud o el medio ambiente. En suma, muchos derechos tradicionalmente incluidos entre los derechos civiles y políiicos han sido reinterpretados en clave social, de modo que las distinciones
absolutas también pierden sentido en estos casos. La jurisprudencia de los órganos de protección internacional de los derectlos humanos, en especial el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ha establecido la obligación positiva de los Estados de remover los obstáculos sociales que impiden el acceso a la jurisdicción, de tomar medidas apropradas para evitar que las alteraciones ambientales puedan constituir una violación del derecho a la vida privada y familiar, y de llevar a cabo acciones afirmativas para evitar riesgos previsibles y evitables que puedan afectar el derecho a la vida. Podria decirse entonces que la adscripción de un derecho al catálogo de derechos
civiles y políticos o al de derechos económicos, sociales y culturales tiene un valor heurístico, ordenador, clasificatorio, pero que una conceptualización más rigurosa llevaría a admitir un continuum de derechos, en el cual el lugar de cada
uno de ellos estaría determinado por el peso simbólico del componente de obligaciones positivas o negativas que lo caracterizaran.
En línea con lo dicho, autores como Van Hoof
o Eide10
proponen
un
esquema interpretativo que señala los "niveles" de obligaciones estatales que caracferizarian el complejo de obligaciones que identificaría a cada derecho, independientemente de su adscripción al conjunto de derechos civiles y políticos o al de derechos económicos, sociales y culturales. Según la propuesta de Van Hoof, por ejemplo, cabria discernir cuatro "niveles": obligaciones de respetar, obligaciones de proteger, obligaciones de garantizar y obligaciones de promover el derecho en cuestión.
Las obligaciones de respetar se definen por el deber del Estado de no injerir, obstaculizar o impedir el acceso al goce de los bienes que constituyen el objeto del derecho. Las obligaciones de proteger consisten en impedir que terceros
injieran, obstaculicen o impidan el acceso a esos bienes. Las obligaciones de garantizar suponen asegurar que el titular del derecho acceda al bien cuando no
puede hacerlo por sÍ mismo. Las obligaciones de prornover se caracterizan por el deber de desarrollar condiciones para que los titulares del derecho accedan al bien.
133
DERECHOS HU[4ANOS
Como puedeapreciarse, elesquema de "niveles"deobligacionesesperfectamenie aplicabie a todo el espectro de derechos. sean estos clasificados como derechos
y políticos, o como derechos económicos, sociales y culturales. Cabe reiterar que es incorrecta la concepción de los derechos económicos, sociales y culturales como derechos que establecen exclusivamente obligaciones positivas. Tanto los derechos civiles y politicos como los económicos, sociales y culturales constituyen un complejo de obligaciones positivas y negativas. Las obligaciones negativas son las que tiene el Estado de abstenerse de realizar cierta actividad: civiies
no impedir la expresión o difusión de ideas, no violar la correspondencia, no detener arbitrariamente, no impeorr que una persona se afilie a un sindicato, no intervenir en caso de huelga, no empeorar el estado de salud de la población, no impedir que una persona acceda a la educación. En cuanto a las obligaciones positivas, conviene establecer algunas distinciones, que nos darán la pauta del iipo de medidas que pueden exigirse" Con cierto automatismo, se suele vincular directamente ias obiigacicnes positivas del Estado con la obligación de disponer de fondos. No cabe duda de que esta es una de las formas más características de ci-imolir con obligaciones de hacer o de dar, en especial en campos como la salud, la educación o el acceso a Ia vivienda. Sin embargo, las obligaciones positivas no se agotan con el solo hecho de disponer
de reservas presupuestarias para ofrecer una prestación. Las obligaciones de proveer servicios pueden caracterizarse por el establecimiento de una relación directa entre el Estado y el beneficiario de la prestación. El Estado puede, sin embargo, asegurar el goce de un derecho a través de otros medios, en los que pueden tomar parte activa otros sujetos obligados. Las formas que pueden adoptar las medidas estatales de cumplimiento de las obligaciones obligaciones positivas son múltiples: entre otras, la organización de un servicio público
(por ejemplo, el funcionamiento de tribunales, lo que asegura el derecho a Ia lurisdicción; la provisión de cargos de defensor oficial, que asegura el derecho a defensa en juicio a quienes no pueden pagar un abogado particular; o Ia organización del sistema educativo público); la oferta de programas de desarrollo y capacitación; el establecimiento de formas escalonadas de cobertura público/ privada (por ejemplo, organizando formas privadas de aporte para mantener obras sociales que cubran el derecho a Ia salud de las personas empleadas y sus familias, y estableciendo un sistema público oe salud que cubra el derecho de las personas no amparadas por la estructura de empleo); la gestión pública de créditos diferenciados (por ejemplo, créditos hipotecarios para vivienda); la entrega de subsidios; la realización de obras públicas, y el otorgamiento de beneficios o exenciones de carácter tributario.
209. El Estado frente a la Corte debe observar:
a) b) c) d)
Reglas de buena fe en su defensa Proporcionar todos los documentos e informes que solicite la Corte Cumplir con las medidas provisionales que emite la Corte.
Cumplir con las sentencias
de la Corte cuyo
incumplimiento genera
responsabilidad internacional.
217. Excepciones por parte del Estado de Perú.. Falta de agotamiento de la jurisdicción interna del Perú al tiempo en que la Comisión lnteramericana de Derechos Humanos admitió a trámite.
.
Falta de competencia de la Comisión lnteramericana de Derechos Humanos
y de la Corte lnteramericana de
Derechos Humanos para conocer la denuncia interpuesta por la Fundación de Ayuda Social de las lglesias Cristianas (FASIC).
134
BANCO DE PREGUNTAS DESARROLI ADO
.
Falta de reclamación previa con respecto
a la
presunta violación del
artículo 29 de la Convención con respecto a la Convención de Viena sobre
' .
Relaciones consulares. Falta de reclamación previa con respecto a la liberación de los accionantes.
Falta de personería y legitimidad de Fundación de Ayuda Social de las lglesias Cristianas (FASIC) quien presentó la denuncia.
223. El derecho a la verdad es un derecho autónomo, que aparece frente a graves
violaciones a los derechos humanos; y específicamente, lo encontramos en el caso Velásquez Rodríguez v. Honduras. Es un dereciro de las víctimas y de la sociedad y es un deber del Estado, el cual, se encuentra consagrado corno un deber afirmativo al conllevar la obligaciórr de respetar tal derecho y adernás. de garanlizar su ejercicio, ccnforme al ar-ticulo 1 .1 de ia Cc¡nvención Americana. "Desde el punto de vista del derechc, el derecho a ia verdad constituye el fin inmediato del proceso penal; es el interés público el que reclama Ia determinación
de la verdad en el juicio, es el medio para alcanzar ei valor rnás alto, es decir, la justicia."
Es así que el actual gobierno tiene la tarea de investigar, procesar y castigar
a los que resulten responsables de las violaciones a los derechos humanos
ocurridas durante el anterior gobierno y, en general, cjurante nuestro pasado. Sin embargo, su tarea no finaliza ahí, sino que deberá revelar a !as victimas y a la sociedad todo lo obtenido producto de sus investigaciones sobre los hechos y las circunstancias Ce tales violaciones. Es el derecho de las vicfimas (Bari"ios Altos, El Fronton, La Cantuta. Cayara, entre otros) frenie al Estado de conocer todo cuanto pueda establecerse sobre ia suerte, paradero y lrechos cje cJichas violaciones; no se agota con la obtención de una compensacictn dineraria sino con el resarcimiento integral que incluye el derecho a la justicia y al conocimiento
de la verdad. Además, este derecho subsistirá mientras haya la incertidumbre sobre los hechos o las violaciones. Cuando nos referrmos a víctimas, no sólo considerarnc¡s a las personas que fueron asesinadas, desaparecidas o directamenie afectadas por violaciones a los derechos humanos; sino, también a los familiares de estas personas asesinadas y desaparecidas, y al Cerecho que tienen ianto e!las como ia sociedad de conocer el paradero, los responsables y los hechos que produjeron dii.has v;olaciones. Las violaciones a los derechos humanos no sólo a[ectan a las r¡iciimas. presos, desaparecidos y muerios sino que trascienden a Ia famiiia y a ia sociedad. Es asÍ que el derecho a la verdad se concibe como un derechc colecti'/o.
230. Las cuatro posturas son: a) La postura iusnaturalista: Según
la cual ios derechcs humanos
se
fundamentan enla razón y por tanto, son anteriores y suDeriores al Estado, no requieren del Ordenamiento Jurídico para su existencia, las noi-mas pos¡tivas solo los reconocen ntas no los crean.
b) La
c) d)
postura iuspositirrista: Según la cual los cierechcs humanos se fundamentan en la norma positiva y por ello solo se puecien recia,^nar en la medida de que estos sean reconocidos por las norn-las pcsitrvas
La postura lristoricista: Según la cual ios derechos hunlanos se func.ierneiltan en la evolución histór'ica de las societJacies, es decir, Ios de¡echos humanos obedecen a la evolución de la civilización humana. La postura axiológica: Según la cual los derechos ¡Lrrr:anos se fu¡ndanrentan en los valores moi'ales. es decir, los derechos nilniancs scn valores juridizados.
135
DERECFl0S HUIIANOS
234. Es idóneo para proteger el derecho vuinerado. El articulo 46.1 a) de la Convención remite "a lcs principios tiel Derecho internacional generalmente reconocidos". Esos principios no se refieren sólo a la existencia formal de tales recursos, sino también a qrle éstos sean adecuados ¡r efectivos, como resulta de las excepciones contempladas en el artículo 46.2. ("Velásquez Rodríguez,26 de
junio de 1987). Que sean adecuados significa que la funciÓn de esos recursos, dentro del sistema del Derecho interno, sea idónea para proteger la situación juridica infringida. En todos los ordenamieni.os internos existen múltiples recursos, pero no todos son aplicables en todas las circunstancias. Si, en un caso específico, el recurso no es adecuadc, es obvio que no hay que agotarlo. Así lo indica el principio Ce que la norma está encaminada a producir un efecto y no puede interpretarse en el sentido de que no produzca ninguno o su resultado sea
manifiestamente absurdo o irrazonable. Por ejemplo, un procedimiento de orden civil, expresamente mencionado por el Gobierno, como la presunción de muerte por desaparecimtento cuya función es la de que los herederos puedan disponer de los bienes del presunto muerto o su cÓnyuge pueda volver a casarse, no es adecuado para hallar la persona ni para lograr su liberaciÓn si está detenida
235. Los tres t¡pos Ce reparaciones sotl:
a) b) c)
Reponer las cosas al estado anterior Ordenar una indemnizaciÓn Ordenar el otorgamiento de medidas satisfactivas.
La forma en la que una violación a lcs derechos humanos puede incidir y afectar la historia personal de la vÍctima y su entorno presenta un alto nivel de complejidad, la misma Corte lDH, en su sentencia sobre reparaciones del caso Aloeboetoe vs. Suriname señaiÓ que: Todo acto hunrano es causa de muchas consecuencias, próximas unas y otras remotas. Un viejo aforismo dice en este sentido: causa caus@ est causa causati. Piénsese en la imagen de una piedra que se arroja a un lago y que va produciendo en las aguas circulos concéntricos cada vez más lejanos y menos perceptibles. Así, cada acto humano produce efectos remoios y lejanos. La Corte iDH, en su iurisprudencia constante, ha señalado que: Las reparaciones, como eltérmino lo indica, consisten en las medidas que tienden a hacer desaparecer los efectos de las violaciones cometrdas. Su naturaleza y su monto dependen del daño ocasionado en los planos tanto material como inmaterial. Esta definición es coherente con la base legal en la mater¡a, esto es el artículo 63.1 de la CADH. Ei mismo dispone qLle: Cuando decida que hubo violación de un derechc o libertad protegiCos en esta ConvenciÓn, la Corte clisponorá gue se {Jarani¡ce a! lesionadct en el goce de su derecho o liberlad co¡tculcados. Dispondrá asinllsmo, si ello fuera procedente, que se reparen las (lonsecuenc¡as de la medida o situacion que ha configurado la vulneraciÓn de esos derechos y el pago de una justa irrdenrnización a la parte lesionada.
13b
vill. DERECHO ADMI N ISTRATIVO
90.
No hay plazo para impugnar un acto favorable pues los actos favorables no se impugnan. El acto por silencio administrativo positivo no causa agravio, por lo que no es procedente su impugnación.
572.
No se pueden ver las alternativas sobre los órganos colegiados. Pero se trata de cuerpos que funcionan previa verificación de quórum, deliberación y decisión por mayoría o unanrmidad, dependiendo de lo que diga la ley.
669.
La Sala admite la demanda pues es competente para conocer resoluciones que agotan la vía administrativa en INDECOPI.
767.
La facultad de declarar la nulidad de oficio de un acto administrativo prescribe al año desde que el acto quedó consentido.
790. 791. 792.
El plazo de prescripción general para determina la sanción es de 5 años. En el principio de predictibilidad. Mediante los recursos impugnativos: reconsrderación, apelación y revisión.
1346. Frente a un acto que supone que viola, afecta, desconoce o lesiona un derecho o un interés legítimo, procede su contradicción en la vía administrativa en la forma prevista en esta Ley, para que sea revocado, modificado, anulado o sean suspendidos sus efectos.
Para que el interés pueda justificar la titularidad del administrado, debe ser legitimo, personal, actual y probado. El interés puede ser material o moral. La recepción o atención de una contradicción no puede ser condicionada al previo cumplimiento del acto respectivo.
1347.
El SilencioAdministrativo
constituye una ficción que la ley establece en beneficio
del particular (administrado), complemento indispensable de la obligación de resolver" Lo trascendental de esta institución es el hecho de que, a la falta de respuesta de la Administración se le atribuye un significado concreto y así, se considera estimada (silencio positivo) o desestrmada (silencio negativo), según los casos, la solicitud del ciudadano cuando la Administración incumple su deber de resolver.
1348. Los recursos administrativos constituyen un mecanismo de defensa de
los derechos de los administrados, permitiéndoles cuestionar los
actos
de la administración pública que hubieran sido dictados sin cumplir con
las
disposiciones legales o sin efectuar una adecuada apreciación de los hechos y fundamentos expuestos por los administrados.
137
IIE RECIlO AD
I\,1
1
N
Ii;TRATIVO
De acuerdc a io dispuesto por el artículc 207 de la Ley No 27444, el plazo para interponer los recursos adnrinistrativcs es de 15 días hábiles contados a partir de! día siguiente de la nr¡iificación del acto que se desea impugnar. AsÍ misnro, dicho añiculo dispone qLre !as r:riidades deberán resolver los recursos en un plazo no mayor de 30 días habiles cr¡ntados desde el día siguiente a la interposición dei recurso. Los recursos administrativos son:
Recurso de reconsideración.- Ei recurso de reconsideración tiene por finalidad que el mismo iuncionario revise r¡uevamente e! expediente adrninrstrativo a raíz de una nueva prueba o hecho nuevo ir"rvocado por el administrado
Recurso de apelación.- Mecjiante el recurso de apelación el administrado solicita que el funcionario u órgano sr-rperirlr al que resolvió el experJiente, lo revise nuevamente y emita una resoluc¡órl que revoqJe o anule la resolución impugnada, Este recurso se ciirige al nrrsmr: funcionario que enlit;ó la resolución que se impugna. para que lo eleve a su superiorlei'arquicc.
