LIBRO SEGUNDO De los bienes y de su dominio, posesión, uso y goce
TÍTULO I De las varias clases de bienes CAPÍTULO I De las cosas corporales CAPÍTULO II De las cosas incorporales TÍTULO II Del dominio TÍTULO III De los bienes de la unión TÍTULO IV De la ocupación TÍTULO V De la accesión
3051 a 3230
CAPÍTULO I De las accesiones de frutos
3071 a 3100
CAPÍTULO II De las accesiones del suelo
3101 a 3160
CAPÍTULO III De la accesión de una cosa mueble a otra
3161 a 3200
CAPÍTULO IV De la accesión de las cosas muebles a inmuebles
3201 a 3230
TÍTULO VI
De la tradición CAPÍTULO I Disposiciones generales
3231 a 3270
CAPÍTULO II De la tradición de las cosas corporales muebles
3271 a 3300
CAPÍTULO III De las otras especies de tradición
3301 a 3350
TÍTULO VII
De la posesión CAPÍTULO I De la posesión y sus diferentes calidades CAPÍTULO II
3351 a 3530
De los modos de adquirir y perder la posesión
3531 a 3600
TÍTULO VIII De las limitaciones del dominio y primeramente de la propiedad iduciaria
3601 a 3690
TÍTULO IX Del derecho de usufructo
3691 a 3830
TÍTULO X De los derechos de uso y habitación
3831 a 3870
TÍTULO XI De las servidumbres
3871 a 4150
CAPÍTULO I De las servidumbres naturales
3921 a 3970
CAPÍTULO II De las servidumbres legales
3971 a 4120
CAPÍTULO III De las servidumbres voluntarias
4121 a 4125
CAPÍTULO IV De la extinción de las servidumbres
4126 a 4150
TÍTULO XII De la reivindicación
4151 a 4300
CAPÍTULO I Qué cosas pueden reivindicarse
4181 a 4210
CAPÍTULO II Quién puede reivindicar
4211 a 4230
CAPÍTULO III Contra quién se puede reivindicar
4231 a 4260
CAPÍTULO IV Prestaciones mutuas
4261 a 4300
TÍTULO XIII De las acciones posesorias
4301 a 4330
TÍTULO XIV De algunas acciones posesorias especiales
4331 a 4400
De los modos de adquirir y perder la posesión
3531 a 3600
TÍTULO VIII De las limitaciones del dominio y primeramente de la propiedad iduciaria
3601 a 3690
TÍTULO IX Del derecho de usufructo
3691 a 3830
TÍTULO X De los derechos de uso y habitación
3831 a 3870
TÍTULO XI De las servidumbres
3871 a 4150
CAPÍTULO I De las servidumbres naturales
3921 a 3970
CAPÍTULO II De las servidumbres legales
3971 a 4120
CAPÍTULO III De las servidumbres voluntarias
4121 a 4125
CAPÍTULO IV De la extinción de las servidumbres
4126 a 4150
TÍTULO XII De la reivindicación
4151 a 4300
CAPÍTULO I Qué cosas pueden reivindicarse
4181 a 4210
CAPÍTULO II Quién puede reivindicar
4211 a 4230
CAPÍTULO III Contra quién se puede reivindicar
4231 a 4260
CAPÍTULO IV Prestaciones mutuas
4261 a 4300
TÍTULO XIII De las acciones posesorias
4301 a 4330
TÍTULO XIV De algunas acciones posesorias especiales
4331 a 4400
LIBRO SEGUNDO
De los bienes y de su dominio, posesión, uso y goce TÍTULO I De las varias clases de bienes
BIENES COMO COSAS consis istten en cosa cosass corp corpor oral ales es o u[§ 2400] ART. 653.—Los bienes cons incorporales. Corporales son las que tienen un ser real y pueden ser percibidas por los sentidos, como una casa, un libro. Incorporales las que consisten en meros derechos, como los créditos y las servidumbres activas.
CAPÍTULO CAPÍTULO I
De las cosas corporales MUEBLES E INMUEBLES
[§ 2406] ART. 654.—Las cosas corporales se dividen en muebles e inmuebles. "Impor ortan tancia cia de la [§ 2407] DOCTRINA.—Régi Régime men n de cosas cosas muebl muebles es e inmu inmueb eble les. s. "Imp clasificación. 1. La tradición de un inmueble se realiza mediante la inscripción en la oficina de registro de instrumentos públicos de ubicación del bien (D. 1250/70, art. 2º). En cambio la tradición de un bien mueble se realiza mediante su entrega material o en forma simbólica, como cuando se entregan al comprador las llaves del granero vendido. 2. La compraventa de un bien inmueble surge a la vida jurídica por escritura pública (solemne); en cambio la de un bien mueble surge por el mero consentimiento consentimiento de los contratantes contratantes (consensual). (consensual). La formación del consentimiento en la venta de un bien mueble está regulada por los artículos 845 y siguientes del Código de Comercio. Todo acto de disposición sobre bienes inmuebles requiere la solemnidad de la escritura pública. La Corte Suprema de Justicia, en Sentencia de 27 de febrero de 1978, sostiene que la compraventa
de mejoras, requiere escritura pública debidamente registrada. 3. La prescripción ordinaria de los bienes inmuebles es de 10 años; por el contrario, la de los muebles es de 3 años. En viviendas de interés social el plazo de prescripción ordinaria es de tres años y el de prescripción extraordinaria es de cinco años (L. 9ª/89, art 51). 4. La disposición de un inmueble por un incapaz está sometida a rígidas normas restrictivas (C.C., arts. 303, 483 y 485), lo que no ocurre frente a los bienes muebles. 5. Las acciones posesorias, que tienen como fin proteger la posesión de perturbaciones o despojos, se aplican tratándose de la posesión de inmuebles (C.C., arts. 972 y ss.). 6. La lesión enorme como vicio objetivo del consentimiento, sólo se presenta en la compraventa de bienes inmuebles (C.C., arts. 1946 y ss.). Si la compraventa comprende bienes muebles e inmuebles, la lesión sólo es procedente respecto a estos últimos. (...). 7. Hay derechos reales como la hipoteca y las servidumbres que sólo recaen en bienes inmuebles; la prenda recae sobre muebles. 8. Las medidas cautelares de embargo y secuestro de un bien se realizan en forma diferente. El embargo de un inmueble se realiza mediante su inscripción en el registro (D. 1250/70, art. 2º). El embargo de un bien mueble se perfecciona con la entrega del bien, por el juez, al secuestre. 9. Los bienes inmuebles adquiridos por los cónyuges antes de contraer matrimonio, o los que adquieran durante él a título gratuito, no entran en el haber social (C.C., arts. 1781, 1782 y ss.). 10. Cuando se trata de compraventa de bienes muebles a plazo o financiados, con excepción de alimentos, vestuario, toallas, sábanas y otros artículos de uso personal, drogas, atención hospitalaria y educativa, las partes se pueden retractar dentro de los dos días hábiles siguientes a su celebración produciéndose la resolución del contrato (Res. 1190/86, art. 10, Superindustria y Comercio)''. (...). (VELÁSQUEZ JARAMILLO, Luis Guillermo. Bienes. Editorial Temis, Séptima edición 1998, págs. 27y 28).
NOCIÓN DE MUEBLES
[§ 2408] ART. 655.— Muebles son los que pueden transportarse de un lugar a otro, sea moviéndose ellos a sí mismos, como los animales (que por eso se llaman semovientes), sea que sólo se muevan por una fuerza externa, como las cosas inanimadas. Exceptúanse las que siendo muebles por naturaleza se reputan inmuebles por su destino, según el artículo 658 (§ 3763, 3764, 9328). INMUEBLES POR NATURALEZA Y POR ADHESIÓN
[§ 2409] ART. 656.—Inmuebles o fincas o bienes raíces son las cosas que no pueden transportarse de un lugar a otro; como las tierras y minas, y las que adhieren permanentemente a ellas, como los edificios, los árboles. Las casas y heredades se llaman predios o fundos (§ 3301, 3722, 4301). [§ 2410] Reservado.
LAS PLANTAS
[§ 2411] ART. 657.—Las plantas son inmuebles, mientras adhieren al suelo por
sus raíces, a menos que estén en macetas o cajones que puedan transportarse de un lugar a otro. [§ 2412]
JURISPRUDENCIA.—Las mejoras en baldíos se deben enajenar por escritura pública. "Sentado que las mejoras que un colono hace en tierras baldías donde se establece con casa de habitación, con cultivos permanentes y con pastos artificiales para la cría y ceba de ganados, son bienes raíces, es forzoso declarar que el recurrente tiene razón en los reparos que le hace al fallo, porque como bien raíz que ellas son se necesita escritura publica para que el contrato de venta se repute perfecto según la ley, y para su tradición, es necesario el registro de la respectiva escritura". (CSJ, Cas. Civil, Sent. oct. 9/41). NOTA: En igual sentido se pronunció en fallos de septiembre 29 de 1960, de febrero 27 de 1978 y junio 8 de 1978.
INMUEBLES POR DESTINACIÓN
[§ 2413] ART. 658.—Se reputan inmuebles, aunque por su naturaleza no lo sean, las cosas que están permanentemente destinadas al uso, cultivo y beneficio de un inmueble, sin embargo de que puedan separarse sin detrimento. Tales son, por ejemplo: Las losas de un pavimento. Los tubos de las cañerías. Los utensilios de labranza o minería, y los animales actualmente destinados al cultivo o beneficio de una finca, con tal que hayan sido puestos en ella por el dueño de la finca. Los abonos existentes en ella y destinados por el dueño de la finca a mejorarla. Las prensas, calderas, cubas, alambiques, toneles y máquinas, que forman parte de un establecimiento industrial adherente al suelo y pertenecen al dueño de éste. Los animales que se guardan en conejeras, pajareras, estanques, colmenas y cualesquiera otros vivares, con tal que éstos adhieran al suelo, o sean parte del suelo mismo o de un edificio (§ 5257, 8821, 12378). [§ 2414] JURISPRUDENCIA.—Las maquinarias de una fábrica son inmuebles por destinación. "El establecimiento industrial. Acorde con lo dispuesto anteriormente, el inciso 6º del artículo 658 del Código Civil considera inmuebles "Las prensas, calderas, alambiques, toneles y máquinas que forman parte de un establecimiento industrial (se subraya) adherente al suelo y pertenecen al dueño de éste". En este ejemplo, la ley presume que son inmuebles por destinación los bienes que menciona, si hacen parte de la unidad "establecimiento industrial" como finalidad de la afectación. Dentro de este concepto, es indiferente que las máquinas y demás elementos que "forman parte del establecimiento industrial" tengan mayor o menor valor que el suelo a que adhieren" pues, se repite, se trata de una unidad económica en la cual, ciertamente, no es posible desarticular sus componentes dado que las máquinas e instalaciones
industriales no podrían funcionar sin el suelo sobre el que se asientan y a la inversa, el suelo no conformaría un establecimiento industrial sin las máquinas y elementos en él asentados". (C.E., sent. oct. 8/79). [§ 2415 a 2425] Reservados.
MUEBLES POR ANTICIPACIÓN
[§ 2426] ART. 659.—Los productos de los inmuebles y las cosas accesorias a ellos, como las yerbas de un campo, la madera y fruto de los árboles, los animales de un vivar, se reputan muebles, aun antes de su separación, para el efecto de constituir un derecho sobre dichos productos o cosas a otra persona que el dueño. Lo mismo se aplica a la tierra o arena de un suelo, a los metales de una mina y a las piedras de una cantera (§ 3052, 8570, 12378). MUEBLES ACCESORIOS
[§ 2427] ART. 660.—Las cosas de comodidad u ornato que se clavan o fijan en las paredes de las casas y pueden removerse fácilmente sin detrimento de las mismas paredes como estufas, espejos, cuadros, tapicerías, se reputan muebles. Si los cuadros o espejos están embutidos en las paredes de manera que formen un mismo cuerpo con ellas, se considerarán parte de ellas, aunque puedan separarse sin detrimento. COSAS SEPARADAS MOMENTÁNEAMENTE
[§ 2428] ART. 661.—Las cosas que por ser accesorias a bienes raíces se reputan inmuebles, no dejan de serlo por su separación momentánea; por ejemplo, los bulbos o cebollas que se arrancan para volverlos a plantar, y las losas o piedras que se desencajan de su lugar para hacer alguna construcción o reparación y con ánimo de volverlas a él. Pero desde que se separan con el objeto de darles diferente destino, dejan de ser inmuebles. MUEBLES DE UNA CASA
[§ 2429] ART. 662.—Cuando por la ley o el hombre se usa de la expresión bienes muebles sin otra calificación, se comprenderá en ella todo lo que se entiende por cosas muebles según el artículo 655. En los muebles de una casa no se comprenderá el dinero, los documentos y papeles, las colecciones científicas o artísticas, los libros o sus estantes, las medallas, las armas, los instrumentos de artes y oficios, las joyas, la ropa de vestir y de cama, los carruajes o caballerías o sus arreos, los granos, caldos, mercancías, ni en general otras cosas que las que forman el ajuar de una casa (§ 5257). FUNGIBLES Y NO FUNGIBLES
[§ 2430] ART. 663.—Las cosas muebles se dividen en fungibles y n o fungibles. A las primeras pertenecen aquéllas de que no puede hacerse el uso conveniente a su naturaleza sin que se destruyan.
Las especies monetarias en cuanto perecen para el que las emplea como tales, son cosas fungibles (§ 3691, 3765, 3874, 10890, 10980). [§ 2431] DOCTRINA.—Fungibilidad y consumibilidad. "Para saber si una cosa mueble es fungible o no, siempre es necesario compararla o relacionarla con otra. Si pueden sustituirse entre sí por tener un valor igual, un mismo poder liberatorio y poseer identidades comunes, la cosa es fungible respecto a otra. Es infungible la que tiene unas características especiales que la hacen totalmente diferenciable de las demás. Si la Sharp produce en serie un millón de calculadoras en 1983, referencia EL-8020, dichas calculadoras son fungibles entre sí. Si de esa serie reserva la primera y la última con el fin de incorporarlas al mostrario de ventas de la compañía y las identifica como tales, dichas calculadoras son infungibles. El ejemplo clásico sobre la cosa infungible es la última botella de vino de una cosecha. La espada del Libertador, un cuadro original de Botero, el Córdova de Rionegro, son cosas infungibles. (...). El legislador, en el artículo 663, inciso primero, al definir las cosas fungibles, definió las consumibles, confundiendo los dos conceptos''. (VELÁSQUEZ JARAMILLO, Luis Guillermo. Bienes. Editorial Temis, Bogotá, Séptima edición 1998, págs. 29 y 30).
CAPÍTULO II
De las cosas incorporales CLASIFICACIÓN
[§ 2432] ART. 664.—Las cosas incorporales son derechos reales o personales. [§ 2433] JURISPRUDENCIA.—El patrimonio. ''Así el código no obstante el plantear a la entrada del libro segundo, como suma división, la clasificación de los bienes en cosas corporales e incorporales (artículo 653) sistematiza luego su preceptiva acerca de la naturaleza de los derechos, conforme al principio de que todos ellos, sean reales o personales, son cosas incorporales (artículo 664). Y es sólo por ello por lo que la noción de patrimonio, que tantas proyecciones tiene en la esfera de la responsabilidad civil y en la de la sucesión mortis causa, puede traducirse en el conjunto de derechos y obligaciones de la persona estimables en dinero". (CSJ, Cas. Civil, Sent. sep. 13/68).
[§ 2434] COMENTARIO.—Una de las enormes omisiones de nuestro Código Civil es la carencia de tratamiento del patrimonio. El de patrimonio es, en efecto, uno de los conceptos capitales del Derecho Civil; aún más: del derecho privado. Además de ser el que define la sustancia del derecho civil frente a áreas ius publicistas, determina sus más importantes principios, entre ellos el de "ius cogens" y de la autonomía de la voluntad. Incluimos, en vías de minimizar esta falencia, importantes extractos doctrinales. [§ 2435] DOCTRINA.—Concepto de patrimonio. "Patrimonio es una universalidad de elementos activos y pasivos, de un valor pecuniario, radicados en una persona. a) Es una universalidad, porque esta noción comprende todo lo que existe y puede existir en bienes pecuniarios, en cabeza de una persona sus derechos reales y personales y sus deudas. La noción de universalidad no la compone únicamente el activo: la compone también el pasivo, porque éste la afecta necesariamente. Fácil es tener una idea de la universalidad recordando que hay adquisición de bienes a título universal y a título singular. Cuando tiene lugar el primer caso, como es siempre el del heredero, se reciben todos los bienes (elementos activos), con las deudas que los afectan (elementos pasivos). Pero cuando la adquisición es a título singular, se recibe simplemente
un bien o varios bienes en concreto, no un conjunto de derechos, y sobre aquellos no pesa otra afectación que la que puede haber por razón de un gravamen real... b) Concepto abstracto del patrimonio. El patrimonio responde a una noción abstracta: universalidad de elementos activos y pasivos. No corresponde por tanto a lo que se llama comúnmente patrimonio líquido, es decir, deducido del activo el pasivo que lo afecta. Tan clara es esta noción abstracta, que aun cuando el pasivo que lo afecta sea en un momento dado superior al activo, siempre se habla de un patrimonio; y si en ese momento muere su titular, el heredero recibirá en todo caso un patrimonio, una universalidad, aun cuando los bienes que la compongan sean insuficientes para atender al pago de pasivo, y como dice Josserand, el recién nacido tiene ya un patrimonio y aún lo tiene el que está por nacer; c) El patrimonio está compuesto de elementos activos y pasivos ¿Cuáles son estos elementos? No son otros que los derechos en su sentido económico, es decir, los derechos personales y reales. Pedro tiene la propiedad de una hacienda; de una cosa el usufructo; posee ganados, y le deben varias sumas de dinero: quiere ello decir que tiene el derecho de usufructo sobre la cosa, el de dominio sobre los semovientes, y los derechos personales o créditos sobre los respectivos deudores, y d) Son elementos activos y pasivos de un valor pecuniario, esto es, los derechos reales activos y créditos personales, activos unos y pasivos otros. De aquí que derecho de otro orden como los políticos, los naturales, los de potestad, no se coticen en la noción de patrimonio. Sólo los que tienen un valor pecuniario son derechos patrimoniales''. (GÓMEZ, José J. Bienes. U. Externado de Colombia, Reimpresión 1983, págs. 101 y 102).
[§ 2436] DOCTRINA.—Bases de la doctrina actual sobre el patrimonio. "La doctrina actual construye la noción de patrimonio sobre las siguientes reglas: 1. Las necesidades prácticas exigen agrupar todos los derechos patrimoniales de que es titular una persona, en una universalidad denominada patrimonio. A este respecto advierte ENNECCERUS: "El patrimonio constituye una unidad, que se basa en la circunstancia de que todos los derechos competen al mismo sujeto. Esta unidad no puede alterarla a su arbitrio el titular del patrimonio, ni siquiera cuando, por ejemplo, siendo comerciante individual, separa en la contabilidad el patrimonio mercantil y lo administra independientemente". Mas lo que crea la unidad del patrimonio no es tanto el concepto de personalidad en sí, como la afectación común de los derechos patrimoniales a fines especiales. 2. Pero la unidad del patrimonio no se opone a que dentro de él podamos contemplar otras unidades, es decir, universalidades jurídicas parciales (patrimonios separados o especiales); estas universalidades contribuyen a formar la unidad más general que forma el patrimonio. Se corrige en esta forma una de las consecuencias de la doctrina clásica, que consideraba que la unidad general de patrimonio no era susceptible de partirse o dividirse materialmente. Hemos ya puesto de presente que dentro de un patrimonio es posible contemplar ciertas universalidades jurídicas separadas o especiales, de que son ejemplo los peculios, la sociedad de gananciales, el bien de familia y los derechos herenciales'' (VALENCIA ZEA, Arturo. Derecho civil. Tomo II, Derechos reales, Editorial Temis, 1990, págs. 28 y 29).
DERECHOS REALES
[§ 2437] ART. 665.—Derecho real es el que tenemos sobre una cosa sin respecto de determinada persona. Son derechos reales el de dominio, el de herencia, los de usufructo, uso o habitación, los de servidumbres activas, el de prenda y el de hipoteca. De estos derechos nacen las acciones reales (§ 2466, 3831, 4182, 4211, 4413, 12140, 12290).
[§ 2438] JURISPRUDENCIA.—La enumeración del código no es limitativa. "... Debe tenerse en cuenta que en nuestra legislación la enumeración de los derechos reales no es limitativa, sino que al lado de esos derechos reales pueden encontrarse, como de hecho se encuentran, otras situaciones jurídicas que obedecen al concepto de derechos reales". (CSJ, Cas. Civil, Sent. mar. 11/58). [§ 2439] DOCTRINA.—Derecho de retención. "Naturaleza del derecho de retención: mucho se ha discutido acerca de si la retención es o no un derecho real, y sobre todo, si tiene la persecución y la preferencia. Al respecto, los autores están muy divididos, pero sí se observa la tendencia general a admitir tales caracteres (Planiol y Ripert, Traité elementaire, tomo 2º Nº 1648). Si sólo derechos reales y personales constituyen el patrimonio, todo derecho debe ser clasificado en una de esas especies. No hay derecho sin sexo. El mismo derecho de autor, como vimos, quedó clasificado entre los reales, sin negar sus modalidades propias. Derecho personal no es la retención, el hecho de depender en cierto sentido del deudor —dueño de la cosa— nada le pone de personal, porque así sería también personal el derecho de prenda. El hecho de compeler a determinada persona a pagar, tampoco le da dicho carácter, porque la prenda y la hipoteca ejercen también la misma o parecida función. En cambio, se ejerce in re: la cosa está bajo el poder directo e inmediato de acreedor, y este es el distintivo esencial del derecho real. Pero, sobre todo, goza de la persecución y la preferencia, aun cuando no exactamente en la misma amplitud de la prenda y la hipoteca. 1. La persecución: porque si el acreedor pierde la cosa, puede recuperarla de cualquiera persona, inclusive del deudor, pues sería inmoral que por ir a parar a manos de éste "lo cual podría ocurrir por la gestión o maniobra del mismo" perdiera la retención el acreedor. El deudor, valiéndose de un tercero, o personalmente sustrae la cosa retenida del lugar en donde el acreedor la tiene, o habiéndose extraviado fue a parar a manos de obligado. ¿Podría negarse la persecución de modo que el acreedor careciese de acción para recuperarlo? No: como no hay disposición especial será aplicable por analogía el artículo 2418, ya que la hay innegable entre la prenda y la retención y entre la situación del acreedor que retiene, cuando se ven privados de la cosa que constituye la seguridad. Si se negara la persecución quedaría la retención sometida a las maniobras indebidas del deudor y habría que aceptarla como un derecho ilusorio que no consiste precisamente en guardar el bien del obligado hasta cuando pague o asegure el pago en otra forma. 2. La preferencia, porque mientras el acreedor tenga la cosa en su poder, el deudor no puede arrebatársela y sobre todo, porque ella retención es oponible a terceros erga omnes (Joss.rand), de suerte que éstos, acreedores a su turno del mismo deudor, no podrán hacerse pagar antes de satisfacer al acreedor que la retiene. Si Pedro tiene un bien de Juan, y Santiago, acreedor de éste, le entabla ejecución y en ella denuncia para el pago el mismo bien, dos manifestaciones tienen la preferencia como atributo de la retención: a) en la diligencia de secuestro, Pedro podrá conseguir con apoyo del artículo 686 del Código de Procedimiento Civil que el bien continúe en su poder, a título de secuestro; y b) al rematarlo el ejecutante Santiago, o un tercero, no podrá el acreedor Pedro ser despojado de la cosa retenida, si antes no se le paga o se le garantiza de otro modo. De lo contrario, se repite, sería un derecho utópico''. (GÓMEZ, José J. Bienes. U. Externado de Colombia, Reimpresión, 1983, págs. 134 y 135).
[§ 2440] COMENTARIO.—El criterio esbozado en la cita doctrinaria anterior fue acogido por la Corte Suprema de Justicia, que, en Sala de Casación Civil, mediante la Sentencia del 3 de mayo de 1961, expresó: "No puede el dueño, y menos todavía una tercera persona, despojar al mejorante y privar de acción recuperatoria a quien por ley tiene derecho perfecto a ser indemnizado plenamente, con garantía real sobre el objeto que ha recibido el beneficio (debitum cum re junctum). Hoy en día la opinión de los autores se inclina a reconocer en la retención un derecho real, similar a la prenda y la hipoteca. Valencia Zea, Arturo lo califica como "derecho real accesorio de garantía" (Derecho civil tomo. II, Bienes. Temis 1990. pág. 444), de un rango inferior a los derechos reales accesorios, en tanto que Peña Quiñones, Ernesto, más lejos aún, no encuentra otra distinción entre la prenda y la retención que entre la especie y el género: la prenda sería una retención voluntaria, únicamente diferenciable de la retención "obligatoria" —la retención en su acepción corriente— en
que mientras aquella nace por virtud de una convención, ésta se origina en disposición legal (cfr. PEÑA QUIÑONES, Ernesto. Los derechos reales y la posesión. Tomo II. Publicaciones U. Javeriana, 1992, págs. 100 y ss.).
[§ 2441 a 2450] Reservados.
DERECHOS PERSONALES
[§ 2451] ART. 666.—Derechos personales o créditos son los que sólo pueden reclamarse de ciertas personas que, por un hecho suyo o la sola disposición de la ley, han contraído las obligaciones correlativas; como el que tiene el prestamista contra su deudor por el dinero prestado, o el hijo contra el padre por alimentos. De estos derechos nacen las acciones personales. [§ 2452] JURISPRUDENCIA.—Diferencias entre derechos reales y personales. "Cuando el Código Civil dice que derecho real es el que se tiene sobre una cosa sin respecto a determinada persona, no expresa idea distinta a la romana que consideró el derecho real como la relación directa entre la persona y la cosa, y al derecho personal como una relación de personas que obliga al deudor a cumplir la prestación debida. Así, el titular del jus in re puede, sin contar con nadie, apoderarse de una cosa donde quiera que esté, pero el titular del jus ad rem no puede hacer cosa distinta de exigir a su deudor la prestación de lo debido. Y aun cuando esta idea tradicional ha sido impugnada por quienes anotan que ningún derecho puede consistir en una simple relación entre persona y cosa, la verdad es que los sujetos pasivos de los derechos reales son las personas determinadas al paso que en los derechos personales están claramente determinados''. (CSJ, Cas. Civil, Sent. ago. 10/81).
[§ 2453] JURISPRUDENCIA.—La acción de responsabilidad extracontractual es personal. "La acción que tiene por objeto establecer la responsabilidad extracontractual de quien por su culpa o delito ha causado un daño a otro y obtener la correspondiente indemnización de perjuicios, es de carácter personal y, en consecuencia, sólo puede intentarse por quien ha sido perjudicado por el daño, como se deduce del artículo 2342 del Código Civil y no simplemente por quien después adquiera el dominio de la cosa dañada pues, se repite, el derecho personal no es accesorio del real, y para que pueda transmitirse a persona diferente de su titular es necesario que se dé cumplimiento a las normas relativas a la cesión de derechos de que trata el título XXV del libro IV del Código Civil". (CSJ, Cas. Civil, Sent. mar. 31/82).
DERECHOS MUEBLES E INMUEBLES
[§ 2454] ART. 667.—Los derechos y acciones se reputan bienes muebles o inmuebles, según lo sea la cosa en que han de ejercerse o que se debe. Así, el derecho de usufructo sobre un inmueble, es inmueble. Así, la acción del comprador para que se le entregue la finca comprada, es inmueble, y la acción del que ha prestado dinero para que se le pague, es mueble. LOS HECHOS DEBIDOS SON MUEBLES
[§ 2455] ART. 668.—Los hechos que se deben se reputan muebles. La acción para que un artífice ejecute la obra convenida, o resarza los perjuicios causados
por la inejecución del convenio, entra, por consiguiente, en la clase de los bienes muebles. [§ 2456 a 2465] Reservados.
TÍTULO II
Del dominio DEFINICIÓN
[§ 2466] ART. 669.—El dominio (que se llama también propiedad) es el derecho real en una cosa corporal, para gozar y disponer de ella *(arbitrariamente)*, no siendo contra ley o contra derecho ajeno. La propiedad separada del goce de la cosa, se llama mera o nuda propiedad. *NOTA: El adverbio "arbitrariamente" entre paréntesis, fue declarado inexequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-595 de agosto 18 de 1999. M.P. Carlos Gaviria Díaz. BASES CONSTITUCIONALES [ § 2467] C.N.
ART. 58.—Modificado. Acto Legislativo 01/99, art. 1º. Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública o interés social, resultaren en conflicto los derechos de los particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá ceder al interés público o social. La propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una función ecológica. El Estado protegerá y promoverá las formas asociativas y solidarias de propiedad. Por motivos de utilidad pública o de interés social definidos por el legislador, podrá haber expropiación mediante sentencia judicial e indemnización previa. Ésta se fijará consultando los intereses de la comunidad y del afectado. En los casos que determine el legislador, dicha expropiación podrá adelantarse por vía administrativa, sujeta a posterior acción contenciosa administrativa, incluso respecto del precio. NOTA: En el Diario Oficial 43.654 de agosto 4 de 1999 se publicó el Acto Legislativo 01 de 1999. Por error de transcripción de los originales se publicó el encabezado erróneamente con el título "Proyecto de Acto Legislativo 01 de 1999" siendo el correcto "Acto Legislativo 01 de 1999". Por lo anterior se volvió a publicar en su totalidad en el Diario Oficial 43.662 de 10 de agosto de 1999. [§ 2467-1] D. 1076/97. ART. 2º—Definiciones. Para efectos de este decreto se establecen las siguientes definiciones: (...). 11. Multipropiedad: modalidad del derecho real de dominio, según la cual su titular adquiere la
propiedad sobre una parte alícuota e indivisa de un inmueble determinado y el derecho exclusivo a su utilización y disfrute durante un período de tiempo determinado.
NOTA: El Decreto 1076 de 1997, en donde se plasmó tan ambigua y confusa definición, reglamentó todo lo concerniente al denominado “tiempo compartido”, modalidad turística que había sido establecida en la Ley 300 de 1996. PROHIBICIÓN A LOS NOTARIOS DE AUTORIZAR TRANSFERENCIAS DE DOMINIO DE INMUEBLES EN ZONAS COSTERAS A EXTRAJEROS
[§ 2467-2] I.A. 11/2000, Supernotariado. No obstante las limitaciones de orden constitucional y legal y las instrucciones administrativas que sobre el particular ha emitido esta superintendencia, se ha tenido conocimiento del continuismo en la práctica de autorización de actos de transferencia a ciudadanos extranjeros del dominio de inmuebles ubicados en zonas costeras y, particularmente, aquellas que conforman el archipiélago de San Andrés y Providencia. Esta circunstancia me induce a dirigirme a ustedes con el fin de recordarles, en primera instancia, que el concepto de dominio legalmente establecido en nuestro Código Civil permite el disfrute y disposición de ese derecho real, siempre que no vaya contra la ley o contra derecho ajeno; es decir, la propiedad privada, núcleo esencial del derecho privado y considerada institución fundamental para la convivencia, se encuentra restringida en su ejercicio. De conformidad con lo previsto por el artículo 100 de la Carta Fundamental, los extranjeros se encuentran limitados para el ejercicio de determinados derechos civiles por razones de orden público y, al tratar el tema del territorio colombiano prevé que forman parte del continente de Colombia, el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, entre otros (art. 101). Sus zonas costeras fueron declaradas de utilidad pública por razones de soberanía nacional, al tenor de lo dispuesto por el artículo 36 de la Ley 1ª de 1972 y expropiables, por razones de equidad, aquellas adquiridas con violación del artículo 5º del Decreto 1415 de 1940. Ahora bien, el artículo 1º del Decreto 255 de 1973 prohíbe a los notarios del país y los cónsules en el extranjero la autorización de escrituras públicas por las cuales se traspase el dominio de inmuebles ubicados en el archipiélago de San Andrés y Providencia a favor de personas naturales que no sean colombianos de nacimiento o de personas jurídicas extranjeras, salvo cuando con el mismo instrumento se protocolice la prueba de que el inmueble que se traspasa salió del patrimonio nacional antes de la vigencia del Decreto 1415 de 1940. Prohibición semejante prevé el artículo 2º del mismo decreto para los registradores de instrumentos públicos respecto de la inscripción en el registro de actos, contratos, providencias judiciales, administrativas o arbitrales que impliquen constitución, declaración, aclaración, adjudicación, limitación, modificación, gravamen, traslación o extinción del dominio u otro derecho real principal o accesorio sobre bienes raíces ubicados en el mismo departamento archipiélago a favor de personas jurídicas extranjeras o de personas naturales que no sean colombianas por nacimiento, cuando dicho inmueble ha salido del patrimonio nacional con posterioridad a la vigencia del Decreto 1415 de 1940. Al tenor de lo previsto por los artículos 18 de la Ley 58 de 1988 y 7º del Decreto 471 de 1986, las escrituras públicas constitutivas de títulos traslaticios de dominio a favor de extranjeros sobre inmuebles ubicados en el departamento archipiélago de San Andrés y Providencia y su inscripción, se encuentran afectadas de nulidad absoluta.
NOTA: Esta instrucción de julio 6 de 2000, va dirigida a notarios y registradores de instrumentos públicos del país.
[§ 2468] JURISPRUDENCIA.—Relativización del derecho de propiedad. "El sentido netamente individual de la propiedad, heredado del derecho romano, que la concibió como concentración de poderes o atribuciones del dueño sobre sus bienes en cuya virtud éstos quedan sometidos directa y totalmente a su señorío con el fin de satisfacer
únicamente sus egoístas intereses, ha venido cediendo el paso a una concepción marcadamente solidarista o funcionalista que, sin desconocerle al titular la facultad de utilizar, usufructuar y disponer libremente de los bienes en su provecho, le impone el deber de enrumbar el ejercicio de ese derecho por los cauces del bien común para que las ventajas que de él fluyan, se extiendan a la comunidad, en cuya representación actúa el propietario en función social". (CSJ, S. Plena, Sent. ago. 11/88). JURISPRUDENCIA.—El derecho de propiedad es un derecho [§ 2468-1] fundamental. "(...) Si se tiene en cuenta que el derecho de propiedad reconocido y garantizado por la Carta Política, abarca todos los derechos patrimoniales de una persona, esto es, los que recaen sobre las cosas y los bienes, entendidos estos como los objetos inmateriales susceptibles de valor, y que se desarrollan en el Código Civil, no cabe duda de que en este sentido es un derecho fundamental, "aunque es una función social que implica obligaciones", según la precisa evolución política, económica y social a que se ha aludido más arriba. Que ello es así lo ratifica la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969 (L. 16/72), la que en su artículo 21 prescribe, en primer término, que "toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes", y, además que "ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa por razones de utilidad pública o de interés social y en los casos y según las formas establecidas por la ley". El análisis global con la salvedad anotada, coincide con la línea doctrinaria que se puede señalar en la Constitución de España de 1978, que siguiendo los antecedentes de la Constitución de 1931, incluye el derecho de propiedad entre los derechos económicos y sociales, que se reglamentan por la ley ordinaria y son garantizados por las acciones ante los tribunales ordinarios o ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo y que por tanto no le atribuye el carácter de fundamental a este derecho. Este mismo tratamiento es consagrado por la Constitución Italiana (arts. 42, 43 y 44) y por los artículos 14 y 15 de la ley fundamental de la República Federal de Alemania que, según interpretación de su Tribunal Constitucional (Sentencia de 18 de noviembre de 1962), no consideran la propiedad un derecho fundamental por sí mismo, sino "en cuanto se encuentra en relación íntima con la libertad personal" (Parada Vásquez José Ramón, en estudios sobre la Constitución Española, homenaje al profesor Eduardo García de Enterría. Tomo II, pág. 1271). Otra cosa es que, por virtud de la regulación del ejercicio de este derecho en el Código Civil y demás leyes que lo adicionan y complementan, en casos como el que se resuelve en esta revisión de tutela existan múltiples mecanismos ordinarios y extraordinarios, jurisdiccionales y administrativos que garantizan y protegen tal derecho en caso de ser vulnerado o amenazado y que por tanto bien pueden ser utilizados por sus titulares, con los señalados fines". (C. Const., Sent. T-15, mayo 28/92. M.P. Fabio Morón Díaz).
[§ 2469] JURISPRUDENCIA.—Función social de la propiedad. "La propiedad, en tanto que función social, puede ser limitada por el legislador, siempre y cuando tal limitación se cumpla en interés público o beneficio general de la comunidad, como, por ejemplo, por razones de salubridad, urbanismo, conservación ambiental, seguridad, etc.; el interés individual del propietario debe ceder, en estos casos, ante el interés social. (...).
En efecto, no hay duda de que en virtud de su función social urbanística la propiedad está sometida a una serie de limitaciones legales que afectan básicamente su uso, dentro de las cuales se encuentran las denominadas cesiones obligatorias gratuitas. Tales cesiones nacen de la obligación que tienen los propietarios que construyen urbanizaciones, edificios, realizan parcelaciones, etc., de ceder gratuitamente a los entes municipales una parte de su terreno, destinada a calles, parques, plazas, vías de acceso, zonas verdes, etc. (...). En este orden de ideas aparecen las cesiones obligatorias gratuitas como una contraprestación a la que se obligan los propietarios de terrenos al solicitar el correspondiente permiso para urbanizar o edificar, y al aceptar las condiciones que exigen las autoridades competentes, dados los beneficios que pueden obtener con tal actividad, las que se imponen en desarrollo de la función social urbanística de la propiedad, consagrada en el artículo 58 de la Carta, y en ejercicio del poder de intervención del Estado en el uso del suelo "con el fin de conseguir el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación de un ambiente sano" (C.N., art. 334), como también del artículo 82 ibídem que faculta a las entidades públicas para "regular la utilización del suelo" en defensa del interés común. Las zonas cedidas pasan a formar parte del espacio público, por cuya protección debe el Estado velar, conforme al artículo 82 de la Carta, y cuya destinación al uso común, es apenas una consecuencia del principio que antepone el interés común al individual. ". (C. Const., Sent. C-295, jul. 29/93. M.P. Carlos Gaviria Díaz).
[§ 2470] JURISPRUDENCIA.—La indemnización por expropiación debe reconocer daño emergente y lucro cesante. "Esta es la diferencia entre la expropiación común, prevista desde la Constitución de Cundinamarca de 1811, título XII, artículo 10, y la expropiación sin indemnización por razones de equidad que estableció el constituyente en el artículo 10 del Acto Legislativo Nº1 de 1936 y que hoy está plasmada en el artículo 58 de la Constitución vigente. La indemnización es pues una consecuencia de facultad expropiatoria del Estado. Ella se explica por el deber de reparación que surge a raíz del ejercicio de dicha facultad: la producción de un daño generado por una actividad legítima de la acción administrativa. La actividad es legítima porque la expropiación sólo opera por motivos de utilidad pública o interés social definidos por el legislador, prevaleciendo así el interés general para cumplir los fines esenciales del Estado, de que trata el artículo 2º superior: promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución. Pero ese daño legítimo debe en principio ser indemnizado y puede generar formas de responsabilidad objetiva, porque la persona expropiada no tiene por qué soportar una carga específica que debe asumir toda la sociedad, en razón del principio de igualdad de todos ante las cargas públicas, cuyo fundamento es el derecho de igualdad establecido en el artículo 13 de la Carta. Esto explica entonces que el ordenamiento superior haya
consagrado el derecho a la indemnización reparatoria en cabeza del afectado. Así las cosas, la indemnización no es compensatoria, esto es, ella no es un presupuesto o una condición de la indemnización que genera una compensación a cargo del Estado y a favor del expropiado por el enriquecimiento patrimonial del primero. Si así fuera, la indemnización se fijaría con base en el valor objetivo del bien y no, como ordena la Constitución —inciso 4º del artículo 58—, "consultando los intereses de la comunidad y del afectado". De aceptarse la tesis del carácter compensatorio de la indemnización se tendría que concluir que la expropiación es una simple conversión de valores: los bienes expropiados se remplazan por su equivalente en dinero y no comprendería por tanto los daños que sean consecuencia directa e inmediata de la expropiación. La indemnización en tal caso no sería entonces justa, como lo ordena el artículo 21 numeral segundo del Pacto de San José. Por todo lo anterior, es evidente que la indemnización prevista por el artículo 58 de la Constitución es reparatoria y debe ser plena, ya que ella debe comprender el daño emergente y el lucro cesante que hayan sido causados al propietario cuyo bien ha sido expropiado. Y en caso de que no haya forma de comprobar el lucro cesante, se puede indemnizar con base en el valor del bien y el interés causado entre la fecha de entrega del mismo y la entrega de la indemnización". (C. Const., Sent. C-153, mar. 24/94. M.P. Alejandro Martínez Caballero).
[§ 2471] JURISPRUDENCIA.—Propiedad horizontal. Características. "De esta manera, puede afirmarse, entonces, que el régimen de propiedad horizontal tiene, entre otras, las siguientes características: Es una forma de dominio sobre unos inmuebles, en virtud de la cual una persona es titular del derecho de propiedad individual sobre un bien y, además, comparte con otros la titularidad del dominio sobre ciertos bienes denominados comunes, necesarios para el ejercicio del derecho que se tiene sobre el primero. Los bienes comunes están compuestos por aquellos necesarios para la existencia, seguridad y conservación del conjunto, con los cuales se pretende facilitar el uso y goce de cada uno de los inmuebles por sus respectivos propietarios y demandan el uso ordinario para el cual existen, con un correlativo respeto a la utilización legítima por parte de todos los demás propietarios. En lo que hace a los bienes de dominio particular, se tiene que éstos pueden ser utilizados con cierta libertad y autonomía por parte de sus propietarios, pero bajo la forma prevista por el reglamento de copropiedad o a falta de éste en consonancia con los propósitos para los cuales se encuentra destinado el edificio, dada su naturaleza (L. 182/48). Esta forma de propiedad otorga, entonces, una serie de derechos al propietario de un bien, tales como gozar de los bienes comunes para aquello que fueron concebidos (circular u otros derechos similares) y su dominio se encuentra en cabeza de una comunidad (L. 182/48) o de una persona jurídica creada para ese fin (L. 16/85). De otro lado, el régimen de propiedad horizontal impone también obligaciones para el propietario que tienen que ver con aquellas conductas cuya observancia resulta indispensable para que la modalidad de la propiedad cumpla a cabalidad sus objetivos. Son obligaciones de los propietarios, por ejemplo, pagar las cuotas (ordinarias y las
extraordinarias) correspondientes para cubrir adecuadamente los gastos en que se incurra para mantener los bienes comunes, de manera que cumplan con sus finalidades. Además, el régimen de propiedad horizontal puede imponer limitaciones al ejercicio de la propiedad que se tiene sobre el bien individual con el objeto de conservar la armonía de la comunidad o las características de la misma. Igualmente, podrá establecer restricciones a la destinación que se le otorgue al inmueble, más allá de las regulaciones que las autoridades hayan establecido para los usos del suelo del sector del cual se trate". (C. Const., Sent. T-035, ene. 30/97. M.P. Hernando Herrera Vergara). NOTA: No obstante que sobre propiedad horizontal existe un nuevo régimen, el de la Ley 675 de 2001, derogatorio de las leyes 182/48, 16/85, 428/98 y del Decreto Reglamentario 1385/86, las consideraciones de esta sentencia de tutela de la Corte Constitucional no han perdido vigencia porque están a tono con el sentido y alcance de la la nueva legislación al respecto. [§ 2472 a 2475] Reservados.
PROPIEDAD SOBRE COSAS INCORPORALES
[§ 2476] ART. 670.—Sobre las cosas incorporales hay también una especie de propiedad. Así, el usufructuario tiene la propiedad de su derecho de usufructo (§ 3691). PROPIEDAD INTELECTUAL
[§ 2477] ART. 671.—Las producciones del talento o del ingenio son una propiedad de sus autores. Esta especie de propiedad se regirá por leyes especiales (§ 16170 y ss.). [§ 2478] C.N. ART. 61.—El Estado protegerá la propiedad intelectual por el tiempo y mediante las formalidades que establezca la ley.
[§ 2479] JURISPRUDENCIA.—Característica de los derechos de autor. Pueden coexistir con propiedad industrial. "Pero lo que sí está establecido son las notas característica del derecho intelectual así: a) El monopolio o derecho de explotación exclusiva para su titular; b) Amparo del derecho moral de autor; c) Su temporalidad, referida exclusivamente al aspecto patrimonial del derecho, y no al propio derecho moral de autor, como lo consagra sin lugar a dudas la misma Ley 23 de 1982, y d) Su existencia, a diferencia de las patentes de invención y las marcas, no depende de formalidades esenciales. Nace de la obra sin necesidad de ser constatada, de formular o mencionar reservas, sin declaración o registro alguno. (...). Le asiste razón al demandante cuando afirma que el inventor puede reunir en sí las diferentes calidades de invenciones o perfeccionamientos útiles: la del inventor como tal y la de autor de la obra literaria científica contentiva del escrito que presenta (describe) la forma de expresión literaria de la invención''. (CSJ, Sala Plena, Sent. jul. 4/86).
[§ 2480] JURISPRUDENCIA.—Derechos morales y patrimoniales. "La propiedad
intelectual que, en nuestro derecho tiende a ser sinónima, a lo que en común de la doctrina se denomina como derechos de autor, se proyecta en dos campos, constitutivos a su vez de diversos derechos: el jurídico moral y el patrimonial. El derecho jurídico moral constituye la esencia de los derechos de autor y responde a una doble fundamentación: la tutela de la personalidad del autor como su creador y la defensa de su producción como entidad propia; este derecho moral es inalienable, por cuanto es inherente a la personalidad; el titular siempre lo conserva; fallecido, corresponde su defensa al Estado y a sus herederos. El derecho jurídico moral confiere diversas facultades como son las de crear, continuar, terminar, modificar o destruir la obra, el derecho a publicarla, el derecho al seudónimo y anonimato y el derecho a elegir intérpretes en caso de traducción. Pero todo dentro de un marco de respeto al orden público y al derecho ajeno. También goza el autor de la obra del derecho a que se le publique en su integridad y título y a impedir su publicación o reproducción. El derecho patrimonial comprende los beneficios que pueden derivarse de su aplicación económica. Este derecho se caracteriza por su exclusividad, limitación en el tiempo y transmisibilidad. El derecho patrimonial se traduce para su titular en la publicación, la reproducción, el derecho de edición, representación y ejecución; el derecho de exhibición cinematográfica o por televisión; el derecho de transformación o elaboración, disposición o de secuencia, o sea, aumento del porcentaje en el mayor valor de las obras''. (C.E., Sec. Primera, Sent. jun. 30/81).
[§ 2481] JURISPRUDENCIA.—Propiedad intelectual. Características. "La propiedad intelectual es pues una modalidad sui generis de propiedad, ya que guarda semejanzas y diferencias con la concepción clásica del derecho de propiedad, a saber: — Coinciden la propiedad intelectual y la propiedad común en el hecho de que ambas reúnen los elementos esenciales de la propiedad: el usus, el fructus y el abusus, con las limitaciones que establecen la Constitución y la ley. — Pero se diferencian ambas nociones en lo siguiente, como bien lo anotó el Procurador General de la Nación en su concepto: a) El contenido moral del derecho que tiene el autor sobre la propiedad intelectual que es inalienable, irrenunciable e imprescriptible e independiente del contenido patrimonial del mismo, contrario a lo que ocurre con el derecho de propiedad común, que sólo tiene un contenido patrimonial, alienable, renunciable y prescriptible; b) La propiedad intelectual recae sobre una cosa incorporal. La propiedad común en sentido estricto sólo recae sobre cosas corporales, y c) La propiedad intelectual, por determinación de la ley, es temporal (L. 23/82, art. 11) mientras que la común es perpetua.
7. Ahora bien, la sola lectura del artículo 61 se advierte el carácter de "propiedad" que posee la propiedad intelectual, pero de propiedad sujeta a dos matices, ambos dejados a criterio del legislador: tiene un tiempo limitado y se requieren formalidades especiales para su protección. ¿Cuál es la ratio iuris de tales matices? En cuanto al tiempo, razón de ser de la limitación no es otra que la función social de la propiedad, consagrada en los artículos 58 y 2º inciso segundo de la Carta. En efecto, la doctrina coincide en afirmar que una creación del espíritu que beneficie la cultura de un pueblo es algo que involucra simultáneamente los derechos del creador como los derechos de la comunidad. Tanto a nivel tecnológico como artístico, un nuevo aporte nunca es un fenómeno individual. De allí que el derecho de propiedad sobre dichos aportes no sea intemporal sino que, por un fenómeno convencional de transacción entre el mínimo que exige el goce exclusivo y el máximo de difusión que la comunidad exige, se fija discrecionalmente por el legislador un término razonable al cabo del cual el derecho individual de propiedad se extingue. La temporalidad del derecho intelectual busca finalmente resolver la tensión que existe entre el interés privado y el interés público. En cuanto a las formalidades especiales para la protección de la propiedad intelectual, el constituyente remitió a la ley básicamente para la fijación de los requisitos enderezados a garantizar la no reproducción ilícita, la ausencia de competencia desleal y demás elementos que rodean el registro de propiedad intelectual. Se observa igualmente de paso que mientras la Carta de 1886 en su artículo 35 sólo hablaba de propiedad artística y literaria, la Constitución de 1991 en el artículo 61 hace alusión al término omnicomprensivo de propiedad intelectual. Claro que desde 1986 ya la jurisprudencia constitucional, a la sazón en cabeza de la Corte Suprema de Justicia, había establecido que en la Carta de 1886, a pesar de enunciar la protección únicamente de la propiedad artística y literaria, cobijaba por extensión todas las modalidades de producción intelectual". (C. Const., Sent. ago. 12/93, C-334. M.P. Alejandro Martínez Caballero).
[§ 2482] JURISPRUDENCIA.—Diferencias y compatibilidades entre derechos de autor y derechos conexos. "Es preciso delimitar los derechos de autor de los llamados "derechos conexos", entre los que figuran los derechos de los ejecutantes o intérpretes, los derechos de los productores y los derechos de los divulgadores, como se procede a continuación, para luego analizar su compatibilidad. 3.1. El autor . Los derechos de autor son los que pertenecen al artista creador original de la nueva obra. Al respecto la Corte Suprema de Justicia, citada por el procurador en su concepto, estableció: Por ello, su protección se produce mediante el reconocimiento y la reglamentación uniforme y universal del derecho intelectual. Por eso están establecidas las notas características del derecho intelectual así: a) El monopolio o privilegio exclusivo de la explotación a favor del titular; b) Amparo del derecho moral del autor; c) Su temporalidad, referida exclusivamente al aspecto patrimonial del derecho, y al propio derecho moral del autor, como lo consagra la misma Ley 23 de 1992, y d) Su existencia, a diferencias de las
formalidades esenciales. Nace de la obra sin necesidad de ser constatada, de formular o mencionar reservas, sin declaración o registro alguno. 3.2. Los derechos conexos. Como anota el procurador, "la expresión derechos conexos hace referencia a las personas que participan en la difusión y no en la creación de las obras literarias o artísticas. Comprenden los derechos de los intérpretes, artistas y ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión así pues, la razón de ser del derecho de los artistas, intérpretes y ejecutantes, debe buscarse en la existencia de una creatividad semejante a la que realiza el autor, porque sin duda el artista da a su interpretación un toque personal y creativo". (C. Const., Sent. C-040, feb. 3/94. M.P. Alejandro Martínez Caballero). [§ 2483 a 2510] Reservados.
CAPILLAS Y CEMENTERIOS
[§ 2511] ART. 672.—El uso y goce de las capillas y cementerios, situados en posesiones de particulares y accesorios a ellas, pasarán junto con ellas y junto con los ornamentos, vasos y demás objetos pertenecientes a dichas capillas o cementerios, a las personas que sucesivamente adquieran las posesiones en que están situados, a menos de disponerse otra cosa por testamento o por acto entre vivos. MODOS DE ADQUIRIR EL DOMINIO
[§ 2512] ART. 673.—Los modos de adquirir el dominio son la ocupación, la accesión, la tradición, la sucesión por causa de muerte y la prescripción. De la adquisición de dominio por estos dos últimos medios se tratará en el libro De la sucesión por causa de muerte, y al fin de este código (§ 2621, 3051, 3231, 4401, 7553, 12820, 12867). [§ 2513 a 2530] Reservados.
