Su experiencia internacional incluye sus visitas a México, Corea del Sur, España, Francia, Alemania y los Estados Unidos de Norte América. Es el Director del Departamento de Estudios de Postgrado del Centro Universitario de Sur Oriente de la Universidad de San Carlos CUNSURORI y actualmente es miembro del Tribunal de Honor del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Guatemala -CIAG-.
“La gestión ambiental comunitaria se vislumbra como una estrategia para contrarrestar la acción depredadora del hombre en Guatemala y así constituir un sistema de interacciones sociales con objetivos encaminados al manejo del sistema ambiental de manera sustentable apoyada en normas, programas, metodologías, información y educación para aprovechar, manejar y preservar de forma ética, racional, eficaz y participativa los recursos naturales”. “La gestión ambiental comunitaria se basa en la elección humana para optar a que los individuos puedan organizarse a sí mismos sin que requieran ser organizados por autoridades externas, propiciando un proceso de negociación entre los actores de distintas visiones y perspectivas, incluye el manejo, administración, monitoreo, evaluación e información ciudadana, comunicación social, auditoria social, leyes y políticas sobre el ambiente”.
GESTIÓN AMBIENTAL COMUNITARIA Estrategia de desarrollo rural para Guatemala
Es Profesor Titular de la Carrera de Agronomía en el Centro Universitario de Sur Oriente CUNSURORI con sede en la ciudad de Jalapa. Ha escrito numerosos artículos académicos y científicos en revistas nacionales e internacionales además de ser el autor de obras literarias entre las que destaca DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE EN GUATEMALA Una perspectiva comunitaria, libro publicado en 2012.
Gesly Anibal Bonilla Landaverry nació el 30 de noviembre de 1977 en la ciudad de Jalapa. Es hijo de los profesores Lidia Amparo Landaverry Villeda y Héctor Anibal Bonilla Morán (Q.E.P.D).
GESTIÓN AMBIENTAL COMUNITARIA Estrategia de desarrollo rural para Guatemala
Ingeniero Agrónomo en Sistemas de Producción Agrícola, tiene una Maestría en Ciencias en Gestión Ambiental por la Facultad de Agronomía de la Universidad de San Carlos de Guatemala y su Doctorado en Ciencias Políticas y Sociología lo obtuvo con la máxima nota Summa Cum Laude en la Universidad Pontificia de Salamanca, Madrid, España. Su tesis doctoral fue dirigida por el ilustre y célebre ingeniero, sociólogo y ecologista español Doctor Pedro Costa Morata. Entre sus especializaciones destacan: Forestería Comunitaria (2007) y Economía Ecológica (2008) por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales FLACSO en su sede GUATEMALA; Desarrollo Rural (2009) por la Universidad de Dankook, Corea del Sur.
Gesly Aníbal Bonilla Landaverry
GESTIÓN AMBIENTAL COMUNITARIA Estrategia de desarrollo rural para Guatemala
© Gesly Anibal Bonilla Landaverry GESTIÓN AMBIENTAL COMUNITARIA Estrategia de desarrollo rural para Guatemala
Primera edición: agosto de 2013
Foto de portada: Gesly Anibal Bonilla Landaverry Laguna de Itzacoba, Comunidad Santa María Xalapán, Jalapa, Guatemala
Diseño y edición: Magna Terra editores 5a avenida 4-75, zona 2 ciudad de Guatemala
Gracias a mi familia por estar siempre allí y naturalmente este libro está dedicado a Lidia Amparo Landaverry Villeda, mi madre…
Índice Prefacio 7 Gestión ambiental comunitaria
11
Gestión ambiental rural
17
Historia de las tierras comunitarias en Guatemala
25
Organización comunitaria
31
Institucionalidad ambiental comunitaria
39
Administración ambiental comunitaria
43
Manejo y transformación de conflictos ambientales
47
Saneamiento ambiental comunitario
53
Monitoreo ambiental comunitario
63
Técnicas e instrumentos para la gestión ambiental comunitaria
69
Educación para el desarrollo rural
75
Ordenamiento territorial para el desarrollo rural
85
Participación social en el desarrollo rural
97
Gestión de riesgo y el desarrollo rural
107
Proyectos productivos y ambientales comunitarios
113
Cooperativismo para el desarrollo rural
125
Movimientos sociales y ambientales rurales
131
Desarrollo rural comunitario
139
Referencias bibliográficas
145
Prefacio
E
n el año 2007 un grupo de profesionales de distintas disciplinas de varias regiones del país, empezamos una aventura académica en la Maestría en Ciencias en Gestión Ambiental Local de la Facultad de Agronomía de la Universidad de San Carlos de Guatemala con el apoyo del Programa de Fortalecimiento Institucional para la Gestión Local FIGAL implementado con fondos de la cooperación holandesa. Con el avance de los cursos de ese Programa de Postgrado, siempre caíamos en la cuenta que se adolecía en el país de suficiente material bibliográfico que abordara temas que atañen a la gestión ambiental local, lo cual generaba un vacío que sustentara los planteamientos y teorías de esta temática de nuestra realidad nacional. Para el año 2009, muchos empezamos a egresar como Maestros en Ciencias con la esperanza de incidir en lo social y ambiental desde cada nicho de trabajo. Algunos continuaron sus actividades laborales como funcionarios públicos, otros en el ejercicio profesional independiente y en mi caso, como profesor universitario. Debido a que mi licenciatura es en ciencias agrícolas, es decir mi formación de base es en ciencias naturales, opté por especializarme en gestión ambiental, pero luego continué con estudios a nivel de Doctorado en Ciencias Socia7