Recurso de revisión.- Procederá de manera excepcional ante una tercera instancia adrnir¡istrativa do cornpetencia nacional solamente cuando Ias dos instancias antericres hayan srCo resueltas por autoridacies que no sean de competencia nacional.
"La normativa señala claranl(-.nte ios supuestcs en los que procede interposición del rec;urso de revision ( ..) Dos oe ellos dependen de
la Ia
presentación previa Ce L¡n reci;rso de apelación. El tercero tiene ccnlo premisa fundamental que ei acto recurrido hava sido emitido por el titular c máxima
autoridad administrativa de la Enlidad. En este seniido, debe concluirse que para recurrrr al Tribunal ciebe, pre'rianrente, interponerse el correspondiente recurso de apelacion ante la Entidad, salvc que haya sido la última insiancia de la Entidad la que Irubiera Lronunciadc la decisión impugnada" (Reso!ución No'181/2007.TC-SU). 1
425. P roceso corrtencioso adm inistrativo- Com petencia Competencia territorial: Es comDetent* para conocer el proceso contencioso administrativo en prirnera rnstancia. a elección del demandante, el Juez en lo contencioso adminisirativo del lugar Cel Comicilio del demandado o del lugar donde se produjo la acti¡ación materia de la demanda o el silencio administrativo.
Competencia funcional: Son competéntes para conocer el proceso contencioso administrativo el Juez Especializado y la Sala Especializada en io Contencioso Administrativc, en prirne r y segundo grado, respectivarnente. Cuando el objeto de la demanda verse sohre actuaciones del Banco Central de Reserva del Pertr, Superir-rtenrlencia del Mercado de Vaiores, de la Superiniendencia o'e Bciuc;a, S':g,r«ts y Adn.iinisiradcras Prirradas de FonCos de Pensiones y de ia Supei-inlendenr-:ia í'Jacional de Salu,l, es cotnpetente, en primera instancra. la Sala Especializ;;ria en lo Conlencioso Administrativo de la Cc¡rte Superioi'rese.ectiva En esie c;¡t:o la Sala Ci','il Ce la Corte Suprema resuelve en apelar:ión y la Sala Constiiucional y Sociai en casaciór't, si fuiera el caso. Es competenre para ronocer ia solicitud de rneciida cautelar la Sala Especializada en lo Contenr;iosc AcJnrinrstratívo
BANCO DE PREGUNTAS DESARROTLADO
1563.
Son principios del procedimiento administratrvo: legaiidad. debído procedimiento,
imparcialidad, informalismo, eficacia, conducta procedimental, celeridad, participación, simplicidad, uniformidad, verdad material, impuiso de oficio, razonabilidad, predictibilidad. presr-rnción de veracidad, privilegio de controles posteriores,
1564. La pregunta se repite en la número 1570. El artÍculo 1 de la Ley N' 27444, señala que son actos administratlvos, las declaraciones de las entldades que, en el marcc de las norr¡as cle derecho público, están destinadas a producir efectos jurídicos scbre los intereses, obligaciones o derechos de los administrados dentro de una siluación concreta. El acto administrativo es el resulLado jurídico de un prcceso de exteriorizacrón intelectual que es emanado de cualquiera de los órganos de las entidades, para concretar en un supuesto esr¡ecifico la potestarj conferida por la ley. Al constituir el acto adnrinistrativo, una iípica manifestaciórr del pocler púbhco, conlleva fuerza vinculante por imperio del derecho (IVORÓN URBINA, Juar¡ Carlos Comentar;os a la ley del procedimiento administrativo general. P. 119.). No son actos adnrinistrativos. los actos de administración interna de ias entidades destinadas a organizar o hacer firncionar sus prr:pias aciividaCes
o
servicios, los cuales serán regulados por cada entidad; asi como los
comportamientos o actividades materiales de cada entidad. En tal sentido, r.lo serán actos administrativos aquellos que se agotan en el ánrbrio interno de la propia administración, por lo que no serán susceptíbles de ser irnpugnados en la vía destinada exclusivamente a Ia impugnación de los actos administrativos (Resolución Ministerial No 1510-2003-lN-1701 ).
139
IX. PROCESO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
13.
Es requisito para la procedencia de la demanda el agotamiento de la vía administrativa. Se tramita como proceso urgente únicamente las siguientes pretensiones: 1. El cese de cualquier actuación material que no se sustente en acto administrativo. 2. El cumplimiento por la administración de una determinada actuación a la que se encuentre obligada por mandato de la ley o en virtud de
acto administrativo firme. 3. Las relativas a materia previsional en cuanto se refieran al contenido esencial del derecho a la pensión. Se tramitan conforme al procedimiento especial las pretensiones no previstas en los supuestos anteriores. 86.
Según la Ley N' 27584, el plazo es de tres meses contados desde el día siguiente de conocido el acto materia impugnación o de su notificación, lo que ocurra primero.
88.
Según el artÍculo 24 inciso 1 de la Ley N' 27584 se establece que la acción dirigida al cese de cualquier actuación material que no se susfente en acto administrativo se tramita como Proceso Urgente. Asítambién el artículo 17 establece los plazos en el inciso 5 "Cuando se pretenda impugnar actuaciones materiales que no se sustenten en actos administrativos el plazo será de tres meses a contar desde el día siguiente en que se tomó conocimiento de las referidas actuaciones".
89.
Como señala el artículo 17 dela citada Ley, modificado por el Decreto legislativo N' 1067, la demanda, cuando se produzca silencio administrativo negativo, deberá ser interpuesta observando lo establécido en el artículo 188.5 de la Ley N' 27444, es declr, el silencio administrativo negativo no inicia el cómputo de plazos ni términos para su impugnación.
90.
Según el inciso 4 del artículo 17 de la Ley N" 27584: "Cuando se trate de silencio administrativo positivo por transcurso del plazo previsto en la Ley del Procedimiento Administrativo General o por normas especiales, el plazo para el tercero legitimado será de tres meses".
91.
El
juez incorpora la nueva pretensión, que es la materialización de una actuación nula, pues el pronunciamiento ya habia sido emitido por silencio administrativo negativo.
92.
La nueva pretensión puede ser incorporada si está vinculada con la demanda original y no se ha expedido sentencia, el juez concede un nuevo plazo para contestar de tres días (Art. 16 Ley N" 27584).
741
PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATiVO
762.
El Ministerio Púbiico interviene como Dictaminador. Excepcionalmente como paile cuando se trata de intereses difusos.
763. 764.
No suspende los efectos del acto impugnado. Es la misma respuesta para la pregunta 1428. Se tramita corno proceso urgente únicamente las siguientes pretensiones (Art. 26 del D. S. N" 013-2008-JUS):
1. El cese de cualquier actuación material que no se
2.
sustente en acto
administrativo.
El cumplimiento por la administración de una determinada actuación a la que se encuentre obligada por mandato de la ley o en virtud de acto administrativo firme.
3.
Las relat¡vas a materia previsional en cuanto se refieran al contenido esencial del derecho a la pensión.
Para conceder la tutela urgente se requiere que del nrérito de la demanda y sus recaudos, se aclvierta que concurrentemente existe: a) lnteres tutelattle cierto y manifiesto. b) NecesiCad impostergable de tutela. y c) Que sea la única via eficaz para la tutela del derecho invocado.
765.
El Ministerio Público.
1321. La carga de la prueba corresponde a quien alega un hecho. LaAdnrinistración puede probar solo cuando está en mejor posición para probar un hecho, especialmente en procedimientos sancionadores o los que tengan que ver con el ejercicio de su función.
1339. La contpetencia territorial en los procesos contencioso administrativos
se
determina por el domicilio del demandado o por el lugar donde se produjo el ecto. 1364. La intervención del Ministerio Público es como dictaminadory, excepcionalmente,
oomo parte cuando se trata de intereses difusos.
1571. La ley que reguia el proceso contencioso administrativo (Decreto Supremo N" 013-2008-Jt-.lS) en el artículo 2. señala que ese proceso se rige por los siguientes principios: 1. Principio de integración.- Los jueces no deben dejar de resolver el conflicto de intereses o la inqertidumbre con relevancia jurídica por defecto o deficiencia de la ley. En tales casos deberán aplicar los principios
del derecho adn¡inistrativo. 2. Principio de igualdad procesal.- Las partes en el proceso contencioso administrativo deberán ser tratadas con igualdad, independientemente de su condición de entidad pública o administrado. 3. Principio de favorecimiento del proceso.- El Juez no podrá rechazar lirninai'nrente la derrianda en aquellos casos en los que por falta de precisión del marco iegal exista inceriidumbre respecto de! agotamiento de la vía previa. Asimismo, en caso de que el Juez tenEa cualquier cltra duda razonable sobre la procedencia o no de la demanda, deberá preferir darle trámrte a la misma. 4. Principio de suplencia de oficio.- El Juez deberá suplir las deficiencias formales en Ias que incurran las partes. sin perjuicio de disponer la subsanación de las misnlas en un plazo razonable en los casos en que no sea posible la suplencia de oficio.
142
x. DERECHO COMERCIAL
340. Los títulos valores se rigen por el principio de formalidad, en ese sentido, sólo en la medida en que un documento reúne las formalidades que la ley exige, éste será calificado como tal. Cabe precisar que la Ley de la materia, de manera específica indica a su vez si una formalidad es o no esencial. pues en caso faltare una de las primeras, simplemente el documento no tendrá eficacia cambiaria, lo que sí sucedería en caso se omitiera una forrnalidad no esencial, por lo mismo que la norma prevé una presunción a fin de que el documento subsista como título valor. La pregunta plantea un supuesto, y precisamente ante esa situación, es correcto afirmar que la fecha de vencimiento no es una formalidad esencial, pues en caso de no haberse indicado, se debe presumir que es un título valor con vencimiento a la vista. Base legal, artículo 121o, literal 5) de la Ley de Títulos Valores, Ley No 27287. Debe tenerse en cuenta que las letras de cambio a la vista, vencen cuando se presenta ante el deudor para el pago. Y salvo pacto expreso, el tenedor (acreedor) del título valor tiene hasta un año para presentarlo al deudor (aceptante) para el pago.
582. Nuestra legislación cambiaria regula, entre otras, una clasificación de
los
títulos valores, según su forma de circulación. En ese sentido, un primer grupo se denominan títulos a la orden y un segundo grupo se denominan títulos nominativos. Los primeros de ellos circulan por el endoso, en cambio los segundos a través de la cesión de derechos.. El ejemplo de los primeros son la letra de cambio o el pagaré, en tanto que.el ejemplo de los últimos son las acciones, los papeles comerciales, etc.
La diferencia principal radica en que el endoso genera autonomía cambiaria a favor del adquiriente del título valor, lo que no sucede cuando se transfiere un título valor a través de la cesión de derechos, pues en este último caso, el deudor puede oponer al nuevo acreedor, las mismas defensas personales que se pudieran derivar de la relación causal. Ejemplo. Si un accionista transfirió sus acciones, la sociedad puede exigirle al nuevo accionista el pago de la cancelación del aporte que estuviera pendiente, si éste exigiera a su vez el pago de utilidades.
923. El artículo
51o de la Ley de Títulos Valores prevé que si un título valor contiene una obligación dineraria, los intereses que se generarán de manera automática son los de carácter legal. Sin embargo, es posible que las partes puedan pactar la tasa respectiva del interés compensatorio y moratorio, ello siempre que no se exceda la tasa fijada por el Banco Central de Reserva (a menos que se trate de una entidad financiera).
143
DERECHO COI\4ERCIAL
Es posible también pactarse el reajuste de los intereses. Lo cual debe estar contenido en el título. 146o de la Ley de Títulos Valores refiere que en la letra de cambio no procede acordar intereses para el período anterior al de su vencimiento. Sólo a falta de pago y a partir del día siguiente a su vencimiento, generará los intereses compensatorios y moratorios que se hubieren acordado conforme al Artículo 51 o, en su defecto, el interés legal, hasta el día de su pago.
1399. El artículo
1431
.
Conforme a lo dispuesto por el artículo 2070 de la Ley de Títulos Valores, el plazo que tiene el tenedor de un cheque, para presentar a cobro es de 30 días
naturales. Sin embargo, vencido dicho plazo, cabe la posibilidad de que el girador del cheque revoque la orden contenida en el mencionado título valor, cuestión esta que dará lugar a que el acreedor proceda a ejercitar la acciÓn cambiaria que corresponda. Cabe precisar que el citado plazo se computa desde la emisión del cheque, a menos que se trate de un cheque diferido, en cuyo caso, el plazo antes indicado se contabiliza desde el momento indicado en el título como fecha de inicio.
"144
xt. DERECHO LABORAT Y PROCESAL LABORAL
8.
No obstante que la regla es la contratación laboral a tiempo indeterminado, existen contratos sujetos a modalidad, los cuales se celebran cuando así lo exija la naturaleza temporal o accidental del servicio que se va a prestar o de la obra que se ha de ejecutar. La excepción la constituye los contratos de trabajo intermitente o de temporada que por su naturaleza puedan ser permanentes. Son contratos de naturaleza temporal: (Art. 57, 58 y 59 del TUO de la LPCL) a) El contrato por inrcio o lanzamiento de una nueva actividad.
b)
c)
El contrato por necesidades del mercado. El contrato por reconversión empresarial.
Son contratos de naturaleza accidental: (Art. 60, 61 y 62 del TUO de la LPCL) a) El contrato ocasional. b) El contrato de suplencia. c) El contrato de emergencia. Son contratos de obra o servicio: (Art. 63 al 71 del TUO de la LPCL) a) El contrato específico. b) El contrato intermitente. c) El contrato de temporada. 66.
En el caso de los trabajadores mineros, la jornada razonable de trabajo no puede ser mayor de ocho horas diarias y debe considerar una jornada semanal razonable, atendiendo a las específicas condicipnes laborales de Ios trabajadores mineros que se caracterizan por un despliegue mayor de fuerza física, esto es,
doce horas durante 4 días seguidos y en algunos casos hasta 5 días, en un contexto de alto riesgo para su salud, de trabajo fÍsico a más de 3,500 m.s.n.m.,
de alimentación deficiente y mayor exposición a los polvos minerales, con el consiguiente deterioro de la esperanza de vida.
Tratándose de jornadas atípicas, en cualquier tipo de activídades laborales, no pueden superar el promedio de ocho horas diarias ni de cuarenta y ocho por semana, ya sea que se trate de un período de tres semanas, o de un perÍodo más corto. 85.
No puede dar por concluida la relación laboral, unilateral, salvo que el servidor renuncie o se le inicie un proceso administrativo disciplinario y como consecuencia de ello se le encuentre responsable, procediendo al despido. Sería de aplicación el principio de primacÍa de Ia realidad, por el cual la realidad de la relación contractual debe de imponerse a la forma en la que supuestamente 145
DERECHO LABORAL Y PROCESAL LABORAL
se desenvuelve. En ese sentido la Ley N" 24041 dispuso que los servidores públicos contratados para labores de naturaleza permanente que tengan más de un año ininterrumpido de servicios no pueden ser cesados ni destituidos sino por las reglas del Decreto Legislativo 276.
86. Según la Ley N' 27584, el plazo es de tres meses
contados desde el día siguiente de conocido el acto materia impugnaciÓn o de su notificaciÓn, lo que ocurra primero.
