Derecho Civil II

DR. DR. EDUA DUARDO RDO RAMÍ RAMÍRE REZ Z PATI PATIÑO ÑO Profesor e investigador de la Facultad de Derecho y de la Facultad de Contaduría y Administración Administración de la Universidad Autónoma de Sinaloa

DERECHO DE LAS OBLIGACIONES

Culiacán, SINALOA, MÉXICO QUINTA QUINTA EDICIO EDICION N ENERO DEL 2013

A mis padres, padres, Gregor Gregorio io Ramírez Ramírez López e Ignacia Ignacia Patiño Patiño Patiño. Patiño. A quiene quieness debo existencia y formación. A mi esposa, María Elena Rivera Campos. A mis hijos, Eduardo, Maviel Sujeey, María Elena y Rocío Anahí. Mi motivación perenne. perenne. A la Unive Universid rsidad ad Autóno Autónoma ma de Sinaloa. Sinaloa. A mis maestros y alumnos.

Derecho de las obligaciones Dr. Eduardo Ramírez Patiño

PRESENTACIÓN La obra que en esta ocasión nos permitimos prologar, es un esfuerzo por brindar una visión actual de los temas fundamentales del Derecho de las Obligaciones, tratados con el conocimiento especializado que tiene su autor. Derecho de las Obligaciones, del maestro Eduardo Ramírez Patiño, es un libro nacido de la experiencia del autor, producto de una labor docente y de investigación que ya suma más de 1 5 años y que ha sido enriquecida con la lectura tanto de los textos clásicos como de los más actuales en la materia que nos ocupa. El volumen que nos ofrece Ramírez Patiño está orientado esencialmente esencialmente a los alumnos de la licenciatura en Derecho. Entendemos que esta aportación viene a llenar un vacío existente, pues hasta hoy no se contaba con un libro de texto que permitiera a los alumnos, que se enfrentan por primera vez con el Derecho de las Obligaciones, captar sin mayores dificultades los diversos elementos y variantes de la teoría de las obligaciones haciendo la referencia y concordancia con la legislación específica aplicable en el estado de Sinaloa. En efecto, si bien es cierto a nivel nacional existen obras y tratados doctrinales de las obligaciones, éstos se derivan del estudio y análisis de las disposiciones legislativas existentes en materia civil para el Distrito Federal. Producto del centralismo cultural que padecemos, generaciones de abogados se han formado en nuestra entidad a partir del estudio en estos textos, teniendo la dificultad de que las disposiciones legales en Sinaloa no corresponden, ni en su numeración ni en su contenido textual, textual, a la legislación legislación que se se comenta y analiza en dichos tratados. De ahí uno de los méritos de este libro que 13


prologamos, pues se aborda el estudio de las instituciones jurídicas de las obligaciones obligaciones a partir partir de las disposicione disposiciones s que en en esa materia contiene el el Código Civil para el Estado de Sinaloa, respondiendo a una evidente necesidad de contar con un material de apoyo accesible y aplicable específicamente a las realidades y condicionantes jurídicas de nuestra entidad federativa. Advertim Advertimos os que el trabajo trabajo se ha elaborad elaborado o con la finalidad finalidad de constituirse en un texto de consulta, de fácil lectura y manejo, haciéndolo accesible a través de una redacción ágil y amena, con un contenido inteligente y inteligente y sencillo de cada uno de los temas. El presente libro tiene por objetivo comprender el panorama más elemental y frecuente que en materia de obligaciones requiere el alumno para iniciarse en esta área. Considerando que es una verdadera contribución contribución pues el el autor recoge recoge y condensa condensa una tradición tradición que enriquece enriquece con su personal aportación y experiencia adquirida en más de 15 años de actividad académica y en el estudio y comprensión del Derecho Civil, en general, y. del Derecho de las Obligaciones en particular. La obra que prologamos seguramente será de un gran interés y permitirá avanzar en el estudio de esta materia, por su contenido podrá constituirse en una obra de consulta necesaria, pues su amplio enfoque ofrece un conocimiento general en la materia desde su conceptualización y elemento elementos s hasta hasta su extinci extinción, ón, pasa pasando ndo por por las fuentes fuentes,, efectos efectos y modalidades de las obligaciones y permite una introducción sistemática para el alumno que busca un planteamiento accesible; pensando seguramente en ello, el autor autor al final de cada uno uno de los capítulos capítulos aporta aporta un esquema, esquema, que

permite,

en

forma

condensada, 14

precisar

los

aspectos

más


sobresalientes del tema en cuestión. Doctrinariamente se finca en las aportaciones de grandes jusprivatistas mexicanos cuyas obras son ya clásicas en la literatura jurídica. Hombres de la talla de Manuel Borja Soriano, Rafael Rojina Villegas y Ernesto Gutiérrez y González, se encuentran presentes con sus aportaciones en el trabajo que comentamos. Aún cuando es evidente que el autor no pretende proporcionar una información acabada y completa sobre las opiniones de todos y cada uno de los autores, sino rescatar sus contribuciones más destacadas. Las dificultades con las cuales el presente libro ha debido enfrentar, y que han sido superadas con éxito, no han sido pocas ni pequeñas. Se inscribe en una aspiración manifestada desde hace más de una década por la comunidad académica de nuestra facultad, de la conveniencia de impulsar la elaboración de libros de texto por los integrantes de su planta magisterial y que respondan a los requerimientos propios de una legislación y realidad específica: las del Estado de Sinaloa. Como obra pionera en nuestra Facultad, en lo que a esta materia se refiere, hacemos votos de que marque la pauta y que le sigan otros que continúen enriqueciendo la producción de este tipo de aportaciones. No faltarán, quizás, quienes pretendan minimizar los alcances de la obra, pero nadie podrá dejar de reconocer el valor indiscutible que tiene como producto de un conocimiento profesional y profundo del Derecho de las Obligaciones adquirido durante una larga trayectoria académica y la reflexión analítica.

Me congratulo por la aparición del texto del Maestro Ramírez Patiño, a quien felicito por sus esfuerzos, seguro de que continuará avanzando de manera activa y progresiva en esa gran aventura del conocimiento. 15


El libro debe ser motivo de satisfacción para su autor, pero también para quienes hemos sido y somos profesores investigadores de la Facultad de Derecho que nos cobijó cuando estudiantes y ahora nos brinda un generoso espacio como catedráticos. Ramírez Patiño se formó como licenciado en Derecho en nuestra Centenaria Institución y ha sabido transitar por el camino de la investigación para satisfacer sus inquietudes académicas y profesionales. Confiamos en que este ejemplo cunda y fecunde; que éste libro sea un primer escalón para otros esfuerzos similares que nos den la posibilidad, en un tiempo corto, de contar con una amplia gama de textos que vengan a fortalecer la actividad docente y de investigación en nuestra institución. Enhorabuena y seguramente será para el bien de nuestra Alma Mater. Culiacán Rosales, Sinaloa, 20 de julio de 1994 José Antonio García Becerra

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INTRODUCCIÓN Al concluir una empresa, debería de sentirse la satisfacción de haber podido cumplir un objetivo propuesto, en los términos y condiciones originalmente planteados; sin embargo, con la elaboración del presente libro, no se tiene claro si ya está acabado, o se requiere asumir nuevos compromisos ante la calidad del producto obtenido. Más bien, aunque sea un lugar común decirlo. debe ser el inicio de un proceso en el que, si el tiempo lo permite, se pueda aspirar a buscar el perfeccionamiento. Este trabajo tiene varias fuentes subjetivas: recoger las experiencias tenidas en las aulas durante los más de tres lustros en que se ha servido como profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Sinaloa; hacer un ejercicio intelectual, para determinar en qué medida se pueden hacer aportaciones bibliográficas; cumplir con un viejo anhelo plasmado en los últimos planes de estudio, que la Facultad cuente con apuntes y libros hechos por su planta docente; terminar, con mejores aportaciones, unas notas, que iniciamos hace cuatro años; y, aprovechar el año sabático para hacer las reflexiones que requieren tiempo y dedicación. El libro Derecho de las Obligaciones, tiene como sistema el programa que para el desarrollo del curso está elaborado, con una orientación en la que se siguen los preceptos establecidos en el Código Civil para el Estado de Sinaloa. En lo que respecta a doctrina, se ha tomado como base a tres reconocidos autores mexicanos, a los que, sin temor a equivocarnos, se sujetan los estudiosos del derecho en esta materia. Manuel Borja Soriano, quien se distinguió por ser de los primeros en profundizar en esta área del derecho, con la investigación realizada en autores franceses, alemanes, italianos, entre otros, además de hacer acopio del derecho comparado. Rafael Rojina Villegas quien es sin duda el mejor civilista que ha dado el país, sus compendios y tratados 17


han sido insuperables. Ernesto Gutiérrez y González, quien hace suyas las tesis sostenidas por Rafael Rojina Villegas y Manuel Borja Soriano, para hacer una obra que, en forma didáctica, aborda los problemas de las obligaciones, para que pueda servir como texto a los que se inician en su conocimiento. De esa manera, con el comentario a los artículos del Código Civil para el Estado de Sinaloa y las citas de los autores mencionados, incluyendo otras posiciones y a la legislación que es complementaria, es como se desarrolla e integra el texto de la obra. Al final de cada Capítulo se hizo un esquema, para que el alumno pueda en una visión rápida, saber cuál es la estructura del tema que corresponde. En virtud de que los preceptos del Código Civil para el Estado de Sinaloa, tuvieron como fuente principal al Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común para toda la República en Materia Federal, se incluye, en apéndice, una tabla de concordancia entre los dispositivos locales, citados en el curso del libro, con sus correspondientes artículos federales; para que, quienes necesiten hacer una comparación o lo requieran para una investigación puedan localizar el numeral de la norma que necesiten.

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De las motivaciones que se tuvieron para la ejecución de este trabajo, la más importante es, que pueda servir como unas primeras notas a los alumnos y que los induzca a seguir profundizando en el estudio del Derecho de las Obligaciones, tema que en la actualidad ha sido descuidado en los ensayos y monografías que sobre el derecho se publican, siendo que debería existir una producción constante y de buena calidad por la trascendencia de sus instituciones. Si se logra lo anterior, quedaremos satisfechos y a la vez incentivados para seguir con estos esfuerzos. Culiacán, Sinaloa, 20 de julio de 1994 Eduardo Ramírez Patiño

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CAPÍTULO 1 LA OBLIGACIÓN Y SUS ELEMENTOS 1.1. CONCEPTO DE OBLIGACIÓN. 1.2. ELEMENTOS DE LA OBLIGACIÓN. 1.3. CLASIFICACIÓN DE LAS OBLIGACIONES. 1.4. OBLIGACIÓN REAL. 1.5. OBLIGACIÓN NATURAL.

El curso del Derecho de las Obligaciones, es parte del programa de derecho civil que se sigue en las escuelas y facultades de derecho del país, acorde con la forma como lo han analizado los tratadistas mexicanos, quienes se apegaron a la sistemática establecida por el Código Civil. En éste, en el apartado de las obligaciones se establecen las normas jurídicas que señalan las fuentes de las cuales emergen, así como su vida y desarrollo, para concluir con sus formas de extinción; para ello, se regulan las fuentes, modalidades, transmisión, efectos y extinción de las obligaciones. La normatividad de las obligaciones civiles se contempla, fundamentalmente, en el Libro Cuarto, Primera Parte del Código Civil para el Estado de Sinaloa, de los artículos 1677 al 2124. El análisis de las obligaciones reviste importancia en virtud de que la norma jurídica por ser bilateral está integrada por derechos y obligaciones. Además que, deber jurídico y derecho subjetivo son conceptos jurídicos fundamentales, que están presentes en todo ordenamiento. Por lo cual, el derecho de las obligaciones, no sólo es una parte integrante del derecho civil, sino que está dentro de cualquier disciplina jurídica, al constituir la teoría de las obligaciones la base para el estudio del derecho.

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1.1. CONCEPTO DE OBLIGACIÓN

Los derechos subjetivos constituyen facultades que la norma jurídica otorga a las personas, con ellos se les autoriza a realizar conductas positivas o negativas. En contrapartida el deber jurídico es la restricción a la libertad de actuar que impone el orden jurídico. Derecho subjetivo y deber jurídico están relacionados, porque el primero significa la capacidad de actuar y el deber jurídico, las limitaciones a esa capacidad. El deber jurídico 1y la obligación son 1

El maestro Ernesto Gutiérrez y González, en su obra D e r e c h o d e l a s O b l i g a c i o n e s , Décima Segunda Edición,

de la Editorial Porrúa, México 1999, en la página 41 y siguientes hace una extensa clasificación del deber jurídico, con un estudio sui generis que permite abordar correctamente el análisis de los conceptos deber jurídico y obligación; por lo que, atendiendo la trascendencia de algunas de esas definiciones se transcriben a continuación. Empieza con la definición de deber jurídico lato sensu, que es "la necesidad de observar voluntariamente una conducta conforme a lo que prescribe una norma de derecho". Del concepto anterior se deriva una clasificación en deber jurídico stricto sensu, obligación lato sensu y derecho de crédito indemnizatorio. El deber jurídico stricto sensu es "la necesidad de observar voluntariamente una conducta, conforme a lo que prescribe una norma de derecho, ya en favor de la colectividad, ya de persona determinada" . Obligación lato sensu es "la necesidad jurídica de cumplir voluntariamente una prestación, de carácter patrimonial (pecuniaria o moral), en favor de un sujeto que eventualmente puede llegar a existir, o en favor de un sujeto que ya existe". La obligación lato sensu se clasifica en obligación stricto sensu y derecho personal o derecho de crédito convencional. La obligación stricto sensu es "la necesidad jurídica de mantenerse en aptitud de cumplir voluntariamente una prestación, de carácter patrimonial, (pecuniaria o moral), en favor de un sujeto que eventualmente pueda llegar a existir, y si existe, aceptar". El derecho personal es "la necesidad jurídica que tiene una persona denominada obligado-deudor, de cumplir voluntariamente a favor de otra persona, denominada acreedor, que le puede exigir, una prestación de carácter patrimonial (pecuniaria o moral)". El derecho de crédito indemnizatorio es "la necesidad jurídica que tiene una persona llamada obligadodeudor, de cumplir voluntariamente a favor de otra persona, llamada acreedor, que le puede exigir, la restitución de una situación jurídica al estado que tenía antes de producirse: A.- La violación ilícita de un deber jurídico stricto sensu, o de una obligación lato sensu, que causa un detrimento patrimonial, imputable al deudor, o B.-Un

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conceptos que tienen diversa connotación, el deber es el género que implica que la persona por el hecho de serio tiene la necesidad de asumir conductas en favor de la sociedad, mientras que la obligación es una especie que se actualiza cuando un sujeto entra en una relación muy particular con otras personas. Sin embargo, se han tomado como sinónimos, conclusión práctica a que han arribado los estudiosos de las obligaciones, en plena divergencia con los filósofos del derecho. Para el objeto de este libro compartimos la existencia de una sola concepción y definición del deber y de la obligación. Las Institutas de Justiniano decían que " O b l i g a t io

est iuris vinculum ,

q u a n e c e s s i t at e ad s t r i n g i m u r a l i c u i u s s o l v e n d a e r e i s ec u n d u m n o s t r a e c i v i t a t is i u r a . Es

decir, la obligación es un vínculo jurídico que nos constriñe en la necesidad de pagar alguna cosa conforme a las leyes de nuestra ciudad. 2 Esta es la definición clásica, que viene desde el derecho romano, que implicaba la existencia de un vínculo jurídico, cuyo objeto es pagar una cosa, esto es se refería a conductas a realizar, y por supuesto que estuvieran reguladas por las leyes de la ciudad. Existen múltiples definiciones de obligación, en las que, de una manera u otra, encontramos elementos permanentes, variando, en algunos casos, la hecho lícito que causa un detrimento patrimonial, originado sin culpa, por a).-Una conducta o un hecho previsto por la ley, como objetivamente dañoso o b).- Por el empleo de un objeto que la ley considera en sí mismo peligroso, c).-Bien finalmente, por la realización de una conducta errónea realizada de buena fe". Aunque el autor pone énfasis en la necesidad de basar el estudio de las obligaciones con la concepción señalada, se ve en la necesidad de reconocer que, para efectos prácticos, es necesario equiparar al deber jurídico con la obligación y manejarse con una sola definición, lo que de ninguna manera desmerece la aportación que hace en la teoría del derecho de las obligaciones.

2

Rafael Rojina Villegas, Compendio de Derecho de Derecho Civil, Teoría General de las Obligaciones,

México, Porrúa, 1973. p. 7

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forma en que se conjugan sus componentes. Los sujetos, el objeto y el vínculo o relación jurídica, están presentes en cualquier definición. El autor Rafael Rojina Villegas, es quien tiene dos definiciones que pueden caracterizar las grandes etapas en el estudio de las obligaciones, en la historia del derecho. Dice que: "tradicionalmente se ha definido la obligación como un vínculo jurídico por virtud del cual una persona denominada deudor, se encuentra constreñida jurídicamente a ejecutar algo en favor de otra persona, llamada acreedor". 3 llama la atención la expresión de vínculo jurídico, porque en los tiempos de la Roma antigua, la obligación implicaba un lazo de unión entre personas, en la que el deudor quedaba ligado con su acreedor, personalmente, hasta cumplir con la deuda, incluso si el deudor no cumplía con el objeto de la obligación podía ser convertido en esclavo por su acreedor, circunstancia que en la actualidad es inconcebible, porque además, se prohíbe la prisión por deudas civiles, según el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, el objeto de la obligación todavía se presenta difuso, porque ejecutar algo, sólo se refiere a una conducta genérica, sin mencionar si se trata de dar, hacer o de no hacer. Por otro lado, se dice que: "Los tratadistas modernos definen la obligación como una relación jurídica por virtud de la cual un sujeto llamado acreedor, está facultado para exigir de otro sujeto denominado deudor, una prestación o una abstención"4, aquí el concepto relación, significa despersonalización de la obligación, la unión no es tan enérgica como en la definición anterior, se permite con gran amplitud el cambio de las personas sujetas a dicha relación; el objeto 3

4

Idem, p. 7

Idem, p. 9

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queda más determinado al establecer que puede consistir en una prestación o una abstención. Estas dos definiciones de Rafael Rojina Villegas, también sirven para diferenciar la obligación y el derecho de crédito: si se parte del obligado, en la definición del vínculo jurídico por virtud del cual una persona denominada deudor, se encuentra constreñida jurídicamente a ejecutar algo en favor de otra persona, llamada acreedor, se está en presencia de la obligación; pero si se inicia con la figura del acreedor, en cuanto a la conducta que puede ejecutar, en la cual un sujeto llamado acreedor, está facultado para exigir de otro sujeto denominado deudor, una prestación o una abstención, entonces se trata de un derecho de crédito. La diferencia estriba en que el deudor debe realizar algo y en que el acreedor tiene facultad para exigir una conducta a su favor, la primera es una obligación y la segunda es un derecho de crédito. 1.2. ELEMENTOS DE LA OBLIGACIÓN

De acuerdo con lo expresado, de que se han construido infinidad de definiciones de obligación, se puede colegir, que en todas ellas se encuentran elementos comunes, como son los sujetos o elemento subjetivo, el objeto o elemento objetivo y un tercero constituido por la relación jurídica.

1 .2. 1. Sujetos de la obligación Los sujetos de la obligación están integrados por el acreedor, que es quien tiene la facultad de exigir una conducta a su favor y, el deudor, que es la persona que debe realizar una prestación en beneficio del acreedor. Unos y otros pueden ser individuales o colectivos, dependiendo que exista un solo obligado o un solo acreedor, o bien sean varios los deudores o varios los

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acreedores, caso en el cual se presentan pluralidad de sujetos y deben de aplicarse las reglas que para esa situación menciona el Código 5 y cuyo principio es que la deuda o el crédito se divide entre el número de deudores o acreedores que se encuentran en la relación jurídica. El acreedor recibe otras denominaciones, como sujeto activo, facultado o crédito, y el deudor, sujeto pasivo, obligado o debitor; aunque se-toman como sinónimos, cada uno de ellos tiene su propia explicación. Ante la realidad que impera en la actualidad, en que los sujetos de la obligación pueden ser cambiados, se ha considerado la posibilidad de que sean indeterminados, posición que predomina, pero que está matizada por el hecho de que esa indeterminación sólo subsiste hasta el momento en que se deba cumplir con la obligación; como en la declaración unilateral de voluntad, que menciona el artículo 1745, en que está determinado el deudor, pero no se conoce quien es el acreedor I sino hasta el momento en que se presenta alguien que reúna los requisitos expresados por el policitante, por lo cual el acreedor se encuentra indeterminado. También en el caso de la comisión de un hecho ilícito, puede suceder que no se conozca quien lo realizó, pero posteriormente se identifique y será hasta entonces cuando se sepa quién es el deudor, entretanto estuvo indeterminado. 1.2.2. Objeto de la obligación

El segundo elemento de la obligación es el objeto, que atendiendo al artículo 1709, consiste en una conducta de dar, hacer o no hacer; aun cuando de acuerdo a la redacción de la norma citada, el objeto es la cosa

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Las ocasiones en que se cite el Código o bien un artículo sin señalar su fuente, la referencia será el Código Civil para el Estado de Sinaloa

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que el obligado debe dar y el hecho que debe hacer o no hacer. Por lo cual, se tienen dos tipos de objeto de la obligación, la conducta de dar, hacer o no hacer que se debe realizar y la cosa o hecho materia de la misma. El objeto de la obligación, además de las mencionadas, recibe diversas denominaciones, como prestación y abstención, hecho positivo o negativo, hacer algo, entre otras. Una situación que es muy discutida por la doctrina es el carácter patrimonial o no patrimonial del objeto, esto es, el objeto de la obligación tiene que ser siempre de carácter patrimonial o se admite un contenido moral o extrapatrimonial. Existen obligaciones en las que está presente el valor pecuniario, como en un contrato de compraventa, por ejemplo; pero hay otros, como la contratación de una orquesta para que amenice una fiesta, donde los músicos no se obligan pecuniariamente, sino a realizar una conducta, que no va a revestir beneficio económico para el que la contrató, excepto cuando se hace para obtener un lucro, sino sólo una satisfacción de carácter espiritual, este es un caso cuyo objeto es extrapatrimonial; de ahí que

surja la interrogante, ¿el derecho protege sólo situaciones patrimoniales o también extrapatrimoniales?, a lo que se debe responder que, en base a la experiencia diaria, eso es intrascendente para el derecho, lo único que interesa es que lo regule. Al respecto “Ihering afirma que a propósito del derecho de crédito, la norma protege valores patrimoniales y espirituales del acreedor, porque basta que haya interés digno de protección no sólo en sentido económico, sino también cuando implica la satisfacción de una necesidad espiritual o de orden moral” 6. En la actualidad el contenido moral de una obligación, en lo que respecta a su satisfacción en caso de incumplimiento ha 6

Rafael Rojina Villegas, Compendio de Derecho de Derecho Civil, Teoria General ... , p. 17

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quedado resuelto, porque el daño moral debe ser cubierto a partir del daño patrimonial causado, en la mayoría de los casos. Otro problema que presenta el objeto es si se puede contratar sobre especies indeterminadas o siempre será sobre especies determinadas; la solución la dan los artículos 1896 Y 1897, donde se establece que la propiedad de las cosas determinadas se trasmite por el mero efecto del contrato, mientras que las de especies indeterminadas se transferirá hasta el momento que la cosa sea cierta y determinada. Se aplica el principio de que el objeto de las obligaciones puede ser indeterminado al momento de celebrarse el contrato, pero deberá ser determinado al momento de su cumplimiento. La regla es que el objeto de la obligación es individual o único, pero puede existir un objeto múltiple, donde el deudor deba varias conductas de dar, de hacer o de no hacer, caso en el cual se aplicarán las disposiciones que al respecto señala el Código; donde se obliga el deudor a realizar todas las conductas o alguna de ellas, dependiendo de las condiciones del contrato y de las señaladas por el Código.

1.2.3. Relación Jurídica El tercer elemento de la obligación es la relación o vínculo jurídico, al respecto Gierke dice: “hay que distinguir la noción de deuda (Schuld) de la de coacción (Haftung). La deuda tiene por contenido un deber jurídico. en este sentido que si una de las partes efectúa la prestación que debe realizar, ejecuta un acto válido, la deuda no contiene el poder de coacción, ésta no es sino un sucedáneo. En caso de inejecución aparece la otra noción, la de coacción, posibilidad cuando el deber no ha sido cumplido de apoderarse, no de la persona sino de lo que responde de la deuda, es decir, la mayor parte de las 27


veces del patrimonio, de los objetos que han sido de antemano considerados como respondiendo de la obligación” 7. La relación jurídica implica, en un primer momento, que el deudor debe cumplir con la prestación y que el acreedor puede exigir, conforme al Schuld alemán; en caso de incumplimiento, la relación jurídica se convierte en una facultad para el acreedor de ejercer coacción sobre el deudor t para que se dé el cumplimiento forzoso de la obligación, el Haftung.

1.3. CLASIFICACIÓN DE LAS OBLIGACIONES Las obligaciones son clasificadas de acuerdo a las distintas ramas del derecho, dependiendo de la naturaleza de su contenido. Así existen de derecho público y derecho privado; a su vez las de derecho público, pueden ser de derecho administrativo, constitucional, penal, procesal y, en el campo del derecho privado se tiene a las que se derivan del derecho civil y del mercantil que son las que interesan en la materia que se estudia.

1.3.1. Obligaciones civiles Son obligaciones civiles, aquellas que surgen de relaciones entre particulares y son reguladas por el Código Civil, que en su artículo 1°, expresa que las disposiciones del mismo regirán en el Estado de Sinaloa en asuntos del orden común.

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Manuel Borja Soriano, Teoría General de las Obligaciones, México, Porrúa, 1985. p. 72 ss.

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1.3.2. Obligaciones mercantiles Las obligaciones mercantiles son aquellas que surgen de relaciones entre particulares y son reguladas por el Código de Comercio y las Leyes Complementarias, estableciendo aquél en su artículo 1°, que las disposiciones de ese código son aplicables a los actos comerciales. Al respecto el artículo 1050 del Código de Comercio regula la obligación mercantil, en la cual no importa que los dos extremos de la relación sean de naturaleza comercial, o bien, una sea comercial y la otra meramente civil, en ambos casos será mercantil.

1 .4. OBLIGACIÓN REAL Existe un tipo de obligaciones, que es analizada en el curso que corresponde a los derechos reales, denominadas obligaciones reales, las que según muchos autores no tienen vida propia, sino que más bien corresponden a la naturaleza jurídica de los derechos reales, por eso dicen que no existen, aun cuando tratadistas como Rafael Rojina Villegas las estudian y clasifican in extenso, el cual dice que: "al lado de las obligaciones reales como accesorias de los derechos reales principales (tesis de Bonnecase) o de esos derechos y de los reales de garantía (tesis de Michon), existen también las obligaciones reales como correlativas de los derechos de esa naturaleza, es decir, impuestas al sujeto pasivo de los mismos, que siempre es el propietario de la cosa gravada por un derecho real de aprovechamiento o de garantía. Asimismo existen las obligaciones reales como correlativas del derecho de propiedad o del de copropiedad, impuestas por lo tanto al titular de esas facultades por virtud de las

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relaciones de vecindad, colindancia o condominio.:" 8 El mismo autor enumera las obligaciones reales, como correlativas de los derechos de aprovechamiento o de garantía de igual naturaleza; impuestas al propietario por virtud de la vecindad o colindancia; impuestas al propietario por virtud del condominio en diferentes casos; e impuestas al titular de los derechos de aprovechamiento o de garantía. Entre otras características, que tienen las obligaciones reales, es que acompañan a los derechos reales, y se pueden extinguir a través de la institución del abandono; la cual consiste en que una persona que no quiera cumplir con una obligación real, simplemente la abandona, la única consecuencia es que también tiene que abandonar el derecho real de la cual se deriva; por ejemplo, el copropietario de una pared medianera, que no quiera pagar los gastos de conservación, podrá liberarse de la obligación real a través del abandono del derecho.

1.5. OBLIGACIÓN NATURAL La relación jurídica, Schuld, se dijo, consiste en poder exigir el cumplimiento de una obligación, y en su momento, si no hay cumplimiento voluntario y espontáneo por parte del deudor, puede el acreedor acudir a los tribunales para pedir que se cumpla en forma forzosa con la obligación, Haftung.

Sin

embargo,

existen

obligaciones

que

surgen

como

un

compromiso moral, o bien, que ya prescribieron, de las que si bien es cierto se puede solicitar su cumplimiento, no se tiene derecho de acción para acudir a los tribunales a exigir su pago por medio de la coerción, a estas 8

Rafael Rojina Vil legas, Compendio de Derecho Civil, Bienes, Derechos Reales y Sucesiones, México,

Porrúa, 1977. p. 48

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obligaciones se les denominan obligaciones naturales. Estas obligaciones se encuentran entre el umbral de la moral y el derecho. Porque si el acreedor pide su cumplimiento y el deudor paga, éste no tendrá derecho de repetir, sino que se considera que se pagó algo que se debía, en los términos que establece el artículo 1778 que dice: "El que ha pagado para cumplir una deuda prescrita o para cumplir un deber moral, no tiene derecho de repetir." Pero, si el deudor no paga voluntariamente y el

acreedor acude a los tribunales, podrá hacerla, para poner en movimiento los órganos jurisdiccionales en defensa de su crédito, por ser de carácter natural la obligación que lo sustenta, pero si el demandado opone la excepción de prescripción, por ejemplo, no podrá obtener el pago que solicita.

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ESQUEMA ESQUEMA DEL DEL CAPITULO CAPITULO 1 LA OBLI OBLIGA GACI CI N Y SUS SUS ELEM ELEMEN ENTO TOS S 1. Sujet Sujetos os de de la obli obligac gación ión

2. Obj Objet etoo de la obli obligac gacion ion 1. ELEMEN ELEMENTOS TOS DE LA LA OBLIGA OBLIGACIO CION N 3. Re Rela laci ción ón jurí jurídi dica ca

1. Obl Obliga igacio cione ness civi civiles les

2. CLASIFICACION DE LAS OBLIGACIONES

2. Obl Obliga igacio cione ness mercanti mercantiles les

3. OBLIGACION REAL

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4. OBLIGACION NATURAL

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CAPÍTULO 2 TEORÍA DE LOS HECHOS Y ACTOS JURÍDICOS 2.1. ESTRUCTURA DE LA NORMA JURÍDICA. 2.2. HECHOS JURÍDICOS

EN SENTIDO AMPLIO. 2.3. ACTO JURÍDICO. 2.4. HECHO JURÍDICO EN SENTIDO ESTRICTO. 2.5. IMPORTANCIA DE LOS HECHOS Y ACTOS JURÍDICOS.

La conducta humana es el objeto de regulación del derecho, quien a través de normas jurídicas establece las condiciones y consecuencias que se generan cuando cuando una persona se ubica ubica en las hipótesis que las mismas mismas señalan. 2.1. ESTRUCTURA DE LA NORMA JURÍDICA

La norma jurídica en su estructura se compone de dos elementos, a saber, la hipótesis y la disposición, a partir de los cuales se construye el derecho de un país. La hipótesis también se denomina supuesto jurídico y se refiere a las condiciones "de cuya realización dependen las consecuencias establecidas por la norma" 9 :" mientras que la disposición son los efectos jurídicos que se producen por la realización de la hipótesis; los efectos jurídicos constituyen una parte fundamental en el derecho y pueden consistir "en la creación, transmisión,

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Eduardo García Maynez, Introducción al Estudio del Derecho, México, Porrúa, 1980. p. 1980. p. 172

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modificación y extinción de obligaciones y derechos. "10 Así, por ejemplo, si la norma jurídica dice, "el matrimonio es la unión de un varón y una mujer con el propósito de procrear la especie y ayudarse mutuamente", se tiene que la hipótesis del matrimonio es la unión de un varón varó n y una mujer, y la disposición es que deberán de procrear la especie y ayudarse mutuamente. Teniendo la hipótesis y la disposición se está en presencia de los elementos de una norma jurídica, pero para que ésta genere sus efectos se requiere la realización del supuesto, que exista un hecho de la naturaleza o del hombre que encuadre en los extremos que señala la norma; a estos se les denomina hechos jurídicos en sentido amplio.

2.2. HECHOS JURÍDICOS JURÍDICOS EN SENTIDO AMPLIO AMPLIO Los hechos jurídicos en sentido amplio, engloban a los acontecimientos del hombre o de la naturaleza que producen consecuencias de derecho. De tal manera que, al derecho no le interesan todos los acontecimientos del hombre o de la naturaleza, sino sólo aquellos que provoquen efectos de derecho, como un contrato, un delito o el nacimiento de una persona. Los hechos jurídicos en sentido amplio se clasifican en actos jurídicos y hechos jurídicos en sentido estricto.

10

Manuel Borja Soriano, O pa Cit., p . 84

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2.3. ACTO JURÍDICO Los actos jurídicos, según definición que sigue los lineamientos de la doctrina francesa "es una manifestación de voluntad que se hace con la intención de producir consecuencias de derecho, las cuales son reconocidas 11

por el ordenamiento jurídico" ; por lo cual, el acto jurídico implica que una persona o varias exteriorizan su voluntad para producir determinados efectos jurídicos, y que éstos se producen, en los términos queridos por su autor; de tal manera que, por ejemplo, en un contrato de compraventa el vendedor quiere transmitir la propiedad de un inmueble de su propiedad, sabe que después de celebrado el contrato el bien será del dominio del comprador. Los

actos

jurídicos

pueden

ser

unilaterales

o

plurilaterales,

dependiendo del número de voluntades que en un sentido o en otro se manifiesten. 2.3.1. Acto jurídico unilateral

En los actos jurídicos unilaterales está presente una voluntad o varias en un sólo sentido; como sucede en el testamento, que es un acto jurídico unilateral, donde una persona dispone de su patrimonio para después de su muerte; o bien, en la declaración unilateral de voluntad, donde pudiera ser que dos personas son copropietarias de un bien y quieren venderlo, entonces publican en un periódico su voluntad, en este 11

Rafael Rojina Villegas, Compendio de Derecho Civil, Introducción, Personas y Familia, México, Porrúa,

1973. p. 115

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caso son dos voluntades las que se obligan, pero ambas encaminadas a un mismo propósito.

2.3.2. Acto jurídico plurilateral o convenio en sentido amplio En los actos jurídicos bilaterales o plurilaterales, se presentan dos o más voluntades, que se manifiestan de tal manera que por los fines que persiguen, aunque diversos, llegan a formar un acuerdo de voluntades que produce consecuencias de derecho. Estos actos, son denominados convenios en sentido amplio, de los cuales el artículo 1677 dice: “Convenio es el acuerdo de dos o más personas para crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones.” De lo dicho se puede inferir que en el convenio en sentido amplio existen dos grupos de efectos jurídicos, uno para crear y transferir, y otro que modifica o extingue obligaciones, de donde se deriva la clasificación en contrato y en convenio en sentido estricto; se debe observar que en la definición del Código, de convenio en sentido amplio, se señalan sólo obligaciones, a lo que debe agregarse que también se deben incluir derechos, porque no debe olvidarse que la norma jurídica contiene derechos y obligaciones.

2.3.2.1. Contrato Congruente con lo anterior, el artículo 1678 dice que: "Los convenios que producen o transfieren las obligaciones y derechos toman el nombre de contrato.

n

Éste sólo produce o transfiere obligaciones y derechos; por

ejemplo, en el contrato de arrendamiento, al arrendatario se le crea un derecho de usar la finca para los fines acordados, y por tanto se le trasmite el derecho que en ese sentido poseía el propietario del inmueble.

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2.3.2.2. Convenio en sentido estricto En cambio el convenio en sentido estricto, que no es contemplado por el Código, pero que se deduce del contenido de las definiciones de convenio en sentido amplio y de contrato, se puede señalar que es el acuerdo de dos o más voluntades para modificar o extinguir derechos y obligaciones; así, si se estableció que un contrato de arrendamiento durará cinco años, pero al transcurrir un año las partes se ponen de acuerdo y deciden terminarlo, están modificando y extinguiendo derechos y obligaciones.

2.4. HECHO JURÍDICO EN SENTIDO ESTRICTO Los hechos jurídicos en sentido estricto son acontecimientos realizados por el hombre o por la naturaleza, a los cuales el derecho les imputa consecuencias jurídicas, independientemente de la voluntad de la persona, según sea el caso. De ahí se deriva que los hechos jurídicos en sentido estricto pueden ser producidos por el hombre o por la naturaleza.

2.4.1. Hecho jurídico del hombre Los hechos jurídicos del hombre, son acontecimientos realizados por las personas, sin la intención de afrontar las consecuencias jurídicas que se produzcan. Estos se clasifican a su vez en lícitos o ilícitos, dependiendo que se hagan infringiendo o no las normas jurídicas o las buenas costumbres; será un hecho lícito, por ejemplo, la gestión de negocios, en que una persona sin conocer las consecuencias de su accionar atiende un asunto ajeno, por ese solo hecho, deberá de gestionarlo hasta terminarlo aun en contra de su voluntad, porque deberá de hacer frente a las consecuencias que generó. Habrá hecho ilícito cuando se comete un delito, porque quizás la persona al realizarlo quiera 38


hacerla, pero, como regla, no desea afrontar las consecuencias que se producen.

2.4.2. Hecho jurídico de la naturaleza En los hechos jurídicos de la naturaleza, por su sola denominación se infiere que son aquellos en los que no interviene el hombre, como el nacimiento o la muerte, que son hechos naturales que producen consecuencias de derecho.

2.5. IMPORTANCIA DE LOS HECHOS Y ACTOS JURÍDICOS Lo que interesa de la teoría de los hechos y actos jurídicos son fundamentalmente los conceptos de acto jurídico y hecho jurídico en sentido estricto12; esto es, en el acto jurídico, son acontecimientos en los cuales se quieren afrontar las consecuencias de derecho; y en los hechos jurídicos, no se quieren afrontar esas consecuencias por el hombre, y menos por obvias razones, en el caso de la naturaleza, pero se producen, por así disponerlo la ley. Los hechos jurídicos y los actos jurídicos, por ser los acontecimientos que actualizan las condiciones señaladas en la hipótesis de la norma, son la fuente más general de las obligaciones. La explicación que da la teoría acerca del por qué se generan las consecuencias jurídicas en los actos y en los hechos jurídicos; es porque en los 12

Siempre que se vea o escuche el concepto de hecho jurídico sin ningún tipo de adjetivo, se estará en

presencia del hecho jurídico en sentido estricto; por lo que, cuando se cite en este libro al hecho jurídico, la referencia será al hecho jurídico en sentido estricto.

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primeros así lo dispone la libre manifestación de las voluntades que intervienen, siendo sancionadas por la norma, mientras que en los hechos jurídicos, sus efectos jurídicos son por así disponerlo imperativa mente la ley.