les, lo cual me dio la posibilidad de consolidar un sentido ecléctico que me ha dado una visión más integral sobre la generación de conocimiento. En los últimos años y producto de realizar algunas investigaciones sobre la forma de administrar, manejar y aprovechar los recursos naturales por parte de las comunidades rurales de Guatemala, he llegado a concluir que la gestión ambiental es una estrategia que contribuye a contrarrestar la acción depredadora del hombre y constituye un sistema de interacciones sociales con objetivos encaminados al manejo del sistema ambiental de manera sustentable con el apoyo de normas, programas, metodologías, información y educación para aprovechar, manejar y preservar de forma ética, racional, eficaz y participativa los recursos naturales a través de su uso, transformación y consumo para obtener beneficios sociales, económicos y ambientales. Todo esto con la participación de los actores locales constituidos en comunidades. La gestión ambiental es necesaria porque es una estrategia para tomar las medidas conducentes que amortigüen en cierta manera los impactos de la globalización y el modelo económico del libre mercado. Una gestión ambiental consolidada propiciará el desarrollo rural sustentable donde los objetivos deberán enfocarse a dinamizar los aspectos sociales, económicos, políticos y naturales encaminados a mejorar el nivel de vida de la población. Desde luego, esto incluye como condición necesaria la participación social. Por lo tanto, el desarrollo rural exige un trabajo en armonía con el ambiente para reducir la degradación de los sistemas naturales asignando responsabilidad a la población 8
como proceso social condensado en la relación entre las personas y la naturaleza. Esta obra desarrolla gran parte de los aspectos necesarios que abordan la gestión ambiental desde una perspectiva comunitaria y sólo me queda agradecer a todas las personas que han contribuido para que este material salga a luz pública. Una mención muy especial a mis compañeros de la Maestría en Gestión Ambiental Local de los cuales pude aprender mucho por la gran experiencia con la que contaba cada uno de ellos. Gesly Anibal Bonilla Landaverry
9
10
Gestión ambiental comunitaria
C
on la publicación del artículo La tragedia de los comunes, hace más de cuarenta años, se acuñó la idea que el Estado era el que debía controlar la mayoría de los recursos naturales como acción para evitar su degradación (Hardin, 1968). Otra propuesta que surgió del mismo artículo era que la privatización podría resolver el problema del “ocio” de los recursos naturales. Sin embargo, lo que se ha observado en los últimos años alrededor del mundo es que ni el Estado ni lo privado han logrado con éxito que los recursos naturales vengan en detrimento, debido a la necesidad que los seres humanos tienen del ambiente para su supervivencia y sobre todo por esa racionalidad económica que ha puesto en riesgo la vida del planeta por tanta depredación y contaminación (Leff, 2007). La gestión ambiental comunitaria se vislumbra como una estrategia para contrarrestar la acción depredadora del hombre y así constituir un sistema de interacciones sociales con objetivos encaminados al manejo del sistema ambiental de manera sustentable apoyada en normas, programas, metodologías, información y educación para aprovechar, manejar y preservar de forma ética, racional, eficaz y participativa los recursos naturales (IARNA, 2009b).
11
Gestión ambiental comunitaria
Las instituciones, el capital social y la acción colectiva son fundamentales sobre la gestión de los recursos, tomando como base una sólida identidad de las personas que se reapropian de la naturaleza a través de un poder local. Esto los encamina a propiciar la gestión ambiental comunitaria (Monterroso, 2003). Hay ejemplos en que comunidades de individuos han confiado en instituciones1 que no se parecen ni al Estado ni al mercado para regular algunos sistemas de recursos con grados razonables de éxito durante largos períodos. (Ostrom, 1999). Se reconoce que el manejo comunitario de los recursos naturales es una opción válida en países centroamericanos y la gestión ambiental debe ser inseparable del desarrollo rural sustentable (Raynaut y Zanoni, 1993). A menudo, la participación comunitaria está asociada a una visión compartida sobre los recursos y sistemas de recursos, a experiencia de organización previa, a normas legítimas y a relaciones de confianza y reciprocidad. La gestión ambiental se debe basar en el poder local y en las capacidades que las comunidades han generado muchas veces sin el amparo de organismos estatales o privados. En muchas comunidades a lo largo y ancho de toda Latinoamérica han surgido expresiones rurales de lo que ahora se conoce con el nombre de desarrollo local, sostenible y participativo. Algunos organismos internacionales y nacionales (públicos y privados), han tomado como modelo operativo para sus proyectos, la recuperación de esta riqueza ancestral; como es lógico suponer, esto no ha dado los mismos resultados tanto en lo que se refiere Se entiende por “instituciones” como las reglas de uso, procedimientos y sanciones de los recursos naturales, según Elinor Ostrom. 1
12
Gestión ambiental comunitaria
al cuidado del medio ambiente como al mantenimiento de estructuras justas. Así pues, las sociedades rurales latinoamericanas se reestructuran por cuenta propia para enfrentar los impactos de la globalización de mercados, implorando a los gobernantes la participación en los mercados en condiciones de equidad y bienestar para todos. La gestión ambiental comunitaria se basa en la elección humana para optar a que los individuos puedan organizarse a sí mismos sin que requieran ser organizados por autoridades externas (Martínez, 2006), propiciando un proceso de negociación entre los actores de distintas visiones y perspectivas, incluye manejo, administración, monitoreo, evaluación e información ciudadana, comunicación social, auditoria social, leyes y políticas sobre el ambiente. Los recursos naturales se pueden manejar por medio de la organización de la gente en las comunidades indígenas, en donde desde la época precolombina han existido casos efectivos de mantenimiento del patrimonio natural en toda Latinoamérica (Chapela, 1996), manejando sosteniblemente los recursos como el bosque pues ha servido como suministro de combustible y otros productos esenciales para atender necesidades básicas a nivel de la familia como la disponibilidad de alimentos y la generación de ingresos (Martínez , 2002). A veces hay problemas para lograr coordinar el uso de un recurso entre comunidades con numerosos individuos porque es difícil mantener una tasa óptima de producción y consumo en armonía. Lo importante es encontrar la viabilidad para que las sociedades humanas, con el nivel de complejidad actual, puedan manejar y mantener conjuntamente los recursos naturales (Bonilla, 2009).