88. Según el artículo 24 inciso
'1 de la Ley N" 27584 se establece que la acciÓn dirigida al cese de cualquier actuaciÓn material que na se sustenle en acto
administrativo se tramita como Proceso Urgente. Así también el artículo 17 establece los plazos en el inciso 5 "Cuando se pretenda impugnar aciuaciones materiales que no se sustenten en actos administrativos
el plazo será de tres meses a contar desde el día siguiente en que se tomÓ ccnocimiento de las referidas actuaciones".
89. Como señala el artículo 17 dela citada Ley, modificado
por el Decreto legislativo
N" '1067, la demanda, cuando se produzca silencio administrativo negativo,
deberá ser interpuesta observando lo establecido en el articulo 188.5 de la Ley N" 27444, es decir, el silencio administrativo negativo no inicia el cÓmputo de plazos ni términos para su impugnaciÓn. 't
10, 1503. Así, según el articulo
'1
0 del
Decreto Legislativo
No
713, Ley de ConsolidaciÓn
de Descansos Remunerados de los Trabajadores Sujetos al Régimen Laboral de la Actividad Privada, el trabajador tiene derecho a tre¡nta dias calendarios de descanso vacacional por cada año completo de servicios y en la medida que cumpla lo siguiente: Contar con un año continuo de labor, y haber cumplido un determinado número cje dÍas efectivos de labor durante dicho año (si labora 6 días a la semana tener cuanto menos 260 días de labora efectiva; y si labora 5 días a la semana tener cuanto menos 210 dias de labor efectiva). En los casos en que el plan de trabajo se desarrolle en sólo cuatro o tres días a la semana o sufra paralizaciones temporales autorizadas por la Autoridad
Administrativa de Trabajo, los trabajadores tendrán derecho al goce vacacional, siempre que sus faltas injustificadas no excedan de diez en dicho período. l)navez que el trabajadortenga derecho a vacaciones, tiene un año a partir de esa fecha para que el empleador le dé el referido descanso efectivo. En caso
pase dicho año y no goce de descanso efectivo, tendrá derecho a percibir lo
siguiente conceptos: - Una remuneración por el trabaio realizado.
-
-
Una remuneración por el derecho al descanso vacacional adquirido y no
gozado. Una indemnización, equivalente a una remuneraciÓn, por no haber disfrutado del descanso la misma que no está sujeta a pago o retenciÓn de ninguna aportación, contribución o tributo. Esta indemnización no alcanza a los gerentes o representantes de la empresa que tengan la posibilidad de decidir la oportunidad del goce del descanso vacacional, y que hayan decidido no hacer uso de éste.
120. El tema de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) se encuentra regulado actualmente por el T.U.O. del Decreto Legislativo No 650, aprobado mediante el Decreto Supremo N" 001-97-TR del 01 de marzo de 1997, y su Reglamento plasmado en el Decreto Supremo No 004-97-TR del 15 de abril de '1
997; nos presenta un sistema de depÓsitos semestrales.
146
BANCO DE PREGUNTAS DESARROLLADO
La CTS tiene la calidad de beneficio social de previsión de las contingencias que origina el cese en el trabajo y de promoción del trabajador y su familia. La CTS se devenga desde el primer mes de iniciado el vÍnculo laboral; cumplido este requisito, toda fracción se computa por treintavos trsta se deposita semestralmente en la institución bancaria y/o financiera elegida por el trabajador. Efectuado el depósito queda cumplida y pagada la obligación, sin perjuicio de los reintegros que deban efectuarse en caso de depósito insuficiente o que resultare diminuto. Asimismo, la CTS que se devengue al cese del trabajador por período menor a un (1)semestre le será pagada directamente por el empleador, dentro de las 48 horas de producido el cese y con efecto cancelatorio. La remuneración computable será la vigente a la fecha del cese.
La CTS está inafecta a los tributos y aportaciones de ley, esto es: lmpuesto a la Renta de Quinta Categoría. Seguro Social de Salud, Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, Sistema Nacional de Pensiones y Sistema Privado de Pensiones.
Jornada mínima de trabajo: Se encuentran comprendidos en el beneficio de la CTS, los trabajadores sujetos al régimen laboral común de la aciividad privada que cumplan, cuando menos en promedio, una jornada mínima diaria de 4 horas. Se considera cumplido el requisito de 4 horas diarias, en los casos en que la jornada semanal del trabajador dividida entre 6 o 5 días, según corresponda, resulte en promedio no menor de 4 horas diarias. Si la jornada semanal es inferior a 5 días se considerará cumplido el requisito, cuando el trabajador labore
20 horas a la semana, como mÍnimo.
Remuneración computable: Se considera remuneración computable para el cálculo de la CTS, a la remuneración básica y todas las cantidades que regularmente perciba el trabajador, en dinero o en especie, como contraprestación
de su labor, cualquiera sea la denominación que se les dé, siempre que sean de su libre disposición. Se incluye en este concepto el valor de Ia alimentación principal cuando es proporcionada en drnero o en especie por el enrpieador.
Trabajadores exclu¡dos de la CTS: No tienen derecho al beneficio de la CTS, los trabajadores que perciben 30% o más del importe de las tarifas que paga el público por los servicios. No se considera tarifa las remuneraciones de naturaleza imprecisa tales como la comisión y el destajo.
149.
La norma laboral no es retroactiva, en tal sentído no es aplicable la Ley N" 27735 antes de su vigencia para efectos de considerar el promedio semestral de horas extras.
150.
NO procede considerar como remuneración computable de la CTS la bonificación extraordinaria prevista en el artículo 3 de la Ley N" 29351 .
151
.
El incremento del 3% si es computable para la CTS.
a partir de 1991 y con carácter cancelatorio. El empleador está facultado de realizar depósitos con efecto cancelatorio dentro del segundo semestre del año, adicionalmente a la que de
152. Dentro del primer semestre de cada año
manera obligatorio debe realizar en el primer semestre. La CTS será actualizada
con la remuneración vigente a la fecha de cada depósito.
153. Procede demandar el pago de horas extras por el exceso de 48 horas semanales a razón del 25% las dos primeras horas y 35% a partir de la tercera hora. Si 1.47
DERECHO LABORAL Y PROCESAL LABORAL
trabaja en horario nocturno entre las 10:00 P.M. y 6:00 AM la sobre tasa de horas extras se aplica sobre la base de la remuneración mÍnima vital incrementada en un 35%.
154. S/. '1,250. 155. Es la bonificación que se entrega únicamente
al trabajador de construcción civil adicional a su jornal básico, y se abona por día trabajado, está conformada por varias bonificaciones tales como: desgaste de ropa, de herramientas, por
alimentación, por falta de agua potable y por especialización para el operario. Se abona de la siguiente manera: Operario: 32oA adicional del Jornal Básico Oficial: 30% adicional del Jornal Básico Peón: 30% adicional del Jornal Básico Asimismo los operarios especializados en soldaduras de alta precisión o trabajos de montaje electromagnéticos percibirán una Bonificación Extraordinaria
Especializada equivalente al 7o/o de su jornal básico, quiere decir que los operarios especializados recibirán por concepto de Bonificación Unificada de Construcción el 37% de la remuneración básica.
157. Los Principios que inspiran la nueva Ley Procesal del Trabajo son lnmediación, concentración, celeridad y veracidad.
158. Para responder
a esta interrogante nuestra base serán los acuerdos alcanzados
en el Pleno Jurisdiccional Nacional -NLPT-2013, ya que si sólo nos remitimos a la norma, es decir, el artículo 2.2 de la Nueva Ley Procesal de Trabajo No 29497 el Procesos Abreviado Laboral debe contener una sola pretensión principal (reposición), y cuando se advierte además de la pretensión principal un petitorio implicito (en este caso la desnaturalización del contrato laboral), el juez debe advertir esta situación al momento de la calificación de la demanda y ésta deberá ser declarada improcedente. Sin embargo, según el Pleno Jurisdiccional Nacional - NLPT-2013 (Tema 1): "En virtud al principio tuitivo a los que se contrae /os procesos laborales y los que está obligado a observar el juzgador, encontrándonos ante un petitorio implicito, debió ser objeto de pronunciamiento por eljuez, tanto más cuando se aprecia que se ha garantizado el derecho de defensa de la demandada, pues la empleadora en su escrito de contestación cuestiona la pretensión implícita, siendo tratada en ta Audiencia Única y en consideración además a que en esta clase de procesos prevalece las actuaciones orales'§obre las escritas, correspondiendo pronunciarse en la sentenc.ia por la pretensión implícita". (Segunda ponenciaAPROBADO POR MAYORIA) El pedido o petitorio implícito está considerado por la doctrina como una hipótesis de flexibilización del principio de congruencia. Por lo antes expuesto, se arriba a la conclusión que al configurarse el petitorio implícito (desnaturalización de los contratos de trabajo), corresponde emitir
pronunciamiento respecto a éste y determinar si efectivamente se produjo la desnaturalización expuesta y como consecuencia de ello, si antes del cese del actor existía una contrato a plazo indeterminado, su cese sólo podía darse por causa justa, relacionada a su conducta o capacidad, conforme a lo preceptuado por el artículo 22" del D. S. N'003-97-TR que aprueba TUO de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, Decreto Legislativo N' 728.
148
EANCO
1
}E FR:GUNIAS J::ARRCiLADO
59.
CONTRATO DE TRABAJO
LOCACION DE SERVICIOS
Es el acuerdo de voluntades po!'el cuai se
Por el ccnt¡'ato de locación de servicios el
regula la prestación personal de servicios que efectúa una persona natural denominada trabajador, bajo subordinación o cjerpendencia, en benefic¡o de otra persona. natural o jurídica, denominada empleador, a cambio de una remuneracton «En toda prestación personal de servicios remunerados y subordinados, se presLlme la existencia de un contrato de trabajo a plazo indeterminado» (Art. 40 de la Ley de
locador se obliqa, sin estar subordinado al (:trrnrtente. a presiarle sus servicios por cierto tiempo c para un traoajo determina-
Productividad
y
dc, a cambio de una retribución. Esta re lación se encüentra regrrlada en el Co,.1igo Civil. arts. i7640 y siguientes, senaiando que pueden ser materia de este tipo oe corrtrato toda clase de servicios nlalcrales e intelcctutles.
Competitividad Laboral
(LPCL)
Elementos esenciales Elementos: a. Prestación personal del servicio: En a. Prestación personal del servicio.- EI el sentido que los servicios, para ser de locador debe prestar personalmente el naturaleza laboral deben ser prestados en servicio. pudiendo sin embargo valerse forma personal y directa sólo por el trabajador como persona natural (Art. 5o de la
bajo su propia dirección y responsabiildad. de auxiliares y sustitutos si la coiaboración
LPCL).
de r¡tros está permitida por el contrato o pcr los usos y nc es incornpatible con la
b. Remuneración: La prestación de servicios debe ser remunerada. (At1. 6". LPCL). c. Subordinación: Este es el elemento distintivo por excelencia. que nos permite distinguir entre un contrato de trabajo y uno de locación de servicios. Como señala De Ferrari «... la idea de la subordinación que crea el contrato de trabajo pasó a ser para todos los autores el elemento esencial e irreductible de la relación contractual...» (De Ferrari, Derecho del Tra-
naturaleza de la prestación (Art. 1766" del Código Civil) b. Retribución.- El comitente queda obligado al pago de una retribución al iocador
por los servicios que éste le preste.
De
acuerdo a lo consignado en el Código Civil, de no haberse establecido ésta y no poder determinarse según las tarifas profesionales o los usos. será fijada en relación a la calidacl, entidad y demás circunsbajo, Volumen l, Ediciones De Palma, tancias de los servicios prestados. Buenos Aires, Argentina, 1976). (Art. 9" c. Presfación de Servicios autónomos.Según él Código Civil «el locador se oblide la LPCL) ga, sin estar subcrdinado al comitente, a prestarle sus seruicios...». La prestación
de servicios que efectúa el locador independiente, autónoma, ya que no
es se
encuentra bajo la dirección del comitente; éste podrá obviamente indrcarle cuál es el resultado que espera obtener y fijar las instrucciones, pero no podrá dirigir la prestación de servicios que efectúe el locador, vale decir no podrá interferir en su labor. Es aquí donde reside la principal diferencia entre este tipo de contratos y el contrato de trabajo, vale decir en el elemento «subordinación ».
149
DERECHO LABORAL Y PROCESAL LABORAL
Tipos de Contrato de Trabajo y Formalidades: La relación laboral puede plasmarse ya sea en un contrato de trabajo a plazo indeterminado -que puede celebrarse en forma verbal o escrita- o en un contrato sujeto a modalidad -que necesar¡amente debe ser suscrito por escrito-, en cuyo caso nueve
son las modalidades contempladas en la Ley de Productividad y Compet¡tividad Laboral, TUO del Dec. Leg. No 728.
Beneficios derivados: En la medida que estén presentes los tres elementos reseñados, la relación existente será de carácter laboral y los trabajadores tendrán derecho al pago de la remu-
neración correspondiente.
Adicionalmente y siempre que cumplan con determinados requisitos específicos, también tendrán derecho al pago de una serie de beneficios tales como Vacacio-
Beneficios derivados Con la suscripción del contrato de locación de servicios se genera para el locador el derecho al pago de una retrrbución. Adicionalmente, también tendrá derecho a cualquier otro beneficio que pudiera estipularse en el contrato. Por lo demás, al no comprender este tipo de contratos una relación laboral, no genera derecho a beneficios sociales.
nes, Gratificaciones Legales, Compensación por Tiempo de Servicios, Utilidades, entre otros-
160. Conforme a los señalado por el artículo 43 del Decreto Supremo N' 001-97-TR, en caso de impugnación de un despido nulo por cualquiera de las causales previstas expresamente por la Ley, la compensación por tiempo de servicios y sus intereses podrá ser entregada al trabajador en la oportunidad y montos que el Juzgado de Trabajo respectivo ordene, en calidad de asignación provisional y hasta cubrir el 100% del depósito e intereses. El reglamento establecerá la forma de reintegro del depósito en caso se declare fundada la demanda y se produzca la reposición del trabajador.
Que procede la reposición por las causales taxativamente señaladas en el ariículo 29 del Decreto Supremo N'003-97-TR. 161. No señala los supuestos, pero si comete falta grave laboral se le puede despedir por motivo de conducta de acuerdo a los supuestos señalados por el artículo 25 del Decreto Supremo N'003-97-TR.
Asimismo, el artículo'1 7 del Reglamento del Decreto Supremo N" 001-97-TR., establece que si el trabajador es despedido por comisión de falta grave que haya originado perjuicio económico al empleador, de acuerdo al Artículo 51 de la Ley, éste deberá consignar en el depositario elegido por el trabajador el monto de la compensación por tiempo de servicios que aún mantenga en su poder, antes de iniciar la acción de daños y perjuicios, salvo que el empleador se hubiera constituido en depositario del beneficio.
162. Lanorma. 163. Conforme lo dispone el artículo 23 de la Ley 29497, que al demandante le corresponde acreditar la prestación personal de servicios.
150
BANCO DE PREGUNTAS DESARROLLADO
164. Conformeloestableceel artículo 47 delaLey29497, Concluidosiosalegatos,el
juez, en forma inmediata o en un lapso no mayor de sesenta (60) minutos, hace conocer a las partes el fallo de su sentencia. A su vez, señala día y hora, dentro
de los cinco (5) días hábiles siguientes, para la notificación de Ia sentencia. Excepcionalmente, por la complejidad del caso, puede diferir el fallo de su
sentencia dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores, lo cual informa en el acto citando a las partes para que comparezcan al juzgado para la notificación de la sentencia.
