INTRODUCCIÓN
No se puede negar que el fenómeno de la corrupción ha existido, sobre todo, desde que los explotadores se apropian del producto de los trabajadores. Pero en el Perú, en los últimos años, ha alcanzado su máxima e insospechable expresión. Esto es debido a que los altos funcionarios de la administracióon pública, quienes deberían ser un ejemplo de honradez, son los primeros en delinquir. La corrupción se torna aún mas grave, cuando los miembros del Poder Judicial, aduciendo vacíos en las leyes procesales, permiten a los delincuentes que entren y salgan de las prisiones, como si fueran a sus casas a pernoctar una breve temporada. Además, hay el agravante que cuando se trata de delitos cometidos por servidores de niveles inferiores, como maestros y policías por ejemplo, los procesos de juzgamiento demoran una eternidad. En cambio, cuando se trata de rangos superiores, la justicia es muy ágil, y esta agilidad es acelerada, en razón directa de los altos cargos a los que pertenezcan los procesados.
CORRUPCIÓN CORRUPCIÓN GENERALIZADA EN EL PERU. Recursos extraordinarios obtenidos por las privatizaciones y el narcotráfico, el avasallamiento de las instituciones de control y la complicidad de actores económicos fueron los factores que posibilitaron el nivel de corrupción que vivimos en la década pasada. Desde muy antiguo, los peruanos somos tolerantes ante una amplia variedad de actos corruptos, por los cuales la autoridad se beneficia de bienes y recursos públicos. Esa costumbre no empezó con Alberto Fujimori sino que tiene hondas raíces en nuestra historia. Esa tolerancia es una forma de la complacencia ante una práctica habitual de los gobernantes, quienes frecuentemente consideran la hacienda pública como dominio personal. La posibilidad de que a uno mismo o a algún pa riente o amigo le toque participar de la condición de autoridad provoca esa complacencia, que solamente es una forma del deseo. Los peruanos gozamos de una normalidad muy singular, expresada en la máxima "que robe pero que haga". Esa expresión acepta como hecho consumado que la autoridad robará, aspirando escasamente a que el hurto no sea total, sino que además se realice alguna obra. PRIVATIZACIÓN Y NARCOTRÁFICO
Durante la década del noventa, dos factores hicieron que ese hábito llegase al paroxismo. En primer lugar, hubo recursos extraordinarios en manos del Estado fruto del proceso de privatizaciones. Como se ha establecido en diversos estudios, las privatizaciones devengaron 9221 millones de dólares. Ese dinero era fruto de la venta de los activos del Estado, obviamente ingresaba solo por una vez y fue dilapidado completamente en vez de usado prudentemente para el desarrollo nacional. Hoy en día quedan apenas 543 millones de dólares, y el resto se ha evaporado en diversas compras inútiles, concretadas solamente por interés en la coima. Adicionalmente, es preciso añadir que el narcotráfico constituyó una segunda fuente de recursos extraordinarios. En efecto, durante los noventa
los tentáculos de las drogas penetraron en el Estado, siguiendo un camino que había sido establecido durante la década anterior. Las cifras no han sido precisadas, porque la cuantificación es muy compleja. No se sabe a cuánto asciende, pero es indudable que su aporte fue significativo en la formación de una bolsa que hizo más interesantes las operaciones de corrupción de los noventa. EL DESMONTAJE DE LA CONTRALORÍA GENERAL
Por otro lado, la segunda condición del proceso de corrupción fue el autogolpe del 5 de abril de 1992. En ese momento se reunió la condición política que operó como el gatillo que disparó la corrupción. Esta ya había comenzado para aquel entonces, como lo muestran los casos de la ropa usada y el transporte del dinero al exterior siguiendo la estrategia de la hormiga. Pero el 5 de abril fue clave, porque un grupo d ecidido a robar se apoderó de la nave del Estado, estimulado por esos ingresos extraordinarios. Una de las actividades cruciales de ese grupo fue el desmontaje de las instituciones de control y fiscalización. El caso más notable fue la Contraloría General de la República (CGR). Esta institución fue reorganizada, disminuyéndose notablemente su capacidad de actuación, restándole atributos legales y nombrándose como nuevo contralor a Víctor Caso Lay, quien comandó la institución hasta el año 2000. La CGR es una institución de escasa visibilidad y de segundo orden dentro del aparato del Estado peruano. Pero es una institución fundamental en el tema de la corrupción. Si la CGR funcionara bien, la corrupción disminuiría en forma considerable. Su misión es auditar las operaciones económicas de todas las reparticiones públicas. En algunos países vecinos las instituciones similares a la CGR han logrado que las operaciones económicas públicas funcionen con un elevado grado de racionalidad y de eficiencia burocrática. Por lo demás, la CGR dispone de una oficina de auditoría interna en cada repartición pública. Es decir, además del personal permanente de la CGR, esta institución tiene representantes repartidos por todo el tramado