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ESQUEMA DEL CAPITULO 2 TEORIA DE LOS HECHOS Y ACTOS JURIDICOS 1. UNILATERAL

ACTO JURIDICO

2. PLURILATERAL O CONVENIO EN SENTIDO AMPLIO (CONTRATO Y CONVENIO EN SENTIDO ESTRICTO.)

HECHOS JURIDICOS EN SENTIDO AMPLIO

1.

DEL HOMBRE

HECHO JURIDICO EN SENTIDO ESCTRICTO

2.

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DE LA NATURALEZA


Capítulo 3

TEORÍA DE LAS NULIDADES 3.1. ELEMENTOS DE EXISTENCIA DEL ACTO JURIDICO. 3.2. REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO JURÍDICO. 3.3. INEXISTENCIA. 3.4. NULIDAD. Para abordar el tema de la teoría de las nulidades, se hace necesario conocer previamente los elementos que integran al acto jurídico, tanto los de existencia como los de validez; porque a partir de ellos se deriva la inexistencia o la nulidad de un acto jurídico, según falte algún elemento de existencia o uno de validez.

3.1. ELEMENTOS DE EXISTENCIA DEL ACTO JURÍDICO Los elementos de existencia del acto jurídico, se encuentran en su propia definición, y son voluntad o consentimiento, objeto y solemnidad; que son enumerados por el artículo 1679 al decir que: "Para la existencia del contrato se requiere: I.- Consentimiento; II.- Objeto que pueda ser materia del contrato." Por su lado_ el artículo 2110, en su parte conducente, señala que: "La falta de forma establecida por la ley, si no se trata de actos solemnes ... ": de los elementos enunciados se presentan en forma permanente la voluntad o consentimiento y el objeto, ya que la solemnidad sólo es necesaria en ciertos actos.

3. 1 . 1. Voluntad o consentimiento A este elemento se le denomina así en virtud de que será voluntad, cuando sea un acto jurídico unilateral y será consentimiento, cuando sea bilateral o plurilateral. La voluntad puede definirse como el ánimo o el querer realizar un acto y el consentimiento, como el acuerdo de dos más voluntades 42


con el propósito de crear, transmitir, modificar o extinguir derechos y obligaciones. 3.1.2. Objeto

En lo que se refiere al objeto se tienen tres tipos, el directo, el indirecto y la cosa materia del acto jurídico. El primero, consiste en crear, transmitir, modificar o extinguir derechos y obligaciones; el segundo, es la conducta de dar, hacer o no hacer; y, el tercero, es la cosa o el hecho materia del acto. Así, por ejemplo, en un contrato de compraventa de un inmueble, el vendedor, como objeto directo creará un derecho de propiedad para el comprador, trasmitiéndole el derecho que él tiene, el objeto indirecto es la conducta de dar y la cosa materia del acto jurídico es el bien inmueble. 3.1.3. Solemnidad

La solemnidad es la forma elevada a su máxima expresión; significa que el acto deberá celebrarse por escrito, ante un funcionario dotado de fe pública y bajo ciertos rituales. En el derecho mexicano, el acto solemne por antonomasia es el matrimonio, el cual deberá quedar asentado en las actas que la ley establece, deberá hacerse ante el oficial del Registro Civil y éste deberá declararlos unidos en nombre de la ley y de la sociedad.

3.2. REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO JURÍDICO Acerca de los requisitos de validez el artículo 1680 expresa que: "El contrato puede ser invalidado: I.- Por incapacidad legal de las partes o de una de ellas; II.- Por vicios del consentimiento; III.- Porque su objeto, o su 43


motivo, o fin sea ilícito; IV.- Porque el consentimiento no se haya manifestado en la forma que la ley establece." De aquí resulta que los requisitos de validez son la forma; el objeto, motivo, o fin lícito; ausencia de vicios en el consentimiento; y, la capacidad.

3.2.1. Forma La forma es la manera en que se exterioriza la voluntad o consentimiento; puede ser expresa o tácita, como lo manifiesta el artículo 1688. La expresa, es cuando se hace por escrito, verbal, o por mímica. La tácita, resulta de una serie de hechos que la presuponen. Por ejemplo, un contrato de compraventa de una libreta será verbal y uno sobre un inmueble deberá ser por escrito, ya sea en escritura pública o privada, en razón del valor económico que tenga ese bien .

3.2.2. Objeto, motivo o fin lícito El objeto, motivo o fin lícito, es que no se infrinja alguna ley con la realización del acto, porque de hacerla así sería ilícito. Por ejemplo, la compraventa de un arma para el uso exclusivo del ejército, sería ilícita, porque ese tipo de contratos está prohibido por la ley.

3.2.3. Ausencia de vicios en el consentimiento La voluntad o el consentimiento deben ser manifestados sin que exista un vicio, alguna circunstancia que haya motivado que el consentimiento se exprese en un sentido, que no sea el querido exactamente por las partes. Los vicios que se pueden presentar son el error que puede ser simple, por mala fe o por dolo; la violencia; y, la lesión. Por ejemplo, al momento de comprar un automóvil, se adquiere teniendo la creencia de que alcanza determinada 44


velocidad, lo cual es falso, de donde resulta un vicio en el consentimiento.

3.2.4. Capacidad La capacidad, "es la aptitud jurídica para ser sujeto de derechos y de deberes, y hacerlos valer"

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existen dos tipos de capacidad, una de goce y otra

de ejercicio, la primera, la tienen todas las personas por el solo hecho de serio, y la segunda, la poseen las personas que tienen más de 18 años de edad y no padecen algún tipo de incapacidad. 3.3. INEXISTENCIA Y SUS CARACTERÍSTICAS

Para que un acto jurídico tenga existencia se requiere la voluntad o consentimiento, el objeto y la solemnidad. Si llega a faltar alguno de ellos, entonces el acto será inexistente, se estará en presencia de la nada jurídica. Al respecto el artículo 2106 dice que: "El acto jurídico inexistente por falta de consentimiento o de objeto que pueda ser materia de él, no producirá efecto legal alguno. No es susceptible de valer por confirmación, ni por prescripción; su inexistencia puede invocarse por todo interesado." Aquí sólo se habla del consentimiento y del objeto; sin embargo, a la solemnidad se refiere el artículo 2110, al establecer que: "La falta de forma establecida por la Ley, si no se trata de actos solemnes, así como el error, el dolo, la violencia, la lesión y la incapacidad de cualquiera de los autores del acto, produce la nulidad relativa

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Ernesto Gutiérrez y González, Op. Cit., p. 392

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del mismo." Como se observa, la falta de solemnidad no produce la nulidad relativa y, como tampoco estará afectado de nulidad absoluta, se infiere que habrá inexistencia cuando falte aquélla. Un acto inexistente no produce ningún efecto jurídico, porque al faltarle un elemento de su estructura, no puede señalarse la presencia del acto jurídico. Así, por ejemplo, el matrimonio entre personas del mismo sexo, es inexistente por falta de consentimiento entre un varón y una mujer, y además porque no existe objeto que es la procreación de la especie. 3.4. NULIDAD El acto jurídico además de tener sus elementos de existencia, requiere requisitos de validez, que si bien su falta no afecta su existencia, si se producen consecuencias negativas para los que participan en él. Estos requisitos de validez giran en función de los elementos de existencia, porque las voluntades deben ser capaces, libres de vicios, tener un objeto o fin lícito y manifestarse bajo alguna forma. Cuando falta alguno de los requisitos de validez, se produce la nulidad del acto, lo cual significa que aunque se generan efectos jurídicos éstos son o podrán ser destruidos posteriormente. La nulidad puede ser absoluta o de pleno derecho y relativa o anulabilidad.

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3.4.1. Nulidad absoluta La nulidad absoluta se provoca cuando el objeto motivo o fin es ilícito y se transgreden normas de interés público. Al respecto el artículo 2107 establece que: "La ilicitud en el objeto, en el fin o en la condición del acto produce su nulidad, ya absoluta, ya relativa, según lo disponga la ley." De aquí se deriva que cuando existe ilicitud, se puede generar la nulidad relativa o la nulidad absoluta, dependiendo de lo que estipule la ley, aunque en la mayoría de los casos se produce la nulidad absoluta. Sin embargo, una manera de precisar cuándo se produce la nulidad absoluta, es a través de lo que prescribe el artículo 2108 que dice: "La nulidad absoluta por regla general no impide que el acto

produzca

provisionalmente sus efectos, los cuales serán destruido retroactivamente cuando se pronuncie por el juez la sentencia de nulidad. De ella puede prevalerse todo interesado y no desaparece por la confirmación o la prescripción." De tal forma que cuando se reúnan estas características habrá nulidad absoluta.

3.4.1.1, Efectos jurídicos en la nulidad absoluta Cuando un acto jurídico está afectado nulidad absoluta se pueden producir provisionalmente efectos jurídicos, los que de presentarse, serán destruidos retroactivamente cuando así lo declare un juez, Por ejemplo, el matrimonio entre ascendientes y descendientes, produce nulidad absoluta, pero mientras subsiste habrá efectos jurídicos, 105 que serán destruidos cuando sea declarada por el juez, lo que procederá cuando ello sea posible. 47


3.4.1.2. Intervención del juez en la nulidad absoluta En la nulidad absoluta, como en la inexistencia, el juez sólo interviene para constatar ese estado de cosas, porque se dice, por la doctrina, que no podrá declarar la inexistencia de algo que no existe, de la nada jurídica; también el juez deberá constatarla. porque, si por ejemplo, contraen matrimonio padre e hija, no se puede decir que el juez hará toda una argumentación para declarar la nulidad absoluta por’ tratarse de esos parientes, sino que simplemente hará constar ese hecho; en este caso cualquier persona, aunque sea un tercero, pero que tenga un interés; puede solicitar la nulidad absoluta.

3.4.1.3. Convalidación de los actos afectados de nulidad absoluta Los actos afectados de nulidad absoluta no podrán ser convalidados ni por prescripción ni por confirmación. Convalidar significa otorgar valor a algo que no lo tiene, ya sea dejando transcurrir cierto tiempo, o bien, ratificando expresa o tácitamente el acto. Acerca de la prescripción el artículo 1133 señala que: "Prescripción es un medio de adquirir bienes o de liberarse de obligaciones, mediante el transcurso de cierto tiempo y bajo las condiciones establecidas por la ley." En el caso de un acto que está afectado de nulidad absoluta, no se aplicará el principio enunciado con anterioridad, porque aunque se deje pasar el tiempo nunca operará la prescripción, porque se están contraviniendo normas de interés público; por ejemplo, en los términos expuestos en el artículo 27 de la Constitución Federal, si un extranjero compra un bien inmueble dentro de los 1 00 kilómetros en las fronteras o dentro de los 50 kilómetros en las playas, sin importar el tiempo que pase, el acto seguirá estando afectado de nulidad 48


absoluta. Puede suceder que se celebre un acto que esté afectado de nulidad absoluta, donde alguna de las partes quiera confirmar/o; por ejemplo, el padre ante el matrimonio de los hermanos, acude a un tribunal para decir que acepta ese matrimonio, no procede, porque al darse esa hipótesis el matrimonio es nulo de pleno derecho, por lo cual no se puede confirmar el acto afectado de nulidad absoluta.

3.4.2. Nulidad relativa La nulidad relativa se produce cuando falta la forma, hay algún vicio en el consentimiento o existe incapacidad, según se aprecia en el artículo 2110. Por su parte, el artículo 2107 dice que la ilicitud en el objeto, motivo o fin produce la nulidad absoluta o relativa, según lo disponga la ley. Asimismo, la nulidad será relativa cuando no reúna los caracteres enumerados en el artículo 2108. De lo cual se desprende que siempre permite que el acto produzca efectos jurídicos, el juez debe declararla, puede prevalerse de ella sólo el directamente interesado y se puede convalidar por prescripción o confirmación.

3.4.2.1. Efectos jurídicos en la nulidad relativa Un acto afectado de nulidad relativa siempre produce efectos jurídicos provisionales, los que podrán ser destruidos o no, dependiendo que se declare la nulidad o se convalide el acto. Por ejemplo, un acto al cual no se le dé la forma debida, producirá consecuencias de derecho, las cuales dejarán de generarse si se declara la nulidad, pero si se convalida el acto, otorgándose la forma debida, los efectos jurídicos subsistirán. 49


3.4.2.2. Intervención del juez en la nulidad relativa En este supuesto el papel del juez es activo, ya que ante un caso de anulabilidad deberá de emitir un juicio al declararla, a diferencia de la inexistencia y la nulidad absoluta donde sólo constata un estado de hecho. De este tipo de nulidad puede prevalerse sólo el directamente interesado, porque si un incapaz realizó un acto sin el consentimiento de quien ejerce la patria potestad o tutela, sólo ellos podrán invocar la nulidad relativa.

3.4.2.3. Convalidación de los actos afectados de nulidad relativa La convalidación por prescripción o confirmación es de la naturaleza de los actos afectados de nulidad relativa. Por ejemplo, si se celebra un matrimonio donde uno de los contrayentes es incapaz, sin tener el consentimiento de quien debe darlo, y éste no ejercita la acción de nulidad y el incapaz alcanza la mayoría de edad, con ese hecho se convalida el acto, por haber operado la prescripción; de la misma manera, si se realiza un contrato bajo amenazas contra la integridad física de una de las partes, cuando cesa la violencia, el que la sufrió puede confirmar el acto. Cuando a un acto le falte la forma, se puede convalidar dándole la forma debida e incluso si la voluntad ha quedado manifiesta, cualquiera de las partes puede solicitar que se le dé la forma debida. Para el supuesto de los actos afectados de nulidad, en una de sus partes el artículo 2120 señala que no es totalmente nulo, si las partes que lo forman pueden legalmente subsistir separadas, a menos que se demuestre que al celebrarse el acto se quiso que sólo íntegramente subsistiera. 50


A partir de que se declara la nulidad, las partes se obligan a restituirse recíprocamente lo que han recibido por la realización del acto; asimismo, en los actos jurídicos bilaterales se hará la restitución mutua de los intereses y frutos, y los percibidos hasta esa época se compensan entre sí.

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ESQUEMA DEL CAPITULO 4 TEORIA DE LAS NULIDADES 1. CONSENTIMIENTO 1.- ELEMENTOS DE EXISTENCIA DEL ACTO JURIDICO 2. OBJETO 3. SOLEMNIDAD

1.- FORMA 2.-OBJETO, MOTIVO O FIN LICITO 2.- REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO JURIDICO 3.- AUSENCIA DE VICIOS EN LA VOLUNTAD O CONSENTIMIENTO 4.- CAPACIDAD

3.-INEXISTENCIA

SE PRODUCE CUANDO FALTA UN ELEMENTO EXISTENCIA

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DE


1. NULIDAD RELATIVA SE PRODUCE CUANDO FALTA UN ELEMENTO DE VALIDEZ 4.-NULIDAD 2. NULIDAD ABSOLUTA

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Capítulo 4 FUENTES DE LAS OBLIGACIONES 4.1. EL DERECHO COMO FUENTE DE LAS OBLIGACIONES. 4.2. HECHOS Y ACTOS JURÍDICOS, FUENTES DE LAS OBLIGACIONES. 4.3. CONTRATO, CUASICONTRATO, DELITO y CUASIDELlTO. 4.4. FUENTES DE LAS OBLIGACIONES EN EL CÓDIGO CIVIL. La teoría de las obligaciones, de acuerdo a la sistemática del Código y de los tratadistas mexicanos, está dividida en los temas siguientes: fuentes, modalidades, trasmisión, efectos y extinción de las obligaciones. Esto es, cómo surgen las obligaciones, qué circunstancias las pueden acompañar, cómo se trasmiten, qué efectos generan y las formas de extinción que existen. En el presente Capítulo se tratarán en forma genérica, a manera de introducción a otros temas, las fuentes de las obligaciones.

4.1. EL DERECHO COMO FUENTE DE LAS OBLIGACIONES La importancia del curso del derecho de las obligaciones, como siempre se ha señalado, es porque sirve de fundamento para cualquier área del derecho, porque trátese de la rama que sea, se estará en presencia de normas jurídicas que en su estructura contienen derechos y obligaciones. Por ello, se dice que la principal y primigenia fuente de las obligaciones es el derecho, porque de él se derivan todas las obligaciones; sean las que surjan de normas jurídicas generales como a ley, o normas jurídicas individualizadas, como el contrato.

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HECHOS Y ACTOS JURÍDICOS COMO FUENTES DE LAS OBLIGACIONES 4.2.

La norma jurídica, contiene en su estructura tanto la hipótesis, como la disposición, y para que se actualice la norma, se requiere la presencia de un hecho del hombre o de la naturaleza. Los acontecimientos de la naturaleza o del hombre que producen consecuencias de derecho, constituyen la fuente más general de las obligaciones, de donde emergen todos los derechos y las obligaciones; obvio que eso se presentará siempre que los acontecimientos sean sancionados por una norma de derecho.

4.3. CONTRATO, CUASICONTRATO, DELITO y CUASI DELITO Anteriormente, en el derecho romano y en la edad media, se clasificaban como fuentes particulares las obligaciones que surgían de los contratos y de los cuasicontratos, de los delitos y de los cuasidelitos. En el caso del contrato, como ya se ha visto, lo que determina su nacimiento es el acuerdo de voluntades para crear y transmitir derechos y obligaciones; pero junto a él, existían unos actos que eran voluntarios, pero que no se advertía el consentimiento, a los que se denominó cuasicontratos, se incluía en ellos al enriquecimiento ilegítimo y la gestión de negocios, que en la actualidad se consideran fuentes autónomas de las obligaciones. En el derecho francés se conoció a los cuasicontratos señalándose que: "Los hechos voluntarios lícitos fueron llamados en el antiguo derecho francés, siguiendo a los glosadores, cuasicontratos; y expresamente el Código Napoleón acepta esta denominación. Los cuasicontratos son hechos voluntarios lícitos; se 55


consideran como tales: la gestión de negocios, el pago de lo indebido y ciertos casos de copropiedad, en virtud de que estas situaciones implican actos del hombre, sin que haya la intención de originar consecuencias de derecho.":

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También, dentro de la clasificación que se analiza, hay otra fuente de las obligaciones, que son los delitos, que son hechos jurídicos ilícitos intencionales, frente a los cuales se dan otro tipo de hechos ilícitos, donde el sujeto activo lo hace en forma imprudencial, a esos ilícitos se les denominaba cuasidelitos, debiéndose en ambos casos indemnizarse.

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De lo expuesto resulta que anteriormente sólo había cuatro fuentes de las obligaciones, el contrato por la intervención del consentimiento, y el cuasicontrato como un hecho voluntario sin llegar a ser contrato; el delito, la intención de causar un hecho ilícito y el cuasidelito como un hecho en el que de manera imprudencial se comete un hecho ilícito. En estos cuatro conceptos quedaban encuadradas todas las fuentes de las obligaciones.

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Rafael Rojina Villegas, Compendio de Derecho Civil, Introducción, Personas ... , Op. Cit., p. 116

Manuel Borja Soriano, Op. Cit., p. 85

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4.4. FUENTES DE LAS OBLIGACIONES EN El. CÓDIGO CIVIL

Entonces las fuentes más generales de las obligaciones son la Ley y los actos y hechos jurídicos. Sin embargo, de ellas se derivan fuentes particulares, reguladas por el Código y tratadas por los autores de la materia. Estas fuentes son: contrato, declaración unilateral de la .voluntad. enriquecimiento ilegítimo, gestión de negocios, hechos ilícitos y responsabilidad objetiva por riesgo creado. El contrato que es una de las fuentes más comunes está definido en el artículo 1678, al establecer que: "Los convenios que producen o transfieren las obligaciones y derechos toman el nombre de contrato. " La declaración unilateral de voluntad se encuentra regulada a partir del artículo 1745 hasta el 1765. Se presenta cuando una persona se obliga a realizar una prestación en favor de quien llene determinadas condiciones. En relación al enriquecimiento ilegitimo el artículo 1766 dice que: "El que sin causa se enriquece en detrimento de otro, está obligado a. indemnizarlo de su empobrecimiento en la medida que él se ha enriquecido." Porque si una persona ya había pagado una deuda, sin embargo, por error, vuelve a pagarla, el acreedor recibe un enriquecimiento al que no tiene derecho. Acerca de la gestión de negocios el artículo 1780 señala: "El que sin mandato y sin estar obligado a ello se encarga de un asunto de otro, debe obrar conforme a los intereses del dueño del negocio." Por ejemplo, si una persona contesta una demanda, bajo las condiciones que indica el Código, estando ausente el demandado, en virtud de tener con él alguna relación de parentesco o de amistad, deberá proseguir el juicio hasta sus últimas consecuencias. 57


De los hechos ilícitos el artículo 1794 manifiesta: "El que obrando ilícitamente o contra las buenas costumbres cause daño a otro, está obligado a repararlo, a menos que demuestre que el daño se produjo como consecuencia de culpa o negligencia inexplicable de la víctima." Por lo cual, el que cause un daño ilícitamente se encuentra obligado a repararlo. La responsabilidad objetiva por riesgo creado, que se actualiza cuando se utilizan mecanismos peligrosos por sí mismos y se causan daños, se encuentra prescrita en el artículo 1797, en los términos siguientes: “Cuando una persona hace uso de mecanismos, instrumentos, aparatos o substancias peligrosos por sí mismos, por la velocidad que desarrollen, por su naturaleza explosiva o inflamable, por la energía eléctrica que conduzcan o por otras causas análogas, está obligada a responder del daño que cause, aunque no obre ilícitamente, a no ser que demuestre que ese daño se produjo por culpa o negligencia inexcusable de la víctima.”

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ESQUEMA DEL CAPITULO 4 FUENTES DE LAS OBLIGACIONES 1. EL DERECHO

2. HECHOS Y ACTOS JURIDICOS

3. CONTRATO, CUASICONTRATO, DELITO Y CUASIDELITO 1. CONTRATO 2. DECLARACION UNILATERAL DE VOLUNTAD FUENTES DE LAS OBLIGACIONES EN EL CODIGO CIVIL 3. ENRIQUICIMIENTO ILEGITIMO 4. GESTION DE NEGOCIOS 5. HECHOS ILICITOS 6. RESPOSABILIDAD OBJETIVA POR RIESGO CREADO

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CAPÍTULO 5 CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO 5.1. UNILATERAL Y BILATERAL O SINALAGMÁTICO. 5.2. ONEROSO Y GRATUITO. 5.3. CONMUTATIVO Y ALEATORIO. 5.4. NOMINADOS E INNOMINADOS, TÍPICOS Y ATÍPICOS. 5.5. REAL Y CONSENSUAL. 5.6. CONSENSUAL, FORMAL Y SOLEMNE. 5.7. PRINCIPAL Y ACCESORIO. 5.8. INSTANTÁNEO Y DE EFECTOS SUCESIVOS. 5.9. INTUITUS PERSONAE E INDIFFERENS PERSONAE. Como toda clasificación, acerca del contrato se dan diversos criterios para ubicarlo en grupos que permitan hacer un estudio serio del mismo. Los puntos de vista y las alternativas que se proponen para su clasificación son de diferente índole, en este libro se hará referencia a la que se expone en el Código y a la que propone la doctrina más común.

5.1. UNILATERAL Y BILATERAL O SINALAGMÁTICO El Código Civil en su artículo 1720 estipula que: "El contrato es unilateral cuando una sola de las partes se obliga hacia la otra, sin que ésta le quede obligada." Esto es, el contrato unilateral es cuando las obligaciones son para una de las partes y los derechos para la otra; por ejemplo, en el contrato de donación simple, el donante trasmite la propiedad de un bien al donatario, el cual no se obliga a nada. Del contrato bilateral o sinalagmático el artículo 1721 establece que: "El contrato es bilateral, cuando las partes se obligan recíprocamente." En este contrato, los derechos y las obligaciones son recibidos mutuamente; por ejemplo, en una compraventa, el comprador se obliga a transferir la propiedad 60


de una cantidad de dinero y el vendedor, se obliga a transmitir la propiedad de una cosa, por lo que hay obligaciones recíprocas, con los correspondientes derechos.

5.2. ONEROSO Y GRATUITO Los contratos onerosos son regulados en el artículo 1722 y son aquellos donde se estipulan provechos y gravámenes recíprocos; en el supuesto de la compraventa, el vendedor recibe el precio y el comprador la cosa objeto del contrato. El contrato gratuito, de acuerdo al artículo 1722, tiene como características, que los provechos son para una parte y los gravámenes para la otra; tal como sucede en el contrato de donación, por el cual una persona trasmite la propiedad de bienes en forma gratuita, sin recibir nada a cambio. Los contratos bilaterales y onerosos, y los unilaterales o gratuitos, por regla, se presentan unidos en un tipo de contrato, sin embargo existen situaciones en las que esto no se da así. Por ejemplo, en una donación con carga o modo, el contrato es bilateral porque el donante se obliga a transmitir la propiedad de un bien y el donatario a realizar la carga o modo estipulada; pero es gratuito, en la medida en que los beneficios son para el donatario y los gravámenes para el donante.

5.3. CONMUTATIVO y ALEATORIO Los contratos son conmutativos, de acuerdo con el artículo 1723, cuando las ganancias y pérdidas que se obtendrán se saben a ciencia cierta desde el momento de su celebración; por ejemplo, si una persona compra un bien 61


mueble sabe si está perdiendo o ganando con la inversión. En los contratos aleatorios, previene el artículo 1723, la prestación debida depende de un acontecimiento incierto, lo cual hace que no se sepan las ganancias o pérdidas hasta que se realice; un ejemplo es la compra de esperanza, cuando una persona compra una siembra que se encuentran en etapa de reproducción, no sabe cuánto irá a obtener cuando levante la cosecha. La anterior clasificación de los contratos es la que contempla el Código Civil, sin embargo la doctrina maneja otras clasificaciones que son aplicables al derecho mexicano, como las siguientes, que exponen Ernesto Gutiérrez y González

16

y Manuel Borja Soriano . 17

5.4. NOMINADOS E INNOMINADOS, TÍPICOS Y ATÍPICOS Los contratos nominados o típicos, son aquellos que tienen una regulación jurídica especial en alguna ley; se dice que no es porque tengan nombre, a lo que se expondría que si están reglamentados deben tener un nombre. El contrato de compraventa, arrendamiento, en fin los que contempla el Código, son contratos nominados o típicos. A contrario sensu, son innominados o atípicos, los que no tienen una regulación jurídica especial en alguna ley; son aquellos que crea la voluntad de las partes y se rigen por las disposiciones del contrato al cual más se parezcan y por las disposiciones generales de los contratos, en atención a lo que 16

Ernesto Gutiérrez y González, Op. Cit., p. 224 ss.

17

Manuel Borja Soriano, Op. Cit., p. 113 ss.

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prescribe el artículo 1743.

5.5. REAL Y CONSENSUAL Los contratos reales en oposición a los consensuales, son aquellos que requieren la entrega de la cosa para su perfeccionamiento; y los consensuales son aquellos en que basta la expresión del consentimiento de las partes para tenerlos como perfeccionados. En la actualidad, la mayoría de los contratos son consensuales, ya que con la expresión de la voluntad de los contratantes se perfeccionan, por ejemplo un contrato de compraventa es consensual. Por su parte, de manera excepcional, la prenda es un contrato real, porque el artículo 2739 estipula: "Para que se tenga por constituida la prenda deberá ser entregada al acreedor, real o jurídicamente."

5.6. CONSENSUAL, FORMAL Y SOLEMNE De acuerdo con su forma los contratos pueden ser consensuales, si no se requiere forma especial, por ejemplo la compraventa de un libro; formales, que requieren forma especial, por ejemplo, la compraventa de un bien inmueble, que debe ser por escrito y en escritura pública generalmente; y solemnes, cuando aparte de ser por escrito se requiere la presencia de un funcionario dotado de fe pública y que éste haga una declaración, sería el supuesto del matrimonio. 5.7. PRINCIPAL Y ACCESORIO

Los contratos son principales, cuando tienen un valor por sí mismo, no siguen a otro contrato, como el de mutuo o préstamo; y son accesorios, cuando su existencia depende de otro contrato, al cual siguen en su existencia, son el 63


caso de la prenda y la hipoteca, porque garantizan el cumplimiento de una obligación principal.

5.8. INSTANTÁNEO Y DE EFECTOS SUCESIVOS En cuanto a los efectos, los contratos pueden ser instantáneos o de efectos sucesivos; son instantáneos, cuando surgen y tienen todos sus efectos jurídicos en un mismo momento, una compraventa al contado por ejemplo; y son de efectos sucesivos, cuando nacen en un momento y siguen teniendo consecuencias en otros momentos, el arrendamiento es el caso típico, porque los efectos del contrato se prolongan durante el tiempo que dure el mismo.

5.9. INTUITUS PERSONAE E INDIFFERENS PERSONAE En relación a las personas con las cuales se realiza el contrato, pueden ser intuitus personae e indifferens personae, dependiendo de que se requiera o no una persona con cualidades especiales. En los intuitus personae, por ejemplo, si se realiza una donación, se efectúa porque se tiene alguna relación con el donatario; en cambio, en los contratos indifferens personae no importa con quien se realiza el contrato, lo que importa es Ilevarlo a cabo, por ejemplo, en una compraventa de un bien inmueble, al vendedor no le interesa quien lo adquiere, lo que él desea es venderlo.

64


1.

ESQUEMA DEL CAPITULO 5 CLASIFICACION DEL CONTRATO UNILATERAL Y BILATERAL O SINALAGMATICO

2.

ONEROSO Y GRATUITO

3.

CONMUTATIVO Y ALEATORIA

4.

NOMINADOS E INNOMINADO, TIPICOS Y ATIPICO

5.

REAL Y CONSESUAL

6.

CONSESUAL, FORMAL Y SOLEMNE

7.

PRINCIPAL Y ACCESORIO

8.

INSTANTANEO Y DE EFECTOS SUCESIVO

9.

INTUITUS PERSONAE E INDIFEFERENS PERSONAE

65


CAPÍTULO 6 ELEMENTOS DE EXISTENCIA DEL CONTRATO 6.1. CONSENTIMIENTO. 6.2. OBJETO DEL CONTRATO. 6.3.

SOLEMNIDAD. El contrato tiene elementos de existencia y de validez. El artículo1679 se refiere a los elementos de existencia, que son el consentimiento y el objeto, y el 2110 contempla la solemnidad; mientras que el artículo 1680 menciona los requisitos de validez, que son capacidad, ausencia de vicios en la voluntad, licitud en el objeto, motivo o fin y la forma. Entonces, consentimiento, objeto y solemnidad, son los elementos que deben tener los actos jurídicos para su existencia. Ahora se trata de estudiarlos como parte del análisis del contrato; aunque en páginas anteriores se vieron, en un rápido examen, como elementos del acto jurídico en general, para poder analizar la teoría de la inexistencia y de las nulidades. 6.1. CONSENTIMIENTO

El primer elemento de existencia es el consentimiento, que se define de la misma manera que el contrato, como "el acuerdo de dos o más voluntades sobre la producción o transmisión de obligaciones y derechos, 18

siendo necesario que estas voluntades tengan una manifestación exterior" ,

18


66


esta definición sólo es para el consentimiento en el contrato, porque si se

tratara del convenio en sentido amplio, tendría que incluirse como consecuencias jurídicas, aparte de la producción y transmisión, la modificación y extinción de derechos y obligaciones. Las personas con su voluntad tienen libertad para obligarse en los términos que lo manifiesten, con la única limitante de que no esté prohibida la conducta a realizar. En materia de derecho civil, priva el principio de la autonomía de la voluntad de las personas, la libertad para obligarse en los términos que ellas crean convenientes. La policitación y la aceptación son los elementos. del consentimiento, se trata de dos voluntades diversas que se emiten de tal manera que hacen un consenso, aún cuando persigan fines diferentes; en la compraventa, el comprador quiere adquirir una cosa y el vendedor quiere transmitir la propiedad de una cantidad de dinero, los que son fines diversos que hacen el consentimiento. La policitación, propuesta u oferta es la declaración unilateral de voluntad que contiene los elementos esenciales del contrato que se pretende celebrar. La aceptación es la declaración unilateral de voluntad que manifiesta adhesión a la policitación.

67


6.1.1. Policitación, propuesta u oferta La policitación es definida en forma didáctica como “una declaración unilateral de voluntad, recepticia, expresa o tácita, hecha a persona presente o no presente, determinada o indeterminada, que enuncia los elementos esenciales de un contrato cuya celebración pretende el autor de esa voluntad, seria y hecha con ánimo de cumplir en su oportunidad.”

19

Es una declaración unilateral de voluntad porque basta con esa voluntad para que surja una obligación, en este caso, de mantener la oferta en las condiciones establecidas. Es recepticia, porque sólo tendrá plenitud de efectos jurídicos, si existe otra voluntad que se adhiera a la propuesta, porque de no ser así esa voluntad no integró al consentimiento. Debe ser expresa o tácita, que es la manera en que se puede manifestar el consentimiento, verbal, por escrito, por signos inequívocos o por circunstancias que lo hagan presumir. Será hecho a persona presente o no presente, determinada o indeterminada. La policitación debe contener los elementos esenciales del contrato que se pretende celebrar, porque de esa manera será seria y hecha con el ánimo de cumplir en su oportunidad.

19

Ernesto Gutierrez y Gonzalez, Op . Cit., p251

68


6.1.2. Aceptación También en forma didáctica la aceptación es definida como “una declaración unilateral de voluntad, expresa o tácita, hecha a persona determinada, presente o no presente, seria, lisa y llana, mediante la cual se expresa la adhesión a la propuesta, y se reduce a un sí.”

20

En este caso la aceptación debe ser hecha a persona determinada, porque significa una respuesta lisa y llana, sin ningún tipo de contrapropuesta, sino que expresa adhesión a la policitación, por eso se dice que se reduce a un sí. Porque si el aceptante, cambiara los términos de la policitación, entonces ya no sería una, aceptación si no que se convertiría en una nueva propuesta.

6.1.3. Perfeccionamiento del consentimiento El perfeccionamiento del consentimiento se puede analizar bajo cuatro hipótesis: entre personas presentes con plazo; entre personas presentes sin plazo; entre personas no presentes con plazo; y entre personas no presentes sin plazo. Entre personas presentes con. plazo, el policitante queda ligado con su oferta el tiempo que dure el plazo, como lo previene el artículo 1689, Entre personas presentes sin plazo si no se recibe una respuesta inmediata el policitante queda desligado de su obligación, de acuerdo a lo expresado por el artículo 1690. Entre personas no presentes con plazo, el policitante queda obligado 20

Idem, p.257

69


durante el tiempo que dure el plazo, como lo estatuye el artículo 1689. Entre personas no presentes sin plazo, el autor queda ligado con su oferta, durante tres días, además del tiempo necesario para la ida y vuelta regular del correo público, o del que se juzgue bastante, no habiendo correo público, según las distancias y la facilidad o dificultad de las comunicaciones, según se desprende del artículo 1691. Dentro del capítulo del consentimiento se ha discutido el momento a partir del cual queda integrado el consentimiento y por lo tanto se perfecciona, esto en contrataciones hechas entre personas no presentes con o sin plazo. Para el efecto existen cuatro sistemas, el de ~ la declaración, la expedición, la aceptación y el de la información. El sistema de la declaración señala que el consentimiento se perfecciona cuando el aceptante declara que acepta la propuesta, independientemente de la forma en que se haga. En la ciudad de México, un comerciante recibe una policitación y en ese momento declara que la acepta. En el sistema de la expedición se dice que el consentimiento se perfecciona a partir del momento en que el aceptante por algún medio expide la respuesta. En el ejemplo anterior, el comerciante de la ciudad de México, además de declarar que acepta, envía su respuesta. En el sistema de la recepción, el consentimiento se perfecciona cuando el policitante recibe en su domicilio la aceptación, aún cuando todavía no conozca su contenido. En el ejemplo mencionado, el policitante recibe de la ciudad de México la aceptación. Este es el sistema que regula el Código en el artículo 1692. 70


Por su parte en el sistema de la información, el consentimiento se perfecciona cuando el policitante se entera del contenido de la aceptación. En el ejemplo el aceptante declaró que aceptaba, expide la respuesta, ésta llega al domicilio del policitante y finalmente éste se da cuenta de su contenido, para este sistema en esta última etapa es cuando se integra el consentimiento. En la retractación de la oferta, el policitante puede retirar la propuesta, con la condición de que el destinatario reciba la retractación antes que la oferta; sino es así, entonces tendrá que celebrar el contrato prometido, porque así lo

estipula el artículo 1693. Si muere el policitante al momento de la aceptación y este hecho no es conocido por el aceptante, los herederos deberán cumplir la alerta realizada, en los términos del artículo 1694.

6.1.4. Contratación hecha por teléfono La contratación puede ser hecha por teléfono y se regirá por las disposiciones de la contratación entre personas presentes; es decir, si se otorga plazo, la obligación subsistirá durante el mismo, y si es sin plazo, la respuesta deberá ser inmediata, de no hacerla así el policitante queda desligado de su oferta, como lo precisa el artículo 1690.

6.1 .5. Contratación hecha por telégrafo Por telégrafo también se puede contratar, sujetándose a las siguientes reglas: que por escrito se haya pactado con anterioridad esa forma de contratar, que los originales de los telegramas tengan la firma de los contratantes, así como los signos convencionales que hubiesen establecido, tal como lo prescribe 71


el artículo 1696.

6.2. OBJETO DEL CONTRATO El objeto del contrato tiene tres acepciones, objeto directo, objeto indirecto y la cosa materia del contrato El objeto directo, regulado por el artículo 1678, se refiere a crear y transmitir derechos y obligaciones, por ejemplo en una compraventa se crea

y

trasmite un derecho de propiedad en favor del comprador

sobre la cosa. El objeto indirecto, que es el principal objeto de la obligación, se refiere a la conducta que debe realizar el deudor, que puede ser de dar hacer y no hacer, por ejemplo en la compraventa el objeto indirecto es una conducta de dar, de conformidad a lo prescrito por el artículo 1709. La cosa materia del contrato, también es objeto del mismo cuando se trata de obligaciones de dar, en el ejemplo de la compraventa si recae en un bien inmueble, éste será el objeto, por ser la cosa materia del contrato, de acuerdo a lo establecido por el artículo 1709. El objeto directo del contrato, se regula en el curso de los contratos en particular,. porque se crean y trasmiten derechos y obligaciones, dependiendo del contrato de que se trate. En el curso de obligaciones, se desarrolla el objeto indirecto, la conducta de dar una cosa, el hecho positivo o el hecho negativo.

6.2. 1. La prestación de cosas En el supuesto de dar una cosa, el artículo 1893 estipula en que puede consistir dicha prestación, por lo cual expresa: "La prestación de cosa puede consistir: I . - En la traslación de dominio de cosa cierta; II.- En la enajenación 72


temporal del uso o goce de cosa cierta; III En la restitución de cosa ajena o pago’ .-

de cosa debida ".