TÍTULO III
De los bienes de la unión BIENES DE USO PÚBLICO Y FISCALES
[§ 2531] ART. 674.—Se llaman bienes de la unión aquellos cuyo dominio pertenece a la República. Si además su uso pertenece a todos los habitantes de un territorio, como el de calles, plazas, puentes y caminos, se llaman bienes de la unión de uso público o bienes públicos del territorio. Los bienes de la unión cuyo uso no pertenece generalmente a los habitantes, se llaman bienes de la unión o bienes fiscales.
[§ 2532] C.N. ART. 63.—Los bienes de uso público, los parques naturales, las tierras comunales de grupos étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio arqueológico de la Nación y los demás bienes que determine la ley, son inalienables, imprescriptibles e inembargables.
[§ 2532-1] D. 2324/84. ART. 166.—Bienes de uso público. Las playas, los terrenos de baja mar y las aguas marítimas, son bienes de uso público, por tanto intransferibles a cualquier título a los particulares, quienes sólo podrán obtener concesiones, permisos o licencias para su uso y goce de acuerdo a la ley y a las disposiciones del presente decreto. En consecuencia, tales permisos o licencias no confieren título alguno sobre el suelo ni subsuelo.
PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN [§ 2532-2] L. 397/97. ART. 4º— Definición de patrimonio cultural de la Nación. El patrimonio cultural de la Nación está constituido por todos los bienes y valores culturales que son expresión de la nacionalidad colombiana, tales como la tradición, las costumbres y los hábitos, así como el conjunto de bienes inmateriales y materiales, muebles e inmuebles, que poseen un especial interés histórico, artístico, estético, plástico, arquitectónico, urbano, arqueológico, ambiental, ecológico, lingüístico, sonoro, musical, audiovisual, fílmico, científico, testimonial, documental, literario, bibliográfico, museológico, antropológico y las manifestaciones, los productos y las representaciones de la cultura popular. Las disposiciones de la presente ley y de su futura reglamentación serán aplicadas a los bienes y categorías de bienes que siendo parte del patrimonio cultural de la Nación pertenecientes a las épocas prehispánicas, de la colonia, la independencia, la república y la contemporánea, sean declarados como bienes de interés cultural, conforme a los criterios de valoración que para tal efecto determine el Ministerio de Cultura. PAR. 1º—Los bienes declarados monumentos nacionales con anterioridad a la presente ley, así como los bienes integrantes del patrimonio arqueológico, serán considerados como bienes de interés cultural. También podrán ser declarados bienes de interés cultural, previo concepto del Ministerio de Cultura, aquellos bienes que hayan sido objeto de reconocimiento especial expreso por las entidades territoriales.
[§ 2532-3] L. 397/97 . ART. 6º—Patrimonio arqueológico. Son bienes integrantes del patrimonio arqueológico aquellos muebles o inmuebles que sean originarios de culturas desaparecidas, o que pertenezcan a la época colonial, así como los restos humanos y orgánicos relacionados con esas culturas. Igualmente, forman parte de dicho patrimonio los elementos geológicos y paleontológicos relacionados con la historia del hombre y sus orígenes. También podrán formar parte del patrimonio arqueológico, los bienes muebles e inmuebles representativos de la tradición e identidad culturales pertenecientes a las comunidades indígenas actualmente existentes, que sean declarados como tal por el Ministerio de Cultura, a través del Instituto Colombiano de Antropología, y en coordinación con las comunidades indígenas. El particular que encuentre bienes arqueológicos deberá dar aviso inmediato a las autoridades civiles o policivas más cercanas, las cuales tendrán como obligación informar del hecho al Ministerio de Cultura, durante las veinticuatro (24) horas siguientes. El Ministerio de Cultura determinará técnica y científicamente los sitios en que puede haber bienes arqueológicos o que sean contiguos a áreas arqueológicas, hará las declaratorias respectivas y elaborará el plan especial de protección a que se refiere el artículo 10, numeral 3º de esta ley, en colaboración con las demás autoridades y organismos del nivel nacional y de las entidades territoriales.
En el proceso de otorgamiento de las licencias ambientales sobre áreas declaradas como patrimonio arqueológico, las autoridades ambientales competentes, consultarán con el Ministerio de Cultura, sobre la existencia de áreas arqueológicas y los planes de protección vigentes, para efectos de incorporarlos en las respectivas licencias. El Ministerio de Cultura dará su respuesta en un plazo no superior a 30 días calendario.
[§ 2532-4] L. 397/97 . ART. 7º—Consejo de Monumentos Nacionales. El Consejo de Monumentos Nacionales es el órgano encargado de asesorar al Gobierno Nacional en cuanto a la protección y manejo del patrimonio cultural de la Nación. El Gobierno Nacional reglamentará lo relativo a la composición, funciones y régimen de sesiones del Consejo de Monumentos Nacionales.
[§ 2532-5] L. 397/97 . ART. 8º—Declaratoria y manejo del patrimonio cultural de la Nación. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Cultura y previo concepto del Consejo de Monumentos Nacionales, es el responsable de la declaratoria y del manejo de los monumentos nacionales y de los bienes de interés cultural de carácter nacional. A las entidades territoriales, con base en los principios de descentralización, autonomía y participación, les corresponde la declaratoria y el manejo del patrimonio cultural y de los bienes de interés cultural del ámbito municipal, distrital, departamental, a través de las alcaldías municipales y las gobernaciones respectivas, y de los territorios indígenas, previo concepto de los centros filiales del Consejo de Monumentos Nacionales allí donde existan, o en su defecto por la entidad delegada por el Ministerio de Cultura. Lo anterior se entiende sin perjuicio de que los bienes antes mencionados puedan ser declarados bienes de interés cultural de carácter nacional. Para la declaratoria y el manejo de los bienes de interés cultural se aplicará el principio de coordinación entre los niveles nacional, departamental, distrital y municipal y de los territorios indígenas. Los planes de desarrollo de las entidades territoriales tendrán en cuenta los recursos para la conservación y la recuperación del patrimonio cultural. PAR. 1º—Se reconoce el derecho de las iglesias y confesiones religiosas de ser propietarias del patrimonio cultural que hayan creado, adquirido con recursos o que estén bajo su legítima posesión. Igualmente, se protegen la naturaleza y finalidad religiosa de dichos bienes, las cuales no podrán ser obstaculizadas ni impedidas por su valor cultural. Al tenor del artículo 15 de la Ley 133 de 1994, el Estado celebrará con las correspondientes iglesias y confesiones religiosas, convenios para establecer el régimen de estos bienes, incluyendo las restricciones a su enajenación y exportación y las medidas para su inventario, conservación, restauración, estudio y exposición.
[§ 2532-6] L. 397/97. ART. 9º—Del patrimonio cultural sumergido. Pertenecen al patrimonio cultural o arqueológico de la Nación, por su valor histórico o arqueológico, que deberá ser determinado por el Ministerio de Cultura, las ciudades o cementerios de grupos humanos desaparecidos, restos humanos, las especies náufragas constituidas por las naves y su dotación, y demás bienes muebles yacentes dentro de éstas, o diseminados en el fondo del mar, que se encuentren en el suelo o subsuelo marinos de las aguas interiores, el mar territorial, la plataforma continental o zona económica exclusiva, cualesquiera que sea su naturaleza o estado y la causa o época del hundimiento o naufragio. Los restos o partes de embarcaciones, dotaciones o bienes que se encuentren en circunstancias similares, también tienen el carácter de especies náufragas. PAR. 1º—Toda exploración y remoción del patrimonio cultural sumergido, por cualquier persona
natural o jurídica, nacional o extranjera, requiere autorización previa del Ministerio de Cultura, y de la Dirección General Marítima, Dimar, del Ministerio de Defensa Nacional, la cual será temporal y precisa. Si en ejercicio de la autorización se produjere un hallazgo, deberá denunciarse el mismo ante tal dirección, con el fin de que ésta acredite como denunciante a quien lo haya hecho, mediante acto reservado y debidamente motivado. Si como consecuencia de la denuncia se produce el rescate en las coordenadas geográficas indicadas por el denunciante, éste tendrá derecho a un porcentaje del valor bruto de las especies náufragas que será reglamentado por el Gobierno Nacional, oído el concepto del Consejo Nacional de Cultura. Para los contratos de rescate, el denunciante debe ofrecer primero a la Nación los objetos que por derecho le pertenezcan, y sólo después a otras entidades. PAR. 2º—Los métodos utilizados para la exploración y remoción del patrimonio cultural sumergido deben evitar su destrucción, con el fin de otorgar la mayor claridad sobre el posible hallazgo y preservar la información cultural del mismo, aun si esto implicara dejarlo en su sitio en espera de otros métodos y tecnologías que permitan su rescate o estudio sin daño alguno. En cualquier caso, debe estar presente como supervisor, un grupo de arqueólogos submarinos debidamente acreditados por el Ministerio de Cultura. Para efectos de lo previsto en este artículo, la comisión de especies náufragas de que trata el Decreto 29 de 1984, rendirá concepto previo a la Dirección General Marítima, Dimar, y obrará como organismo asesor del gobierno en la materia. Corresponderá al Ministerio de Cultura determinar el destino o uso de las especies náufragas rescatadas, pudiendo celebrar convenios de administración con entidades públicas o privadas que tengan como una de sus actividades principales la ejecución de programas culturales abiertos al público. El Gobierno Nacional reglamentará lo dispuesto en este artículo.
[§ 2532-7] L. 397/97. ART. 10.—Inembargabilidad, imprescriptibilidad e inalienabilidad. Los bienes de interés cultural que conforman el patrimonio cultural de la Nación que sean propiedad de entidades públicas, son inembargables, imprescriptibles e inalienables. PAR.—El Ministerio de Cultura autorizará, en casos excepcionales, la enajenación o el préstamo de bienes de interés cultural entre entidades públicas.
[§ 2532-8] L. 397/97. ART. 11.—Régimen para los bienes de interés cultural. Los bienes de interés cultural públicos y privados estarán sometidos al siguiente régimen: 1. Demolición, desplazamiento y restauración. Ningún bien que haya sido declarado de interés cultural podrá ser demolido, destruido, parcelado o removido, sin la autorización de la autoridad que lo haya declarado como tal. 2. Intervención. Entiéndese por intervención todo acto que cause cambios al bien de interés cultural o que afecte el estado del mismo. Sobre el bien de interés cultural no se podrá efectuar intervención alguna sin la correspondiente autorización del Ministerio de Cultura. La intervención de bienes de interés cultural deberá realizarse bajo la supervisión de profesionales en la materia debidamente acreditados ante el Ministerio de Cultura. Por virtud de lo dispuesto en el artículo 5º de esta ley, para los bienes de interés cultural que pertenezcan al patrimonio arqueológico de la Nación, dicha autorización estará implícita en las licencias ambientales de los proyectos de minería, hidrocarburos, embalses o macroproyectos de
infraestructura. En estos casos, se dispondrá que la supervisión será ejercida en cualquier tiempo por los profesionales acreditados ante el Ministerio de Cultura. El propietario de un predio que se encuentre en el área de influencia o que sea colindante con un bien inmueble de interés cultural, que pretenda realizar obras que puedan afectar las características de éste, deberá obtener autorización para dichos fines de parte de la autoridad que efectuó la respectiva declaratoria. 3. Plan especial de protección. Con la declaratoria de un bien como de interés cultural se elaborará un plan especial de protección del mismo por parte de la autoridad competente. El plan especial de protección indicará el área afectada, la zona de influencia, el nivel permitido de intervención y las condiciones de manejo y el plan de divulgación que asegurará el respaldo comunitario a la conservación de estos bienes, en coordinación con las entidades territoriales correspondientes. Para el caso específico del patrimonio arqueológico reconocido y prospectado en desarrollo de la construcción de redes de transporte de hidrocarburos se entenderá como “plan especial de protección” el plan de manejo arqueológico que hace parte del plan de manejo ambiental presentado al Ministerio del Medio Ambiente dentro del proceso de obtención de la licencia ambiental. 4. Salida del país y movilización. Queda prohibida la exportación de los bienes muebles de interés cultural. Sin embargo, el Ministerio de Cultura podrá autorizar su salida temporal, por un plazo que no exceda de tres (3) años, con el único fin de ser exhibidos al público o estudiados científicamente. La salida del país de cualquier bien mueble que se considere como integrante del patrimonio cultural de la Nación requerirá del permiso previo de los organismos territoriales encargados del cumplimiento de la presente ley o del Ministerio de Cultura. El bien objeto de la exportación o sustracción ilegal será decomisado y puesto a órdenes del Ministerio de Cultura. Así mismo, el Ministerio de Cultura y demás instituciones públicas, realizarán todos los esfuerzos tendientes a repatriar los bienes de interés cultural que hayan sido extraídos ilegalmente del territorio colombiano.
[§ 2532-9] L. 397/97. ART. 12.—Del patrimonio bibliográfico, hemerográfico, documental y de imágenes en movimiento. El Ministerio de Cultura y el Ministerio del Interior, a través de la Biblioteca Nacional y el Archivo General de la Nación, respectivamente, son las entidades responsables de reunir, organizar, incrementar, preservar, proteger, registrar y difundir el patrimonio bibliográfico, hemerográfico y documental de la Nación, sostenido en los diferentes soportes de información. Así mismo, las bibliotecas departamentales y regionales, y los archivos municipales, distritales y departamentales, podrán ser depositarios de su patrimonio bibliográfico, hemerográfico y documental. PAR.—El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Cultura, velará por la recuperación, conservación y preservación del patrimonio colombiano de imágenes en movimiento.
[§ 2532-10] L. 397/97. ART. 13.—Derechos de grupos étnicos. Los grupos étnicos asentados en territorios de riqueza arqueológica conservarán los derechos que efectivamente estuvieren ejerciendo sobre el patrimonio arqueológico que sea parte de su identidad cultural, para lo cual contarán con la asesoría y asistencia técnica del Ministerio de Cultura. Con el fin de proteger lenguas, tradiciones, usos y costumbres y saberes, el Estado garantizará los derechos de autoría colectiva de los grupos étnicos, apoyará los procesos de etnoeducación, y estimulará la difusión de su patrimonio a través de los medios de comunicación.
[§ 2532-11] L. 397/97. ART. 14.—Registro nacional de patrimonio cultural. La Nación y las entidades territoriales
estarán en la obligación de realizar el registro del patrimonio cultural. Las entidades territoriales remitirán periódicamente al Ministerio de Cultura, sus respectivos registros, con el fin de que sean contemplados en el registro nacional del patrimonio cultural. El Ministerio de Cultura reglamentará lo relativo al registro y definirá las categorías de protección aplicables a los diversos tipos de bienes registrados, en coordinación con las entidades territoriales.
[§ 2533] JURISPRUDENCIA.—Los bienes de uso público pueden pertenecer a las entidades territoriales distintas de la Nación. "No está en lo cierto el tribunal al afirmar que todos los bienes de uso público pertenecen a la Nación. Al referirse el código al Estado incluye en la acepción a cualquiera de las entidades que lo forman: la Nación, el departamento y el municipio. Hay bienes de uso público nacionales, departamentales y municipales. Para el desarrollo urbanístico es frecuente que las entidades respectivas adquieran superficies territoriales que en forma de zonas parciales para las calles o de área total para éstas o para las plazas públicas, obtiene el municipio de conformidad con los reglamentos que rigen la materia; por compra directa, por expropiación, por compensación, cuando se aplican ciertas normas del estatuto de valorización de la propiedad particular en razón de las obras que realiza la entidad municipal. Es el municipio y no el departamento, ni la Nación, el que en tales casos actúa para comprar terrenos, expropiarlos o adquirirlos por cesión compensatoria que los propietarios particulares le hacen a la entidad pública local. No es por tanto discutible que por uno cualquiera de estos medios el municipio entre a ser propietario de la zona en cuestión. La propiedad de la Nación, los departamentos y los municipios sobre bienes de uso público aparece admitida y consagrada en el Código Contencioso Administrativo". (CSJ, Cas. Civil, Sent. jun. 19/68).
[§ 2534]
JURISPRUDENCIA.—Los bienes de uso público no admiten reivindicación. "La posesión común tal como la define y reglamenta nuestra legislación y que es proyección fáctica del clásico derecho de propiedad, no corresponde a la situación en la que se encuentra el Estado frente a los bienes de uso público, como también lo es la afirmación de que, una vez adscritos a la destinación especial, ya no pueden ser objeto de acción reivindicatoria por parte de los propietarios desposeídos, ni contra el Estado, ni contra los municipios en que se encuentren ubicados. La reivindicación in corporeo se hace imposible, se hace jurídicamente imposible desde que los bienes se encuentren fuera del comercio jurídico". (CSJ, Cas. Civil, Sent. jun. 19/68).
[§ 2535] JURISPRUDENCIA.—Los particulares no pueden contrariar la afectación de los bienes de uso público. "Regresando al punto central de los bienes de uso público, ciertamente la jurisprudencia de la Corte con apoyo en las nuevas tendencias del derecho público ha sostenido que los bienes de uso público lo son por naturaleza o por destinación jurídica y que continúan con esa calidad especial mientras sigan vinculados a la finalidad pública y en los términos en que ésta así lo exija. Por consiguiente, el Estado, desde que adquiere un bien para satisfacer una necesidad pública o de uso público, tal bien queda adscrito como de uso público. Y, como tal, los terceros o particulares no pueden interferir ni contrariar esa destinación". (CSJ, Cas. Civil, Sent. jul. 28/87). [§ 2535-1] JURISPRUDENCIA .—Libre utilización de los bienes de uso público. "7. Las playas marítimas son bienes de uso público no susceptibles de apropiación por
particulares (C.P., art. 63, D.L. 2324/84, art. 166). En este sentido, es ilícita la conducta de cualquier persona tendiente a apropiarse de porciones de playa mediante su cercamiento o prohibición de acceso (...). Los propietarios o poseedores de tierras costeras no pueden impedir el acceso al mar a través de sus predios cuando no existen, por las características de la zona, otras vías para llegar a la orilla. Los empresarios que adquieren extensos terrenos aledaños a las playas con miras a ejercer legítimamente la actividad hotelera no pueden impedir el paso al mar con el pretexto de existir otros lugares de acceso. La carga impuesta a los habitantes de la zona costera por esta exigencia carece de justificación constitucional y legal. En particular, los caminos de acceso automotor al mar en zonas pantanosas constituyen elemento esencial para el desarrollo integral de la actividad pesquera, la preservación de una forma cultural diversa y la libre utilización de los bienes de uso público en beneficio de toda la población". (C. Const., Sent. dic. 14/92, T-605. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz).
[§ 2535-2] JURISPRUDENCIA.—El dominio sobre los bienes de uso público, es un dominio especial. "La Nación es titular de los bienes de uso público por ministerio de la ley y mandato de la Constitución. Ese derecho real institucional no se ubica dentro de la propiedad privada respaldada en el artículo 58 de la Constitución, sino que es otra forma de propiedad, un dominio público fundamentado en el artículo 63 de la Carta, el cual establece que "los bienes de uso público... son inalienables, imprescriptibles e inembargables". Esto muestra entonces que la teoría de la comercialidad de los bienes se rompe cuando se trata de bienes de uso público. No es válido entonces exigir matrícula inmobiliaria de tales bienes para determinar si son de uso público, puesto que tales bienes, por sus especiales características, están sometidos a un régimen jurídico especial, el cual tiene rango directo constitucional. Por ello, durante la vigencia de la anterior Constitución, la Corte Suprema de Justicia había dicho que "el dominio del Estado sobre los bienes de uso público, es un dominio sui generis". Y la Corte Constitucional también ha diferenciado con nitidez, en anteriores decisiones, el dominio público y la propiedad privada. Así, según la Corte, los bienes de dominio público se distinguen "por su afectación al dominio público, por motivos de interés general (C.N., art. 1°), relacionadas con la riqueza cultural nacional, el uso público y el espacio público". En particular, sobre los bienes de uso público, la Corte señaló en esa misma sentencia que éstos son inalienables, imprescriptibles e inembargables, y precisó tales características en los siguientes términos: a) inalienables: significa que no se puede negociar, esto es, vender, donar, permutar, etc. b) Inembargables: esta característica se desprende de la anterior, pues los bienes de las entidades administrativas no pueden ser objeto de gravámenes hipotecarios, embargos o apremios. c) Imprescriptibles: la defensa de la integridad del dominio público frente a usurpaciones de los particulares, que, aplicándoles el régimen común, terminarían por imponerse por el transcurso del tiempo, se ha intentado encontrar, en todas las épocas, con la formulación del dogma de la imprescriptibilidad de tales bienes. Es contrario a la lógica qué bienes
que están destinados al uso público de los habitantes puedan ser asiento al de derechos privados, es decir, que al lado del uso público pueda prosperar la propiedad particular de alguno o algunos de los asociados. En ese orden de ideas, al Estado corresponde el derecho y el deber de velar por la integridad de esos bienes de uso público. Si, además, esos bienes se ligan con la recreación (C.N., art. 52) con la función ecológica de la propiedad (C.N., art. 58), con la conservación de las áreas de especial importancia ecológica (C.N., art. 79) con la prevención del deterioro ambiental, protección de ecosistemas y garantía del desarrollo sostenible (C.N., art. 80), ello implica adicionalmente el deber del Estado de velar por la protección de la integridad del espacio público y por su destinación al uso público, el cual prevalece sobre el interés particular (art. 82 ibídem)". (C. Const., Sent. T-572, dic. 9/94. M.P. Alejandro Martínez Caballero). [§ 2535-3] JURISPRUDENCIA.—No sólo los bienes de uso público son imprescriptibles sino también los fiscales. "(...). En cuanto a los primeros, los de uso público, débese precisar aquí que se caracterizan, como su nombre lo anuncia, porque, como acontece con algunos de propiedad privada, están destinados al uso común; porque son inalienables e imprescriptibles y, finalmente, porque pertenecen, salvo los privados afectados al uso público, a entidades de derecho público, exigencia esta última entendida en el sentido de que se encuentran sometidos a una singular, pero innegable, potestad estatal que excluye la propiedad privada sobre ellos, ya sea porque, como piensan algunos, tal poder configura un “dominio eminente”, traducido en meras facultades de policía administrativa que apenas le conceden a su titular las facultades de guarda y vigilancia, sin estructurar, en todo caso, un derecho de propiedad en sentido estricto, o ya, como piensan otros, como un genuino derecho público de propiedad cuyo ejercicio puede diferir en varios aspectos del modo como los particulares despliegan su poder sobre los bienes, pero sin ser sustancialmente distintos. Por el contrario, en relación con los bienes fiscales, los entes de derecho público se comportan, en un todo, como lo haría un particular, razón por la cual confluyen en ellos los atributos de la propiedad que permite gravarlos, enajenarlos, arrendarlos, etc. Ahora bien, dentro de las características propias de su especie, se destacaba aquella que los hacía susceptibles de ser adquiridos por usucapión, peculiaridad que se infería por exclusión, de lo dispuesto por el artículo 2519 del Código Civil, que de manera contundente determina que los bienes de uso público de la Nación no pueden adquirirse por prescripción. Sin embargo, con la entrada en vigencia del Código de Procedimiento Civil de 1971 (D. 1400/70), cuyo artículo 413 consagró que “no procede la pertenencia... ni respecto de bienes imprescriptibles o de propiedad de las entidades de derecho público”, desapareció una de las particularidades que permitía, junto con las ya apuntadas, diferenciar los bienes fiscales de los de uso público, habida cuenta que frente a unos y otros se torna improcedente la acción de pertenencia. Pero, hay que decirlo también, no por ello puede concluirse que en la actualidad se unificaron tales conceptos, o que la clasificación hubiese dejado de existir, o que los bienes fiscales pasaron a ser de uso público. Aconteció, simplemente, que lo que otrora fue uno de los criterios de diferenciación hoy dejó de serlo, sin que por tal razón la disimilitud se haya esfumado. "(CSJ, Cas. Civil, Sent. jul. 29/99. Exp. 5074. M.P. Jorge Antonio Castillo Rugeles). JURISPRUDENCIA.—Los bienes que pueden ser dados en [§ 2535-4] arrendamiento por la administración pública son los fiscales . "Sobre el particular, esta corporación considera que no les asiste razón a la parte actora y a la coadyuvante de la demanda, pues ni del texto de la norma reglamentada, ni del de la norma reglamentaria, se desprende que respecto de los bienes que pueden ser dados en
arrendamiento o administración para ser destinados a la práctica de la recreación masiva o el deporte incluyan los bienes de uso público, ya que de acuerdo con las mismas, los bienes que para tales efectos se pueden destinar son los bienes fiscales. En consecuencia, al consagrar el decreto demandado que para los fines del artículo 174 del Decreto 1421 de 1993 se pueden entregar en arrendamiento o administración bienes de su propiedad , refiriéndose al Distrito y a sus entidades descentralizadas, no desborda el marco de la norma que reglamenta, pues los bienes de su propiedad son, C .E.,, Sent Sent.. feb. feb. 16/2 16/200 001. 1. Exp. Exp. 16.5 16.596 96.. M.P. M.P. Alie Alierr E. precisamente, los fiscales". ( C.E. Hernández Enríquez).
BALDÍOS
[§ 2536] ART. 675.—Son bienes de la Unión todas las tierras que estando situadas dentro de los límites territoriales, carecen d e otro dueño. CLARIFICACIÓN DE LA PROPIEDAD, DESLINDE Y RECUPERACIÓN DE BALDÍOS [§ 2536-1] L. 160/94. ART. 48.—De conformidad conformidad y para efectos de lo establecido establecido en los numerales numerales 14, 15 y 16 del artículo artículo 12 de la presente presente ley, el Instituto Colombiano Colombiano de la Reforma Agraria, previa obtención de la información necesaria, adelantará los procedimientos tendientes a: 1. Clarificar la situación de las tierras desde el punto de vista de la propiedad, con el fin de determinar si han salido o no del dominio del Estado. A partir de la vigencia de la presente presente ley, para acreditar acreditar propiedad privada sobre la respectiva respectiva extensión extensión territorial, se requiere como prueba el título originario expedido expedido por el Estado que no haya perdido su eficacia legal, o los títulos debidamente debidamente inscritos otorgados con anterioridad anterioridad a la vigencia de esta ley, en que consten tradiciones de dominio por un lapso no menor del término que señalan las leyes para la prescripción extraordinaria. Lo dispuesto en el inciso anterior sobre prueba de la propiedad privada por medio de títulos debidamente inscritos con anterioridad a la presente ley, no es aplicable respecto de terrenos no adjudicables, o que estén reservados, o destinados para cualquier servicio o uso público. 2. Delimitar las tierras de propiedad de la Nación de las de los particulares. 3. Determinar cuándo hay indebida ocupación de terrenos baldíos. PAR.—Para asegurar la protección de los bienes y derechos conforme al artículo 63 de la Constitución Política y la Ley 70 de 1993, el Incora podrá adelantar procedimientos de delimitación de las tierras de resguardo, o las adjudicadas a las comunidades negras, de las que pertenecieren a los particulares.
EXTINCIÓN DEL DOMINIO SOBRE TIERRAS INCULTAS [§ 2536-2] L. 160/94. ART. 52.—Establécese 52.—Establécese en favor de la Nación la extinción del derecho derecho de dominio o propiedad propiedad sobre los predios rurales en los cuales se dejare de ejercer posesión en la forma establecida en el artículo primero de la Ley 200 de 1936, durante tres (3) años continuos, salvo fuerza mayor o caso fortuito, o cuando los propietarios violen las disposiciones sobre conservación, mejoramiento y utilización racional de los recursos naturales renovables y las de preservación y restauración del ambiente, o cuando los propietarios violen las normas sobre zonas de reserva agrícola o forestal establecidas en los planes de desarrollo de los municipios o distritos con más de 300.000 habitantes. También será causal de extinción del derecho de dominio la destinación del predio para la explotación con cultivos ilícitos. El procedimiento respectivo se iniciará de oficio o a solicitud de
autoridad competente. Lo dispuesto en este artículo no se opone a la declaratoria declaratoria de extinción del dominio cuando, a la fecha en que empiece a regir esta ley, hubiere transcurrido un lapso de tres (3) años de inexplotación del inmueble, o si dicho término se cumpliere dentro de la vigencia de esta norma. Cuando la posesión se hubiere ejercido sobre una parte del predio solamente, la extinción del dominio no comprenderá sino las porciones incultas que no se reputen poseídas conforme a la Ley 200 de 1936. El Instituto Colombiano de la Reforma Reforma Agraria tendrá a su cargo adelantar las diligencias y dictar las resoluciones sobre extinción del derecho de dominio privado sobre predios rurales según lo previsto en la presente ley.
DESTINACIÓN DE BALDÍOS [§ 2536-3] L. 160/94. ART. 56.—Las 56.—Las tierras aptas aptas para explotación explotación económ económica ica que reviertan reviertan al dominio dominio de la Nación en virtud de la declaratoria de extinción del derecho de dominio, ingresarán con el carácter de baldíos reservados y se adjudicarán de conformidad con el reglamento que para el efecto expida la junta directiva; las no aptas para los programas de que trata esta ley serán transferidas al municipio en que se hallen ubicadas o a otras entidades del Estado que deban cumplir en ellas actividades específicas señaladas en normas vigentes. El recibo de estas tierras y su utilización por parte de las entidades indicadas en el inciso precedente será de obligatorio cumplimiento.
BALDÍOS NACIONALES [§ 2536-4] L. 160/94. ART. 65.—La propiedad propiedad de los terrenos terrenos baldíos adjudicables, adjudicables, sólo puede adquirirse adquirirse mediante mediante título traslaticio de dominio otorgado por el Estado a través del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, o por las las entidades entidades públicas públicas en las que delegue esta facultad. facultad. Los ocupantes de tierras baldías, por ese sólo hecho, no tienen la calidad de poseedores conforme al Código Civil, y frente a la adjudicación por el Estado sólo existe una mera expectativa. La adjudicación de las tierras baldías podrá hacerse por el instituto mediante solicitud previa de parte interesada o de oficio. Como regla general, el Incora decretará la reversión del baldío adjudicado al dominio de la Nación cuando se compruebe la violación de las normas sobre conservación y aprovechamiento racional de los recursos naturales renovables, y del medio ambiente, o el incumplimiento de las obligaciones y condiciones condiciones bajo las cuales se produjo la adjudicación, adjudicación, o se dedique el terreno a cultivos ilícitos. ilícitos. En firme la resolución que disponga la reversión, se procederá a la recuperación del terreno en la forma que disponga el reglamento. No podrá hacerse adjudicación de baldíos sino por ocupación previa, en tierras con aptitud agropecuaria agropecuaria que se estén explotando explotando conforme a las l as normas sobre protección y utilización racional de los recursos naturales renovables, en favor de personas naturales, empresas comunitarias y cooperativas campesinas, en las extensiones y condiciones que para cada municipio o región del país señale la junta directiva. Mediant nte e la Ley Ley 160 de 1994, 1994, denom denomina inada da de reform reforma a agra agraria ria,, se regla reglame ment ntó ó lo NOTA: Media concerniente al acceso de la propiedad rural a través de mecanismos tales como la extinción de dominio sobre tierras en favor de la Nación, la adjudicación de baldíos y el otorgamiento de subsidios a los beneficiarios de dichas adjudicaciones, entre otros. Mediante Resolución 365 del 2 de marzo de 1998, el gerente general del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, en uso de sus facultades legales y estatutarias, en desarrollo de lo previsto en el artículo 78 de la Ley 160 de 1994 reguló: "lo relacionado con los procedimientos y normas técnicas
que deben observarse en los levantamientos y planos para la identificación predial de terrenos baldíos, y para los diferentes procedimientos agrarios que adelante el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria y las entidades delegatarias". "La resolución deberá tener estricto cumplimiento por parte de los funcionarios del Incora, contratistas, particulares y entidades delegatarias".
OBRAS DE LOS PARTICULARES
[§ 2537] ART. 676.—Los puentes y caminos construidos a expensas de personas particulares, en tierras que les pertenecen, no son bienes de la unión, aunque los dueños permitan su uso y goce a todos los habitantes de un territorio. Lo mismo se extiende a cualesquiera otras construcciones hechas a expensas de particulares y en sus tierras, aun cuando su uso sea público, por permiso del dueño. JURISPRUDENCIA.—No basta la afectación a un servicio público. "Por [§ 2538] JURISPRUDENCIA.— tanto, la sola destinación o afectación de un inmueble de propiedad particular a un servicio público, no es ni puede ser título suficiente en favor de la Nación y menos aún de los particulares, que al usar y gozar de tal servicio no ejercitan acto alguno de posesión material. Dicho en otros términos, lo que da a un bien el carácter de bien de la unión de uso público o de bien público del territorio —para emplear una cualquiera de las expresiones de que se vale el artículo 674 del mismo Código Civil.— no es solamente su afectación a un servicio servicio público. Es necesario necesario,, además, además, que esa afectació afectación n o destinaci destinación, ón, decretada decretada por la autoridad, esté respaldada por un título de dominio sobre tal bien y a favor de la Nación misma. Lo contrario constituiría un franco y absoluto desconocimiento del derecho de propiedad". (CSJ, Cas. Civil, Sent. abr. 21/53).
DOMINIO SOBRE LAS AGUAS
[§ 2539] ART. 677.—Los ríos y todas las aguas que corren por cauces naturales son bienes de la Unión, de uso público en los respectivos territorios. Exceptúanse las vertientes que nacen y mueren dentro de una misma heredad: su propiedad, uso y goce pertenecen a los dueños de las riberas, y pasan con éstos a los herederos y demás sucesores de los dueños. REGLA GENERAL [§ 2540] D. 2811/74. ART. 80.—Sin perjuicio de los derechos derechos privados adquiridos con arreglo a la ley, las aguas son de dominio público, inalienables e imprescriptibles. Cuando en el código se hable de aguas sin otra calificación, se deberán entender las de dominio público.
NOTA: El Decreto 2811 de 1974, algunas de cuyas normas se transcriben aquí, es el actual código de recursos naturales renovables y de protección al medio ambiente.
[§ 2540-1]
Distin inci ción ón entr entre e legi legisl slac ació ión n ambi ambien ental tal y JURISPRUDENCIA.—Dist legislación civil sobre recursos naturales. "Por todo lo anterior, la Corte concluye que el gobierno no se excedió al expedir los artículos 106 a 118 del Decreto 2811 de 1974 ya que es cierto que esos artículos modificaron normas del Código Civil, pero en un asunto
que caía en su órbita de competencia, puesto que estas servidumbres están directamente relacionadas con el uso de recursos naturales renovables como el agua. Es más, esta corporación considera que la decisión gubernamental de modificar ciertas normas civiles es totalmente congruente con la finalidad de la regulación ecológica que se quería expedir en ese momento, puesto que uno de sus objetivos, tal y como lo establece la ley habilitante y las primeras normas del propio código, era lograr un aprovechamiento racional y una adecuada conservación de los recursos naturales renovables. En tales circunstancias, resultaba perfectamente razonable que el presidente haya querido sustraer ciertos asuntos relacionados con el uso y la explotación de tales recursos de la legislación civil, por cuanto ésta se rige primariamente por el principio de autonomía de la voluntad, el cual puede entrar en conflicto con la función ecológica de la propiedad (C.P., art. 58) y con la nueva relación entre la sociedad y naturaleza, que es propia de una legislación ambiental, como la que se quería expedir. Así, esta corporación ya había señalado que “la filosofía que inspiró al Código de 1974 fue la de recoger y someter a crítica toda la legislación de aguas vigente hasta entonces, actualizarla y complementarla, de modo que guardara armonía con su concepción ambientalista moderna que propugna la regulación normativa integral sobre los recursos naturales y la protección al ambiente, dado que aquéllos constituyen un elemento esencial de éste" (16). (16) Sent. T-379/95. M.P. Antonio Barrera Carbonell. Consideración de la Corte 3. En el fondo, se podría decir que la finalidad del código fue la de crear legislación ambiental en el país, por lo cual decidió sustraer de la legislación civil ciertas materias relacionadas con el uso de los recursos naturales. En efecto, no toda disposición jurídica que regula el empleo de un recurso natural debe ser entendida como una norma ambiental. Por ejemplo, muchos artículos del estatuto civil establecen cómo se adquieren y transfieren los bienes materiales, que son en muchos casos recursos naturales, pero no por ello esas disposiciones civiles se transforman normas ambientales, ya que no sólo están basadas en el principio de autonomía de la voluntad sino que, además, están interesadas fundamentalmente en regular la circulación social de estos bienes, por lo cual la relación entre las personas y los ecosistemas pasa prácticamente en silencio. En cambio, lo propio de una norma ambiental es que considera a la naturaleza no sólo como un objeto de apropiación privada o social sino como un bien jurídicamente tutelable, con lo cual la relación normativa entre la naturaleza y la sociedad se transforma, tal y como se mostrará posteriormente en los fundamentos 18 a 21 de esta sentencia. El pensamiento ecológico y las normas ambientales implican entonces un cambio de paradigma, que obliga a repensar el alcance de muchas de las categorías jurídicas tradicionales, ya que la finalidad del derecho se amplía. En efecto, el ordenamiento jurídico ya no sólo buscará regular las relaciones sociales sino también la relación de la sociedad con la naturaleza, con el fin de tomar en cuenta el impacto de las dinámicas sociales sobre los ecosistemas, así como la repercusión del medio ambiente en la vida social". (C. Const. Sent. C-126, abr. 1/98. M.P. Alejandro Martínez Caballero). DOMINIO PRIVADO [§ 2541] D. 2811/74. ART. 81.—De acuerdo con el artículo 677 del Código Civil, se entiende que un agua nace y muere en una misma heredad cuando brota naturalmente a su superficie y se evapora o desaparece bajo la superficie de la misma heredad.
[§ 2542] D. 1541/78.
ART. 18.—De acuerdo con los artículos 81 del Decreto-Ley 2811 de 1974 y 677 del Código Civil, son aguas privadas las que nacen y mueren en una heredad, brotando naturalmente a la superficie dentro de la heredad y evaporándose por completo o desapareciendo bajo la superficie por infiltración, dentro de la misma y siempre que su dominio privado no se haya extinguido conforme al artículo 82 del Decreto-Ley 2811 de 1974. No son aguas privadas, por tanto, las que salen de la heredad o confluyen a otro curso o depósito que sale o se extiende fuera de la heredad de nacimiento.
EXTINCIÓN DEL DOMINIO PRIVADO [§ 2543] D. 2811/74. ART. 82.—El dominio privado de las aguas se extingue por ministerio de la ley por no utilizarlas durante tres años continuos a partir de la vigencia de este código, salvo fuerza mayor.
USO Y GOCE DE BIENES DE USO PÚBLICO
[§ 2544] ART. 678.—El uso y goce que para el tránsito, riego, navegación y cualesquiera otros objetos lícitos, corresponden a los particulares en las calles, plazas, puentes y caminos públicos, en ríos y lagos, y generalmente en todos los bienes de la Unión de uso público, estarán sujetos a las disposiciones de este código y a las demás que sobre la materia contengan las leyes. [§ 2545] C.N. ART. 82.—Es deber del Estado velar por la protección de la integridad del espacio público y por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés particular. Las entidades públicas participarán en la plusvalía que genere su acción urbanística y regularán la utilización del suelo y del espacio aéreo urbano en defensa del interés común.
[§ 2546] C.N. ART. 313.—Corresponde a los concejos: (...). 7. Reglamentar los usos del suelo y, dentro de los límites que fije la ley, vigilar y controlar las actividades relacionadas con la construcción y enajenación de inmuebles destinados a vivienda. (...).
[§ 2546-1] L. 388/97. ART. 24.—Instancias de concertación y consulta. El alcalde distrital o municipal, a través de las oficinas de planeación o de la dependencia que haga sus veces, será responsable de coordinar la formulación oportuna del proyecto del plan de ordenamiento territorial, y de someterlo a consideración del consejo de gobierno. En todo caso, antes de la presentación del proyecto de plan de ordenamiento territorial a consideración del concejo distrital o municipal, se surtirán los trámites de concertación interinstitucional y consulta ciudadana, de acuerdo con el siguiente procedimiento: 1. El proyecto de plan se someterá a consideración de la Corporación Autónoma Regional o autoridad ambiental correspondiente, para su aprobación en lo concerniente a los asuntos exclusivamente ambientales, dentro del ámbito de su competencia de acuerdo con lo dispuesto por la Ley 99 de 1993 y en especial por su artículo 66, para lo cual dispondrá de treinta (30) días; sólo podrá ser objetado por razones técnicas y fundadas en los estudios previos. Esta decisión será, en todo caso, apelable ante el Ministerio del Medio Ambiente. 2. Durante el mismo término previsto en el numeral anterior se surtirá la instancia de concertación con la junta metropolitana para el caso de planes de ordenamiento de municipios que formen parte
de áreas metropolitanas, instancia que vigilará su armonía con los planes y directrices metropolitanas, en asuntos de su competencia. 3. Una vez revisado el proyecto por las respectivas autoridades ambientales y metropolitanas, en los asuntos de su competencia, se someterá a consideración del consejo territorial de planeación, instancia que deberá rendir concepto y formular recomendaciones dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes. 4. Durante el período de revisión del plan por la corporación autónoma regional, o la autoridad ambiental correspondiente, la junta metropolitana y el consejo territorial de planeación, la administración municipal o distrital solicitará opiniones a los gremios económicos y agremiaciones profesionales y realizará convocatorias públicas para la discusión del plan, incluyendo audiencias con las juntas administradoras locales, expondrá los documentos básicos del mismo en sitios accesibles a todos los interesados y recogerá las recomendaciones y observaciones formuladas por las distintas entidades gremiales, ecológicas, cívicas y comunitarias del municipio, debiendo proceder a su evaluación, de acuerdo con la factibilidad, conveniencia y concordancia con los objetivos del plan. Igualmente pondrán en marcha los mecanismos de participación comunal previstos en el artículo 22 de esta ley. Las administraciones municipales y distritales establecerán los mecanismos de publicidad y difusión del proyecto de plan de ordenamiento territorial que garanticen su conocimiento masivo, de acuerdo con las condiciones y recursos de cada entidad territorial. PAR.—La consulta democrática deberá garantizarse en todas las fases del plan de ordenamiento, incluyendo el diagnóstico, las bases para su formulación, el seguimiento y la evaluación.
[§ 2546-2] L. 388/97. ART. 25.—Aprobación de los planes de ordenamiento. El proyecto de plan de ordenamiento territorial, como documento consolidado después de surtir la etapa de la participación democrática y de la concertación interinstitucional de que trata el artículo precedente, será presentado por el alcalde a consideración del concejo municipal o distrital, dentro de los treinta (30) días siguientes al recibo del concepto del consejo territorial de planeación. En el evento de que el concejo estuviere en receso, el alcalde deberá convocarlo a sesiones extraordinarias. Toda modificación propuesta por el concejo deberá contar con la aceptación de la administración.
CLASIFICACIÓN DEL SUELO [§ 2546-3] L. 388/97. ART. 30.—Clases de suelo. Los planes de ordenamiento territorial clasificarán el territorio de los municipios y distritos en suelo urbano, rural y de expansión urbana. Al interior de estas clases podrán establecerse las categorías de suburbano y de protección, de conformidad con los criterios generales establecidos en los artículos siguientes.
[§ 2546-4] L. 388/97. ART. 31.—Suelo urbano. Constituyen el suelo urbano, las áreas del territorio distrital o municipal destinadas a usos urbanos por el plan de ordenamiento, que cuenten con infraestructura vial y redes primarias de energía, acueducto y alcantarillado, posibilitándose su urbanización y edificación, según sea el caso. Podrán pertenecer a esta categoría aquellas zonas con procesos de urbanización incompletos, comprendidos en áreas consolidadas con edificación, que se definan como áreas de mejoramiento integral en los planes de ordenamiento territorial. Las áreas que conforman el suelo urbano serán delimitadas por perímetros y podrán incluir los centros poblados de los corregimientos. En ningún caso el perímetro urbano podrá ser mayor que el denominado perímetro de servicios públicos o sanitario.
[§ 2546-5] L. 388/97. ART. 32.—Suelo de expansión urbana. Constituido por la porción del territorio municipal destinada a la expansión urbana, que se habilitará para el uso urbano durante la vigencia del plan de
ordenamiento, según lo determinen los programas de ejecución. La determinación de este suelo se ajustará a las previsiones de crecimiento de la ciudad y a la posibilidad de dotación con infraestructura para el sistema vial, de transporte, de servicios públicos domiciliarios, áreas libres, y parques y equipamiento colectivo de interés público o social. Dentro de la categoría de suelo de expansión podrán incluirse áreas de desarrollo concertado, a través de procesos que definan la conveniencia y las condiciones para su desarrollo mediante su adecuación y habilitación urbanística a cargo de sus propietarios, pero cuyo desarrollo estará condicionado a la adecuación previa de las áreas programadas.
[§ 2546-6] L. 388/97. ART. 33.—Suelo rural. Constituyen esta categoría los terrenos no aptos para el uso urbano, por razones de oportunidad, o por su destinación a usos agrícolas, ganaderos, forestales, de explotación de recursos naturales y actividades análogas.
[§ 2546-7] L. 388/97. ART. 34.—Suelo suburbano. Constituyen esta categoría las áreas ubicadas dentro del suelo rural, en las que se mezclan los usos del suelo y las formas de vida del campo y la ciudad, diferentes a las clasificadas como áreas de expansión urbana, que pueden ser objeto de desarrollo con restricciones de uso, de intensidad y de densidad, garantizando el autoabastecimiento en servicios públicos domiciliarios, de conformidad con lo establecido en la Ley 99 de 1993 y en la Ley 142 de 1994. Podrán formar parte de esta categoría los suelos correspondientes a los corredores urbanos interregionales. Los municipios y distritos deberán establecer las regulaciones complementarias tendientes a impedir el desarrollo de actividades y usos urbanos en estas áreas, sin que previamente se surta el proceso de incorporación al suelo urbano, para lo cual deberán contar con la infraestructura de espacio público, de infraestructura vial y redes de energía, acueducto y alcantarillado requerida para este tipo de suelo.
[§ 2546-8] L. 388/97. ART. 35.—Suelo de protección. Constituido por las zonas y áreas de terrenos localizados dentro de cualquiera de las anteriores clases, que por sus características geográficas, paisajísticas o ambientales, o por formar parte de las zonas de utilidad pública para la ubicación de infraestructuras para la provisión de servicios públicos domiciliarios o de las áreas de amenazas y riesgo no mitigable para la localización de asentamientos humanos, tiene restringida la posibilidad de urbanizarse.
NORMAS RELATIVAS AL ESPACIO PÚBLICO [§ 2547] L. 9ª/89. ART. 5º—Entiéndese por espacio público el conjunto de inmuebles públicos y los elementos arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados, destinados por su naturaleza, por su uso o afectación, a la satisfacción de necesidades urbanas colectivas que trascienden, por tanto, los límites de los intereses individuales de los habitantes. Así, constituyen el espacio público de la ciudad las áreas requeridas para la circulación, tanto peatonal, como vehicular, las áreas para la recreación pública, activa o pasiva, para la seguridad y tranquilidad ciudadana, las franjas de retiro de las edificaciones sobre las vías, fuentes de agua, parques, plazas, zonas verdes y similares, las necesarias para la instalación y mantenimiento de los servicios públicos básicos, para la instalación y uso de los elementos constitutivos del amoblamiento urbano en todas sus expresiones, para la preservación de las obras de interés público y de los elementos históricos, culturales, religiosos, recreativos y artísticos, para la conservación y preservación del paisaje y los elementos naturales del entorno de la ciudad, los necesarios para la preservación y conservación de las playas marinas y fluviales, los terrenos de bajamar, así como la de sus elementos vegetativos, arenas y corales y, en general, por todas las zonas existentes o debidamente proyectadas en las que el interés colectivo sea manifiesto y conveniente y que
constituyen por consiguiente zonas para el uso o el disfrute colectivo. PAR.—Adicio espacio público resultant resultante e de los procesos procesos de Adicionad nado. o. L. 388 388/97 /97,, art. art. 117 117.. El espacio urbanización y construcción se incorporará con el solo procedimiento de registro de la escritura de constitución de la urbanización en la Oficina de Instrumentos Públicos, en la cual se determinen las áreas públicas objeto de cesión y las áreas privadas, por su localización y linderos. La escritura correspondiente deberá otorgarse y registrarse antes de la iniciación de las ventas del proyecto respectivo.
[§ 2548] L. 9ª/89. ART. 6º—El destino de los bienes de uso público incluidos en el espacio público de las áreas urbanas y suburbanas no podrá ser variado sino por los concejos, juntas metropolitanas o por el consejo intendencial, intendencial, por iniciativa del alcalde o intendente intendente de San Andrés y Providencia, Providencia, siempre y cuando sean canjeados por otras de características equivalentes. El retiro del servicio de las vías públicas continuará rigiéndose por las disposiciones vigentes. Los parques y zonas verdes que tengan el carácter de bienes de uso público, así como las vías públicas, no podrán ser encerrados en forma tal que priven a la ciudadanía de su uso, goce, disfrute visual y libre tránsito.
NOTA: En virtud del artículo 309 de la Constitución Política las islas de San Andrés y Providencia fueron erigidas como departamento. [§ 2549] L. 9ª/89. ART. 8º—Los elementos elementos constitutivos del espacio público y el medio ambiente tendrán para su defensa la acción popular consagrada en el artículo 1005 del Código Civil. Esta acción también podrá dirigirse contra cualquier persona pública o privada, para la defensa de la integridad y condiciones de uso, goce y disfrute visual de dichos bienes mediante la remoción, suspensión o prevención de las conductas que comprometieren el interés público o la seguridad de los usuarios. El incumplimiento de las órdenes que expida el juez en desarrollo de la acción de que trata el inciso anterior configura la conducta prevista en el artículo 184 del Código Penal de "fraude a resolución judicial". La acción popular de que trata el artículo 1005 del Código Civil podrá interponerse en cualquier tiempo, y se tramitará por el procedimiento previsto en el numeral 8 del artículo 414 del Código de Procedimiento Civil.
JURISPRUDENCIA.—Comp Compete ete sólo sólo a las las auto autori rida dade des s muni munici cipa pale les s [§ 2550] JURISPRUDENCIA.— determinar la apertura, cierre y uso de las vías públicas. "El cierre de una vía pública, con independencia de su origen, tiene como efecto práctico el imposible tránsito de peatones y vehículos por el área demarcada o limitada mediante obstáculos, tapias, alambrados u otras formas de obstrucción. El cierre puede provenir de orden emanada de autoridad pública o de la decisión unilateral de una o varias personas particulares que, de hecho, establecen barricadas para impedir el paso. En la primera hipótesis habrá que determinar, como se hace en el presente fallo, la competencia de esa autoridad para adoptar la determinación, de lo cual resultará la validez o invalidez de ésta y el alcance de la restricción impuesta, que en todo caso no puede ir más allá de lo previsto en la Constitución y la ley, mientras que en el segundo evento es ostensible, como ya esta Sala lo ha manifestado, una apropiación contra derecho del espacio público y, por ende, un abuso por parte de quien pone en práctica el mecanismo de cierre. (Cfr. C. Const., S. Tercera de Revisión, Sent. T-508, ago. 28/92. M.P. Dr. Fabio Morón Díaz).