13
Gestión ambiental comunitaria
Por ello, a veces se recurre a las alternativas basadas en la teoría del Estado, soportada en la necesidad de la intervención de una instancia de gobierno como poseedora de derechos de propiedad y la estatización de los recursos naturales como la opción más inmediata. Con la estatización de los recursos naturales se cree que los Estados pueden establecer el manejo sustentable de los recursos naturales, y con ello tener la capacidad de monitoreo suficiente. Esta es una visión occidental individualista generalizada que no observa las formas de posesión y manejo de la tierra de grupos con cosmovisión distinta y con profundas vinculaciones identitarias (Thillet, 2003). También existe la teoría de la “firma”, que sugiere la necesidad de la intervención de los mercados como poseedores de derechos y la privatización de los bienes comunes (Coase, 1960). La privatización es propuesta porque se aduce que en la propiedad colectiva no hay obligaciones y derechos de propiedad, y se asume que al privatizar se separa a los bienes en pequeñas unidades que generan una racionalidad ecológica, aunque se desconoce la dificultad o imposibilidad de dividir muchos recursos en unidades, sin destruirlos o alterarlos significativamente. Se ignora que los incentivos de uso racional de la propiedad privada no son siempre compatibles con el uso sustentable de los recursos naturales (Ostrom, 1999). Surgen críticas a las propuestas de estatización y privatización de los recursos naturales ya que muchas veces éstas parecen más prescripciones que se basan en metáforas de estados ideales o de mercados ideales inexistentes. Se toma a los Estados y los mercados como instituciones perfectas y de todos es conocido que la realidad es muy 14
Gestión ambiental comunitaria
diferente. Es un hecho que se sigue careciendo de una teoría adecuada sobre el manejo de los recursos naturales (Merino, 1999). Por ejemplo, el modelo de las áreas protegidas tiene su base en que el Estado debe de resguardar los recursos naturales pero se ha tenido mucho problema debido a que al momento de la creación de un área protegida ya se tenían comunidades establecidas previamente en esos territorios y siempre han vivido de los productos que la naturaleza les provee. Hoy en día, se está comprendiendo que las instituciones colectivas han tenido éxito en muchos casos por lo que se necesita revisar esos modelos basados en la privatización y la estatización para encontrar las mejores maneras para lograr una gestión racional del sistema ambiental. Se debe de rescatar esos casos en que la gestión ambiental comunitaria ha tenido éxito, en donde los comunitarios tienen derecho de usar el recurso natural bajo reglas establecidas, lo cual les permite el aprovechamiento, conservación y manejo de los bienes naturales para lograr la sustentabilidad ambiental y el desarrollo en el sector rural (Martínez, 2006). La gestión ambiental comunitaria es producto de la participación ciudadana y debe estar basada en los valores culturales y ambientales de la comunidad con el objetivo de mejorar el nivel de vida de las personas (Vásquez, 2008). La gestión ambiental comunitaria se sustenta en aprovechar los recursos naturales a través de su uso, transforma15
Gestión ambiental comunitaria
ción y consumo para obtener beneficios sociales, económicos y ambientales. Además se hace necesario manejar estos recursos por medio de su conservación, recuperación y protección para tratar de asegurar una sustentabilidad ambiental. Todo esto con la participación de los actores sociales entre los que se encuentran las comunidades, municipios y usuarios en general (Sánchez, et al., 2002).
16
Gestión ambiental rural
E
l conjunto de acciones encaminadas a lograr la máxima racionalidad en el proceso de decisión relativo a la conservación, defensa, protección y mejora del medio ambiente, basado en la coordinada información multidisciplinaria y en la participación ciudadana, conduce a una gestión ambiental rural (Díaz, 2008). A partir de una demanda mundial por un ambiente más saludable, se le ha impuesto al sector rural que debe asumir el compromiso de evaluar el impacto de las actividades agropecuarias para tomar medidas correctivas en los procesos de producción, introduciendo y generando indicadores agroambientales para evaluar los sistemas productivos rurales necesarios para guiar acciones de los distintos actores. Para ello, se han generado sistemas de gestión ambiental como instrumentos para alcanzar la protección del ambiente, ya que un hábitat rural más amigable con el ambiente es competencia de la gestión ambiental (Viglizzo, 2001). Se argumenta que la agricultura es una actividad que afecta en cierta medida al ambiente local, regional y global por lo que una gestión ambiental es fundamental para alcanzar un desarrollo sustentable y mejorar la condición social preservando la integridad de los sistemas biológicos.
17
Gestión ambiental rural
Un análisis de la gestión ambiental rural conlleva lo local, lo regional y lo nacional. Estos niveles deben estar articulados para realizar ajustes de políticas, estrategias e instrumentos como, por ejemplo, la ecocertificación para participar en el mercado. Ello permite diferenciar una gestión ecológica en comunidades rurales para premiar a productores que defienden al ambiente. A nivel regional y nacional se necesita de la promoción de sistemas con indicadores de sustentabilidad como instrumentos para evaluar la gestión ambiental. La gestión ambiental propiciada por la población rural, debe ser un proceso que comprenda funciones y actividades organizativas para planificar, ejecutar y monitorear el aprovechamiento, manejo, y conservación de los recursos naturales (Muriel, 2006). La planificación es el núcleo de la gestión ambiental, lo que implica realizar actividades de largo plazo y desarrollar planes, programas y proyectos. Es por medio de una gestión ambiental sistémica que se interrelaciona la planificación, la ejecución y el control y se obtiene un proceso continuo de diseño, ejecución y evaluación para corregir y nuevamente diseñar para continuar con el ciclo. Un proceso de aprendizaje, retroalimentación y mejoramiento continuo es el principio del enfoque sistémico y es lo que dio origen hace dos décadas a la gestión ambiental de calidad actual, que es certificada por organizaciones internacionales como ISO2 14000 (Muriel, 2006). Detrás de una gestión amigable con el ambiente se obtendría un beneficio social en el sector rural con el desafío de identificar maneras para la ecocertificación.
International Standar Organization (Organización Internacional de Normalización). 2
18
Gestión ambiental rural
Los países ricos indemnizan a los países pobres a través de acuerdos ambientales bajo el principio de “el que contamina paga”, aludiendo a la teoría del problema del costo social (Coase, 1960), con lo cual se pretende abrir una posibilidad de establecer relaciones equitativas de intercambio entre países pobres económicamente, pero con gran riqueza natural (Martínez, 2006). Es por ello, que también se debe considerar a la gestión ambiental como motor del desarrollo rural en Guatemala, porque los servicios ambientales tienen un potencial productivo sin ser necesariamente depredados los recursos naturales, pues mediante mecanismos como el pago por servicios ambientales, la producción de agua, la captura de carbono y el ecoturismo, se muestra la variabilidad de una posible gestión ambiental productiva. Otra potencialidad es la creación de mecanismos de valor agregado como la agricultura orgánica, sistemas productivos con tecnologías limpias y sistemas de certificación ambiental que permiten aprovechar y proteger al ambiente dentro de una gestión ambiental integral. De una buena gestión ambiental se derivan beneficios económicos y sociales. Existen instrumentos legales y políticos como desgravaciones, subsidios, medidas coercitivas, etc., para normar y dictar directrices para lograr una gestión ambiental, además de premios e incentivos producto para consolidar la participación en los mercados y aperturas comerciales. La gestión ambiental es necesaria porque es una estrategia para tomar las medidas conducentes para amortiguar en cierta manera los impactos de la globalización y los modelos económicos (PNUMA, 1998). La agenda ambiental es el vínculo entre temas de desarrollo económico y social 19
Gestión ambiental rural
como la salud, en especial las condiciones para prevenir la morbilidad y patologías que aseguren una población más sana, el comercio con productos ambientalmente sanos y producidos con tecnologías limpias, la incorporación de la participación comunitaria en el manejo de desechos sólidos y aguas residuales, y la regulación de entidades públicas con el apoyo y fortalecimiento de las ONG. Ahora bien, al circunscribirse únicamente en la gestión ambiental per se, se estará hablando de un programa sistemático con la finalidad de monitorear y reducir los impactos ambientales asociados con actividades productivas (Gertler, 2001). Sin embargo, la gestión ambiental rural debe ser un concepto más amplio que implique estrategias e instrumentos para manejar y administrar los recursos naturales para su aprovechamiento y conservación. Una gestión ambiental rural integral contempla los ejes fundamentales de la seguridad alimentaria, la gestión de riesgo, la gestión de proyectos productivos y estrategias de desarrollo, entre las que destacan: las actividades alternativas a lo agropecuario, la institucionalidad comunitaria y la organización social. Una gestión ambiental consolidada propiciaría el desarrollo rural sustentable donde los objetivos estarían enfocados a dinamizar los aspectos sociales, económicos, políticos y naturales encaminados a mejorar el nivel de vida de la población rural. Esto incluye como condición necesaria la participación social. El desarrollo rural exige un trabajo en armonía con el ambiente para reducir la degradación de los sistemas naturales asignando responsabilidad a la población rural para que sea un proceso social condensado en la relación entre las personas y la naturaleza.