165. Las características del contrato de trabajo, son las siguientes:
-
Subordinación.El trabajador acata las instrucciones del enrpleador durante la vigencia del contrato, no pudiendo disponer libremente de su tiempo. La subordinación es considerada por los laboralistas como la característica principal del contrato y donde interviene un empleador y un trabajador.
-
Dependencia.-
Existe un vínculo entre empleador
y
empleado que determina que
la
economía de este último se encuentre sujeta al ejercioo de los derechos y cumplimiento de obligaciones bilaterales. La subordinación y dependencia son características importantes para que exista protección de la ley.
-
Exclusividad.-
El trabajado en forma exclusiva prestará su fuerza de trabajo en favor del empleador, no debiendo mantener relación laboral alguna con otro empleador.
-
Onerosidad.La relación laboral tiene como objeto para el empleado el cumplimiento de una obligación y para el empleador, la remuneración.
166.
El artículo 72o del Decreto Supremo N." 003-97-TR, TUO del Decreto Legislativo
728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, establece los requisitos formales de validez de los contratos modales. Asi determina que: "Los contratos de trabajo (modales) deberán constarpor escrito y por triplicado, debiendo consignarse en forma expresa su duración, y las causas objetivas determinantes de la contratación, así conro las demás condiciones de la relación laboral."
Asimismo el segundo párrafo del artículo 7.4o del citado Decreto Supremo establece que: "En los casos que corresponda. podrá celebrarse en forma sucesiva con el mismo trabajador, diversos contratos bajc distintas modalidades en el centro de trabajo, en función de las necesidades empresariaies y siempre que en conjunto no superen la duración máxima de cinco (5) años."
171. El demandado puede proponer cuestiones probatorias, en caso se encuentre disconforme con la actuación de la declaración testimonial. conforme a lo señalado en el artículo 21 de la Ley 29497
.
172. Conforme lo establece el artículo 8.2 de la Ley 29497, los sindicatr¡s actúan en defensa de sus dirigentes y afiliados sin necesidad de poder especial de representación; sin embargo, en la demanda o contestación debe identificarse individualmente a cada uno de los afiliados con sus respectivas pretensiones. En este caso, el empleador debe poner en conocimiento de los trabajadores la demanda interpuesta. La inobservancia de este deber no afecta la prosecución del proceso.
L51
DERECHO tAtsORAL Y PRCCESAL LABORAL
La repi-esentación ciel sindicato nc natril¡ta ai cobro de los derechos econom¡cos
que pudiese reconilc-.rse a ía'¡cr de los afriiacios.
173. En caso simiiar', el tema el Tribrrrral Cclnstitucional se ha pronunciado de
la
sigi.rrente manera en la Sentencia EXP. N." 01933-2007-PAITC: Por consiguiente,
este Colegiadc, considera que es perfectamente aplicable al caso bajo análisis lo dispr"resto en el a¡-iÍculo 77" del D S N.o 003-97--fR (Texto Unico Ordenado de la Ley de Prodrrctiviilad y Cornpetitividad Laboral), que señaia:"Los conlrcfos de irabajo su/efos a rnodaliclacl se co¡¡sitierarán como de dt¡raciótt irtdeterminada: a) Si-e1-lraBCladq-p.tifuua-Lalntatdo--dcopseS.deiajecha de vencimiento del p!Az.p__esÜpj¡!e!19-r: qe.sp={1¿s- Ce-!q-s*g¡;o¡¡-oga5-¡1a-c-tadas. sl eslas exceden del tlAfCJlJA-x!fi e-p9fu! dp í . .I ( s u b r¡ 'l,aclo a ¡; re gado ) Siendo posible afirrnar', por lo exprresio en los fi¡ndarnetttos anteriores, la existencia de qna relaciórr laboral de dr.lraciÓn :ndeterminada, cualqu¡er decisión del empleador de dar por cr¡ncluida ia reiacrón l¿rboral, sólo podía sustentarse en una causa iusta viircuiaiia a la capacidad o {ionoucta del trabajador. establecida por ley y riebidan-rerrte con-ip¡chacia. Por ic ianto, cn ei oresente caso, al haberse impedido el ingresc.r del trai¡aiador al centro de iabores se entiende que la emplazada dio por terminada la i"elaciór', lab
174. E-l principio de inn¡ediaiezr, coñro corricnido del derecho al Cebido proceso, constituire iri-. líirite :¡laí¡:ctio,zt: sancronadcra o podei clisciplinario del empleador y se susienta en el pr"ti-rctoi': de segurtdad iurídica. En '¡iftud de este principio debe haber siempre ¡rn pla,ro :nr',eCiat¡ v razonable entre ei momento en que el empleador conocc o aorriir,r';iei-!¿l i¿: eristencia de la falta cometida por algún trabajador y ei moment'; '.)rl q.,r.-i se irrcia el pr"ccedimrento y' se le impone la sa¡ción de despitic. En caso de que no t.l¡edie un r:lazo inmediato y razonable entre el momento de! conocimiento cle la cornision clc ia faita gi-ave y el inicio del procedimiento de despido y la irnocsrcir-'n de ia:,anciÓn. es decir, cuando exista un período prolongado e irra¿onabie, en vitiud del principio de inmediatez (segÚn la sentencia recaícla et.i el Ex? ¡i." C1799-2002-AAiTC), se entenderá que el emi-1leaclüi. a) ha condonado u olvirlado la falta grave, y b) ha tomado la decisiÓn tácita de mentener vigente ilr :ciaciÓn laborai. En tal sentido I'ic puede ser oespedido válidarnente por no haberse cumplido con el prlncipio oe inmediate:. el ctlal supone que el trabajador tiene qL¡e ser
175. No procecie ei clespido por aprooración ¡e bienes del empleador, en tanto
la
obligación del pa¡;o de subsidios le cot-ilpete a EsSalud
192.
No procede en lanf o ei periüdo cie pi'ireba f ue sL,perado, este es de tres mese§ a cuyo término el ti-abaj;rcioi'perr're,¡ia general sr-¡lo cueie ser despeclido por causa justa de Cespido uLr píl:Jo r,e iilri"ei cisp,;sición dei trabaja'Jor v que se origina como consect.iencia,,jt¡ la;rre:i¡.i:iÓn rletl servicicl, se irrcluye en este concepto las sumas de dilir:ir. er;tre1;adar pt:r el emoieador al trabajador en calidad de
195. La ren¡uneración, es
desa¡luno, aimuerzo o refric;ei'io que io sustituya o cena.
236. La nc posibilida,J cIe ejrrcer ei derechc üe clefensa del trabaiador eri
un
pi'or;edintiento iirterr,.o de tiespi.Jc, ¡rcr ejer-i'rnio no permiiírsele presentar su carta de descargos fri:titr-: a l¿i i,lli;'; ,:i:p;i.,'iÍ-I.
152
BANCO DE PREGUNTAS DESARROLLADO
262. Para el Tribunal Constitucional, el despido fraudulento se comete cuando se fabrican pruebas para despedir al trabajador, cuando se le imputan hechos falsos o inexistentes, cuando se le coaccionada para renunciar, cuando se le imputan hechos no tipificados por la norma como causal de despido.
263. Respecto de la sentencia emitida bajo los parámetros de la Ley N'29497,
le
corresponde a la justicia laboral resolver conflictos jurídicos que se originen con ocasión de la prestación de servicios de carácter personal, de naturaleza laboral,
formativa, cooperativa o administrativa, estando excluidas las prestaciones de carácter civil, salvo que la demanda se sustente en el encubrimiento de una relación de trabajo.
266. Es importante señalar que si el trabajador no sale de vacaciones dentro del año siguiente de haber adquirido el derecho tiene derecho a una indemnización por derecho vacacional adquirido y no gozado equivalente a una remuneración, salvo el caso de los gerentes o representantes de la empresa que hayan decidido no hacer uso del descanso vacacional.
267.
En esta audiencia se actúan las pruebas y se deducen las cuestiones probatorias.
268.
En el I Pleno Jurisdiccional Supremo del2012" se determinó que es competencia de los Juzgados de Trabajo la indemnización por daños y perjuicios derívados de enfermedad profesional.
270. En el Proceso Abreviado Laboral, regulado en la Ley N' 29497, sólo hay una audiencia donde se invita a las partes a conciliar y se actúan los medios probatorios de no llegarse a un acuerdo.
272. Según la Ley 29497, la consignación de una obfigación exigible no requiere que el deudor efectúe previamente su ofrecimiento de pago. ni que solicite autorización al juez para hacerlo.
276. En
el
Pleno Jurisdiccional Supremo del 2012. se determinó que procede
demandarse cuando es pretensión única como proceso abreviado.
290. Las reglas están establecidas en el artículo B de la Ley N" 29497. y son
las
siguientes:
-
Los menores de edad pueden comparecer sin necesrcjad de representante
legal. En el caso de que un menor de catorce (14) años comparezca al proceso sin representante legal, el juez pone la demanda en conocimiento del Ministerio Público para que actúe gegún sus atribuciones. La falta de
-
comparecencia del Ministerio Público n0 interf¡ere en el avance del proceso. Los sindicatos pueden comparecer al proceso laboral en causa propia, en defensa de los derechos colectivos y en defensa de sus drrigentes y afifiados. Los sindicatos actúan en defensa de sus dirrgentes y afiliados sin necesidad
de poder especial de representación: sin embargo, en la clemanda
o
contestaciórr debe rdentrficarse individualmente a cada uno de los afiliados con sus respectrvas pi'etenslones. En este c¡:so, el empieador debe poner en conocin¡iento de los trabajadores la den¡anda interpuesta. La inobservancia de este deber no afecta la prosecución del proceso. [-a representación del sinciicato no habilita al ccbro de los derechos económicos que pudiese reconocerse a favor de los afiliadr:s.
292. Es preciso índicar que, en el proceso abreviado no procede demandar reposic¡ón y también la indemnización por daños y perjuicios.
153
la
DERECHO TABORAL Y PROCESAL I-ABORAL
307. En la Nueva Ley procesal laboral:
-
La conciliación administrativa es facultativa para el trabajador y obligatoria para elempleador. Se encuentra a cargo del Ministerio de Trabajo y Promoción
del Empleo, el cual proporciona k¡s medios técnicos y profesionales para hacerla factiL¡le.
-
El Estado, por intermedio de los Ministerios de Justicia y de Trabajo y Promoción del Empleo, fomenta el uso de mecanismos alternativos de solución de conflictos. Para tal fin, irnpiernenta io necesar¡o para la promoción de la conc!liación extrajudicial administrativa y el arbitraje.
-
Las controvers¡as jurídicas en tnateria laboral pueden ser sometidas
a
ar"bitraje, slempre y ctrandc el cc¡nvenio arbitrai se insede a la conclusión de la relación laboral y, adicionalmente, la remuneración rrensual percibida sea, o haya sidc. sr-iperior a las setenta (7tl) Unidades de Referencia Procesal
(uRP).
-
En los procesos laborales e! EstaCo puecie ser condenado al pago de costos.
Los expedientes que pcr cualquier razón reingresen
a los órgatros
jurisdiccionaies tienen preíerencia en su tramitación.
334, 307. No hay las alternativas.
344.
Por el despido incausado, se le despide al trabajador sin ninguna causa o motivo,
dando por finalizado su contrato de esta manera irregular.
354. En la Ley 29497, en el caso de menores de edad pueden ccmparecer
sin
necesidad de representante legal. En el caso que cornparezca un menor de 14 años sin represerrtante legal, el juez pone en conocimiento del Ministerio Público la demanda.
355. Las utilidades se pagan cuando ¡a empresa genere rentas de tercera categorÍa y tenga más de 20 trabajaCotes.
373. Desde que se gerreró
el derecho v sienrpre y cuando no haya prescrito el derecho
para cobrar las mismas.
387. En el proceso laboral regido por la Ley 26636. el patrocinii: es obligatorio, y su pago está cubierto con las costas del proceso.
388. Denti'o de las categorias de los trabajadores de construcción civil tenemos
-
Los Operario.
-
El Peón.
a:
390. Conforme lo establece la Ley N' 26636 Ley Procesal de Trabajo, aún vigente en el Distrito Judlcial de LJcayaii. establece que un Juez de Paz Letrado es competente para conocer soi:re pagos cie beneficros sociales de hasta 10 Unidades de reÍerencla procesal
401. Nadie puede ganar en el turno ncche entre las 10:00 P M. y 6:00
All
de la
remuneraciór¡ mínirna vital inc:'ernentade en u:r 35%. ?- de la Ley N' 29497,los juzgados especializados de trabajo conocen
406. Conforme l,¡ establece el ai"tíc-:uio
de la prestación oersonal de servicios de naturaleza Iaboral, formativa 154
o
tsANCO DE PREGUNTAS DESARROLLADO
cooperativista, referidas a aspectos sustanciales o conexos, incluso previos o posteriores a la prestación efectiva de los servicios.
Se consideran incluidas en dicha competencia. sin ser exclusivas,
las
pretensiones relacionadas a los siguientes: a) El nacimiento. desarrollo y extinción de la prestación personal de servicios; así como a Ios correspondientes actos jurídicos. b) La responsabilidad por daño patrimonial o extrapatrimonial, incurrida
c)
por cualquiera de las partes involucradas en la prestación personal de servicios, o terceros en cuyo favor se presia o prestó el servicio. Los actos de discriminación en el acceso. ejecución y extinción de ia
relación laboral. El cese de los actos de hostilidad del empleador, incluidos los actos de acoso moral y hostigamiento sexual. conforme a la ley de la materia. e) Las enfermedades profesionales y los accidentes de trabajo. f) La impugnacrón de los reglamentos internos de trabajo" g) Los conflictos vinculados a una organización sindical y entre organizaciones sindicales, inc[¡ida su disolución. h) El cumplimiento de obligaciones generadas o contraidas con ocasión de la prestación personal de servicios exigibles a institutos, fondos, cajas u otros. i) El cumplimientc de las prestaciones de salud y pensiones de invalidez, a favor de los asegurados o los beneficiarios, exigibles al empleador, a las entidades prestadoras de salud o a las aseguradoras. j) El Sistema Privado de Pensiones. k) La nulidad de cosa luzgada fraudulenta laboral; y l) Aquellas materias que, a criterio del juez, en función de su especial naturaleza, deban ser ventiladas en el proceso ordinario laboral. Conoce las pretensicnes referrdas al cumplimiento de obligaciones de dar superiores a cincuenta (50) UniCades de Fieferencia Procesal (URP). En proceso abreviado laboral, de la reposición cuando ésta se plantea como pretensión principal única. En proceso abreviadc laboral, Ias pretensiones relativas a la vulneración de la libertad sindical. En proceso contencioso administrativo conforme a la ley de la materia, las pretensiones originadas en las prestaciones de servicios de carácter personal, de naiuraleza laboral, adminidirativa o de seguriclad social, de
d)
2. 3.
4.
derecho púbiico; así comc las impugnaciones contra actuaciones de la autoridad administrativa de trabajo.
5.
Los procesos con título ejecutivo cuando la cuantía supere las cincuenta (50) Unidades de Referencia Procesal (URP).