En el caso de una donación, la prestación de la cosa consistirá en la trasmisión de su propiedad; en un contrato de arrendamiento, se enajena en forma temporal el uso del bien, sin transmitir el dominio;

y

en el depósito, el

depositario tiene la obligación de restituir la cosa que le fue entregada en custodia, y en el contrato de mutuo, el deudor tiene la obligación de pagar una cosa que debía al acreedor. En la enajenación de una cosa determinada, la trasmisión de la propiedad de la misma se da en el momento de celebrar el contrato, sin necesidad de que haya una entrega material o simbólica, según lo señala el artículo 1896; en cambio, cuando se-enajena alguna especie indeterminada, la propiedad se trasmitirá cuando la cosa se haga cierta y determinada con conocimiento del acreedor, lo que regula el artículo 1897. Así, si una persona vende un automóvil y manifiesta las características del mismo, trasmitirá su propiedad cuando se realice el contrato; pero si vende un automóvil sin dar sus características, no se trasmitirá la propiedad hasta que se determine a cual se refiere. 6.2.2. Características que deben reunir las cosas

La cosa objeto del contrato debe reunir las siguientes características: existir en la naturaleza; ser determinada o determinable; y estar en el comercio, conforme a lo estipulado por el artículo 1710. Las cosas están en la naturaleza cuando existen en el presente o bien cuando no estando pueden existir en el futuro. De tal manera que una cosa que no exista en la naturaleza en el 73


presente, pero pueda llegar a existir, podrá ser objeto de un contrato, por ejemplo una compra de esperanza, donde se realiza un contrato sobre la cosecha de una siembra que apenas se va realizar. Sobre las cosas futuras dice el artículo 1711 que: "Las cosas futuras pueden ser objeto de un contrato. Sin embargo no puede serio la herencia de una persona viva, aun cuando ésta preste su consentimiento. La cosa objeto del contrato debe ser determinada o determinable, debe poder precisarse la especie y características de la misma, porque de no hacerse así, se considera indeterminada; o bien, ser determinable, de tal forma que se pueda determinar al momento en que se cumpla con el contrato. La cosa debe estar en el comercio, al respecto el artículo 749 señala que: "Las cosas pueden estar fuera del comercio por su naturaleza o por disposición de la ley." Por ejemplo, un planeta aunque existe, no puede ser objeto de un contrato porque no lo permite su naturaleza; de la misma forma, los bienes de uso común están fuera del comercio por disposición de la ley, porque, por ejemplo, si una persona quiere comprar una parte del mar territorial no puede porque la ley lo prohíbe. En atención a lo que el artículo 750 dice: "Están fuera del comercio por su naturaleza las que no pueden ser poseídas por algún individuo exclusivamente, y por disposición de la ley, las que ella declara irreductibles a propiedad particular".

6.2.3. Los hechos deben ser posibles Los hechos para ser objeto del contrato deben ser posibles y lícitos dice el artículo 1712. De ese precepto, sólo interesa el que los hechos deben ser posibles, lo que constituye un elemento de existencia, porque la licitud es un 74


requisito de validez. El artículo 171 3 al respecto señala que: "Es imposible el hecho que no pueda existir porque es incompatible con una ley de la naturaleza o con una norma jurídica que debe regirlo necesariamente y que constituye un obstáculo insuperable para su realización." Por su parte el artículo 1 714 manifiesta que: "No se considerará imposible el hecho que no pueda ejecutarse por el obligado, pero sí por otra persona en lugar de él". El hecho debe ser física y jurídicamente posible. Si una persona se obliga a realizar una caminata por treinta días sin tomar agua, sería imposible de acuerdo con la naturaleza del hecho; igualmente si dos personas del mismo sexo pretenden celebrar matrimonio sería jurídicamente imposible, porque la norma jurídica dice que el matrimonio es la unión de un varón y una mujer con el objeto de procrear la especie. 6.3. SOLEMNIDAD

El tercer elemento de existencia es la solemnidad, la cual se presenta excepcionalmente en los contratos, ya que en nuestro medio el ejemplo clásico es el matrimonio. Acerca de la solemnidad señala el artículo 2110 que: "La falta de forma establecida por la ley, si no se trata de actos solemnes, así como el error, el dolo, la violencia, la lesión y la incapacidad de cualquiera de los autores del acto, produce la nulidad relativa del mismo." Lo cual significa que cuando falta solemnidad, el acto no está afectado de nulidad relativa, sino que se produce la inexistencia del contrato por ser aquella un elemento de existencia del mismo. 75


La solemnidad es un tipo de forma que ha sido elevada a su máxima expresión. De la forma verbal, pasando por la escrita, hasta la participación de un funcionario dotado de fe pública. "La solemnidad es el conjunto de elementos de carácter exterior del acto jurídico, sensibles, en que se plasma la voluntad de los que contratan, y que la ley exige para la existencia del mismo

".

21

De acuerdo con la solemnidad, aplicada al matrimonio, se dice que es realizado por escrito en formas especiales, ante funcionarios dotados de fe pública y con la expresión de ciertas palabras.

21


76


ESQUEMA DEL CAPITULO 6 ELEMENTOS DE EXISTENCIA DEL CONTRATO 1. Policitación, propuesta u oferta

1. Consentimiento

2.

Aceptación

1.

Objeto directo. Crear y transmitir

derechos y obligaciones 2.Objeto 2.

Objeto Inderecto. La conducta que

deberá asumir el obligado, de dar, hacer o no hacer 3.

La cosa materia del contrato

3.Solemnidad Es una especie de forma elevada a elemento de existencia

77


Capítulo 7 ELEMENTOS DE VALIDEZ 7.1. FORMA. 7.2. OBJETO, MOTIVO O FIN LÍCITO. 7.3. AUSENCIA DE VICIOS EN El CONSENTIMIENTO. 7.4. CAPACIDAD. Los elementos o requisitos de validez del contrato los enumera el artículo 1680 y son la forma, el objeto, motivo o fin Ifcito, ausencia de vicios del consentimiento y la capacidad; sin los cuales el contrato estará afectado de nulidad.

7.1. FORMA La forma, es la manera en que se exterioriza el consentimierito, de acuerdo a lo que establece la ley para cada caso particular. Por ejemplo, en los contratos traslativos de dominio, sobre bienes inmuebles, deberá hacerse en escritura pública como regla.

7. 1 1. Forma expresa y forma tácita El artículo 1688, dice que: "El consentimiento puede ser expreso o tácito. Es expreso cuando se manifiesta verbalmente, por escrito o por signos inequívocos. El tácito resultará de hechos o de actos que lo presupongan o que autoricen a presumirlo excepto en los casos en que por ley o por convenio la voluntad deba manifestarse expresamente." Los contratos que pueden ser realizados en forma verbal, realmente no requieren ninguna forma específica, por lo que las partes le darán la que juzguen pertinente, por ejemplo la compraventa de un libro. Cuando se necesita la forma escrita, quiere 78


decir que la ley impone una forma especial, por ejemplo, decíamos, en la compraventa de un bien inmueble. Los signos inequívocos se refieren a la mímica que se utiliza al celebrar un contrato, el comprador llega y exhibe el precio de un bien y luego lo entrega, recogiendo la cosa adquirida. En la forma tácita, se trata de hechos que hacen presumir la existencia de una voluntad manifestada en un determinado sentido, por ejemplo, un alumno llega tarde a su clase y sin pedir permiso entra al aula se instala y escucha al profesor durante el desarrollo de la misma, en este supuesto hubo hechos que hicieron presumir que el alumno quería estar en la clase y que el profesor lo aceptó.

7. 1 .2. Formalismo y consensualismo Han sido muy discutidos en la doctrina los efectos del silencio en los actos jurídicos, siendo la posición dominante que el silencio no implica aceptación, excepto en los casos en que expresamente lo señale la ley, como sucede en el mandato, cuando se otorga a profesionistas que ofrecen servicios al público se entiende que los aceptan si no los rehúsan dentro de los tres días I

siguientes, como lo estatuye el artículo 2429. En tiempos de! derecho romano imperaba un formalismo riguroso expresado en las diversas formulas que debían pronunciar los contratantes para que el mismo existiera, prosiguiendo este sistema en la edad media; con el advenimiento del liberalismo, en los tiempos modernos, se cambia de ese formalismo rígido a un consensualismo, que consiste en la libre manifestación de la voluntad, que es lo importante, sin requerir una forma específica, a menos que la ley lo determine expresamente. Al respecto el artículo 1681 expresa: "Los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento; excepto aquéllos que

deben revestir una forma establecida por la ley. Desde que se perfeccionan, obligan a los contratantes no s610 al cumplimiento de lo expresamente pactado, 79


sino también a las consecuencias que según su naturaleza, son conforme a la buena fe, al uso o la ley." Ratificando el consensualismo, el artículo 171 7 estipula que: “ En los contratos civiles cada uno se obliga en la manera y términos que aparezca que quiso obligarse, sin que para la validez del contrato se requieran formalidades determinadas, fuera de los casos expresamente designados por la ley.” Si bien la forma como elemento de validez es de carácter consensual, es importante destacar que para el caso de la prueba, es necesario que a los actos se les dé una forma escrita porque de esa manera queda manifestado fehacientemente el acto jurídico realizado. 7.1.3. Consensualismo, formalismo y solemnidad

Los contratos, en cuanto a la forma, pueden ser consensuales, que no requieren una forma específica, pudiéndoles dar la que las partes crean conveniente; formales que necesitan un tipo de forma establecido por la ley, que es por escrito; y solemnes, que es con una forma determinada, pero elevada a elemento de existencia¡ porque de faltar, el contrato será inexistente.

7.1.4. Nulidad relativa por falta de forma

Por ser la forma un elemento de validez, si la ley exige una determinada forma en un contrato y no se le da, estará afectado de nulidad, pero si la manifestación de la voluntad es clara, cualquiera de las partes podrá exigir que se le dé la forma debida, como lo establece el artículo 1718. Los contratos que tengan la forma escrita deben ser firmados por todos los que se obligan en el mismo, y si alguno no sabe firmar lo hará otra persona a su ruego, con la ratificación ante Notario Público o ante el Juez de Primera Instancia 80


correspondiente, de acuerdo a lo que dispone el artículo 1719.

7.2. OBJETO, MOTIVO O FIN LÍCITO El objeto posible es un elemento de existencia del contrato, de tal manera que si falta se producirá su inexistencia. En el artículo 1712, se contempla esta disposición, pero también incluye la licitud del objeto, lo cual es un elemento de validez y por ello toca analizarlo en este apartado. 7.2.1. Objeto lícito

El objeto es ilícito cuando es contrario a las leyes de orden público o a las buenas costumbres, según se desprende del artículo 1715; para que un hecho o abstención sean lícitos se requiere que se apegue a las leyes y a las buenas costumbres. 7.2.1.1. Leyes supletorias, prohibitivas y preceptivas En una clasificación, que servirá para este tema, las leyes pueden ser supletorias o permisivas; prohibitivas; preceptivas, ordenadores o imperativas. Las supletorias ocupan el lugar de la voluntad de las partes cuando no ha sido explícita en una determinada situación; son aquellas "que se dictan única y exclusivamente para reglamentar obligaciones en los contratos, cuando las partes no han manifestado su voluntad sobre cierto punto de interés jurídico.’ 22’’En este supuesto el contrato no podrá ser atacado de nulidad, en virtud de que no se viola la ley, sino que son normas que se aplican sólo si las partes son omisas en 22

Rafael Rojina Villegas, Compendio de Derecho Civil, Teorla General ... Op. Cit., p. 70 r

81


determinada disposición. Por ejemplo, el pago deberá realizarse en el domicilio del deudor, pero si las partes establecen un lugar diferente ahí deberá efectuarse. Las leyes prohibitivas son aquellas que establecen determinadas prohibiciones a las personas, las que si se infringen, algún tipo de sanción se aplicará. Las leyes preceptivas, ordenadoras o imperativas, son aquellas que establecen una orden para los sujetos de la relación jurídica, si se viola deberá aplicarse una sanción. La ilicitud de los hechos o abstenciones tiene lugar cuando se transgrede a una ley prohibitiva o imperativa; por ejemplo, en el Código Civil se contemplan leyes supletorias y preceptivas mayoritariamente, mientras que en las disposiciones de derecho penal las leyes predominantes son las prohibitivas.

7.2.1.2. Sanción por la contravención a una ley Toda contravención a una ley trae aparejada una sanción dependiendo de su importancia; si protege intereses públicos, la sanción será nulidad absoluta, por ejemplo, cuando una persona contrae matrimonio teniendo vigente un vínculo anterior, el segundo matrimonio estará afectado de nulidad absoluta; si protege intereses de particulares, la nulidad será relativa, si por ejemplo, se contrae matrimonio con un menor de edad, sin el consentimiento de quien debe darlo, se contraviene una ley, pero la violación de la misma sólo interesa a quienes debieron otorgarlo; y, existen ocasiones en que aun cuando se infrinja la ley, no se establece la nulidad, sino una sanción de carácter administrativo, porque se considera que la violación no es tan grave como para nulificar el acto, por ejemplo cuando el cónyuge . . culpable, en el divorcio 82


necesario, celebra matrimonio antes de que transcurran dos años después de la disolución del anterior.

7.2.1.3 Buenas costumbres Las buenas costumbres están constituidas por la moral social, por la moral que tiene una comunidad determinada; lo cual es difícil de precisar en forma teórica, por eso la solución es que sea el juez, en cada caso, el que valore si hubo contravención a las buenas costumbres. Porque el concepto bueno es relativo, responde a una época y región determinada, lo bueno para una comunidad puede ser malo para otra. Lo que si se puede señalar es el concepto de costumbre, según la doctrina del Derecho, que la considera como una práctica realizada por una sociedad y considerada como jurídicamente

obligatoria. 7.2.2. Motivo o fin lícito

En lo que respecta al motivo o fin lícito, lo constituyen las razones que tuvo una persona para celebrar el contrato, es el ánimo que prevaleció al realizar el acto si fue para causar un daño, es evidente que será illcita dicha motivación; por ejemplo, si alguien contrae matrimonio para prostituir a su pareja lo hace con un fin ilícito. 7.3. AUSENCIA DE VICIOS EN El CONSENTIMIENTO

Existen vicios en el consentimiento cuando la voluntad no se ha . expresado libre y espontáneamente, cuando alguno de los elementos de existencia tiene alguna circunstancia que los hacen imperfectos. Los vicios que se pueden presentar en el consentimiento son el error, la 83


violencia y la lesión, como lo señalan los artículos 17 y 1697. 7.3.1. Error

El error es el primer vicio objeto de análisis. Es una falsa apreciación de la realidad o circunstancia que ha motivado la celebración del contrato. Existen varias clasificaciones del error, entre ellas el fortuito, que es cuando la persona no sabe del error, ni la otra parte se ha percatado de él, éste puede ser aritmético o de cálculo, de derecho y de hecho.

7.3.1.1. Error aritmético o de cálculo El error aritmético o de cálculo, como su nombre lo expresa, es aquel que recae en alguna cantidad señalada en el contrato, lo que da sólo lugar a una rectificación como así lo dispone el artículo 1699.

7.3.1.2. Error de derecho El error de derecho, es aquel que se presenta sobre el desconocimiento de una norma jurídica en su aplicación en un contrato; si esto recae sobre el motivo determinante que tuvo una parte para celebrarlo, provocará la nulidad,’ en atención a lo que señala el artículo 1698.

7.3.1.3. Error de hecho El error de hecho, es el más común, y se presenta sobre circunstancias o condiciones del contrato, o bien recae sobre el objeto, no permite que el consentimiento se exprese libremente. Puede ser error obstáculo, error nulidad y error indiferente.

7.3.1.3.1. Error obstáculo 84


El error obstáculo, es aquel que se presenta sobre el tipo de contrato o sobre el objeto del mismo. Al primero se le llama error in negotio, donde una de las partes está pensando realizar un tipo de contrato y la otra en uno diferente; por ejemplo, una persona recibe una cosa y cree que se le está

haciendo una donación, mientras que el que

se la entregó piensa que está llevando a cabo una compraventa; en este tipo de error no se puede integrar el consentimiento, porque si bien se externan las voluntades, éstas lo hacen en forma diferente

y contradictorias.

En el segundo supuesto, al error sobre el objeto, se le denomina error in rem, sobre la cosa; las partes al celebrar el contrato, cada una está pensando en cosas diferentes; es clásico el ejemplo del propietario de dos casas situadas por la misma calle, que quiere vender una, pero al momento de realizar la operación él piensa en una de las fincas el objeto

y

y el

comprador en la otra; en este caso no se determina

por lo tanto tampoco se integra el consentimiento, por lo cual el acto es

inexistente. 7.3.1.3.2. Error nulidad

El error nulidad, es aquél que de presentarse genera la nulidad del contrato, recae sobre la substancia o sobre la persona de alguno de los contratantes. El error sobre la substancia, se presenta en la calidad de la cosa objeto del contrato; una parte quiere realizar un contrato sobre una cosa de calidad determinada, sin embargo, le resulta otra la calidad; por ejemplo, alguien compra un bien porque cree que es de oro, y resulta que es sólo chapeado de ese metal. El error sobre la persona se presenta en los contratos intuitus personae, cuando una de las partes celebra el contrato por las cualidades de la otra, de tal manera 85


que si resulta que es otra la persona con la que se contrata, se estará en presencia de un acto afectado de nulidad; por ejemplo, en el matrimonio, si existe error en cuanto a la persona con la cual se pretende celebrarlo y se contrae con otra, habrá error que acarreará la nulidad.

7.3.1.4. Error indiferente El error indiferente no produce la nulidad, cuando más se tendrá ’que dar un ajuste en las prestaciones que se deben las partes, porque el error no recae sobre el motivo determinante de la voluntad de los contratantes, sino que recae sobre aspectos de carácter secundario; por ejemplo, si una persona adquiere una pintura porque fue hecha por una determinada persona, y si sólo por esa circunstancia la compró, y después de realizado el contrato, se percata que el marco resultó de una madera corriente, no puede pedir la nulidad del contrato, porque el error es indiferente, porque recayó sobre algo que no fue lo determinante para contratar.

7.3.2. Mala fe La mala fe se presenta cuando se utilizan artificios o engaños para hacer que la otra parte que ya se encontraba en el error siga en él, o bien, cuando se tiene conocimiento del error en que se encuentra la otra parte y se hace el disimulado no haciéndoselo saber. Al primer tipo de mala fe se le llama activa y a la segunda pasiva.

7.3.2.1. Mala fe principal y mala fe incidental También la mala fe puede ser principal o incidental, dependiendo que recaiga sobre el motivo que determinó a las partes a contratar o que el motivo no sea determinante.

86


Si la mala fe es mantenida por una de las partes o por un tercero : sabiéndolo la que se beneficia, se producirá la nulidad del contrato, de acuerdo a lo que estipula el artículo 1701.

7.3.3. Dolo El dolo es un tipo de error, nada más que se presenta en forma maquinada porque a través de artificios o engaños se hace que la otra parte caiga en el error. El artículo 1700 dice que: "Se entiende por dolo en los contratos, cualquiera sugestión o artificio que se emplee para inducir a error o mantener en él a alguno de los contratantes; y por mala fe, la disimulación del error de uno de los contratantes, una vez conocido." De donde resulta que el dolo, para el Código, es cuando se produce artificiosamente el error y también cuando estando la parte ya en el error se le mantiene en él a través de engaños; lo cual rompe con la doctrina, la que considera que habrá dolo siempre que el error sea provocado, dejando a la mala fe cuando el error es fortuito pero que después de conocido por la parte que se beneficia, mantiene al otro contratante en él, sea en forma activa o pasiva.

7.3.3.1. Dolo bueno y dolo malo El dolo puede ser bueno o malo, según el artículo 1706 será dolo bueno cuando se trata de: "Las consideraciones generales que los contratantes expusieren sobre los provechos y perjuicios que naturalmente pueden resultar de la celebración o no celebración del contrato, y que no importen engaño o amenaza alguna de las partes, no serán tomadas en cuenta al calificar el dolo o la violencia"; el dolo bueno consiste, entonces, en las argumentaciones que las partes se hacen sobre el contrato que pretenden celebrar; este tipo de dolo no vicia el contrato. El dolo malo es cuando existen artificios o engaños para 87


que la otra parte caiga en el error y realice el contrato en condiciones desventajosas.

7 .3.3.2. Dolo principal y dolo incidental El dolo también puede ser principal e incidental, el primero es el que recae sobre el motivo determinante que se tuvo para celebrar el contrato; y el incidental se refiere a aspectos secundarios del contrato y que no tiene mayor relevancia, por lo cual no produce la nulidad. Respecto a estos tipos de dolo, se puede aplicar por analogía, lo dispuesto para el error, según lo manifestado por el artículo 1698, que dice: "El error de derecho o de hecho invalida el contrato cuando recae sobre el motivo determinante de la voluntad de cualquiera de los que contratan, si en el acto de la celebración se declara ese motivo o si se prueba por las circunstancias del mismo contrato que se celebró éste en el falso supuesto que lo motivó y no por otra causa."

7.3.3.3. Dolo coetáneo y dolo posterior El dolo puede ser coetáneo o posterior, el primero es el que se presenta al momento de celebrar el contrato; y el posterior, es el que se realiza después de la celebración del contrato y tiene como propósito el de no cumplir con las obligaciones que se contrajeron; realmente el único tipo de dolo, de acuerdo a esta clasificación es el dolo coetáneo, ya que no puede existir el dolo posterior, por no corresponder a su naturaleza jurídica, porque si alguna de las partes emplea artificios o engaños para no cumplir el contrato, no ’se producirá la nulidad, sino que se estarán incumpliendo las obligaciones contraídas y podrá operar la rescisión.

88


7.3.3.4. Dolo civil y dolo penal El dolo, en otra clasificación, es civil o penal, dependiendo de la materia donde se presente.

7.3.3.5. Personas que pueden provocar el dolo El dolo que produce la nulidad es aquél que es provocado por una de las partes o bien por un tercero sabiéndolo quien se beneficia, porque si éste no está enterado no habrá nulidad, tal como lo manifiesta el artículo 1701. Si ambas partes proceden con dolo ninguna de ellas podrá solicitar la nulidad, ni reclamarse indemnizaciones, de acuerdo a lo expresado por el artículo 1702.

7.3.3.6. Renuncia a solicitar la nulidad por dolo No se puede renunciar del dolo que se presente para lo futuro, pero si el dolo ya pasado, porque es una forma de ratificación del contrato viciado, según lo previenen los artículos 1707 y 1708.

7 .3.4. Violencia Acerca de la violencia se puede citar que: “La violencia puede ser física o moral. Existe violencia física cuando por medio del dolor, de la fuerza física o de la privación de la libertad, se coacciona la voluntad a efecto de que se exteriorice en la celebración de un acto jurídico. También existirá cuando por la fuerza se priva a otro de sus bienes, o se les hace daño, para lograr el mismo objeto; o bien, cuando merced a la misma fuerza se pone en peligro la vida, la honra, la libertad o una parte considerable de los bienes de la víctima. La violencia moral existe cuando se hacen amenazas que importen peligro de perder la vida, la honra, la libertad, la salud o el patrimonio del autor del acto jurídico, de su cónyuge, ascendientes, 89


descendientes o parientes colaterales hasta el segundo grado.”

23

La violencia es el temor fundado de que suceda algo en el patrimonio pecuniario o moral de una persona o en el de un ser querido, ante lo cual celebra un contrato. El artículo 1704 al respecto establece que: "Hay violencia cuando se emplea fuerza física o amenazas que importen peligro de perder la vida, la honra, la libertad, la salud, o una parte considerable de los bienes del contratante, de su cónyuge, de sus ascendientes, de sus descendientes o de sus parientes colaterales dentro del segundo grado." Se ha criticado al Código el que establezca en forma restrictiva el número de personas contra las cuales se puede ejercer la violencia, que son el cónyuge, los padres, hijos y hermanos, excluyendo a otros parientes o personas a las cuales se les tenga estima y que ejerciendo violencia sobre ellos se pueda realizar un contrato.

7 .3.4.1. Supuestos en los que no existe violencia Existen dos supuestos en los cuales no se puede hablar de que se ejerce violencia: el temor reverencial, el temor de desagradar a una persona a la que se le tenga estima o aprecio, por ejemplo un alumno celebra un contrato, en desventaja, con su profesor porque no quiere causarle mala impresión, en este caso no habrá violencia; el temor al ejercicio de un derecho, el hecho de que una persona tenga un derecho sobre otra y le amenace que, de no realizar el contrato, ejercerá el derecho que tiene, no es violencia que vicie el contrato,

23

Rafael Rojina Villegas, compendio de Derecho Civil, Introducción, Personas ... , Op. Cit., p. 147

90


por ejemplo la mujer amenaza al marido de demandarlo por alimentos si no realiza un determinado acto, esta violencia no vicia la voluntad.

7.3.4.2. Personas que pueden provocar la violencia La violencia produce la nulidad y puede ser ejercida por una parte o por un tercero independientemente de que esté enterado o no el contratante que se beneficia, como dice el artículo 1703. 7.3.5. Lesión La lesión es otro vicio que se puede presentar en el consentimiento, el cual está regulado en el artículo 17 que señala: "Cuando alguno explotando la suma ignorancia, notoria inexperiencia o extrema miseria de otro, obtiene un lucro excesivo que sea evidentemente desproporcionado a lo que él por su parte se obliga, el perjudicado tiene derecho de pedir la rescisión del contrato, y de ser ésta imposible, la reducción equitativa de su obligación." Existe lesión cuando una de las partes se aprovecha de un estado de necesidad en que se encuentra el otro contratante y obtiene un lucro excesivo con respecto a lo que él a su vez se obliga. De aquí resulta que hay dos tipos de elementos en la lesión, uno de carácter subjetivo, que está basado en el estado de necesidad y que genera un vicio en la voluntad; y otro objetivo, que se refiere a la desproporción en las contra prestaciones que se deben las partes. Doctrinalmente la lesión se puede explicar como un vicio subjetivo o de carácter objetivo, dependiendo de que sea lo que más importe si el estado de necesidad o la desproporción en las prestaciones; y también existe una tercera posición, la del Código Civil, en que se le considera como un vicio subjetivo91


objetivo. A nivel federal, en el Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal, se establece que la lesión produce la nulidad del contrato y no la rescisión como equivocadamente lo plantea el Código Civil para el Estado de Sinaloa. Porque la nulidad es una sanción que se establece cuando al celebrar un contrato se presenta imperfecto algún elemento de validez; mientras que la rescisión. es una sanción

que se impone en un momento posterior a la celebración del contrato, porque alguna de las partes no cumplió con sus obligaciones y la otra tiene derecho de solicitar la rescisión del mismo. 7.4. CAPACIDAD

La capacidad es el último de los requisitos de validez del contrato. De la cual depende que el sujeto pueda realizar o no un acto jurídico y que lo pueda ejecutar por sí mismo o por medio de un representante. La persona física por el hecho de serio tiene capacidad, porque el artículo 22 estipula que: "La capacidad jurídica de las personas físicas se adquiere por el nacimiento y se pierde con la muerte; pero desde el momento en que un individuo es concebido, entra bajo la protección de la ley y se le tiene por nacido para los efectos declarados en el presente Código. " La capacidad jurídica ya fue definida cuando se analizaron en forma genérica los elementos de validez del acto jurídico, la cual es la aptitud jurídica para ser sujeto de derechos y de deberes, y hacerlos valer. La capacidad en esta acepción implica que una persona tiene derechos y obligaciones, y además, que puede hacer valer esos derechos y puede cumplir las obligaciones; de ello resultan dos tipos de capacidad la de goce y la de ejercicio. 92


7.4.1. Capacidad de goce La capacidad de goce es la aptitud para ser sujeto de derechos y obligaciones; ésta la tienen todas las personas físicas, las acompaña durante su vida; toda persona en mayor o menor medida es titular de derechos y obligaciones. Existen grados en la capacidad de goce

24

el grado mínimo se encuentra en el

ser concebido, pero no nacido, pero que nazca viable, en este caso sólo tiene derecho a donaciones y herencias, y tendrá las obligaciones correlativas a esos derechos. El segundo grado lo tienen los menores de edad, donde ya son mayores los derechos y obligaciones que se pueden tener. El tercer grado se encuentra en los mayores de edad, distinguiéndose a los que tienen pleno uso de sus facultades mentales y los que se encuentran en estado de interdicción; los primeros tienen plena su capacidad de goce y a los segundos los afectan ciertas limitaciones.

7.4.2. Casos de limitaciones a la capacidad de goce El maestro Ernesto Gutiérrez y González

25

" señala casos de incapacidad de

goce de personas físicas como de limitaciones a la capacidad jurídica de las personas morales; como el término incapacidad de goce puede significar falta absoluta de capacidad, debe aclararse que más bien se trata de casos en los cuales existen

limitaciones a la capacidad de goce, en los que las personas físicas carecen de ciertos derechos, que otras personas poseen. El primer caso lo menciona la fracción 11 del artículo 27 de la Constitución

24 25

Rafael Rojina Vi llegas, Compendio de Derecho Civil, Introducción, Personas ... , Op. Cit., p. 163 ss. Ernesto Gutiérrez y González, Op. Cit., p. 394 ss.

93


Política de los Estados Unidos Mexicanos, al estatuir que las asociaciones religiosas tendrán capacidad para tener bienes, pero sólo aquellos que sean necesarios para su objeto, con los requisitos y limitaciones que establezca la ley reglamentaria. La limitación consiste en que sólo puede adquirir un número limitado de bienes de acuerdo a su objeto, a diferencia de la regla en la cual las personas no tienen limitaciones en cuanto a la cantidad de bienes inmuebles que pueden adquirir, excepto cuando el interés público así lo indique. Es necesario dejar precisado que el patrimonio de una persona moral siempre va a estar limitado al objeto que persiga, por lo cual en este caso como en los restantes en que se mencione a las personas morales, cabrá este comentario. La Carta Magna en el antepenúltimo párrafo del artículo 130 establece que: "Los ministros de culto.: sus ascendientes, descendientes, hermanos y cónyuges, así como las asociaciones religiosas a que aquellos pertenezcan, serán incapaces para heredar por testamento, de las personas a quienes los propios ministros hayan dirigido o auxiliado espiritualmente y no tengan parentesco dentro del cuarto grado." Esta limitación es para que los ministros o las asociaciones religiosas no vayan a influir en la voluntad de las personas del culto, porque de suceder ello, el testamento dejaría de ser un acto jurídico libre. Un segundo caso lo menciona la fracción III del mismo artículo 27 de la Constitución Federal, al establecer que las instituciones de beneficencia no podrán tener más bienes raíces que los indispensables para su objeto, con sujeción a lo determinado en la ley reglamentaria. El tercer caso se encuentra en la fracción IV del artículo 27 de la Constitución de la República, en el cual se señala que las sociedades mercantiles por acciones podrán ser propietarias de terrenos rústicos, pero únicamente en la extensión que sea necesaria para el cumplimiento de su objeto y con las 94


limitaciones que se precisan en la misma fracción y en la ley reglamentaria. El cuarto caso también se encuentra en el artículo 27 de la Constitución Federal en su fracción I, que se refiere a los extranjeros, los cuales tienen una doble incapacidad, absoluta y relativa. En la absoluta los extranjeros no podrán adquirir bienes inmuebles en una franja de terreno de 100 kilómetros a lo largo de las fronteras y de 50 en las playas, en el supuesto de realizarse un contrato en contravención a esta disposición, estaría afectado de nulidad absoluta por contravenir a una ley de interés público. Mientras que al interior del país, los extranjeros si pueden adquirir inmuebles, condicionado a que realicen un convenio con la Secretaría de Relaciones Exteriores en el que se consideren como nacionales con respecto a dichos bienes, y en no invocar a su gobierno de origen en la hipótesis de un conflicto con México, porque si lo hacen, perderán los bienes en favor de la nación; al principio que sustenta esta incapacidad se le denomina en el derecho internacional Cláusula Calvo. El quinto caso es cuando se dicta una sentencia de carácter civil o penal, en la cual se le suprime algún derecho a las personas involucradas, por ejemplo en un divorcio la pérdida de la custodia de los hijos, en materia penal puede operar lo mismo porque es físicamente imposible que el sentenciado se haga cargo de sus hijos; son pues limitaciones que la sentencia señala para la solución de un conflicto donde las partes podrán perder derechos.

7.4.3. Capacidad de ejercicio La capacidad de ejercicio también es denominada capacidad de actuar, porque implica que la persona que la posee tiene la aptitud jurídica para hacer valer sus derechos o cumplir sus obligaciones por sí mismo. Aún cuando, quien tiene capacidad de ejercicio también podrá hacer valer sus derechos a través de un 95


representante voluntario, libremente nombrado por él. A diferencia de los menores de edad o mayores de edad con alguna incapacidad, que no tienen capacidad de ejercicio y siempre harán valer sus derechos o cumplirán sus obligaciones por medio de un representante legal o forzoso, que serán los que ejerzan la patria potestad o la tutela. Respecto a la capacidad de ejercicio dice el artículo 24 que: "El mayor de edad tiene la facultad de disponer libremente de su persona y de sus bienes, salvo las limitaciones que establece la ley". Acerca de los que tienen incapacidad de ejercicio señala el artículo 23 que: "La menor de edad, el estado de interdicción y las demás incapacidades establecidas por la ley

I

son restricciones a la

personalidad jurídica; pero los incapaces pueden ejercitar sus derechos o contraer obligaciones por medio de sus representantes."

7.4.3.1. Incapacidad de ejercicio De la incapacidad de ejercicio existen grados, según lo expuesto por Rafael Rojina Villegas 26. El primer grado es para el ser concebido pero no nacido, del cual tiene la representación la madre y el padre. El segundo grado se da desde el nacimiento hasta la emancipación, donde se requiere la representación para que puedan realizar actos jurídicos. El tercer grado es desde la emancipación hasta la mayoría de edad, en el cual se pueden realizar ciertos actos jurídicos, pero en otros se necesita un representante. El cuarto grado corresponde a los mayores de edad privados de 26

Rafael Rojina Villegas, Compendio de Derecho Civil, Introducción, Personas ... , Op. Cit., p. 165 ss.

96


inteligencia, los cuales deberán acudir a un representante para hacer valer sus derechos

y

cumplir sus obligaciones. En todos estos supuestos las personas sólo

tienen capacidad de goce, careciendo de la de ejercicio. Los casos de incapacidad aunque ya se han mencionado se citan en los términos del artículo 451 que dice: "Tienen incapacidad natural y legal: I . - Los menores de edad; II . - Los mayores de edad privados de inteligencia por locura, idiotismo o imbecilidad, aun cuando tengan intervalos lúcidos; III . - Los sordomudos que no saben leer ni escribir; IV.- Los ebrios consuetudinarios y los que habitualmente hacen uso inmoderado de drogas enervantes." Existen supuestos especiales de incapacidad, donde teniendo plena capacidad de ejercicio se tiene alguna limitación, como es el caso de lo señalado para la contratación entre los cónyuges, que establecen los artículos 174, 175

Y

176; señalándose la prohibición de contratar entre ellos, con sus respectivas excepciones. Entonces para celebrar un contrato se requiere capacidad de ejercicio y cuando sólo se tiene capacidad de goce, se podrá contratar a través de un representante legal o forzoso. El artículo 1683 manifiesta que: "Son hábiles para contratar todas las personas no exceptuadas por lá ley." De tal manera que si el contrato se celebra por una persona incapaz, de acuerdo con las reglas analizadas en el capítulo de la inexistencia y la nulidad, el contrato estará afectado de nulidad relativa.

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ESQUEMA DEL CAPITULO 7 REQUISITOS DE VALIDEZ DEL CONTRATO 1. - Expresa y Tácita

2.-Formalismo y Consensualismo

1.

FORMA

3.-Consensualismo, Formalismo y Solemnidad

4.-Nulidad por falta de forma

1.- No contravenir leyes

1.- Objeto lícito

2.- no contravenir las buenas costumbres

2.-OBJETO, MOTIVO FIN LICITO

2.- Motivo O fin licito

1.-Error

3.-AUSENCIA DE VICIOS EN ELCONSENTIMIENTO

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2.-Violencia

3.-Lesion

1.-Capacidad de goce

4.-CAPACIDAD

2.-Capacidad de Ejercicio

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Capítulo 8 REPRESENTACIÓN 8.1. DEFINICIÓN DE REPRESENTACIÓN. 8.2. TIPOS DE

REPRESENTACIÓN. 8.3. CONTRATO DE MANDATO. 8.4. EL CONTRATO A NOMBRE DE OTRO SIN SER SU REPRESENTANTE. 8.5. CONTRATO CONSIGO MISMO O AUTOCONTRATO. La capacidad, en general, implica que la persona tiene derechos y obligaciones, pero también que se pueden hacer valer y cumplir; porque si eso no fuera así, no tendría caso tenerlos, si no se pueden -ejercer. En la capacidad de goce, cuando sólo se tiene ésta, por ser menor de edad o mayor de edad con algún tipo de incapacidad, se hacen valer los derechos y se cumple con las obligaciones a través de otras personas, como son los que ejercen la patria potestad o la tutela. En cambio, cuando se posee capacidad de goce y de ejercicio, se pueden ejercer los derechos y cumplir las obligaciones por sí mismo, pero también con la intervención de terceros, dependiendo de la voluntad del titular.

8.1. DEFINICIÓN DE REPRESENTACIÓN La representación se define como" el medio que establece la ley, o de que dispone una persona capaz, para obtener, a través del empleo de la voluntad de otra persona capaz, los mismos efectos jurídicos que si hubiera

actuado el capaz o válidamente un incapaz" 27De lo cual resulta que se puede dar 27

Ernesto Gutiérrez y González, Op , Cit., p. 403

100


la representación de capaces y de incapaces. Así el artículo 1686 establece que: “Ninguno puede contratar a nombre de otro, sin estar autorizado por él o por la ley.”

8.2. TIPOS DE REPRESENTACIÓN De acuerdo al numeral 1686 transcrito con anterioridad existen dos tipos de representación, la otorgada por la ley y la voluntaria; dependiendo, como su nombre lo indica, de que lo establezca en forma imperativa una norma jurídica o la libre voluntad de una persona.