20
Gestión ambiental rural
Dentro de la gestión ambiental rural cabe la posibilidad de incorporar proyectos como, por ejemplo, el de ecosistemas cafeteros ya que muchas áreas rurales cuentan con extensiones importantes de café en el país (Rodríguez, 2008). Aunque, como muchas veces el sector rural se ve afectado por la caída de los precios de café impactando en la economía de los agricultores, por eso surge la posibilidad de contar con la alternativa de integrar las áreas cafetaleras a los sistemas de pago por servicios ambientales entre los que destacarían el paisaje y los servicios ecosistémicos. Los servicios ecosistémicos son el resultado de procesos naturales que inciden en la protección y manejo del ambiente, ofreciendo servicios ambientales que influyen en la mejora de la calidad de vida de una población. Por ello, dentro de la gestión ambiental, la generación de instrumentos y herramientas para el desarrollo rural es fundamental, y la valoración de servicios ecosistémicos es una alternativa. Otra herramienta para contribuir al bienestar social es el enfoque de manejo integrado de las cuencas hidrográficas, incorporando la gestión del paisaje debido a la imperante necesidad de proteger y conservar los ecosistemas. Para potencializar aún más la gestión ambiental, también es necesaria una educación ambiental basada en principios sustentables, creando una nueva ética sobre la relación entre los sistemas económicos, sociales y naturales que genere cambios de conducta y hábitos de la población rural. Para ello es necesario un desarrollo institucional que se consolide a través de comités, alianzas y redes sociales, con lo cual se lograría mejorar una estructura organizativa 21
Gestión ambiental rural
que llegue a ser canalizada por los proyectos de desarrollo rural (Gómez et al., 2010). Se debe incorporar a los gobiernos municipales y desde las alcaldías, impulsar proyectos con la territorialidad necesaria para poner en práctica un gobierno pluralista para vencer las barreras que se crean por las diferencias partidarias entre los gobiernos locales. El apoyo Estatal es necesario para el desarrollo institucional que redunde en una mejora para la relación entre actores y la ejecución de acciones. No hay que olvidar que hoy por hoy las comunidades humanas son el centro del proceso del auto desarrollo rural y se requiere únicamente de ajustes organizacionales e institucionales porque actuando de forma individual no se logrará manejar los sistemas naturales para su aprovechamiento y conservación, lo que hace necesario el trabajo en comunidad. La teoría de que el Estado es el que debe resguardar los recursos naturales (Hardin, 1968), ha sido desplazada por la creación de instituciones y el manejo comunitario (Ostrom, 1999). Lo que se mantiene latente es que la transformación productiva en el territorio rural es reclamada por las comunidades y requieren del apoyo municipal y del Estado a través de sus ministerios e instituciones. Además se necesita fortalecer el proceso de construcción social a partir del fortalecimiento de la identidad, la institucionalidad comunitaria y la gestión territorial (Bonilla, 2009). Para Sepúlveda et al., (2003), la gestión ambiental y el desarrollo territorial son estrategias importantes sobre el desarrollo rural. La gestión ambiental ha tomado importancia política y económica a nivel global porque los acuerdos multilaterales han creado mecanismos de articu22
Gestión ambiental rural
lación entre los países y las regiones. Los problemas ambientales son un marco de cooperación internacional que generan espacios para ser aprovechados por los territorios rurales por el papel que cumplen en el resguardo y la regulación de los recursos naturales. Está establecido que la población rural reconoce la función de la naturaleza para mantener la productividad y satisfacer necesidades básicas a través de la generación de servicios ambientales y la creación de oportunidades para mejorar las condiciones de vida.
23
Historia de las tierras comunitarias en Guatemala
L
as relaciones de poder sobre la tierra en Guatemala forman parte de la construcción histórica del país y principalmente de los territorios indígenas y las tierras comunales. El origen de las tierras comunitarias datan de la época precolombina cuando los pueblos conformaban sociedades jerarquizadas con una organización socio política basados en el modelo Calpulli-Chinamit3 (Elías, 2009). Sin embargo, en la época colonial los españoles se apoderaron de las tierras y de los habitantes nativos apoyados por la legalización de las Bulas del Papa Alejandro VI y el Tratado de Tordesillas de 1494 bajo las estrategias del Repartimiento y la Encomienda (Martínez, 1970). La estructura agraria fue marcada por principios como el señorío que daba el derecho a la Corona española sobre todas las tierras conquistadas, la merced que consistía en retribuir la participación de los soldados de la conquista; la composición en donde la Corona vendía tierras a los colonizadores; tierras indígenas que aseguraba lo mínimo de tierras para los indígenas y el bloqueo a los mestizos El Calpulli es un término de origen náhuatl y era la unidad básica de organización comunitaria y era la instancia encargada de recolectar tributos para el gobierno superior o Chinamit que era la ciudad Estado. 3
25
Historia de las tierras comunitarias en Guatemala
que prácticamente generó una enorme cantidad de gente sin tierras. Luego, la Corona dio la potestad de otorgar los primeros títulos de tierras, aunque hubo protestas por religiosos contra los abusos cometidos contra los indígenas por parte de los españoles, lo que dio origen a la promulgación de la Leyes Nuevas en 1542 y que prohibían todas las formas de esclavitud de los indígenas, el despojo de sus tierras y el ordenamiento territorial. Esto también propició la separación entre los españoles y los indígenas creándose de esa manera los ejidos y las tierras comunales, que en cierta medida fueron protegidos por el régimen colonial. Los ejidos se caracterizaron por ser tierras indispensables y de uso común en la periferia de un pueblo donde se recolectaba madera y otros materiales para la construcción, pero principalmente para las actividades agropecuarias. La extensión de los ejidos debía ser calculada a partir del centro del pueblo con una línea que tendría una longitud de una legua4 en total, es decir, media legua para ambas direcciones a partir del centro del pueblo. Estas tierras serían administradas por el cabildo o ayuntamiento de indios y serían de propiedad común. No obstante, ante el auge de las actividades extractivas y económicas, y el aumento de los inmigrantes españoles se acentuó el despojo La legua (proveniente del latín leuca) es una antigua unidad de longitud que expresa la distancia que una persona, a pie, o en cabalgadura, pueden andar durante una hora; es decir, es una medida itineraria (del latín iter: camino, periodo de marcha). Dado que una persona recorre normalmente a pie una gama de distancias, la legua se mantiene en esa gama, pero según el tipo de terreno predominante en cada país o según la conveniencia estatal, la palabra legua abarca distancias que van de los 4 a los 7 km, siendo las más frecuentes las leguas que se encuentran en la media de tales extremos. 4
26
Historia de las tierras comunitarias en Guatemala