410. El artículo 54 de la Nuer¡a Ley Procesal Del Trabajo, A pedido de parte, todo juez puede dictar medida cautelar, antes de iniciado un proceso o dentro de esie, destinacla a garantizar Ia eficacia Ce la pretensión principal. Las rnedidas cautelares se dictan sin conocinriento Ce la contraparte. Cumplidos los requisitos, el juez puede dictar cualquier tipo de medida cautelar, cuiciando que sea la más adecuada para garantizar la eficacia de la pretensión principal.
En consecuencia. son procedentes además de las medidas
cautelares reguladas en este capítulo cualquier otra contemplada en la norma procesal cívil
155
DERECHO LABORAL Y PROCESAL LABORAL
u otro dispositivo legal, sea esta para futura ejecución forzada. temporal sobre el fondo, de innovar o de no innovar, e incluso una genérica no prevista en las norrnas procesales.
428.
La remuneracióin de los trabajadores del hogar, en cualquiera de
sus
modalidades. Se determina por acuerdo libre de las partes.
436. En los procesos laborales por concepto de aportes previsionales retenidos a los trabajadores afiliados a la AFP, para la ejecución de los adeudos contenidos en la hoja de liquidación de cobranza, se puede contradecir indicando que la deuda esta cancelada, lo que se acreditará con la copia de la planilla de pagos de aportes pi"evisionales debidamente cancelada.
445. En los procesos judiciales de cobro de aportes previsionales al Sistema Privado de Pensiones el ejercicio de los mecanismos por parte de las AFP conducentes a obtene¡" del empleador la recuperación de los apodes adeudados rnediante la cobranza directa de los mismos constituye un Proceso de ejecución.
457.
S¡ es posible extender de manera unilateral las jornadas menores a ocho horas
diarias o cuarenta y ocho horas a la semana, siempre y cuando se abone la parte prcporcional a la jornada de trabajo incrementada.
458. Los trabajadores que laboran en su día de descanso sin sustituirlo por otro
día
en la misma semana, tendrán derecho al pago de la retribución correspondiente a la labor efectuada Más una sobretasa del 100%.
459. Goce de por lo menos 7 días de descanso. 460. Las gratificaciones, la compensación por tiempo de servicios y las vacaciones. 461
.
462.
Fuerr¡ sind ica
I .
50% en función de las remuneraciones percibidas en el ejercicio de las utilidades
que se reparte y el otro 50% en función de los días laborados efectivamente en dicho ejercicio.
463. Regímenes especiales" 464. Fundamentos del proceso laboral. 476. Pueden ser económicas o no. 478. Abreviados laborales. 479. Todas las previstas en el Código Procesal iiv¡|. 489. Gastos en el abogado. 495.
La Competencia por territorio, conforme lo dispone el artículo 6 de la Ley 29497, se nge por: - A elección del demandante es competente el juez del lugar del domicilio
principal del demandado
o
el
del último lugar donde se prestaron
ios
servicios.
- Si la demanda -
está dirigida contra quien prestó los servicios. sólo es
conrpetente el juez dei domiciiio de éste.
En la impugnación de laudos arbitrales derivados de una negociación colectiva es competente Ia sala laboral ciel lugar donde se expidió el laudo. La conrpetencia por razón de territorio sólo puede ser prorrogada cuando resulra a favor del prestador de servicios. 156
BANCO DE PREGUNTAS DESARROLLADO
1 de la Ley 29497,|os juzgados depaz letrados laborales son competentes: 1. En proceso abreviado laboral, las pretensiones referidas al cumplimiento de obligaciones de dar no superiores a cincuenta (50) Unidades de Referencia Procesal (URP)originadas con ocasión de la prestación personal de servicios de naturaleza laboral, formativa o cooperativista, referidas a aspectos sustancrales o conexos, incluso previos o posteriores a la prestación efectiva de los servicios. 2. Los procesos con título ejecutivo cuando Ia cuantia no supere las cincuenta (50) Unidades de Referencia Procesal (URP); salvo tratándose de la cobranza de aportes previsionales del Sistema Privado de Pensiones retenidos por el empleador, en cuyo caso son competentes con prescindencia de la cuantia. 3. Los asuntos no contenciosos, sin importar la cuantía.
502. Conforme lo señala el artículo
503.
El proceso de acción popular en materia laboral se tramita ante la Corte Superior de Justicia.
508. Conforme lo ha determinado el ai-tÍculo 9 inciso 2 de la Ley 29497, Cuando se afecten los derechos cle Iibertad sindical, negociaciÓn colectiva, huelga, a la seguridad y salud en el trabajo y, en general, cuando se afecte un derecho que corresponda a un grupo o categoría de prestadores de servlcios, pueden ser demandantes el sindicato, los representantes de los trabajadores, o cualquier trabajador o prestador de servicios del ámbito.
513.
Al demandar la Liquidación de Derechos individuales, Debe incluirse la indicación del monto total del petitorio, así como de cada uno de los extremos que integran
la demanda.
527. Los montos
de jubilación Pensión mínrma y máxima que puede recibir el titular,
en el régimen 19990,
553.
es mínima S/.415 pensión máxima S/.857.36.
15 años para labores agrícolas no industriales, 16 años para labores industriales,
comerciales o mineras, 17 años para labores de pesca industrial. Para el caso de las dernás modalidades de trabajo la edad mínima es de 14 años.
559. Debe realizarse con 30 días de
anticipaciÓn.
560. Se aplica el mismo período de prueba que en el caso de los contratados a plazo indeterminado que por regla general es de tres meses, ampliable por escrito a
6 meses en caso de trabajadores de confianza o que requieran un periodo de adaptación y un año en el caso del personalide dirección.
561. Contrato ocasional. 567. Suspende el contrato de trabajo, por el tiempo que dure la misma. 568. Se 569.
le debe enviar notarialmente.
El integro de lo que recibe el trabajador en dinero o en especie, siempre que sea ccomo consecuencia de la prestación del servicio y sea de su libre disposición.
570. Es el que ejecuta habitual o temporalmente, en fornra continua o discontinua, por cuanta de uno o más empleadores, en el domicilio del trabajador o en el lugar designado por este, sin supervisión ¡nmediata o directa del empleador.
609. Principio de continuidad. 610. El contrato de trabajo en relación con otros contratos de naturaleza civil mercantil. 157
o
DERECHO LABORAL Y PROCESAL LABORAL
61
1.
Suspensión perfecta de la relación laboral.
612. Es causal de despido por capacidad. 613. Una indemnización por despido arbitrario. 614. lntermediación laboral. 698. 30 días de ocurrido el hecho del despido. 698. Despido arbitrario. 712. Despidos arbitrarios o injustificados. 713. La causa determinante de la contratación. 714. Prirner mes de servicios. 715. En las remuneraciones y el tiempo de servicios efectivamente prestado. 727. No acompañe en la contestación las planillas y las boletas de pago que se le hayan solicitado, no haya registrado en planillas ni otorgado boletas de pago al trabajador que acredite su relación laboral.
729, repetida, . Ver aftículo 1 de Ley N' 29497.
732. El traslado de la demanda, la admisión de un tercero con interés, una medida cautelar. la sentencia en los procesos diferentes al ordinario, abreviado y de impugnación de laudos arbitrales económicos. Estas resoluciones se notifican mediante cédula.
757. Repetida Ver artículo 8 de la Ley N" 29497. 759. Es competente el Juez del domicilio principal del demandando o del último domicilio donde presto servicios el trabajador.
760. Las declaraciones sobre los documentos. 820. Trabajos en subsuelo, en las labores que supongan la manipulación de pesos excesivos o sustancias tóxicas y en las actividades en las que su seguridad o las de otras personas está bajo su responsabilidad.
959.
El artículo 23 de la Ley 29497, dispone:
23.1 La carga de la prueba corresponde a quien afirma hechos que configuran su pretensión, o a quien los contradice.alegando nuevos hechos, sujetos a las siguientes reglas especiales de distribución de la carga probatoria, sin perjuicio de que por ley se dispongan otras adicionales. 23.2 Acredilada la prestación personal de servicros, se presume la existencia de vínculo laboral a plazo indeterminado, salvo prueba en contrario. 23.3 CuanCo corresponda, si el demandante invoca la calidad de trabajador o ex trabajador, tiene la carga de la prueba de:
a)
La existencia de la fuente normativa de los derechos alegados de
origen distinto al constitucional o legal. b) El motivo de nulidad invocado y el acto de hostilidad padecido. c) La existencia del daño alegado. 23.4 De modo paralelo, cuando corresponda, incumbe al demandado que sea señalado como empleador la carga de la prueba de: a) El pago, el cumplimiento de las normas legales, el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, su extinción o inexigibilidad.
L58
BANCO DE PREGUNTAS DESARROLLADO
b) c)
La existencia de un motivo razonable distinto al hecho lesivo alegado. El estado del vínculo laboral y la causa del despido.
23.5 En aquellos casos en que de la demanda
y de la prueba actuada
aparezcan indicios que permitan presumir la existencia del hecho lesivo alegado, el juez debe darlo por cierto, salvo que el demandado haya aportado elementos suficientes para demostrar que existe justificación ob.¡etiva y razonable de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad.
Los indicios pueden ser, entre otros, las circunstancias en las que sucedieron los hechos materia de la controversia y los antecedentes de la conducta de ambas partes.
1005. Repetida NO están consignados los supuestos revisarel artículo 23 de la Ley N" 29497.
1145. Que el trabajo no perturbe la asistencia regulara la escuela, que el certificado médico acredite la capacidad física, mental y emocional del adolescente para realizar labores, que ningún adolescente sea admitrdo al trabajo sin la debida motivación.
1285. Cuando se requiere de etapa probatoria a fin de determinar si el despido es arbitrario o no.
1290. El despido es fraudulento o incausado. 1315. Estar cancelada la deuda, nulidad FORMAL O FALSEDAD DE LA LIQUIDACIÓN DECOBRANZA, O INEXISTENCIA DEL ViNCULO LABORAL CON EL AFILIADO DURANTE LOS MESES EN QUE SE HABRiAN DEVENGADO LOS
APORTES MATERIA DE COBRANZA.
1318. Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia. 1325. Puede demandar
la reposición en Ia via del amparo si sólo cobro sus beneficios
sociales.
1327. Que la interposición del amparo no suspende la ejecución del amparo salvo
que cuente con una medida cautelar a su favor la empresa que interpuso la acción de amparo.
1332.
No se señala las opciones pero los caracteres del contrato de trabajo es que es sinalagmático, conmutativo, de ejecución continuada.
1333. Por la subordinación jurídica el empleador puede reglamentar las labores, fiscalizar su cumplimiento y sancionar en cabo de incumplimiento dentro de los límites de razonabilidad y tiendo en cuenta las necesidades empresariales.
1335.
No están las alternativas, pero sino una de las partes no asiste a las reuniones las
de trato directo o manifiesta su disconformidad con la continuación de mismas fracasa esta etapa de negociación colectiva. 1341
.
Supone
y
la suspensión
colectiva del trabajo acordada mayoritariamente y voluntaria por todos los trabajadores, con
realizada en forma pacífica
abandono del centro de trabajo.
1342. Es ilegal esta huelga. 1343. Se aplica la norma más favorable al trabajador. Laley Z. 1344. El mandato del comité sindical: - El mandato del Comité consiste en determinar si una situación concreta desde el punto de vista legislativo o de la práctica se ajusta a los principios '1,59
DERECHO LABORAL Y PROCESAL LABORAL
de libertad sindical y de negociación colectiva derivados de los convenios
-
sobre estas materias.
En el marco de su mandato. corresponde al Comité examinar en qué medida puede verse afectado el ejercicio de los derechos sindicales en los casos de alegatos de atentados contra las libertades civiles. El mandato del Comité no está relacionado con la Declaración de la OIT de 1998 - la que prevé sus propias normas de seguimiento -, sino que, más bien se deriva directamente de los objetivos y propósitos establecidos en la Constitución de la OIT
1349. Falta de información y la insuficiente o errónea 1351
.
inforrnaciÓn.
Clausula obligacional.
1359. No procede demandar indemnizaciÓn por despido arbitrario, por cuanto
no
superó el período de prueba.
1362. Se convirtió en indeterminado el contrato de trabajo. 1365.
El artículo 81 del Decreto Ley 19990 precisa que sólo se abonarán las pensiones devengadas correspondientes a un período no mayor de doce meses anteriores a la presentación de la solicitud del beneficiario. Dicha norma legal ha generado como línea jurisprudencial que este Tribunal precise de modo uniforme que su aplicación responde a la demora en solicitar el reconocimiento del derecho en sede administrativa, al configurarse una negligencia del asegurado (STC 05392-2009-PA/TC, STC 00984-2009-PA/TC, STC 05626-2009-PA/TC, STC 00272-2009-PA|TC, STC 02080-2009-PA/TC, STC 03581-2008-PA/TC, STC 3851-201 0-PAiTC y STC 2746-2011 -PAITC).
1432. No tienen derecho a demandar la reposiciÓn frente a un despido incausado o fraudulento, si desde que in¡ciaron su relaciÓn laboral en la empresa demandada ocuparon dichos puestos.
1437. Sólo son irrenunciables los derechos reconocidos en la Constitución y la Ley. 1438. Proceso ordinar¡o laboral. 1439. La tercerización global, supone que un tercero se haga cargo de una parte integral del proceso productivo de la empresa contratante (principal), esta empresa contratista debe tener autonomía técnica, financiera o material y su personal debe estar bajo su exclusiva subqrdinaciÓn, además debe asumir los riesgos de su actividad de tercerización.
1443. Está pendiente de reglamentación el Decreto Legislativo
N" 677, en tal sentido
no está regulado.
1444. En la Suspensión del contrato de trabajo, existen dos clases de suspensiÓn de la relación laboral, perfecta e imperfecta, en el primer caso no se presta servicios y no se paga remuneraciÓn; en el segundo caso no se presta servicios y se paga ret¡uneración.
1445. En la renuncia voluntaria del trabajador, el pre aviso es de 30 días para informar
la renuncia, se puede solicitar exoneración de este plazo, si el empleador no
dice nada dentro de los tres días de la solicitud de exoneraciÓn se da por aprobada.
1446. Es una forma valida de dar por finalizado el contrato de trabajo. 1.60
BANCO DE PREGUNTAS DESARROLLADO
1453.
El artículo 3 del Título Preliminar de la Ley
N' 29497 , establece los fundamentos
del nuevo procesal laboral e indica: En todo proceso laboral los jueces deben evitar que la desigualdad entre las partes afecte el desarrollo o resultado del proceso, para cuyo efecto procuran alcanzil la igualdad real de las partes, privilegian el fondo sobre la forma, interpretan los requisitos y presupuestos procesales en sentido favorable a la continuidad del proceso, observan el debido proceso, la tutela jurisdiccional y el principio de razonabilidad. En particular, acentúan estos deberes frente a la madre gestante, el menor de edad y la persona con discapacidad. Los jueces laborales tienen un rol protagónico en el desarrollo e impulso del proceso. lmpiden y sancionan la inconducta contraria a los deberes de veracidad, probidad, lealtad y buena fe de las partes, sus representantes, sus abogados y terceros.
El proceso laboral es gratuito para el prestador de servicios, en todas las instancias, cuando el monto total de las pretensiones reclanladas no supere las setenta (70) Unidades de Referencia Procesal (URP).