Tanto la actuación de autoridad no competente como la del particular que se adueña del espacio público lesionan dos derechos consagrados en la Constitución: el individual de libre locomoción locomoción y el colectivo, colectivo, que correspond corresponde e a toda la comunidad, comunidad, relativo relativo al uso del espacio público. La libertad de locomoción, a la cual alude el artículo 24 de la Carta, implica que toda persona, salvo las limitaciones que establezca la ley, tiene derecho a circular libremente por el territorio. Según se infiere de la norma y de las disposiciones consagradas en convenios y pactos internacio internacionales nales como la Declaraci Declaración ón Universal Universal de los Derechos Derechos Humanos Humanos (1948) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (L. 74/68), únicamente la ley puede introd introduci ucirr restri restricc ccione iones, s, genera generalme lmente nte vincu vinculada ladass con razone razoness de seguri seguridad dad,, orden orden público, salud pública o aplicación de decisiones judiciales, todas las cuales se encuadran dentro de los criterios a cuyo amparo el derecho mencionado no es absoluto y está supeditado al interés general reconocido por el legislador. En cuanto al espacio público, es claro que las vías públicas forman parte esencial del mism mismo o pues pues está están n conc conceb ebid idas as para para cump cumplilirr un fin fin de inte interé réss públ públic ico o y han han sido sido reservadas para el libre tránsito de los habitantes, de lo cual se desprende que su disponibillidad no puede quedar librada a la voluntad de los particulares ni a la decisión de orga organi nism smos os admi admini nist stra ratitivo voss a los los cual cuales es no se conf confía ía por por la Cons Constititu tucción ión la responsabilidad atinente a la normación, planificación y regulación de su uso. De conformidad con lo expuesto, no queda el arbitrio de cada institución estatal, o del funcionario que la dirige o administra disponer el cierre de sus vías adyacentes o de las que le dan acceso a sus edificios o instalaciones, puesto que compete a las autoridades locales resolver lo pertinente, siendo factible, eso sí, que éstas confieran autorizaciones especiales con base en las consideraciones ya expresadas". (C. Const., S. de Revisión, Sent. T-518, sep. sep. 16/92 M.P. José José Gregorio Hernández Galindo).
[§ 2551] JURISPRUDENCIA.— Acción de cumplimiento especial para la defensa del espacio público. "(...). Como lo ha sostenido varias veces la Sala, ni la acción de cumplimiento de la Ley 393, ni la de tutela son mecanismos apropiados para obtener la recuperación del espacio público. La Ley 9ª de 1989 y la Ley 388 consagran mecanismos judiciales especiales y expeditos para obtener la intervención del juez en defensa del conjunto de bienes catalogados como espacio público. En concreto, el artículo 116 de la Ley 388 consagra la acción de cumplimiento especial para la defensa del espacio público contra la autoridad administrativa que no esté cumpliendo con los mandatos establecidos en pro de aquél. Por esta razón, hizo bien el a quo al no tramitar la acción impuesta por la actora". (C.E., Sent. mayo 28/98. Exp. AC 259. M.P. Germán Rodríguez Villamizar). [§ 2552 a 2566] Reservados.
PROHIBICIÓN DE CONSTRUIR
[§ 2567] ART. 679.—Nadie podrá construir, sino por permiso especial de autori autoridad dad compet competent ente, e, obra alguna alguna sobre sobre las calles calles,, plazas, plazas, puente puentes, s, playas playas,, terrenos fiscales, y demás lugares de propiedad de la Unión. LIMITACIÓN A CONSTRUCCIONES
[§ 2568] ART. 680.—Las columnas, pilastras, gradas, umbrales y cualesquiera otras construcciones que sirvan para la comodidad u ornato de los edificios, o hagan parte de ellos, no podrán ocupar ningún espacio, espacio, por pequeño pequeño que sea, de la superficie de las calles, plazas, puentes, caminos y demás lugares de propiedad de la Unión. Los edificios en que se ha tolerado la práctica contraria, estarán sujetos a la disposición de este artículo, si se reconstruyeren. [§ 2569 a 2590] Reservados. [§ 2591] CRPM. ART. 338.—Ninguna 338.—Ninguna autoridad autoridad podrá conceder conceder permiso permiso para encerrar encerrar dentro de cercados cercados u ocupar con cultivos o habitaciones porción alguna de las vías públicas.
OBRAS EN EDIFICIOS
[§ 2592] ART. 681.—En los edificios que se construyan a los costados de call calles es o plaz plazas as,, no podrá podrá habe haber, r, hast hasta a la altu altura ra de tres tres metr metros os,, vent ventana anas, s, balcones, miradores u otras obras que salgan más de medio decímetro fuera del plano vertical del lindero; ni podrá haberlos más arriba que salgan del dicho plano vertical sino hasta la distancia horizontal de tres decímetros. Las disposiciones de este artículo se aplicarán a las reconstrucciones de dichos edificios. PERMISOS
[§ 2593] ART. 682.—Sobre las obras que con permiso de la autoridad competente se construyan en sitios de propiedad de la unión, no tienen los particulares que han obtenido este permiso, sino el uso y goce de ellas, y no la propiedad del suelo. Abandonadas las obras o terminado el tiempo por el cual se concedió el permiso, se restituyen ellas y el suelo, por el ministerio de la ley, al uso y goce privativo de la Unión, o al uso y goce general de los habitantes, según prescriba la autoridad soberana. Pero no se entiende lo dicho si la propiedad del suelo ha sido concedida expresamente por la Unión. CANALES
[§ 2594] ART. 683.—No se podrán sacar canales de los ríos para ningún objeto industrial o doméstico, sino con arreglo a las leyes respectivas. [§ 2595] D. 1541/78. ART. 8º—No se pueden derivar aguas de fuentes o depósitos depósitos de aguas de dominio público, ni usarlas para ningún objeto, sino con arreglo a las disposiciones del Decreto-Ley Decreto-Ley 2811 de 1974 y del presente reglamento.
DERECHOS ADQUIRIDOS
[§ 2596] ART. 684.—No obstante lo prevenido en este capítulo y en el de la
accesión, relativamente al dominio de la Unión sobre los ríos, lagos e islas, subsistirán en ellos los derechos adquiridos por particulares, de acuerdo con la legislación anterior a este código. [§ 2597 a 2620] Reservados.
TÍTULO IV
De la ocupación NOCIÓN
[§ 2621] ART. 685.—Por la ocupación se adquiere el dominio de las cosas que no pertenecen a nadie, y cuya adquisición no es prohibida por las leyes o por el derecho internacional (§ 2512). [§ 2622] JURISPRUDENCIA.—Los baldíos se adquieren por ocupación. "Reiterando la doctrina, afirma ahora la Corte que el modo de adquisición del dominio de bienes baldíos es la ocupación, modo que se consuma ipso facto desde el momento en que el colono establece cultivos o introduce ganados por el término legal. Otra cosa son las obligaciones que su condición de propietario le impone por motivos de orden social y económico, en cuanto a la utilización del terreno así adquirido. El acto administrativo de adjudicación no hace otra cosa que reconocer la titularidad del derecho real en cabeza del ocupante, y su inscripción en el competente registro de la propiedad inmueble sirve de prueba de esa titularidad a partir del hecho de esa ocupación''. (CSJ, Cas. Civil, Sent. jul. 5/78).
CAZA Y PESCA
[§ 2623] ART. 686.—La caza y pesca son especies de ocupación, por las cuales se adquiere el dominio de los animales bravíos. [§ 2623-1] COMENTARIO.—La caza y la pesca se rigen por el código de recursos renovables y de protección al medio ambiente. Según sentencia del Consejo de Estado, de marzo 13/80 "la caza y la pesca son actividades que dejaron de estar reguladas por el derecho privado (C.C.), salvo algunas normas que aún quedan vigentes y que hacen referencia a las relaciones entre particulares (arts. 689, 691, 693, 694, 695, 696, 697 y 698) para quedar sometidas al derecho publico (código de los recursos renovables y de protección al medio ambiente)". Sin embargo, para conservar la integridad en su estructura, se transcriben los artículos pertinentes del Código Civil, no sin compaginarlos con las normas del Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente (D. 2811/74) que, según la citada sentencia, los derogan, y otras disposiciones posteriores como la Ley 84 de 1989.
CLASES DE ANIMALES
[§ 2624] ART. 687.—Se llaman animales bravíos o salvajes los que viven naturalmente libres e independientes del hombre, como las fieras y los peces; domésticos, los que pertenecen a especies que viven ordinariamente bajo la dependencia del hombre, como las gallinas, las ovejas, y domesticados, los que, sin embargo de ser bravíos por su naturaleza, se han acostumbrado a la
domesticidad, y reconocen en cierto modo el imperio del hombre. Estos últimos, mientras conservan la costumbre de volver al amparo o dependencia del hombre, siguen la regla de los animales domésticos, y perdiendo esta costumbre vuelven a la clase de los animales bravíos. [§ 2625] L. 84/89. ART. 29.—Para efectos de esta ley se denominan animales silvestres, bravíos o salvajes aquéllos que viven libres e independientes del hombre. En cuanto no contravengan lo dispuesto en este estatuto, se observarán las reglas contenidas en el libro 2º, título IV del Código Civil, en el código nacional de los recursos naturales, en los decretos 2811 de 1974, 133 de 1976, 622 de 1977, 1608 de 1978 y demás disposiciones vigentes relativas a la fauna silvestre. En caso de conflicto o duda sobre la aplicación de una norma referente a animales silvestres, se aplicará de preferencia lo preceptuado en este estatuto.
LÍMITES A LA CAZA
[§ 2626] ART. 688.—No se puede cazar sino en tierras propias, o en las ajenas, con permiso del dueño. Pero no será necesario este permiso, si las tierras no estuvieren cercadas, ni plantadas o cultivadas, a menos que el dueño haya prohibido expresamente cazar en ellas, y notificado la prohibición. [§ 2627] L. 84/89. ART. 30.—La caza de animales silvestres, bravios o salvajes está prohibida en todo el territorio nacional, pero se permitirá en los siguientes casos: a) Con fines de subsistencia, entendiéndose por tal la caza que se realiza para consumo de quien la ejecuta o el de su familia, pero siempre y cuando no esté prohibida total, parcial, temporal o definitivamente para evitar la extinción de alguna especie, por la entidad administradora de los recursos naturales, la cual, para el efecto, publicará trimestralmente la lista de especies sujetas a limitación y su clase, en cinco (5) diarios de amplia circulación nacional. Salvo esta restricción, la caza de subsistencia no requiere autorización previa, y b) Con fines científicos o investigativos, de control, deportivos, educativos, de fomento, pero con autorización previa, escrita, particular, expresa y determinada en cuanto a zona de aprehensión, cantidad, tamaño y especie de los ejemplares, duración del permiso y medios de captura, expedida por la entidad administradora de los recursos naturales. En ningún caso la autorización será por un lapso mayor de dos (2) meses en el año, ni superior en número de ejemplares al uno por ciento (1%) de la población estimada por el director regional, dentro de los tres meses anteriores a la expedición del permiso. Vencida la autorización o permiso únicamente podrá ser autorizada la tenencia de animales silvestres, bravios o salvajes vivos con fines científicos o investigativos, culturales o educativos, en zoológicos, circos, laboratorios o sitios públicos, siempre que cumplan con los requisitos estipulados en este estatuto y sus normas concordantes.
DOMINIO PÚBLICO SOBRE LA FAUNA SILVESTRE [§ 2628] D. 2811/74. ART. 248.—La fauna silvestre que se encuentra en el territorio nacional, pertenece a la Nación, salvo las especies de los zoocriaderos y los cotos de caza de propiedad particular.
DEFINICIÓN DE FAUNA SILVESTRE [§ 2629] D. 2811/74. ART. 249.—Entiéndese por fauna silvestre el conjunto de animales que no han sido objeto de domesticación, mejoramiento, cría o levante regular o que han regresado a su estado salvaje, excluidos los peces y todas las demás especies que tienen su ciclo total de vida dentro del medio acuático.
DEFINICIÓN DE CAZA [§ 2630] D. 2811/74. ART. 250.—Entiéndese por caza todo acto dirigido a la captura de animales silvestres, ya sea dándoles muerte, mutilándolos o atrapándolos vivos, y a la recolección de sus productos.
ACTIVIDADES DE CAZA [§ 2631] D. 2811/74. ART. 251.— Son actividades de caza la cría, captura, transformación, procesamiento, transporte y comercialización de especie de productos de la fauna silvestre.
CLASES DE CAZA [§ 2632] D. 2811/74. ART. 252.—Por su finalidad la caza se clasifica en: a) Caza de subsistencia, o sea la que sin ánimo de lucro tiene por objeto exclusivo proporcionar alimento a quien la ejecuta y a su familia; b) Caza comercial, o sea la que se realiza por personas naturales o jurídicas para obtener beneficio económico; c) Caza deportiva, o sea la que se hace como recreación y ejercicio, sin otra finalidad que su realización misma; d) Caza científica, o sea la que se practica únicamente con fines de investigación o estudios realizados dentro del país; e) Caza de control, o sea la que se realiza con el fin de regular la población de una especie cuando así lo requieran circunstancias de orden social, económico o ecológico. f) Caza de fomento, o sea la que se realiza con el exclusivo propósito de obtener ejemplares para el establecimiento de zoocriaderos o cotos de caza.
NOCIÓN DE ZOOCRIADERO [§ 2633] D. 2811/74. ART. 254.—Es zoocriadero el área de propiedad pública o privada que se destina al mantenimiento, fomento y aprovechamiento de especies de fauna silvestre con fines científicos, comerciales, industriales o de repoblación.
NOCIÓN DE COTO DE CAZA [§ 2634] D. 2811/74. ART. 256.—Se entiende por coto de caza el área destinada al mantenimiento, fomento y aprovechamiento de especies de la fauna silvestre para caza deportiva.
NECESIDAD DE PERMISO [§ 2635] D. 1608/78.
ART. 31.—El aprovechamiento de la fauna silvestre y de sus productos sólo podrá adelantarse mediante permiso, autorización o licencia que se podrán obtener en la forma prevista por este decreto. La caza de subsistencia no requiere permiso, pero deberá practicarse en forma tal, que no se causen deterioros al recurso. La entidad administradora organizará sistemas para supervisar su ejercicio.
CARÁCTER RESTRICTIVO DE LOS PERMISOS [§ 2636] D. 1608/78. ART. 32.—Los permisos, autorizaciones o licencias para el aprovechamiento de ejemplares o productos de la fauna silvestre son personales e intransmisibles y no autorizan el ejercicio de actividades cuyo control corresponda a otras entidades o agencias del Estado, ni menos aun la extracción de elementos, productos o bienes cuya vigilancia y control corresponda a ellas.
ANIMALES QUE NO PUEDEN SER OBJETO DE CAZA [§ 2637] D. 1608/78. ART. 56.—No pueden ser objeto de caza ni de actividades de caza: Los animales silvestres respecto de los cuales la entidad administradora no haya determinado que pueden ser objeto de caza. Los individuos, especímenes o productos respecto de los cuales se haya declarado veda o prohibición. Los individuos, especímenes o productos cuyo número, talla y demás características no correspondan a las establecidas por la entidad administradora. Los individuos, especímenes o productos respecto de los cuales no se hayan cumplido los requisitos legales para su obtención o cuya procedencia no esté legalmente comprobada. Tampoco pueden ser objeto de caza individuos, especímenes o productos, fuera de las temporadas establecidas de caza.
CAZA SIN PERMISO
[§ 2638] ART. 689.—Si alguno cazare en tierras ajenas sin permiso del dueño, cuando por la ley estaba obligado a obtenerlo, lo que cace será para el dueño, a quien además indemnizará de todo perjuicio. PESCA
[§ 2639] ART. 690.—Subrogado. L. 84/89, art. 32. Será permitida la captura y comercio de peces y de fauna acuática con destino al consumo humano o industrial, interno o de exportación, pero para realizarla se requiere autorización expresa, particular y determinada expedida por la entidad administradora de los recursos naturales. De no existir ésta, el hecho será punible. La pesca de subsistencia y la artesanal no requieren autorización previa pero están sujetas a los reglamentos y normas que para el efecto dicte la entidad administradora de los recursos naturales. NOTA: La norma original del Código Civil decía: "ART. 690.—Se podrá pescar libremente en los ríos y los lagos de uso público".
PROHIBICIONES AL PESCADOR
[§ 2640] ART. 691.—A los que pesquen en los ríos y lagos no será lícito hacer uso alguno de los edificios y terrenos cultivados en las riberas, ni atravesar las cercas (§ 3972). APLICACIÓN ANALÓGICA
[§ 2641] ART. 692.—La disposición del artículo 689 se extiende al que pesca en aguas ajenas. OCUPACIÓN DE ANIMAL BRAVÍO
[§ 2642] ART. 693.—Se entiende que el cazador o pescador se apodera del animal bravío, y lo hace suyo desde el momento que lo ha herido gravemente, de manera que ya no le sea fácil escapar, y mientras persiste en perseguirlo; o desde el momento que el animal ha caído en sus trampas o redes, con tal que las haya armado o tendido en paraje donde le sea lícito cazar o pescar. Si el animal herido entra en tierras ajenas donde no es lícito cazar sin permiso del dueño, podrá éste hacerlo suyo. ANIMAL YA PERSEGUIDO POR OTRO CAZADOR
[§ 2643] ART. 694.—No es lícito a un cazador o pescador perseguir al animal bravío, que ya es perseguido por otro cazador o pescador; si lo hiciere sin su consentimiento, y se apoderare del animal, podrá el otro reclamarlo como suyo. PROPIEDAD SOBRE LOS ANIMALES BRAVÍOS
[§ 2644] ART. 695.—Los animales bravíos pertenecen al dueño de las jaulas, pajareras, conejeras, colmenas, estanques o corrales en que estuvieren encerrados; pero luego que recobren su libertad natural, puede cualquier persona apoderarse de ellos, y hacerlos suyos, con tal que actualmente no vaya el dueño en seguimiento de ellos, teniéndolos a la vista, y que por lo demás no se contravenga al artículo 688. PROPIEDAD SOBRE LAS ABEJAS
[§ 2645] ART. 696.—Las abejas que huyen de la colmena y posan en árbol que no sea del dueño de ésta, vuelven a su libertad natural, y cualquiera puede apoderarse de ellas y de los panales fabricados por ellas, con tal que no lo haga sin permiso del dueño en tierras ajenas, cercadas o cultivadas, o contra la prohibición del mismo en las otras; pero al dueño de la colmena no podrá prohibirse que persiga a las abejas fugitivas en tierras que no estén cercadas ni cultivadas. PROPIEDAD SOBRE LAS PALOMAS
[§ 2646] ART. 697.—Las palomas que abandonan un palomar y se fijan en otro, se entenderán ocupadas legítimamente por el dueño del segundo, siempre que éste no se haya valido de alguna industria para atraerlas y aquerenciarlas. En tal caso estará obligado a la indemnización de todo perjuicio, incluso la
restitución de las especies, si el dueño la exigiere y si no la exigiere, a pagarle su precio. ANIMALES DOMÉSTICOS
[§ 2647] ART. 698.—Los animales domésticos están sujetos a dominio. Conserva el dueño este dominio sobre los animales domésticos fugitivos, aun cuando hayan entrado en tierras ajenas; salvo en cuanto las leyes y disposiciones de policía rural o urbana establecieren lo contrario. LEY SOBRE TENENCIA DE EJEMPLARES CANINOS EN ZONAS URBANAS Y RURALES [§ 2647-1] L. 746/2002. ART. 1º—Objeto y ámbito de aplicación. La presente ley tiene por objeto regular la tenencia de ejemplares caninos en las zonas urbanas y rurales del territorio nacional, con el fin de proteger la integridad de las personas, la salubridad pública y el bienestar del propio ejemplar canino.
[§ 2647-2] L. 746/2002. ART. 2º—Adiciónase al libro 3, título 4, del Código Nacional de Policía un capítulo nuevo del siguiente tenor: “CAPÍTULO XIII NUEVO De las contravenciones especiales con respecto a la tenencia de ejemplares caninos ART. 108.—A. La tenencia de ejemplares caninos en las viviendas urbanas y rurales requiere que las circunstancias de su alojamiento en el aspecto higiénico y sanitario, de alimentos y custodia, sean las adecuadas, y que no se produzca ninguna situación de peligro o incomodidad para los vecinos u otras personas en general, o para el propio animal. ART. 108.—B. Se permitirá la presencia de ejemplares caninos en los ascensores de edificios públicos y privados que, como guías acompañen a su propietario o tenedor. Para los demás ejemplares, será deber de la copropiedad reglamentar su permisibilidad. En las zonas comunes de propiedades horizontales o conjuntos residenciales, los ejemplares caninos deberán ir sujetos por medio de traílla, y provistos de bozal si es el caso específico de perros potencialmente peligrosos según las definiciones dadas por la presente ley. ART. 108.—C. En las vías públicas, en los lugares abiertos al público, y en el transporte público en que sea permitida su estancia, todos los ejemplares caninos deberán ser sujetos por su correspondiente traílla. En el caso de los ejemplares objeto de los artículos 108-E y 108-F de la presente ley, deberán portar además su correspondiente bozal y permiso. En caso de incumplimiento de las anteriores medidas preventivas, el animal será decomisado por las autoridades de policía, y el propietario será sancionado del siguiente modo: multa de cinco (5) salarios mínimos legales diarios por no portar la traílla; multa de diez (10) salarios mínimos legales diarios por no portar el bozal en el caso de los ejemplares definidos en los artículos 108-E y 108-F y multa de quince (15) salarios mínimos legales diarios por no portar el respectivo permiso en el caso de los ejemplares definidos en los artículos 108-E y 108-F. En caso de concurrencia de las contravenciones, las multas se aplicarán independientemente. Los gastos por la permanencia del animal en las perreras que el respectivo municipio determine correrán por cuenta de su propietario, el cual podrá retirarlo provisto de los respectivos bozal y traílla, en un plazo máximo de diez (10) días contados a partir de la fecha de decomiso. Si el propietario no lo retira en el plazo establecido, el ejemplar se declarará en estado de abandono y se podrá proceder a su sacrificio eutanásico. ART. 108.—D. Queda prohibido dejar las deposiciones fecales de los ejemplares caninos en las vías, parques o lugares públicos. Los propietarios o tenedores de los ejemplares caninos son responsables de recoger convenientemente los excrementos y depositarlos en bolsas de basura
domiciliaria, o bien en aquellos lugares que para tal efecto destine la autoridad municipal. PAR.—Los propietarios o tenedores de ejemplares caninos que no recojan los excrementos en los lugares señalados en el inciso anterior, tendrán como sanción impuesta por la autoridad municipal competente, multa de cinco (5) salarios mínimos diarios legales vigentes o sanción de uno (1) a cinco (5) fines de semana de trabajo comunitario consistente en limpieza de los lugares que la respectiva alcaldía municipal defina. En caso de renuencia, se impondrá arresto inconmutable de tres (3) a cinco (5) días; la autoridad municipal procederá a trasladar el caso a la autoridad competente para conocer el caso y aplicar la sanción respectiva. ART. 108.—E. Dado su alto nivel de peligrosidad, se prohíbe la importación de ejemplares caninos de las razas Staffordshire terrier, American Staffordshire terrier, Pit Bull Terrier, American Pit Bull Terrier, o de caninos producto de cruces o híbridos de estas razas, así como el establecimiento de centros de crianza de esta clase de ejemplares caninos en el territorio nacional. ART. 108.—F. Ejemplares caninos potencialmente peligrosos. Se considerarán perros potencialmente peligrosos aquellos que presenten una o más de las siguientes características: a) Perros que han tenido episodios de agresiones a personas u otros perros. b) Perros que han sido adiestrados para el ataque y la defensa. c) Perros que pertenecen a una de las siguientes razas o a sus cruces o híbridos: American Staffordshire Terrier, Bullmastiff, Dóberman, Dogo Argentino, Dogo de Burdeos, Fila Brasileiro, Mastín Napolitano, Pit Bull Terrier, American Pit Bull Terrier, De presa canario, Rottweiler, Staffordshire Terrier, Tosa Japonés. El propietario de un perro potencialmente peligroso asume la posición de garante de los riesgos que se puedan ocasionar por la sola tenencia de estos animales y por los perjuicios y las molestias que ocasione a las personas, a las cosas, a las vías y espacios públicos y al medio natural en general. ART. 108.—G. Inexequible. C. Const. Sent. C-692, ago. 12/2003. ART. 108.—H. Los menores de edad no podrán ser tenedores de los ejemplares de que tratan los artículos 108-E y 108-F del presente capítulo *(en las vías públicas, lugares abiertos al público y en las zonas comunes de edificios o conjuntos residenciales)*. Igual restricción recae frente a personas que se encuentren en estado de embriaguez, bajo el influjo de sustancias psicoactivas, o presenten limitaciones físicas. En caso de incumplimiento, las autoridades de policía delegadas procederán al decomiso del ejemplar, y se impondrá como sanción a su propietario por parte de las autoridades municipales delegadas, multa de cinco (5) salarios mínimos diarios legales vigentes, y el incidente se anotará en el respectivo registro del animal. El animal se depositará en las perreras que los municipios determinen. Su propietario contará con un plazo máximo de diez (10) días contados a partir de la fecha de decomiso para retirarlo provisto del preceptivo bozal y traílla, una vez cancelada la multa impuesta. Los gastos que genere la estancia del animal en las perreras irán a cargo del propietario. Si el propietario no lo retira en el plazo establecido, se declarará al animal en estado de abandono y se podrá proceder a su sacrificio eutanásico. PAR.—En el caso de las personas que presenten limitaciones físicas, se exceptuarán los ejemplares caninos que sirvan como perros guías.
*NOTA: Las expresiones entre paréntesis en el inciso primero del artículo 180-H, fueron declaradas inexequibles por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-692 de agosto 12 de 2003, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. ART. 108.—I. Registro de los ejemplares potencialmente peligrosos. Todos los ejemplares caninos que pertenezcan a la categoría establecida en los artículos 108-E y 108-F de este capítulo, deben ser registrados en el censo de perros potencialmente peligrosos que se establecerá en las alcaldías municipales, para obtener el respectivo permiso.
En este registro debe constar necesariamente: a) Nombre del ejemplar canino. b) Identificación y lugar de ubicación de su propietario. c) Una descripción que contemple las características fenotípicas del ejemplar que hagan posible su identificación. d) El lugar habitual de residencia del animal, especificando si está destinado a convivir con los seres humanos o si será destinado a la guarda, protección u otra tarea específica. Para proceder al registro del animal, su propietario debe aportar póliza de responsabilidad civil extracontractual suscrita por su propietario, la que cubrirá la indemnización de los perjuicios patrimoniales que dichos ejemplares ocasionen a personas, cosas, o demás animales; así como el registro de vacunas del ejemplar, y certificado de sanidad vigente, expedido por la secretaría de salud del municipio. Será obligatorio renovar el registro anualmente, para lo cual se deberán acreditar los requisitos establecidos para la primera vez. En este registro se anotarán también las multas o sanciones que tengan lugar, y los incidentes de ataque en que se involucre el animal. Una vez registrado el ejemplar, la autoridad municipal delegada expedirá el respectivo permiso para poseer esta clase de perros. Este permiso podrá ser requerido en cualquier momento por las autoridades de policía respectivas. PAR. 1º—Quien posea animales pertenecientes a esta categoría contará con un plazo de seis (6) meses a partir de la entrada en vigencia de la presente ley para proceder al registro del ejemplar en el Censo de Perros Potencialmente Peligrosos de su respectivo municipio. PAR. 2º—El propietario que se abstenga de adquirir la póliza de responsabilidad civil extracontractual, acarreará con todos los gastos para indemnizar integralmente al (los) afectado (s) por los perjuicios que ocasione el ejemplar, sin perjuicio de las sanciones que establezca la ley. ART. 108.—J. Las instalaciones que alberguen a los ejemplares objeto de los artículos 108-E y 108-F del presente capítulo, deben tener las siguientes características: las paredes y vallas deben ser suficientemente altas y consistentes y deben estar fijadas a fin de soportar el peso y la presión del animal; las puertas de las instalaciones deben ser tan resistentes y efectivas como el resto del contorno y deben diseñarse para evitar que los animales puedan desencajar o abrir ellos mismos los mecanismos de seguridad; el recinto debe estar convenientemente señalizado con la advertencia de que hay un perro peligroso en este sitio. En caso de incumplimiento con esta medida preventiva, el animal será decomisado por las autoridades de policía, y el propietario será sancionado por las autoridades municipales delegadas, con multa de hasta un (1) salario mínimo mensual. Los gastos que por la permanencia del animal en las perreras que el respectivo municipio determine correrán por cuenta de su propietario, el cual podrá retirarlo provisto del preceptivo bozal y traílla una vez demuestre que las instalaciones en que se mantendrá al animal cumplen con las normas de seguridad establecidas en el presente artículo. En todo caso la permanencia del ejemplar en las perreras no podrá exceder de quince (15) días contados a partir de la fecha de decomiso; si el propietario no lo retira en este plazo, se declarará al animal en estado de abandono, y se podrá proceder a su sacrificio eutanásico. ART. 108.—K. Toda compra, venta, traspaso, donación o cualquier cesión del derecho de propiedad sobre el ejemplar canino clasificado como potencialmente peligroso deberá anotarse en su registro del censo de perros potencialmente peligrosos, y en caso de cambio de municipalidad del ejemplar se deberá inscribir nuevamente en donde se ubique su nuevo lugar de residencia, aportando copia del registro anterior. ART. 108.—L. Si un perro potencialmente peligroso ataca a otra mascota, su propietario será sancionado por la autoridad municipal competente con multa hasta de dos (2) salarios mínimos mensuales y estará obligado a pagar por todos los daños causados a la mascota. Si el perro es
reincidente se procederá al decomiso y sacrificio eutanásico del animal por parte de las autoridades que las alcaldías municipales designen para tal fin. ART. 108.—M. Si un perro potencialmente peligroso ataca a una persona infligiéndole lesiones permanentes de cualquier tipo, se procederá al decomiso y sacrificio eutanásico del animal por parte de las autoridades que las alcaldías municipales designen para tal fin. ART. 108.—N. Las peleas de ejemplares caninos como espectáculo quedan prohibidas en todo el territorio nacional. Las personas que organicen, promuevan o difundan las peleas de ejemplares caninos como espectáculo tendrán como sanción impuesta por las autoridades municipales delegadas, multa de cinco (5) a veinte (20) salarios mínimos legales mensuales, sin perjuicio de la responsabilidad penal que contempla la Ley 84 de 1989 sobre actos de crueldad hacia animales. Los ejemplares caninos que sean utilizados en este tipo de actividad, serán decomisados por las autoridades de policía delegadas, y se les aplicará la eutanasia. ART. 108.—O. Se prohíben en todo el territorio nacional las asociaciones caninas orientadas al entrenamiento de ejemplares para su participación en peleas de perros como espectáculos, para la agresión a las personas, a las cosas u otros animales. Las personas que organicen, promuevan o difundan este tipo de asociaciones tendrán como sanción impuesta por las autoridades municipales delegadas, multa de cinco (5) a veinte (20) salarios mínimos legales mensuales, sin perjuicio de la responsabilidad penal que contempla la Ley 84 de 1989 sobre actos de crueldad hacia animales. ART. 108.—P. Las autoridades municipales promoverán el remate, la adjudicación o la adopción de los animales decomisados a terceras personas, siempre y cuando éstos no representen perjuicio para la comunidad. Una vez vencido el término para retirar el animal por su dueño, éste se prorrogará automáticamente por cinco (5) días más para dar cumplimiento a lo señalado en este artículo. En todo caso el nuevo propietario deberá pagar los gastos de permanencia del animal en las perreras y proceder al cumplimiento de los demás requisitos de ley para la tenencia de perros”.
[§ 2647-3] L. 746/2002. ART. 3º—Se autoriza a los municipios para definir las tarifas que se cobrarán a los propietarios por efectos del registro en el censo de perros potencialmente peligrosos, la expedición del permiso correspondiente, así como las condiciones por las cuales se suspenda o cancele el permiso para poseer ejemplares caninos potencialmente peligrosos.
[§ 2647-4] L. 746/2002. ART. 4º—Los concejos distritales y municipales, mediante acuerdos regularán o prohibirán el ingreso de perros y gatos a las zonas de juego infantiles ubicadas en las plazas y parques del área de su jurisdicción.
[§ 2647-5] L. 746/2002. ART. 5º—En los conjuntos cerrados, urbanizaciones, edificios con régimen de propiedad horizontal podrá prohibirse la permanencia de ejemplares caninos potencialmente peligrosos a solicitud de cualquiera de los copropietarios o residentes, por decisión mayoritaria de las asambleas o de las juntas directivas de la copropiedad. ART. TRANS. 1º—Los municipios contarán con un plazo de seis (6) meses a partir de la entrada en vigencia de la presente ley para constituir el censo de perros potencialmente peligrosos y determinar la forma en que los actuales tenedores de perros pertenecientes a esta categoría deberán cumplir con la obligación de inscripción en el censo, y el mecanismo de comunicación de las altas, bajas e incidentes a registrar, así como los mecanismos para sistematizar la información. ART. TRANS. 2º—La póliza de responsabilidad civil extracontractual que se debe aportar para el registro de los ejemplares caninos potencialmente peligrosos se exigirá a partir del momento en que las aseguradoras las establezcan.
Mientras se crea el cubrimiento a este riesgo, los propietarios o tenedores de los ejemplares caninos detallados en los artículos 108-E y 108-F, responderán por los daños y perjuicios que ocasione el animal, con su propio pecunio.
[§ 2647-6] L. 746/2002. ART. 6º—Vigencia. La presente ley rige a partir de la fecha de su promulgación.
INVENCIÓN O HALLAZGO
[§ 2648] ART. 699.—La invención o hallazgo es una especie de ocupación por la cual el que se encuentra una cosa inanimada, que no pertenece a nadie, adquiere su dominio, apoderándose de ella. De este modo se adquiere el dominio de las piedras, conchas y otras sustancias que arroja el mar, y que no presentan señales de dominio anterior. Se adquieren del mismo modo las cosas cuya propiedad abandona su dueño, como las monedas que se arrojan para que las haga suyas el primer ocupante. No se presumen abandonadas por sus dueños las cosas que los navegantes arrojan al mar para alijar la nave. EL TESORO
[§ 2649] ART. 700.—El descubrimiento de un tesoro es una especie de invención o hallazgo. Se llama tesoro la moneda o joyas u otros efectos preciosos que, elaborados por el hombre, han estado largo tiempo sepultados o escondidos, sin que haya memoria ni indicio de su dueño. MONUMENTOS HISTÓRICOS O ARQUEOLÓGICOS [§ 2650] L. 163/59. ART. 14.—No se considerarán incluidos en el artículo 700 del Código Civil los hallazgos o invenciones consistentes en monumentos históricos o arqueológicos, los cuales estarán sometidos a las disposiciones de la presente ley.
[§ 2651 a 2660] Reservados.
PROPIEDAD DEL TESORO
[§ 2661] ART. 701.—El tesoro encontrado en terreno ajeno se dividirá por partes iguales entre el dueño del terreno y la persona que haya hecho el descubrimiento. Pero ésta última no tendrá derecho a su porción, sino cuando el descubrimiento sea fortuito, o cuando se haya buscado el tesoro con permiso del dueño del terreno. En los demás casos o cuando sea una misma persona el dueño del terreno y el descubridor, pertenecerá todo el tesoro al dueño del terreno (§ 3762, 8086). PERMISO PARA BÚSQUEDA
[§ 2662] ART. 702.—Al dueño de una heredad o de un edificio podrá pedir cualquiera persona el permiso de cavar en el suelo para sacar dinero o alhajas que asegurare pertenecerle y estar escondidas en él; y si señalare el paraje en que están escondidos y diere competente seguridad de que probará su derecho sobre ellos, y de que abonará todo perjuicio al dueño de la heredad o edificio, no podrá éste negar el permiso, ni oponerse a la extracción de dichos dineros o alhajas. FALTA DE PRUEBA
[§ 2663] ART. 703.—No probándose el derecho sobre dichos dineros o alhajas, serán considerados o como bienes perdidos, o como tesoro encontrado en suelo ajeno, según los antecedentes y señales. En este segundo caso, deducidos los costos, se dividirá el tesoro por partes iguales entre el denunciador y el dueño del suelo; pero no podrá éste pedir indemnización de perjuicios, a menos de renunciar su porción. COSA CON DOMINIO ANTERIOR
[§ 2664] ART. 704.—El que halle o descubra alguna cosa que por su naturaleza manifieste haber estado en dominio anterior, o que por sus señales o vestigios indique haber estado en tal dominio anterior, deberá ponerla a disposición de su dueño, si éste fuere conocido. Si el dueño de la cosa hallada o descubierta no fuere conocido o no pareciere, se reputará provisoriamente estar vacante o ser mostrenca la cosa. OMISIÓN DE ENTREGA
[§ 2665] ART. 705.—La persona que en el caso del artículo anterior omitiere entregar al dueño si fuere conocido, o si no lo fuere, a la autoridad competente, la especie mueble encontrada, dentro de los treinta días siguientes al hallazgo, será juzgada criminalmente, aparte de la responsabilidad a que haya lugar por los perjuicios que ocasione su omisión. SANCIONES POLICIVAS [§ 2666] Código Nacional de Policía. ART. 58.—Incurrirán en arresto de uno a ocho meses: a) El que se apropie de cosas extraviadas, sin cumplir los requisitos que prescribe la ley; b) El que se apropie en todo o en parte de un tesoro descubierto, sin entregar la porción que corresponda a un tercero conforme a la ley; (...).
VACANTES Y MOSTRENCOS
[§ 2667] ART. 706.—Estímanse bienes vacantes los bienes inmuebles que se encuentran dentro del territorio respectivo a cargo de la Nación, sin dueño aparente o conocido; y mostrencos los bienes muebles que se hallen en el mismo caso.
[§ 2668] JURISPRUDENCIA.— Los baldíos no son bienes vacantes. “Desde el año de 1921, en sentencia del 23 de abril de la sala de negocios generales, Gaceta Judicial, tomo. 28, p. 343, ha sostenido la Corte la doctrina de que los bienes vacantes son fundamentalmente distintos de los baldíos. Esta tesis, que es cierta, se refuerza hoy con nuevos argumentos de los cuales también se infiere una segunda tesis, consistente en que aún de acuerdo con la actual legislación nacional de vacantes, el fenómeno de la transmisión de la propiedad de ellos se opera con solución de continuidad del anterior dueño del vacante al que lo remata o se le adjudica en el juicio que se sigue para formular la declaración de vacante y disponer del inmueble. Es un principio igual al examinado anteriormente que establecía el Código Civil del Estado Soberano de Bolívar. Que los inmuebles vacantes son bienes distintos de los baldíos lo había venido sosteniendo la Corte desde el año de 1907. Los baldíos son aquellas tierras a que alude el artículo 675 del Código Civil y los vacantes, aquellas a que se refieren los artículos 706 a 709. La institución de los bienes vacantes es conocida entre nosotros desde la legislación española como institución distinta de los baldíos; las reales cédulas estatuían que los bienes mostrencos (y bajo esta denominación se incluían los vacantes) cuyos dueños no se presentaren hechas las necesarias diligencias de publicidad prescritas por las leyes, pertenecían al fisco. Las tierras realengas, que hoy equivalen a los baldíos, obedecían a otro concepto. Tales diligencias tenían por objeto, como también sucedió después y sucede hoy, darle oportunidad al dueño de reclamar el bien y recuperar su derecho. Y en las leyes de la República que se citaron, los vacantes adquirían el carácter real de tales mediante decisión judicial que así lo declarase, previo el juicio o la investigación correspondiente en que si el dueño aparecía recobraba el bien. Y declarado vacante un inmueble, se adjudicaba al municipio o se remataba para destinar su producto a los fines que la misma ley establecía, por ejemplo, aumentar el fondo de manumisión de esclavos, según la Ley 22 de junio de 1850. Otro tanto disponía la Ley de 7 de febrero de 1957, en su artículo 1º El Código Civil adoptado en 1873, que rigió exclusivamente conforme está dicho, en los territorios nacionales que administraba el gobierno central, durante la federación, disponía que los bienes vacantes y los mostrencos de esos territorios pertenecían a la unión, y que su enajenación y aplicación se regirían por las disposiciones del C. F. De consiguiente, desde la época colonial los vacantes y los mostrencos forman una institución inconfundible con los baldíos". (CSJ, Cas. Civil, Sent. oct. 10/42). [§ 2669] JURISPRUDENCIA.— Los créditos no son bienes mostrencos. "Los saldos de dinero sin cobrar, procedentes de las liquidaciones bancarias son créditos personales, que como todo derecho de esa naturaleza pertenecen a la categoría de los bienes incorporales y se distinguen de los bienes muebles, en que a diferencia de éstos son intangibles porque su existencia se reconoce por una relación o vínculo jurídico entre el deudor y el acreedor emanado de una obligación a cargo del primero, de entregar, hacer o no hacer alguna cosa. En el derecho de crédito el abandono por parte del acreedor de la obligación produce el efecto de la extinción del derecho en favor del deudor, quien es el único beneficiado por ese abandono. Todo crédito sin cobrar continúa en cabeza del acreedor hasta su extinción, debido a la prescripción o caducidad de la acción de cobro. En el crédito o derecho personal nunca desaparece el titular, porque operada la prescripción o la caducidad desaparece la obligación existente, en beneficio del deudor, quien en adelante queda liberado de la carga patrimonial que sobre él pesaba. De ahí que ningún crédito sin cobrar quepa en el concepto de bien mostrenco, que
según la regla del artículo 706 del Código Civil corresponde solamente a los bienes muebles que se encuentren dentro del territorio, sin dueño aparente o conocido'' . (CSJ, Cas. Civil, Sent. jul. 30/46). NOTA: En el mismo sentido, Sentencia de mayo 25 de 1954. [§ 2670 a 2680] Reservados.
DOMINIO SOBRE ESTOS BIENES
[§ 2681] ART. 707.—Subrogado. L. 153/887, art. 82. Modificado. L. 75/68, art. 66. El Instituto de Bienestar Familiar tendrá en las sucesiones intestadas los derechos que hoy corresponden al municipio de la vecindad del extinto de conformidad con el artículo 85 (sic) de la Ley 153 de 1887. NOTA: Se refiere al artículo 82 de la Ley 153 de 1887 que se transcribe a continuación. [§ 2682] L. 153/887. ART. 82.—Pertenecen a los municipios los bienes mostrencos o vacantes que se hallen dentro de sus límites, salvo lo dispuesto en el artículo 129 de esta ley.
APARICIÓN DEL DUEÑO
[§ 2683] ART. 708.—Si aparece el dueño de una cosa que se ha considerado vacante o mostrenca, antes de que la Unión la haya enajenado, le será restituida, pagando las expensas de aprehensión, conservación y demás que incidieren y lo que por la ley correspondiere al que encontró o denunció la cosa vacante. Si el dueño hubiere ofrecido recompensa por el hallazgo, el denunciante elegirá entre el premio fijado por la ley y la recompensa ofrecida. ENAJENACIÓN
[§ 2684] ART. 709.—Enajenada la cosa, se mirará como irrevocablemente perdida para el dueño. ESPECIES NÁUFRAGAS
[§ 2685] ART. 710.—Las especies náufragas que se salvaren, serán restituidas por la autoridad a los interesados, mediante el pago de las expensas y la gratificación de salvamento. Si no aparecieren interesados dentro de los treinta días siguientes al naufragio, se procederá a declarar mostrencas las especies salvadas, previo el juicio correspondiente. ANTIGÜEDADES NÁUFRAGAS [§ 2686] D. 12/84. ART. 1º—Las especies náufragas que fueren o hubieren sido rescatadas en los términos señalados en el artículo 710 del Código Civil, se considerarán antigüedades náufragas, tendrán la naturaleza especial que se señala en el artículo siguiente y pertenecen a la Nación.
[§ 2687] D. 12/84.
ART. 2º—Subrogado. D. 1246/84, art. 1º. Para los efectos de este decreto son antigüedades náufragas las naves y su dotación, así como los bienes muebles yacentes dentro de las mismas o diseminados en el fondo del mar que hayan sido o no elaborados por el hombre, sea cualquiera la naturaleza de los bienes cualquiera la época y causa del hundimiento. Tienen igualmente este carácter los restos o partes de embarcaciones o dotaciones o de los bienes muebles que se encuentren en las circunstancias de las antigüedades náufragas señaladas en el inciso anterior.
[§ 2688] D. 12/84. ART. 3º—Las antigüedades náufragas a que se refiere este decreto son las que se hallen en el mar territorial definido en los artículos 3º y 4º de la Ley 10 de 1978, en la plataforma continental, identificada en el artículo 1º de la Ley 9ª de 1961 y en la zona económica exclusiva a que se refieren los artículos 7º y 8º de la Ley 10 de 1978.
[§ 2689 a 3020] Reservados.
GRATIFICACIÓN POR SALVAMENTO
[§ 3021] ART. 711.—La autoridad competente fijará, según las circunstancias, la gratificación de salvamento, que nunca pasará de la mitad del valor de las especies. Pero si el salvamento de las especies se hiciere bajo las órdenes y dirección de la autoridad pública, se restituirán a los interesados mediante el abono de las expensas, sin gratificación de salvamento. [§ 3022] L. 397/97. ART. 9º—Del patrimonio cultural sumergido. Pertenecen al patrimonio cultural o arqueológico de la Nación, por su valor histórico o arqueológico, que deberá ser determinado por el Ministerio de Cultura, las ciudades o cementerios de grupos humanos desaparecidos, restos humanos, las especies náufragas constituidas por las naves y su dotación, y demás bienes muebles yacentes dentro de éstas, o diseminados en el fondo del mar, que se encuentren en el suelo o subsuelo marinos de las aguas interiores, el mar territorial, la plataforma continental o zona económica exclusiva, cualesquiera que sea su naturaleza o estado y la causa o época del hundimiento o naufragio. Los restos o partes de embarcaciones, dotaciones o bienes que se encuentren en circunstancias similares, también tienen el carácter de especies náufragas. PAR. 1º—Toda exploración y remoción del patrimonio cultural sumergido, por cualquier persona natural o jurídica, nacional o extranjera, requiere autorización previa del Ministerio de Cultura, y de la Dirección General Marítima, Dimar, del Ministerio de Defensa Nacional, la cual será temporal y precisa. Si en ejercicio de la autorización se produjere un hallazgo, deberá denunciarse el mismo ante tal dirección, con el fin de que ésta acredite como denunciante a quien lo haya hecho, mediante acto reservado y debidamente motivado. Si como consecuencia de la denuncia se produce el rescate en las coordenadas geográficas indicadas por el denunciante, éste tendrá derecho a un porcentaje del valor bruto de las especies náufragas que será reglamentado por el Gobierno Nacional, oído el concepto del Consejo Nacional de Cultura. Para los contratos de rescate, el denunciante debe ofrecer primero a la Nación los objetos que por derecho le pertenezcan, y sólo después a otras entidades. PAR. 2º—Los métodos utilizados para la exploración y remoción del patrimonio cultural sumergido deben evitar su destrucción, con el fin de otorgar la mayor claridad sobre el posible hallazgo y preservar la información cultural del mismo, aun si esto implicara dejarlo en su sitio en espera de
otros métodos y tecnologías que permitan su rescate o estudio sin daño alguno. En cualquier caso, debe estar presente como supervisor, un grupo de arqueólogos submarinos debidamente acreditados por el Ministerio de Cultura. Para efectos de lo previsto en este artículo, la comisión de especies náufragas de que trata el Decreto 29 de 1984, rendirá concepto previo a la Dirección General Marítima, Dimar, y obrará como organismo asesor del gobierno en la materia. Corresponderá al Ministerio de Cultura determinar el destino o uso de las especies náufragas rescatadas, pudiendo celebrar convenios de administración con entidades públicas o privadas que tengan como una de sus actividades principales la ejecución de programas culturales abiertos al público. El Gobierno Nacional reglamentará lo dispuesto en este artículo.
EMISIÓN DEL PROCEDIMIENTO
[§ 3023] ART. 712.—Los trámites para la declaratoria de la calidad de vacantes o mostrencos de los bienes, son objeto del código judicial de la Unión. [§ 3024] CPC. ART. 408.—Modificado. D.E. 2282/89, art. 1º, num. 211. Asuntos sujetos a su trámite. Se tramitarán y decidirán en proceso abreviado los siguientes asuntos, cualquiera que sea su cuantía: (...). 7. Declaración de bienes vacantes o mostrencos y adjudicación de patronatos y capellanías.
[§ 3025] CPC. ART. 422.—Modificado. D.E. 2282/89, art. 1º, ord. 225. Declaración de bienes vacantes o mostrencos. La demanda para que se declaren vacantes o mostrencos determinados bienes sólo podrá instaurarse por la entidad a la cual deban adjudicarse conforme la ley. Siempre que en la oficina de registro de instrumentos públicos figure alguna persona como titular de un derecho real principal sobre el bien objeto de la demanda, esta deberá dirigirse contra ella. De la misma manera se procederá cuando existan personas conocidas como poseedoras de dicho bien. En los demás casos no será necesario señalar como demandado a persona determinada. En el auto admisorio de la demanda se ordenará notificar personalmente a quien figure como demandado, emplazar a las personas que puedan alegar derechos sobre el bien, se decretará el secuestro de éste, se señalará fecha y hora para la diligencia y se hará designación de secuestre. Si al practicarse el secuestro, los bienes se hallan en poder de persona que alegue y demuestre algún derecho sobre ellos o que los tengan a nombre de otra, se prescindirá del secuestro y se prevendrá a la persona para que comparezca al proceso. Para que proceda la declaratoria de que un inmueble rural es vacante, se requiere que el demandante haya demostrado que aquél salió legalmente del patrimonio de la Nación. Es aplicable a este proceso lo dispuesto en los numerales 5º, 6º, 7º, 8º y 9º del artículo 407. En este proceso no se aplicará el artículo 101.
[§ 3026] COMENTARIO.—Los descubridores de bienes vacantes o mostrencos o de vocaciones hereditarias pueden denunciarlos al ICBF. El trámite de la denuncia y los derechos económicos de los denunciantes están previstos en los decretos 2389 de 1979 y 3421de 1986. Los denunciantes, tanto por el descubrimiento como por la gestión judicial de la declaratoria de los bienes vacantes o mostrencos, en nombre del ICBF, tienen derecho a percibir una participación que excepcionalmente puede llegar a una cuantía equivalente al 50% del valor de los bienes, pero que ordinariamente se deduce de una tabla progresiva entre el 10% y el 30% de dicho valor, para cuyo efecto el instituto y el denunciante deben firmar un contrato, el cual se entiende de naturaleza administrativa.
[§ 3027 a 3050] Reservados.
TÍTULO V
De la accesión CONCEPTO
[§ 3051] ART. 713.—La accesión es un modo de adquirir por el cual el dueño de una cosa pasa a serlo de lo que ella produce o de lo que se junta a ella. Los productos de las cosas son frutos naturales o civiles. [§ 3052] JURISPRUDENCIA.—Las minas. Dos acepciones del término "accesión". "a) El término accesión se ha utilizado en lo relativo a minas en forma simplemente aproximativa y, aunque goza de un respaldo tradicional no es exacto por cuanto deriva más bien del principio romano según el cual "Qui dominus est soli dominus est coeli et interorum", que de aquel otro de igual origen de cuya conformidad "accesorium seguitur principalis". Esto se debe, en efecto, a que en tal derecho, aunque parcialmente modificado a finales del imperio, no se consideraban como diferentes el suelo y el subsuelo, de manera que el uno pudiera juntarse por accesión al otro, sino como un solo todo o unidad que, por sus proyecciones, se prolongaba hacia el cielo y también hacia el centro de la tierra. b) La accesión civil, en efecto, como modo de adquirir el dominio, esto es, tomada en su verdadero sentido, perseguía solucionar otros problemas, a saber, el de determinar la titularidad sobre bienes de distintos dueños que se juntan para lo cual se acudió al pensamiento de que la propiedad de lo principal determina lo accesorio; se trata, entonces, de explicar cómo se gana el dominio de cosas ajenas, y por ello, como lo explican los autores, solamente la llamada accesión continua, que acontece cuando se juntan cosas de distinto señorío, es verdadera accesión y no es la discreta, que tiene lugar cuando la cosa produce frutos naturales o civiles; en este último evento se está frente al desarrollo natural del derecho de dominio sobre la cosa y se trata, en consecuencia, de uno de los atributos de la propiedad como es el ius fruendi (V. Valencia Zea, Manresa y Navarro, etc.). Las cosas fructifican para su dueño''. (CSJ, S. Plena, Sent. jul. 13/89). [§ 3053 a 3070] Reservados.
