Consultor-Agropecuario

C ONSULTOR AGROPECUARIO FEBRERO 2013 - AÑO I EDICIÓN LANZAMIENTO EQUIPO AGROPECUARIO Dirección

DIRECTORA ACADÉMICO:

CLAUDIA A. CHIARADÍA

CHIARADÍA, Claudia A.

Temas clásicos destacados

ERREPAR

BAVERA, Josefina BRUNOTTI, Néstor CASTIGLIONI, Verónica DELRÍO, Ana A. LAZZARETTI, Néstor DOMÍNGUEZ, Marcelo GIOVANNONI, Lidia MAROEVICH, Marcelo MONTERO, María Luján STAFFORTE, Teresa A. ZABALA Sergio

CONSULTOR DE LEGISLACIÓN, JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA DIRECTOR:

RICARDO A. PARADA

SUBDIRECTOR: JOSÉ D. ERRECABORDE

SISTEMA ERREPAR

DIRECTOR:

FRANCISCO R. CAÑADA

Gestión empresarial

SECCIONES:

CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN:

ARMANDO M. CASAL

IMPUESTOS:

NÉSTOR O. BELLO

SIDERO, Daniel

Panorama agropecuario

Periodistas y/o economistas invitados Consultorio Agropecuario

LABORAL Y PREVISIONAL:

BAVERA, Josefina MONETTO, Cristian ZABALA, Sergio

RAÚL H. DOMÍNGUEZ SOCIEDADES Y CONCURSOS:

MARCELO L. PERCIAVALLE EDITA Y DISTRIBUYE:

ERREPAR SA

Dirección Nacional del Derecho de Autor. Hecho el depósito que marca la ley 11723.

ISBN 978-987-01-1494-9

CENTRO DE ATENCIÓN PERSONAL: PARANÁ 725 - (1017) BUENOS AIRES - ARGENTINA TEL.: 4370-2002 E-MAIL: [email protected] “ERREPAR ON LINE” www.errepar.com

Sistema patentado, modelos y marcas registrados. Prohibida la reproducción total o parcial por medios electrónicos o mecánicos, incluyendo fotocopia, grabación magnetofónica y cualquier sistema de almacenamiento de información, sin autorización escrita del editor. Los datos, conceptos y opiniones vertidos por autores y consultores no son necesariamente compartidos por la Editorial ni comprometen a los entes u organismos en los que éstos se desempeñen. La renovación de las Obras no se entiende realizada en forma automática. La Editorial se reserva el derecho de modificar en todo o en parte la estructura y el contenido del sistema con el objeto de profundizar la eficiencia del mismo. ERREPAR no se responsabiliza por aquellos elementos que (aun haciendo a la eficacia del sistema) no quedan bajo su gestión directa.

Se terminó de imprimir en los talleres gráficos Sevagraf SA, Buenos Aires, República Argentina en febrero de 2013

Presentación La actividad agropecuaria es de suma importancia en el sistema económico de la Argentina. Conscientes de ello y de la necesidad de cubrir los requerimientos legales y de gestión del sector, para el cual no abundan publicaciones especializadas, nos hemos propuesto editar ERREPAR CONSULTOR AGROPECUARIO.

En la constante búsqueda de acciones que ayuden a la tarea de los graduados en ciencias económicas, ofrecemos esta herramienta que aporta valor agregado a todo lo ya conocido, en la que encontrará novedades, colaboraciones de destacados profesionales y análisis online.

Esta nueva publicación se editará de manera bimestral en soporte papel, y se integra a la extensa familia de productos de legislación, jurisprudencia y doctrina de la Editorial. Por una cuestión didáctica, la obra ha sido organizada en áreas temáticas: impositivo, laboral y previsional, contractual, contable, registros, facturación, controles, empresarial y gestión y un panorama económico del sector.

Con ERREPAR CONSULTOR AGROPECUARIO no solo pretendemos cubrir los aspectos genéricos, sino también poner la atención en todas aquellas particularidades de las diversas economías regionales de nuestro país (citricultura, avicultura, vitivinicultura, pesca, etc.).

La doctora Claudia A. Chiaradía, directora de ERREPAR CONSULTOR AGROPECUARIO, jerarquiza y otorga amplio crédito a esta propuesta editorial, en virtud de lo que significa su figura profesional para el sector, por su vasta experiencia profesional y docente.

Con estas líneas presentamos ERREPAR CONSULTOR AGROPECUARIO a toda la comunidad profesional y empresaria, y a nuestros suscriptores en particular, augurando el mayor de los éxitos a la doctora Chiaradía y a sus colaboradores, y pretendiendo que esta herramienta moderna, dinámica y ágil aporte los elementos necesarios para mejorar y fortalecer uno de los pilares de la economía nacional. LA DIRECCIÓN

S U M A R IO LO ÚLTIMO Las últimas novedades del sector. Comentarios breves y descriptivos de lo acontecido, que merecen resaltarse. ANA A. DELRÍO - TERESA A. STAFFORTE Novedades fiscales

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TEMAS CLÁSICOS DESTACADOS Colaboraciones de actualidad y novedosas sobre temas clásicos, de repaso, técnicos y prácticos en las siguientes áreas temáticas.

’ Impuestos

ANA A. DELRÍO - NÉSTOR H. LAZZARETTI Alícuotas diferenciales de IVA en el agro. Tratamiento de los servicios accesorios. Fletes, intereses y otros

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TERESA A. STAFFORTE - ALFREDO J. BRUNOTTI Valuación impositiva de las sementeras

21

CARLOS GARCÍA PASTRANA Algunas consideraciones sobre el cultivo y el grano de algodón

29

VERÓNICA CASTIGLIONI Valuación de inventarios ganaderos en ganancias

43

LIDIA GIOVANNONI Ley 26727. Contrataciones y subcontrataciones. Solidaridad laboral en el agro

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TERESA A. STAFFORTE - ALFREDO J. BRUNOTTI El contrato de maquila

65

ARIEL G. PERISSET ¿Qué informan los acopios del productor agropecuario?

75

MARCELO MAROEVICH - GUILLERMO PAZ - GABRIEL DÍAZ Los registros RUOCA y ROSA

81

SERGIO ZABALA Los estados contables agropecuarios y el efecto de las normas internacionales en Argentina

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’ Laboral y previsional

’ Societario / Contractual

’ Registros, facturación y controles

’ Contable

GESTIÓN EMPRESARIAL Se abordan temas empresarios y de gestión vinculados con la actividad. Costos y gestión de empresas agropecuarias; comercialización; planeamiento y finanzas en el sector. DANIEL E. SIDERO ¿Los problemas familiares en las empresas de familia pueden resolverse sin ayuda externa?

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PANORAMA AGROPECUARIO Panorama de la actividad desde la óptica empresaria y económica, y el comportamiento presente y futuro de los mercados. PABLO ADREANI La Argentina agropecuaria enfrenta un futuro difícil

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CONSULTORIO AGROPECUARIO Se da respuesta a todos aquellos interrogantes frecuentes que se presentan en el mundillo de la actividad. Se dividen en temas tributario, y laboral y previsonal.

’ Tributario JOSEFINA BAVERA

’ Laboral y previsional CRISTIAN MONETTO

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ANEXO JOSEFINA BAVERA Calendario orientativo de los regímenes de información de granos para el año 2013

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NOVEDADES FISCALES

LO ÚLTIMO Ana A. Delrío Teresa A. Stafforte

1. EMISIÓN ELECTRÓNICA DE LIQUIDACIONES PRIMARIAS DE GRANOS NO DESTINADOS A LA SIEMBRA

Resolución general (AFIP) 3419/2012 - “Régimen especial para la emisión electrónica de liquidaciones primarias de granos no destinados a la siembra”

Se establece un régimen especial obligatorio para la emisión electrónica de la “Liquidación Primaria de Granos” que se utilizará como respaldo de las operaciones de compra-venta y, en su caso la consignación de granos, no destinados a la siembra - cereales y oleaginosas- y legumbres secas - porotos, arvejas y lentejas-. Se encuentran alcanzados los adquirientes, exportadores, acopiadores, cooperativas, consignatarios, acopiadores - consignatarios, demás intermediarios y los mercados de cereales a término, por las operaciones que realicen siempre y cuando la otra parte sea un productor agrícola. Asimismo quedan alcanzados quienes emitan liquidaciones y se encuentran incluidos y habilitados en el “registro único de operadores de la cadena agroalimentaria”. La emisión se efectuará ingresando en el sitio “web” al servicio “Liquidación Primaria de Granos” con “Clave Fiscal” nivel 2, como mínimo. Una vez confirmada la liquidación se contará con un Código de Operación Electrónica que otorga al documento validez fiscal. La impresión de las “Liquidaciones Primarias de Granos” será obligatoria, a partir del 13 de marzo exclusivamente, reemplazando los formularios C1116B y/o C1116C. Cabe aclarar que los formularios autorizados o que se autoricen hasta el 13 de marzo mantendrán su validez y podrán ser utilizados únicamente hasta el día anterior inclusive de la fecha indicada. En caso de inoperatividad de los sistemas los procedimientos que no pudieron ser efectuados, tendrán que realizarse dentro de las veinticuatro horas (24 hs) inmediatas siguientes al restablecimiento de los mismos.

2. INSPECCIÓN ELECTRÓNICA

Mediante la resolución general 3416/2012, se instituye, a partir del 21/12/2012, un control de cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes y/o responsables de los tributos a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos denominado “Fiscalización electrónica”. Concretada la notificación, se tendrá por iniciado el procedimiento de “Fiscalización electrónica”, el cual se identificará con un número especial. El procedimiento se inicia con una notificación al contribuyente, el que tendrá un plazo de 10 días hábiles, contados a partir del día siguiente de recibida la notificación para responderlo y deberá hacerlo a través del servicio “AFIP-Fiscalización electrónica”, opción “Cumplimiento de requerimiento fiscal electrónico”. CONSULTOR AGROPECUARIO

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LO ÚLTIMO

ANA A. DELRÍO - TERESA A. STAFFORTE

En caso de ser necesario, se podrán adjuntar pruebas documentales en formato PDF y, una vez realizada la transferencia de datos, el sistema emitirá un comprobante que acredite el cumplimiento del requerimiento electrónico. Señalamos que se encuentra prevista la posibilidad de solicitar prórroga por única vez en el caso de no poder cumplir con la información en los plazos previstos y por un plazo igual al original. Si el contribuyente y/o responsable no diera cumplimiento a la obligación establecida respecto del domicilio fiscal o no se hubiere podido efectuar la notificación de inicio del procedimiento, se dispondrá en forma inmediata la fiscalización presencial. Por su parte, el incumplimiento del “Requerimiento Fiscal Electrónico”, hará pasible al contribuyente o responsable -entre otras- de las siguientes acciones: 1. Aplicación de las multas previstas en el artículo 39 de la ley 11683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones y, en caso de corresponder, el régimen sancionatorio agravado previsto en los puntos 3 y 4 del citado artículo. 2. Encuadramiento en una categoría distinta a la que posee en el “sistema de perfil de riesgo (SIPER)” y que refleje un grado creciente de riesgo de ser fiscalizado, según lo previsto en la resolución general 1974 y su modificación. 3. Exclusión o suspensión de los registros especiales tributarios o registros fiscales a cargo de esta Administración Federal en los cuales estuviere inscripto. 4. Consideración del incumplimiento como una inconsistencia asociada a su comportamiento fiscal. Las sanciones y demás medidas previstas en este artículo podrán aplicarse en forma conjunta o indistinta. El suministro de la información, datos y documentación que se efectúe por transferencia electrónica, a través de los Servicios “AFIP - Fiscalización electrónica” disponibles en el sitio web institucional tendrá el carácter de declaración jurada.

3. RESOLUCIÓN 3421/2012 - OPERACIONES CON INSTRUMENTOS Y/O CONTRATOS DERIVADOS

Si bien el texto de la norma es más amplio nos interesa abordar como novedad aquello que tenga relación con aspectos agropecuarios. La AFIP dispuso por medio de la resolución 3421/2012 publicada el 26 de diciembre en el Boletín Oficial, un sistema de información correspondiente a la actividad financiera, y en el anexo VII de la norma instruye sobre las operaciones que se realicen con instrumentos y/o contratos derivados, donde el contribuyente deberá informar el detalle de los mismos, en un lapso de 10 días hábiles administrativos de realizada la operación. Además, dependiendo del monto de ingresos anuales del contribuyente, se deberá presentar un informe especial detallado, firmado por contador público, donde se informarán los resultados provenientes de estas operaciones y una opinión sobre el tratamiento otorgado en el impuesto a las ganancias. El mencionado informe deberá ser presentado al mes siguiente del vencimiento de la declaración jurada. Los sujetos obligados son: los contribuyentes del impuesto a las ganancias, excluidas las entidades financieras regidas por la ley 21526 y sus modificaciones, respecto de las operaciones que realicen con instrumentos y/o contratos derivados. Tal como se mencionara la registración deberá efectuarse dentro de los diez (10) días hábiles administrativos contados a partir de la fecha en que se produzcan los siguientes hechos: 1. Concertación inicial de la operación. 2. Modificación del contrato original o de la operación concertada. 3. Liquidación parcial y total. 4. Rescisión anticipada. CONSULTOR AGROPECUARIO

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LO ÚLTIMO

NOVEDADES FISCALES

Los datos en líneas generales a informar son: 1. Fecha de concertación. 2. Tipo de instrumento y/o contrato derivado. Futuro, Forward, Opciones, swaps, entre otros. 3. Intención de la operación, 4. Monto de la transacción concertada -en moneda original y en pesos-, incluyendo prima -en caso de opciones. 5. Identificación de la contraparte: Apellido y nombres, razón social o denominación, Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT), Código Único de Identificación Laboral (CUIL) o Clave de Identificación (CDI), 6. Identificación del broker o intermediario, 7. Monto de los honorarios pactados por los servicios de intermediación (en moneda original y en pesos). Además deberá informarse: las modificaciones de los contratos, las liquidaciones totales o parciales y la rescisión anticipada de corresponder. Dada la complejidad de esta norma en cuento a los datos a suministrar, aguardamos precisiones sobre ciertos temas que en la actividad agropecuaria son muy importantes, como por ejemplo, los contratos de forward, que ya se encuentran informados por la resolución general 2596 - Registración de Operaciones.

4. INFORMACIÓN SOBRE EL TRIGO

Se publicó en la página web de la Unidad de Coordinación y Evaluación de Subsidios al Consumo Interno (UCESCI) un comunicado informando que a partir del 1 y hasta el 15/1/2013, los productores, acopiadores y exportadores de trigo deberán completar y presentar la declaración jurada de tenencia física, con todo el grano que tengan en stock al 31/1/2013. El instructivo y formulario se podrá consultar en www.ucesci.gob.ar. Destacamos que no es una norma publicada en el Boletín Oficial sino un comunicado divulgado en la página web de la UCESCI.

5. TRANSPORTE

Recordamos lo normado en el artículo 56 inciso b) de la ley nacional de tránsito 24449 sancionada el 23/12/1994 que establece textualmente: “Art. 56 - Transporte de carga. Los propietarios de los vehículos de carga dedicados al servicio de transporte, sean particulares o empresa, conductores o no, deben: “b) Inscribir en sus vehículos la identificación y domicilio, la tara, peso máximo de arrastre (PMA) y el tipo de los mismos, con las excepciones reglamentarias: la tara y el peso máximo surgen de la verificación técnica.”

6. NOVEDADES PROVINCIALES

6.1. Provincia de Buenos Aires

Se ha publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires la ley 14394 con fecha 15 de noviembre, estableciendo los impuestos y tasas aplicables al período fiscal 2013. Entre las principales modificaciones que afectan a la actividad agropecuaria, destacamos:

6.1.1. Impuesto inmobiliario

Se mantiene el coeficiente del 0,50 a aplicar a la valuación fiscal de la tierra libre de mejoras para establecer la base imponible para la determinación del impuesto inmobiliario rural. Se establece que el impuesto inmobiliario estará conformado por el impuesto básico y además, en caso que corresponda, un complementario. El inmobiliario complementario para cada conjunto de inmuebles, resultará de la diferencia en exceso entre: CONSULTOR AGROPECUARIO

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LO ÚLTIMO


a) El valor que, para cada conjunto de inmuebles, surja de aplicar a la base imponible las escalas y alícuotas vigentes; y b) La sumatoria de los Inmobiliarios básicos determinados para cada uno de los inmuebles del mismo conjunto correspondientes a un mismo contribuyente. Se otorga un crédito fiscal anual materializado en forma de descuento en el monto del impuesto inmobiliario rural del 70% para los inmuebles rurales destinados exclusivamente a la producción agropecuaria de los partidos de Adolfo Alsina, Saavedra, Puán, Tornquist, Coronel Rosales, Coronel Dorrego, Bahía Blanca, Villarino, Patagones, las Circunscripciones II, III, X, V, VI de Guaminí, las Circunscripciones XI, V, XV, VI, XIII, VII, VIII, XIV, XII, de Coronel Suárez, y las Circunscripciones X, XI, XII, VIII, IX, VII, IV, V, de Coronel Pringles y sin necesidad de tramite alguno por parte del contribuyentes alcanzados por el beneficio.

6.1.2. Ingresos brutos

A continuación se exponen cuadros con las alícuotas que rigen a partir del 1 de enero del 2013 para las actividades vinculadas con el agro.

I - Producción primaria y servicios agrícolas y pecuarios Actividades Art. 21, C Producción primaria 112 Cultivos de hortalizas, legumbres, flores y… 113 Cultivos de frutas, excepto vid para vinificar 114 Cultivos industriales, de especias y de plantas 115 Producción de semillas y de otras formas de p 121 Cría de ganado y producción de leche, lanas y pelos: 80 Producción de lanas y pelo de ganado 122 Prod. de granja y cría de animales, exc. ganado: 10 Cría de aves de corral 20 Producción de huevos 30 Apicultura 40 Cría de animales pelíferos, pilíferos y plum. 90 Cría de animales y obtención de prod. NCP Servicios agrícolas y pecuarios 141 Servicios agrícolas: 10 Serv. maquinaria agrícola 20 Serv. cosecha mecánica 30 Serv. de contratista de MO agrícola 90 Serv. agrícolas NCP 142 Servicios pecuarios: 10 Serv. de inseminación artificial y serv. NCP 20 Serv. de contratista de MO pecuaria 90 Serv. pecuarios NCP Excepciones:(*) 111 Cultivos de cereales, oleaginosas y forrajeras: 10 Cultivo de cereales excepto los forrajeros

Establecimientos ubicados en: Pcia. de Bs. As. Otras Con ingresos Con ingresos provincias superiores a inferiores a $ 60.000.000 $ 60.000.000

CONSULTOR AGROPECUARIO

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1,75%

0,50%

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1,75%

1,00%

4,00%

LO ÚLTIMO

NOVEDADES FISCALES

Actividades 20 Cultivo de cereales forrajeros 30 Cultivo de oleaginosas excepto semillas 40 Cultivo de pastos forrajeros 121 Cría de ganado y producción de leche: 10 Cría de ganado bovino excepto en cabañas 20 Cría de ganado ovino excepto en cabañas y 30 Cría de ganado porcino excepto en cabañas 40 Cría de ganado equino excepto en haras 50 Cría de ganado caprino excepto en cabañas 60 Cría de ganado en cabañas y haras 90 Cría de ganado NCP Arrendamientos (art. 22, Ñ) 701030 Serv. Inmobil. para uso agropecuario por: Cuenta propia, con bienes propios o arrend. 701090 Serv. Inmobiliarios realizados por cuenta propia: Con bienes propios o arrendados

Establecimientos ubicados en: Pcia. de Bs. As. Otras Con ingresos Con ingresos provincias superiores a inferiores a $ 60.000.000 $ 60.000.000

6,00%

6,00%

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6,00%

6,00%

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(*) Nota: Se aclara que las siguientes actividades, estarán alcanzadas por la alícuota del 2% cuando se realicen en establecimientos ubicados en la Provincia de Buenos Aires, en campos arrendados y cuando los ingresos brutos gravados, no gravados y exentos correspondiente al período fiscal anterior superen $ 10.000.000: 111

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Cultivos de cereales, oleaginosas y forrajeras: 10 Cultivo de cereales excepto los forrajeros 20 Cultivo de cereales forrajeros 30 Cultivo de oleaginosas excepto semillas 40 Cultivo de pastos forrajeros Cría de ganado y producción de leche: 10 Cría de ganado bovino excepto en cabañas 20 Cría de ganado ovino excepto en cabañas y 30 Cría de ganado porcino excepto en cabañas 40 Cría de ganado equino excepto en haras 50 Cría de ganado caprino excepto en cabañas 60 Cría de ganado en cabañas y haras 90 Cría de ganado NCP

Se incorpora el código de actividad 701030 “servicios inmobiliarios para uso agropecuario por cuenta propia, con inmuebles propios o arrendados”.

II - Comercialización mayorista y minorista de materias primas, semillas, fertilizantes, agroquímicos, abonos y productos agropecuarios: (alícuotas especial) Código 512111 512114 514934 523912

ACTIVIDADES COMPRENDIDAS Descripción Venta al por mayor de materias primas agrícolas y de la silvicultura Venta al por mayor de semillas Venta al por mayor de abonos, fertilizantes y productos agroquímicos Venta al por menor de semillas

L. 14394 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%


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LO ÚLTIMO

ANA A. DELRÍO - TERESA A. STAFFORTE 523913 523914

Venta al por menor de abonos y fertilizantes Venta al por menor de agroquímicos

6.1.3. Régimen de recaudación ingresos brutos - Resolución (ARBA) 42/2012

2,50% 2,50%

Teniendo en cuenta, las últimas modificaciones de la ley tarifaria de la Provincia de Buenos Aires, cuya aplicación comienza en el año 2013, se les recuerda la vigencia de la resolución normativa 42/2012 en relación a las alícuotas a aplicar en los regímenes especiales de recaudación, entre los que se encuentran la actividad agropecuaria. La mencionada normativa establece que el importe a percibir o retener e ingresar será el que resulte de aplicar la alícuota correspondiente al ingreso gravado, sobre el monto imponible. A los fines de determinar la alícuota de recaudación aplicable, en aquellas actividades en que las mismas varíen en función del monto de ingresos obtenidos por el contribuyente, ARBA publicó a través de su sitio de internet, un padrón informando a qué grupo de recaudación pertenece cada uno de estos. El mencionado padrón contiene la siguiente información: 1. CUIT del contribuyente. 2. Grupo al que pertenece (La alícuota varía en función de la actividad y los montos de ingresos del contribuyente). 3. Razón social. Debemos mencionar que la aplicación de las alícuotas para el 2013, en el agro como se mencionó en el apartado anterior depende no solo del monto de ingresos sino también se debe tener en cuenta si se trata de un campo arrendado o no. Los agentes de retención deberían pedir información en cada caso a los sujetos pasibles, siendo esto de muy difícil aplicación. Por lo que se espera una adecuación de esta norma para los agentes de recaudación.

6.1.4. Impuesto a los sellos

Se establece que las alícuotas previstas se incrementaran en un 20% cuando el valor imponible del acto, contrato u operación gravado, se exprese total o parcialmente en moneda extranjera.

6.2. Provincia de Santa Fe

6.2.1. Resolución 27/2012 - API

Los contribuyentes que desarrollen actividades agropecuarias en el ámbito de la Provincia de Santa Fe deberán presentar, en todos los trámites vinculados con el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, la Constancia de Empadronamiento en el Registro Provincial de Producciones Primarias, emitida por la Agencia Sanitaria de Seguridad Alimentaria (ASSAL) dependiente del Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe.

6.2.2. Ley 13286 - Impuesto inmobiliario rural

-

-

-

Se incrementa en un 120% la base imponible. Se incrementa 100% la alícuota. Se autoriza al Poder Ejecutivo a presentar un proyecto de ley que contenga un nuevo avalúo de inmuebles para la Provincia de Santa Fe. En ningún caso podrán superarse los rangos de incremento previstos en el artículo 23 de la mencionada ley: rangos de 2 a 3 (100%), de 4 a 5 (150%), de 6 a 7 (200%), de 8 a 9 (250%) y de 10 a 11 inclusive (300%) respecto del impuesto liquidado sobre base 2011. Se incorpora al impuesto inmobiliario un adicional a grandes propietarios rurales (GPR), que serán aquellas personas físicas o jurídicas que acumulen en la suma de sus partidas un valor CONSULTOR AGROPECUARIO

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LO ÚLTIMO

NOVEDADES FISCALES

fiscal determinado que será: a) titulares cuyas valuaciones superen $ 836.000,01 se liquidará un incremento del 80%, b) titulares cuyas valuaciones superen $ 1.870.000,01 se liquidará un incremento del 120%. Dicho adicional se liquidará en la boleta como GPR.

6.2.3. Resolución 11/2012 API - Análisis de la conducta fiscal del contribuyente

La calificación de riesgo se realizará por lo menos dos veces al año y está previsto que se realice en función de la conducta y cumplimiento demostrado en los últimos 3 años corridos anteriores. Los diferentes niveles de riesgo tendrán como contrapartida distintos niveles de alícuota de retención en el Régimen de Recaudación y Control de Acreditaciones Bancarias y denegatoria de otorgamiento de ciertas constancias expedidas por API.

Los distintos niveles de riesgo son los siguientes:

• • • •

0. Sin riesgo fiscal. 1. Bajo riesgo fiscal. 2. Medio riesgo fiscal. 3. Alto riesgo fiscal.

6.2.4. Régimen de regularización tributaria - Ley 13319

La Administración Provincial de Impuestos, reglamentó mediante la resolución general 30/2012, el régimen de regularización tributaria establecido en la ley provincial 13319. En dicho régimen, se podrán incluir deudas tributarias provenientes del impuesto sobre los ingresos brutos, inmobiliario urbano, rural, sellos, aportes sociales -L. 5510-, contribución de mejoras, impuesto a las actividades hípicas, patente única sobre los vehículos, tasa retributiva de servicios y aportes al Instituto Becario, cuya titularidad corresponda a un mismo contribuyente, siempre que hayan sido devengadas hasta el 6/12/2012 y hasta un monto máximo de $ 5.000.000. Si la deuda tributaria excediera el monto máximo mencionado, los contribuyentes igualmente podrán beneficiarse con este régimen, siempre que regularicen el excedente, ya sea por pago contado o a través de uno de los convenios de pagos en condiciones generales que plantea la Administración Provincial de Impuestos. El régimen entró en vigencia el 1/1/2013 y el plazo para acogerse es de 90 días corridos.

Resolución 29/2012 -retención del impuesto a los ingresos brutos- formulario 1276

Los productores agropecuarios deberán acreditar en la Provincia de Santa Fe su condición de sujetos exentos en el impuesto sobre los ingresos brutos, a través de un formulario especial 1276, que a tales fines pone a disposición la Administración Provincial de Impuestos. Este formulario, junto con la constancia de inscripción, deberán ser presentado por los contribuyentes ante los agentes de recaudación para acreditar su condición de sujeto no pasible de retenciones. El mismo tendrá una validez de 90 días, por lo cual deberá renovarse periódicamente. De no enviar alguno de estos comprobantes, F. 1276 y constancia de inscripción, se les practicara la retención, que será del 3,5% o del 5,25% en caso de no encontrarse inscriptos en el impuesto.

6.3. Provincia de Entre Ríos

a) Decreto (Entre Ríos) 4660/2012

Recordemos que el artículo 189, inciso v), del Código Fiscal de Entre Ríos determina que se encuentran exentos para el caso de inmuebles rurales los ingresos provenientes de la locación, siempre que la suma de las valuaciones fiscales del año anterior, de los inmuebles locados en el ejercicio actual, no supere el importe que establezca la ley impositiva. No están alcanzadas por esta exención las sociedades o empresas inscriptas en el Registro Público de Comercio.


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LO ÚLTIMO


Debido a cruzamientos de información se han detectado falta de cumplimiento del pago del mencionado gravamen es por ello que mediante el decreto 4660/2012 se estableció un régimen especial de inscripción y regularización voluntaria del impuesto sobre los ingresos brutos para todos aquellos sujetos, ya sean personas físicas o jurídicas, que realicen la actividad de arrendamiento de inmuebles rurales y/o locación de inmuebles urbanos situados en la Provincia de Entre Ríos. Se podrá adherir a este plan de pagos exclusivamente por deudas tributarias generadas por esta actividad que hayan sido devengadas hasta el 31/12/2012. Como resumen de las particularidades de este régimen, se puede enunciar los siguientes puntos: - Condonación en un 100% de las multas a los deberes formales y por omisión o defraudación por falta de ingreso del tributo. - La deuda podrá ser cancelada en hasta 15 cuotas con un interés de financiación del 1%. - El plazo para adherir al régimen se extiende por 60 días corridos contados a partir del 14/1/2013. - Quienes no adhieran al presente régimen durante su vigencia, serán pasibles de una multa de $ 5.000, además de las demás sanciones que le corresponden según el Código Fiscal. Recordemos que el artículo 189 v) del Código Fiscal de Entre Ríos determina que se encuentran exentos para el caso de inmuebles rurales los ingresos provenientes de la locación, siempre que la suma de las valuaciones fiscales del año anterior, de los inmuebles locados en el ejercicio corriente, no supere el importe que establezca la ley impositiva. No están alcanzadas por esta exención las sociedades o empresas inscriptas en el Registro Público de Comercio.

6.4. Provincia de Córdoba

a) Córdoba. Modificaciones al código tributario. Creación del fondo de infraestructura para municipios y/o comunas

Se establecen modificaciones al Código Tributario provincial y se crea el fondo de infraestructura entre otras novedades: • Código Tributario: Entre las principales modificaciones aplicables a la actividad destacamos sellos: -

Se dispone que en el caso de instrumentos de valor indeterminado en los que no se pueda estimar su valor al momento de su realización pero sí se pueda realizar con posterioridad, el importe fijo establecido en la ley impositiva anual vigente será computado como pago a cuenta del impuesto que en definitiva resultare abonar. • Fondo de Infraestructura para Municipios y/o Comunas: -

Se crea el Fondo de Infraestructura para Municipios y/o Comunas, el que estará destinado a obras que contribuyan a la mejora de la infraestructura de agua y saneamiento, educativa, de la salud, de vivienda o vial, y el cual estará integrado, entre otros, por un aporte obligatorio que deberán realizar los contribuyentes del impuesto inmobiliario rural, equivalente al 2,10% de la base imponible del mencionado impuesto, no pudiendo sufrir descuentos especiales.

6.5. Provincia de Chaco

a) Ley impositiva. Modificaciones

Se establecen modificaciones al Código Tributario. Entre ellas destacamos: - Ingresos brutos. Se incorpora como base imponible especial a la diferencia entre el precio de compra y de venta de la actividad de acopio de productos agropecuarios. - Se suspende la exención del pago del impuesto sobre los ingresos brutos prevista para los ingresos obtenidos por productores primarios de la Provincia por la primera comercialización de su producción. CONSULTOR AGROPECUARIO

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TEMAS CLÁSICOS DESTACADOS ’ IMPUESTOS

’ LABORAL Y PREVISIONAL

’ SOCIETARIO/CONTRACTUAL

’ REGISTROS, FACTURACIÓN Y CONTROLES ’ CONTABLE

TEMAS CLÁSICOS DESTACADOS

IMPUESTOS

ALÍCUOTAS

DIFERENCIALES DE IVA EN EL AGRO

Ana A. Delrío Néstor H. Lazzaretti

TRATAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACCESORIOS. FLETES, INTERESES Y OTROS

I - ALÍCUOTAS APLICABLES A LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE ADQUIERE EL PRODUCTOR AGROPECUARIO

Existen algunos insumos y servicios que al aplicarse la alícuota diferencial (10,50%) a la venta de productos agrarios, fueron objeto de modificación, pasando a estar gravados a una alícuota equivalente, teóricamente en salvaguarda de una neutralidad en el impuesto que permitiera no acumular saldos a favor no recuperables, habida cuenta de su afectación al saldo técnico del artículo 24, primer párrafo, de la ley de IVA. Los insumos y servicios detentan distintos tratamientos. Así, consideramos los siguientes:

1. Fertilizantes: Se encuentran gravados, en la factura indicada, al 10,5%. Este tratamiento, resulta aplicable por imperio de lo establecido por el inciso l) del artículo 28 de la ley de IVA, incorporado mediante la ley 26050, el 1/9/2005, y por estar el producto objeto de la operación incluido en el listado con los productos definidos como fertilizantes y clasificados como químicos por su naturaleza de la resolución SAGPA 12/2005. Los fertilizantes definidos como “orgánicos” se encuentran gravados al 21%. 2. Semillas y agroquímicos: Se encuentran gravados a la alícuota general (21%)

3. Locaciones de obras y servicios vinculados a la producción agraria: El artículo 28, inciso b), establece expresamente: b) Las siguientes obras, locaciones y prestaciones de servicios vinculadas con la obtención de bienes comprendidos en los puntos 1, 3 y 5 del inciso a): 1. Labores culturales -preparación, roturación, etc., del suelo-.

2. Siembra y/o plantación.

3. Aplicaciones de agroquímicos. 4. Fertilizantes, su aplicación. 5. Cosecha.


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ANA A. DELRÍO - NÉSTOR H. LAZZARETTI

Observemos que en el punto 1, la expresión aclaratoria, respecto de las labores culturales, manifiesta una característica enunciativa -incluye la expresión “etcétera”- que denota inexactitud e inconvenientes a los efectos de su interpretación.

4. Servicios destinados a la alimentación de hacienda: Los servicios de enfardado, enrollado, ensilaje y otros destinados a la provisión de forrajes para la alimentación de ganado han dado lugar a divergentes opiniones, tanto doctrinarias como del fisco. En el dictamen 13/1999(1) -servicios destinados a obtener recursos alimentarios para el ganado en un campo para capitalización de invernada- el Fisco opina que se hallan alcanzados a alícuota reducida y por otra parte, el dictamen 14/1999(2) donde se analiza que “Otro tipo de prestaciones, como el enfardado, enrollado, silaje, etc., indica que no están comprendidos en el beneficio”, expresando “…no resultarán incididas por la alícuota diferencial las prestaciones relacionadas con el enfardado o el almacenaje de pasturas o granos, aun cuando se destinen a la alimentación del ganado que se trata, por ser actividades posteriores a la cosecha, que es la última etapa prevista en la norma”, estableciendo una división en una supuesta “etapa de cosecha”, cuando se trata de un proceso continuo que se inicia con el corte de pasto y finaliza con la disposición en un determinado sector de los fardos, los rollos o el silo de forraje. Esta interpretación del Fisco no deja demasiado claro dicho tratamiento. Al respecto, coincidimos con la conclusión de Brunotti, Stafforte y Selva, en su artículo “Servicios de enfardado, enrollado y silaje”. Una visión diferente de la del Fisco(3), que concluye conceptualmente en el siguiente, expresando: Reiteramos que el enfardado, el enrollado y el silaje son inescindibles, y resultan un proceso integrante de la cosecha, dado que, de no ser así, no se obtendría el producto final. Por lo tanto, las locaciones y prestaciones de servicios de estas actividades deben gravarse a la tasa diferencial en el IVA. II - ALÍCUOTAS APLICABLES A LOS SERVICIOS, GRAVADOS A ALÍCUOTA GENERAL, QUE SON ACCESORIOS A UNA OPERACIÓN GRAVADA A ALÍCUOTA DIFERENCIAL

1. Fletes

Los fletes encuadran indudablemente como “servicios prestados conjuntamente con la operación gravada o como consecuencia de la misma, referidos a transporte, limpieza, embalaje, seguro, garantía, colocación, mantenimiento y similares” que textualmente establece el inciso 1) del quinto párrafo del artículo 10 de la ley de IVA

Va de suyo que, por ser indispensable el transporte de los bienes adquiridos para ser utilizados en los sembrados, y por ser realizados directamente por la empresa configuran una prestación accesoria de un servicio, que prestado en forma independiente estaría gravado al 21%, pero que por ser prestado conjuntamente con la operación gravada, en forma accesoria a esta, conforman la base imponible del impuesto, quedando gravada en consecuencia a la misma tasa que la operación principal.

1) 2) 3)

Dict. DAT (DGI-AFIP) 13/1999 Dict. DAT (DGI-AFIP) 14/1999 Brunotti Alfredo, Selva Analía, Stafforte Teresa: “Servicios de enfardado, enrollado y silaje. Una visión diferente de la del Fisco. A propósito de la alícuota diferencial en el IVA” – ERREPAR - PAT – agosto/2006


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ALÍCUOTAS DIFERENCIALES DE IVA EN EL AGRO

No obstante, es de destacar que no es condición excluyente que sea indispensable, ya que el mismo Tribunal Fiscal de la Nación ha señalado y se considera especialmente en el fallo judicial “Héctor Isnardi SACIyF”(4), que “respecto del término ‘similares’ que denota el carácter meramente enunciativo del párrafo, no es condición necesaria para que proceda la inclusión de los servicios en el precio gravado que ellos sean indispensables a la operación a la que acceden sino que basta que se presten conjuntamente con la misma”.

