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ESTUDIOS DE CASO SOBRE PROBLEMÁTICAS SOCIOAMBIENTALES EN BOLIVIA Actt ual Ac ualizac izació ión n 2011-2013
Marco Octavio Ribera Arismendi Arismendi
PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN Y MONITOREO AMBIENTAL - LIDEMA
Bolivia - Diciembre 2013
Título : Título: Estudios de caso sobre problemáticas socioambientales en Bolivia. Actualización 2011-2013 Au tor: Auto r: Marco Octavio Ribera Arismendi Programa de Investigación y Monitoreo Ambiental – LIDEMA LI DEMA Editor: Liga de Defensa del Medio Ambiente - LIDEMA Apoyo diseño gráfco: Giovani Roque Diseño y diagramación: Jorge Dennis Goytia Valdivia http://gyg.design1.blogspot.com Impresión: SOIPA Ltda. http://imprentasoipa.blogspot.com/ Depósito Legal: Depósito 4 - 1 - 800 - 14 Las opiniones expresadas son de absoluta responsabilidad del autor y no comprometen necesariamente a LIDEMA. Se autoriza la utilización sin nes de lucro de la información de la presente publicación para nes de difusión o capacitación, citando la fuente.
Citar como: Ribera,A.M.0. 2013. Estudios de caso sobre problemáticas socioambientales en Bolivia. Actualización 2011-2013. La Paz, Bolivia. LIDEMA.
Reconocimiento El proceso de evaluación y seguimiento ambiental de los temas priorizados a lo largo de estos ocho años ha contado con el valioso apoyo y acompañamiento de las instituciones miembro y las coordinaciones de LIDEMA en los 9 departamentos.
La Paz, Bolivia 2014
ESTUDIOS ESTUDI OS DE CASO SOBRE PROBLEMÁTICAS SOCIOAMBIENTAL SOCIOAMBIENTALES ES EN BOLIVIA BOL IVIA
Presentación Entre los objetivos de su Plan Estratégico (PEI) 2004 – 2008, la Liga de Defensa del Medio Ambiente (LIDEMA), se propuso desarrollar un sistema de seguimiento a la situación ambiental del país, que permita tomar decisiones sobre bases sólidas. Con esta nalidad, el año 2006, gracias al apoyo económico que la Embajada de Dinamarca brindó a dicho PEI, se sentaron las bases del Observatorio y con el n de optimizar las acciones de seguimiento, se adoptó un enfoque hacia temas, regiones y problemáticas de alto riesgo. Una vez que se contó con un diagnóstico rápido del estado ambiental de Bolivia, las Instituciones Miembro de LIDEMA priorizaron los temas y situaciones de mayor urgencia y magnitud, en la perspectiva de reducir el riesgo de una elevada dispersión y evitar atender numerosas problemáticas de forma indiscriminada y poco eciente. La priorización tuvo un sentido práctico de dimensionar las capacidades y posibilidades de un seguimiento ecaz. En el proceso de priorización se utilizaron, como base de análisis, un conjunto de criterios de selección, los cuales permitieron dimensionar la magnitud y gravedad de las problemáticas socioambientales. Entre las problemáticas más relevantes, se identicaron los impactos o amenazas derivados de megaproyectos hidroeléctricos, operaciones mineras e hidrocarburífera hidrocarburíferas, s, contaminación urbana a gran escala, expansión de la agroindustria. Los temas prioritarios tienen relación con impactos ambientales en curso o con amenazas potenciales inminentes de gran magnitud, que comprometen la estabilidad de extensas regiones y afectan a importante conglomerados poblacionales. El año 2008, en la presentación de los primeros resultados del seguimiento se puso de maniesto que las situaciones críticas identicadas iban acompañadas, acompañadas, invariablemente, de una notoria debilidad en la aplicación de medidas de prevención, control, scalización y mitigación socioambiental. Al 2013, esta situación no ha variado en lo absoluto y, más al contrario, se observa un debilitamiento aun mayor de la gestión ambiental. El año 2010 se manifestó que la situación ambiental tenía raíz en el modelo de desarrollo vigente, caracterizado por su perl extractivista y primario exportador (gas, minerales, energía, suelos-soya) que ha hecho un énfasis exacerbado en grandes emprendimientos en los sectores de hidrocarburos, minería y energía, tornándose más preeminentes que antes y generando inclusive graves riesgos para varias áreas protegidas. El 2013 se conrmó que el avance acelerado del modelo extractivista y primario exportador se ha favorecido, ante una gestión ambiental magra, a cargo de autoridades ambientales débiles y con poco poder de decisión. Como resultado de esta gura desarrollista, se ha creado escenarios cada vez más críticos y de mayor incertidumbre, tanto en lo social, como en lo ambiental. Paralelamente, las organizaciones ambientalistas que han rebatido el modelo
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extractivista y sus nocivos efectos, han sido atacadas, desprestigiadas y marginadas, situación que se da también en la mayoría de los países vecinos. El año 2010 se expresó, a manera de conclusión, que sólo considerando las grandes problemáticas bajo seguimiento, la realidad socioambiental era mucho peor que en el 2008, con el agravante de que si se seguía manteniendo las actuales políticas de desarrollo y el actual modelo económico, muchas amenazas se irán tornando en mega impactos en los siguientes años. Desafortunadamente, hemos llegado a esa realidad. Se perciben, sin embargo, situaciones positivas, como el hecho de que muchos movimientos y organizaciones sociales, en diversas regiones del país, fortalecieron sus posiciones de resistencia al modelo extractivista y sus megaproyectos o que organizaciones ambientalistas mantengan su visión crítica y sigan proponiendo alternativas para lograr un país más justo y la protección efectiva de la Madre Tierra. Esperamos que esta publicación, con la que se culminan siete años de evaluación y monitoreo socioambiental, aporte en la profundización del conocimiento de estas problemáticas y al fortalecimiento de la gestión ambiental en general.
Jenny Gruenberger Pérez Directora Ejecutiva LIDEMA
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1.
Resumen general de situación 2010-2013
El año 2007, la Liga de Defensa del Medio Ambiente, inició un proceso de evaluación y monitoreo ambiental, a partir de la selección de un conjunto de temas o problemáticas ambientales críticas, y previo proceso de priorización, en la cual participaron los equipos técnicos de las instituciones miembros de LIDEMA en cada departamento. Los primeros ocho grandes temas, incluían a la minería (cuencas Poopó y Pilcomayo), el Mutún, hidrocarburos en el Chaco y el norte de La Paz, la contaminación de la Bahía de Cohana, el IIRSA, el modelo agroindustrial soyero y las megarepresas del Madeira. El año 2008, se incluyeron otros temas, como ser, los megaproyectos de la represa de El Bala y de Cachuela Esperanza, el proyecto geotérmico de Laguna Colorada, la megaminería en San Cristóbal, además de los contextos generales de hidrocarburos y minería. En total, 16 temas, en los cuales, se concentraron los esfuerzos de vigilancia y monitoreo ambiental, con participación de las nueve coordinaciones departamentales de la Liga y el esfuerzo de varias instituciones miembro que han realizado el seguimiento a problemáticas ambientales, como los derivados de la minería, a lo largo de muchos años. Esto implicó, trabajos en terreno, muestreos de aguas contaminadas, contactos con actores locales, sobrevuelos, exhaustiva revisión bibliográfca y la aplicación de la metodología Estado-Presión-Respuesta. La vigilancia y monitoreo ambiental se realizó entre los años 2007 y 2013, con un primer set de publicaciones el año 2008 y un segundo evento de difusión el año 2010, para culminar con el presente trabajo de investigación y seguimiento ambiental, el año 2013. El mismo, implicó la realización de numerosos peritajes en terreno, sobrevuelos, análisis cartográfco y de imágenes satelitales, talleres y eventos con organizaciones sociales e instituciones de la sociedad civil, entrevistas a actores claves y sistematización de información actualizada. El mismo fue realizado en el marco del Programa de Apoyo a la Participación de la Sociedad Civil (DANIDA) y del Proyecto de investigación–acción Nacionalización de Industrias Extractivas (NEBE) en Bolivia y Ecuador con apoyo del Programa COCOON (Conict and Cooperation in Natural Resources). En general, se concluye que en los 16 estudios casos priorizados por LIDEMA, la situación ha empeorado notablemente, en términos de generación de impactos, incrementos de riesgos y generación de conictos. En ninguno de los casos se ha observado una reducción de las afectaciones por un efectivo cumplimiento de las normas ambientales, o una reducción de amenazas por una retracción de megaproyectos. La siguiente relación, es una sinopsis apretada de los 16 estudios de casos, cada uno de los cuales comprende un capítulo específco desarrollado de forma detallada.
En el caso de la contaminación de Cohana y otras bahías aledañas (lago Menor del Titicaca), el deterioro de la calidad ambiental ha aumentado e invadido progresivamente las aguas
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interiores de las bahías y ya han llegado a la zona de las islas como Suriqui, Taquile y Pariti, ante la ausencia de acciones efectivas de las autoridades ambientales. La gran contaminación de aguas contaminadas domésticas y de uso industrial, proviene de la ciudad de El Alto y sus conurbaciones como Laja y Viacha, las cuales desembocan por los ríos Seco y Seque, al Pallina que alimenta al río Katari. La planta de Puchukollo a cargo de EPSAS, no funciona desde hace muchos años, a pesar de las inversiones de ampliación realizadas. También, la planicie aluvial del río Katari está signicativamente contaminada por los fuertes desbordes estacionales de dicho cuerpo de agua que desemboca en la bahía Cohana, y por los arrastres de basura. Las diversas acciones paliativas, como el recojo de la lenteja de agua, no han tenido efecto alguno en la reducción del problema. Ninguna de las instancias del nivel central, como tampoco la Gobernación, ni los municipios, han realizado esfuerzos para aportar con una solución estructural a esta problemática. Es una zona de desastre ambiental y de conicto social latente.
En cuanto a la Minería, baluarte del modelo extractivista y primario exportador, sigue siendo el principal agente de contaminación y degradación ambiental en diversas regiones del país. Las operaciones mineras pequeñas y medianas, han seguido proliferando, acorde con el ritmo de la demanda y el mantenimiento de buenos precios internacionales de los minerales, acrecentándose en paralelo el bajo nivel de cumplimiento de las normas ambientales. En contraste con la dimensión de las exportaciones, las imposiciones tributarias siguen siendo raquíticas y desfavorables para el erario, a pesar de ello, las prerrogativas del sector han ido en aumento. En tanto que el proyecto de nueva Ley Minera, pronta a ser aprobada, ha extremado el marginamiento de los temas socioambientales. Las operaciones mineras en la región del Poopó, en Oruro, han seguido generando crecientes impactos a la calidad ambiental, ya muy depauperada, de la cuenca. Las organizaciones y movimientos sociales de defensa, como el CORIDUP (Coordinadora en defensa de la cuenca del Río Desaguadero, los lagos Uru Uru y Poopó), han denunciado que cada vez es más crítico el incumplimiento de las normativas ambientales y la toma de recaudos; en tanto, el malestar social se ha incrementado a partir del escaso cumplimiento y aplicación del Decreto 0335 de Emergencia ambiental de la subcuenca Huanuni, así como por el cuestionado desarrollo de la auditoría a Kori Kollo. Respecto a la Minería en la cuenca del Pilcomayo (Potosí, Chuquisaca, Tarija), algunos estudios y la percepción local, parecen indicar que los niveles de contaminación por metales pesados siguen elevados, dada la proliferación de operaciones de explotación y procesamiento, sin recaudos ambientales, en toda la cuenca y subcuencas (como la de Atocha-Tumusla). Esto se contrapone a declaraciones y supuestas evaluaciones, que indican que la carga de metales ha disminuido en las aguas, algo que carece de sentido, dado que aparte del dique San Antonio, y otras pocas operaciones, el resto de actividades mineras carecen de medidas de control ambiental. Temas como los pasivos del cerro San Miguel, el tiempo de vida útil del dique de
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colas San Antonio, o las denuncias sobre las grandes operaciones como San Bartolomé y San Vicente, siguen sin tratamiento efectivo por parte de las autoridades departamentales o nacionales.
El megaproyecto minero San Cristóbal en el sudoeste de Potosí, con mayor voracidad que hace tres años, intensicó sus operaciones y prevé ampliar su radio de acción a otros sectores de la concesión. Paradójicamente, un informe resultado de una consultoría internacional, ha pretendido demostrar que el megaproyecto usa menos volúmenes de agua que hace unos años. Dicho informe asume que las aguas utilizadas no son fósiles, aunque contradictoriamente admite que provienen del holoceno temprano. De acuerdo a la Ley Minera vigente, los inmensos volúmenes de agua (50.000 mt 3/día) están exentos de cualquier pago, y como en el resto del sector, su retribución tributaria es irrisoria comparando la dimensión de exportación de concentrados. El megaproyecto a cargo de una transnacional japonesa (SUMITOMO), tiene el apoyo del Gobierno central y la Gobernación de Potosí. La situación del megaproyecto minero y siderúrgico del Mutún, sufrió un colapso total, después de un somero avance, debido al accionar errático y poco claro de la transnacional JINDAL, que realizo magras inversiones y la falta de capacidad administrativa y scalizadora del Gobierno. A esto se sumó la falta de gas para impulsar la fase siderúrgica. Como resultado la Empresa Estatal Siderúrgica del Mutún pretende hacerse cargo del proceso, aunque el Gobierno ha anunciado licitaciones internacionales. Los mayores impactos y riesgos ambientales a la ecoregión del pantanal y al área protegida Otuquis, no se derivaron de la operación minera propiamente, sino de las mega-infraestructuras asociadas para la exportación del mineral, en curso y proyectadas, como el camino a Puerto Busch, la ferrovía, la estructura portuaria y potenciales manipulaciones hidrológicas a gran escala (canal a Puerto Busch). Dos elementos críticos son, la falta de gas para la reducción del hierro, al punto de que se vuelva a hablar del uso de carbón vegetal (“a ser comprado del Brasil”), y las limitaciones de agua, que el megaproyecto precisa en enormes volúmenes, poniendo en riesgo cuerpos de agua de importancia clave como la Laguna Cáceres. El tema de los hidrocarburos, es el otro puntal del modelo extractivista y desarrollista que se ha acentuado en los últimos años y se ha complejizado notablemente debido a la proliferación de múltiples operaciones de exploración sísmica y perforatoria, lo cual ha signicado la ampliación de la frontera petrolera a la región amazónica. Esto se ha dado como una evidente respuesta a la pronunciada reducción de las reservas de gas y líquidos. La tendencia del sector, ha apuntado a la exibilización de las normas ambientales, esto, sumado al ya escaso nivel de cumplimiento, tanto de las normas, como de la consulta participativa. Esto se reeja en el proyecto de la nueva Ley de Hidrocarburos que da enormes privilegios al sector, en detrimento de los aspectos socio ambientales. Si bien el tema tributario es más favorable al país después de la nacionalización, la retribución petrolera, ha acrecentado el enfoque rentista en las regiones, los pueblos indígenas que viven en las zonas productoras, en la práctica no reciben benecios, y no hay inversiones en aspectos ambientales. La irresponsable temeridad del
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sector y en especial de YPFB, ha hecho que se reciba con aplausos la tecnología de la fractura hidráulica (“Fracking”), de depósitos de “shale gas”, muy cuestionada internacionalmente por los graves impactos ambientales que genera.