CAPÍTULO I
De las accesiones de frutos FRUTOS NATURALES
[§ 3071] ART. 714.—Se llaman frutos naturales los que da la naturaleza, ayudada o no de la industria humana.
CLASES DE FRUTOS NATURALES
[§ 3072] ART. 715.—Los frutos naturales se llaman pendientes mientras que adhieren todavía a la cosa que los produce, como las plantas que están arraigadas al suelo, o los productos de las plantas mientras no han sido separados de ellas. Frutos naturales percibidos son los que han sido separados de la cosa productiva, como las maderas cortadas, las frutas y granos cosechados, etc., y se dicen consumidos cuando se han consumido verdaderamente, o se han enajenado (§ 3274). PROPIEDAD DE FRUTOS NATURALES
[§ 3073] ART. 716.—Los frutos naturales de una cosa pertenecen al dueño de ella; sin perjuicio de los derechos constituIdos por las leyes, o por un hecho del hombre, al poseedor de buena fe, al usufructuario, al arrendatario. Así, los vegetales que la tierra produce espontáneamente o por el cultivo, y las frutas, semillas y demás productos de los vegetales, pertenecen al dueño de la tierra. Así también las pieles, lana, astas, leche, cría y demás productos de los animales, pertenecen al dueño de éstos (§ 3072, 3274, 3736, 4267, 4346, 8814, 10142, 10143, 10146). FRUTOS CIVILES
[§ 3074] ART. 717.—Se llaman frutos civiles los precios, pensiones o cánones de arrendamiento o censo, y los intereses de capitales exigibles, o impuestos a fondo perdido. Los frutos civiles se llaman pendientes mientras se deben; y percibidos desde que se cobran (§ 2144, 3736, 3766). PROPIEDAD DE FRUTOS CIVILES
[§ 3075] ART. 718.—Los frutos civiles pertenecen también al dueño de la cosa de que provienen, de la misma manera y con la misma limitación que los naturales. [§ 3076] JURISPRUDENCIA.— Los intereses pueden ser válidamente cedidos. "Por regla general, pues, el acreedor de una cantidad de dinero lo es también de los intereses remuneratorios o moratorios correspondientes, pero dentro de los principios de libertad de contratación y de autonomía de la voluntad que consagran los artículos 6º inciso 2º y 1602 del Código Civil..., no hay obstáculo legal alguno para que dicho acreedor ceda a otra persona el derecho a percibir los intereses provenientes de la cantidad que a él se le adeuda o también, como ocurre en el caso sub judice, para que ceda el crédito principal y se reserve para sí los intereses respectivos. Esa posibilidad de que una persona sea acreedora del capital y otra de los intereses correspondientes, en cualquiera de las dos fases apuntadas, está prevista en el artículo
716 que se refiere a los frutos naturales y a cuyo texto se refiere el artículo 718, en efecto "en ambos artículos se establece el principio de derechos constituidos por las leyes o por un hecho del hombre", el cual puede ser precisamente la estipulación contractual. Por virtud de éste, el primitivo acreedor del capital puede conservar su derecho y ceder los intereses, o puede también reservárselos y traspasar el capital de una persona". (CSJ, Cas. Civil, Sent. febrero 24/75). [§ 3077 a 3100] Reservados.
CAPÍTULO II
De las accesiones del suelo ALUVIÓN
[§ 3101] ART. 719.—Se llama aluvión el aumento que recibe la ribera de un río o lago por el lento e imperceptible retiro de las aguas (§ 3761). NOTA: Las normas de este capítulo fueron modificadas en forma importante, al menos en cuanto a su operancia práctica, por el código de recursos naturales no renovables y de protección al medio ambiente, contenido en el Decreto 2811 de 1974 y sus reglamentos. Se conservan, sin embargo las disposiciones ambientales, con el fin de preservar la estructura del código.
ACCESIÓN DEL ALUVIÓN
[§ 3102] ART. 720.—El terreno de aluvión accede a las heredades riberanas, dentro de sus respectivas líneas de demarcación, prolongadas directamente hasta el agua; pero en puertos habilitados pertenecerá a la Unión. El suelo que el agua ocupa y desocupa alternativamente en sus creces y bajas periódicas, forma parte de la ribera o del cauce, y no accede mientras tanto a las heredades contiguas. DOMINIO PÚBLICO [§ 3103] D. 2811/74. ART. 83.—Salvo derechos adquiridos por particulares son bienes inalienables e imprescriptibles del Estado: a) El alveo o cauce natural de las corrientes; b) El lecho de los depósitos naturales de agua; c) Las playas marítimas, fluviales y lacustres; d) Una franja paralela a la línea de mareas máximas o la del cauce permanente de los ríos y lagos, hasta de treinta metros de ancho; e) Las aguas ocupadas por los nevados y cauces de los glaciares; f) Los estratos o depósitos de las aguas subterráneas; g) Las aguas privadas que no sean usadas por tres (3) años consecutivos, a partir de la vigencia del Decreto-Ley 2811 de 1974, cuando así se declare mediante providencia del Instituto Nacional de Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, Inderena, previo el trámite previsto en este decreto, y
h) Las demás aguas, en todos sus estados y formas, a que se refiere el artículo 77 del DecretoLey 2811 de 1974 siempre y cuando nazcan y mueran dentro del mismo predio.
[§ 3104 a 3130] Reservados.
DEMARCACIÓN
[§ 3131] ART. 721.—Siempre que prolongadas las antedichas líneas de demarcación, se corten una a otra, antes de llegar al agua, el triángulo formado por ellas y por el borde del agua, accederá a las dos heredades laterales; una línea recta que lo divida en dos partes iguales, tiradas desde el punto de intersección hasta el agua, será la línea divisoria entre las dos heredades. AVENIDA O AVULSIÓN
[§ 3132] ART. 722.—Sobre la parte del suelo que, por una avenida o por otra fuerza natural violenta, es transportada de un sitio a otro, conserva el dueño su dominio, para el solo efecto de llevársela; pero si no la reclama dentro del subsiguiente año, la hará suya el dueño del sitio a que fue transportada. RESTITUCIÓN DE INUNDACIÓN
[§ 3133] ART. 723.—Si una heredad ha sido inundada, el terreno restituido por las aguas, dentro de los diez años subsiguientes, volverá a sus antiguos dueños (§ 3808). [§ 3133-1] JURISPRUDENCIA.—Constitucionalidad. El terreno inundado por mas de diez años cambia su naturaleza privada a bien de uso público ."Nuestro Código Civil acogió en el artículo 723 bajo revisión, la misma fórmula de su homólogo chileno. Según algunos de sus comentaristas la medida allí consagrada es razonable, pues el terreno inundado por más de diez años pasa a ser parte integrante del receptáculo de las aguas y por tanto debe seguir la suerte jurídica de estas. Así, la inundación no se concibe como una forma de accesión sino de pérdida del derecho de dominio que se tenía sobre la heredad inundada, ya que si en diez años la inundación no cede el lago que se ha formado constituye un bien público, y si lo hace puede ser objeto de accesión para los riberanos del lecho del lago, sin descartar la posibilidad de que también pueda ser adquirido nuevamente por sus propietarios mediante la accesión denominada aluvión. (...). La Corte comparte el criterio de quienes consideran que la medida adoptada por el legislador en la disposición acusada es razonable, es decir, que tratándose de hechos de la naturaleza este haya dispuesto, que después de diez años, se reconozca el cambio de naturaleza del bien como de uso público. La inundación es un fenómeno natural que se manifiesta en la avenida de las aguas sobre un predio determinado, por múltiples causas como el desbordamiento de un río, el deshielo de un nevado, las aguas del mar o de un lago, las aguas lluvias, y en fin otras múltiples circunstancias semejantes que no es del caso analizar en esta providencia. Así, en virtud de dicho fenómeno, el propietario del predio pierde la posesión, pues no puede ejercer actos de señor y dueño en el terreno que las aguas mantienen cubierto. La ocupación de una heredad por las aguas puede ser pasajera o estable, pues puede tratarse de un caso de inundación periódica, como a la que están sujetas las riberas de
algunos de nuestros ríos en épocas invernales, o ser un fenómeno que se prolongue en el tiempo. El artículo 723 del Código Civil parece referirse a la inundación permanente, pues prescribe que el dueño conserva la propiedad de los terrenos desocupados si el retiro de las aguas se produce de antes de diez años "(C. Const., Sent. C-1172 nov. 23/2004, M.P. Clara Inés Vargas Hernández).
CAMBIO DE CURSO
[§ 3134] ART. 724.—Si un río varía de curso, podrán los propietarios riberanos, con permiso de autoridad competente, hacer las obras necesarias para restituir las aguas a su acostumbrado cauce, y la parte de éste que permanentemente quedare en seco, accederá a las heredades contiguas, como el terreno de aluvión en el caso del artículo 720. Concurriendo los riberanos de un lado con los del otro, una línea longitudinal dividirá el nuevo terreno en dos partes iguales, y cada una de éstas accederá a las heredades contiguas, como en el caso del mismo artículo. BIFURCACIÓN DEL CAUCE
[§ 3135] ART. 725.—Si un río se divide en dos brazos, que no vuelven después a juntarse, las partes del anterior cauce que el agua dejare descubiertas, accederán a las heredades contiguas, como en el caso del artículo precedente. NUEVAS ISLAS
[§ 3136] ART. 726.—Acerca de las nuevas islas que no hayan de pertenecer a la Unión, se observarán las reglas siguientes: 1ª) La nueva isla se mirará como parte del cauce o lecho, mientras fuere ocupada y desocupada alternativamente por las aguas en sus creces y bajas periódicas, y no accederá entre tanto a las heredades riberanas. 2ª) La nueva isla formada por un río que se abre en dos brazos que vuelven después a juntarse, no altera el anterior dominio de los terrenos comprendidos en ella; pero el nuevo terreno descubierto por el río accederá a las heredades contiguas, como en el caso del artículo 724. 3ª) La nueva isla que se forme en el cauce de un río accederá a las heredades de aquélla de las dos riberas a que estuviere más cercana toda la isla; correspondiendo a cada heredad la parte comprendida entre sus respectivas líneas de demarcación prolongadas directamente hasta la isla y sobre la superficie de ella. Si toda la isla no estuviere más cercana a una de las dos riberas que a la otra, accederá a las heredades de ambas riberas; correspondiendo a cada heredad la parte comprendida entre sus respectivas líneas de demarcación prolongadas directamente hasta la isla y sobre la superficie de ella. Las partes de la isla que en virtud de estas disposiciones correspondieren a dos o más heredades, se dividirán en partes iguales entre las heredades comuneras.
4ª) Para la distribución de una nueva isla, se prescindirá enteramente de la isla o islas que hayan preexistido a ella; y la nueva isla accederá a las heredades riberanas, como si ella sola existiese. 5ª) Los dueños de una isla formada por el río, adquieren el dominio de todo lo que por aluvión acceda a ella, cualquiera que sea la ribera de que diste, menos el nuevo terreno abandonado por las aguas. 6ª) A la nueva isla que se forme en un lago se aplicará el inciso 2º de la regla tercera precedente; pero no tendrán parte en la división del terreno formado por las aguas las heredades cuya menor distancia de la isla exceda a la mitad del diámetro de ésta, medido en la dirección de esa misma distancia. [§ 3137 a 3160] Reservados.
CAPÍTULO III
De la accesión de una cosa mueble a otra ADJUNCIÓN
[§ 3161] ART. 727.—La adjunción es una especie de accesión, y se verifica cuando dos cosas muebles pertenecientes a diferentes dueños, se juntan una a otra, pero de modo que puedan separarse y subsistir cada una después de separada; como cuando el diamante de una persona se engasta en el oro de otra, o en marco ajeno se pone un espejo propio. EFECTOS
[§ 3162] ART. 728.—En los casos de adjunción, no habiendo conocimiento del hecho por una parte, ni mala fe por otra, el dominio de lo accesorio accederá al dominio de lo principal, con el gravamen de pagar al dueño de la parte accesoria su valor. DETERMINACIÓN DE LA COSA PRINCIPAL
[§ 3163] ART. 729.—Si de las dos cosas unidas, la una es de mucho más estimación que la otra, la primera se mirará como lo principal, y la segunda como lo accesorio. Se mirará como de más estimación la cosa que tuviere para su dueño un gran valor de afección. DETERMINACIÓN SUPLETIVA
[§ 3164] ART. 730.—Si no hubiere tanta diferencia en la estimación, aquella de las dos cosas que sirva para el uso, ornato o complemento de la otra, se tendrá por accesoria. ÚLTIMO CRITERIO
[§ 3165] ART. 731.—En los casos a que no pudiere aplicarse ninguna de las reglas precedentes, se mirará como principal lo de más volumen. ESPECIFICACIÓN
[§ 3166] ART. 732.—Otra especie de accesión es la especificación que se verifica cuando de la materia perteneciente a una persona, hace otra persona una obra o artefacto cualquiera, como si de uvas ajenas se hace vino, o de plata ajena una copa, o de madera ajena una nave. No habiendo conocimiento del hecho por una parte, ni mala fe por otra, el dueño de la materia tendrá derecho a reclamar la nueva especie, pagando la hechura. A menos que en la obra o artefacto, el precio de la nueva especie valga mucho más que el de la materia, como cuando se pinta en lienzo ajeno, o de mármol ajeno se hace una estatua; pues en este caso la nueva especie pertenecerá al especificante, y el dueño de la materia tendrá solamente derecho a la indemnización de perjuicios. Si la materia del artefacto es, en parte ajena, y en parte propia del que la hizo o mandó hacer, y las dos partes no pueden separarse sin inconveniente, la especie pertenecerá en común a los dos propietarios: al uno a prorrata del valor de su materia, y al otro a prorrata del valor de la suya y de la hechura. MEZCLA
[§ 3167] ART. 733.—Si se forma una cosa por mezcla de materias áridas o líquidas, pertenecientes a diferentes dueños, no habiendo conocimiento del hecho por una parte, ni mala fe por otra, el dominio de la cosa pertenecerá a dichos dueños pro indiviso, a prorrata del valor de la materia que a cada uno pertenezca. A menos que el valor de la materia perteneciente a uno de ellos fuere considerablemente superior, pues en tal caso el dueño de ella tendrá derecho para reclamar la cosa producida por la mezcla, pagando el precio de la materia restante. SEPARACIÓN
[§ 3168] ART. 734.—En todos los casos en que al dueño de una de las dos materias primas no sea fácil remplazarla por otra de la misma calidad, y valor y aptitud, y pueda la primera separarse sin deterioro de lo demás, el dueño de ella, sin cuyo conocimiento se haya hecho la unión, podrá pedir su separación y entrega, a costa del que hizo uso de ella. OPCIONES DEL PROPIETARIO
[§ 3169] ART. 735.—En todos los casos en que el dueño de una materia de que se ha hecho uso sin su conocimiento, tenga derecho a la propiedad de la cosa que ha sido empleada, lo tendrá igualmente para pedir que en lugar de dicha materia se le restituya otro tanto de la misma naturaleza, calidad y aptitud, o su
valor en dinero. CONSENTIMIENTO PRESUNTIVO
[§ 3170] ART. 736.—El que haya tenido conocimiento del uso que de una materia suya se hacía por otra persona, se presumirá haberlo consentido y sólo tendrá derecho a su valor. USO ABUSIVO DE LA MEZCLA
[§ 3171] ART. 737.—El que haya hecho uso de una materia sin conocimiento del dueño, y sin justa causa de error, estará sujeto en todos los casos a perder lo suyo, y a pagar lo que más de esto valieren los perjuicios irrogados al dueño; fuera de la acción criminal a que haya lugar, cuando ha procedido a sabiendas. Si el valor de la obra excediere notablemente al de la materia, no tendrá lugar lo prevenido en este artículo; salvo que se haya procedido a sabiendas. [§ 3172 a 3200] Reservados.
CAPÍTULO IV
De la accesión de las cosas muebles a inmuebles EDIFICACIÓN Y SIEMBRA CON MATERIALES AJENOS
[§ 3201] ART. 738.—Si se edifica con materiales ajenos en suelo propio, el dueño del suelo se hará dueño de los materiales por el hecho de incorporarlos en la construcción; pero estará obligado a pagar al dueño de los materiales su justo precio u otro tanto de la misma naturaleza, calidad y aptitud. Si por su parte no hubo justa causa de error, será obligado al resarcimiento de perjuicios, y si ha procedido a sabiendas, quedará también sujeto a la acción criminal competente; pero si el dueño de los materiales tuvo conocimiento del uso que se hacía de ellos, sólo habrá lugar a la disposición de este artículo. La misma regla se aplica al que planta o siembra en suelo propio vegetales o semillas ajenas. Mientras los materiales no están incorporados en la construcción o los vegetales arraigados en el suelo, podrá reclamarlos el dueño. EDIFICACIÓN Y SIEMBRA EN SUELO AJENO
[§ 3202] ART. 739.—El dueño del terreno en que otra persona, sin su conocimiento, hubiere edificado, plantado o sembrado, tendrá derecho de hacer suyo el edificio, plantación o sementera, mediante las indemnizaciones prescritas a favor de los poseedores de buena o mala fe en el título De la reivindicación, o de obligar al que edificó o plantó a pagarle el justo precio del terreno con los intereses legales por todo el tiempo que lo haya tenido en su poder, y al que sembró a pagarle la renta y a indemnizarle los perjuicios.
Si se ha edificado, plantado o sembrado a ciencia y paciencia del dueño del terreno, será éste obligado, para recobrarlo, a pagar el valor del edificio, plantación o sementera. [§ 3203] JURISPRUDENCIA.—Edificación, plantación y siembra en suelo ajeno: hipótesis. "En punto de edificación, plantación y siembra en suelo ajeno, el artículo 739 del Código Civil, prevé dos situaciones diferentes, según que el dueño del terreno no haya tenido conocimiento de dicha ejecución en su predio por otra persona; o que, contrariamente, éste haya edificado "a ciencia y paciencia" de aquél. Y de estos dos supuestos de hecho deduce consecuencias jurídicas también distintas, a saber: a) Para la primera hipótesis consagra a favor del propietario un derecho alternativo: si no quiere adquirir el edificio, plantación o sementera, sea porque no es de su agrado, sea porque no puede hacer la erogación que ésta representa, está facultado para obligar al que edificó o plantó a "pagarle el justo precio del terreno con los intereses legales por todo el tiempo que lo haya tenido en su poder", o al que sembró a pagarle "la renta y a indemnizarle los perjuicios" ; y si, en cambio, opta por "hacer suyo el edificio, plantación o sementera" debe cubrir "las indemnizaciones prescritas a favor de los poseedores de buena o mala fe en el título de la reivindicación", y b) Para el segundo evento, esto es, cuando "a ciencia y paciencia" del dueño del terreno otra persona incorpora en él sus materiales, plantas o semillas, la norma referida consagra a favor de aquél el derecho a recobrar el predio, pero pagando anteladamente "el valor del edificio, plantación o sementera". Tratándose del primero de estos supuestos, la persona que edifica, planta o siembra en suelo ajeno, aunque puede ser simple tenedor, ordinariamente lo hace como poseedor; porque para que el caso ocurra generalmente es necesario que detente el terreno y ejecute la obra sin conocimiento del dueño. Aceptable es, entonces, que para fijar las obligaciones recíprocas en materia de frutos y mejoras se acuda a las disposiciones que reglamentan las prestaciones mutuas en la acción de dominio, preceptos éstos que para tal efecto toman en cuenta la buena o mala fe del poseedor vencido. No acontece lo propio en la segunda de las situaciones indicadas, en la cual quien ha edificado, plantado o sembrado detenta el terreno ajeno con conocimiento de su dueño, vale decir sin animo domini. De consiguiente, al contrario de lo que sucede en la primera, en esta segunda hipótesis no hay necesidad de averiguar cómo ha sido la fe del autor de los trabajos, si buena o mala, porque el solo hecho de realizarse con consentimiento y sin protesta del dueño tal terreno basta para considerar que ha aceptado su ejecución, expresa o tácitamente, y por lo mismo deba pagar la única indemnización indicada por la ley para el caso, cual es el valor del edificio, plantación o sementera". (CSJ, Cas. Civil, Sent. mayo 18/82).
[§ 3204] JURISPRUDENCIA.— Accesión industrial: suelo como cosa principal. "1. Bien sabido es que entre las distintas modalidades de la accesión entendida como uno de los modos posibles de adquirir el dominio (C.C. arts. 673 y 713), se cuenta la llamada "accesión industrial en bienes raíces" que se produce por la edificación, plantación o siembra en suelo propio o ajeno, cuando los materiales de construcción, las plantas o las semillas pertenecen a persona distinta del dueño del terreno al cual se incorporan, dándose así lugar a situaciones de cuya reglamentación se ocupa el título 5º —cap. IV—
del libro segundo del mismo código (arts. 738 y 739), preceptos estos inspirados en principios que, también por sabido se tiene, en su origen se remonta a las fuentes romanas. En efecto, bajo el adagio "superficies solo cedit" (Gayo. Inst. cap. 2º num. 73) ha sido postulado de general aceptación en esta materia que el suelo, por su condición de estable y fijo, preciso es considerarlo como cosa principal y, en consecuencia, aquello que con él se integre con sentido de permanencia, no obstante pertenecer a otro pasa a ser propiedad del dueño del inmueble sin que se realice o se cumpla tradición alguna, fusión esta que opera entonces por el solo ministerio de la ley y, a diferencia de lo que ocurre en la denominada "accesión natural" que es resultado de circunstancias no atribuibles a nadie, lleva consigo comúnmente un derecho de indemnización equitativa en favor del propietario de los materiales, plantas o semillas dejar así a salvo la prohibición de enriquecimiento injusto a expensa ajena, habida cuenta que, como lo tiene explicado de vieja data la doctrina jurisprudencial en nuestro medio refiriéndose al caso de construcciones levantadas con elementos propios en terreno de otro, "...la ley asigna al dueño del terreno el dominio de la edificación, constituyendo los dos bienes una sola entidad, y no por un dominio distinto o separado del que se tiene sobre la cosa principal, sino como una consecuencia de éste que se extiende sobre la cosa que se junta, pero le impone al adquirente, para evitar un enriquecimiento indebido, la obligación de pagar al dueño de los materiales las indemnizaciones prescritas para los poseedores en el caso de reivindicación. El modo de adquisición opera y produce sus efectos jurídicos cuando el hecho material de la unión de las cosas se realiza, porque es entonces cuando la cosa que accede adquiere la calidad de inmueble por adherencia y se incorpora a la principal. En este momento nacen las obligaciones que la ley establece entre los propietarios de lo principal y de lo accesorio...". (CSJ, Cas. Civil, Sent. abr. 19/93, Exp. 3586. M.P. Carlos Esteban Jaramillo Schloss).
[§ 3205] JURISPRUDENCIA.—Pago de las mejoras en la accesión. Reclamación autónoma mediante acción in rem verso . "Por supuesto que el mencionado artículo 739 del Código Civil le otorga un singular derecho potestativo al propietario, pues lo faculta, mientras el mejorante retiene el predio o no se encuentra compelido judicialmente a restituirlo, para que determine la configuración jurídica del mismo, ya sea conservando su propiedad y haciéndose dueño por accesión de la mejora, pero, en todo caso, indemnizando al poseedor por el valor de la misma; o despojándose del dominio, pero, obligando al que allí edificó o plantó, a pagarle el “justo precio del terreno con los intereses legales por todo el tiempo que lo haya tenido en su poder; y al que sembró a pagarle la renta e indemnizarle los perjuicios”. Ahora bien, si por virtud del ejercicio de una acción judicial el propietario recupera el bien mejorado, o se hace evidente que se encuentra en vías de hacerlo, v. gr., porque ha vencido en juicio al poseedor, o, como aquí acontece, porque se trata de un tercero frente a quien la sentencia produce efectos, por haber adquirido con posterioridad a la inscripción de la demanda (arts., 332 y 690, lit. a) inc. 3º del CPC), la opción se habrá concretado en cuanto debe entenderse que el propietario eligió la restitución del bien, a cambio de pagar, por supuesto, las mejoras del caso. Y ello es así porque si el propietario obtiene la restitución material del inmueble, o la misma es inminente en los términos concretos que acaban de enunciarse, sin que el mejorante reciba o vaya a recibir a cambio el valor que como poseedor de buena o de mala fe le corresponda, de contera se consumaría a ojos vistas, un enriquecimiento injusto en favor del dueño y en ostensible detrimento del patrimonio de quien ha mejorado el inmueble, razón por la cual, éste, en ejercicio de la acción “in rem verso”, y sujetándose, claro está, a las condiciones pertinentes, estará facultado para reclamar, sin
talanqueras de ninguna especie, la satisfacción dineraria que le corresponde, cuestión esta que, obviamente, no se encuentra propiamente sometida al gobierno del artículo 739 del Código Civil, sino en significativos imperativos de justicia que, de todas formas subyacen en la mencionada norma, y que impiden que los patrimonios se acrecienten a costa del empobrecimiento injustificado de otros, como sucedería si el propietario del inmueble lo recobra junto con lo edificado, sembrado o plantado, sin pagar, en contraprestación, el valor de tales mejoras. Más exactamente: Si en sentencia judicial que produzca efectos frente a quien plantó las mejoras, se ordena la restitución del predio mejorado al dueño, o ésta ya se consumó, es evidente que la elección que la ley le confiere al propietario se ha hecho concreta, razón por la cual, podrá el mejorante, cuando el pago de las mismas no hubiese sido ordenado, reclamar autónoma e independientemente su valor, pedimento que se fundamenta, insístese, en el insoslayable y categórico principio que prohíbe enriquecerse injustamente en detrimento de otro, así aún se halle detentando el bien, porque lo relevante no es la posesión o tenencia en sí misma, sino el hecho del vencimiento judicial sin haber obtenido el reconocimiento del valor de las mejoras". (CSJ, Cas. Civil, Sent. mar. 31/98. Exp. 4674. M.P. Jorge Antonio Castillo Rugeles). [§ 3206 a 3230] Reservados.
TÍTULO VI
De la tradición CAPÍTULO I
Disposiciones generales CONCEPTO
[§ 3231] ART. 740.—La tradición es un modo de adquirir el dominio de las cosas, y consiste en la entrega que el dueño hace de ellas a otro, habiendo por una parte la facultad e intención de transferir el dominio, y por otra la capacidad e intención de adquirirlo. Lo que se dice del dominio se extiende a todos los otros derechos reales (§ 2437, 2512, 3271, 3301, 3383). PARTES
[§ 3232] ART. 741.—Se llama tradente la persona que por la tradición transfiere el dominio de la cosa entregada por él, y adquirente la persona que por la tradición adquiere el dominio de la cosa recibida por él o a su nombre. Pueden entregar y recibir a nombre del dueño sus mandatarios o sus representantes legales.
En las ventas forzadas que se hacen por decreto judicial a petición de un acreedor, en pública subasta, la persona cuyo dominio se transfiere es el tradente, y el juez su representante legal. La tradición hecha por o a un mandatario debidamente autorizado, se entiende hecha por o a el respectivo mandante. RATIFICACIÓN DEL TRADENTE
[§ 3233] ART. 742.—Para que la tradición sea válida, deberá ser hecha voluntariamente por el tradente o por su representante. Una tradición que al principio fue inválida por haberse hecho sin voluntad del tradente o de su representante, se valida retroactivamente por la ratificación del que tiene facultad de enajenar la cosa como dueño o como representante del dueño (§ 3453, 6540, 10805, 11448). RATIFICACIÓN DEL ADQUIRENTE
[§ 3234] ART. 743.—La tradición para que sea válida requiere también el consentimiento del adquirente o de su representante. Pero la tradición que en su principio fue inválida, por haber faltado este consentimiento, se valida retroactivamente por la ratificación. MANDATARIOS Y REPRESENTANTES LEGALES
[§ 3235] ART. 744.—Para que sea válida la tradición en que intervienen mandatarios o representantes legales, se requiere además que éstos obren dentro de los límites de su mandato o de su representación legal (§ 3452). NECESIDAD DE TÍTULO
[§ 3236] ART. 745.—Para que valga la tradición se requiere un título traslaticio de dominio, como el de venta, permuta, donación, etc. Se requiere, además, que el título sea válido respecto de la persona a quien se confiere. Así el título de donación irrevocable no transfiere el dominio entre cónyuges (§ 3310, 3421). [§ 3237] DOCTRINA.—Título y modo: dos negocios en la transmisión intervivos de la propiedad. "La distinción entre negocio obligatorio (contrato) y negocio dispositivo (o de enajenación) es fundamental en el Código Civil y tiene su más importante aplicación en materia de transmisión de la propiedad por acto entre vivos. En consecuencia, dos notas esenciales caracterizan la transmisión de la propiedad por acto entre vivos; la necesidad de los dos negocios, por una parte, y su invariable relación de causa a efecto, por otra. 1. El sistema del Código Civil forma parte de aquellos sistemas que, como el romano, el germano, el suizo y otros, no dan eficacia al simple acuerdo de voluntades para transmitir el derecho de propiedad, pues en ellos tal acuerdo crea simplemente la obligación de transmitir. Pero la transmisión propiamente tal, sólo se realiza mediante un negocio jurídico diferente, que es la tradición. 2. Mas lo característico del Código Civil consiste en exigir invariablemente la sucesión de los dos negocios: el obligatorio o traslaticio de dominio y el de tradición. Exige no sólo la existencia de los dos negocios, sino, además, su validez, en forma que el solo negocio obligatorio no transmite la
propiedad, ni tampoco la transmite la tradición. En otras palabras: toda tradición debe estar precedida de un negocio obligatorio o contrato. (...). Los viejos juristas suelen denominar título al primer negocio, y modo al segundo. Nada de erróneo existiría en dichos términos, si no hubiera sido por la circunstancia de que los exégetas pretendieron explicar toda la adquisición de la propiedad por la exótica teoría del título y el modo, siendo así que los dos negocios se descubren sólo en las adquisiciones de la propiedad por acto entre vivos''. (VALENCIA ZEA, Arturo. Derecho civil. Tomo II, Derechos reales, Editorial Temis, 1990, pág. 297).
ERROR EN LA ESPECIE
[§ 3238] ART. 746.—Se requiere también para la validez de la tradición que no se padezca error en cuanto a la identidad de la especie que debe entregarse, o de la persona a quien se hace la entrega, ni en cuanto al título. Si se yerra en el nombre sólo, es válida la tradición (§ 5038, 6574, 6576, 6578, 12610). ERROR EN EL TÍTULO
[§ 3239] ART. 747.—El error en el título invalida la tradición, sea cuando una sola de las partes supone un título traslaticio de dominio, como cuando por una parte se tiene el ánimo de entregar a título de comodato, y por otra se tiene el ánimo de recibir a título de donación, o sea cuando por las dos partes se suponen títulos traslaticios de dominio, pero diferentes, como si por una parte se supone mutuo y por otra donación. ERROR EN MANDATARIOS Y REPRESENTANTES LEGALES
[§ 3240] ART. 748.—Si la tradición se hace por medio de mandatarios o representantes legales, el error de éstos invalida la tradición. SOLEMNIDADES
[§ 3241] ART. 749.—Si la ley exige solemnidades especiales para la enajenación, no se transfiere el dominio sin ellas (§ 3301, 8570, 8766). TRADICIÓN SUJETA A MODALIDADES
[§ 3242] ART. 750.—La tradición puede transferir el dominio bajo condición suspensiva o resolutoria, con tal que se exprese. Verificada la entrega por el vendedor, se transfiere el dominio de la cosa vendida, aunque no se haya pagado el precio, a menos que el vendedor se haya reservado el dominio hasta el pago, o hasta el cumplimiento de una condición. EXIGIBILIDAD
[§ 3243] ART. 751.—Se puede pedir la tradición de todo aquello que se deba, desde que no haya plazo pendiente para su pago; salvo que intervenga decreto judicial en contrario. TRADICIÓN DE COSA AJENA
[§ 3244] ART. 752.—Si el tradente no es el verdadero dueño de la cosa que se entrega por él o a su nombre, no se adquieren por medio de la tradición otros derechos que los transmisibles del mismo tradente sobre la cosa entregada. Pero si el tradente adquiere después el dominio, se entenderá haberse éste transferido desde el momento de la tradición (§ 3453, 3508, 7233, 12333). ADQUISICIÓN POR PRESCRIPCIÓN
[§ 3245] ART. 753.—La tradición da al adquirente, en los casos y del modo que las leyes señalan, el derecho de ganar por la prescripción el dominio de que el tradente carecía, aunque el tradente no haya tenido ese derecho (§ 12858, 12876). [§ 3246 a 3270] Reservados.
CAPÍTULO II
De la tradición de las cosas corporales muebles FORMAS
[§ 3271] ART. 754.—La tradición de una cosa corporal mueble deberá hacerse significando una de las partes a la otra que le transfiere el dominio, y figurando esta transferencia por uno de los medios siguientes: 1. Permitiéndole la aprehensión material de una cosa presente. 2. Mostrándosela. 3. Entregándole las llaves del granero, almacén, cofre o lugar cualquiera en que esté guardada la cosa. 4. Encargándose el uno de poner la cosa a la disposición del otro en el lugar convenido. 5. Por la venta, donación u otro título de enajenación conferido al que tiene la cosa mueble como usufructuario, arrendatario, comodatario, depositario, o a cualquier título no traslaticio de dominio; y recíprocamente por el mero contrato en que el dueño se constituye usufructuario, comodatario, arrendatario, etc. [§ 3272] JURISPRUDENCIA.—Tradición de automotores. "En la actualidad y en relación con la enajenación comercial de automotores, mientras no se demuestre que el respectivo título de adquisición fue inscrito ante el competente funcionario de las oficinas de tránsito, la simple entrega del objeto enajenado no equivale a la tradición del mismo. Por expreso mandato de la ley se exige, a más de la entrega, la inscripción del título, pues de otro modo la tradición no se opera totalmente". (CSJ, Cas. Civil, Sent. nov. 10/76). [§ 3273] JURISPRUDENCIA.— Analogía de la tradición brevi manu en el cambio de
posesión extracontractual en posesión contractual. "En este proceso se pide la
reivindicación de determinado predio como súplica enteramente independiente y autónoma. Esta pretensión no puede prosperar mientras el contrato de promesa subsista, pues ocurre que por ese contrato se transformó la posesión extracontractual del demandado en posesión respaldada por un contrato y regida por sus estipulaciones. Esta transformación se realizó en forma análoga a la de la tradición brevi manu prevista en el ordinal 5º del artículo 754 del Código Civil: el prometiente comprador venía poseyendo el fundo desde antes de celebrarse la promesa, circunstancia que hizo innecesaria la entrega de éste a aquél... ". (CSJ, Cas. Civil, Sent. mar. 12/81).
OTRAS TRADICIONES DE MUEBLES
[§ 3274] ART. 755.—Cuando con permiso del dueño de un predio se toma en él piedras, frutos pendientes u otras cosas que forman parte del predio, la tradición se verifica en el momento de la separación de estos objetos. Aquel a quien se debieren los frutos de una sementera, viña o plantío, podrá entrar a cogerlos, fijándose el día y hora, de común acuerdo con el dueño (§ 3072). [§ 3275 a 3300] Reservados.
CAPÍTULO III
De las otras especies de tradición TRADICIÓN DE INMUEBLES
[§ 3301] ART. 756.—Se efectuará la tradición del dominio de los bienes raíces por la inscripción del título en la oficina de registro de instrumentos públicos. De la misma manera se efectuará la tradición de los derechos de usufructo o de uso constituidos en bienes raíces, y de los de habitación o hipoteca (§ 2512, 3241, 3383, 3534, 3623, 3722, 3832, 6327, 8766, 9780). [§ 3302] JURISPRUDENCIA.—No basta la sola inscripción del título. "No basta para la total satisfacción de la obligación de entregar la mera inscripción del título en el registro de instrumentos públicos, sino que es necesario, para complementarla legalmente, verificar la entrega material de la cosa vendida para realizar el derecho de goce del comprador. La ley de procedimiento civil (artículo 887 del C.J.) provee al cumplimiento forzado de esta obligación del vendedor de entregar materialmente la cosa vendida, cuando a pesar de la inscripción del título en la oficina de registro correspondiente, el tradente retenga materialmente la cosa en su poder". (CSJ, Cas. Civil, Sent. feb. 2/40). NOTA (1): La disposición del anterior código judicial a que se refiere la anterior jurisprudencia fue sustituida por los artículos 408, ordinal 3º y 417 del actual Código de Procedimiento Civil que regulan la "entrega material por el tradente al adquirente de un bien enajenado por inscripción en el registro, y reconocimiento de las indemnizaciones a que hubiere lugar". NOTA (2): Jurisprudencia en el mismo sentido: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia de julio 31 de 1953.
[§ 3303] JURISPRUDENCIA.—No basta la entrega material. "No es lo mismo como parece entenderlo el recurrente la obligación de dar el derecho de dominio sobre un inmueble y la de entregarlo materialmente. Por tanto, aunque el vendedor ponga al comprador en posesión útil de él, no por ello puede alegar que le ha hecho tradición, pues ya quedó visto que ésta sólo se opera, respecto de tal clase de bienes, por la competente inscripción del título. Y siempre que el vendedor sea verdadero dueño, pues si no lo es, la tradición es ineficaz. Fluye de lo anterior que aunque el presunto enajenante haya hecho entrega material del inmueble al otro contratante, ésta por sí sola no implica tradición". (CSJ, Cas. Civil, Sent. sep. 2/70). [§ 3304] JURISPRUDENCIA.— Cómo se entregan materialmente los inmuebles. "La entrega jurídica se efectúa, tratándose de bienes inmuebles, de conformidad con lo establecido por el artículo 756 del Código Civil, por la inscripción del título en la oficina de instrumentos públicos. La obligación de entregar materialmente el bien se satisface por cualquier medio que el comprador convenga con el vendedor, o por formas similares a las enumeradas en los artículos 754 y 755 del Código Civil, y que permiten al comprador recibir el bien y entrar en posesión del mismo". (CSJ, Cas. Civil, Sent. dic. 15/73).
POSESIÓN LEGAL Y EFECTIVA DE LA HERENCIA
[§ 3305] ART. 757.—En el momento de deferirse la herencia, la posesión de ella se confiere por ministerio de la ley al heredero; pero esta posesión legal no lo habilita para disponer en manera alguna de un inmueble, mientras no proceda: 1. El decreto judicial que da la posesión efectiva. 2. El registro del mismo decreto judicial y de los títulos que confieran el dominio (§ 3532, 4413, 4425). [§ 3306] JURISPRUDENCIA.—Finalidad de la posesión efectiva. "Nuestro sistema legal distingue tres momentos en la transmisión del dominio de los inmuebles por causa de muerte: a) El momento de la delación de la herencia; b) El momento de la posesión efectiva de la herencia; c) El momento de la partición y adjudicación de los bienes herenciales (artículos 757, 779, 783, 1013 y 1041 del Código Civil). En el momento de la muerte del de cujus, la herencia se defiere a los herederos y, merced a tal delación, ellos adquieren la posesión legal de aquélla. Pero esta posesión legal no habilita al heredero para ejecutar los actos de disposición sobre ningún bien inmueble determinado de la masa herencial; para tal fin se necesita el decreto de la posesión efectiva de la herencia, mediante el cual los herederos, de consuno, pueden enajenar inmuebles. Porque este decreto y su inscripción tienen por objeto realizar el propósito, a que responde la institución de registro de la propiedad raíz, de presentar a la vista de todos la totalidad de las mutaciones del dominio de los predios, cualquiera que sea el modo de
adquirir que las produzca. Incorporado un inmueble al registro, anotado o inscrito en él, esta inscripción indica quién es el que puede disponer de este inmueble y transferir a otra persona su dominio. Si el poseedor inscrito (sic) fallece, el inmueble con toda la universalidad herencial es adquirido en común, en virtud de la delación de la herencia, por los herederos del difunto. Entonces debería poder ser enajenado por los herederos. Pero, para que ellos puedan hacer esa enajenación, la ley exige (C.C., art. 757) que se haga constar en el registro el derecho de quien aparece disponiendo de ese inmueble que está inscrito a nombre de otro; y fue con ese fin con el que ideó el legislador el decreto de posesión efectiva de la herencia y su inscripción en el registro, para inscribir en éste que, por la muerte del poseedor inscrito, pueden, en adelante, sus herederos ejecutar actos de disposición sobre ese inmueble que, hasta entonces, aparece inscrito en nombre del difunto. Y esa inscripción es necesaria porque, sin ella, quedaría una interrupción o laguna en la historia de la propiedad raíz, historia que es el objeto de la institución de registro''. (CSJ, Cas. Civil, Sent. abr. 21/54).
[§ 3307] JURISPRUDENCIA.— No es nula, aunque no transmita el dominio, la enajenación de inmuebles antes de la posesión efectiva. "El artículo 757 apuntado no sanciona con nulidad la enajenación de bienes raíces sucesorales que haga el heredero antes de obtener el decreto de posesión efectiva de la herencia, y que el respectivo contrato de disposición es válido; además se explicó debidamente que, como el contrato no es modo de adquirir el dominio sino mero título, la inscripción de la escritura contentiva del respectivo contrato, no transfiere al presunto adquirente el derecho de propiedad sobre la cosa que se le enajena por quien apenas tiene la calidad de heredero, mas no la de verdadero dueño de ella. Como para hacer la tradición se requiere, a más de capacidad y consentimiento, que el tradente sea verus dominus, síguese que el heredero cuando apenas goza de posesión legal que es la que se le defiere al momento de la muerte del causante, no puede tradir el dominio de un inmueble sucesoral, pues aún no ha adquirido el derecho de propiedad sobre los inmuebles herenciales, sino el mero derecho real de herencia sobre la universalidad patrimonial". (CSJ, Cas. Civil, Sent. sep. 2/70).
[§ 3308] JURISPRUDENCIA.—Posesión efectiva no comprende al cónyuge cuando no es heredero. "El decreto de posesión efectiva de la herencia no puede comprender al cónyuge sobreviviente cuando éste no es heredero. En tal caso el origen del derecho de la mujer o el marido supérstite es la sociedad conyugal, no la sucesión de que ha fallecido. De aquí que, con arreglo en el artículo 757 del Código Civil, en armonía con el 2322 de la misma obra, "es el mismo que el de los socios en el haber social"". (CSJ, Cas. Civil, Sent. sep. 21/76).
TÍTULO EN LA PRESCRIPCIÓN
[§ 3309] ART. 758.—Siempre que por una sentencia ejecutoriada se reconociere como adquirido por prescripción el dominio o cualquier otro de los derechos mencionados en los precedentes artículos de este capítulo, servirá de título esta sentencia, después de su registro en la oficina u oficinas respectivas (§ 12985). OBLIGACIÓN DE REGISTRO
[§ 3310] ART. 759.—Los títulos traslaticios de dominio que deben registrarse,
no darán o transferirán la posesión efectiva del respectivo derecho mientras no se haya verificado el registro en los términos que se dispone en el título Del registro de instrumentos públicos (§ 13810). NOTA: El título correspondiente al Registro de instrumentos públicos fue derogado por el Decreto 1250 de 1970.
TRADICIÓN DE SERVIDUMBRES
[§ 3311] ART. 760.—La tradición de un derecho de servidumbre se efectuará por escritura pública, debidamente registrada, en que el tradente exprese constituirlo y el adquirente aceptarlo; podrá esta escritura ser la misma del acto o contrato principal a que acceda el de la constitución de la servidumbre (§ 4121). [§ 3312] JURISPRUDENCIA.—Requisitos en la constitución de servidumbres. "Los principios consagrados por nuestra ley respecto al título mismo de constitución de las servidumbres discontinuas y aparentes, en los textos que el recurrente cita como violados, se reducen a esto: a) Debe constar en escritura pública (art. 760); b) Dicha escritura debe ser registrada (arts. 759, 760 y 2652), y c) En esa escritura pública —que puede ser especial para la constitución de la servidumbre o referirse principalmente a la constitución de otro contrato distinto, como a una enajenación en que se estipule accesoriamente la constitución de la servidumbre— debe el dueño del predio expresar su voluntad de constituirla y el dueño del predio dominante su voluntad de aceptarla (art. 760). Estos y no otros son los requisitos exigidos en los artículos citados por el recurrente para el título constitutivo de la servidumbre''. (CSJ, Cas. Civil, Sent. oct. 31/35).
TRADICIÓN DE DERECHOS PERSONALES
[§ 3313] ART. 761.—La tradición de los derechos personales que un individuo cede a otro, se verifica por la entrega del título, hecha por el cedente al cesionario (§ 9428). [§ 3314 a 3350] Reservados.
TÍTULO VII
De la posesión CAPÍTULO I
De la posesión y sus diferentes calidades DEFINICIÓN [§ 3351] ART. 762.—La posesión es la tenencia de una cosa determinada con ánimo de señor o dueño, sea que el dueño o el que se da por tal, tenga la cosa
por sí mismo, o por otra persona que la tenga en lugar y a nombre de él. El poseedor es reputado dueño, mientras otra persona no justifique serlo (§ 3534, 12858). [§ 3352] COMENTARIO.—¿Es la posesión un derecho? Esta pregunta ha dado lugar a una controversia irreconciliable, tanto en la doctrina como en la jurisprudencia. Aunque el debate ha amainado por la pobre importancia práctica de asunto, creemos importante reseñar, las jurisprudencias que exponen tesis en contrario: una acoge la tesis de Enneccerus, Kipp Y Wolff, defendida en nuestro medio por Valencia Zea sobre el carácter de derecho auxiliar o provisional. La otra, preconizada por Fernando Vélez, José J. Gómez y Peña Quiñones, entre otros, considera la posesión como un hecho con consecuencias jurídicas. El más reciente pronunciamiento jurisprudencial, contenido en sentencia de la Corte Constitucional de agosto 12/92, con ponencia de Ciro Angarita Barón y salvamento de voto de José Gregorio Hernández Galindo, va más lejos aun al declarar que la posesión es un derecho fundamental.
[§ 3353]
JURISPRUDENCIA.—La posesión es un derecho real auxiliar o provisional. "Que la posesión y el dominio son instituciones jurídicas distintas, de imposible confusión, no obstante lo cual aquélla es susceptible de presentarse como un reflejo de ésta. Que en tal sentido la posesión es un derecho auxiliar para el dueño de la cosa o es un derecho provisional para el que no es dueño de ella, pero puede estar en vías de serlo. Que en la primera hipótesis, la posesión manifiesta la realidad del dominio. Mediante el ejercicio de ella se revela la propiedad como existiendo materialmente y no en forma abstracta o aparente. Que en la segunda hipótesis, la posesión es un derecho provisional para el no propietario, derecho que se origina en la presunción de dominio que la acompaña. Que se explica esta presunción porque el dominio no es un simple título desnudo sino que comprende también el derecho a poseer, como si se dijera el derecho a los emolumentos o a los atributos de la propiedad. Y es provisional por cuanto cede siempre ante el derecho de dominio". (CSJ, Cas. Civil, Sent. mayo 10/39).
[§ 3354] JURISPRUDENCIA.— La posesión es una simple relación de dominio de hecho. "La posesión, como simple relación de dominio de hecho, amparada por el orden jurídico, implica la vinculación de la voluntad de una persona a un "Corpus", como si esa relación emanara del derecho de propiedad. Por ello se ha dicho con razón que la posesión no es otra cosa que la exteriorización del dominio, un reflejo de este derecho fundamental...". (CSJ, Cas. Civil, Sent. ago. 22/57). [§ 3355] JURISPRUDENCIA.—La posesión es un derecho fundamental de carácter económico y social. "Ciertamente en un país con los problemas estructurales de pobreza y subdesarrollo, como Colombia, la justicia a nivel de utilización racional de sus recursos económicos y la función social de los mismos hacen imperativo su ingreso o incorporación efectiva en la economía nacional. Por su naturaleza y alcance, una de las vías más eficaces para lograrlo es, precisamente, el estímulo y la protección a formas concretas de posesión material económica, como instrumento privilegiado de acceso a la propiedad.
De consiguiente, la posesión resulta ser un poder de hecho jurídicamente relevante que por su naturaleza puede ser instrumento efectivo de acceso a la propiedad y como tal guarda con este último derecho una conexidad de efectos sociales muy saludables que no pueden ignorarse, especialmente en el ámbito del estado social de derecho, cuyas consecuencias y características esta Corte ha tenido ya ocasión de señalar en algunos de sus recientes pronunciamientos. Por todo lo anterior no es infundado afirmar que en la actual coyuntura colombiana la posesión es un derecho fundamental. En efecto, tiene como ya se señaló, conexión íntima con el derecho de propiedad, lo cual constituye en opinión de esta Corte uno de los criterios específicos para la determinación de esa categoría jurídica abierta que es el derecho constitucional fundamental. Además, la ontología y especificidad de la relación posesoria y de sus consecuencias económicas y sociales son de tal relevancia en el seno de la comunidad y para el logro de sus fines, que esta Corte reconoce que la posesión tiene, igualmente, entidad autónoma de tales características y relevancias que ella es hoy, por sí sola, con todas sus consecuencias, un derecho constitucional fundamental de carácter económico y social''. (Corte Constitucional, sentencia de agosto 12/92).
[§ 3356] JURISPRUDENCIA.—Cuándo hay "ocupación permanente para obra pública" y cuándo hay posesión. “Este argumento del tribunal también resulta errado pues no es la calidad o cantidad de una construcción la que determina la “ocupación permanente con motivo de una obra pública”. Esta surge sin lugar a dudas cuando el ente público o el particular encargado de ejecutar una función pública realiza construcciones o cualquier otro trabajo material sobre algún bien inmueble que no es de su propiedad, teniendo como objetivo el cumplimiento de los cometidos estatales, la adecuada prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados, pues esa debe ser la finalidad de la actuación administrativa, al tenor del artículo 2º del Código Contencioso Administrativo. Con todo, el concepto de “ocupación permanente con motivo de una obra pública”, propio del derecho administrativo, resulta excluyente del estado de hecho de la posesión que aquí se controvierte, pues mientras que en el primero para nada juega el animus domini de la administración, en este último es factor tipificante. En otras palabras, las construcciones que en un predio ajeno implante la administración pueden dar lugar a una “ocupación permanente con motivo de obra pública”, o constituir la expresión material de la tenencia y el ánimo de señor o dueño, que son los elementos que estructuran la posesión en el sistema romano acogido por el artículo 762 del Código Civil. En el presente caso el departamento de Arauca fue citado al proceso como poseedor del predio cuya propiedad aduce la parte demandante; situación que le confiere un dominio presunto mientras otra persona no justifique serlo (art. 762 ib.). Por consiguiente, es errado pensar de entrada que las construcciones en mención constituyan una “ocupación permanente con motivo de una obra pública” y que ellas per se desvirtúan la antedicha presunción, cuando su realidad material lo que ofrece es elementos razonables de juicio para expresar lo contrario, es decir, que ellas se acompasan perfectamente con una actividad de dueño. Por lo tanto, resulta equivocado el análisis que hizo el tribunal, según el cual por estar “ocupado” el inmueble objeto de la pretensión reivindicatoria por una concentración
escolar al servicio de la comunidad araucana, “creada oficialmente mediante Decreto 294 de 7 de septiembre de 1987 y que venía funcionando en ese terreno desde el año de 1979 y construida con dineros intendenciales o públicos, luego de invadida...”, corresponde el conocimiento del asunto a la jurisdicción contenciosa administrativa, ya que lo que aquí se controvierte es el “derecho de dominio” de un bien, para cuyo efecto se citó al departamento en su condición de poseedor..."(CSJ, Cas. Civil, Sent. jun. 25/96. Exp. 4546. M.P. José F. Ramírez Gómez).