institucional del Estado, constituyendo una red encargada de evitar la corrupción. Esta institución fue puesta de cabeza por el fujimorismo. Por un lado, sus acciones sirvieron para darle legalidad a un conjunto de operaciones corruptas que estaban en curso. Por ejemplo, la Contraloría legalizó las fraudulentas compras de armamento chatarra que adquirieron las Fuerzas Armadas. Pero, por otro lado, la CGR revisó minuciosamente las cuentas de las escasas instituciones públicas que dirigía la oposición democrática al régimen. Así, las dos terceras partes de las acciones de la CGR durante el lapso 1993-2000 estuvieron dirigidas a fiscalizar a los municipios. No obstante que los gobiernos locales apenas manejan el 3,5 por ciento del presupuesto, ellos fueron el objeto de la mayor parte de las acciones de fiscalización. Así, la CGR fue empleada como escudo para proteger a los corruptos y, paralelamente, como lanza para hostigar a los adversarios del régimen. Otra institución crucial de control es la SUNAT, que fue reorganizada y modernizada en un primer momento, llegando a adquirir un elevado pr estigio institucional. Sin embargo, más adelante sufrió un agudo desgaste ético. Así, la SUNAT implementó el sistema denominado RUC sensible que estaba destinado a proteger del escrutinio público las comprometedoras declaraciones de importantes personajes del Estado, empezando por Vladimiro Montesinos. Por otro lado, la SUNAT hostigaba adversarios del régimen a través de la policía tributaria. MILITARES, AMIGOS Y BANQUEROS
Esta degeneración institucional era necesaria para que el grupo corrupto que se había apoderado del aparato del Estado pudiera delinquir como había sido su propósito desde el primer momento. Ese grupo estaba integrado por tres componentes principales, que interactuaron para darle estabilidad al proyecto golpista. Por un lado se hallaban los altos mandos militares encabezados por Nicolás Hermoza Ríos y el mismo Vladimiro Montesinos. La lucha contra Sendero había obligado a estabilizar la cúpula militar y la
Comandancia General recayó en Hermoza, que controló el poder militar desde 1991 hasta su remoción en 1998. Por otro lado, el enfrentamiento interno también promovió a los servicios de inteligencia que proyectaron su control sobre la sociedad peruana. Estos procesos habían comenzado durante los ochenta, cuando se había avanzado bastante en la militarización del país. Sin embargo, en 1995 se perdió una guerra convencional con el Ecuador, que eligió bien el terreno de lucha y la táctica militar. Debido a ello , y como las tensiones aumentaban, entre 1995 y 1998 se sucedió un proceso monumental de adquisiciones de material de guerra, hasta constituir las mayores compras relativas de la historia nacional. Todos esos gastos fueron inconvenientes porque se compró chatarra, habiendo sido la coima el factor fundamental en la toma de decisión sobre proveedor y bien final. Así se consumieron 1885 millones de dólares, y su resultado son esos aviones que se caen y las grandes cuentas en el extranjero de Hermoza y su séqui to. LA CONEXIÓN CHINA
En segundo lugar se encontraba el círculo íntimo del Presidente, integrado por allegados de diversa procedencia. Entre otros integrantes de este exclusivo grupo destacó Víctor Joy Way, quien fuera congresista y ministro en diversas carteras. Él tenía una empresa de importaciones de productos provenientes de la China, que trajo bienes por un valor de 330 millones de dólares. Gracias a sus contactos políticos, esa compañía colocó sus productos en el Estado. Prácticamente ninguno fue ú til. El ejemplo más ilustrativo es la importación de tractores muy ligeros diseñados para praderas. Puestos en el exigente y quebrado terreno peruano se malograron al cabo de un tiempo y no volvieron a funcionar. La operación más espectacular de Joy Way f ue la compra de medicinas chinas, una vez más muy baratas, aunque al borde del vencimiento. Cuando estas eran repartidas muchas veces estaban vencidas. Así, no dudó en jugar con la salud de las mayorías para seguir aumentando la supuesta eficiencia de su compañía especializada en comprar inservibles baratos. Sus