de tierras a los indígenas y las leyes promulgadas por la Corona fueron de una u otra manera poco aplicadas. Seguidamente del período colonial, en el primer gobierno liberal de Mariano Gálvez (1831-1838), los ejidos, las propiedades rurales y urbanas de la Iglesia Católica, las tierras de cofradía y las tierras comunales pudieron ser vendidas o rentadas. La idea de este gobierno era que la propiedad colectiva frenaba el desarrollo del país pues debía de adoptarse el principio de la propiedad privada era el fundamento de la igualdad. Sin embargo, los gobiernos subsiguientes con una ideología conservadora derogaron la legislación sobre la privatización de la propiedad ante la presión y oposición de las comunidades rurales. Se generaron rebeliones indígenas y campesinas como el que encabezó Rafael Carrera en el oriente de Guatemala. En 1838 toman el poder los conservadores y se retorna a la política agraria de la época colonial, aunque siempre se dio paso en cierta medida a la privatización de las tierras baldías y se adoptaron políticas que permitieron a particulares a que asentaran tierras comunales en calidad de arrendatarios perpetuos y se obligó a las comunidades a dar sus tierras en arrendamiento. En algunos casos se promovió la expropiación de tierras para favorecer a los caficultores lo que se acentuó a la llegada de los gobiernos liberales nuevamente. Éste es el período de la historia de Guatemala que más impactó sobre la desarticulación de los ejidos y las tierras comunitarias. El Decreto 179 del 8 de enero de 1877 o ley de redención de censos, permitió que las tierras pasaran a manos privadas lo que obligó a muchas comunidades a vender sus tierras a precios injustos. Pasaron muchos años 27
Historia de las tierras comunitarias en Guatemala
y en 1926 se crea la figura de la titulación supletoria como procedimiento para obtener títulos y registrar tierras poseídas durante un período de más de 10 años. En 1931 se reglamenta la organización y aprovechamiento de los ejidos que poseían todos los pueblos del país y marca una pauta para regular las tierras comunales y ejidales en la historia reciente de Guatemala, pues por ley se otorga la administración exclusiva de las tierras a los mismos poseedores y se establece el principio de inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad de los ejidos, lo cual se puede interpretar como extensivo a las tierras comunitarias. Ya en el período revolucionario (1944-1954), se buscó eliminar el latifundio y se protegió a las tierras ejidales y comunales. Se promovió el acceso a la tierra a los campesinos y se les apoyó con créditos y asistencia técnica. Las tierras ejidales y comunales no fueron objeto de ningún proceso de reforma agraria. En la década de 1960 mediante el Decreto 1551 o Ley de Transformación Agraria se revierte en cierta forma los avances del período revolucionario pues se restablecen algunas disposiciones a favor de la propiedad privada afectando a las tierras comunales. Se promueve la política de transformación agraria para “colonizar” las tierras del norte del país específicamente Petén y la Franja Transversal del Norte que constituye a los departamentos de Alta Verapáz, Izabal y parte de El Quiché. Las tierras comunales se vieron protegidas a raíz de las distintas Constituciones Políticas como la de 1965 en su 28
Historia de las tierras comunitarias en Guatemala
artículo 133 en donde se establece que “Las tierras municipales y los bienes de las comunidades gozarán de la protección especial del Estado, el que vigilará su explotación y aprovechamiento. Los bienes municipales sólo podrán ser enajenados por los motivos y en la forma que lo pueden ser los bienes nacionales. La propiedad y la administración de los bienes de comunidades y grupos indígenas, así como las de otras comunidades rurales, serán normadas por leyes especiales de carácter tutelar”. Actualmente, la Constitución Política de la República de Guatemala de 1985 que aún se mantiene vigente, contempla en su Artículo 67 la protección a las tierras y las cooperativas agrícolas y señala que: Las tierras de las cooperativas, comunidades indígenas o cualesquiera otras formas de tenencia comunal o colectiva de propiedad agraria, así como el patrimonio familiar y vivienda popular, gozarán de protección especial del Estado, de asistencia crediticia y técnica preferencial, que garanticen su posesión y desarrollo, a fin de asegurar a todos los habitantes una mejor calidad de vida. Las comunidades indígenas y otras que tengan tierras que históricamente les pertenecen y que tradicionalmente han administrado en forma especial, mantendrán ese sistema (Constitución Política de Guatemala: 56). Además el Artículo 68 sobre tierras para comunidades indígenas indica que “mediante programas especiales y legislación adecuada, el Estado proveerá de tierras estatales a las comunidades indígenas que las necesiten para su desarrollo” (Constitución Política de Guatemala: 57). 29
Organización comunitaria
L
a organización comunitaria es una respuesta de la población para satisfacer sus necesidades de crecimiento y sistematización del trabajo para obtener bienes y servicios, los cuales darán solución a sus problemas (Berducido, 2006). Factores para lograr satisfacer las necesidades de subsistencia tales como salud, educación, vivienda y conservación de los recursos naturales son resultado de una buena organización y del trabajo colectivo. En las comunidades rurales de Guatemala se tienen distintas formas de organización, no obstante, cuando los intereses que se persiguen tienen como objetivo el bien común se marcan las pautas para consolidar un verdadero proceso de desarrollo. La organización comunitaria se propicia internamente por parte de los habitantes locales o bien por dependencias gubernamentales y no gubernamentales. Dentro de las formas de organización que prevalecen en las comunidades rurales de Guatemala se destacan los agrarios, los religiosos y los políticos entre los que sobresales los COCODES, las cofradías; los comités de vigilancia, de introducción del agua potable, de vivienda y otros, todo con la finalidad de satisfacer necesidades de los habitantes de la comunidad. 31
Organización comunitaria
Para que un proceso de organización se realice eficientemente es necesario que el núcleo poblacional no esté dividido en grupos en donde no existan acuerdos y surja el antagonismo. Los principales conflictos que deben ser considerados para solucionarlos y establecer una buena organización comunitaria son los políticos, agrarios y religiosos. Se debe de partir de la premisa que las comunidades son las generadoras de su propio desarrollo porque el Estado, las organizaciones no gubernamentales y los académicos únicamente pueden actuar como facilitadores (Sánchez del Valle, 2000). Hay que tener claro que en una comunidad los propios pobladores son los que más conocen sus propios problemas y ese es un factor fundamental de gestión para la protección del medio ambiente, así como un instrumento para alcanzar un desarrollo comunitario sustentable. El hecho que las comunidades tengan conocimiento de sus interioridades en cuanto a sus dinámicas organizativas y participativas, hace que sea un conocimiento útil para desarrollar herramientas que permitan incidir sobre las problemáticas sociales y ambientales (Torregroza, et al., 2010). La organización comunitaria es un modo práctico de autogestionar soluciones a las necesidades más sentidas de un grupo social. Para tener una real gestión ambiental es necesaria la organización comunitaria con determinadas formas de acumulación de capital y relaciones socioeconómicas, de consumo, culturales, políticas e institucionales donde todos los actores aportan sus perspectivas, intereses y propuestas (IARNA, 2009b). 32