[§ 3357] JURISPRUDENCIA.— La posesión puede coexistir con una promesa de contrato sobre el mismo bien. “c) Como es sabido, la promesa de compraventa sólo genera una obligación de hacer consistente en la celebración del contrato prometido, y, por lo tanto, no constituye un acto jurídico traslaticio de la tenencia o de la posesión del bien sobre el cual ella versa. En tal sentido, no puede afirmarse de manera absoluta que el prometiente comprador, por el hecho de recibir anticipadamente la cosa objeto de la venta prometida, adquiere la posesión de parte del otro contratante; ni que estando en ejercicio de la` posesión del bien desde antes de la celebración del acto preparatorio, ésta se extinga, o que por ese solo hecho deba entenderse que dicho prometiente ha claudicado de su ánimo de dueño; ciertamente que no repugna a la lógica que el poseedor de un inmueble pueda proponerse a comprarlo con la única intención de consolidar el dominio sobre el mismo. d) En ese orden de ideas cabe afirmar que la promesa de compraventa y la posesión material que ejerza uno de los prometientes al momento de la celebración de la misma, no son incompatibles, pues no siempre la celebración de la primera establece, modifica o extingue la segunda; tanto más si se tiene en cuenta que la entrega anticipada del bien prometido en venta, que en la praxis de la promesa suele pactarse, no viene a ser sino una cláusula adicional que está referida a las obligaciones propias del contrato prometido, y por tanto, sin incidencia inmediata en el suceso de la posesión material. La promesa de compraventa, pues, no es indicativa, por sí sola, de tenencia ni de posesión”. (CSJ, Cas. Civil, Sent. oct. 9/96. Exp . 5374/96. M.P. Jorge Castillo Rugeles). [§ 3358 a 3380] Reservados.
[§ 3381]
JURISPRUDENCIA.—La posesión en relación con la propiedad y la tenencia. "...5. En conformidad con los principios que en Colombia informan el Código Civil, los términos posesión y tenencia corresponden a dos instituciones jurídicas no solamente disímiles sino excluyentes. Dicho estatuto, en efecto, destaca y relieva en la posesión no sólo la relación de hecho de la persona con la cosa, sino un elemento intelectual o psicológico. Así, mediante el artículo 762 establece que "la posesión es la tenencia de una cosa determinada con ánimo de señor o dueño", con lo cual reclama para su tipificación la concurrencia de dos elementos con fisonomía propia e independiente: el corpus, o sea el elemento material u objetivo; y el animus, elemento intencional o subjetivo. Como característica esencial atribuye en cambio a la mera tenencia la falta de ánimo de señor o dueño; para ello apenas si requiere uno de los elementos de la posesión, el corpus: de ahí que el artículo 775, sentando una regla general, preceptúe que es mero tenedor quien "tiene una cosa reconociendo dominio ajeno".
Según la teoría subjetiva o clásica, que fue la acogida en el punto por nuestros redactores de nuestro estatuto civil, de los dos elementos que la integran es el animus el característico y relevante de la posesión y por tanto el que tiene la virtud de trocar en posesión la mera tenencia. Para que ésta exista es bastante la detentación material; aquélla, en cambio, exige no sólo la tenencia sino el ánimo de tener para sí la cosa, o sea el tenerla como dueño o señor ( animus domini ). Infiérese entonces de lo dicho que la tenencia material de una cosa no basta por sí sola para diferenciar al poseedor del tenedor, y de ahí que a primera vista, tomando en consideración exclusivamente el comportamiento externo de quien tiene la cosa, puedan confundirse fenómenos de suyo diferentes como son la posesión y la mera tenencia. Es realmente factor psicológico apuntado el que permite determinar en un caso dado si se está en frente a un poseedor o a un mero tenedor: si detenta la cosa con ánimo de señor o dueño, sin reconocer dominio ajeno, se tratará de un poseedor; si la tiene pero reconociendo sobre ella el dominio de otra persona, será entonces un simple tenedor. 6. Si por definición la posesión supone la concurrencia en el mismo individuo del corpus y del animus, lógico es que ella no se adquiera, por regla general, sino desde el instante en que se unan esos dos presupuestos frente a una cosa determinada en la misma persona. Pero si para adquirirla se requiere, en principio, la suma de dos elementos, para conservar la posesión basta, generalmente, mantener su elemento subjetivo. Tal es lo que se infiere de la preceptiva contenida en los artículos que integran el capítulo 2º del título 7º del libro 2º del Código Civil. Y si bien es verdad, como lo predica la doctrina, en principio depende de la voluntad de la persona el que haya posesión o tenencia, también lo es que cuando se alega algún título para justificar la primera, tal ánimo de señor o dueño no solamente debe existir en el fuero interno del sedicente poseedor, sino que además debe aparecer del título mismo en virtud del cual se detenta. De ahí que, en cada caso, la determinación de la adquisición de la posesión varía según el antecedente que se invoque. Al efecto la doctrina del derecho ha distinguido, así: a) Si se invoca el simple apoderamiento de la cosa como antecedente único de la posesión, ese simple hecho basta para adquirirla, puesto que, como lo dispone el art. 787 ibídem, "se deja de poseer una cosa desde que otro se apodere de ella, con ánimo de hacerla suya", y b) Cuando se alega título como antecedente para poseer la cosa, es preciso distinguir si dicho título es o no traslaticio de dominio. Si lo primero, es claro que mediante él el enajenante se desprende del animus domini, el cual por consiguiente pasa al adquirente; si lo segundo, resulta evidente que el elemento intencional o psicológico de la posesión, salvo expresa estipulación en contrario, tiene que continuar y en efecto continúa en quien entrega la cosa, desde luego que el otorgamiento del título de esa clase no permite inferir contra lo que ese título de por sí significa, que el dador de la cosa se ha desprendido de su dominio sobre ésta". (CSJ, Cas. Civil, Sent. jun. 24/80).
VARIOS TÍTULOS ART. 763.—Se puede poseer una cosa por varios títulos.
CLASES ART. 764.—La posesión puede ser regular o irregular. Se llama posesión regular la que procede de justo título y ha sido adquirida de buena fe, aunque la buena fe no subsista después de adquirida la posesión. Se puede ser, por consiguiente, poseedor regular y poseedor de mala fe, como viceversa, el poseedor de buena fe puede ser poseedor irregular. Si el título es traslaticio de dominio, es también necesaria la tradición. La posesión de una cosa, a ciencia y paciencia del que se obligó a entregarla, hará presumir la tradición; a menos que ésta haya debido efectuarse por la inscripción del título (§ 3231, 3454, 3491). [§ 3384] JURISPRUDENCIA.—El justo título y la buena fe son factores distintos. "El justo título y la buena fe inicial, como requisitos de la posesión regular, son factores distintos, cada uno con contenido propio, no obstante ser relacionables entre sí hasta el punto de que el justo título pueda servir para explicar la buena fe del poseedor, cuando no incida circunstancia alguna contraindicante. Por justo título se entiende todo hecho o acto jurídico que, por su naturaleza y por su carácter de verdadero y válido, sería apto para atribuir en abstracto el dominio. Esto último, porque se toma en cuenta el título en sí, con prescindencia de circunstancias ajenas al mismo, que en concreto, podrían determinar que, a pesar de su calidad de justo, no obrase la adquisición del dominio. Si se trata, pues de un título traslaticio, puede decirse que éste es justo cuando al unírsele el modo correspondiente, habría conferido al adquirente el derecho de propiedad, si el título hubiese emanado del verdadero propietario. Tal el caso de la venta de cosa ajena, diputada por el artículo 1871 como justo título que habilitaría para la prescripción ordinaria al comprador que de buena fe entró en la posesión de la cosa. La buena fe, en materia posesoria es, como lo enseña el artículo 768 "la conciencia de haberse adquirido el dominio de la cosa por medios legítimos, exentos de fraudes y de todo otro vicio". Es la creencia en el poseedor de ser propietario de la cosa. Por donde concluye el mismo precepto que "en los títulos traslaticios de dominio, la buena fe supone la persuasión de haberse recibido la cosa de quien tenía la facultad de enajenarla y de no haber habido fraude ni otro vicio en el acto o contrato". Entonces, para que un adquirente a non domino sea de buena fe es necesario que haya creído que su autor era propietario, pues no podría recibir de él un derecho de que no fuese titular. De donde es inevitable concluir que el conocimiento por el poseedor, de los vicios del título de su autor, es excluyente de la buena fe, porque infirma esta creencia". (CSJ, Cas. Civil, Sent. jun. 26/64).
[§ 3385] JURISPRUDENCIA.— Además de buena fe y justo título se requiere tradición. "Al exigírsele finalmente al poseedor regular que se haya realizado la tradición, este presupuesto es indispensable cuando el título invocado es de aquellos que la ley denomina traslaticios de dominio, como la venta, la permuta, la donación entre vivos, la dación en pago, el aporte en sociedad, la transacción respecto del objeto no disputado, etc. Por consiguiente, cuando la posesión toma punto de partida en uno de los títulos
traslaticios antes enumerados, para que asuma el carácter de regular no sólo es necesario que el título sea justo y que haya sido adquirido de buena fe, sino que requiere la realización de la tradición, la cual se presume que ocurrió en algunos eventos respecto de bienes muebles, al preceptuar el último inciso del artículo que "la posesión de una cosa a ciencia y paciencia del que se obligó a entregarla, hará presumir la tradición; a menos que ésta haya debido efectuarse por la inscripción del título" o sea, que en tratándose de inmuebles no se presume, puesto que sólo se configura con su registro (C.C. art. 756)". (CSJ, Cas. Civil, Sent. dic. 12/79).
[§ 3386] JURISPRUDENCIA.—La venta de derechos y acciones que sobre un predio tiene el vendedor no es título justo. " Acaece, en verdad, que la inconformidad expresada a través de ellos se reduce al hecho de que el tribunal no hubiese pasado por justo título el que adujeron los pretensos usucapientes. Pero frente a todo, lo alegado, lo cierto y evidente es que si el contrato blandido por los actores alude a la venta, no del bien mismo, sino a los derechos y acciones que sobre él tiene el vendedor, eso solo, por encima de cualquiera consideración, elimina de cuajo la posibilidad del título que con el carácter de justo exige la prescripción adquisitiva de corto tiempo. Pues resulta coruscante que el convenio celebrado en dichos términos, no puede considerárselo como apto, ni siquiera en apariencia, para servir de medio a la traslación, no de meros derechos de posesión, sino del dominio, débese seguir, en acato de las voces del artículo 765 del Código Civil, que aquí no se presentó título idóneo a dichos efectos. Y naturalmente que cuando el código aborda en el artículo siguiente la labor de decir cuáles títulos no son justos, parte de la premisa de que haya, obviamente cuando se encara el caso de los traslaticios, no un título cualquiera, sino uno que, teniendo simiente en un acto jurídico del enajenante, posea virtualidad para una ulterior transmisión de la propiedad. En bien de la brevedad, siempre se requiere una relación jurídica con el antecesor de la posesión, sendero por el que tratará de explicar el poseedor regular cómo entró en posesión de la cosa. Dicho en otros términos, no puede haber justo título en quien celebra un negocio jurídico que, por su propia naturaleza, le está diciendo de antemano que el objeto de transmisión no es la cosa en sí sino los escuetos y eventuales derechos que llegaren a corresponderle al enajenante que así habló. Porque solamente es justo el título que hace creer razonadamente en que se está recibiendo la propiedad; y que si a la propiedad no se llegó a la postre, se debió, antes que por defecto del título, a la falencia en la tradición; caso típico del tradente que, siendo apenas poseedor, no es dueño de la cosa, y mal podo trasmitir esta calidad (nemo plus jure trasfiere potest quam ipso habet).
En una palabra, recibe el nombre de justo título traslaticio el que consistiendo en un acto o contrato celebrado con quien tiene actualmente la posesión, seguido de la tradición a que él obliga (C.C., art. 764, inc. 4º), da pie para persuadir al adquirente de que la posesión que ejerce en adelante es posesión de propietario. Precisamente por esta condición especial es que la ley muestra aprecio por tal clase de poseedores, distinguiéndolos de los que poseen simple y llanamente; y denominándolos regulares los habilita para que el dominio que, en estrictez jurídica no les llegó, puedan alcanzarlo mediante una prescripción sucinta, que, poseen simple y llanamente; y denominándolos regulares los habilita para que el dominio que, en estrictez jurídica no les llegó, puedan alcanzarlo mediante una prescripción sucinta, que, para el caso de los inmuebles, es de diez años. Salta al punto la esclarecedora idea que Andrés Bello quiso que en materia posesoria figurase en el Código Civil chileno, pues el artículo 830 del proyecto correspondiente al año 1853 establecía tres clases de posesión, a saber: la que va unida al dominio, que es la ejercida por el verus domino; la que ejerce quien no es dueño pero tiene justo título y buena fe, denominada posesión civil; y, por último, la que ejerce quien ni es dueño ni tiene justo título o buena fe, llamada posesión natural. Y aunque finalmente no quedó consagrada esa brillante división tripartita de la posesión, el caso es que la mencionada en segundo término quedó a la postre denominada como posesión regular”. (CSJ, Cas. Civil, Sent. jun. 2/2002, Exp. 6889. M.P. Manuel Ardila Velásquez). [§ 3387 a 3420] Reservados.
JUSTO TÍTULO 765.—El justo título es constitutivo o traslaticio de dominio. Son constitutivos de dominio la ocupación, la accesión y la prescripción. Son traslaticios de dominio los que por su naturaleza sirven para trasferirlo, como la venta, la permuta, la donación entre vivos. Pertenecen a esta clase las sentencias de adjudicación en juicios divisorios y los actos legales de partición. Las sentencias judiciales sobre derechos litigiosos no forman nuevo título para legitimar la posesión. Las transacciones en cuanto se limitan a reconocer o declarar derechos preexistentes no forman nuevo título; pero en cuanto trasfieren la propiedad de un objeto no disputado, constituyen un título nuevo (§ 6286, 8511, 9380). [§ 3422] JURISPRUDENCIA.— El justo título puede no coincidir con la propiedad. "Si el justo título de que tratan los artículos 764 y 765 del Código Civil fuera el que confiere efectivamente el dominio de la cosa poseída, su poseedor sería el dueño de ésta y carecería por completo de interés en usucapir. El justo título para poseer y prescribir adquisitivamente es uno constitutivo o traslaticio de dominio que sirve legítimamente de motivo para que el que tiene la cosa se repute dueño de ella, séala o no lo sea en la realidad.
Para que el poseedor pueda ser reputado de buena fe —ha dicho la Corte— se requiere necesariamente la existencia de un título constitutivo o traslativo de dominio, esto es, la prueba de una relación de derecho de las que confieren originaria o derivadamente la propiedad de las cosas, en virtud de la cual el poseedor pueda adquirir la conciencia de que ha recibido la cosa por medios legítimos de quien tenía la facultad de enajenarla''. (CSJ, Cas. Civil, Sent. feb. 29/72).
[§ 3423] JURISPRUDENCIA.—Sin título no hay buena fe. "Conforme al texto legal transc transcrit rito, o, no se puede puede ser ser poseed poseedor or de buena buena fe sin tener un títul título o const constitu itutiv tivo o o traslaticio de dominio, puesto que ésta es la conciencia, persuasión o convencimiento de "haberse adquirido", la cosa por medios legítimos, bien sea "de quien tenía la facultad de enajenarla", caso en el cual se requiere título traslaticio y tradición, bien sea por virtud de ocupación, accesión o usucapión, caso en el cual el título es constitutivo (art. 765). El poseedor sin título no puede ser poseedor de buena fe, salvo en el caso excepcional de que invoque prescripción adquisitiva extraordinaria''. (CSJ, Cas. Civil, Sent. ago. 3/72). NOTA: Sobre el punto es pertinente consultar al análisis de pronunciamientos de la Corte sobre este particular que se trae en el § 3458.
[§ 3424] JURISPRUDENCIA.—La promesa de contrato no es título traslaticio de dominio . "Por consiguiente, confrontada la promesa de celebrar un contrato —y muy especialmente su indiscutida teleología jurídica— con las pautas fijadas por el legislador, se evidencia que ella, en el derecho patrio, no constituye título “originario”, ni “traslaticio” de dominio, de donde —por elemental sustracción de materia— habría que concluir, en estrictez, que —en el lenguaje empleado por el codificador civil— no puede tener el carácter de justo, asumiendo por tal, aquél que da lugar al surgimiento de la obligación de transmitir el derecho en mención, o como lo ha corroborado esta corporación pacífica y repetidamente, “… la promesa de contrato ...no es título traslaticio de dominio … ni es un acto de enajenación que genere obligaciones de dar” (sentencia de marzo 22 de 1979, reiterada el 22 de marzo de 1988). Expresado de otra manera, la promesa de contrato genera, como nota arquetípica, a la par que definitoria, la obligación de celebrar ulteriormente el contrato prometido (facere) (GABRIELLI, Giovanni, Il Contratto Preliminare. Giuffrè Editore. Milán. 1970, págs. 1 y 2.3), no así la de constituir constituir o transferi transferirr el derecho, deber de prestació prestación n que sólo aflorará cuando haya sido materia inequívoca del respectivo negocio jurídico. De ahí que, por sus mismas connotaciones funcionales, en particular por limitarse a comprometer la conducta futura de los contratantes, tal negocio preparatorio —o preliminar— no resulta eficaz, para traducirse en fuente o detonante del dominio, ya que, se repite, esa tipología de negocio jurídico preparatorio tan sólo origina una obligación de celebrar —in futurum— el contrato convenido (de hacer) y, en consecuencia, no puede —por definición— ser traslativo o cons constititu tutiv tivo o de dere derech chos os,, pues puesto to que que no tien tiene e “rel “relac ació ión n con con una una cosa cosa sino sino con con la obligación de contratar”, constituyéndose en “antesala de un título traslaticio como la compraventa” (FUEYO LANERI, Fernando. Derecho Civil - Contratos Preparatorios, t. V. vol. II. Imp. y Lit. Universo.1964, pág. 61.4), motivo por el cual no cabe reconocerle, entre sus aptitu aptitudes des consus consustan tancia ciales les,, la de trans transfer ferir ir el derech derecho o de propie propiedad dad radica radicado do en cabeza del promitente vendedor. Efectivamente, si a la promesa de compraventa, para situarse en este específico caso, se le atribuyera el efecto traslaticio mencionado, no sólo se distorsionaría, en el plano de su teleología, el rol que a dicho contrato —ab antique— le fue asignado sin ambages, como negocio jurídico típicamente preparatorio de otro (anterius), sino que también se
confundiría con aquél, lo que es desde todo punto de vista inadmisible, pues si tan sólo se ha exteri exteriori orizad zado o la volun voluntad tad de reali realizar zar un acto acto a poster posterior iorii (contr (contrato ato defini definitiv tivo), o), sólo sólo cuando cuando ella sea expresada para esculpir el contrato contrato prometido prometido y con el cumplimiento cumplimiento de los requis requisito itoss legales legales (poste (posterius rius), ), podrá podrá decirs decirse e que ha nacido nacido,, en purida puridad, d, el títul título o traslaticio del dominio (CSJ, Cas. Civil, Sent. mayo. 7/2002. Exp. 6763. M.P. Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo). [§ 3425 a 3451] Reservados.
TÍTULO NO JUSTO
[§ 3452] ART. 766.—No es justo título: 1. El falsi falsififica cado do,, esto esto es, no otor otorga gado do real realmen mente te por la pers person ona a que que se pretende. 2. El conferido por una persona en calidad de mandatario mandatario o representante legal de otra, sin serlo. 3. El que adolece adolece de un vicio de nulidad, nulidad, como la enajenació enajenación, n, que debiendo debiendo ser autorizada por un representante legal o por decreto judicial, no lo ha sido. 4. El meramente putativo, como el del heredero aparente que no es en realidad realidad heredero; el del legatario, cuyo legado ha sido revocado por un acto testamentario posterior, etc. Sin embargo, al heredero putativo a quien por decreto judicial se haya dado la posesión efectiva, servirá de justo título el decreto; como al legatario putativo el correspondiente acto testamentario, que haya sido judicialmente reconocido. VALIDACIÓN
[§ 3453] ART. 767.—La validación del título que en su principio fue nulo, efectuada por la ratificación, o por otro medio legal, se retrotrae a la fecha en que fue concedido el título (§ 3233, 3234, 3244, 8723, 9165, 10805). BUENA FE
[§ 3454] ART. 768.—La buena fe es la conciencia de haberse adquirido el dominio de la cosa por medios legítimos, exentos de fraudes y de todo otro vicio. Así, en los títulos traslaticios de dominio, la buena fe supone la persuasión de haberse recibido la cosa de quien tenía la facultad de enajenarla y de no haber habido fraude ni otro vicio en el acto o contrato. Un justo error en materia de hecho, no se opone a la buena fe. Pero el error, en materia de derecho, constituye una presunción de mala fe, que no admite prueba en contrario (§ 4401). [§ 3454-1] JURISPRUDENCIA.—La mala fe del comprador se proyecta sobre la posesión que comienza comienza a ejercer. "Ahora bien, si como consecuencia de un contrato de compraventa en que el comprador actuó de mala fe, éste obtuvo la posesión de la finca, es indudable que aquella mala fe se proyecta ineluctablemente sobre la posesión. Ese
comprador no tiene, no puede tener, la creencia de que adquirió el inmueble por medios legítimos, exentos de fraude y de todo otro vicio. Su actuación en el contrato revela muy a las claras que carece de ese factor anímico y moral a que se refiere el artículo 768 del Código Civil y demuestra, por tanto, su mala fe ora como contratante, ya como poseedor. Su conducta el día que se otorgó la escritura, plenamente acreditada con las pruebas atrás relacionadas, demuestra su mala fe y al propio tiempo desvirtúa totalmente la presunción que establece el artículo 769 ibídem". (CSJ, Cas. Civil, Sent. ago. 4/77. M.P. José María Esguerra Samper).
[§ 3455] JURISPRUDENCIA.—Cuando la buena fe tiene por fundamento el error. "La posesión de buena fe encuentra por fundamento el error. Si el dueño ejerce en plano de libertad social su derecho sobre el objeto que le pertenece, no habrá cuestión sobre su estado posesorio: se contempla la paz jurídica en que el hecho económico es adecuada manifestación del dominio. Si quien ejecuta actos de dueño sabe muy bien que el objeto no le pertenece y sin embargo se da por tal, ningún error sufre su entendimiento; es apenas poseedor de mala fe. Mas si alguien tiene el convencimiento honesto e íntimo de ser dueño del objeto objeto que disfruta disfruta,, y en realid realidad ad perten pertenece ece a otro, otro, está está equivo equivocad cado o ciertamente, pero su posesión es de buena fe. Tuvo la conciencia de haber adquirido el dominio por medios legítimos, exentos de fraude y todo otro vicio. El derecho no está fundad fundado o en el error error,, pero pero sus normas normas no descon desconoce ocen n la falibi falibilid lidad ad de la condic condición ión humana, ni olvida nunca proteger la honestidad en el vivir. Un justo yerro de hecho no se opone y antes bien explica la buena fe que el legislador presume para la progresiva cristalización de la cultura". (CSJ, Cas. Civil, Sent. dic. 16/59). [§ 3456] JURISPRUDENCIA.—Cómo se desvirtúa la presunción de buena fe. "Si la buena fe consiste en la conciencia, no hay duda de que es factor subjetivo, estrictamente moral, del fuero interno, que concierne al sujeto exclusivamente, porque, en primer lugar, la ley carec carece e de instru instrumen mentos tos exper experime imenta ntales les para para precis precisar ar de maner manera a direc directa ta esa situ situac ació ión n sicol icológ ógic ica a posi posititiva va del del pose poseed edor or,, y en segu segund ndo o luga lugar, r, una una norm norma a de organización ética universal, punto de partida de los ordenamientos positivos, manda que no se juzgue juzgue de los actos humanos sino partiendo partiendo de un principio principio de rectitud, rectitud, ya que de otro modo no podría imprimirse orden en la vida de los hombres en sociedad. Lo cual expresa, por una parte, la magnitud de la presunción que de tal modo preside las relaciones jurídicas; por otra, que el desvirtuarla no compete a la ley sino al hombre, y en fin, que esta tarea requiere una demostración suficiente de mala fe que aniquile la presunción, pues no puede con pruebas a medias destruirse esa base social de trascendente finalidad. La mala fe debe resultar, por tanto, de hechos a los cuales la ley ha asignado, unas veces, el papel comprobativo de tal estado, o del juez, en las más, al reconocer con base en hechos inequívocos inequívocos que a su juicio son contrarios contrarios a la buena fe propuesta propuesta por la ley. Esta califica de mala fe, muy pocos, justamente por tratarse de un elemento moral v. gr. el haber sabido y ocultado la muerte del desaparecido o su existencia (C.C. art. 109), la dete detent ntac ación ión u ocul oculta tami mien ento to de un acto acto test testam amen enta tario rio (C.C (C.C.. art. art. 1025 1025,5 ,5); ); el habe haber r comenzado comenzado la posesión posesión cuando cuando se tenía la cosa a título título de mera tenencia tenencia (C.C. art. 2531 2531)) y ha erig erigid ido o el erro errorr de dere derech cho o en pres presun unci ción ón de mala mala fe que que no pued puede e desvirtuarse (768), como reflejo del principio de que todo el mundo conoce la ley, principio cuya incidencia incidencia jurídica perfila cada día mejor mejor su alcance verdadero. verdadero. Y por esto nuevas legislacion legislaciones es y doctrinas doctrinas y jurispruden jurisprudencias cias copiosas copiosas vienen vienen reconocien reconociendo, do, según las
circunstancias del caso, poderes en el juez para juzgar del referido factor moral en la aplicación de dicho principio. Nuestra jurisprudencia no ha sido ajena a esta corriente". (CSJ, Cas. Civil, Sent. dic. 7/62).
[§ 3457] JURISPRUDENCIA.—La valoración de la buena fe es una cuestión fáctica. "Pero, se repite que, salva esta cuestión legal (la presunción de mala fe por el error de derecho) que la doctrina moderna tiende a desechar por ser contraria a la realidad y a los dictados de la justicia, la valoración de la buena o mala fe en la conducta de las personas es siempre una cuestión de hecho que, a falta de una prueba directa como lo sería la confesión del agente, generalmente implica el examen de los indicios que deja su exteriorización, circunstancias estas que determinan la necesidad de atribuir esta cuestión al fuero discrecional de los jueces de instancia, hasta el punto de que el criterio de esto al respecto no pueda ser revisado en casación, sino en los casos en que abiertamente pugne con la evidencia procesal". (CSJ, Cas. Civil, Sent. jul. 4/68). [§ 3458] COMENTARIO.—¿Se puede ser poseedor de buena fe sin tener título? Un análisis jurisprudencial en este terreno nos puede mostrar tres tendencias fundamentales: a) Inicialmente la Corte consideró que no se podía ser poseedor de buena fe, sin tener título alguno, tal el caso de la sentencia de casación del 24 de abril de 1891. Dijo la Corte en dicho fallo: "No puede en consecuencia, presumirse poseedor de buena fe quien no muestra título, o sea, la causa o razón por qué recibió la cosa"; b) Posteriormente cambió de criterio. Consideró que la buena fe no era incompatible con la ausencia título y así lo dejó sentado en Sentencia de julio 16 de 1931; c) En Sentencia de abril 2 de 1941, regresando al criterio inicial, señala: "La presunción que la ley establece respecto al artículo 769 del Código Civil requiere, pues, como base indispensable para poder actuar y producir sus efectos jurídicos, la exigencia, en quien pretenda utilizarla, de un título constitutivo o traslaticio de dominio, esto es, la prueba de una relación de derecho de las que confieran originaria o derivativamente la propiedad de las cosas, sin la cual es imposible la conciencia de haber adquirido una cosa por los medios que autoriza la ley". Criterio similar fue el sostenido en la Sentencia de agosto 3 de 1972: "No se puede ser poseedor de buena fe sin tener un título constitutivo o traslaticio de dominio, puesto que esta es la conciencia, persuasión o convencimiento de "haberse adquirido" la cosa por medios legítimos, bien sea "de quien tenía la facultad de enajenarla" caso en el cual se requiere título traslaticio y tradición (art. 761, inc. 4º), bien sea por virtud de ocupación, accesión o usucapión, caso en el cual el título es constitutivo (art. 765, inc. 2º), y d) Adoptando un criterio intermedio, la jurisprudencia de 12 de diciembre de 1972 consideró que "para paliar el rigor del criterio doctrinal de 1891, también ha dicho la doctrina de la Corte que cuando el poseedor funda su posesión en un título aparente o putativo, esta circunstancia no impide que el poseedor, con un título de esta naturaleza, se encuentre de buena fe".
[§ 3459] JURISPRUDENCIA.—Fundamentos de la mala fe derivada del error de derecho. "¿En qué consiste la alegación de error de derecho? En general, en invocar la ignorancia de la ley como excusa para su incumplimiento. El error de derecho, en consecuencia, tiene una relación directa con una de las bases del orden jurídico, plasmada en el artículo 9º del Código Civil: "La ignorancia de las leyes no sirve de excusa". La vigencia del orden jurídico implica la exigencia de que nadie eluda el cumplimiento de la ley so pretexto de ignorarla (...). El error de derecho recae sobre la existencia, contenido y alcance de las normas jurídicas. La ley puede, en ciertos casos, darle relevancia jurídica. En todo caso, sin embargo, salvo que la ley disponga lo contrario, ésta se aplica con prescindencia del
conocimiento que sobre la misma tengan sus destinatarios. En síntesis: alegar el error de derecho, equivale a invocar como excusa la ignorancia de la ley. Y en el caso concreto de la persuasión que prevé el artículo 768, aceptar que ella puede basarse en la afirmación de la ignorancia de la ley. Por el contrario, el "justo error en materia de hecho", que no se opone a la buena fe, es el error excusable. En lo relativo a la posesión, la ley consagra el principio general que consiste en no admitir, por razones de seguridad jurídica y en virtud de la coacción inherente a la norma jurídica, la invocación del error de derecho. Cuando no es posible alegar el error de derecho, no cabe invertir ni modificar las consecuencias jurídicas que se derivan de esa prohibición alegando la buena fe, pues se entiende que la persona tiene el deber y la carga inexcusables de conocer la ley. En conclusión: al prohibir invocar el error de derecho, es decir, la ignorancia de la ley, como elemento de la buena fe, la norma demandada se limita a afirmar uno de los supuestos del orden jurídico: que la ley es conocida por todos y rige para todos (...). Es bueno advertir que la presunción de mala fe consagrada en esta norma no tiene una connotación denigrante ni implica un juicio de carácter sicológico. Apenas significa, en relación con la posesión, que "la conciencia de haberse adquirido el dominio de la cosa por medios legítimos, exentos de fraude y de todo otro vicio", no puede basarse en un error de derecho, es decir, en alegar la ignorancia de la ley. Dicho en otras palabras, la buena fe no puede partir del desconocimiento de la ley". (C. Const., Sent. C-544, dic. 1º/94. M.P. Jorge Arango Mejía). [§ 3460 a 3490] Reservados.
PRESUNCIÓN DE BUENA FE
[§ 3491] ART. 769.—La buena fe se presume, excepto en los casos en que la ley establece la presunción contraria. En todos los otros, la mala fe deberá probarse. [§ 3492] C.N. ART. 83.—Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquéllos adelanten ante éstas.
[§ 3493] JURISPRUDENCIA.—La buena fe posesoria es simple. "La buena fe simple que el artículo 769 del Código Civil presume, no exige cualificación como la buena fe creadora de derecho en que se asienta la teoría de la apariencia. Porque aquélla se confunde con la honestidad de la conducta humana en su más sencilla expresión, y no requiere en quien la invoca estar exento de culpa. Mientras que la segunda no es apta para construir derecho con destrucción del preexistente, sino sólo cuando se prueba que el error de que depende no puede corregirse sin romper la tranquilidad general y es de aquellos en que habría incurrido el más perspicaz, diligente y avisado de los hombres.
La buena fe posesoria es simple y no cualificada. De manera que si se compra cuerpo cierto con la conciencia de que quien vende es el dueño y en la negociación no existe ningún género de fraude, malas artes o patrañas, a tiempo en que los hechos mismos nada revelan en contrario, la buena fe se configura para los efectos de la posesión regular en el plano de lo honesto, se presume legalmente, y la contraparte debe aportar plena prueba de los hechos que la desvanezcan". (CSJ, Cas. Civil, Sent. nov. 12/59).
POSESIÓN IRREGULAR
[§ 3494] ART. 770.—Posesión irregular es la que carece de uno o más de los requisitos señalados en el artículo 764 (§ 3383) POSESIONES VICIOSAS
[§ 3495] ART. 771.—Son posesiones viciosas la violenta y la clandestina. POSESIÓN VIOLENTA
[§ 3496] ART. 772.—Posesión violenta es la que se adquiere por la fuerza. La fuerza puede ser actual o inminente. VIOLENCIA PERSISTENTE
[§ 3497] ART. 773.—El que en ausencia del dueño se apodera de la cosa y volviendo el dueño le repele, es también poseedor violento. VIOLENCIA Y CLANDESTINIDAD
[§ 3498] ART. 774.—Existe el vicio de violencia, sea que se haya empleado contra el verdadero dueño de la cosa, o contra el que la poseía sin serlo, o contra el que la tenía en lugar o a nombre de otro. Lo mismo es que la violencia se ejecute por una persona o por sus agentes, y que se ejecute con su consentimiento, o que después de ejecutada se ratifique expresa o tácitamente. Posesión clandestina es la que se ejerce ocultándola a los que tienen derecho para oponerse a ella.
MERA TENENCIA
ART. 775.—Se llama mera tenencia la que se ejerce sobre una cosa, no como dueño, sino en lugar o a nombre del dueño. El acreedor prendario, el secuestre, el usufructuario, el usuario, el que tiene derecho de habitación, son meros tenedores de la cosa empeñada, secuestrada o cuyo usufructo, uso o habitación les pertenece.
Lo dicho se aplica generalmente a todo el que tiene una cosa reconociendo dominio ajeno. [§ 3499-1] JURISPRUDENCIA.—El secuestro constituye mera tenencia. "En efecto, contra lo que da a entender el Tribunal en su discurrir acerca del significado del secuestro según lo concibe el artículo 2273 del Código Civil, forzoso es insistir una vez más en que medidas judiciales de ese linaje constituyen apenas títulos de mera tenencia como lo tiene definido el artículo 775 del mismo código, luego de los secuestres debe decirse que son siempre servidores de la posesión ajena, o por mejor expresarlo ejecutores materiales del señorío posesorio que otros ostentan, naturalmente tomando en cuenta las funciones que les compete cumplir frente a las diferentes modalidades que dichas cautelas pueden presentar (...). "(...) el secuestro se perfecciona con la entrega de la cosa que a título precario hace el juez al secuestre; y éste cesa en sus funciones cuando, en acatamiento de la orden judicial que así lo dispone, restituye el bien o bienes a quien por derecho corresponda. Durante el lapso comprendido entre estos extremos, más o menos largo según las contingencias de la litis, el secuestre está en relación con la cosa a título de mero tenedor y en definitiva la tiene a nombre del propietario o de quien llegue a serlo..." (G.J., Tomo CXXXVIII, pág. 351). Dicho en otras palabras, el secuestro de bienes no tiene de suyo virtualidad para actuar indefectiblemente como causa determinante de la interrupción natural o civil de una prescripción en curso, ello por cuanto puede existir plena compatibilidad con la posesión del prescribiente y el "animus remisibi habendi", por efecto del depósito judicial, no lo asume el secuestre, siguiéndose de ello, entonces, que recibida del mentado auxiliar la tenencia física por parte de quien venía poseyendo con anterioridad la respectiva situación posesoria se reputa subsistente durante todo el tiempo en que la medida tuvo efectiva vigencia, habida cuenta que en esas condiciones, en ausencia de prueba positiva en contrario y por mandato de los artículos 792 y 2523 del Código Civil según se apuntó con anterioridad, la posesión debe juzgarse legalmente recobrada y por lo tanto continuada sin interrupción (cfr. G.J., Tomos XXII, pág. 372, XL, pág. 180 y CIII págs. 105-106)". (CSJ, Cas. Civil, Sent. ene. 22/93. Exp. 3524. M.P. Esteban Jaramillo Schloss).
[§ 3499-2] JURISPRUDENCIA.—Cuando se ejerce el derecho de retención hay tenencia y no posesión. "Así las cosas, siguiendo lo que es sin duda una afianzada tradición jurisprudencial, se tiene que el derecho de retención está caracterizado por ser una facultad que corresponde a quien es detentador físico de una cosa ajena para conservarla hasta el pago de lo que, por razón o en conexidad con esa misma cosa, le es adeudado, convirtiéndose en "retenedor" de ésta hasta tanto no se le pague la suma de dinero objeto de dicha deuda, o se le asegure a satisfacción la acreencia que justifica tal retención; se parte de la base, entonces, de que exista una condena judicial al pago de las mejoras por quien tiene derecho a la restitución del inmueble y a cargo de quien lo conserva en su poder y opera frente al reclamo hecho por aquél para que el bien le sea entregado, ante lo cual el acreedor mejorante puede rehusarse a restituirlo hasta tanto no le sea cubierto el valor de las mejoras que ha plantado. Y en este orden de ideas, frente al tema concreto que propone el cargo en estudio, conviene advertir, además, que a los efectos del derecho de retención, el comúnmente llamado "estado posesorio" del retenedor, comprende lo mismo la posesión material que la tenencia, porque lo esencial es que la cosa se halle bajo el poder de quien ha de retenerla, lo cual acontece ya sea poseedor ya detentor quí alieno nomine possessione est, y en consecuencia la
calificación de ese "estado posesorio" en orden al ejercicio del derecho de retención, salvo el evento excepcional de expoliaciones originadas en el fraude, carece por principio de importancia ya que es por definición el presupuesto necesario para que el aludido ejercicio pueda darse. Por eso, realmente, en el retenedor, desde el momento en que lo es nunca hay sino el hecho equivalente a tener la cosa en su poder, configurándose así una situación de forma posesoria al exterior pero sin sustancia, de suerte que aun cuando en su origen pueda venir de verdadera posesión material, ésta desaparece al cambiar el concepto por cuya virtud puede conservarse la tenencia física de la cosa". (CSJ, Cas. Civil, Sent. mayo 17/95, Exp. 4137. M.P. Carlos Esteban Jaramillo Schloss).
SOBRE COSAS INCORPORALES
[§ 3500] ART. 776.—La posesión de las cosas incorporales es susceptible de las mismas calidades y vicios que la posesión de una cosa corporal. PERMANENCIA DE LA MERA TENENCIA
[§ 3501] ART. 777.—El simple lapso de tiempo no muda la mera tenencia en posesión. [§ 3502] COMENTARIO.—Noción de interversión. El que el mero tenedor no deje de serlo y se convierta en poseedor del bien por el mero transcurso del tiempo, no significa que dicha mutuación en su calidad jurídica no sea posible. Puede ocurrir que, normalmente con el concurso de un tercero, dicho tenedor empiece a tener el bien en su propio nombre, sin reconocer dominio ajeno. A este fenómeno, al que se refieren las siguientes jurisprudencias, se denomina "interversión del título".
[§ 3503] JURISPRUDENCIA.—Interversión del título. "El tenedor precario está imposibilitado para mudar la mera tenencia en posesión; ello exige la interversión de un título proveniente de un tercero que, considerándose también dueño, le confiera a la posesión inscrita y le dé una base a su declaración de que ejerce la posesión como dueño; pero sólo desde el momento en que ocurra la interversión mencionada podrá oponer esa nueva situación jurídica a la posesión de aquél cuyo dominio siempre ha reconocido". (CSJ, Cas. Civil, Sent. ago. 22/57). [§ 3504] JURISPRUDENCIA.—La interversión del título no puede ser clandestina. "Y es así como, según el artículo 777 del Código Civil, el simple lapso de tiempo no muda la mera tenencia en posesión, quien ha reconocido dominio ajeno no puede frente al titular del señorío, trocarse en posesión sino desde cuando de manera pública, abierta, franca, le niegue el derecho que antes le reconocía y simultáneamente ejecute actos posesorios a nombre propio, con absoluto rechazo de aquél. Los actos clandestinos no pueden tener eficacia para una interversión el título de mero tenedor. Con razón el artículo 2531 del Código Civil exige, a quien alegue la prescripción extraordinaria, la prueba de haber poseído sin clandestinidad. Fuera de lo anterior, acompasa con la justicia y la equidad exigir a quien alega haber intervertido su título que pruebe, plenamente, desde cuándo se produjo esta trascendente mutación y cuáles son los actos que afirman el señorío que ahora invoca''. (CSJ, Cas. Civil, Sent. sep. 15/83).
[§ 3505]
JURISPRUDENCIA.—Formas de interversión del título de tenedor a poseedor. "Sin embargo, puede acontecer que el tenedor decida poseer el bien, como cuando le adviene el animus domini , transformándolo, entonces, por la presencia de
este factor y en concurrencia con el corpus, en poseedor y, colocándolo por tanto en la posibilidad jurídica de adquirir el bien, a la postre, por el modo de la prescripción. Más concretamente, dice la jurisprudencia de la Corte "esto ocurre cuando se hace dejación de la calidad jurídica de tenedor para pasar a adquirir la de auténtico poseedor. En este último evento se podrá adquirir por prescripción un bien, ya no con apoyo en la tenencia, que de nada le sirve para dicho objetivo, sino con fundamento en la posesión. Cuando ocurre este hecho se está, entonces, en presencia de lo que la doctrina ha denominado "la conversión" o "interversión del título". La interversión del título consiste, pues, en la transformación del tenedor en poseedor. (Cas. Civil, oct. 17/73, aún no publicada). La interversión de título de tenedor en poseedor, bien puede originarse en un título o acto proveniente de un tercero o del propio contendor, o también, del frontal desconocimiento del derecho del dueño, mediante la realización de actos de explotación que ciertamente sean indicativos de tener la cosa para sí, o sea, sin reconocer dominio ajeno. En esta hipótesis, los actos de desconocimiento ejecutados por el original tenedor que ha transformado su título precario en poseedor, han de ser, como lo tiene sentado la doctrina, que contradigan, de manera abierta, franca e inequívoca, el derecho de dominio que sobre la cosa tenga o pueda tener la persona del contendiente opositor, máxime que no se puede subestimar, que de conformidad con los artículos 777 y 780 del Código Civil, la existencia inicial de un título de tenencia considera que el tenedor ha seguido detentado la cosa en la misma forma precaria con que se inició en ella''. (CSJ, Cas. Civil, Sent. abr. 18/89).
[§ 3505-1] JURISPRUDENCIA.—Formas de interversión del título de poseedor a tenedor. "Aparece claro, pues, que la interversión en referencia incide por definición en el elemento intencional que diferencia a la posesión de la mera tenencia, y se produce por influjo necesario de eventuales alteraciones que llegaren a ocurrir en el antecedente causal por mérito del cual el poseedor o el tenedor hayan entrado en la cosa y la tengan a su disposición, alteraciones que según lo enseña una arraigada tradición doctrinaria, pueden darse de diversos modos, unos fruto de la voluntad del propio interesado o de terceros, y otros impuestos por efecto de la fuerza vinculante atribuible a fallos judiciales que, en atención a su contenido decisorio, producen alteraciones de aquella estirpe. 2. En este orden de ideas y haciendo referencia en particular a la hipótesis de degradación del concepto posesorio que, según queda visto, se presenta cuando quien ha sido poseedor pasa sobrevenidamente a ser tenedor, preciso es advertir que a resultado semejante no puede arribarse sino en la medida en que el propio interesado consienta en ello por virtud de un negocio jurídico o si al respecto ha recaído una resolución jurisdiccional que lo impone, eventualidad esta última que por cierto la jurisprudencia ha tenido ocasión de examinar a espacio cuando, tratándose de situaciones posesorias forjadas bajo la égida de contratos con posterioridad aniquilados o que pierden su eficacia, vienen ellas a ser sustituidas por relaciones de simple tenencia fundadas en sentencias que conceden el derecho de retención, derecho éste caracterizado justamente por ser una facultad que corresponde a quien es tenedor de una cosa ajena para conservarla hasta el pago de lo que, por razón o en conexidad con esa misma cosa, le es adecuado". (CSJ, Cas. Civil, Sent. jul. 21/93, Exp. 3737. M.P. Carlos Esteban Jaramillo Schloss.
[§ 3505-2] JURISPRUDENCIA.—Prescripción de heredero. Interversión del título. “1.1.2. Sin embargo, precisa la Sala que la posesión que sirve para la adquisición del
dominio de un bien herencial por parte de un heredero, es la posesión material común, esto es, la posesión de propietario, la cual debe aparecer en forma nítida o exacta, es decir, como posesión propia en forma inequívoca, pacífica y pública. Porque generalmente un heredero que, en virtud de la posesión legal, llega a obtener posteriormente la posesión material de un bien herencial, se presume que lo posee como heredero, esto es, que lo detenta con ánimo de heredero, pues no es más que una manifestación y reafirmación de su derecho de herencia en uno o varios bienes herenciales. Luego, si este heredero pretende usucapir ese bien herencial alegando otra clase de posesión material, como lo es la llamada posesión material común o posesión de dueño o propietario sobre cosas singulares, que implica la existencia de ánimo de propietario o poseedor y relación material sobre una cosa singular, debe aparecer en forma muy clara la interversión del título, es decir, la mutación o cambio inequívoco, pacífico y público de la posesión material hereditaria o de bienes herenciales, por la de la posesión material común (de poseedor o dueño), porque, se repite, sólo ésta es la que le permite adquirir por prescripción el mencionado bien”. (CSJ, Cas. Civil, Sent. jun. 24/97. Exp. 4843. M.P. Pedro Lafont Pianetta).
UNIÓN DE POSESIONES
[§ 3506] ART. 778.—Sea que se suceda a título universal o singular, la posesión del sucesor principia en él; a menos que quiera añadir la de su antecesor a la suya; pero en tal caso se la apropia con sus calidades y vicios. Podrá agregarse, en los mismos términos, a la posesión propia la de una serie no interrumpida de antecesores. JURISPRUDENCIA.—Requisitos de la unión de posesiones. "El [§ 3507] reconocimiento que hace el artículo 778 del Código Civil de la unión o agregación de posesiones a título singular en armonía con el 2521 ibídem, es para lograr, entre otros fundamentos, la propiedad mediante la prescripción adquisitiva. Se parte de una noción: la posesión comienza con el sucesor, o sea que per se no se transmite "a menos que quiera (el sucesor) añadir la de su antecesor a la suya", es decir, que para que tenga ocurrencia el fenómeno de la incorporación de esa condición fáctica se hace necesario: 1. Que exista un negocio jurídico traslativo entre el sucesor y el antecesor que permita la creación de un vínculo sustancial, como compraventa, permuta, donación, aporte en sociedad, etc. 2. Que el antecesor o antecesores hayan sido poseedores del bien; y la cadena de posesiones sean ininterrumpidas. 3. Que se entregue el bien, de suerte que se entre a realizar los actos de señorío calificatorios de la posesión. No basta entonces, que en una promesa de venta de inmuebles se exprese la voluntad de conceder la posesión y de transferir ese poder de hecho para que opere el fenómeno jurídico de la unión de posesiones por cuanto el título constituido es el de hacer y jamás de trasladar. Ese propósito volitivo puede generar o derivar una posesión inmediata, si es inequívoca la declaración de las partes en ese sentido, empero no puede trascender ese ámbito negocial, pasar encadenar cualquier derecho o hecho anterior sobre el inmueble". (CSJ, Cas. Civil, Sent. jun. 26/86). NOTA: En el mismo sentido sentencia de la Corte Suprema de Justicia de septiembre 25 de 1992, con ponencia del Magistrado Alberto Ospina Botero.
[§ 3507-1] JURISPRUDENCIA.—Unión de posesiones: existencia de títulos justificativos. "c) Finalmente es condición insustituible la presencia de títulos justificativos de la iniciación de las sucesivas posesiones, toda vez que en mérito de razones de moralidad evidentes "...los usurpadores no pueden sacar ventaja ninguna de la posesión que tenía la persona a quien despojaron, así como tampoco de la que ostentaron sus antecesores; en la prescripción extraordinaria, ha dicho la Corte aludiendo a este punto específico, el prescribiente puede unir a su posesión la de sus antecesores (...); pero entonces ha de probar que en realidad es sucesor de las personas a quienes señala como antecesores. Es decir, debe acreditar la manera como pasó a él la posesión anterior, para que de esta suerte quede establecida la serie o cadena de posesiones, hasta cumplir los treinta años —hoy veinte de conformidad con el artículo 1º de la Ley 50 de 1936—". (CSJ, Cas. Civil, Sent. ene. 24/94, Exp. 4000. M.P. Carlos Esteban Jaramillo Schloss. [§3507-2] JURISPRUDENCIA.—Suma de posesiones sirve también para la prescripción ordinaria. “(...) pues la suma de posesiones que consagra el artículo 2521 del Código Civil, en armonía con el 778 ibídem, no es una facultad utilizable solamente para los efectos de ganar por prescripción extraordinaria, sino también para los dos de la prescripción ordinaria, en la medida en que para la consumación de la prescripción, cualquiera que sea la modalidad que se alegue, el poseedor dispone de la prerrogativa de agregar al tiempo de su posesión el de su antecesor cuando la cosa ha sido poseída sucesivamente y sin interrupción por dos o más personas, siendo de rigor que quien la ejercite suceda a su antecesor en esa posesión a título universal o singular, es decir, por herencia, venta, permuta, etc., y que además justifique la existencia de un título de las ya expresadas cualidades; inocuidad que también puede predicarse de la relación de los textos legales que en sentir del demandante sirvan para gobernar la situación de facto planteada en el libelo demandador, pues si bien dicha relación es, al tenor del numeral séptimo (7º) del artículo 75 del Código de Procedimiento Civil, un requisito formal de la demanda con la que se promueva todo proceso, exigido básicamente como guía orientadora para su interpretación, la equivocada invocación puede resultar eventualmente intrascendente, pues sólo al juez corresponde aplicar el derecho por medio de las disposiciones positivas que regulan el caso litigio, según el aforismo latino “Da mihi factum, dabo tibi ius”. (CSJ, Cas. Civil, Sent. ago. 5/96. Exp. 4652. M.P. Rafael Romero Sierra). [§ 3507-3] JURISPRUDENCIA.—Para efecto de la suma de posesiones, resulta indiferente que los actos escriturarios se hubiesen registrado en el folio de matrícula inmobiliaria. "(...). Por ello precisa la Corte que para efecto de la suma de
posesiones fundada en la trasferencia de derechos posesorios efectuada por actos entre vivos, hay que tener en cuenta los derechos que éstos les confieren conforme a la ley, como es principalmente el derecho del sucesor a iniciar una nueva posesión con el derecho adicional a añadir las posesiones y derechos de ésta que sus antecesores le hubieran transferido a título universal o singular (C.C., art. 778), con independencia de su registro. Pues para que este efecto opere resulta indiferente que tales títulos escriturarios se hubiesen registrado en el folio de matrícula inmobiliaria, y mucho menos que se hubiese anotado en la primera o sexta columna correspondiente a los modos adquisitivos del dominio o a los hechos constitutivos de falsa tradición del dominio, porque no tratándose en este caso de trasferencia de dominio en virtud de dichos títulos, resulta aquí intranscendente que se haga en una u otra columna. Por el contrario, se trata acá de una mera transferencia de los derechos de la posesión, que son los que en sentido estricto se transmiten mas no la posesión misma que, por ser un derecho, solamente se
principia y continúa con el derecho a la suma de las anteriores. Y como se sabe, la posesión es un hecho no sujeto a registro y, por lo tanto, tampoco lo son los derechos que de ella generalmente se sirvan; en tanto que la tradición es uno de los modos de adquirir el dominio, que requiere, si se trata de inmuebles, de inscripción registral. (...). Sin embargo, mientras el poseedor estructura el modo de la prescripción adquisitiva de dominio, el titular de este último, no poseedor, aún continua con el poder jurídico sobre ese para gozar y usar de él cumpliendo la función social correspondiente, lo cual implica el atributo de persecución, para recuperarlo de quien lo detente". (CSJ, Cas. Civil, Sent. jun. 9/99. Exp. 5265. M.P. Pedro Lafont Pianetta).