El principio de “lo accesorio sigue a lo principal” consagrado por la ley de IVA, se aplicaba originalmente, a las operaciones gravadas, respecto de estos servicios accesorios, cuando los mismos estaban exentos si se prestaban en forma independiente, pero, en el caso que eran parte de una operación alcanzada por el impuesto, pasaban a estar gravados, en razón del principio de unicidad que conlleva a que estos queden sujetos al mismo tratamiento tributario que el hecho principal. A partir de la generalización del IVA en febrero de 1990, los fletes pasaron a estar gravados y el principio consagrado opera ya no aumentando el gravamen sino reduciéndolo en el caso específico de los fertilizantes y los productos primarios.

La doctrina se ha expresado en coincidencia, y citamos a Fenochietto Ricardo(5), que señala en relación con el mencionado quinto párrafo del artículo 10 de la ley que “...cuando se presten servicios accesorios a una operación gravada y dichos servicios fueran alcanzados por una tasa de impuesto distinta a la que está alcanzada la operación principal, esta última arrastrará a los servicios, los que pasarán a estar alcanzados por la misma alícuota de la operación principal, tal como si se tratara de un hecho único”.

En el mismo sentido, el dictamen de AFIP (DAL) 59/2002 referido a la comercialización de ganado (alcanzada a alícuota reducida como el caso de los fertilizantes que nos ocupan) concluye expresando “los conceptos tales como comisiones, fletes, financiación, certificado, guías, etc. facturados en ocasión de la comercialización de ganado en pie resultan alcanzados por la alícuota reducida del 50% de la tasa del gravamen”. Atento a lo anteriormente referido, respecto de los fletes facturados bajo análisis, concluimos en que su tratamiento debe ser el siguiente: a) Estarán sujetos a la alícuota reducida aplicable a la operación que los origina.

b) Si se optara por la opción de canje, el hecho imponible se configurará en el mismo momento en que se entregan los productos primarios en cumplimiento del canje.

Además, en el caso que el vendedor facture los fletes con la alícuota el 21%, por imperio de lo establecido en el artículo 12, inciso a), primer párrafo, de la ley de IVA, no debiéramos computar como crédito fiscal sino el 50% de dicha alícuota, constituyendo la diferencia un costo no recuperable incrementando en consecuencia el valor real del producto adquirido.

2. Intereses

Aquí tenemos una situación diferenciada de la analizada para los fletes, aunque en principio el inciso 2) del quinto párrafo del artículo 10 de la ley de IVA considera como integrando la base imponible a “Los intereses, actualizaciones, comisiones, recupero de gastos y similares percibidos o devengados con motivo de pagos diferidos o fuera de término”.

4) 5)

Fallo “Hector Isnardi SACIF s/recurso de apelación – IVA” – 29/2/1980 Fenochietto Ricardo: “Impuesto al valor agregado. Análisis económico, técnico y jurídico” – LL – 2001 pág. 405 CONSULTOR AGROPECUARIO

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No obstante lo expuesto, convalidando lo concluido en el dictamen (DAL) 59/2002 ya referido, para los servicios prestados en forma conjunta con la operación gravada y también los intereses percibidos o devengados con motivo de pagos diferidos o fuera de término, debíamos considerar muy especialmente el dictamen 52/2003(6), que aunque referido a la venta de bienes de capital, se circunscribe a aquellos que se gravan a tasa reducida por lo dispuesto por el decreto (PEN) 493/2001. Este constituía una opinión del Fisco sobre cuál es la alícuota a aplicar en el impuesto al valor agregado a los servicios de fletes y de financiación. Respecto de los intereses derivados de la financiación otorgada con motivo de la venta de un bien gravado a la tasa diferencial la opinión de AFIP, pasaba por la conclusión que se encontraban alcanzados por la alícuota general de impuesto.

La doctrina ha debatido fuertemente el sentido de “...acordar a los intereses devengados por pagos diferidos o fuera de término, el carácter de hechos imponibles autónomos y, por ende, sometidos a la alícuota general, con independencia del tratamiento que pudiera merecer la operación a la cual acceden”. La conclusión del dictamen de marras que establecía: los intereses deben considerarse en forma independiente del hecho imponible al cual se le ha aplicado la alícuota diferencial y en consecuencia resultan alcanzados a la tasa general del tributo, resultaba una cabal expresión del debate instalado sobre el tratamiento de los intereses vinculados a operaciones sujetos a tasas diferenciales, como las que gravan la compra de la mayor parte de los bienes de uso que adquieren las empresas agropecuarias, así como las operaciones de compra de fertilizantes y hacienda, y de venta de productos primarios.

Lo resuelto por este dictamen también fue considerado en la causa “Chryse SA c/AFIP s/DGI” – CNACAF - Sala III - 15/10/2002, que falló a favor de la restitución de los importes correspondientes a la determinación de oficio practicada por el Fisco. Este fallo fue puesto a consideración de la CSJN, respecto de la validez constitucional del artículo 10 del DR de la ley de IVA, habida cuenta de que la independencia del hecho imponible, el Organismo Recaudador la fundaba en lo dispuesto por el decreto 2633/1992. El tribunal falló declarando desierto el recurso ordinario interpuesto (art. 280, apartado 2, CPCC).

No obstante lo expuesto que constituye un análisis de la evolución del tratamiento que el Fisco ha pretendido de este rubro, existe un antes y un después en esta temática, con el fallo de la CSJN, sentencia dictada con fecha 28/9/2010, en la causa “Angulo, José Pedro y otros c/DGI”(7), ya que dicha expresión jurisprudencial vino a poner razonabilidad y certeza en una interpretación, a nuestro criterio a todas luces contraria a derecho, aunque sostenida por el Fisco, basada en una supuesta colisión normativa, originada en el artículo 10 de DR (incorporado por el art. 1, D. 2633/1992) y el principio de “unicidad” (unidad del hecho imponible), inserto en el artículo 10 de la ley, que vincula al tratamiento fiscal, con el origen de la operación al decir: “Son integrantes del precio neto gravado -aunque se facturen o convengan por separado- y aun cuando considerados independientemente no se encuentren sometidos al gravamen … 2) Los intereses, actualizaciones, comisiones, recuperos de gastos y similares percibidos o devengados con motivo de pagos diferidos o fuera de término”. Es así que el principio defendido por el Fisco, basado en su teoría de la autonomía del hecho imponible para las prestaciones financieras, por oposición a la teoría de la unicidad en la interpretación de la norma, inserta en el quinto párrafo del artículo 10 de la ley de IVA, ha tenido una resolución de corte jurídico, que refrenda lo consagrado expresamente en el texto de la ley.

6) 7)

Dict. DAT (DGI – AFIP) 52/2003 – 28/7/2003 Fallo “Angulo, José Pedro y otros c/DGI” – CSJN - 28/9/2010 CONSULTOR AGROPECUARIO

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ALÍCUOTAS DIFERENCIALES DE IVA EN EL AGRO

Al respecto consideramos como muy atinada la expresión de los doctores Lorenzo A. y Cavalli C.(8) cuando dicen: “…consideramos imperativo el dictado de una norma del rango de decreto reglamentario, que además de derogar el inconducente artículo 10, aclare los alcances de la unicidad del hecho imponible respecto de las prestaciones financieras accesorias de una operación sujeta a tasa diferencial (no tanto porque técnicamente ello fuera necesario, sino en virtud de la confusión que al respecto creara la Administración Fiscal) y dispusiera, al igual que se efectuara en el pasado con motivo de ‘aclaraciones’ sobre hechos gravados que tenían efecto retroactivo, que no serán exigibles las diferencias de impuesto no ingresadas por aplicación de una alícuota inferior a la que hubiera correspondido, en tanto respecto de tales diferencias se verificara que no habiéndose incluido el impuesto en las transacciones, no resulte posible su traslación extemporánea, en razón de encontrarse ya finalizadas y facturadas las operaciones”.

Es entonces, que la norma ha prevalecido por sobre los criterios interpretativos del Organismo Fiscal, respetando el espíritu del legislador.

III - ALÍCUOTAS APLICABLES A LOS SERVICIOS VINCULADOS A OPERACIONES DE ENTREGA Y VENTA DE GRANOS

Existen dos tipos de gastos vinculados a las entregas y ventas de granos:

a) Los vinculados a las operaciones gravadas (ventas de granos) que por su naturaleza deben ser considerados como hechos independientes.

b) Aquellos gastos inherentes a la operación gravada que deben ser considerados conjuntamente con la misma.

En a) encontramos los gastos de acondicionamiento del cereal entregado (secado, zarandeo, etc.), de acarreo desde el campo al acopio o planta de acondicionamiento, el almacenaje de los granos en las plantas de terceros, los gastos generales (denominados también “paritaria”), entre otros.

Estos gastos tienen como característica que el productor es el destinatario final del servicio. Aquí nos referimos al dictamen (DAT) 62/2005(9), que expresa: “Al respecto, cabe señalar que esta Asesoría en la Act. … se expidió entendiendo que los conceptos que se liquidan en el citado formulario C 1116 A – relativos al secado de los granos realizado a efectos de facilitar su conservación, el zarandeo que permite separar el grano de cuerpos extraños que posea y el flete corto que comprende el traslado de la mercadería del lugar de cosecha hasta las instalaciones del intermediario-”; “…aun cuando tengan por objeto poner la mercadería en condiciones adecuadas para su posterior comercialización, son servicios cuyo destinatario final es el productor, quien resulta ser el propietario de los bienes objeto de tales prestaciones.” Va de suyo, por lo señalado precedentemente, que tales servicios, en razón de ser el productor el destinatario de los mismos, como titular de los granos, resultan sujetos a la alícuota general.

Distinto es el caso en el punto b) antes referenciado, donde los servicios, en lo atinente a su costo, tales como la comisión o el flete, se vinculan directamente al valor de la operación, tanto detrayéndose del valor negociado, expuesto dentro de las liquidaciones de venta o conformando un menor precio de operación, detrayéndose del precio de referencia, para valorizar la enajenación de los productos primario por parte del agricultor. 8) 9)

Lorenzo Armando – Cavalli, César M.: “IVA: unicidad del hecho imponible en las prestaciones financieras accesorias. Consecuencias prácticas inmediatas de un fallo ejemplar” - ERREPAR - Consultor Tributario – marzo/2011 – pág. 19 Dict. DAT (DGI – AFIP) 62/2005 - 13/10/2005 CONSULTOR AGROPECUARIO

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Resulta sumamente gráfico el caso del flete, que representa el costo de trasladar los bienes desde el lugar donde se encuentran disponibles en el momento de la operación hasta el destinatario final (puerto o fábrica normalmente). Referido a los mismos, J. C. Nicolini(10) expresa: “…puede existir un flete real que asume el adquirente (por ejemplo desde la explotación hasta el acopio). Este flete asumido por el adquirente, económicamente disminuyó el precio de compra, y por lo tanto se discrimine o no en la liquidación, le corresponde la alícuota de IVA de la operación principal, o sea la del grano. Hay otro flete teórico entre el lugar de entrega y el mercado que sirvió de referencia para la fijación del precio. En esta parte no hay un servicio prestado, es un mecanismo de fijación de precio”. No obstante, en los casos en que el flete sea contratado a un tercero por el productor, independientemente de que sea simultáneo a la operación, estará alcanzado a la alícuota diferencial.

CONCLUSIÓN

Podemos inferir por lo expuesto en este trabajo:

• Los servicios vinculados a operaciones gravadas de compra y venta de bienes propios de la actividad agropecuaria, gravados a la alícuota diferencial, el IVA, deben gravarse a la misma alícuota que la operación principal por la aplicación inequívoca del principio de “unicidad” consagrado en el artículo 10 de la ley.

• Luego del fallo “Angulo, José Pedro y otros c/DGI”, resulta indudable que dicho principio se aplica también a los intereses, siempre que el vendedor de los productos sea el sujeto que financie los mismos.

10) Nicolini, Juan C.: “El IVA en la comercialización de granos” – Trabajo presentado como panelista en el IX Simposio Tributario CPCECABA CONSULTOR AGROPECUARIO

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VALUACIÓN

IMPOSITIVA DE LAS SEMENTERAS

Teresa A. Stafforte Alfredo J. Brunotti

1. INTRODUCCIÓN

La AFIP, durante años, pretendió calificar a la sementera como bienes de cambio en proceso de desarrollo y lo logra con la reforma de 1986.

Tal como dice Hugo S. Arce al conjuro de la opinión de cierta parte de la doctrina contable, que considera que debe incluirse en el activo de los balances.

El informe (FACPCE) 19 así lo considera, y la resolución técnica 22 reconoce como antecedente dicho informe. En esta última se trata el concepto de activo biológico que está compuesto por vegetales y animales vivientes utilizados en la actividad agropecuaria, diferenciándose de los demás productos agropecuarios dada la existencia de vida. Entre ellos se encuentra la sementera.

Muchos autores asemejan a la sementera a un producto en proceso de la actividad industrial. Pero en la actividad industrial se puede cuantificar el grado de avance con una determinada certeza, no así en la actividad agropecuaria, dado que podemos contar con un lote de soja en floración con muy buenas perspectivas pero por sequías o enfermedades de fin de ciclo, u otras inclemencias hacen que los resultados no sean los esperados y se estaría determinando una utilidad que no es real, siendo una mera ilusión. Dadas las particularidades a las que hemos arribado, creemos importante analizar en profundidad la sementera y su aplicación en la práctica impositiva

2. DEFINICIÓN

¿Cómo podemos definir a la sementera?

Tierra labrada y sembrada en proceso de crecimiento o evolución de un determinado cereal, grano o semilla.

¿Cómo se determina su valor?

• Según el artículo 52, inciso F), de la LIG: -

-

Al importe que resulte de actualizar cada una de las inversiones desde la fecha en que fueron efectuadas hasta la fecha de cierre de ejercicio.

Al probable valor de realización a esta última fecha cuando se dé cumplimiento a los requisitos previstos en el artículo 56.

• Según el artículo 80, DR: “Se entiende por inversión en sementeras todos los gastos relativos a semillas, mano de obra directa y gastos directos que conforman los trabajos culturales de los productos que, a la fecha de cierre del ejercicio, no se encuentren cosechados o recolectados. Estas inversiones se consideran realizadas en la fecha de su efectiva utilización en la sementera”. CONSULTOR AGROPECUARIO

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TERESA A. STAFFORTE - ALFREDO J. BRUNOTTI

El dictamen (DAT) 58/1981 del 15/11/1981 dice que lo invertido en la sementera no se puede tomar como gasto hasta que estos desaparezcan (hecho fortuito, granizo, inundación o cosecha).

¿Qué se entiende por gastos directos o labores culturales? • Preparación de la tierra o labranza.

• Siembra.

• Control de maleza. • Fertilización.

Se valúa teniendo en cuenta cada una de las inversiones efectuadas en ellas. Es decir, los gastos que ha efectuado el contribuyente, que se hayan afectado directamente a la explotación, encontrándose a la fecha de cierre del ejercicio sin cosechar.

Si bien se dispone que corresponde la actualización desde la fecha de afectación hasta la del cierre del ejercicio, en estos momentos se encuentra suspendida la aplicación del ajuste por inflación.

Aspectos a considerar, en su valuación

• Gastos directos: Una forma de clasificar los costos es asignándolos en forma directa, o no, a un producto o a un centro de costos. Este criterio discrimina entre aquellos factores que se emplean en forma directa para producir un bien, de aquellos que solo participan en forma indirecta del proceso productivo. • Semillas: Debemos distinguir: -

-

Si se trata de semillas adquiridas. Si la semilla es adquirida, debe considerarse el valor de compra de la misma, el artículo 80 del DR indica que la inversión se considera realizada en la fecha de su efectiva utilización o sea la fecha de implantación. Si se trata de semillas de propia producción, existen distintos criterios: -

Costo de producción (gastos efectivamente incurridos)

-

Valor de cotización como cereal en el mercado en donde acostumbra a operar el productor, más gastos de zarandeos, embolsado, clasificación y poder germinativo.

-

Precio que tendría que abonar si la adquiere en el mercado.

Quien suele elegir al primer criterio debe considerar el costo de producción, que incluye lo invertido en sementeras en el ciclo agrícola anterior, los respectivos gastos de aquella cosecha, y los necesarios para preparar la semilla tales como zarandeo, embolsado, gastos de paritarias y otros. Este caso es aplicable a los semilleros donde prácticamente la totalidad de los granos se venderán como semilla. Los que opten por el segundo criterio no tendrán dificultad para realizar la valuación, considerando su valor de mercado a la fecha de implantación.

Parte de la doctrina opina que el valor del grano será el de cotización del cereal en el mercado en el momento de la implantación sin incluir los gastos de ventas y fletes, agregándoles los gastos de bolsas, regalías extendida, manipuleo, paritarias y análisis del poder germinativo.

Quienes opinan de esta manera señalan que, en el caso en que el productor reserva semillas para resiembra, las selecciona y las embolsa, pero luego el análisis del poder germinativo determina que no es apta para la siembra, esta se desembolsa y se vende como grano común en el mercado. Ocurre lo mismo cuando se reservó de más y no se utilizó.

• Mano de obra directa: Se entiende por inversión en sementeras todos los gastos relativos a semillas, mano de obra directa y gastos directos que conforman.


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VALUACIÓN IMPOSITIVA DE LAS SEMENTERAS

Comentamos que se debe considerar el monto de los jornales abonados al personal del establecimiento que ha participado en el cultivo.

En el caso de que los productores realicen directamente las labores culturales sin intervención de personal, no se debe considerar ningún monto con relación a la mano de obra de la sementera y se activarán las facturas de los contratistas. • Amortizaciones: En lo respectivo a la amortización de los bienes muebles, Koss opina que “…es un gasto fijo de producción…”, si la amortización corresponde a un bien de uso directamente utilizado en el proceso productivo (arado, sembradora, etc.) dicha amortización debe incorporarse al valor de la sementera. En la medida de la utilización del factor, en forma directa, el mismo debe ser considerado para valuar la sementera.

La mayor parte de la doctrina coincide, siempre previas reservas en cuanto a conceptualizarla o no como gastos directos y a la complejidad de su asignación a cada sembradío, en incluir la amortización entre los gastos directos que conforman los trabajos culturales.

Compartimos estas últimas opiniones, en cuanto a que no siempre resulta factible encuadrar a la amortización como gastos directos.

3. SUGERENCIAS PARA LA VALUACIÓN DE LAS SEMENTERAS EN LOS CIERRES DE EJERCICIO DE DICIEMBRE/2012

Por razones climatológicas (excesos de lluvia en el mes de noviembre y diciembre), ocurrió en algunas zonas de nuestro país que los sembradíos de soja por el anegamiento de los campos quedaron inutilizados y por consiguiente hubo que resembrar, perdiéndose lo invertido en la primera siembra. Ante estos acontecimientos, entendemos que el productor deberá resguardarse con pruebas para poder demostrar cuáles han sido las hectáreas de campo afectadas, pudiendo recurrir a: fotografías, constataciones con escribano público, denuncia ante las autoridades comunales, registros de lluvia de la zona, etc.

En consecuencia y en nuestra opinión, según los montos invertidos en sementera en la primera siembra y considerando las hectáreas afectadas, los importes correspondientes a esas hectáreas no deben computarse como bienes de cambio al cierre del ejercicio, aplicándose al respecto lo establecido en el artículo 82, inciso c), de la ley de ganancias, la que permite la deducción de las pérdidas extraordinarias, sufridas por casos fortuitos o de fuerza mayor.

Si estuviesen cubiertas por seguros, el monto reintegrado por la empresa aseguradora debe imputarse a ganancias y lo invertido en sementeras que no generará el producto final deberá considerarse como pérdida.

Por lo expuesto, solamente los montos invertidos en la resiembra deberán considerarse en la determinación del valor de las sementeras al cierre del ejercicio, en la medida en que de lo que se invirtió en la primera no se pueda recuperar nada.


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4. CASOS PRÁCTICOS

4.1. Caso I: Inmueble propio Planteo

“La Tierra SH”, de Juan y José González, nos entrega la siguiente documentación a los efectos de que procedamos a determinar el valor de la sementera con el fin de liquidar el impuesto a las ganancias del período fiscal cerrado al 31/12/2012. a) Inmueble rural propio de 50 hectáreas. b) El productor utiliza el método de siembra directa. Posee un fumigador y los demás servicios lo contrata a terceros. c) Tiene un único empleado que es el que realiza las actividades no contratadas a terceros.

Siembra soja de primera Gastos devengados netos de IVA: 1. Sueldos y jornales:

(01 a 12 +SAC prop)×($ 3383,80 mens x 13)=$ 11.997,12 11

2. Según factura Monsanto: 4.000 kg Semilla = $ 15.066,00. 3. Según factura Monsanto: 3 l Glifosato a 3,99 U$S x l (barbecho) = $ 2.908,71. 4. Siembra contratada a terceros según factura = $10.000,00.5. Cura semilla pack para 4.000 kg = $ 1.555,20. 6. Combustibles (gasoil) 300 l = $ 1.936,50. 7. Según factura fosfato diamónico o simple (fertilizante) = $ 10.400,40. 8. Según factura 100 l Glifosato (herbicida) = $ 3.878,28. 9. Según factura duett-amistar (fungicidas) [No considerado en este caso. Ver aclaraciones] 10. Amortización fumigador = $ 10.000,00. 11. Seguro = $ 15.500,00. 12. Impuesto inmobiliario = $ 1.870,00. 13. Teléfono = $ 2.500,00. 14. Cipermetrina y clortirifos 25 l = $ 1.516,32.

Aclaraciones

1. El precio de compra de la semilla es de 31 dólares la bolsa de 40 kg. Se utiliza por hectárea 80 kg, o sea 2 bolsas. 2. Barbecho: se usa 3 litros por hectáreas, el precio es de 3,99 dólares por litro (glifosato).

3. Cura de semilla: el pack para 4.000 kg de semilla, valor 320 dólares.

4. Fértil o arrancador: se usa 100 kg por hectáreas y la bolsa contiene 50 kg, o sea se usan 2 bolsas. El precio es de 21,40 dólares por bolsa (fosfato simple). 5. Herbicida: se utiliza 4 litros por hectárea y cuesta 3,99 dólares el litro (glifosato).

6. Fungicidas: no es utilizado hasta que esté florecida la soja; no se tendrán en cuenta.

7. Cipermetrina y clortirifos: el primero tiene un valor de 7,1 dólares, el litro y se usa 300 cm3 por hectárea: se utilizan 15 litros en total en 50 hectáreas. El segundo cuesta 6,85 dólares el litro y se utiliza 600 cm3 por hectárea, o sea se usa un total de 30 litros en las 50 hectáreas. 8. El tipo de cambio que se usó es el tipo comprador de $ 4,86 cada dólar. CONSULTOR AGROPECUARIO

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Solución

Pasaremos a analizar los gastos incurridos a fin de poder valuar la sementera de “La Tierra SH”:

1. Sueldos y jornales: La categoría “mecánico tractorista” es la que le corresponde, dado que maneja un implemento agrícola. Como la soja se siembra en octubre computamos por sueldo 3 meses (octubre, noviembre y diciembre). 2. Semillas: Según factura Nº 0003-00041567 Monsanto: Se utilizan en su totalidad. La compra está alcanzada por el IVA (21%). 3. Barbecho: 3 l glifosato (aplicaciones presiembra para matar malezas).

4. Siembra: la contrata a terceros: $ 200,00 por hectárea. Alcanzado por el IVA (10,50%).

5. Cura semillas: Depende del tipo de cereal y semilla. Para el caso bajo análisis, supondremos utilizar todo lo remarcado en el enunciado.

6. Combustibles: Se toma lo efectivamente usado en las labores culturales, en este caso por la fumigación dado que la siembra la realizan terceros. Se aplican tres fumigaciones, se insume 1 litro de gasoil por hectárea por cada aplicación. Precio por litro = $ 4,30. IVA = $ 0,90.

Conceptos no gravados. = $ 1,25.

Neto por litro = $ 6,45.

Valor por litro de gasoil $ 4,30 + 0,67 = 4,97 6 litros x $ 4,97 = $ 29,82

Por lo tanto, se toma del valor de la factura de la compra de gasoil el precio por litro más los impuestos internos. No se considera el IVA ni el ITC. ¿Cómo se determina el valor del ITC que es considerado un pago a cuenta en IVA o en Ganancias y, por lo tanto, no es un monto imputable a las sementeras al cierre?

En ocasiones resulta complejo determinar el valor del ITC por lo que:

• Si se menciona la base imponible, esta deberá ser la que se utilizará, que es el precio de venta en la plata de despacho. A dicha base se la multiplicará por el 19% (o 0,15 centavos por litro el mayor de ambos). Este valor (con corte a cuatro decimales) se aplicará sobre la totalidad de litros consumidos según lo consignado en el tique o factura.

• Si no se identifica la base imponible, como mínimo, deberá ser mayor a 0,15 $/litro.

• Cuando los gravámenes específicos impuestos internos y tasa, no se han separado, ni se indicara la base imponible (BI) se podrá aplicar la siguiente fórmula sobre ese importe “global”. Este importe suele denominarse en el tique o factura: “conceptos no gravados”, “otros impuestos”, “ITC”, entre otras calificaciones genéricas: I - Conceptos no gravados/(0,41)]/Cantidad de litros = BI estimada.

II - BI estimada x 19% o 0,15 por litro (el mayor) x cantidad de litros = ICL como pago a cuenta. Nota: Se divide por 0,41 porque es la sumatoria de alícuotas del ICL: 19% más el IGO: 22%, (art. 13, L. 26028).

En el caso que estamos desarrollando: Conceptos no gravados: 1,25

Se compone de: ITC 0,58295 + IMP. INT. 0,67505 CONSULTOR AGROPECUARIO

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7. Fertilizantes: Su utilización depende del criterio de cada productor y según el tipo de suelo. En este caso, se considera aplicada la totalidad adquirida. 8. Herbicida: Según factura de compra, se lo considera aplicado en su totalidad.

9. Fungicida: (se utiliza en la última etapa de crecimiento).

10. Amortizaciones: Existen distintas opiniones en cuanto a la incorporación de las amortizaciones en el costo de la sementera: • Isaac A. Senderovich y Regina Berenstein: “Tratado de empresas agropecuarias” - T. V: “Impuesto a las ganancias” - pág. 135, no la incluye.

• M. Josefina Bavera, Gustavo F. Frankel y Carlos F. Vanney: “Agricultura y ganadería” - pág. 58, la incluye pero opina que no todos los autores coinciden en que es un gasto directo que conforma una tarea cultural.

11. Seguros: No es gasto directo imputable a la sementera, ya que no se trata de un trabajo cultural. Se imputa al Estado de Resultados. 12. Impuesto inmobiliario: No es gasto directo, por lo tanto tampoco se incorpora a la sementera. Se imputa directamente al estado de resultados.

13. Teléfono: Del mismo modo, no corresponde imputarlo a la sementera, sino al cuadro de resultados. 14. Cipermetrina y clortirifos: Se los considera aplicados en su totalidad; o sea, los 25 litros.

De acuerdo con las aclaraciones realizadas previamente, se ha procedido a practicar la valuación respectiva:

Valuación sementera por hectárea Sueldos y jornales

Semillas (80 kg x ha)

301,32

Siembra ($ 200,00 x ha)

200,00

Combustible (6 l x ha)

29.82

Barbecho (3 l x ha Glifosato a U$S 3,99 x l) Cura semillas Fertilizantes

Herbicida (50 l a $ 19,39 el l)

Fungicida (ver aclaraciones) Cipermetrina y clortirifos

Total imputable a sementera total x hectárea

Total imputable en las 50 hectáreas sembradas

Conceptos no imputables a sementeras • Amortización. • Seguros.

• Impuesto inmobiliario. • Teléfono.


26

239,94 58,17

31,10

208,01

77,57 ---

30,33

1.176,26 58.813


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4.2. Caso II: Arrendamiento Planteo

Los mismos productores pero bajo el supuesto de que no tienen campo propio, arriendan 50 hectáreas pagando $ 4.000 por hectárea.

Solución

El valor a computar como sementera es el mismo que en el Caso I.

El arrendamiento no es computable en el valor de la sementera. Si el alquiler se pagó vencido, es un gasto del ejercicio por lo devengado.

En cambio, si se pagó por adelantado, al cierre del ejercicio deberá imputarse al activo el monto abonado, porque corresponde al próximo ejercicio siendo un gasto para el período siguiente.

5. BIBLIOGRAFÍA -

-

Arce, Hugo S.: “La actividad agraria y sus impuestos” - Ed. CEIA.

Balán, Osvaldo: “Jornadas de actualización tributaria” - Asociación de Empleados de la DGI Seccional Capital y Agencias - 27/4/2004.

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Balán, O.; Chiaradía, C.; Sáenz Valiente, S.; Olego P. y Labroca, J.: “La actividad agropecuaria” - LL.

-

Campastro, Miriam: “Valuación de sementeras. Caso práctico” - ERREPAR - DTE - Nº 211 - octubre1997 - T. XVIII. pág. 551.

-

Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Capital Federal: “Lineamientos para la Elaboración de Información sobre Costos en la Empresa Agropecuaria” - julio/2000.

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-

Bavera, J.; Frankel, G. y Vanney, C.: “Agricultura y ganadería” - Ed. Errepar.

Chiaradía, Claudia A.: “Valuación de existencias en establecimientos agropecuarios” - LL - Primera Parte - Práctica Profesional - 2006 - 17,12. Dict. 58/1981 - Boletín (DGI) 346 - octubre/1982 - pág. 520.

Fowler Newton, E: “Tratado de Contabilidad” - Libro 1 - Cap. IV.

Koss, Ricardo: “Valuación impositiva de inventarios de establecimientos agropecuarios” - ERREPAR - DTE - T. VII - pág. 204.

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Lazzatti, Santiago: “Ensayos sobre temas contables” - pág. 97.

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Visconti, Rubén: “Manual de Teoría Básica de la Técnica de Costos” - Cátedra de costos. Facultad de Ciencias Económicas de la UNR - 1a. ed. - 1998.

-

Villegas, Héctor B.: “La gravabilidad de las tierras sembradas” - Derecho Fiscal - T. XXXVI - pág. 298.


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ALGUNAS

CONSIDERACIONES SOBRE EL CULTIVO Y EL GRANO DE ALGODÓN

I

Carlos García Pastrana

- INTRODUCCIÓN

El tratamiento tributario del algodón nos permite preguntarnos más allá de las ciencias económicas, qué conocemos sobre dicho cultivo y los aspectos conexos. Un análisis apresurado nos puede llevar a un criterio ambiguo o defectuoso y arribar a una conclusión errática respecto de su verdadero alcance, limitando así su tratamiento objetivo.

Resulta por ello que la interpretación en el derecho tributario es de vital importancia para alcanzar el sentido de una norma legal. Por ende, el uso de conceptos que encuentran explicación en otras ciencias distintas a la jurídica, lleva implícito su estudio dentro del ámbito al que pertenecen.

Las normas tributarias en general como las específicas de la actividad agropecuaria, suelen presentar conceptos normativos(1), los que deben diferenciarse de los conceptos indeterminados o los inconvenientes propios de una inapropiada técnica legislativa.

Un concepto normativo nunca carece de significado. El dilema sería si ese significado es el que efectivamente se le quiere otorgar, ya sea desde la Autoridad de Aplicación o por el propio contribuyente.(2) 1)

2)

Según Pérez de Ayala y González, Eusebio: los conceptos normativos “...son conceptos cuyo contenido no viene explicitado en el precepto legal y a definirse con arreglo a un criterio objetivo de valoración que puede proceder de: a) otra norma de ordenamiento positivo; b) la moral o c) algún otro campo de la cultura (básicamente la economía financiera)”, y los indeterminados, son aquellos conceptos legales cuyo contenido y alcance son, en gran medida, inciertos, por cuanto si bien para su valoración o apreciación se encuentra algún núcleo conceptual, presentan dudas en cuanto a su alcance integral. Estos conceptos indeterminados podrían considerarse como de libre interpretación, o sea aquellos en los que su sentido y significado, deben integrarse a través de una valoración del intérprete o del sujeto encargado de administrar el precepto, para la cual los faltantes criterios objetivos probablemente sean suplidos con criterios de tipo personal. “Curso de derecho tributario” - Madrid - 1975 - T. 1 - pág. 31 Va de suyo que no resultaría apropiado atribuir al legislador falta de previsión normativa, dado que es la herramienta interpretativa, vía el espíritu de la norma o la exégesis de la misma, la que nos brinda su respuesta (campo al que hacemos referencia o tratamos de brindar una adecuada interpretación al respecto desde el ámbito disciplinario y doctrinario) CONSULTOR AGROPECUARIO

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CARLOS GARCÍA PASTRANA

Evidentemente sobre este aspecto debemos trabajar al analizar la interpretación en el derecho tributario, de manera tal que se debe procurar el uso de métodos combinados de interpretación cuyo resultado sea otorgar el adecuado significado de cada concepto normativo y erradicar o cuando menos- atenuar conceptos indeterminados.

La rama del derecho que nos ocupa adquiere especial interés cuando debemos evaluar el tratamiento de los bienes obtenidos en la agricultura, al ser otras ciencias u otro ámbito u órgano de aplicación el que se encarga de regular la producción, industria o comercio de tales bienes, como los responsables que actúan en dicho medio. II

- ALCANCE

Así como otros cultivos, el algodón presenta etapas que identifican los eslabones que involucran su obtención, procesamiento y destino final. En consecuencia, conocer los aspectos centrales de estos eslabones nos permitirá ubicar adecuadamente la obtención del algodón en bruto y el momento en el cual estamos en presencia del grano(3) de algodón.

Cuando se procesa el algodón -etapa de desmote o lo que se conoce como procesamiento o industria primaria- se obtiene la fibra (fibras de hilo, filamentos) como producto principal separándola del desperdicio (semilla de algodón y restantes componentes). Dado que el producto principal es la fibra, nos introducimos en la producción de textiles (vgr. telas) -industria secundaria-, con la intervención de las hilanderías y confecciones, cuyo insumo es la fibra del algodón aquí considerada. De la industria primaria surgen distintos subproductos a partir del desperdicio obtenido:

• Semilla(4) de algodón, con destino a la producción de aceite. Se debe considerar que es el núcleo lo que se destina a dicha producción. Los restantes componentes asociados a la semilla presentan otro destino, como se indican en los puntos siguientes. Suele separarse la semilla con destino a industria o forraje de la que se destina a la siembra, para marcar la relevancia de la primera.

• Linters (filamentos más cortos o borra) cuyo procesamiento lleva a la obtención de fibras y demás productos de celulosa, cuerdas gruesas y material de relleno, y su utilización en la fabricación de papel.

• Cáscara de la semilla la cual suele aprovecharse como forraje y como “cama” para el ganado, incluso como combustible.

• Fibrilla es parte de las fibras de baja calidad cuyo uso se relaciona con la producción del algodón hidrófilo o productos de limpieza.

Por ello, la actividad algodonera parte de obtener fibras naturales hasta llegar a elaboración de prendas de vestir y su comercialización, pasando por la fabricación de hilados y tejidos. Mientras que el desperdicio genera otras actividades asociadas a los distintos fines que presenta cada parte componente. 3) 4)

Art. 105, DL 6698/1963 -ratificado por la L. 16478, y modif. por la L. 22470 (BO: 3/7/1981)- dispone que “A los efectos del presente decreto y de sus reglamentaciones, entiéndase por ‘grano’ todo fruto seco, no destinado a la siembra, de cereales, oleaginosas y legumbres. En estas últimas quedan comprendidos los porotos, la arveja y la lenteja y toda otra que determine el Poder Ejecutivo Nacional” Habitualmente se llama semilla de algodón a la parte del desperdicio que será utilizada como grano, sea o no destinada a la siembra. Se mantiene dicha connotación, aunque debe diferenciarse terminológicamente. Corresponde indicar que la semilla de algodón es el grano obtenido como desperdicio cuya finalidad última es la de ser utilizado en la siembra. Al abordar el tratamiento normativo, se realizará su diferenciación cuando el grano no es destinado a la siembra CONSULTOR AGROPECUARIO

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ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE EL CULTIVO Y… III

- PRODUCCIÓN

De acuerdo con los estudios efectuados por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas(5), las características relevantes del cultivo son las siguientes: • Periodicidad: el algodón es un cultivo anual.