1461. Contrato de trabajo por necesidades del mercado. 1462. Admitir a trámite la demanda.
1463. Suspender la audiencia
de juzgamiento.
1465. Se deben ofrecer por las partes únicamente en la demanda y contestación.
Excepcionalmente pueden ser ofrecidos hasta el momento de actuación probatoria, siempre y cuando estén referidos a hechos nuevos o hubiesen sino conocidos u obtenidos con posterioridad.
1466. El trabajador tiene derecho a una indemnización equivalente al 100% por el derecho al descanso adquirido y no gozado, independientemente de la remuneración recibida por el día trabajado.
1474. El monto de la remuneración de los trabajadores del hogar en cualquiera
de
sus modalidades será la señalada por acuerdo libre de las partes. El empleador se encuentra en la obligación de proporcionar alimentación y/o alojamiento al trabajador del hogar, adecuados al nivel económico del empleador. Tales conceptos no serán considerados como parte integrante de la remuneración.
1477. fienen derecho a percibir esta asignación tbs trabajadores que tengan a su cargo uno o más hijos menores de 18 años. En el caso de que el hijo al cumplir la mayoría de edad se encuentre efectuando estudios superiores o universitarios, este beneficio se extenderá hasta que termine dichos estudios, hasta un máximo de 6 años posteriores al cumplimiento de dicha mayoría de edad. 1487
.
El artículo 7 de la Ley N' 29497 , dispone que en caso de incompetencia: El demandado puede cuestionar la competencia del juez por razón de la materia, cuantía, grado y territorio mediante excepción. Sin perjuicio de
7.1
7.2
ello el juez, en cualquier estado y grado del proceso, declara, de oficio, la nulidad de lo actuado y la remisión al órgano jurisdiccional competente si determina su incompetencia por razón de materia, cuantía, grado, función o territorio no prorrogado. Tratándose del cuestionamiento de la competencia del juez por razón de territorio, el demandado puede optar, excluyentemente, por oponer
761
DERECHO LABORAL Y PROCESAL LABORAL
la incompetencia como excepción o como contienda. La competencia de los jueces de paz letrados sólo se cuestiona mediante excepciÓn.
7.3 La contienda de competencia entre jueces de trabajo y entre éstos y otros juzgados de distinta especialidad del mismo distrito juCicial
la
dirime la sala laboral de la corte superior correspondiente. Tratándose de juzgados de diferentes distritos judiciales. la dirime la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la RepÚblica.
1490. Respecto de las modalidades formativas de trabajo, existen las siguientes modalidades de aprendizaje:
-
Con predominio de la empresa.- El aprendiz realiza el proceso formativo
-
mayoritariamente en la empresa, con espacios definidos y programados de aprendizaje en el Centro de FormaciÓn Profesional. Con predominio del Centro de Formación Profesional: Prácticas Pre-
profesionales.-
La persona en
formación durante
su
condlción de
estudiante, aplica sus conocimientos, habilidades y aptitudes mediante el desempeño en una situaciÓn real de trabajo. 1503, repetida. No hay alternativas.
1504. Principio del lndubio pro operario en caso de duda insalvable sobre
el
sentido de la norma, Principio de irrenunciabilidad de derechos establecidos en la Constitución y la Ley, y el Principio de lgualdad de Oportunidades sin Discriminación.
1506. Los días de trabajo efectivo en un año calendario. 1507. Dividiendo la remuneración entre treinta o quince, según la oportunidad de pago.
1508. Según: Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República: Ley 27785 (9'Disposición Final) "servidoro Funcionario Público.- Es para los efectos de esfa Ley, todo aquel que independientemente del régimen laboral en que se encuentra, mantiene vínculo laboral, contractual o relaciÓn de cualquier naturaleza con alguna de las entidades, y que en virtud de ello eierce funciones en fales entidades".
Código Penal (Artículo
425)
:
"Son funcionarios o servidores públicos:1. Los que están comprendidos en la carrera administrativa. 2. Los que desempeñan cargos políticos o de confianza, incluso si emanan de elección popular. 3. Todo aquel que, independientemente del régimen laboral en que se encuentre, mantiene vínculo laboral o contractual de cualquier naturaleza con entidades u organismos del Estado, incluidas las
empresas del Estado o sociedades de economía mixta comprendidas en la actividad empresarial del Estado, y que en virfud de ello eierce funciones en dichas entidades u organismos. 4. Los administradores y depositarios de caudales embargados o depositados por autoridad competente, aunque peñenezcan a pañ¡culares. 5. Los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. 6. Los desrgnados, elegidos o proclamados, por autoridad competente, para desempeñar actividades o funciones en nombre o al servicio del Estado o sus ent¡dades. 7. Los demás indicados por la Constitución Política y la ley.
762
BANCO DE PREGUÍ{TAS DESARROLLADO
Ley Marco del Empleo Público Ley 28175 (Artículo 4) "El personal del empleo publico se c/aslfica de la siguienle fitane rc: 1. Funcionario público.a) Deelecciónpopulardirecta.(Presidente,Vicepresidenlesycorrgreslslas) b) De nombramiento y remoción rertrtiadas. (Defenscr del Peru, Cantralcr General, M agi strad cs T. C) De libre nontbramiento y remoción. (Ministros de Estado, GabernaCores. Prefectosl Empleado de confianza Servidor público a) Directivo superior b) Ejecutivo c) Especialista d) De apoyo
c)
2. 3.
Régimen Especial de Contratación de Servicios Administrativos: (C.A.S) Decreto Legislativo 1057 (Artículo 3) "... no se encuentra sujeto a la Ley de Bases de la Carrera Administrativa..." Reglamento del Régimen Especial de Contratación de Servicios Adminis-
trativos: (C.A.S) D.S: 075-2008-PCM (Art. 1 y 4" DCF) " ... No está sujeto a /as dlsposlciones del Decreto Legislativo No 276..."
1514. Las normas que regulan este beneficio son el Decreto Legislativo N'892 (11.11.96) -el cual derogó varios artícr-¡los del D.Leg N'677- y su reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N' 09-98-TR (06.08 98). Tienen derecho a participar de las utilidades de Ia enrpresa, medianle la distribución por parte de ésta de un porcentaje de la renta anual antes de impuestos, los trabajadores de empresas que desarrollen actividades generadoras de rentas de tercera categoría y que además se encuentren sujetas al régimen laboral de la actividad privada. El porcentaje de las utilidades que debe repartir la empresa depende del tipo de actividades que ésta desarrolle. Los porcentajes son los siguientes: - Empresas pesqueras.... ....:................. 1)ok - Empresas de telecomunicaciones .... 10% - Empresas industriales .. 10% - Empresas mineras ........ 8o/o - Empresas de comercio, al por mayor y al por menor, y restaurantes.................. ...... 8Yo - Empresas que realizan otras actividades............... 5%
Si un empresa realiza más de una actividad económica, de las enumeradas anteriormente, sólo se tomará en cuenta la actividad principal; es decir, aquélla que haya generado mayores ingresos en el ejercicio.
1639. Según el artículo 23 de la Ley N" 29497: La carga de la prueba corresponde a quien afirma hechos que configuran su pretensión, o a quien los contradice alegando nuevos hechos, sujetos a las 1.63
DERECHO LABORAL Y PROCESAL LABORAL
siguientes reglas especiales de distribución de la carga probatoria, sin perjuicio de que por ley se dispongan otras adicionales. Acreditada la prestación personal de servicios, se presume la existencia de vínculo laboral a plazo indeterminado, salvo prueba en contrario.
Cuando corresponda, si el demandante invoca la calidad de trabajador o ex trabajador, tiene la carga de la prueba de: a) La existencia de la fuente normativa de los derechos alegados de origen distinto al constitucional o legal. b) El motivo de nulidad invocado y el acto de hostilidad padecido. c) La existencia del daño alegado.
Cuando corresponda, de modo paralelo, incumbe al demandado que sea señalado como empleador la carga de la prueba de:
a)
El pago, el cumplimiento de las normas legales, el cumplimiento de sus
b)
obligaciones contractuales, su extinción o inexigibilidad. La existencia de un motivo razonable distinto al hecho lesivo alegado. El estado del vinculo laboral y la causa del despido.
c)
En aquellos casos en que de la demanda y de la prueba actuada aparezcan indicios que permitan presumir la existencia del hecho lesivo alegado, el juez debe darlo por cierto, salvo que el demandado haya aportado elementos suficientes para demostrar que existe justificación objetiva y razonable de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad. Los indicios pueden ser, entre otros, las circunstancias en las que sucedieron los hechos materia de la controversia y los antecedentes de la conducta de ambas partes.
164
xil. DERECHO AMBIENTAL
716.
La ONG PERÚ VERDE de acuerdo a los criterios establecido en el Primer Pleno Casatorio Civil (Caso Yanacocha), sí tendría legitimidad activa en defensa de los intereses drfusos, como lo sería en este caso, la protecciÓn del medio ambiente. Al efecto además no remitimos al artículo 82o del Código Procesal Civil, que otorga la mencionada legitimidad activa a instituciones sin fines de lucro que según Ley y a criterio del Juez Ie corresponda. Con lo precedentemente clescrito se declarar'ía irrfundada la excepción de falta de legitimidad activa de ia denlandante. En relación a la excepción de representaciÓn defectuosa de ia demandante, también se tendría que declararse infundada, toda vez que la demanda fue firmada por la representante legal de la mencionada ONG. Por último, en relación a la excepción de conclusión anticipada del proceso por transacción, también la decisión CeberÍa ser que se declare infundada dicho medio de defensa. Ello debido a que Ia mencionada transacción ha sido celebrado con cada uno de los integrantes de la comunidad, por los daños que cada uno sufrió como consecuencia de la contaminaciÓn. Lo que nc le serÍa oponible a la ONG antes descrita. Distinto sería el caso aquél en que cada comunero, a pesar a haber suscrito una transacción extrajudicial con la minera, inicie un proceso de indemnización por daños, supuesto en el cual si prosperarÍa la excepción de conclusiÓn de proceso por transacción; como en efecto se estableció con carácter de criterio vinculante en el Primer Pleno Casatorio.
1025. El OSINFOR es un Organismo Público Eiecutor adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros, encargada de supervisar y fiscalizar los titulos habilitantes, otorgados para el aprovechamiento de los recursos foi'estales, fauna silvestre y los servicios ambientales.
1040. Art.
No 2- num. 8- NCPPEn la comisión de los delitos previstos en los artÍculos 307-A (Delito de Minería llegal), 307-B (FormasAgravadas), 307-C(Delito de Financiamiento de la Minería llegal), 307-D(Delito de obstaculización de la fiscalización administrativa) y 307-E (Tráfico ilícito de insumos químicos y maquinarias destinados a minería ilegal) del Código Penal, cuando e/ agenfe suspenda sus actividades ilícitas
de modo voluntario, definitivo e indubitable, comunicando este hecho al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental mediante instrumento de fecha cierta. Si la acción penal hubiera sido ya promovida, se aplican, en lo pertinente, las mismas reglas establecidas en el presente artículo"
165
DERECHO AI\4BIENTAL
1072. Llamado tarnbién "principio de internalización de costos". De acuerdo con este Principio, los costes de ia contaminación han de imputarse al agente contaminante, entendido por ta! la persona física o jurídica, sometida a derecho privado o público, que directa o indirectamente deteriora el medio ambiente o crea las condiciones para que se produzca dicho deterioro, que debe sufragar
tanto las medidas de prevención de la contaminación cofito los costes de la reparación de los daños eventualmente causados por la misma, sin recibir, en principio, ningún tipo de ayuda financiera compensatoria.
1073.
A partir de la autoria y participación dentro de ia estructura del profesor Jackobs,
)/a que nos habla de dos clases de delitos: lnstitucionales y Organizacionales.
1075. El ente rector de la poiitica ambiental es el tulinisterio del Ambiente (MINAM) como t¡tular y obligado directc¡ en la formulación de la Política Ambiental.
1226. Prueba Documental, siguiendo los parámetros establecidos en el artículo 184 del Nuevo Código Procesal Penal.
1227. El lnforme técnico legal fundamentado, el mismo que es requerido en el marco de la investigación penal de los delitos tipificados en los Capítulos (Delitos de Contaminación) y ll (Delitos contra los Recursos Naturales) del I
TÍtulo Xlll del Libro Segundo del Código Penal, conforme a lo establecido en el artículo 4 del Decreto Supremo N 009-2013-MlNAM, contendrá como mínimo, lo siguiente: - Antecedentes de los hechos denunciados - Base legal aplicable al caso analizado - Competencia de la autoridad administrativa ambiental. - ldentificación de las obligaciones ambientales de los administrados involucrados en la investigación penal, que se encuentra en contenidas en leyes, reglamentos o instrumentos de gestión ambiental y que resulten aplicables a los hechos descritos por el Ministerio Público. - lnformación sobre las acciones de fiscalización ambiental realizadas y/o reportes presentados por los administrados involucrados en la investigación penal, de ser el caso. - Conclusiones
1241. Se formaliza por el delito de obstrucción de procedimiento en forma agravada, previsto en el artículo 310-B concordante con los incisos,4, toda vez que el cocodrilo de Tumbes ( cocodrylus accutus) es una especie legalmente Protegida, por la CITES y la Legislación Nácional.
1298. Los delitos tipificados en elTítulo Xlll del Código, del Libro ll del Código Penal, (DelitosAmbientales) tienen como requisito de procedibilidad la emisión de un lnforme Técnico Fundamentado (lTF) de la autoridad ambiental competente. Para determinar en qué etapa del proceso penal se solicita el informe a la autoridad ambiental competente, debemos tener en cuenta que el Código Procesal Penal establece que:
-
El fiscal inicia los actos de investigación cuando tiene conocimiento de la sospecha de la comisión de un hecho que reviste los caracteres de delito. El fiscal puede, bajo su dirección, requerir la intervención de la Policia o realizar por sí mismo diligencias preliminares de investigación para determinar si debe formalizar la investigación preparatoria. Sl e/ fiscal al calificar la denuncia o después de haber realizado o dispuesto realizar diligencias preliminares, considera que el hecho denunciado no
166
BANCO DE PREGUNTAS DESARROLLADO
constituye delito, no es justiclable penalmente, o se presentan causas de extinción previsfas en la ley, declarará que no procede fonnalizar y continüar con la investigación preparatoria, y ordenará el archivo de lo
-
actuado. Si de la denuncia. del informe policial o de /as diligencias preliminares que realizó, aparecen indicios reveladores de la existencia de un delita, que la acción penal no ha prescrito, que se ha individualizado al imputadc y que. si fuera el caso, se han satisfecho los requisitos de procedibilidad. dlspondrá la formalización y la continuación de la investigación preparatoria.
Sin embargo, con la modificación del artículo 1 49 de Ia Ley General de Ambiente se modifica la figura para la denuncia penal de los delitos ambientales. la cual deja de utilizar el informe como un reqursito para formalizar la denunc¡a y pasa a utilizar al informe de la autoridad ambiental conro parte de la investigación penal, por lo que se entiende que la denuncia ya ha sido formalizada. Siendo que el lTF, es un requisito de procedibilidad y su omisión acarrea nulidad
de lo actuado.
El fiscal de la investigación preparatoria o el juez son los encargaclos
de
solicitar el informe técnrco-legal a la autoridad ambientai competente a través de un oficio, el cual deberá contener: - El pedido de informe fundamentado, adjuntando copia de ia denuncia y sus anexos. - Otros actuados e información relevante con la finalidad que la autoridad
ambiental cuente con la infornración necesaria para la elaboración del informe.
