LA EJECUCIÓN CIVIL: PRINCIPALES REFORMAS OPERADAS
Por Eva Mª Cobeña Rondán Secretario Judicial
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A partir de la reforma operada por la Ley 13/09 se han producido sucesivas e importantes novedades tanto de carácter procesal como sustantivo en materia de ejecución. En efecto, desde el punto de vista procesal, la ejecución pasa a ser responsabilidad, casi en su integridad del Secretario judicial, quedando bajo decisión judicial la orden general de ejecución y la resolución de los recursos e incidentes de oposición que a lo largo de este proceso puedan plantearse. También se han introducido otras novedades importantes en la ejecución de los juicios de desahucio, en materia de ejecución forzosa de familia y, especialmente en la ejecución hipotecaria. Comencemos analizando los I.- ASPECTOS QUE RODEAN EL DESPACHO DE EJECUCIÓN 1º) El artículo 548 LEC. Consecuencias procesales. Este precepto dispone que “no se despachará ejecución de resoluciones procesales o arbitrales o de acuerdos de mediación dentro de los veinte días posteriores a aquél en que la resolución de condena sea firme, o la resolución de aprobación del convenio o de firma del acuerdo haya sido notificado al ejecutado” Con respecto a la aplicación de este artículo debemos apuntar que desde hace más de 10 años una fuerte corriente doctrinal viene defendiendo la exclusión de la aplicación del artículo 548 LEC a los procesos de ejecución forzosa de familia, ya que, según se deriva del artículo 525.1 LEC, los pronunciamientos en materia de familia no serán en ningún caso susceptibles de ejecución provisional. No obstante la anterior disposición legal, de forma mayoritaria viene entendiéndose, conforme al art. 774.5 LEC, que, cuando se trate de las medidas definitivas acordadas en un proceso matrimonial (o de medidas respecto de los hijos de parejas de hecho), aunque la sentencia no sea firme por haberse recurrido en apelación, procede la ejecución forzosa de las mismas por los trámites de la ejecución ordinaria. Igualmente, la inmediata ejecutividad de las medidas provisionales se desprende de los arts. 771.5, 773.3 pfo 2º y 773.5 LEC, ya que los autos que las acuerdan son irrecurribles y su vigencia persistirá hasta que sean sustitutitas por las contenidas en la resolución definitiva recaída en el pleito principal, o se ponga fin al procedimiento de otro modo. Cuestión distinta es si, en ambos supuestos, descartada la ejecución provisional, será preciso esperar al trascurso del plazo de 20 días del art. 548 LEC para poder instar el despacho de ejecución forzosa. Aquí, pese a que la doctrina mayoritariamente se pronuncia en contra de la aplicación de dicho plazo de espera y en este sentido también se ha pronunciado los Criterios Orientadores consensuados en los Encuentros especializados de la Jurisdicción de Familia de 2.003, 2.008 y 2.009, aún hay ciertos tribunales que, principalmente respecto de las cuestiones 2
económicas que sólo afectan a los cónyuges y gastos extraordinarios en relación a los hijos comunes, requieren la firmeza del título ejecutivo, así como el trascurso del plazo de espera para poder presentar la demanda ejecutiva.
1º) El título ejecutivo (art. 517 LEC) Como todos sabemos, la acción ejecutiva debe fundarse en un título que tenga aparejada ejecución y, en este sentido, el artículo 517 de la LEC conserva la enumeración de los títulos que tienen esa condición; sin embargo, hay que tener en cuenta que sí se ha modificado el artículo 476.1 de la LEC, de 1881 con la finalidad de incluir en esta enumeración la resolución aprobando lo convenido por las partes en acto de conciliación (decreto del Secretario o auto del Juez de Paz). En el ámbito del derecho de familia y también a los efectos previstos en el art. 517 en relación con los artículos 538 y 549 de la LEC, el convenio regulador de la separación o divorcio (o de la crisis de pareja de hecho en relación con los hijos menores) en cuanto forma parte del título judicial en los procesos o procedimientos de mutuo acuerdo, integra el título ejecutivo. Así el convenio regulador en abstracto, es un negocio jurídico de derecho de familia, cuya homologación judicial le dotará de eficacia procesal a los efectos reconocidos en el art. 517.2.3º LEC, pero si no fue homologado judicialmente, esta circunstancia no le priva de validez entre los cónyuges otorgantes del mismo, ya que estará dotado de la fuerza correspondiente a todo negocio jurídico, siempre que concurra los presupuestos de consentimiento, objeto y causa exigidos por el art. 1261 Cc., con la limitación que implica la indisponibilidad de alguna de las cuestiones afectadas por la separación o divorcio, entre las que no se encuentran las económicas o patrimoniales, consecuencia de la ruptura de la pareja. No obstante, cuestión distinta es la fuerza ejecutiva de los pactos contenidos en estos convenios reguladores no aprobados judicialmente y, así pasamos a exponer algunos supuestos contemplados y resueltos en la jurisprudencia en cuanto a la adecuación del procedimiento para la ejecución forzosa de dichos convenios reguladores no homologados judicialmente: -Respecto al procedimiento adecuado para reclamar la deuda dineraria convenida en el convenio regulador de los efectos de la separación, que fue protocolizado notarialmente pero no homologado judicialmente, la SAP BARCELONA, SECCIÓN 12ª, de 18 de enero de 2010, estima el cauce del juicio verbal como el procedimiento adecuado, al tratarse de una mera reclamación de cantidad. -En cambio, si el convenio regulador no fue homologado judicialmente ni elevado a escritura pública, se deberán las pensiones alimenticias a favor de los hijos menores desde que los progenitores otorgaron el consentimiento, pero no serán susceptibles de ejecución forzosa, si no fueren incorporados a un instrumento público y además es impugnado por uno de los cónyuges o progenitores otorgantes y lo será en un procedimiento declarativo donde deberá determinarse su eficacia y alcance.
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-En relación a las parejas de hecho, los pactos de los progenitores que no hayan sido homologados judicialmente a través del cauce previsto en el art 777 LEC, y que se refieran a cuestiones patrimoniales que excedan de las obligaciones atinentes a los hijos menores, conservarán su validez y eficacia entre los progenitores, pero carecen de eficacia procesal a los efectos de fundar en ellos la demanda ejecutiva, en caso de incumplimiento de tales pactos. -Por último, en cuanto a los acuerdos alcanzados en procedimiento de mediación, como título ejecutivo referido en el art. 517.2.2ª LEC y de conformidad con el art 25.4 de la Ley 5/2012 de 6 de julio de mediación en asuntos civiles y mercantiles, el acuerdo de mediación podrá ser elevado a escritura pública o no, sin que se exija la homologación judicial; sin embargo, dicha homologación es aconsejable. Igualmente, se mantiene el plazo de caducidad para el ejercicio de la acción ejecutiva en cinco años (art. 518 LEC).