8.2.1. Representación otorgada por la ley o forzosa Por las circunstancias en que se encuentra una persona, la ley dispone que sus derechos y obligaciones los haga valer otra persona capaz; de lo cual resulta que existe representación de incapaces y representación de capaces. En la representación de incapaces, que es la regla, una persona que tiene capacidad de ejercicio, actúa, porque así lo determina la ley, a nombre y representación de otra persona que tiene incapacidad de ejercicio. De los hijos menores de edad, son sus representantes los que ejerzan la patria potestad o la tutela; a los mayores de edad incapacitados los representan sus tutores. En la representación de capaces, la ley dispone que una persona con plena capacidad necesita ser representada; puede ser representación de personas físicas o de personas morales. En la representación de personas físicas, la ley establece esa obligatoriedad por diversas circunstancias que rodean a la persona. Por ejemplo en la gestión de negocios, un capaz actúa en representación de otra persona capaz, para evitarle un daño en sus negocios; el albacea en la sucesión, es quien asume la 101


representación de todos los herederos; el síndico en la quiebra o el concurso, cuando el síndico actúa a nombre de todos los acreedores; y cuando dos o más personas en un mismo juicio intervienen como actores o demandados deberán nombrar a un representante común. En la representación de personas morales, se debe hablar de una representación determinada por la ley, en virtud de que la persona moral no puede actuar, por sí misma, por ser una ficción jurídica, por ello, siempre lo hará a través de un representante.

8.2.2. Representación voluntaria En este supuesto, una persona capaz por así convenir a sus intereses, nombra a otra persona para que efectúe actos jurídicos en su representación, por medio de un contrato de mandato. Al respecto el artículo 1683 dice que: "Son hábiles para contratar todas las personas no exceptuadas por la ley." La representación voluntaria tiene mucha utilidad en la actualidad, porque de esa manera las personas pueden realizar varios actos jurídicos a la vez, sin necesidad de estar físicamente en el lugar en que En la representación de capaces, la ley dispone que una persona con plena capacidad necesita ser representada; puede ser representación de personas físicas o de personas morales. En la representación de personas físicas, la ley establece esa obligatoriedad por diversas circunstancias que rodean a la persona. Por ejemplo en la gestión de negocios, un capaz actúa en representación de otra persona capaz, para evitarle un daño en sus negocios; el albacea en la sucesión, es quien asume la representación de todos los herederos; el síndico en la quiebra o el concurso, 102


cuando el síndico actúa a nombre de todos los acreedores; y cuando dos o más personas en un mismo juicio intervienen como actores o demandados deberán nombrar a un representante común. En la representación de personas morales, se debe hablar de una representación determinada por la ley, en virtud de que la persona moral no puede actuar, por sí misma, por ser una ficción jurídica, por ello, siempre lo hará a través de un representante.

8.2.2. Representación voluntaria En este supuesto, una persona capaz por así convenir a sus intereses, nombra a otra persona para que efectúe actos jurídicos en su representación, por medio de un contrato de mandato. Al respecto el artículo 1683 dice que: "Son hábiles para contratar todas las personas no exceptuadas por la ley." La representación voluntaria tiene mucha utilidad en la actualidad, porque de esa manera las personas pueden realizar varios actos jurídicos a la vez, sin necesidad de estar físicamente en el lugar en que se debe efectuar, lo cual significa el ahorro de tiempo y esfuerzos que pueden dedicarse a otras actividades más productivas.

8.3. CONTRATO DE MANDATO El artículo 2428 señala que: "El mandato es un contrato por el que el mandatario se obliga a ejecutar por cuenta del mandante los actos jurídicos que éste le encarga." A través del mandato una persona denominada mandatario se obliga a realizar los actos jurídicos que le encomiende el mandante. Los actos jurídicos que puede ejecutar el mandante pueden ser de pleitos y 103


cobranzas, para que el mandatario pueda actuar dentro y fuera de juicio; de administración, tendientes a conservar un patrimonio; y de dominio, por los cuales se trasmite el dominio de los bienes y derechos que se le encomienden.

8.3.1. Clasificación del contrato de mandato Se pueden hacer dos tipos de clasificaciones, una dependiendo de la forma que actúe el mandatario, en nombre propio o en el de su representado; y otra, de acuerdo al tipo y número de actos jurídicos que puede realizar el mandatario.

8.3.1.1. Mandato sin representación y mandato con representación El artículo 2442 regula el mandato sin representación y el mandato con representación al estatuir: "El mandatario, salvo convenio celebrado entre él y el

mandante, podrá desempeñar el mandato tratando en su propio nombre o en el del mandante." En el mandato sin representación, de acuerdo a la forma en que actúa, el mandatario puede hacerlo a nombre propio, sin mencionar que lo hace a nombre de otro; en este supuesto la relación jurídica será entre el mandatario y la persona con la cuál realizó el acto jurídico, de al manera que si existen derechos que se necesite hacer valer, el mandante no podrá reclamarle en forma directa al tercero contratante, sino que deberá hacerlo a través de su mandatario. El artículo 2443 establece que: "Cuando el mandatario obra en su propio nombre, el mandante no tiene acción contra las personas con quienes el mandatario ha contratado, ni éstas tampoco contra el mandante. En este caso, el mandatario es el obligado directamente en favor de la persona con quien ha contratado, como si el asunto fuere personal suyo. Exceptúase el caso en que se trate de cosas propias del mandante. Lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio de las acciones entre mandante y mandatario." 104


En el mandato con representación, cuando el mandatario actúa a nombre de su mandante y así lo manifiesta, los efectos jurídicos se generarán entre el mandante y el tercero contratante. 8.3.1.2. Mandato general, especial y general amplísimo

Esta clasificación del contrato de mandato dependerá del número y tipos de actos jurídicos que podrá celebrar el mandatario, por cuenta del mandante. En el mandato general, el mandatario realizará los actos jurídicos de pleitos y cobranzas, o los de administración, o los de dominio, del mandante; en este caso el mandatario deberá ejecutar sólo algún tipo de actos jurídicos y en un número indeterminado; por ejemplo un mandatario se encargará de todos los asuntos de pleitos y cobranzas de una persona, pero nada más los de ese tipo y en número indeterminado. En el mandato especial, el mandatario ejecutará el acto o actos jurídicos que específicamente le señale el mandante, luego de la realización de los mismos concluirá dicho contrato. Por ejemplo, a un abogado se le otorga un mandato para que tramite un divorcio necesario, será mandato especial, porque sólo es para atender ese asunto, terminado el cual, se concluirá el contrato. En el mandato general amplísimo, el mandatario va a realizar los actos de pleitos y cobranzas, los de administración y los de dominio del mandante; en este caso, el mandatario, deberá ejecutar todos los actos jurídicos del mandante, sin importar su naturaleza, en un número indeterminado. Este tipo de mandato es el más amplio porque el mandatario, prácticamente, actuará en todos los actos jurídicos del mandante, tanto por los de pleitos y cobranzas, los de administración, como los de dominio.

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8.4. El CONTRATO A NOMBRE DE OTRO SIN SER SU REPRESENTANTE Existen ocasiones en que una persona actúa a nombre de otra sin ser su representante, es decir, sin tener un contrato de mandato celebrado con el pretendido mandante. Este tipo de actos, por ejemplo, los efectúan personas que se dedican a la compraventa de bienes, los que al tener una oportunidad de obtener ganancias contratan, y después buscan al propietario de dichos bienes para realizar el contrato respectivo. Estos contratos, según el Código, serán nulos; a menos que sean ratificados por quien debe otorgarlos, antes de que se retracten por la otra parte; sino se obtiene la ratificación, el que indebidamente contrató deberá pagar los daños y perjuicios causados. Así lo estipula el artículo 1687 al decir que: "Los contratos celebrados a r

nombre de otro por quien no sea su legítimo representante. serán nulos, a no ser que la persona a cuyo nombre fueron celebrados, los ratifique antes de que se retracten por la otra parte. La ratificación debe ser hecha con las mismas formalidades que para el contrato exige la ley. Si no se obtiene la retificación, el otro contratante tendrá derecho de exigir daños y perjuicios a quien indebidamente contrató."

8.5. CONTRATO CONSIGO MISMO O AUTOCONTRATO Por la figura de la representación puede suceder que se presente un contrato consigo mismo; en el cual una persona actúe en nombre propio y en representación de otra, o bien, que celebre un contrato en el que actúa como representante de dos personas y realiza el contrato a nombre de ambas. El Código no señala ninguna disposición que regule este tipo de contrato, sino que se encuentra en forma dispersa a propósito de diversas instituciones, como en la tutela y en el contrato de mandato. 106


El contrato consigo mismo está permitido por la ley, excepto cuando hay oposición de intereses, porque se pueda causar algún perjuicio a los representados; porque la oposición de intereses sea entre representante y representado, o entre los representados. En la oposición de intereses entre representante y representado, la ley prohíbe la realización del contrato, y se puede establecer que como regla en este supuesto, no se puede realizar ningún contrato, véanse los siguientes ejemplos citados en el Código. El artículo 570 establece que: "Ni con licencia judicial, ni en almoneda o fuera de ella puede el tutor comprar o arrendar los bienes del incapacitado, ni hacer contrato alguno respecto de ellos, para sí, sus ascendientes, su mujer o marido, hijos o hermanos por consanguinidad o afinidad. Si lo hiciere, además de la nulidad del contrato, el acto será suficiente para que se le remueva. El artículo 441 estipula que: "En todos los casos en que las personas que ejercen la patria potestad tienen un interés opuesto al de los hijos, serán éstos representados, en juicio y fuera de él, por un tutor nombrado por el Juez para cada caso." Por su parte el artículo 2162 expresa que: "No pueden comprar los bienes de cuya venta o administración se hallen encargados: I .- Los tutores y curadores; II.- Los mandatarios; III.- Los ejecutores testamentarios y los que fueren nombrados en caso de intestado; IV.- Los interventores nombrados por el testador o por los herederos; V.- Los representantes, administradores e interventores en caso de ausencia; VI.- Los empleados públicos." Finalmente el artículo 2163 prescribe que: Los peritos y los corredores 11

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no pueden comprar los bienes en cuya venta han intervenido. " En el supuesto de oposición de intereses entre los representados, tampoco podrá celebrarse el contrato, aunque hay menos prohibiciones y por tanto el representante que actúa a nombre de dos representados, sí puede realizar el contrato. Un caso de oposición sería el planteado en el artículo 458, el cual dispone que: "Cuando los intereses de alguno o algunos de los incapaces, sujetos a la misma tutela, fueren opuestos, el tutor lo pondrá en conocimiento del Juez, quien nombrará un tutor especial que defienda los intereses de los incapaces que él mismo designe, mientras se decide el punto de oposición.

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ESQUEMA ESQUEMA DEL DEL CAPITULO CAPITULO 8 REPRESENTACION 1.- Otorgada Otorgada por por la ley o forzosa forzosa 1.- REPRESEN REPRESENTACI TACION ON 2.- Volun Voluntar taria ia

1.- Sin represent representación ación 2.- Con repre represent sentació ación n 2.- CONTRA CONTRATO TO DE MANDAT MANDATO O

3.- Ge Gener neral al 4.- Especi Especial al 5.-General amplísimo

3.- CONTRATO CONTRATO A NOMBRE NOMBRE DE OTRO SIN SER SU REPRESENTANTE

4.- CONTRATO CONSIGO MISMO MISMO O AUTOCONTRATO

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Capítulo 9

INTERPRETACIÓN DE LOS CONTRATOS 9.1. CONCEPTO DE INTERPRETACIÓN DE LOS CONTRATOS. 9.2.CUÁNDO

SE DEBE INTERPRETAR UN CONTRATO. 9.3. TEORÍAS ACERCA DE LA INTERPRETACIÓN DE LOS CONTRATOS. 9.4.DISPOSICIONES DEL CÓDIGO RESPECTO A LA INTERPRETACIÓN DE LOS CONTRATOS. CONTR ATOS. 9.5. EFECTOS DEL CONTRATO CONTRATO ENTRE LAS PARTES. PARTES. 9.6. CLÁUSULAS QUE PUEDEN CONTENER LOS CONTRATOS. 9.7. TEORÍA DE LA IMPREVISIÓN. 9.8.EFECTOS DE LOS CONTRATOS CON RESPECTO A TERCEROS.

9.9.EXCEPCIONES A LA RES INTER ALIOS ACTA. 9.10. PROMESA DE

PORTE FORT. El gran tema, dentro del Derecho, lo constituye sin duda el que se refiere a la interpretación de las normas jurídicas, porque ello implica las formas de aplicación y los problemas que se pueden presentar cuando este sea el caso. La interpretación en materia de contratos, es pues, por ser estos normas jurídicas jurídicas individualiz individualizadas adas,, un aspecto aspecto nodal, para saber saber las consecuen consecuencias cias jurídicas jurídicas que que en un un momento momento determinado determinado se generan. generan.

9.1. CONCEPTO DE INTERPRETACIÓN DE LOS CONTRATOS Interpretar es buscar el sentido en que se ha manifestado una voluntad, con el propósito de obligarse, para a partir de ello, determinar los efectos jurídicos jurídicos que se producirán. producirán. Acerca Acerca de la interpretac interpretación ión el maestro maestro Manuel Manuel Borja Soriano Soriano ha dicho que: "Interpret "Interpretar ar un contrato es, en términos generales,

110


determinar su alcance, sus efectos."

28

Sigue Sigue dicie diciend ndo o el autor autor que: que: “El

problema de la interpretación consiste en saber si deben dejarse a un lado los términos que han empleado los interesados y atender a su voluntad interna y psicológica, o si al contrario hay que considerar que los términos escogidos por los contratantes traducen irremediablemente su voluntad, abstracción hecha de toda investigación de intención psicológica.”

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9.2. CUÁNDO SE DEBE INTERPRETAR UN CONTRATO Los contratos como cualquier disposición de carácter legal, hay ocasiones en que requieren de interpretación, sobre todo cuando se da un conflicto en el cual una de las partes sostiene una posición y la otra una diferente; esto es, cuando los términos del contrato no son claros, y se debe recurrir a buscar el sentido y la intención de los contratantes; cuando hay discrepancias entre la voluntad declarada y la voluntad real o interna.

9.3. TEORÍAS ACERCA DE LA INTERPRETACIÓN DE LOS CONTRATOS CO NTRATOS Se han elaborado diversas teorías para explicar la manera en que se deben interpretar los contratos, las cuales pueden ser reunidas en la teoría de la voluntad voluntad real o interna y la teoría de la declaració declaración n de la voluntad voluntad o de la voluntad declarada.

28

29

Manuel Sorja Soriano, OP. Cit. p. 265.

ldem.

111


9.3.1. Teoría de la voluntad real o interna Teoría de la voluntad real o interna, en esta posición doctrinaria se dice que el interpretador tiene que hacer la labor de un psicólogo, para buscar cuál fue la intención que tuvieron las partes en el momento de celebrar el contrato,

y

de ahí

derivar la voluntad que se tenía en esos momentos. 9.3.2. Teoría de la voluntad declarada

En la teoría de la declaración de voluntad o de la voluntad declarada, lo que importa son los términos en que quedó redactado el contrato, de tal manera que se toma en cuenta sólo la declaración de los contratantes, sin importar la intención que tuvieron al momento de celebrarlo.

9.3.3. Teoría que asume el Código Civil La teoría de la voluntad real o interna es la que recoge el Código, al decir que cuando haya contradicción entre las palabras expuestas en el contrato y la intención de los contratantes, prevalecerá ésta sobre aquella. En los términos expresados por el artículo artículo 1736 que dice: “Si los términos de un contrato son claros y

no dejan duda sobre la intención de los contratantes, se estará al sentido literal

de sus cláusulas. Si las palabras parecieren contrarias a la intención evidente de los contratantes, prevalecerá ésta sobre aquéllas”.

9.4. DISPOSICIO DISPOSICIONES NES DEL CÓDIGO CÓDIGO RESPECTO RESPECTO A LA INTERPRETACI INTERPRETACIÓN ÓN DE LOS CONTRATOS

El Código establece varios artículos que de manera expresa se refieren a la interpretación de los contratos, sin dejar de mencionar que existen multitud de normas que sirven para interpretar y que se encuentran dispersas en el propio 112


Código. El artículo 1737, dice que: "Cualquiera que sea la generalidad de los términos de un contrato, no deberán entenderse comprendidos en él cosas distintas y casos diferentes de aquéllos sobre los que los interesados se propusieron contratar." En este supuesto la interpretación se basa en un criterio restrictivo y no extensivo, en el cual sólo quedarán comprendidos aquéllos elementos del contrato que las partes quisieron contratar, sin poder incluirse casos o cosas diferentes. El artículo 1738, estipula que: "Si alguna cláusula de los contratos admitiere diversos sentidos, deberá entenderse en el más adecuado para que produzca efecto." Cuando un concepto admita varios sentidos, deberá tomarse el que esté más acorde con el objeto y naturaleza del contrato. El artículo 1739, señala que: "Las cláusulas de los contratos deben interpretarse las unas por las otras, atribuyendo a las dudosas el sentido que resulte del conjunto de todas." En cualquier interpretación de una ley debe hacerse en forma integral, porque hacerlo aislando las disposiciones puede ocasionar una interpretación errónea. El artículo 1740, establece que: "Las palabras que pueden tener distintas acepciones serán entendidas en aquélla que sea más conforme a la naturaleza y objeto del contrato." En principio debe atenderse que las palabras deben ser interpretadas en su connotación jurídica, si es que admiten una explicación jurídica y una común; y en un segundo término, hay que darle la interpretación más acorde a la naturaleza y objeto del contrato.

113


El artículo 1741, determina que: "El uso o la costumbre del país se tendrán en cuenta para interpretar las ambigüedades de los contratos." El uso es una práctica realizada entre dos o más personas que permanentemente están efectuando contratos entre sí, por lo cual, el uso debe ser respetado aun cuando no se establezca en el contrato. La costumbre es una práctica realizada por una colectividad, la cual considera que es jurídicamente obligatoria; la costumbre debe ser atendida por los contratantes. Finalmente la palabra país, es posición uniforme de la doctrina, que debe ser tomada como una región. El artículo 1742, prescribe que: "Cuando absolutamente fuere imposible resolver las dudas por las reglas establecidas en los artículos precedentes, si aquéllas recaen sobre circunstancias accidentales del contrato, y éste fuere gratuito, se resolverán en favor de la menor transmisión de derechos e intereses; si fuere oneroso se resolverá la duda en favor de la mayor reciprocidad de intereses. Si las dudas de cuya resolución se trata en este artículo recayesen sobre el objeto principal del contrato, de suerte que no pueda venirse en conocimiento de cuál fue la intención o la voluntad de los contratantes, el contrato será nulo." En la primera hipótesis que menciona el articulo transcrito, se regula el principio de la proporcionalidad de las prestaciones que debe regir en los contratos, de tal manera que si es gratuito, se deberá de resolver en la menor transmisión de derechos y

SI

es oneroso, se atenderá a la existencia de reciprocidad en las

prestaciones que se deben las partes. En el segundo supuesto del artículo comentado, se resuelve que si las dudas recaen sobre el objeto del contrato, entonces será nulo, a lo cual se debe señalar que no es la nulidad la sanción, sino la inexistencia, en virtud de que si 114


la duda está en el objeto, quiere decir que está afectando a un elemento de existencia y por tanto el acto será inexistente. 9.5. EFECTOS DEL CONTRATO ENTRE LAS PARTES

Los contratos una vez que se perfeccionan obligan a las partes a cumplir con lo establecido en ellos y a las consecuencias que se deriven de acuerdo a la buena fe, al uso o a la ley. Al respecto el artículo 1681 precisa que: "Los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento; excepto aquéllos que deben revestir una forma establecida por la ley. Desde que se perfeccionan, obligan a los contratantes no sólo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a las consecuencias que, según su naturaleza, son conforme a la buena fe, al uso o a la ley." Igualmente el contrato vincula a las partes de tal manera que los derechos y obligaciones son recíprocos, porque según el artículo 1682: "La validez y el cumplimiento de los contratos no pueden dejarse al arbitrio de uno de los contratantes." El contrato se debe cumplir de acuerdo con la buena fe, esto es las partes deben actuar sin ninguna ventaja, porque de hacerla así estarían incumpliendo con la buena fe. En cuanto al uso, que como ya se señaló, es una práctica realizada por dos o más personas que permanentemente efectúan contratos entre sí, también debe ser respetado. En el caso de la ley, las partes deben observar lo que para cada contrato 115


ésta establezca, atendiendo a las diferentes disposiciones que se deben de cumplir, las cuales al concretizarse en un contrato toman el nombre de cláusulas, que pueden ser esenciales, naturales y accidentales. 9.6. CLÁUSULAS QUE PUEDEN CONTENER LOS CONTRATOS

Las cláusulas más importantes y que le dan vida a un contrato son las esenciales, ya que constituyen los elementos de existencia, sin las cuales será inexistente; por ejemplo en la compraventa, es esencial que el vendedor trasmita el dominio de una cosa o un derecho y el comprador se obligue a entregar un precio cierto y en dinero. Las cláusulas naturales corresponden también a las características de un contrato, son el régimen jurídico complementario, que debe plasmarse en un contrato, pero que si las partes las excluyen y establecen sus propias disposiciones no se afecta al contrato; así sucede con las normas jurídicas supletorias, donde por ejemplo la obligación debe pagarse en el domicilio del deudor, pero si los contratantes señalan otro domicilio, ahí deberá pagarse, lo cual no perjudica al contrato. Las cláusulas accidentales, son aquéllas que libremente establecen las partes, para regular situaciones accesorias de los contratos. Es común el ejemplo de la carga o modo, que es la carga impuesta a una persona que recibe una liberalidad; porque si una persona al aceptar una donación, el donante le dice que deberá efectuar determinada conducta en favor de otra persona y aquélla acepta, eso constituirá una carga o modo.

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9.7. TEORÍA DE LA IMPREVISIÓN En cuanto al cumplimiento de los contratos, se presenta un problema, consistente en saber el qué sucede si al momento de cumplirse un contrato las condiciones son diferentes a las que prevalecían en el momento en que se celebró, y por ello es más oneroso para el deudor su cumplimiento; situación que hace que surja la pregunta acerca que si deberá cumplirse aun con esas circunstancias. Al respecto existen dos máximas, las que dan respuestas opuestas y que son rebus sic stantibus y pacta sunt servanda.

9.7. 1. REBUS SIC STANTIBUS La máxima rebus sic stantibus dice que los contratos deben ser cumplidos sólo si las cosas quedan en el mismo estado que tenían al momento de celebrar el contrato, por lo cual, si cambian, no deberá cumplirse el contrato; porque esa modificación significa que el cumplimiento del contrato será sumamente oneroso para el deudor. Esta tesis prevaleció durante la edad media. 30

En el caso de Sinaloa, en el año de 2001 , se recuperó este planteamiento aunque con algunas limitaciones, de tal manera que desde esa fecha, se aplica la teoría rebus sic stantibus, como se prescribe en el apartado de la imprevisión de los contratos, con la adición de los artículos 1735 Bis-A al 1735 Bis-G, para regular en extenso esa figura. Por la novedad, que todavía implican estas disposiciones, se transcriben a continuación dichos numerales.

30

Esta adición fue aprobada por Decreto 470, publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", de 1 O de enero de

2001

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El artículo 1735 Bis A, expresa que: "En los contratos bilaterales y unilaterales con prestaciones periódicas o de tracto sucesivo, el consentimiento se entiende otorgado en las condiciones y circunstancias generales existentes al momento de su celebración." Por su parte, el artículo 1735 Bis B, manifiesta que: "Cuando en cualquier momento de la ejecución de los contratos a que se refiere el artículo anterior, varíen substancialmente las condiciones generales del medio en el que debe tener cumplimiento, por acontecimientos extraordinarios, que no pudieron razonablemente preverse por ninguna de las partes contratantes al momento de su celebración; y que de llevar adelante los términos aparentes en la convención resultaría una prestación excesivamente onerosa a cargo de cualquiera de estas, que rompan la equidad en el contrato celebrado, podrá demandarse la terminación de éste o bien una modificación equitativa en la forma y modalidades de la ejecución." Así mismo, el artículo 1735 Bis C, dice que: En todos los casos, ya sea 11

de terminación de contrato o de la modificación equitativa en la forma y modalidades de la ejecución, el alcance de la demanda no se extenderá a las prestaciones realizadas hasta antes de la presentación del acontecimiento extraordinario, pero las prestaciones cubiertas con posterioridad a éste así como las futuras pendientes de cumplir si serán materia de la terminación del contrato o de la modificación equitativa en la forma y modalidades de la ejecución." En su texto el artículo 1735 Bis D, establece que: "Si el interesado opta por la terminación del contrato, el demandado podrá oponerse a ella, proponiendo modificaciones al contrato suficientes para adecuarlo a los 118


principios de equidad, buena fe y reciprocidad de las partes, en cuyo caso, y de no ser aceptadas las modificaciones propuestas, se continuará con la acción de terminación." El artículo 1735 Bis E, estatuye que: "Sólo se considerarán como acontecimientos extraordinarios a aquellas alteraciones imprevisibles, que sobrevienen por hechos o circunstancias ajenos a la voluntad de las partes que alteran la equidad en el contrato, de tal manera que de haberlas sabido alguna de las partes, no habría pactado en la forma que lo hizo, o simplemente no hubiera llevado a cabo el contrato. Este precepto no comprende las fluctuaciones o cambios normales de todo sistema económico o social, ni los cambios de posición o circunstancias económicas o sociales propios de los contratantes." Respecto a la prescripción el artículo 1 735 Bis F, previene que: "La prescripción de las acciones anteriores, será de un año. Finalmente el artículo 1735 Bis G, menciona que: "Para que tengan aplicación los artículos que preceden, el cumplimiento parcial o total del contrato debe encontrarse pendiente por las causas señaladas y no por la culpa o mora del obligado." 9.7.2. Pacta sunt servanda

Por su parte, la máxima pacta sunt servanda, señala que los contratos deben ser cumplidos aun cuando las condiciones hayan cambiado y sea muy oneroso para el deudor su cumplimiento. Este principio era el que se aplicaba hasta antes de que se incorporara la adición al Código de un apartado 119


denominado de la imprevisión de los contratos que se cita con anterioridad. 9.8. EFECTOS DE LOS CONTRATOS CON RESPECTO A TERCEROS

Res inter alios acta aliis neque nocere neque prodesse potest, lo hecho entre unos no puede perjudicar ni aprovechar a otros. Los contratos surten efectos entre las partes y no en relación a terceros. Esta es la regla aun cuando puede haber excepciones. Parte es aquella persona que participa con su voluntad jurídica en la celebración del contrato, por lo cual los derechos y obligaciones que se generen le impactarán. A contrario sensu, tercero es aquella persona que no participa con su voluntad jurídica en la celebración del contrato, por lo cual los derechos y obligaciones no repercuten en él. 9.9. EXCEPCIONES A LA RES INTER ALlOS ACTA

Existen excepciones a la máxima res inter alios acta, las cuales son señaladas entre otras, en las siguientes disposiciones. El artículo 1752, en su segundo párrafo señala que: "En los contratos se pueden hacer estipulaciones en favor de tercero de acuerdo con los siguientes artículos." En este caso, la estipulación es en favor de un tercero, por lo cual hay efectos para él. En la cesión de derechos, el artículo 1911 dice que: "Habrá cesión de derechos cuando el acreedor transfiere a otro los que tenga contra su deudor." El deudor es el tercero que deberá cumplir una conducta en favor del nuevo acreedor, aun cuando el deudor no sea parte en la cesión. 120


En el contrato de arrendamiento, el artículo 2291 en su primera parte estipula que: "Si durante la vigencia del contrato de arrendamiento, por cualquier motivo se verificare la transmisión de la propiedad del predio arrendado, el arrendamiento subsistirá en los términos del contrato." Por lo cual, el nuevo propietario se convierte en arrendador, en un contrato que no celebró y en el cual era tercero. En el contrato de mandato sin representación, el mandatario actúa como si fuese en su propio nombre, estableciendo relaciones con el que contrató, aun cuando estaba realizando la voluntad de otra persona que era el mandante; en este supuesto, el mandante es tercero ya que los efectos jurídicos son entre el mandatario y la persona con la que se contrató, según lo expresa el artículo 2443. En el contrato de fianza, señala el artículo 2709, cuando el fiador paga al acreedor, aquel tendrá derecho de exigirle el pago al deudor, aunque éste no haya dado su consentimiento para la constitución de la fianza, o bien, el pago haya beneficiado al deudor. 9.10. PROMESA DE PORTE FORT

Esta promesa existe cuando una persona se obliga a obtener la voluntad de otra, para realizar un contrato. En este caso el deudor tiene la obligación de realizar una conducta de hacer para conseguir que otra persona celebre un contrato, prestación por la cual tendrá derecho, generalmente, a un pago. El artículo 1726, en su segundo párrafo prescribe que: "Sin embargo, cuando se promete por otra persona, imponiéndose una pena para el caso de 121


no cumplirse por ésta lo prometido; valdrá la pena aunque el contrato no se lleve a efecto por falta del consentimiento de dicha persona." Por ejemplo, un corredor de bienes raíces, se compromete a conseguir que el propietario de una finca la venda a su cliente, estableciéndose que recibirá una prestación si logra esa conducta, pero en caso de no conseguirla, el corredor pagará una determinada prestación a su cliente.

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ESQUEMA DEL CAPITULO 9 INTERPRETACION DE LOS CONTRATOS 1.-Teoria de la voluntad real o interna 1.- INTERPRETACION DE LOS CONTRATOS 2.- Teoría de la voluntad declarada

1.-Conforme a la ley 2.-CUMPLIMIENTODEL CONTRATO

2.-Corforme al Uso 3.-Alas buenas costumbres

1.- Rebus sic stantibus 3.-TEORIA DE LA IMPREVISION 2.- Pacta sunt servanda

4.- RES INTER ALIOS ACTA

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5.- PROMESA DE PORTE FORT

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CAPÍTULO 10 DECLARACIÓN UNILATERAL DE VOLUNTAD 10.1. CONCEPTO DE DECLARACIÓN UNILATERAL DE VOLUNTAD. 10.2.OFERTAS AL PUBLICO. 10.3. ESTIPULACIÓN A FAVOR DE UN TERCERO. 10.4. DOCUMENTOS CIVILES PAGADEROS A LA ORDEN O AL PORTADOR. Dentro de la clasificación de los actos jurídicos se dijo que son unilaterales o plurilaterales, dependiendo del número de voluntades que se requieran para que tenga existencia. El acto jurídico unilateral por excelencia, ha sido considerado el testamento; sin embargo, de igual importancia, en la actualidad, es la declaración unilateral de voluntad, en una de sus mayores manifestaciones como es la oferta al público, porque de ella se generan muchas relaciones jurídicas y por ende efectos que deben ser analizados.

10.1. CONCEPTO DE DECLARACiÓN UNILATERAL DE VOLUNTAD La declaración unilateral de voluntad es la segunda fuente de las obligaciones civiles; es un acto jurídico unilateral, por lo cual sólo requiere de la manifestación de una voluntad para existir. Los elementos de existencia de la declaración están conformados por la voluntad y el objeto, el cual consiste en la necesidad de conservarse en aptitud de poder cumplir con la prestación prometida, en favor de quien llene las condiciones o requisitos de la declaración emitida. En la doctrina se ha discutido si la declaración unilateral de voluntad es una fuente general de las obligaciones, resultando dominante la tesis que la

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niega, de acuerdo a lo expuesto por Manuel Borja Soriano ":

31

porque no hay

principios generales de ella en el Código y además, de que se hace una enumeración exhaustiva de los casos en que procede. La declaración unilateral de voluntad se puede clasificar, atendiendo al Código, en ofertas al público, estipulación a favor de tercero y en documentos civiles pagaderos a la orden o al portador. 10.2. OFERTAS AL PÚBLICO

Es la más común de las declaraciones unilaterales de voluntad, porque a través de ella se realizan las operaciones comerciales en la actualidad; y consiste en que una persona, promete realizar determinada prestación en favor de cualquier persona del público, que reúna las condiciones o requisitos que se señalen en la oferta. Las ofertas al público se clasifican a su vez en oferta de venta, promesa de recompensa y concurso con promesa de recompensa. 10.2.1. Ofertas de venta

Cuando una persona ofrece, al público, en venta un objeto, tiene la obligación de conservar su propuesta y en su momento cumplirla. Al respecto el artículo 1745, dice que: "El hecho de ofrecer al público objetos en determinado precio, obliga al dueño a sostener su ofrecimiento." Por ejemplo, en los 31


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comercios en que se exhiben bienes muebles, el vendedor debe conservar el precio y las condiciones de venta expuestos.

10.2.2. Promesa de recompensa En este supuesto, una persona promete realizar una prestación en favor de quien realice una condición o preste un servicio. El artículo 1746, estipula que: "El que por anuncios u ofrecimientos hechos al público se comprometa a alguna prestación en favor de quien llene determinada condición o desempeñe ciertos servicios, contrae la obligación de cumplir lo prometido." Por ejemplo, una persona pierde un objeto, entonces hace una publicación en un periódico, en donde expresa que otorgará una cantidad de dinero a quien se lo entregue, en este caso deberá de conservar la promesa y en su momento realizar la prestación en favor de quien le regrese el objeto perdido. La recompensa deberá ser entregada a quien reúna las condiciones o preste el servicio solicitado, como lo ordena el artículo 1747. En el supuesto caso de que sean dos o más personas las que cumplan las condiciones estipuladas en la promesa de recompensa, se entregará al que primero las reunió, si la ejecución fue simultánea se repartirá la recompensa por partes iguales y si la recompensa no fuere divisible se sorteará entre los interesados, en los términos del artículo 1750. La promesa de recompensa puede ser revocada, cuando se haga antes de que alguien realice el servicio o llene la condición, siempre que la recompensa se haga con la misma publicidad que la promesa y que no se haya establecido plazo, porque de existir éste no podrá operar la revocación; si alguna persona hizo erogaciones y puede probarlo, podrá pedir al promitente le pague 127


esos gastos, si se opta por la revocación, como así lo expresan los artículos 1748 y 1749. Aunque las reglas aquí mencionadas, son de aplicación para la promesa de recompensa, también operarán para la oferta de venta.

10.2.3. Concurso con promesa de recompensa El concurso es cuando una persona se dirige a una parte del público, que reúna determinadas cualidades, para que de acuerdo a las condiciones que el promitente establezca, participen varios y de ellos escoger al que obtenga los mejores resultados, atendiendo a las reglas señaladas; por ejemplo, en un concurso literario, se publica la convocatoria, a partir de la cual las personas que tengan los requisitos señalados presentarán sus trabajos, que serán revisados por el jurado respectivo, que emitirá el dictamen declarando al triunfador. El que haga la declaración tiene el derecho de designar al jurado que deba decidir a quién se otorga la recompensa, como lo dispone el artículo 1752. De acuerdo con el artículo 1751 , es requisito esencial que en los concursos con promesa de recompensa se señale un plazo, porque de esta manera se dará certidumbre al concurso y seguridad a los participantes.

10.3. ESTIPULACIÓN A FAVOR DE UN TERCERO En la estipulación intervienen tres sujetos, el estipulante que obliga al promitente a declarar, el promitente que se obliga a realizar una conducta y el

tercero que recibe el beneficio de la estipulación; por ejemplo, en un contrato de donación, el donante, estipulante, trasmite la propiedad de una finca, pero le dice al donatario, promitente, que le preste un servicio a un tercero.

128


La estipulación se perfecciona al momento en que el acto jurídico que le da nacimiento se celebra, por lo cual el derecho del tercero surge a partir del perfeccionamiento del acto, aunque el tercero no lo sepa, como lo estatuye el artículo 1754. El tercero y el estipulante tienen el derecho a exigir el cumplimiento de la obligación por parte del promitente, en los términos del artículo 1753. Aunque no se dice, en forma expresa, en el capítulo de la estipulación, el promitente tiene derecho a exigir del estipulante la prestación que se obligó a otorgar en el contrato respectivo. Por su parte, el tercero generalmente no tiene obligaciones, sino sólo derechos. La estipulación puede ser revocada, siempre que el tercero todavía no haya aceptado la prestación en su favor; también el tercero puede rehusar la prestación, supuestos en los cuales el derecho del tercero se considera como no nacido, porque así lo precisa el artículo 1755. 10.4. DOCUMENTOS CIVILES PAGADEROS A LA ORDEN O AL PORTADOR

Se ha discutido en la doctrina si están vigentes las disposiciones sobre los documentos civiles pagaderos a la orden o al portador que el Código señala de los artículos 1757 al 1765. Ello, en virtud de que la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito derogó todas las disposiciones que se opusieran a su materia, ésta fue promulgada el 26 de agosto de 1932 y entró en vigencia el 15 de septiembre del mismo año; mientras que el Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal fue promulgado en 1928 y entró en vigor el 10. de octubre de 1932; se dice que como la promulgación de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito es 129


posterior a la promulgación del Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal, por lo tanto aquella derogó los artículos de éste que se refieren a títulos de crédito; por lo cual, esta materia no tiene aplicación en el área civil, sino sólo en la mercantil. El artículo 5°. de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, establece que: "Son títulos de crédito los documentos necesarios para ejercitar el derecho literal que en ellos se consigna." De donde se desprenden los elementos de incorporación y literalidad, además de agregarse por la doctrina, el de autonomía del derecho, como lo señala Manuel Borja Sorlano ",

32

Los títulos de crédito pueden ser a la orden o al portador, dependiendo que contengan el nombre del beneficiario, o bien, sólo se señale la mención de que son al portador. Los primeros se trasmiten a través de la figura del endoso, y

los que son girados al portador, con el simple traspaso del título. La incorporación del derecho se infiere de la expresión documentos

necesarios, que menciona el artículo citado en el párrafo anterior. Esto es, que no importa el derecho que le dio nacimiento, porque éste ya queda incorporado al título de crédito. La literalidad del derecho, se toma del derecho literal que en ellos se consigna, de- tal manera que el valor del título es el que literalmente en él se menciona.

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La autonomía significa que el derecho tiene un valor por sí mismo, sin importar los tenedores anteriores, por lo que el derecho del último poseedor es diferente al derecho de los anteriores detentadores.

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ESQUEMA DEL CAPITULO 10 DECLARACION UNILATERAL DE VOLUNTAD 1.- Ofertas de venta 1.- OFERTAS AL PUBLICO 2.- Promesa de recompensa

2.- ESTIPULACION A FAVOR DE UN TERCERO

3.- DOCUMENTOS CIVILES PAGADEROS A LA ORDEN O AL PORTADOR

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CAPÍTULO 11 ENRIQUECIMIENTO ILEGÍTIMO 11.1. CONCEPTO DE ENRIQUECIMIENTO ILEGÍTIMO. 11.2. ELEMENTOS DEL ENRIQUECIMIENTO ILEGÍTIMO. 11.3. NATURALEZA JURÍDICA DEL ENRIQUECIMIENTO ILEGÍTIMO. 11.4. HISTORIA Y DERECHO COMPARADO. 11.5. FUNDAMENTACIÓN LEGAL Y ACTIO IN REM VERSO. 11.6. EL PAGO DE LO INDEBIDO. 11.7. OBLIGACIONES DE QUIEN RECIBE UN PAGO CON MALA FE. 11.8. OBLIGACIONES Y DERECHOS DE QUIEN SE ENRIQUECIÓ DE BUENA FE. 11.9. EXONERACIÓN DE RESTITUIR LO INDEBIDAMENTE RECIBIDO. 11.10. CARGA DE LA PRUEBA. 11.11.PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE REPETIR. 11.12. EL PAGO DE UNA OBLIGACIÓN NATURAL. 11.13. LA ACCIÓN DE REPETIR, EN EL PAGO PARA LA REALIZACIÓN DE UN HECHO ILÍCITO. El enriquecimiento ilegítimo es una fuente general de las obligaciones , sólo aplicable cuando no haya una disposición o institución previamente establecida en el Código, ya que existen casos, como el de la accesión, que tienen su propia normatividad, que aun siendo un enriquecimiento ilegítimo no se le aplica lo dispuesto para esta fuente.