Las operaciones hidrocarburíferas en la zona tradicional del Chaco (Aguaragüe), son parte del proceso de ampliación de la frontera petrolera iniciada el año 2008, llegando a generar severos riesgos a regiones de alta fragilidad como la serranía de Aguaragüe o zonas del patrimonio cultural como Tentayape. En los últimos cuatro años, se han generado múltiples impactos a los ecosistemas en diversas zonas y han proliferado los conictos entre las comunidades y organizaciones indígenas y las empresas-Gobierno, por el bajo nivel de cumplimiento de normas e instrumentos y el desarrollo de consultas mal encaminadas. La zona más amenazada se constituye la serranía de Aguaragüe, donde el 2013, se ha autorizado de forma irregular el ingreso de empresas como PETROANDINA o la china EASTERN gas & petroleum. Por su parte, YPFB ha enfocado como unos de sus puntos de experimentación del “fracking”, a la serranía de Aguaragüe (sector de campo Monos) poniendo en mayor riesgo a la fuente clave de provisión de agua a toda la región. A todo esto, se suman los impactos por pasivos ambientales petroleros (casi un centenar solo en el Aguaragüe), los cuales al momento solo están planes de remediación, argumentándose la falta de recursos económicos. El tema de los hidrocarburos en el norte de La Paz, fue tornándose socio ambientalmente más crítico en los últimos tres años, no solo por las preparaciones de la perforación del pozo Liquimuni, sino por la creciente división y conictividad social interna en el pueblo Mosetene, que dejó la exploración Sísmica, cuya raíz fue una consulta irregular y de mala fe. Al momento no se ha dado a conocer la Ficha Ambiental de la perforación, tampoco el EEIA o la emisión de la Licencia, en tanto que la consulta pública desarrollada en Sararía, se ha reducido a un cabildo con cariz político partidista. Siendo que el pozo está en directa colindancia con la TCO Mosetene, no se ha realizado la consulta participativa que prevé el Decreto 29033. YPFB maneja cifras del potencial gasífero y petrolero de dicha zona, de manera antojadiza, sin haber realizado la exploración de perforación. A lo anterior, se suman los anuncios del Gobierno, de abrir a la exploración petrolera, en las áreas protegidas más importantes del norte amazónico del país (Madidi, Pilón Lajas. TIPNIS) y el Aguaragüe en el Chaco, además de Tariquia, Amboró e Iñao, con lo cual el nivel de riesgo socio ambiental se magnica de forma extrema. El megaproyecto Complejo agroindustrial azucarero de San Buenaventura, que desembocó en la formación de la empresa azucarera EASBA, ha seguido un curso errático, con notoria improvisación y muy frecuentes declaraciones demagógicas, además de notables contradicciones en cuanto a cifras. Se ha informado la rma de contrato con la empresa china CAMC para la construcción del complejo, sin embargo, al momento no se ha dado a conocer la Ficha Ambiental, ni el EEIA del complejo agroindustrial, como tampoco el plan y estrategia de las proyecciones agrícolas. El estudio edafológico realizado por Ronald Vargas el año 2010, que concluye que la zona es solo marginalmente apta para el cultivo de caña y la producción de azúcar, no ha servido para asumir una lógica precautoria y frenar el megaproyecto
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agroindustrial y de monocultivos a gran escala. El complejo agroindustrial ha sido la base para impulsar megaproyectos viales como la mejora de la carretera San Buenaventura-Ixiamas y el puente sobre el rio Beni; ambos factores propiciaran la ocupación de tierras y el avance de las fronteras agropecuarias, situación favorecida por el vacío de control y scalización ambiental imperante. Sigue por tanto latente, el riesgo de avance desordenado de desmontes para monocultivos de caña (y palma africana) sobre una de las últimas fronteras naturales del país.
En cuanto al tema de la Soya agroindustrial y los biocombustibles, el modelo productivo avanza en función a un 99% de variedades de soya transgénica y el uso a gran escala de diversos herbicidas. La ampliación de la frontera agroindustrial se proyecta hacia el norte de Santa Cruz (Guarayos), Chiquitanía hacia el este-sudeste y el Chaco. Los últimos tres años, han signicado un curioso acercamiento entre el Gobierno del Movimiento al Socialismo y el sector empresarial más depredador de la Madre Tierra e íntimo aliado de transnacionales nefastas como MONSANTO y SYNGENTA. El Gobierno ha dado a las corporaciones del sector agroindustrial, que incluye al soyero, varias prerrogativas, como el mantenimiento del millonario subsidio energético, el apoyo nanciero a partir del FIMPRO y la Ley 337, que condona los delitos de desbosques no autorizados y permite a la vez, un nuevo ciclo de avance de las fronteras agrícolas, prometiendo incluso modicar la Ley Marco de la Madre Tierra (Ley 300), a favor del sector agroindustrial, en sus artículos que prohíben o limitan los productos transgénicos. Si bien se redujo la ebre de los biocombustibles, impulsado a ultranza el 2009 por el IBCE, el tema sigue en las agendas de las corporaciones. El programa IIRSA, el 2010 y 2011, fue fuertemente criticado por sus escasos avances en aspectos de una real vinculación estratégica y teóricamente ha sido reemplazado por la UNASUR y su instancia de coordinación el COSIPLAN, que ha agendado varios de los proyectos IIRSA en una lista de priorizada. La UNASUR tiene fuerte presencia del Brasil, en especial a partir del BNDES, que se constituye en el principal agente nanciero. En el país, los proyectos viales del IIRSA, han avanzado bajo la pantalla de la integración caminera nacional para el desarrollo. El corredor Santa Cruz-Puerto Suárez (Santos-Iquique) ha promovido un intenso proceso de ocupación de tierras, cambio de uso del suelo y explotación de recursos, todo bajo un esquema de escaso control y scalización. En tanto que el corredor Norte en la Amazonía, ha avanzado muy parcialmente (sector Yungas de La Paz y en el norte del Beni y Pando), aunque se prevé también una dinámica similar de explotación de recursos y avances desordenados de las fronteras agropecuarias. Las megarepresas del Brasil en el Madeira, San Antonio y Jirau, ya han sido nalizadas y en la práctica ya están funcionando, Jirau con retraso por la explosión de graves conictos laborales. Los consorcios de ambas megaobras, han sido autorizados a aumentar sus reservorios, diques y potencias de generación, al margen de estudios ambientales adicionales, con lo cual se incrementan los riesgos de inundaciones en la Amazonía boliviana. Con todo, en territorio brasileño, ya se han producido impactos de inundaciones en las montantes (aguas arriba de la represa) y erosión de bancos aluviales en las jusantes (aguas abajo). La dinámica de
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impacto en el Madeira, se encuentra todavía en el inicio de la formación de los reservorios, los cuales se prevé superarán las previsiones de los proyectos y estudios iniciales, dados los incrementos de potencia que fueron autorizados. Adicionalmente, los impactos negativos socio-culturales en el Brasil, han sobrepasado todas las previsiones y expectativas. Causo perplejidad, las reacciones de preocupación por parte de la Cancillería boliviana por los riesgos de inundaciones e impactos en la Amazonía del país, por las represas del Brasil, en especial por la extemporaneidad y las contradicciones intrínsecas. Se ha alertado sobre una drástica reducción de las capturas pesqueras en los ríos del norte amazónico de Bolivia, lo cual podría estar relacionado con la dinámica de las megarepresas del Brasil. En referencia al proyecto de la megarepresa de Cachuela Esperanza, está se perla como un ejemplo del modelo extractivista y exportador, así como una emulación del ritmo desarrollista del Brasil. Se destaca el hecho de la paralización de la consultoría de TECSULT, cuya alerta sobre el riesgo de graves inundaciones sobre Riberalta y comunidades ribereñas, parecía haber perturbado las optimistas declaraciones del Gobierno y ENDE; de cualquier forma nunca se llegó a conocer el EEIA de la obra. Otro elemento llamativo es la supuesta aceptación del megaproyecto por la comunidad de Cachuela Esperanza, que parece debatirse entre la resignación y la expectativa de benecios. El proceso ha desembocado en un acercamiento con la empresa china SINOHYDRO para la revisión de los estudios de TECSULT y la eventual construcción de la obra. Dicha empresa tiene malos antecedentes en el Ecuador a raíz de la megarepresa Coca-Codo Sinclair, del cual es responsable. El megaproyecto de Cachuela Esperanza, es objeto de muchas declaraciones gubernamentales, pero paradójicamente, no gura en los planes y proyecciones del Sistema Interconectado Nacional. Desde el año 2010, se ha advertido sobre el mal negocio de la venta de energía al Brasil, poniendo en duda su alto costo de producción de energía. Se ha advertido desde el año 2010 que su construcción, generaría impactos sinergizados a los de las megarepresas brasileras y restaría efectividad en posibles reclamos de indemnización al Brasil por impactos de inundaciones en la Amazonía boliviana.
La megarepresa El Bala afortunadamente ha tenido al presente, un escaso avance y solo se conocen por notas escuetas en prensa de supuestos estudios geomagnéticos, de los cuales no se conoce ningún resultado. A pesar de las voces de alerta, el Gobierno no ha retrocedido en su promoción, gurando en innúmeras declaraciones, como otra de las posibles fuentes de exportación de energía. Posiblemente es el más claro ejemplo del desarrollismo ciego que re-edita un megaproyecto ecocida y etnocida de épocas dictatoriales y neoliberales. Se sigue asumiendo, que este megaproyecto, ocasionará una gran devastación en la región de mayor riqueza biológica del país. A pesar de ello se sigue mencionando la falacia de ser una fuente de “energía limpia”, cuando en la práctica será un mega-emisor de metano aportando en mucho al calentamiento global. Es uno de los tantos temas en los cuales el SERNAP no emitió ninguna voz de alerta o preocupación.
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Finalmente, en el conglomerado de desaciertos ambientales (y económicos) gura el Complejo geotérmico en Laguna Colorada, el cual afectará una de las áreas protegidas de mayor relevancia del SNAP, la Reserva de fauna Eduardo Abaroa y su Sitio RAMSAR Laguna Colorada, tipicadas internacionalmente como joyas de la naturaleza por su fauna altoandina y sus extraordinarios paisajes naturales. Se prevé que el proyecto energético en todas sus etapas, ocasionará un fuerte deterioro ambiental y escénico del área y un eventual colapso de las actividades de ecoturismo. El año 2009, el SERNAP emitió observaciones, sobre las proyecciones del complejo, pero no obtuvo el apoyo necesario del Viceministerio de medio Ambiente y Biodiversidad. El propio EEIA prevé numerosos impactos ambientales y socio-culturales negativos y pocos impactos positivos. El proyecto ha sido cuestionado por la escasa generación de potencia de energía (solo 100 MW), y un muy elevado costo de inversión, comparando otras fuentes de energía como la termoeléctrica, lo cual genera una relación costo/benecio onerosa y que debería ser prohibitiva a la hora de tomar decisiones. Si se considera la severa afectación ambiental, esta relación es aún más elevada. El proyecto cuenta con el apoyo decidido del Japón en el arranque nanciero y su arranque estaba previsto para el 2013.
El rol de la prensa en la mayoría de los casos, fue importante en una etapa inicial al conocimiento de los impactos o megaproyectos, como es el caso de Cohana, Geotermia Laguna Colorada, El Bala, Represas del Madeira, Liquimuni, etc.). Posteriormente hubo un retraimiento del nivel de acompañamiento por la prensa, hasta un silencio total, por diversas razones, y lo único que se dio a conocer fueron notas breves sobre las declaraciones de autoridades de Gobierno o las empresas estatales. Sin embargo, destacaron algunos valiosos reportajes de investigación. La investigación cientíca en temas ambientales referidos a los casos analizados, fue asombrosamente magra, casi inexistente, con la salvedad de los estudios de minería en el Programa de Investigación Ambiental del PIEB en Oruro y Potosí y los de la Comisión Minera Ambiental de LIDEMA. Salvo en contados casos, como la minería en Oruro y Potosí, o en las organizaciones indígenas del Chaco, se conformaron auténticos movimientos sociales en defensa de los derechos ambientales e indígenas, y en contra de procesos desarrollistas. En el resto de los casos se dieron respuestas aisladas y coyunturales, que tuvieron escaso efecto.
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Problemática socioambiental hidrocarburífera en la Zona tradicional
Antecedentes El año 2007, LIDEMA inició un proceso de monitoreo socioambiental de los impactos y efectos de las operaciones petroleras en las regiones con proyectos hidrocarburíferos en Bolivia. Una de estas regiones, posiblemente la más importante por sus incumbencias culturales y ecológicas, y por la situación de riesgo creciente, es la del Chaco, que se superpone a la denominada Zona Tradicional Petrolera. Prácticamente toda la región está superpuesta a bloques petroleros, concesionados a YPFB, la cual desde el año 2007, tiene contratos de operación con diversas empresas transnacionales como REPSOL, TOTAL, BG, PETROBRAS y PETROANDINA, que es un consorcio mixto entre YPFB y la empresa venezolana de petróleos, PDVSA. La región ha tenido actividad petrolera desde hace varias décadas y existen zonas con fuertes impactos por pasivos ambientales. También en el Chaco, se encuentran los grandes campos gasíferos que sustentan el modelo extractivista boliviano.