2º) La competencia territorial (artículo 545 LEC) -Si el título es resolución judicial, del Secretario o convenio homologado judicialmente, es competente el tribunal que conoció del asunto en primera instancia. -Si el título es laudo arbitral, es competente el Juzgado de primera instancia del lugar en el que se ha dictado el laudo. -En el caso de acuerdos de mediación judicial, según el artículo 26 de la Ley de mediación antes referida, la ejecución de dichos acuerdos de mediación intra-judiciales se instarán ante el tribunal que homologó el acuerdo y, si no se tratara de mediación intra-judicial, el acuerdo podrá ejecutarse ante el Juzgado de Primera Instancia del lugar en que se hubiera firmado el acuerdo de mediación. -En los demás casos, será competente el Juez de primera instancia del lugar que corresponda con arreglo a las reglas generales que determinen el fuero de las personas físicas o jurídicas o a elección del ejecutante, el Juzgado de primera instancia del lugar de cumplimiento de la obligación o el de cualquier lugar en que se encuentren bienes del ejecutado que puedan ser embargados, sin que en ningún caso puedan aplicarse las reglas sobre sumisión expresa o tácita. -La competencia territorial será examinada de oficio por el tribunal; en caso de que se considere territorialmente incompetente, dictará auto absteniéndose de despachar ejecución, indicando al ejecutante el tribunal donde debe presentarse la demanda.
3º) Las partes (arts.538 a 540 LEC) -Legitimación activa; sólo podrán ser demandantes aquellas personas, físicas o jurídicas, titulares de los derechos que deriven de los títulos ejecutivos.
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-Legitimación pasiva; sólo puede despacharse ejecución frente a quien aparezca como deudor en el mismo título ejecutivo, o bien aquél que responda personalmente de la deuda por disposición legal o en virtud de afianzamiento acreditado mediante documento público o quien resulte ser propietario de los bienes especialmente afectos al pago de la deuda en cuya virtud se procede. -En ambos casos, quedan abiertas las posibilidades de sucesión procesal (control de oficio de las escrituras de cesión de créditos: necesariamente tiene que quedar identificada la operación en la documentación aportada). *************************************************** -En el ámbito de la ejecución de familia, hay que tener en cuenta que la doctrina es uniforme en este tema: los cónyuges o progenitores son las únicas partes necesarias o excluyentes del proceso matrimonial. Ahora bien, la intervención del Ministerio Fiscal en el proceso de ejecución forzosa de familia se impone cuando uno de los interesados en la litis sea menor, esté incapacitado o en situación de ausencia legal: lo contrario podría derivar en nulidad de actuaciones. - En cuanto a la participación de los hijos en el proceso de ejecución forzosa por medidas que les afecten, se hace necesario abordar la problemática relativa a la posición jurídica del mayor de edad en el proceso de ejecución forzosa de familia: ha de partirse que la legitimación en el proceso de ejecución forzosa respecto de las reclamaciones ejecutivas por medidas que les afecten, corresponde al progenitor con el cual convivan, pues dicho progenitor es portador de un interés legítimo en la reclamación de alimentos a favor de los hijos mayores de edad, dado el daño que la falta de pago de la obligación alimenticia le irroga directamente. En este sentido, la AAPP de Granada, Sección 5ª, Auto de 22 de enero de 2.010, resolviendo un caso en el cual el hijo mayor de edad a cuyo favor, en el pleito de divorcio fueron acordadas pensiones alimenticias, mientras aún era menor y que, alcanzada la mayoría de edad entabla, en su propio nombre y derecho la acción de juicio verbal de alimentos, conforme al art. 748 LEC, deriva en la inadmisión a trámite de la demanda por defecto legal en el modo de proponerla e inadecuación del procedimiento y ello sin perjuicio de que pudiera ser de nuevo formulada, bien reconduciéndola al proceso declarativo de alimentos de los artículos 142 y ss. del Cc., bien formulando proceso de ejecución de la referida sentencia de divorcio. -Finalmente, en cuanto a la postulación, en la ejecución es necesaria siempre la intervención de Abogado y Procurador, siempre y cuando no se trate de ejecuciones derivadas de procesos en los que no sea preceptiva la intervención de los profesionales. Ahora bien, también debe ser objeto de análisis en este apartado la cuestión de si la representación ejercida por el Procurador del ejecutado en el procedimiento principal es extensiva al proceso de ejecución que de él dimane, o si por el contrario, tratándose de dos procesos distintos, la representación del Procurador que actuó en el proceso en el que recayó el título ejecutivo ha de entenderse decaída (por tratarse de procesos distintos) y, por tanto, la notificación del auto que contiene la orden general de ejecución y el decreto de medidas ejecutivas ha de dirigirse al ejecutado personalmente. Con respecto a esta cuestión, tras las reforma del artículo 553 LEC (que habla de notificación simultánea), una importante corriente doctrinal y práctica concluye que la representación del procurador del ejecutado en la instancia es extensiva al proceso de ejecución ulterior. 5
Sin embargo, el artículo 553 LEC ha de relacionarse con el contenido del art 31 de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita y con lo resuelto en la STC 110/08 de 22 de septiembre en relación con el Reglamento del CGPJ 2/2010 de 25 de febrero y anterior Reglamento 1/2003 de 20 de junio. De tales premisas, se puede concluir que, salvo en los supuestos en los que el ejecutado litigó en el pleito principal siendo beneficiario de justicia gratuita ( en cuyo supuesto se extiende el beneficio hasta el proceso de ejecución, siempre que no hayan transcurrido más de dos años desde que recayó la resolución judicial en la instancia, sin perjuicio del efecto de las causas de renuncia o excusa previstas en la ley), la notificación del auto de orden general de ejecución y del decreto de medidas ejecutivas, que se acuerde respecto del ejecutado en el proceso de ejecución forzosa, ha de hacerse a éste personalmente, sin perjuicio de que pueda personarse en la ejecución con el mismo procurador que le representó en la instancia, o elija atribuir su representación a otro distinto, o incluso solicite el beneficio de justicia gratuita. Además, en el ámbito de familia, esta es la conclusión alcanzada en el V Encuentro de la Jurisdicción especializada de Familia, celebrado en Madrid los días 3 a 5 de octubre de 2.011.