• Siembra: se realiza entre los meses de agosto, setiembre y octubre.

• Cosecha: tiene lugar entre los meses de febrero y julio del año siguiente. • Zona productora en la República Argentina: -

-

Es un cultivo que se desarrolla principalmente en las Provincias de Chaco y Santiago del Estero, mayormente en condiciones de secano (sin riego). En menor volumen se produce en Santa Fe, Salta y Formosa.

• Importancia de la actividad: se debe tanto por el valor que genera como por la ocupación de mano de obra y su impacto social, ya que históricamente se caracterizó por la presencia de minifundistas y pequeños productores. • Desmote: tal como se cosecha (algodón en bruto), el algodón con la semilla no puede recorrer grandes distancias. El desmote constituye la primera etapa del proceso industrial, proceso en el cual se limpia la fibra de las semillas y linters (principales componentes del desperdicio del proceso). El principal producto del desmote es la fibra de algodón.

• Evolución: en los últimos veinte años los altos precios internacionales impulsaron la incorporación de grandes productores con tecnología de punta, provocando una importante expansión del sector algodonero, que llegó incluso a alcanzar récords históricos de siembra, producción y exportaciones.

• Pirámide de producción en el complejo algodonero: presenta en su base la producción primaria integrada por productores (aproximadamente 30.000), con mayor concentración en la etapa de industria primaria (desmote, con 120 plantas desmotadoras) hasta llegar a la etapa de industria secundaria (248 hilanderías, donde tiene lugar la mayor producción a escala con uso intensivo de capital). Ello permite apreciar la estructura piramidal, donde se produce una notable atomización en productores de baja escala o minifundistas ya que el 83% representan el 20% de la producción y el 17% restante (medianos y grandes productores) concentran casi la totalidad de la producción.

5)

Secretaría de Política Económica - Subsecretaría de Programación Económica - Dirección Nacional de Programación Económica Regional - Direcciones de Información y Análisis Regional y Sectorial - “Complejo Algodonero‐Textil Fibra de Algodón” - Serie “Producción Regional por Complejos Productivos” diciembre/2011 CONSULTOR AGROPECUARIO

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• Evolución del precio internacional e interno: otra de las características ha sido la evolución del precio del kilogramo de algodón, tanto en el mercado local como internacional, exhibiendo valores que superan los u$s 2,50 por kilogramo de algodón.

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas - Días-DIAR en base a NCCA y Cámara Algodonera Argentina. Nota: Los precios internacionales se miden por el índice A del Cotton Outlook, que es un promedio que se elabora en base a precios diarios de distintos orígenes de los dos tipos de fibra más comunes.

IV

- ESQUEMA PRODUCTIVO-COMERCIAL

A los fines de analizar los actores que intervienen en la cadena productiva, el producto obtenido y las principales aplicaciones, se ha elaborado el siguiente esquema efectuando algunas adecuaciones que resultan aclaratorias y valederas a la hora de considerar el tratamiento de la fibra y la semilla de algodón, como los restantes componentes conexos.


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ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE EL CULTIVO Y… V

- OPERADORES COMERCIALES

A partir del esquema elaborado en el punto precedente, podemos analizar con mayor detalle los aspectos comerciales para luego abordar el régimen aplicable a cada actor en la cadena productivacomercial.

En primer lugar, surge la figura del “productor de algodón”. En sentido general, distintas normas tributarias plantean una definición de la “actividad agropecuaria”(6) y, por ende, quien la desarrolle revestirá la condición de “productor agropecuario”. No obstante, en el ámbito comercial, este no es considerado operador de acuerdo con lo indicado en la resolución (MAGyP) 302/2012.(7)

En segundo lugar, se plantean las figuras de los acopiadores y desmotadores. Al respecto la resolución (MAGyP) 302/2012 hace una definición para estas actividades. El punto 1.9.2.3 define al acopiador de legumbres, entendiendo por tal a quien acopie y/o seleccione y comercialice legumbres, en instalaciones propias y/o explotando instalaciones de terceros.

Aquí hablamos de legumbres y no específicamente de granos, teniendo en cuenta lo indicado oportunamente por la Autoridad de Aplicación.

En los considerandos de la disposición (ONCCA) 2256/2004, se indica que el informe técnico sobre semilla de algodón elaborado por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos concluye que existe una semejanza entre el algodón y las legumbres consideradas “grano”. Razón por la cual, nada obsta para que las semillas de algodón sean consideradas grano por analogía y recibir el mismo tratamiento que indica la ley 22470(8) para los otros casos (gramíneas y legumbres).

Como bien señala el considerando de referencia, no puede utilizar otro método más que la analogía, dado que el algodón tal como se lo obtiene no es grano, hasta producido el desmote, de allí su indicación como algodón en bruto. Ahora bien, con un fin integrador de dicho cultivo al circuito comercial se lo ha ubicado en el ámbito de aplicación de la norma mencionada.

Cuando tiene lugar el desmote, recién podremos considerar la aparición de la semilla de algodón con autonomía respecto de la fibra de algodón y su integración en la definición de “grano”. Al respecto, el punto 1.9.2.10 de la resolución (MAGyP) 302/2012 define como desmotadora de algodón a quien, “mediante un proceso continuo que comienza con la recepción del algodón en bruto, separa la fibra del grano(9), en instalaciones propias y/o explotando instalaciones de terceros”.

6)

7) 8) 9)

En distintas normas o referencias técnicas nos encontramos con la definición de actividad agropecuaria. No obstante, se considera apropiado adoptar la indicada en la RG (DGI) 3852/1994. En la citada norma se considera actividad agropecuaria “a las que tengan por finalidad el cultivo y obtención de productos de la tierra, la crianza y explotación de ganado y animales de granja y el desarrollo de actividades tales como fruticultura, horticultura, avicultura, apicultura y silvicultura.” la cual comprende al productor agrícola como ganadero, en sentido general y sin dudas incluye al productor algodonero. Dejamos al lector, investigar similitudes y diferencias con otras definiciones adoptadas en las normas tributarias Por medio de la R. (MAGyP) 302/2012 se crea el “registro único de operadores de la cadena agroalimentaria” indicando allí el detalle de operadores según cada mercado, en este caso el mercado de granos, al que abocamos el estudio La L. 22470, (BO: 3/7/1981) dispone que “A los efectos del presente decreto y de sus reglamentaciones, entiéndase por "grano" todo fruto seco, no destinado a la siembra, de cereales, oleaginosas y legumbres. En estas últimas quedan comprendidos los porotos, la arveja y la lenteja y toda otra que determine el Poder Ejecutivo Nacional” El resaltado es nuestro CONSULTOR AGROPECUARIO

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En tercer lugar, no surge un tratamiento específico en el ámbito comercial, cuando la desmotadora brinda su servicio de desmote a terceros. Este concepto indeterminado en la resolución (MAGyP) 302/12 como en las normas antecesoras, puede llevar a una interpretación en la que el productor de algodón en bruto produce granos de algodón, cuando en rigor del análisis efectuado, estamos en presencia de un operador comercial usuario de la desmotadora o con producción a fasón, sin tener a su cargo la explotación de instalaciones propias o de terceros para el desmote. VI

- ALGUNAS CONSIDERACIONES TRIBUTARIAS

Se ha considerado pertinente analizar aquellos aspectos vinculados al impuesto al valor agregado, en particular los regímenes retentivos, como los aspectos vinculados a determinados regímenes de información. Al respecto se observan dos regímenes de retención que se complementan estrechamente en la actividad algodonera y un régimen de percepción que exceptúa determinado componente.

• Resolución general (AFIP) 2394/2008: aplicable a la compraventa de algodón en bruto, fibra, fibrilla y linter de algodón. El régimen de retención originalmente no alcanzaba los últimos dos elementos, hasta que la resolución general (AFIP) 2470/2008 los incorpora por el alcance otorgado por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria.(10)

• Resolución general (AFIP) 2300/2007: aplicable a la compraventa de granos no destinados a la siembra -cereales y oleaginosos- y legumbres secas -porotos, arvejas y lentejas-, alcanzando así al grano de algodón no destinados a la siembra, siguiendo la analogía de la Autoridad de Aplicación comercial.

• Resolución general (AFIP) 2408/2008: el cual prevé que los agentes de percepción indicados en la citada resolución no deberán actuar como tales, entre otras excepciones previstas, cuando realicen ventas de semillas(11) destinadas a la siembra y/o plantación de granos -de cereales y oleaginosas-. Siendo aplicable la excepción al grano de algodón destinado a la siembra (semilla).

a) Agentes de retención

Han sido definidos como sujetos obligados a aplicar la retención de los dos regímenes señalados, los responsables inscriptos en el IVA que sean adquirentes, mientras no resulten comprendidos como exportadores o como acopiadores, cooperativas, consignatarios, acopiadores-consignatarios que, en las operaciones mencionadas en el artículo 1 de la resolución general (AFIP) 2394/1998 o de la resolución general (AFIP) 2300/2007, actúen como intermediarios o de conformidad con lo previsto en el artículo 19 y el primer párrafo del artículo 20 de la ley de impuesto al valor agregado, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones.

Como se ha mencionado, la normativa hace una distinción para el agente de retención que sea adquirente y no resulte comprendido en las otras dos situaciones. En este caso, se adopta una solución normativa de similar redacción a la resolución general (AFIP) 2300/2007, a los fines de identificar al agente de retención y en consecuencia los vencimientos correspondientes según el carácter en el cual haya actuado el responsable (suministro de información de la retención practicada y el ingreso de la misma, según se indica en el punto VI - d). 10) En los considerandos de la norma modificatoria se indica que dicho Organismo considera a la fibrilla y linters como productos diferentes de la fibra de algodón a los fines de su indicación en el DTAL (Documento de Tránsito de Algodón) 11) El término “semilla” comprende a toda estructura vegetal destinada a siembra o propagación, con el alcance otorgado por la L. 20247 de semillas y creaciones fitogenéticas y por el D. 2183 que la reglamenta, de fecha 21/10/1991 CONSULTOR AGROPECUARIO

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ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE EL CULTIVO Y…

b) Alícuotas

El impuesto al valor agregado presenta una alícuota general del 21%(12) y alícuotas mayores o menores, para determinados bienes o servicios. Cuando se comercializa el grano de algodón no destinado a la siembra resulta de aplicación la alícuota del 10,50%.(13)

Veamos a continuación, en el ámbito de los regímenes de retención considerados, las alícuotas que resultan aplicables.

Algodón en bruto, fibra, fibrilla y linter -RG 2394-

Granos no destinados a la siembra -cereales y oleaginosas- y legumbres secas -porotos, arvejas y lentejas. RG 2300

Vale señalar que el régimen aplicable en el comercio de granos no destinados a la siembra y legumbres secas presenta otra connotación dada por el Registro Fiscal de Operadores de Granos y las acciones de suspensión y exclusión del citado Registro, lo cual excede al análisis efectuado en este trabajo.

c) Sujetos pasibles versus agentes de retención

La norma hace una diferenciación según la condición del vendedor frente al gravamen cuando se trata de algodón en bruto, fibra, fibrilla o linter -RG 2394- mientras que efectúa una concepción amplia de los sujetos pasibles al tratar la compraventa de granos no destinados a la siembra -cereales y oleaginosas- y legumbres secas -porotos, arvejas y lentejas-.

i - Etapa primaria

En la etapa productiva, resultarán alcanzados por el régimen los productores agrícolas que desarrollen el cultivo de algodón y cuyo bien obtenido y comercializado en su etapa primaria es el algodón en bruto (RG 2394/2008). 12) Art. 28, LIVA (t.o. 1997) 13) Art. 28, LIVA (t.o. 1997) - cuarto párrafo, inc. a), pto. 5, “Granos -cereales y oleaginosos, excluido arroz- y legumbres secas -porotos, arvejas y lentejas-”. Punto incorporado por art. 1, inc. b), L. 25717 (BO: 10/1/2003). Vigencia: a partir del día de su publicación en el BO CONSULTOR AGROPECUARIO

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ii - Etapa secundaria - desmote

Intervienen en esta etapa principalmente acopiadores, cooperativas, entre otros intermediarios. Pero particularmente lo que la caracteriza es la actividad de desmote.

En este segmento comercial quienes adquieran el algodón en bruto resultarán agentes de retención en la compra de dicho bien, y serán pasibles de retención por la venta de los bienes obtenidos (fibra, fibrilla, granos y linter). En el caso de fibra, fibrilla y linter mediante el régimen de la resolución general (AFIP) 2394/2008 y en el caso del grano(14) mediante el régimen de la resolución general (AFIP) 2300/2007, cuando su destino no sea la siembra. Vale poner de relieve que la venta de granos no destinados a la siembra y legumbres secas que se realiza es a partir de un operador comercial o de quien opere en sus instalaciones. -

-

En este análisis fueron surgiendo distintas dudas, algunas de las cuales han sido tratadas:

Un primer planteo surgió sobre si la semilla de algodón podía ser considerada grano, el cual finalizó luego de la evaluación realizada por la Autoridad de Aplicación.

Un segundo planteo, a partir de haber sido resuelto el primero, es si el grano obtenido en este proceso industrial es de carácter primario o no. Este aspecto que parecería involucrar una cuestión terminológica no es tal si analizamos los alcances de la normativa vigente, al cual nos referimos en el punto VII.

Un tercer planteo surge cuando el contribuyente reúne más de una actividad en el complejo algodonero, además de la producción primaria. En orden a la magnitud operada, cuando el productor además interviene en el proceso de la industria primaria con la obtención de la fibra, debemos distinguir que lo hace como operador(15) en su faz comercial en la actividad algodonera, distinta a la de producción primaria propiamente dicha.

iii - Etapa terciaria - industria

En esta etapa la fibra de algodón sigue su paso a la producción industrial (mercado interno) o exportación (mercado externo).

En ambos casos, se produce el destino final de la fibra de algodón en el ámbito territorial de la República Argentina, ya sea porque se transforma en un bien distinto (productos textiles, confecciones) o porque finaliza con la exportación.

A su vez, los subproductos obtenidos adoptan caminos comerciales diferentes y el que nos interesa (grano de algodón) tendrá su mayor utilidad para la industria aceitera o como forraje y en menor medida como destino a la siembra como semilla.(16)

d) Ingreso de las retenciones

Los agentes de retención presentan un régimen de información e ingreso de la retención según el carácter del sujeto, lo cual se encuentra estrechamente vinculado a lo indicado sintéticamente en cada etapa.

14) Disp. (ONCCA) 1174/2004, modif. por la Disp. (ONCCA) 2256/2004 15) No se encuentra contemplada la figura en la R. (MAGyP) 302/2012 16) En los términos de la L. 20247 de semillas y creaciones fitogenéticas CONSULTOR AGROPECUARIO

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• Adquirente: efectúa el ingreso de las retenciones practicadas del 1 al 15 de cada mes, de acuerdo con el vencimiento fijado según la terminación de la Clave Única de Identificación Tributaria y en el mes siguiente efectúa una declaración jurada nominativa de las retenciones practicadas e ingresan la diferencia resultante, originada por las restantes retenciones practicadas hasta la finalización del mes correspondiente (un ejemplo de esta figura es el industrial aceitero que adquiere el grano de algodón a la desmotadora para su industrialización y obtención de aceite).

• Los exportadores, los acopiadores, cooperativas, consignatarios, acopiadores-consignatarios, con las características que indica la norma y las cooperativas algodoneras que realizan el proceso industrial de desmote de algodón en bruto para su posterior comercialización: ingresan las retenciones del período en el segundo mes siguiente al que practicó la retención, de acuerdo con el día fijado para el vencimiento correspondiente. Asimismo se encuentran obligados a efectuar la declaración jurada nominativa de las retenciones practicadas mensualmente.

Un ejemplo de esta figura es el acopiador de algodón en bruto que practica y se encuentra sujeto a la retención prevista en la RG 2394, como las cooperativas algodoneras que adquieren(17) el algodón en bruto y venden la fibra, granos y demás componentes, alcanzados por el régimen de la RG 2394 -excepto el grano, alcanzado por la RG 2300(18)-, es decir que es sujeto pasivo de ambos regímenes cuando vende los distintos bienes. Los citados contribuyentes pueden compensar las sumas de las retenciones a ingresar con los saldos a favor de libre disponibilidad en el impuesto al valor agregado, cualquiera sea su origen (pagos a cuenta, retenciones y/o percepciones sufridas por aplicación de cualquiera de los regímenes vigentes). Los importes que excedan la compensación efectuada, o los montos retenidos cuando la compensación no se pueda realizar, deben ingresarse mediante depósito bancario.

De esta forma, se genera un ingreso quincenal para los adquirentes y mensual para los restantes agentes de retención, con un diferimiento temporal para estos últimos, mientras que el régimen de declaración nominativo de las retenciones practicadas es mensual, en ambos casos. Otra característica que comparten los regímenes señalados es que no se pueden oponer los certificados de exclusión de los regímenes de retención, percepción y/o de pagos a cuenta del impuesto al valor agregado tramitados en orden a la resolución general (AFIP) 2226/2007.

VII

- GRANO DE ALGODÓN. ALGUNAS CONSIDERACIONES

La descripción que hemos realizado en el presente trabajo nos lleva a efectuar algunas aclaraciones sobre los siguientes aspectos: -

-

-

productor -sin intervención en etapas posteriores- que comercializa directamente el algodón en bruto a una desmotadora; productor agrícola sin desmotadora cuyo objeto es comercializar la fibra; productor con desmotadora de algodón.

17) Ficción jurídica que utiliza la LIVA en las operaciones de consignación, donde la cooperativa liquida como tal, aunque igualmente en la consignación es tenido como comprador y vendedor de la mercadería 18) Cuando la desmotadora adquiere los granos obtenidos en su planta por la intervención de un tercero haciendo uso de sus servicios, actuará como agente de retención por la venta que dicho operador le realice CONSULTOR AGROPECUARIO

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Productor -sin intervención en etapas posteriores- que comercializa directamente el algodón en bruto a una desmotadora Productor

En este caso el algodón es trasladado desde el predio productivo a la planta mediante el remito previsto en la resolución general (AFIP) 1415/2003, y la liquidación(19) es efectuada a la alícuota del 21%.(20)

Desmotadora de algodón

La desmotadora adquiere el algodón en bruto y luego realiza el proceso de separación de la fibra. El traslado de la fibra, fibrilla y linters se realiza desde la planta mediante el documento para el tránsito de algodón (DTAL)(21) y la venta estará documentada de acuerdo con las previsiones de la citada resolución general (AFIP) 1415/2003 y sus normas complementarias y concordantes. El traslado del grano(22) obtenido en el proceso estará amparado por la carta de porte(23) y su venta estará documentada de acuerdo con las previsiones de la norma de facturación señalada.

Debe observarse que quien explote la planta de desmote al comercializar el grano de algodón, resultará alcanzada por las obligaciones de inscripción como “Desmotadora de algodón” en el Registro Único de Operadores de la Cadena Agroalimentaria, de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca y en la categoría “Desmotador de algodón” en el Registro Fiscal de Operadores en la Compraventa de Granos no destinados a la siembra -cereales y oleaginosas- y legumbres secas porotos, arvejas y lentejas-, de la Administración Federal de Ingresos Públicos. Además de las obligaciones que en materia de trazabilidad vegetal ha dispuesto el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, mediante la intervención de la Dirección Nacional de Protección Vegetal.(24)

19) Art. 5, RG (AFIP) 1415/2003 -parte pertinente- Los sujetos que se detallan en el Anexo I, apartado “A” -y, en su caso, únicamente por las operaciones que se indican expresamente en dicho apartado-, están exceptuados de emitir comprobantes que reúnan los requisitos establecidos por la presente y/o por la RG 100, sus modificatorias y complementarias -Registro Fiscal de Imprentas, Autoimpresores e ImportadoresLas liquidaciones emitidas por los corredores y cooperativas de segundo grado a los compradores y a los comitentes o cooperativas de primer grado, serán consideradas documentos equivalentes a la factura del vendedor, en la medida en que cumplan con los requisitos a que se refiere el párrafo anterior La excepción dispuesta precedentemente no impide el cumplimiento que en materia de emisión de comprobantes y con relación a otros aspectos de naturaleza tributaria, civil, comercial, contable, etc., establezcan otras disposiciones legales, reglamentarias y complementarias para la actividad, operación o sujeto de que se trate “f) Los productores, cooperativas de productores y acopiadores por las ventas de productos primarios derivados de la actividad agropecuaria, caza, silvicultura y pesca, efectuada directa o indirectamente por los sujetos mencionados, únicamente cuando, de conformidad con las prácticas y costumbres comerciales relativas a la actividad u operación de que se trate, el comprador o, en su caso, la cooperativa o el intermediario, esté obligado a remitir -como modalidad operativa- al vendedor o comitente, un comprobante que cumpla los requisitos que se establecen en el Título II, Capítulos ‘D’, ‘E’ y ‘F’, de esta resolución general” 20) El algodón en bruto no se encuentra alcanzado por la reducción del 50% sobre la alícuota general, previsto para otros bienes, como sucede por ejemplo con los granos no destinados a la siembra 21) R. (SENASA) 228/2001. Alcanza también a algodón en bruto cuando su destino es la exportación. No obstante, se aclara que este documento debe reunir los requisitos previstos para el remito en la RG (AFIP) 1415/2003. Caso contrario se debería utilizar además el remito previsto en la citada norma 22) Hasta tanto no se encuentre identificado y clasificado como semilla, cuando ese fuere su destino 23) RCG (AFIP - ONCCA), 2595 y 3253/2009 y Disp. (SSTA) 6/2009 24) R. (SENASA) 228/2001 CONSULTOR AGROPECUARIO

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IMPUESTOS


Productor agrícola sin desmotadora cuyo objeto es comercializar la fibra Productor-usuario del servicio de desmote(25)

En este caso el algodón es trasladado desde el predio productivo a la planta mediante el remito previsto en la resolución general (AFIP) 1415/2003 para obtener la fibra a comercializar.

El usuario del servicio efectuará la venta de la “fibra”, actuando así como operador de tales bienes, excepto sobre el grano que habitualmente entrega a la desmotadora como retribución del servicio realizado.

En este caso, como se produce la transferencia de los granos de algodón en pago del servicio deberá facturarlos al 10,5% -transferencia de dominio de una cosa mueble-, aunque entendemos que no se encuentra alcanzados por los C 1116 B o C, o en su caso la Liquidación Primaria de Granos a implementarse el 13/3/2013, dado que no conforma una venta de la etapa primaria.

La resolución (SAGPyA) 302/2012 no prevé su inscripción y dado el objetivo planteado se deberá evaluar su inscripción en Registro Fiscal de Operadores de Granos. Al respecto en materia de trazabilidad vegetal se han establecido las obligaciones aplicables en el ámbito del Registro Oficial de Desmotadoras Hilanderías y Operadores Intermediarios, según el artículo 3 de la resolución (SENASA) 228/2001. “Las personas físicas o jurídicas, propietarias de las hilanderías y/o desmotadoras, o bien aquellas que sin serlo resulten responsables de la explotación de las mismas, así como los operadores intermediarios, deberán solicitar con carácter obligatorio, la inscripción en el registro establecido en el artículo 1 de la presente resolución, y su posterior habilitación, entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de cada año.”

Desmotadora de algodón

Procesa el algodón en bruto y cobra su servicio de desmote, entregando al usuario la fibra obtenida en el proceso. En este caso, la desmotadora factura su servicio de desmote a la alícuota del 21% y el usuario del servicio deberá facturar la entrega de los granos en parte de pago, como se ha indicado, a la alícuota del 10,50%.

Dado que el servicio de desmote es pagado con la entrega de granos de algodón, surge la aplicación de la resolución general (AFIP) 2459/2008 y deberá adicionarse a los conceptos facturados la percepción prevista en la citada resolución, teniendo en cuenta la situación del prestatario en el Registro Fiscal de Operadores de Granos.

Valen las aclaraciones efectuadas en el punto precedente en materia de traslado sobre la fibra, fibrilla, linters y “grano” de algodón.

En la situación expuesta la planta de desmote al comercializar el grano de algodón obtenido a partir de su servicio de desmote resultará alcanzada con las obligaciones de inscripción como “desmotadora de algodón”, como se expuso en el punto precedente.

25) Se lo identifica como iniciador del proceso productivo, aunque con la característica de usuario del servicio de desmote CONSULTOR AGROPECUARIO

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IMPUESTOS


Productor con desmotadora de algodón

En este ejemplo, se produce la integración de la producción con el proceso de desmote. A partir de allí, se pueden dar dos situaciones, esto es que se comercialice el algodón en bruto sin incorporarse a la planta o incorporándose a la misma y comercializando todos los bienes que se obtienen en el proceso.

En el primer caso, en materia de traslado resultará alcanzado por el Documento para el Tránsito de Algodón (DTAL)(26), con las aclaraciones efectuadas sobre la norma pertinente, sin dejar de considerar que en aquellos casos donde se utiliza el DTAL, este debe reunir los requisitos previstos para el remito(27) en la resolución general (AFIP) 1415/2003, caso contrario entendemos que se debería utilizar además, el remito “R”, o en su caso el remito “X” si el traslado es efectuado dentro del mismo predio.

Al efectuar la venta de la fibra, fibrilla y linters aplicará la alícuota del 21% y será pasible de las retenciones previstas en la resolución general (AFIP) 2394/2008. Mientas que al efectuar la venta de granos de algodón, aplicará la alícuota del 10,50% y será pasible de las retenciones previstas en la resolución general (AFIP) 2300/2007, según sea su situación en el Registro Fiscal de Operadores de Granos.

En el ejemplo tratado, no debemos perder de vista que la actividad es la comercialización de los bienes que se obtienen en el desmote, entre ellos el grano de algodón obtenido. En consecuencia, la planta de desmote debe estar inscripta como “desmotadora de algodón” en el Registro Único de Operadores de la Cadena Agroalimentaria, de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca y en la categoría “Desmotador de algodón” en el Registro Fiscal de Operadores en la Compraventa de Granos no destinados a la siembra -cereales y oleagionosas- y legumbres secas porotos, arvejas y lentejas-, de la Administración Federal de Ingresos Públicos.

De igual forma, deberá cumplir con las obligaciones que, en materia de trazabilidad vegetal, ha dispuesto el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, mediante la intervención de la Dirección Nacional de Protección Vegetal.(28) VIII

- CONCLUSIONES

• El tratamiento fiscal del cultivo del algodón presenta interrelación con otros campos del derecho y ramas del saber, lo que ha llevado a las distintas autoridades de aplicación (sectorial, comercial y tributaria) a compatibilizar las distintas dimensiones de regulación.

• Dado que se trata de una actividad dinámica como otras que se observan en la economía nacional, la evolución de la actividad algodonera, los bienes obtenidos en cada etapa (productiva, industrial y comercial) y quienes desarrollan e integran cada segmento, nos ha llevado a evaluar el tratamiento actual en los regímenes de información, de retención en el IVA y de liquidación de las operaciones primarias.

26) Dado que alcanza al algodón en bruto cuando la desmotadora presenta producción integrada y el destino del algodón en bruto es la exportación 27) La aclaración se realiza teniendo en cuenta que no se ha indicado en las normas fiscales que el DTAL constituya un documento equivalente al remito, razón por la cual este último no sería sustituible, en principio, por el DTAL -excepto que reúna todos los requisitos que exige la RG (AFIP) 1415/2003 28) R. (SENASA) 228/2001 CONSULTOR AGROPECUARIO

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IMPUESTOS


• El presente trabajo ha expuesto los principales eslabones de la cadena productiva y particularmente los bienes que se obtienen en cada etapa, con el objeto de indicar el producto principal obtenido en cada segmento del complejo algodonero y los subproductos que se originan a partir del proceso industrial primario.

• El análisis en los regímenes de retención en el IVA nos permite observar que se aplica una estructura normativa que contempla los distintos bienes que surgen de cada etapa productiva, industrial y comercial, considerando el rol que presenta cada operador en el circuito económico señalado. Permitiendo la compensación de retenciones practicadas con las sufridas por los intermediarios, como mecanismo de excepción a la forma de ingreso habitual para las retenciones efectuadas.

• Debe observarse que a partir de la duda que oportunamente se produjo en el tratamiento del grano de algodón, fue la Autoridad de Aplicación la que con fines comerciales le otorgó un tratamiento por analogía(29) con relación a los granos de las leguminosas.

• Ha sido dicho tratamiento, el que ha permitido uniformar el significado otorgado a la semilla de algodón como grano -sea o no destinado a la siembra-, en particular en el derecho tributario.(30)

• De acuerdo con la modalidad que se utilice en la comercialización del algodón en bruto, como los bienes que se obtienen en el desmote, surgen distintas situaciones analizadas en el presente trabajo. Es por ello que, siguiendo el proceso desde una menor a una mayor integración, las obligaciones relevantes se verifican en el desmote de algodón y es el segmento que resulta alcanzado en mayor medida por la inscripción en el Registro de Operadores Comerciales de la Cadena Agroalimentaria, en el Registro Fiscal de Operadores de Granos y el Registro Oficial de Desmotadoras, Hilanderías y Operadores Intermediarios.

• Finalmente, lo expuesto precedentemente ha sido teniendo en cuenta aquellas plantas en las que la actividad superlativa es el procesamiento del algodón en bruto. No obstante, en aquellos casos donde tiene lugar una diversidad o multiplicidad de actividades, lleva implícito un análisis específico sobre el caso concreto, lo cual excede al aporte aquí desarrollado. En efecto, los planteos o ejemplos utilizados proponen brindar una ilustración sobre las situaciones planteadas y su tratamiento, aunque con ello no se pretenden agotar los aspectos que integran la actividad algodonera. IX

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- BIBLIOGRAFÍA Y NORMAS DE REFERENCIA

Pérez de Ayala y González, Eusebio: “Curso de derecho tributario” – Madrid – 1975 – T. 1 - pág. 31.

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas -Secretaría de Política Económica - Subsecretaría de Programación Económica - Dirección Nacional de Programación Económica Regional Direcciones de Información y Análisis Regional y Sectorial - Complejo Algodonero-Textil Fibra de Algodón - Serie “Producción Regional por Complejos Productivos” – diciembre/2011.

Estudio de la Cadena Nacional Agroindustrial Algodón de la República Argentina. INTAEstación Experimental Agropecuaria Sáenz Peña. Chaco. Argentina. Ing. Graciela M. Elena, Ing. Eugenio Imfeld, Ing. Luis Pasich, Ing. Aldo A. Ricciardi (coord.) e Ing. José L. Russo (responsable metodológico) - Ed. INTA – octubre/2000.

29) Debe observarse que en el derecho tributario no se concibe la interpretación por analogía, lo cual nos lleva a un análisis prudente para evitar trasladar aspectos no deseados al ámbito tributario 30) Lo expuesto no implica el traslado per se a cada norma tributaria CONSULTOR AGROPECUARIO

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IMPUESTOS


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INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) “Cultivo de Algodón - Manejo del Fin de Floración” - Ed. INTA - 2008.

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INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) “Calendario de siembra y cosecha de diversos cultivos, en las principales regiones de producción” - Ed. INTA - s/d.

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INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) – Estación Experimental Agropecuaria – Las Breñas, Chaco. Informe técnico sobre monitoreo del Algodón - Ed. INTA - 2012.

Ing. Agr. Piedra, Diana: “Situación Nacional e Internacional del Algodón - Campaña 2011/2012 - Coord. Proyecto Nacional Algodón” - Ed. INTA CR - Chaco-Formosa. DL 6698/1963. L. 16478.

L. 22470.

RG (DGI) 3852/1994.

RG (AFIP) 1032/2001.

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R. (MAGyP) 302/2012.

-

DR 2183 de la L. 20247.

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Disp. (ONCCA) 1174/2004 modificada por la Disp. (ONCCA) 2256/2004.

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RG (AFIP) 2394/2008.

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L. 20247.

LIVA (t.o. 1997).

RG (AFIP) 2750/2010.

RG (AFIP) 2300/2007.

RG (AFIP) 2324/2008 – R. (ONCCA) 4956. RG (AFIP) 2459/2008.

RG (AFIP) 3419/2012.

R. (SENASA) 228/2001.


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IMPUESTOS

VALUACIÓN DE

INVENTARIOS GANADEROS EN GANANCIAS

Verónica Castiglioni

Como principal clasificación, en su artículo 54, la ley de impuesto a las ganancias define como mercadería a toda la hacienda -cualquiera sea su categoría- de un establecimiento agropecuario. Sin embargo, establece que se otorgará el tratamiento de activo fijo a las adquisiciones de reproductores, incluidas las hembras, cuando fuesen de pedigrí o puros por cruza.

VALUACIÓN DE LA HACIENDA CONSIDERADA MERCADERÍA

La metodología de valuación estará determinada por el tipo de actividad realizada en el establecimiento: Cría

Invernada

Costo estimativo por revaluación anual. Al precio de plaza, a la fecha de cierre del ejercicio, en el mercado donde acostumbre operar, menos gastos de venta, determinado por cada categoría de hacienda.

• Establecimiento de cría: su objetivo es la producción de terneros.

• Establecimiento de invernada: adquisición de animales a terceros, para su engorde y posterior venta, en condiciones de ser faenados para satisfacer las demandas de consumo interno y exportación.

• Establecimiento mixto: abarca aquellos establecimientos donde coexisten la cría y la invernada.

Establecimientos de cría

Costo estimativo por revaluación anual

El método de valuación prescripto para los criadores se halla legislado en el artículo 53 de la ley, el cual define la forma de aplicación del mismo, según los distintos tipos de hacienda. En el mismo se establece el siguiente procedimiento.

Haciendas bovina, ovina y porcina

El valor base será el que resulte de aplicar el 60% del precio promedio ponderado de las ventas de los últimos tres meses del ejercicio de la categoría más vendida.

Si en el citado término no se hubieran efectuado ventas de animales de propia producción, o las mismas no fueran representativas, el valor será el de la categoría de hacienda adquirida en mayor cantidad durante su transcurso, el que estará dado por el 60% del precio promedio ponderado abonado por las compras de los últimos tres meses del ejercicio. CONSULTOR AGROPECUARIO

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IMPUESTOS

VERÓNICA CASTIGLIONI

De no resultar aplicable lo expuesto, se tomará el 60% del precio promedio ponderado que en el mencionado lapso se hubiera registrado para la categoría de hacienda más vendida en el mercado en el que se acostumbra a operar.

En todos los casos, el valor de las restantes categorías se establecerá aplicando al valor base determinado, los índices de relación contenidos en las tablas anexas a la ley 23079. -

Según el artículo 81 del decreto reglamentario, se considerarán:

ventas de animales representativas: a aquellas que en los últimos 3 (tres) meses del ejercicio superen el 10% (diez por ciento) del total de la venta de la categoría que deba ser considerada como base al cierre del ejercicio;

categoría de hacienda adquirida: a la de hembras destinadas a reponer o incrementar los planteles del establecimiento.

Otras haciendas

Para cada una de las categorías (sin distinción), deberá calcularse el 60% del precio promedio ponderado que, en los últimos tres meses, surja de sus ventas o compras o, a falta de ambas, de las operaciones registradas para la especie en el mercado en que se acostumbre a operar.

Vientres

Son aquellos bienes destinados a cumplir dicha finalidad.

El valor de avalúo será el que resulte de aplicar al valor que al inicio del ejercicio tuviera la categoría a la que el vientre pertenece a su finalización.

Este sistema de avalúo podrá ser empleado por los criadores para la totalidad de la hacienda de propia producción, cuando la totalidad del ciclo productivo se realice en establecimientos ubicados fuera de la zona central ganadera, definida por las resoluciones J-476/62 y J-315/68 de la ex Junta Nacional de Carnes.

Establecimientos de invernada

En su artículo 52, inciso d), punto 2), la ley establece que los establecimientos de invernada deberán valuar sus inventarios al precio de plaza para el contribuyente a la fecha de cierre del ejercicio en el mercado donde acostumbre operar, menos los gastos de venta, determinado para cada categoría de hacienda. Se entenderá por precio de plaza [DR, art. 75, inc. h)] para el contribuyente al precio neto, excluidos gastos de venta, que obtendría el ganadero en la fecha de cierre del ejercicio, por la venta de su hacienda en el mercado que acostumbra realizar sus operaciones.

VALUACIÓN DE LA HACIENDA REPRODUCTORA

Como ya se adelantó, el artículo 54 de la ley da la calidad de bienes de uso a los reproductores machos o hembras de pedigrí o puros por cruza, debiéndose amortizar los mismos según lo establecido en el artículo 84 de la misma ley.