Aspectos generales de la reg ión La denominada Zona Tradicional Hidrocarburífera de Bolivia, comprende toda la región del Chaco (Chaco serrano y Chaco basal) en el sur de Bolivia; ha estado sujeta a operaciones petroleras a lo largo de varias décadas, incluso desde antes de la guerra del Chaco (1932-1935), lo cual ha signifcado una acumulación de impactos socio ambientales hasta la actualidad. De hecho se han reportado cientos de pasivos ambientales, especialmente en la zona de serranías, la mayor parte de los cuales, nunca fueron remediados. Este aspecto fue analizado en los reportes de LIDEMA de los años 2008 y 2010. Inmersa en la zona “tradicional petrolera” del Chaco tarijeño se encuentra la serranía del Aguaragüe, donde convergen los municipios de Villamontes, Yacuiba y Caraparí, y que corresponde a un área protegida del SNAP. Las principales localidades de la región, son Yacuiba en el sur (91.998 habitantes/censo 2012) en el borde fronterizo con la Argentina, y Villamontes (39.800 habitantes/censo 2012), más al norte y próxima al río Pilcomayo. Otras localidades son Caraparí y Entre Ríos, con menos de 15.000 habitantes. Estas ciudades intermedias pertenecen a la Provincia Gran Chaco del departamento de Tarija. A fnes de los años 90, se registraron en torno a la serranía Aguaragüe, 33 comunidades indígenas (Guaraní y Weenhayek) 15 dentro de los límites del área protegida y 18 en la zona de inuencia inmediata (Ayala, 1998). Considerando la población indígena y campesina, que tiene mayor relación geográfca y ecológica con la serranía, superarían los 7.000 habitantes. Algunas de
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estas comunidades indígenas más representativas de la región Aguaragüe son: TimboyTiguazu, Itavicua, Primavera, Sanandita, Sachapera, Aguayrenda, Ojo de Agua, Tucainti, Caigua, Chimeo, Ipa, Tararí, Iguembe, Aguayrendita, Berety, Timboy, Nazareno, Caiza, Ayururenda, Laguna Seca, Pananty, Guasurenda, Palmar Chico, Campo Grande, Tembipe. San Francisco Inti. Las comunidades pertenecen a las Capitanías indígenas de Yaku-Igua (Yacuiba), Villamontes y Caraparí, y se agrupan en el Consejo de Capitanes Guaraníes Tapiete de Tarija (CCGT), que a su vez forma parte de la Asamblea del Pueblo Guarani (APG). En la serranía del Aguaragüe, en el departamento de Tarija, conuyen la TCO APG-Yacuiba (con espacios territoriales dispersos), el sector norte de la TCO Weenhayek y parte de la TCO Itika Guazu en el noroeste. El pueblo indígena Guaraní (al igual que los Tapiete y Weenhayek) en Tarija a pesar de su importancia numérica y cultural, es relegada por la sociedad criolla regional. El idioma Guarani en la región, es exclusivamente hablado por la población indígena y no así por el resto de los habitantes no adscritos a la etnia, lo cual es una diferencia notable a lo que ocurre en el Paraguay, donde el Guarani es uno de los idiomas ofciales.
La serranía del Aguaragüe es el último contrafuerte de las serranías subandinas antes de la gran llanura del Chaco basal; este sistema montañoso con un rango altitudinal entre los 1.870 y 400 msnm., está conformado por lutitas y areniscas de edad pérmica, en tanto que las tierras pedemontanas y los de la contigua llanura, son de edad terciaria u cuaternaria. La serranía del Aguaragüe, abarca casi 180 kilómetros en dirección norte-sur, con una amplitud este-oeste, entre 10 y 20 Km, considerando los faldíos del pie de monte. Se extiende, desde Tarija en la frontera con Argentina, hasta el borde de la zona de Boyuibe (río Parapetí) en Santa Cruz. Aguaragüe en Guaraní signifca “pelo de zorro” y para la población indígena, tiene una connotación cultural mítico-religiosa. Debido a la naturaleza geológica (areniscas, lutitas y pizarras) y la geomorfología caracterizada por sierras angostas paralelas, valles profundos y laderas de notable inclinación, la zona es una de las de mayor fragilidad y sensibilidad ecológica de la región. Constituye una transición entre los bosques húmedos del Yungas tucumano-boliviano y el bosque subhúmedo, del Chaco serrano. El Aguaragüe, por su ubicación, es un interceptor o captador de lluvias, rodeado de zonas secas, en especial hacia la llanura basal. Por tanto, es un proveedor por excelencia de funciones o servicios ambientales relacionados con la oferta de agua a las comunidades y ciudades intermedias ubicadas en su entorno. Esta fue una de las razones para ser declarado a partir de la Ley 2083, como área protegida en abril del año 2000, bajo la categoría de manejo de Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado, con una superfcie de 108.307 hectáreas, de las cuales, 45.822 has., corresponden a Parque Nacional, a partir. La categoría de Parque fue establecida a partir de la cota 900 msnm., (SERNAP, 2011). En diciembre del 2008, el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP) y el Consejo de Capitanes Guaraníes de Tarija (CCGT), frmaron un acuerdo para la co-administración del área protegida.
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Estado A pesar de los impactos generados a lo largo de siglos, pero especialmente en las últimas décadas, la cobertura primaria de la serranía del Aguaragüe y zonas vecinas, se encuentra en general, bien conservada, hasta en un 80%, existiendo muchas zonas de bosques primarios sin intervención alguna. Sin embargo existen zonas altamente degradadas y otras que enfrentan riesgos ambientales crecientes. Esta situación, puede generalizarse para casi todas la ecoregiones que conforman la Zona Tradicional Petrolera. La región enfrenta múltiples impactos y amenazas además de tema de las operaciones petroleras, como ser la expansión de las fronteras agropecuarias en torno a la carretera y, que ya afectan considerablemente la zona pedemontana del Aguaragüe. También en la región de la llanura chaqueña, entre Yacuiba y Villamontes, existe una descontrolada actividad agroindustrial por menonitas, con desmontes que superan las 60.000 hectáreas. En la región existe tala de maderas duras con pocas restricciones o actividades de control, en tanto que los impactos de las quemas anuales pueden ser considerables en ciertos años. El Aguaragüe es especialmente vulnerable a los incendios extendidos y ha sufrido severos episodios en años anteriores. La construcción de infraestructuras es también, de alto riesgo para la serranía y principalmente para las cuencas, en especial caminos que vinculan la región de este a oeste (p.e. tramo Campo Pajoso a Caraparí), los caminos petroleros que ingresan las zonas de operaciones, o el proyectado túnel que fue impulsado el 2010 por la Gobernación de Tarija, y que ya genero impactos en las zonas donde se pretendió avanzar con la obra en el tramo antes citado. La expansión del radio urbano de Yacuiba y Villamontes, también genera impactos considerables en las zonas pedemontanas de la serranía, así como los efectos a la calidad ambiental de la región por el tema de residuos y aguas servidas. El estado es en general todavía bueno, pero con tendencia clara a empeorar, dado el avance de los planes extractivistas petroleros, las proyecciones desarrollistas de la región, el avance agroindustrial y la debilidad crónica de la gestión ambiental, que se hace patente en la región.
Impactos y amenazas socioambientales La fragilidad ecológica e hidrológica del Aguaragüe, y su rol de nato proveedor de agua, son razones centrales para alertar sobre los múltiples planes de exploración sísmica y perforatoria de YPFB en la serranía, incluyendo sus proyecciones de incursionar en la nefasta tecnología del fracking” o fractura hidráulica, para explotar yacimientos de gas no convencional (“shale gas”), que supuestamente podrían existir en las formaciones geológicas profundas. El área protegida tiene relación espacial y geológica con las zonas de los megacampos gasíferos San Alberto, Itau, Sábalo, San Antonio y Margarita, además de otras zonas con historial de operaciones petroleras como Sanandita (nuevamente reabierta a la exploración el año 2012).
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La serranía de Aguaragüe ha sido identifcada en el Inventario de Ecoregiones Amenazadas de Bolivia, estudio desarrollado por LIDEMA (Ribera, 2011), como unidad en estado crítico, debido a su condición de alta fragilidad y las múltiples situaciones de riesgo que enfrenta. Diversas zonas, tanto de la serranía como en sus entornos, han sido profundamente impactadas por diversos tipos de operaciones petroleras, incluidas las referidas al desarrollo de los megacampos gasíferos. Las principales causas de impactos socioambientales por las actividades petroleras son:
Exploraciones petroleras sucesivas (desde la década de los años 20) mayormente perforatorias, que dejaron numerosos pasivos ecológicos en forma de daños a los ecosistemas por apertura de sendas, caminos y planchadas, además por contaminación ambiental por pozos abandonados (p.e. pozos X3 y X31 en la zona de Sanandita, quebrada Monos, Caigua). Exploraciones sísmicas, especialmente en las zonas de los megacampos gasíferos adyacentes al Aguaragüe, desde mediados de los 90, con impactos relacionados a brechas, detonaciones, helipuertos, campamentos, y efectos colaterales inducidos, etc. Construcción de infraestructuras petroleras, como encauzados de ríos y un túnel que atraviesa la serranía para el paso de ductos desde la zona del megacampo San Alberto, (zona operada por PETROBRAS). Dicho túnel fue construido el período 2003-2004, para el paso de los ductos Gasyrg y Yabó. Operaciones petroleras de producción y transporte, relacionadas a los Megacampos gasíferos (San Alberto, San Antonio-Sábalo, Margarita) en la zona de inuencia oeste del complejo de serranías, con impactos relacionados a la quema constante de gas y riesgos de contaminación de aguas.
Hitos Históri cos en el Sector de Hidrocarburos en Boli via Datos c omplementados a Coello, 2007 y Castrillo, 1986. 1910: El empresario Luis Lavadenz obtiene concesiones en las zonas Saipuru y Aguaragüe, se inician perforaciones en la zona de Cuevo, se afectan zonas naturales de elevada fragilidad. 1950: Se descubre en Sanandita el Campo Monos. 1966: Se descubren los campos San Alberto y San Antonio en Tarija. 1970: Se perforan 33 pozos en las zonas de Camiri, Sanandita y Bermejo. 1973: Se descubre en Tarija el campo Caigua. 1975: Se construye el ramal del oleoducto desde Campo Monos hasta el oleoducto Camiri-Yacuiba.
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2005: En fecha 24 de noviembre, se promulga el Decreto Supremo 28467, en el
Gobierno de Eduardo Rodríguez Veltze, a través del cual se reservan a favor de YPFB 11 áreas de interés hidrocarburífero, que incluye el Bloque Aguaragüe. 2007: Se
promulgan Reglamentos de áreas reservadas a favor de YPFB, D.S. 29130 del 13-05-07, adicionando 10 bloques a los 11 anteriormente reservados por el D.S: 28466, de los cuales se observa que están vinculados con áreas protegidas los siguientes: y
y
Dentro del Bloque Aguaragüe se discriminan “Norte” con 53500 Ha. (en Chuquisaca y Santa Cruz, fuera del Parque Aguaragüe), “Centro” con 49.125 Ha. (en Tarija, dentro el Parque Aguaragüe), “Sur A” con 29.375 Ha. (en Tarija, dentro del Parque Aguaragüe) y “Sur B” con 14.375 Ha. (en Tarija, dentro del Parque Aguaragüe). Bloque Sanandita en el Parque Aguaragüe con 11.875 Ha. (en Tarija, dentro del AP).
El caso y el túnel del oleoducto de PETROBRAS en el Aguaragüe, reviste especial importancia por las implicaciones ecológicas e hidrológicas que pudo tener. Dicha transnacional implementó entre los años 2002-2006, el Proyecto “Líneas de Transferencia Poliducto/Oleoducto Campo Sábalo” en el PNANMI Aguaragüe. A n de resolver problemas técnicos y evitar impactos ambientales en el Parque Nacional, se construyó un túnel de alto costo por debajo la cota 900, para el paso de los ductos, mismo que atravesó la parte media-baja de la Serranía en más de 2 kilómetros, de longitud, siguiendo posteriormente los ductos por la Quebrada Los Monos (enterrados en su lecho) hasta la salida del área protegida. Como es de esperar, el proyecto generó importante cantidad de escombros, los mismos que se dispusieron en buzones, que de cualquier forma, llegaron a afectar las cuencas. Durante la etapa de operación, en abril del 2006, una fuerte riada generó socavamiento y daños en los ductos enterrados, con aoramientos y fracturas en varios sectores, provocando derrame de hidrocarburos durante horas hacia las aguas de la quebrada Los Monos y por intermedio de ésta, al río Pilcomayo. Los daños ambientales no pudieron ser cuanticados por el efecto del relave y dilución de los hidrocarburos durante la riada (Coello, J. 2008). Los impactos más severos, se relacionan con la construcción del túnel del gasoducto en la zona sur, lo cual, pudo haber tenido efectos en los años siguientes, en la estabilidad de la dinámica hidrológica de la serranía, al afectar las venas de los acuíferos y zonas de recarga, y en relación a reportes de eventos anormalmente elevados de escorrentía, ujos de lodos y aumentos de caudales de ríos y arroyos en las partes bajas. Desafortunadamente, no se realizaron estudios hidrológicos posteriores a la apertura de dicho túnel. Se conoce que en años anteriores (2003-2004), la Empresa CHACO implementó el proyecto “Perforación Exploratoria Timboy X1” en el Aguaragüe, luego de tramitar la licencia ambiental correspondiente (Coello, 2008), habiendo realizado una exploración sísmica 3D. El proyecto
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generó problemas ambientales por la desestabilización de taludes durante la apertura del camino provocando daños en la quebrada Timboy y afectando la fuente de agua para la comunidad del mismo nombre, además del incumplimiento de la Licencia Ambiental por el desvío no autorizado del camino, que incrementó los daños a la quebrada (Coaquira, 2010). Los planes de exploración 2011-2020 de YPFB, incluyen nuevas proyecciones de exploraciones sísmicas, exploraciones de perforación y procesos de explotación (YPFB Corporación, 2010) y por tanto nuevos riesgos. Las empresas que tienen zonas de operación en el Aguaragüe y sus zonas de inuencia próximas son: PETROBRAS (Megacampo San Alberto este y oeste, exploración
sísmica 3D en el Megacampo San Antonio-Sábalo); REPSOL (Megacampos Margarita-Huacaya, Caipipendi Sur A y Centro); CHACO (Caigua, Monos); PETROANDINA (Aguaragüe Centro, Aguaragüe Sur A-Timboy, Aguaragüe Sur B, Tiacia); TOTAL (Campo Itaú. Tarija oeste y Bloque XX). El 2012, se adiciona la empresa de capitales Chinos EASTERN PETROLEUM & GAS (que tiene una sociedad mixta con YPFB), la cual operará con exploración en la zona de Sanandita. Otras obras en la región fueron el Gasoducto Internacional Juana Azurduy, además del proyecto en curso de la Planta industrial de Yacuiba, ambas bajo crecientes conictos entre la APG y
YPFB-MHE (Ministerio de Hidrocarburos y Energía). Las exploraciones de PETROANDINA, por las múltiples operaciones, se perlaban como las
más críticas para la zona del Aguaragüe. El año 2009, el Gobierno asignó a esta empresa siete bloques en el subandino sur de Tarija, para actividades de exploración y explotación, los cuales se superponen al área protegida Aguaragüe. PETROANDINA propone realizar estudios sísmicos en cada uno de los siete bloques (un promedio de 300 Km² por bloque), también prevé perforar 14 pozos exploratorios, dos por bloque, calculando una inversión total de 646 millones de dólares. La exploración del conjunto de bloques, representa una amenaza para la integridad de la serranía de Aguaragüe y para los pueblos indígenas y campesinos, cuyos medios de vida dependen de la provisión de agua, en una región particularmente seca y sujeta a severos eventos de sequía, agudizados por los efectos del cambio climático. A todo esto se suma el enorme riesgo de la eventual aplicación futura de las técnicas del fracking.