POSESIÓN DE PARTÍCIPES
[§ 3508] ART. 779.—Cada uno de los partícipes de una cosa que se poseía pro indiviso, se entenderá haber poseído exclusivamente la parte que por la división le cupiere, durante todo el tiempo que duró la indivisión. Podrá, pues, añadir este tiempo al de su posesión exclusiva y las enajenaciones que haya hecho por sí solo de la cosa común, y los derechos reales con que la haya gravado, subsistirán sobre dicha parte si hubiere sido comprendida en la enajenación o gravamen. Pero si lo enajenado o gravado se extendiere a más, no subsistirá la enajenación o gravamen, contra la voluntad de los respectivos adjudicatarios (§ 6125, 12340, 12893). PRESUNCIONES
[§ 3509] ART. 780.—Si se ha empezado a poseer a nombre propio, se presume que esta posesión ha continuado hasta el momento en que se alega. Si se ha empezado a poseer a nombre ajeno, se presume igualmente la continuación del mismo orden de cosas. Si alguien prueba haber poseído anteriormente, y posee actualmente, se presume la posesión en el tiempo intermedio (§ 0273, 3571, 12884). POR MANDATARIOS O REPRESENTANTES LEGALES
[§ 3510] ART. 781.—Posesión puede tomarse no sólo por el que trata de adquirirla para sí, sino por su mandatario, o por sus representantes legales (§ 0232, 6515, 10684). [§ 3511 a 3530] Reservados.
CAPÍTULO II
De los modos de adquirir y perder la posesión EN NOMBRE DE OTRO
[§ 3531] ART. 782.—Si una persona toma la posesión de una cosa, en lugar o
a nombre de otra de quien es mandatario o representante legal, la posesión del mandante o representado principia en el mismo acto, aun sin su conocimiento. Si el que toma la posesión a nombre de otra persona, no es su mandatario ni representante, no poseerá ésta sino en virtud de su conocimiento y aceptación; pero se retrotraerá su posesión al momento en que fue tomada a su nombre (§ 6515, 6540). DE LA HERENCIA
[§ 3532] ART. 783.—La posesión de la herencia se adquiere desde el momento en que es deferida, aunque el heredero lo ignore. El que válidamente repudia una herencia, se entiende no haberla poseído jamás (§ 1621, 4425, 5713). DE INCAPACES
[§ 3533] ART. 784.—Los que no pueden administrar libremente lo suyo, no necesitan de autorización alguna para adquirir la posesión de una cosa mueble, con tal que concurran en ello la voluntad y la aprehensión material o legal; pero no pueden ejercer los derechos de poseedores, sino con la autorización que competa. Los dementes y los infantes son incapaces de adquirir por su voluntad la posesión, sea para sí mismos o para otros (§ 0232, 3536, 3499). POSESIÓN DE BIENES INSCRITOS
[§ 3534] ART. 785.—Si la cosa es de aquellas cuya tradición deba hacerse por inscripción en el registro de instrumentos públicos, nadie podrá adquirir la posesión de ellas (sic), sino por este medio. [§ 3535] JURISPRUDENCIA.—En el derecho colombiano no existe una posesión inscrita. "1. La Corte reitera la jurisprudencia contenida en la Sentencia de casación del 24 de julio de 1937 (XLV. 329), complementándola en el sentido de que entre la posesión material y la llamada inscrita, no hay conflicto doctrinario, en razón de la prevalencia de la primera, trátese de fundos rurales o de inmuebles urbanos. 2. Por tanto, sobre las disposiciones analizadas del Código Civil tendientes a atribuir al registro de los títulos de propiedad raíz, una función posesoria, prevalecen los textos relativos a la posesión que el Código Civil no califica, o sea, la material, la única verdadera posesión. 3. No existe, por lo mismo, en la legislación colombiana una posesión que consista en la inscripción de los títulos de los derechos reales inmuebles en el registro público, porque, como lo ha consagrado la jurisprudencia nacional que este fallo acoge y compendia, la inscripción de los títulos carece de contenido y alcance posesorios. 4. La inscripción de los títulos en el registro público, cumple con los objetivos de transferir los derechos reales inmuebles, publicar las mutaciones al dominio y probar la
titularidad de estos mismos derechos, aparte de la seguridad que se desprende de la circunstancia de que del mismo instrumento quede testimonio auténtico en dos oficinas públicas diferentes. Esta última conclusión está de acuerdo con la constante jurisprudencia de la Corte, según la cual, en caso de ventas separadas de una misma cosa a varias personas, a que se refiere el artículo 1873 del Código Civil, se prefiere, en tratándose de inmuebles, al comprador que primeramente haya registrado su título, y en cuanto a muebles, a quien primero se le haya entregado materialmente la cosa, esto es, a quien, por la prioridad de la inscripción o de la entrega material, pasa a ser propietario''. (CSJ, Cas. Civil, Sent. abr. 27/75).
CONSERVACIÓN DE LA POSESIÓN
[§ 3536] ART. 786.—El poseedor conserva la posesión, aunque trasfiera la tenencia de la cosa, dándola en arriendo, comodato, prenda, depósito, usufructo, o cualquiera otro título no traslaticio de dominio (§ 3542). EXTRAVÍO DE MUEBLES
[§ 3537] ART. 787.—Se deja de poseer una cosa desde que otro se apodera de ella, con ánimo de hacerla suya; menos en los casos que las leyes expresamente exceptúan (§ 4241, 12913). PÉRDIDA
[§ 3538] ART. 788.—La posesión de la cosa mueble no se entiende perdida mientras se halla bajo el poder del poseedor, aunque éste ignore accidentalmente su paradero. CESACIÓN DE LA “POSESIÓN INSCRITA”
[§ 3539] ART. 789.—Para que cese la posesión inscrita, es necesario que la inscripción se cancele, sea por voluntad de las partes, o por una nueva inscripción en que el poseedor inscrito transfiere su derecho a otro, o por decreto judicial. Mientras subsista la inscripción, el que se apodera de la cosa a que se refiere el título inscrito, no adquiere posesión de ella, ni pone fin a la posesión existente (§ 3499). [§ 3540] JURISPRUDENCIA.—Inaplicabilidad de la norma anterior. "La sentencia alude en verdad a los artículos 789 y 790 del Código Civil, para expresar que estas normas son incomprensibles a la luz de lo que la propia ley entiende por posesión, ya que ésta se adquiere por el apoderamiento material de la cosa y no por la inscripción de un título. Con base en este criterio y en la doctrina de la Corte en la casación del 27 de abril de 1955, la misma sentencia concluye que quien se apodera de un inmueble adquiere la posesión de éste, aunque exista un título inscrito sobre el mismo. Este razonamiento tiene por objeto sustentar la tesis de que los demandados son poseedores, a pesar de la violencia original de su posesión y de que el demandante tiene un título inscrito sobre los inmuebles en litigio". (CSJ, Cas. Civil, Sent. mayo 30/63).
CESACIÓN DE LA POSESIÓN EN BIENES NO INSCRITOS
[§ 3541] ART. 790.—Si alguien, pretendiéndose dueño, se apodera violenta o clandestinamente de un inmueble cuyo título no está inscrito, el que tenía la posesión la pierde. USURPACIÓN POR EL MERO TENEDOR
[§ 3542] ART. 791.—Si el que tiene la cosa en lugar y a nombre de otro, la usurpa, dándose por dueño de ella, no se pierde, por una parte, la posesión ni se adquiere por otra, a menos que el usurpador enajene a su propio nombre la cosa. En este caso la persona a quien se enajena adquiere la posesión de la cosa, y pone fin a la posesión anterior. Con todo, si el que tiene la cosa en lugar y a nombre de un poseedor inscrito, se da por dueño de ella y la enajena, no se pierde, por una parte, la posesión ni se adquiere por otra, sin la competente inscripción (§ 3536). [§ 3543] JURISPRUDENCIA.—Inaplicabilidad de la anterior disposición. "Este artículo preceptúa que si el mero tenedor de un inmueble inscrito, lo usurpa, es decir, se declara dueño y poseedor de él, no adquiere la posesión; pero, si lo enajena a su nombre, el sucesor lo adquiere en virtud de la inscripción. Lo cual está en pugna con el artículo 2531, que admite la usucapión extraordinaria a favor de quien ha recibido la cosa a título precario, y con el artículo 777, el cual, al disponer que "el simple lapso de tiempo no muda la tenencia en posesión" enseña que si con el factor tiempo concurre el desconocimiento del dueño y este desconocimiento se reviste de actos materiales de propietarios, sí se muda la mera tenencia en posesión, y por esto mismo es por lo que el artículo 791 ha quedado vacío". (CSJ, Cas. Civil, Sent. abr. 27/55). [§ 3544 a 3570] Reservados.
POSESIÓN RECUPERADA
[§ 3571] ART. 792.—El que recupera legalmente la posesión perdida, se entenderá haberla tenido durante todo el tiempo intermedio. [§ 3572] L. 387/97. ART. 27.—De la perturbación de la posesión. La perturbación de la posesión o abandono del bien mueble o inmueble, con motivo de una situación de violencia que obliga al desplazamiento forzado del poseedor, no interrumpirá el término de prescripción a su favor. El poseedor interrumpido en el ejercicio de su derecho informará del hecho del desplazamiento a la personería municipal, Defensoría del Pueblo, procuraduría agraria, o a cualquier entidad del Ministerio Público, a fin de que se adelanten las acciones judiciales y/o administrativas a que haya lugar.
NOTA: La Ley 387 de 1997 fue expedida para implantar mecanismos de protección a la población desplazada, a partir de los grandes movimientos humanos motivados por la grave situación de orden público en algunas regiones del país. [§ 3573 a 3600] Reservados.
TÍTULO VIII
De las limitaciones del dominio y primeramente de la propiedad fiduciaria TIPOS DE LIMITACIONES
[§ 3601] ART. 793.—El dominio puede ser limitado de varios modos: 1. Por haber de pasar a otra persona en virtud de una condición. 2. Por el gravamen de un usufructo, uso o habitación a que una persona tenga derecho en las cosas que pertenecen a otra. 3. Por las servidumbres (§ 3692, 3831, 3871). [§ 3602] D. 2811/74. ART. 43.—El derecho de propiedad privada sobre recursos naturales renovables deberá ejercerse como función social, en los términos establecidos por la Constitución Nacional y sujeto a las limitaciones y demás disposiciones establecidas en este código y otras leyes pertinentes.
PROPIEDAD FIDUCIARIA
[§ 3603] ART. 794.—Se llama propiedad fiduciaria la que está sujeta al gravamen de pasar a otra persona por el hecho de verificarse una condición. La constitución de la propiedad fiduciaria se llama fideicomiso. Este nombre se da también a la cosa constituida en propiedad fiduciaria. La traslación de la propiedad a la persona en cuyo favor se ha constituido el fideicomiso, se llama restitución (§ 6708). [§ 3604] JURISPRUDENCIA.—La constitución del fideicomiso a título de donación requiere insinuación y aceptación. "Existen diferencias entre la donación entre vivos, pura y simple, y la institución del fideicomiso; pero como éste puede constituirse a título de donación, hay algunas disposiciones de la donación que le son aplicables. Es inadmisible, por absoluta, la aseveración de que el fideicomiso a título de donación se rige únicamente por los preceptos del título 8º del libro 2º del Código Civil. Desde luego el fideicomiso de que se trata ha de menester insinuación, cuando la cuantía lo exija, con arreglo al artículo 1460 del propio Código; y también es preciso que el fiduciario lo acepte pues así lo dispone terminantemente el artículo 1470 y el 1771 vuelve a hablar de esa aceptación". (CSJ, Cas. Civil, Sent. mar. 7/32). [§ 3605 a 3620] Reservados.
OBJETOS DE FIDEICOMISO
[§ 3621] ART. 795.—No puede constituirse fideicomiso sino sobre la totalidad de una herencia o sobre una cuota determinada de ella, o sobre uno o más
cuerpos ciertos. [§ 3622] JURISPRUDENCIA.— El fideicomiso puede constituirse a título oneroso. "Según el artículo 794 del Código Civil, el fideicomiso consiste en que el dominio de un bien dado, que no puede ser sino cualquiera de los que indica el artículo 795, esté sometido al gravamen de pasar a otra persona en virtud del cumplimiento de una condición, es decir de la realización de un hecho que no depende de la mera voluntad de quien lo ha recibido sujeto a este evento, el cual tendrá carácter de resolutorio para el inmediato adquirente o fiduciario y carácter suspensivo para el adquirente mediato o fideicomisario. Sí, según el artículo 795, sólo puede constituirse fideicomiso "sobre la totalidad de una herencia o sobre cuota determinada de ella, o sobre uno o más cuerpos ciertos" tratándose de los últimos y para un caso como el que contempla en la especie del litigio, dominada por el precepto del artículo 806, no se encuentra imposibilidad alguna para afectar con el fideicomiso una o más cuotas indivisas de un inmueble cierto o determinado. Por cuanto el artículo 796 vino a disponer que los fideicomisos pueden constituirse, no sólo por acto testamentario, sino "por acto entre vivos otorgado en instrumento público", sin sujetar su establecimiento al requisito de una titularidad gratuita, se tiene que el fideicomiso, como lo ha admitido la doctrina de la Corte, es susceptible de constituirse en forma onerosa". (CSJ, Cas. Civil, Sent. sep. 18/68).
SOLEMNIDADES
[§ 3623] ART. 796.—Los fideicomisos no pueden constituirse sino por acto entre vivos otorgado en instrumento público, o por acto testamentario. La constitución de todo fideicomiso que comprenda o afecte un inmueble, deberá inscribirse en el competente registro (§ 3301, 5827, 6477, 7923). CONCURRENTE CON USUFRUCTO
[§ 3624] ART. 797.—Una misma propiedad puede constituirse a la vez en usufructo a favor de una persona, y en fideicomiso en favor de otra. [§ 3625] JURISPRUDENCIA.—Se puede constituir fideicomiso sobre la nuda propiedad. "La disposición del artículo 797 que permite constituir a la vez un usufructo a favor de una persona y un fideicomiso en favor de otra, entraña una modalidad en la disposición y limitación del dominio, pero no entraña ni puede entrañar la prohibición consistente en que el dueño de la nuda propiedad, no pueda constituir fideicomiso sobre ésta. Las disposiciones prohibitivas son siempre expresas y de carácter taxativo. Por otra parte no se ve razón por la cual pudiendo transferirse la nuda propiedad por acto entre vivos o transmitirse por causa de muerte (artículo 882, Código Civil), no pueda constituirse un fideicomiso sobre ella". (CSJ, Cas. Civil, Sent. ago. 17/44).
FIDEICOMISARIO EVENTUAL
[§ 3626] ART. 798.—El fideicomisario puede ser persona que al tiempo de deferirse la propiedad fiduciaria no existe, pero se espera que exista.
[§ 3627] JURISPRUDENCIA.—Hipótesis de fideicomiso compuesto. "Vale, pues, la constitución de fideicomiso a favor de una persona futura, posibilidad que, a mérito del sobredicho artículo 798, se predica también en la hipótesis de pluralidad de fideicomisarios venturos. La hipótesis del artículo 798 no es otra que la de un fideicomiso compuesto, destinado a ser compartido por fideicomisarios eventuales e inciertos que se sumarán al grupo de los destinatarios definitivos a medida de su agnacencia, en cuanto ésta ocurra antes de precluir el término consumativo de la caducidad de la condición (art. 800). Esta figura jurídica importa, así, el fenómeno especial de que cada uno de los llamados a compartir la propiedad constituida en fideicomiso, a la vez que fideicomisario de su propio derecho, sea fiduciario de los derechos eventuales que correspondería a los fideicomisarios por venir. En el interin, la propiedad tendría que mantenerse indivisa, y sujetos los participantes actuales, en ejercicio, al régimen de la titularidad fiduciaria (art. 810 y 812) y en todo caso, aun en el de que se hubiese fijado ab initio un límite al número de los fideicomisarios futuros, la cuota de cada uno de los presentes se encontraría indeterminada a la espera del advenimiento de los venturos, mientras no se haya consumado el lapso dispuesto por la ley para la eficacia de este acaecer''. (CSJ, Cas. Civil, Sent. sep. 18/68).
CONDICIONES
[§ 3628] ART. 799.—El fideicomiso supone siempre la condición expresa o tácita de existir el fideicomisario o su sustituto, a la época de la restitución. A esta condición de existencia, pueden agregarse otras copulativa o disyuntivamente (§ 3665, 4987, 5137). TÉRMINO MÁXIMO DE LAS CONDICIONES
[§ 3629] ART. 800.—Toda condición de que penda la restitución de un fideicomiso, y que tarde más de treinta años en cumplirse, se tendrá por fallida, a menos que la muerte del fiduciario sea el evento de que penda la restitución. Estos treinta años se contarán desde la delación de la propiedad fiduciaria. DISPOSICIONES A DÍA
[§ 3630] ART. 801.—Las disposiciones a día que no equivalgan a condición, según las reglas del título de las asignaciones testamentarias, capítulo 3º, no constituyen fideicomiso. PLURALIDAD DE SUJETOS
[§ 3631] ART. 802.—El que constituye un fideicomiso, puede nombrar no sólo uno sino dos o más fiduciarios, y dos o más fideicomisarios. SUSTITUCIÓN FIDEICOMISARIA
[§ 3632] ART. 803.—El constituyente puede dar al fideicomisario los sustitutos que quiera para el caso de que deje de existir antes de la restitución, por fallecimiento u otra causa.
Estas sustituciones pueden ser de diferentes grados, sustituyéndose una persona al fideicomisario nombrado en primer lugar, otra al primer sustituto, otra al segundo, etc. LÍMITE A LOS SUSTITUTOS
[§ 3633] ART. 804.—No se reconocerán otros sustitutos que los designados expresamente en el respectivo acto entre vivos o testamento. PROHIBICIÓN DE FIDEICOMISOS SUCESIVOS
[§ 3634] ART. 805.—Se prohíbe constituir dos o más fideicomisos sucesivos, de manera que restituido el fideicomiso a una persona, lo adquiera ésta con el gravamen de restituirlo eventualmente a otra. Si de hecho se constituyeren, adquirido el fideicomiso por uno de los fideicomisarios nombrados, se extinguirá para siempre la expectativa de los otros. FIDEICOMISARIOS FUTUROS DE PRIMER GRADO
[§ 3635] ART. 806.—Si se nombran uno o más fideicomisarios de primer grado, y cuya existencia haya de aguardarse en conformidad al artículo 798, se restituirá la totalidad del fideicomiso, en el debido tiempo, a los fideicomisarios que existan, y los otros entrarán al goce de él a medida que se cumpla, respecto de cada uno, la condición impuesta. Pero expirado el plazo prefijado en el artículo 800, no se dará lugar a ningún otro fideicomisario. FALTA DEL FIDUCIARIO
[§ 3636] ART. 807.—Cuando en la constitución del fideicomiso no se designe expresamente el fiduciario, o cuando falte por cualquiera causa el fiduciario designado, estando todavía pendiente la condición, gozará fiduciariamente de la propiedad el mismo constituyente, si viviere, o sus herederos. [§ 3637 a 3650] Reservados.
TENEDOR FIDUCIARIO
[§ 3651] ART. 808.—Si se dispusiere que mientras pende la condición se reserven los frutos para la persona que en virtud de cumplirse o de faltar la condición, adquiera la propiedad absoluta, el que haya de administrar los bienes será un tenedor fiduciario, que sólo tendrá las facultades de los curadores de bienes (§ 2047). DERECHO DE ACRECER
[§ 3652] ART. 809.—Siendo dos o más los propietarios fiduciarios, habrá entre ellos derecho de acrecer, según lo dispuesto para el usufructo en el artículo 839 (§ 5361). TRANSMISIÓN DE LA PROPIEDAD FIDUCIARIA
[§ 3653] ART. 810.—La propiedad fiduciaria puede enajenarse entre vivos, y
transmitirse por causa de muerte, pero en uno y otro caso con el cargo de mantenerla indivisa, y sujeta al gravamen de restitución, bajo las mismas condiciones que antes. No será, sin embargo, trasmisible por testamento o abintestato, cuando el día fijado para la restitución es el de la muerte del fiduciario; y en este caso, si el fiduciario la enajena en vida, será siempre su muerte la que determine el día de la restitución (§ 3728, 5135, 6012). ADMINISTRACIÓN ENTRE VARIOS FIDUCIARIOS
[§ 3654] ART. 811.—Cuando el constituyente haya dado la propiedad fiduciaria a dos o más personas, según el artículo 802, o cuando los derechos del fiduciario se transfieran a dos o más personas, según el artículo precedente, podrá el juez, a petición de cualquiera de ellas, confiar la administración a aquella que diere mejores seguridades de conservación. CONCURRENCIA DE PROPIEDADES SOBRE BIEN INDIVISO
[§ 3655] ART. 812.—Si una persona reuniere en sí el carácter de fiduciario de una cuota y dueño absoluto de otra, ejercerá sobre ambas los derechos de fiduciario, mientras la propiedad permanezca indivisa; pero podrá pedir la división. Intervendrán en ella las personas designadas en el artículo 820. PLURALIDAD DE FIDEICOMISARIOS Y DE FIDUCIARIOS
[§ 3656] ART. 813.—El propietario fiduciario tiene sobre las especies que puede ser obligado a restituir, los derechos y cargas del usufructuario, con las modificaciones que en los siguientes artículos se expresan. CAUCIÓN
[§ 3657] ART. 814.—No es obligado a prestar caución de conservación y restitución, sino en virtud de sentencia de juez, que así lo ordene como providencia conservatoria, impetrada de conformidad al artículo 820 (§ 3730). EXPENSAS EXTRAORDINARIAS
[§ 3658] ART. 815.—Es obligado a todas las expensas extraordinarias, para la conservación de la cosa, incluso el pago de las deudas y de las hipotecas a que estuviere afecta; pero llegado el caso de la restitución, tendrá derecho a que previamente se le reembolsen por el fideicomisario dichas expensas, reducidas a lo que con mediana inteligencia y cuidado debieron costar y con las rebajas que van a expresarse: 1. Si se han invertido en obras materiales, como diques, puentes, paredes, no se le reembolsará, en razón de estas obras, sino lo que valgan al tiempo de la restitución. 2. Si se han invertido en objetos inmateriales, como el pago de una hipoteca o las costas de un pleito que no hubiera podido dejar de sostenerse sin
comprometer los derechos del fideicomisario, se rebajará de lo que hayan costado estos objetos una vigésima parte, por cada año de los que desde entonces hubieren transcurrido hasta el día de la restitución; y si hubieren transcurrido más de veinte, nada se deberá por esta causa. SIMILACIÓN A TUTELA O CURADURÍA
[§ 3659] ART. 816.—En cuanto a la imposición de hipotecas, servidumbres o cualquiera otro gravamen, los bienes que fiduciariamente se posean se asimilarán a los bienes de la persona que vive bajo tutela o curaduría, y las facultades del fiduciario a las del tutor o curador. Impuestos dichos gravámenes sin previa autorización judicial, con conocimiento de causa y con audiencia de los que, según el artículo 820, tengan derecho para impetrar providencias conservatorias, no será obligado el fideicomisario a reconocerlos. FACULTAD DE ADMINISTRAR
[§ 3660] ART. 817.—Por lo demás, el fiduciario tiene la libre administración de las especies comprendidas en el fideicomiso, y podrá mudar su forma, pero conservando su integridad y valor. Será responsable de los menoscabos y deterioros que provengan de su hecho o culpa. MEJORAS
[§ 3661] ART. 818.—El fiduciario no tendrá derecho a reclamar cosa alguna en razón de mejoras no necesarias, salvo en cuanto lo haya pactado con el fideicomisario a quien se haga la restitución; pero podrá oponer en compensación el aumento de valor que las mejoras hayan producido en las especies, hasta concurrencia de la indemnización que debiere. DERECHOS EXPRESOS DEL FIDUCIARIO
[§ 3662] ART. 819.—Si por la constitución del fideicomiso se concede expresamente al fiduciario el derecho de gozar de la propiedad a su arbitrio, no será responsable de ningún deterioro. Si se le concede, además, la libre disposición de la propiedad, el fideicomisario tendrá sólo el derecho de reclamar lo que exista al tiempo de la restitución. DERECHOS SOBRE FIDEICOMISO PENDIENTE
[§ 3663] ART. 820.—El fideicomisario, mientras pende la condición, no tiene derecho ninguno sobre el fideicomiso, sino la simple expectativa de adquirirlo. Podrá, sin embargo, impetrar las providencias conservatorias que le convengan, si la propiedad pareciere peligrar o deteriorarse en manos del fiduciario. Tendrán el mismo derecho los ascendientes legítimos del fideicomisario que todavía no existe y cuya existencia se espera, y los personeros o representantes de las corporaciones y fundaciones interesadas.
[§ 3664] JURISPRUDENCIA.—Los derechos del fideicomisario, pendiente la condición, no pueden ser enajenados. "¿Qué derechos tiene el fideicomisario, muerto del constituyente, antes del advenimiento de la condición señalada para la restitución del fideicomiso, sobre los bienes constituidos en propiedad fiduciaria? ¿Puede el fideicomisario, en las circunstancias dichas, enajenar esos derechos, así sea la simple calidad, capacidad o aptitud de fideicomisario? La Corte, sin vacilación se inclina por la negativa de estos postulados, solución que es armónica en un todo con las disposiciones civiles que reglan la propiedad fiduciaria y con los principios generales que informan las donaciones y los derechos sucesorales". (CSJ, Cas. Civil, Sent. nov. 28/44).
MUERTE DEL FIDEICOMISARIO ANTES DE LA RESTITUCIÓN
[§ 3665] ART. 821.—El fideicomisario que fallece antes de la restitución, no transmite por testamento o abintestato derecho alguno sobre el fideicomiso, ni aun la simple expectativa que pasa ipso jure al sustituto o sustitutos designados por el constituyente, si los hubiere (§ 3628, 4504). EXTINCIÓN DEL FIDEICOMISO
[§ 3666] ART. 822.—El fideicomiso se extingue: 1. Por la restitución. 2. Por la resolución del derecho de su autor, como cuando se ha constituido el fideicomiso sobre una cosa que se ha comprado con pacto de retrovendendo, y se verifica la retroventa. 3. Por la destrucción de la cosa en que está constituido, conforme a lo prevenido respecto al usufructo en el artículo 866. 4. Por la renuncia del fideicomisario antes del día de la restitución; sin perjuicio de los derechos de los sustitutos. 5. Por faltar la condición o no haberse cumplido en tiempo hábil. 6. Por confundirse la calidad de único fideicomisario con la de único fiduciario (§ 3603, 7770, 9235). [§ 3667 a 3690] Reservados.
TÍTULO IX
Del derecho de usufructo DEFINICIÓN
[§ 3691] ART. 823.—El derecho de usufructo es un derecho real que consiste en la facultad de gozar de una cosa con cargo de conservar su forma y sustancia, y de restituirla a su dueño, si la cosa no es fungible; o con cargo de volver igual cantidad y calidad del mismo género, o de pagar su valor, si la cosa es fungible (§
2430). RELACIÓN CON LA PROPIEDAD
[§ 3692] ART. 824.—El usufructo supone necesariamente dos derechos coexistentes: el del nudo propietario, y el del usufructuario. Tiene, por consiguiente, una duración limitada, al cabo de la cual pasa al nudo propietario y se consolida con la propiedad. [§ 3693] JURISPRUDENCIA.—El usufructuario es mero tenedor. "Si bien es cierto que el usufructo constituye un derecho real cuya titularidad corresponde al usufructuario (C.C. arts. 665 y 670) y que éste puede promover acciones posesorias en defensa de su derecho (C.C. art. 978), no es menos cierto que dicho usufructuario no tiene la calidad de dueño del bien o bienes sobre el que recae el usufructo y que, en beneficio de la coexistencia de este derecho con el de nuda propiedad, la ley considera al mismo usufructuario como mero tenedor frente al nudo propietario y atribuye a éste la posesión de los bienes mencionados (C.C. arts. 775 y 776). De manera que el nudo propietario es el poseedor de las cosas dadas en usufructo y ejerce esa posesión por conducto del usufructuario". (CSJ, Cas. Civil, Sent. jul. 7/71). [§ 3694 a 3720] Reservados.
MODOS DE CONSTITUCIÓN
[§ 3721] ART. 825.—El derecho de usufructo se puede constituir de varios modos: 1. Por la ley, como el del padre de familia, sobre ciertos bienes del hijo. 2. Por testamento. 3. Por donación, venta u otro acto entre vivos. 4. Se puede también adquirir un usufructo por prescripción.
USUFRUCTO SOBRE INMUEBLES
[§ 3722] ART. 826.—El usufructo que haya de recaer sobre inmuebles por acto entre vivos, no valdrá si no se otorgare por instrumento público inscrito (§ 2409). D. 1076/97 ART. 2º—Definiciones. Para efectos de este decreto se establecen las siguientes definiciones: (...) 12. Multiusufructo: modalidad del usufructo según la cual el titular adquiere este derecho real sobre un inmueble sometido al régimen de tiempo compartido turístico durante un período determinado o determinable del año y a lo largo de un número de años, que deberán quedar señalados en el respectivo contrato y que no podrán exceder el plazo máximo consagrado en el Código Civil, correspondiendo la nuda propiedad al promotor o a un tercero.
NOTA: El Decreto 1076 de 1997 reglamentó todo lo concerniente al denominado “Tiempo compartido”, modalidad turística que había sido establecida en la Ley 300 de 1996.
USUFRUCTO BAJO PLAZO O CONDICIÓN SUSPENSIVOS
[§ 3723] ART. 827.—Se prohíbe constituir usufructo alguno bajo una condición o a un plazo cualquiera que suspenda su ejercicio. Si de hecho se constituyere, no tendrá valor alguno. Con todo, si el usufructo se constituye por testamento, y la condición se hubiere cumplido, o el plazo hubiere expirado antes del fallecimiento del testador, valdrá el usufructo. PROHIBICIÓN DE USUFRUCTOS SUCESIVOS O ALTERNATIVOS
[§ 3724] ART. 828.—Se prohíbe constituir dos o más usufructos sucesivos o alternativos. Si de hecho se constituyeren, los usufructuarios posteriores se considerarán como sustitutos, para el caso de faltar los anteriores, antes de deferirse el primer usufructo. El primer usufructo que tenga efecto hará caducar los otros; pero no durará sino por el tiempo que le estuviere designado. DURACIÓN DEL USUFRUCTO
[§ 3725] ART. 829.—El usufructo podrá constituirse por tiempo determinado o por toda la vida del usufructuario. Cuando en la constitución del usufructo no se fija tiempo alguno para su duración, se entenderá constituido por toda la vida del usufructuario. El usufructo, constituido a favor de una corporación o fundación cualquiera, no podrá pasar de treinta años. CONDICIÓN DE CONSOLIDARSE CON PROPIEDAD
[§ 3726] ART. 830.—Al usufructo constituido por tiempo determinado, o por toda la vida del usufructuario, según los artículos precedentes, podrá agregarse una condición, verificada la cual, se consolide con la propiedad. Si la condición no es cumplida antes de la expiración de dicho tiempo o antes de la muerte del usufructuario, según los casos, se mirará como no escrita. USUFRUCTO SIMULTÁNEO
[§ 3727] ART. 831.—Se puede constituir un usufructo a favor de dos o más personas que lo tengan simultáneamente, por igual, o según las cuotas determinadas por el constituyente, y podrán en este caso los usufructuarios dividir entre sí el usufructo, de cualquier modo que de común acuerdo les pareciere.
[§ 3727-1] JURISPRUDENCIA.—La simple fijación de cuotas no crea pluralidad de usufructos. "El argumento del censor, en el sentido de que, por aparecer perfectamente distribuidas las cuotas sobre las que recaía el usufructo, se está en presencia de dos usufructos autónomos, y que, por consiguiente, si se acepta que el hijo podía acrecer la cuota del padre es, en el fondo, la constitución del usufructo sucesivo que veda el ordenamiento jurídico, no desdibuja en modo alguno aquella conclusión del tribunal, porque la especificación de las cuotas que contiene la cláusula analizada, antes que individualizar usufructos, se ajusta perfectamente con la regulación legal que quiso el constituyente, pues recuérdese que el precitado artículo 831, teniendo como supuesto fijo la simultaneidad, habla precisamente de ello. Con el agregado que el grueso de la doctrina es clara en señalar que tal artículo no se refiere a la división del usufructo propiamente dicho, sino a la mera distribución". (CSJ, Cas. Civil, Sent. oct. 6/94, Exp. 4188. M.P. Rafael Romero Sierra).
INTRANSMISIBILIDAD DEL USUFRUCTO
[§ 3728] ART. 832.—La nuda propiedad puede transferirse por acto entre vivos, y transmitirse por causa de muerte. El usufructo es intransmisible por testamento o abintestato (§ 3653, 3806, 5380). ESTADO DE LA COSA
[§ 3729] ART. 833.—El usufructuario es obligado a recibir la cosa fructuaria en el estado en que al tiempo de la delación se encuentre, y tendrá derecho para ser indemnizado de todo menoscabo o deterioro que la cosa haya sufrido desde entonces, en poder y por culpa del propietario. CAUCIÓN E INVENTARIO
[§ 3730] ART. 834.—El usufructuario no podrá tener la cosa fructuaria sin haber prestado caución suficiente de conservación y restitución, y sin previo inventario solemne a su costa, como el de los curadores de bienes. Pero tanto el que constituye el usufructo como el propietario, podrán exonerar de la caución al usufructuario. Ni es obligado a ella el donante que se reserva el usufructo de la cosa donada. La caución del usufructuario de cosas fungibles se reducirá a la obligación de restituir otras tantas del mismo género y calidad, o el valor que tuvieren al tiempo de la restitución (§ 1401, 1406, 2036, 3657, 5328). FALTA DE CAUCIÓN E INVENTARIO
[§ 3731] ART. 835.—Mientras el usufructuario no rinda la caución a que es obligado, y se termine el inventario, tendrá el propietario la administración con cargo de dar el valor líquido de los frutos al usufructuario. CONSECUENCIAS DE NO RENDIR CAUCIÓN
[§ 3732] ART. 836.—Si el usufructuario no rinde la caución a que es obligado,
dentro de un plazo equitativo, señalado por el juez, a instancia del propietario, se adjudicará la administración a éste, con cargo de pagar al usufructuario el valor líquido de los frutos, deducida la suma que el juez prefijare por el trabajo y cuidado de la administración. Podrá en el mismo caso tomar en arriendo la cosa fructuaria, o tomar prestados a interés los dineros fructuarios, de acuerdo con el usufructuario. Podrá también, de acuerdo con el usufructuario, arrendar la cosa fructuaria, y dar los dineros a interés. Podrá también, de acuerdo con el usufructuario, comprar o vender las cosas fungibles, y tomar o dar prestados a interés los dineros que de ello provengan. Los muebles comprendidos en el usufructo, que fueren necesarios para el uso personal del usufructuario o de su familia, le serán entregados bajo juramento de restituir las especies o sus respectivos valores, tomándose en cuenta el deterioro proveniente del tiempo y del uso legítimo. El usufructuario podrá, en todo tiempo, reclamar la administración, prestando la caución a que es obligado. CONTROL SOBRE EL INVENTARIO
[§ 3733] ART. 837.—El propietario cuidará de que se haga el inventario con la debida especificación, y no podrá después tacharlo de inexacto o de incompleto. LIMITACIONES DEL PROPIETARIO
[§ 3734] ART. 838.—No es lícito al propietario hacer cosa alguna que perjudique al usufructuario en el ejercicio de sus derechos; a no ser con el consentimiento formal del usufructuario. Si quiere hacer reparaciones necesarias, podrá el usufructuario exigir que se hagan en un tiempo razonable, y con el menor perjuicio posible del usufructo. Si transfiere o transmite la propiedad, será con la carga del usufructo constituido en ella, aunque no lo exprese. DERECHO DE ACRECER
[§ 3735] ART. 839.—Siendo dos o más los usufructuarios, habrá entre ellos el derecho de acrecer, y durará la totalidad del usufructo hasta la expiración del derecho del último de los usufructuarios. Lo cual se entiende si el constituyente no hubiere dispuesto que terminado un usufructo parcial, se consolide con la propiedad. FRUTOS NATURALES
[§ 3736] ART. 840.—El usufructuario de una cosa inmueble tiene el derecho de percibir todos los frutos naturales, incluso los pendientes al tiempo de deferirse el usufructo.
Recíprocamente, los frutos que aún estén pendientes a la terminación del usufructo, pertenecerán al propietario (§ 3071, 3072). EXTENSIÓN DE SERVIDUMBRES
[§ 3737] ART. 841.—El usufructuario de una heredad goza de todas las servidumbres activas, constituidas a favor de ella, y está sujeto a todas las servidumbres pasivas constituidas en ella (§ 3874). RESPONSABILIDAD SOBRE LOS BOSQUES
[§ 3738] ART. 842.—El goce del usufructuario de una heredad se extiende a los bosques y arbolados, pero con el cargo de conservarlos en su ser, reponiendo los árboles que derribe, y respondiendo de su menoscabo, en cuanto no dependa de causas naturales o accidentes fortuitos. MINAS Y CANTERAS
[§ 3739] ART. 843.—Si la cosa fructuaria comprende minas y canteras en actual laboreo, podrá el usufructuario aprovecharse de ellas, y no será responsable de la disminución de productos que a consecuencia sobrevenga, con tal que la mina o cantera no se inutilice o desmejore por culpa suya. [§ 3740 a 3760] Reservados.
INCREMENTOS POR ACCESIONES NATURALES
[§ 3761] ART. 844.—El usufructo de una heredad se extiende a los aumentos que ella reciba por aluvión o por otras accesiones naturales (§ 3101). TESOROS
[§ 3762] ART. 845.—El usufructuario no tiene sobre los tesoros que se descubran en el suelo que usufructúa, el derecho que la ley concede al propietario del suelo (§ 2649). DERECHOS DEL USUFRUCTUARIO DE MUEBLES
[§ 3763] ART. 846.—El usufructuario de cosa mueble tiene el derecho de servirse de ella según su naturaleza y destino; y al fin del usufructo no es obligado a restituirla sino en el estado en que se halle respondiendo solamente de aquellas pérdidas o deterioros que provengan de su dolo o culpa (§ 2408, 7040). RESPONSABILIDAD SOBRE GANADOS
[§ 3764] ART. 847.—El usufructuario de ganados o rebaños es obligado a reponer los animales que mueren o se pierden, pero sólo con el incremento natural de los mismos ganados o rebaños, salvo que la muerte o pérdida fueren imputables a su hecho o culpa, pues en este caso deberá indemnizar al propietario. Si el ganado o rebaño perece del todo o en gran parte por efecto de una epidemia u otro caso fortuito, el usufructuario no estará obligado a reponer los
animales perdidos, y cumplirá con entregar los despojos que hayan podido salvarse. SOBRE COSAS FUNGIBLES
[§ 3765] ART. 848.—Si el usufructo se constituye sobre cosas fungibles, el usufructuario se hace dueño de ellas, y el propietario se hace meramente acreedor a la entrega de otras especies de igual cantidad y calidad, o del valor que éstas tengan al tiempo de terminarse el usufructo (§ 2430). FRUTOS CIVILES
[§ 3766] ART. 849.—Los frutos civiles pertenecen al usufructuario día por día (§ 3074). ESTIPULACIONES Y VENTAJAS
[§ 3767] ART. 850.—Lo dicho en los artículos precedentes se entenderá sin perjuicio de las convenciones que sobre la materia intervengan entre el nudo propietario y el usufructuario, o de las ventajas que en la constitución del usufructo se hayan concedido expresamente al nudo propietario o al usufructuario. OBLIGACIÓN DE RESPETAR ARRENDAMIENTOS
[§ 3768] ART. 851.—El usufructuario es obligado a respetar los arriendos de la cosa fructuaria, contratados por el propietario antes de constituirse el usufructo por acto entre vivos, o de fallecer la persona que lo ha constituido por testamento. Pero sucede en la percepción de la renta o pensión desde que principia el usufructo. ARRENDAMIENTO Y CESIÓN
[§ 3769] ART. 852.—El usufructuario puede dar en arriendo el usufructo, y cederlo a quien quiera, a título oneroso o gratuito. Cedido el usufructo a un tercero, el cedente permanece siempre directamente responsable al propietario. Pero no podrá el usufructuario arrendar ni ceder su usufructo, si se lo hubiere prohibido el constituyente; a menos que el propietario lo releve de la prohibición. El usufructuario que contraviniere a esta disposición, perderá el derecho de usufructo. RESOLUCIÓN DE CONTRATOS
[§ 3770] ART. 853.—Aun cuando el usufructuario tenga la facultad de dar el usufructo en arriendo o cederlo a cualquier título, todos los contratos que al efecto haya celebrado se resolverán al fin del usufructo. El propietario, sin embargo, concederá al arrendatario o cesionario el tiempo que necesite para la próxima percepción de frutos; y por ese tiempo quedará
sustituido al usufructuario en el contrato. EXPENSAS ORDINARIAS
[§ 3771] ART. 854.—Corresponden al usufructuario todas las expensas ordinarias de conservación y cultivo. CARGAS PERIÓDICAS E IMPUESTOS
[§ 3772] ART. 855.—Serán de cargo del usufructuario las pensiones, cánones y en general, las cargas periódicas con que de antemano haya sido gravada la cosa fructuaria, y que durante el usufructo se devenguen. No es lícito al nudo propietario imponer nuevas cargas sobre ella en perjuicio del usufructo. Corresponde, asimismo, al usufructuario el pago de los impuestos periódicos fiscales y municipales que la graven durante el usufructo, en cualquier tiempo que se hayan establecido. Si por no hacer el usufructuario estos pagos los hiciere el propietario, o se enajenare o embargare la cosa fructuaria, deberá el primero indemnizar de todo perjuicio al segundo (§ 6216, 6218, 8144). REFACCIONES MAYORES
[§ 3773] ART. 856.—Las obras o refacciones mayores, necesarias para la conservación de la cosa fructuaria, serán de cargo del propietario, pagándole el usufructuario, mientras dure el usufructo, el interés legal de los dineros invertidos en ellas. El usufructuario hará saber al propietario las obras y refacciones mayores que exija la conservación de la cosa fructuaria (§ 7192). Si el propietario rehúsa o retarda el desempeño de estas cargas, podrá el usufructuario, para libertar la cosa fructuaria y conservar su usufructo, hacerlas a su costa, y el propietario se las reembolsará sin interés. NOCIÓN
[§ 3774] ART. 857.—Se entiende por obras o refacciones mayores las que ocurren por una vez a largos intervalos de tiempo y que conciernen a la conservación y permanente utilidad de la cosa fructuaria. DESTRUCCIÓN DE EDIFICIO
[§ 3775] ART. 858.—Si un edificio viene todo a tierra por vetustez o por caso fortuito, ni el propietario ni el usufructuario son obligados a reponerlo. DERECHO DE RETENCIÓN
[§ 3776] ART. 859.—El usufructuario podrá retener la cosa fructuaria hasta el pago de los reembolsos e indemnizaciones a que, según los artículos precedentes, es obligado el propietario.
[§ 3777] L. 95/890. ART. 10.—En los casos de los artículos 859, 970 y 1995 del Código Civil, se extingue el derecho de retención de la cosa cuando se verifica el pago o se asegura la deuda a satisfacción del juez, previo un juicio sumario, seguido de conformidad con lo establecido en el título XII del libro 2º del Código Judicial.
[§ 3778 a 3800] Reservados.
MEJORAS VOLUNTARIAS
[§ 3801] ART. 860.—El usufructuario no tiene derecho a pedir cosa alguna por las mejoras que voluntariamente haya hecho en la cosa fructuaria; pero le será lícito alegarlas en compensación por el valor de los deterioros que se le puedan imputar, o llevarse los materiales, si puede separarlos sin detrimento de la cosa fructuaria, y el propietario no le abona lo que después de separados valdrían. Lo cual se entiende sin perjuicio de las convenciones que hayan intervenido entre el usufructuario y el propietario, relativamente a mejoras, o de lo que sobre esta materia se haya previsto en la constitución del usufructo. RESPONSABILIDAD DEL USUFRUCTUARIO
[§ 3802] ART. 861.—El usufructuario es responsable no sólo de sus propios hechos u omisiones, sino de los hechos ajenos a que su negligencia haya dado lugar. Por consiguiente, es responsable de las servidumbres que por su tolerancia haya dejado adquirir sobre el predio fructuario, y del perjuicio que las usurpaciones cometidas en la cosa fructuaria hayan inferido al dueño, si no las ha denunciado al propietario oportunamente, pudiendo. DERECHOS DE LOS ACREEDORES
[§ 3803] ART. 862.—Los acreedores del usufructuario pueden pedir que se le embargue el usufructo, y se les pague con él hasta concurrencia de sus créditos, prestando la competente caución de conservación y restitución a quien corresponda (§ 12684). Podrán, por consiguiente, oponerse a toda cesión o renuncia del usufructo hecha con fraude de sus derechos. CONDICIÓN RESOLUTORIA
[§ 3804] ART. 863.—El usufructo se extingue generalmente por la llegada del día, o el evento de la condición prefijados para su terminación. Si el usufructo se ha constituido hasta que una persona distinta del usufructuario llegue a cierta edad, y esa persona fallece antes, durará, sin embargo, el usufructo hasta el día en que esa persona hubiera cumplido esa edad, si hubiese vivido. CÓMPUTO DEL TIEMPO
[§ 3805] ART. 864.—En la duración legal del usufructo se cuenta aun el tiempo en que el usufructuario no ha gozado de él, por ignorancia o despojo, o cualquiera otra causa (§ 3571). OTRAS CAUSAS DE EXTINCIÓN
[§ 3806] ART. 865.—El usufructo se extingue también: Por la muerte natural del usufructuario, aunque ocurra antes del día o condición prefijados para su terminación. Por la resolución del derecho del constituyente, como cuando se ha constituido sobre una propiedad fiduciaria, y llega el caso de la restitución. Por consolidación del usufructo con la propiedad. Por prescripción. Por la renuncia del usufructuario. EXTINCIÓN POR DESTRUCCIÓN
[§ 3807] ART. 866.—El usufructo se extingue por la destrucción completa de la cosa fructuaria; si sólo se destruye una parte, subsiste el usufructo en lo restante. Si todo el usufructo está reducido a un edificio, cesará para siempre por la destrucción completa de éste, y el usufructuario no conservará derecho alguno sobre el suelo. Pero si el edificio destruido pertenece a una heredad, el usufructuario de ésta conservará su derecho sobre toda ella. INUNDACIÓN EN LA COSA FRUCTUARIA
[§ 3808] ART. 867.—Si una heredad fructuaria es inundada, y se retiran después las aguas, revivirá el usufructo por el tiempo que falte para su terminación (§ 3133, 12884). [§ 3809]
JURISPRUDENCIA.—La disposición anterior no es aplicable cuando media la voluntad. "Si bien es verdad que al tenor del artículo 867 del Código Civil, la inundación de una heredad fructuaria, suspende en su ejercicio el derecho de usufructo y que éste revive cuando las aguas se retiran de ella " por el tiempo que falte para su terminación", también lo es, según la doctrina que la Corte sienta ahora, que esa inundación debe ser del todo ajena a acción u omisión del hombre, y con tanto mayor razón, del nudo propietario. Esta opinión la sostienen entre otros, don Fernando Vélez, con apoyo analógico de lo que disponen los artículos 944 del Código Civil y 124 de la Ley 153 de 1887 (Estudio sobre el derecho colombiano, 2ª ed., Imp. París América, París Tomo III, pág. 296, Nº 450) Louis Josserand (Cours de Droit Civil Positif Francais, 3ª ed., Libro Rec. Sirey, París, 1938, Tomo I pág. 1071, Nº 1935), Planiol, Ipert y Picard (Traité Practique de Droit Civil Francais, Libr. Grale, de Droit et Jurisprudence, París 1927, Tomo III, pág 799, Nº 864), y Alessandri Somarriva, (Curso de derecho civil, ed. Nascimiento, Santiago 1957, Curso de Derecho Civil, Tomo II, pág. 682, Nº 979).
En consecuencia, al ocurrir el caso que se comenta, se producen dos situaciones: A) Si el predio fructuario se inunda, ello no produce la extinción del usufructo a que se refiere el artículo 866 del Código Civil colombiano sino apenas la suspensión del ejercicio o disfrute del mismo, y B) en ese evento, para que al producirse el retiro de las aguas reviva el usufructo por el tiempo que falta para su terminación como lo dispone el artículo 867 del mismo estatuto, la inundación no debe obedecer a voluntad del hombre sino ser meramente casual o sea por obra de la naturaleza. De suerte, cabe preguntar, ¿qué ocurre cuando la inundación del predio que impide el ejercicio del derecho de usufructo obedece a acción u omisión humana, o más concretamente, cuando la una o la otra proviene del nudo propietario quien la ocupa en forma permanente para una obra pública, como ocurrió en el presente caso? Como el efecto que se persigue con la acción reivindicatoria se hace imposible en ese caso, pues la ocupación permanente impide por completo que el usufructuario recupere la cosa fructuaria, éste debe estar legitimado para reclamar una indemnización por los perjuicios que sufre a consecuencia de la pérdida de su derecho. A falta de norma expresa aplicable a esa situación, como dijo la Corte para la reivindicación del derecho de dominio, la jurisprudencia viene aplicando por analogía el artículo 955 del Código Civil, que sanciona la enajenación de cosa ajena, que hace imposible o difícil la reivindicación de ésta y así, con fundamento en esa norma que es una proyección completa del principio general del artículo 2341 ibídem ha deducido la responsabilidad en que incurren los municipios que se colocan en situación como la debatida en este juicio". (CSJ, Cas. Civil, Sent. ene. 22/80).
EXTINCIÓN POR SENTENCIA
[§ 3810] ART. 868.—El usufructo termina, en fin, por sentencia del juez que, a instancia del propietario, lo declara extinguido por haber faltado el usufructuario a sus obligaciones en materia grave, o por haber causado daños o deterioros considerables a la cosa fructuaria. El juez, según la gravedad del caso, podrá ordenar, o que cese absolutamente el usufructo, o que vuelva el propietario la cosa fructuaria, con cargo de pagar al fructuario (sic) una pensión anual determinada, hasta la terminación del usufructo. NORMAS QUE REGULAN EL USUFRUCTO LEGAL
[§ 3811] ART. 869.—El usufructo legal del padre de familia sobre ciertos bienes del hijo, y el del marido, como administrador de la sociedad conyugal, en los bienes de la mujer, están sujetos a las reglas especiales del título De la patria potestad, y del título De la sociedad conyugal (§ 1398). NOTA: Recuérdese que la Ley 28 de 1932 y el Decreto 2820 de 1974 otorgaron plena y absoluta capacidad a la mujer, de suerte que la administración de la sociedad conyugal corresponde a ambos cónyuges. [§ 3812 a 3830] Reservados.
TÍTULO X
De los derechos de uso y habitación
DEFINICIONES
[§ 3831] ART. 870.—El derecho de uso es derecho real que consiste, generalmente, en la facultad de gozar de una parte limitada de las utilidades y productos de una cosa. Si se refiere a una casa, y a la utilidad de morar en ella, se llama derecho de habitación (§ 2408, 11685). CONSTITUCIÓN Y PÉRDIDA
[§ 3832] ART. 871.—Los derechos de uso y habitación se constituyen y pierden de la misma manera que el usufructo. [§ 3833]
JURISPRUDENCIA.—La habitación no se constituye por voluntad presunta. "Es evidente que la esencia del derecho de habitación, lo mismo que el usufructo, subsiste en la persona del propietario, en tanto que no se le desprenda de la propiedad a que está unido, y puede por consiguiente, reservárselo o disponer de él en cualquier forma de transmisión; más, para ello es preciso establecerlo, con designación del sujeto que debe disfrutarlo, en acto o contrato inscrito en el que se determine su extensión, como que es un derecho personal y limitado. La voluntad presunta no basta a constituirlo". (CSJ, Cas. Civil, Sent. sep. 11/889).