11.1. CONCEPTO DE ENRIQUECIMIENTO ILEGITIMO El enriquecimiento ilegítimo puede ser definido como "el acrecentamiento sin causa que obtiene una persona en su patrimonio, económico o moral, en detrimento -directo en el primero, e indirecto en el segundo de otra persona." 33

33


133


En toda relación jurídica de carácter patrimonial se encuentra un intercambio de valores, porque los participantes se hacen recíprocas prestaciones, quien se obliga a algo, a su vez tiene derecho a alguna ~ prestación; a menos que se trate de alguna liberalidad, como una donación donde el donante ve disminuir su patrimonio sin recibir nada a cambio. En el enriquecimiento ilegítimo, una persona recibe un aumento en su patrimonio, sin existir causa lícita o ilícita que lo justifique. Causa lícita sería, si hubiera un acto jurídico o una disposición legal que así lo autorice; e ilícita sería, si se realizara una conducta contraria a derecho. Realmente, en el enriquecimiento ilegítimo, es el error involuntario el causante de que una persona acreciente su patrimonio en detrimento de otra. El enriquecimiento puede ser provocado por una conducta de dar, hacer o no hacer; por ejemplo, pudiera suceder que el acreedor en una relación jurídica, no exija el cumplimiento de una obligación a su deudor, porque se encuentre en la creencia de que ya ha sido cubierta, encontrándose en la misma circunstancia el deudor; este será un caso de enriquecimiento ilegítimo, porque el acreedor al no exigir, hace que aumente el patrimonio de su deudor, sin existir una causa lícita o ilícita, sino un error fortuito. Si se establece que la causa del enriquecimiento es la presencia de un error, se descarta entonces el hecho ilícito como posible motivo. y así debe ser, porque si quien se enriqueció lo hizo en contravención de una ley o de las buenas costumbres, deberá de indemnizar de acuerdo al capítulo de los hechos

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ilfcitos que contiene el Código; en éste, sin embargo, en las mismas disposiciones, aplicables al enriquecimiento ilegítimo, en forma incorrecta, también contempla las consecuencias jurídicas que se derivan de las hipótesis de enriquecimiento de mala fe, debiendo hacerlo en el capítulo de los hechos ilícitos. 11.2. ELEMENTOS DEL ENRIQUECIMIENTO ILEGÍTIMO

Se encuentran cuatro elementos, a saber: “I.-Que haya empobrecimiento de un patrimonio. II.-Que exista enriquecimiento de otro. III.-Que medie una relación de causa a efecto entre el primero y el segundo y IV.-Que no exista una causa jurídica que justifique ese desplazamiento patrimonial.”

34

Al respecto la Suprema Corte de Justicia en jurisprudencia definida hasta 1965, expresa que: "Enriquecimiento Ilegítimo. Elementos.-La acción de enriquecimiento ilegítimo a que se refieren los artículos 1882 del Código Civil y 26 del de Procedimientos Civiles para el Distrito y Territorios Federales, está constituida por los siguientes elementos: 1 .-Enriquecimiento del demandado, quien obtiene algo que no estaba en su patrimonio. 2.-Empobrecimiento del actor, al perder algo que estaba en su patrimonio, o dejar de recibir lo que tenía derecho. 3.Que exista vínculo de causalidad entre los dos elementos anteriores, es decir deben ser recíprocos y correlativos, de tal manera que no pueda existir el

enriquecimiento si no es como efecto del empobrecimiento y a la inversa. 4.Que el desplazamiento patrimonial carezca de causa jurídica, contractual o extracontractual, de modo que la persona empobrecida no tenga otro medio

34

Rafael Rojina Villegas, Compendio de Derecho Civil, Teoría General ... ,Op. Cit., p. 267

135


para obtener indemnización. (Tesis 182 de la última compilación de jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, publicada en el apéndice al Semanario Judicial de la Federación, editado en el año de 1965, cuarta parte, pág. 572)." 35 11.3. NATURALEZA JURÍDICA DEL ENRIQUECIMIENTO ILEGÍTIMO

Se ha considerado que el enriquecimiento ilegítimo es un cuasicontrato junto con el pago de lo indebido

y

la gestión de negocios, porque se trata de

hechos jurídicos voluntarios lícitos, en el cual entran en relación lícitamente dos o más personas, generándose por ello consecuencias jurídicas. Los hechos jurídicos voluntarios, son acontecimientos realizados por el hombre sin la intención de afrontar las consecuencias de derecho, sin embargo, éstas se generan independientemente de la voluntad de su autor

y

deben de

asumirse. El que se empobreció al realizar la conducta en favor del enriquecido, con ese hecho, hace surgir un vínculo jurídico, donde éste tendrá a su cargo una obligación, nacida del cuasicontrato, que tiene por objeto restituir el enriquecimiento recibido, porque nadie puede enriquecerse a expensas de otro si no existe una causa que lo motive. En síntesis el enriquecimiento ilegítimo es un hecho jurídico en sentido estricto voluntario lícito, y que fue considerado como un cuasicontrato. Pero además, será un hecho jurídico voluntario ilícito cuando se actúe con mala fe.

35

Idem, p. 274

136


11.4. HISTORIA Y DERECHO COMPARADO

En esta parte sólo se abordarán algunas disposiciones del derecho romano, y del derecho francés. Además, en derecho extranjero se citan algunos países, según -investigaciones realizadas por tratadistas mexicanos. En derecho romano, "el Digesto, libro 1, título XVII, denominado "De diversas reglas del derecho antiguo" fragmento 206, hay un texto de Pomponio I

que dice: “Es de derecho natural y de equidad que nadie se haga más rico con detrimento o injuria de otro.” 36El enriquecimiento ilegítimo da derecho al que se empobreció a ejercer la actio in rem verso, porque es de derecho natural y de equidad, que si se da un desplazamiento patrimonial sin causa, se tenga la facultad de exigir una indemnización. El derecho francés, no regula específicamente al enriquecimiento ilegítimo, sino que, a través del artículo 1371 de su Código Civil, se dispone que todos los hechos voluntarios del hombre, de los cuales resulte un compromiso jurídico, serán cuasicontratos y por ende generadores de obligaciones, por supuesto excluyendo a los actos jurídicos. El Código Civil italiano de 1942, en su artículo 2042 dice que: “La acción de enriquecimiento no es proponible cuando el perjudicado puede ejercitar otra acción para hacerse indemnizar por el perjuicio sufrido. ” Aunque no lo 37

36

37

Manuel Sorja Soriano, Op. Cit., p. 322

Citado por Rafael Rojina Villegas, Compendio de Derecho Civil, Teoría General ... , Op. Cit., p. 267

137


disponga expresamente el Código, para el derecho mexicano, la acción de enriquecimiento es de carácter subsidiaria, porque sólo se podrá ejercitar cuando no existan normas o instituciones específicas para el caso de enriquecimiento. El Código alemán, en el artículo 812, establece que: “Cualquiera que, por prestación hecha por otra persona o de cualquiera otra manera, hace una adquisición sin causa jurídica a expensas de esta otra persona, está obligada respecto de ella a restitución”.

38

El Código Suizo de las Obligaciones, en su artículo 62, ordena: “El que sin causa legítima se ha enriquecido a expensas de otro, está obligado a la restitución.”

39

El Proyecto franco-italiano de las obligaciones en el artículo 73, prescribe: “El que se enriquece sin causa con detrimento de otra persona, está obligado a indemnizarla, en la medida de su propio enriquecimiento, de lo que ella se ha empobrecido.”

40

En México, el Código Civil de 1870, en su artículo 1659 dispuso que: “Cuando por error de hecho, pagare alguno lo que realmente no debe, podrá recobrar lo que hubiere dado, en los términos que establecen los tres artículos

38

Citado por Manuel Borja Soriano, Op. Cit., p. 323

39

ldem.

40

ldem. 138


siguientes.”41Este texto fue recogido en el artículo 1 545 del Código Civil de 1884. Evidentemente que en el artículo transcrito se reguló al pago de lo indebido, pero no al enriquecimiento ilegítimo. 11.5. FUNDAMENTACION LEGAL y ACTIO IN REM VERSO

La fundamentación se encuentra de los artículos 1766 al 1779 del Código y el 26 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa. De los cuales se transcriben el 1766 del Código, que estipula: "El que sin causa se enriquece en detrimento de otro, está obligado a indemnizarlo de su empobrecimiento en la medida que él se ha enriquecido" y el 26 del Código adjetivo civil de Sinaloa, que expresa: "El enriquecimiento sin causa, de una parte con detrimento de otra, presta mérito al perjudicado para ejercitar la acción de indemnización en la medida en que aquélla se enriqueció." La acción para exigir la restitución de lo empobrecido se llama acción de repetir, que en el derecho romano se denominaba actio in rem verso. 11.6. EL PAGO DE LO INDEBIDO

El pago de lo indebido es una situación que se crea a partir de que: “Hay pago de lo indebido cuando una persona, creyendo por error que es deudora de otra, le entrega una cosa o ejecuta otra prestación a favor de ella.” 41

42

Citado por Ernesto Gutiérrez y González, Op. Cit., p. 518

Manuel Borja Soriano, Op. Cit., p. 327 139

42

Es una


especie del enriquecimiento ilegítimo, en virtud de que el pago de lo indebido, supone que una persona cumple una obligación por error, mientras que el enriquecimiento se puede dar por la circunstancia descrita o por cualquier otra. La persona que paga se le denomina solvens, de solvere pagar, el que recibe el pago accipiens, de accipere, recibir o cobrar. La expresión pago de lo indebido ha sido cuestionada, porque el concepto pago significa cumplir una obligación, por lo tanto nadie paga algo indebido, en todo caso se trata de la realización de una prestación no debida. Fundamenta el pago de lo indebido el artículo 1767, al expresar que: "Cuando se reciba alguna cosa que no se tenía derecho de exigir y que por error ha sido indebidamente pagada, se tiene obligación de restituirla. Si lo indebido consiste en una prestación cumplida cuando el que la reciba procede de mala fe, debe pagar el precio corriente de esa prestación; si procede de buena fe sólo debe pagar lo equivalente al enriquecimiento recibido." Dos son los elementos del pago de lo indebido: la realización de una prestación que no se debía y que esa conducta se haya efectuado por error. 11.7. OBLIGACIONES DE QUIEN RECIBE UN PAGO CON MALA FE

Restituir la cosa que se recibió indebidamente, como lo determina el artículo 1767. Cuando se trate de una prestación cumplida, debe pagar su precio corriente, según indica el artículo 1767. Además de la prestación deberá de pagar los frutos percibidos o dejados de percibir de las cosas que los produjeron 140


y, tratándose de capitales deberá abonar el interés legal de los mismos, de acuerdo a lo que estatuye el artículo 1768. Deberá de reintegrar todos los frutos de la cosa o prestación, sean civiles, naturales o industriales, porque provengan de capitales, de las cosas de la naturaleza o del trabajo del hombre, como lo previene el artículo 885. Deberá responder de los menoscabos que la cosa haya sufrido por cualquier causa y de los perjuicios que se irrogaren al que la entregó, hasta que la recobre, porque así lo dispone el artículo 1768. Deberá responder aún del caso fortuito, excepto cuando éste hubiere podido afectar del mismo modo a las cosas hallándose en poder del que las entregó, en los términos del artículo 1768. Si se enajena la cosa a un tercero, podrá el que pagó reivindicarla, excepto cuando el que la adquirió lo haya hecho con buena fe y de carácter oneroso. Entonces, si hay mala fe del tercero, sin importar lo oneroso o gratuito del acto, cabrá la reivindicación e igualmente procederá cuando hay buena fe y el acto es gratuito, en atención a lo prescrito por los artículos 1769 y 1770. 11.8. OBLIGACIONES Y DERECHOS DE QUIEN SE ENRIQUECiÓ DE BUENA

FE

La primera obligación será restituir la cosa que se recibió indebidamente, como determina el artículo 1767. En el supuesto de que se trate de una prestación cumplida, debe pagar lo equivalente al enriquecimiento recibido, tal como lo señala el artículo 1767. 141


Esto es, el valor que tenía la prestación al momento en que se recibió la misma. En cuanto a los frutos percibidos o dejados de percibir de las cosas que los produjeron, no deberá restituirlos, ni tampoco deberá de abonar los intereses del capital recibido; porque a ello sólo están obligados los que participen de mala fe. Bajo ninguna circunstancia responderá por el caso fortuito; a contrario sensu de lo señalado por el artículo 1768. Si hubiese menoscabos o pérdidas de la cosa y de sus accesiones, sólo responderá de ellos en cuanto se hubiere enriquecido, de acuerdo al artículo 1771. Si se enajena la cosa a un tercero se restituirá el precio o cederá la acción para hacerla efectivo. Claro que la acción la cederá, cuando el tercero adquirente lo haga de mala fe o bien, de buena fe, y a título gratuito; porque si la adquisición se hizo de buena fe y a título oneroso, quedará firme la operación, en atención a lo que dispone el artículo 1771. En el supuesto de que, quien recibió de buena fe una cosa la haya donado, la donación no subsistirá, en atención a la regla anterior, porque así lo previene el artículo 1772. El que se enriqueció de buena fe tiene derecho a que se le abonen los gastos necesarios y a retirar las mejoras útiles que le haya hecho a la cosa, y cuando no se puedan retirar las mejoras útiles, se le deberá de pagar una cantidad equivalente al aumento del valor que recibió la cosa con la mejora hecha, de acuerdo al artículo 1773. 142


11.9. EXONERACIÓN DE RESTITUIR LO INDEBIDAMENTE RECIBIDO

Se otorga a aquel que recibiendo un pago indebido de buena fe, creyendo que se hacía por cuenta de crédito legítimo y subsistente, hubiere inutilizado el título, dejado prescribir la acción, abandonado las prendas o cancelado las garantías. Entonces al quedarse sin ningún fundamento de su crédito, el Código lo libera de la obligación de restituir lo que se le pagó. En todo caso, el que pagó indebidamente podrá pedir la indemnización correspondiente al verdadero deudor o a los fiadores del que recibió el pago indebido¡ en los términos del artículo 1774. 11.10. CARGA DE LA PRUEBA

Esta incumbe al que pagó indebidamente. Debiendo probar la realización del pago y el error con que lo hizo. Pero cuando el demandado negare haber recibido el pago, justificado éste¡ entonces el actor queda relevado de toda otra prueba, conservando el derecho el demandado para acreditar que le era debido lo que recibió, conforme a lo dispuesto en el artículo 1775. Se presume que ha sido hecho el pago por error, cuando se entrega cosa que no se debía o que ya estaba pagada; aun cuando el enriquecido puede demostrar que el pago se hizo a título de liberalidad o por cualquiera otra causa justa, según lo previene el artículo 1776.

11.11. PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE REPETIR Se establecen dos plazos, que regulan dos situaciones diferentes, para que opere la prescripción: el primero, contado a partir del momento en que se conoce el error que originó el pago, y será de un año; el segundo, se cuenta 143


desde el día en que se efectúo el pago, independientemente del momento en que se conozca el error, y será de cinco años, como lo dispone el artículo 1777.

11.12. EL PAGO DE UNA OBLIGACIÓN NATURAL Si se realiza un pago para cumplir con una deuda prescrita o con un deber moral, no se podrá ejercitar la acción de repetir, porque se considera que el pago realizado ha quedado firme, en los términos del artículo 1778. Toda obligación en su relación jurídica tiene dos momentos: el del Schuld, que significa el deber cumplir del deudor y el poder exigir del acreedor; y el Haftung, que tiene operatividad cuando no se cumple en forma voluntaria la obligación y consiste en el ejercicio de la coerción para el cumplimiento forzoso por parte del deudor. En las obligaciones naturales no existe posibilidad de coerción, no hay Haftung, pero cumplidas voluntariamente no dan derecho a repetir.

11.13. LA ACCIÓN DE REPETIR, EN EL PAGO PARA LA REALIZACIÓN DE UN HECHO ILlCITO Si se entregó algo para la ejecución de un fin ilícito o contra las buenas costumbres; el que pagó tendrá derecho a exigir el cincuenta por ciento de lo entregado y el otro cincuenta por ciento será para la beneficencia pública, de acuerdo a lo establecido por el artículo 1779.

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ESQUEMA DEL CAPITULO 11 ENRIQUECIMIENTO ILEGITIMO 1.CONCEPTO 2.ELEMENTOS 3.NATURALEZA JURÍDICA 4.HISTORIA Y DERECHO COMPARADO 5. ACTIO

IN REM VERSO 6.PAGO DE LO INDEBIDO 7.OBLIGACIONES DE QUIEN RECIBE UN PAGO CON MALA FE 8.OBLIGACIONES Y DERECHOS DE QUIEN SE ENRIQUECIÓ DE BUENA FE 9.EXONERACIÓN DE RESTITUIR LO INDEBIDAMENTE RECIBIDO 10.CARGA DE LA PRUEBA

11 . PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE REPETIR 12.EL PAGO DE UNA

OBLIGACIÓN NATURAL 13.LA ACCIÓN DE REPETIR EN EL PAGO PARA LA REALIZACIÓN DE UN HECHO ILÍCITO

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CAPÍTULO 12 GESTIÓN DE NEGOCIOS 12.1. CONCEPTO DE GESTIÓN DE NEGOCIOS. 12.2. OBLIGACIONES DEL GESTOR. 12.3. RESPONSABILIDADES DEL GESTOR. 12.4. OBLIGACIONES DEL DUEÑO DEL NEGOCIO. 12.5. EFECTOS DE LA GESTIÓN CONTRA LA VOLUNTAD DEL DUEÑO DEL NEGOCIO. 12.6. RATIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DE NEGOCIOS. 12.7. GESTIÓN JUDICIAL. La gestión de negocios, es la cuarta fuente particular de las obligaciones que regula el Código Civil. Es considerada como un hecho jurídico en sentido estricto, además de ser un cuasicontrato, porque aunque interviene la voluntad, ésta no logra percibir hasta que punto llegan las consecuencias jurídicas.

12.1. CONCEPTO DE GESTIÓN DE NEGOCIOS La gestión se puede definir como “un hecho jurídico estricto sensu, en virtud del cual una persona que recibe el nombre de gestor, se encarga voluntaria y gratuitamente de un asunto de otra persona que recibe el nombre de dueño, con ánimo de obligarlo, y sin ser su representante por mandato de la ley o por convenio.”

43

Es un hecho jurídico en sentido estricto porque el gestor al momento

de hacerse cargo del negocio no conoce las consecuencias jurídicas que se van a

derivar, a él sólo le interesa evitar un daño al dueño del negocio, a través de la gestión.

43

Ernesto Gutiérrez y González, O pa Cit., p . 530

146


De la definición se obtienen los siguientes elementos: la existencia de un negocio ajeno, que no sea del gestor, que se encuentre ante el peligro de sufrir un daño y que el dueño no pueda atenderlo; que el gestor obre voluntaria y gratuitamente, que de propia voluntad intervenga en el negocio, además de hacerlo sin pensar en recibir una prestación por la atención del asunto; el ánimo en el gestor de obligar al dueño, porque debe de estar en su voluntad que el dueño afronte las consecuencias del asunto gestionado y que por lo tanto no se trata de una liberalidad en su favor; que el gestor no tenga ningún tipo de representación, ni por disposición de la ley ni de carácter voluntario. 12.2. OBLIGACIONES DEL GESTOR

El gestor debe obrar conforme a los intereses del dueño del negocio, como lo estipula el artículo 1780. El gestor debe desempeñar el cargo con la diligencia que emplea en sus negocios propios; esta obligación y la anterior se complementan, porque hacen que el gestor esté más ligado con el asunto, ya que debe actuar atendiendo los intereses del dueño, pero poniendo toda la diligencia como si se tratase de un asunto propio, de acuerdo a lo prescrito por el artículo 1781. El gestor debe dar aviso al dueño del negocio en cuanto le sea posible, y mientras deberá seguir atendiendo el asunto hasta sus últimas consecuencias, en atención a lo señalado por el artículo 1786. 12.3. RESPONSABILIDADES DEL GESTOR

El gestor deberá indemnizar los daños y perjuicios que por su culpa tenga el dueño del negocio, por no poner la diligencia necesaria, según lo indica el artículo 1781. 147


Cuando la gestión tenga como objeto evitar un daño inminente al dueño del negocio, el gestor sólo responde de su dolo o falta grave, conforme a lo estatuido en el artículo 1782. Si el gestor actúa en contra de la voluntad del dueño del negocio, debe reparar los daños y perjuicios que se presenten, aunque no exista falta, porque así lo ordena el artículo 1783. Si el gestor actúa más en su propio interés que en el del dueño del negocio o realiza operaciones arriesgadas, aun cuando el dueño tenga la costumbre de hacerla, el gestor responde hasta del caso fortuito, tal como lo dice el artículo 1784. Si el gestor delega en otra persona la atención del negocio, deberá de responder de los actos de aquella, porque así lo dispone el artículo 1785. 12.4. OBLIGACIONES DEL DUEÑO DEL NEGOCIO

El dueño debe cumplir con las obligaciones que el gestor haya contraído por efecto de la gestión y que sean propias del tipo de asunto gestionado, en los términos precisados en el artículo 1787. El dueño del negocio debe pagar los gastos que haya efectuado el gestor por la atención del asunto, así como los intereses legales correspondientes, pero no una retribución por el servicio prestado por el gestor, de acuerdo a lo previsto en los artículos 1787 y 1788.

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12.5. EFECTOS DE LA GESTIÓN CONTRA LA VOLUNTAD DEL DUEÑO DEL

NEGOCIO

El gestor que se haga cargo de un negocio contra la voluntad del dueño, si éste obtiene provechos, tendrá derecho a que se le paguen los gastos hasta donde alcancen los beneficios para el dueño, en atención a lo señalado por el artículo 1789. El gestor que se haga cargo de un negocio contra la voluntad del dueño, en que exista una obligación de interés público, el dueño deberá pagar todos los gastos efectuados por el gestor, de acuerdo a lo que regula el artículo 1789. Cuando el gestor pague alimentos que tenía obligación de cubrir el dueño, éste debe pagarlos a quien los suministró a su nombre, a no ser que el que los otorgó lo haya hecho en un acto de beneficencia, según lo prevenido en el artículo 1792. Si el gestor proporciona gastos funerarios acordes con la condición de la persona y usos de la comunidad, deberán ser satisfechos a quien los haga, por parte de quienes tenían obligación de otorgarlos, como lo prescribe el artículo 1793. 12.6. RATIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DE NEGOCIOS

Si al momento de avisarle al dueño del negocio que se le está atendiendo un asunto de su propiedad, éste ratifica la gestión, el hecho producirá las consecuencias de un contrato de mandato, con efectos retroactivos al día en que la gestión principió, por lo cual el gestor tendrá derecho a percibir una prestación por sus servicios; pero si el dueño no ratifica la gestión, sólo responderá de los gastos que originó ésta, hasta la concurrencia de las ventajas que obtuvo del 149


negocio, en los términos estipulados en los artículos 1790 Y 1791.

12.7. GESTIÓN JUDICIAL La gestión en materia judicial se encuentra regulada en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa en sus artículos 50 y 51. En el primero, se establece que el gestor debe sujetarse a las prescripciones que sobre la gestión de negocios indica el Código Civil; y el segundo, dice que el gestor judicial antes de ser admitido debe dar fianza de que el dueño del negocio pasará por lo .que resulte del juicio, se exceptúa del otorgamiento de la fianza a los cónyuges cuando actúen como gestor uno del otro.

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ESQUEMA DEL CAPITULO 12 GESTION DE NEGOCIOS 1. CONCEPTO DE GESTION DE NEGOCIOS 2. OBLIGACIONES DEL GESTOR 3. RESPOSABILIDADES DEL GESTOR 4. OBLIGACIONES DEL DUEÑO DEL NEGOCION 5. EFECTOS DE LA GESTION CONTRA LA VOLUNTAD DEL DUEÑO DEL NEGOCIO 6. RATIFICACION DE LA GESTION DE NEGOCIOS 7. GESTION JUDICIAL

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Capítulo 13 HECHOS ILÍCITOS 13.1. CONCEPTO DE HECHOS ILÍCITOS. 13.2. LA CULPA. 13.3. RESPONSABILIDAD. 13.4. MORA. 13.5. PERSONAS RESPONSABLES DE LOS HECHOS ILÍCITOS. 13.6. USO ABUSIVO DE UN DERECHO. 13.7. RESPONSABILIDAD OBJETIVA POR RIESGO CREADO. 13.8. , FORMA DE REPARAR EL DAÑO CAUSADO POR HECHO ILÍCITO. 13.9. DAÑO MORAL. Dentro de las fuentes de las obligaciones, el hecho ilícito es junto con el contrato el más importante generador de obligaciones, porque desde el momento en que se viola una norma de derecho se está en presencia de un hecho ilícito. El hecho ilícito es un hecho jurídico en sentido estricto en virtud de que aunque interviene el hombre, éste no tiene la intención de afrontar las consecuencias de derecho. 13.1. CONCEPTO DE HECHOS ILÍCITOS De acuerdo a lo que establece la doctrina dominante y las prescripciones del Código, se puede definir el hecho ilícito como una conducta que en forma intencional o por negligencia transgrede una norma de derecho o las buenas costumbres y se causa un daño44.

44

Ernesto Gutiérrez

y González, Op. Cit., p. 543 ss. Define al hecho ilícito como: "Toda conducta humana

culpable, por intención o por negligencia, que pugna con un deber jurídico stricto sensu, con una manifestación unilateral de voluntad o con lo acordado por las partes en un convenio." Esta última parte es porque el autor dice que las normas jurídicas que pueden ser violadas, en atención a su clasificación del deber jurídico expuesto al inicio de la obra citada, son el deber jurídico en sentido estricto, la declaración unilateral de voluntad o el contrato; de ahí expone que existen tres tipos de hechos ilícitos dependiendo el tipo de norma jurídica que se viole.

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De la caracterización del hecho ilícito se obtienen los siguientes elementos: la conducta realizada por una persona, que puede ser por vía de acción o de omisión, que a manera de ejemplo serían los destrozos causados a una propiedad o no realizar lo que establece un contrato; la presencia de la culpa, ya sea que se manifieste en forma intencional o por negligencia; que se viole a una norma jurídica de las características que sea, o a las buenas costumbres, las que son prácticas realizadas por una colectividad y consideradas moralmente aceptables; y, finalmente que se cause un daño, porque si no se genera éste, entonces no habrá hecho ilícito.

13.2. LA CULPA El elemento fundamental del hecho ilícito es la culpa, toda la teoría tradicional se basa en ella, porque depende de la voluntad real o presunta del autor del hecho la realización de una serie de consecuencias por la violación al derecho. La culpa es de carácter subjetivo, porque depende del querer del individuo, que se manifieste o no, por eso es definida como "la intención, falta de cuidado o negligencia que genera un detrimento patrimonial y que el Derecho considera a efecto de establecer una responsabilidad 45. De lo anterior se derivan los siguientes elementos: una conducta intencional o por negligencia, que se cause un daño y, la responsabilidad que determina el derecho por la conducta realizada. La conducta intencional es cuando el sujeto está enterado que infringe una

45


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norma de derecho y aún con ese conocimiento lleva a cabo su conducta; en cambio, cuando la persona realiza una conducta pero no lo hace para causar un o, e incluso no está enterado de las consecuencias que se están provocando, pero éstas se producen, la conducta es no intencional. El daño es el resultado de la realización de la conducta productora del hecho ilícito, como una consecuencia de carácter patrimonial o moral que tiene la víctima del hecho ilícito. Al respecto el Código en el artículo 1990 dice: "Se entiende por daño la pérdida o menoscabo sufrido en el patrimonio por la falta de cumplimiento de una obligación". En relación al perjuicio el artículo 1991 establece que: "Se reputa perjuicio la privación de cualquiera ganancia lícita, que debiera haberse obtenido con el cumplimiento de la obligación”. Así, una persona que adquirió un vehículo para realizar alguna actividad comercial, y la empresa quedó de entregárselo en determinada fecha, lo cual hace pero no en las condiciones estipuladas, ya que el vehículo requiere de accesorios que por negligencia no se le adaptaron, ante ello, el comprador sufre un daño que lo constituyen los gastos extras para arreglar la cosa y los perjuicios, lo que ha dejado de ganar durante el tiempo que se dio la reparación y que no le permitió dedicarse a su actividad comercial. El tercer elemento es que el derecho reconozca la conducta realizada para que se determine una responsabilidad; esto es, el reconocimiento que la norma jurídica haga de que la acción u omisión que causa un daño debe ser sujeta a una responsabilidad, que tendrá que afrontar el autor del hecho ilícito. 13.3. RESPONSABILIDAD

El concepto de responsabilidad implica que quien se sitúa en la hipótesis que señala una norma jurídica deberá asumir las consecuencias de derecho que de ahí se deriven. Por eso, hay ocasiones en que la persona cumple 154


voluntariamente con la obligación, y en otras, por no proceder así deberá de indemnizar en los términos de Ley. La responsabilidad es “una conducta que consiste en restituir las cosas al estado que tenían, y de no ser posible, en la restitución del detrimento patrimonial (daño y/o perjuicio), generado por una acción u omisión de quien lo cometió por sí mismo, o esa acción u omisión permitió que se causara el detrimento, por personas a su cuidado o cosas que posee, V que originó con ello la violación culpable de un deber jurídico stricto sensu, o de una obligación lato sensu previa, en cualquiera de sus dos especies.”

46

En la definición propuesta debe ponerse

énfasis que Ernesto Gutiérrez y González, retoma su clasificación del deber jurídico en sentido amplio, para de ahí deducir el tipo de normas de derecho que existen, aunque finalmente siempre se tratará de normas jurídicas genéricas o individualizadas. Es indudable que debe existir una relación de causalidad entre la conducta de acción u omisión y el daño causado, porque sino se da esa dependencia del daño con el hecho realizado, entonces no hay responsabilidad, porque quizá habrá una acción ejecutada y no hay daño, o bien se causó un daño pero no es imputable en forma culpable a una persona, en estos casos no habrá responsabilidad. De acuerdo a lo que ordena el artículo 1992 que dice: “Los daños y perjuicios deben ser consecuencia inmediata y directa de la falta de cumplimiento

46


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de la obligación, ya sea que se hayan causado o que necesariamente deban causarse.” Cuando se genera la responsabilidad surge en el sujeto la necesidad de realizar una conducta que restituya las cosas al estado jurídico que tenían y cuando ello no sea posible, por haberse ejecutado un daño irreparable, deberán pagarse daños y perjuicios a cargo del autor del hecho ilícito. Al determinarse la responsabilidad se debe probar que el sujeto realizó una acción o una omisión, que por lo tanto le es imputable, por lo cual, la ley considera que debe soportar la sanción del ordenamiento jurídico ante el hecho dañoso. La acción u omisión puede ser de hecho propio, o realizado por persona que se encuentre a su cuidado, o bien por una cosa que se posee.

13.4. MORA En el supuesto de la responsabilidad, existen ocasiones en que se configura la mora, cuando hay incumplimiento de una obligación y es posible su cumplimiento posterior, por tanto se le exige al deudor que realice la conducta pedida. la cual efectúa, pero fuera de los tiempos establecidos, y se constituye en mora, lo que le acarrea una nueva responsabilidad, diferente a la obligación que primeramente tenía. La mora es el retardo en el cumplimiento de una obligación, sancionando el derecho con una indemnización, la que deberá cubrir el autor de la conducta. En la mora hay incumplimiento, pero éste no es definitivo, ya que se puede cumplir la obligación en otro momento, aunque con retardo, por lo que deberá cubrirse una indemnización por el cumplimiento tardío; porque si la obligación ya no se puede cumplir, no habrá mora, sino incumplimiento definitivo y absoluto de la 156


obligación. El efecto que produce la tardanza del autor del hecho ilícito, en el cumplimiento de la obligación, significa que además de pagar el objeto original que se debía, debe otorgarse algo más por la mora para resarcir a la víctima de la conducta morosa. La mora tiene un momento a partir del cual se presenta y por tanto, la indemnización correspondiente deberá cubrirse desde instante; la regla es que la mora inicia cuando se da el incumplimiento de una obligación, así si una persona tiene que cumplir con un contrato y no lo hace en los tiempos estipulados, deberá hacerse cargo de la mora desde ese momento. Sin embargo, hay que tomar en cuenta si la obligación está sujeta a un plazo o bien, no tiene un plazo determinado, porque de esas dos hipótesis se derivará la determinación del inicio de la mora. En los casos en que hay plazo para el cumplimiento de una obligación y se trata de conductas de dar o de hacer, la mora iniciará al momento de la llegada del plazo en caso de incumplimiento de la prestación. En las obligaciones de hacer, el artículo 1986 establece que: "El que estuviere obligado a prestar un hecho y dejare de prestarlo o no lo prestare conforme a lo convenido, será responsable de los daños y perjuicios en los términos siguientes: I.- Si la obligación fuere a plazo, comenzará la responsabilidad desde el vencimiento de éste; ... ". En el mismo sentido, con respecto a las obligaciones de dar, se manifiesta el artículo 1987 que dice: "En las obligaciones de dar que tengan plazo fijo, se observará lo dispuesto en la fracción I del artículo anterior. "

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En las obligaciones sin plazo se debe distinguir si se trata de conductas de dar o de hacer. En las obligaciones de hacer, si no hay ’plazo, según señala la fracción II del artículo 1986, se deberá atender a lo que establece el artículo 1962, el cual en su segundo párrafo expresa que deberá efectuarse el pago en el momento que lo exija el acreedor, con tal de que haya transcurrido el tiempo suficiente para su debido cumplimiento, atendiendo a la naturaleza de la prestación debida. Mientras que, cuando se trate de obligaciones de dar sin plazo, dice el artículo 1987, en su segundo párrafo, que deberá sujetarse a lo establecido por el artículo 1962, que en su primera parte preceptúa, que el acreedor podrá exigir el pago treinta días después de la interpelación que haga, ya judicialmente, ya en lo extrajudicial, ante un notario o ante dos testigos. En las obligaciones de no hacer, hay imposibilidad de que se presente la mora, porque él solo incumplimiento de una prestación de esa naturaleza, implica que ya no podrá ser cumplida en un momento posterior, porque el tiempo ya transcurrió inevitablemente y la violación es definitiva, tal como lo señala el artículo 1986.

13.5. PERSONAS RESPONSABLES DE LOS HECHOS ILÍCITOS La regulación del hecho ilícito en el Código Civil, se hace previendo tres situaciones que se pueden presentar, de acuerdo con la responsabilidad que se

genera, dependiendo del lugar que ocupe el sujeto que deberá responder por la conducta ilícita cometida. Así, habrá ocasiones en que el autor de la violación a la normatividad sea el responsable por un hecho que cometió por sí mismo; en otras, por no haber puesto el cuidado suficiente sobre una persona que se encontraba bajo su cuidado; y, en el supuesto de que no se puso atención a las cosas que se 158


poseen y que causaron algún daño.

13.5.1. Hechos ilícitos cometidos por sí mismo Las personas serán responsables de sus actos cuando tengan capacidad de ejercicio, o bien que teniendo capacidad de goce no tienen a nadie que los tenga bajo su cuidado. Es la regla que propone el artículo 1794, al estatuir que: "El que obrando ilícitamente o contra las buenas costumbres cause daño a otro, está obligado a repararlo, a menos que demuestre que el daño se produjo como consecuencia de culpa o negligencia inexplicable de la víctima." Esta disposición establece la necesidad de responder de los daños causados por una conducta ilícita, pero habrá una excepción, cuando el daño se cause por culpa o negligencia de la víctima. Las personas morales tienen responsabilidad en cuanto a los daños que causen sus representantes legales en el ejercicio de sus funciones, según el artículo 1802. En el caso del Estado, el artículo 1812 expresa que: "El Estado tiene obligación de responder del pago de los daños y perjuicios causados por sus servidores públicos con motivo del ejercicio de las atribuciones que legalmente les estén encomendadas. Esta responsabilidad será solidaria tratándose de actos ilícitos dolosos, y subsidiaria en los demás casos, en los que sólo podrá hacerse efectiva en contra del Estado cuando el servidor público directamente responsable no tenga bienes o los que tenga no sean suficientes para responder de los daños y perjuicios causados por sus servidores públicos.:" 47

47

De lo anterior se desprende

Este artículo fue reformado por Decreto número 663, publicado en el Periódico Oficial número 110 de 12

del septiembre del 2001.

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que la responsabilidad del Estado será solidaria o subsidiaria. La primera cuando el daño causado por el servidor público sea en forma dolosa; mientras que la segunda se aplicará, cuando actúe de manera imprudencial, en tal caso deberá demandarse al servidor público y demostrado que sea que no tiene bienes, entonces responderá el Estado. Es importante destacar que cuando dos o más personas cometan en común un hecho ilícito, habrá una responsabilidad solidaria tal como lo previene el artículo 1801.

13.5.2. HECHOS ILÍCITOS COMETIDOS POR PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN AL CUIDADO DE OTRAS Existen ocasiones en las cuales se deberá responder de los daños que causen personas que se encuentran a su cuidado. En lo que se refiere a los incapaces el artículo 1795 establece que deberán responder de los daños que causen, a menos que la responsabilidad recaiga en las personas que los tienen bajo su cuidado. De acuerdo a ello, los que ejerzan la patria potestad deberán responder por sus descendientes que estén bajo su poder y que habiten con ellos, como lo señala el artículo 1803. Los ascendientes no responderán de los daños cometidos por sus hijos menores de edad cuando se encuentren bajo la vigilancia y autoridad de otras personas, como directores de colegios o talleres, porque entonces éstos serán los responsables, en atención a lo que prescribe el artículo 1804.