II. EL DESPACHO DE EJECUCIÓN. Se trata de una de las novedades más importantes introducidas por la Ley 13/09 en el procedimiento de ejecución. 1º) El Auto despachando ejecución; presentada la demanda ejecutiva, el juez o tribunal será el competente para dictar la orden general de ejecución y despachando la misma, siempre que: -concurran los presupuestos y requisitos procesales -el título ejecutivo no adolezca de ninguna irregularidad formal -los actos de ejecución que se solicitan sean conformes con el título. Si el tribunal entendiese que no concurren los presupuestos y requisitos legalmente exigidos para el despacho de ejecución, denegará la misma mediante auto que será directamente apelable (quedando a elección del ejecutante la posibilidad de interponer previo recurso de reposición (art 552 LEC). En cuanto a su contenido, dicha resolución deberá contener los siguientes extremos: -
Identificación de la parte ejecutante y ejecutada
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Si la ejecución se despacha en forma mancomunada o solidaria
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La cantidad y conceptos por los que se despacha la ejecución
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Las precisiones que resulte necesario realizar respecto de las partes o del contenido de la ejecución y respecto de los responsables personales de la deuda o propietarios de bienes especialmente afectos a su pago a los que ha de extenderse la ejecución.
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Contra el auto despachando ejecución no cabe la interposición de recurso alguno, sin perjuicio de la oposición que pueda formular el ejecutado.
2º) El Decreto dando curso a la ejecución; esta resolución se dictará por el secretario responsable de la ejecución en el mismo día o en el siguiente hábil a aquél en que se hubiese dictado por el juez la orden general de ejecución. En cuanto a su contenido, deberá expresar: -
Las medidas ejecutivas concretas que resultasen procedentes, incluido si fuera posible el embargo de bienes. En este punto conviene traer a colación el principio de proporcionalidad de la ejecución consagrado el artículo 584 de la LEC.
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Las medidas de localización y averiguación patrimonial que procedan, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 589 y 590 de la LEC.
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El contenido del requerimiento de pago que deba hacerse al deudor (ejecuciones de título no judicial). Contra este decreto sólo cabe la interposición de recurso directo de revisión sin efectos suspensivos.
3º) Tipos de resoluciones en ejecución;(art 545 LEC) -Regla general; se dictará la resolución que en cada caso exprese la Ley -En otro caso, se dictará diligencia de ordenación, salvo que proceda dictar decreto o tenga que decidir el Tribunal por medio de providencia en los supuestos en que así expresamente se señale. -Adoptarán la forma de decreto las resoluciones del secretario judicial que determinen los bienes del ejecutado a los que ha de extenderse el despacho de ejecución y aquellas otras que se señalen en esta ley (por ejemplo, se utilizará el decreto para acordar la mejora, reducción y modificación del embargo). También se utilizará el decreto ante la necesidad de motivación por parte del secretario judicial. -No se contiene normativa expresa sobre diligencias de constancia, comunicación o ejecución. -Adoptarán la forma de auto las resoluciones del tribunal que: *contengan la orden general de ejecución por la que se autoriza y despacha la misma. *Decidan sobre oposición a la ejecución definitiva basada en motivos procesales o de fondo. 7
*Resuelvan las tercerías de dominio. *Aquellas otras que se señalen en la Ley.
III. MEDIDAS EJECUTIVAS CONCRETAS: EL EMBARGO En efecto, dictado el auto que contiene la orden general de ejecución, el secretario acordará mediante decreto las medidas ejecutivas concretas que resultasen procedentes de entre las cuales destaca por su importancia, el embargo, ya que esta es la medida concreta, ya sea ejecutiva, ya preventiva, más comúnmente empleada para asegurar las responsabilidades reclamadas al deudor. Conforme al artículo 587 de la LEC, el embargo se entenderá hecho desde que se decrete por el Secretario judicial o se reseñe la descripción de un bien en el acta de la correspondiente diligencia, aunque no se haya adoptado aún medidas de garantía o publicidad de la traba. También corresponde al secretario judicial, como ya hemos apuntado con anterioridad, la mejora, reducción y modificación del embargo (artículo 612 LEC). Para la traba de bienes concretos se tendrá en cuenta el orden de prelación establecido en el artículo 592 LEC, precepto que comienza estableciendo que en todo caso se tendrá en cuenta la mayor facilidad de su enajenación y la menor onerosidad de ésta para el ejecutado. Y, como novedad tras la reforma operada por Ley 13/09, añade el artículo 587 LEC que el Secretario judicial adoptará inmediatamente dichas medidas de garantía y publicidad, expidiendo de oficio los despachos precisos, de los que en su caso, se hará entrega al procurador del ejecutante que lo hubiera solicitado, en clara alusión al trámite previsto en el artículo 629 LEC, que se refiere a la anotación preventiva del embargo de bienes susceptibles de inscripción registral. Por último, cabe destacar que, pese a que es nulo el embargo que recaiga sobre bienes y derechos cuya efectiva existencia no conste, sí pueden embargarse los depósitos bancarios y los saldos favorables que arrojaren las cuentas abiertas en entidades de crédito, siempre que, en razón del título ejecutivo, se determine por el Secretario judicial una cantidad como límite máximo (artículo 588 LEC. EMBARGOS DE SALDOS ACORDADEOS TELEMÁTICAMENTE POR EL PNJ; incidencia con respecto a la averiguación patrimonial).