En abril del 2010 (REPORTE ENERGÍA , 28 abril 2010) se anunciaba que PETROANDINA tenía previsto perforar su primer pozo, el Timboy X2 , localizado en el bloque Aguaragüe Sur A, según las autoridades del sector petrolero, el sitio se encuentra en la formación Huamampampa, considerada uno de los reservorios productores de hidrocarburos más importantes encontrados en el área tradicional. Ante el anuncio, los Guaraníes rechazaron los proyectos exploratorios y de explotación, mientras que el Ministerio de Hidrocarburos y Energía (MHE) abogaba por continuar con las actividades. Según dicho Ministerio, la decisión del pueblo Guaraní del Chaco Tarijeño de no permitir el ingreso de empresas petroleras al interior del Parque Nacional Aguaragüe y sus áreas de inuencia, ponía en riesgo la ejecución de los planes de exploración de PETROANDINA
y obstaculizaría el trabajo de otras empresas que también operarán en la zona. A criterio de las
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organizaciones indígenas, el proceso, atenta contra la conservación de su hábitat, especialmente el agua, y la resolución de la Asamblea del Consejo de Capitanes Guaraní Tapiete rechaza el ingreso de las empresas petroleras al Aguaragüe. En agosto del 2010 (REPORTE ENERGIA, 23 agosto 2010), el MHE anunciaba que las actividades exploratorias de PETROANDINA en el pozo Timboy X2, continuarán pese a la oposición Guaraní, manifestada en marchas y bloqueos realizados en la región. La Licencia Ambiental, fue emitida en abril de 2010. Según el Ministerio de Hidrocarburos, para la elaboración del Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental se realizó la Consulta Pública en cumplimiento del artículo 162, del Reglamento de Prevención y Control Ambiental. La aplicación de la consulta pública por el MHE y no así del Reglamento 29033, de Consulta y Participación, se desprendería del hecho, de que la zona de perforación no se encuentra propiamente al interior de espacios de las TCOs (Yacuiba o Weenhayek), pero sin considerar que toda la región del Aguaragüe es reconocida y exigida por la APG, como espacio tradicional Guaraní. En la práctica no se consultó a los Guaraníes, pero tampoco a los campesinos que viven en la zona, como se analiza más adelante. De cualquier forma, YPFB Corporación y PETROANDINA, declararon que estaba programado arrancar con la perforación del pozo exploratorio TimboyX2, el año 2011 con la construcción del camino hasta el sitio donde se construirá la planchada. A lo largo del año 2011, no se reportaron las actividades anunciadas pero se conocía por información en la zona que la construcción del camino había procedido generando considerables impactos socioambientales. En diciembre del 2012, se conocía que la perforación del pozo exploratorio en Timboy X2 en Tarija, comenzaría el año 2013, detallando que el costo oscilará entre 40 y 45 millones de dólares y que se perforará entre 4.900 y 5.200 metros de profundidad (ANF, diciembre 2012). A inicios del 2013, los anuncios sobre la salida de PDVSA y la paralización del apoyo nanciero al consorcio PETROANDINA, generaron expectativas de que YPFB postergue los planes en dicha zona. Todo parece indicar que los procesos en los que PETROANDINA tiene compromisos de operación, tanto en el Chaco como en Liquimuni, deberá realizarlos solamente como YPFB, puesto que los anuncios del retiro del apoyo económico de PDVSA al consorcio, ya no están disponibles. El periódico venezolano El Universal (23 diciembre 2013) armaba que la empresa estatal Petróleos de Venezuela, PDVSA, llegó al colapso, pues su deuda externa es impagable en el corto y en el mediano plazo, simplemente porque está imposibilitada de incrementar la producción, dado que perdió sus mejores recursos humanos y su know-how; por falta de inversiones estratégicas, mala planicación, y porque no se ha asociado con los mejores. El año 2013, PETROANDINA trasladó el taladro y otra maquinaria pesada al Aguaragüe, para proceder a la perforación del pozo Timboy X-2, asegurando tener Licencia Ambiental (El Deber, 2 julio 2013). Según YPFB, existen supuestas estimaciones de que podría existir una reserva entre 0,8 a 1 trillón de pies cúbicos (TCF) de gas natural, e hidrocarburos líquidos (nuevamente se menciona el asombroso supuesto sin los resultados de la exploración perforatoria). Dirigentes
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de la APG de Yacuiba, denunciaron que no se consensuó la consulta previa e informada de acuerdo al reglamento 29033: “ Yacimientos no cumple nada, solo hizo algún acuerdo con la capitanía de Villa Montes. Nosotros participamos en inspecciones, no en consulta” (El Deber, 2 julio 2013). Según el presidente de la OTB El Palmar Grande, Egidio Coca, hay una decena de comunidades afectadas por la actividad hidrocarburífera y que las petroleras se limitaron a conversar con algunas agrupaciones sociales y no con las comunidades dueñas del territorio. Adicionalmente, también se restringió la circulación por la zona a los pobladores (El Deber, 2 julio 2013). Posteriormente se informaba que PETROANDINA, había concluido con éxito la instalación de la torre para perforar el pozo Timboy X2 (Cambio, 8 julio 2013). El año 2013, una vericación en terreno en la zona Timboy X2, indicaba la ocurrencia de serios impactos ambientales. El estanciero Sergio Ortíz (familia Ortíz), propietario de un pequeño fundo ganadero a orilla de un arroyo casi seco, mencionó la construcción del camino a la planchada, como la operación de mayor impacto por los cambios de tramo que afectaron a cuerpos de agua y un chorro de agua, que bajaba de la serranía, que fue impactado por la acumulación de escombros y un desvío forzoso del caudal, lo cual ocasionó que el curso inferior de la cañada se seque. También la planchada y la zona de almacenaje de tuberías, ocasionó impactos a suelos y vegetación, así como a cultivos. Otras familias de la zona (Velázquez, Llanos, Muñoz, Sánchez), manifestaron similares apreciaciones. Los pobladores manifestaron que la empresa se comprometió a abastecerles de agua, debido a las perturbaciones a las cañadas, pero que no cumplieron nada. Según estos, no fueron consultados, solo informados supercialmente. No están asociados (no son parte de ninguna central o sindicato campesino o agrario), no se consideran indígenas y no son parte de la APG, y no sabían a quién recurrir en búsqueda de apoyo. El camino de acceso pasa muy cerca de la zona de depósito de tuberías y la planchada. El depósito de tuberías se encuentra cerca del pie de monte en la llanura y abarca una supercie de media hectárea. Luego, el camino contacta con la Planchada Timboy X2, instalada en el pie de monte colinado y en una supercie de unas dos hectáreas. El camino de ingreso a la planchada, efectivamente generó un fuerte impacto sobre laderas de la serranía y los cursos del agua, incluida la vertiente denominada El Chorro, dañada por cortes y acumulación de escombros. En septiembre del 2013, se reportó que PETROANDINA inició las tareas de perforación de su primer pozo exploratorio Timboy X2 la segunda semana de septiembre, buscando llegar a una profundidad de 5.115 metros (La Razón, 17 septiembre 2013), ante el profundo malestar de las organizaciones indígenas y poblaciones campesinas de la región, por la falta de consulta y los impactos ocasionados por el ingreso del camino y la planchada, y ante la arrogancia de la empresa y de YPFB. En cuanto a los planes de exploración de PETROBRAS, éstos constituyen una extensión de sus actividades en los megacampos Sábalo-San Antonio, que afectarán la TCO Itika Guasu y las comunidades Tucainti y La Costa, en la zona de inuencia del área protegida Aguaragüe.
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Dichos planes fueron paralizados a inicios del año 2013, por las observaciones y rechazo de la APG, al proceso deciente y distorsionado de consulta (analizado en el capítulo de Contexto General de los Hidrocarburos). La propuesta proviene del año 2008, e implica un proyecto de exploración sísmica 3D que cubriría un área de aproximadamente 936 km², establecer 5 campos de base, construir 500 helipuertos (uno cada 2km²) y crear 1.700 zonas de descarga. Además se abrirá 226 brechas o líneas sísmicas con una longitud total de más de 4.000 kilómetros de líneas sísmicas, con más de 6.000 puntos de explosión. Líderes indígenas de la APG, reportaron que en una reunión del año 2008, liderada por la rma PCA Ingenieros Consultores S.A, se observó poca participación de la sociedad civil de la zona a ser impactada, y se consideró como una falla del Ministerio de Hidrocarburos, que no realizó una convocatoria efectiva y transparente a los pueblos indígenas y comunidades campesinas. Estos grupos ni sabían de la existencia de la propuesta de expansión de las exploraciones por parte de PETROBRAS. De inicio se observa la falencia del Ministerio, como cabeza de sector, de no convocar a una consulta participativa según el Reglamento 29033, en la cual, ni la empresa PETROBRAS, ni la consultora del EEIA, tenían participación. A mediados de mayo del 2013, se conoció que el pleno de la Cámara de Senadores sancionó dos leyes de contratos de servicios petroleros para la exploración y explotación de dos áreas reservadas a favor de YPFB, correspondientes a Sanandita en Tarija, empresa China EASTERN PETROLEUM y GAS, y Azero, entre Santa Cruz y Chuquisaca, TOTAL E&P Bolivia y GAZPROM (La Razón, 13 mayo 2013), proceso que avanzó sin las respectivas consultas a los pueblos indígenas, como establecen las convenciones internacionales raticados por Leyes bolivianas. A los anuncios del Vicepresidente boliviano en mayo del 2013, de abrir las áreas protegidas a la exploración petrolera (ver capítulo de Contexto General de los Hidrocarburos en esta serie), siguieron diversas declaraciones de funcionarios del Ministerio de Hidrocarburos y de YPFB, por ejemplo, desde el Viceministerio de Industrialización, Comercialización, Transporte y Almacenaje de Hidrocarburos, se mencionaba que la prioridad número uno es la industrialización y la exploración de los hidrocarburos. Además, se hizo referencia a la existencia de estudios técnicos que confrman importantes reservas en las áreas protegidas de Aguaragüe, Madidi e Isiboro Sécure, en las que iniciará actividades exploratorias en el mediano plazo (El Deber, 25 mayo 2013). Esta es una muestra más del manejo poco responsable de la información, en las mencionadas áreas, se anuncia la realización de actividades exploratorias, pero se menciona estudios que “ confrman la existencia de importantes reservas”, aunque se sabe que, sin las respectivas perforaciones exploratorias, no se puede armar la existencia de reservas. En mayo del 2013, se rmaba un acuerdo entre la petrolera argentina YPF y YPFB de Bolivia, para impulsar estudios de exploración en el país, con vistas a los bloques del subandino boliviano, Charagua, Irenda y Abapó. Adicionalmente, se anunciaba que dicho acuerdo con YPF Argentina, implicaba la asistencia en el primer desarrollo del “tight’” –“shale” o gas no convencional vía
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“fracking”, en Bolivia. YPF Argentina, ya está impulsando la explotación del “shale gas” en Vaca
Muerta, Neuquen (Energy Press, 20 mayo 2013). Riesgos cr íticos por el Shale gas y el Fracking A nes del 2010, se daba a conocer que en los años 90 y por mandato de YPFB, la empresa
OCCIDENTAL, programó y perforó el pozo Pando-X1, que resultó en el descubrimiento de un yacimiento de petróleo de buena calidad, pero que por su baja producción, no justicaba la explotación frente a los altos costos de transporte (www.hidrocarburosbolivia.com 2010). El pozo
quedó cerrado y en reserva hasta el día de hoy. En base a la información obtenida, estudios e investigaciones posteriores de universidades especializadas, encontraron que la cuenca Madre de Dios es un reservorio de 500 metros de espesor que reuniría las condiciones para albergar gas no convencional o “Shale Gas”, y así lo publican en sus conclusiones ( Shale Gas Potential Worldwide, 1990). En julio del 2011, desde el Colegio de Ingenieros Petroleros de Santa Cruz, se manifestó que la producción de gas no convencional (“Shale gas”, explotable vía Fracking o fractura hidráulica)
no era prioritaria por el momento en Bolivia, sin embargo, se ha sugerido la realización de estudios a partir de un equipo conformado por expertos, además de la alusión sobre la “ empresa Schlumberger, que tiene vasta experiencia en el desarrollo de la tecnología ” (Energypress, 18 julio 2011). A esto se suma un dato ocial publicado por el Departamento de Energía de los Estados Unidos titulado: “ Recursos mundiales del Shale gas, una evaluación inicial en 14 regiones fuera de Estados Unidos ”, que daba cuenta de la existencia de 47 TCF (Trillones de pies cúbicos)
ubicados en los esquistos devónicos del sur del país (básicamente las serranías del Chaco de Tarija). Según estos estudios, Bolivia pasaría a ocupar el sitial número 17 entre los países con mayores volúmenes de gas no convencional. La temeridad en las decisiones de las autoridades del sector petrolero, aumentaron el nivel de riesgo respecto del “Fracking”, pues se anunció desde la Vicepresidencia de la Administración,
Control y Fiscalización de YPFB, a inicios del 2013 (La Razón, 7 febrero 2013), que YPFB iniciará los estudios preliminares para establecer el potencial de reservas del “shale gas” o gas no convencional, en el país. Se informaba que: “ la Unidad de Geología y Geofísica ha sacado una carta instruyendo a todas las empresas (operadoras y subsidiarias) que cuando perforen pozos saquen muestras de la formación Los Monos, que es una formación donde se presume hay shale gas para estudios posteriores ”, y que la formación Monos de Tarija, cuenta con datos
de geoquímica sobre yacimientos de shale gas (http://ventanapetrol.blogspot.com/2013). Es importante recordar que la formación Monos se encuentra en el Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Serranía de Aguaragüe, con lo cual la pesadilla del “Fracking” se
aproxima a una de las regiones de mayor fragilidad del subandino chaqueño y que es considerada la “fábrica de agua” para toda la región circundante.