Asimismo, el decreto reglamentario establece que la hacienda reproductora, siempre que se destine a la función de reproducción, tendrá el tratamiento que se detalla a continuación:

Animales adquiridos

-

Se podrá optar por:

practicar las amortizaciones anuales sobre el valor de adquisición (precio de compra más gastos de traslado y otros); o CONSULTOR AGROPECUARIO

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IMPUESTOS

VALUACIÓN DE INVENTARIOS GANADEROS EN GANANCIAS

-

asignarles en los inventarios el costo estimativo para igual clase de hacienda de su propia producción. En este caso, la diferencia entre el precio de adquisición y el costo estimativo, se amortizará en función de los años de vida útil que restan al reproductor, salvo que la AFIP autorice que la diferencia incida íntegramente en el año de la compra.

Animales de propia producción

Se aplicará un precio que representará el costo probable del semoviente que se actualizará anualmente en la forma dispuesta por el artículo 53, inciso c), de la ley, para el caso de vientres.

CASO PRÁCTICO

Contribuyente: Horacio López (explotación unipersonal)

Actividad: cría e invernada de ganado bovino.

Establecimientos -

-

Estancia Los Robles (adquirida en 2004), ubicada en General Villegas (Provincia de Buenos Aires), destinada a la cría e invernada de raza Angus.

Estancia Santa Julia (adquirida en 1982), ubicada en El Tunal (Provincia de Salta), dedicada a la cría de hacienda Brangus.

Información correspondiente al 31/12/2012.

Recuento físico

Estancia

Los Robles Santa Julia Total

Propia producción

(*) Fines impositivos

563 709 1.272

Invernada(*) Reproductores Importe Adq. 135 0 698 0 9 718 135 9 1.416

La planilla de movimientos de hacienda del ejercicio se expone en Anexo I. En ella quedan registradas las existencias por categoría, al inicio y al cierre del período, y se detallan los movimientos de entradas (ya sean por compras o nacimientos) y de salidas (por ventas, consumo o mortandad). Asimismo quedarán reflejados los traslados entre estancias y cambios de categoría producto del ciclo biológico.

Datos aportados por el contribuyente, respecto a la existencia final a) Del total de las hembras

Estancia Los Robles: 35 vacas son de rechazo y 15 vaquillonas +2 están destinadas a la venta. El resto son consideradas vientres. Estancia Santa Julia: 70 vacas son de rechazo y 50 terneras están destinadas a la venta. El resto son consideradas vientres.


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IMPUESTOS


b) Datos de las ventas del último trimestre

* **

Estancia Los Robles Los Robles Los Robles Santa Julia

Fecha de venta 7/10/2012 15/11/2012 29/10/2012 13/10/2012

Los importes no incluyen IVA Solo se vendieron novillos de propia producción

Categoría Novillitos + 2 Novillitos + 2 Vacas Vacas

Cabezas 35 34 15 34

Importe 149.000,00 152.000,00 38.700,00 87.720,00

Gastos de venta

Precio de plaza (-) Gastos 8,127 9,933

c) Los datos correspondientes a la hacienda de invernada son: Categoría

Novillo1-2(*) Terneros Total

Cant.

Kgs. Prom(1) 320 200

35 100 135

Precio 9 11

9,70% 9,70%

(1) Según pesada al 31/12/2012 * Corresponde a 35 terneros comprados durante el ejercicio anterior.

d) De la existencia final de reproductores:

Estancia Los Robles: 20 son de propia producción.

Estancia Santa Julia: 114 son de propia producción y 9 son adquiridos a terceros: Categoría Toros Toros

Cabezas 7 2

Fecha de compra 22/3/2008 15/1/2012

Valuación impositiva al inicio (31/12/2011) Estancia Los Robles

Categoría Terneras

Vaquillonas Vaquillonas Vacas

Valuación

s/art. 79 (LIG)

Valor unitario de compra $ 3.200,00 $ 4.500,00

Estancia Santa Julia

Categoría

266,05

Terneras

452,29

Vaquillonas +2

372,47

478,89

Vaquillonas 1-2

Vacas

Terneros

3,94

5,52 6,70

7,10

3,94

Novillos 1 a 2

5,82

Toritos

3,94

Novillos + 2 Toros


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Valuación

ley 23079/1985

7,28

7,89


IMPUESTOS


PLANILLA ANUAL DE MOVIMIENTO DE HACIENDA BOVINA (ANEXO I) AL 31/12/2012 Los Robles

Vaquillonas Vacas 1-2 2-3 3-4 + de 4 63 65 80 Existencia anterior 52 Entradas Compras 0 0 0 0 Nacimientos 0 0 0 0 Cambio 46 52 45 65 de categoria Traslados 0 0 0 0 entre eas Dif. por recuentos 0 0 0 0 Total entradas 46 52 45 65 Salidas 0 0 0 0 Ventas 0 18 0 30 Muertes 0 0 0 2 Cambio 52 45 65 0 de categoria Traslados 0 0 0 0 entre eas Consumo 0 0 0 0 Dif. por recuentos 0 0 0 0 Total salidas 52 63 65 32 Existencia actual 46 52 45 113 Santa Julia

Vaquillonas 1-2 2-3 Existencia anterior 112 84 Entradas Compras 0 0 Nacimientos 0 0 Cambio 100 112 de categoria Traslados 0 0 entre eas Dif. por recuentos 0 0 Total entradas 100 112 Salidas Ventas 0 12 Muertes 0 2 Cambio 112 70 de categoria Traslados 0 0 entre eas Consumo 0 0 Dif. por recuentos 0 0 Total salidas 112 84 Existencia actual 100 112

Vacas 3-4 + de 4 79 229 0 0 70

0 0 64

0 70

0

0

12 3 64

Novillos 1-2 + de 2 220 60 0 0 86

0 0 218

0 86 0 0 0 218 0 0 218 88

0

0

0 0 0

0 0 0

0 218 0 210 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 210 68

0 0 0 0

0

0

Novillos 1-2 + de 2 0 0 0 0 0

0 0 0

0 64

0 0

0

0

0

78 7 0

0 0 0 0 79 85 70 208

0

0 0 0

0 0 0 0

Toros 1-2 + de 2 Terneros Terneras Total 0 22 45 47 654

0

0

100 53 0

0 100 53 106 0 512

0 0 0 2 0 0

0 258 0 0 3 86

0 0 53 823 0 0 260 2 7 46 512

0 0 2 20

0 0 89 214

0 0 0 0 48 779 52 698

0

0

105

0

0 105

0

0

Toros 1-2 + de 2 Terneros Terneras Total 35 60 49 106 754 0 0 44

2 0 35

0 105 0

0 105 0

2 210 425

0 0

0 44

0 37

0 105

0 105

0 637

0

0

0

105

0

105

0

0 0 0

0 0 0 0

0

0 0 35

0 0 35 44

0

18 0 0

0 0 18 79

0

0 5 44

0 0 154 0

0

0 6 100

0 0 106 105

0

120 23 425

0 0 673 718


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IMPUESTOS


Total

Vaquillonas 1-2 2-3 Existencia anterior 164 147 Entradas 0 0 Compras 0 0 Nacimientos 0 0 Cambio 146 164 de categoria Traslados 0 0 entre eas Dif. por recuentos 0 0 Total entradas 146 164 Salidas 0 0 Ventas 0 30 Muertes 0 2 Cambio 164 115 de categoria Traslados 0 0 entre eas Consumo 0 0 Dif. por recuentos 0 0 Total salidas 164 147 Existencia actual 146 164

Vacas 3-4 + de 4 144 309 0 0 0 0 0 0 115 129

Novillos 1-2 2-3 220 60 0 0 0 0 0 0 86 218

0 0 115 129 0 0 12 108 3 9 129 0

0 86 0 0 0 218

0 218 0 210 0 0

0 44 0 0 0 35

0 37 0 20 0 0

0 363 0 0 8 130

0 0 158 1.460 0 0 0 380 8 30 146 937

0 0 0 0 144 117 115 321

0 0 218 88

0 0 210 68

0 0 35 44

0 0 20 99

0 0 243 214

0 0 0 0 154 1.452 157 1.416

0

0

0

0

0

0

0

0

Toros 1-2 + de 2 Terneros Terneras Total 35 82 94 153 1.408 0 0 0 0 0 0 2 100 0 102 0 0 158 158 316 44 35 0 0 937 0

SOLUCIÓN PROPUESTA

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0

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En función de la planilla de hacienda y a la información brindada por el contribuyente, podemos realizar la categorización impositiva de la hacienda al 31/12/2012 de la siguiente manera:

Los Robles


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IMPUESTOS


Santa Julia

LIG DR, artículo 83

Los procedimientos de valuación establecidos en el artículo 53 de la ley serán de aplicación en forma independiente, para cada uno de los establecimientos pertenecientes a un mismo contribuyente.

VALUACIÓN DE HACIENDA DE CRÍA Vientres

Según lo establecido en el artículo 53, inciso c), se valuarán como vientres a todas las hembras destinadas a cumplir con dicha finalidad. Por lo tanto, aquellas que al cierre del ejercicio fueran de rechazo o estuvieran destinadas a la venta, serán valuadas como resto de hacienda.

Los Robles


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IMPUESTOS


Santa Julia

Resto de Hacienda del rodeo de cría (zona central ganadera)

Se aplica el método de valuación de costo estimativo por revaluación anual Determinación del valor base:

- Categoría más vendida en el último trimestre: Novillos +2:

¿La categoría es representativa?

Como existieron ventas en el último trimestre del ejercicio y la categoría es representativa, según lo establecido por el artículo 81 de la DR, aplicamos el valor base obtenido, en función de los índices de relación contenidos en las tablas anexas a la ley 23079, a las restantes categorías para obtener su valuación:


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IMPUESTOS


Valuación

Estancia Los Robles - Resto de hacienda y Bs Uso propia producción:

Resto de hacienda del rodeo de cría (zona marginal)

Debido a que la Estancia Santa Julia se encuentra ubicada fuera de la zona central ganadera definida por las resoluciones J-478/1962 y J-315/1968 de la ex Junta Nacional de Carnes, podemos emplear el sistema de avalúo aplicado para los vientres a la totalidad de la hacienda de propia producción, en función de lo establecido en el artículo 53, inciso d).

VALUACIÓN DE HACIENDA DE INVERNADA

Se valúan a valor neto de realización, artículo 52, inciso d), punto 2). Estancia Los Robles


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IMPUESTOS


VALUACIÓN DE REPRODUCTORES LIG, artículo 54

Finalmente, estamos en condiciones de elaborar el cuadro resumen de la valuación impositiva de las existencias de hacienda bovina al cierre del ejercicio:

Valuación impositiva de hacienda

Valuación impositiva final al 31/12/2012


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LABORAL Y PREVISIONAL

LEY 26727.

CONTRATACIONES Y SUBCONTRATACIONES. SOLIDARIDAD

Lidia Giovannoni

LABORAL EN EL AGRO

“La solidaridad en cabeza del titular del establecimiento agropecuario funciona como una garantía de la deuda del contratista con su trabajador.”

Rodolfo Nápoli: “Comentario sobre el nuevo régimen de trabajo agrario, ley 26727”(*)

INTRODUCCIÓN. CÓMO SE PRODUCE EN LA ARGENTINA

Según informa FACMA (Federación Argentina de Contratistas de Máquinas Agrícolas): “Los contratistas son indudablemente motores de la economía: por un lado se encargan de la recolección del 75% de los granos que se cultivan en el país y del 60% de los trabajos de siembra y pulverización; sin tener tierras propias siembran considerables extensiones en diferentes regiones abriendo fronteras y como si fuera poco concentran más del 50% de las ventas de maquinaria agrícola en el país.” Esto por sí mismo habla de la magnitud de las contrataciones y subcontrataciones que se conciertan en el sector agropecuario. No debemos perder de vista que refiero a actos jurídicos lícitos entre empresas de acuerdo con sus necesidades productivas. Aun aquellos productores que cuentan con maquinarias y equipos propios muchas veces deben contratar servicios y labores con terceros. Ya sea por cuestiones circunstanciales como desperfectos y roturas o por necesidades de realizarlas de otra forma, como por ejemplo, quien dispone de equipos para fumigación terrestre pero le es necesario realizar la aplicación en forma aérea, o bien por necesidades de adelantar o acelerar procesos, entre muchos otros fundamentos. Muchas veces, la decisión es económica y tiene que ver con no inmovilizar fondos en compras de costosas maquinarias, pero otras veces quizás tengan que ver con poder llevar adelante, óptimamente desde el punto de vista tecnológico, el proceso productivo. *)

Nápoli, Rodolfo: “Comentario sobre el nuevo régimen de trabajo agrario, ley 26727” - marzo/2012 - Revista del Derecho del Trabajo CONSULTOR AGROPECUARIO

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LIDIA GIOVANNONI

Cuando nos referimos a contratos celebrados con contratistas rurales, nos podemos referir a dos tipos de empresarios: “- Los que brindan servicios a terceros de laboreo, siembra, protección de cultivos y cosecha, recibiendo como pago por su prestación dinero y/o especies (contratistas de máquinas). “- Los que toman a porcentaje campos de terceros, a través de la celebración en forma oral o escrita de contratos por una o más cosechas. Estos corren con todos los riesgos de la actividad, por la cual abonan al propietario del predio, en concepto del usufructo del recurso tierra, un porcentaje de la producción, previamente estipulado (contratistas tanteros). “Poseen en común que ambos son los propietarios de maquinarias e implementos agrícolas necesarios para producir.”(1) Ya sea que el productor rural se decida contratar de una u otra forma, en ambos casos existen riesgos que debe conocer, principalmente para prevenirlos y acotarlos. Pero finalmente, y en caso que se lo demande laboralmente quizás asumir deudas laborales, en caso que el decisorio judicial así lo disponga. Este especial distingo es porque, si bien el riesgo se encuentra ínsito en toda la actividad productiva y en todo contrato civil o comercial que se celebre, al contratar labores con terceros, empresas contratistas, estas cumplen su trabajo con su personal propio y es ahí donde radica el factor de riesgo laboral que deberemos considerar. También analizaremos las estipulaciones que se incluyeron en la ley 26727, respecto de la solidaridad cuando hay cesión total o parcial de establecimiento o explotación.

SOLIDARIDAD

¿Cuándo hablamos de solidaridad?

Una “obligación in solidum” es cuando cada deudor debe el todo prescindiendo del vínculo que lo unía con los restantes deudores frente al reclamo del acreedor. Lo que es lo mismo, la posibilidad de exigibilidad o derecho del acreedor al cobro total del crédito respecto de cualquiera de los deudores. La solidaridad laboral no existe regulada como tal en nuestro derecho, sino que debemos remitirnos a lo dispuesto por el Código Civil, ya que no existe una norma laboral distinta que desplazaría por su especificidad la norma de fondo y tampoco se encontraría incompatibilidad en lo regulado en el Código con los principios generales del derecho del trabajo. Para poder analizarlo técnicamente, veamos lo dispuesto en el Código Civil, Libro II, Título XIV - De las obligaciones solidarias. - Art. 690: “...que la obligación, cuando tiene más de un acreedor o más de un deudor y cuyo objetivo es una sola prestación, es una obligación mancomunada, que puede ser o no solidaria.” - Art. 699: “La obligación mancomunada es solidaria, cuando la totalidad del objeto de ella puede, en virtud del título constitutivo o de una disposición de la ley, ser demandada por cualquiera de los acreedores o a cualquiera de los deudores.” - Art. 700: “La solidaridad puede también ser constituida ... por decisión judicial, que tenga fuerza de cosa juzgada, o puede resultar de la ley respecto de los deudores.”

1)

Trabajo de exposición -Conferencistas Dra. CP Teresita Stafforte - Dr. Néstor Lazzaretti- Dra. Lidia Giovannoni: “Jornadas de Sur Santafesino”- Venado Tuerto 2011


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LEY 26727. CONTRATACIONES Y SUBCONTRATACIONES

-

Art. 701: “Para que la obligación sea solidaria, es necesario que en ella esté expresa la solidaridad por términos inequívocos, ya obligándose in solidum, o cada uno por el todo, o el uno por los otros, etcétera, o que expresamente la ley la haya declarado solidaria.” - Art. 705: se desprende que el acreedor, o cada acreedor, o los acreedores juntos pueden exigir el pago de la deuda por entero contra todos los deudores solidarios juntamente, o contra cualquiera de ellos. En fallo plenario de la CNTrab.(2) se determinó que resulta aplicable el artículo 705 del Código Civil a la responsabilidad del artículo 30 de la LCT –L. 20744-.(3) A partir del plenario, la doctrina comenzó a interrogarse si el Código Civil sería aplicable a los otros casos de solidaridad previsto en la LCT. En un artículo que analizaba el plenario oportunamente la doctora Viridiana Díaz Aloy se preguntaba: “...Proyección de la solución del plenario 309 a otros supuestos de solidaridad en la LCT. La doctrina judicial acotada a la solidaridad impuesta en el artículo 30 de la LCT, genera el interrogante acerca de su posible aplicación a las solidaridades previstas en los artículos 29, 29 bis, 31, 225 y siguientes de la LCT”. Para la postura amplia plasmada en toda su extensión por la mayoría del Plenario, todos los otros supuestos de solidaridad pasiva laboral -sin excepción- se encuentran alcanzados por la normativa civil en los mismos términos analizados, dado que la LCT tampoco regula los "efectos" de la solidaridad impuesta. En definitiva, en la actual situación de omisión legal en la normativa laboral, la postura amplia no admite elaboración alguna que, proveniente del derecho civil o procesal, provoque la disminución de las posibilidades de cobro del trabajador. Esta cuestión ha quedado resuelta, al menos en trabajo agrario, a partir de la sanción de la ley 26727, ya que el artículo 12 recepciona lo resuelto en el plenario “Ramírez” y se establece que se podrá demandar a cualquier supuesto deudor solidario sin demandar al principal.

Ley 26727/2011

Art. 12 - Contratación, subcontratación y cesión. Solidaridad “Quienes contraten o subcontraten con terceros la realización de trabajos o servicios propios de actividades agrarias, o cedan, total o parcialmente, a terceros el establecimiento o explotación que se encontrare a su nombre, para la realización de dichas actividades, que hagan a su actividad principal o accesoria, deberán exigir de aquellos el adecuado cumplimiento de las normas relativas al trabajo y de las obligaciones derivadas de los sistemas de la seguridad social, siendo en todos los casos solidariamente responsables de las obligaciones emergentes de la relación laboral y de su extinción, cualquiera sea el acto o estipulación que al efecto hayan concertado. Cuando se contraten o subcontraten, cualquiera sea el acto que le dé origen, obras, trabajo o servicios correspondientes a la actividad normal y específica propia del establecimiento, y dentro de su ámbito, se considerará en todos los casos que la relación de trabajo del personal afectado a tal contratación o subcontratación está constituida con el principal. “La solidaridad establecida en el primer párrafo tendrá efecto aun cuando el trabajador demande directamente al principal sin accionar contra el contratista, subcontratista o cesionario. “No resultará de aplicación el presente artículo a aquellos propietarios que den en arrendamiento tierras de su titularidad que no constituyan establecimientos o explotaciones productivas, en los términos del artículo 5 de la presente ley.”

2)

3)

Fallo Plenario 309 - Acta 2448, “Ramírez, María Isidora c/Russo Comunicaciones e Insumos SA y otro s/despido” - CNTrab. - 3/2/2006 Chiaradía, Claudia (coord.) y coautores: Cap. “Trabajo agrario”, en Giovannoni, Lidia: “Tratado agropecuario” ERREPAR - 2010 CONSULTOR AGROPECUARIO

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LIDIA GIOVANNONI

La primera observación a realizar es que en un solo artículo se han reunido dos casos de solidaridad establecidos hasta el momento en la LCT.(4) Art. 29 - Interposición y mediación. Solidaridad Art. 30 - Subcontratación y delegación. Solidaridad Comencemos a analizar más detalladamente que establece el artículo 12 de la ley 26727. En principio cuando se referencia a contratistas deberíamos considerar a aquellos quienes acuerdan contratos directamente con la empresa productora tomando a su cargo un servicio, tarea o una obra y como subcontratistas aquellos que son contratados por éstos para ejecutar el contrato principal, pero que la ley ha querido especialmente incorporarlos, pues muchas veces éstas se realizan para diluir la responsabilidad del contrato original Vemos además, que como la ley referencia en su primer párrafo respecto de la contratación de tareas propias de la actividad agraria. Para entender cabalmente el análisis de la norma debemos remitirnos en la misma ley a su artículo 5 que define a esta como “…toda aquella dirigida a la obtención de frutos o productos primarios a través de la realización de tareas pecuarias, agrícolas, forestales, hortícolas, avícolas, apícolas u otras semejantes, siempre que estos no hayan sido sometidos a ningún tipo de proceso industrial, en tanto se desarrollen en ámbitos rurales”. Pero además de quienes trabajen directamente en la actividad agraria, incluye en las previsiones del artículo 12 a quienes ceden total o parcialmente el establecimiento que se encontrare a su nombre para la realización de dichas actividades (agrarias) que hagan a su actividad principal o accesoria. Nos encontramos aquí con el caso de quienes dan en arrendamiento (art. 2, L. 13246), contratos accidentales (art. 39, L. 13246), desde ya en aparcería y mediería rural (arts. 21 a 38, L. 13246), contratos y asociaciones no contemplados en la ley 13246: arrendamientos con pago en especie, pastoreo y otros. Siendo que la ley no define ni restringe las formas de cesiones, ¿deberíamos 4)

Ley 20744, art. 29: Los trabajadores que habiendo sido contratados por terceros con vista a proporcionarlos a las empresas, serán considerados empleados directos de quien utilice su prestación. En tal supuesto, y cualquiera que sea el acto o estipulación que al efecto concierten, los terceros contratantes y la empresa para la cual los trabajadores presten o hayan prestado servicios responderán solidariamente de todas las obligaciones emergentes de la relación laboral y de las que se deriven del régimen de la seguridad social. Los trabajadores contratados por empresas de servicios eventuales habilitadas por la autoridad competente para desempeñarse en los términos de los artículos 99 de la presente y 77 a 80 de la ley nacional de empleo, serán considerados en relación de dependencia, con carácter permanente continuo o discontinuo, con dichas empresas (párrafo sustituido por art. 75, L. 24013 - BO: 17/12/1991). Ley 20744, art. 30: Quienes cedan total o parcialmente a otros el establecimiento o explotación habilitado a su nombre, o contraten o subcontraten, cualquiera sea el acto que le dé origen, trabajos o servicios correspondientes a la actividad normal y específica propia del establecimiento, dentro o fuera de su ámbito, deberán exigir a sus contratistas o subcontratistas el adecuado cumplimiento de las normas relativas al trabajo y los organismos de seguridad social. Los cedentes, contratistas o subcontratistas deberán exigir además a sus cesionarios o subcontratistas el número del Código Único de Identificación Laboral de cada uno de los trabajadores que presten servicios y la constancia de pago de las remuneraciones, copia firmada de los comprobantes de pago mensuales al sistema de la seguridad social, una cuenta corriente bancaria de la cual sea titular y una cobertura por riesgos del trabajo. Esta responsabilidad del principal de ejercer el control sobre el cumplimiento de las obligaciones que tienen los cesionarios o subcontratistas respecto de cada uno de los trabajadores que presten servicios, no podrá delegarse en terceros y deberá ser exhibido cada uno de los comprobantes y constancias a pedido del trabajador y/o de la autoridad administrativa. El incumplimiento de alguno de los requisitos hará responsable solidariamente al principal por las obligaciones de los cesionarios, contratistas o subcontratistas respecto del personal que ocuparen en la prestación de dichos trabajos o servicios y que fueren emergentes de la relación laboral incluyendo su extinción y de las obligaciones de la seguridad social". Las disposiciones insertas en este artículo resultan aplicables al régimen de solidaridad específico previsto en el art. 32, L. 22250 (párrafo incorporado por art. 17, L. 25013 - BO: 24/9/1998) CONSULTOR AGROPECUARIO

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incluir los casos de comodato? En todos estos casos, se produce efectivamente la cesión total o parcial del establecimiento. Respecto a la definición de “establecimiento”, la misma no se encuentra en la ley 26727, por lo cual debemos remitirnos entonces a lo establecido en el artículo 6 de la LCT. Se entiende por “establecimiento” la unidad técnica o de ejecución destinada al logro de los fines de la empresa, a través de una o más explotaciones. A su vez, debemos complementar con las definiciones de empresa y explotación. El artículo 5 de la LCT define a la “empresa” como: “la organización instrumental de medios personales, materiales e inmateriales ordenados bajo una dirección para el logro de fines económicos o benéficos”. Generalmente se da el caso de un productor (sea persona física o jurídica) que lleva adelante su “explotación” en un establecimiento. Pero, puede darse el caso de que se realicen distintas explotaciones en distintos establecimientos o una misma explotación en distintos establecimientos. Esa unidad de ejecución puede ser titular o no de las tierras y/o a través de distintas formas de tenencias de las mismas llevar adelante su actividad agraria productiva. Una primera observación es que, para la aplicación de las previsiones de solidaridad en la LCT, siempre se estableció respecto del establecimiento, que este fuera “habilitado” a nombre de quien lo cedió y además lo ha sido ateniéndose a actividades comerciales, industriales y de servicios, a las cuales les son aplicables la LCT, como por ejemplo, cesiones de espacios dentro de súper o hipermercados, playas de estacionamiento o aun dentro de sanatorios o centros de salud. Pero la ley 26727 sale de la precisión de “habilitación a su nombre” dada por la LCT y solo establece que el establecimiento esté “a su nombre”. Un primer razonamiento lleva a entender que no existen habilitaciones en forma genérica que deban tramitarse frente a comunas o municipios para ejercer la actividad agraria. Solo en algunas actividades sí se deberán realizar, ya sea porque efectivamente se realizan en el ejido urbano y/o por cuestiones ambientales donde se requiera algún permiso especial. Pero el legislador ha decidido en principio el cambio de esta precisión. Como muchas veces resulta difícil para el trabajador saber si un establecimiento pertenece a la empresa que lo contrató o no, es que a la hora de entablar una demanda laboral el asesor letrado del trabajador realiza una suerte de litis consorcio pasivo que incluye a quien explota, al dueño del campo o detente alguna tenencia del mismo, sociedades y sus socios. En las producciones agropecuarias, es fácil encontrar varios productores y/o empresas desarrollando actividades en un mismo establecimiento, por ejemplo podríamos encontrar registrados como ganaderos en SENASA a varios productores en un mismo campo. ¿Podrá interpretarse que quien tiene el establecimiento a su nombre y desarrolla su actividad como productor inscripto como tal frente a organismos de contralor impositivo, de seguridad social, o administrativos diversos y decide arrendar parte de él, algunas hectáreas, por una mera cuestión de conveniencia económica o técnica será pasible de ser condenado solidariamente por este mero y objetivo hecho? ¿O simplemente será por el hecho de ser el dueño de la propiedad, cuando no pueda demostrarse por ningún medio quién es quien detenta el establecimiento o explotación?(5) La ley parecería acordar una única dispensa a sus disposiciones en cuanto a solidaridad y que sería lo estipulado en el último párrafo del artículo 12 de la ley 26727 que establece: “No resultará de aplicación el presente artículo a aquellos propietarios que den en arrendamiento tierras de su 5)

Giovannoni, Lidia: “Contrataciones y subcontrataciones. Solidaridad laboral en el agro. A partir de la vigencia de la nueva ley 26727” - X Jornadas Nac. Tributarias, Laborales Previsionales y Agropecuarias” - Rosario 2012CPCESFe - Cám II- CGCER CONSULTOR AGROPECUARIO

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titularidad que no constituyan establecimientos o explotaciones productivas, en los términos del artículo 5 de la presente ley”. Más allá de la confusa redacción, en definitiva pareciera y así interpreto que los únicos propietarios que quedarán indemnes de las acciones de solidaridad serán aquellos que den precisamente en arrendamiento tierras o chacras que no sean explotaciones en sí, sino simples parcelas de tierra. Sin embargo y al no estar reglamentada la cuestión que quizás podría dar más luz al texto, existen otras interpretaciones a lo que ha querido expresar el legislador y algunos doctrinarios han interpretado que lo que se ha hecho es dejar afuera de estas previsiones legales a quienes no desarrollen actividades agrarias en los predios, por ejemplo, desarrollen explotaciones mineras o den en arrendamiento un predio, por ejemplo, para una muestra comercial. Yendo aún mucho más lejos distintos tratadistas han encontrado la posibilidad de que este cortafuego pueda ser considerado inconstitucional, pero por distintos y contrapuestos motivos: - Quien considera que esto “esconde la posibilidad de que algunos propietarios se liberen de responsabilidad. Todo terreno es apto para transformarse en un establecimiento rural, por lo que esta vía de escape carece de sentido. Siendo así, cabe valorar esta posibilidad como inconstitucional por atentar contra el trabajo decente, ya que dificulta a los trabajadores cobrar sus acreencias”.(6) - Quienes desde otro lugar consideran que “...respecto de la figura del ‘arrendatario’ y/o locador, solo este sería responsable de todo lo atinente a la explotación agraria, no el arrendador quien no corre con ningún riesgo de la explotación, no es socio ni está asociado al arrendatario, solo se limita a ceder el uso y goce de predio y a percibir una renta. Agregando que hacerlo hoy solidariamente responsable de las obligaciones laborales y previsionales que tiene el arrendatario con sus trabajadores seria ir contra el amplio principio del derecho de propiedad emergente del artículo 17 de nuestra Carta Magna” con lo que también dejan expuesta su postura de la inconstitucionalidad de la solidaridad pretendida en dicho párrafo.(7) Analizando tanto la norma como las distintas opiniones y análisis doctrinarios, me permito hacer cierta sugerencia, al menos hasta que quede más clara la intención que ha tenido el legislador a través de la reglamentación y de las interpretaciones judiciales que se hagan del mismo. Cuando se redacte un contrato de arrendamiento y se haya decidido que esta es a la figura jurídica adecuada al negocio que se realiza, sea muy claro el articulado en el sentido de encuadrarlo en lo que realmente es, una locación de inmueble -arrendamiento rural- donde hay ajenidad al riesgo empresario por parte del locador-arrendador. Muchas veces vemos contratos donde se permite al arrendador indicar o hasta decidir conjuntamente al arrendatario el tipo de cultivo, formas de rotación o expresas instrucciones sobre el cuidado de suelos mucho más detalladas que lo que sería una mera sugerencia en el marco de los cuidados que se pretenden de cualquier bien que se alquila o arrienda. Y lo que es peor aún, cláusulas de cobro en especie y con precio que será variable, aun con pisos, respecto al producido de la explotación (en kilos de carne, quintales de granos, kilos de fruta, etc.) acercándose más a lo que es el género de la aparcería aunque se lo denomine “contrato de arrendamiento”. También y en lo que respecta a las cesiones y/o transferencias de establecimientos. La doctora Vior analizando el artículo 30 de la LCT y respecto de qué se entiende por habilitación (cuestión que no se menciona en la L. 26727) expresa: “Si bien la norma solo hace una mención tangencial o secundaria de la ‘habilitación’, ese dato formal se ha tomado en cuenta para establecer tanto la existencia de una explotación como también su titularidad o una eventual cesión de esta, por lo 6) 7)

Rodolfo Capón Filas: “Régimen de Trabajo Agrario” - Librería Editora Platense Luis A. Facciano (dir.) - Candela Powell (coord.): “Nuevo Régimen del Trabajo Agrario. Ley 26727 comentada” - Ed. Nova Tesis CONSULTOR AGROPECUARIO

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que como lo advirtió el Grupo de Análisis de criterios liderado por el doctor Ricardo Guilbourg debe considerarse especialmente en el análisis de esta norma”.(8) Remarco que si bien esto no sería aplicable en forma literal y directa, pues la ley 26727 no menciona lo de “habilitación” quizás sirva de referencia para observar la importancia que tratadistas han acordado a esta situación como mera herramienta para llegar a determinar la titularidad de una explotación. No sabemos por ejemplo cómo serán analizadas las inscripciones ante distintos organismos administrativos, por ejemplo, SENASA. Cuando hablamos de solidaridad por cesiones de establecimiento, la nueva norma no trae como sí disponía el anterior ordenamiento, estipulaciones relativas a Transferencias de establecimiento, para lo cual deberemos entonces estar a las disposiciones de la LCT. Y esto es traído al trabajo porque es necesario distinguir y para ello acuerdo plenamente entonces en el análisis que realiza el doctor Hierrezuelo que diferencia: “…lo contenido en la LCT (arts. 225, 226, 227, 229) con las previsiones del artículo 30 de la LCT pues considera que no sería de buena técnica que el legislador haya regulado una misma situación jurídica en dos normas diferentes. Así mientras en el artículo 30 de la LCT se refiere a la cesión total o parcial del establecimiento o de la explotación habilitada a nombre del cedente, los restantes artículos regulan la transferencia del establecimiento y la cesión del personal. En el primer caso se trata de una cesión de derechos sin personal, ya que los trabajadores son provistos por el propio cesionario, sin que el cedente haya en ningún momento revestido el carácter de empleador de estos”.(9) La situación también es preocupante, ya que la ley 26727 no ha sido reglamentada aún, y quizás se ha reservado a este algunas cuestiones, pero lo cierto es que el artículo 12 no contiene las mismas previsiones que la LCT en cuanto a los recaudos a exigir a contratistas en lo que se refiere a documentación laboral de sus empleados, lo cual adiciona más dificultades a la hora de dar cumplimiento a la norma, ya que queda librado a lo que cada asesor recomiende a su cliente. Recordemos que en el año 1998 se complementó la LCT mediante el dictado de la ley 25013 incorporando al artículo 30 de la ley de contrato de trabajo los siguientes párrafos: “Los cedentes, contratistas o subcontratistas deberán exigir además a sus cesionarios o subcontratista el número del código único de identificación laboral de cada uno de los trabajadores que presten servicios y la constancia del pago de las remuneraciones, copia firmada de los comprobantes de pago mensuales al sistema de la seguridad social, una cuenta corriente bancaria de la cual sea titular y una cobertura por riesgo del trabajo. “Esta responsabilidad del principal de ejercer el control sobre el cumplimiento de las obligaciones que tienen los cesionarios o subcontratistas respecto de cada uno de los trabajadores que presten servicios, no podrá delegarse en terceros y deberá ser exhibido cada uno de los comprobantes y constancias a pedido del trabajador y/o de la Autoridad Administrativa. “El incumplimiento de alguno de los requisitos hará responsable solidariamente al principal por las obligaciones de los cesionarios, contratistas o subcontratistas respecto del personal que ocuparen en la prestación de dichos trabajos o servicios y que fueren emergentes de la relación laboral incluyendo su extinción y de las obligaciones, de la seguridad social.” 8) 9)

Grupo de investigación formado por Cerdio, Hernán; Guilbourg; Maza; Rodríguez Fernández; Silva; Solvés y Zoppi: “Análisis de criterios de decisión judicial (art. 30, LCT)”- GAC - Bs. As. - 2004, cit. en García Vior, Andrea: “Ley de contrato de trabajo comentada y concordada” - Ed. Errepar - 2010 - T. 1 - pág. 213 Hierrezuelo, Ricardo D.: “Supuestos atributivos de responsabilidad (art. 30, LCT)” - Colección Temas de Derecho Laboral - Solidaridad laboral en la contratación y subcontratación de servicios. Ed. Errepar noviembre/2008 CONSULTOR AGROPECUARIO