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Por su parte el artículo 1805 expresa que las disposiciones que se refieren a los que ejercen la patria potestad, también serán aplicables a los tutores, con respecto a los incapacitados que están a su cuidado. Finalmente, respecto a los menores de edad, el artículo 1806 señala que los ascendientes y tutores no tendrán obligación de indemnizar, por los daños causados por los incapacitados, si demuestran que les fue imposible evitar los daños causados, aún con la vigilancia a que tenían sometido al incapaz. Los que tengan personas bajo sus órdenes, por situaciones de trabajo, aunque sean mayores de edad deberán responder por los daños que causen en el cumplimiento de sus labores. Los maestros artesanos responden por los daños realizados por sus operarios en las actividades que les hayan encomendado, de acuerdo a lo señalado por el artículo 1807. Los patrones y los dueños de negocios responderán por los daños realizados por sus obreros o dependientes; a menos que demuestren aquéllos, que en la comisión del ilícito no se les puede imputar ninguna culpa o negligencia, según expresa el artículo 1808. El artículo 1809 establece, que en los mismos términos serán responsables los jefes de casa o los dueños de hoteles, de los daños causados por sus sirvientes en el ejercicio de su encargo. El que sufra el daño puede reclamar directamente al responsable la indemnización correspondiente, en lugar de acudir a quienes los tienen bajo sus órdenes, dice el artículo 1810. Así mismo, debe

pagado, en atención a lo que establece el artículo 1811.

13.5.3. Hechos ilícitos realizados por no cuidar cosas que se poseen El artículo 1813 establece que el dueño de animales que causen daños deberán responder por los mismos, a menos que probaren que: los vigilaban con el cuidado necesario; que el animal fue provocado; que hubo imprudencia por quien sufrió el daño; o que el ilícito resulte de caso fortuito o fuerza mayor. Tampoco responderá el dueño del animal, cuando éste fuere provocado por un tercero, supuesto en el cual la responsabilidad será de éste, como lo expresa el artículo 1814. Los dueños de edificios serán responsables de los daños que se causen por el estado ruinoso de los mismos, si este sobreviene por falta de las reparaciones necesarias o por vicios en la construcción, como lo previene el artículo 1815. Así como por los daños que se produzcan por las cosas que se arrojen o cayeren de la casa que habiten, en los términos del artículo 1817. Entre otras cosas que pueden causar daños se pueden enumerar las que menciona el artículo 1816 que dice: "Igualmente responderán los

propietarios de los daños causados: I.��Por la explosión de máquinas, o por la inflamación de substancias explosivas; II.-Por el humo o gases que sean nocivos a las personas o a las propiedades; III.-Por la caída de sus árboles, cuando no sea ocasionada por fuerza mayor; IV.-Por las emanaciones de cloacas o depósitos de materias infectantes; V.-Por los depósitos de agua que humedezcan la pared del vecino o derramen sobre la propiedad de éste; VI.-Por el peso o movimiento de las máquinas, por las aglomeraciones de materias o animales nocivos a la salud o por cualquiera causa que sin derecho origine algún daño."

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Al hacerse excavaciones o construcciones se deben hacer las obras de consolidación necesarias para que los predios vecinos no sufran daño, porque de no obrar así, se responderá de los daños que se causen, como lo establece el artículo 837. 13.6. USO ABUSIVO DE UN DERECHO

Los derechos como su nombre lo indica son para que las personas que los tengan los ejerciten, porque de esa manera podrán disfrutarlos en el marco de un sistema jurídico establecido de acuerdo a principios constitucionales; pero al hacer valer un derecho, debe tenerse presente que éste debe cumplir una función social, que no rompa con los intereses supremos de una colectividad; por eso, en algunos casos se dan restricciones al ejercicio de algunos derechos. Con esa orientación y sin que exista una descripción casuística, se establece por el propio derecho que nadie podrá abusar en el ejercicio de un derecho; esto se presenta cuando alguien hace valer un derecho, para causar un daño y sin obtener ningún beneficio con ello; en este supuesto deberá cubrir los daños causados. En ese tenor se expresa el artículo 1796 al decir que: "Cuando al ejercitar un derecho se causa daño a otro, hay obligación de indemnizarlo si se demuestra que el derecho sólo se ejerció a fin de causar el daño, sin utilidad para el titular del derecho." Lo que ha causado más discusión es determinar el momento en que se hace uso abusivo de un derecho, ya que si se causa un daño en la extralimitación de un derecho, propiamente no es un uso abusivo de un derecho, sino que se está cometiendo un hecho ilícito. 163


13.7. RESPONSABILIDAD OBJETIVA POR RIESGO CREADO

La responsabilid responsabilidad ad surgida surgida de un hecho ilícito ilícito está está basada en la idea idea de la culpa, donde una persona, con intención o por negligencia, por sí misma, por personas que se encuentran a su cuidado o por cosas que posee, ha causado un daño en contravención a una ley o a las buenas costumbres. Aparte de esa responsabilidad existe e xiste otra que se denomina objetiva, porque no importa la posición del sujeto responsable en cuanto a la intención o la falta de cuidado, lo que interesa es que se causó un daño por un objeto peligroso en sí mismo y se debe de indemnizar; como sucede con la maquinaria, vehículos, cosas que conducen electricidad o cualquier circunstancia análoga, en la que, con el solo hecho de ser poseedor de alguna de esas cosas, los sujetos deben responder por los daños producidos. La responsabilidad objetiva tiene su auge y explicación con el desarrollo de la ciencia en la construcción de maquinaria, en que los operarios de las mismas, en las fábricas, se causaban daños, entonces se preguntaba quién debería pagarlos, si el operario operario no era negligente negligente ni el patrón patrón tenía culpa; para para evitar evitar mayores mayores conflictos se elaboró la teoría del riesgo creado, en la que según el artículo 1797 señala que: "Cuando una persona hace uso de mecanismos, instrumentos, aparatos aparatos o substancias peligroso peligrososs por sí mismos, por la velocidad velocidad que desarrollen, desarrollen, por su naturaleza explosiva o inflamable, por la energía de la corriente eléctrica que conduzcan o por otras causas análogas, está obligada a responder del daño que cause, aunque no obre ilícitamente, a no ser que demuestre que ese daño se produjo por culpa o negligencia inexcusable de la víctima."

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C AUSADO POR HECHO ILÍCITO 13.8. FORMA DE REPARAR EL DAÑO CAUSADO En apartado anterior se señaló que cuando se realice un hecho ilícito deberá de darse darse una indemnización indemnización que consiste consiste en restituir restituir las cosas al estado estado que tenían y de no ser posible ello en el pago de daños y perjuicios. Lo que comprende la indemnización lo menciona el artículo 1799 al estatuir que: "La reparación reparación del daño daño debe consistir consistir en el restablecimient restablecimiento o de la situación situación anterior a él, y cuando ello no sea posible, en el pago de daños da ños y perjuicios. Cuando el daño se cause a las personas y produzca la muerte, incapacidad total permanente, parcial permanente, total temporal o parcial temporal, el grado

de la reparación se determinará atendiendo atendiendo a lo dispuesto dispuesto por por la Ley Federal del Trabajo. Para calcular la indemnización que corresponde se tomará en cuenta el salario que perciba la víctima y se extenderá al número de días que para cada una de las incapacidades mencionadas señala la Ley Federal del Trabajo, en la inteligencia de que, para estos efectos la cantidad que se tome como base no podrá ser inferior al salario mínimo general vigente en el lugar en que se realice el daño, ni exceder del cuádruple de dicho salario. Si la víctima no percibe utilidad o salario o no pudiera determinarse éste, el pago se acordará tomando como base el salario mínimo. En caso de muerte, tienen derecho a la indemnización quienes hubieren dependido económicamente económicamente de la víctima o aquéllos de quienes quienes ésta dependía, dependía, y a falta de unos y otros los herederos de la propia víctima. Además de la indemnización por causa de muerte o incapacidad para el trabajo, si el daño se causa a la persona deben pagarse a ésta o a quien los 165


haya efectuado, los gastos médicos y de medicina realizados con motivo del daño. Deben pagarse también en su caso, a quien los haya erogado los gastos funerarios, los cuales deben estar en relación a las posibilidades que hubiere tenido la víctima. Los créditos por indemnización, cuando la víctima víctima fuere asalariado, asalariado, son intransferibles y se cubrirán preferentemente, en una sola exhibición, salvo convenio entre las partes. Las anteriores disposiciones se observarán en el caso del artículo 2529 de este Código." La anterior es la forma en que deberán cubrirse los daños causados por un hecho ilícito; indemnización que prescribe en dos años, si no se ejerce la acción correspondiente, contando desde el día en que se causó el daño, como lo previene el artículo 1818. 13.9. DAÑO MORAL

Ha sido ampliamente discutido el contenido de los derechos de la persona, acerca de cuáles son los bienes jurídicamente protegidos y que por lo tanto deben tener una serie de disposiciones que cumplan esa función. Al definirse el patrimonio hay quienes le dan un contenido eminentemente económico, al estatuir que los derechos y las obligaciones podrán ser convertidos en dinero; otros, sin embargo, son de la opinión que se deben incluir- derechos que que no tienen contenido contenido económico, económico, como serían los los derechos de la personalidad. 166


Independientemente Independientemente de cual sea la respuesta, en cuanto al contenido del patrimonio, es rescatable la opinión de queel derecho es un interés jurídicamente protegido, de ahí que no importa si su contenido es económico o no, sino que lo trascendente es que sea regulado por el derecho. Además que, aun sin profundizar, por encontrarse todavía en elaboración, se considera que existen derechos morales o de la intimidad, por lo cual puede existir el daño moral, cuando se atenta contra aquéllos. Los derechos morales son aquéllos que se refieren a la protección del cuerpo, al respeto a los sentimientos y al honor de la persona; los derechos morales se pueden enumerar como los "componentes del patrimonio moral, el afecto del titular del patrimonio patrimonio moral por otras personas, su estimación estimación por determinados bienes, el derecho al secreto de su vida privada, así como el honor, el decoro, el prestigio, la buena reputación y la cara e integridad física de la persona misma." 48 Acerca del daño moral el Código lo reconoce, como ejemplo están los esponsales, cuando uno de los pretendientes rompe con ellos y no quiere cumplir su promesa, deberá dar una indemnización, que fijará el juez, a título de reparación del daño moral causado. Pero más aun, como regla general el artículo 1800 dice:

11

Independientemente de los daños y perjuicios, el Juez

puede acordar en favor de la víctima de un hecho ilícito, o de su familia, si aquélla muere, una indemnización equitativa, a título de reparación moral que

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pagará el responsable del hecho. Esa indemnización no podrá exceder de la tercera parte de lo que importe la responsabilidad civil. Lo dispuesto en este artículo no se aplicará al Estado en el caso previsto en el artículo 1812."

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ESQUEMA DEL CAPITULO 13 HECHOS ILICITOS 8. CONC CONCEP EPTO TO DE DE HECH HECHOS OS ILI ILICI CITO TOS S 9. LA CULPA 10. RESPONSA RESPONSABILI BILIDAD DAD 11.. MO 11 MORA RA 1. COMETI COMETIDOS DOS POR POR SI MISM MISMO O 2. COMETI COMETIDOS DOS QUE

SE

POR POR

PERSO PERSONA NA

ENCUENTRAN

AL

CUIDADO DE OTRAS 12. PERSONAS PERSONAS RESPONSABLE RESPONSABLES S DE LOS HECHOS ILICITOS 3.- COMETI COMETIDOS DOS POR POR NO NO C CUID UIDAR AR COSAS QUE SE POSEEN

13. USO ABUSIV ABUSIVO O DE UN DERECHO DERECHO 14. RESPONSABILIDAD RESPONSABILIDAD OBJETIVA OBJETIVA POR RIESGO CREADO 15. REPARACION DEL DAÑO CAUSADO CAUSADO POR EL HECHO ILICITO 16. DAÑO DAÑO MORAL MORAL

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CAPÍTULO 14

INDEMNIZACIÓN 14.1. CONCEPTO DE INDEMNIZACIÓN. 14.2. MANERA DE CUBRIR LA INDEMNIZACIÓN. 14.3. CONVENIOS SOBRE LA RESPONSABILIDAD CIVIL. 14.4. TEORÍA DEL RIESGO Y DEL SINIESTRO. 14.5. CASOS DE IRRESPONSABILIDAD DETERMINADOS POR LA LEY. Como consecuencia consecuencia de la violación violación a un precepto jurídico, jurídico, ya sea general o individualizado, debe el sujeto activo realizar una conducta tendiente a subsanar el daño causado, ello se hará a través de una indemnización. Al realizarse un daño, con culpa o sin culpa, en este último caso como en la responsabilida responsabilidad d objetiva por riesgo creado, creado, surge la necesidad necesidad de repararlo repararlo y se debe hacer con la indemnización correspondiente. Esto es, cuando se comete un hecho ilícito, se causa un daño por un objeto peligroso en sí mismo, o se hace uso abusivo de un derecho debe de haber una acción restitutoria, para resarcir, de los efectos generados, a quien sufrió el daño.

14.1. CONCEPTO DE INDEMNIZACIÓN La indemnización en los términos del artículo 1799, consiste en la restitución restitución de la situación situación al estado que tenía tenía antes de realizarse realizarse el daño o bien en el pago de daños y perjuicios, cuando no sea posible la reparación. La conducta que se debe asumir al darse la indemnización puede consistir en dos tipos de actuaciones, una cuando es posible cumplir con la obligación aunque tardíament tardíamentee y otra, cuando cuando ya no es posible cumplir cumplir con la obligación obligación en un momento posterior. De ahí se obtienen dos tipos de indemnización: una 170


compensatoria y otra moratoria. La indemnización compensatoria, como su nombre lo indica, existe cuando ya no es posible cumplir la obligación en un momento posterior, entonces, se resuelve en el pago de los daños y perjuicios. El pago de esos daños y perjuicios compensan el incumplimiento de la obligación. Si a una persona que se dedica a la compraventa al menudeo de productos agrícolas, un día le causan daños a su vehículo, deberá cubrírsele una indemnización compensatoria, porque el incumplimiento de la obligación es definitivo, no hay forma de cumplirla en otro momento; por lo que se le deben pagar, como daños, la reparación del vehículo, y como perjuicio, la ganancia que deje de percibir durante el tiempo que dure la reparación. En la indemnización moratoria sí es posible el cumplimiento de la obligación en un momento posterior, porque se dio su incumplimiento pero puede física y jurídicamente darse el pago después; por lo cual deberá cumplirse la obligación que se debía, más una prestación accesoria por el cumplimiento tardío. Si una persona debía una cantidad de dinero y no la paga en la fecha indicada, deberá de cubrir una indemnización moratoria, donde se pagará la cantidad de dinero que se debía más una cantidad por el retardo o mora. Si se tiene una indemnización compensatoria, que se resuelve en el pago de daños y perjuicios, que significa una cantidad de dinero, y el deudor no cumple se puede generar una indemnización moratoria. Pero en cambio si hay una indemnización moratoria, que debe pagarse con una cantidad de dinero, no se puede producir una indemnización compensatoria, en todo caso si se vuelve a incumplir seguirá generándose una indemnización moratoria. En la indemnización compensatoria no se puede exigir el cumplimiento efectivo de la obligación, porque se supone que dicha obligación ya no puede ser cumplida en sus términos. 171


14.2. MANERA DE CUBRIR LA INDEMNIZACIÓN En cuanto a la manera de cubrir la indemnización debe atenderse al tipo de objeto de la obligación, ya sea de dar, hacer o no hacer, dependiendo de ello, será la forma en que deberá darse la reparación del daño.

14.2.1. Manera de cubrir la indemnización en obligaciones de dar En el supuesto de que se trate de obligaciones de dar una cosa, se supone que la misma se destruye o se pierde y por tanto se debe indemnizar. El artículo 1903 expresa que: "La pérdida de la cosa puede verificarse: I Pereciendo la cosa o .-

quedando fuera del comercio; II Desapareciendo de modo que no se tenga .-

noticias de ella o que aunque se tenga alguna, la cosa no se puede recobrar." Entonces si la cosa se pierde por culpa del deudor, éste deberá de indemnizar al acreedor en los términos del artículo 1 899, fracción I expresa que: "En los casos ,

en que la obligación de dar cosa cierta importe la translación de la propiedad de esa cosa, y se pierde o deteriora en poder del deudor, se observarán las reglas siguientes: I Si la pérdida fue por culpa del deudor, éste responderá al acreedor por el valor de la cosa y por los daños y perjuicios; ... " Por su parte el artículo 1994, atendiendo a la disposición anterior y siguiendo ese razonamiento estatuye que: "Si la cosa se ha perdido o ha sufrido un detrimento tan grave que, a juicio de peritos, no pueda emplearse en el uso a que naturalmente está destinada, el dueño debe ser indemnizado de todo el valor legítimo de ella. " Aquí se engloban dos hipótesis que tienen íntima conexión, por un lado que la cosa desaparezca y por otro, que aunque no haya perecido se le hayan causado daños de tal manera que ya no pueda utilizarse para lo que fue creada, entonces debe darse una indemnización total. Esta reparación debe 172


obedecer al valor que la cosa tenga en el mercado, no pudiendo establecer en el mismo alguna consideración de tipo estimativa o de afección, a no ser que el causante del daño lo hizo con el propósito de atacar los sentimientos del acreedor, como lo previene el artículo 1998. En las obligaciones de dar. una cantidad de dinero, la indemnización se resuelve pagando esa cantidad y agregando algo más por los daños y perjuicios causados por el incumplimiento, estableciendo el segundo párrafo del artículo 1999 que estos últimos no podrán exceder del interés legal, que es del nueve por ciento anual según el artículo 2277, a menos que exista convenio en contrario.

14.2.2. Manera de cubrir la indemnización en obligaciones de hacer En las obligaciones de hacer, cuando el deudor no quiere cumplir con su obligación, siguiendo lo previsto por el artículo 1909, deben atenderse las hipótesis siguientes: primero, si la conducta de hacer puede ser ejecutada por otra persona, deberá pedirse que lo haga un tercero a costa del deudor, circunstancia que también debe prevalecer cuando no se cumple con la obligación en la forma debida; en segundo lugar, si no hay alguien que pueda realizar la conducta de hacer, por el deudor que incumple, porque el contrato se celebró en base a consideraciones personales del mismo, entonces, se deberán de pagar íos daños y perjuicios causados.

14.2.3. Manera de cubrir la indemnización en obligaciones de no hacer En las obligaciones de no hacer, si el deudor no cumple, deberá indemnizar, porque la sola contravención traerá consigo Ja necesidad de reparar los daños y perjuicios causados; además si se realizó alguna obra podrá ser destruida a costa del deudor; como establece el artículo 1910. 173


14.3. CONVENIOS SOBRE LA RESPONSABILIDAD CIVIL La responsabilidad civil que trae aparejada la necesidad de indemnizar, será regulada de acuerdo a las reglas que ya se han establecido, a veces con la intervención de los tribunales, porque el deudor no quiere cumplir voluntariamente, lo que ocasiona gastos y tiempo tanto para el deudor como para el acreedor. Para evitar ello y como una forma de prevenir conflictos y prefijar el monto de la indemnización, se autoriza que las partes puedan determinar previamente la forma en que deberá cubrirse la indemnización, en el supuesto de incumplimiento, estas situaciones son previstas en el primer párrafo del artículo 1999. De lo expuesto resulta que se puede establecer desde el inicio de una relación jurídica, por ejemplo al celebrar un contrato de arrendamiento, el monto que deberá de pagarse en la hipótesis de que no se cumpla lo estipulado. De aquí se obtiene la cláusula penal, que pueden tener algunos contratos y con la cual se determina el monto de la indemnización para un posible caso de incumplimiento, cláusula que tiene su fundamento en el artículo 1725. También en el contrato se puede establecer una cláusula de no responsabilidad en la cual las partes establezcan que en caso de incumplimiento no habrá lugar a ningún tipo de indemnización, de acuerdo a lo establecido en el artículo 1999.

14.4. TEORÍA DEL RIESGO Y DEL SINIESTRO En teoría del derecho se establece que es característica de la norma jurídica su posibilidad de ser violada; a diferencia d~ las leyes naturales en las que irremediablemente se cumplen sus postulados, porque si éstos dejaran de darse,

cuando menos en una ocasión, perderían su calidad de leyes naturales.

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Esto no quiere decir que el fin de la norma es que se incumpla, al contrario, el derecho es el mínimo ético que deben acatar las personas para tener una convivencia pacífica; lo que sucede es que el derecho se encuentra en el mundo del deber ser y no en el ser, por lo cual, la norma jurídica aspira a que las personas cumplan sus ordenamientos. Pero, como sucede cotidianamente existen violaciones al marco normativo, lo que obliga a determinar la necesidad de que se dé una indemnización. Por lo tanto, en todo momento existe la posibilidad contingente de que se realice un hecho que venga a contravenir lo establecido en una norma de derecho, lo que significa el riesgo que tiene una persona, que tiene un derecho, de que le sea conculcado; la expectativa de la violación a una norma siempre está presente. Cuando se produce la infracción a lo establecido en una disposición jurídica, se dice que ya se ejecutó un siniestro, porque éste implica que se dio la realización de un hecho que violó una norma de derecho. Ante lo cual, surge la obligación de indemnizar, a menos que exista algún eximente de responsabilidad que pueda aducir el causante del daño.

14.5. CASOS DE IRRESPONSABILIDAD DETERMINADOS POR LA LEY La realización de un hecho ilícito o la responsabilidad objetiva por riesgo creado producen la necesidad de indemnizar, lo que se debe traducir en la restitución de las cosas al-estado que tenían antes de la comisión del daño y sólo cuando ello no fuere posible, en el pago del daño y el perjuicio. Pero hay situaciones en que por determinación de la ley no se debe de indemnizar por los daños causados.

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14.5.1. El caso fortuito o fuerza mayor Existen acontecimientos graves producidos por la naturaleza o por el hombre, que no permiten el cumplimiento de lo establecido en una norma jurídica aun en contra de la voluntad del deudor, que quiere cumplir pero es física o jurídicamente imposible

hacerla, son los que provocan que no haya

responsabilidad del autor del hecho ilícito y por lo tanto no deberá indemnizarse, son lo que reciben los nombres de caso fortuito o fuerza mayor. Ha sido ampliamente discutido si el caso fortuito o la fuerza mayor son conceptos sinónimos o bien tienen características propias, aunque el Código, artículo 1899 fracción V, no hace diferenciación y los toma como que significan lo mismo. Sin embargo se pueden definir de diferente manera, dependiendo que sean acontecimientos de la naturaleza que es el caso fortuito, o acontecimientos del hombre que constituyen a la fuerza mayor. Estos conceptos se pueden definir de la siguiente manera: "Se discute en la doctrina cuál es el concepto de caso fortuito y de fuerza mayor. Por el primero entendemos el acontecimiento natural inevitable, previsible o imprevisible, que impide en forma absoluta el cumplimiento de la obligación. Se trata, por consiguiente, de hechos naturales inevitables que pueden ser previstos o no por el deudor, pero a pesar de que los haya previsto, no los pueda evitar, y que impiden en forma absoluta el cumplimiento de la deuda, es decir, constituyen una imposibilidad física insuperable. En cuanto a la fuerza mayor, entendemos el hecho del hombre, previsible o imprevisible, pero inevitable, que impide también en forma absoluta el cumplimiento de la obligación. La guerra, la huelga en ciertos casos

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cuando es imputable al patrón constituyen casos de fuerza mayor.

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De las definiciones dadas se pueden deducir los siguientes elementos: son acontecimientos imprevisibles o previsibles pero inevitables, que impiden el cumplimiento absoluto de una obligación. Lo imprevisible significa que la persona no puede determinar que próximamente ocurrirá el acontecimiento, un terremoto por ejemplo; a veces puede ser previsible pero inevitable, como podría ser una guerra, ’la cual se puede prever pero es inevitable; y, finalmente, que impida en forma absoluta el cumplimiento de la obligación, porque si la prestación puede ser ejecutada, aun en condiciones sumamente onerosas, deberá cumplir el deudor, bajo las condiciones que indique la ley. La presencia del caso fortuito o fuerza mayor tiene como consecuencia que el sujeto obligado no debe indemnizar en los términos del artículo 1993 f

que dice: "Nadie está obligado al caso fortuito sino cuando ha dado causa o contribuido a él, cuando ha aceptado expresamente esa responsabilidad, o cuando la ley la impone. " Habrá ocasiones en que aun cuando se presente el caso fortuito o fuerza mayor deberá cubrirse la indemnización, en los supuestos indicados en la disposición citada, esto es cuando el que sufrió el daño colaboró para que se produjera, por ejemplo en una inundación puede tomar medidas para salvar algún bien que debe pagar y no lo hace; también en la hipótesis de que en el contrato respectivo se haya establecido que el deudor habrá de responder aun

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Rafael Rojina Villegas, Compendio de Derecho Civil, Teoría General ... , Op. Cit., p. 378

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cuando se presente el caso fortuito o la fuerza mayor; y cuando la ley expresamente lo determine, como en el caso del artículo 2387 en que el comodatario al suceder un caso fortuito pudiendo salvar la cosa en deuda rescata una propia, deberá responder de la pérdida sufrida.

El siniestro por caso fortuito debe dar lugar a determinar una responsabilidad y por tanto a la necesidad de indemnizar o bien que el acreedor asuma la pérdida. El principio general tiene que ser que el que sufre el daño asume las pérdidas que se provoquen. Las cosas genéricas no perecen, de tal manera que si en un contrato no se determinó específicamente la cosa objeto del contrato y sólo se señaló su género, y sucede el caso fortuito o fuerza mayor, el adquirente no sufre la pérdida porque

los géneros no perecen. Pero cuando se determinan las cosas objeto de un contrato y se trata de la trasmisión del dominio de las mismas, entonces el dueño sufre la pérdida, como lo establece la fracción V del artículo 1899, que dice: "V.-Si la cosa se pierde por caso fortuito o fuerza mayor, la obligación queda sin efecto y el dueño sufre la pérdida, a menos que otra cosa se haya convenido." En las obligaciones en que el objeto es sólo transmitir el uso de una cosa, y ésta desaparece, la perderá el acreedor, como lo señala el artículo 1906 al decir: "En los contratos en que la prestación de la cosa no importe la traslación de la propiedad, el riesgo será siempre de cuenta del acreedor, a menos que intervenga culpa o negligencia de la otra parte. " Partiendo del principio de que nadie está obligado a responder por el caso fortuito, en las obligaciones de hacer, cada una de las partes asumirá los gastos 178


efectuados y el que pueda cumplir queda eximido de hacerla, porque ello implicaría pérdidas mayores para él. En las obligaciones de no hacer, en que el deudor hace por efectos del caso fortuito o fuerza mayor, éste no tendrá ninguna responsabilidad y el acreedor deberá asumir las pérdidas.

14.5.2. Irresponsabilidad por negligencia de la víctima del hecho ilícito En atención a lo que prescribe el artículo 1794, siempre que una persona realice un hecho ilícito y se cause un daño deberá de indemnizar a la víctima; pero ahí mismo se establece que, si el que sufrió el daño actúo con culpa o negligencia para que se le afectaran: sus derechos, éste deberá asumir las pérdidas.

14.5.3. Irresponsabilidad por negligencia de la víctima en los daños causados por un objeto peligroso en sí mismo Igualmente en el caso de personas que hacen uso de mecanismos, instrumentos, aparatos o substancias peligrosas por sí mismas por la velocidad que desarrollen, la energía eléctrica que conduzcan o cualquier circunstancia análoga y se cause un daño deberá de indemnizar; a menos que demuestre que ese daño se produjo por culpa o negligencia inexcusable de la víctima, situación en la cual no deberá de indemnizar, como lo determina el artículo 1797.

14.5.4. Irresponsabilidad por haberse presentado la prescripción La prescripción es una institución del derecho que tiene como propósito evitar que los derechos y las obligaciones se prolonguen en el tiempo, cuando las personas no tienen interés en mantenerlos o bien para evitar inmovilismos que 179


frenarían el libre juego de las consecuencias jurídicas. Por prescripción se entiende una forma de adquirir derechos o liberarse de obligaciones por el paso de cierto tiempo y con las condiciones especificadas por la ley, como lo manifiesta el artículo 1133. Por tanto, si una obligación no es cumplida en determinado tiempo, que la ley establece, ya no podrá ser exigible por medio de la coerción. Para el ejercicio de la acción por los daños causados por hechos ilícitos, el tiempo que deberá efectuarse será dentro de dos años a partir del día en que se causaron los daños, de no hacerla así, y dejar que transcurran los dos años, el deudor se libera de su obligación de indemnizar, así lo establece el artículo 1818.

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ESQUEMA DEL CAPITILUO 14 INDEMNIZACION 1. Obligaciones de dar 2. Obligaciones de hacer 1.-MANERA DE CUBRIR LA INDEMNIZACION 3. Obligaciones de no hacer

1. Clausula penal 2.- CONVENIOS SOBRE LA RESPONSABILIDAD 2. Convenio de no responsabilidad

1. Caso fortuito o fuerza mayor 3.- TEORIA DEL RIESGO DEL SINIESTRO 2. Por negligencia de la víctima del hecho ilícito

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1. Por negligencia de la víctima en los daños causados por objeto peligroso por objeto 4.-CASOS DE IRRESPONSABILIDAD DETERMINADOS POR LA LEY 2.

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Por prescripción


CAPÍTULO 15 DERECHOS QUE PUEDE EJERCITAR LA VÍCTIMA DE UN HECHO ILÍCITO 15.1. EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. 15.2. RESCISIÓN DEL CONTRATO. 15.3. SANEAMIENTO POR EVICCIÓN O VICIOS OCULTOS15.4.EXCEPCIÓN DE CONTRATO NO CUMPLIDO. 15.5. EXIGIR LA EJECUCIÓN ORZADA DE LA PRESTACIÓN. 15.6. ACCIÓN OBLICUA. 15.7 ACCIÓN PAULIANA. 15.8. ACCIÓN CONTRA LA SIMULACIÓN . La comisión de un hecho ilícito trae como consecuencia, en favor de quien sufrió el daño, el derecho de recibir una indemnización por parte del sujeto activo del ilícito; lo cual se traduce en la restitución de las cosas al estado que tenían hasta antes de la realización del daño los daños y perjuicios.

y

cuando ello no sea posible en el pago de

Podría establecerse que el derecho fundamental que tiene la víctima de un hecho ilícito es la indemnización. Pero hacer valer ese derecho, a veces, presenta situaciones que deben ser atendidas para evitar se vuelva nugatorio; de tal manera que para recibir la indemnización, se pueden ejercitar una serie de derechos y acciones que posibiliten obtener justa reparación por el daño causado. Estos derechos, cuando se comete un hecho ilícito por violar un contrato, son los siguientes: exigir el cumplimiento del contrato; declarar la rescisión; exigir el saneamiento por evicción o vicios ocultos; oponer la excepción de contrato no cumplido; exigir la ejecución forzada de la prestación, a través de la entrega de la

cosa o del embargo; la acción oblicua; la acción pauliana; y, la acción contra la 183


simulación.

50

15.1. EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Cuando se realiza un hecho ilícito por violación a un contrato puede exigirse su cumplimiento forzoso, con la intervención de los tribunales, pidiendo la entrega de la cosa en las obligaciones de dar, solicitando la realización del hecho en las obligaciones de hacer; y en el supuesto de las obligaciones de no hacer, el cumplimiento forzoso no procede, ya que su sola contravención implica incumplimiento total. En las obligaciones de dar, se puede exigir la entrega de la cosa en forma forzada, pidiendo su secuestro al tribunal, para de esa forma tener acceso a ella, en el supuesto de que todavía se encuentre en poder del deudor; porque si se destruyó o desapareció, se deberán cubrir los daños y perjuicios ocasionados por la no entrega de la cosa objeto del contrato. En las obligaciones de hacer, se exigirá al deudor que realice la conducta, pero si no quiere hacerlo o no lo hace en la forma convenida, entonces se podrá pedir a un tercero que lo haga, a costa del deudor, cuando ello sea posible, porque cuando sea un hecho personalísimo, se resolverá en el pago de los daños y perjuicios, como lo expresa el artículo 1909.

50

Ernesto Gutiérrez y González, Op. Cit., 635 ss.

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En las obligaciones de no hacer, si el deudor debe abstenerse y hace, ya no es posible el cumplimiento de la obligación, por lo que deberá pagar daños y perjuicios, y si se hizo alguna obra se podrá pedir su demolición a costa del deudor, según prescribe el artículo 1910. 15.2. RESCISIÓN DEL CONTRATO

Al nacer un contrato surgen obligaciones, lo cual significa que dicho acto jurídico reunió los elementos de existencia y de validez, surtiéndose así, las consecuencias jurídicas en forma plena; pero puede suceder que éstas se den por terminadas antes de la llegada de los plazos y condiciones establecidas, por circunstancias diversas que la propia ley determina. En este caso se dice que se presenta la resolución del contrato. La resolución es una manera de terminar los efectos jurídicos del contrato, es un género del cual se van a desprender otros conceptos y se puede definir como “un acto jurídico por el cual: 1°.-Se priva de sus efectos, total o parcialmente para el futuro, a un acto jurídico anterior, plenamente válido, y 2°.Los efectos pasados de éste, siendo lícitos, pueden o no quedar subsistentes, según la naturaleza del acto, o la voluntad de las partes. ” 51Es un acto jurídico porque a través de la voluntad de una o más personas se decide dar por terminado un acto jurídico anterior que es válido, con el acto jurídico se priva de los efectos en forma total o parcial, dejando subsistentes otras consecuencias según sea el caso; esto opera hacia el futuro, pudiendo hacerla o no con respecto a los efectos jurídicos anteriores. De la resolución se derivan dos especies la revocación y la rescisión.

51

Ernesto Gutiérrez y González, Op. Cit., p. 642 185


La revocación “es un acto jurídico unilateral o bilateral, por medio del cual se pone fin a otro acto jurídico anterior, unilateral o bilateral, plenamente válido, por razones de conveniencia y oportunidad catalogadas subjetivamente por una sola parte, o bien apreciadas en forma objetiva por ambas, según sea el caso.”

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En

ocasiones es un acto jurídico unilateral el que termina con un acto jurídico también unilateral, por ejemplo, en el testamento, el cual por definición es unilateral y revocable por naturaleza, de ahí que si el testador quiere revocarlo puede hacerla a su arbitrio. También la donación en ciertos supuestos es revocable, por ejemplo cuando sobrevienen hijos, como lo regula el artículo 2241, por lo que invocando esa disposición se revoca de manera unilateral un acto jurídico bilateral. En lo que se refiere a la revocación con un acto jurídico bilateral, a otro que sea bilateral, puede darse en cualquier contrato, cuando las partes lo celebran y posteriormente, también de común acuerdo lo dan por terminado. El derecho que se analiza en este apartado es el que se refiere a la rescisión, la cual es una especie de resolución, por medio de la cual una de las partes en un contrato, en forma unilateral, lo da por terminado, en virtud de que el otro contratante no ha cumplido con sus obligaciones. La rescisión es denominada también pacto comisario y opera en todos los contratos bilaterales, tal como lo previene el artículo 1831, al decir que: "La facultad de resolver las obligaciones se entiende implícita en las recíprocas, para el caso de que uno de los obligados no cumpliere lo que le incumbe. El perjudicado podrá escoger entre exigir el cumplimiento o la resolución de la obligación, con el resarcimiento de daños y

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Idem, p. 644

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perjuicios en ambos casos. También podrá pedir la resolución aun después de haber optado por el cumplimiento, cuando éste resultare imposible." De acuerdo con la disposición transcrita, se debe colegir que la rescisión opera de pleno derecho y sin necesidad de establecer una cláusula especial en los contratos. Lo que si debe quedar claro, atentos a que nadie puede hacerse justicia por sí mismo, es que para hacer valer la rescisión, cuando ello se requiera, se tendrá que acudir a los tribunales.

15.3. SANEAMIENTO POR EVICCIÓN O VICIOS OCULTOS En el saneamiento, como su nombre lo indica, se trata de restituir una situación al estado en que se encontraba, antes de que se diera la evicción o la existencia de un vicio oculto en una cosa que se adquirió; es una especie de indemnización, con algunas particularidades y, precisamente, para las hipótesis I

mencionadas.

15.3.1. Saneamiento por evicción La evicción implica que una persona que adquirió un bien se ve privado de él, por otra persona que tiene un derecho mejor, en atención a lo que prescribe el artículo 2001 que dice: "Habrá evicción cuando el que adquirió alguna cosa fuere privado del todo o parte de ella por sentencia que cause ejecutoria, en razón de algún derecho anterior a la adquisición. " De la definición se derivan los elementos de la evicción, que son: que se haya adquirido alguna cosa en propiedad; que se le haya privado del todo o parte de ella, de lo que puede resultar una evicción total o parcial; que esa privación haya sido el resultado de una sentencia que cause ejecutoria; y que el derecho que se haya hecho valer sea anterior a la adquisición. 187


En todos los supuestos en que se enajena se entiende que se responde por la evicción; situación que puede ser regulada por las partes, de acuerdo a la fijación de la responsabilidad por convenio, ya sea que se determine la prestación a entregar si se presenta la evicción, o bien, se establezca que se renuncia al saneamiento si hubiere evicción, siempre que no haya mala fe del enajenante. En cuanto el adquirente sea emplazado, debe denunciar el pleito de evicción al que le enajenó, para que se presente y alegue lo que a derecho le convenga, porque si no procede así, y se declara la evicción no tendrá derecho al saneamiento; Además de que, si el que enajenó no se presenta en juicio o no procede conforme a derecho, tendrá la obligación del saneamiento como si hubiere actuado de mala fe. Procediendo la evicción deberá darse el saneamiento correspondiente, que “es el derecho que tiene la víctima que sufre la evicción, para que quien le trasmitió la tenencia de la cosa, diciendo que le transmite el dominio, y se encuentra legalmente privado de ella, le restituya la prestación que a su vez recibió y sus accesorios.” 53 Para efectos de determinar en que consiste el saneamiento que procede, es necesario precisar si hubo mala fe o buena fe por parte del enajenante, porque dependiendo de ello se establecerán más obligaciones cuando se actúa de mala fe que cuando se hace de buena fe. Para el caso de evicción, se 53


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considera que hay buena fe, cuando el enajenante no está enterado que la cosa no era suya y la mala fe, cuando a sabiendas que está trasmitiendo el dominio de algo que no le pertenece, lo hace. En lo que se refiere a la buena fe, el artículo 2008 prescribe: "Si el que enajenó hubiere procedido de buena fe, estará obligado a entregar al que sufrió la evicción: l.-El precio íntegro que recibió por la cosa; II.-Los gastos causados en el contrato, si fueren satisfechos por el adquirente; III.-Los causados en el pleito de evicción y en el de saneamiento; IV.-EI valor de las mejoras útiles y necesarias, siempre que en la sentencia no se determine que el vendedor satisfaga su importe." De lo que resultan tres obligaciones para el enajenante, devolver el precio de la cosa, pagar los gastos que haya efectuado el adquirente por el contrato y los que haya causado el pleito de evicción y el de saneamiento, y el valor delas mejoras útiles. A estas obligaciones deben agregarse otras cuando el enajenante actúo con mala fe de acuerdo al artículo 2009, como son que el adquirente podrá elegir entre el precio que la cosa tenía cuando se adquirió y el que tenga al tiempo de la evicción, deberá pagar los gastos de las mejoras voluntarias y de mero placer que haya hecho el adquirente y, pagar daños y perjuicios. Se debe destacar que si tanto el enajenante como el adquirente actuaron con mala fe no habrá lugar a indemnización. Si al momento de ser emplazado el enajenante reconoce que no tiene medios de defensa y consigna el precio quedará libre de cualquier otra responsabilidad, según lo dispuesto en el artículo 2014.