INVENTARIO Y CAUCIÓN
[§ 3834] ART. 872.—Ni el usuario ni el habitador estarán obligados a prestar caución. Pero el habitador es obligado a inventario; y la misma obligación se extenderá al usuario, si el uso se constituye sobre cosas que deban restituirse en especie. EXTENSIÓN
[§ 3835] ART. 873.—La extensión en que se concede el derecho de uso o de habitación, se determina por el título que lo constituye, y a falta de esta determinación en el título, se regla por los artículos siguientes. BENEFICIARIOS
[§ 3836] ART. 874.—El uso y la habitación se limitan a las necesidades personales del usuario o del habitador. En las necesidades personales del usuario o del habitador se comprenden las de su familia. La familia comprende la mujer y los hijos; tanto los que existen al momento de la constitución, como los que sobrevienen después, y esto aun cuando el usuario o habitador no esté casado ni haya reconocido hijo alguno a la fecha de la constitución. Comprende, así mismo, el número de sirvientes necesarios para la familia. Comprende, además, las personas que a la misma fecha vivan con el habitador
o usuario, y a costa de éstos; y las personas a quienes éstos deben alimentos. NO COMPRENDE ACTIVIDADES INDUSTRIALES O COMERCIALES
[§ 3837] ART. 875.—En las necesidades personales del usuario o del habitador no se comprenden las de la industria o tráfico en que se ocupa. Así, el usuario de animales no podrá emplearlos en el acarreo de los objetos en que trafica, ni el habitador servirse de la casa para tiendas o almacenes. A menos que la cosa en que se concede el derecho, por su naturaleza y uso ordinario y por su relación con la profesión o industria del que ha de ejercerlo, aparezca destinada a servirle en ellas. DERECHOS DEL USUARIO
[§ 3838] ART. 876.—El usuario de una heredad tiene solamente derecho a los objetos comunes de alimentación y combustible, no a los de una calidad superior; y está obligado a recibirlos del dueño, o a tomarlos con su permiso. OBLIGACIONES DEL USUARIO Y HABITADOR
[§ 3839] ART. 877.—El usuario y el habitador deben usar de los objetos comprendidos en sus respectivos derechos, con la moderación y cuidados propios de un buen padre de familia; y están obligados a contribuir a las expensas ordinarias de conservación y cultivo, a prorrata del beneficio que reporten. Esta última obligación no se extiende al uso o la habitación que se dan caritativamente a las personas necesitadas. CARÁCTER PERSONALÍSIMO
[§ 3840] ART. 878.—Los derechos de uso y habitación son intransmisibles a los herederos, y no pueden cederse a ningún título, prestarse ni arrendarse. Ni el usuario ni el habitador pueden arrendar, prestar o enajenar objeto alguno de aquéllos a que se extiende el ejercicio de su derecho. Pero bien pueden dar los frutos que les es lícito consumir en sus necesidades personales (§ 3662, 3769, 7556, 9540). [§ 3841] JURISPRUDENCIA.—El habitador es mero tenedor. "Es así como el dueño de la casa sobre el que recae el derecho de habitación tiene el carácter de poseedor, en cuyo nombre actúa quien se halla como habitador, en relación inmediata con el objeto. El que recibe la casa para derivar directamente en su provecho la utilidad de habitarla, empieza a poseer en nombre ajeno, y su título de mera tenencia (775) no le habilita para adquirir el dominio, precisamente porque el habitador reconoce que no es suyo''. (CSJ, Cas. Civil, Sent. oct. 18/62).
[§ 3842] JURISPRUDENCIA.—La habitación no constituye posesión. “Planteamiento este del censor que ni por asomo comporta virtualidad para dar al traste con la conclusión
del tribunal, porque bien es verdad que el mero hecho de habitar una casa nada concluyente dice con respecto a la posesión que aquí se controvierte. Habitar simplemente, no es poseer; por supuesto que igual pueden hacerlo el propietario, el poseedor y cualquier tenedor; dicho de manera diversa, ello sólo no pone de resalto que la cosa se detenta con ese elemento sicológico que por autonomasia caracteriza la posesión, traducido, como es averiguado, en que se cuenta de por medio con el ánimo de conducirse jurídicamente con plena autonomía y sin reconocer dominio ajeno. Allí, repítese, no se descubre, necesariamente, que quien está en contacto material con la cosa, la tenga por sí y ante si, con exclusión de los demás y sin depender de nadie en particular. La calidad de poseedor requiere, en este marco de ideas, que sobre la cosa se ejerzan verdaderos actos de dominio, como si en verdad se tratase del mismo propietario, actos de los que a título meramente enunciativo prescribe el artículo 981 del Código Civil. Naturalmente que quien se pretenda tal, debe contar como cosa de su incumbencia, el demostrar certera y concluyentemente la gama de actos que a su juicio atildan su posesión; y, de tal manera, que no deje resquicio a la duda”.(CSJ, Cas. Civil, Sent. oct. 3/95. Exp. 4547. M.P. Rafael Romero Sierra). [§ 3843 a 3870] Reservados.
TÍTULO XI
De las servidumbres DEFINICIÓN
[§ 3871] ART. 879.—Servidumbre predial o simple servidumbre, es un gravamen impuesto sobre un predio, en utilidad de otro predio de distinto dueño. NORMAS APLICABLES [§ 3872] D. 2811/74. ART. 106.—Las servidumbres de interés privado se rigen por los Códigos Civil y de Procedimiento Civil y por las normas especiales de este título.
[§ 3873] JURISPRUDENCIA.— Servidumbres de derecho privado y servidumbres administrativas. "De lo anterior se deducen las siguientes diferencias entre la servidumbre de derecho privado y la servidumbre administrativa: a) La servidumbre administrativa se fundamenta en el interés público; la privada en el interés particular. b) La servidumbre administrativa no presupone un predio dominante; la privada sí lo presupone. c) La servidumbre administrativa está fuera del comercio; la privada no necesariamente lo está, como ocurre con las que no tienen carácter de legales o derivadas de la ley.
d) La servidumbre administrativa puede ser activa, es decir, puede consistir en una obligación de hacer a cargo del dueño del predio sobre el que esté constituida; la privada implica obligaciones de no hacer o de dejar a hacer en favor del titular de la servidumbre, pero nunca obligaciones positivas o activas a cargo del que sufre la servidumbre. e) La servidumbre administrativa tiene su origen en la ley y se impone por acto administrativo; la privada, aunque puede tener origen en la ley (legales), no se impone mediante acto administrativo, sino mediante negocio jurídico o decisión judicial''. (C.E., Sec. Tercera, Sent. sep. 3/85).
SERVIDUMBRES ACTIVAS Y PASIVAS
[§ 3874] ART. 880.—Se llama predio sirviente el que sufre el gravamen, y predio dominante el que reporta la utilidad. Con respecto al predio dominante, la servidumbre se llama activa, y con respecto al predio sirviente, se llama pasiva (§ 2437). CONTINUAS Y DISCONTINUAS
[§ 3875] ART. 881.—Servidumbre continua es la que se ejerce o se puede ejercer continuamente, sin necesidad de un hecho actual del hombre, como la servidumbre de acueducto por un canal artificial que pertenece al predio dominante; y servidumbre discontinua, la que se ejerce a intervalos más o menos largos de tiempo y supone un hecho actual del hombre, como la servidumbre de tránsito (§ 4123). [§ 3876] JURISPRUDENCIA.—La servidumbre de abrevadero es por naturaleza discontinua. "Nombrados autores citan las servidumbres de abrevadero como ejemplo clásico de servidumbre discontinua, y alguno de ellos, don Joaquín Escriche en cuyas obras se inspiró el señor Bello, lo mismo que las de Pothier, Savigny, Goyena y otros llega hasta a afirmar que esa servidumbre es esencialmente discontinua, cree la Corte que ese carácter es de la naturaleza pero no de la esencia de tal figura. De ordinario, casi pudiera decirse siempre la servidumbre de abrevadero es discontinua, porque consiste en dar de beber al ganado conduciéndolo de un fundo a otro fundo. Generalmente conlleva la de tránsito. Se supone que hallándose el bebedero en el predio sirviente y los ganados en el dominante es lo natural que éstos sean conducidos o llamados en ciertas horas del día, de su dehesa a la fuente y de la fuente a su dehesa. He aquí el hecho actual del hombre, ejecutado por el pastor que arrea, o facilita o permite o vigila el acceso de los ganados. (...). Excepcionalmente pudiera ser continua la servidumbre del abrevadero, porque no exigiese la accesoria de tránsito ni requiriese el hecho actual del hombre. Ejemplo: los ganados de un predio, sin necesidad de caminar por el otro predio, beben espontáneamente de un agua que, perteneciendo al servil, corre o se halla entre éste y a linde con el dominante''. (CSJ, Cas. Civil. Sent. nov. 30/36).
CLASIFICACIÓN SEGÚN
SUS MANIFESTACIONES EXTERNAS
[§ 3877] ART. 882.—Servidumbre positiva es, en general, la que sólo impone al dueño del predio sirviente la obligación de dejar hacer, como cualquiera de las dos anteriores; y negativa, la que impone al dueño del predio sirviente la prohibición de hacer algo, que sin la servidumbre le sería lícito, como la de no poder elevar sus paredes sino a cierta altura. Las servidumbres positivas imponen a veces al dueño del predio sirviente la obligación de hacer algo, como la del artículo 900. Servidumbre aparente es la que está continuamente a la vista, como la del tránsito, cuando se hace por una senda o por una puerta especialmente destinada a él; e inaparente, la que no se conoce por una señal exterior, como la misma de tránsito, cuando carece de estas dos circunstancias y de otras análogas. CARÁCTER INSEPARABLE
[§ 3878] ART. 883.—Las servidumbres son inseparables del predio a que activa o pasivamente pertenecen. [§ 3879] JURISPRUDENCIA.—No obstante la inseparabilidad, poseer una servidumbre no implica poseer el predio sirviente. "Acerca de la violación del artículo 883 del Código Civil cabe anotar que, al expresar el título del demandante que su solar linda con una servidumbre, no autoriza para entender que ese fundo disfrute esa servidumbre sobre el predio y que, aunque estuviera probado que sí goza de tal derecho, éste no le otorgaría al mismo facultad alguna para ejercer posesión sobre el lote de la demandada. La servidumbre es un derecho real susceptible de ser en sí mismo poseído (C.C. ARTS. 665, 670 y 676), pero que no confiere al dueño del predio dominante posesión alguna sobre la heredad sirviente". (CSJ, Cas. Civil. Sent. jun. 15/64).
CARÁCTER INALTERABLE
[§ 3880] ART. 884.—Dividido el predio sirviente, no varía la servidumbre que estaba constituida en él, y deben sufrirla aquel o aquellos a quienes toque la parte en que se ejercía. Así, los nuevos dueños del predio que goza de una servidumbre de tránsito, no pueden exigir que se altere la dirección, forma, calidad o anchura de la senda o camino destinado a ella (§ 3927). EXTENSIÓN A LOS MEDIOS
[§ 3881] ART. 885.—El que tiene derecho a una servidumbre, lo tiene igualmente a los medios necesarios para ejercerla. Así, el que tiene derecho de sacar agua de una fuente, situada en la heredad vecina, tiene el derecho de tránsito para ir a ella, aunque no se haya establecido expresamente en el título. OBRAS PARA SU EJERCICIO
[§ 3882] ART. 886.—El que goza de una servidumbre puede hacer las obras indispensables para ejercerla; pero serán a su costa, si no se ha establecido lo
contrario; y aun cuando el dueño del predio sirviente se haya obligado a hacerlas o repararlas, le será lícito exonerarse de la obligación, abandonando la parte del predio en que deban hacerse o conservarse las obras. PROHIBICIONES DE RESTRINGIR
[§ 3883] ART. 887.—El dueño del predio sirviente no puede alterar, disminuir, ni hacer más incómodo para el predio dominante la servidumbre con que está gravado el suyo. Con todo, si por el transcurso del tiempo llegare a serle más oneroso el modo primitivo de la servidumbre, podrá proponer que se varíe a su costa; y si las variaciones no perjudican al predio dominante, deberán ser aceptadas. CLASES SEGÚN SU CONSTITUCIÓN
[§ 3884] ART. 888.—Las servidumbres, o son naturales, que provienen de la natural situación de los lugares, o legales, que son impuestas por la ley, o voluntarias, que son constituidas por un hecho del hombre. REMISIÓN A OTRAS NORMAS
[§ 3885] ART. 889.—Las disposiciones de este título se entenderán sin perjuicio de lo estatuido sobre servidumbres en el código de policía o en otras leyes. [§ 3886] JURISPRUDENCIA.—Protección policiva a las servidumbres las cobija a todas. "En este orden de ideas, el amparo policivo cobija sin distinción todas las especies de servidumbres (continuas, discontinuas, aparentes e inaparentes), sin excluir aquellas que solamente pueden adquirirse por medio de un título —discontinuas y continuas inaparentes— porque la necesidad o exigencia de la protección no la constituye el virtual derecho real existente sobre el inmueble, sino su ejercicio como simple expresión material de manifestación o efecto externo; por lo tanto, en caso de usurpación, negación o perturbación en el goce de una servidumbre es procedente el amparo policivo con la finalidad de restablecer la situación o las cosas al estado en que se hallaban antes del despojo o perturbación por la actividad de un tercero. Es por ello que el artículo 128 del Código de Policía al referirse a la circunstancia de "amparar el ejercicio de una servidumbre", no advierte nada sobre la protección del derecho real que ella eventualmente conlleva. Sólo frente al juez competente puede plantearse el debate en torno al derecho sustancial en conflicto, es decir, sobre la titularidad del respectivo derecho real o personal (propiedad, posesión, tenencia en debida forma, etc.), cuando aquél conozca del proceso a que dé lugar el ejercicio de la correspondiente pretensión procesal". (C. Const., Sent. T048, feb. 14/95. M.P. Antonio Barrera Carbonell).
DIVISIÓN DEL PREDIO DOMINANTE
[§ 3887] ART. 890.—Dividido el predio dominante, cada uno de los nuevos dueños gozará de la servidumbre, pero sin aumentar el gravamen del predio sirviente.
[§ 3888 a 3920] Reservados.
CAPÍTULO I
De las servidumbres naturales SERVIDUMBRE DE AGUAS
[§ 3921] ART. 891.—El predio inferior está sujeto a recibir las aguas que descienden del predio superior naturalmente, es decir, sin que la mano del hombre contribuya a ello. No se puede, por consiguiente, dirigir un albañal o acequia sobre el predio vecino, sino se ha constituido esta servidumbre especial. En el predio servil (sic) no se puede hacer cosa alguna que estorbe la servidumbre natural, ni (sic) el predio dominante, que la grave (§ 3880, 3883, 3886, 4071, 4108). [§ 3922] JURISPRUDENCIA.—Esta servidumbre no comprende obras artificiales. "El artículo 891 del Código Civil se refiere a todas las aguas que descienden naturalmente del predio superior, o sea, aquellas que se deslizan hacia la heredad inferior por obra de la misma naturaleza y sin que la mano del hombre contribuya a ello. Comprende las aguas lluvias, caídas en el predio superior o venidas a éste de otros terrenos, más altos, las aguas procedentes del deshielo, las aguas vertientes, arroyos y esteros que se formen en la heredad superior, y las aguas de los ríos que desciendan por cauces naturales de los predios superiores a los predios inferiores. A la inversa, el artículo 891 del Código Civil no comprende las aguas cuyo curso no sea obra de la misma naturaleza, sino resultado de la mano del hombre. Así, el propietario del predio inferior no está obligado a recibir las aguas que el dueño de la heredad superior obtenga de un depósito artificial o lleve por canales o acequias para el regadío de sus tierras o para cualquier otro uso". (CSJ, Cas. Civil. Sent. abr. 30/54). SERVIDUMBRE DE DESAGüE Y RECIBO DE AGUAS [§ 3923] D. 2811/74. ART. 108.—Todo predio está sujeto a la servidumbre de desagüe en favor de otro predio público o privado que la necesite para dar salida y dirección a las aguas sobrantes.
[§ 3924] D. 2811/74. ART. 109.—Al fijarse la indemnización en favor del dueño del predio que se grava con una servidumbre de desagüe, se tendrá en cuenta, el beneficio que al predio sirviente le reporte, y podrá imponerse a su propietario la obligación de contribuir a la conservación de los canales, si se beneficia con ellos.
[§ 3925] D. 2811/74. ART. 110.—La servidumbre natural de recibir aguas se regirá por el artículo 891 del Código Civil.
SERVIDUMBRE DE PRESA Y ESTRIBO [§ 3926] D. 2811/74.
ART. 112.—La servidumbre de presa y estribo consiste en apoyar, sobre el predio o predios adyacentes al cauce de una corriente o depósito de aguas, las obras necesarias para alguna presa o derivación.
[§ 3927] D. 2811/74. ART. 113.—Toda heredad está sujeta a la servidumbre de estribo en favor de una mina, empresa, ciudad o poblado, que necesite derivar o almacenar aguas de acuerdo con las normas del presente código.
[§ 3928] D. 2811/74. ART. 114.—Las obras de presa deberán construirse y conservarse de manera que se cause el menor perjuicio a las heredades vecinas. En este caso solamente habrá indemnización por los daños que se causen.
USO DE LAS AGUAS
[§ 3929] ART. 892.—El dueño de una heredad puede hacer, de las aguas que corren naturalmente por ella, aunque no sean de su dominio privado, el uso conveniente para los menesteres domésticos, para el riego de la misma heredad, para dar movimiento a sus molinos u otras máquinas, y abrevar sus animales. Pero aunque el dueño pueda servirse de dichas aguas, deberá hacer volver el sobrante al acostumbrado cauce a la salida del fundo (§ 2539). ADQUISICIÓN DEL DERECHO AL USO DE LAS AGUAS [§ 3930] D. 2811/74. ART. 86.—Toda persona tiene derecho a utilizar las aguas de dominio público para satisfacer sus necesidades elementales, las de su familia y las de sus animales, siempre que con ello no cause perjuicios a terceros. El uso deberá hacerse sin establecer derivaciones, ni emplear máquina ni aparato, ni detener o desviar el curso de las aguas, ni deteriorar el cauce o las márgenes de la corriente, ni alterar o contaminar las aguas en forma que se imposibilite su aprovechamiento por terceros. Cuando para el ejercicio de este derecho se requiera transitar por predios ajenos, se deberá imponer la correspondiente servidumbre.
[§ 3931] D. 2811/74. ART. 87.—Por ministerio de la ley se podrá hacer uso de aguas de dominio privado, para consumo doméstico exclusivamente.
[§ 3932 a 3950] Reservados.
LIMITACIONES
[§ 3951] ART. 893.—El uso que el dueño de una heredad puede hacer de las aguas que corren por ella, se limita: 1. En cuanto el dueño de la heredad inferior haya adquirido por prescripción u otro título, el derecho de servirse de las mismas aguas; la prescripción, en este caso, será de ocho años, contados como para la adquisición del dominio, y correrá desde que se hayan construido obras aparentes, destinadas a facilitar o dirigir el descenso de las aguas en la heredad inferior.
2. En cuanto contraviniere a las leyes y ordenanzas que provean al beneficio de la navegación o flote, o reglen la distribución de las aguas entre los propietarios riberanos. 3. Cuando las aguas fueren necesarias para los menesteres domésticos de los habitantes de un pueblo vecino; pero en este caso se dejará una parte a la heredad, y se la indemnizará de todo perjuicio inmediato. Si la indemnización no se ajusta de común acuerdo, podrá el pueblo pedir la expropiación del uso de las aguas en la parte que corresponda. COMUNIDAD EN SU USO
[§ 3952] ART. 894.—El uso de las aguas que corren por entre dos heredades corresponde en común a los dos riberanos, con las mismas limitaciones, y será reglado, en caso de disputa, por la autoridad competente, tomándose en consideración los derechos adquiridos por prescripción u otro título, como en el caso del artículo precedente, número 1. CAUCES ARTIFICIALES
[§ 3953] ART. 895.—Las aguas que corren por un cauce artificial, construido a expensa ajena, pertenecen exclusivamente al que, con los requisitos legales, haya construido el cauce. AGUAS LLUVIAS EN CAMINOS PÚBLICOS
[§ 3954] ART. 896.—El dueño de un predio puede servirse como quiera, de las aguas lluvias que corren por un camino público y torcer su curso para servirse de ellas. Ninguna prescripción puede privarle de este uso. [§ 3955 a 3970] Reservados.
CAPÍTULO II
Servidumbres legales CLASES
[§ 3971] ART. 897.—Las servidumbres legales son relativas al uso público, o a la utilidad de los particulares. Las servidumbres legales, relativas al uso público, son: El uso de las riberas en cuanto sea necesario para la navegación o flote. Y las demás determinadas por las leyes respectivas. USO DE LAS RIBERAS
[§ 3972] ART. 898.—Los dueños de las riberas serán obligados a dejar libre el espacio necesario para la navegación o flote a la sirga, y tolerarán que los
navegantes saquen sus barcas y balsas a tierra, las aseguren a los árboles, las carenen, saquen sus velas, compren los efectos que libremente quieran vendérseles, y vendan a los riberanos los suyos; pero sin permiso del respectivo riberano y de la autoridad local no podrán establecer ventas públicas. El propietario riberano no podrá cortar el árbol a que actualmente estuviere atada una nave, barca o balsa. SERVIDUMBRE DE USO DE RIBERAS [§ 3973] D. 2811/74. ART. 118.—Los dueños de predios ribereños están obligados a dejar libre de edificaciones y cultivos el espacio necesario para los usos autorizados por ministerio de la ley, o para la navegación, o la administración del respectivo curso o lago, o la pesca o actividades similares. En estos casos sólo habrá lugar a indemnización por los daños que se causaren. Además de lo anterior, será aplicable el artículo 898 del Código Civil.
DETERMINACIÓN
[§ 3974] ART. 899.—Las servidumbres legales de la segunda especie, son así mismo determinadas por las leyes sobre policía rural, con excepción de lo que aquí se dispone respecto de algunas de tales servidumbres. DESLINDE
[§ 3975] ART. 900.—Todo dueño de un predio tiene derecho a que se fijen los límites que lo separan de los predios colindantes, y podrá exigir a los respectivos dueños que concurran a ello, haciéndose la demarcación a expensas comunes (§ 3877, 4022). [§ 3976] CPC. ART. 460.—Partes. Pueden demandar el deslinde y amojonamiento el propietario pleno, el nudo propietario, el usufructuario y el comunero del bien que se pretenda deslindar, y el poseedor material con más de un año de posesión. Si el dominio del predio contiguo está limitado o se halla en estado de indivisión, la demanda se dirigirá contra los titulares de los correspondientes derechos reales principales.
[§ 3977]
JURISPRUDENCIA.—En la oposición al deslinde se pueden debatir aspectos relativos a los títulos de propiedad."Ni al amparo de la ley procesal de 1931, ni menos a la luz de la de 1971, puede afirmarse entonces que el único objeto del proceso de deslinde de y amojonamiento es la fijación de linderos de acuerdo con los títulos, y que en él toda otra cuestión es totalmente extraña a sus fines. Esto puede ser cierto en la etapa inicial del proceso, la que implica una aceptación de la titularidad no discutida y el amojonamiento es el resultado o la expresión del contenido espacial de tales títulos; no en la etapa ordinaria en la cual, para determinar la legalidad o ilegalidad de la demarcación hecha, tienen que estudiarse hechos referentes al dominio alegados por el inconforme como mocito de su oposición". (CSJ, Cas. Civil, Sent. abr. 24/84). NOTA: En el mismo sentido se pronunció la Corte en Sentencia de julio 3 de 1988.
[§ 3978] JURISPRUDENCIA.—Características de la acción de deslinde. "c) Las
características principales de la acción de deslinde son las de ser real, inmueble, imprescriptible, facultativa para los dueños de predios colindantes y obligatoria para el propietario a quien se demanda; d) La finalidad primordial de la acción de deslinde es la de fijar la materialidad del lindero o línea de separación entre los terrenos o predios y "... ello pone en claro que el deslinde en sí, por su objeto y fines, no controvierte otra cosa que la línea concreta y definida de separación sobre el terreno de los predios adyacentes. El juez se encuentra llamado a garantizar la paz y la seguridad de los dueños de los predios colindantes por medio de la línea que señala donde termina el señorío de cada uno y empieza el de los demás. Por eso la ley le ordena dejar "a las partes en posesión de los respectivos terrenos, con arreglo a la línea, si ninguna de las partes se opone" —artículo 464 del Código de Procedimiento Civil— o como obvio, cuando no triunfa la oposición". (G.J. CIX, 148). e) El deslinde es una típica contención entre propietarios o titulares de derecho real de terrenos contiguos, y quien promueve una acción de este linaje está reconociendo el derecho de dominio o propiedad del demandado, aunque pretende que por la jurisdicción y por la vía del proceso correspondiente se determine de manera definitiva cuál es la línea material o espacial que divide o separa sus predios que hasta ese momento es confusa, equívoca e incierta. Sobre el punto tiene dicho la jurisprudencia de esta Corporación: (...); f) La acción de deslinde no se puede confundir con las acciones posesorias ni mucho menos con la acción reivindicatoria. Frente a ellas puede tener algunas similitudes pero sus diferencias son sustanciales (...). Las controversias sobre dominio no son ni pueden ser ajenas al proceso de deslinde e inclusive la alegación de la posesión para fundamentar la prescripción adquisitiva extintiva de dominio, sea ordinaria o extraordinaria, según el caso. Naturalmente que el escenario para dirimir tales discusiones es el proceso ordinario en el que deviene aquél cuando se presenta oposición a la línea demarcatoria fijada por el juez del conocimiento. La dificultad inicial que sobre el punto existía fue aclarada en su momento por la jurisprudencia de la Corte, pero ya quedó definitivamente solucionada con la expedición del Código de Procedimiento Civil, artículo 466; g) No habiéndose hecho aún la demarcación o fijado la línea material divisoria entre los terrenos objeto de deslinde, como secuela de la confusión e incertidumbre existentes entre los propietarios no puede predicarse derecho de dominio específico y concreto de uno de ellos sobre las partes objeto de controversia, ni tampoco pretender que uno o los dos sean invasores perturbadores de la posesión del otro. Cada uno está ejerciendo su legítimo derecho mientras no se le demuestre lo contrario a través de la acción posesoria o reivindicatoria, mas nunca la de deslinde que solamente se limita a determinar dicha relación espacial entre los predios, y h) La sentencia que se pronuncia en el proceso de deslinde es constitutiva o atributiva de dominio, ello en atención a la confusión o incertidumbre existente entre los propietarios respecto de la verdadera y precisa línea de separación entre sus terrenos, pero nunca declarativa de dicho derecho. Esto es, el fallo proferido otorga un estado jurídico preciso y determinado. Concretamente a cada propietario le define hacia el futuro, y con
características de cosa juzgada, cual es la extensión de su respectivo predio, sin posibilidades de que el otro pueda perturbarlo legalmente en lo sucesivo en su posesión y disfrute de la franja que le fue entregada por orden judicial". (CSJ, Cas. Civil, Sent. ago. 14/95, Exp. 4040. M.P. Nicolás Bechara Simancas).
ELIMINACIÓN DE MOJONES
[§ 3979] ART. 901.—Si se ha quitado de su lugar alguno de los mojones que deslinda predios comunes, el dueño del predio perjudicado tiene derecho para pedir que el que lo ha quitado lo reponga a su costa, y le indemnice de los daños que de la remoción se le hubieren originado, sin perjuicio de las penas con que las leyes castiguen el delito. DERECHO A CERRAMIENTO
[§ 3980] ART. 902.—El dueño de un predio tiene derecho para cerrarlo o cercarlo por todas partes, sin perjuicio de las servidumbres constituidas a favor de otros predios. El cerramiento podrá consistir en paredes, fosos, cercas vivas o muertas. USO DEL CERCO
[§ 3981] ART. 903.—Si el dueño hace el cerramiento del predio a su costa y en su propio terreno, podrá hacerlo de la calidad y dimensiones que quiera. Y el propietario colindante no podrá servirse de la pared, foso o cerca para ningún objeto, a no ser que haya adquirido este derecho por título o por prescripción de ocho años contados como para la adquisición del dominio. CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE CERCAS COMUNES
[§ 3982] ART. 904.—El dueño de un predio podrá obligar a los dueños de los predios colindantes a que concurran a la construcción y reparación de cercas divisorias comunes. El juez, en caso necesario, reglará el modo y forma de la concurrencia; de manera que no se imponga a ningún propietario un gravamen ruinoso. La cerca divisoria, construida a expensas comunes, estará sujeta a la servidumbre de medianería. TRÁNSITO PARA PREDIOS ENCLAVADOS
[§ 3983] ART. 905.—Si un predio se halla destituido de toda comunicación con el camino público, por la interposición de otros predios, el dueño del primero tendrá derecho para imponer a los otros la servidumbre de tránsito, en cuanto fuere indispensable para el uso y beneficio de su predio, pagando el valor del terreno necesario para la servidumbre, y resarciendo todo otro perjuicio (§ 6086). [§ 3984] JURISPRUDENCIA.—Caracteres de la servidumbre legal de tránsito. "De lo dicho pueden sacarse las siguientes conclusiones:
1. Que la servidumbre legal de tránsito existe no sólo en favor de los fundos que carecen de todo acceso a la vía pública sino también de los que no tienen más que una salida insuficiente para la explotación de ellos. 2. Que en la conveniencia social de la explotación del predio dominante encuentra dicha servidumbre su fundamento y al propio tiempo sus límites, sin que haya que hacer distinción alguna entre explotación agrícola o explotación industrial o explotación minera. 3. Que la servidumbre legal no se constituye por título distinto del hecho mismo de la incomunicación, sino que existe de pleno derecho, porque es la ley la que directamente la establece, y es en consecuencia preexistente a toda determinación judicial, hasta el punto de que la necesidad o no necesidad de acudir a la justicia para el ejercicio efectivo de ella sólo depende de la situación de hecho existente: si el titular del derecho no necesita modificar los hechos existentes para conformarlos a su derecho, carece de interés la intervención de los jueces que, con su decisión, nada le agregan ni le quitan a ese derecho, sino que simplemente determinan, cuando es el caso, un cambio en la situación de hecho preexistente. 4. Que en consecuencia, la servidumbre de tránsito, cuando se trata de una servidumbre legal impuesta por la ley, existe independientemente de todo título (a menos que se entienda por tal, como entiende la Corte de casación francesa, el hecho mismo del encerramiento), porque la norma jurídica que los exige para las servidumbres discontinuas de todas las clases y para las continuas inaparentes sólo se refiere a las servidumbres voluntarias''. (CSJ, Cas. Civil, Sent. sep. 2/36).
INDEMNIZACIÓN Y EJERCICIO
[§ 3985] ART. 906.—Si las partes no se convienen, se reglará por peritos, tanto el importe de la indemnización como el ejercicio de la servidumbre. [§ 3985-1] JURISPRUDENCIA.—El monto de la indemnización para la imposición de servidumbres de conducción de energía eléctrica debe cenirse a lo preceptuado por la Ley 56 de 1981. "Está claro que, en general, se le reconoce al juez un amplio
margen de discrecionalidad para valorar el acervo probatorio y formar libremente su convencimiento a la luz de los principios de la sana critica; pero no puede hacer de este un ejercicio arbitrario, por lo que sus estimaciones deben sustentarse en criterios objetivos. Precisamente, cuando no es así el juez puede incurrir en una vía de hecho por defecto fáctico. En este sentido y no en otro hay que entender el artículo 31 de la Ley 56 de 1981 cuando establece que “[c]on base en los estimativos, avalúos, inventarios o pruebas que obren en el proceso, el juez dictará sentencia, señalará el monto de la indemnización y ordenará su pago”. El tribunal de Barranquilla debió tener en cuenta en su fallo los preceptos que regulan el procedimiento para la imposición de servidumbres de conducción de energía eléctrica. Entre estos, especialmente el artículo 29 de la Ley 56 de 1981, que dispone que cuando el propietario del bien gravado no esté conforme con el estimativo de los perjuicios presentados con la demanda de imposición de servidumbre, la tasación de la indemnización por los daños que se causen se haga por medio de dictamen pericial, y remite al artículo 21 de la misma ley en lo relacionado con el procedimiento a seguir para la designación de peritos; artículo que además establece que “En caso de desacuerdo en
el dictamen —como sucedió en el caso que se estudia— se designará un tercer perito, dirimente,...”, lo que se omitió. Así mismo, el tribunal también debió atender al procedimiento que rige la objeción al dictamen pericial, especialmente el numeral 6º del artículo 238 del Código de Procedimiento Civil que establece “...el juez podrá acoger como definitivo el practicado para probar la objeción o decretar de oficio uno nuevo con distintos peritos, que será inobjetable, pero del cual se dará traslado para que las partes puedan pedir que se complemente o aclare” (resalta la Sala). Y de esta manera, darle la oportunidad a las partes de ejercer sus derechos de contradicción respecto de la tasación de la indemnización. No obstante, el tribunal no tuvo en cuenta lo anterior. Con todo y que en su fallo desechó el dictamen que se había practicado en la primera instancia del proceso de imposición de servidumbre, porque en este se consideró que el gravamen causó un perjuicio equivalente a una zona urbanizada, lo que en su parecer no puede ser admitido como hecho cierto, y consideró la inexistencia de un segundo dictamen como una “limitación técnica”; de esta manera falló considerando la única prueba con que contaba, aparte del informe, que es la inspección judicial, la que tomó “como prueba en lo referente al área de la servidumbre y al reconocimiento del inmueble en cuestión”. Conforme lo que se ha explicado, queda claro entonces que, lo que para el tribunal cuestionado fue una “limitación técnica”, es decir, la no existencia de un segundo dictamen pericial; para esta Sala significa la ausencia de un elemento de prueba necesario para que en un proceso abreviado de imposición de servidumbre pública de conducción de energía eléctrica el fallador contara con un referente objetivo para tasar el monto de la indemnización. Lo anterior no se puede entender en el sentido de que se esté imponiendo algún tipo de tarifa legal en materia probatoria. De ninguna manera, como claramente lo establece el artículo 233 del Código de Procedimiento Civil “La peritación es procedente para verificar hechos que interesen al proceso y requieran especiales conocimientos científicos, técnicos o artísticos”. Entonces, el propósito de un dictamen pericial radica en brindarle al juez elementos de juicio sobre aspectos de los que ordinariamente no tiene el conocimiento especializado que el caso requiere, precisamente para que pueda fundar su decisión en criterios objetivos y no en su parecer inexperto. Por esta misma razón, por ejemplo, no sería correcto en un caso como el que se estudia suplir el dictamen pericial, como medio de prueba, con el contenido de la inspección judicial, porque el juez no es una persona idónea para dar un concepto técnico sobre estas materias, si así fuera, no sería necesaria la prueba pericial. En conclusión, esta Sala encuentra que hubo vía de hecho en la sentencia de la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Barranquilla, y se vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia (C. Const., Sent. T.-818, sep. 18/2003, M.P. Jaime Araújo Rentería).
EXTINCIÓN
[§ 3986] ART. 907.—Si concedida la servidumbre de tránsito, en conformidad a los artículos precedentes, llega a no ser indispensable para el predio dominante, por la adquisición de terrenos que le dan un acceso cómodo al camino, o por otro medio, el dueño del predio sirviente tendrá derecho para pedir que se le exonere de la servidumbre, restituyendo lo que, al establecer ésta, se le hubiere pagado por el valor del terreno.
SERVIDUMBRE DE TRÁNSITO FORZOSA
[§ 3987] ART. 908.—Si se vende o permuta alguna parte de un predio, o si es adjudicada a cualquiera de los que lo poseían pro indiviso, y en consecuencia, esta parte viene a quedar separada del camino, se entenderá concedida a favor de ella una servidumbre de tránsito, sin indemnización alguna (§ 5256, 6086). MEDIANERÍA
[§ 3988] ART. 909.—La medianería es una servidumbre legal, en virtud de la cual, los dueños de dos predios vecinos que tienen paredes, fosos o cercas divisorias comunes, están sujetos a las obligaciones recíprocas que van a expresarse. CAUSA
[§ 3989] ART. 910.—Existe el derecho de medianería para cada uno de los dos dueños colindantes, cuando consta, o por alguna señal aparece que han hecho el cerramiento de acuerdo y a expensas comunes. PRESUNCIONES
[§ 3990] ART. 911.—Toda pared de separación entre dos edificios se presume medianera, pero sólo en la parte en que fuere común a los edificios mismos. Se presume medianero todo cerramiento entre corrales, jardines y campos, cuando cada una de las superficies contiguas esté cerrada por todos lados; si una sola está cerrada de este modo, se presume que el cerramiento le pertenece exclusivamente (§ 0273). IMPOSICIÓN DE MEDIANERÍA
[§ 3991] ART. 912.—En todos los casos, y aun cuando conste que una cerca o pared divisoria pertenece exclusivamente a uno de los predios contiguos, el dueño del otro predio tendrá el derecho de hacerla medianera en todo o en parte, aun sin el consentimiento de su vecino, pagándole la mitad del valor del terreno en que está hecho el cerramiento, y la mitad del valor actual de la porción del cerramiento cuya medianería pretende. USO DE LA PARED MEDIANERA
[§ 3992] ART. 913.—Cualquiera de los dos condueños que quiera servirse de pared medianera para edificar sobre ella, o hacerla sostener el peso de una construcción nueva, debe primero solicitar el consentimiento de su vecino, y si éste lo rehúsa, provocará un juicio práctico en que se dicten las medidas necesarias para que la nueva construcción no dañe al vecino. En circunstancias ordinarias se entenderá que cualquiera de los condueños de una pared medianera puede edificar sobre ella, introduciendo maderos hasta la distancia de un decímetro de la superficie opuesta; y que si el vecino quisiere, por su parte, introducir maderos en el mismo paraje, o hacer una chimenea, tendrá el derecho de recortar los maderos de su vecino, hasta el medio de la pared, sin
dislocarlos. REMISIÓN A NORMAS POLICIVAS
[§ 3993] ART. 914.—Si se trata de pozos, letrinas, caballerizas, chimeneas, hogares, fraguas, hornos u otras obras de que pueda resultar daño a los edificios o heredades vecinas, deberán observarse las reglas prescritas por las leyes de policía, ora sea medianera, o no, la pared divisoria. Lo mismo se aplica a los depósitos de pólvora, de materias húmedas o infectas y de todo lo que pueda dañar a la solidez, seguridad y salubridad de los edificios (§ 4344). [§ 3994 a 4020] Reservados.
REGLAS PARA ELEVAR PARED MEDIANERA
[§ 4021] ART. 915.—Cualquiera de los condueños tiene el derecho de elevar la pared medianera, en cuanto lo permitan las leyes de policía, sujetándose a las reglas siguientes: 1. La nueva obra será enteramente a su costa. 2. Pagará al vecino a título de indemnización, por el aumento de peso que va a cargar sobre la pared medianera, la sexta parte de lo que valga la obra nueva. 3. Pagará la misma indemnización todas las veces que se trate de reconstruir en la pared medianera. 4. Será obligado a elevar a su costa las chimeneas del vecino, situadas en la pared medianera. 5. Si la pared medianera no es bastante sólida para soportar el aumento de peso, la reconstruirá a su costa, indemnizando al vecino por la remoción y reposición de todo lo que por el lado de éste cargaba sobre la pared o estaba pegado a ella. 6. Si reconstruyendo la pared medianera fuere necesario aumentar su espesor, se tomará este aumento sobre el terreno del que construya la obra nueva. 7. El vecino podrá, en todo tiempo, adquirir la medianería de la parte nuevamente levantada, pagando la mitad del costo total de ésta, y el valor de la mitad del terreno sobre que se haya extendido la pared medianera, según el inciso anterior. EXPENSAS
[§ 4022] ART. 916.—Las expensas de construcción, conservación y reparación del cerramiento serán a cargo de todos los que tengan derecho de propiedad en él, a prorrata de los respectivos derechos. Sin embargo, podrá cualquiera de ellos exonerarse de este cargo abandonando su derecho de medianería, pero sólo cuando el cerramiento no consista en una pared que sostenga un edificio de su pertenencia.
[§ 4023 a 4040] Reservados.
ÁRBOLES
[§ 4041] ART. 917.—Los árboles que se encuentran en la cerca medianera son igualmente medianeros; y lo mismo se extiende a los árboles cuyo tronco está en la línea divisoria de dos heredades, aunque no haya cerramiento intermedio. Cualquiera de los dos condueños puede exigir que se derriben dichos árboles, probando que de algún modo le dañan; y si por algún accidente se destruyen, no se repondrán sin su consentimiento. MERCEDES DE AGUAS
[§ 4042] ART. 918.—Las mercedes de aguas que se conceden por autoridad competente, se entenderán sin perjuicio de derechos anteriormente adquiridos en ellas (§ 2594, 4347). CONCESIONES PARA USO DE AGUAS [§ 4043] D. 2811/74. ART. 88.—Salvo disposiciones especiales, sólo puede hacerse uso de las aguas en virtud de concesión.
[§ 4044] D. 2811/74. ART. 89.—La concesión de un aprovechamiento de aguas estará sujeta a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se destina.
[§ 4045] D. 2811/74. ART. 90.—La prelación para otorgar concesiones de agua se sujetará a las disposiciones de este código.
[§ 4046] D. 2811/74. ART. 91.—En caso de escasez, de sequía u otros semejantes, previamente determinados, y mientras subsistan, se podrán variar la cantidad de agua que puede suministrarse y el orden establecido para hacerlo.
CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES DE LAS CONCESIONES [§ 4047] D. 2811/74. ART. 92.—Para poder otorgarla, toda concesión de aguas estará sujeta a condiciones especiales previamente determinadas para defender las aguas, lograr su conveniente utilización, la de los predios aledaños y, en general, el cumplimiento de los fines de utilidad pública e interés social inherentes a la utilización. No obstante lo anterior, por razones especiales de conveniencia pública, como la necesidad de un cambio en el orden de prelación de cada uso, o el acaecimiento de hechos que alteren las condiciones ambientales, podrán modificarse por el concedente las condiciones de la concesión, mediante resolución administrativa motivada y sujeta a los recursos contencioso administrativos previstos por la ley.
OTROS MODOS DE ADQUIRIR DERECHOS AL USO DE AGUAS [§ 4048] D. 2811/74. ART. 98.—Los modos de adquirir derecho a usar las aguas se regirán según lo previsto para los
referentes al uso de los recursos naturales de dominio público.
[§ 4049 a 4070] Reservados.
ACUEDUCTO
[§ 4071] ART. 919.—Toda heredad está sujeta a la servidumbre de acueducto en favor de otra heredad que carezca de las aguas necesarias para el cultivo de sementeras, plantaciones o pastos, o en favor de un pueblo que las haya menester para el servicio doméstico de los habitantes, o en favor de un establecimiento industrial que las necesite para el movimiento de sus máquinas. Esta servidumbre consiste en que puedan conducirse las aguas por la heredad sirviente, a expensas del interesado; y está sujeta a las reglas que van a expresarse (§ 3921, 4086, 4331, 4347). SERVIDUMBRE DE ACUEDUCTO [§ 4072] D. 2811/74. ART. 107.—Para imponer servidumbres de acueducto en interés privado de quien tenga derecho a usar el agua, se determinarán la zona que va a quedar afectada con la servidumbre, las características de la obra y las demás modalidades concernientes al ejercicio de dicha servidumbre. Esta determinación se hará con citación previa del propietario del fundo que ha de soportar la servidumbre, de los titulares de derechos reales sobre el mismo y de las personas a quienes ésta beneficie, y con arreglo a las demás disposiciones del Código de Procedimiento Civil que fueren pertinentes. En la misma forma se procederá cuando sea necesario modificar las condiciones de una servidumbre ya existente.
[§ 4073] D. 1541/78 ART. 125.—En concordancia con lo establecido por el artículo 919 del Código Civil, toda heredad está sujeta a la servidumbre de acueducto en favor de otra heredad que carezca de las aguas necesarias para el cultivo de sementeras, plantaciones o pastos, o en favor de un pueblo que las haya menester para el servicio doméstico de los habitantes o en favor de un establecimiento industrial que las necesite para el movimiento de sus máquinas y para sus procesos industriales.
[§ 4074] D. 1541/78 ART. 128.—En conformidad con le artículo 46 del Decreto 1382 de 1940, se presume gravado con servidumbre de acueducto todo predio, que esté atravesado por una derivación de aguas provenientes de corrientes de uso público.
PREDIOS EXONERADOS
[§ 4075] ART. 920.—Las casas, y los corrales, patios, huertas y jardines que de ellas dependan, no están sujetos a la servidumbre de acueducto. CARACTERÍSTICAS DEL ACUEDUCTO
[§ 4076] ART. 921.—Se hará la conducción de las aguas por un acueducto que no permita derrames; en que no se deje estancar el agua ni acumular basuras y que tenga de trecho en trecho los puentes necesarios para la cómoda administración y cultivo de las heredades sirvientes.
REALIZACIÓN DEL ACUEDUCTO
[§ 4077] ART. 922.—El derecho de acueducto comprende el de llevarlo por un rumbo que permita el libre descenso de las aguas y que por la naturaleza del suelo no haga excesivamente dispendiosa la obra. Verificadas estas condiciones, se llevará el acueducto por el rumbo que menos perjuicio ocasione a los terrenos cultivados. El rumbo más corto se mirará como el menos perjudicial a la heredad sirviente, y el menos costoso al interesado, si no se probare lo contrario. El juez conciliará en lo posible los intereses de las partes, y en los puntos dudosos decidirá a favor de las heredades sirvientes. COMPENSACIONES
[§ 4078] ART. 923.—El dueño del predio sirviente tendrá derecho para que se le pague el precio de todo el terreno que fuere ocupado por el acueducto; el de un espacio a cada uno de los costados, que no bajará de un metro de anchura en toda la extensión de su curso, y podrá ser mayor por convenio de las partes, o por disposición del juez, cuando las circunstancias lo exigieren; y un diez por ciento más sobre la suma total. Tendrá, además, derecho para que se le indemnice de todo perjuicio ocasionado por la construcción del acueducto y por sus filtraciones y derrames que puedan imputarse a defectos de construcción. PERMISOS PARA EL CUIDADO DEL ACUEDUCTO
[§ 4079] ART. 924.—El dueño del predio sirviente es obligado a permitir la entrada de trabajadores para la limpia y reparación del acueducto, con tal que se dé aviso previo al administrador del predio. Es obligado asimismo a permitir, con este aviso previo, la entrada de un inspector o cuidador; pero sólo de tiempo en tiempo, o con la frecuencia que el juez, en caso de discordia y atendidas las circunstancias, determinare (§ 3881, 3882, 4331). PLANTACIÓN Y OBRA NUEVA
[§ 4080] ART. 925.—El dueño del acueducto podrá impedir toda plantación u obra nueva en el espacio lateral de que habla el artículo 923 (§ 4078). ALTERNATIVAS A UN NUEVO ACUEDUCTO
[§ 4081] ART. 926.—El que tiene a beneficio suyo un acueducto en su heredad, puede oponerse a que se construya otro en ella, ofreciendo paso por el suyo a las aguas de que otra persona quiera servirse; con tal que de ello no se siga un perjuicio notable al que quiera abrir un nuevo acueducto.
Aceptada esta oferta, se pagará al dueño de la heredad sirviente el valor del suelo ocupado por el antiguo acueducto (incluso el espacio lateral de que habla el artículo 923), a prorrata del nuevo volumen de agua introducido en él, y se le reembolsará, además, en la misma proporción lo que valiere la obra en toda la longitud que aprovechare al interesado. Este, en caso necesario, ensanchará el acueducto a su costa y pagará el nuevo terreno ocupado por él, y por el espacio lateral, y todo otro perjuicio; pero sin el diez por ciento de recargo (§ 4078). INTRODUCCIÓN DE MAYOR VOLUMEN
[§ 4082] ART. 927.—Si el que tiene un acueducto en heredad ajena quisiere introducir mayor volumen de agua en él, podrá hacerlo, indemnizando de todo perjuicio a la heredad sirviente. Y si para ello fueren necesarias nuevas obras, se observará respecto a éstas lo dispuesto en el artículo 923 (§ 4078). SERVIDUMBRE DE TRANSITO PARA TRANSPORTE DE AGUA Y ABREVADEROS [§ 4083] D. 2811/74. ART. 115.—La servidumbre de tránsito para transporte de agua, consiste en el de la que se necesite llevar en vasijas, de una corriente de uso público, a través de predio rural ajeno, cuando se tiene derecho a tomar las aguas según las normas legales. Todo dueño de heredad disfrutará de esta servidumbre cuando carezca de agua propia o le sea insuficiente.
[§ 4084] D. 2811/74. ART. 116.—El dueño de heredad que carezca de las aguas necesarias gozará de servidumbre de tránsito para abrevaderos, que consiste en llevar los animales a través de uno o más predios rurales ajenos para que beban en corrientes o depósitos de agua de dominio público.
[§ 4085] D. 2811/74. ART. 117.—Para la constitución de las servidumbres de que tratan los artículos anteriores y para usarlas se requiere que no se causen perjuicios a quien actualmente necesite de las aguas y esté haciendo uso legítimo de ellas, y en cuanto tales servidumbres se ejerzan por los lugares y en las horas que el dueño del predio sirviente señalare. Se podrán hacer cesar estas servidumbres cuando el propietario del predio sirviente demuestre que son innecesarias. También se podrá modificar el modo de usarlas cuando con él se cause perjuicio grave al predio sirviente. Las controversias para constituir estas servidumbres o su ejercicio se resolverán por la justicia ordinaria.
DRENAJE Y CANALES DE DESAGÜE
[§ 4086] ART. 928.—Las reglas establecidas para la servidumbre de acueducto se extienden a los que se construyan para dar salida y dirección a las aguas sobrantes, y para desecar pantanos y filtraciones naturales por medio de zanjas y canales de desagüe. [§ 4087 a 4100] Reservados.
ABANDONO
[§ 4101] ART. 929.—Abandonado un acueducto, vuelve el terreno a la propiedad y uso exclusivo del dueño de la heredad sirviente, que sólo será obligado a restituir lo que se le pagó por el valor del suelo. OBRAS PARA IMPEDIR INCOMUNICACIÓN
[§ 4102] ART. 930.—Siempre que las aguas que corren a beneficio de particulares, impidan o dificulten la comunicación con los predios vecinos, o embaracen los riegos o desagües, el particular beneficiado deberá construir los puentes, canales y otras obras necesarias para evitar este inconveniente. SERVIDUMBRE DE LUZ
[§ 4103] ART. 931.—La servidumbre legal de luz tiene por objeto dar luz a un espacio cualquiera, cerrado y techado; pero no se dirige a darle vista sobre el predio vecino, esté cerrado o no. CONDICIONES
[§ 4104] ART. 932.—No se puede abrir ventana o tronera de ninguna clase en una pared medianera, sino con el consentimiento del condueño. El dueño de una pared no medianera puede abrirlas en ella en el número y de las dimensiones que quiera. Si la pared no es medianera sino en una parte de su altura, el dueño de la parte no medianera goza de igual derecho en esta. No se opone al ejercicio de la servidumbre de luz la contigüidad de la pared al predio vecino. EJERCICIO DE LA SERVIDUMBRE DE LUZ
[§ 4105] ART. 933.—La servidumbre legal de luz está sujeta a las condiciones que van a expresarse: 1. La ventana estará guarnecida de rejas de hierro, y una red de alambre, cuyas mallas tengan tres centímetros de abertura o menos. 2. La parte inferior de la ventana distará del suelo de la vivienda a que da luz, tres metros a lo menos. CESACIÓN POR PARED MEDIANERA
[§ 4106] ART. 934.—El que goza de la servidumbre de luz no tendrá derecho para impedir que en el suelo vecino se levante una pared que le quite la luz. Si la pared divisoria llega a ser medianera, cesa la servidumbre legal de luz, y sólo tiene cabida la voluntaria, determinada por mutuo consentimiento de ambos dueños. DISTANCIA MÍNIMA ENTRE CONSTRUCCIONES
[§ 4107] ART. 935.—No se pueden tener ventanas, balcones, miradores o
azoteas, que den vista a las habitaciones, patios o corrales de un predio vecino, cerrado o no; a menos que intervenga una distancia de tres metros. La distancia se medirá entre el plano vertical de la línea más sobresaliente de la ventana, balcón, etc., y el plano vertical de la línea divisoria de los dos predios, siendo ambos planos paralelos. No siendo paralelos los dos planos, se aplicará la misma medida a la menor distancia entre ellos. AGUAS LLUVIAS
[§ 4108] ART. 936.—No hay servidumbre legal de aguas lluvias. Los techos de todo edificio deben verter sus aguas lluvias sobre el predio a que pertenecen, o sobre la calle o camino público o vecinal, y no sobre otro predio, sino con voluntad de su dueño. [§ 4109 a 4120] Reservados.