ganancias fueron considerables, pues sus cuentas en el exterior se cifran en decenas de millones de dólares. El tercer grupo es mucho más complejo, ya que está integrado por individuos pertenecientes a la clase alta de siempre. Ellos han estado fuera del Estado haciendo muy buenos negocios en este festín que fue reventarse el dinero extra proveniente de las privatizaciones. Pero, asimismo, han tenido cuadros orgánicos dentro del Estado como por ejemplo el ministro Jorge Camet, quien estuvo más de cinco años al frente del crucial Ministerio de Economía. Al dejar el ministerio Camet se ha incorporado al directorio del Banco de Crédito y al de Telefónica, evidenciando los intereses que sirvió durante su larga permanencia en el poder. LOS GRUPOS FINANCIEROS
Tanto Dionisio Romero cuanto Eugenio Bertini han sido vistos en diversos vladivideos negociando ventajas empresariales a cambio de servicios políticos. Por ejemplo, Romero negocia con Montesinos, quien será nombrado administrador judicial de la empresa Hayduk, que tenía fuertes deudas con el Banco de Crédito y graves acusaciones de narcotráfico. Por otro lado, después de verse favorecido con la privatización de Matarani, en reunión con la cúpula militar, Romero consiente publicar en el diario Expreso declaraciones de apoyo a la segunda reelección. Por su lado, Bertini negoció toda la transferencia de la propiedad del segundo banco nacional de la familia Wiese hacia la banca italiana. Esta operación requirió una presencia fuerte del Estado, porque los italianos no entraban a menos que el gobierno avalase la cartera pesada del Wiese. Esta operación se concretó y luego Vladimiro le exigió a Bertini préstamos extraordinarios para los canales de televisión comprometidos con la campaña por la segunda reelección. Es un hecho muy revelador que tanto el primer cuanto el segundo grupo financiero nacional negocien con Montesinos ventajas al margen del sistema legal. Muestra, por un lado, cuán involucrada estuvo la elite económica con el fujimorismo. Por otro, constituye un ejemplo de la naturaleza rentista de su
actividad económica. Entre los integrantes del poder económico, la competencia empresarial no se resuelve por productividad sino a través de un arreglo político bajo la mesa y violentando el marco legal. LA CORRUPCIÓN ES EL PRINCIPAL FRENO AL DESARROLLO DEL PERÚ El 80% de los peruanos califica de corrupto o muy corrupto al país. Desconfían del Congreso y de la PNP, pero creen en la defensoría
La corrupción es el principal problema que enfrenta el país. Así lo considera más de la mitad del país (51%), según la Sexta Encuesta Nacional sobre Corrupción de Pro Ética , elaborada por Ipsos Apoyo. Esta percepción ha
ido aumentando significativamente con el paso de los años, pues en el 2003 llegaba a 25%. El 56% considera, además, que la corrupción de funcionarios y autoridades son el principal factor que impide el desarrollo del país. Asimismo, la delincuencia (41%), el desempleo (39%) y el consumo de drogas (36%) continúan siendo un problema para la población, aunque en menor medida que otros años. La pobreza, en cambio, lo es en menor proporción. Este año el 35% de peruanos considera que la pobreza es uno de los tres principales problemas del país, frente a un 51% del 2008.
CONFIANZA EN INSTITUCIONES ¿Cuáles
son las instituciones que los peruanos califican de más corruptas?
El Congreso (46%), la policía (45%)y el Poder Judicial (38%), aunque esta percepción ha disminuido con respecto a la de hace dos años. El caso del Poder Judicial es el más llamativo, pues de ser considerada la institución más corrupta por el 61% de peruanos en el 2008, este año ha disminuido en 23 puntos .
Sin embargo, al medir el grado de corrupción en las instituciones, el 74% señala que el Parlamento es una institución muy corrupta o corrupta, delante del Poder Judicial ( 70%). Más de la mitad de la población confía, más bien, en la Defensoría del Pueblo (53%) para luchar contra la corrupción. El 39% cree en la Iglesia Católica y el 20% en la Fiscalía de la Nación. Sin embargo, casi un tercio del país no confía en ninguna institución. ¿QUÉ NOS ESPERA?