IV. CUESTIONES INCIDENTALES EN EL TRANSCURSO DE LA EJECUCIÓN 1º) La tasación de costas; aunque en puridad no constituye un incidente necesariamente propio de la ejecución, en esta materia el art. 539.2 LEC prevé que las costas sobre la que no haya un pronunciamiento expreso serán a cargo del ejecutado sin necesidad de expresa imposición, aunque el ejecutante deberá satisfacer los gastos y costas que se vayan produciendo hasta su liquidación, salvo los que corresponda a actuaciones realizadas a instancia del ejecutado u otros 8
sujetos, quienes deberán satisfacer su importe. El trámite para el cálculo de las costas y los incidentes ante una eventual impugnación vienen recogidos en los arts. 242 y ss. LEC 2º) La liquidación de intereses; este procedimiento viene previsto en los art. 713 y ss LEC. 3º) Incidentes en la ejecución provisional; tras la reforma operada por Ley 13/09, se corrige la redacción del artículo 531 LEC, de tal modo que, efectuado el pago por el ejecutado de la cantidad a la que hubiese sido condenado, más los intereses correspondientes y las costas por los que se despachó ejecución, el secretario judicial suspenderá mediante decreto la ejecución y, una vez liquidados los intereses y tasadas las costas decidirá sobre la continuación o archivo de la ejecución mediante decreto que será susceptible de recurso directo de revisión. 4º) La acumulación de ejecuciones; el artículo 555 LEC prevé la posibilidad de que se acumulen los procesos de ejecución pendientes entre el mismo acreedor ejecutante y el mismo deudor ejecutado, acumulación que podrá acordar el secretario judicial a instancia de cualquiera de las partes, o de oficio, eventualidad que antes de la reforma operada por la Ley 13/09 sólo era posible a iniciativa de las partes. Igualmente se mantiene también la viabilidad de acumular procesos de ejecución seguidos frente al mismo ejecutado ante distintos órganos y por varios ejecutantes, acumulación que deberá promoverse por cualquiera de éstos, y a la que el secretario judicial competente en el proceso más antiguo accederá si lo considera más conveniente para la satisfacción de todos los acreedores ejecutantes. 3º) El incidente de oposición a la ejecución; la oposición a la ejecución debe formularse en el plazo de diez días y por escrito. En su tramitación debemos distinguir dos supuestos: -Que se trate de la ejecución de resoluciones procesales o arbitrales de condena (art. 556 LEC) y se alegue el pago o cumplimiento de lo ordenado en la sentencia, hecho que el ejecutado deberá justificar documentalmente. -Que la ejecución esté fundada en otro tipo de documentos (art. 557 LEC). La oposición sólo suspenderá el curso de la ejecución en los siguientes supuestos: -Cuando la ejecución estuviese fundada en títulos no judiciales o arbitrales -Cuando el título ejecutivo consista en un auto de cuantía máxima -Cuando la oposición se fundamente exclusivamente en pluspetición, siempre que el ejecutado ponga a disposición del tribunal la cantidad que considere debida, para su inmediata entrega por el secretario judicial al ejecutante.
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El incidente de oposición será resuelto por auto del juez o tribunal. -Cuando la oposición se fundase en defectos procesales, el ejecutante podrá formular alegaciones en el plazo de cinco días. Si el tribunal entendiese que el defecto es subsanable, concederá mediante providencia al ejecutante un plazo de diez días para subsanarlo. En otro caso, dictará auto dejando sin efecto la ejecución despachada, con imposición de las costas al ejecutante. Si el tribunal no apreciase la existencia de los defectos procesales a que se limita la oposición, dictará auto desestimándola y mandando seguir adelante con la ejecución e impondrá las costas del incidente al ejecutado. -Resuelta la oposición por motivos procesales o cuando éstos no se hayan alegado, el ejecutante podrá impugnar la oposición por motivos de fondo en el plazo de cinco días. Si la controversia no pudiese resolverse con los documentos aportados, el tribunal acordará mediante providencia la celebración de vista. El juez o tribunal resolverá mediante auto. 4º) La suspensión del proceso de ejecución; con carácter general, sólo se suspenderá el curso de una ejecución en los casos en que la Ley lo ordene de modo expreso, o cuando así lo acuerden todas las partes personadas en la ejecución. En situaciones concursales, el art 568 LEC tras señalar que no se dictará auto autorizando y despachando la ejecución cuando conste al tribunal que el demandado se halla en situación de concurso, continúa diciendo que el secretario judicial decretará la suspensión de la ejecución en el estado en que se halle en cuanto le sea notificado que el ejecutado se encuentra en situación de concurso. Ahora bien, si la ejecución se dirigiera contra varios demandados y sólo alguno o algunos de ellos se encontraran en situación de concurso, la ejecución no se suspenderá respecto a los demás. 5º) Las tercerías; las tercerías de dominio y de mejor derecho constituyen también incidentes que con cierta asiduidad se plantean en el curso de la ejecución. Como medida de prevención establece el art. 593.2 LEC que cuando por percepción directa o por manifestaciones del ejecutado o de otras personas, el secretario judicial tuviera motivos racionales para entender que los bienes que se propone trabar pueden pertenecer a un tercero, se hará saber a éste la inminencia de la traba. Si no diere razones, el secretario judicial dictará decreto mandando trabar los bienes, a no ser que las partes hayan manifestado su conformidad en que no se realice el embargo. Si el tercero se opusiere razonadamente al embargo aportando los documentos que justifiquen su derecho, el secretario judicial, previo traslado a las partes por plazo común de cinco días, remitirá los autos al tribunal para que resuelva lo que proceda. La tercería de dominio se interpondrá ante el secretario judicial responsable de la ejecución y se resolverá por auto del tribunal que dictó la orden general y despacho de la misma.
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La admisión a trámite de la tercería es competencia del secretario judicial pero, si éste considera que dicha admisión no procede, deberá dar cuenta al juez o tribunal que despachó ejecución para que resuelva. Admitida la demanda, se suspenderá la ejecución respecto del bien al que se refiera, suspensión que podrá quedar condicionada a que el tercerista preste caución por los daños y perjuicios que pudiera producir al acreedor ejecutante. Por lo que respecta a la tercería de mejor derecho, también será interpuesta ante el secretario judicial responsable de la ejecución y será resuelta por el tribunal que dictó la orden general y despacho de la misma. La admisión a trámite no suspenderá la ejecución, continuando la misma hasta realizar los bienes embargados, depositándose lo que se recaude en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones para reintegrar al ejecutante en las costas de la ejecución y hacer pago a los acreedores por el orden de preferencia que se determine al resolver la tercería.
V. ESPECIALIDADES PROCESALES EN MATERIA DE EJECUCIÓN 1º) La entrega directa de retenciones periódicas al acreedor; Es habitual que la ejecución forzosa de condenas pecuniarias se lleve a cabo mediante el pago en la Cuenta de Consignaciones y Depósitos del órgano judicial para su disposición en el proceso respectivo. No obstante, a través de la reforma operada por Ley 13/09, se introduce un nuevo apartado 7 al artículo 607 de la LEC, por el que se dispone que en los embargos de la parte proporcional de los salarios, sueldos, jornales, retribuciones o pensiones, superiores al salario mínimo interprofesional, podrán ser entregadas las retenciones periódicas directamente a la parte ejecutante, en la cuenta que ésta designe previamente, si así lo acuerda el secretario judicial encargado de la ejecución. En este caso, tanto la persona o entidad que practique la retención y su posterior entrega como el ejecutante, deberán informar trimestralmente al secretario judicial sobre las sumas remitidas y recibidas, respectivamente, quedando a salvo, en todo caso, las alegaciones que el ejecutado pueda formular, ya sea porque considere que la deuda se halla abonada totalmente y, en consecuencia, debe dejarse sin efecto la traba, o porque las retenciones o entregas no se estuvieran realizando conforme a lo acordado por el secretario judicial.