CAPÍTULO III
De las servidumbres voluntarias CONSTITUCIÓN
[§ 4121] ART. 937.—Cada cual podrá sujetar su predio a las servidumbres que quiera, y adquirirlas sobre los predios vecinos, con la voluntad de sus dueños, con tal que no se dañe con ellas al orden público, ni se contravenga a las leyes. Las servidumbres de esta especie pueden también adquirirse por sentencia de juez, en los casos previstos por las leyes. PARTICIÓN DE PREDIO CON SERVICIO CONTINUO Y APARENTE
[§ 4122] ART. 938.—Si el dueño de un predio establece un servicio continuo y aparente en favor de otro predio que también le pertenece, y enajena después uno de ellos, o pasan a ser de diversos dueños por partición, subsistirá el mismo servicio con el carácter de servidumbre entre los dos predios, a menos que en el título constitutivo de la enajenación o de la partición se haya establecido expresamente otra cosa. CUÁLES PUEDEN ADQUIRIRSE POR PRESCRIPCIÓN
[§ 4123] ART. 939.—Subrogado. L. 95/890, art. 9º. Las servidumbres discontinuas de todas clases y las continuas inaparentes sólo pueden adquirirse por medio de un título; ni aun el goce inmemorial bastará para constituirlas. Las servidumbres continuas y aparentes pueden constituirse por título o por prescripción de diez años, contados como para la adquisición del dominio de fundos (§ 3311, 3875, 4306, 12858, 12872).
CÓMO PUEDE SUPLIRSE EL TÍTULO
[§ 4124] ART. 940.—El título constitutivo de servidumbre puede suplirse por el reconocimiento expreso del dueño del predio sirviente. La destinación anterior, según el artículo 938, puede servir también de título (§ 4122). DERECHOS Y OBLIGACIONES
[§ 4125] ART. 941.—El título o la posesión de la servidumbre por el tiempo señalado en el artículo 939, determina los derechos del predio dominante y las obligaciones del predio sirviente (§ 4123).
CAPÍTULO IV
De la extinción de las servidumbres CAUSALES
[§ 4126] ART. 942.—Las servidumbres se extinguen: 1. Por la resolución del derecho del que las ha constituido. 2. Por la llegada del día o de la condición, si se ha establecido de uno de estos modos. 3. Por la confusión, o sea la reunión perfecta e irrevocable de ambos predios en manos de un mismo dueño. Así, cuando el dueño de uno de ellos compra el otro, perece la servidumbre, y si por una venta se separan, no revive; salvo el caso del artículo 938; por el contrario, si la sociedad conyugal adquiere una heredad que debe servidumbre a otra heredad de uno de los dos cónyuges, no habrá confusión sino cuando, disuelta la sociedad, se adjudiquen ambas heredades a una misma persona. 4. Por la renuncia del dueño del predio dominante. 5. Por haberse dejado de gozar durante veinte años. En las servidumbres discontinuas corre el tiempo desde que han dejado de gozarse; en las continuas, desde que se haya ejecutado un acto contrario a la servidumbre. INTERRUPCIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN
[§ 4127] ART. 943.—Si el predio dominante pertenece a muchos proindiviso, el goce de uno de ellos interrumpe la prescripción respecto de todos; y si contra uno de ellos no puede correr la prescripción no puede correr contra ninguno (§ 6957, 12893, 13022). REINICIO
[§ 4128] ART. 944.—Si cesa la servidumbre por hallarse las cosas en tal estado que no sea posible usar de ellas, revivirá desde que deje de existir la imposibilidad, con tal que esto suceda antes de haber transcurrido veinte años. ADQUISICIÓN Y PÉRDIDA PARCIALES
[§ 4129] ART. 945.—Se puede adquirir y perder por la prescripción un modo particular de ejercer la servidumbre, de la misma manera que podría adquirirse o perderse la servidumbre misma. [§ 4130 a 4150] Reservados.
TÍTULO XII
De la reivindicación DEFINICIÓN
[§ 4151] ART. 946.—La reivindicación o acción de dominio es la que tiene el dueño de una cosa singular, de que no está en posesión, para que el poseedor de ella sea condenado a restituirla. [§ 4152] JURISPRUDENCIA.— Posibles tipos de controversia: títulos contra mera posesión del demandado, o, títulos contra títulos. "a) Cuando se presenta el primer evento y se da la necesidad de enfrentar títulos con la mera posesión, se debe partir de la base de que esta última exista realmente en forma ininterrumpida por un período mayor al que cubre el título de dominio que aduzca el demandante respecto de la cosa que reivindica. En efecto, el Código Civil en el artículo 762 establece que "la posesión es la tenencia de una cosa determinada con ánimo de señor o dueño", y es precisamente este último elemento de orden subjetivo el que la distingue de la simple tenencia, tal como ya reiteradamente lo ha precisado la jurisprudencia al decir: "según la teoría (...) clásica, que fue la acogida en el punto por los redactores de nuestro estatuto civil, de los dos elementos que la integran es el animus el característico y relevante de la posesión y por tanto el que tiene la virtud de trocar en posesión la mera tenencia. Para que ésta exista es bastante la detentación material; aquélla, en cambio, exige no sólo la tenencia sino el ánimo de tener para sí la cosa ( animus remsibi habendi ), o sea el de tenerle como señor o dueño ( animus domini ). (...). Si por definición la posesión supone la concurrencia en el mismo individuo del corpus y del animus, lógico es que ella no se adquiera, por regla general, sino desde el instante en que se unan esos dos presupuestos frente a una cosa determinada en la misma persona. Pero si para adquirirla se requiere, en principio, la suma de esos dos elementos, para conservar la posesión, basta, generalmente, mantener su elemento subjetivo". (JGT CLXVI, pág. 50). Pero, no resulta suficiente para enervar la pretensión que el demandado sea poseedor del bien, sino que, además, debe probar en forma contundente que esa posesión ha sido ininterrumpida por un período suficiente que le asegure que el actor, con los títulos que aduce, no pueda desvirtuar la presunción de dominio que ampara la situación posesoria así establecida, postulado éste acerca de cuyo significado dijo esta Corporación en la
Sentencia del 25 de mayo de 1990, "La anterioridad del título del reivindicante apunta no sólo a que la adquisición de su derecho sea anterior a la posesión del demandado, sino al hecho de que ese derecho esté a su turno respaldado por la cadena ininterrumpida de los títulos de sus antecesores, que sí datan de una época anterior a la del inicio de la posesión del demandado, permiten el triunfo del reivindicante. Entonces, no sólo cuando el título de adquisición del dominio del reivindicante es anterior al inicio de la posesión del demandado, sino inclusive cuando es posterior, aquél puede sacar avante su pretensión si demuestra que el derecho que adquirió lo obtuvo su tradente a través de un título registrado, y que éste a su turno lo hubo de un causante que adquirió en idénticas condiciones; derecho que así concebido es anterior al inicio de la posesión del demandado, quien no ha adquirido la facultad legal de usucapir" (...). b) La última censura, relativa al supuesto error de derecho del fallador en la apreciación de los títulos aducidos por la demandante para demostrar su derecho de dominio, tiene que ver con la segunda hipótesis que se puede configurar en un proceso reivindicatorio, es decir, el enfrentamiento entre el título aducido por el actor y los títulos y posesión del demandado, ante el cual dice la jurisprudencia que "trábase por este aspecto un debate que el juzgador debe soltar, dando la preferencia a aquél de los litigantes que resulte investido de la titularidad prevaleciente sobre la aportada por su contrario". (Sent. sept. 18/68). También ha dicho la Corte que en este segundo evento en torno al cual puede girar una acción reivindicatoria, "a su vez, se pueden presentar estas dos situaciones: que los títulos provengan de un mismo antecesor o, por el contrario, que emanen de diversas personas. Si ocurre lo primero se resolverá en principio, según la prioridad de la inscripción del título; si sucede lo segundo, debe prevalecer forzosamente el título que ofrezca las mejores condiciones de validez y antigüedad" (Sent. jun. 25/81); es decir, en este último caso el juzgador se ve forzado a "confrontar la titulación y definir cuál debe prevalecer por resultar más eficaz en la demostración del señorío", resultando así para ambos eventos indispensable el registro de la escritura en la oficina correspondiente, puesto que sin éste, un título no podrá alcanzar la eficacia necesaria para dar la calidad de dueño". (CSJ, Cas. Civil, Sent. oct. 23/92. M.P. Carlos Esteban Jaramillo Schloss).
[§ 4153] JURISPRUDENCIA.—No se requiere declaración previa de pertenencia para quien ha adquirido por prescripción. "Para promover la reivindicación la demandante no necesitaba ejercitar previamente la acción declarativa de pertenencia por usucapión. Habiéndose consumado la prescripción adquisitiva treintenaria y habiéndose adquirido por este medio la propiedad del inmueble, la acción reivindicatoria podía ejercerse prósperamente por quien alegaba una posesión fundada en título posterior al presentado por la actora. Precisamente uno de los efectos propios de la usucapión es conferir al prescribiente acción para exigir la restitución de la cosa en caso de que sea privado de su posesión" (CSJ, Cas. Civil, Sent. mar. 5/54). [§ 4154] JURISPRUDENCIA.—Se debe individualizar el predio por sus linderos. “De lo anterior se desprende que no son objeto de reivindicación: a) las universalidades jurídicas como el patrimonio y la herencia; b) las cosas que no están debidamente individualizadas o determinadas. Un predio es una cosa singular como especie o cuerpo cierto. Pero para que pueda ser objeto de la reivindicación, hay que indicar con precisión su ubicación y linderos, de modo
que quede debidamente determinado y no haya lugar a dudas o confusiones”. (CSJ, Cas. Civil, Sent. dic. 6/55).
[§ 4155] JURISPRUDENCIA.— Puede atacarse el título del demandado en la acción reivindicatoria."La jurisprudencia ha distinguido, invariablemente, entre la acción de simple propiedad, en la que se pide que el demandante es dueño de una determinada cosa, de la acción reivindicatoria, que es la que tiene el titular de un derecho real de que no está en posesión para que el poseedor o tenedor de él sea obligado a restituírselo. De ahí por qué en la acción reivindicatoria no está obligado el demandante a pedir que se le declare dueño de la cosa que pretende reivindicar, pero está, necesariamente, obligado a demostrar que es dueño de la cosa, toda vez que el carácter de propietario es no solamente hecho de indispensable demostración en acciones de esta índole sino que, como lo tiene explicado la jurisprudencia "es condición axiológica de la acción de propiedad cuya no demostración conlleva el inevitable fracaso de la acción". Es decir, la acción reivindicatoria puede ejercitarse en forma autónoma o directamente; pero si el demandado posee la cosa alegando ser dueño de ella, como habrá de destruírsele esta pretendida calidad para que proceda la reivindicación, entonces, es apenas obvio, deben ejercitarse conjuntamente ambas acciones, la de propiedad y la reivindicatoria. O lo que es lo mismo, en un solo libelo puede buscarse la anulación indirecta y la descalificación del título del demandado para, despejada la vía, darle prevalencia al título del actor y poder proferir la disposición de entrega de la materia de la litis". (CSJ, Cas. Civil, Sent. nov. 23/56). [§ 4156] Reservado.
[§ 4157] JURISPRUDENCIA.—No se requiere que el reivindicante haya entrado en posesión del bien."Al otorgarle el artículo 946 esta acción al dueño de cosa singular "de que no está en posesión" adoptó esta fórmula del proyecto original de Bello que sustituyó la consagrada en el 1853 (art. 1030) que expresaba: "cuya posesión ha perdido". De esta suerte quedó clara y acertadamente definida la milenaria polémica doctrinal acerca de si para la procedencia de la reivindicación era o no necesario que el actor ya hubiera entrado en posesión de la cosa, v.gr. porque le hubiera sido entregada por el tradente y que posteriormente hubiera perdido dicha posesión. Se dice que la solución de nuestro código es la acertada porque, se repite, que la acción reivindicatoria emana directamente del derecho de dominio y, además, porque en el sistema del mismo código este derecho se adquiere mediante la sola inscripción registral del título traslaticio en tratándose de inmuebles, o por una tradición ficta o simbólica en los bienes muebles" (CSJ, Cas. Civil, Sent. ago. 19/69). NOTA: Sentencia en el mismo sentido la del 1º de julio de 1987.
[§ 4158] JURISPRUDENCIA.— La acción reivindicatoria excluye los casos en que la posesión del demandado provenga de un contrato entre las partes. "La pretensión reivindicatoria excluye de suyo todos los casos en que la posesión del demandado sea de naturaleza contractual, es decir, se rija por un contrato celebrado entre el dueño y el actual poseedor. En tales casos, mientras el contrato subsista constituye ley para las partes (C.C. art. 1602) y como tal tiene que ser respetado por ellas. Entonces, la restitución de la cosa poseída, cuya posesión legitima el acuerdo de voluntades, no puede demandarse sino con el apoyo en alguna cláusula que la prevea, mientras el pacto está vigente. La pretensión reivindicatoria sólo puede tener cabida si se la deduce como
consecuencia de la declaración de simulación, de nulidad, o de resolución o terminación del contrato, es decir, previa la supresión del obstáculo que impide su ejercicio". (CSJ, Cas. Civil, Sent. mar. 12/85).
[§ 4159] JURISPRUDENCIA.— Presupuestos axiológicos de la reivindicación. "Doctrina y jurisprudencia han venido sosteniendo en forma reiterada y uniforme que para la prosperidad de esta acción es necesario acreditar los siguientes presupuestos: a) derecho de dominio en cabeza del actor; b) posesión del bien materia del reivindicatorio por el demandado; c) identidad del bien poseído con aquel del cual es propietario el demandante; y d) que se trate de cosa singular o cuota proindiviso en cosa singular. Es claro entonces que la acción reivindicatoria, cual es en suma restituir a su dueño la cosa de que no está en posesión y que otro detenta en esa calidad, no exige ningún otro presupuesto adicional distinto a los acabados de citar''. (CSJ, Cas. Civil, Sent. jul. 1º/87).
[§ 4160] JURISPRUDENCIA.—Sólo puede reivindicarse contra el poseedor, nunca contra el tenedor. "3. Ello no obstante, bien puede suceder que el propietario no sea el poseedor de la cosa, al igual que, en ocasiones, quien ejerce la posesión puede no ser sin embargo el dueño del bien objeto de la misma. 4. Precisamente en ese orden de ideas, desde los romanos se instituyó como una de las acciones in rem en el derecho civil, la denominada actio reivindicatio en virtud de la cual, el titular del derecho de dominio desprovisto de la posesión, tiene legitimación para impetrar la resolución del bien por aquel que materialmente lo detenta como si fuera su dueño, sin serlo, y ejerce actos voluntarios sobre ese bien, como si lo fuese. 5. Con todo, la sola aprehensión y contacto material con la cosa no implica posesión, pues bien puede ocurrir que falte el elemento intencional y volitivo para considerarse como dueño en quien la detenta; es decir, que aunque exista el corpus se encuentre ausente el animus domini, como sucede con el arrendatario, el comodatario o el depositario, quienes no obstante estar en contacto material y personal con la cosa — corpus—, carecen sin embargo de la intención y voluntad requeridas para comportarse como dueños del bien —animus domini—, pues, por el contrario reconocen que otro es el propietario y sólo tienen la affectio tenendi. 6. En ese orden de ideas, surge como corolario indiscutible que la acción reivindicatoria exige que sea la demandada el poseedor y no en el mero tenedor de la cosa, por lo que necesariamente ha de concluirse que si ella se dirige contra este último y no contra el primero, ella no puede culminar con sentencia favorable al actor". (CSJ, Cas. Civil, Sent. sep. 12/94, Exp 4377. M.P. Pedro Lafont Pianetta).
[§ 4161] JURISPRUDENCIA.—El silencio del demandado no lo convierte en poseedor. "Así las cosas, ante la evidencia de que el demandado silencioso no es el poseedor, adviene como resultado la condena a pagar perjuicios al demandante; no así que, contra la realidad, se le tenga como poseedor y se profiera sentencia estimativa. Es que para decirlo de una vez por todas, la reivindicación no se abre paso ante semejante evidencia, cualquiera haya sido la actitud del demandado, porque es de su esencia que éste, quien en últimas es el que debe soportar la condena a restituir, sea poseedor; por modo que aun en el evento en que el demandado haya confesado tal
calidad, si luego aflora incontestable que no es sino mero tenedor, lo que bien puede ser desde luego que la confesión es susceptible de infirmarse, la solución en tal caso es la desestimación de la pretensión, si ya no es que, en aplicación del último inciso del artículo 59, quepa la citación oficiosa del tercero. c) No es todo, ni siquiera es dable aplicar en la precisa eventualidad que se estudia, la jurisprudencia reiterada de la Corte que habla de la aceptación implícita de la calidad de poseedor derivada de la conducta del demandado. Porque es lo cierto que tal doctrina ha partido, siempre y en todo supuesto, del asentimiento tácito del demandado; o, lo que es lo mismo, tiene como hontanar insustituible el silencio observado por dicha parte en relación con la posesión que se le achaca". (CSJ, Cas. Civil, Sent. feb. 27/95, Exp. 4365. M.P. Rafael Romero Sierra).
[§ 4162] JURISPRUDENCIA.— Sin prueba del dominio no procede nunca la reivindicación. “Con fundamento en los artículos 946, 947, 950 y 952 del Código Civil, la jurisprudencia se ha encargado de estructurar la acción reivindicatoria o de dominio, apoyándola en los siguientes elementos: derecho de dominio del demandante; posesión actual del demandado, identidad entre el bien perseguido por el demandante y el poseído por el demandado, y tener por objeto una cosa singular reivindicable o cuota determinada proindiviso de una cosa singular. Los dos primeros elementos definen los extremos subjetivos de la pretensión, identificando por ende los legítimos contradictores, que no son otros que el titular del dominio por el aspecto activo y el poseedor actual de la cosa por el pasivo, quien por razón de la presunción consagrada por el artículo 762 del Código Civil, se reputa dueño del bien en disputa, instituyéndose así la acción como un instrumento idóneo para desvirtuar la presunción y tutelar el verdadero dominio. En el asunto sub judice, el sentenciador no halló la prueba del derecho dominio afirmado por el actor sobre los bienes de cuya reivindicación se trata. Por consiguiente, negó la tutela jurídica reclamada, pues dada la ausencia de dicho derecho, entendió desvanecida la facultad de persecución inherente a él”. (CSJ, Cas. Civil, Sent. may 9/97. Exp. 4577. M.P. José Fernando Ramírez Gómez). [§ 4163 a 4180] Reservados.
CAPÍTULO I
Qué cosas pueden reivindicarse NO SON REIVINDICABLES LAS COMPRADAS EN FERIAS
[§ 4181] ART. 947.—Pueden reivindicarse las cosas corporales, raíces y muebles. Exceptúanse las cosas muebles, cuyo poseedor las haya comprado en una feria, tienda, almacén u otro establecimiento industrial en que se vendan cosas muebles de la misma clase. Justificada esta circunstancia, no estará el poseedor obligado a restituir la cosa,
si no se le reembolsa lo que haya dado por ella y lo que haya gastado en repararla y mejorarla (§ 2408, 6771, 11512). NOTA: Donde dice "establecimiento industrial", debe leerse "establecimiento comercial". La norma se refiere a la venta de cosas en tales establecimientos.
REIVINDICACIÓN DE DERECHOS
[§ 4182] ART. 948.—Los otros derechos reales pueden reivindicarse como el dominio, excepto el derecho de herencia. Este derecho produce la acción de petición de herencia, de que se trata en el libro 3º (§ 2437, 5871). [§ 4183] JURISPRUDENCIA.—Diferencias entre la reivindicación y la petición de herencia. "Todos los derechos reales pueden reivindicarse, excepto el de herencia. Este tiene su modo legal de ejercicio bajo el nombre de petición de herencia. Es la acción que corresponde a quien por ley o testamento pertenece una herencia ocupada por otro en calidad de heredero, para que le sea adjudicada y se le restituyan las cosas hereditarias. La acción reivindicatoria se distingue de la de petición de herencia por razones de origen, objeto, partes, controversia y pruebas, así: 1. La reivindicatoria se origina del derecho de dominio; la de petición de herencia se origina del derecho real de herencia; 2. La reivindicatoria tiene por objeto una cosa singular, esto es, particular, determinada y cierta; la de petición de herencia tiene por objeto una cosa universalidad con universalidad de derecho no de universalidad de hecho (hay universalidad de hecho, como un rebaño, una biblioteca, que pueden reivindicarse); 3. La reivindicatoria corresponde al verdadero dueño, contra el que posee una cosa singular que no es suya; la de petición de herencia corresponde al legítimo heredero contra el que ocupa indebidamente una herencia diciéndose heredero; 4. La reivindicatoria da origen a un juicio en el que se discute la calidad de dueño; la de petición da origen a un juicio en que se discute la calidad de heredero, y 5. La reivindicatoria impone al actor la carga de probar el derecho de propiedad que invoca; la de petición impone al actor la carga de probar su calidad de heredero". (CSJ, Cas. Civil, Sent. sep. 28/36).
[§ 4184] JURISPRUDENCIA.—Los legados pueden ser reivindicados. "Ahora bien, como legatario de especie, en las condiciones apuntadas, es propietario del cuerpo cierto que se le ha legado, síguese que es titular del derecho de reivindicarlo para sí, y no para la sucesión, aun en el evento de que no se le haya hecho adjudicación del mismo. Por el contrario, el heredero, por ser asignatario a título universal, calidad que la otorga desde la muerte del causante el derecho real de herencia, pero no el real de dominio, mientras en la partición no se le adjudiquen especies, no puede demandar para sí la reivindicación de las mismas, precisamente por carecer de dominio sobre los distintos cuerpos ciertos que compone el haber herencial''. (CSJ, Cas. Civil, Sent. oct. 4/77). [§ 4185] JURISPRUDENCIA.—La propiedad sobre bienes incorporales puede ser reivindicada. "A medida que la organización jurídica adquiere flexibilidad para adaptarse a las necesidades de la vida social en creciente desarrollo, la abstracción científica separa cada vez mejor la idea del derecho, su existencia y eficacia ante los tribunales, del hecho que materializa su ejercicio y del objeto del mismo sobre el cual recae. Y así como no es posible confundir la propiedad con la posesión dentro de sistemas normativos evolucionados ha de entenderse de la misma manera que las cosas incorporales son susceptibles de dominio y consiguientemente de reivindicación, acomodada, eso sí, a la
naturaleza específica del derecho cuya titularidad ante la justicia es materia de súplica. (...). 2. Si los derechos subjetivos patrimoniales son cosas incorporales (3º, 353), y los otros derechos reales pueden reivindicarse como el dominio (984), desaparece cualquiera duda acerca de que el derecho de propiedad sobre bienes incorporales legitima plenamente a su titular en reivindicación, del propio modo que aparece claro cómo esos bienes incorporales son cosas que pueden reivindicarse. 3. El esfuerzo humano aplicado a diversas actividades lícitas que por su importancia y beneficio exigen no sólo aptitudes especiales, sino también vigilancia, consagración y esmero a través del tiempo, ha dado origen a una suerte de cosas incorporales que integran y resumen un conjunto de elementos de índole variada en función de servicio y con sentido de la unidad económica. Se trata de fenómenos creadores de bienes complejos que no salen de la categoría de objetos patrimoniales. No de la formación de estos colectivos con capacidad activa y pasiva como sujetos de derecho. Es lo que sucede con lo que comúnmente se conoce con el nombre de fondo de comercio o establecimiento comercial, integrado no sólo por el surtido de mercancías o artículos diversos que se renuevan y constantemente se sustituyen, sino también por la ubicación en el espacio, el equipo y accesorios, nombre y emblema y otras características que le otorgan determinada fisonomía, así como fama y clientela. Claro es que se combinan y congregan elementos de índole varia, materiales e inmateriales, pero es obvio asimismo que radica allí algo trascendente que singulariza y determina en derecho la incorporalidad funcional en que el dominio recae, con eficacia superior en ocasiones al que tiene por objeto simples cosas corporales. Y así como es de indiscutible validez la transferencia de esa propiedad incorporal por acto entre vivos, no puede negársele la aptitud para ser transmitida por causa de muerte, ni menos aún privarla del derecho que confiere al titular, de persecución erga omnes". (CSJ, Cas. Civil, Sent. abr. 22/60).
REIVINDICACIÓN DE CUOTA
[§ 4186] ART. 949.—Se puede reivindicar una cuota determinada proindiviso de una cosa singular. [§ 4187]
JURISPRUDENCIA.—Reivindicación de cuota y de cosa singular en copropiedad. "Es, pues, indispensable que el título de dominio invocado por el actor incorpore a su esfera la integridad de lo que reivindica, de donde resulta: que si lo reivindicado es cosa singular, el título debe abarcar la totalidad de la misma cosa; que si apenas se trata de una cuota pro indiviso en una cosa singular, el título ha de comprender la plenitud de la misma cuota; y que si la cosa singular reivindicable está en comunidad, la acción ha de intentarse, no en favor de uno o más de los condóminos aislada o autónomamente considerados, sino en pro de conjunto de los mismos o, como se dice de ordinario, para la comunidad". (CSJ, Cas. Civil, Sent. abr. 30/63).
[§ 4188] JURISPRUDENCIA .—Reivindicación de cuota. ”7. De esta manera, resulta que A. V. S., pretendiendo reivindicar en su totalidad el bien inmueble determinado en la
demanda, arrima títulos que eventualmente sólo podrían acreditarlo como propietario de una cuota determinada proindiviso de ese bien cuya restitución persigue. Así las cosas, no demostró el demandante el derecho de propiedad exclusivo que lo legitimaría para ejercer la acción de que trata la demanda incoatoria del proceso. Desde luego que en el punto no sobra advertir que el artículo 949 del Código Civil contempla la posibilidad de reivindicar la cuota parte de una cosa, pero, como es evidente, siendo el todo individualmente distinto de la cuota, el propietario de esta que pide la totalidad, pretende un objeto y un derecho que no tiene. Así lo han definido muy bien tanto la doctrina como la jurisprudencia, a propósito de lo cual cabe transcribir lo expresado por la Corte al respecto: “Desde la perspectiva de la normatividad, no es igual afirmar que se es dueño exclusivo de un bien pero demostrar que apenas se tiene el derecho sobre una parte individualizada del objeto, que pretenderse propietario único y luego comprobar que se es titular de un derecho de cuota. Lo primero se gobierna por las reglas propias del derecho de dominio. Y si bien estas reglas son indispensables para lo segundo, no son, en cambio, suficientes, pues, como nadie se atrevería a negarlo, se las debe articular con las de la comunidad. Aproximando el punto de vista sobre el que se viene discurriendo a las reglas pertinentes a la reivindicación, se ve cómo la primera hipótesis se ajusta, sin más, al artículo 946 del Código Civil. En cambio, la segunda tiene inevitablemente que contar, también, con el artículo 949 ib.” (Cas. Civ. de 30 de junio de 1989).” (CSJ, Cas. Civil, Sent. mayo 13/97. Exp. 4687. M.P. Rafael Romero Sierra). [§ 4189 a 4210] Reservados.
CAPÍTULO II
Quién puede reivindicar TITULARES
[§ 4211] ART. 950.—La acción reivindicatoria o de dominio corresponde al que tiene la propiedad plena o nuda, absoluta o fiduciaria de la cosa (§ 2437, 2476, 4312, 9648, 11300, 11685, 12207). [§ 4212] JURISPRUDENCIA.—Puede reivindicar también el propietario limitado y condicional. "Reiteradamente ha dicho la doctrina de la Corte que si el derecho de propiedad se ha de entender como el poder jurídico que su titular tiene sobre una cosa para usar, gozar y disponer de ella directamente y sin respecto a determinada persona, la restitución que se busca mediante la acción reivindicatoria no pasa de ser una consecuencia necesaria del carácter absoluto o erga omnes de ese derecho. Puede reivindicar, por lo tanto, no sólo el verdadero propietario que tenga la propiedad libre de toda condición y limitación, el dueño de un bien que no se halle gravado con un derecho real principal a favor de otra persona; sino también el propietario que está obligado a restituir la cosa eventualmente en caso de verificarse una condición, o el nudo
propietario cuyo dominio esté limitado por un derecho de usufructo, de uso o de habitación''. (CSJ, Cas. Civil, Sent. dic. 14/77). [§ 4213] JURISPRUDENCIA.— Nada impide que en desarrollo de un proceso dirigido a obtener la reivindicación este sea enajenado por el demandante . (....). Porque a la postre, nada impide que en desarrollo del proceso dirigido a obtener la reivindicación de un bien, este sea enajenado por quien promueve la contienda procesal, solo que, de conformidad con el artículo 60 del Código de Procedimiento Civil, en ese evento el nuevo adquirente es mirado como un litisconsorte del anterior titular, y de inscribirse la demanda en el registro correspondiente, cual permite el numeral 1º del artículo 690 ibídem, este mismo deberá estarse a las resultas del proceso, pues por la publicidad de las anotaciones registrales, los efectos del fallo también se extienden a él (CPC, art. 332), sin que tal acontecer desemboque, per se, en la aplicación incorrecta o en la interpretación errónea de las normas que gobiernan la reivindicación" (CSJ, Cas. Civil, Sent. ago 23/2004. Exp. 7515. M.P. Edgardo Villamil Portilla).
ACCIÓN PUBLICIANA
[§ 4214] ART. 951.—Se concede la misma acción aunque no se pruebe dominio, al que ha perdido la posesión regular de la cosa, y se hallaba en el caso de poderla ganar por prescripción. Pero no valdrá ni contra el verdadero dueño, ni contra el que posea con igual o mejor derecho (§ 3383, 3539). [§ 4215] JURISPRUDENCIA.—El poseedor en vía de prescribir puede reivindicar. "En otras palabras, quien ostente por veinte años una posesión material idónea para la prescripción extraordinaria de dominio (C.C., art. 2531), está legitimado para pretender, como dueño, la reivindicación de la posesión perdida, porque no sólo obra en su favor la presunción de dominio consagrada por el artículo 762 del Código Civil, sino el propio modo señalado, pues la ley acepta como dueño de un bien a quien lo haya poseído materialmente durante el lapso legal, extraordinario para el caso, ya que la sentencia judicial en estos casos se instituye como puramente declarativa, por cuanto se limita a declarar la existencia de la determinada situación jurídica atributiva del derecho de dominio, como hecho consunado. Es que, como también lo ha predicado la Corte Suprema de Justicia, para promover la acción reivindicatoria no es necesario que previamente se haya propuesto la acción declarativa de pertenencia por usucapión, porque habiéndose consumado la prescripción adquisitiva y habiéndose adquirido por este medio la propiedad del inmueble, la acción reivindicatoria puede ejercitarse prósperamente contra quien alegue una posesión fundada en título posterior al presentado por el actor. Precisamente uno de los efectos propios de la usucapión es conferir al prescribiente acción para exigir la restitución de la cosa en caso de que sea privado de su posesión (Sent. mar. 5/54 y sep. 30/54, G.J.LXXVII, 75 y LXXVIII , 704, respectivamente)”. (CSJ, Cas. Civil, Sent. jul. 30/96. Exp. 4514. M.P. José F. Ramírez Gómez). [§ 4216 a 4230] Reservados.
CAPÍTULO III
Contra quién se puede reivindicar
LEGITIMACIÓN PASIVA
[§ 4231] ART. 952.—La acción de dominio se dirige contra el actual poseedor. [§ 4231-1]
JURISPRUDENCIA.—No es posible reivindicar contra quien ejerce derecho de retención. "No obstante que el poseedor y el retenedor muestran aparentemente una similar relación con la cosa, es decir un poder de hecho, difieren en cuanto a que la calidad de poseedor supone el ánimo de permanecer en ella como dueño, mientras que el retenedor no alcanza esa voluntad de señorío, porque desde el momento mismo en que por decisión judicial se le concede el derecho de retener prescinde de cualquier relación anterior para ubicarse, con particular efecto, como detentador hasta tanto no se le pague la suma de dinero que justificó un pronunciamiento en tal sentido, o se le asegure a satisfacción la acreencia que legitima la retención; por consiguiente, confiere el derecho a oponerse a todo aquél que pretende algún derecho sobre el bien". "Entonces, cuando el detentador justifica esa relación fáctica, el propietario para alcanzar la restitución de la cosa tiene expedita determinada vía judicial, mas no la reivindicatoria puesto que ésta persigue la restitución del bien al dueño con enfrentamiento ante el poseedor como lo previene el artículo 952 del Código Civil". "El derecho, pues, del retenedor a conservar la cosa, impide al deudor-propietario a compeler la entrega hasta tanto no satisfaga el crédito en favor de aquél o asegure el pago. Por eso se insiste: no es el cauce de un proceso reivindicatorio el atinente para la restitución. La garantía, en suerte del detentador, es suficiente para mantener, al margen de cualquiera otra consideración de hecho o de derecho, la tenencia de la cosa, en la medida en que permanezca ejerciendo el derecho de retención". "El derecho de retención, mientras no se haya extinguido por algún medio válido, resta posibilidad al deudor para procurar la cosa. El respeto a la retención se convierte en un deber del propietario. En cambio, cuando se ha operado el fenómeno extintor sí puede el dueño ejercitar la acción de dominio, puesto que la relación de tenencia, justificada por la ley, desaparece o pierde eficacia su oponibilidad". (CSJ, Cas. Civil, Sent. ago. 26/86. M.P. José Alejandro Bonivento Fernández).
[§ 4232] JURISPRUDENCIA.—La posesión del demandado se puede demostrar por confesión. "Para demostrar judicialmente que entre una persona determinada y cierto bien se ha establecido una relación de hecho, por virtud de la cual aquélla ha ejercido sobre éste actos materiales de uso, conservación y transformación, sometiéndolo al ejercicio del derecho real de propiedad, que es así que ordinariamente corresponden dichos actos, el derecho probatorio no exige prueba específica; y si bien los medios más adecuados para demostrar la posesión son el testimonio y la inspección judicial, no por eso puede decirse que éstos sean los únicos, o que, como lo pregona la sentencia aquí impugnada, la confesión del demandado sea medio probatorio inidóneo o ineficaz. 3º Como de vieja data lo viene diciendo la Corte en jurisprudencia que por su legalidad no es posible desconocer, cuando el demandado en acción de dominio, al contestar la demanda inicial del proceso, confiesa ser el poseedor del inmueble en litigio, esa confesión tiene la virtualidad suficiente para demostrar a la vez la posesión del demandado y la identidad del bien que es material del pleito. La citada confesión releva al
demandante de toda prueba sobre estos extremos de la acción y exonera al juzgador de analizar otras probanzas tendientes a demostrar la posesión''. (CSJ, Cas. Civil, Sent. jun. 16/82).
[§ 4232-1] JURISPRUDENCIA.—Efectos diversos de la confesión del demandado en proceso reivindicatorio. “A decir verdad, la posición que en este proceso asumió el señor A. O., fácticamente no armoniza con los casos que han dado origen a la directriz jurisprudencial antes señalada, porque si bien es cierto que en las múltiples sentencias que al respecto existen, incluyendo las referenciadas en esta providencia, se ha sostenido que “cuando el demandado en acción de dominio, al contestar la demanda judicial del proceso, confiesa ser el poseedor del inmueble en litigio, esa confesión tiene virtualidad suficiente para demostrar a la vez la posesión del demandado y la identidad del bien que es materia del pleito”, quedando relevado el “demandante de toda prueba sobre esos extremos de la acción” y exonerado el juzgador “de analizar otras probanzas tendientes a demostrar la posesión”, lo claro es que esa consecuencia probatoria de confesión y hecho admitido, respectivamente, y por ende excluido de la carga de la prueba del demandante, sólo se puede pregonar en cualquier caso del hecho posesorio, sobre un bien cuya propiedad disputa con el demandante, pero no de la identidad del bien, pues como aquí sucede, cuando el demandado afirma una posesión derivada de su dominio, implícitamente está negando la identidad, ya que ésta sólo se puede entender admitida, como con claridad lo dice la propia Corte en las providencias invocadas, cuando “el demandado confiesa ser poseedor del inmueble en litigio”. Pero además, esa misma jurisprudencia advierte las consecuencias que de la conducta procesal del demandado deben colegirse por principio en la medida en que se cumplan los señalados requisitos, consecuencias éstas en las que no se verifica que faltando uno o alguno de éstos el juzgador quede relevado de examinar el conjunto de pruebas restantes para definir si está o no demostrado el elemento de la identidad. Si en abstracto se analiza la doctrina de la Corte, se nota que ella se estructura a partir de las siguientes premisas: si con ocasión de la acción reivindicatoria el demandado confiesa ser poseedor del bien perseguido por el demandante o alega la prescripción adquisitiva respecto de él, esa confesión apareja dos consecuencias probatorias: a) el demandante queda exonerado de demostrar la posesión y la identidad del bien, porque el primer elemento resulta confesado y el segundo admitido, b) el juzgador queda relevado de analizar otras probanzas tendientes a demostrar la posesión. Ahora, como en el caso examinado el demandado confesó ser poseedor anteponiendo la calidad de propietario del inmueble, la consecuencia probatoria no trascendía más allá del fenómeno posesorio, porque la admisión del presupuesto de la identidad suponía que la confesión de la posesión estuviera referida al “inmueble en litigio” según la tradicional doctrina de la Corte. Desde luego, que aún bajo el segundo supuesto, es decir, referida la posesión confesada al mismo inmueble en litigio, nada obsta para que el juzgador en el momento en que encuentre elementos de juicio que justifique hacerlo para decidir el litigio con arreglo a derecho, en acatamiento del principio consagrado por el artículo 187 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 230 de la Constitución Política, proceda a analizar el hecho admitido de la identidad en conjunto con el resto del acervo probatorio, y así definir su prueba en el respectivo proceso” (CSJ, Cas. Civil, Sent. mar. 14/97. Exp. 3692. M.P. José Fernando Ramírez Gómez).
LLAMAMIENTO DE POSEEDOR
[§ 4233] ART. 953.—El mero tenedor de la cosa que se reivindica es obligado a declarar el nombre y residencia de la persona a cuyo nombre la tiene. [§ 4234] CPC. ART. 59.—Modificado. D.E. 2282/89, art. 1º, num. 21. Llamamiento de poseedor o tenedor. El que teniendo una cosa a nombre de otro sea demandado como poseedor de ella, deberá expresarlo así en la contestación de la demanda, indicando el domicilio o residencia y la habitación u oficina del poseedor, so pena de ser condenado en el mismo proceso a pagar los perjuicios que su silencio cause al demandante. El juez ordenará citar al poseedor designado y para estos efectos se aplicará lo dispuesto en el artículo 56. Si el citado comparece y reconoce que es poseedor, se tendrá como parte en lugar del demandado, quien quedará fuera del proceso. En este caso el juez dará traslado de la demanda al poseedor, por auto que no requerirá notificación personal Si el citado no comparece o niega su calidad de poseedor, el proceso continuará con el demandado, pero la sentencia surtirá sus efectos respecto de este y del poseedor por él designado. Lo dispuesto en el presente artículo se aplicará a quien fuere demandado como tenedor de una cosa, si la tenencia radica en otra persona. Cuando en el expediente aparezca la prueba de que el verdadero poseedor o tenedor es otra persona, el juez de primera instancia de oficio ordenará su citación.
IMPOSTOR DE MALA FE
[§ 4235] ART. 954.—Si alguien, de mala fe, se da por poseedor de la cosa que se reivindica sin serlo, será condenado a la indemnización de todo perjuicio que de este engaño haya resultado al actor (§ 2544, 3491). [§ 4236] JURISPRUDENCIA.—El llamamiento no excluye la posibilidad de que el tenedor sea demandado en reivindicación. "De acuerdo con el claro contenido de estas normas, por regla general sólo el actual poseedor de la cosa puede ser el sujeto pasivo de la demanda reivindicatoria; excepcionalmente ésta podrá dirigirse contra el que fue poseedor y dejó de serlo. Pero como el ánimo de señor y dueño, elemento que junto con la tenencia configura la posesión, es un hecho interno y por ende no susceptible de apreciación a primera vista, el reivindicador puede cuando ignore el carácter en que la cosa es tenida por otra persona, dirigir la acción contra ese tenedor. Demandado en esa calidad, el mero tenedor de la cosa debe declarar que no la tiene a su nombre y expresar el de la persona a cuyo nombre la detenta y la residencia de ésta, puesto que él, precisamente por no ser poseedor, no es legítimo contradictor en el juicio; y si oculta su situación y sigue el proceso con la aparente categoría de poseedor, exponiendo con su conducta al demandante a que pierda el dominio por la prescripción que seguirá corriendo en favor del verdadero poseedor, ejecuta un hecho ilícito que lo hace responsable de los perjuicios que de él resulten para el actor. Tal es la preceptiva contenida en los artículos 953 y 954 del Código Civil. De ella se infiere que no es que el legislador haya excepcionado el principio considerando al tenedor como posible sujeto pasivo de la reivindicación, sino que, precisamente para determinar la persona del poseedor verdadero, le impone ciertas obligaciones según sea la conducta que asuma en el juicio''. (CSJ, Cas. Civil, Sent. oct. 4/71).
REIVINDICACIÓN POR EL PRECIO DE BIEN ENAJENADO
[§ 4237] ART. 955.—La acción de dominio tendrá lugar contra el que enajenó la cosa para la restitución de lo que haya recibido por ella, siempre que por haberla enajenado se haya hecho imposible o difícil su persecución; y si la enajenó a sabiendas de que era ajena, para la indemnización de todo perjuicio. El reivindicador que recibe del enajenador lo que se ha dado a éste por la cosa, confirma por el mismo hecho la enajenación (§ 8723, 11505). [§ 4238] JURISPRUDENCIA.—Es aplicable en trabajos públicos. "En ciertos casos, por ejemplo, cuando el dominio se ha perdido por razón de ocupación permanente a consecuencia de los llamados "trabajos públicos", aunque su titular no pueda jurídicamente obtener que se le restituya la posesión de la cosa ocupada, está capacitado sin embargo, para solicitar la indemnización correspondiente, es decir, para que se le resarza el perjuicio derivado de la pérdida de su derecho y de la manera de ejercerlo, cual es entre otros, la posesión del bien. Otro tanto ocurre y debe ocurrir con los demás derechos reales principales. Concretamente para la acción de dominio, cuando quien la ejerce no puede obtener que se le restituya la cosa por haber sido enajenada por el poseedor, el artículo 955 del Código Civil faculta al primero para pedir a éste el precio de la enajenación y si fue hecha "a sabiendas de que era ajena, para la indemnización de todo perjuicio". (CSJ, Cas. Civil, Sent. ene. 22/80).
[§ 4238-1] JURISPRUDENCIA.—Fundamento legal de las acciones subsidiarias de la reivindicatoria. "En efecto y como lo tiene señalado la doctrina jurisprudencial de vieja
data, esa disposición es categórica en otorgarle al dueño de una cosa que ha sido enajenada por otro, dos acciones que son subsidiarias de la reivindicatoria propiamente dicha cuando el ejercicio de ésta última, en la que constituye su configuración corriente, se ha hecho imposible o sencillamente se ha dificultado por causa de tal enajenación, creándose así una especie de "...acción reivindicatoria figurada..." en la cual, dirigida como va contra aquella persona que dejó de poseer la cosa, cambia por fuerza su objeto pues ya no se persigue la cosa misma sino la restitución del precio recibido por dicha persona o según sea el caso, el resarcimiento de todo perjuicio. La mutación se hace posible entonces en gracia de una ficción impuesta por la ley y desde este punto de vista existe por lo tanto plena identidad entre las dos acciones mencionadas, pero es así mismo evidente que lo propio no puede afirmarse del tipo de prestaciones pecuniarias sustitutivas que a través de ellas puede reclamar el "reivindicante", había cuenta que la razón de ser de ambas, su fundamento en el ámbito de las fuentes de las obligaciones, y en consecuencia el régimen sustantivo que les es aplicable, no son en verdad equiparables, ello en virtud de que, como lo ha indicado la Corte, una es la acción restitutoria del precio de la enajenación "...que procede contra el enajenante de la cosa con independencia de la buena o mala fe con que haya procedido..." y otra "...la acción indemnizatoria de todos los perjuicios irrogados al propietario con la maliciosa distracción de su cosa..."; aquélla, "...no constituye aplicación de la responsabilidad por el hecho ilícito, la cual supone, conforme a los artículos 2341 del Código Civil y 34 de la Ley 153 de 1887, el dolo o la culpa del agente o agentes, sino que encuentra su ubicación y fundamento en otra fuente de las obligaciones, también reconocida por la ley: el enriquecimiento injusto. Como este se produciría si el enajenante de lo ajeno pudiera
retener el precio recibido, aun de buena fe, con el otorgamiento de la acción de restitutio in integrum de dicho precio y nada más se restablece el equilibrio roto entre los patrimonios del dueño de la cosa y de quien la ha enajenado como si fuera propia...", mientras que en tratándose de la segunda de tales acciones subsidiarias, "...sí es determinante el principio de la responsabilidad extracontractual. Quien enajena una cosa a sabiendas de que es ajena, ya no sólo obtiene un enriquecimiento subsanable con la acción de restitución del precio, sino que realiza un típico acto ilícito que le impone la obligación de indemnizar la totalidad de los perjuicios irrogados al propietario..." (G.J. Tomo CXXII, pág. 49)". (CSJ, Cas. Civil, Sent. oct. 8/93, Exp. 3416. M.P. Carlos Esteban Jaramillo Schloss.
[§ 4238-2] JURISPRUDENCIA.—Reivindicación de bien destinado a servicio público. “Sin embargo, en relación con los aspectos axiológicos propios de la acción prevista por el artículo 955, como ya hubo de explicarse a propósito de la sentencia de casación dictada en este mismo proceso, la acción por equivalencia se abre paso, así no haya habido enajenación de la cosa, cuando por acción u omisión del poseedor se ha hecho imposible o difícil la persecución de ella, como cuando sobre el bien gravita el interés social o la utilidad pública por haber sido destinado a un servicio de utilidad social o de interés general (Sent. de casación, abr. 19/78). De manera que para esos eventos, como lo es el caso presente, la “acción reivindicatoria figurada”, ficta o presunta, consagrada por el artículo 955 del Código Civil sigue siendo la tutela jurídica adecuada, ya no por una aplicación derecha de la norma, sino por virtud de la analogía legis, en consideración a la similitud del factum y atendiendo razones de equidad, pero sin desconocer la prevalencia del interés social (...). De otro lado, por lo que importa para la solución del presente caso, debe dejarse en claro que el planteamiento de la pretensión restitutoria del cuerpo cierto determinado, no es óbice para el reconocimiento de la equivalencia dineraria cuando en el proceso se verifica la hipótesis del artículo 955 en lo atinente a la destinación de la cosa a un servicio público o de utilidad social, porque de ninguna manera ello implica un cambio del objeto de la pretensión que a la postre se tradujera en un problema de incongruencia, pues cualquiera sea el reconocimiento de la sentencia lo que se está tutelando es el derecho de dominio del demandante, que a decir verdad es el objeto de su pretensión. De manera que cuando el juez opta por condenar a pagar el equivalente monetario, no empece a haberse formulando pretensión dirigida a la persecución de la cosa sobre la cual se ostenta el derecho de dominio, lo único que hace es consultar la realidad probatoria del proceso, en cuanto le indica que se ha “hecho imposible o difícil” la persecución en los términos propuestos, que entre otras cosas, como ya quedó expuesto, constituye elemento específico de esta particular reivindicación, necesariamente verificable por el juez, porque es la autoridad judicial competente la que al fin de cuentas debe calificar la situación objeto de contención y especialmente lo concerniente a la destinación del bien que genera el impedimento para la restitución efectiva de la cosa”. (CSJ, Cas. Civil, Sent. ago. 12/97. Exp. 4546. M.P. José F. Ramírez Gómez).
REIVINDICACIÓN CONTRA HEREDEROS
[§ 4239] ART. 956.—La acción de dominio no se dirige contra un her edero sino por la parte que posea en la cosa; pero las prestaciones a que estaba obligado el poseedor por razón de los frutos o de los deterioros que le eran imputables, pasan a los herederos de éste, a prorrata de sus cuotas hereditarias.
[§ 4240] JURISPRUDENCIA.—Si la sucesión no se ha partido debe demandarse a todos los herederos."En el caso del artículo 956 del Código Civil, la acción de dominio, como real que es, para recuperar una cosa o un derecho real, debe dirigirse contra el que sea poseedor de la una o del otro, porque los tenga con ánimo de señor y dueño , de suerte que el dueño, para reivindicar, tiene que dirigir su acción contra todos los herederos, si los bienes de la sucesión no se han dividido, o contra el adjudicatario de la cosa, de suerte que demandado un solo heredero, si los bienes de la sucesión no se han partido, o si la cosa no se ha adjudicado solamente a él, puede alegar la excepción correspondiente, o para que la acción se dirija contra todos los herederos o contra los adjudicatarios de la cosa". (CSJ, Cas. Civil, Sent. nov. 22/44). NOTA: En igual sentido se pronunció la misma Sala de la Corte en Sentencia de julio 2 de 1976.
REIVINDICACIÓN CONTRA ANTERIOR POSEEDOR DE MALA FE
[§ 4241] ART. 957.—Contra el que poseía de mala fe y por hecho o culpa suya ha dejado de poseer, podrá intentarse la acción de dominio, como si actualmente poseyese. De cualquier modo que haya dejado de poseer, y aunque el reivindicador prefiera dirigirse contra el actual poseedor, respecto del tiempo que haya estado la cosa en su poder, tendrá las obligaciones y derechos que según este título corresponden a los poseedores de mala fe, en razón de frutos, deterioros y expensas. Si paga el valor de la cosa, y el reivindicador lo acepta, sucederá en los derechos del reivindicador sobre ella. El reivindicador, en los casos de los dos incisos precedentes, no será obligado al saneamiento (§ 3454, 3491, 8941). [§ 4242]
JURISPRUDENCIA.—Dos excepciones a reivindicar contra el actual poseedor. "El principio de que la acción reivindicatoria debe dirigirse contra el actual poseedor de la cosa no es sin embargo absoluto; encuentra, consagradas por la ley, dos excepciones a virtud de las cuales puede incoarse en frente de quien habiendo sido poseedor ha dejado de serlo, así: a) El artículo 957 la hace extensiva contra el que "poseía de mala fe y por hecho o culpa suya ha dejado de poseer, como si actualmente poseyese". Es este, pues, un caso de ficta posesión en el cual la misma acción reivindicatoria es figurada, porque en el fondo, desde que se dirige contra quien ha dejado de ser poseedor, no persigue la cosa y es acción simplemente personal, que sólo se reviste del carácter de la reivindicatoria para hacer más ventajosa la posición del dueño, víctima de un adversario doloso; y b) Mediante el artículo 955 ibídem, cuando se haya hecho imposible o difícil la persecución del bien, puede dirigirse la acción reivindicatoria "contra el que enajenó la cosa", a efecto de obtener la restitución de lo que haya recibido por ella, si la enajenó de buena fe, o para la indemnización de todo perjuicio si el falso tradente procedió a sabiendas de que era ajena. Pero también en este caso, como en el anterior, se trata de una acción reivindicatoria figurada, porque se funda en el concepto de la subrogación real, esto es, la sustitución por virtud de una ficción de la ley, de una cosa por otra como objeto del derecho". (CSJ, Cas. Civil, Sent. oct. 4/71).