En caso si considere necesario, la autoridad ambiental requericia podrá solicitar información adicional a la fiscalía a cargo de la investigacion. a otras entidades públicas o privadas, encargar las pericias o evaluaciones técnicas que considere del caso, y, en general. realizar las acciones que estime procedentes, sin exceder el plazo previsto.
1583. Organismo
de Evaluación y Fiscalización Ambiental
(OEFA)
es
un
organismo público, técnico especializado. adscrito al llini{e¡i.¡ del Ambiente de Perú encargado de la fiscalización arnbienla! en todo el territorro Deruano.
El OEFA ejerce dos clases de funcicnes: ccmo
entidaur dr: íiscalización
ambiental, ejerce funciones de supervisión arnbie,ntai Cire,:ta, frscalizadora y sancionadora, y como ente rector del Sistema LJAqtg¡qi de Evalue§laL_y Fiscalización Anrbiental(SINEFA) ejerce fundones n(irnrativa y de fiscaiización a las entidades de fiscalización ambiental nacionales. regionales o Iocaies.
1584. La conducta descrita se calificaría como Delito de Minería llegal, en su forma agravada, tipificado en el articulo 307-A concordante con el 307-8 del Código Penal. (lnciso ''! y 3: En zonas no peimitidas para el desarrollo de actividad minera y el uso de instrumentos prchil:rcos conio las Dragas, artefactos u otros instrunrentos similares;
1585.
Es función Ce la AutoridarJ Administrativa del Agtia:
a) b)
Elaborar la Política Estrategia y PIan Nacicn¡l iJe Fecr:rsos llidricos, teniendo en cuenta su c:onstrircción desarrollo y eiecu.iión, Cer:tro del marco cle la Política Nacicrr¿i del Ai'nhientc Dictar normas y establecr:r i-rrr¡ceciirriierrttls
integrada y sostenibrle cle
las Normas
Le_r¡ales
plra ase;Lrrar la gestión los Recr-irsos Híd¡'icos :¡¡ii¡;rismo, pi'opone!"
para ia glestión dei agua que re)quleran ser a¡rrobadas
por Decreto Supremo. 1{r7
DERECHO A[4BIENTAL
Estabiece¡ los lineamientos para la formulación, aprobación, actualizaciÓn, supervisión de implementaciÓn ,le ins Planes de Gestión de Recursos Hídricos en las diferentes cuencas. ci) Elaborar ei método y deterntinar el valor de las retribuciones econÓmicas por el derecho de uso de agua y por el vertimiento de aguas residuales tratadas en fuentes naturales de agua; así como, aprobar las tarifas por monitoreo y gestión de aguas subterráneas y por uso de la infraestructura hidráulica. e) Aprcbar reservas de recursos hídricos y trasvases de agua de cuenca: declarar el agotanriento de las fuentes traturales de agua, zonas de veda. zonas rle protecciÓn, zonas intarrgibles y estados de emergencia en las fuentes natui'ales de egua: dictiando en cada caso las medidas pertinentes. c)
0
Otorqar. modificar y extinguir, pr"evio estudio técnico, derechos de uso de agr-ra, autorizaciones ¡le verlirnientos y de reÚso de agua residual; aprobanrlo cuando sea riec;esllrio i¡'t implementaciÓn, modificaciÓn y
extinción de servidr-tmbres Ce r¡so de agua. s) Conducir-. or'-c¡anizar y aCntinistrar el Sistema Nacional
de lnformación de Recursos Hidricos, el Registrc Administrativo de Derechos de Uso
Agua, ei Registro Nacional de Orqanizaciones de Usuarios. el Registro de Verlirnrentos y los denrás registros que correspondan. h) Emitir opinión técnrca virrculante para la aprobación de instrumentos de gestión ambiental, que involucren las fuentes naturales de agua, así como el otorgamiento cle auioriz¿ciones, extracclón cie material de acarreo, y
¡)
i)
respecto a la disporribilidad r*: recursos hídricos para el otorgamiento de viabiiidad de los proyectos cie infraestructura hidráulica Coordinar, organizar y dirlgir acciones necesarias para el funcionamiento Sistema Nacrcnal de GestiÓn de Recursos Híctricos, asi como supervisar -v evaluar el impacto de !as actividades y el cumplimiento de los cbjetivcs de dicho Sisterna Ejercer jr:r'isc!icción adnrinistraiiva excluslva en materia de aguas, clesarroilando acciclnes de adi'ninistración, fiscalizaciÓn, control y vigilancia, para asegur¿rr la conser','ación y protecciÓn del agua en cuanto, a su canticlad y calidad cle los bienes naturales asociados a esta, además, de
la infraestructura hidráulica mi:itir;t':torial, ejerciendo para tal efecto la facuitad sancionadora y coac;tiva.
k)
l)
Establecer los paránretros de eficidncia aplicables al aprovechamiento de lcs Recursos l-iídricos. en concordancia con la Politica Nacional del Ambiente. Promover y apoyar ia forrl1ulación de proyectos y la ejecución de actividades que incentiven el uso eficiente, el ahorro. la conservaciÓn, la protección de la calidaC e in:renrento de la iicür:nibillCaci de ios recurscs hídricos. Así tambión, aulor¡zar ia elecrlciÓn
m) Desarrcllar acc;io¡es para ia
n)
gestiÓr-t irrtegrada del agua por cuencas y
la pt-eservaciÓn rle iüs rajcLrrsos en l¿-¡s catre¿eras de estas, asi como, para ia prevenr:iórr cle daños por ocurrencia iJe eventos hidrolÓgicos extremos. Aprchar la rlernarcaciÓn ie rritorl¿il de cuencas hidrográficas, la clasificación
de los
cr.lerposr
de agtia, la
y
los delin¡it¿lciÓn cle las fajas marginales en coordinaciÓn
volúnrenes de lc.rs caudale§ (ríjol.,gicos. estos Liltimcs con el iVlinistr:ric t;e'i Arrrbl¡rnii: .!u,1
BANCO DE PREGUNTAS DESARROLLADO
o) p) q)
Promover programas de educación, difusión y sensibilización, sobre la importancia del agua para la humanidad enmarcadas dentro de una Cultura del Agua, que se reconozca el valor social, ambiental y económico de dicho recurso. Coordinar con el Ministerio de Relaciones Exteriores, la suscripción de acuerdos multinacionales que tengan por finalidad la gestión integrada de recursos hídricos en cuencas transfronterizas. Otras que señale la Ley.
1586. - El artículo 149 de la Ley General del Ambiente: El fiscal de la investigación preparatoria o el juez son los encargados
de
solicitar el informe técnico-legal a la autoridad ambiental competente, a través de un oficio, el cual deberá contener: - El pedido de informe fundamentado, adjuntando copia de la denuncia y sus anexos. - Otros actuados e información relevante con la finalidad que la autoridad
ambiental cuente con la información necesaria para la elaboración del informe.
En caso se cons¡dere necesario, la autoridad ambiental requerida podrá solicitar información adicional a la fiscalía a cargc de la investigación, a otras entidades públicas o privadas, encargar las pericias o evaluaciones técnicas
que considere del caso, y, en general, realizar las acciones que estime
procedentes, sin exceder el plazo previsto. En el Perú la autoridad ambiental competente de acuerpo al DS.Nro.009-MINAM de Septiembre del 2013, es la autoridad administrativa encargada de iniciar el procedimiento administrativo sancionador, sea éste autoridad local, Regiona! o nacional; sin embargo de conformidad con el D. Leg. 10'1 3ley de creación del MINAM, una de las funciones básicas de la OEFA, es la de emitir el lTF.
1587. Como señala
el
Decreto Supremo No 043-2006-AG, que aprueba
la
categorización de especies amenazadas de flora silvestre, esta consta de setecientos setenta y siete (777) especies, de las cuales cuatrocientas cuatro (404) corresponden a las órdenes Pteridofitas, Gimnospermas y Angiospermas, trescientos treinta y dos (332) especies pertenecen a la familia Orchidaceae; y cuarenta y uno (41)especies pertenecen a la familia Cactaceae, distribuidas indistintamente en las siguientes categorías: En Peligro Crítico (CR), En Peligro (EN), Vulnerable (VU) y CasiAmenazado (NT).
1588. Mediante Resolución Ministerial
del sector pesqueria y Produce, de conformidad
a las tallas, y periodos de veda de ciertos recursos hidrobiológicos, como: La Caballa, el Jurel, las conchas de abanico, los Tiburones, etc.
1589. El delito de incumplimiento de las normas relativas al manejo de residuos sólidos, previsto en el 3er. Párrafo del artículo 306 del C.P.
1590. El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), ejerce dos clases de funciones: como entidad de fiscalización ambiental, ejerce funciones de supervisión ambiental directa, fiscalizadora y sancionadora, y como ente rector del Sistema Nacional de Evaluación v Fiscalización Ambiental (SINEFA) ejerce funciones normativa y de fiscalización a las entidades de fiscalización ambiental nacionales, regionales o locales.
1591. Según lo dispuesto mediante Decreto Supremo N" 003-2014-PCM, de fecha 10 de enero de2014, se aprobó la estrategia nacional para la interdicción de
769
DERECHO A[4BIENTAI
la Minería liegai. donde establece los crganismos que solicitan o activan las acciones rle interdicciórr o actividacies de minería ilegal: a. EL MINISTERIO DEL l|'ITERIOR: a través de la Policia Nacional del Perú, ejecutilrá ias acciorres de intcrdiocir.rn v consolidacion de las acciones desari-olladas parír la erradicación o redLrcción de la minería ilegal. b. M|N|§TERIO DE DEFENSA; a través de los Comandos Operacionales (CCOO) ¡; Comanr-los Especiales (CCEE) de ias Fuerzas Armadas, apoyerá a ia Pclicía Nacional rJei Perú cie acuerdo al marco legal vigente. c. DIRECCIOI'.! NACIONAL DE ¡N"IELIGENCIA-DINl; apoyará las acciones de interdicción pro¡:,orcronanio inte!igencia esiratégica.
d.
f.
[)ir'ec*ión GENERAL DE Capitanías Y GUARDACOSTAS (DlCA,Pl) i\utr:rici.ri [r,'i.iritrria l'iacional; elecirlai'á, en coorCinación con el Ministerio Plrblicc'y la Poiicí:i Nacional r"lel Perú, acc¡ones de interdicción en los rios y Iagos naveg:bies y zonas sobre ias que ejerza jurisdiccion conforme a ley. lV!!NlS"fHRlC DE ENERGIA Y MIN¡lS; proporcionará información al i\4ir.listerro Fúbl¡co. a la Pclicía Nacionel del Perú y a la Dirección General de Canitanías :¡ Guardacostas relacionaCÍl con sus competencias conforme a
l-ey
¡¡.
h.
tullNlSTE¡?.lO DEL AMBIENTE; proporcionará información
al Ministerio
!"laciorial de,l Perú y a la Dirección General de Capi[ariia:r y §uardacosia:; relacionada oon sus competencias conforme a l-cr Púb[cr
. a ia Poiicía
GOB!f;Rf,¡O§ RIGl$l',¡A..LE§; prcirorcionarán información regronal al Ministerio Pilblict-r. a la PolicÍa Nacional del Perú y a la Dirección General Capitanías y GLra:'dacosias de acr;erdo a Ley. PROCi-TRADIJRIA§ pÚB!-ICAS: solicitarán la activación de las acciones de interciiccit¡:'i. conlorrne ¿r io establecicio en el Decreto Legislativo. IJNIDAD DE INTELIGENC¡A FINANCIERA; contribuirá con el Ministerio Púl:l;¿¡. r.in la investigacit:n de los recursos económicos, identificando prelit'irinarrnente a ics su¡etos y organizaciones criminales vinculadas al deÍito de minería ileg:rl 1r ¿l iarrado de actlvos, de modo que permita iniciar rJe
i. j.
ias ai;r;ioi¡es penales corresuondientes.
K.
I.
§UFERINTENDENÜ¡A NAC¡ONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIGN TR!BLITARIA - SUN,AT; Desarroilara las acciones de fiscalización v r::ni'cl rie ios insurnos tiuímicc;s maquinarias y equipos, conforme a sr¡s facultai,'.s coniandc uara ellc con e! apoyo y coiaboración del Ministerio Fúblico, Drrección General oe Capitanías y Guarda Costa, la Poiicia Nacion¿i Cei Ferrri. así como del OSINERGM|N. ORGANISM{.} SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA - O§!NERGMllt!; anr:¡rara con información, oue posea en atención a sus facrrll¡:rrJe:s'"r ejecuilrá acciones cie supervislón y fiscalización del inq re-cc r jr-i tornt,Lr
ciihio3.
m. SUFERII,áTENüFN(:IA NACIONAL DE CONTROL DE SERVICIOS ilE $FGLIRID/,\D AÑI!11AS '/!IJhiICICINES Y HXPLCISIVOS DE USO Clvit-§UC,A,MEfi; í::iec' 'i¡r,-r ¡c;ionr:s ie suprervi.ión y control sobre el afnr¿l¡lenio. r¡ir¡rir:ir)rl l,explosivos qr.re ingresen a las eonas de interdicción Ca .r,,leria
llell!
1592. Dec¡'ere L-eglslativr¡ f iú.j' iC3 0.1-2üi:l)- LJecreio Legislativi:
qr,te establece r¡t:clid;.:s ,le Clrr¡trr¡l y i:iscelización en iir cirsiribución, transporte y comercial¡zaciiiir rje !¡rljurricq Qulrrrjcos qLje P(re,Jan ser r¡tilizados en la N4inería llegal:
L7ü
BANCO DE PREGUNTAS DESARROLLADO
lnsumos Químicos: El mercurío, cianuro de potasio, cianuro de sodio y
los
Hidrocarburos. Adicionalmente, mediante Decreto Supremo refrendado por el Ministro de Energía y Minas se podrá incorporar como insumos quimicos otros bienes que se utilicen directa o indirectamente para la producción, elaboración o extracc¡ón de minerales. La SUNAT podrá proponer dicha incorporación.
1593.
El bien jurÍdico protegido es el ambiente natural o la estabilidad del ecosistema,
y el objeto material de la acción, sobre la cual recae, la conducta del sujeto activo son: los bosques u otras formaciones boscosas, sean naturales o plantaciones, de conformidad con el art. 310 del CP.
1595. El bien jurídico macro protegido es la estabilidad ecosistémica. Los objetos de protección (y sobre los cuales recae la acción ilícita) son el ambiente, la salud humana y la integridad de los procesos ecológicos.
1596. Tráfico ilegal de residuos peligrosos, previsto y sancionado en el artículo 307 del Código Penal.
1597.
Se denomina daño ambiental a todo menoscabo material que sufre el ambiente
y/o alguno de sus componentes, que puede ser causado contraviniendo o no disposición jurídica, y que genera efectos negativos actuales o potenciales. Ello en conformidad con lo establecido en el artÍculo 142 inciso 2 de la Ley General del Ambiente.
1598. Artículo 9- Ley General de Residuos Sólidos Municipalidades Provinciales
Las municipalidades provinciales son responsables por la gestión de los residuos sólidos de origen domiciliario, comercial y de aquellas actividades que generen residuos similares a éstos, en todo el ámbito de su jurisdicción. Están obligadas a:
1.