El 80% de los encuestados considera que el Perú es un país muy corrupto o corrupto, apenas 2% menos que en el 2008. El 18% cree que es un pa ís poco corrupto. Frente a este escenario, preocupa que el 39% opine que dentro de cinco años la corrupción habrá aumentado y que el 38% diga que seguirá igual. Y es que más de un tercio del país piensa que el actual Gobierno tiene interés en luchar contra este flagelo (33%), mientras que el 14% cree que está muy desinteresado. La mayoría piensa, además, que el Gobierno no tiene liderazgo en esta lucha (76%) y que no actúa de manera adecuada (82%) ni eficiente (83%).Los peruanos consideran que para combatir la corrupción, el Gobierno debe botar a los malos elementos (54%) y encarcelar a los corruptos (43%). Corrupción del gobierno de Fujimori
Las investigaciones de la Contraloría y los movimientos bancarios realizados a solicitud de la Procuraduría Ad Hoc del caso Fujimori- Montesinos han
corroborado que la ex primera dama de la nación y hoy, lamentable lideresa del fujimorismo, tiene una investigación pendiente. Los montos gastados por Fujimori en la educación de sus hijos están comprendidos en el desbalance patrimonial que encontró la Contraloría General de la República, cuyas conclusiones fueron entregadas al Poder Judicial. De acuerdo con la Contraloría, durante su gobierno (1990- 2000) Fujimori malversó fondos del Estado y se apropió ilícitamente de 916 millones 67 mil 191 soles. Suma respetable de la cual pagó la educación de sus hijas. Las denuncias de un narcotraficante que aseguró haberle pagado durante dos años US$ 50,000 dólares mensuales al asesor presidencial Vladimiro Montesinos ,
a fin de que evitara que los militares o policías le impidieran el
tráfico de drogas tampoco fueron investigadas, ni por el congreso, ni por ninguna autoridad judicial en el Perú. En octubre de 1998 la fiscal
Juana Cordova
y su esposo fueron sorprendidos
recibiendo US$ 7,000 de un acusado de narcotráfico. El Juez de la Corte Suprema
César Tineo ,
adulteró una sentencia, para favorecer a una
empresa privada con un cobro ilegítimo al estado de US$ 43 millones de dólares. Otros miembros de la Corte Suprema declararon que firmaron la mencionada sentencia sin haberlo leído previamente!. De esa forma, Fujimori y sus allegados podían tener bajo su control a varios mie mbros de la Corte Suprema del Perú. Sólo la valiente denuncia de la oposición parlamentaria logró que a fines de 1998 se destituyera al juez César Tineo y se le abriera un juicio. En diciembre de 1998 el juez de la Corte de Cerro de Pasco, Granados
Alfredo
fue sorprendido por la policía con los US$ 3,000.00 que recibió de
una empresa minera para favorecerle en una sentencia. Igualmente, el Juez de la Corte Superior de Lima, Pablo Rojas, fue sorprendido recibiendo la suma de US$ 2,000.00 dólares que le entre gó el intermediario de un narcotraficante. Así como estos casos, podemos mencionar más de 400 casos de corrupción de jueces y fiscales entre 1995 y 1999. Ante esta situación el congresista oficialista Carlos Ferrero reconoció que "la voceada
Reforma del Poder Judicial ha fracasado, ya que los niveles de corrupción son ahora mayores que nunca". Destrucción del Estado de Derecho en el Perú: En su aventura totalitaria
el presidente Fujimori aniquiló al Tribunal Constitucional, a fin de evitar que sus aspiraciones de reelección presidencial fueran rechazadas por este órgano supremo del Poder judicial en el Perú, que se atrevió a emitir un dictamen contrario al que Fujimori y sus aliados esperaban. Enseguida Fujimori, al margen de lo que manda la Constitución, cr eó organismos fantasmas, carentes de sustento constitucional, ("Comisiones Ejecutivas") a fin de despojarle de sus funciones y someter bajo su autoridad a los Tribunales de Justicia y a la Fiscalía de la Nación, colocando a sus ami gos en los cargos de dirección. Corrupción en la gestión de Alan Garcia
La crisis se vio agravada por la corrupción generalizada practicada por todas las instancias del gobierno, que llevó a niveles muy altos y que dejó exangüe a la caja fiscal (las reservas monetarias en 1990 se habían reducido a $8 millones) y llevó al colapso de los servicios públicos (cuya expresión
más
evidente
fueron
los
continuos cortes del servicio eléctrico). Si bien García fue acusado de múltiples y graves cargos de corrupción durante su gobierno y el siguiente (vinculados a narcotráfico, sobornos, malversación de fondos, lavado de dinero e involucramiento en negocios turbios) las denuncias no consiguieron prosperar debido al control y peso político que el Partido Aprísta poseía en el Congreso, siendo finalmente la mayoría archivadas sin llegar a veredicto alguno condenándolo o absolviéndolo. Alan García tiene cuentas pendientes con la justicia sobre diversos casos: la coima que recibió de los italianos que construyeron el Tren Eléctrico; el
depósito de parte de nuestras reservas internacionales en el banco BCCI, entidad dedicada a lavar dinero del narcotráfico; el negociado de los dólares MUC y su amigo Zanatti; así como las oscuras operaciones de compra de los aviones Mirage 2000. Recordemos lo sucedió durante el inicio del gobierno fujimorista. Los parlamentarios de cambio 90, siguiendo ordenes de su líder, se unieron a los apristas
en
las
votaciones
decisivas
para
NO
lograr
denunciar