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LIDIA GIOVANNONI

A partir de esta incorporación, se dio un debate doctrinario sobre si la obligación de solicitar la documentación relativa a inscripciones y pagos de los trabajadores como la de pagos a organismos de seguridad social y adecuada cobertura y pago de seguros de riesgo de trabajos era una obligación de medios o de resultados. Luego de años de trabajo jurisprudencial, se ha llegado a entender que, aun cumpliendo esta obligación dados los presupuestos restantes de la ley, se considerará la obligación solidaria. Solo colocará en mejor condición a los empleadores, pues han acotado sus riesgos ante el ejercicio de un control adecuado de la citada documentación, lo cual debemos seguir implementando y perfeccionando. Quizás considero que sea en este entendimiento, que se ha creído innecesario incorporar estas cuestiones a la norma. La ley ha sido muy rigurosa en determinar que no importará bajo qué forma se contrate a terceros, ni bajo qué instrumento se ceda el establecimiento, solamente con que sea en aras del cumplimiento de la actividad principal o accesoria agraria y serán quienes participen de este contrato solidariamente responsables de las obligaciones emergentes de la relación laboral, su extinción y de los pagos debidos de la seguridad social de estos trabajadores. Hasta el 6 de enero de 2012 que entró en vigencia la ley 26727, la ley 22248(10) respecto a solidaridad laboral estipulaba que sería aplicable para aquellos trabajos o servicios que integraran el proceso productivo normal y propio del establecimiento, pero además excluía expresamente de la responsabilidad solidaria respecto de las tareas que habitualmente se realizaban con personal no permanente, cuando el contratista constituía una empresa de servicios y su principal aporte no se limitaba a la organización del equipo de trabajo. Si bien esto fue criticado y abandonado por doctrina y fallos haciendo uso de la solidaridad hacia el principal, fundamentándose en principios generales del derecho y aun en normas y pactos internacionales que nuestra Nación incorporó a partir de la vigencia de la Constitución del año 1994 - “bloque de constitucionalidad”, lo cierto es que la solidaridad que impone la ley 26727 es ya más amplia que la que protege al trabajador de LCT. El artículo 12 de la ley 26727, a través del segundo párrafo, profundizó la responsabilidad al disponer que en el caso de la contratación o subcontratación de “obras, trabajo o servicios correspondientes a la actividad normal y específica propia del establecimiento y dentro de su ámbito, se considerará en todos los casos que la relación de trabajo del personal afectado a tal contratación o subcontratación está constituida con el principal”. Vemos entonces que nace una responsabilidad objetiva del empresario, cuando para el desarrollo de su actividad lícita se vale de otras personas o de celebrar contrataciones con otras empresas. Es el típico caso de quien contrata con un proveedor de servicios pero que este se encuentra inmerso en la estructura del principal o coordinadamente con este, máxime aun cuando utiliza para su desarrollo medios instrumentales de aquel. La ley supone que el empresario contrata con un tercero lo que debía realizarse mediante medios (trabajadores) propios. 10) Art. 9, L. 22248: Quienes contrataren, subcontrataren o cedieren total o parcialmente trabajos o servicios que integraren el proceso productivo normal y propio del establecimiento serán solidariamente responsables con sus contratistas, subcontratistas o cesionarios del cumplimiento de las normas relativas al trabajo y a la seguridad social, por el plazo de duración de los contratos respectivos. No existirá la solidaridad prevista en el párrafo anterior, respecto de las tareas que habitualmente se realizaren con personal no permanente, cuando el contratista constituyese una empresa de servicios y su principal aporte no se limitare a la organización del equipo de trabajo. Para que la solidaridad tenga efecto se deberá demandar previa o conjuntamente a los contratistas, subcontratistas o cesionarios. Reglamentado art. 5, D. 563/1981: Los contratistas, subcontratistas o cesionarios estarán obligados a exhibir al empleador principal los recibos de sueldos y comprobantes del cumplimiento de los aportes correspondientes a la seguridad social referentes a los trabajadores que ocuparen: a) Cuando el empleador lo requiere; b) en oportunidad de la finalización del contrato y previamente a la percepción de la suma total convenida CONSULTOR AGROPECUARIO

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Serán entonces aplicables sus disposiciones sin que tenga que demostrarse ninguna maniobra fraudulenta por parte del empresario agropecuario. Lo grave es que lo coloca en situación de relación directa con el personal que realizare tales trabajos. En derecho esta salvaguarda para el trabajador siempre se entendió aplicable para brindarle protección en los casos de interposición de personas como intermediarios o cuando pudiera demostrarse que se realizó fraudulentamente, pues el contratista no contaba con una organización empresaria propia y se configuraba como contratación de servicios lo que era un contrato de trabajo. Siendo que la ley no brinda objetivamente definición al respecto veremos qué considera la jurisprudencia como actividad normal y específica del establecimiento. La justicia ha venido contemplando el desarrollo de actividades principales sino también las secundarias, en tanto que se encuentren integradas en forma habitual y permanente al establecimiento y sean llevadas a cabo para el logro de sus fines empresariales, más aún si se desarrollan quien las desarrolla lo hace dentro de su ámbito o estructura, si recibe órdenes o es supervisada por el empresario principal. En la doctrina, las posiciones son diversas respecto a qué significa “actividad normal y específica” del establecimiento. Los doctores Grisolía y Sudera resumen que existen dos posturas tanto jurisprudencial como doctrinariamente: - una amplia que entiende que no solamente abarca aquellas que hacen al cumplimiento del objeto de la empresa sino también las complementarias o auxiliares de la principal sin las cuales esta no se podría desarrollar; - una restrictiva que entiende que se debe excluir todas aquellas actividades complementarias a los fines esenciales de la empresa. (11) A su vez, el doctor Etala va más allá y analiza que la actividad “normal y específica” es la que es habitual y permanente dentro de un establecimiento y que está relacionada con la unidad técnica de ejecución para lograr los fines de la empresa tal como reza el artículo 6 de la LCT. Es la referida al proceso normal de producción de bienes o servicios, debiendo en consecuencia, descartarse la actividad accidental, accesoria o concurrente. Sigue analizando que aquello que es “específico” resulta a la vez “normal” en su desenvolvimiento. Inversamente, otras actividades pueden ser “normales” en el establecimiento por su persistencia y reiteración pero no hacen a su “actividad específica”. Finalmente señala que esta cuestión puede revertir importancia en algunas tareas que parecen accesorias respecto del fin específico, pero que se integran en la operación normal del establecimiento, como por ejemplo, las tareas de manutención de maquinarias y equipos”.(12)

GRUPO ECONÓMICO

Art. 13 - Empresas subordinadas o relacionadas. Solidaridad “Siempre que una o más empresas, aunque tuviesen cada una de ellas personalidad jurídica propia, estuviesen bajo la dirección, control o administración de otras, o de tal modo relacionadas que constituyan un grupo económico de cualquier índole, de carácter permanente o transitorio, o para la realización de cualquiera de las actividades previstas en los artículos 5 y 7 de la presente ley, serán, a los fines de las obligaciones contraídas por cada una de ellas con sus trabajadores y con los organismos de seguridad social, solidariamente responsables.”

11) Grisolía, Julio A. y Sudera, José A.: “Leyes de trabajo comentadas” - Ed. David Grinberg - Libros Jurídicos 12) Etala, Carlos A.: “Contrato de trabajo” - Ed. Astrea CONSULTOR AGROPECUARIO

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LIDIA GIOVANNONI

El anterior RNTA no disponía nada con relación a empresas subordinadas o relacionadas o grupo económico como ya disponía la LCT.(13) Nuevamente destacamos que se ha legislado en forma más amplia que la LCT, ya que agrava la solidaridad a las empresas que conformen un grupo económico, pero, sin requerir demostrar la existencia de fraude o conducción temeraria. Si bien la misma ley describe una situación de trabajo conjunto entre empresas relacionándose o unas bajo la dirección o control de otra/s para la realización de actividades agrarias y que de esta relación constituyan un grupo económico no define qué se entendería como grupo económico. El doctor Grisolía interpreta que “…El conjunto económico se presenta en los siguientes casos: a) cuando existe una unidad, un uso común de los medios personales, materiales e inmateriales, b) cuando una empresa está subordinada a otra, de la que depende económicamente directa o indirectamente, c) cuando las decisiones de una empresa están condicionadas a la voluntad de la otra o del grupo a que pertenezca…”.(14) El doctor Américo Pla Rodríguez brinda algunas de las características que presentan los conjuntos económicos: - una unidad de domicilio patrimonial de la empresa; - una similitud y analogía de los giros por concomitancia o sucesividad; - la utilización en común de implementos o medios; - una identidad de organización administrativa o comercial; - una utilización de locales comunes; - identidad en la integración de los directores o mandatarios de las empresas referidas a alguno o algunos de sus miembros; - la imposición de una empresa a otra de condiciones o lugar de comercialización de sus productos o con referencia a sus servicios de manera de crear una situación real.(15) Muchas de las explotaciones agropecuarias se realizan a través de contratos de colaboración o explotación conjunta, pooles de siembra y/o simplemente a través de distintas empresas pertenecientes a una misma familia. Creo que a ello ha apuntado el legislador intentando abarcar aquellas situaciones donde es difícil saber quiénes son los reales empleadores o simplemente permitir al trabajador la posibilidad de cobrar sus acreencias a alguna de las empresas que pueda demostrarse conformen un grupo económico.

13) Ley 20744, art. 31: Empresas subordinadas o relacionadas. Solidaridad. Siempre que una o más empresas, aunque tuviesen cada una de ellas personalidad jurídica propia, estuviesen bajo la dirección, control o administración de otras, o de tal modo relacionadas que constituyan un conjunto económico de carácter permanente, serán a los fines de las obligaciones contraídas por cada una de ellas con sus trabajadores y con los organismos de seguridad social, solidariamente responsables, cuando hayan mediado maniobras fraudulentas o conducción temeraria 14) Grisolía, Julio A.: “Derecho del trabajo y de la seguridad social” - Ed. Abeledo Perrot 15) Cit. en Guadagnoli, Romina: “Conjunto económico. Artículo 31, LCT” - Revista EFT - edición 91- Sección Notas de cátedra Universitaria CONSULTOR AGROPECUARIO

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LÍMITES

Resta analizar a qué trabajadores protege la ley con esta salvaguarda de solidaridad

Tanto doctrina como jurisprudencia vienen siendo coincidentes en lo siguiente: “Para que se torne operativa la solidaridad prevista en el artículo 30 de la LCT debe tratarse de personal específicamente afectado a los trabajos o servicios que hacen a la actividad normal y específica y propia de la principal. No basta con que integre el personal de la empresa contratada porque la responsabilidad prevista en la norma se ciñe al ‘personal ocupado’, en esas labores y no a cualquier otro (como puede ser personal administrativo o técnico de la empresa contratada). Así, la solidaridad del artículo 30 de la LCT no se extiende a todos los empleados y obreros que ingresen a la empresa contratista, sino solo respecto de aquellos cuya labor integre el objeto de la contratación vinculada, es decir aquellos que hayan sido afectados a tareas normales específicas y propias de la empresa principal”.(16) Creo que las mismas conclusiones se llegarán dentro del régimen de trabajo agrario y que tiene una lógica irrefutable de vincular quien ha sido afectado a las actividades de un establecimiento, y no por ejemplo quien hace tareas administrativas para el contratista en su empresa o ha sido asignado para hacer quizás iguales actividades pero en otro predio de distinto propietario o cedente. Finalmente una cuestión que se consulta a menudo es cuál es el límite temporal que la ley considera a esta garantía. En ese caso, coincido en lo que señala el doctor Fernández Madrid: “la solidaridad abarca sólo las obligaciones contraídas durante el lapso de duración de la obra y con motivo de su realización; por lo tanto no se le podrán exigir al empresario principal obligaciones que comprendan períodos ajenos de la contratación respectiva".(17) A esta misma interpretación se llegó en el siguiente fallo, pero remarcándose además la diferencia que se genera cuando se produce fraude: “...En el caso del artículo 30 de la ley de contrato de trabajo existe una limitación temporal: la responsabilidad del empresario principal comprende las obligaciones contraídas durante el plazo de duración de los contratos o al tiempo de su extinción, cualquiera que sea el acto o estipulación que al efecto haya concertado. En cambio, en los casos de fraude, esa limitación no existe, porque el empresario es responsable directo como empleador y responde por todas las obligaciones contraídas en todo momento”.(18) El artículo 12 nada menciona de esto y solo sí lo hace diciendo que “será responsable de las obligaciones emergentes de la relación laboral y de su extinción cualquiera sea el acto o la estipulación que al efecto hayan concertado”. Aquí también veremos que disponen finalmente los jueces, porque también es cierto que se ha resuelto algo muy preocupante por ejemplo para empresarios productores cuando mantienen relaciones habituales con sus contratistas y que podrían dar a casos de demandas con diversos sujetos pasivos. “…Del artículo 699 del Código Civil surge que una obligación es solidaria cuando la totalidad del objeto de ella puede, en virtud del título constitutivo o de una disposición de la ley, ser demandada a cualquiera de los deudores. En la especie, el acto constitutivo de la obligación es la disposición legal mencionada -art. 30, LCT- ‘solidaridad legal’ y uno de los caracteres de este tipo de obligaciones es que ‘cualquier acreedor puede demandar el pago total de la prestación a cualquiera de los deudores’.”(19) 16) 17) 18) 19)

CNTrab. - Sala I - 22/4/2008 - expte. 3326/2005, “Romero, Sergio c/Firme Seguridad SA y otros s/despido” Fernández Madrid, Juan C.: “Tratado práctico” - LL - T. I Autos “González, H. R. c/Ledesma SA y otros s/despido” - CNTrab. - Sala VII - 16/3/2011 Belluscio, César A. (dir.): “Código Civil” - T. 3 - pág. 306


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Desde tal perspectiva, se considera que no podría en esta sede discutirse los límites de su responsabilidad sino que, en todo caso, la codemandada, en caso de tener que ser la que, en definitiva, responda por el crédito de autos, podría exponer sus fundamentos vinculados al alcance temporal de su obligación a través de una acción de regreso contra la empleadora del actor. En definitiva, las defensas expuestas por Dycasa -que resultan razonables en función de que intervino como contratante de la empleadora en los últimos ocho meses de la relación laboral de Scholles- no pueden ser dilucidadas en sede laboral, sino que deben ser expuestas en un proceso posterior autónomo.(20)

A MODO DE RECOMENDACIÓN

Finalmente creo necesario que todo empresario y/o sociedad productora debería como forma de poder acotar riesgos laborales por contrataciones y/o subcontrataciones, entre muchas otras que pudieran implementarse: - Constatar datos tributarios, antecedentes de cumplimiento y solvencia económica de contratistas y/o cesionarios. - Respecto de los trabajadores de estos afectados a la realización de las tareas o servicios en las explotaciones exigir la nómina de los trabajadores actualizada en cada cambio con detalle de CUIL. Sobre estos además se proceda a controlar su encuadramiento y los datos que constan en los recibos de sueldos y Libreta de trabajador rural de corresponder, los pagos de aportes y contribuciones de la seguridad social, así como también a la ART contratada. Verificar esta nómina a través de la página web de AFIP. - Actualizar esta información periódicamente durante los períodos de labores. - Efectuar el control del cumplimiento de normas de prevención de accidentes. - En caso de incumplimientos realizar intimación fehaciente al cumplimiento normativa y su regularización. - Se firmen contratos con cláusula de rescisión por incumplimiento de la normativa laboral y de riesgos del trabajo. - Considerar atrasar voluntariamente el pago de la facturación a los contratistas habituales, o retener una parte de la facturación por una reserva (a modo de garantía). - Incluir dentro del contrato “cláusulas de indemnidad” que permitan al productor salvaguardarse frente a las posibles reclamaciones de los trabajadores de contratistas, subcontratistas y cesionarios. Estas cláusulas convencionales suelen incluirse en contratos comerciales o civiles y funcionan como verdaderas herramientas de acotación de riesgo y resguardo patrimonial. Si bien suelen funcionar como meras cláusulas de “reembolso” entre los empresarios en los casos de demandas laborales, ya que no podrán ser oponibles a los trabajadores por toda la normativa de orden público laboral que lo protege, estas cláusulas podrán incluir además del resarcimiento de los pagos que deban realizarse, los gastos ocasionados y alguna indemnización por daños.

20) “Scholles, Néstor F. c/MEIS SRL y otros s/despido” - CNTrab. - Sala IV - 31/8/2011 CONSULTOR AGROPECUARIO

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SOCIETARIO/CONTRACTUAL

EL CONTRATO

DE MAQUILA

Teresa A. Stafforte Alfredo J. Brunotti

INTRODUCCIÓN

En este tiempo, dada la crisis en la actividad agropecuaria, originada por las malas cosechas ya sea por efectos climáticos del Niño o la Niña y por las enfermedades de fines de ciclo, se origina una disminución en la actividad económica de las distintas zonas del interior de país, que afecta además a los grandes centros industriales.

No debemos dejar de lado que en estos momentos al productor agropecuario -mediano y, especialmente, pequeño- le resulta casi imposible acceder a créditos bancarios, y si lo logra, las altas tasas de interés se devoran la escasa rentabilidad.

Por lo tanto, existen figuras aplicables a la actividad que, analizándolas en profundidad, pueden ser un salvataje. Lo que ocurre es que, desde el punto de vista de nuestra profesión, desconocemos en algunos casos y en otros nos resulta engorroso su encuadre impositivo.

En muchas regiones de nuestro país -para mencionar alguna, hablamos de Entre Ríos-, la pasada cosecha por la sequía, muchos productores no pudieron levantar ni el sorgo ni el maíz por el escaso rendimiento, lo que hacía que la recolección incrementara su pérdida. Se pensó en el picado para animales, pero esto también generaba un costo que se debía pagar al contratista de forrajes.

Fíjense -dijimos- un costo adicional, el cual consistiese en pagar al “contratista” forrajero. ¿No correspondería, en esos casos, asesorar para que sea confeccionado un contrato o un acuerdo de tipo asociativo? El mismo no origina costo, dado que el que procesa recibe parte del producido en donde ese reparto no da origen al hecho imponible, y luego, cada uno vende el producto terminado a un precio con valor agregado. En nuestra zona, ocurrió lo mismo con el maíz pisingallo ¿Qué ocurre si se lo procesa y se obtiene pororó?

En Córdoba, con el maní. ¿Por qué no tratamos de obtener maníes envasados, ya sean pelados o no, con o sin sal o praliné? Podríamos mencionar un sinnúmero de procesos que agregan valor. Es necesario agregar valor aplicando avances tecnológicos, y lograr así también combatir el flagelo del hambre mediante el aumento de empleo. Es preciso también aplicar métodos de explotación, dialogar y debatir ideas, proyectos aplicables a la realidad actual que contribuyan a paliar la crisis del pequeño y mediano productor primario, pilares de las economías regionales, y profundizar en el conocimiento no solo de los protagonistas, sino también de todos aquellos que, de una u otra forma, nos encontramos comprometidos.

¿Por qué no pensar en un contrato de muy antigua data en nuestro país, como es el contrato de maquila (o contrato a maquila)? CONSULTOR AGROPECUARIO

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El Congreso Nacional sancionó la ley 25113 (BO: 21/7/1999), cuyo texto establece el régimen legal para los contratos agro-industriales de maquila. De fundamental importancia reviste, a los efectos del presente trabajo, la conceptualización de contratos agro-industriales. Veamos el artículo primero, cómo conceptúa: Concepto: “Habrá contrato de maquila o de depósito de maquila cuando el productor agropecuario se obligue a suministrar al procesador o industrial materia prima con el derecho de participar, en las proporciones que convengan, sobre el o los productos finales resultantes, los que deberán ser de idénticas calidades a los que el industrial o procesador retengan para sí.”

Características

Es una figura contractual de colaboración empresarial entre productor primario e industrializador, sin estructura formal respetando la autonomía de la voluntad de las partes. Durante el proceso de transformación, el productor mantiene la propiedad de la materia prima y del posterior producto terminado. Destacamos, como expresa el artículo 1 de la ley, que el productor tiene el derecho de participar sobre el producto final en las proporciones acordadas dejando en claro que no se trata de pago de precio por la transformación sino de la distribución sobre los productos resultantes.

En la celebración de estos contratos, es esencial dejar aclarados los nombres y domicilios de las partes, cantidad de materia prima contratada, lugar de procesamiento, lugar de depósito de lo producido que corresponda al productor, facultades de control a favor del productor, fecha y lugar de entrega del producto elaborado.

Es una modalidad habitual para productores de la caña de azúcar, la vid, lana, algodón, aceitunas, girasol o maíz en aceite, trigo o soja en harinas, carnes vacunas, porcinas y caballares en conserva. Es decir, el marco legal, en general, ha respetado racionalmente el principio de autonomía de la voluntad contractual.

El estudio de los antecedentes de la figura conocidos hasta la sanción de la ley 25113 nos permitió proponer como definición que habrá contrato de elaboración por el sistema de maquila cuando una de las partes, denominada empresario, se comprometa a elaborar, conservar y mantener en depósito, el producto obtenido con la materia prima entregada por la otra parte, denominada productor. Y esta se obligue a pagar, como contraprestación, una porción del producto industrializado o su equivalente en dinero(1). A nuestro criterio, no se trata de un depósito, sino de un contrato de colaboración mutua donde las partes intervinientes hacen, de la existencia del contrato y sus partes, factores indispensables, atento a que el productor primario es el obtentor de la materia prima, y el industrial posee la obligación de industrializarla. El propósito principal de las partes está direccionado a la industrialización del fruto primario que entrega el productor agropecuario, y no al depósito sobreviniente.

1)

Alferillo, Pascual E.: “Contrato de elaboración por el sistema de maquila - Vino - Caña de azúcar” - Ediciones Jurídicas Cuyo - Mendoza - 1994 - pág. 212; “Contrato de Maquila - Determinación e individualización del vino depositado en los establecimientos del elaborador. Consecuencias Jurídicas”, “Derecho de San Juan” - febreromarzo/1981 - Año I - N° 1 - pág. 19 CONSULTOR AGROPECUARIO

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EL CONTRATO DE MAQUILA

Particularmente, cabría destacar que, cuando se establece que el productor agropecuario es quien se obliga a suministrar al procesador o industrial la materia prima, tiene “...el derecho de participar, en las proporciones que convengan, sobre el o los productos finales resultantes...”. Es de fundamental importancia mencionar que el productor primario agropecuario paga la transformación del artículo agropecuario no con dinero, sino con la entrega de parte del producto final obtenido. “Manteniendo en consecuencia el productor agropecuario durante todo el proceso de transformación la propiedad sobre la materia prima y luego sobre la porción de producto final que le corresponde...”.

Los caracteres del contrato de maquila regulado por la ley 25113, son que el mismo es bilateral, oneroso, mixto, consensual, típico, formal y agropecuario.

ENCUADRE JURÍDICO

Después de lo expresado en el punto precedente -que no es más que un resumen del texto legal-, deberíamos aclarar ciertos conceptos.

Locación

“Habrá locación, cuando las partes se obliguen recíprocamente, la una a conceder el uso y goce de una cosa, o a ejecutar una obra, o prestar un servicio; y la otra a pagar por este uso, goce, obra o servicio un precio determinado en dinero.”

En este contrato bajo análisis, falta uno de los requisitos fundamentales que es el precio determinado o determinable en dinero.

Dación en pago

“Cuando las cosas se entregan en pago de lo que se debe, el acto tendrá los mismos efectos que la compra y venta, aunque la dación en pago parece tener una completa analogía con la venta, cuando la cosa se da en pago de una deuda de una suma de dinero; adeudada se diferencia en el fin, pues el que da la cosa trata solo de su liberación y no la entrega como vendedor.”

Consideramos que la entrega de los bienes que hace el productor por la transformación de los mismos por parte del industrial no es dación en pago, porque la obligación de entrega de los bienes surge de una convención de partes realizada por escrito, y no como consecuencia de que el productor no haya podido cumplir con su obligación y, a los efectos de extinguir la deuda, entregue frutos.

Permuta

“El contrato de trueque o permutación tendrá lugar, cuando uno de los contratantes se obligue transferir a otro la propiedad de una cosa, con tal de que este le dé la propiedad de la otra cosa. Para la permutación es necesaria la transmisión de la propiedad de un cuerpo cierto. La convención por la cual las partes se prometiesen el uso de una cosa por el uso de otra, o servicios por otros servicios, no constituirían un cambio.”

Según el artículo 1485 del Código Civil, el contrato de trueque o permutación tendrá lugar cuando uno de los contratantes se obligue a transferir a otro la propiedad de una cosa, con tal que este le dé la propiedad de otra cosa. Autores como Zabalia dicen que para la permutación es necesaria la transmisión de la propiedad de un cuerpo cierto. La convención por la cual las partes se prometiesen el uso de una cosa por el uso de otra, o servicios por otros servicios, no constituirán un cambio.


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Por lo tanto, consideramos que no es permuta, porque no entrega un bien en propiedad a cambio de otro en propiedad.

Según el artículo 1, segundo párrafo, establece que el productor agropecuario mantiene en todo el proceso de transformación la propiedad sobre la materia prima y luego sobre la porción de producto final que le corresponde.

Mutuo

“Habrá mutuo o empréstito de consumo cuando una parte entrega a otra una cantidad de cosas y esta última está autorizada a consumir, devolviéndole en el tiempo convenido igual cantidad de cosas de la misma especie y calidad.

“La cosa que se entrega por el mutuante al mutuario debe ser consumible, o fungible aunque no sea consumible.

“No se trata de mutuo, dado que lo que se devuelve no es igual cantidad de cosas de la misma especie y calidad de la recibida con derecho a consumir, sino que lo que se recibe es una parte del producto final obtenido.”

Pago en especie

Ocurre cuando al contratarse se pacta cancelar la obligación mediante la entrega de una cantidad determinada de productos primarios al finalizarse la locación.

En este caso, lo que se entrega es una determinada cantidad de productos elaborados según lo convenido entre las partes. También se pueden distribuir los desechos provenientes de la transformación. Por consiguiente, no se trata de un pago en especie.

Canje

Procede cuando se pacta el pago de un servicio prestado durante el ciclo agrícola mediante la entrega de una cantidad cierta de producto a cosecha.

No se trata de una operación de canje. Entendemos que, para que se genere el hecho imponible, debe perfeccionarse la compraventa, y en este sentido, el artículo 1323 del Código Civil determina: “Habrá compra y venta cuando una de las partes se obligue a transferir a la otra la propiedad de una cosa, y esta se obligue a recibirla y a pagar por ella un precio cierto en dinero”. En este caso, no existe uno de los requisitos fundamentales que es el de pagar un precio cierto en dinero.

Contratos de agrupación empresaria (ACE)

Se celebra cuando cooperativas, empresarios individuales y/o sociedades se unen con el fin de facilitar, desarrollar, perfeccionar o incrementar determinadas fases de la actividad empresaria de sus miembros, siendo los resultados aquellos generados por la agrupación que deben atribuirse a cada miembro.

Consideramos que no encuadra en la figura de la ACE, dado que el contrato analizado no posee una organización común, con la finalidad de facilitar o desarrollar determinadas fases de la actividad empresarial.

Unión transitoria de empresas (UTE)

Empresarios individuales y/o sociedades que tienen como objetivo la realización de un suministro concreto para terceros, un servicio o una obra que no tienen un plazo determinado, sino la duración que demande la realización del objeto, no teniendo resultados propios, sino los generados por la unión.


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En este caso, lo que hace el productor es convenir con el procesador o industrial la realización de la transformación, participando con un porcentaje del producido. No existe la intención de reunirse para el desarrollo ni ejecución de una obra, ni la prestación de un servicio en común, ni un suministro concreto. Por lo que interpretamos que el contrato analizado no encuadraría en la tipología de unión transitoria de empresas.

Compraventa

El artículo 1323 del Código Civil señala: “habrá compra y venta cuando una de las partes se obligue a transferir a la otra la propiedad de una cosa, y esta se obligue a recibirla y a pagar por ella un precio cierto en dinero”.

Consideramos que no, dado que se está realizando una partición de la producción obtenida, pudiendo considerarse que el industrializador y el productor agropecuario son, en definitiva, coproductores.

OBJETO DEL CONTRATO DE MAQUILA

-

-

El objeto del contrato, de acuerdo con lo establecido en el artículo primero de la ley 25113:

La transformación, por parte del industrial o procesador, de la materia prima de origen agrícola o pecuaria en un producto final que deberá tener las mismas características y calidades a las que el industrial o procesador retenga para sí.

Observamos que la ley no acota los procesos de industrialización que se pueden acordar entre las partes.

Como característica sobresaliente, hemos de dejar expresamente establecido que todo producto del agro o ganadero susceptible de ser transformado puede ser objeto de una contratación de maquila.

Ejemplos: se podrá convenir la transformación de: lanas, algodón o lino en telas; aceitunas, girasol o maíz en aceites; trigo o soja en harinas; soja en pellets, aceites, harinas para consumo humano, aceites para consumo humano, etc. O, las carnes vacunas, porcinas o caballares en conservas, hamburguesas, procesos para atención de mercados internacionales, etc.

Partes intervinientes

El régimen legal coloca en un extremo de la relación jurídica al productor primario o agropecuario. Es decir, al sujeto que obtiene, con sus labores, de la naturaleza y a través del ciclo biológico, recursos vivos, animales y vegetales para la alimentación o para su transformación por las industrias usuarias(2). Consideramos a prima facie que se refiere a personas físicas y jurídicas que el objeto básico sea la producción primaria. La obligación de ese productor primario es suministrar al industrial la materia prima en condiciones óptimas de ser procesada, en lugar y fecha pactado. Cuando se haya omitido su determinación, se efectuará en el lugar de pesada más próximo al establecimiento del productor primario.(3)

2)

3)

Catalano, Edmundo F.; Brunella, María E.; García Díaz (h), Carlos J.; Lucero, Luis E.: “Lecciones de derecho agrario y de los recursos naturales” - Ed. Zavalía - Buenos Aires - 1998 - pág. 8 Alferillo, Pascual E.: “Contrato de elaboración por el sistema de maquila - Vino - Caña de azúcar” - Ediciones Jurídicas Cuyo - Mendoza - 1994 - pág. 213 CONSULTOR AGROPECUARIO

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El industrial con el producto primario procederá a la elaboración de un producto final. La ley 25113 nada especifica en cuanto al modo como se debe entregar la materia prima. Pero recordemos que, desde el punto de vista agropecuario, deberá hacerse entrega con la respectiva carta de porte, y CTG, en el caso de cereales, guía ganadera y DTA en el caso de producción pecuaria y cada uno de los productos deberá respetar la legislación impositiva vigente a los efectos de transporte y entrega de producción primaria.

Además: “...los contratos establecerán sistemas y procedimientos de control del procesamiento del producto, que podrá ejercer el productor agropecuario contratante, que le permitirán verificar las calidades y cantidades de lo pactado y lo entregado al finalizar el contrato, y asimismo las condiciones de procesamiento y rendimiento de la materia prima conforme pautas objetivas de manufacturación durante su realización...”.

El hecho de que el productor primario deberá ejercer el control del proceso de industrialización constituye un requisito fundamental y esencial para que el contrato sea tipificado como de maquila agropecuaria y tenga sus beneficios.

Pero es de fundamental importancia el espíritu del legislador en la mencionada cláusula: cual es tender a mantener el equilibrio contractual de las partes durante el proceso de transformación del producto, ya que el industrial mantiene bajo su esfera de control el proceso de transformación de una cosa ajena que es el momento donde se puede tergiversar algún parámetro en la elaboración en perjuicio del agricultor o ganadero. En el otro extremo de la relación de maquila, se ubica el procesador o industrial; es decir, el sujeto individual o empresa que tiene la capacidad técnica suficiente y apta para transformar el producto primario en un bien elaborado con valor agregado.

Recordemos que, desde la época de Adam Smith, se sabe que todos los sectores de la economía agregan valor, algunos más y otros menos. Todos los sectores están interrelacionados en mayor o menor medida, y todos se necesitan mutuamente. Podríamos agregar que más aún en el sector agropecuario, el agregado de valor ha de convertirse en una rentabilidad adicional, y el contrato de maquila viene a canalizar parte de esta inquietud sectorial.

La obligación principal que asume el industrial es la de transformar la materia prima que le suministra el productor agropecuario en un producto final de idéntica calidad a los que retenga para sí. Las partes deberán especificar al celebrar el contrato cuál es el producto final que se pretende, identificando adecuadamente sus características. Ello es así, por cuanto la parte in fine del artículo 4 de la ley 25113 únicamente regula que “...los contratos establecerán ... las condiciones de procesamiento y rendimiento de la materia prima conforme pautas objetivas de manufacturación durante su realización... ”.

Tratamiento impositivo

En estos tipos de contratos, cada una de las partes mantiene su individualidad en los distintos procesos de transformación, control y distribución del producido. En el último párrafo del artículo 1 de la ley 25113, se establece que en ningún caso esta relación constituirá actividad o hecho económico imponible. Es entonces al momento de la venta de los productos asignados cuando se configura el hecho imponible generador del IVA. Cada uno será contribuyente en forma separada y según su condición de inscripto como responsable o monotributista.

Con relación al impuesto a las ganancias, también tributan en forma separada, debiéndose tratar como renta de tercera categoría.


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La AFIP se expidió respecto a este tipo de contratos, en la nota externa 4/1998, concluyendo lo siguiente:

a) Siendo el contrato llamado de depósito y maquila un contrato atípico de carácter asociativo en donde el productor cañero aporta materia prima y el ingenio la elaboración del azúcar y otros derivados, los que luego son atribuidos en función de porcentajes preestablecidos, es al momento de la venta de la mercadería que resulta de su propiedad, como consecuencia de la atribución señalada, cuando se configurará el hecho imponible previsto en el inciso a) del artículo 1 de la ley del impuesto al valor agregado, texto ordenado en 1997.

b) Ello no empece a que -habida cuenta de la desregulación del sector- los cañeros e ingenios adopten otras formas contractuales con efectos jurídicos y económicos distintos, pactando la existencia de una “locación de obra” por un lado y una “dación en pago” por otro, circunstancia esta que amerita un tratamiento tributario en consonancia con el perfeccionamiento de ambos hechos imponibles. En esta norma, el Organismo manifiesta expresamente que debemos considerar a dicha figura a pesar de sus peculiares características, como un contrato asociativo de naturaleza parciaria.


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En el mismo, cada parte mantiene: 1. su individualidad jurídica;

2. la propiedad de sus bienes;

3. no se confunden los patrimonios;

4. adquieren derechos y obligaciones en forma individual.

En definitiva, el tratamiento en el IVA aplicable a los contratos asociativos, como es el de maquila, sería el siguiente: -

-

El hecho imponible solo se verificará para las partes intervinientes, cuando cada una de las mismas enajene el producto obtenido a un tercero. El nacimiento del hecho imponible se producirá tanto para el productor como para el industrial con la entrega de los productos a los terceros compradores.

ANTECEDENTES JURISPRUDENCIALES Dictamen (DAT) 20/1996(4)

Al respecto, el dictamen expresa que la ley de IVA establece con claridad como requisito para el cómputo del crédito “que el impuesto se hubiere facturado y discriminado … hará presumir, sin admitir prueba en contrario, la falta de pago del impuesto, por lo que el comprador, locatario o prestatario no tendrá derecho al crédito a que hace mención el artículo 11”.

Finalmente, concluye que “la existencia de operaciones no respaldadas por comprobantes en dos etapas de circulación económica o más, no constituye, aun cuando se verifique la neutralidad indicada, una cuestión que pueda resolverse invocando la realidad económica toda vez que al actuar el ingenio y los cañeros de la manera descripta, la consecuencia inmediata es que se facilita la evasión del tributo que nos ocupa con incidencia en el que grava las ganancias”.

Dictamen 70/2002(5)

En este dictamen, el Fisco reconoce que en los contratos de maquila no existe incidencia del IVA, receptando lo dispuesto por la ley 25113. Sin embargo, diferencia el tratamiento que cabría a los contratos de locación de obra, los que están alcanzados por lo dispuesto por el inciso c) del artículo 3 de la ley del gravamen. El dictamen concluye lo siguiente:

“De lo expuesto, se concluye que las prestaciones originadas en los contratos de maquila comprendidos en el artículo 1 de la ley 25113 mediante el cual una parte se obliga a suministrar la materia prima y la otra a elaborarla, participando ambas en proporciones, del producto elaborado resultante, no constituyen hechos imponibles en el IVA; siendo al momento de la venta que cada parte realice, de las proporciones del producto elaborado que le fuere asignado de acuerdo con el contrato, cuando se configurará el hecho imponible previsto en el inciso a) del artículo 1 de la ley del impuesto al valor agregado.

4) 5)

Boletín de la Dirección General Impositiva 514 - pág. 1711 Boletín Impositivo N° 67 - pág. 324 CONSULTOR AGROPECUARIO

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Fallos

“Sin embargo, si las partes acordaren en su lugar, la elaboración de una cosa mueble por encargo de un tercero con aporte de materia prima, pagadera con la entrega de una parte del producto solicitado, tales prestaciones -la locación de obra y la dación en pago- se encuentran alcanzadas por el impuesto, respectivamente, por el inciso c) del artículo 3 y el inciso a) del artículo 1 de la ley del impuesto al valor agregado.”

En el fallo “Consignaciones Rurales Santafesur SA”(6) se trató el caso de un productor agropecuario que entrega animales a un frigorífico. Este último realiza la faena del animal y obtiene la carne que entrega al productor, quedándose con las menudencias. Como se aprecia, se trata de una operatoria que podría encuadrar como contrato de maquila.

Sin embargo, el Tribunal Fiscal llega a la conclusión de que el servicio prestado por el frigorífico al productor agropecuario es un servicio a título oneroso, y que existe dación en pago para el productor.