Organización comunitaria
Es necesario “consolidar la organización comunitaria, la unidad familiar, los mecanismos de democratización, de comunicación y de toma de decisiones” para lograr alcanzar un buen manejo del sistema ambiental (Arce, 2002:14). Esto debe estar basado en un buen capital social. Este capital social es estratégico para mantener o cambiar la posición de los individuos en la jerarquía de clases que caracteriza la estructura social (Bourdieu, 1983) y puede estar formado a través de redes de relaciones entre grupos (Fukuyama, 2000), o de un compromiso cívico por las diferencias entre democracia y gobernabilidad (Putnam, 1996). Durston (1999:5), señala que “un capital social hace referencia a las normas, instituciones y organizaciones que promueven la confianza y la cooperación entre las personas, en las comunidades y en la sociedad en su conjunto”. Dentro de las manifestaciones colectivas, se plantea que las relaciones estables de confianza y cooperación pueden producir una sociedad civil saludable. El capital social comunitario consolida las instituciones que tienen como finalidad contribuir al bien común y será preponderante como bien público (Coleman, 1988). El capital social permite resolver los problemas de la acción colectiva a través del conocimiento, la comprensión, las normas, reglas y expectativas compartidas sobre los patrones de interacción que los grupos de individuos aplican a una actividad (Ostrom, 1999). A diferencia de otras formas de capital, el capital social no se deteriora con el uso, sino con el desuso. Se ha tomado al capital social para fines productivos o destructivos en algunos casos defini33
Organización comunitaria
dos como lazos que unen a grupos o comunidades pequeñas, grupos similares o de una jerarquía similar entre sí y grupos con instancias de mayor jerarquía y capacidad de influencia como por ejemplo, el Estado, mercados nacionales, agencias financistas (Merino, 1999). Sería un gran error establecer una separación entre el capital social y el ambiente. Es necesario superar la concepción dualista de hombre-naturaleza y debe de analizarse a la sociedad global como parte del ambiente, comprendiendo que su evolución está condicionada y modificada por la naturaleza (Vitale, 1983). Además de contar con un buen capital social se debe buscar otras herramientas de gestión, éstas pueden ser las de carácter coercitivo como las políticas y legislación ambiental que les permita hacer un mejor manejo, aprovechamiento y conservación de los recursos de manera sostenible, todo enmarcado en la organización comunitaria. Ostrom (1999) y López (2003), sugieren que la organización comunitaria debe de estar sostenida por el capital social y las instituciones porque de lo contrario en el medio rural, la ausencia de normas y reglas para el acceso, el uso y el control de los recursos naturales será fuente de conflicto. La organización comunitaria es la forma más directa de participación de los vecinos de una comunidad. Entre las variantes de organización comunitaria se encuentran las cofradías, las asociaciones comunales, los comités y las cooperativas. El procedimiento más común de participación radica en que los vecinos acuden a las organizaciones vecinales de mayor prestigio o integran un comité cuya vigencia se mantendrá mientras persista el conflicto o el 34
Organización comunitaria
interés que ha motivado su conformación (Palencia y Holiday, 1996). De esta forma suelen conformarse comités pro-mejoramiento, comités de agua, comités de escuela o salón comunal, comités de introducción de energía eléctrica, etc. Estos comités subsisten especialmente cuando establecen contacto con instancias públicas, privadas o por la cooperación internacional para la obtención de recursos financieros. También están las cooperativas como organizaciones comunitarias un tanto más consolidadas y que involucran a la población en actividades de producción, servicios y consumo bajo la corresponsabilidad y la solidaridad. Las comunidades deben consolidarse en organizaciones para fortalecer la ciudadanía y fiscalizar el ejercicio de poder y así exigir que se respeten y cumplan las normas establecidas para realizar la gestión ambiental sustentable (Solís, 2010). El poder local es un factor que tiene la facultad de planificar para aprovechar los recursos naturales y satisfacer las necesidades de la gente. Ahora bien, cuando varias personas dependen de un recurso natural determinado como fuente de actividad económica y se ven afectados colectivamente en casi todo lo que hacen, cada individuo debe tomar en cuenta lo que los demás eligen y lo primordial es organizarse primero. Por ejemplo, si una persona en una toma de agua asigna tiempo y materiales para reparar una compuerta rota en el canal de riego, todos los otros regadores que usan el canal se ven afectados por esa acción, sin importar si desean o no su compostura o si contribuyen o no a su reparación. El hecho clave para los comunitarios es que se encuentran atados en una red de interdependencia mientras sigan 35
Organización comunitaria
compartiendo un mismo recurso. Por ello, debe entrar en acción la organización para alcanzar las mismas metas, recursos y límites que ponen en juego a los actores sociales. Sin un ejercicio de acción colectiva auto organizada no se puede predecir cuándo los individuos serán incapaces de resolver un problema del manejo de los recursos naturales únicamente a través de la auto organización y de ninguna manera se podría afirmar que las intervenciones estratégicas pudiera ser efectiva para ayudar a resolver problemas particulares (Ostrom, 1999). En la gestión ambiental comunitaria se hace necesaria la movilización, organización y fortalecimiento de los grupos sociales y antes de iniciar la gestión de algún proyecto económico o ambiental en una comunidad es fundamental dedicar mucho tiempo al trabajo organizativo (Madrid et al., 2005). Hay grupos comunitarios bien organizados en Guatemala que promueven y buscan oportunidades para obtener beneficios económicos agregando valor a los productos maderables y no maderables de los bosques (Cordero, 2010). De hecho, el sistema ambiental en general se puede manejar mediante la organización de la gente en las comunidades rurales, en donde desde la época precolombina han existido casos efectivos de mantenimiento del patrimonio natural en toda Latinoamérica (Chapela, 1996), manejando y aprovechando los recursos como el bosque, el agua, la tierra y la biodiversidad pues ha servido como el sustento para atender necesidades básicas a nivel de la familia como la disponibilidad de alimentos, los servicios ambientales y la generación de ingresos (Martínez, 2002). 36
Organización comunitaria
La organización en una comunidad es capaz de resolver la problemática de factores como equidad familiar, desarrollo de la mujer, educación, acceso a créditos, producción y comercialización, diversificación agrícola, etc. y una buena organización comunitaria bien gestionada, democrática y transparente, con enfoque multifacético que coopera y crea vínculos con los gobiernos locales y que propicia el empoderamiento de sus habitantes consolidará un proceso de desarrollo rural sustentable en Guatemala (Cunningham, 2005).
