DISEÑO INSTRUCCIONAL INSTRUCCIONAL EVALUACIÓN FINAL (A) ASIGNATURA
DERECHO CONSTITUCIONAL II
DOCENTE
Teddy PANITZ MAU
Instrucciones: A partir del caso propuesto, desarrolle un Informe Constitucional en donde deberá señalar Análisis de Jurídico.- Explique cuales son son los derechos que considera vulnerados vulnerados o que puedan puedan estar en peligro de vulneración. vulneración. Precise el articulado en la Constitución peruana. Por ejemplo : En el presente caso se ha vulnerado el derecho o está en peligro el derecho a XXXX, el cual está contemplado en el artículo -
XXX de la Constitución Política Política del Perú.
Detalle cual cual es el el contenido o conceptos de los mismos. Sea concreto. Por Por ejemplo: ejemplo: El derecho XXX, consiste en XXX …..
Apreciación de la Sentencia.Sentencia.- De acuerdo a la información con con la que cuenta, como como resolvería el caso en el ámbito ámbito nacional. Por ejemplo: ejemplo: La situación descrita se basa en xxxx, y como la Constitución peruana señala xxx, entonces tendría que resolverse que XXX
Tiempo: Cuenta con 90 minutos para el desarrollo de su informe. Por favor utilice una letra legible, sea concreto e n sus apreciaciones. Puede hacer uso de Constitución y sus apuntes de clase. Items: CASO DUQUE VS COLOMBIA El señor Ángel Alberto Duque y el señor J.O.J.G convivieron como pareja hasta el 15 de septiembre de 2001, fecha en la qu e señor J.O.J.G falleció como consecuencia del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida. El 4 de agosto de 1997 el señor Duque ingresó al Programa ETS-VIH/SIDA diagnosticado con infección por VIH C3 y a partir de allí, comenzó su tratamiento antirretroviral con azt-3ct-idv-rtv (800/100mg), el cual no debía suspenderse, ya que esa circunstancia podría implicar un riesgo de muerte. El señor J.O.J.G estaba afiliado a l a Compañía Colombiana Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías (COLFONDOS S.A.). Ante el fallecimiento del señor J.O.J.G, el 19 de marzo de 2002, el señor Duque solicitó por medio de un escrito que se le indicaran los requisitos que debía gestionar para obtener la pensión de sobrevivencia de su compañero. El 3 de abril de 2002, COLFONDOS respondió al requerimiento formulado por el señor Duque indicándole que no ostentaba la calidad de beneficiario de conformidad con la ley aplicable para acceder a la pensión de sobr evivencia. En particular, COLFONDOS señaló lo siguiente:
[L]a legislación colombiana en materia de seguridad social específicamente el artículo 74 de la Ley 100 de 1993 contempla que son beneficiarios de la pensión de sobrevivencia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite, sin embargo, esta calidad de beneficia rio, la ley la establece de la unión entre un hombre y una mujer, actualmente dicha legislación no contempla la unión entre dos personas del mismo sexo. La Ley 100 de 23 de diciembre de 1993 estableció el sistema de seguridad social integral, el cual se entiende como “el conjunto de instituciones, normas y procedimientos, de que disponen la persona y la comunidad para gozar de una calidad de vida […], para proporcionar la cobertura integral de las contingencias, especialmente las que menoscaban la salud y l a capacidad económica de los habitantes del territorio nacional, con el fin de lograr el bienestar individual y la integración de la comunidad”. El artículo 10 de esta ley estipula que el objeto del sistema general de pensiones es “[…] garantizar a la población, el amparo contra las contingencias de la vejez, la invalidez y la muerte [...]” y por otro lado, el artículo 15 del mismo cuerpo legal determina que
la afiliación al sistema de pensiones es obligatoria para aquellas personas vinculadas mediante contrato de trabajo.
Asimismo, el artículo 47 de dicha norma, que se encontraba vigente al momento de los hechos, establecía que eran beneficiarios de la pensión de sobrevivientes “[e]n forma vitalicia, el cónyuge o l a compañera o compañero permanente supérstite” Por su lado, el artículo 74 que estaba vigente al
momento de los hechos señalaba que: En caso de que la pensión de sobrevivencia se cause por muerte del pensionado, el cónyuge o la compañera o compañero permanen te supérstite, deberá acreditar que estuvo haciendo vida marital con el causante por lo menos desde el momento en que ésta cumplió con los requisitos para tener derecho a una pensión de vejez o invalidez, y hasta su muerte, y haya convivido con el fallecido no menos de dos (2) años continuos con anterioridad a su muerte, salvo que haya procreado uno o más hijos con el pensionado fallecido […]
Por otra parte, la Ley 54 de 28 de diciembre de 1990 que regula las uniones maritales de hecho y el régimen patrimonial entre compañeros permanentes, definía en su artículo 1 la unión marital de hecho en Colombia de la siguiente forma: “[p]ara todos los efectos civiles, se denomina Unión Marital de Hecho, la formada entre un hombre y una mujer, que sin estar casados, hacen una comunidad de vida permanente y s ingular. Igualmente, y para todos los efectos civiles, se denominan compañero y compañera permanente, al hombre y la mujer que forman parte de la unión marital de hecho.”