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En mayo del 2013, desde YPFB, se anunciaba la rma de un acuerdo con la empresa YPF Argentina, por el cual dicha empresa, se sumaba como socio en el desarrollo de áreas de exploración y además, así poder brindar asistencia en el primer desarrollo de “Tight o Shale gas’” en Bolivia. Esto tiene como antecedente, que directivos de YPFB visitaron Vaca Muerta, el gigantesco yacimiento de hidrocarburos no convencionales del suroeste argentino (Energy Press, 20 mayo 2013). Como dato anexo, YPF de Argentina ha rmado un acuerdo para el “Fracking” en Vaca Muerta, con la nefasta CHEVRON, es decir la ecocida transnacional ex – TEXACO. En diciembre del 2010, la empresa YPF (entonces todavía controlada por REPSOL) anunció el descubrimiento de un mega-reservorio de “Shale gas” en la formación Vaca Muerta, en Neuquén. La compañía estimó el potencial del yacimiento en 4,5 billones de pies cúbicos (TCFs). Poco después el gobierno provincial aclaró que esa era “la punta del iceberg”, ya que en el subsuelo de la provincia se alojarían 257 TCFs, es decir, un tercio del potencial de gas de yacimientos no convencionales de la Argentina. (http://www.opsur.org.ar/blog/ 2012/10/23). Como resultado del anuncio, las autoridades públicas y el sector empresario de la Argentina, presentaron al gas no convencional como la única alternativa para superar la crisis energética de dicho país y proclamaron el comienzo de una era dorada para los combustibles fósiles en la Argentina. La “buena nueva” era respaldada por un estudio de la Administración de Información de Energía de Estados Unidos. Las proyecciones son escalofriantes, en los próximos cinco años, se perforarían 2500 pozos en yacimientos no convencionales, según el Ministerio de Energía, Ambiente y Servicios Públicos de esa provincia. Esos trabajos demandarían 50 millones de metros cúbicos de agua, a razón de 20 mil metros cúbicos por pozo; dicho volumen por pozo, es la capacidad de almacenamiento de agua, que tiene la ciudad de Cutral Có de Neuquen, para abastecer diariamente a su población de 35 mil habitantes.
El Fracking (Fractura hidráulica) del Gas no convencional El gas no convencional, conocido como “Shale Gas” o “Tight Gas”, es gas natural encerrado o entrampado en rocas como pizarras o areniscas, a diferencia del gas convencional, el cual se encuentra en depósitos a manera de bolsones. El gas no convencional, al estar encerrado en rocas de baja porosidad y baja permeabilidad, está en mucha menos concentración y su extracción, denominada “Fracking” o fractura hidráulica, es más difícil y con mucho mayor costo ambiental y social. Este proceso, consiste en penetrar a gran profundidad en la formación rocosa que encierra el shale gas y producir múltiples fracturas, mediante la introducción de agua, arena, aditivos químicos e incluso perdigones de acero, a muy alta presión. Entre los aditivos más utilizados se mencionan, ácidos, bactericidas y/o biocidas, estabilizadores de arcilla, inhibidores de sarro y corrosión, reticulantes, reductores de fricción, agentes gelicantes, controladores de metal y surfactantes, todos de alta toxicidad.
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A partir de las fracturas, que es como una demolición subterránea de enormes volúmenes de rocas, el gas entrampado se libera, uye y puede ser atrapado. La explotación de un depósito de shale gas, implica numerosas perforaciones de inyección y extracción, muchas más que un campo de gas convencional, por lo tanto, no solo es más costosa en lo económico, sino también en lo ambiental. El problema mayor reside en el riesgo de contaminación de los recursos acuíferos necesarios por los escapes de gas y aditivos. Para fracturar cada pozo, hace falta introducir grandes volúmenes de agua, lo cual puede afectar la disponibilidad del recurso para las poblaciones locales, adicionalmente, el uido de retorno contiene las sustancias químicas o aditivos utilizados al introducirla, más los metales pesados que retornan a la supercie. Las numerosas perforaciones y fracturas de rocas, pueden también, romper o perturbar severamente, las venas de los acuíferos subterráneos, ocasionado masivas pérdidas de agua y consecuentes carencias de ujo hacia vertientes y ríos en las zonas impactadas.
Dado que el proceso requiere una inmensa cantidad de agua, ésta solo puede ser recuperada en menores porcentajes para someterla a procesos de tratamiento, sin embargo, el proceso de tratamiento no purica totalmente el agua y se acumulan grandes cantidades de contaminantes. Un riesgo elevado es la contaminación de fuentes de agua con metano, en regiones de Estados Unidos bajo operaciones de Fracking, se vericó que el agua de las casas aledañas a los proyectos de extracción de Shale gas, habían incrementado su contenido de metano en niveles de hasta 17 veces superiores a los índices normales. El gas se mezcla con el agua potable y ha llegado a producir explosiones y llamaradas en los grifos de las casas. Hay reportes de ganado que enferma y muere. Los suelos se vuelven tóxicos y la deserticación avanza. Las personas que recibieron sumas de dinero para arrendar sus campos a los pozos de fractura, ven morir sus tierras y acabarse tarde o temprano su dinero. Por si todo esto fuera poco, existe evidencia de que las explosiones en la profundidad de la roca, pueden provocar temblores y movimientos de tierra. Un estudio publicado en la revista cientíca Geology, ha relacionado un seísmo de magnitud 5,7 ocurrido en Oklahoma (Estados Unidos) el año 2011, que dejó heridos, 14 casas destruidas y carreteras dañadas, el cual fue relacionado con la técnica del Fracking o de fractura de rocas por inyección de agua a elevada presión. Tras 18 años inyectando sin incidentes los uidos a gran presión, el 5 de noviembre de 2011 los movimientos sísmicos empezaron a asustar a los habitantes de la zona, acostumbrados hasta entonces solo a los tornados. Al día siguiente se produjo el terremoto de magnitud 5,7, de acuerdo al equipo de cientícos, el mayor de los relacionados con el Fracking. Por todas estas razones, el Fracking ha sido calicado como una tecnología criminal para el medio ambiente y la gente. La tecnología del Fracking, está siendo utilizada en países como Estados Unidos, Inglaterra y España, en tanto que países, como Francia y Canadá, han establecido moratorias para su uso, debido a los riesgos que implica. Lastimosamente, en Sudamérica, la empresa YPF de la Argentina, ha empezado el año 2013 a desarrollar esta tecnología anti ecológica, para explotar yacimientos de Shale gas en la Provincia de Neuquen. Para dicho megaproyecto, YPF de Argentina, se alió nada menos que con la transnacional CHEVRON, la sucesora de la eco-etnocida TEXACO, responsable de devastar la Amazonía del Ecuador hace algunas décadas.
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Durante el mes de septiembre del año 2013, se dieron diversas reacciones, tanto en los Estados Unidos, como en la Argentina, buscando desvirtuar las críticas e incertidumbres en torno al Shale gas y el Fracking, y mostrarla como una tecnología responsable y de bajo impactos socioambiental,
para lo cual se prestaron algunas agencias y organizaciones de investigación, así como geólogos y expertos petroleros de visión ecléctica e interesada. Esta reacción de la millonaria industria petrolera, era totalmente predecible, considerando los ambiciosos horizontes de inversión y ganancia, que están en juego. Esta dialéctica cientíca tendenciosa, está por supuesto muy alejada del principio precautorio
que dicta una tecnología incipiente y de alto riesgo. Algo muy preocupante es en nuestro Bolivia, YPFB y el Ministerio de Hidrocarburos, han manifestado su intención de explorar y explotar vía Fracking, el Gas shale (con asesoramiento de la empresa Argentina YPF, vía acuerdo rmado), que estaría en las rocas de algunas regiones, como en el Aguaragüe (zona
Monos) o el Ingre en Chuquisaca, sin considerar que estas zonas de serranías subandinas y del pie de monte chaqueño, son la fuente principal de agua para muchas comunidades indígenas, campesinas, así como de pueblos y ciudades intermedias en toda la región. Fuentes.y
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Energypress, 18 julio 2011. Referencia a datos ociales del Departamento de Energía de los Estados Unidos sobre “Recursos mundiales del Shale gas, una evaluación inicial en 14 regiones fuera de Estados Unidos”.
Energypress 18 julio 2011. Colegio de Ingenieros Petroleros de Santa Cruz, y posibilidad de estudiar el “Shale gas” en Bolivia. La Razón, 7 febrero 2013. YPFB promueve estudios de Shale gas en Aguaragüe-Los Monos RENACER (RED NACIONAL DE ACCIÓN ECOLOGISTA –Argentina. 10 marzo 2013. Referencia a las exploraciones de Shale gas en Neuquen. www.hidrocarburosbolivia.com 2010. Referencia al estudio “Shale Gas Potential Worldwide” de 1990. Argenpress/INFOSUR (Argentina), 19 septiembre2013. Las mentiras de las “petroleras frackineras” Katie M. Keranen. Et al. 2012. Potentially induced earthquakes in Oklahoma, USA: Links between wastewater injection and the 2011 Mw 5.7 earthquake sequence. http://geology.gsapubs.org/
http://www.opsur.org.ar/blog/ 2012/10/23
Algo más alarmante aún, y que muestra la insensata temeridad de YPFB, se reportó a inicios de junio del 2013, en referencia a una “minifractura” o “Fracking” realizada en el pozo Ingre
X-2 (Chuquisaca), por YPFB, y que según la fuente, permitió descubrir un reservorio de “Tight oil” en reservorios con baja porosidad y permeabilidad con contenido de petróleo, donde se inyectó “material” (no se menciona cual) al reservorio para darle permeabilidad articial y se
pudo recuperar petróleo con los equipos disponibles en el país. La zona explorada forma parte de la formación Tupambi, entre 1.640 a 1.650 metros de profundidad; se debe recordar que las 179
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exploraciones anteriores en el pozo Ingre X-2, resultaron negativos, (CBHE - Reporte Energía, 6 junio 2013). De esta forma, se ha abierto en Bolivia, un nuevo frente, que incrementa el riesgo socioambiental en las actividades petroleras, considerando, que sin el “Fracking”, el riesgo de las operaciones convencionales, ya es muy alto, debido a la poca responsabilidad con que el sector y el Gobierno toman el tema ambiental.
Pasivos ambientales en el Aguaragüe Los pasivos ambientales por actividades petroleras, afectan varias zonas de la Zona Tradicional petrolera de Bolivia. Sólo en la zona del Aguaragüe, se han reportado más de 60 pozos abandonados, 33 en Sanandita, 12 en Los Monos, 10 en Caigua y otros más en Itabicua, Camatindi y Timboy. Uno de los pozos que se encuentra derramando constantemente petróleo es el San-X-3, que contamina directamente a la quebrada del Chorro, la cual provee de agua que para el consumo humano, de animales y riego a las comunidades Sanandita Vieja, El Chorro, Yaguaca y Sachapera (El País, 10 julio 2013). Una de las zonas más impactadas por los pasivos ambientales petroleros, es Sanandita (provenientes de operaciones realizadas por YPFB en los años 70 y 80) y las quebradas Aguairenda y Cororoy. Un ascenso por la quebrada Aguairenda durante aproximadamente una hora, permite observar que la vegetación es primaria y no se advierte ningún tipo de perturbación por cambios de uso del suelo, tampoco señales de quemas o tala forestal. Los reportes locales indican que el agua de las quebradas ha empezado a disminuir hace unos años y que en ciertas épocas del año (inicio de lluvias por ejemplo) el agua baja con aceite y fuerte olor a diesel. En la zona de El pozo Sanandita X3 (SAN X3), supuestamente remediado, se observaron algunas obras improvisadas de drenajes con cañerías y turriles, así como emisiones de olores a hidrocarburos, como de alquitrán o de diesel. Estas emisiones contaminantes afectan periódicamente a las comunidades de Sachapera, Yaguacua y Soto (en total más de 500 habitantes). En la quebrada del río Cororoy, este cuerpo de agua puede ser visto aparentemente limpio, pero en ciertas zonas de remansos o con ujo impedido del agua, se forman remolinos con presencia de aceites y olor a alquitrán (presencia clara de la fracción de hidrocarburos totales). Ya en la zona de los pozos abandonados de Sanandita Sur (más de 10 en total) se observan turriles abandonados, mangueras perforadas de tres pulgadas y grandes supercies de suelo altamente contaminado, la zona tiene escasa vegetación. Algunas emanaciones de los pozos mal sellados, desembocan en caños quebrados y el petróleo chorrea hacia los ríos, observándose zonas rocosas impregnadas de hidrocarburos. Otros pasivos reportados en la región son, el Tucán-9, de alto riesgo, ya que emite petróleo alrededor de 2 barriles por día y en campo Monos, que contamina la quebrada del mismo nombre con emisiones de más de dos barriles de petróleo diarios.