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En cuanto a los frutos el artículo 2012 expresa que: "Si el adquirente fuere condenado a restituir los frutos de la cosa, podrá exigir del que enajenó la indemnización de ellos o el interés legal del precio que haya dado." En caso contrario, quedarán compensados los intereses del precio con los frutos recibidos. En los supuestos de evicción parcial, cuando el adquirente sea privado de una parte de la cosa, o que habiendo adquirido dos o más cosas en el mismo acto sea privado de una, deberán aplicarse las reglas mencionadas a la parte que sufrió evicción, a menos que el adquirente prefiera promover la rescisión, hipótesis en la cual deberá devolver la cosa libre de los gravámenes que le haya impuesto, como lo estatuyen los artículos 2016, 2017 y 2018. Existen ocasiones en que aun presentándose la evicción el enajenante no responde por la misma, ello en los siguientes supuestos que menciona el artículo 2022: cuando así se hubiere convenido; en el caso de haberse renunciado al saneamiento; si conociendo el que adquiere el derecho del que entabla la evicción lo hubiere ocultado dolosamente al que enajena; si la evicción procede de una causa posterior al acto de enajenación, no imputable al que enajena, o de hecho del que adquiere, ya sea anterior o posterior al mismo acto; si el adquirente no denuncia el pleito de evicción al que le enajenó; si el adquirente y el que reclama transigen o comprometen el negocio en árbitros sin consentimiento del que enajenó; si el adquirente tiene la culpa de que la evicción haya tenido lugar. El que adquiera una cosa en remate judicial sólo tiene derecho a pedir al enajenante el precio entregado como valor de la misma, como lo establece el artículo 2023. 190


15.3.2. Saneamiento por vicios ocultos También habrá lugar al saneamiento cuando se presenten vicios ocultos o redhibitorios, que son aquellas circunstancias que se presentan en forma oculta y desconocida para el adquirente, por lo que hacen que una cosa no sirva para los fines que fue creada o adquirida. De acuerdo con la definición debe tratarse de algo oculto que no se pueda percibir a simple vista, atentos al artículo 2025, donde el enajenante no responde si los defectos están a la vista o el adquirente es un perito que fácilmente debe conocerlos; que el adquirente lo desconozca, porque de acuerdo al artículo 2024, es requisito su desconocimiento, porque de haberlo conocido no se hubiere hecho la adquisición o habría dado menos precio por la cosa; el vicio debe ser nocivo a la utilidad de la cosa; que el vicio haya sido antes de la adquisición, al respecto el artículo 2041 precisa que: "Incumbe al adquirente probar que el vicio existía al tiempo de la adquisición, y no probándolo se juzga que el vicio sobrevino después." El saneamiento por vicios ocultos consiste en que el adquirente puede promover la rescisión y el pago de los gastos efectuados o una disminución en el precio de la cosa, acción quanti minoris, de acuerdo al artículo 2026; y cuando existe mala fe deberá, además, demandar el pago de daños y perjuicios si prefiere la rescisión. Cuando se elige cualquier forma del saneamiento ya sea la rescisión o la indemnización, no puede el adquirente cambiar de opinión sin el consentimiento del enajenante, como lo estatuye el artículo 2028. Las partes pueden al momento de darse la enajenación determinar el monto de la indemnización o señalar que no habrá lugar a ella, según lo manifiesta el artículo 2040. 191


Si el enajenante conoce los vicios y la cosa perece o cambia su naturaleza como consecuencia de los mismos, él sufrirá la pérdida y deberá restituir el precio y los gastos del contrato, así como los daños y perjuicios; si no conocía los vicios devolverá el precio y los gastos del contrato, pero no pagará daños y perjuicios. Las acciones que surgen a virtud del saneamiento por vicios ocultos prescriben a los seis meses, contados desde la fecha en que se entregó la cosa enajenada, según previene el artículo 2031 . En la enajenación de dos o más animales juntos o de dos o más cosas, si uno de ellos sufre algún vicio, sólo se responderá por el saneamiento de éste; a menos que el adquirente no hubiere adquirido el sano sin adquirir el que tiene el vicio, o que la enajenación fuese de un rebaño y el vicio sea contagioso, o bien se haya adquirido en yunta o pareja, como lo previenen los artículos 2032, 2033 y 2034. Si el animal muere dentro de los tres días siguientes a su adquisición es responsable el enajenante si por peritos se prueba que la enfermedad existía antes de la enajenación, de acuerdo a lo manifestado por el artículo 2035. La acción redhibitoria por vicios ocultos en animales dura veinte días contados desde la fecha del contrato, en los términos del artículo 2037. La determinación de que una cosa tiene vicios ocultos que eran anteriores a la adquisición, y del hecho de que por ellos la cosa no sirve para lo que fue creada o adquirida deberá hacerse por peritos, como lo ordenan los artículos 2038 y 2039. Si la cosa con vicios ocultos se pierde por caso fortuito o fuerza mayor o por culpa del adquirente, éste puede pedir la reducción del precio a través de la 192


acción quanti minoris, como lo señala el artículo 2042. El adquirente, cuando reciba una cosa con vicios ocultos y que por ello sea de fácil descomposición, tiene la obligación de avisar inmediatamente al enajenante, porque de no hacerlo así, será responsable de los daños y perjuicios que se causen, como lo manifiesta el artículo 2043. Los que adquieran por remate o adjudicación judicial una cosa con vicios ocultos no tendrán derecho al saneamiento, según lo dispuesto por el artículo 2044.

15.4. EXCEPCIÓN DE CONTRATO NO CUMPLIDO En los contratos bilaterales, en que las partes tienen obligaciones recíprocas que deben cumplir, es donde se puede hacer valer la excepción de contrato no cumplido, también llamada exceptio non adimpleti. La cual consiste en el derecho que tiene uno de los contratantes de no cumplir su obligación hasta en tanto la otra parte no cumpla con la propia. Esto es, se entiende que una obligación debe ser cumplida por una de las partes, sin embargo no lo hace en el tiempo y condiciones señaladas; entonces la otra parte, en un momento posterior, debe cumplir su obligación, pero en virtud de que su contraparte no ha cumplido, opone la excepción de contrato no cumplido. La acción tiene como efecto que una parte no cumpla hasta en tanto la otra no cumpla a su vez con su obligación; existe interés de que el contrato y sus obligaciones subsistan, por lo cual, sólo se deja de cumplir momentáneamente, como una forma de presión para que el otro contratante 193


realice lo que está obligado.

15.4.1. Derecho de retención El derecho de retención es la facultad que tiene el acreedor de conservar en su poder una cosa propiedad del deudor, hasta en tanto éste no cumpla con su obligación. Es una especie de la excepción de contrato no cumplido aplicado a las obligaciones cuyo objeto es dar una cosa. Se presenta en algunos contratos, por lo que su aplicación es restringida a los supuestos en que el Código lo autorice, tales como los que se mencionan a continuación. En la permuta, uno de los permutantes es facultado a no entregar la cosa objeto del contrato, porque el artículo 2210 estipula que: "Si uno de los contratantes ha recibido la cosa que se le da en permuta, y acredita que no era propia del que la dio, no puede ser obligado a entregar la que el ofreció en cambio, y cumple con devolver la que recibió. " En el contrato de arrendamiento, el arrendador puede ejercitar su derecho de retención con respecto a algún saldo en favor del arrendatario, de acuerdo al artículo 2304 que estatuye: "Si al terminar el arrendamiento hubiere algún saldo a favor del arrendatario, el arrendador deberá devolverlo inmediatamente, a no ser que tenga algún derecho que ejercitar contra aquél; en este caso depositará judicialmente el saldo referido." En el contrato de depósito, el depositario puede pedir a un tribunal la retención de la cosa, como lo previene el artículo 241 5 al estatuir: "El depositario no puede retener la cosa, aun cuando al pedírsela no haya recibido 194


el importe de las expensas a que se refiere el artículo anterior; pero si podrá en este caso, si el pago no se le asegura, pedir judicialmente la retención del depósito." En el contrato de obra existe el derecho de retención, porque según el artículo 2526 se establece que: "El constructor de cualquiera obra mueble tiene derecho de retenerla mientras no se le pague, y su crédito será cubierto preferentemente con el precio de dicha obra." También en el contrato de hospedaje se da el derecho de retención al disponer el artículo 2551 que: "Los equipajes de los pasajeros responden preferentemente del importe del hospedaje; a ese efecto, los dueños de los establecimientos donde se hospeden podrán retenerlos en prenda hasta que obtengan el pago de lo adeudado." 15.5. EXIGIR LA EJECUCIÓN FORZADA DE LA PRESTACIÓN

En las obligaciones cuyo objeto es una conducta de dar y el deudor no cumple con su obligación, es claro que el acreedor debe acudir a los tribunales a exigir que se cumpla con la obligación. Por lo que, si se trata de obligaciones de dar, donde lo debido es una cosa y después de seguido el procedimiento respectivo, en la sentencia el juez va a señalar que el deudor entregue la cosa, requiriéndolo por el cumplimiento y

SI

no

quiere hacerlo en forma voluntaria, podrá utilizar los medios suficientes para que la cosa sea recibida por el acreedor. En este supuesto, habrá derecho al pago de los daños y perjuicios; además, se pagarán éstos cuando el cumplimiento de la obligación ya no sea posible En las obligaciones de dar una cosa, ya se estableció que si todavía 195


existe, el juez decretará el secuestro de la misma y la entrega correspondiente. Pero cuando se trate de obligaciones de dar una suma de dinero y el deudor no ha cumplido el juez decretará el embargo de los bienes suficientes para garantizar el cumplimiento de la obligación, para que cuando sea el momento procesal oportuno se rematen los bienes y de ahí se cubra la deuda. La regla es que el deudor responde con todos sus bienes en el cumplimiento de sus obligaciones, como establece el artículo 2845 que dice: "El deudor responde del cumplimiento de sus obligaciones con todos sus bienes, con excepción de aquéllos que, conforme a la ley, son inalienables o no embargables." En las obligaciones de hacer, después de compeler al deudor para que haga y no quiere hacerlo, puede suceder que haya un tercero que realice la conducta, en cuyo caso pagará el deudor. Pero si no hay quien pueda ejecutar esa prestación se deberán de pagar daños y perjuicios, caso en el cual, si el deudor no quiere pagarlos voluntariamente, se le embargarán bienes suficientes para cubrir la deuda. En las obligaciones de no hacer, cuando el deudor hace, y con esa conducta se realizó alguna obra deberá ser destruida a costa del deudor; si no quiere pagar, ni tampoco los daños y perjuicios causados, se le embargarán bienes suficientes para el pago correspondiente. En los supuestos de que un deudor trate de ejecutar acciones tendientes a cometer fraude en perjuicio de sus acreedores, a través de declararse en un estado patrimonial que no permita el cumplimiento de sus obligaciones, el acreedor tendrá derecho a las siguientes acciones: oblicua, pauliana y contra la simulación. 196


La acción oblicua es el derecho que tiene el acreedor para hacer valer los derechos de su deudor en contra de los que su vez son deudores de éste. El deudor no quiere hacer valer los derechos que tiene contra los que son sus deudores, porque de esa manera ingresan bienes a su patrimonio y su acreedor podría cobrarle, situación que aquél no desea. Por medio de la acción oblicua se hace que ingresen bienes al patrimonio del deudor y de esa manera el acreedor está en posibilidades de cobrar la deuda. La acción oblicua se encuentra regulada en el artículo 29 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa, que manifiesta: "Ninguna acción puede ejercitarse sino por aquél a quien compete, o por su representante legítimo. No obstante eso, el acreedor puede ejercitar las acciones que competen a su deudor cuando conste el crédito de aquél en título ejecutivo; y excitado éste para deducirlas, descuide o rehúse hacerlo. El tercero demandado puede paralizar la acción pagando al demandante el monto de su crédito ... " De acuerdo con lo transcrito el acreedor necesita demandar al deudor para que ejercite sus acciones y si no lo hace surgirá el derecho del acreedor para hacerlas valer; y que los créditos consten en título ejecutivo. Además, si el tercero I

demandado paga al demandante, en ese momento se termina con la acción oblicua. 15.7. ACCIÓN PAULIANA

Existen deudores que con el ánimo de quedarse en estado de insolvencia y no pagar sus deudas, realizan una serie de actos que la provocan, en perjuicio de sus acreedores; circunstancia ante la cual se otorga el ejercicio de la acción pauliana. Esta es, entonces, el derecho que tiene el acreedor de exigir la 197


revocación o nulidad de los actos efectuados, realmente, por su deudor con el propósito de quedarse en estado de insolvencia. Teniendo como efecto que los bienes regresen al patrimonio del deudor y se puedan pagar las deudas. Así lo manifiesta el artículo 2045 al expresar que: "Los actos celebrados por un deudor en perjuicio de su acreedor pueden anularse, a petición de éste, si de esos actos resulta la insolvencia del deudor, y el crédito en virtud del cual se intenta la acción, es anterior a ellos. ". Los elementos de la acción pauliana son: que los actos jurídicos realizados por el deudor sean para quedarse en estado de insolvencia, esto es cuando la suma de los bienes y créditos del deudor no igualen el importe de sus deudas, según dispone el artículo 2048, porque si no genera la insolvencia no se podrá hacer valer la acción pauliana; y, que el crédito por el que se intenta la acción sea anterior a los actos que provocaron la insolvencia. La procedencia de la acción pauliana está determinada por la mala fe o buena fe del adquirente, para que a partir de ello se produzcan los efectos jurídicos que correspondan. En los actos onerosos, se precisa la mala fe por parte del

deudor y el tercero que contrató, y en los actos gratuitos es irrelevante la buena o la mala fe del adquirente para que proceda. La acción también procede contra terceros adquirentes, dependiendo que haya mala fe por parte de ellos si el acto es oneroso, o bien, sin importar la buena o mala fe si el acto es gratuito. Lo cual es regulado por los artículos 2046, 2047 y 2049. El efecto de la acción pauliana es que los bienes se devuelvan por quien los adquirió, con todos sus frutos; y cuando ello no sea posible, porque los bienes hayan pasado a un adquirente de buena fe en acto oneroso o se hubieren perdido, deberá indemnizar a los acreedores de los daños y perjuicios, 198


según lo contemplan los artículos 2050 y 2051 . La acción de nulidad sólo será en beneficio de quien la promovió y hasta el importe de sus créditos, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 2057. La regla es que la acción pauliana procede cuando se realizan actos para quedar en estado de insolvencia, sin embargo existen disposiciones específicas para algunos casos. En la renuncia de derechos adquiridos, según el artículo 2052 que estipula que: "La nulidad puede tener lugar, tanto en los actos en que el deudor enajena los bienes que efectivamente posee, como aquéllos en que renuncia a derechos constituiaos a su favor y cuyo goce no fuere exclusivamente personal." En la renuncia de facultades también procede la acción pauliana, al disponer el artículo 2053 que: "Si el deudor no hubiere renunciado derechos irrevocablemente adquiridos, sino facultades por cuyo ejercicio pudiere mejorar el estado de su fortuna, los acreedores pueden hacer revocar esa renuncia y usar de las facultades renunciadas." Los pagos anticipados que produzcan la insolvencia del deudor pueden ser atacados por la acción pauliana, tal como lo señala el artículo 2054 que menciona: "Es también anulable el pago hecho por el deudor insolvente antes del vencimiento del plazo.

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La preferencia de un crédito que no la tenía, es objeto de la acción pauliana a través del artículo 2055 que prescribe: "Es anulable todo acto o contrato celebrado en los treinta días anteriores a la declaración judicial de la quiebra o del concurso, y que tuviere por objeto dar a un crédito ya existente 199


una preferencia que no tiene." Igualmente se presumen fraudulentas todas las enajenaciones onerosas efectuadas por personas que han sufrido una sentencia condenatoria o un mandamiento de embargo de bienes, cuando estas enajenaciones perjudican los derechos de los acreedores, conforme al artículo 2061 . La acción pauliana tiene una doble naturaleza jurídica, de nulidad, como una sanción a los que actúan de mala fe tanto en actos onerosos como en los gratuitos, porque se está realizando un hecho ilícito al conocer que con el acto que se está realizando se genera la insolvencia del deudor .Ia imposibilidad de que el acreedor pueda cobrar su crédito; y de revocación cuando se trata de actos gratuitos y el adquirente actúa de buena fe, porque la terminación del acto se da por así disponerlo la ley, sin existir ilicitud en el mismo. La acción pauliana puede ser concluida antes de dictarse sentencia en tres hipótesis: cuando el deudor cumple con la obligación; cuando el deudor adquiere bienes con los cuales pueda pagar su obligación; o cuando el tercero paga la deuda o da garantía suficiente para su cumplimiento, como lo prescriben los artículos 2056 y 2058. 15.8. ACCIÓN CONTRA LA SIMULACIÓN

En la simulación de actos jurídicos, que no se realizan realmente, está otra fuente para cometer fraude en contra de los acreedores, ya que se presenta una situación de insolvencia que no existe. La acción contra la simulación es la facultad que se otorga al acreedor para exigir la nulidad o inexistencia de los actos jurídicos simulados que realizó 200


su deudor con el propósito de declararse en estado de insolvencia. En este caso no importa el tiempo en que se realizaron los actos simulados, ya sea antes o después del crédito que tiene el acreedor, lo que importa es la existencia del acto simulado que provoca la insolvencia. Al respecto el artículo 2062 precisa que: "Es simulado el acto en que las partes declaran o confiesan falsamente lo que en realidad no ha pasado o no-se ha convenido entre ellas." La simulación puede ser absoluta o relativa, la primera es cuando el acto no tiene nada de real, y la segunda es cuando con un acto falso se cubre otro que es real, de acuerdo con el artículo 2063. La simulación absoluta no produce efectos jurídicos, y en la relativa, descubierto el acto real que oculta la simulación relativa, ese acto no será nulo si no hay ley que así lo declare, en los términos del artículo 2064. El efecto de la acción contra la simulación es que se restituya la cosa o el derecho a quien pertenezca, con sus frutos e intereses; siempre y cuando la cosa no haya pasado a tercero de buena fe, porque entonces no procede la restitución, según lo dispuesto por el artículo 2066. A través de ella, se regresan los bienes al patrimonio del deudor, para que de esa forma se pague al acreedor. La acción contra la simulación tiene una doble naturaleza jurídica, de inexistencia y de nulidad. En la simulación absoluta se presenta la inexistencia ya que el acto por no tener nada de real, no posee los elementos de existencia. En la simulación relativa, se presentan dos actos el simulado que cubre al real y el acto real; el acto simulado estará afectado de inexistencia porque le faltan sus elementos fundamentales que son consentimiento y objeto; y el acto real, estará afectado de nulidad relativa porque no tiene forma en la cual se exteriorice, sino 201


que no se manifiesta.

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ESQUEMA DEL CAPITULO 15 DERECHOS DE LA VICTIMA DE UN HECHO ILICITO 1. EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 2. RESCISION DEL CONTRATO 1. POR EVICCION 3. SANEAMIENTO

2. POR VICIOS OCULTOS

4. EXCEPCION DE CONTRATO NO CUMPLIDO 1. ACCION OBLICUA 2. ACCION PAULIANA 5. EXIGIR LA EJECUCION FORZADA DE LA PRESTACION 3. ACCION CONTRA SIMULACION

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LA


Capítulo 16 EFECTOS DE LAS OBLIGACIONES 16.1. QUÉ DEBE PAGARSE. 16.2. CÓMO DEBE HACERSE EL PAGO. 16.3. TIEMPO DE HACER EL PAGO. 16.4. LUGAR DONDE DEBE HACERSE EL PAGO. 16.5. GASTOS EFECTUADOS PARA HACER EL PAGO. 16.6. IMPUTACIÓN DEL PAGO. ’16.7. QUIÉN PUEDE HACER EL PAGO. 16.8. A QUIÉN DEBERÁ PAGARSE. 16.9. PRESUNCIÓN DE HABER PAGADO. 16.10. CON QUÉ DEBE PAGARSE. 16.11. OFERTA DE PAGO Y CONSIGNACIÓN DEL PAGO. Después de surgida una obligación, con plena validez, se deben analizar sus efectos, esto es, qué sucederá en condiciones normales con la obligación, la respuesta será: deberá cumplirse en las condiciones establecidas. Otro efecto consiste en que se dé su incumplimiento, caso en el cual se deberá indemnizar; este efecto ya fue atendido cuando se analizó la indemnización y los derechos del acreedor por ser víctima de un hecho ilícito, a lo cual se remite para su estudio. Por estas razones, en este capítulo de los efectos de las obligaciones, sólo se estudiará el pago y sus problemas. El pago, no sólo es entregar una cantidad de dinero, sino que consiste en cumplir con la obligación, independientemente de la prestación que sea, de dar, hacer o no hacer. Para efectos del análisis del pago se deben atender diferentes situaciones que se pueden presentar. 16.1. QUÉ DEBE PAGARSE

Al momento de cumplir la obligación se debe determinar qué se debe pagar, y la respuesta será; pagar precisamente lo debido, entregando la cosa 204


estipulada, prestando el servicio convenido o absteniéndose. Así lo previene el artículo 1944 al estatuir que: "Pago o cumplimiento es la entrega de la cosa o cantidad debida, o la prestación del servicio que se había prometido." Por su parte, el artículo 1894 establece que el acreedor de una cosa no puede ser obligado a recibir una diferente, aunque sea de mayor valor. Existen excepciones al principio de que el deudor debe pagar la cosa debida, una general, en el sentido de que por convenio de las partes se puede establecer la entrega de una cosa diferente. También en las obligaciones facultativas se rompe el principio, porque desde que - nace la obligación, se señala que el deudor debe una determinada prestación, pero el deudor puede dar, a voluntad, una cosa diferente cuando se cumpla con la obligación. Otro caso lo constituye la dación en pago, por la cual, el deudor puede convenir con el acreedor, en un tiempo posterior al nacimiento de la obligación, en entregarle una cosa diferente a la que está obligado a pagar. 16.2. CÓMO DEBE HACERSE El PAGO

El pago debe hacerse del modo y forma establecido en el acto que dio nacimiento a la obligación, es decir, debe pagarse por entero y en su totalidad, no permitiendo pagos parciales, excepto cuando haya convenio expreso o bien, que por la naturaleza de la obligación, el pago deba hacerse parcialmente, como en el supuesto de que una parte de la deuda sea líquida y otra no, se aceptará el pago de la primera sin necesidad de esperar que la segunda se vuelva líquida, de acuerdo a lo prescrito por el artículo 1960. Deberá entregarse la cosa incluyendo sus accesorios, cuando la cosa los tenga, salvo convenio en contrario o disposición que establezca otra situación, así lo establece el artículo 1895. 205


La regla es que, cuando se realiza el acto jurídico, se señale la cosa que deberá pagarse y su calidad, sin embargo en el supuesto de que no se haya establecido, se cumplirá entregando una de mediana calidad, como lo estatuye el artículo 1898.

16.3. TIEMPO DE HACER EL PAGO Las obligaciones deben ser cumplidas en el tiempo que se estableció en el acto que le dio nacimiento. Pero si no se señaló el tiempo de cumplimiento se deben acatar una serie de disposiciones del Código, en los términos del artículo 1961. Si el plazo se estipuló en beneficio del deudor, éste podrá pagar anticipadamente; pero si el plazo se señaló en beneficio del acreedor, éste no podrá ser obligado a recibir el pago. En los supuestos en que no se haya establecido plazo para el pago, deberán atenderse las diversas hipótesis del objeto de la obligación, ya sea de dar o de hacer. En las obligaciones de dar, el acreedor podrá exigir su cumplimiento después de los treinta días siguientes a la interpelación judicial o extrajudicial hecha ante notario o dos testigos; y en las obligaciones de hacer, se podrá exigir su cumplimiento cuando el acreedor lo exija al deudor, siempre que haya transcurrido un tiempo entre el nacimiento de la obligación y el momento en que se pide su cumplimiento, de tal magnitud, que haya sido físicamente posible para el deudor realizar la prestación, como lo previene el artículo 1962. 16.4. LUGAR DONDE DEBE HACERSE EL PAGO

El pago deberá hacerse en el lugar que hayan designado las partes en el acto en que surgió la obligación; de no existir un lugar determinado, se pagará en el lugar que se desprenda de las circunstancias que se encuentren en el acto o lo determine la ley, o bien, en el domicilio del deudor, según lo señalado por el 206


artículo 1964. Cuando se hayan establecido varios lugares posibles de pago, el acreedor podrá escoger cualquiera de ellos. Existen dos reglas especiales en cuanto al lugar del pago: cuando se trasmite la propiedad de un inmueble o las prestaciones que se deriven del mismo, deberán pagarse en el lugar donde se encuentre dicho inmueble; y cuando se va entregar una cantidad de dinero como pago de una cosa, deberá pagarse en el lugar en que se efectúo el acto, de acuerdo a lo estatuido por los artículos 1965 y 1966.

16.5. GASTOS EFECTUADOS PARA HACER EL PAGO Los gastos que se efectúen para realizar el pago los hará la parte que se haya establecido en el acto respectivo. En caso de no haberse lado, deberá de afrontar los gastos del pago el deudor, como lo ordena el artículo 1968. Los cambios de domicilio realizados por el deudor o el acreedor, en su caso, hechos voluntariamente, y que provoquen mayores gastos para hacer el pago deberán de ser cubiertos por el que se mudó de domicilio. Así, si el deudor se cambió de domicilio y ahí habría de efectuarse el pago, y por ese hecho se causaron más gastos al acreedor deberá de indemnizarlo; de la misma manera operaría para el acreedor cuando éste cambie de domicilio.

16.6. IMPUTACIÓN DEL PAGO Este problema del pago se presenta cuando una misma persona es deudor de varias obligaciones con respecto a un mismo acreedor, por lo cual, cuando el deudo! efectúa un pago se debe determinar a qué obligación se deberá imputar. La regla es que el pago deberá imputarse a la deuda que las partes convengan, pero cuando ello no sea posible, entonces se atenderá a lo que dispone el Código, 207


según se desprende de los artículos 1974 y 1975. La imputación voluntaria podrá hacerse por el deudor, excepto cuando se afecten los intereses del acreedor, como en los casos siguientes: cuando se pretenda hacer un pago parcial, que por tanto no cubra toda la deuda; cuando el acreedor tenga interés en que una deuda se cubra primero; y cuando se trate de una deuda aun no vencida y el plazo se haya establecido en favor del acreedor. Con respecto a la imputación por ley de un pago, el artículo 1975 dispone que, el pago deberá imputarse a la deuda más onerosa; si todas las deudas son por la misma cantidad deberá imputarse a la más antigua; y si todas son por la misma cantidad y de la misma antigüedad, deberá de prorratearse el pago entre todas. 16.7. QUIÉN PUEDE HACER EL PAGO

El pago deberá ser hecho por el deudor, su representante o por un tercero que tenga interés jurídico en el cumplimiento de la obligación, e incluso por un tercero no interesado en el cumplimiento de la obligación, pero que obre con el consentimiento del deudor, de conformidad a lo dispuesto por los artículos 1947 Y 1948. También puede hacerse el pago por un tercero ignorándolo el deudor, en cuyo caso, el que realizó el pago sólo podrá reclamar la cantidad que pagó, aun cuando el acreedor haya aceptado una cantidad menor a la debida, tal como lo previenen los artículos 1949 y 1952. El pago puede hacerse incluso contra la voluntad del deudor, caso en el cual, el que pagó sólo tendrá derecho a reclamar del deudor aquello que le hubiere sido útil, en los términos establecidos en los artículo 1950 y 1953. 208


16.8. A QUIÉN DEBERÁ PAGARSE

A diferencia del supuesto de quien puede pagar, que podrá hacerla cualquier persona; el pago deberá hacerse sólo al acreedor o a su representante, de acuerdo al artículo 1955. Se admite el pago hecho a un tercero cuando así se hubiere consentido por el acreedor o que la ley de manera expresa lo autorice, según lo manifiesta el artículo 1956. Aun cuando se pague personalmente al acreedor, el deudor no se libera de la obligación si se le había ordenado judicialmente la retención de la deuda, como lo estipula el artículo 1959. Los pagos hechos a un incapaz serán validos en lo que hubieren sido de su utilidad; así como los hechos a un tercero en lo que hubiere sido de utilidad al acreedor, de acuerdo a lo prevenido por el artículo 1957. El artículo 1958 se refiere al pago hecho al que está en posesión de un crédito, al señalar que: "El pago hecho de buena fe al que estuviese en posesión del crédito, liberará al deudor." 16.9. PRESUNCIÓN DE HABER PAGADO

Existe presunción de haber pagado en los siguientes supuestos: cuando la deuda es de pensiones y se acredita haber pagado la última se presumen pagadas las anteriores; cuando se le entrega el título al deudor, se hace presumir el pago de la deuda que consta en aquél; y, cuando se paga el capital sin hacerse reserva de réditos, se presume que éstos están pagados, conforme a lo estipulado por los artículos 1971,1972 Y 1974.

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16.10. CON QUÉ DEBE-"PAGARSE

El pago debe hacerse con cosas que son propiedad del deudor, porque de no hacerla así, el acreedor sufrirá evicción, lo cual será responsabilidad del propio deudor. Al respecto el artículo 1969 estatuye que: "No es válido el pago hecho con cosa ajena; pero si el pago se hubiere hecho con una cantidad de dinero u otra cosa fungible ajena, no habrá repetición contra el acreedor que la haya consumido de buena fe. " 16.11. OFERTA DE PAGO Y CONSIGNACiÓN DEL PAGO

El deudor al momento de querer cumplir con su obligación se puede encontrar con el hecho de que no puede realizar el pago, caso en el cual podrá consignarlo ante los tribunales y seguido el procedimiento establecido en la ley, liberarse de la obligación, como lo previene el artículo 1979. La consignación puede proceder en los casos siguientes: cuando el acreedor rehúsa recibir la prestación debida; cuando el acreedor no quiere entregar el documento justificativo del pago; cuando el acreedor es una persona incierta o incapaz; y, cuando el acreedor fuere conocido pero dudosos sus derechos, tal como lo estipulan los artículos 1980 y 1981. El acreedor puede fundamentar su oposición a recibir el pago, caso en el cual, si el juez así lo resuelve, el ofrecimiento y la consignación se tienen como no hechas. Pero si aprueba la consignación por el tribunal la obligación queda extinguida, de acuerdo a lo prescrito en los artículos 1983 Y 1984.

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ESQUEMA DEL CAPITULO 16 EFECTOS DE LAS OBLIGACIONES, RESPECTO AL PAGO 1. QUE DEBE PAGARSE 2. COMO DEBE HACERSE EL PAGO 3. TIEMPO DE HACER EL PAGO 4. LUGAR DONDE DEBE HACERSE EL PAGO 5. GASTOS DONDE HACERSE EL PAGO 6. IMPUTACION DEL PAGO 7. QUIEN PUEDE HACER EL PAGO 8. A QUIEN DEBERA PAGARSE 9. PRESUNCION DE HABER PAGADO 10. CON QUE DEBE PAGARSE 11. OFERTA DE PAGO Y CONSIGNACION DEL PAGO

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CAPÍTULO 17 MODALIDADES DE LAS OBLIGACIONES 17.1. CONDICIÓN. 17.2. TÉRMINO O PLAZO. 17.3. OBLIGACIONES MANCOMUNADAS. 17.4. OBLIGACIONES SOLIDARIAS. 17.5. OBLIGACIONES INDIVISIBLES. 17.6. OBLIGACIONES DISVUNTIVAS. 17.7. OBLIGACIONES CONJUNTIVAS. 17.8 OBLIGACIONES ALTERNATIVAS. 17.9. OBLIGACIONES FACULTATIVAS. Lo común es que una obligación tenga dos momentos! muchas veces simultáneos, cuando nacen y cuando se dan sus efectos jurídicos! en ocasiones no se pueden diferenciar esos dos instantes; por otro lado, las obligaciones tienen como elementos los sujetos, el objeto y la relación jurídica, los que reunidos hacen que las obligaciones gocen de plena eficacia. Una obligación que nace y luego se dan sus efectos jurídicos, o que posee un solo deudor! un solo acreedor y un solo objeto, se dice que es una obligación simple y no sujeta a modalidades. Pero cuando una obligación nace en un momento y sus efectos quedan suspendidos o se dan en otro momento diferente, o bien, tiene dos o más deudores, dos o más acreedores, o dos o más objetos, se dice que está sujeta a modalidad; porque está afectada su eficacia o la conformación de sus elementos, debiendo aplicarse reglas especiales. Estas modalidades pueden ser la condición

y

el plazo o término; o afectadas de mancomunidad, solidaridad, disyuntividad, indivisibilidad, conjuntividad, alternatividad o facultatividad.

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17.1. CONDICIÓN Las obligaciones son condicionales cuando su existencia o resolución dependen de un acontecimiento futuro e incierto. Así cuando una obligación nace pero sus efectos jurídicos están dependiendo de un hecho futuro se hablará de condición. De esa definición de la condición se derivan dos especies, una suspensiva y otra resolutoria, lo que se regula en los artículos 1820, 1821 Y 1822. En la condición se presentan los elementos siguientes: un acontecimiento futuro, esto es, que si se presenta, será en un tiempo próximo; y, que sea incierto, esto es que pueda o no suceder. En la condición debe acompañarse que el acontecimiento deba o no suceder en un tiempo determinado, porque sino, se considerará el tiempo que sea prudente; porque la espera no podría establecerse indefinidamente. La condición es suspensiva cuando del acontecimiento futuro e incierto depende la existencia de la obligación. La misma está sujeta a que se presente el hecho futuro, de tal manera que si no llega a suceder se tiene como que nunca nació. Así, si se realiza un contrato de arrendamiento, pero para que tenga efectos se señala que deberá suceder un hecho de la naturaleza, y éste se presenta, entonces la obligación tiene plena eficacia. Cuando se realiza la condición, se retrotrae en el tiempo, al momento en que la obligación fue formada, a menos que los efectos de la obligación o su resolución, por la voluntad de las partes o por la naturaleza del acto, deban ser referidos a fechas diferentes, como lo dice el artículo 1823.

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Por su parte el artículo 1824 precisa que: "En tanto que la condición no se cumpla, el deudor debe abstenerse de todo acto que impida que la obligación pueda cumplirse en su oportunidad. El acreedor puede, antes de que la condición se cumpla, ejercitar todos los actos conservatorios de su derecho." En cuanto a lo que puede suceder con la cosa objeto de una obligación sujeta a condición suspensiva, en mientras se presenta la misma, el artículo 1830 dice que: "Cuando las obligaciones se hayan contraído bajo condición suspensiva, y pendiente ésta, se perdiere, deteriorare o bien se mejorare la cosa que fue objeto del contrato, se observarán las disposiciones siguientes: l.-Si la cosa se pierde sin culpa del deudor, quedará extinguida la obligación; II.-Si la cosa se pierde por culpa del deudor, éste queda obligado al resarcimiento de daños y perjuicios; Entiéndese que la cosa se pierde cuando se encuentra en alguno de los casos mencionados en el artículo 1903;III.Cuando la cosa se deteriore sin culpa del deudor, éste cumple su obligación entregando la cosa al acreedor en el estado en que se encuentra al cumplirse la condición; IV.-Deteriorándose por culpa del deudor, el acreedor podrá optar entre la resolución de la obligación o su cumplimiento, con la indemnización de daños y perjuicios en ambos casos; V.-Si la cosa se mejora por su naturaleza o por el tiempo, las mejoras ceden en favor del acreedor; VI.-Si se mejora a expensas del deudor, no tendrá éste otro derecho que el concedido al usufructuario." En la condición resolutoria la obligación nace y tiene efectos jurídicos, pero cuando llega el acontecimiento esperado, la obligación se resuelve, restituyendo las cosas al estado que tenían, como si esa obligación no hubiere existido. Si se celebra un contrato de comodato, el cual tiene todos sus efectos, pero su permanencia depende de que llegue un familiar que tiene el propietario del bien dado en comodato, si se presenta el familiar se resuelve el contrato y se terminan 214


sus efectos jurídicos. Si la condición resolutoria se presenta se terminan las consecuencias jurídicas de la obligación; pero si no se realiza el ~ acontecimiento, entonces la obligación tiene los efectos jurídicos como si nunca se hubiera tenido una modalidad. Existen casos en los que se considera que la condición suspensiva o resolutoria se tiene por cumplida: cuando el obligado voluntariamente impide su cumplimiento; y, cuando la condición debió haberse efectuado o no en un tiempo señalado, si pasa el tiempo y no se ha realizado, conforme a lo indicado por los artículos 1827, 1828 y 1829. Además de clasificarse la condición en suspensiva y resolutoria, se admite otra en casual, potestativa y mixta; positiva o negativa; y posible, imposible e ilícita. La casual es la que depende absolutamente de un acto que sale del control de la persona; la potestativa es la que depende de la voluntad de la persona, ésta se encuentra prohibida por el artículo 1826; y, la mixta es cuando el acontecimiento depende de un hecho exterior y de la voluntad del hombre. La condición es positiva cuando se establece que un acontecimiento llegará y negativa cuando se señala que un acontecimiento no sucederá. Las condiciones posibles son las que se pueden realizar jurídica y físicamente, por lo que, serán imposibles, las que no puedan ser realizadas jurídica o físicamente, las cuales se considerarán como no puestas; y, las condiciones ilícitas que contravienen a la ley o las buenas costumbres, serán consideradas como nulas; lo que está previsto en el artículo 1825.

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17.2. TÉRMINO O PLAZO El término es el acontecimiento futuro de realización cierta del cual depende el

surgimiento

de los efectos jurídicos de una obligación o su extinción. A

diferencia de la condición, el término es un acontecimiento cierto que necesariamente habrá de llegar, en un día ’cierto, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 1835 y 1836. En el término se presentan los elementos siguientes: un acontecimiento futuro, que sucederá en un tiempo próximo; y, que sea cierto, que necesariamente deberá ocurrir. El término es suspensivo cuando se trata de un acontecimiento futuro de realización cierta, del cual depende el surgimiento de los efectos jurídicos. Por ejemplo, el arrendador fija como fecha, la de sesenta días, para que el arrendatario entre en posesión de la cosa, habrá un término suspensivo, que será durante el tiempo que exista entre la celebración del contrato y la llegada del término. Como su nombre lo indica, mientras no llega el plazo la obligación no es exigible. El plazo se presume que es establecido a favor del’ deudor, a menos que haya alguna disposición de que se hizo en favor del acreedor, conforme a lo señalado por el artículo 1840. Esto hace que el deudor pueda pagar anticipadamente, pero el acreedor no puede exigir el pago en forma anticipada. En el supuesto de que el deudor pague en forma anticipada, ignorando que el plazo estaba a su favor, no tendrá derecho a repetir, pero si a reclamar los frutos o intereses que hubiere producido la cosa, lo cual estipula el artículo 1839.