constitucionalmente al ex presidente García. Gracias a Fujimori, García consiguió librarse de un juicio justo y necesario. Los audios de la corrupción aprista En esta grabación hablan de
³negocios´ Rómulo León Alegría, aprista y ex ministro de Alan García y Alberto Químper, director de Perupetro. La conversación es para arreglar un soborno en una licitación para favorecer a Discover Petroleum, una empresa Noruega afincada en Perú. La grabación fue realizada clandestinamente en el mes de febrero y septiembre este año, y fueron publicadas por un canal de televisión del país (Cuarto Poder). Alan García Pérez, ha intentado sacar el cuerpo de este hecho de corrupción, pero la cosa no les resulta tan fácil, observando la corrupción general en la administración del Estado. Caso: Jennifer Picón
En la madrugada del 5 de marzo del 2008 la estudiante peruana Jennifer Picón Vizconde de 19 años fue asesinada por una conductora ebria en una de las principales avenidas de Lima, cuando cambiaba las llantas de su auto con la ayuda de su hermana Johanna y de su amigo Juan Carlos Osores. La autora del crimen, María Paz Martínez Véliz, de 23 años, se dió a la fuga pero fue detenida minutos después por la policía municipal que comprobó
que ella tenía en su sangre 3 veces el nivel de alcohol permitido por las leyes peruanas y además carecía de licencia de conducir. En su auto se encontraron huellas del crimen, incluyendo cabellos de la víctima. Días después Martínez Véliz fue recluida en una cárcel de Lima por más de un mes, pero luego fue trasladada a un hospital alega ndo problemas de salud, en donde incluso celebro su cumpleaños. Luego ha sido liberada y absuelta de sus crímenes, por una juez provisional que casualmente tiene su mismo nombre. La juez María Martínez Gutierrez no ha querido responder a la prensa acerca de los motivos de su desafortunada decisión, y el hermano y abogado de María Paz tampoco ha querido justificar este escandaloso veredicto. De haberse respetado las leyes peruanas, María Paz Martínez debería haber cumplido una pena de 12 años de cárcel por l os delitos de homicidio y lesiones graves culposas, delito de peligro común por conducir en estado de ebriedad y delito contra la función jurisdiccional por fugar del lugar del hecho. A pesar que las pruebas presentadas por la policía local demuestran la culpabilidad de María Paz Martínez, ella ha sido liberada. La decisión de la juez Martínez Gutiérrez no solo ha empeorado la desgracia de los familiares de Jennifer Picón Vizconde, sino que ha dejado un peligroso precedente para que otros casos de corrupción de este tipo sigan ocurriendo en Perú. Soluciones para la lucha contra la corrupción
Desde hace no muchos años, se han venido planteando diversas soluciones para el grave problema de la corrupción en el Poder Judicial. Sin embargo, estas soluciones sólo involucran a la institución, dejando de lado la participación ciudadana. En las siguientes líneas, propondremos algunas soluciones de orden político, ético y social. El ex presidente del Poder Judicial, Hugo Sivina durante su pasada gestión, planteó una reestructuración de los órganos de Gobierno. La primera medida que promueve a estos para que posean mayor capacidad de gobierno y con capacidad de gestión pues, como ya lo habíamos mencionado, este poder del Estado es vulnerable a los continuos de la política nacional. También,
plantea que debe reestructurarse los órganos de control intraorgánicos, ya que estos deben elevar su eficiencia para promover y difundir los valores éticos, así como también sancionar los actos de corrupción. Además, plantea tres acciones en materia de política anticorrupción. La primera se refiere a la prevención, para la cual propone la creación de un Consejo Nacional y Consejos Distritales de Promoción de la Ética Judicial. La segunda acción es que exista un control concurrente para que todos los organismos controlen la corrupción. Finalmente, se propone un control posterior con la generación de una unidad de investigación patrimonial para saber si existe una correcta relación entre el sueldo de los jueces y su patrimonio. Por otro lado, la ciudadanía debería organizarse y crear movimientos de vigilancia especializada contra la corrupción. En primer lugar, se debe fomentar espacios de concentración entre las organizaciones ciudadanas y las instituciones públicas responsables de la lucha anticorrupción, lo cual daría más fuera a las organizaciones ciudadanas. En segundo lugar, se debe garantizar el acceso a una información oportuna, clara y transparente; asimismo, se debe capacitar a los funcionarios públicos para responder a los requerimientos de información. Finalmente, debe promover a través de los medios de comunicación el ejercicio de derechos ciudadanos y la organización contra la corrupción (MINISTERIO DE JUSTICIA 2001: 51-54). Sin embargo, esta trascendente tarea debe ser impulsada y orientada, de manera tal que no sea una preocupación pasajera, sino que llegue hasta lo más profundo de la conciencia ciudadana. En conclusión, para que existe aun buen desempeño en la lucha contra la corrupción, no solo debe existir una reforma política y ética preventiva, sino también la población debe contribuir a esta causa que perjudica a todos los peruanos. Además, debemos ser conscientes de que no solo existe un corrupto sino también un corruptor.