El 26 de abril de 2002, ante la respuesta negativa proporcionada por COLFONDOS, el señor Duque interpuso una acción de tutela solicitando que se reconociera y se pagara la sustitución de la pensión a su favor como mecanismo transitorio mientras se iniciaba la acción jud icial respectiva. Para fundamentar la acción de tutela, se argumentó, entre otras cosas, que efectivamente formaba una pareja con el señor J.O.J.G, que no tenía r entas propias, que vivía con VIH y estaba bajo un tratamiento antirretroviral que no podía suspenderse, que al morir su pareja perdería la afiliación a la entidad prestadora de servicios de salud y que en todo caso, al tener acceso a la pensión de sobreviviente, contaría con los servicios de salud que su condición requería. En el año 2008 la Corte Constitucional de Colombia concluyó a través de la sentencia C-336 que las parejas permanentes del mismo sexo que acrediten dicha calidad tienen derecho a la pensión de sobrevivientes. Asimismo, desde el año 2010 ese mismo tri bunal Constitucional consideró en varias sentencias que el hecho de que la muerte de uno de los miembros de la pareja del mismo sexo hubiera acaecido antes de la notificación de la sentencia C-336 de 2008 no justificaba que pudiese negarse la pensión de sobrevivencia al miembro supérstite.
Toda persona tiene derecho: La Constitución Política del Perú, reconoce el derecho a la igualdad, cuyo artículo 2 inciso 2, determina: “Toda persona tiene derecho: A la ig ualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier índole”, lo que significa que estamos frente aún derecho fundamental y no puede interpretarse de forma literal contraria, pues no consiste en la facultad de las personas de exigir un trato igual a los demás, sino a ser tratado de igual modo a quienes se encuentran en una idéntica situación. El derecho a la igualdad, reconocido en el artículo 2, inciso 2 de la Constitución, tiene dos facetas: igualdad ante la ley e igualdad en la aplicación de la ley. Mientras la primera constituye un límite al legislador, la igualdad en la aplicación de la ley se configura como limite al accionar de los órganos jurisdiccionales o administrativos, exigiendo que los mismos, al momento de aplicar las normas jurídicas, no atribuyan distintas consecuencias jurídicas a dos supuestos de hecho que sean sustancialmente iguales. Como vemos también se ha vulnerado el derecho a la salud los Artículos 7.° y 9.°; se considera que cuando la vulneración del derecho a la salud compromete otros derechos fundamentales, como el derecho a la vida, la integridad física o el libre desarrollo de la personalidad, tal derecho acentúa su carácter fundamental y, por tanto, su afectación merece protección vía acción de amparo. A preci ación de la S entencia.1. Establecer que se vulneró el derecho a la protección judicial. Esto, a pesar de que reconoció que la acción de tutela era un recurso idóneo para la protección de los derechos de Ángel Alberto Duque, que dichos fallos se dieron con base en normas discriminatorias y que no habían reconocido los derechos de las víctimas. 2. Establecer
que había una violación a la vida y a la integridad personal de Duque. Y lo dijo, no sin antes establecer que no le parecería discriminatorio que, hipotéticamente, él hubiera sido desafiliado del régimen contributivo y se hubiera podido acoger al régimen subsidiado. Este derecho se encuentra previsto en nuestra carta magna en el inciso 2 del Artículo 2 de la Constitución vigente que a la letra dice. "Que toda persona tiene derecho a la igualdad ante la Ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquiera otra índole", Con base en los fundamentos de hecho mencionados por la Comisión en su demanda, los representantes solicitaron a la Corte que concluya y declare que el Estado es responsable internacionalmente por la violación de los mismos artículos alegados por la Comisión, en perjuicio de las presuntas víctimas. En virtud de ello, solicitaron a la Corte que ordene al Estado la adopción de las determinadas medidas de reparación.
Reparaciones: 1. garantizar al señor Duque el trámite prioritario de su eventual solicitud a una pensión de sobrevivencia, en un plazo de tres meses; 2. justa compensación, por lo debido desde la fecha de solicitud de la pensión 3. pago por daño inmaterial; 4. reintegro de costos y gastos, 5. publicación de la Sentencia en un Diario Oficial y en la página web oficial del Estado.