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En noviembre del 2011 ( www.hidrocarburosbolivia.com) el Director Nacional de Medio Ambiente
de YPFB-Corporación, Helmudt Muller Montecinos, aseguró que las dos primeras etapas del trabajo para conservar la salud ambiental del Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Serranía del Aguaragüe concluyeron, y armó que técnicos especializados de la empresa
contratista Búhos, encaran una tercera etapa destinada a la remediación a los niveles permisibles de los suelos contaminados de acuerdo a norma. Respecto de los trabajos que se desarrollan en los pozos Sanandita: el X-3 y el X-31, que fueron sellados a través de un cierre técnico de acuerdo a las normas establecidas, a la exigencia de la Ley 3058 y otras normas aplicables. De acuerdo a pobladores locales, las armaciones de YPFB, sobre la supuesta remediación de
los pozos X-2, X-3 y X-31, no es real, puesto que en los primeros meses del 2012, se reportaron emanaciones contaminantes hacia los ríos. Se debe mencionar que el año 2010, el entonces Director de la Unidad de Gestión Ambiental del Ministerio de Hidrocarburos, Omar Quiroga, y la jefa de prevención de esa repartición, Lourdes Calla, explicaron que la falta de denición de responsabilidades entre las transnacionales
petroleras y YPFB, ha impedido que se realicen adecuadamente los trabajos de remediación ambiental hasta la fecha. En tanto que Humppreys y Katari (2009), mencionaban que el argumento dado por YPFB para no proceder con las tareas de remediación de pasivos, era la falta de presupuestos asignados. Esto último, parece tener más sentido, si se considera que el presupuesto de inversión de YPFB, para temas ambientales, es absolutamente raquítico (Gandarillas, Petropress Nº 28, 2012). Respuesta Confictos socio ambientales y operaciones petroleras A partir del año 2010, los conictos entre las comunidades indígenas y las empresas petroleras se intensicaron notablemente, situación en la cual las ocinas gubernamentales de hidrocarburos
tomaron parte activa, claramente a favor de los intereses de las empresas. A inicios del 2010, se inició el conicto en la región sur de Tarija, ante el anuncio de PETROANDINA
de perforación del pozo Timboy X2, en el Aguaragüe. El Ministerio de Hidrocarburos y Energía (MHE), pretendía estar “buscando el diálogo” con los Guaraníes para facilitar la ejecución de los proyectos. El EEIA no había sido socializado y no hubo una consulta participativa. Sin embargo, PETROANDINA tramitaba la Licencia Ambiental y, al mismo tiempo, encaraba los trabajos de ingeniería básica y de detalle para construir los accesos a los sitios escogidos y de localización de la planchada. A nes del 2010, las organizaciones indígenas denunciaron que mientras los dirigentes estaban
en negociaciones con autoridades de Gobierno, el Ministerio de Medio Ambiente y Aguas, aprobó 181
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la Ficha Ambiental para que PETROANDINA ponga en marcha la perforación del pozo TimboyX2 en el Aguaragüe, sin haber ningún acuerdo con la APG. En este sentido, representantes de la APG, exigieron al Gobierno cumplir de acuerdo a las normas, con la realización de la consulta participativa, antes de comenzar la exploración perforatoria del pozo. A lo largo de todo el año 2011, los Guaraníes continuaron rechazando los proyectos exploratorios y de explotación, mientras que el MHE, siguió insistiendo en continuar con las actividades petroleras y “buscar el diálogo” para continuar con la ejecución de sus proyectos. En abril del 2011, se realizó una marcha de protesta de Yacuiba a Villamontes ante los riegos de afectación al Aguaragüe, por los planes de exploración de hidrocarburos y por el túnel que impulsaba la Gobernación de Tarija. Según los pobladores de varias comunidades indígenas, no se había tomado en cuenta, la consulta participativa con los habitantes de las zonas afectadas. El Viceministro de Hidrocarburos se trasladó a Yacuiba en un intento de suspender la marcha, pero los dirigentes indígenas, raticaron la “ determinación de los indígenas de Yacuiba, Caraparí y Villa Montes, cansados de no lograr una atención real a sus demandas por parte del gobierno ”.
Los Guaranies criticaron que el Gobierno Nacional no dice la verdad sobre los proyectos en hidrocarburos que pretenden realizar en el Parque. Según los dirigentes indígenas de la capitanía de Yacuiba (YaKu Igua), los guaraníes, no están en contra del progreso de la región, pero progreso no pueden signicar daños irreversibles al medio ambiente, pues existen experiencias
negativas con anteriores acciones de las empresas petroleras. También, a inicios del 2011, el entonces Capitán Grande de la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) de Yaku-Igua (Yacuiba), Quintín Valeroso, raticó que no se decidió el ingreso de PETROANDINA para la exploración en
el Aguaragüe y advirtió que dicho proceso no podrá avanzar sin la consulta y participación de los pueblos originarios (El Nacional, 10 diciembre 2010). Valeroso mencionó que el Gobierno no presentó un Plan de Manejo medioambiental que mitigue los impactos dentro del área protegida, a pesar de que esto se había exigido en otras oportunidades. En reuniones que los indígenas mantuvieron posteriormente con el MHE, no se llegó a un consenso respecto a las operaciones en el Aguaragüe, y la decisión indígena fue no permitir actividades de exploración y explotación. El documento resolutivo de los indígenas Guaranies, exigía una Pausa por la Madre Tierra, que se traduzca en la suspensión denitiva de todas las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en el Parque Aguaragüe y sus zonas de inuencia,
que son parte del territorio ancestral del Pueblo Guaraní (REPORTE ENERGÍA, 28 abril 2010).
En cuanto a la situación de las comunidades indígenas en la región de los megacampos gasíferos, el año 2011 se vericaba que la comunidad guaraní Tucainti (150 familias aproximadamente) a cinco kilómetros del campo Sábalo en Villamontes, no tenía luz, ni agua y tampoco un camino
de acceso a la comunidad (El Nacional, 4 marzo 2012). Los líderes locales mencionaron la inmensa cantidad de gas que se exporta al Brasil, pero que no benecia en nada a la población
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local que vive en las zonas de producción. Recalcaron que no se oponen al desarrollo del país, pero que deberían ser atendidas por lo menos en los servicios básicos. Como antecedente, esta comunidad fue dada a conocer el año 2009, a partir de un informe de Humphreys y Katari (2009), en el cual se denunció la inaudita vulneración de los derechos de libre circulación de los indígenas en su espacio tradicional, debido a una tranca y servicios de seguridad privada de la empresa PETROBRAS, en la zona de los pozos del campo Sábalo, la cual impedía el paso de los indígenas en determinados horarios. Afortunadamente, dicha situación fue revertida por intervención de la APG. En relación a las restricciones de tránsito de personas en la región, desde la APG, se denunció que actualmente hay 17 comunidades afectadas en este sentido por las actividades hidrocarburíferas y pusieron como ejemplo a la comunidad Tata Inti, en Yacuiba, donde YPFB limitó el ingreso a la zona hasta las 17:00, todos los días, lo cual es atentatorio contra la libertad de las personas y contra la libre transitabilidad (Los Tiempos, 6 de junio del 2013). Otro conicto emergía a inicios del 2013, en relación a la sísmica 3D a cargo de PETROBRAS en el megacampo Sábalo (Bloque San Antonio) debido a la posición de rechazo de la Asamblea del Pueblo Guaraní - Itika Guasu (APG IG) debido a que el proceso de consulta del Gobierno y la brasileña PETROBRAS, estaba viciado de nulidad. De acuerdo a información de prensa (El Deber, 11 marzo 2013), “ la petrolera pedía reiniciar el proceso de consulta ” y el “Ministerio de Hidrocarburos mantenía silencio” . De acuerdo a la APG, el proceso impulsado por PETROBRAS, es una prueba agrante de una práctica de mala fe y que imposibilita toda posibilidad de utilización del derecho de consulta. La Gerencia de exploración de PETROBRAS, solicitó posteriormente una reunión con la APG, para dar viabilidad al proceso de consulta y participación, pero fue rechazada por ser improcedente. La improcedencia radicó en el manejo arbitrario del proceso, mientras la Autoridad Competente (AC) de la consulta (Ministerio de Hidrocarburos y Energía), tenía la responsabilidad de liderar el proceso, “guardaba silencio”. En tanto, la empresa asumía el lugar de la AC, contradiciendo el Decreto 29033 o Reglamento de Consulta y Participación. Otro elemento denunciado, fue que PETROBRAS, había rmado un “acuerdo de cooperación” con las comunidades de Tucainti y La Costa, para viabilizar el proceso de exploración sísmica, una estrategia de prebendalismo y cooptación muy a menudo utilizada por las empresas para sustituir la consulta y participación, que establece el Reglamento 29033. Un conicto registrado en la zona del Parque Nacional Aguaragüe, se generó por la aprobación legislativa del nuevo plan de exploración petrolera, al interior del área protegida (en la zona de Sanandita), e a favor de la empresa de capitales chinos, EASTERN PETROLEUM & GAS S.A. (El País, Tarija, 15 junio 2012). Al respecto, los líderes de la APG, mencionaron que desconocían la aprobación de nuevas operaciones de exploración sísmica. Dicho proyecto había sido aprobado por La Cámara de Diputados y autoriza a YPFB, como suscriptor de dicho contrato. Las comunidades de la zona de Sanandita y los líderes de la capitanía de Yaku-Igua
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(Yacuiba) rechazaron absolutamente el ingreso de dicha empresa, por cuanto no fueron siquiera consultados y no conocen información alguna al respecto, más aún, siguen las denuncias sobre los pasivos no remediados. Según voceros del departamento legal de la empresa china, a nes de junio del 2012, el Directorio de YPFB había aprobado el estudio, y que se había aprobado el modelo de contrato, manifestando que “ Sólo se aguardaba la aceptación de la Asamblea Plurinacional para iniciar operaciones en Sanandita”. Si se toman las declaraciones del departamento legal de la empresa China, al pie de la letra, ello signicaría relegar tanto la consulta participativa, como el Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental y hasta la Licencia (http://www.reporteenergia.com julio 2012). En julio del 2013, Roberto Quispe, responsable de Recursos Naturales del Consejo de Capitanes Guaraníes de Tarija y comunario de El Palmar de Yacuiba, denunció el ingreso de la empresa china EASTERN PETROLEUM & GAS, sin consulta previa y a espaldas de las organizaciones indígenas del Chaco, violando derechos y normativas. Según denuncias de algunos expertos, la remediación de la contaminación por pasivos, fue el justicativo de ingreso de la petrolera china, con maquinarias e infraestructura, para lo cual han abierto caminos y brechas; dicho ingreso derivó en preparativos para perforar nuevos pozos para sorpresa de los pueblos indígenas (Plataforma energética/El Diario, julio 2013). En el capítulo sobre Contexto General de los Hidrocarburos, en esta serie, se maniesta, que el proceso de autorización legal y forma de contrato con la empresa china EASTERN, contradice la Declaración de los Derechos Indígenas de las Naciones Unidas (Artículo 19) referidos a la consulta, que dice: “Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas interesados por medio de sus instituciones representativas antes de adoptar y aplicar medidas legislativas o administrativas que los afecten, a n de obtener su consentimiento libre, previo e informado”. Similar situación establece el Convenio 169 como un derecho: “ A ser consultados de buena fe, mediante procedimientos apropiados y a través de sus instituciones representativas, respecto de decisiones administrativas o legislativas, así como planes de desarrollo” . Para dichas aprobaciones en el pleno de la Asamblea plurinacional, el Estado no desarrolló ningún de proceso de consulta, por cuanto podrían ser considerados como procedimientos ilegales y de mala fe. Otro conicto que permaneció vigente entre el 2012 y 2013, en la región del Chaco tarijeño, se produjo entre la APG - Capitanía Yaku Igua y YPFB, respecto de la planta separadora de líquidos hidrocarburíferos Gran Chaco de Yacuiba, cuya, construcción se realiza dentro del territorio de la mencionada Capitanía guaraní. Se denunció que para facilitar el proceso de consulta, YPFB impulsó la creación manipulada de una nueva población denominada Yeroviarenda, con más de 600 familias de las que unas dos mil personas estarían habilitadas para votar a favor de la construcción de la planta mencionada. Esta situación se ponía en evidencia en una nota de prensa de julio del 2012 (http://www.laestrelladeloriente.com/noticia 17 julio 2012). A inicios del año 2013, el conicto continuaba entre la APG y las autoridad de hidrocarburos, siendo el mayor tema de negociación, las erogaciones de compensación que exigía la organización indígena, a partir del programa de inversión social previsto. El 2 de abril del 2013, las comunidades del pueblo
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Guaraní de Yaku Igua, decidieron movilizarse por el incumplimiento de YPFB. La medida se inició con el bloqueo del ingreso de la Planta Separadora de Líquidos del Chaco, YPFB propuso a la organización indígena seis millones de bolivianos, como monto total durante la vida útil de la Planta Separadora de Líquidos del Chaco, propuesta que no fue aceptada por los Guaraníes, pero fue calicada de justa por YPFB. La Capitanía de Yaku Igua, exigía cinco millones por año, a lo largo de la vida útil del proyecto, demanda rechazada por YPFB. Una noticación de YPFB Corporación del 16 de abril del 2012, dirigida al Capitán Grande de Yaku Igua Jorge Mendoza, propuso, por única vez, 7 millones de bolivianos durante el período de construcción de la planta de separación de líquidos y por única vez, la suma de 7 millones de bolivianos por concepto de inversión social estratégica. La nota advertía que los nanciamientos mencionados se ejecutaran a través de proyectos de inversión social mediante instituciones públicas especializadas, respetando la política de responsabilidad social corporativa de YPFB y, que dichos recursos no son de libre disponibilidad. La propuesta fue aceptad por la APG.