Las nefastas consecuencias que trae la corrupción
El Perú está siendo afectado por ciertos problemas, de los cuales los principales son la pobreza, el desempleo, la delincuencia y ±el problema que tocaremos ± la corrupción. Aunque este es el cuarto en la lista de los problemas en el país, es también el primero en la lista de problemas del Estado, como corrupción de funcionarios y autoridades; por ende, el Poder Judicial es el más corrupto entre los poderes del Estado . Como se menciona en el primer artículo, este problema tiene varios orígenes, p ues traen sus respectivas
consecuencias.
En
el
texto
analizaremos
los
efectos
ocasionados por la corrupción y cómo esos afectan a nuestro país en ciertos ámbitos. Una de las consecuencias más sobresalientes en el tema es lo relacionado a las consecuencias sociales. La incredibilidad y la desconfianza de las personas hacia el Poder Judicial se debe a que los jueces han perdido sus valores (comentan que el sueldo que reciben no es suficiente para el trabajo que realizan) y los guía hacia la corrupción. Los j ueces se enriquecen ilícitamente favoreciendo a cierto grupo con economía estable o fija (entre los cuales se encuentran empresarios, políticos, congresistas y, también, se cubren las espaldas; es decir, cuando se denuncia a un juez, otro juez lo ³salva´). A su vez, casi nunca o pocas veces se encuentran jueces que no son corruptos. Esta corrupción se ha manifestado cuando se verifica que los jueces tienen propiedades y materiales cuyo costo sobrepasa lo ganado justamente. Afecta también entre los distintos grupos sociales, pues genera conflictos entre quienes tienen poder económico y son favorecidos por jueces corruptos, y quienes no lo tienen y no reciben justicia. Un ejemplo de esto podría ser las relaciones de las empresas mineras y las comunidades. Los jueces en su mayoría apoyan a estas empresas y marginan a las comunidades de la sociedad. Otra de las consecuencias que trae la corrupción son las de ámbito económico. La corrupción en el Poder Judicial trae como otra consecuencia la falta de inversión de capital nacional y extranjero por organizaciones privadas en nuestro país. Tal como ocurrió hace algunos años con la
empresa ³Bavaria´; esta empresa fue beneficiada por un juez, y este juez, a su vez recibió dinero, hecho que más adelante salió a la luz. Esta fue una noticia que causó escándalo debido a la cual, muchas empresas que tenían en sus planes invertir en el Perú se abstuvieron debido a la excesiva corrupción. El enriquecimiento ilícito de los jueces es una evidencia de la corrupción debido a los ³favores judiciales´ otorgados por los jueces. En síntesis, los efectos que ocasiona la corrupción en estos ámbitos nos ha influenciado para estudiar y analizar como la corrupción pudre a uno de nuestros poderes del Estado, el Poder Judicial, exponiendo las consecuencias más sobresalientes, las cuales nos dan una mala imagen ante otros países. FORTALECER LA TRADICIÓN ANTICORRUPCIÓN
Sin embargo, la corrupción es susceptible de ser enfrentada y derrotada. En el Perú no solamente existe una tradición en este terreno. Por el contrario, debido precisamente a la extensión del mal, se halla presente una segunda tradición que hace de las manos limpias su razón de ser. Esa tradición es tan antigua como la otra y siempre ha pretendido enderezar la administración pública. Este no es solamente el país de Montesinos y Fujimori; es también el país de Manuel González Prada y Gustavo Gutiérrez. Este es un país donde hay una lucha abierta, que en otras latitudes ya se zanjó hace mucho tiempo. Entre nosotros ese combate aún n o ha terminado. Pero existe multitud de personas interesadas en terminar con la corrupción. A quienes como nosotros nos ha tocado investigar los latrocinios del fujimorismo, también nos corresponde acompañar ese sentimiento para proyectar una corriente que imponga, por fin, el buen gobierno en el país. La corrupción sólo se podrá erradicar, aplicando estrictas y severas sanciones a los delitos cometidos en el ejercicio de la administración pública, cualquiera sea su nivel o categoría, desde modestos barredores, hasta el Presidente de la República, pasando por los congresistas y sobre todo, el Poder Judicial. El Movimiento Político Alternativa, de llegar al poder, pondrá en práctica las siguientes medidas anti-corrupción :
y
El nepotismo será un delito castigado severamente.