2. 3. 4. 5.
6. 7.
Planificar la gestión integral de los residuos sólidos en el ámbito de su jurisdicción, compatibilizando los planes de manejo de residuos sólidos de sus distritos y centros poblados menores, con las políticas de desarrollo local y regional. Regular y fiscalizar el manejo y la prestación de los servicios de residuos sólidos de su jurisdicción. Emitir opinión fundamentada sobre los proyectos de ordenanza distritales referidas al manejo de residuos sólidos, hcluyendo la cobranza de arbitrios correspondientes. Asegurar la adecuada limpieza de vías, espacios y monumentos públicos, la recolección y transporte de residuos sólidos en el distrito del Cercado de las ciudades capitales correspondientes. Aprobar los proyectos de infraestructura de transferencia, tratamiento y disposición final de residuos sólidos, así como autorizar su funcionamiento. Autorizar el funcionamiento de la infraestructura de transferencia, tratamiento y disposición finai de residuos sólidos.
Asumir, en coordinación con la autoridad de salud de su jurisdicción, o a pedido de ésta, la prestación de ios servicios de residuos sólidos para complementar o suplir la acción de aquellos distritos que hayan sido declarados en emergencia sanitaria o que no puedan hacerse cargo de ios mismos en forma adecuada. El costo de los servicios prestados deberá ser sufragado por la municipalidad distrital correspondiente.
771
DERECHO AI\¡BIENTAL
8.
Adoptar medidas conducentes a promover la constitución de empresas prestadoras de servicios de residuos sólidos indicadas en el ArtÍculo 27 de la presente Ley, así como incentivar y priorizar la prestación privada de los servicios de conformidad con lo establecido en la presente Ley.
9.
Promover y garanlizar servicios de residuos sólidos administrados bajo
principios, criterios y contabilidad de costos de carácter empresarial. 10. Suscribir contratos de prestación de servicios de residuos sólidos con las empresas registradas en el Ministerio de Salud. 11. Autorizar y fiscalizar el transporte de residuos peligrosos en su jurisdicción, con excepción del que se realiza en las vías nacionales y regionales.
Artículo 10.- Municipalidades Distritales
10.1
Las municipalidades distritales son responsables por la prestación de |:s
servicios de recolección y transporte de los residuos sólidos indicados en el artículo anterior y de la limpieza de vías, espacios y monumentos públicos en su jurisdicción. Los residuos sólidos en su totalidad deberán ser conducidos directamente a la planta de tratamiento, transferencia o al lugar de disposición frnal autorizado por la Municipalidad Provincial, estando obligados los municipios distritales al pago de los derechos
10.2
correspondientes. Las municipalidades distritales son competentes para suscribir contratos de prestación de servicios de residuos sólidos con las empresas indicadas en el inciso 9) del artículo anterior.
1599. El delito de contaminación del ambiente se encuentra regulado en
el
artículo 304 y en su primera parte señala que este tipo penal castiga al que, infringiendo leyes, reglamentos o límites máximos permisibles, provoque o realice descargas, emisiones, em¡s¡ones de gases tóxicos, emisiones de ruido, filtraciones, vertimientos o radiaciones contaminantes. Estos lÍmites nos remiten al artículo 32.1 de la ley del ambiente. Esta acción ilícita debe de recaer
sobre la atmósfera, el suelo, el subsuelo, las aguas terrestres, marítrmas o subterráneas, que cause o pueda causar perjuicio, alteración o daño grave al ambiente o sus componentes, la calidad ambiental o la salud ambiental, según la calificación reglamentaria de la autoridad ambiental. La pena en estos casos es de no menor de 4 años ni mayor de 6 años y con 100 a 600 días-multa. El delito culposo se pena con 3 años o prestación de servicios comunitarios de
40 a 80 jornadas. Posee formas agravadas, cuando el agente: a) Falsea
u
oculta información sobre el hecho contaminante, la cantidad o calidad de las descargas, emisiones, filtraciones, vertimientos o radiaciones contaminantes, a la autoridad competente o a la institución autorizada para realizar labores de fiscalización o auditoría ambiental. b) Obstaculiza o impide la actividad fiscalizadora de auditoría ordenada por la autoridad administrativa competente. c) Actúa clandestinamente en el ejercicio de su actividad. Si por efecto de
la actividad contaminante se producen lesiones graves o muerte, la pena se
agrava.
1600. Las municipalidades provinciales y distritales. 1601.
El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) es un organismo
público, técnico especializado, adscrito al Ministerio del Ambiente. Es el ente rector del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental (SINEFA). Este órgano tiene la responsabilidad de supervisar que los administrados bajo su ámbito de cornpetencia cumplan las obligaciones ambientales derivadas
172
BANCO DE PREGUNTAS DESARROLLADO
de la normativa ambiental, de sus instrumentos de gestión ambiental y de los actos y disposiciones administrativas emitidas por el OEFA.
1602. En la STC 0048-2004-Pl/TC se ha señalado que el cgntenido del derecho
fundamental a un medio ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida, reconocido en el artículo 2', inciso 22) de la ConstituciÓn, está
determinado por los siguientes elementos: (1 ) el derecho a gozat de ese medio ambiente y (2) el derecho a que ese medio ambiente se preserve' En su primera manifestación, esto es, el derecho a gozar de un medio ambiente equilibrado y adecuado, éste comporta la facultad de las personas de poder
disfrutar de un medio ambiente en el que sus elementos se desarrollan e interrelacionan de manera natural y armónica; y, en el caso de que el hombre intervenga, no debe suponer una alterac¡ón sustantiva de la interrelaciÓn que existe entre los elementos del medio ambiente. Esto supone, por tanto' el disfrute no de cualquier entorno, sino únicamente del adecuado para el desarrollo de la persona y de su dignidad (artículo"l " de la ConstituciÓn). De lo contrario, su goce se vería frustrado y el derecho quedaría, así, carente de contenido.
En relación con el segundo elemento, cabe señalar que el derecho a
la
preservación de un medio ambiente sano y equilibrado entraña obligaciones ineludibles, para los poderes públicos, de mantener los bienes ambientales en las condiciones adecuadas para su disfrute. A juicio de este Tribunal, tal obligación alcanza también a los particulares, y con mayor razÓn, a aquellos cuyas actividades económicas inciden, directa o indirectamente. en el medio ambiente
1603. A este respecto cabe indicar que el derecho ambiental se pude definir como el conjunto de principios y normas jurídicas que tienen por objeto la preservaciÓn, la conservación y el mejoramiento del ambiente (natural o construido) dentro
y fuera de los límites territoriales de los Estados. Este derecho se basa en el concepto de un derecho preventivo, que permite actuar antes de que se cometa un acto que pudiera afectar al medio ambiente, se trata de un derecho principalmente funcional e instrumental.
1604. Esel MinisteriodelAmbiente(MINAM)comoenterectordelapolÍticaambiental. 1608. El DerechoAmbiental, en sentido estricto, consiste en el complejo identificable de elementos teóricos y prácticos de orden doctrinal, legal y jurisprudencial desarrollados en torno
a la globalidad, de ios fenÓmenos de creaciÓn,
aplicación e interpretación de la legislación ambiental. Con la finalidad de evitar situaciones de riesgo irreversible y debido a la trascendencia del ambiente parala existencia de los individuos, hoy en día también es objeto de una amplia gama de regulación en distintos tipos de normas jurídicas, que en su conjunto ha determinado la formaciÓn de toda una nueva rama del Derecho, el "Derecho Ambiental", como respuesta a la necesidad surgida de controlar la conducta del hombre en torno al acceso de recursos naturales. El Derecho Ambiental, como disciplina cientÍfica ha nacido en el momento en que se comprometió que el entorno constituye un conjunto, un todo, cuyos diversos elementos interaccionan entre sÍ. Esta es una verdad física y también sociológica, solo percibida y entendida en la Última década. Su comprensión originó la elaboración de principios científicos y de técnicas para el manejo integrado de esos diversos elementos constituyentes del ambiente humano, en tanto conjunto o universalidad y no como antes, solo en funciÓn de cada una de las partes de los usos de éstas.
173
DERECHO AI\IBiENTAL
1609. Son considerados como mega principios del derecho ambiental: 1 . Principio de Ubicuidad
2. 3. 4. 5.
Principio Principio Principio Principio
de de de de
Sostenibilidad Globalidad Subsidiaridad Solidaridad
1610. La Declaración de F-stocolmo (1972), aprobada durante la Conferencia
cje
las Naciones Unidas sobre Med¡o Ambiente Humano, que, por vez primera, introdujo en la agenda política internacional la dimensión ambiental como
condicionadora y limitadora clel modelo tradicionai de crecimiento económico y del uso de los recursos naturales.
l6ll.
"Nuestro futuro común": fue el primer intento de eliminar la confrontación entre desarrollo y sostenibilidad Presentado en 1987 por la Comisión Mundia! Para el Medio Ambiente y el Desarrollo de la ONU, encabezada por la doctora noruega Gro Harlern Brundtland, trabajó analizando la situación del mundo en ese momento y Cernostró que el camino que la sociedad global había tomado estaba destruyendo el ambiente por un lado y dejando a cada vez más gente en la pobreza y la vulnerabilidad. El propósito de este informe fue encontrar
medios prácticos para revertir los problemas ambientales y de desarrollo del mundo y para lograrlo destinaron tres años a audiencias públicas y recibieron más de 500 comentarios escritos, que fueron analizados por científicos y políticos provenientes de 21 paÍses y distintas ideologías.
1612. Desarrollo Sustentable; o desarrollo sostenible ; o eco desarrollo. 1613. Principio Precautorio, dicho principio comenzó a aparecer en instrumentos legales internacionales a mediados de los años ochenta, aunque, previamente, había estado presente como principio en ordenamientos legales locales, más notablemente en Alemania del Oeste. Su objetivo consiste en proporcionar una guía para el desarrollo y apiicación del derecho ambiental en los casos donde existe lncertidumbre científica. Este principio genera, alavez, acuerdos y desacuerdos sobre su aplicac¡ón. Por un lado. hay quienes consideran que proporciona la base para la acción legal temprana encaminada al tratamiento de problemas arnbientales que constituyen graves amenazas para el bienestar humano. Opuestamente, sus oponentes argumentan que el principio de
precaución es potencialmente una causa de sobreregulación y que lirnita la
actividad humana).
1614. Principio Precautorio, ello conforme con lo establecido en el artículo Vll del TP de la Ley General del Ambiente.
1615. Decreto Supremo 043-2006-AG. 1616. Decreto Supremo 004-2014-MINAGRI del 08.04.2014. 1617. En el marco de las preocupaciones relativas al deterioro arnbiental agotanr¡ento delos Recursos no renovables
y
al
nrás aún, motorizada por las mismas se celebra la Conferencia de las Naciones Unidad sobre el Medio Ambiente Humano, que tuvo lugar en Esiocolmo (Suecia) del 5 al 16 de junio de 1972
1618.
¡,r,
La cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible se celebró en Johannesburgo (Sudáfrica) del 26 de agosto al 4 de setiembre del 2002. Dicha cumbre tinalizó con la aprobación del Plan de Acción y la Declaración Politlca, los dos grandes objetivos fijados antes de su celebración.
174
BANCO DE PREGUNTAS DESARROLLADO
1619. LA DECLARACION DE JOHANNESBURGO SOBRE EL DESARROLLO SOSTENIBLE, la misma que constituye una expresión del renovado compromiso político de proteger los recursos naturales y el ambiente, promover el desarrollo humano y alcanzar la paz y prosperidad en todo el mundo.
1620. La Política Nacional del Ambiente constituye el conjunto de lineamientos, objetivos, estrategias, metas, programas e instrumentos de carácter público, que tiene como propÓsito definir y orientar el accionar de las entidades del gobierno nacional, regional y local; y del sector privado y de la sociedad civil, en materia ambiental. Ello conforme a lo señalado en el artículo g de la Ley General del Ambiente.
Asimismo, La PolÍtica Nacional del Ambiente es parte integrante del proceso estratégico de desarrollo del país. Es aprobada por Decreto supremo refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros. Es de obligatorio cumplimiento. 1621
.
En la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental 27446.
1622. Cumbre Mundial de la Tierra patrocinada por la ONU en
-
Ley
No
Río de Janeiro en junio
de 1992.
1623. Los recursos metálicos o no metálicos. 1624. Por el delito de Utilización indebida de tierras agrícolas, previsto en el art.
31'1
del Código Penal.
1625. De conformidad con el artículo 314-c del código penal sin perjuicio de lo ordenado por la autoridad administrativa, el juez dispondrá la suspensión inmediata de la actividad de la empresa a efectos que no siga contamrnando, extrayendo o depredando.
1626. Gobierno local o regional de Lima. 1627. Clases:
1.
Uso primario: utilización directa en fuentes naturales y cauces con el fin de satisfacer necesidades humanas primarias. Este uso no requiere de autorización administrativa, debe ser inocuo al ambiente y a terceros, no tiene fin lucrativo, se ejerce en forma gratuita y está restringido a medios manuales. No debe alterar las fuentes de agua en calidad y cantidad y no debe afectar bienes asociados al agua.
2.
Uso poblacional: Captación de aguá de una fuente o red pública, debidamente tratada, con el fin de satisfacer necesidades humanas básicas. Se ejerce mediante derechos de uso de agua otorgados por la Autoridad Nacional.
3.
Uso productivo: utilización del recurso en procesos de producción o previos a los ismos. Se ejerce mediante derechos de uso de aguas
otorgados por la Autoridad Nacional. En este caso existen 9 tipos de usos productivos, entre los que se encuentran: i)Agrario: pecuario y Agrícola; ii) Acuícola y pesquero; iii) Energético; iv) lndustrial; v) Minero; vi) Recreativo; vii) Turístico y viii) Transporte.
1628. Principio de Prevención y Principio Precautorio. 1629. En caso exista más de una autoridad administrativa ambiental competente en determinados extremos del objeto materia de investigación penal, el Fiscal requerirá la elaboración del informe fundamentado a cada una de éstas, las 175
DERECHO AMBIENTAL
cuales em¡tirán el citado informe en el marco de sus funciones y competencias. En el supuesto que el Fiscal tuviera duda sobre la autoridad administrativa ambiental competente, podrá sol¡citar orientaciÓn al Organ¡smo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA. Ello conforme lo establecido en el artículo 2 Del D.S. N" 009-2013-I/lNAt'/.
176
INDICE GENERAL BANCO DE PREGUNTAS DESARROTTADO 3 SOLUCIONARIO DE PREGUNTAS CNM 2014
I.
DERECHO PENAL, DERECHO PROCESAL PENAL Y DERECHO PENITENCIARIO ....
II.
DERECHO
III.
DERECHO PROCESAL
IV.
DERECHO DE
V.
DERECHO
VI.
DERECHO PROCESAL
vil.
DERECHOS
VIII.
DERECHOADMINISTRATIVO...
IX.
PROCESO CONTENCIOSO
X.
DERECHO
XI.
DERECHO LABORAL Y PROCESAL
XII.
DERECHO
9
CIVIL....
55
CIVIL..."
75
FAMILIA
87
CONSTITUCIONAL.. CONSTITUCIONAL
HUMANOS...
.... .. .
ADMINISTRATIVO
....
COMERCIAL LABORAL
AMBIENTAL 177
....
.
113
..-.
119
....
131
....
137
....
141
....
143
-...
145
....
165