2º) Especialidades en la ejecución de juicios de desahucio; También presenta notables peculiaridades el proceso de ejecución de sentencias dictada en procesos por demandas de desahucio fundado en la falta de pago de las rentas o cantidades debidas.
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En estos procesos, conforme al artículo 437.3 de la LEC, podrá intentarse ya en la demanda que se tenga por solicitada la ejecución del lanzamiento en la fecha y hora que se fije por el juzgado sin que, por ello, sea necesario reproducir esa misma pretensión. El requerimiento previsto en el artículo 440.3 LEC, en el que no sólo se contendrá la hipotética fecha de la vista sino también la fecha del lanzamiento para el caso de que no hubiera oposición, entre otros extremos, se practicará en la forma prevista en el artículo 161 LEC, teniendo en cuenta las previsiones contenidas en el apartado tercero del artículo 155 y en el último párrafo del artículo 164, apercibiendo al demandado de que, de no realizar ninguna de las actuaciones citadas, se procederá a su inmediato lanzamiento, sin necesidad de notificación posterior. Así, si el demandado no atendiese al requerimiento de pago o no compareciese para oponerse o allanarse, el secretario judicial dictará decreto dando por terminado el juicio de desahucio y se procederá al lanzamiento en la fecha fijada. Si el demandado atendiese al requerimiento en cuanto al desalojo del inmueble sin formular oposición ni pagar la cantidad que se reclamase, el secretario judicial lo hará constar y dictará decreto dando por terminado el procedimiento y dejando sin efecto la diligencia de lanzamiento, a no ser que el demandante interese su mantenimiento para que se levante acta sobre el estado en el que se encuentre la finca, dando traslado al demandante para que inste el despacho de ejecución en cuanto a la cantidad reclamada. En los dos supuestos anteriores, el decreto dando por terminado el juicio de desahucio impondrá las costas al demandado e incluirá las rentas debidas que se devenguen con posterioridad a la presentación de la demanda hasta la entrega de la posesión efectiva de la finca, tomándose como base de la liquidación de las rentas futuras el importe de la última mensualidad reclamada al presentar la demanda. Si el demandado formulara oposición, se celebrará la vista en la fecha señalada. En todos los casos de desahucio, también se apercibirá al demandado en el requerimiento que se le realice que, de no comparecer a la vista, se declarará el desahucio sin más trámites y que queda citado para recibir la notificación de la sentencia que se dicte el sexto día siguiente al señalado para la vista. Igualmente, en la resolución que se dicte teniendo por opuesto al demandado, se fijará día y hora para que tenga lugar, en su caso, el lanzamiento, que deberá verificarse antes de treinta días desde la fecha señalada para la vista, advirtiendo al demandado que, si la sentencia fuese condenatoria y no se recurriera, se procederá al lanzamiento en la fecha fijada, sin necesidad de notificación posterior.
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3º) Especialidades en la ejecución de familia: la ejecución de los gastos extraordinarios y su nueva regulación en el artículo 776.4 LEC. Definir qué sea un gasto extraordinario en relación con los hijos comunes debe constituir nuestro punto de partida en este apartado, aunque ello no es una tarea fácil. Son las notas definitorias de los gastos extraordinarios las que permiten deducir la definición de éstos, y así, son caracterizados por la SAP Burgos, Sección 2ª, de 9 de marzo de 2.010 como “….aquellos que exceden notoriamente de los habituales y ordinarios en orden al cuidado, atención y sustento de los menores y cuya calificación como tales, habrá de valorarse en el momento en que surjan. En definitiva, son aquellos que exceden de los habituales u ordinarios en orden al cuidado, atención y sustento de los menores…” y “…Tienen que nacer de necesidades de los hijos de naturaleza totalmente excepcional, eventuales, difícilmente previsibles y de un montante económico considerable que, por ello, no pueden incluirse en la única pensión alimenticia ordinaria establecida; a la vez que no pueden ser costeados por uno sólo de los progenitores sin desequilibrar en su perjuicio la equivalencia de sus respectivas contribuciones…” en definitiva…” gastos que ni se tuvieron en cuenta, ni se contemplaron y que su alcance económico es elevado y no habitual para la familia de los litigantes y, por lo tanto, resulta manifiesto que no se pudieran contemplar en la pensión de alimentos incluida en las cláusulas del convenio o en la sentencia. Habría que acudir a un concepto muy riguroso de gasto extraordinario, pues los cónyuges ya regularon los alimentos de los hijos o los fijó la sentencia judicial, y no debemos olvidar que los gastos extraordinarios integran también la obligación alimenticia…” En otras palabras, los gastos extraordinarios “…no son periódicos ni previsibles, precisan de determinación y objetivación en cada momento y para cada supuesto concreto, por lo que el progenitor habrá de requerir del otro su consentimiento para la asunción de tales gastos extraordinarios, salvo imposibilidad manifiesta y acreditada…” Es decir, los gastos extraordinarios a priori, participan de la naturaleza de “concepto jurídico determinado” Se trata de un tema de extrema complejidad que el legislador no ha contribuido a simplificar pues, en el día a día, tras la separación, divorcio o ruptura de pareja de hecho “…los juzgados asistimos a una realidad y es que el progenitor custodio toma, a partir de ese momento, la mayoría de las decisiones respecto a su hijo y lo hace en la creencia de que es normal, ya que tiene la custodia. Así viene considerándose gastos extraordinarios en relación con los hijos, los urgentes, y aún no revistiendo carácter de urgencia, participarán de la naturaleza de extraordinarios los no incluidos en la pensión alimenticia siempre que sean necesarios y hasta los suntuarios, atendidas las circunstancias de cada caso y familia concretos; la jurisprudencia viene considerando las notas de imprevisibilidad y de falta de periodicidad como caracteres ineludibles para poder catalogar a un gasto de extraordinario o no.