y
Las cuentas bancarias serán públicas durante todo el tiempo de ejercicio del servidor.
y
No habrá cárceles doradas.
y
Se creará el galardón nacional a la Honradez, para los servidores que lo merezcan sin distinción de nivel ni de rango.
Para alcanzar estos objetivos, el Movimiento Político Alternativa hace un llamado a todos los peruanos y peruanas de buena voluntad, a la reserva de ciudadanos honrados y honestos que aún queda, a adherirse a esta cruzada de honradez que el pueblo peruano se merece. MECANISMOS DE PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN
Lo que debe primar en la lucha contra la corrupción son los mecanismos de prevención, que se identifican con: 1°.
Educación ciudadana, que produzca el rechazo general a
la
corrupción y la identifique como un problema que afecta a todos. 2°. Fortalecimiento de la democracia participativa, puesto que la participación de los ciudadanos en las decisiones de las autoridades y el control de los ciudadanos sobre las instituciones dificulta o imposibilita la producción y el desarrollo de la corrupción, 3°.
Vigilancia ciudadana efectiva, para lo cual se deben establecer adecuados mecanismos que más allá de ser meras declaraciones, proporcionen efectivamente al ciudadano corriente mecanismos para identificar, denunciar y perseguir los actos de corrupción.
4°.
Expedición de leyes que de manera real prevengan la comisión de delitos, para lo cual se deberán revisar las normas sobre control de gestión de los recursos públicos.
5°. Creación de entidades que estudien y hagan efectivas las estrategias para prevenir la corrupción.
De conformidad con el carácter de ultima ratio del derecho penal, éste sólo debe intervenir cuando se ha comprobado la insuficiencia de las otros instrumentos de control social legalmente aceptables. El derecho penal definirá y sancionará los comportamientos que considere como delitos. Sin embargo, no basta con tipificar las conductas lesivas al interés colectivo o general en el Código Penal, más aún si se trata de delitos relacionados con la corrupción. Puesto que, si además de ello, no se brindan los recursos necesarios a las autoridades encargadas de su persecución y se desarrolla una estrategia de investigación sistemática y de amplio espectro, los tipos penales y la lucha contra la corrupción no tendrán mayor efecto, y la respuesta frente al fenómeno de corrupción podrá verse obstaculizada.
EL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN EN EL PERÚ
A comienzos de la presente década se evidenció la existencia de una organización delictiva incrustada al interior del poder estatal durante casi todo el curso de la década pasada y que estaba integrada por los más altos funcionarios del gobierno como el Presidente de la República, los Ministros de Estado, los Congresistas de la República, l os Oficiales y Generales de las Fuerzas Armadas y los Magistrados del Poder Judicial y el Ministerio Público, entre otros; además de otros funcionarios, civiles y militares de menor jerarquía. Estos malos funcionarios, se valieron de los bienes, servicios y recursos públicos para fines políticos y beneficios personales propios o de terceros.