37
Institucionalidad ambiental comunitaria
L
as instituciones comunitarias son entendidas como los valores, normas, autoridades, mecanismos de transmisión cultural y desestructuración progresiva de la identidad colectiva (Tíu y García, 2002). La institucionalidad ambiental comunitaria se genera mediante el establecimiento de un conjunto de reglas de uso de los recursos naturales que son necesarias para tomar decisiones sobre las acciones permitidas o prohibidas, los procedimientos a seguir para tener acceso y estar sujetos a los pagos, sanciones y multas de acuerdo a los derechos que se tienen en una comunidad (Merino, 1999). Para ello, se deben generar incentivos que permitan cumplir lo establecido y crear distintos tipos de obligaciones por parte de los usuarios, aplicando modelos de manejo que requieren criterios que favorecen el uso racional y sustentable de los recursos naturales (Asturias, 2006). Existen algunos niveles de reglas de uso necesarias a emplearse en las instituciones tales como las reglas operacionales que afectan las decisiones cotidianas que toman los usuarios para resolver los problemas de apropiación y provisión de los recursos comunes, también incluyen las reglas de monitoreo y sanción. Las reglas de elección colectiva, las cuales determinan cómo se definen las re39
Institucionalidad ambiental comunitaria
glas operacionales y se refieren a los procesos de formulación de políticas, planes de manejo, y adjudicación de capacidades de decisión. Y las reglas constitucionales que definen cómo pueden modificarse las reglas de elección colectiva (Merino, 1999). Puede esperarse que las reglas se cumplan si aquellos individuos mayormente afectados por ellas, conocen su existencia y esperan que otros monitoreen su conducta y sancionen su incumplimiento. El conocimiento colectivo presupone que todos los habitantes en una comunidad conocen las reglas. Todas las reglas están incrustadas como conjunto que como grupo de reglas puede cambiarse. Este cambio puede basarse en las estrategias que los individuos adopten dentro del marco de reglas que se modifican más frecuentemente que las reglas ordinarias, aunque en el cambio de reglas de cualquier nivel aumenta la incertidumbre que enfrentan los individuos. Por eso es más sencillo modificar las reglas operacionales que las de elección colectiva y éstas, a su vez, son más sencillas de modificar que las reglas constitucionales. Lo importante es que haya un manejo comunitario y que se encuentre supervisado por reglas consuetudinarias que promuevan un buen manejo de los recursos (Grandía, 2007). Las reglas deben de tener viabilidad en aspectos como la demografía que trata sobre la presión sobre los recursos, disponibilidad de trabajo (migración), lo social tomando el nivel de pobreza, heterogeneidad, estratificación social, tipo de empleo, lo económico que trata el nivel de ingreso, acceso a tecnología e información, lo cultural que busca el conocimiento, valoración de los recursos, usos permitidos para distintos grupos y lo ecológico sobre el nivel en que 40
Institucionalidad ambiental comunitaria
las prácticas productivas afectan a los sistemas que se intervienen. Luego de viabilizar las reglas se debe de contar con algunos principios para estructurar una institución comunitaria los cuales necesitan establecer los límites del recurso y de los grupos de usuarios claramente definidos, tener congruencia (ecológica, social, económica, cultural, demográfica) entre las reglas de provisión y apropiación y las condiciones locales, propiciar arreglos de elección colectiva (participación de los afectados, permite congruencia y legitimidad de las reglas), monitorear de forma participativa para que rindan cuentas los usuarios locales y externos, aplicar sanciones graduadas, generar mecanismos de resolución de conflictos, reconocer los derechos de los usuarios de los recursos para organizarse y construir instituciones propias y crear instituciones para los recursos que son parte de sistemas más amplios (Ostrom, 1999). Existen otras características que se reflejan en el manejo de los recursos naturales y que están favorecidas por instituciones sólidas. Éstas comprenden el conocimiento de los límites internos y externos del sistema de recursos, el nivel en el que el flujo de unidades del recurso es predecible (aspectos cuantitativos y cualitativos) y la percepción de la viabilidad y necesidad de la acción colectiva para la conservación o la mejora del sistema de recursos. Además, se deben mencionar las condiciones de los usuarios que favorecen instituciones sólidas. Éstas deben de tener un nivel y tipo de dependencia (genera incentivos y/o presión), experiencia de organización previa, visión compartida sobre el recurso, relaciones de confianza y re41
Institucionalidad ambiental comunitaria
ciprocidad. Además, es necesario identificar a los usuarios con mayor poder económico para que no se beneficien de la falta de regulación. Por último, se debe analizar la tasa de descuento entendida como lo que se deja de percibir por conservar los recursos sin aprovecharlos. Es de suma importancia establecer en principio los derechos de propiedad al momento de crear las instituciones, los cuales pueden clasificarse de acuerdo con su uso y acceso. En tal sentido, los derechos podrían ser de uso, exclusión, regulación, enajenación y transmisión (Ostrom, 1999). La teoría de la propiedad propone que existe la privada y pública (Hardin, 1968), en donde se argumenta que sólo la propiedad privada permite la obtención de un equilibrio entre inversión de esfuerzo, es decir los costos de producción y los beneficios marginales. No obstante, en este caso se omiten los costos sociales de la exclusión de derechos de acceso (Coase, 1960). Con el establecimiento de las instituciones y los derechos de propiedad también, al igual que en la organización, se debe de trabajar sobre el capital social, el cual surge en gran parte de los intentos de dar respuesta sistemática a los fracasos de muchas experiencias de desarrollo. Se revela la insuficiencia en el desarrollo de recursos humanos para lograr el desarrollo (López, 2003). Es un reto plantear el establecimiento de instituciones administradoras de bienes de uso común en comunidades que se encuentran integradas en la sociedad moderna y de una economía en curso de globalización (Constanza, 1999), que permita la gestión de los recursos naturales de forma sustentable. 42
Administración ambiental comunitaria
L