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El derecho que tiene el deudor para utilizar el plazo puede ser perdido, atentos a lo que dispone el artículo 1841, el cual expresa que: "Perderá el deudor todo derecho a utilizar el plazo: l.-Cuando después de contraída la obligación, resultare insolvente, salvo que garantice la deuda; II.-Cuando no otorgue al acreedor las garantías a que estuviere comprometido; III.-Cuando por actos propios hubiesen disminuido aquellas garantías después de establecidas, y cuando por caso fortuito desaparecieren, a menos que sean inmediatamente substituidas por otras igualmente seguras." El término es resolutorio o extintivo cuando se trata de un acontecimiento futuro de realización cierta, del cual depende la extinción de una obligación. Por ejemplo, se establece que el contrato tendrá una duración de treinta días, tiempo en el que habrá consecuencias de derecho, pero transcurrido el plazo se extinguen las obligaciones surgidas. En las obligaciones sujetas a término -resolutorio. éstas nacen y tienen todos su efectos jurídicos, pero llegado el término, se extinguirá la obligación. En el término a diferencia de la condición, la llegada del plazo, no hace que se actúe en forma retroactiva afectando a los efectos jurídicos producidos, sino que ellos quedan firmes, sólo se extinguen a partir de la presencia del plazo. El plazo puede ser cierto o incierto, en el primero se establece un día exacto para que suceda el hecho; mientras que en el segundo, no se establece un día para que suceda, pero el acontecimiento necesariamente habrá de llegar. El plazo expreso, es aquel que se determina en forma indubitable; y el plazo tácito, es aquel que deberá efectuarse en cierto tiempo razonable. En el primero se dice el día tres de junio del dos mil, es un plazo expreso; en el tácito, no se señala un día, sino que de la misma naturaleza de la obligación se puede colegir, por 217


ejemplo, si una persona va a pintar tres metros cuadrados de una barda, el tiempo tácito, en el que físicamente puede realizar el hecho, pueden ser cinco horas. En el plazo voluntario, las partes establecen libremente el tiempo del cumplimiento de las obligaciones; sin embargo, en el plazo señalado por la ley, ésta lo fija en ciertas circunstancias, como en el cumplimiento de las obligaciones de dar sin haber precisado un plazo, serán exigibles después de transcurridos treinta días después de la interpelación judicial o extrajudicial, ante dos testigos o notario público. En cuanto a la forma de contar el plazo en las obligaciones deberá atenderse lo establecido en los artículos 1174 y 1178, según lo expresa el artículo 1838. El primero dice que el tiempo se cuenta por años y no de momento a momento, a menos que así lo determine la ley; por su parte, el segundo señala que al vencimiento del tiempo de la prescripción el último día tiene que ser útil para que cuente.

17.3. OBLIGACIONES MANCOMUNADAS Las obligaciones que tengan pluralidad de deudores, de acreedores o de ambos y exista un solo objeto, y éste deba ser pagado en tantas partes como deudores o acreedores haya, se denomina mancomunidad. Es principio que toda obligación que tenga pluralidad de sujetos deudores, cada uno deberá de pagar una parte de la deuda, es decir será mancomunada, atendiendo a lo precisado por el artículo 1866. De acuerdo con los sujetos plurales que se presenten, las obligaciones mancomunadas pueden ser activa, si hay pluralidad de "Perderá el deudor todo derecho a utilizar el plazo: l.-Cuando después de contraída la obligación, resultare 218


insolvente, salvo que garantice la deuda; I.-Cuando no otorgue al acreedor las garantías a que estuviere comprometido; III.-Cuando por actos propios hubiesen disminuido aquellas garantías después de establecidas, y cuando por caso fortuito desaparecieren, a menos que sean inmediatamente substituidas por otras igualmente seguras." El término es resolutorio o extintivo cuando se trata de un acontecimiento futuro de realización cierta, del cual depende la extinción de una obligación. Por ejemplo, se establece que el contrato tendrá una duración de treinta días, tiempo en el que habrá consecuencias de derecho, pero transcurrido el plazo se extinguen las obligaciones surgidas. En las obligaciones sujetas a término resolutorio, éstas nacen

y

tienen

todos su efectos jurídicos, pero llegado el término, se extinguirá la obligación. En el término a diferencia de la condición, la llegada del plazo, no hace que se actúe en forma retroactiva afectando a los efectos jurídicos producidos, sino que ellos quedan firmes, sólo se extinguen a partir de la presencia del plazo. El plazo puede ser cierto o incierto, en el primero se establece un día exacto para que suceda el hecho; mientras que en el segundo, no se establece un día para que suceda, pero el acontecimiento necesariamente habrá de llegar. El plazo expreso, es aquel que se determina en forma indubitable; y el plazo tácito, es aquel que deberá efectuarse en cierto tiempo razonable. En el primero se dice el día tres de junio del dos mil, es un plazo expreso; en el tácito, no se señala un día, sino que de la misma naturaleza de la obligación se puede colegir, por ejemplo, si una persona va a pintar tres metros cuadrados de una barda, el tiempo tácito, en el que físicamente puede realizar el hecho, pueden ser cinco horas. 219


En el plazo voluntario, las partes establecen libremente el tiempo del cumplimiento de las obligaciones; sin embargo, en el plazo señalado por la ley, ésta lo fija en ciertas circunstancias, como en el cumplimiento de las obligaciones de dar sin haber precisado un plazo, serán exigibles después de transcurridos treinta días después de la interpelación judicial o extrajudicial, ante dos testigos o notario público. En cuanto a la forma de contar el plazo en las obligaciones deberá atenderse lo establecido en los artículos 1174 y 1178, según lo expresa el artículo 1838. El primero dice que el tiempo se cuenta por años y no de momento a momento, a menos que así lo determine la ley; por su parte, el segundo señala que al vencimiento del tiempo de la prescripción el último día tiene que ser útil para que cuente.

17.3. OBLIGACIONES MANCOMUNADAS Las obligaciones que tengan pluralidad de deudores, de acreedores o de ambos y exista un solo objeto, y éste deba ser pagado en tantas partes como deudores o acreedores haya, se denomina mancomunidad. Es principio que toda obligación que tenga pluralidad de sujetos deudores, cada uno deberá de pagar una parte de la deuda, es decir será mancomunada, atendiendo a lo precisado por el artículo 1866. De acuerdo con los sujetos plurales que se presenten, las obligaciones mancomunadas pueden ser activa, si hay pluralidad de acreedores; pasiva, si hay pluralidad de deudores; y mixta, si hay pluralidad de deudores y de acreedores. El efecto de la mancomunidad es de que la deuda sea dividida en tantas partes como deudores o acreedores existan, considerándose cada una, como 220


deuda independiente, con los efectos jurídicos que de ello se deriva. La obligación mancomunada, en principio, debe ser dividida en partes iguales, a menos que la voluntad de los sujetos o la ley dispongan otra cosa, conforme a lo estipulado en los artículos 1867 y 1868.

17.4. OBLIGACIONES SOLIDARIAS La obligación será solidaria cuando habiendo pluralidad de deudores, de acreedores o de ambos, la deuda debe ser cubierta en su totalidad por uno de los deudores a uno de los acreedores. La solidaridad nunca se presume, sino que resulta de la ley o de la voluntad de las partes; de tal manera que, cuando hay pluralidad de sujetos en una obligación, se presumirá la mancomunidad, y la solidaridad sólo cuando las partes así lo dispongan o bien la ley lo establezca imperativamente. En la solidaridad establecida por la ley, se pueden enumerar, entre otros, los siguientes casos. El segundo párrafo del artículo 1785 señala que: “La responsabilidad de los gestores, cuando fueren dos o más, será solidaria.” El artículo 1801 se refiere a la comisión conjunta de un hecho ilícito, al expresar que: "Las personas que han causado en común un daño, son responsables solidariamente hacia la víctima por la reparación a que están obligadas de acuerdo con las disposiciones de este capítulo. " En el caso del comodato el artículo 2392, estipula que: "Siendo dos o más los comodatarios, están sujetos solidariamente a las mismas obligaciones. " En el contrato de prestación de servicios profesionales el artículo 2493, 221


también contempla un caso de solidaridad determinada por la ley, al estatuir que: "Si varias personas encomendaren un negocio, todas ellas serán solidariamente responsables de los honorarios del profesor y de los anticipos que hubiere hecho." La solidaridad es activa, cuando son varios los acreedores; pasiva, cuando son varios los deudores; y mixta, cuando hay pluralidad de deudores y de acreedores. Los efectos de la solidaridad activa son: al pagarse a uno de los acreedores se extingue la deuda; uno de los acreedores o todos juntos pueden exigir el cumplimiento total o parcial de la obligación; si uno de los deudores resulta insolvente puede reclamarse a los otros; cuando se hubiese cobrado una parte de la deuda, se podrá cobrar lo que falte a los demás deudores, descontando lo que ya se había pagado; cualquier acto que interrumpa la prescripción en favor de los acreedores, aprovecha a los demás; el acreedor que haya recibido el pago total o parcial de la deuda, deberá responder a los demás acreedores, en su relación interna. Lo anterior de conformidad a lo dispuesto por los artículos 1871, 1874 Y 1883. Los efectos de la solidaridad pasiva pueden ser: todos los deudores deben un solo objeto, cada deudor debe pagar ese objeto, pero cubierto se extingue la deuda para los demás, según se aprecia en el artículo 1872; el deudor puede oponer las excepciones que resulten del acto en que nació la obligación solidaria y las que sean personales; las causas que interrumpen la prescripción para uno de los deudores, la interrumpen también para los otros, en los términos señalados en el artículo 1167; cuando la cosa hubiere perecido sin culpa de los deudores, la obligación se extingue, si hubiere culpa de uno de ellos, todos responderán de los daños causados, de acuerdo a lo prevenido en el artículo 1879; cuando haya incumplimiento y se demanden daños y perjuicios, todos responderán por los 222


mismos, en acato a lo dispuesto por el artículo 1884. El deudor que paga tiene derecho a exigir a sus codeudores el pago de la parte proporcional de lo que hubiese pagado; y el acreedor que haya recibido el pago deberá de responder ante sus coacreedores. Esto es, en la solidaridad existe una doble relación jurídica, una externa que se establece entre deudores y acreedores, que se extingue cuando uno de los deudores paga a uno de los acreedores; y otra interna que se establece entre los codeudores y entre los coacreedores,- la cual se agota ya que se pagaron entre sí los deudores, y en su caso los acreedores. La extinción de la solidaridad se puede llevar a cabo por las circunstancias siguientes: por renuncia a la solidaridad que haga el acreedor, así como por la novación, compensación, confusión o remisión hecha con cualquiera de los deudores, como lo estatuye el artículo 1873. Por la muerte del deudor solidario, sus herederos responden cada uno por una parte de la deuda en proporción a su haber hereditario, pero todos los coherederos serán considerados como un solo deudor solidario y en relación a los otros deudores responden en forma solidaria, según lo estipula el artículo 1880.

17.5. OBLIGACIONES INDIVISIBLES La indivisibilidad se presenta cuando en una obligación existe pluralidad de deudores, de acreedores o de ambos y el objeto que se debe es indivisible. En este caso uno de los deudores cumple pagando el objeto único e indivisible a uno de los acreedores. La solidaridad de una obligación, no la hace indivisible, ni la indivisibilidad la hace solidaria, como lo expresan los artículos 1886 y 1888. Con respecto a las obligaciones divisibles, el artículo 1885 dice que son aquellas que tienen por objeto prestaciones que pueden cumplirse parcialmente, y 223


serán indivisibles aquellas que no pueden cumplirse parcialmente. La indivisibilidad puede ser activa cuando hay pluralidad de acreedores; pasiva cuando existe pluralidad de deudores; y mixta, cuando hay pluralidad de deudores y acreedores. La indivisibilidad resulta de la naturaleza de las cosas que no admiten su pago en forma parcial o por convenio entre las partes; en el supuesto de las sucesiones, donde los herederos tienen derecho a recibir una cosa indivisible, y los deudores a entregar una prestación indivisible, que antes tenía un solo acreedor, que era la persona que deja el caudal hereditario. Los efectos jurídicos de la indivisibilidad consisten en que cada acreedor, y en su momento cada heredero, tienen derecho a exigir la totalidad de la prestación, de acuerdo a lo que señala el artículo 1889, en relación a los herederos, como sujetos acreedores, el cual prescribe: "Cada uno de los herederos del acreedor puede exigir la completa ejecución indivisible, obligándose a dar suficiente garantía para la indemnización de los demás coherederos; pero no puede por sí sólo perdonar el débito total, ni recibir el valor en lugar de la cosa. Si uno solo de los herederos ha perdonado la deuda o recibido el valor de la tosa, el coheredero no puede pedir la cosa indivisible sino devolviendo la porción del heredero que haya perdonado o que haya recibido el valor." Uno solo de los acreedores no puede remitir ni hacer quita de la deuda, para ello se requiere el consentimiento de todos, como lo previene el artículo 1890. Cada deudor debe pagar la totalidad de la prestación debida, de acuerdo a lo expuesto por el artículo 1888. La indivisibilidad puede perder tal carácter, en las condiciones que menciona el artículo 1892, que estatuye: "Pierde la calidad de indivisible, la obligación que se resuelve en el pago de daños y perjuicios y, entonces, se 224


observarán las reglas siguientes: l.-Si para que se produzca esa conversión hubo culpa de parte de todos los deudores, todos responderán de los daños y perjuicios proporcionalmente al interés que representen en la obligación; II.-Si sólo algunos fueran culpables, únicamente ellos responderán de los daños y perjuicios."

17.6. OBLIGACIONES DISVUNTIVAS Esta modalidad de las obligaciones, que estudia la doctrina, se presenta cuando existe pluralidad de deudores, de acreedores o de ambos y en forma intercalada, en un solo grupo de sujetos, se anota la letra o el efecto de esta obligación es que puede pagar un deudor o a otro, a un acreedor o a otro. Las obligaciones con la modalidad de disyuntividad se parecen a las obligaciones solidarias, en las que deberá pagar un deudor u otro, la totalidad de la deuda, a un acreedor u otro. 17.7. OBLIGACIONES CONJUNTIVAS

Las obligaciones conjuntivas significan que habiendo pluralidad de objetos, de dar, hacer o de no hacer, se cumple con la misma entregando todas las cosas o realizando todos los hechos positivos o negativos que integran el objeto de la obligación. Al respecto el artículo 1843 establece: "El que se ha obligado a diversas cosas o hechos, conjuntamente, debe dar todas las primeras y prestar todos los segundos." 17.8. OBLIGACIONES ALTERNATIVAS

En las obligaciones alternativas habiendo pluralidad de objetos, de dar, hacer o de no hacer, se cumple con la misma entregando alguna de las cosas o realizando alguno de los hechos positivos o negativos que integran el objeto de la obligación. En este sentido el artículo 1844 manifiesta que: "Si el deudor se ha 225


obligado a uno de dos hechos, o a una de dos cosas, o a un hecho o una cosa, cumple prestando cualquiera de esos hechos o cosas; más no puede, contra la voluntad del acreedor, prestar parte de una cosa o parte de otra, o ejecutar en parte un hecho. En las obligaciones alternativas tanto el deudor como el acreedor obtienen beneficios; el deudor porque cuenta con varias prestaciones para cumplir con su obligación, y el acreedor, porque podrá disponer de varias prestaciones que permitan el cabal pago de su crédito. La elección de la prestación que se va a otorgar corresponde al deudor si no existe pacto en contrario, en los términos del artículo 1 845. Esta facultad de elección la pierde el deudor cuando de las prestaciones debidas sólo una es realizable, de acuerdo a lo previsto en el artículo 1847. Como el deudor tiene la facultad de elegir que prestación cumplir, si se pierden todas excepto una, por su culpa o por caso fortuito, el acreedor deberá recibir la que quede, como lo estatuye el artículo 1848. Cuando se pierden todas las prestaciones por culpa del deudor, éste deberá pagar los daños y perjuicios correspondientes. Si la elección corresponde al acreedor y una de las cosas se pierde por culpa del deudor, aquel puede elegir la que queda o que se le pague el valor de la que se perdió, como lo estipula el artículo 1851. 17.9. OBLIGACIONES FACULTATIVAS

En la facultatividad existe una obligación simple, aparentemente sin modalidad, sin embargo, a pesar de que hay un solo deudor, un solo acreedor y un solo objeto; el deudor al momento de nacer la obligación, en forma convencional 226


establece con su acreedor que si es su voluntad, al momento de cumplir con la prestación, puede cambiarla por otra que en el mismo acto señale.

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ESQUEMA DEL CAPITULO 17 MODALIDADES DE LAS OBLIGACIONES 1. CONDICION 1. -POR SU EFICACIA 2. TERMINO

2.1. MANCOMUNADAS 2.2. SOLIDADRIAS 2.- POR LOS SUJETOS 2.3. INDIVISBLES 2.4. DISYUNTIVAS

3.- POR LOS OBJETOS

3.1.

CONJUNTIVAS

3.2.

ALTERNATIVAS

3.3.

FACULTATIVAS

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CAPÍTULO 18

TRASMISIÓN DE LAS OBLIGACIONES 18.1. CESIÓN DE DERECHOS. 18.2. CESIÓN DE DEUDAS. 18.3. SUBROGACIÓN. Después de surgir una obligación, lo normal es que se espere el momento de su eficacia, para que se dé la extinción de la misma; sin embargo, existen ocasiones en que durante la vida de la obligación suceden hechos que sin terminar con sus efectos jurídicos, hacen que cambien los sujetos o el objeto; esto es, se da la trasmisión de la obligación a terceras personas, que no intervinieron cuando se dio el nacimiento de la misma, a eso se le llama trasmisión de las obligaciones. La trasmisión de las obligaciones, consiste en que se trasmite el derecho que tiene el acreedor, lo que se denomina cesión de derechos; en que se trasmite la obligación del deudor, lo que se llama cesión de obligaciones o de deuda; o bien que un sujeto o cosa sustituyan a los ya existentes, lo que recibe el nombre de subrogación.

18.1. CESIÓN DE DERECHOS Es un acto jurídico por el cual una persona llamada cedente transfiere sus derechos, que tiene contra su deudor, a otra persona denominada cesionaria, conforme a lo dispuesto por el artículo 1911. En la cesión de derechos, por ejemplo puede ser que el acreedor que tiene un crédito, por una cantidad de dinero que va a cobrar en treinta días, se le presenta una situación en que necesita dinero en forma urgente, entonces acude con un tercero y le

pide que le facilite esa cantidad pagándole un premio, y que la manera de pagárselo es trasmitiendo el derecho que tiene contra su deudor.

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En la cesión de derechos se entiende que se hace con todos sus accesorios, como pueden ser la fianza, hipoteca o prenda, salvo aquellos que sean inseparables a la persona del cedente, contando también los intereses vencidos, que se presume fueron cedidos con el , principal, conforme a lo que estipula el artículo 1914. En lo que se refiere a la naturaleza y a la forma que debe reunir la cesión de derechos, se establece que será aquella que se refiera al acto jurídico que le da origen, de acuerdo a lo que establece el artículo 1913. Si por ejemplo una persona cede un derecho de una determinada cantidad de dinero sin recibir nada a cambio, tendrá la naturaleza y la forma de una donación; si el cedente recibe a cambio una cantidad, más o menos, similar al derecho cedido, su naturaleza y forma será de compraventa. La forma de la cesión de derechos deberá hacerse de acuerdo al acto que le dio origen; puede ser a la orden o al portador en escrito privado ante dos I

testigos y firmado por cedente y cesionario, o bien en escritura pública, cuando así lo exija la ley, como lb previene el artículo 1915. En cuanto al momento en que surte efectos la cesión, con respecto a terceros, que no es a la orden o al portador, el artículo 1916 expresa que: "La cesión de créditos que no sean a la orden o al portador, no produce efectos contra tercero, sino desde’ que su fecha deba tenerse por cierta, conforme a las reglas siguientes: l.-Si tiene por objeto un crédito que deba inscribirse, desde la fecha de su inscripción, en el Registro Público de la Propiedad; Il.-Si se hace en escritura pública, desde la fecha de su otorgamiento; III.-Si se trata de un documento privado, desde la fecha de su ratificación ante Notario Público. " La cesión de derechos es un acto jurídico que celebran el cedente y el cesionario, por lo cual se requiere el consentimiento de ellos; el deudor, como es 230


tercero en dicho acto, no es requisito que otorgue su consentimiento, sino que únicamente deberá ser notificado por el cesionario, para el efecto de que el pago se lo haga a éste y no a su acreedor original, que era el cedente. Por lo anterior, la cesión de derechos, incluso puede ser realizada en contra de la voluntad del deudor, a menos que esté prohibida por la ley, se haya convenido no hacerla o no lo permita la naturaleza del derecho, como dice el artículo 1912 El acreedor cesionario que presente el título justificativo del crédito, deberá notificar al deudor ya sea judicialmente, ya en lo extrajudicial, ante dos testigos o ante Notario; cuando el deudor esté presente en el momento que se realiza la cesión y no se opone, o estando ausente lo haya aceptado, pudiéndose probar este hecho, se tendrá por hecha la notificación; cuando un derecho se ha cedido a varias personas, se dará preferencia al que notifique primero la cesión, salvo lo dispuesto para títulos que deban registrarse; después de hecha la notificación, el deudor sólo se libera de su obligación pagando al cesionario; lo cual es regulado por los artículos 1918 a 1923. Los efectos jurídicos de la cesión de derecho, además de los que se han expuesto, son, entre otros, los siguientes: el cedente debe garantizar la existencia y legitimidad del crédito, a menos que se haya cedido con el carácter de dudoso, como lo dispone el artículo 1924; según el artículo 1928, cuando se cede alzadamente la totalidad de ciertos derechos, el cedente responde por el todo, pero no por cada una de las partes, a menos que se presente la evicción en la mayoría de los derechos; el cedente no responde por la solvencia del deudor, a menos que se trate de títulos a la orden, se haya estipulado expresamente o la insolvencia sea pública y anterior a la cesión, de acuerdo a lo que , estipula el artículo 1925; en caso de que la cesión sea gratuita, el cedente no será responsable de la existencia del crédito ni de la solvencia del deudor, en los términos del artículo 1932; cuando 231


el cedente se haya hecho responsable por la solvencia del deudor, sino se señaló plazo para que dure esa responsabilidad, será de un año, contado a partir de que la deuda se vuelva exigible o del vencimiento de la misma, y cuando se trate de la cesión de una renta vitalicia, la responsabilidad dura cinco años, como lo determinan los artículos 1926 y 1927. En el supuesto de la cesión de derechos hereditarios se establecen las siguientes disposiciones: si el que cede derechos hereditarios no enumera las cosas de que se compone, sólo responde de su calidad de heredero; si el cedente se aprovechó de algunos frutos de la herencia deberá abonarlos al cesionario, a menos que se hubiere establecido lo contrario; el cesionario deberá pagar todas las obligaciones que con relación a la herencia haya cubierto el cedente, salvo convenio en contrario; tal como lo indican los artículos de 1929 al 1931. El deudor puede oponer ciertas excepciones al cesionario, en razón de la propia cesión y las de carácter personal que pueda tener en contra de éste, como son las siguientes: las excepciones que le pudo haber opuesto el cedente al momento de la cesión, igualmente si tiene contra el cedente un crédito todavía no exigible cuando se hace la cesión, podrá invocar la compensación, con tal de que su crédito no sea exigible después de que lo sea el cedido, lo que es previsto en el artículo 1917; el artículo 2084, del capítulo de la compensación dice que: "Si el acreedor dio conocimiento de la cesión al deudor y éste no consintió en ella, podrá oponer al cesionario la compensación de los créditos que tuviere contra el cedente y

que fueren anteriores a la cesión." Con la misma orientación el artículo 2085

expresa que: "Si la cesión se realizare sin consentimiento del deudor, podrá éste oponer la compensación de los créditos anteriores a ella, y la de los posteriores, hasta la fecha en que hubiere tenido conocimiento de la cesión."

232


18.2. CESIÓN DE DEUDAS En la cesión de deuda, el deudor trasmite su obligación a un tercero, con el consentimiento del acreedor. Es requisito esencial tener el consentimiento del acreedor para que se dé la cesión de deudas, conforme a lo establecido en el artículo 1933. Existe presunción de que el acreedor está de acuerdo en la cesión, cuando permite que el sustituto realice actos que debía ejecutar el deudor original, tales como pagos de réditos y pagos

parciales, siempre que el nuevo deudor

al realizar los actos lo haga a nombre propio, de acuerdo a lo que estatuye el artículo 1934. Si se le otorga un plazo al acreedor para que manifieste si acepta una cesión, y no da respuesta en el término establecido se tendrá como no aceptada, como lo indica el artículo 1936. Los efectos de la cesión o asunción de deuda, entre otros, son los siguientes: la obligación se trasmite a la persona que ocupa el lugar del deudor, por lo cual la obligación subsiste pero tiene una persona diferente en el obligado, por lo que la deuda se trasmite en los términos que se encontraba, excepto las garantías otorgadas por terceros, como la fianza, prenda o hipoteca, a menos que el tercero consienta en que continúen, según lo manifiesta el artículo 1937; aceptado el nuevo deudor, el acreedor no puede repetir en contra del primero en caso de insolvencia del sustituto, salvo convenio en contrario, como así lo estipula el artículo 1935; el deudor sustituto puede oponer las excepciones que correspondan a la naturaleza de la obligación y las personales que tenga con respecto al acreedor, de acuerdo al artículo 1938; es importante señalar como una consecuencia dentro de la cesión de deudas, el caso de la’ nulidad de la misma, caso en el cual renace la anterior relación jurídica con todos sus accesorios

y

con

reserva de los derechos de tercero de buena fe, de conformidad a lo dispuesto en 233


el artículo 1939. 18.3. SUBROGACIÓN

La subrogación es la sustitución de una cosa por otra o de una persona por otra. En la subrogación como una manera de transmitir una obligación, un tercero paga o dice que con dinero de él se efectúa el pago al acreedor, pero la obligación no se extingue sino que el tercero toma el lugar del acreedor y por tanto, a él deberá de pagarle el deudor. La forma de la subrogación debe ser solemne, porque en el supuesto del pago de una deuda con dinero que expresamente se dio para ese efecto, deberá hacerse constar ese hecho, cuando se realice el acto, en los términos del artículo 1941 . La subrogación puede ser voluntaria cuando así lo dispongan quienes pretendan realizar un acto de esa naturaleza; o bien, por disposición de la ley en los supuestos que menciona el artículo 1940 que estatuye: "La subrogación se verifica por ministerio de la ley y sin necesidad de declaración alguna de los interesados: l.-Cuando el que es acreedor paga a otro acreedor preferente; II.Cuando el que paga tiene interés jurídico en el cumplimiento de la obligación; III.Cuando un heredero paga con sus bienes propios alguna deuda de la herencia; IV.- Cuando el que adquiere un inmueble paga a un acreedor que tiene sobre él un crédito hipotecario anterior a la adquisición."

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ESQUEMA DEL CAPITULO 18 TRANSMISION DE LAS OBLIGACIONES

1. CESION DE DERECHO

2. CESION DE DEUDAS

3. SUBROGACION

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Capítulo 19

EXTINCIÓN DE LAS OBLIGACIONES 19.1. PAGO. 19.2. COMPENSACIÓN. 19.3. CONFUSIÓN DE DERECHOS. 19.4. REMISIÓN DE DEUDA. 19.5. NOVACIÓN. 19.6. PÉRDIDA DE LA COSA. 19.7. DACIÓN EN PAGO. 19.8. TRANSACCIÓN. 19.9.PRESCRIPCIÓN. 19.10. CADUCIDAD. 19.11. RESCISIÓN. 19.12. REVOCACIÓN. 19.13. CONDICIÓN RESOLUTORIA. 19.14. TÉRMINO EXTINTIVO. 19.15. NULIDAD. En las obligaciones que nacen de las diferentes fuentes que el Código regula, teniendo plena existencia, validez

y

eficacia, deberán luego cumplirse, lo

que significará su extinción. La forma natural de extinción de las obligaciones es el pago, sin embargo, como se ha citado en otros apartados, existen medios diferentes con las que se dan por concluidas las consecuencias jurídicas derivadas de una obligación y que se tratarán en este Capítulo.

19.1. PAGO El pago, que es el cumplimiento de una obligación, es la principal

y

manera

normal en que terminan los efectos jurídicos de una obligación. Lo cual consiste en que se efectúe la conducta debida, que puede ser de dar, hacer o no hacer.

236


19.2. COMPENSACIÓN

La compensación es una forma de extinción de las obligaciones, que se presenta cuando dos personas reúnen las calidades de deudores y acreedores en forma recíproca, según lo dispuesto por el artículo 2067, Por ejemplo, una persona, deudor, tiene una obligación de diez mil pesos, ante otra persona, acreedor; pero posteriormente, las mismas personas celebran otro acto jurídico, por el cual, quien era acreedor, en la primera relación jurídica, tiene una deuda por once mil pesos, ante quien era su deudor, en este supuesto, en ambas personas se reúnen las calidades de deudor y acreedor, extinguiéndose las dos obligaciones hasta por la cantidad que importe la menor, por lo que, sólo quedaría subsistente una deuda por mil pesos. La compensación opera cuando se trata de cantidades de dinero u otras cosas fungibles, además de que las deudas deben ser líquidas y exigibles, Son líquidas aquellas cuya cuantía está determinada o puede ser determinada dentro del plazo de nueve días, y exigibles aquellas donde no se puede rehusar el pago, en virtud de que ya se ha llegado el plazo o se ha cumplido la condición esperada, según la regulan los artículos del 2069 al 2072. Existen situaciones en las que no opera la compensación por así determinarlo la ley, tal como lo previene el artículo 2074 que señala: "La compensación no tendrá lugar: l.-Si una de las partes la hubiere renunciado; II.-Si una de las deudas toma su origen de fallo condenatorio por causa de despojo; pues entonces el que obtuvo aquél a su favor deberá ser pagado, aunque el despojante le oponga la compensación; III.-Si una de las deudas fuere por alimentos; IV,-Si una de las deudas toma su origen de una renta vitalicia; V,-Si una de las deudas procede de salario mínimo; VI.-Si la deuda fuere de cosa que no puede ser compensada, ya sea por disposición de la ley o por el título de que procede, a no ser que ambas deudas fueren igualmente privilegiadas; VIL-Si la 237


deuda fuere de cosa puesta en depósito; VII.-Si las deudas fuesen fiscales, excepto en los casos en que la ley lo autorice. " 19.3. CONFUSIÓN DE DERECHOS

La confusión de derechos procede cuando la calidad de deudor y acreedor se encuentra en una misma persona, extinguiendo por consiguiente la obligación, conforme a lo establecido en el artículo 2088. Por ejemplo, una persona tiene una deuda por una cantidad de dinero con su acreedor, con el cual lo une una relación de parentesco y antes del vencimiento de la obligación el acreedor fallece, dejando un testamento, en el cual señala que a su deudor le otorga un legado por la cantidad que le adeuda; en este supuesto la calidad de deudor y acreedor se reúnen en una misma persona, extinguiendo las dos obligaciones. 19.4. REMISIÓN DE DEUDA

La remisión es un derecho que tienen los acreedores para perdonar a sus deudores, ya sea en parte o en la totalidad de la deuda; aquí mismo cabe destacar también que el acreedor puede renunciar a ejercitar sus derechos, de acuerdo a lo previsto en el artículo 2091. Porque hay autores que analizan a la renuncia de derechos y a la remisión de la deuda como figuras jurídicas diferentes. También es dable señalar que, doctrinalmente, la remisión es el perdón total de la deuda, mientras que cuando es parcial se denomina quita.

19.5. NOVACIÓN Novar significa sustituir una obligación con otra, quedando sin efectos la anterior, como lo establece el artículo 2095 que señala: "Hay novación de contrato 238


cuando las partes en él interesadas lo alteran substancialmente substituyendo una obligación nueva a la antigua." Se dice que para que se dé la novación deben ser cambiados los elementos esenciales de la anterior obligación; además de que la novación nunca se presume sino que debe establecerse en forma expresa. El efecto de la novación es extinguir los efectos jurídicos de la anterior obligación, quedando subsistentes los que se deriven de la nueva, en los términos del artículo 2102 que estipula: "La novación extingue la obligación principal y las obligaciones accesorias. El acreedor puede, por una reserva expresa, impedir la extinción de las obligaciones accesorias, que entonces pasan a la nueva."

19.6. PÉRDIDA DE LA COSA Una forma de extinción de las obligaciones es por pérdida de la cosa, cuando sin culpa del deudor, por caso fortuito o fuerza mayor, se pierde, el obligado no tiene porque indemnizar a su acreedor, extinguiéndose la propia obligación; en este sentido se manifiesta el artículo 1993 que establece: "Nadie está obligado al caso fortuito sino cuando ha dado causa o contribuido a él, cuando ha aceptado expresamente esa responsabilidad, o cuando la ley se la impone."

19.7. DACIÓN EN PAGO En la dación en pago el deudor, al momento de querer cumplir con su obligación, le expresa al acreedor que no tiene el objeto debido, pero que dispone de otro, si acepta el acreedor se terminan los efectos jurídicos. Por ejemplo, el deudor debe una cantidad de dinero y cuando tiene que cumplir, al no tener reunido el dinero, le dice al acreedor que le da un bien mueble por el objeto debido, si el acreedor acepta se declara extinguida la obligación.

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19.8. TRANSACCIÓN Dentro de los contratos típicos se encuentra el de transacción, el cual por su propia naturaleza, es un vehículo de terminación de , obligaciones, porque las partes en un contrato o en un conflicto se hacen recíprocas concesiones, dando por terminada la relación jurídica existente; como lo establece el artículo 2825 que señala: "La transacción es un contrato por el cual las partes haciéndose recíprocas concesiones, terminan una controversia presente o previenen una futura." Por ejemplo, una persona debe diez mil nuevos pesos, el día del cumplimiento de la deuda, le dice a su deudor que él quiere pagar, pero que sólo tiene nueve mil pesos, y que la cantidad que le falta se la cubrirá con algún servicio, si el acreedor acepta se extingue la obligación. 19.9. PRESCRIPCIÓN

La prescripción es una forma de adquirir derechos o liberarse de obligaciones con el paso de cierto tiempo y con las condiciones que indica la ley, de acuerdo con el artículo 11 33; de donde resulta una prescripción positiva, con la cual se adquieren derechos, y otra negativa, que sirve para liberarse de obligaciones. La prescripción negativa es una forma de extinguir las obligaciones, cuando siendo exigibles, no se hace valer el derecho en un tiempo señalado por la ley, por lo que, el obligado ya no tiene esa deuda, según se desprende de la letra del artículo 1156. El artículo 1157 dice que: "Fuera de los casos de excepción se necesita el lapso de diez años, contados desde que una obligación puede exigirse, para que se extinga el derecho de pedir su cumplimiento."

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19.10. CADUCIDAD

La caducidad es un concepto que está sujeto a una amplia discusión en el campo de la doctrina jurídica, en virtud de que se le encuentra relación con la prescripción. El elemento común de la prescripción y la caducidad lo constituye el transcurso de cierto tiempo. Sin embargo, por la prescripción se adquieren derechos o se liberan de obligaciones, mientras que por la caducidad se pierden derechos por no ejercitarlos en los plazos estipulados por la ley. La caducidad es un término que tiene más aplicación en el derecho procesal que en el derecho civil substantivo. La caducidad es definida como "la sanción que se pacta, o se impone por la ley, a la persona que dentro de un plazo convencional o legal, no realiza voluntaria y conscientemente, una conducta positiva pactada o que determina la ley. " 54

19.11. RESCISIÓN La rescisión es una manera de dar por extinguidas las obligaciones en los contratos bilaterales, en virtud de que una de las partes no cumple con su obligación y la otra por ese hecho declara terminada su relación jurídica, de conformidad a lo prescrito por el artículo 1831.

19.12 REVOCACIÓN También es una forma de extinguir las obligaciones, por la cual se dan por terminados los efectos de un acto jurídico por así disponerlo la ley o por voluntad de las personas. El testamento es un acto jurídico revocable, con el sólo hecho de que el testador haga uno nuevo se considera revocado el anterior, por así 54


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prevenirlo la ley.

19.13. CONDICIÓN RESOLUTORIA La condición es un acontecimiento futuro de realización incierta, pero del cual se van a derivar los efectos jurídicos o se van a resolver los efectos que ya existían. En el presente caso la condición resolutoria, que acompaña a una obligación, presentada que es, termina con la misma, como lo previene el artículo 1822.

19.14. TÉRMINO EXTINTIVO El acontecimiento futuro de realización cierta que afecta la eficacia de una obligación se denomina término, y llegado que sea hace que concluyan sus efectos jurídicos, a lo cual específicamente se le llama término extintivo, de acuerdo a lo estipulado por el artículo 1835. Por ejemplo, en un contrato de arrendamiento, el arrendador se obliga a transmitir el uso de una casa por una semana, llegada que sea ésta, la obligación se extinguirá.

19.15. NULIDAD La nulidad es la sanción que impone la ley cuando un acto jurídico no reúne los elementos de validez que debe tener; por eso, si un acto jurídico nace con la falta de un elemento de validez, y produce efectos jurídicos, al declararse o dictarse la nulidad se extinguirán las consecuencias jurídicas del mismo.

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ESQUEMA DEL CAPITULO 19 EXTINCION DE LAS OBLIGACIONES 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

PAGO COMPENSACION CONFUSION DE DERECHOS REMISION DE DEUDA NOVACION PERDIDA DE LA COSA DACION EN PAGO TRANSACCION PRESCRIPCION CADUCIDAD RESCISION REVOCACION CONDICION RESOLUTARIA TERMINO EXTINTIVO NULIDAD

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BIBLIOGRAFÍA Borja Soriano, Manuel, Teoría General de las Obligaciones, México, Porrúa, 1985. García Maynez, Eduardo, Introducción al Estudio del Derecho, México, Porrúa, 1980. Gutiérrez y González, Ernesto, Derecho de las Obligaciones, México, Porrúa, 1999. Rojina Villegas, Rafael, Compendio de Derecho Civil, Introducción, Personas y Familia, México, Porrúa, 1973. Compendio de Derecho Civil, Bienes, Derechos Reales y Sucesiones,

México, Porrúa, 1977. Compendio de Derecho Civil, Teoría General de tes Obligaciones, México,

Porrúa, 1973. Compendio de Derecho Civil, Contratos, México, Porrúa, 1975.

LEGISLACIÓN Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, México, Porrúa, 1993. Código de Comercio y Leyes Complementarias, México, Berbera Editores, 1994.

Código Civil Federal. Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Sinaloa, Puebla, Puebla, Cajica, México, 1992.

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Derecho Civil II

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