RESPUESTA FRENTE EL FENÓMENO DE CORRUPCIÓN EN EL PERÚ
Ante la presencia de dicho fenómeno, inusual en la historia judicial peruana, el Poder Judicial, tal como lo hicieron el Ministerio de Justicia con la implementación de una Procuraduría Pública Ad ² 1-loe Anticorrupción y el Ministerio Público con la creación de fiscalías provinciales penales especializadas y una fiscalía superior del mismo tipo, diseñó una estructur a sub - especializada que comprendió la creación de seis (06) Juzgados Penales Especiales y una Sala Penal Especial, con la finalidad de que se encarguen de la investigación y juzgamiento de los procesos instaurados y por instaurarse contra Vladimiro Montesinos Torres y los demás personajes y hechos conexos. Posteriormente, se han creado cinco (05) Salas Penales Especiales adicionales, atendiendo a que en los dos últimos años la carga procesal se concentré a nivel de segunda instancia donde se llevan a cabo los juicios orales. ACCIONES LLEVADAS A CABO POR a PERÚ EN LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN A PARTIR DEL AÑO 2000
Luego de la caída del corrupto régimen de gobierno presidido por Alberto Fujimori Fujimori y secundado por su inefable asesor presidencial Vladi miro Montesinos Torres, se presentaron las condiciones para emprender la lucha contra los delitos de corrupción y demás delitos conexos, que constituía el clamor popular o una de las principales exigencias de la ciudadanía. Para ello se tuvo que liberar a cada una de las instituciones y organismos de Fiscalización y Control, del dominio y sometimiento voluntario o impuesto por parte del Poder Ejecutivo dirigido por el Ex Presidente Fujimori. Es así que se lograron desactivar las Comisiones Ejecutivas del Po der judicial y del Ministerio Público que en representación del Poder Ejecutivo venían dirigiendo a ambas Instituciones. Asimismo, se nombró un nuevo Contralor General de la República y se nombró un Procurador Ad -Hoc, con el objetivo específico de perseguir e investigar los delitos cometidos al interior del régimen de gobierno, los cuales quedaron al descubierto con la huida del ex Presidente a la tierra de sus ancestros.
La gran cantidad de casos de presunta comisión de delitos de corrupción y la magnitud de los mismos, superaron toda la imaginación y expectativa, al descubrirse que se había montado al interior del gobierno, toda una organización delictiva especializada, la misma que se valía de la estructura del Estado para ejecutar cada uno de sus múltipl es delitos; habiéndose implementado en cada institución o sector económico productivo, un mecanismo capaz de sustraer de la manera más descarada, la mayor cantidad de fondos que les fuera posible. Lo que les habría valido para amasar grandes fortunas que las mantenían convertidas en inmueble y vehículos de lujo en el interior del país y en el extranjero, así como también mantenían diversas cuentas millonarias en Bancos Extranjeros (Suiza, Luxemburgo, Gran Caimán, Israel, etc). A la vez que se detectó que ha brían sido el Ex Presidente, el ex asesor y otros altos funcionarios quienes habrían dirigido el tráfico internacional de armas y el tráfico ilícito de drogas. Las actividades ilícitas que se detectaron fueron de tanta envergadura que saturaron en gran medida la capacidad operativa de los organismos de control, especialmente del Poder judicial y del Ministerio Público. Como quiera que gran parte de los funcionarios del anterior Régimen de Gobierno estaban involucrados en la comisión de distintos delitos, pe ro no todos ellos habían tenido una igual participación o responsabilidad en los mismos, fue necesaria la promulgación de una ley que garantice a los funcionarios que quisieran colaborar con la Administración de justicia, entregando información útil para l as investigaciones, finalidad que vino a cumplirla la Ley N° 27378, Iey de Beneficios por colaboración eficaz en el ámbito de la Criminalidad Organizada. Igualmente, al producirse la huida masiva de los presuntos autores de los delitos en cuestión, amparán dose en que no podían se intervenidos por las autoridades competentes, por no existir un delito flagrante, se tuvo que promulgar la Ley N°27379, Ley para adoptar medidas excepcionales de limitación de derechos en el marco de investigaciones preliminares. Con estas normas y los demás dispositivos de desarrollo de las mismas, recién se pudo llevar a cabo una real investigación
de los delitos de corrupción y conexos que masivamente habían sido cometidos en el anterior régimen de gobierno. Sin embargo, al haber resultado involucrados en estos delitos gran cantidad de altos funcionarios del gobierno, quienes contaban -y cuentan- con la prerrogativa del antejuicio constitucional, situación que constituía una demora para el desarrollo de las investigaciones, toda v ez que únicamente el Congreso de la República resultaba competente para investigar a estos funcionarios, al cabo de cuya investigación se podía concluir, de ser el caso, con la respectiva Acusación Constitucional. Estas investigaciones se venían especialmente dificultadas cuando se comprendía en las investigaciones a funcionarios con prerrogativa de antejuicio y otros funcionarios o particulares sin dicha prerrogativa. Ante esto se dictó la Ley N°27399, que facultaba a la Fiscalía de la Nación para realizar investigaciones preliminares al procedimiento de acusación constitucional, con lo que se superaron las dificultades anotadas y se empezaron las investigaciones contra distintos Ministros de Estado, Congresistas de la República, Magistrados Supremos, etc. De este modo, el Congreso de la República, el Poder Ejecutivo, el Poder judicial, la Procuraduría General y el Ministerio Público aunaron esfuerzos en la lucha contra la corrupción, y vienen llevando a cabo de manera óptima la investigación y procesamiento de los principales implicados en los delitos anotados.