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También se habla de gastos ocasionales o puntuales y fuera de lo común y de lo que es razonable esperar en cada momento según la realidad cotidiana; gastos esporádicos o imprevistos en su frecuencia o presencia; inesperados e impuestos. Por consiguiente, si durante la sustanciación de la litis matrimonial o de adopción de medidas en relación a los hijos de parejas de hecho, fueron previsibles los desembolsos que se pretenden catalogar tras la ejecutoria como extraordinarios, tales gastos se entenderán incluidos en la pensión alimenticia, o a cargo exclusivo, como mera liberalidad, del progenitor que lo ha sufragado sin el consentimiento del otro. Como igualmente participarán del carácter de ordinario, aquello gastos en relación con los hijos comunes, que durante la convivencia los progenitores habían acordado que formarían parte de la formación integral de sus hijos, siempre que se mantenga el nivel económico que existía antes de la separación o divorcio. Una vez aproximado el concepto de gasto extraordinario, pasamos a analizar el incidente que introduce la reforma procesal 13/09 través del apartado 4º del artículo 776 LEC. En efecto, dispone este precepto que “Cuando deban ser objeto de ejecución forzosa gastos extraordinarios, no expresamente previstos en las medidas definitivas o provisionales, deberá solicitarse previamente al despacho de ejecución la declaración de que la cantidad reclamada tiene la consideración de gasto extraordinario. Del escrito solicitando la declaración de gasto extraordinario se dará vista a la contraria y, en caso de oposición dentro de los cinco días siguientes, el tribunal convocará a las partes a una vista que se sustanciará con arreglo a lo dispuesto en los artículos 440 y siguientes y que resolverá mediante auto.” ¿Cuáles son las principales cuestiones prácticas que plantea este precepto?: -
En cuanto a la ejecutividad del Auto que pone fin al incidente tramitado conforme al art. 776.4º LEC, si realiza la declaración de gasto extraordinario, hay que tener en cuenta que si esta resolución es recurrida, lo que procederá es la ejecución forzosa definitiva de la obligación de pago del gasto extraordinario declarado como tal, no obstante el recurso que haya podido interponerse frente al Auto incidental, y sin perjuicio de lo que se resuelva en la segunda instancia, pues la sentencia de apelación, en este caso, desplegará sus efectos desde que fuese dictada, sin que pueda retrotraerse sus efectos revocatorios a la fecha de la resolución incidental de la primera instancia, salvo que la de apelación así lo establezca expresamente.
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En cuanto a la postulación y, de conformidad con el artículo 750 LEC tenemos que afirmar que sí es preceptiva la intervención de los profesionales en este incidente, pues dispone el precepto citado que “fuera de los casos en que conforme a la ley deban ser defendidas por el Ministerio Fiscal, las partes actuarán en los procesos a que se refiere este título con asistencia de abogado y representadas por procurador.”
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En cuanto a la competencia y, de conformidad con lo establecido en el art. 545.1 LEC, será competente para conocer de este incidente el tribunal que dictó la
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sentencia contenciosa, el auto de medidas provisionales u homologó el convenio regulador en el proceso matrimonial o relativo a los hijos. -
En cuanto a la caducidad de la acción ejecutiva en relación con los gastos extraordinarios, actualmente parece consensuado que resulta aplicable el plazo de caducidad regulado en el art. 518 LEC, esto es, la acción ejecutiva para reclamar los gastos extraordinarios caduca en el plazo cinco años, plazo que empezará a computarse desde que la obligación pecuniaria se haya devengado y sea exigible.
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Finalmente, en cuanto al procedimiento, nada dice el art. 776.4 LEC, para el supuesto de que el demandado no se oponga expresamente a la solicitud de declaración de gasto extraordinario, pero considerando la remisión de dicho precepto a la tramitación del juicio verbal, en este caso de no oposición, no procederá celebración de vista, y el incidente deberá concluir con decreto del secretario judicial con imposición de las costas del incidente al demandado. Además, por esta razón es fundamental para el solicitante acompañar a su solicitud la acreditación de requerimiento previo y extrajudicial de pago al demandado por el gasto cuya declaración como extraordinario pretende, pues si dicho requerimiento no puede ser acreditado, difícilmente podrá alegarse la mala fe del demandado incidental, pudiendo darse el caso de haber sido llamado al procedimiento del art. 776.4 LEC, sin conocimiento previo del desembolso realizado de contrario. El demandado incidental debe oponerse en los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud inicial y formulada en tiempo y forma la oposición…”el tribunal convocará a las partes a una vista, que se sustanciará con arreglo a lo dispuesto en los artículos 440 y siguientes, y que resolverá mediante auto” En esta vista se limitará el objeto del debate a las cuestiones que han quedado centradas en la solicitud inicial y en el escrito de oposición. Por tanto, al ser un incidente, no tendrá la consideración de procedimiento principal, debiendo vincularse al NIG del asunto principal, por lo que deberán registrarse y tramitarse como pieza separada de éste. A la vista convocada, las partes deberán concurrir con todos los medios de prueba de que intenten valerse y asistidos de sus respectivas defensas y representaciones. En dicha vista, la pertinencia del trámite de conclusiones se deduce de la disposición contenida en el art. 753.2 LEC, en virtud de reforma operada por la Ley 13/09. El auto que ponga fin al incidente del art. 776.4 LEC, conllevará condena en costas que dependerá del pronunciamiento. Dicho auto es susceptible de recurso de apelación.