Planta de líquidos y manipulación demográfca Fuente: (http://www.laestrelladeloriente.com/noticia 17 julio 2012) El ministro de Gobierno Carlos Romero envió una propuesta por escrito a la APG para que sea analizada y den pronta respuesta. Ayer en la tarde, la APG solicitó nuevamente la presencia del Ministro de Gobierno en la comunidad de Yeroviarienda, para dar a conocer la respuesta a la propuesta planteada. En la reunión, varios de los miembros de las capitanías de Yacuiba, tomaron la palabra, indicando que la consulta y participación debe hacerse, porque es un derecho que “no se negocia”. Al ver la postura y respuesta de la APG, concluyó la reunión, en la que los indígenas determinaron interponer un Amparo Constitucional. Jorge Mendoza, capitán grande de la APG, dijo que existe preocupación porque el Gobierno reconoce al pueblo, pero desconoce la consulta y participación. Autoridades del gobierno informaron que el proceso de construcción de la planta puede retrasarse, si es presentada la demanda. De acuerdo a Ley no puede procederse a la construcción, hasta que el Tribunal Constitucional, emita sentencia a través de resolución. “Ya no hay respeto por el pueblo, sólo prepotencia, nos dicen que existimos a capricho de los dirigentes y eso no es así. Creo que aquí hay una ilegalidad que toda la población conoce, como la compra de terrenos”. El ministro de Gobierno, explicó que el Gobierno hizo una propuesta de entregar un programa de inversión social para las 18 comunidades, pero la APG indica que deberían haberse aplicado los procedimientos de consulta previa para viabilizar la planta separadora de líquidos. El Ministro de Gobierno, afrma que esta situación pone en riesgo la construcción de la planta separadora de líquidos, impidiendo asegurar el cumplimiento de los tiempos establecidos. “El Gobierno no puede ser prisionero de los pueblos, es un proyecto de desarrollo, de alto impacto en benefcio del pueblo boliviano, no pueden estar subordinados al capricho de algunos grupos. Si ellos cuestionan lo que estamos haciendo, les hemos dicho que acudan a la vía judicial que consideren pertinente para impugnar estos procedimientos, eso es lo que manda la Constitución, seguramente van a insistir, aprovecharse de una situación para sacar la mayor tajada posible”. La APG desde el inicio de la reunión, mantuvo frme su postura con respecto a la consulta y participación, sin dar opción a otro tipo de negociación, a pesar de que el Gobierno ofreció la suma de 2 millones de bolivianos, a ser ejecutados en programas de inversión social para 18 capitanías. El Ministro de Gobierno, procedió a retirarse de la comunidad de Yeroviarenda, acompañado de cuatro camionetas de efectivos policiales.
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En cuanto a REPSOL y el Bloque Caipipendi, el conicto con la TCO Tentayape ya se había suscitado los años 2001-2003, debido a los daños ocasionado en las operaciones del el campo Margarita, que afectaron a la región y TCO de Tentayape, considerada un Patrimonio Cultural de gran relevancia, debido a que es el último reducto de los Guaraníes Simbas en Bolivia. Años después, en septiembre del 2010, la empresa petrolera REPSOL, anunció que se iniciarían estudios de prospección sísmica 3D en el bloque Caipipendi de la zona Igüembé, lo cual iba a afectar directamente a la TCO Tentayape. El año 2010, se dio el hecho inaudito y claramente contradictorio a las normas, de la intención del Ministerio de Hidrocarburos y Energía, de otorgar categoría 2, a la Ficha Ambiental, lo cual fue entonces rechazado por las organizaciones indígenas. En el caso del bloque Caipipendi, entre Chuquisaca y Santa Cruz, REPSOL avanzó con la sísmica 3D, sin embargo, la zona de Tentayape, quedo fuera de la exploración debido a las presiones y resistencia de la TCO y de la APG. Representantes de las capitanías Guaranies de la zona Huacaya (Bloque Caipipendi) manifestaron en septiembre del 2013, su malestar por el accionar arrogante de la consorcio a cargo de la empresa REPSOL y de YPFB, denunciando la intención de proceder una sísmica 2D en la región, sin los procesos respectivos de consulta. Otro conicto emergió entre el año 2012 y del 2013, en la Zona de la TCO Tacobo MoraIguasurenda (municipio de Cabezas del departamento de Santa Cruz, sector Boyuibe), por el proyecto de instalación de la planta de procesamiento industrialización de gas Río Grande, a cargo de la petrolera YPFB Andina y REPSOL. A inicios del 2012, dirigentes indígenas de la región Guaraní del Río Grande, denunciaron que la petrolera YPFB Andina, intentaba apoderarse parcialmente de terrenos en la TCO Tacobo Mora al norte de Boyuibe, vulnerando acuerdos previos, manifestando los riesgos de contaminación ambiental en la comunidad Iguasurenda, la más vulnerable respecto de la ubicación de la planta (Plataformaenergetica.org, 27 enero 2012). Como resultado, la planta, fue tomada por la capitanía de Tacobo Mora, por incumplimiento de acuerdos, tanto de la compañía, como por el INRA (Instituto de Reforma Agraria). La asesora técnica de la Capitanía, Magaly Barba, señaló que existe incumplimiento e irregularidades de parte de las autoridades, porque hace 14 años el INRA, saneó 80 hectáreas para la planta y 219 como scales y destinadas a la TCO, pero luego se emitió otro documento, donde la petrolera YPFB Andina le quita esta supercie a la TCO. Celso Padilla, presidente de la APG, informó que la empresa petrolera YPFB Andina pretende apropiarse de 219 hectáreas de tierras que fueron declaradas scales por el INRA y saneadas a favor del pueblo Guaraní. Adicionalmente la APG, denunció la existencia de 15 impactos no mitigables ligados a la planta de Río Grande, en pleno proceso de construcción a pesar del conicto. También plantearon el cumplimiento del acuerdo de desembolso de 1 millón de bolivianos que había asumido YPFB, para la región y la contratación de seis personas para que realicen el monitoreo ambiental por toda la vida útil del proyecto (ABI 20 de marzo 2013), aspectos que fueron rechazadas por YPFB.
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Hasta marzo del 2013, el conicto permanecía latente, con una nueva toma de la planta por parte de los indígenas, los cuales reclamaban el compromiso de la compensación del millón de bolivianos. Hasta mediados del 2013, el conicto permanecía inalterable y se establecieron negociaciones para dar atención las demandas de la TCO, pero voceros de la APG, denunciaron intenciones del gobierno de cooptación y manipulación de dirigentes locales. Finalmente el Gobierno y YPFB, inauguraron en mayo del 2013, la Planta Separadora de Líquidos de Río Grande, la cual procesará alrededor de 5,6 millones de metros cúbicos de gas natural por día, para obtener 361 toneladas métricas diarias de GLP; 350 Barriles por Día (BDP) de gasolina natural y 195 BPD de isopentano, insumo básico para la industrialización de los hidrocarburos. Un conicto relacionado con la distribución de benecios se dio el año 2013, en el municipio de Caraparí, que abastece un tercio del gas que exporta Bolivia. El municipio tiene en su subsuelo los campos petroleros de San Alberto, Itaú, y una participación en otros yacimientos, como MargaritaHuacaya y Sábalo (Inter Press Service -IPS, febrero 2013). Dicha localidad, no cuenta con un expendio de gas o gasolina, seis años después de la nacionalización de su megayacimiento y casi un cuarto de siglo después de su descubrimiento (Inter Press Service -IPS, febrero 2013). El punto más cercano para comprar un envase de gas licuado o surtirse de gasolina y diesel está a 50 kilómetros, en la población de Yacuiba; si bien el gas natural domiciliario llegó al centro urbano del municipio en mayo de 2012, solo un 5% de las familias de la localidad se benecian con el suministro. El comentario de prensa de IPS menciona la paradoja que pasa casi desapercibida, pues aunque las nanzas públicas bolivianas reciben abundantes ingresos por el gas natural exportado a Argentina y Brasil, en la zona persisten señales de carencia y necesidad energética. Según el informe presidencial del 22 de enero del 2013, el crecimiento del ingreso por el sector de los hidrocarburos, pasó de 673 a 4.277 millones de dólares entre 2005 y 2012. El conicto desembocó a inicios del 2013, un paro de actividades en Caraparí, nalmente, el Gobierno se vio obligado a instalar una estación de servicios de diesel y gasolina en dicha población. En este análisis, se considera también, por su gravedad, el conicto de Caranda, en el departamento de Santa Cruz (municipio de Buena Vista), aun cuando no se encuentra en la Zona Tradicional petrolera del Chaco, sino en el sector “Boomerang”. El conicto entre la población campesina de la región y la Planta de gas Caranda, a cargo de PETROBRAS, estalló de forma violenta el 28 de julio del año 2012, cuando los pobladores tomaron dicha planta, demandando la pavimentación de su camino principal. Después de la toma de la planta, la Unidad Técnica Operativa Policial (UTOP), ingresó de forma violenta haciendo uso de agentes químicos y armas de fuego y sin previa mediación o negociación, lo que ocasionó un fuerte enfrentamiento, dando como resultado una persona fallecida por herida de bala y otra herida de gravedad. En dicha región petrolera, operan YPFB-TRANSREDES y PETROBRAS Argentina SA., (denominada PETROBRAS energía), la cual está a cargo de la planta de producción de gas
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y petróleo de Caranda. La planta gasífera, ubicada en esta zona, bombea 15 mm/d (millones de metros cúbicos por día) de gas diariamente, que van directamente a la renería de Palmasola. Según testimonios de la zona, los comunarios mencionaron que Caranda es una comunidad totalmente olvidada por el Gobierno, por la Gobernación y, sobre todo por las empresas petroleras. El aporte ha sido mínimo y solo consiguen apoyo con presión, por ejemplo, para que construyan una escuela y un enmallado, tuvieron que hacer un bloqueo (Pedraza,R. 2013). Se denuncia, que en dicha región, la explotación petrolera, desde hace 50 años, ha ocasionado deforestación para la apertura de sus planchadas y pozos, varios de los cuales fueron abandonados y contaminan, tal es el caso del río Palometillas, con un derrame no remediado desde el 2001. Según reportes locales hay más de 80 pozos en la zona. Como en otras regiones, Caranda, pese a ser una zona productora de gas, tiene muchas necesidades y demandas, entre las que destaca el asfaltado de los kilómetros 10 y 17 de la ruta 4 interdepartamental a Caranda. Además, demandan la electricación de la zona y la implementación del micro riego, entre otros. Este conicto obedece principalmente a la inacción de las autoridades departamentales y municipales, en la implementación de planes de desarrollo básico, donde el tema petrolero es casi tangencial, a pesar de los efectos ambientales denunciados. Otro conicto reciente, emergía en la región de la TCO Itikaraparirenda en Chuquisaca y TCO Alto Parapetí, en Santa Cruz, a raíz del proyecto vial Monteagudo-Ipati, que implica a construcción del túnel “más largo de Bolivia”, de 1.260 metros, a través del cerro Incahuasi, en torno al cual viven varias comunidades Guaraníes y campesinas (CIDOB, 15 Mayo 2013). El conicto no está directamente relacionado con el tema petrolero, aunque curiosamente cruza las áreas de operaciones petroleras otorgadas, Incahuasi y Aquio, a la TOTAL E&P. La zona del cerro Incahuasi contiene varias venas de agua que ofertan el recurso hídrico a la región. Las organizaciones indígenas denunciaron que funcionarios del Gobierno y la ABC (Autoridad Boliviana de Carreteras), recorrieron meses atrás, las oblaciones de las familias indígenas, presionando a algunos dirigentes para que rmaran documentos y luego, dieron por hecho, que las comunidades fueron consultadas; consecuentemente adujeron tener el “consentimiento previo”. Recién a mediados de mayo, las 70 representaciones de las comunidades Guaraníes supieron que existía el proyecto del túnel, cuya construcción supuestamente ya habían avalado. Las comunidades guaraníes afectadas exigen que la consulta pública efectuada por el Ministerio de Obras Públicas sea invalidada, porque fue parcial, cooptada y no tomó en consideración ninguno de los derechos de los pueblos indígenas incluidos en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Declaración de derechos de los pueblos indígenas de las Naciones Unidas, ambos con estatus de ley. Uno de los altos dirigentes de las capitanías zonales mencionó: “Hay una preocupación fuerte de ambas TCO, porque la construcción del túnel va a afectar en su totalidad a las comunidades, por el tema del agua y de la fauna. También porque el Incahuasi es un área sagrada para nosotros. Está en peligro el respeto a nuestras costumbres, a nuestras formas de vida en este territorio, donde siempre hemos vivido. Viendo el impacto que va a ocasionar la construcción del túnel, ambas capitanías coincidimos en que vamos a solicitar
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la realización de una consulta especial a los pueblos indígenas, de acuerdo con los derechos que no asisten”.
En cuanto a aspectos de gestión de conictos y fortalecimiento organizacional, se puede concluir que en la región del Chaco, si bien existe una intensa conictividad entre la organización APG-Capitanías indígenas y el gobierno-empresas, esta conictividad, solo se ha transmitido parcialmente al interno de las organizaciones, a diferencia del norte de La Paz donde se han dado efectos críticos de debilitamiento organizacional por conictos internos, en gran parte propiciados por la ingerencia petrolera. Se percibe así en el Chaco, una mayor fortaleza organizacional interna de la APG y las diferentes Capitanías, lo cual puede relacionarse con una larga data de estructuración del sistema tradicional de cargos e instancias regionales como son las Capitanías. El elemento que es más determinante, obedecería a la estructura cultural, pues la APG y sus Capitanías, corresponden a una sola identidad y cultura –Guaraní. También puede relacionarse con la emergencia de liderazgos muy fuertes y carismáticos, en paralelo a una también importante generación de capacidades técnicas y mayor experiencia en el tema petrolero. Otro elemento resaltante es la capacidad de negociación de la APG y las Capitanías con las empresas, en términos del logro de compensaciones (caso Itikaguazu con REPSOL o Aquió con la TOTAL) importantes, lo cual ha sido criticado por otras organizaciones indígenas del país (p.e en el norte de La Paz) y organizaciones ambientalistas, en sentido de interpretar esto como una muestra de oportunismo y una conciliación, que en realidad favorece a las empresas. Sin embargo, la APG y sus instancias regionales mantienen un discurso de reivindicación de derechos compensatorios ante los impactos ocasionados por las empresas a sus territorios.
La Asamblea del Pueblo Guaraní de Yakuigüa El 16 de agosto del 2013, se realizó la Asamblea Zonal del Pueblo Guaraní de la zona Yakuigüa, con representantes de las comunidades, los Mburuvicha comunales y el Directorio de la Capitanía Zonal, la presencia de la Presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, el representante de la Mesa Defensoría de Yacuiba , miembros del Directorio Nacional de la APG de Bolivia y la Vice Presidenta de la CIDOB orgánica. En dicha asamblea se trató el tema central de la vulneración de los derechos colectivos indígenas en relación a las actividades de hidrocarburos y los impactos sociales y ambientales que éstas siguen ocasionando, como los pasivos del Aguaragüe. Dicha Asamblea, declaro estado de emergencia en todas las comunidades de la zona Yakuigüa y movilización general. Entre las consideraciones del pronunciamiento indígena de Yacuiba, guraban: a)
Las políticas del gobierno en el sector de hidrocarburos, para incrementar las actividades de exploración y explotación en territorios indígenas y áreas protegidas, ponen en riego a la existencia misma de nuestras comunidades y pueblos.