La dación en pago está expresamente mencionada en el artículo 2, inciso a), de la ley del gravamen. Recordamos que tal norma establece cuáles son las transferencias de cosas mueble que se consideran ventas a los fines del gravamen.

Según el pronunciamiento mencionado, en el momento en que el frigorífico entrega el producto encargado y retiene la parte convenida, se perfeccionaría para ambas partes el débito fiscal. La base imponible para ambas partes sería de igual cuantía.

Un caso parecido se trata en el fallo “Quiles Hermanos SCC”(7), donde si bien el fallo es en el mismo sentido, es destacable el voto en minoría del doctor Castro, que sostiene que no existe dación en pago al señalar lo siguiente: “no correspondiendo, por ello, tipificar como dación en pago a una operación como la que se pretende gravar en autos, en la que la entrega de los bienes (subproductos), aparece como convenida de antemano entre el que, en dicha operación, resultará acreedor de la relación (prestador del servicio de faena) y el deudor (usuario del servicio), dado que para que el instituto quede configurado, debería originariamente haberse comprometido la cancelación de la obligación mediante dinero y luego concretarla a través del cual algún bien en sustitución de aquel, no siendo dicho bien el que se debía inicialmente, apareciendo, por tanto, como un medio anormal de cumplimiento de las obligaciones, tendiente simplemente a la liberación del deudor”.

Nuestra opinión

Profundizar y aportar ideas desde el ámbito académico a los efectos de lograr una modificación de la legislación agraria dejando de lado las disposiciones legales anteriores y redactar una ley abarcativa, profunda, con conocimiento, teniendo en cuenta la realidad de nuestros productores y de nuestro interior.

Propuestas

El contrato de maquila es un instrumento que, de utilizarse, sería muy importante para cualquier productor primario, en virtud de que no existe transferencia de la materia prima.

6) 7)

“Consignaciones Rurales Santafesur SA” - TFN - Sala B - 4/11/2003 - Lexco Fiscal “Quiles Hnos. SCC” - TFN - Sala B - 6/11/2003 - Lexco Fiscal CONSULTOR AGROPECUARIO

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Debemos considerar las consecuencias que ello implica, dado que no son aplicables las retenciones establecidas en el impuesto al valor agregado e impuesto a las ganancias, cuando se entrega la materia prima para su elaboración y obtener el producto industrializado.

Habrá que detenernos un momento, en analizar y profundizar los distintas figuras asociativas a las que pueden acceder nuestros productores, con la finalidad de paliar la crisis y sobrevivir a los inconvenientes que se les presentan por no contar con una política a largo plazo sustentable.

Tenemos que fomentar la capacitación de los asesores y realizar intercambios profundos entre los distintos protagonistas, contadores, abogados, ingenieros agrónomos, para logar un despegue sustentable, no solo desde el punto de vista económico social y ambiental, sino también jurídico y especialmente impositivo.

Debemos lograr la intervención de personas idóneas no solo en conocimientos jurídicos e impositivos teóricos, sino especialmente en la vida real cotidiana.

BIBLIOGRAFÍA

- Brunotti; Delrío; Selva y Stafforte: “Maquila. Herramienta para el fomento de las economías regionales” - XIII Jornadas Nacionales de la Empresa Agropecuaria - Tandil - 2009.


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REGISTROS, FACTURACIÓN Y CONTROLES

¿QUÉ INFORMAN LOS ACOPIOS DEL PRODUCTOR AGROPECUARIO?

Ariel G. Perisset

REGÍMENES DE INFORMACIÓN MÁS RELEVANTES QUE SUMINISTRAN LOS ACOPIOS AL FISCO,

DESDE EL ARRIBO DEL CEREAL A LA PLANTA HASTA SU POSTERIOR COMERCIALIZACIÓN

En nuestra profesión, ya estamos acostumbrados a que todos los sectores de la economía de nuestro país se encuentren inmersos en una infinidad de regímenes de información dirigidos hacia el Fisco con el objetivo de conocer la mayor cantidad de datos posible a los efectos de poder controlar en forma cruzada a los contribuyentes.

En estos últimos años, el sector agropecuario pasó de no informar prácticamente nada a informar todo. El productor por su lado ha incrementado, en su contabilidad diaria, regímenes de información de todo tipo, sumándose como agente de información al resto de los sectores de la cadena comercial.

Por tal motivo, el objetivo de este trabajo es dar a conocer la información que la AFIP recibe en plazos prácticamente online por parte de uno de los integrantes de la cadena comercial (los acopiadores), desde el momento que los granos entran a la planta y durante la generación de los formularios respectivos que obliga la normativa vigente desde el depósito hasta su comercialización.

En síntesis, podemos resumir tres instancias principales en el acopio, donde fluyen hacia el Fisco prácticamente toda la información sobre el productor y su producción. Las etapas son:


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ARIEL G. PERISSET

1. DECLARACIÓN JURADA INFORMATIVA DIARIA

Mediante la resolución general 3339/2012, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) publicada en el Boletín Oficial el 30/5/2012, con vigencia a partir del 1/6/2012, se aprueba el programa aplicativo dentro del SIAP, la versión 4.0 del “AFIP-DGI - Movimiento de granos” que genera el formulario de declaración jurada 181.

Este aplicativo permite suministrar toda la información prevista en la norma conjunta resolución general (AFIP) 2324 y resolución (ONCCA) 4956 y sus modificatorias, estableciendo en su artículo 3, que los acopiadores y demás sujetos establecidos en dicho artículo se encuentran obligados a informar los formularios C1116A, C1116B, C1116C y C1116RT, utilizados, anulados, extraviados y/o vencidos, según corresponda.

Desde el momento en que el cereal arriba a la planta, el acopio deberá informar, de acuerdo con lo que establece el artículo 10 de la RG 2324, en su inciso b), todos los formularios de Carta de Porte recibidos diariamente dentro de los plazos que además varían de acuerdo con la capacidad del acopio:

1. Operadores cuya capacidad total de almacenaje no supere las veinte mil (20.000) toneladas, hasta la hora veinticuatro (24) del tercer día hábil administrativo inmediato siguiente.

2. Operadores cuya capacidad total de almacenaje supere las veinte mil (20.000) toneladas, hasta la hora veinticuatro (24) del día hábil administrativo inmediato siguiente.

3. Restantes operadores: hasta la hora veinticuatro (24) del día hábil administrativo inmediato siguiente.

Se deberá presentar un archivo vía web con clave fiscal por cada día calendario tanto respecto de días hábiles como inhábiles. La información que contiene el archivo que compuesta principalmente de: - Número de Carta de Porte - Número de CEE - Número de CTG - Fecha de carga - CUIT del titular de la Carta de Porte - CUIT del destinatario - CUIT del establecimiento destino - CUIT del transportista - CUIL del chofer/conductor - Cosecha

se le envía al Fisco en esta etapa inicial está - Código de especie - Tipo de grano - Peso neto de carga - Km a recorrer - Patente del camión - Patente del acoplado - Tarifa por tonelada - Fecha de descarga - Peso neto de descarga - Flete – Tarifa de referencia

2. DECLARACIÓN JURADA INFORMATIVA SEMANAL

En esta etapa, utilizando el aplicativo antes mencionado, semanalmente se deberá informar además todos los formularios vinculados directamente con el origen del cereal que arribó a la planta: a) Formulario C1116A (Certificado de Depósito Intransferible) b) Formulario C1116B o C1116C (Liquidaciones de Cereales) c) Formulario C1116RT (utilizados para retiros y/o transferencias de cereales)

En todos los casos, los que fueron confeccionados, los anulados, los extraviados y/o vencidos, durante el período comprendido entre el día sábado de la semana calendario y el día viernes de la semana calendario inmediata posterior: desde la hora cero (0) del sábado inmediato siguiente CONSULTOR AGROPECUARIO

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hasta la hora veinticuatro (24) del día lunes inmediato siguiente o, cuando el mismo sea inhábil, hasta la hora veinticuatro (24) del día hábil administrativo inmediato siguiente. La información que contiene el archivo que se le envía al Fisco en esta etapa está compuesta principalmente de: a) Formularios 1116 A: se informa principalmente lo siguiente: - Número de certificado de depósito - CUIT del productor - Código de especie - Cosecha - Almacenaje días libres - Tarifa de almacenaje cada 100 kilos - Gastos generales - Tarifa de zarandeo - Tarifa de secada - Tarifa otros - Partido de origen del cereal - Partido de entrega del cereal - Grado del cereal (calidad) - Peso bruto en kilogramos - Merma por volátil - Merma por zarandeo - Merma por secada - Peso neto en kilogramos - Fecha cierre - Importe de IVA de los servicios - Total de los servicios - Número de Cartas de Porte incluidas

b) Formularios 1116C/B: se informa principalmente lo siguiente: - Número de certificado 1116 - Código de especie - CUIT del productor - Razón social del productor - Importe retención de IVA - Peso neto en kilogramos - Importe bruto - Fecha de cierre - Código de localidad del productor - Código de Partido del productor - CUIT del corredor interviniente

c) Formularios 1116RT: Se informa principalmente lo siguiente: - Número de formulario 1116RT - Número de formulario 1116A - Fecha de la transferencia - Código de especie - Código de tipo de grano - Kilogramos de transferencia CONSULTOR AGROPECUARIO

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ARIEL G. PERISSET

-

CUIT del depositante CUIT del receptor Situación ante el IVA del receptor Kilogramos de retiro Fecha de retiro Número de Carta de Porte del retiro Kilogramos del retiro Si el retiro genera un nuevo 1116A en otro planta: SÍ o NO En caso de Sí: número de ONCCA y CUIT del receptor

3. REGISTRACIÓN DE LAS OPERACIONES DE GRANOS (1116C O 1116B)

Como última etapa, nos encontramos en la Registración de las operaciones, reguladas a través de la resolución general 2596, y sus modificatorias, estableciendo la obligatoriedad en su artículo 2, que la registración de los contratos deberá ser solicitada por alguno de los sujetos intervinientes en la operación. Pero a partir de la publicación en el Boletín Oficial de la RG 3100, en la cual modifica algunos artículos del RG 2300, la AFIP prácticamente obligó por necesidad, a que lo acopiadores registren todas las operaciones, porque de lo contrario los condiciona con la posibilidad de compensar con saldo de libre disponibilidad que poseen en sus respectivas DDJJ de IVA, las retenciones efectuadas a los productores que no registren sus operaciones (1116B/1116 C) sumados también a aquellos que no se encuentren inscriptos en el registro fiscal de operadores de granos provocando el rechazo de dicha registración, que para el caso de operaciones primarias, la procedencia de la registración (aprobadas o rechazadas) se basa conforme a la capacidad de producción del vendedor donde podrá determinarse según parámetros objetivos, basados en las existencias stock y/o las superficies agrícolas declaradas (cumplir con todos los anexos de RG 2750).


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El plazo para efectuar la registración de las operaciones es hasta la hora cero (0) del octavo día inmediato siguiente a la fecha de emisión del documento a registrar. Dicho plazo no podrá exceder, en ningún caso, del día siete (7) del mes calendario inmediato siguiente al de la aludida fecha de emisión, párrafo incorporado por el artículo 1 de la RG 3162/2011. Los acopiadores ante las registraciones rechazadas pueden volver a presentar la registración las veces que fueren necesarias hasta tanto el productor solucione en agencia las inconsistencias detectadas. El plazo que posee el productor como fecha límite es hasta el momento que el acopio presente la DDJJ de SICORE. En esta oportunidad, ante toda registración rechazada, el acopiador deberá ingresar dichas retenciones en efectivo a través del programa aplicativo SICORE, sin la posibilidad de compensar las mismas. El procedimiento completo de registración se realiza en dos etapas y se efectuará una presentación separada por cada vendedor a través de los siguientes pasos: 1. A través de transferencia electrónica de datos de acuerdo con lo dispuesto en la resolución general 1345, sus modificatorias y complementarias, a través del programa aplicativo denominado “Registración operaciones de granos - F1116 - Versión 2.0” se informan dichas operaciones para su registración. En este paso, se genera la DDJJ Formulario 149.

2. Una vez realizada la presentación del punto anterior, el acopio deberá ingresar dentro del día inmediato siguiente, la misma al servicio “Registro Fiscal de Operadores de Granos - Registración de operaciones”, opción “Registración de operaciones 1116” del citado sitio web, a efectos de verificar el ingreso de la información generada mediante el programa aplicativo señalado en el punto 1. De comprobarse errores, inconsistencias, utilización de un programa distinto del provisto o archivos defectuosos, la presentación efectuada del servicio será rechazada automáticamente por el sistema, generándose una constancia de tal situación.

Como pudimos apreciar en el presente trabajo, el órgano fiscalizador cuenta con una inmensidad de datos de los productores agropecuarios que le permiten detectar inconsistencias propias del sector, como por ejemplo: producción granaria, valores de ventas de los granos, existencias de stock, ingresos de los productores monotributistas para ver su categorización y hasta su exclusión del régimen, controlar las transferencias entre productores si cumplen con toda la normativa vigente al respecto, etc. Bajo este enfoque, a los que asesoramos a productores agropecuarios, poder conocer la información que le llega al Fisco desde otro integrante de la cadena comercial, nos ayudará a afianzar nuestra tarea de prevención y saber cómo estamos siendo controlados.


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LOS REGISTROS RUOCA Y ROSA

Marcelo Maroevich Guillermo Paz Gabriel Díaz

“Únete a RUOCA y ROSA para conectar con operadores amigos, compartir estadísticas y crear tu matrícula”

En el presente artículo intentaremos repasar la evolución de la normativa que regula las “formalidades” del Comercio de Granos, en cuanto a matriculación de actividades. Abordaremos la inscripción en los siguientes registros: RUOCA y ROSA.

1. HACIENDO HISTORIA

Para encontrar las primeras normas que reglamentaron el comercio de granos e instrumentaron la creación de un Registro de operadores, debemos remontarnos a la sanción del DL 6698 en el año 1963 bajo la presidencia de José M. Guido. En el artículo 23 del Capítulo VI dedicado al Control del Comercio de Granos de la también conocida ley orgánica de la ex Junta Nacional de Granos se estableció que “toda persona, física o jurídica, para actuar en el comercio interno o externo de granos del país, deberá inscribirse en un registro que llevará la Junta Nacional de Granos”. Sin este requisito, no podrá realizar transacciones. Incluso en las bolsas y mercados, no podrán las autoridades aduaneras expedir a los exportadores el permiso de embarque correspondiente.

Creación de la ONCCA

Muchos años después, el 27/11/1996, con la publicación del decreto (PEN) 1343/1996 se creaba la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA) como Organismo desconcentrado de la Secretaría de Agricultura, Pesca y Alimentación del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos.

Posteriormente, la resolución (SAGPyA) 554/1999 estableció que el registro de matriculados creado por el decreto ley 6698/1963, dependerá de la ONCCA y en el mismo debían inscribirse todas las personas físicas y jurídicas que intervengan en la comercialización, industrialización, acondicionamiento, almacenamiento, fraccionamiento, procesamiento e intermediación -interna y externa- de cereales, oleaginosas, legumbres y subproductos, previo cumplimiento de una serie de condiciones y requisitos que se describían, tanto para obtener la inscripción como para mantenerla. La falta de inscripción impedía todo tipo de transacción incluyendo bolsas y mercados, no pudiendo asimismo las autoridades aduaneras expedir a los exportadores o importadores el permiso de embarque o descarga pertinente. En el año 2001, con el decreto 1405/2001 se creó el Registro de Industrias y Operadores de la Molienda de Trigo, este registro obligó a inscribirse a todas las plantas industriales y los operadores industriales que utilizaran las mismas para la molienda de trigo propia o de terceros, bajo las figuras de molino de harina de trigo, usuario de molienda de trigo y depósito y/o mayorista de harina. CONSULTOR AGROPECUARIO

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MARCELO MAROEVICH - GUILLERMO PAZ - GABRIEL DÍAZ

La resolución (ONCCA) 7/2007 crea el “Registro de Operadores del Comercio de Granos”, en ella se redefine qué actividades y tipos de establecimientos debían contar con dicha matriculación, describiendo los requisitos y condiciones necesarios a tal fin.

Un año después se publica la resolución 7953/2008 que establece la creación del Registro Único de Operadores de la Cadena Comercial Agropecuaria Alimentaria, quedando obligados a inscribirse todos los operadores de los mercados de lácteos, granos, ganados y carnes y aves. Esta resolución contemplaba informatización del trámite de inscripción (ver Comienzo de las inscripciones por medios informáticos).

Con la disolución de la ONCCA, tras el dictado del decreto 192/2011, se crea en el ámbito del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, el Registro Único de Operadores de la Cadena Comercial Agropecuaria, manteniendo vigencia la resolución (ONCCA) 7953/2008. La matriculación de las personas físicas y jurídicas que intervienen en el comercio y la industrialización de las distintas cadenas agroalimentarias estarán a cargo de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca dependiente del Ministerio AGyP.

Mediante la resolución (MAGyP) 302 en mayo de 2012, se derogó la resolución 7953/2008 de la ex ONCCA y sus normas modificatorias y complementarias. Se crea el Registro Único de Operadores de la Cadena Agroalimentaria (RUOCA), reemplazando al registro vigente hasta ese momento. A su vez, se prorrogó hasta el 30 de noviembre de 2012, el período de vigencia de las matrículas otorgadas al amparo de la resolución 7953/2008.

Posteriormente fueron publicadas dos resoluciones más, para “cerrar” el tema inscripciones, con la resolución (MAGyP) 667/2012 se establecieron los plazos para que los operadores de la cadena agroalimentaria presenten su solicitud de inscripción y con la resolución (MAGyP) 1052/2012 publicada el 29/10/2012 establece los Procedimientos de Fiscalización y Requisitos.

Comienzo de las inscripciones por medios informáticos

La “informatización” de las inscripciones de los operadores de granos y carnes comenzaría a ser una realidad con la publicación de la disposición (ONCCA) 1618/2003 que disponía la utilización de un software creado a tal efecto denominado “Aplicaciones de Inscripción de Operadores ONCCA”. Dicha aplicación informática permitía la presentación de información y datos de los operadores en soporte magnético.

Con la entrada en vigencia del Registro Único de operadores de la Cadena Agropecuaria Alimentaria, tras la publicación de la resolución (ONCCA) 7953/2008, es creada una nueva modalidad “electrónica” de inscripción. A través, del Sistema llamado “Jauke” (“campo” en lengua tehuelche) que permitía realizar los trámites de inscripción a los registros de la ONCCA a través del servicio disponible con clave fiscal en la página web de la AFIP.

La resolución (ONCCA) 861/2011 publicada el 15/2/2012 preveía agilizar el otorgamiento de matrículas, para ello se había encargado a la UTN el desarrollo de un nuevo Sistema informático SUR (Sistema Único Registral). Un dato anecdótico es que a los diez días de publicada dicha resolución era disuelta la ONCCA. Con lo cual el SUR nunca llegó a estar disponible y tanto las renovaciones de matrículas como las nuevas altas se siguieron realizando a través del Sistema Jauke.

Con la publicación de la resolución (MAGyP) 667/2012 y en virtud de lo dispuesto en el artículo 3 de la resolución (MAGyP) 302/2012, se estableció que las inscripciones deberán tramitarse vía web a través de la página www.rucca.minagri.gob.ar conforme al manual de usuario que fuere publicado.


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2. RUOCA. SUJETOS Y CATEGORIZACIÓN DE ACTIVIDADES

La resolución (MAGyP) 302/2012 estableció la creación del RUOCA (Registro Único de Operadores de la Cadena Agroalimentaria) e instó a inscribirse de manera obligatoria a todas las personas físicas y jurídicas que intervengan en el comercio y/o industrialización de las cadenas agroalimentarias de los mercados que se detallan a continuación: -

Lácteos, sus productos, subproductos y/o derivados.

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Ganados y carnes, sus productos y subproductos de las especies bovina, ovina, porcina, avícola, equina y caprina.

-

Granos, sus productos, subproductos y/o derivados.

Antes de entrar en la enumeración de las distintas categorías de actividades relacionadas con el mercado de granos, recordaremos que, a los efectos de dicha resolución, serán considerados granos aquellos no destinados a la siembra –cereales, oleaginosas y legumbres-.

Categorías de actividades relacionadas con el mercado de granos

Acopiador-Consignatario: Se entenderá por tal a quien comercialice granos por su cuenta y/o en consignación; reciba, acondicione y/o almacene en instalaciones propias y/o explote instalaciones de terceros y realice canjes de bienes y/o servicios por granos. Asimismo, se considerará incluido en esta categoría, quien almacene y clasifique grano para su posterior certificación como semilla y/o descarte para consumo. Acopiador de maní: Se entenderá por tal a quien acopie y/o seleccione y comercialice maní en instalaciones propias y/o explotando instalaciones de terceros.

Acopiador de legumbres: Se entenderá por tal a quien acopie y/o seleccione y comercialice legumbres, en instalaciones propias y/o explotando instalaciones de terceros.

Canjeador de bienes y/o servicios por granos: Se entenderá por tal a quien reciba granos en pago, exclusivamente por las ventas de bienes o servicios brindados por estos operadores. Asimismo, se considerará incluido en esta categoría, quien entregue para su explotación, bajo cualquier título, terrenos propios para producción agrícola y perciba como contraprestación parte de lo producido.

Exportador de granos: Se entenderá por tal a quien realice la venta al exterior de granos y/o subproductos.

Importador de granos: Se entenderá por tal a quien adquiera granos y/o subproductos en el exterior destinándolos a la comercialización interna, en el mismo estado en que fueron adquiridos o luego de haber sufrido un proceso de transformación.

Comprador de granos para consumo propio: Se entenderá por tal a quien compre granos, previamente desnaturalizados o no, a productores y/o a otros operadores, para consumo animal.

Fraccionador de granos: Se entenderá por tal a quien compre, fraccione y/o envase granos para su posterior venta, en envases de menor contenido al recibido y/o a granel, en instalaciones propias y/o explotando instalaciones de terceros.

Mayorista y/o depósito de harina: Se entenderá por tal a quien realice compraventa de harina de trigo y/o su correspondiente depósito, guarda y/o estiba en instalaciones propias y/o explotando instalaciones de terceros.

Desmotadora de algodón: Se entenderá por tal a quien, mediante un proceso continuo que comienza con la recepción del algodón en bruto, separa la fibra del grano, en instalaciones propias y/o explotando instalaciones de terceros.


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Industrial aceitero: Se entenderá por tal a quien procese granos extrayendo la materia grasa y subproductos, en instalaciones propias y/o explotando instalaciones de terceros.

Industrial biocombustibles: Se entenderá por tal a quien produzca biocombustibles a partir de granos y/o subproductos, en instalaciones propias y/o explotando instalaciones de terceros.

Industrial balanceador: Se entenderá por tal a quien procese granos, con o sin la incorporación de otros insumos, logrando un nuevo producto o subproducto, en instalaciones propias y/o explotando instalaciones de terceros.

Industrial cervecero: Se entenderá por tal a quien procese granos con el objetivo de lograr la transformación de los mismos para conseguir maltas y/o cervezas, en instalaciones propias y/o explotando instalaciones de terceros.

Industrial destilería: Se entenderá por tal a quien procese granos con el objetivo de lograr la transformación de los mismos para obtener alcoholes, almidones y glucosas, en instalaciones propias y/o explotando instalaciones de terceros.

Industrial molinero: Se entenderá por tal a quien procese granos, excepto trigo y arroz, con el objetivo de lograr la transformación de los mismos para conseguir harinas y subproductos, en instalaciones propias y/o explotando instalaciones de terceros.

Industrial arrocero: Se entenderá por tal a quien procese granos de arroz, en instalaciones propias y/o explotando instalaciones de terceros.

Industrial molino de harina de trigo: Se entenderá por tal a quien realice la molienda de trigo, en instalaciones propias y/o explotando instalaciones de terceros.

Industrial seleccionador: Se entenderá por tal a quien industrialice, seleccione y comercialice granos, en instalaciones propias y/o explotando instalaciones de terceros.

Usuario de industria: Se entenderá por tal a quien industrialice granos, excepto trigo, en instalaciones industriales de terceros.

Usuario de molienda de trigo: Se entenderá por tal a quien contrate el servicio de molienda de trigo con un molino de harina de trigo.

Usuario de molienda de trigo bajo la modalidad de maquila: Se entenderá por tal a quien contrate el servicio de molienda de trigo con un molino de harina de trigo mediante la forma jurídica del contrato de maquila.

Fraccionador y/o refinador de aceite: Se entenderá por tal a quien fraccione y/o refine aceites crudos y/o comestibles elaborados a partir de cualquier tipo de oleaginosa, en instalaciones propias o explotando instalaciones de terceros.

Acondicionador: Se entenderá por tal a quien preste el servicio de acondicionamiento de granos a terceros, en instalaciones propias y/o explotando instalaciones de terceros. No estando autorizado a la compra o consignación de granos, pero sí pudiendo realizar canjes de granos por los servicios prestados. Corredor: Se entenderá por tal a quien actúe vinculando la oferta y la demanda de granos, para su correspondiente comercialización entre terceros.

Mercado de futuros y opciones o mercado a término: Se entenderá por tal a la institución aprobada por autoridad competente en la que se realicen arbitrajes y transacciones con futuros, opciones y otros derivados, de acuerdo con las reglamentaciones que la misma dicte.

Explotador de depósito y/o elevador de granos: Se entenderá por tal a quien, contando con servicio de aduana permanente, reciba y acopie granos y/o subproductos, tanto propios como de terceros, como paso previo inmediato a la carga o descarga fluvial, marítima o terrestre de los mismos con destino de exportación, en instalaciones propias y/o explotando instalaciones de terceros. CONSULTOR AGROPECUARIO

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Complejo industrial: Se entenderá por tal a quien en un mismo predio desarrolle las actividades de Acopiador - Consignatario, Industrial y Explotador de Depósito y/o Elevador de Granos.

Balanza pública: Se entenderá por tal a quien preste a terceros el servicio de pesaje de camiones que transporten granos y/o subproductos, utilizando balanza que no forme parte integrante de la estructura funcional de ninguna planta. Entregador y/o recibidor: Se entenderá por tal a quien represente en una transacción comercial y/o entrega o recepción de granos a la parte vendedora o compradora que no se encuentra presente en el momento en que se produce el cambio de titularidad de la mercadería.

Perito clasificador de cereales, oleaginoso y legumbres: Se entenderá por tal a la persona física habilitada para llevar a cabo actividades relacionadas con la clasificación de cereales, oleaginosas y legumbres.

3. PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN EN EL RUOCA

A los efectos de realizar la inscripción, el solicitante, apoderado y/o representante legal, deberá presentar en carácter de declaración jurada los Formularios establecidos en el Anexo I de la resolución 667/2012, que derogaron los que fueran incorporados en la resolución 302/2012. En los mismos se dejará constancia de la siguiente información: • Datos de operador. • Domicilio real.

• Domicilio especial.

• Establecimientos o plantas – denominación y domicilio.

• Inscripciones solicitadas – enumeración de actividades.

Requisitos generales -

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Estatuto societario vigente (personas jurídicas) o copia certificada del DNI (persona física).

Constancia de inscripción en AFIP vigente.

Solicitud de inscripción – categoría – actividad.

Copia certificada de la habilitación de planta y/o establecimiento industrial.

Certificado actualizado de habilitación sanitaria vigente.

Escritura de dominio o constancia de inicio de trámite de la misma (propietarios) o Copia certificada del contrato de arrendamiento (arrendatarios).

Estados contables certificados (personas jurídicas) o dictamen contable elaborado por profesional independiente certificado (persona física).

Acreditar la calidad de la representación legal.

Procedimiento

Las solicitudes de inscripción deben tramitarse a través del servicio web RUCCA que implementó el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.

El Sistema RUCCA será accesible a través del sitio de internet www.rucca.minagri.gob.ar. El Sistema es de fácil navegación y claro en sus contenidos. De todos modos, recomendamos tanto la lectura del Manual del Usuario como la visualización del video tutorial, ambos disponibles en dicho sitio web.


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Un dato no menor es que la generación de la boleta de pago también se realizará a través de dicho Sistema y no a través del Sistema SUR como es consignado en el punto 5) Pago de Aranceles del Manual de Usuario.

A través de dicha página web, los operadores podrán efectuar un seguimiento de los trámites iniciados, hasta la emisión del pertinente certificado de inscripción en el RUOCA. Por otro lado, se podrá realizar la consulta del padrón de operadores vigentes.

Lugar de presentación

Los formularios establecidos en el Anexo I de la resolución 667/2012 conjuntamente con la documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos generales más el comprobante Original del pago de los aranceles correspondientes, deberán ser presentadas ante la Coordinación de Mesa de Entradas y Notificaciones de la Dirección de Despacho y Mesa de Entradas de la Subsecretaría de Coordinación Técnica y Administrativa del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, sita en Av. Paseo Colón N° 982, Planta Baja, Oficina 40 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

4. VIGENCIA Y RENOVACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN

La matrícula tendrá una vigencia de un (1) año, contado a partir de la resolución aprobatoria, que podrá ser renovado por igual período de cumplirse con los siguientes requisitos:

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Presentación del formulario 04 solicitud de renovación.

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Presentación sesenta (60) días antes del vencimiento.

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No encontrarse suspendida como resultado de un proceso de fiscalización.

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Pago del arancel correspondiente.

Además de los puntos indicados anteriormente, como requisito previo para la renovación, la SAGyP podrá ordenar la realización de una inspección in situ.

Es dable recordar que vencido el plazo de vigencia de la inscripción sin que el interesado haya iniciado el trámite de renovación, se procederá a su baja en el registro. Por otro lado, la SAGPyA podrá denegar la inscripción o renovación, suspender o cancelar las inscripciones ya otorgadas, si mediante la fiscalización, se constata el incumplimiento de los requisitos exigidos para la actividad.

Modificación de los datos de la matrícula

Las modificaciones que se produzcan tanto en los requisitos generales como en los datos indicados los formularios que fueran presentados originalmente, deberán ser informados dentro de los diez (10) días de producidas, con carácter de declaración jurada, mediante la utilización del Formulario 05 - Solicitud de modificación de datos (Anexo II, R. 302/2012).

Para el caso en que dichas modificaciones impliquen un cambio de categoría de actividad, se deberá iniciar un nuevo trámite de inscripción.

5. PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN - RÉGIMEN DE INFORMACIÓN A CUMPLIMENTAR POR EL MATRICULADO

La resolución (MAGyP) 1052/2012 detalla cómo será el Procedimiento de Fiscalización que deberá llevar a cabo la SAGyP, la información a cumplimentar durante la misma. Por otro lado en su Anexo III, detalla los regímenes de información que deberán observar los operadores de los distintos mercados. CONSULTOR AGROPECUARIO

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Procedimiento

El equipo técnico de la SAGPyA se constituirá en el lugar comunicado para la realización de las tareas de control, verificación y/o fiscalización para lo cual exhibirá a los presentes una Nota autorizante emitida a tal efecto por la autoridad competente.

Tanto la información requerida, así como también las manifestaciones realizadas, deberán ser individualizadas y asentadas en las Actas que se confeccionen durante el procedimiento. Culminadas las tareas de verificación, los fiscalizadores deberán elaborar el “informe técnico”.

En el supuesto que los operadores efectúen observaciones, se procederá a su evaluación debiendo ratificarse o rectificarse el Informe, el que será elevado a la Secretaría para la prosecución del trámite administrativo correspondiente.

Información requerida para las principales actividades del mercado de granos

Los operadores con plantas deberán presentar los planos municipales aprobados o certificación técnica emitida por autoridad competente. -

-

El operador de la categoría acopiador-consignatario deberá:

Acreditar una capacidad mínima de almacenaje, la que no podrá ser inferior a un mil toneladas (1.000 t), calculada en base a trigo de ochenta kilogramos (80 kg) de peso hectolítrico en instalaciones de construcción fija y permanente.

Acreditar que se cuenta con el equipamiento fijo necesario para la carga, descarga, acondicionamiento y almacenaje de granos adecuado para el mantenimiento de su calidad comercial, con bocas de inspección y acceso para la toma de muestras.

El operador de la categoría industrial aceitero deberá:

Acreditar una capacidad mínima de almacenaje, la que no podrá ser inferior a trescientas toneladas (300 t), calculada en base a trigo de ochenta kilogramos (80 kg) de peso hectolítrico en instalaciones de construcción fija y permanente.

Contar con el equipamiento fijo necesario para la carga, descarga, acondicionamiento y almacenaje de granos que resulte adecuado para el mantenimiento de su calidad comercial, así como con bocas de inspección y acceso.

Contar con la maquinaria necesaria para el desarrollo de su actividad instalada y en funcionamiento.

El operador de la categoría industrial biocombustibles deberá:

Contar con el equipamiento fijo necesario para la carga, descarga, acondicionamiento y almacenaje de aceites que resulte adecuado para el mantenimiento de su calidad comercial, así como con bocas de inspección y acceso.

Contar con la maquinaria necesaria para el desarrollo de su actividad instalada y en funcionamiento.

Los operadores de las categorías industrial molinero e industrial molino de harina de trigo deberán: Acreditar una capacidad mínima de almacenaje que no podrá ser inferior a quinientas toneladas (500 t), calculada en base a trigo de ochenta kilogramos (80 kg) de peso hectolítrico en instalaciones de construcción fija y permanente.

Detallar el equipamiento fijo necesario para la carga, descarga, acondicionamiento y almacenaje de granos que resulte adecuado para el mantenimiento de su calidad comercial, y la necesidad de contar con bocas de inspección y acceso.

Contar con la maquinaria necesaria para el desarrollo de su actividad instalada y en funcionamiento. CONSULTOR AGROPECUARIO

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-

El operador de la categoría explotador de depósito y/o elevador de granos deberá:

Acreditar una capacidad mínima de almacenaje, la que no podrá ser inferior a cinco mil toneladas (5.000 t), calculada en base a trigo de ochenta kilogramos (80 kg) de peso hectolítrico en instalaciones de construcción fija y permanente.

Detallar el equipamiento fijo necesario para la carga, descarga, acondicionamiento y almacenaje de granos que resulte adecuado para el mantenimiento de su calidad comercial, y la necesidad de contar con bocas de inspección con acceso para la toma de muestras. Contar con acceso directo a la carga de medios de transporte adecuados para su comercialización interna o exportación directa o con un puerto seco fiscal.

El operador de la categoría complejo industrial deberá:

Acreditar una capacidad mínima de almacenaje, la que no podrá ser inferior a cinco mil toneladas (5.000 t), calculada en base a trigo de ochenta kilogramos (80 kg) de peso hectolítrico en instalaciones de construcción fija y permanente.

Cumplir con las condiciones previstas para acopiador-consignatario, industrial y explotador de depósito y/o elevador de granos.

Los operadores de las categorías usuarios de industria y/o usuarios de molienda deberán acreditar el contrato de vinculación comercial.

El operador de la categoría exportador/importador de granos deberá acreditar la constancia de inscripción en el Registro de Exportadores/Importadores de la Administración General de Aduanas dependiente de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) organismo autárquico en el ámbito del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

Depósito transitorio de granos: lugar de almacenaje de granos que no cuenta con equipamiento fijo necesario para la carga, descarga, pesaje y acondicionamiento de los mismos y es utilizado por un operador inscripto en el Registro Único de Operadores de la Cadena Agroalimentaria, con matrícula vigente y titular de una planta inscripta en dicho registro, en forma discontinua o eventual (período de cosecha o ante casos excepcionales) y que no se encuentra a una distancia superior a los veinte kilómetros (20 km) del depósito principal.

Información a presentar durante la vigencia de la matrícula

Según el Anexo III de la resolución 1052/2012, los operadores deberán presentar, en un aplicativo informático, una encuesta técnica. En la misma se requerirá información referida a: actividad; geoubicación del establecimiento; tipo de habilitación del mismo, infraestructura administrativa, técnica, informática y edilicia del establecimiento; capacidad según el tipo de proceso; tipo de producto; su destino comercial; sistemas de trazabilidad; sistemas de certificación de calidad y otro dato que se estime de utilidad. Asimismo, los operadores deberán remitir, determinada información de conformidad con la normativa vigente, según la actividad de que se trate. A continuación describiremos la información relativa al mercado de granos:

• Detalle de movimientos y existencia física de granos por planta inscripta.

• Detalle de movimientos y existencia física de granos en depósitos transitorios asociados a las plantas.

• Detalle de movimientos y existencia física de granos, productos y subproductos de la industria por planta inscripta. • Detalle de las compras de granos con destino a la industria.

• Detalle de las compras de granos, productos y subproductos con destino a la exportación. CONSULTOR AGROPECUARIO

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• Detalle de ventas de productos y/o subproductos de granos realizadas tanto en el mercado interno como externo.