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4º) Especialidades en la ejecución de bienes hipotecados; En primer lugar, como novedad tras la reforma operada por Ley 13/09, cabe señalar la inclusión de un apartado 3 en el artículo 686 LEC, que prevé que, una vez intentado sin efecto el requerimiento en el domicilio que resulte vigente en el Registro, procede ordenar la publicación de edictos. Pero además de esta reforma anterior, debemos poner de manifiesto que recientemente, la ejecución hipotecaria ha sufrido una importante reforma, como consecuencia de las sentencias del TJUE de 14 de junio de 2012 y de 14 de marzo de 2013, ya que estas dos resoluciones europeas probablemente lo primero y más fundamental que han puesto de manifiesto es que el proceso de ejecución hipotecaria tal como está concebido en la LEC, debería ser suprimido, en cuanto constituye una vía privilegiada y no suficientemente justificada de cobrar determinados créditos, que debería encauzarse por las reglas del proceso de ejecución general. Por tanto, a continuación se hacer necesario destacar las aportaciones más importantes de cada una de ellas para a renglón seguido, proceder al análisis de las dos últimas reformas operadas mediante Ley 1/2013 y Ley 8/2013. 1º) La Sentencia del TJUE de 14 de junio de 2012 Efectivamente, la primera ha sido la conocida Sentencia del TJUE de 14 de junio de 2012, que resolvió una cuestión prejudicial planteada por la Sección 14ª de la AAPP de Barcelona, mediante Auto de fecha 29 de noviembre de 2010. Sus principales aportaciones son: a) Sobre la apreciación de oficio de cláusulas abusivas, esta nueva sentencia se pronuncia sobre el momento o fase del procedimiento para la apreciación de oficio de cláusulas abusivas afirmando que dicha apreciación de oficio puede efectuarse ya en fase de admisión a trámite del correspondiente juicio (en el caso, se trataba de una cláusula relativa al tipo de interés moratorio pactado en una póliza de préstamo no hipotecario). Por consiguiente, el control de oficio del carácter abusivo de dichas cláusulas puede hacerse por el juez o tribunal, tanto en procesos monitorios, como en procesos de ejecución ordinaria y ejecuciones hipotecarias. b) Como consecuencia de esta nulidad apreciada de oficio en la fase de admisión, la sentencia del TJUE considera en cuanto a la posible integración de la cláusula anulada, que es más acorde con la protección del consumidor que no se efectúe en ese mismo proceso ya iniciado, sino en un ulterior proceso declarativo, al cual ha de remitirse al acreedor hipotecario para así garantizar una posición de igualdad entre el acreedor y el deudor. Sin embargo, la solución adoptada por nuestros tribunales es 16
que, apreciada la posible abusividad de la cláusula, se de traslado al acreedor para que realice las alegaciones que a su derecho conviniese sobre esta cuestión, de tal modo que, una vez verificado dicho plazo, resuelva el juez o tribunal mediante auto para a continuación proceder, en su caso, a la admisión a trámite de la demanda limitando el requerimiento o el despacho de ejecución a aquellas cantidades que no se hayan visto afectadas por la cláusula declarada abusiva. c) En cuanto al efecto de cosa juzgada de la resolución que se pronuncie sobre el carácter abusivo de una cláusula y los recursos que se pueden plantear, hay que tener en cuenta que estas cuestiones han sido resueltas tras la reforma operada por Ley 1/2013 (que comentaremos más adelante), mediante la nueva redacción del art. 695 LEC en sede de ejecución hipotecaria. En efecto, dicho precepto dispone: “en los procedimientos de ejecución hipotecaria sólo se admitirá la oposición del ejecutado cuando se funde en las siguientes causas:…4ª) El carácter abusivo de una cláusula contractual que constituya el fundamento de la ejecución o que hubiese determinado la cantidad exigible. De tal modo que, formulada la oposición por cualquiera de las causas recogidas en el punto 1 de este artículo, el secretario judicial suspenderá la ejecución y convocará a las partes a una comparecencia ante el tribunal que hubiera dictado la orden general de ejecución, debiendo mediar quince días desde la citación, comparecencia en la que el tribunal oirá a las partes, admitirá los documentos que se presenten y acordará en forma de auto lo que estime procedente dentro del segundo día. El auto que estime la oposición por abusividad de una cláusula, acordará el sobreseimiento cuando la misma fundamente la ejecución (por ejemplo, la cláusula de vencimiento anticipado). En otro caso, se continuará la ejecución con la inaplicación de la cláusula abusiva (por ejemplo, la cláusula de intereses moratorios). Contra el auto que ordene el sobreseimiento de la ejecución o la inaplicación de una cláusula abusiva podrá interponerse recurso de apelación. Fuera de estos casos, los autos que decidan la oposición (en todos los supuestos previstos en el punto 1), no serán susceptibles de recurso alguno y sus efectos se circunscribirán al proceso de ejecución en que se dicten. 1º) La Sentencia del TJUE de 14 de marzo de 2013 Esta sentencia se dicta para resolver una cuestión prejudicial planteada por el Juzgado de lo Mercantil núm. 3 de Barcelona, y en ella se planteaban cuestiones tales como la compatibilidad de algunas de las normas sobre ejecución hipotecaria en relación a las tutela de los consumidores o la
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abusividad de determinadas cláusulas hipotecarias. Dicha sentencia ha resuelto de forma esquemática, lo siguiente: 1º) La legislación procesal e hipotecaria española en materia de ejecuciones hipotecarias lesionaba el principio de protección de los consumidores, en el concreto extremo de la eficacia de hipotéticas medidas cautelares de suspensión de la ejecución instadas en un proceso declarativo posterior, en el que se plantease la posible abusividad de una o varias cláusulas. Lo lesionaba en cuanto que, en principio, no permitía paralizar la ejecución hipotecaria, y sólo otorgaba al prestatario la posibilidad de obtener una indemnización, si la ulterior declaración de abusividad de la cláusula le pudiera acarrear algún perjuicio (art. 698 LEC). Por tanto, la sentencia del TJUE ponía de manifiesto la necesidad de dotar de eficacia a la medida cautelar suspensiva de la ejecución que pudiera acordarse, en tanto se haga previa solicitud de nulidad de una cláusula abusiva, cuando la misma constituya el fundamento de la ejecución iniciada. Como ya hemos visto, esta causa de suspensión ha sido prevista ya en la redacción actual del artículo 695 LEC. 2º) Además, declara que atenta a los derechos de los consumidores el que se pueda llegar a cancelar la anotación de demanda o de cualquier otro tipo, con la adjudicación del inmueble en subasta, si aquella anotación se practicó con posterioridad a la nota marginal de expedición de la certificación de cargas por parte del Registrador, de conformidad con el art. 131 de la Ley Hipotecaria. 3º) Finalmente, la sentencia no se pronuncia sobre la abusividad de algunas cláusulas hipotecarias, entre ellas las de vencimiento anticipado, pero establece una serie de pautas o criterios a los que deberá atender el juez nacional para declarar o no la posible abusividad en cada caso. Estas pautas son: el derecho dispositivo vigente, la posible aceptación o consentimiento del deudor en una hipoteca, la existencia de negociación individual, el carácter usual de la cláusula, etc.
A continuación pasamos a analizar las dos leyes reformadoras dictadas en aplicación de los criterios aportados por las sentencias estudiadas del TJUE.