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b)
Algunas comunidades están siendo privadas incluso del acceso al agua y a la libre circulación por efecto de estos conictos de tierras y por la acción de las empresas que operan en la zona.
c)
Los recursos que se generan en el Chaco por la explotación de los hidrocarburos, son el principal sostén del Estado boliviano, pero que los mismos no llegan ni en mínima proporción a nuestras comunidades, pese a que los mismos salen precisamente de nuestros territorios.
d) El Parque Nacional Aguaragüe que es territorio ancestral del Pueblo Guaraní y es patrimonio natural del chaco tarijeño, está siendo afectado por las nuevas actividades de exploración y explotación de hidrocarburos, sin que se hayan cumplido los compromisos del gobierno de remediar defnitivamente los pasivos ambientales y de elaborar un plan de manejo del área. e)
Existen evidencias y pruebas contundentes de la vulneración de nuestros derechos colectivos consagrados en la CPE y las leyes, del desconocimiento de nuestro origen ancestral y precolonial, así como del incumplimiento de la normativa ambiental.
f)
El Gobierno está tratando de imponer su proyecto de Ley Marco de Consulta, desconociendo las posiciones y propuestas manifestadas por la Nación Guaraní de Bolivia de manera oportuna sobre este tema.
La resolución de la Asamblea del Pueblo Guaraní de Yakuigüa, exigía al Gobierno, el respeto y la inclusión de la propuesta presentada por la Nación Guaraní de Bolivia para la Ley Marco de Consulta; también, la remediación inmediata de los Pasivos Ambientales del Aguaragüe, y la elaboración del Plan de Manejo del Parque Nacional. Además exigía al Gobierno la realización de un censo especial para la Nación Guaraní de Bolivia a ser coordinado con las autoridades indígenas para su correcta implementación. Operaciones hid rocarburíferas en la zona tradicional sur (Chaco Tarija, Chuquisaca y Santa Cruz) Zona de operaciones Tarija, zona PNANMI Serranía del Aguaragüe
Operaciones en curso y previst as
Las operaciones recientes de Petrobras, con la perforación de un túnel para paso de ductos probablemente ocasionaron perturbaciones en la dinámica de las zonas de recarga y los acuíferos de la zona afectada. Otras empresas que realizaron operaciones en la zona en años anteriores fueron Maxus, Repsol y Chaco. Las próximas exploraciones previstas por YPFB incluyen al consorcio Petroandina, en varios puntos de la serranía (Aguaragüe sur, Aguaragüe centro, Aguaragüe norte, Tiacia, Timboy) y a Petrobras en las proximidades del campo San Antonio.
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Zona de operaciones
Operaciones en curso y previstas
Tarija, zona TCO Itika Guazu (Tarija)
La TCO y organización indígena APG-Itika Guazu mantuvo conictos en los últimos seis años con las empresas Petrobras, Transredes (cruce de ductos) y con el consorcio Repsol YPF-BG-PAE. La zona está próxima a los megacampos gasíferos Margarita y Huacaya, a cargo de la Repsol-YPF y del campo San Antonio (Sábalo) a cargo de Petrobras).
Chuquisaca, zona Tentayape (Ava Guarani: TCO Avatiri Huacareta)
La zona forma parte del denominado Bloque Caipipendi, bajo responsabilidad contractual de la transnacional Repsol-YPF. Años anteriores al proceso de nacionalización, la zona estuvo concesionada a esta empresa habiéndose suscitado varios conictos. El año 2007, los representantes de la TCO denunciaron la invasión por la petrolera que realizó exploraciones sísmicas en el corazón de la zona Tentayapi, el último reducto de los guaraníes Simbas de Bolivia, y pidieron que una comisión gubernamental, visite el megacampo Margarita para cuantifcar los daños ambientales producidos por la actividad petrolera de Repsol-YPF a los pueblos guaraníes aledaños a la construcción del gasoducto. Sin embargo, a pesar de ser una muestra extraordinaria del patrimonio cultural de Bolivia y tener la titulación de TCO, la empresa petrolera Repsol anunció el 20 de septiembre 2010 que en breve se iniciarán estudios de prospección sísmica 3D en el bloque Caipipendi de la zona Igüembé, lo cual afectará directamente a la TCO de la comunidad de Tentayape.
Chuquisaca, zona MacharetiÑancaroinza (TCO)
Al espacio tradicional indígena o Tierra Comunitaria de Origen (TCO) se superpone en la región sur el Campo productor múltiple de Vuelta Grande, donde se perforaron 36 pozos, fue rehabilitado a partir de nuevas acciones para la extracción de gas reinyectado en fases anteriores. Este campo está bajo responsabilidad de la empresa YPFB Chaco SA (nacionalizada y subsidiaria), la cual realizó además varias exploraciones sísmicas. En tanto que el Campo Porvenir en el centro de la TCO, está cargo de la empresa Vintage. Una parte de la TCO en el sector suroeste se superpone al área de operaciones Caipipendi este, a cargo de Repsol YPF E&P-BG-PAE. Además, la empresa Transierra está a cargo de los ductos y el transporte de hidrocarburos en la zona.
Tarija, oeste del río Pilcomayo, zona de la TCO
En la TCO y a lo largo del curso del Pilcomayo se distribuyen 17 comunidades de la etnia Weenhayek. La empresa petrolera con mayor actividad en la zona ha sido BG Bolivia (una sucursal de la transnacional). La exploración hidrocarburíferas en la TCO Weenhayek comenzó a partir de los años 80 (con la empresa Tesoro Bolivia) y luego por BG Bolivia. Hoy existen varios campos petroleros a cargo de la BG Bolivia como la Vertiente, Los Suris, Escondido, Ibibobo y Palo Marcado. La TCO es cruzada por un ducto construido por la BG, lo cual fue motivo de reclamos por parte de la TCO, existen también numerosas denuncias de las comunidades indígenas, por afectaciones de las diversas operaciones de la empresa, a cuerpos de agua, zonas de bosques y tierras de caza.
Weenhayek
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Zona de operaciones
Santa CruzChuquisaca, zona Charagua norte, Charagua sur, Kaami-Kaaguasu (TCO´s)-Campo IncahuasiAquio (TCO
Operaciones en curso y previst as
La zona comprende el megacampo Itau (Bloque XX-Incahuasi/pozo Aquio X-1001) bajo operaciones de la empresa Total-Tecpetrol. Potenciales afectaciones podrían darse a partir de las múltiples exploraciones a realizarse en el Bloque Acero (Monteagudo) y en las serranías de Carohuaycho y Sararenda al norte de Camiri, por Total–Gazprom y YPFB Andina - YPFB Corporación. Las afectaciones se extenderán a la región este del área protegida Iñao de Chuquisaca (Bloque Acero).
Itikaraparirenda) Santa Cruz, oeste del río Parapetí, TCO Izozog-PNANMI KaaIya
Santa Cruz, Zona norte del PNANMI KaaIya, cruce del gasoducto al Brasil
La zona ha tenido numerosas exploraciones petroleras en décadas pasadas, existiendo notables pasivos por la apertura de las líneas sísmicas. En la actualidad, al extremo noroeste de la TCO, se superponen las áreas de exploración y explotación bajo contrato con la empresa Andina SA, campos Río Grandes y Sauces. El gasoducto Bolivia-Brasil (GBB), construido por la empresa PETROBRAS a partir de mayo de 1998, comenzó sus operaciones en julio de 1999. El ducto de 32 pulgadas de diámetro y 3.100 km de longitud tuvo un costo de 350 millones de dólares provenientes de créditos del Eximbank del Japón, la CAF el BID, el Banco
Mundial y capitales de los socios. En el sector boliviano, el gasoducto hasta el año 2006, era propiedad de la empresa Gas Transboliviano (GTB) constituida en un 98% por capital privado y 2% correspondiente a los fondos de pensiones. Dicha empresa privada realiza operaciones bajo control de YPFB Transporte. El paso del ducto por la parte norte del Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado (PNANMI) KaaIya signifcó un conicto a partir del cual la Capitanía del Alto y
Bajo Izozog (CABI) obtuvo un fondo de compensación. El ducto en la actualidad, suministra entre 20 y 25 millones de metros cúbicos diarios de gas al Brasil. No es una zona de conicto activo.
Santa Cruz, Río Grande – TCO Takovo Mora
Es una zona de intensa actividad petrolera con numerosos campos de producción de gas y líquidos. En esta zona se concentran varios contratos de operación petrolera (El Dorado, Río Grande, Sauces, Jacobo, Percheles, La Peña-Tundy) a cargo de las empresas Andina SA, Chaco SA y Pluspetrol Bolivia Corporation. Todas estas operaciones y zonas de contrato se superponen a la TCO Takovo, habiéndose producido a lo largo de varios años diversos conictos
socioambientales que fueron negociados con las empresas.
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Relación de operaciones hidro carburíferas y empresas en el subandino de Tarija y Chuquisaca, insc ritas el año 2010 (Fuentes: YPFB-MEH; Ribera 2010) Camp o-p ozo -o per ac ió n
Em pr es a Res po ns ab le
Ub ic ac ió n
Aguaragüe – Timboy (parte Sur A)
Petroandina SAM (YPFBPDVSA)
Bloque Sur del PN. Aguaragüe (Sur A)
Bloque Aguaragüe Sur “A”
Petroandina SAM
Sunadino central de Tarija
Aguaragüe Norte, Aguaragüe Centro y Aguaragüe Sur B,
Petroandina SAM
Subandino Norte de Tarija
Tiacia e Iñiguazú
Petroandina SAM (2010-2015)
Subandino Norte de Tarija. PNANI AGUARAGUE
Huacaya X-1
Total
Subandino Sur de Chuquisaca. RVS-ANMID Serranía de
Mandiyurenda
Margarita-Huacaya
Repsol-YPF
Subandino de Tarija y Chuquisaca TCO Itikaguazu
Bloque Caipipendi Sur A y Caipipendi Centro
Repsol-YPF (BG, PAE)
Subandino Sur de Chuquisaca TCO TENTAYAPE
Campo Itaú. Tarija oeste y Bloque XX
Total - BG
Subandino de Tarija ZI del PNANI AGUARAGUE
Campo Incahuasi. Ipati –-Aquio (pozo Aquio X-1001)
Total - Tecpetrol (Gazprom)
Subandino Sur de Chuquisaca y oeste de Santa Cruz. TCO ITIKARAPARIRENDA (Caraparicito)
Suris, Palo Marcado, Escondido, BG La vertiente, Taiguati
Llanura Chaqueña de Tarija entre Villamontes y Yacuiba
Megacampo San AntonioSábalo. Exploración Sísmica 3D
Petrobras
Subandino Norte de Tarija. ZI del PNANMI AGUARAGUE
San Alberto este y oeste
Petrobras
Subandino Sur de Tarija. ZI del PNANMI AGUARAGUE
Bloque Azero
Total-Gazprom y YPFB
Subandino entre Chuquisaca y Santa Cruz. ZI PNANMI IÑAO (contiguo a a campos Ipatí y Aquió)
Carohuaycho 8D, incluye los campos Guairuy (dos pozos) y Camiri (tres pozos)
YPFB Corporación
Subandino sur de Santa Cruz
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Cam po -p ozo -o per ac ió n
Sararenda (perforaciones previstas desde la planchada Guairuy) Pozo SRR-X1 dentro el proyecto Sararenda Vuelta Grande, San Roque Bermejo, Madrejones
Emp res a Res po ns ab le
Ub ic ac ió n
YPFB Corporación
Provincia Cordillera , pie de monte chaqueño de Santa Cruz
YPFB Andina
Provincia Cordillera , pie de monte chaqueño de Santa Cruz Llanura chaqueña Subandino sur de Tarija
Chaco Pluspetrol
Nota.- En la actualización del siguiente reporte se contó con los valiosos aportes de las Instituciones Miembros de LIDEMA, en los departamentos de Tarija, Chuquisaca, Santa Cruz, Cochabamba, así como de las Coordinaciones departamentales.
Fuentes
Ayala,R.B. 1998. Áreas Protegidas del Departamento de Tarija. PROMETA/IYA/DRU. Tarija, Bolivia. Barrero,R.J.L. 2012. Seguimiento a la situación socio ambiental causada por el sector de hidrocarburos en las comunidades de Piraymiri y Villa Fernández de la Provincia Hernando Siles, Municipio de Monteagudo, del Departamento de Chuquisaca. ASE. CAH-LIDEMA. Chuquisaca, Bolivia. Coaquira,T. 2010. Análisis ambiental de la política energética boliviana. CEDLA-CEJIS. Coello, J. C. 2008. Desafíos de la gestión ambiental ante emprendimientos de exploración y explotación petrolera en Bolivia. 39-57 p. En Belpaire, C. M y Ribera, A. M. O. Eds. : Informe del Estado Ambiental de Bolivia 2007-2008. LIDEMA. La Paz, Bolivia. Gandarillas,G.M. 2012. La orientación extractivista de la inversión pública. Petropress No 28. CEDIB. Cochabamba, Bolivia. Humprheys, D.B., Catari, H. 2009. Expansión de la Actividad Hidrocarburífera en el PNANMI Aguaragüe. CER-DET, Tarija-LIDEMA / Universidad de Manchester, Reino Unido. Tarija, Bolivia. 13 p. Rosario Pedraza, R. M. 2012. Seguimiento a la situación ambiental causada por el sector hidrocarburo en el Departamento de Santa Cruz- Bolivia. CIMAR, CAH-LIDEMA. Santa Cruz- Bolivia. Ribera,A.M.O. 2013. Informe sobre impactos y confictos petroleros en el Chaco boliviano: caso de la serranía del A guaragüe. LIDEMA- PROYECTO NEBE-COCOON. Ribera,A.M.O. 2011. Primera aproximación a un inventario de unidades ecoregionales amenazadas. Cartografía y análisis SIG. LIDEMA. 302 p. Ribera,A.M.O. 2010. Sector Hidrocarburos: Análisis general, Zona Tradicional, Norte de La Paz. Actualización 2009-2010. Serie de Estudios de Caso sobre Problemáticas Ambientales en Bolivia. LIDEMA. La Paz, Bolivia. 220 p.
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