• Registro de contratos primarios.

• Libro de movimientos y existencia de mercadería por planta y por especie. • Detalle de los certificados de depósito intransferibles.

• Detalle de los certificados de compra/venta/liquidación.

• Detalle de los certificados de retiro o transferencia de granos depositados.

• Detalle de las cartas de porte emitidas.

• Detalle de las cartas de porte recibidas.

6. ROSA - UNIDAD EJECUTIVA INTERDISCIPLINARIA DE MONITOREO

Tras la publicación de la resolución conjunta 438/2012, 269/2012 y 1001/2012 de los Ministerios de Economía, Industria y Planificación, el gobierno dispuso la creación de:

a) El Registro de Operadores de Soja Autorizados (ROSA)

Es creado bajo la órbita de la AFIP con el fin de fortalecer el control y fiscalización del Régimen de Importación Temporaria de Soja.

b) La Unidad Ejecutiva Interdisciplinaria de Monitoreo

Integrada por los tres ministerios antes mencionados y la AFIP, tendrá como objetivo la tarea de proteger la dinámica virtuosa para todo el sector agroindustrial. Por otro lado, entre sus responsabilidades estará la aprobación o no de las empresas que soliciten la inscripción en dicho registro. Asimismo, determinará los precios para el Biodiesel para el mercado interno.

7. CONDICIONES Y REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN

La AFIP intervendrá en la aprobación de los siguientes requisitos:

• Estar inscripto y habilitado como importador/exportador.

• Estar inscripto y habilitado en el Registro Fiscal de Operadores en la Compraventa de Granos y Legumbres Secas.

• No registrar deuda líquida y exigible por obligaciones impositivas, aduaneras o de los recursos de la seguridad social.

• Haber presentado la totalidad de las DDJJ de impuestos por las que resulte obligado por los períodos no prescriptos.

-

-

-

La Unidad Ejecutiva Interdisciplinaria de Monitoreo evaluará lo siguiente: Poseer capacidad instalada propia para el procesamiento industrial. Tener una situación de comprobada solvencia.

Mantener o incrementar la planta de personal afectada al procesamiento de porotos de soja del año 2011.


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8. BENEFICIOS

A los operadores inscriptos en el ROSA se les permitirá acceder a los beneficios del Régimen de Importación Temporaria para perfeccionamiento industrial, que fuera establecido por el decreto (PEN) 1330/2004.

Para ello, el solicitante deberá acreditar que, por cada tonelada de mercadería a importar temporalmente ha adquirido cinco (5) toneladas para procesamiento en el mercado local, con la obligación de exportarlas para consumo a otros países. La mercadería ingresada al amparo de este régimen no podrá ser exportada sin ser procesada en el país.

9. CONCLUSIONES

Como quedó expuesto en el desarrollo del presente trabajo, la normativa que regula las formalidades del comercio de granos, en lo respectivo a materia de matriculación e inscripción de actividades sufrió innumerables modificaciones, creándose distintos Registros que remplazaban al anterior.

Nuestro deseo es que, con las últimas resoluciones publicadas, se cumplan los objetivos propuestos por el MAGyP al implementar el Sistema RUCCA, es decir, los de facilitar y agilizar la presentación y evaluación de los solicitudes de inscripción, reduciendo los pedidos de información y documentación innecesaria.

10. BIBLIOGRAFÍA

- DL 6698/1963 - 23/8/1963.

- D. (PEN) 1343/1996 - 2/12/1996.

- R. (SAGPyA) 554/1999 - 15/10/1999.

- D. (PEN) 1405/2001 - 5/11/2001.

- D. (PEN) 1330/2004 - 1/10/2004.

- R. (ONCCA) 7/2007 - 9/3/2007.

- R. (ONCCA) 7953/2008 - 4/12/2008.

- D. (PEN) 192/2011 - 25/2/2011.

- R. (ONCCA) 861/2011 - 15/2/2011.

- R. (MAGyP) 302/2012 - 18/05/2012. - R. (SAGyP) 667/2012 - 1/10/2012.

- R. (MAGyP) 1052/2012 - 29/10/2012.

- RC (MEyFP - MIn. - MPFIPyS) 438-269-1001/2012 - 10/8/2012. - RG (AFIP) 3394 - 11/10/2012.

- Manual de Usuario, www.rucca.minagri.gob.ar


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CONTABLE

LOS ESTADOS

CONTABLES AGROPECUARIOS Y EL EFECTO DE LAS NORMAS INTERNACIONALES EN ARGENTINA

Sergio Zabala

La presentación de estados contables de los entes dedicados a la actividad agropecuaria recibe, desde hace algunos años, modificaciones normativas y reglamentarias de su contenido desde la aparición de la resolución técnica (FACPCE) 22(1), que adapta la vigencia de una norma internacional NIC(2) 41 del IASC(3), hoy IASB(4) sumado a los distintos pronunciamientos y adaptaciones de las mismas.

La profesión contable asiste a una verdadera acumulación de criterios, que abarcan desde lo formal hasta el contenido de las valuaciones, que confluyen como si adaptar la información contable a una supuesta unificación nos permitiera, de alguna manera, pretender que los estados contables de un ente agropecuario puedan reflejar de la mejor forma una situación que hoy, a la luz de nuevas resoluciones de carácter fiscal, normas técnicas y reglamentarias no llegan a ponerse de acuerdo sobre el verdadero fin que buscan expresar al cierre de un ejercicio económico. La introducción al tema lo único que trata de revelar es que la situación es más simple, si entendemos cuál es el motor de la naturaleza de los elementos que componen un juego de estados contables. Si se entiende que el problema debe ser lograr reflejar el hecho económico revelado, buscando un resultado de tipo patrimonial y no un resultado de gestión de activos, se sabe que después del proceso contable del sistema de un ente, podríamos alcanzar un entendimiento más claro del verdadero valor de la exposición de rubros y su presentación ordenada (ver figura 1).

1) 2) 3) 4)

Federación Argentina de Consejos Profesionales en Ciencias Económicas Norma internacional de contabilidad International Accounting Standards Committee International Accounting Standards Board CONSULTOR AGROPECUARIO

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CONTABLE

SERGIO ZABALA

(Figura 1: fuente propia)

Motivado en esta postura, el presente trabajo intenta plantear la realidad de la contabilidad en un sector con características propias, distintivas, que lo hacen merecedor de una atención por parte del sistema de información contable diferenciada de cualquier otra actividad, donde sus activos productivos poseen una característica distinta llamada “crecimiento vegetativo”.

Es decir, poder entender que un juego de estados contables de la actividad agropecuaria no puede verse como un estado normal comercial, sus bienes, su proceso productivo, las distintas normas técnicas, legales y reglamentarias, hacen que su preparación y lectura requiera aspectos por demás complejos, no habituales.

ASPECTOS NORMATIVOS DE LOS ESTADOS CONTABLES EN LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA

Desde las últimas modificaciones en materia de normas técnicas incorporadas en el ámbito nacional por la FACPCE, con la resolución técnica 22, del año 2004, se planteaban varias cuestiones respecto de aplicar recomendaciones de valuación, basadas en VNR(5) o el caso de la amortización del suelo destinado a producción, el reconocimiento del valor de la producción sin discriminar en su origen, el reconocimiento de la existencia de activos biológicos, el crecimiento vegetativo, y como corolario únicamente conceptos aplicables a ciertos y determinados productos, es decir aquellos con mercado transparente. Como si la realidad económica de los hechos de un ente agrícola únicamente tomara valor si proviniese de mercados conocidos, deja ciertos aspectos de valor patrimonial a merced de decisiones no siempre acertadas. Es decir, no todo activo agropecuario posee mercado activo. Pero entiendo que en realidad lo que se planteaba hasta ese momento era mantener firmes las características de algún modelo contable orientativo que tal como muestra la figura 2, debiera mantener ecuanimidad, a fin de obtener un concepto de utilidad coherente, creíble y por demás distribuible entre los aportantes del capital.

5)

Valor Neto de Realización (precio de venta - gastos directos de venta) CONSULTOR AGROPECUARIO

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CONTABLE

LOS ESTADOS CONTABLES AGROPECUARIOS Y EL EFECTO DE LAS…


Sin embargo, en marzo de 2009, la Junta de Gobierno de la FACPCE sancionó la resolución técnica 26 que adopta las NIIF(6) del Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB), con el alcance de incorporar las NIC, emitidas por el IASC hasta el año 2000, siendo la última bajo ese formato, la 41 que se comentara en este trabajo, y las interpretaciones CINIIF(7) y las SIC(8). Por otra parte, con fecha julio de 2009, el IASB procede a emitir las NIIF para PYMES, diseñadas para los entes que no tengan necesidad de negociación pública de sus acciones, o bien que no se traten de instituciones financieras. De hecho, la definición del IASB de PYMES permite adoptar las NIIF en una extensión menor a las originales, se organizan por tema a considerar, aplica normas de reconocimiento y medición simplificadas y reduce las exigencias de exposición. Por lo tanto, en nuestro país coexisten las normas contables de acuerdo con el siguiente cuadro: Empresas agropecuarias que cotizan CNV - RT (FACPCE) 17 para todo el EEFF excepto para sus activos biológicos - RT (FACPCE) 26 – NIC (IASB) 41 para sus activos biológicos - Bienes de uso RT (FACPCE) 17 - Normas IGJ - Normas CNV - RG (AFIP)

6) 7) 8)

Empresas agropecuarias que no cotizan - RT (FACPCE) 17 para todo el EEFF excepto para sus activos biológicos - RT (FACPCE) 22 para sus activos biológicos - NIC (IASB) 41 optativa - Bienes de uso RT (FACPCE) 17 - Normas IGJ de corresponder - RG (AFIP)

Normas internacionales de información financiera Comité de Interpretación de NIIF Interpretaciones adicionales CONSULTOR AGROPECUARIO

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CONTABLE

SERGIO ZABALA

EL CRITERIO DE VALOR RAZONABLE EN LA ACTIVIDAD (VR)

Las normas internacionales hacen referencia al “valor razonable” como un criterio de medición contable, en la medida en que no sea posible aplicar el modelo de valuación al costo.

Las normas NIC lo definen como el importe por el cual “podría” ser intercambiado o cancelado un activo o un pasivo, respectivamente entre partes independientes debidamente informadas, y el precio que se debe considerar es el de contado.

Esta forma de definir este valor nos acerca, a pesar de no coincidir con su definición en las normas técnicas, resolución técnica FACPCE, al de valor corriente puro, es decir el valor en plaza para activos y pasivos de entrada o de salida. Por lo tanto, en la NIC (IASC) 41, se define que para valuar activos biológicos destinados a la venta o activos destinados como factor de producción, se presume que si el VR es posible de ser determinado de manera fiable, será entonces el considerado en el punto de venta menos los costos estimados, para la obtención del VNR con esta normativa.

El problema más importante puede ocurrir, si la valuación a VR, al reconocer al inicio un activo -es decir el momento de inicio-, puede ser difícil o compleja de obtener para lograr la medición neta de depreciaciones o desvalorizaciones. Pero la norma prevé que, de lograr un VR fiable, deberá ser el valor asignable al inicio, y al permitir que se utilice este criterio cualquiera sea el destino del activo biológico a medir, implica un criterio distinto al contenido en la resolución técnica (FACPCE) 22.

LA MEDICIÓN A VALOR RAZONABLE Y EL MERCADO ACTIVO

Resulta interesante tener en cuenta el criterio de VR, debido justamente a la definición en general contenida en la NIC (IASB) 41, en información a revelar, punto 40, que expresa lo siguiente: “...revelará la ganancia o pérdida total surgida durante el período corriente por el reconocimiento inicial de los activos biológicos y los productos agrícolas así como por los cambios en el valor razonable menos los costos de venta de los activos biológicos…”. Es decir que el resultado de la actividad estará íntimamente relacionado con los resultados de gestión obtenidos por el ente, ya que si entendemos que la visión de la empresa y la visión del empresario pueden no estar alineadas, seguramente nos vamos a encontrar con que la visión contable también tiene sustentos individuales en la consideración de los resultados.


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CONTABLE



Por lo tanto, es muy importante entender que cualquier razonamiento contable, aplicado en la toma de decisiones de entes agropecuarios, que no tenga en cuenta las visiones de negocio y de estructura del ente, así como tampoco la normativa a considerar, seguramente es aceptar una condena al fracaso. Pero es quizás muy importante poder recurrir en la búsqueda de un resultado patrimonial, a esfuerzos de valuación que logren contener todas las variables de mercado para todos los bienes sin discriminar, ya que el resultado contable que necesita la actividad debe necesariamente estar alineado con la visión del negocio. Volviendo al tema puntual del VR, nos encontramos con que la aplicación de la NIC (IASB) 41 y la RT (FACPCE) 22 coincidirá en caso de existencia de mercado activo para los bienes a valuar, ya que ambos criterios coinciden en la aplicación de valor directo de mercado. Pero para el caso CONSULTOR AGROPECUARIO

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CONTABLE

SERGIO ZABALA

de no existencia de ese origen de valor, es decir en caso de que el mercado activo no exista, la NIC (IASB) 41 nos brinda una guía para la obtención del valor razonable, en la que puede explicarse su determinación ya sea por transacciones más recientes en el mercado, vinculadas con el activo a valuar en tanto no existan condiciones económicas muy distintas entre las fechas de medición y la de obtención del valor; o bien utilizar precios de mercados similares, en tanto se puedan realizar ajustes para reflejar la posible existencia de diferencias; o bien otras referencias obtenidas en el sector de la actividad al que pertenece el ente emisor.

MODELOS DE NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES SOBRE VALUACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS BAJO LA VIGENCIA DE LA NIC (IASB) 41 SIN MERCADO A VALOR RAZONABLE

A modo de ejemplo, a continuación se transcriben las posibles notas necesarias a incorporar en los estados financieros cuando la falta de un mercado activo en el activo biológico a valuar impide su aplicación. Tomemos el caso de aves de corral, cerdos y bosques. En primer término, debemos determinar cuál es el criterio general a aplicar en las existencias al cierre del ejercicio en general y, fundamentalmente, cuál será el criterio a seguir para la determinación de la consideración del plazo del activo.

1. Existencias

Las materias primas, productos en proceso, productos terminados y repuestos están valorizados al menor valor entre el costo o el valor neto de realización. El valor neto de realización representa el valor estimado de venta del inventario, menos todos los costos de producción faltantes y los costos necesarios para realizar la venta. Las existencias se valorizan según los siguientes métodos: a) Productos terminados y productos en proceso corresponde al producto poscosecha (faena), el cual corresponde a carne de ave, salmones y cerdos en sus distintos cortes y envases, los que están valorizados al costo promedio mensual de producción. El costo promedio de los productos terminados incluye el valor de las materias primas, mano de obra y gastos indirectos de fabricación. b) Materias primas, materiales y repuestos son valorizados al costo promedio de adquisición. c) Existencias en tránsito están valorizadas al costo de adquisición. Aquellos inventarios de materias primas, materiales y repuestos cuya utilización en el proceso productivo se estima se realizará en un plazo superior a un año, son presentados como activos no corrientes.

1.2. Activos biológicos

De acuerdo con las características de la actividad que desarrolla la sociedad la crianza, incubación, engorda y reproducción de aves, cerdos, salmones, plantaciones y bosques en formación son clasificada como activos biológicos. Los activos biológicos destinados a la comercialización son clasificados como activos biológicos corrientes y aquellos destinados a generar nuevos activos biológicos han sido clasificados como no corrientes.

1.2.a) Aves

La valorización del pollo, activo biológico corriente, se hace bajo el método de costeo por absorción total de producción, lo anterior debido al corto plazo del proceso productivo (45 días de crecimiento) ya que no es posible determinar un modelo que satisfaga el concepto de valor justo de acuerdo con la NIC 41. El activo biológico no corriente se valoriza bajo el método de costo de producción menos amortización acumulada. CONSULTOR AGROPECUARIO

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CONTABLE

1.2.b) Cerdos


En términos de valoración de estos activos, como norma general estos deben ser reconocidos inicial y posteriormente a su valor razonable menos los costos estimados en el punto de venta. No obstante lo anterior, se ha definido que para estos activos, fundamentalmente en las distintas etapas de crecimiento, no existe un valor razonable que pueda ser medido de forma fiable antes del momento de su faena. Para fundamentar la aplicación del método del costo para los activos frente a los cuales se ha dispuesto su uso, se ha considerado lo establecido en el párrafo 31 de NIC 41, el que establece que la presunción de valuación puede ser refutada en el momento de medición inicial de un activo biológico, dadas las circunstancias de que el ente no ha podido determinar de manera fiable una estimación del valor justo. No obstante lo anterior, el ente se encuentra comprometido con el establecimiento de un modelo que permita determinar el valor razonable como una política de medición de sus activos biológicos, pero, en tanto no lo pueda hacer, incorporará el criterio del costo. El activo biológico no corriente se valoriza bajo el método de costo de producción menos amortización acumulada.

1.2.c) Bosques

Los bosques en formación son valorizados al valor razonable (fair value) de acuerdo con NIC 41 basados en el reconocimiento del crecimiento biológico y los cambios en el valor razonable, se reconocen en el estado de resultados. Toda plantación nueva es valorada al costo, el cual equivale al valor razonable a esa fecha, ya que ha existido poca transformación biológica y el impacto de dicha transformación biológica en el precio no es significativo. Estas alternativas de valuación no se encuentran consideradas en la resolución técnica (FACPCE) 22, por lo cual, a nivel de normativa nacional, debería incorporarse algún sistema similar, atendiendo a que no siempre el activo biológico cuenta con un mercado con las características que debe reunir para considerarse valor de mercado activo.

NIIF PARA PYMES

Un párrafo importante merece considerar la aparición en julio de 2009, del pronunciamiento del IASB sobre normas NIIF aplicables a PYMES o entes que no poseen contabilidad pública, es decir no comercializan en bolsas y mercados, o bien que no se trate de entidades financieras, la mesa directiva de la FACPCE con fecha 3/12/2010 procede a emitir la resolución técnica 29, por la cual se estable que “…las entidades que no están obligadas a aplicar las NIIF pueden aplicarlas opcionalmente, o bien aplicar las NIIF para PYMES o las normas contables profesionales emitidas por la FACPCE, las NIIF para PYMES no pueden ser aplicadas por entidades que tienen la obligación pública de rendir cuentas a sus grupos de interés y que los futuros cambios en las NIIF para PYMES serán aplicados por las compañías no supervisadas por la CNV”(9). Un cambio importante introducido por la resolución técnica 29 es la final convicción que a partir de esa fecha los estados dejan de denominarse “contables” para denominarse “financieros”, modificando los criterios de la resolución técnica 26 anterior, la nueva resolución técnica 29 tendrá vigencia a partir de los estados Financieros que comiencen a partir del 1/1/2012, siendo optativo para los iniciados el 1/1/2011, se conoce también que dentro del IASB se ha encarado una revisión completa del texto del NIIF para PYMES el cual se espera concluir antes del 1/1/2015, pero si bien el mismo puede ampliarse, de los borradores consultados no se encuentran grandes modificaciones referidas a la NIC (IASB) 41, objeto del presente trabajo. Las diferencias más importantes referidas a las NIIF completas están dadas por su extensión, la organización del texto -ya que se ubica por tema-, el reconocimiento y la medición en forma simplificada, y la exposición reducida de la información contable. 9)

Actualicese.com. nota del 7/1/2011 CONSULTOR AGROPECUARIO

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CONTABLE

SERGIO ZABALA

Cuando nos referimos a NIIF, tenemos que plantear que lo más importante es que, en el criterio de contenido de la información, predomina la situación financiera del ente y de quién es el proveedor de los fondos de financiamiento del mismo. Es decir, un concepto principalmente ligado a países considerados exportadores de capital, y no a países tomadores de inversiones donde en general y antes de la aparición de las normas internacionales predominaba el criterio patrimonial de un ente. Por ello, la diferencia entre empresas que cotizan sus títulos en mercados y bolsas públicas o bien consiguen fondos por medio de lanzamiento de títulos, empréstitos o bonos con cotización pública a través de entidades financieras son las que, en principio, marcan la aplicación o no de las normas internacionales. En Argentina hasta el momento, la adopción o adecuación de la información contable a NIIF para PYMES es opcional, aunque el método de adopción del cambio de normas nacionales a NIIF no resulta en general complejo. Pero ya en la fecha de elaboración del presente artículo, la AFIP (Administración Nacional de Ingresos Públicos) publicó una resolución general identificada como resolución general 3363/2012 (BO: 12/9/2012) la cual en general dice: Art. 1 - Los contribuyentes de los tributos a cargo de esta Administración Federal, que confeccionen sus estados financieros -con carácter obligatorio u opcional- aplicando las normas internacionales de información financiera (NIIF) de acuerdo con lo dispuesto por la resolución técnica (FACPCE) 26 y su modificatoria (FACPCE) 29 (1.1), deberán observar lo que se establece por la presente. Art. 2 - Los sujetos a que se refiere el artículo 1 deberán presentar a esta Administración Federal, además de los estados financieros confeccionados conforme a lo dispuesto por la resolución técnica (FACPCE) 26 y su modificatoria (FACPCE) 29, los elementos que se detallan a continuación: a) estado de situación patrimonial y estado de resultados, confeccionados de acuerdo con las normas contables profesionales vigentes para los sujetos no alcanzados por las disposiciones de la citada resolución técnica. b) Informe Profesional en el cual se detallarán las diferencias que surjan de la aplicación de métodos de medición, valuación y/o exposición distintos a aquellos a los que deben ajustarse los sujetos no alcanzados por las normas referidas en el inciso precedente, describiendo los motivos que originan tales diferencias. Los mencionados elementos deberán estar suscriptos por el representante legal, por el órgano de fiscalización de la entidad, en su caso, y por contador público independiente, con firma autenticada por el Consejo Profesional o entidad en la que se encuentre matriculado. La presentación deberá efectuarse en la forma y los plazos previstos en los artículos 4 y 6 de la resolución general 3077 y su complementaria.(10)

Demás está abundar en que la opción de aplicación de las NIIF para cualquiera de los entes que desee hacerlo le plantea además la necesidad de cumplimiento de normas reglamentarias del Organismo Fiscalizador, lo cual nada agrega de bueno a la consecución de los objetivos que se plantean en la implementación de las normas.

BIBLIOGRAFÍA

- IASCF (International Accounting Standards Committee Foundation) - NIIF (Normas internacionales de información financiera) pronunciamientos al 1/1/2012 - Londres - 2012. - Senderovich, Pablo D.: “Empresas agropecuarias. Medición y exposición contable” – Ed. Errepar - Bs. As. - 2008. - Torres, Carlos F.: “Normas contables para la actividad agropecuaria” - Ed. Osmar D. Buyatti Bs. As. - 2010. 10) Texto parcial RG (AFIP) 3363 - diciembre/2012 - Biblioteca AFIP.gov.ar CONSULTOR AGROPECUARIO

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GESTIÓN EMPRESARIAL


¿LOS PROBLEMAS

FAMILIARES EN LAS EMPRESAS DE FAMILIA PUEDEN RESOLVERSE SIN AYUDA EXTERNA?

I

Daniel E. Sidero

- INTRODUCCIÓN

Las empresas de familia agropecuarias tienen una gran importancia en la economía argentina y poseen características y problemas comunes. Por lo tanto, son un fenómeno a analizar detenidamente, dado que sus finales son predeterminados y, muchas veces, fatales. Esta aseveración inicial se respalda en las siguientes estadísticas: a) El 95% de las empresas agropecuarias son empresas de familia. b) El 99% son vulnerables a problemas familiares. c) Solo el 7% puede superar la tercera generación. Las empresas de familia agropecuarias tienen las siguientes características particulares, que son la causa inicial de su problemática: a) entienden sus integrantes que la familia y la empresa son lo mismo y que, en muchos casos, la empresa debe resolver los problemas económicos de la familia; b) los afectos prevalecen sobre la razón al momento de tomar algunas decisiones vinculadas con la familia; c) la informalidad y la falta de planificación financiera; d) procesos decisorios confusos; e) demasiados familiares participando en la gestión, etc. Estas características generan dificultades en estas empresas que las van haciendo menos eficientes a través del tiempo, hasta que los problemas se hacen muy difíciles de manejar y es entonces cuando surgen los no deseados caminos de solución forzada, tales como: a) Separación de los activos entre los familiares, tierras, cabezas, maquinarias, etc. b) Venta de la compañía.


101


DANIEL E. SIDERO

c) Restructuración acordada de su deuda o concurso de acreedores. d) Liquidación de la empresa. e) Conflictos judiciales entre familiares. Cuando la conflictividad familiar avanza y no se actúa oportunamente para solucionarla, en la mayoría de los casos, los finales forzados antes comentados son los que suceden. No obstante, existen alternativas de solución que son las que se describen a continuación y tienen por objeto preservar a las empresas de familia agropecuarias. II

- LA CONFLICTIVIDAD FAMILIAR

Como se dijo anteriormente, la conflictividad familiar está presente en el 99% de las empresas de familia agropecuarias. Si bien son innumerables las causas de la conflictividad, podemos sintetizar en las siguientes 10, las causas más comunes de la conflictividad en las empresas familiares agropecuarias: 1. Nivel de resultados no satisfactorios, lo cual afecta los retiros de los socios y las inversiones para el crecimiento. 2. Falta de acuerdo con el destino de los resultados, dado que algunos pretenden la reinversión en la empresa y otros pueden pretender la distribución para financiar sus gastos personales. 3. Incorporación de familiares a la gestión. 4. La informalidad como causa de desconfianza. 5. Dudas sobre la idoneidad de los familiares que gestionan. 6. Celos por el poder. Tener en cuenta que, en la mayoría de los casos, los que conducen no fueron elegidos por la familia, sino que accedieron a la conducción por imperio de las circunstancias. 7. Esfuerzos desequilibrados entre los familiares, es decir que pueden existir familiares en situaciones de mayor comodidad respectos de otros que pueden enfrentar situaciones de mayor responsabilidad y estrés. 8. Falta de información de gestión y de comunicación de las decisiones relevantes y procesos decisorios confusos. 9. Privilegios asimétricos. 10. Demora en el retiro del actual conductor y/o disputa por la sucesión. Algunos de estos puntos de conflictividad familiar serán tratados detalladamente en próximos artículos. Los puntos de conflictividad, mencionados anteriormente, se potencian por las características propias de las empresas agropecuarias, que se ubican geográficamente, en pueblos alejados de los centros urbanos donde está la oferta de mano de obra y de formación académica. Esta lejanía hace que la empresa sea casi la única alternativa de desarrollo de las generaciones más jóvenes, situación esta que se agrava por las dificultades de adaptación al desarraigo que deben enfrentar los jóvenes que intentan iniciar un camino propio lejos de la tierra de sus familiares. III

- LA TRAMPA TEMPORAL EN LA RESOLUCIÓN DE LOS CONFLICTOS

Cuando surgen los primeros indicios de estos conflictos familiares, solucionarlos oportunamente es difícil, dado que siempre sus soluciones generan enfrentamiento, discusiones familiares que nadie quiere enfrentar por el efecto expansivo que estos conflictos generan en el resto de la familia. Existen dos caminos para encarar los casos de conflictividad:


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¿LOS PROBLEMAS FAMILIARES EN LAS EMPRESAS DE FAMILIA PUEDEN…?

a) Aceptar la situación generadora del conflicto. Es decir no enfrentar la causa generadora, diferir su tratamiento y por ende su solución, aceptar lo no aceptable, haciendo prevalecer la armonía familiar por sobre el interés de la empresa, con lo cual el tema familiar queda resuelto. Al menos por el momento reina la concordia familiar, y el conflicto, no deseado por nadie, se disipa, pero no se soluciona. b) Enfrentar las causas generadoras de los conflictos. En este camino aparecerán las discusiones familiares basadas en argumentos emocionales. Se harán comparaciones de casos similares, se apelará a la sensibilidad, en algunos casos se apelará a la inmaterialidad del caso. Pueden surgir acusaciones severas, etc. Mantener la postura racional de defender los intereses de la empresa por sobre las exigencias familiares se hará muy difícil dentro del seno familiar, dado que el conflicto dio paso a los enfrentamientos y la armonía familiar se verá afectada. Es aquí donde nace la trampa temporal, dado que ceder ante las presiones familiares o diferir el enfrentamiento de los conflictos, significaría obtener inmediatamente la paz y la armonía familiar, nada despreciable por cierto, pero sabiendo que no se está haciendo lo correcto para la empresa. En otras palabras, la trampa temporal consiste en “comprar” paz y armonía familiar a costa de los intereses de la empresa. Ante esta situación, lo más habitual es diferir la solución del conflicto para evitar las cuestiones ríspidas familiares y, en muchos casos, no solo diferir su solución sino directamente decidir a favor de la armonía familiar y no a favor de los intereses de la empresa. Esta trampa temporal obedece a la incomodidad natural que se tiene cuando se debe enfrentar un conflicto, cualquiera sea su índole, que al ser familiar es doblemente incómodo, siendo una condición humana común tratar de eludir el conflicto o tratar de postergarlo. La resolución de este tema específico es de alta sensibilidad familiar y la posibilidad de que derive en un conflicto es altamente probable, motivo por el cual su tratamiento racional se hace mucho más difícil, debido al factor afectivo. En las empresas no familiares, este factor no tiene una incidencia tan protagónica y, por ende, es más fácil encarar racionalmente este tipo de problemas y es más fácil su solución. De ahí que las empresas familiares tienen características tan particulares que exigen un conocimiento y tratamiento específicos. IV

- LA AYUDA EXTERNA A LAS EMPRESAS DE FAMILIA AGROPECUARIAS

Por las características de los problemas que se acaban de describir, la familia sola no puede encarar la solución de estos problemas, y es ahí donde se hace necesaria la ayuda del asesor externo, con criterio independiente y despojado de toda vinculación afectiva, quien debe conducir el proceso de solución de los problemas familiares con máximo profesionalismo.

Cuándo pedir la ayuda del asesor

Cuando se desea encarar la solución de los problemas familiares, surge el interrogante sobre cuándo se debe solicitar este tipo de ayuda. Haciendo un paragón con la medicina, podríamos decir, a los médicos se los consulta: a) cuando no se tiene síntoma alguno; b) cuando aparecen los primeros síntomas; c) cuando son intensos los efectos de los síntomas. Es evidente que lo mejor para la empresa y para la familia es “hacer medicina preventiva” es decir consultar periódicamente a un asesor para ver en qué situación se encuentra la familia y la empresa, a los efectos de detectar tempranamente algún problema, en cuyo caso su solución es mucho más fácil y menos traumática. CONSULTOR AGROPECUARIO

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DANIEL E. SIDERO

Es importante, por ende, el momento de la solicitud de la ayuda externa, dado que por lo descripto precedentemente, cuanto más se demore el inicio del proceso para encarar la solución de estos problemas, mayor dificultad tendrá que enfrentar el consultor y la familia para solucionarlos. Siguiendo con la relación médico-asesor, hay que tener en cuenta que actualmente si a la medicina le damos tiempo, son pocos los problemas que no puede solucionar.

Perfil del asesor

Es importante detenernos en la definición del perfil del asesor, quien deberá abordar temas de distinta índole tales como: a) la situación de los negocios; b) la conflictividad familiar; c) la situación jurídico-societaria y de herencia de la empresa, etc. Como se puede apreciar, los perfiles requeridos para el asesor son variados y lo ideal es encontrar aquel que los pueda resumir en una sola persona, caso contrario se deberá pensar en un equipo interdisciplinario, no siendo esto lo ideal, por lo menos inicialmente. Dada la característica especial que tienen los negocios agropecuarios -y como uno de los temas a evaluar es el referido a la marcha del negocio-, el perfil técnico del asesor debe reunir la condición de poder interpretar rápidamente las variables relevantes del negocio. Las características personales del asesor también son importantes, dado que transitará por temas muy sensibles como son los referidos a la conflictividad familiar, para lo cual deberá tener condiciones especiales para saber escuchar e interpretar las distintas visiones de los involucrados en los conflictos e ir generando la confianza necesaria para constituirse en un mediador absolutamente independiente.

Aceptación del asesor

Tener en cuenta que, si bien se dijo que la familia sola no puede resolver la conflictividad familiar cuando la misma alcanza determinados niveles, también es cierto que tampoco el asesor puede resolverlos sin la aceptación y colaboración de la familia. Una vez definido el perfil del asesor, viene el proceso de la aceptación del asesor por parte de los integrantes de la familia. A continuación, se exponen las causas más comunes de oposición a esta alternativa de solucionar los problemas familiares: a) No todos los familiares involucrados pueden percibir de igual forma la gravedad de los problemas existentes y pueden no entender necesaria la incorporación de un asesor externo. b) Pueden existir familiares que se encuentran en situación de comodidad y pueden percibir que la entrada del asesor puede ser un factor de cambio que les haga perder dicha condición. c) Pueden existir familiares que no coincidan con las características y habilidades del asesor o no estar de acuerdo con el familiar que está promoviendo su contratación. d) Pueden existir familiares que solo vean el efecto negativo del asesor externo, por ejemplo: • el costo de sus honorarios; • la intromisión de un externo en la problemática interna de la familia; • y no logren visualizar los efectos positivos de su asesoramiento. A los efectos de superar esta etapa común de rechazo inicial de incorporar un asesor externo para solucionar la conflictividad familiar, es muy importante el rol que deben jugar los familiares que intentan conducir este proceso de cambio, aplicando estrategias negociadoras y mostrando los beneficios a alcanzar. Este proceso de convencimiento previo puede realizarse con el asesoramiento del CONSULTOR AGROPECUARIO

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¿LOS PROBLEMAS FAMILIARES EN LAS EMPRESAS DE FAMILIA PUEDEN…?

asesor, dado que el profesional seguramente ya ha atravesado estos procesos de rechazo inicial tan común en las empresas de familia agropecuarias.

Diagnóstico

Superada la etapa de la aceptación del asesor externo por parte de la familia, este inicia su labor con la elaboración de un diagnóstico que debe transitar como mínimo por los siguientes campos.

1. Situación de los negocios

En términos generales, podemos decir que el disparador común de los conflictos familiares es casi siempre la disminución de los resultados positivos de los negocios. Es importante destacar que los buenos resultados no solucionan los conflictos, sino que los “tapan muy bien”, en otras palabras las causas de los conflictos siempre estuvieron presentes, solo que se “disparan”, es decir que salen a la luz, cuando los resultados son insatisfactorios. Como consecuencia de ello, es importante que el asesor analice y descubra la causa que disparó los conflictos, es decir que debe analizar la salud de los negocios en forma integral y ver su perspectiva. Esto define uno de los perfiles del asesor, es decir tendrá que ser un consultor que posea habilidades para diagnosticar la salud del negocio, transitando por: a) Situación de la explotación y grado de adecuación tecnológica de la empresa. b) Sistema de información y proceso de toma de decisiones. c) Cantidad, idoneidad y remuneración de los familiares involucrados. d) Planificación de las futuras incorporaciones de familiares a la gestión de la empresa. e) Planificación de la sucesión. f) Necesidades de actualización tecnológica y capacidad financiera para llevarla a cabo. g) Planificación y generación de caja futura, etc.

2. Situación de la conflictividad

El otro punto de ataque importante del asesor es conocer pormenorizadamente el mapa de los conflictos, para lo cual deberá entrevistarse con los familiares involucrados y tener la habilidad de comunicarse, de escuchar y generar la necesaria confianza para que se le presenten las causas de los conflictos desde la visión de cada involucrado. Este proceso es sumamente importante porque, a partir del mismo, el asesor contará con toda la información relativa a los conflictos y tendrá la visión de cada uno de los integrantes de la familia involucrado en el conflicto. De esta forma, podrá determinar con independencia de criterio y frialdad, la envergadura de los mismos, los cuales muchas veces pudieron crecer por el simple hecho de no haber existido oportunamente un adecuado diálogo o por el contrario ser realmente graves, en cuyo caso su solución demandará la implementación de estrategias más complejas. Si bien son variadas las causas de la conflictividad, en las empresas agropecuarias la planificación de la sucesión y su implementación es un tema sumamente difícil de definir y encarar. La tradición, el arraigo cultural son factores muy fuertes a tener en cuenta cuando se encara el tema de la sucesión de este tipo de empresa. Esta problemática es sumamente compleja y será motivo del desarrollo de un próximo artículo.

3. Situación societaria y hereditaria

El otro punto de ataque deberá ser conocer la situación societaria legal y hereditaria de los involucrados, más aun si algún punto de la conflictividad familiar estuviese dentro de estos rubros.