LA LEY 1/2013, DE 14 DE MAYO (BOE-A-2013-5073), que se dicta para perfeccionar y reforzar el marco de protección a los deudores que, a causa de la crisis económica, se han encontrado en una situación merecedora de protección. Esta Ley consta de cuatro capítulos: -Capítulo 1º; este primer capítulo prevé la suspensión inmediata y por un plazo de dos años de los desahucios de las familias que se encuentren en una situación de especial riesgo de exclusión. Esta medida, con carácter excepcional y temporal, afectará a cualquier proceso judicial de ejecución 18
hipotecaria o venta extrajudicial por el cual se adjudique al acreedor la vivienda habitual de personas pertenecientes a determinados colectivos. En estos casos, la Ley, sin alterar el procedimiento de ejecución hipotecaria, impide que se proceda al lanzamiento que culminaría con el desalojo de las personas que se encuentren dentro de una situación de especial vulnerabilidad. -Capítulo 2º; este capítulo introduce mejoras en el mercado hipotecario a través de la modificación de la Ley Hipotecaria y otras normas del sistema hipotecario y financiero. Especialmente relevante es el hecho de que, para las hipotecas constituidas sobre vivienda habitual, se limitarán los intereses de demora que pueden exigir las entidades de crédito a tres veces el interés legal del dinero. Además, se prohíbe expresamente la capitalización de estos intereses y se establece que, en caso de que el resultado de la ejecución fuera insuficiente para cubrir toda la deuda garantizada, dicho resultado se aplicará en último lugar a los intereses de demora, de tal forma que se permita en la mayor medida posible que el principal deje de devengar interés. Adicionalmente se fortalece el régimen de venta extrajudicial de bienes hipotecados y se refuerza la independencia de las sociedades de tasación respecto de las entidades de crédito. En la venta extrajudicial se introduce la posibilidad de que el Notario pueda suspender la misma cuando las partes acrediten que se ha solicitado al órgano judicial competente que dicte la resolución decretando la improcedencia de dicha venta, por existir cláusulas abusivas en el contrato de préstamo hipotecario, o su continuación sin la aplicación de las cláusulas abusivas. Además, se faculta al Notario para que advierta a las partes de que alguna cláusula del contrato puede ser abusiva. ( como podemos ver, todas estas modificaciones se adoptan como consecuencia de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 14 de marzo de 2.013). -Capítulo 3º; este capítulo recoge diferentes modificaciones a la Ley de Enjuiciamiento Civil con el fin de garantizar que la ejecución hipotecaria se realiza de manera que los derechos e intereses del deudor hipotecario sean protegidos de manera adecuada y, en su conjunto, se agilice y flexibilice el procedimiento de ejecución. Las modificaciones más relevantes son: 1.- Se establece la posibilidad de que si tras la ejecución hipotecaria de una vivienda habitual aún quedara deuda por pagar, durante el procedimiento de ejecución dineraria posterior se podrá condonar parte del pago de la deuda remanente, siempre que se cumpla con ciertas obligaciones de pago. 2.- Se facilita el acceso de los postores a las subastas y se rebajan los requisitos que se imponen a los licitadores, de modo que, por ejemplo, se disminuye el aval necesario para pujar del 20 al 5 por ciento
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del valor de tasación de los bienes y se duplica el plazo de tiempo para que el rematante de una subasta consigne el precio de la adjudicación. 3.- Se introducen determinadas mejoras en el procedimiento de subasta, estableciéndose que el valor de tasación a efectos de la misma no podrá ser inferior al 75 por ciento del valor de tasación que sirvió para conceder el préstamo (anteriormente no existía ningún límite para el tipo de subasta). Además, en caso de que la subasta concluyera sin postor alguno, se incrementan los porcentajes de adjudicación del bien: en concreto, se elevaría del 60 por cien hasta un máximo del 70 por cien, siempre para los supuestos de vivienda habitual. 4.- Se modifica el procedimiento ejecutivo a efectos de que, de oficio o a instancia de parte, el órgano judicial competente pueda apreciar la existencia de cláusulas abusivas en el título ejecutivo y, como consecuencia, decretar la improcedencia de la ejecución o, en su caso, su continuación sin aplicación de aquéllas consideradas abusivas. (también dicha modificación se adopta como consecuencia de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de fecha 14 de marzo de 2.013). Aquí continúa la copia del BOE con la nueva redacción de los artículos de las especialidades de la ejecución hipotecaria reformados.
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-Capítulo 4º; que modifica el Real Decreto-ley 6/12, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, tanto en lo que afecta al ámbito de aplicación, como en lo relativo a las características de las medidas que pueden ser adoptadas.
Finalmente, esta Ley incluye un mandato al Gobierno para que emprenda inmediatamente las medidas necesarias para impulsar la constitución de un fondo social de viviendas destinadas a ofrecer cobertura a aquellas personas que hayan sido desalojadas de su vivienda habitual por el impago de un préstamo hipotecario.
LA LEY 8/2013, DE 26 DE JUNIO (BOE-A-2013-6938), que a través de su Disposición Adicional Cuarta modifica los artículos 552 y 695 de la LEC, de tal modo que se introducen algunas modificaciones en el control de oficio por parte del Tribunal de las cláusulas abusivas. Así quedan redactados ambos artículos: ARTÍCULO 552.1 LEC; Cuando el tribunal apreciase que alguna de las cláusulas incluidas en un título ejecutivo de los citados en el art. 557.1 pueda ser calificado como abusiva, dará audiencia por QUINCE DÍAS (plazo inicial de CINCO DÍAS en la redacción dada por la Ley 1/2013 de 14 de mayo) a las partes. Oídas éstas, acordará lo procedente en el plazo de CINCO DÍAS hábiles conforme a lo previsto en el artículo 561.1.3º. (en este sentido, art. 557.1; títulos ejecutivos de los núm. 4º, 5º, 6º y 7º, así como otros documentos con fuerza ejecutiva del nº 9 del apartado 2º del art 517 LEC, que son: -escrituras públicas -pólizas de contratos mercantiles firmadas por las partes y por corredor de comercio colegiado que las intervenga. -títulos al portador o nominativos, legítimamente emitidos, que representen obligaciones vencidas y los cupones, también vencidos, de dichos títulos, siempre que los cupones confronten con los títulos y éstos, en todo caso, con los libros talonarios. -los certificados no caducados expedidos por las entidades encargadas de los registros contables respecto de los valores representados mediante anotaciones en cuenta a los que se refiere la Ley del Mercado de Valores, siempre que se acompañe copia de la escritura pública de representación de los valores o, en su caso, de la emisión, cuando tal escritura sea necesaria, conforme a la legislación vigente. 21
-las demás resoluciones procesales y documentos que, por disposición de esta u otra ley, lleven aparejada ejecución. Por su parte, el artículo 561.1.3º, establece que cuando se apreciase el carácter abusivo de una o varias cláusulas, el auto que se dicte determinará las consecuencias de tal carácter, decretando bien la improcedencia de la ejecución, bien despachando la misma sin aplicación de aquéllas consideradas abusivas). ARTÍCULO 695.2 LEC (dentro del capítulo dedicado a las particularidades de la ejecución hipotecaria): OPOSICIÓN A LA EJECUCIÓN HIPOTECARIA. Como ya hemos analizado con anterioridad, en el punto 1.4º, se incluye como causa de oposición el carácter abusivo de una cláusula contractual que constituya el fundamento de la ejecución o que hubiese determinado la cantidad exigible. En el punto 2, al que también se ha hecho referencia, se dispone que, formulada la oposición a la que se refiere el apartado anterior, el secretario judicial suspenderá la ejecución y convocará a las partes a una comparecencia ante el tribunal que hubiese dictado la orden general de ejecución, debiendo mediar QUINCE DIAS desde la citación, comparecencia en la que el tribunal oirá a las partes, admitirá los documentos que se presenten y acordará en forma de auto lo que estime procedente dentro del segundo día.
Eva Mª Cobeña Rondán Secretario Judicial
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