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DANIEL E. SIDERO

Recomendaciones

Luego de realizado el adecuado relevamiento que dio lugar a la confección del diagnóstico integral de la situación de la empresa, se discutirá con la familia el resultado del diagnóstico y los planes de acción para solucionar los problemas detectados. Esta etapa es crucial para que el proceso llegue a buen fin y es aquí donde se hace necesaria la participación activa de la familia y su predisposición para aceptar las recomendaciones. Alguna de estas recomendaciones puede ser de difícil aceptación para lo cual es importante la capacidad de la familia a flexibilizarse y saber negociar. Se debe tener en cuenta que estos procesos de transformación exigen muchas veces tener que enfrentarse con soluciones incómodas que despiertan reacciones adversas y es ahí donde se inicia el proceso de diálogo en donde el asesor debe cumplir un rol importante como facilitador. Si este proceso se lleva a cabo armoniosamente y con espíritu de intentar solucionar los problemas, la solución es más accesible y se empieza a transitar por el buen camino. Caso contrario, el proceso remitirá nuevamente a foja cero, con la única ventaja de que, si bien no se pudieron solucionar los problemas, al menos se detectaron las causas y se conocen los caminos de solución, los que tal vez algún día se podrán retomar si es que los tiempos de la evolución de los problemas no solucionados lo permiten. Si como se dijo anteriormente: a) Las empresas de familia agropecuarias tienen problemas comunes, de finales predeterminados y fatales. b) La familia sola no puede resolver sus problemas y debe recurrir a la ayuda de un asesor externo. c) La intervención de asesor externo no es de fácil aceptación por la familia. d) Sus recomendaciones no son siempre implementadas en tiempo y forma, entonces las familias de las empresas agropecuarias enfrentan un problema serio cuya solución es difícil de encarar. Si las familias, con problemas de conflictividad familiar, no pueden superar los obstáculos que le permitan encarar la solución de sus problemas a través de la ayuda de un consultor externo, podemos entender mejor la estadística que nos dice que solo el 7% de las empresas de familia logra superar la tercera generación. Para superar estas dificultades, se requieren habilidades especiales de los asesores externos y de los familiares que lideren el proceso de transformación para convencer a los familiares más reticentes sobre la necesidad de encarar en conjunto con el asesor externo el proceso de solución de los problemas antes mencionados. En la medida en que este proceso no se pueda llevar a cabo, el problema familiar seguirá creciendo y, si no se lo ataca a tiempo, el turno del asesor habrá pasado y es entonces cuando puede ser necesario que sea más conveniente que aparezcan los abogados. Cuando manifestamos simbólicamente que aparecen los abogados, queremos demostrar que existen dos etapas para resolver la conflictividad familiar: a) la de la solución dialogada, negociada, que busque el mantenimiento de la armonía familiar y la defensa de los intereses de la empresa; o b) la de la solución judicial, que implica abandonar la instancia anterior para iniciar la etapa de la pelea judicial o pleito, que casi siempre finaliza con la división de los activos, los cuales difícilmente alcancen unidades productivas adecuadas. Encarar estos problemas a través de la metodología comentada precedentemente, brinda muchas satisfacciones a la familia, la cual ve mejorada su relación familiar y la empresa comienza a desplegar todo su potencial, una vez que pudo retirar “del camino las piedras que obstaculizaban su paso”. CONSULTOR AGROPECUARIO

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PANORAMA AGROPECUARIO


LA ARGENTINA

AGROPECUARIA ENFRENTA UN FUTURO DIFÍCIL

Pablo Adreani

Durante esta última década, la Argentina ha tenido la oportunidad de capturar situaciones de mercado inmejorables para el desarrollo del sector agropecuario. En el análisis de estos últimos 10 años, hay dos períodos bien definidos. En el primer quinquenio 2002-2007, el productor pudo tomar la ventaja del mejor tipo de cambio a la salida de la convertibilidad y, a pesar de los menores precios internacionales, el campo tenía una cierta mejora en su rentabilidad. Este es un período donde prevaleció la situación microeconómica interna de la Argentina. La nueva relación cambiaria produjo un nuevo reacomodamiento de las variables de mercado, empezando por la relación “peso-dólar”. En ese período, bajaron los rindes de indiferencia (se trata del rendimiento en kilos por hectárea necesarios para cubrir los costos de producción y resulta en un margen de ganancia “cero”). El segundo período 2007-2012, se caracteriza por el fuerte aumento en los precios internacionales, cuyo disparador inicial comienza con el surgimiento de la crisis financiera en los Estados Unidos. Sin embargo, en ese período, también se va consolidando un proceso inflacionario en la Argentina que termina por impactar en los costos de producción medidos en dólares. El hecho de tener una tasa de inflación del 20/25% anual y un ritmo de devaluación del dólar del 5/10%, termina por provocar una “inflación en dólares” del 10/15% real. Como consecuencia de la tasa de inflación en pesos antes mencionada, se produce un aumento en los costos de bienes, servicios, fletes, que terminan por impactar en la estructura de costos de producción. El productor enfrenta entonces un dilema, para mejorar su rentabilidad debe haber una sustancial mejora en los precios internacionales, una devaluación del tipo de cambio o un fuerte incremento en los rindes por hectárea. De las tres alternativas, el productor está capacitado para intentar mejorar los rendimientos por hectárea. Y esto lo ha venido haciendo en estos últimos años. Pero se produce un fuerte desfasaje económico cuando los rindes no son los esperados. Esto sucedió con las sequías ocurridas en nuestro país durante las últimas tres campañas: sequía en la campaña 2009 y en la de 2012, que en menor o mayor grado afectaron muy seriamente los rendimientos reales, lo que provocó muchas situaciones de quebranto o rentabilidades negativas. La Argentina producía, hace 10 años, un total de 71 millones de toneladas a partir de una superficie sembrada de 26,5 millones de hectáreas, y durante la segunda mitad de la década logró consolidar un volumen de producción record por arriba de los 101 millones de toneladas (campañas 2008 y 2011), con una superficie de siembra de 33 millones de hectáreas. En términos estadísticos, la producción aumentó un 42,2%, resultado de un aumento del 31% en la superficie de siembra y un 8,6% en la productividad por hectárea. Podemos entonces concluir que el aumento registrado en la producción argentina, durante la última década, tuvo su origen en un 74% en el aumento de la superficie de siembra, mientras solo un 16% se debió a un aumento de los rendimientos por hectárea. CONSULTOR AGROPECUARIO

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PABLO ADREANI

En el mismo período, el ingreso de divisas pasó de u$s 10.500 millones en 2003 a u$s 36.072 millones proyectados para 2013, si el clima y los precios acompañan. Es notable ver el aporte que ha realizado el campo en esta última década, superando los u$s 255.000 millones en ingreso de divisas, y casi u$s 65.000 millones en concepto de retenciones a la exportación. Aportes del sector agropecuario Ing. Divisas Ing. Retenciones 2003 10500 1881 2004 12768 2288 2005 14757 2631 2006 14984 2769 2007 22355 4845 2008 37887 10979 2009 18718 5097 2010 23278 6443 2011 34329 9668 2012 29966 8308 2013 36072 9915 255614 64824 Fuente: AgriPAC Consultores

La tendencia que consolidó el negocio agrícola durante esta última década tiene lógica si consideramos que la fuerte suba registrada en los precios internacionales, la mejora en el tipo de cambio posconvertibilidad y la suba en los márgenes de rentabilidad empujaron la frontera agrícola a nuevas tierras del NOA y NEA. Y son estas tierras las que serán más afectadas por la “dolar-inflation” que está erosionando el margen del negocio, a punto tal que a los actuales precios de mercado, diciembre/2012, muchos productores de trigo, soja y girasol tendrán resultados negativos muy fuertes. Veamos un ejemplo de lo sucedido con el girasol, fiel reflejo de cómo la “inflación-dólar” está poniendo en serio riesgo el margen del negocio. Y lo mismo se debe extrapolar al trigo, donde salvo en zonas trigueras de alto potencial de rendimiento, como el sudeste de la Provincia de Buenos Aires, en el resto del país con los rindes reales logrados el 70% de los productores tiene márgenes negativos. Y lo mismo va a suceder con la soja, si los rindes no son lo suficientemente altos para compensar la “inflación-dólar”, o el mercado no retoma la tendencia alcista que tuvo durante 2012.

Veamos el caso del girasol, pues como les decía es un claro ejemplo de lo que puede ser la situación de soja y trigo durante 2013. Cuando se implementaron las retenciones a las exportaciones agrícolas, incluyendo cereales, granos forrajeros y oleaginosos, se hizo de manera indiscriminada, sin evaluar bien la competitividad de cada región y de cada cultivo. En esos momentos, todavía no se sentía en la Argentina “la inflación en dólares que estamos teniendo hoy en día”, que multiplica por 15 la inflación que tiene hoy Estados Unidos, país emisor de dólares billetes. Sucede que, a medida que van pasando los años con tasas de inflación en pesos del 25% y devaluación del dólar del 10%, se produce una inflación en dólares del 15% cada año. Quiere decir que, en estos últimos tres años, la “inflación dólar” en Argentina fue del 45/50%, y esto afectó en forma directa el costo de producción en dólares. Como consecuencia de ello, los gastos directos en girasol aumentaron en los últimos tres años en 97 u$s/ha, mientras que los gastos variables lo hicieron en 95 u$s/ton. Si analizamos lo sucedido con los gastos de estructura donde la presión impositiva se lleva buena parte de estos gastos, los mismos han sufrido un aumento de 35 u$s/hectárea, equivalente al 35% de incremento. A manera de síntesis, los gastos para producir girasol aumentaron en 3 años 227 u$s/ha. Para poder compensar este aumento CONSULTOR AGROPECUARIO

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LA ARGENTINA AGROPECUARIA ENFRENTA UN FUTURO DIFÍCIL

de costos el precio del girasol debería haber subido 130 u$s/tonelada, entre la campaña 2009/2010 y la actual 2012/2013. En la realidad, el mercado ha subido en 107 u$s/ton, desde los 225 u$s/ton de la campaña 2010 a los 332 u$s/ton de la campaña 2013. Esta suba no es suficiente para compensar la inflación dólar que tiene nuestro país, y en consecuencia se produce un aumento de 190 kg/ha de los rindes de indiferencia pasando de 1247 k/ha en la campaña anterior a 1436 kg/ha proyectados para la nueva cosecha 2013. En términos de margen bruto por hectárea, hoy el girasol arroja un valor de 336 u$s/ha (zona Sudeste de Bs. As., base 2.300 kg/ha) contra 371 u$s/ha del año anterior y 538 u$s/ha de la campaña 2010/2011. Si tomáramos la zona centro y oeste de Córdoba el escenario es todavía mucho más ajustado. Si bien se cuenta con la ventaja de tener una aceitera como AGD que, de alguna forma, compensa el flete y mejora, en cierta manera, los ingresos del productor.

Hoy el rinde de indiferencia para producir girasol se encuentra en el segundo peor valor de toda la década, meses previos a la salida de la convertibilidad el rinde de indiferencia llegaba a 1517 kg/ha, mientras que hoy se ubica en 1436 kg/ha, estamos apenas 81 kg/ha por debajo al peor rinde de indiferencia de estos últimos 10 años.

Esta fotografía que estamos viendo hoy no hace más que confirmar que el productor mantuvo su competitividad, aun con el actual nivel de retenciones a las exportaciones, mientras no había inflación en dólares, pues aun con los precios más altos de nuestra historia, la competitividad de la mayoría de los cultivos hoy corre serio riesgo de entrar en pérdidas a escala masiva. El girasol es la punta del iceberg. Le siguen debajo, el trigo y la soja. En este último punto, me refiero al riesgo que tiene la Argentina y los productores en su conjunto si la soja 2013, por algún motivo, llega a cotizar por debajo de los 300 u$s/ton. Con este nivel de precios, el 50% de las áreas agrícolas, en campo arrendado, dan resultados negativos, y esto de alguna manera lo estamos viendo con el girasol, con un fuerte aumento en sus costos de producción y sus rindes de indiferencia. Solo en un escenario de excelentes rendimientos los productores de soja, trigo y girasol, pueden tener alguna esperanza de tener “ingresos razonables y no entrar en pérdida o caída libre”.

Hoy estamos viendo que los rendimientos de trigo no son lo que muchos esperaban, en zona centro y norte de Santa Fe no superan los 2.400 kg/ha como promedio general. Con estos rindes el margen bruto es de 24 u$s/hectárea, si le descontamos la gastos de estructura, entramos en un ingreso negativo, o de pérdida en caída libre.

En soja, si los rindes no acompañan y entramos en un rango de precios por debajo de los 300 u$s, vamos a ver muchos productores con márgenes negativos, a menos que los rindes se ubiquen en la escalar superior de los históricos.

El maíz es hoy la “perla blanca” del sector, con precios a futuro que ya superan cómodamente los 210 u$s/ton para entrega abril/2013, el maíz es uno de los pocos cultivos que tienen un excelente margen bruto, siempre y cuando los rindes se ubiquen dentro del rango de lo normal.

Durante esta última década, el gobierno ha podido aumentar la presión sobre el sector agropecuario, vía las retenciones a la exportación y vía aumento de la presión impositiva, a nivel nacional, provincial, gracias a los mejores precios en la historia en términos nominales. Si hacemos el análisis ajustando los precios por la inflación dólar interna de la Argentina, estamos en el peor nivel de precios de la última década. Y esto se refleja muy bien en el fuerte aumento que se registran en los rendimientos de indiferencia (rindes mínimos necesarios para cubrir los costos de producción y logran un resultado económico “cero”) proyectados para la próxima campaña 2012/2013, donde el trigo y el girasol entran en terapia intensiva; la soja, por el momento, en terapia intermedia, y el maíz, en sala de recuperación.


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PABLO ADREANI

El análisis teórico indica que, en 2013, el ingreso de divisas será de u$s 36.000 millones, un aumento de u$s 6.000 millones con respecto a la campaña 2012. Pero este ingreso que sería el segundo record histórico, está basado en una cosecha de soja de 50 millones de toneladas y una cosecha de maíz de 27 millones. Entonces, lo que suceda con el clima durante el trimestre diciembre-enero-febrero definirá el tamaño final de la cosecha y el ingreso de divisas realmente obtenido. Lo que estamos viendo es que, aun con un ingreso de divisas mayor al año anterior, el productor enfrentará niveles de rentabilidad muy ajustados, y en aquellos casos de excelentes rendimientos podrá tener un muy buen nivel de rentabilidad. Ahora vemos que con la suba de precios no alcanza para compensar el fuerte incremento de la estructura de costos en dólares, a menos que tengamos otra suba extraordinaria durante 2013, tal como sucedió en 2012, luego de la peor sequía sufrida por los Estados Unidos. Como vemos, dependemos de un fenómeno climático adverso en algún lugar del planeta, durante 2013, que afecte la producción en algún país clave en el balance de oferta y demanda global, como puede ser Estados Unidos, China, Rusia, Brasil o la Argentina, para que se pueda volver a tener buenos márgenes brutos en la actividad.

Para concluir, el año 2013 puede ser el año bisagra o de quiebre entre el “relativo buen momento del sector de estos últimos años” y “los pronósticos de años con niveles de rentabilidad cada vez más ajustados”. Si los precios no suben para compensar la inflación dólar, iremos indefectiblemente a una quiebra generalizada del sector productor, donde solo sobrevivirán los productores de gran escala y aquellos que han pagado alquileres razonables que les permitan sobrevivir a este nuevo “crack” del negocio. Aquellos productores que han pagado hasta 20 qq/ha para arrendar campos para soja, deben lograr por lo menos 40 qq/ha para tener cierto margen de ganancia. Con siembras tardías, y por como viene el año, necesitamos un milagro para lograr este nivel de rendimientos. Habrá un nuevo round de concentración del negocio, donde los aventureros no tienen lugar en el futuro por venir. Hasta el momento, los mercados en permanente suba desde el comienzo mismo de la cosecha, han permitido la sobrevivencia de los improvisados. El mundo por venir no permite ni aventureros ni improvisados, solo empresarios con sintonía fina del negocio. Los dueños de campo verán recortados sus ingresos, pues el próximo ajuste a partir de la próxima campaña 2013/2014 es la fuerte reducción en el costo de los alquileres.


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CONSULTORIO AGROPECUARIO ’ TRIBUTARIO

’ LABORAL Y PREVISIONAL

CONSULTORIO AGROPECUARIO

TRIBUTARIO

Josefina Bavera

Tributario P.: ¿En qué se diferencian la RG (AFIP) 2750 denominada de Capacidad Productiva, con la RG (AFIP) 3342 -Régimen de Información de Producción-?

R.: La RG (AFIP) 2750, Capacidad Productiva, incluye tres regímenes de información, a saber: • Existencias de granos al 31/8 de cada año. • Hectáreas sembradas en campos propios o de terceros de cultivos de invierno. • Hectáreas sembradas en campos propios o de terceros de cultivos de verano. Dicha información se debe cumplimentar respecto de todos los granos no destinados a la siembra, mientras que, en la RG (AFIP) 3342, se debe informar la producción de una determinada campaña (por ejemplo 2012-2013) y solo respecto del trigo, maíz, soja y girasol. En conclusión, la RG (AFIP) 2750 incluye todas las existencias de granos (granos sin vender) al 31/8 de cada año diferenciadas por campaña y la RG (AFIP) 3342 incluye toda la producción de la campaña con independencia, si al momento de informar se enajenó o se mantienen en existencias en el establecimiento o en un depósito de terceros. P.: Régimen de Información de Producción [RG (AFIP) 3342]. Un productor de granos no destinados a la siembra -que no cultiva trigo- no se encuentra dado de alta en la actividad de cultivo de trigo ni ha informado hectáreas afectadas al cultivo de trigo en los términos de la RG (AFIP) 2750. ¿Igualmente debe cumplimentar con el régimen de información de la RG (AFIP) 3342, indicando “sin producción”?

R.: La RG (AFIP) 3342 indica: “Dicha obligación deberá cumplirse aun cuando el sujeto obligado no disponga, al momento de suministrar la información, de existencias de tales granos y/o de superficie afectada a la producción agrícola y/o de producción de trigo, maíz, soja y/o girasol.” En consecuencia, el régimen de información deberá cumplirse aun cuando no se haya cultivado para la compañía objeto de la información trigo, en este caso informando “sin producción”. P.: ¿Cuándo se debe cumplimentar con el Régimen de Información de la RG (AFIP) 3342, por ejemplo para el caso de los cultivos de soja, maíz y girasol, campaña 2012-2013?

R.: El período de cumplimiento del Régimen de Información es desde el 1/1/2013 y hasta el 31/8/2013. CONSULTOR AGROPECUARIO

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TRIBUTARIO

JOSEFINA BAVERA

La normativa indica que se debe cumplir con el Régimen de Información con anterioridad al traslado y comercialización de los productos obtenidos.

Pero, ¿y si traslado mientras cosecho y no conozco con certeza el total de la producción al momento del traslado y comercialización de los granos?

El régimen establece un lapso de información que esté entre el 1/1 y el 31/8. El sistema permite rectificar online todas las veces que el productor lo requiera -hasta el 31/8-. Después de esa fecha, las rectificativas se deben realizar en agencia. En consecuencia, en caso que se cosechen y trasladen granos, se debe informar parcialmente la producción hasta llegar al 31/8/2013 e informar la producción total. Es importante indicar que cada rectificativa reemplaza totalmente la anterior presentación, situación por la cual se debe informar la producción informada anteriormente más la actual.

P.: ¿Es requisito para cumplir con el régimen de información dispuesto en la RG (AFIP) 3342,

por ejemplo, respecto del trigo, haber cumplido con el régimen de información de la RG (AFIP) 2750, Capacidad Productiva respecto de las hectáreas sembradas de trigo?

R.: El Régimen Informativo debe ser cumplido con posterioridad a la presentación de la información de la superficie productiva correspondiente a cada grano -de acuerdo con lo dispuesto por la RG (AFIP) 2750-.

En consecuencia, a efectos de poder cumplimentar con la RG (AFIP) 3342 -información de producción de la campaña- es requisito indispensable haber informado las hectáreas afectadas a trigo- propia o de terceros-. P.: Un productor monotributista de granos no destinados a la siembra ¿debe cumplimentar con el Régimen de Información?

R.: Están incluidos en el Régimen de Información todos los productores cuya actividad -principal o complementaria- sea la obtención de los granos no destinados a la siembra de trigo, maíz, soja y girasol, mediante la explotación de inmuebles rurales, propios o de terceros bajo alguna de las formas establecidas por la ley 13246 -de arrendamientos y aparcerías rurales- u otras modalidades.

En consecuencia, están obligados a cumplimentar con el régimen, también, los productores de granos que revistan la condición de monotributistas.

P.: ¿Se debe informar, en el marco de la RG (AFIP) 2750 y en la RG (AFIP) 3342, el grano

cosechado para consumo del establecimiento, por ejemplo hacienda?

R.: El artículo 1, RG 2750, establece un Régimen de Información respecto de las existencias de granos no destinados a la siembra -cereales y oleaginosos- y legumbres secas -porotos, arvejas y lentejas- de propia producción y de la capacidad de producción (hectáreas afectadas) de los contribuyentes que desarrollen la actividad agrícola. Por lo tanto, cuando la siembra se realiza para consumo de su explotación, siendo granos no destinados a la siembra, está obligado a informarlos. CONSULTOR AGROPECUARIO

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TRIBUTARIO

CONSULTORIO IMPOSITIVO AGROPECUARIO

En el mismo sentido, también debe cumplirse con el régimen de información de la RG 3342. Así se expresó la AFIP al indicar, respecto de la RG (AFIP) 2750: “El régimen informativo se refiere a las existencias de granos no destinados a la siembra -cereales y oleaginosos- y legumbres secas -porotos, arvejas y lentejas- de propia producción (sin hacer ninguna alusión al destino posterior que tengan dichos granos) y a la capacidad de producción de los contribuyentes que desarrollen la actividad agrícola. “La RG solo exime de la obligación de informar al productor de granos destinados a la siembra -semillas-. “El contribuyente debe informar los granos en stock ‘de propia producción’ al 31/8, ya sea que los mismos se encuentren en su establecimiento, o depositada en establecimientos de terceros, y en la medida en que no se haya emitido -hasta el 31/8 inclusive- un C1116B o C o un C1116RT y/o no hayan sido consumidos en la alimentación del ganado, hasta el 31/8 inclusive.”(1)

1)

Consultas Frecuentes - www.afip.gov.ar CONSULTOR AGROPECUARIO

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Cristian Monetto

Laboral y Previsional P.: ¿En qué casos el contrato de trabajo temporario se convierte en permanente discontinuo?

R.: Para responder a esta pregunta, deberíamos repasar primero los presupuestos que la ley 26727 establece para cada una de estas modalidades de contratación. Respecto del contrato de trabajo temporario, el artículo 17 del Régimen fija el objeto de la contratación temporaria a través de dos párrafos cuyo contenido es el siguiente. Primer párrafo: - Necesidades de la explotación de carácter cíclico o estacional - Procesos temporales propios de las actividades agrarias comprendidas en la ley 26727 - Tareas que se realizan en ferias y remates de hacienda Segundo párrafo - Tareas ocasionales, accidentales o supletorias Por su parte, respecto del contrato de trabajo permanente discontinuo, el artículo 18 del nuevo Régimen de Trabajo Agrario dispone que “Cuando un trabajador temporario es contratado por un mismo empleador en más de una ocasión de manera consecutiva, para la realización de tareas de carácter cíclico o estacional o demás supuestos previstos en el primer párrafo del artículo 17, será considerado a todos sus efectos como un trabajador permanente discontinuo”. De ello se deduce que, para que un trabajador temporario se convierta en permanente discontinuo, deben cumplirse cuatro condiciones: - Que sea contratado por el mismo empleador. - En más de una ocasión, de manera consecutiva. La norma no define cuántas deben ser las “ocasiones”. A nuestro criterio, sería suficiente una segunda contratación con tal que sea consecutiva. - Que sea contratado para realizar tareas de los supuestos previstos en el primer párrafo del artículo 17, o sea, que la contratación responda a necesidades de carácter cíclico o estacional, procesos temporales propios de las actividades agrarias y tareas realizadas en ferias y remates de hacienda. Podría decirse que, cuando la contratación consecutiva ocurre la ley presume que las tareas objeto de la contratación son propias de la actividad normal del empleador y por tanto crean en el trabajador una razonable expectativa de continuar en el tiempo bajo las mismas condiciones que se han dado en el pasado. La repetición consecutiva evidenciaría así que no existe “temporariedad” del vínculo sino “permanencia discontinua”. CONSULTOR AGROPECUARIO

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Ahora bien, hemos dicho que las tareas que pueden convertir una contratación temporaria en una vinculación permanente discontinua son las previstas en el primer párrafo del artículo 17 de la ley 26727. Ello implica que cuando en la repetición intervengan tareas ocasionales, accidentales o supletorias –previstas en el segundo párrafo del art. 17 del régimen- no nacerá de la misma un contrato de trabajo permanente discontinuo. P.: ¿Cómo se aplica la LCT a las relaciones laborales del trabajo agrario a partir de la ley 26727?

R.: El Régimen Nacional de Trabajo Agrario aprobado por la ley 22248 constituyó un estatuto profesional particular o específico que, al excluir completamente las disposiciones de la LCT pudo ser considerado autosuficiente. El nuevo régimen de la ley 26727, al plantear la vinculación entre norma general (la LCT) y estatuto profesional, abandona el criterio de autosuficiencia para adoptar una relación de –en palabras de Capón Filas(1)- coexistencia interpenetradora. En efecto, la aplicación de la LCT queda planteada en los siguientes términos:

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Al establecer las fuentes de regulación del contrato de trabajo agrario, el artículo 2 establece: “b) Por la ley 20744 de contrato de trabajo (t.o. 1976), sus modificatorias y/o complementarias, la que será de aplicación en todo lo que resulte compatible y no se oponga al régimen jurídico específico establecido en la presente ley”. - En la misma línea –pero con mayor precisión- resultan las modificaciones introducidas al artículo 2 de la LCT para introducir a su ámbito de aplicación el trabajo agrario. En efecto, se señala que las disposiciones del mencionado régimen general “…serán de aplicación supletoria en todo lo que resulte compatible y no se oponga a la naturaleza y modalidades propias del Régimen de Trabajo Agrario”. - El artículo 100 de la ley 26727 se refiere expresamente a la aplicación de la LCT indicando: “Las disposiciones de esta ley son de orden público y excluyen las contenidas en la ley 20744 de contrato de trabajo (t.o. 1976) y sus modificatorias en cuanto se refieran a aspectos de la relación laboral contempladas en la presente ley, conforme lo establecido en el artículo 2”. Siguiendo las enseñanzas de Martín Valverde(2) y de Goldín(3) las relaciones entre las normas jurídicas laborales pueden ser de coexistencia vinculada o de desvinculación. A su vez, la coexistencia vinculada puede plantearse en cinco grandes categorías: supletoriedad, subsidiariedad, articulación o complementariedad, suplementariedad o concurrencia no conflictiva y colisión o conflicto. Esta última a su vez puede manifestarse como contradicción –o antinomia por contradicción- o como simple divergencia -o disimilitud de normas-. En el caso que nos ocupa, la coexistencia vinculada entre la LCT y la ley 26727 es de supletoriedad, conforme lo determina la LCT en línea con las disposiciones específicas del propio estatuto especial. En consecuencia: - No se aplicará la LCT cuando se trate de un aspecto de la relación laboral que se encuentra regulado en el estatuto especial de la ley 26727.

1)

2)

3)

Capón Filas, Rodolfo en Capón Filas, Rodolfo y Candelero, Manuel: “Régimen Laboral Agrario” - Librería Editorial Platense - pág. 43 Martín Valverde, Antonio: “Concurrencia y articulación de normas laborales” - Revista de Política Social Nº 119 - Madrid - julio - setiembre/1978 - pág. 5 Goldín, Adrián O.: “La ley de contrato de trabajo y los estatutos especiales. Norma más favorable, duda y compatibilidad”, en LT – T. XXXI-B – pág. 961 CONSULTOR AGROPECUARIO

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Por tanto, la LCT será aplicable cuando se trate de aspectos de la relación laboral que carezca de regulación en la ley 26727. Ahora bien, esta aplicación supletoria, es relativa ya que está sujeta a un juicio previo de compatibilidad con la naturaleza y modalidades de la actividad agraria. En los hechos, sin embargo -y en línea con la inteligencia de los autores del proyecto de la L. 26727-, podría decirse que no existen razones objetivas que puedan tornar incompatible las disposiciones supletorias de la LCT con la actividad agraria, por lo que los operadores jurídicos podrían aplicarlas directamente. En consecuencia, en el esquema de coexistencia planteado no queda lugar para la resolución de conflictos por aplicación del criterio de la norma más favorable, ya que la relación de supletoriedad excluye el conflicto normativo donde la aplicación de este criterio tiene lugar. Relación normativa con la LCT

Supletoriedad (la LCT es aplicable en aquellos aspectos de la relación laboral no regulados por la L. 26727)

P.: La ley 26727 contiene importantes modificaciones respecto de la Ley 22248 respecto de los trabajadores permanentes (porcentaje de antigüedad, licencias, suspensiones, indemnizaciones, etc.). Ahora bien, ¿en qué medida las nuevas disposiciones afectan a los contratos de trabajo vigentes a la época de entrada en vigor de la ley?

R.: La cuestión planteada es un problema de vigencia de la ley. El Código Civil argentino determina que las leyes no son obligatorias sino después de su publicación y desde el día que determinen. Si no designaran tiempo, serán obligatorios ocho días después de su publicación oficial. En este sentido, la ley 26727, publicada el 28/12/2011 sin indicación expresa de entrada en vigencia, adquirió vigor a partir del 6/1/2012. A partir de aquí, el problema se sitúa en el modo en el que la norma vigente se aplicará a las relaciones y situaciones jurídicas existentes. A tal efecto podría decirse que el sistema de nuestro Código Civil combina los principios de “irretroactividad de la ley” con el de “aplicación inmediata de la ley”, llamada por López de Zavalía “retroactividad de primer grado”. Ello significa que la ley aplicable es la vigente en el momento en que se produce el hecho o se ejecuta el acto jurídico, aunque dichos hechos y actos sean consecuencia de un contrato celebrado bajo una ley anterior. Es decir que la nueva ley, salvo disposición expresa en contrario, no tiene efecto retroactivo pero alcanza las consecuencias de las relaciones jurídicas nacidas con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley. Ahora bien, ¿cuáles son las consecuencias de las relaciones jurídicas nacidas con anterioridad a la ley que resultan alcanzadas por ella? Nuevamente, acudimos a la autoridad de López de Zavalía, quien analiza cuatro respuestas posibles: a) que la ley nueva no se aplique ni siquiera a los períodos futuros (caso de indudable irretroactividad), b) que se aplique aun a los períodos corridos y abonados (caso típico de retroactividad), c) que se aplique a los períodos no devengados al momento de entrada en vigencia, y d) que se aplique no solo a los períodos no devengados, sino también a los devengados pero no abonados. Es en estos dos últimos supuestos es donde se presenta la dificultad de determinar qué significaría una aplicación retroactiva de la ley. Estudiando el texto del artículo 3 del Código Civil, el autor llega a la conclusión de que la aplicación inmediata de la ley -que, como anticipamos, él llama “retroactividad de primer grado”- significa que solo han de regirse por la nueva disposición los períodos aún no devengados, no justificándose que la ley abarque también los devengados pero no abonados (“retroactividad de segundo grado”). En consecuencia, con apoyatura en el citado jurista podríamos decir que la ley 26727 entró en vigencia el 6/1/2012, regulando las relaciones jurídicas nacidas a partir de dicho momento y los


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efectos no devengados de las relaciones jurídicas nacidas bajo el régimen de la ley 22248. Lo expuesto, podríamos resumirlo de la siguiente manera: Vigencia de la ley 26727 Aplicación temporal

6/1/2012 Contratos de trabajo existentes desde el 6/1/2012 Efectos no devengados de contratos de trabajo nacidos bajo el régimen de la ley 22248

P.: En el caso del contrato agrario permanente discontinuo, ¿se debe publicar un aviso en el diario o medio similar para avisar a los que ya trabajaron si quieren volver? El nuevo régimen (L. 26727) no dice nada al respecto.

R.: Al día de la fecha no existen precisiones al respecto. En la ley de contrato de trabajo (LCT), dicha omisión tiene la consecuencia de la extinción de la relación, asimilable al despido sin justa causa. Ahora bien, en el caso de la ley 26727 dicha disposición no resulta aplicable, ya que al estar la cuestión específicamente regulada, la LCT resulta desplazada. Se especula con que la cuestión del reinicio en el caso de las contrataciones permanentes discontinuas se regule en la futura reglamentación, pero hasta la fecha tal procedimiento no resulta obligatorio. No obstante, si bien es cierto que el trabajador no puede considerarse despedido por la falta de publicación de tales avisos por parte del empleador, no lo es menos que si este último aspira darles certeza a las relaciones laborales, deberá primero intimar al trabajador a que se presente a trabajar si pretende luego extinguir el vínculo por abandono de trabajo (LCT, art. 246). De lo contrario, el vínculo quedará sujeto a las vicisitudes propias de la extinción por mutuo acuerdo tácita prevista en el segundo párrafo del artículo 241 de la LCT. P.: ¿Corresponde entregar el certificado de trabajo del artículo 80 de la LCT al trabajador agrario? ¿Cuál es el contenido? ¿La entrega del formulario de ANSES P.S. 6.2 “Certificación de servicios y Remuneraciones” reemplaza la entrega del certificado del artículo 80?

R.: Sí, corresponde. El certificado de trabajo del artículo 80 de la LCT debe ser entregado al trabajador agrario, cualquiera sea la modalidad de contratación. En efecto, se trata de una nueva obligación que rige desde la entrada en vigor de la ley 26727 con fundamento en las siguientes disposiciones: - La propia ley 26727, cuyo artículo 75 dispone: “Calificación profesional. Certificación. En el certificado de trabajo previsto por el artículo 80 de la ley 20744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, que el empleador está obligado a entregar al momento de extinguirse la relación laboral deberá constar la calificación profesional obtenida en el o los puestos de trabajo desempeñados, hubiere o no realizado el trabajador actividades regulares de capacitación. El requisito de dejar constancia de la calificación profesional resulta exigido también por el artículo s/n sexto del Capítulo VIII del Título II de la LCT”. - La propia LCT que resulta de aplicación supletoria en el caso, motivo por el cual, la omisión de la entrega por parte del empleador frente a la intimación del trabajador, hace acreedor a este de la indemnización prevista por dicha norma. El contenido del certificado prescripto por el artículo 80 de la LCT es el siguiente: a) La indicación del tiempo de prestación de servicios (fechas de ingreso y egreso). CONSULTOR AGROPECUARIO

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b) La naturaleza de los servicios (tareas, cargos y categoría profesional, entre otros). c) La constancia de los sueldos percibidos. d) La constancia de los aportes y contribuciones efectuados por el empleador con destino a los organismos de la seguridad social (constancia o descripción que efectúa el principal y que no debe confundirse con la “constancia documentada” que el mismo artículo prevé en el primer párrafo como posibilidad de excepción). Parte de la doctrina –con la que coincidimos- entiendo que esta obligación podría reemplazarse con una leyenda inserta en el certificado, en carácter de declaración jurada, en la que se exprese que la empresa empleadora ingresó regularmente los aportes previsionales, encontrándose los originales a disposición del empleado para su cotejo. e) La calificación profesional obtenida en el o los puestos de trabajo desempeñados, hubiere o no realizado el trabajador acciones regulares de capacitación. En cuanto al certificado de remuneraciones y servicios (Form. P.S. 6.2) exigido por la ley 24241 [art. 12, inc. g)] debe señalarse que la jurisprudencia mayoritaria diferencia el mismo del certificado del artículo 80 de la LCT, atento a los diferentes contenidos y finalidades de cada instrumento, por lo que con la entrega del primero no se da cumplimiento a la obligación impuesta por el señalado artículo 80 del Régimen de Contrato de Trabajo. Finalmente, resta decir que el certificado del artículo 80 debe ser entregado “dentro de los dos días hábiles computados a partir del día siguiente al de la recepción del requerimiento que a tal efecto formule el trabajador de modo fehaciente”. El plazo señalado –que resulta extremadamente exiguo- fue ampliado a 30 días por el decreto 146/2001, pero este último sufrió innumerables planteos de inconstitucionalidad, ante el evidente exceso de la norma reglamentaria.


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ANEXO

CALENDARIO ORIENTATIVO DE LOS REGÍMENES DE INFORMACIÓN DE GRANOS PARA EL AÑO 2013

Josefina Bavera


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Consultor-Agropecuario

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