a administración ambiental comunitaria debe comprender políticas dentro de una comunidad para fortalecer la organización con el fin de manejar, aprovechar y preservar los recursos naturales de su territorio. Para ello es necesaria una planeación para la puesta en marcha de las políticas que conlleven a la mejora de la calidad de vida de los comunitarios a través del aprovechamiento y de los beneficios que la naturaleza provee. Además, con acciones de verificación y evaluación del cumplimiento de las normas y reglamentos establecidos por los mismos comunitarios se pueden alcanzar las metas trazadas para conservar los recursos naturales de la comunidad (CCA, 2005). La administración ambiental comunitaria debe ser dinámica con mayor implicación ciudadana, con una posición activa y con un desenvolvimiento de la función de tutela ambiental. Por ello se deben consolidar técnicas de gestión y auditoría ambiental a través del impulso que da el acceso a la información ambiental (Mora, 1993). Una administración ambiental participativa y ética propiciará la consolidación de la gestión ambiental con el objetivo de proteger, preservar y aprovechar los recursos naturales bajo un uso regulado y monitoreo de acciones 43
Administración ambiental comunitaria
conducentes a intervenir los sistemas naturales. Esa gestión ambiental requiere un “carácter planificado, permanente y sucesivo que se manifiesta en el poder de decisión, uso, control y administración, vinculado a la actividad productiva, aprovechamiento de recursos y la relación con el ambiente que desarrollan un conjunto de actores públicos, privados y de la sociedad civil” (IARNA, 2009b:28). La administración ambiental es un instrumento para identificar, medir y manejar los efectos de las actividades de los comunitarios sobre el medio ambiente, siempre y cuando ya se tengan metas definidas para preservar los recursos naturales y la planificación respectiva donde se toma en cuenta todas las normas y reglamentos internos. Una buena administración es necesaria porque permite proteger el ambiente, y esto se logra con la participación ciudadana estableciendo derechos y responsabilidades sobre el uso de los recursos naturales (Prizzia, 2005). Al involucrarse los comunitarios en la administración de sus recursos naturales, potencializarán la gestión ambiental de forma democrática para buscar el bien común. De hecho, al tomar parte los comunitarios de las decisiones administrativas de su territorio y los recursos los hace sentir importantes y eso es saludable para una sociedad democrática. Solís (2010), sugiere que la experiencia y el conocimiento de las comunidades sobre sus procesos históricos, sobre las características de su entorno natural y de sus condicionantes sociales, son la base fundamental para reorientar los procesos administrativos de sus recursos naturales. La recuperación de experiencias, los saberes tradicionales, la 44
Administración ambiental comunitaria
conciencia sobre los valores de su patrimonio natural y cultural, se constituyen en el punto de partida para la creación de propuestas constructivas que definan las orientaciones del desarrollo hacia mejores condiciones de vida de la población. Existen algunos problemas en la gestión de los recursos comunes como la necesidad de realizar la apropiación de las unidades del recurso sin afectar las capacidades productivas del sistema de recursos. Esto se refiere a los aspectos relacionados con la administración de unidades de los recursos. También se necesita de la provisión de las condiciones para el mantenimiento del sistema del recurso. Por lo regular, es un problema lograr coordinar el uso de un recurso entre comunidades con numerosos individuos, donde se pueda mantener una tasa óptima de producción y consumo en armonía. La importancia de la administración ambiental deriva de que la viabilidad de las sociedades humanas, con el nivel de complejidad actual, depende cada vez más de sus capacidades para manejar y mantener conjuntamente recursos comunes, aunque en teoría se proponen algunas opciones para la gestión de los recursos, una más viables que otras. Hay que reconocer la importancia de las instituciones comunitarias que regulan el acceso, uso y control de los recursos naturales y que ejercen como fundamento en la herencia cultural que sustenta la vida de las personas (Boege, 2003). Las poblaciones locales son un factor clave en la gestión y administración de los recursos naturales porque la participación directa de las comunidades toma relevancia porque conocen su territorio donde habitan. Una administración comunitaria que sea eficiente propi45
Administración ambiental comunitaria
cia la conservación y el manejo sustentable de los recursos naturales y se logran alcanzar los objetivos de sustentabilidad y equidad debido a la aplicación de los conocimientos y saberes propios de los pueblos.
46
Manejo y transformación de conflictos ambientales
L
a lucha por el acceso y control sobre los recursos naturales crea conflictos en las comunidades rurales de Guatemala. Debido a la mala distribución de esos recursos y sobre todo, factores como el grado de escases, la búsqueda por el acceso a la tierra y la lucha por el poder son los principales elementos que crean conflictos entre las sociedades actuales (Axt, et al., 2006). Los conflictos históricos producto de la mala distribución de la riqueza en Guatemala, han dado origen a conflictos relacionados con la exclusión, la desigualdad y la lucha por los recursos naturales (Hurtado, 2005). Nuevos fenómenos y efectos provocados por la globalización, la dominación económica y explotación utilitaria de los recursos naturales impactan negativamente en los pueblos más pobres. Con el avance de los tratados de libre comercio, nuevas amenazas y desafíos se presentan en los países más vulnerables por la pobreza y la desigualdad (Castro, 2006), de tal manera que el conflicto ha constituido el marco general en el cual ocurren las acciones colectivas. Muchos de los conflictos son motivados por la defensa del acceso y uso de los recursos naturales, por la protección, su conservación y manejo sustentable. La situación ambiental del país es crítica y los problemas son producto 47
Manejo y transformación de conflictos ambientales
de la escasez y deterioro de la naturaleza, insalubridad del entorno, socavamiento de la biodiversidad, destrucción de la belleza escénica, etc. El deterioro ambiental es una función de las variables políticas, económicas, sociales y culturales. El tema agrario y el cambio de uso de la tierra son las mayores amenazas para la riqueza natural y la biodiversidad del país. El uso intensivo de la tierra provoca gran presión sobre los ecosistemas naturales y reduce, cada vez más, la cobertura forestal del territorio nacional. Hoy en día muchos conflictos ambientales en Guatemala se dan por la pobreza de las comunidades en el área rural. La mayor parte de la población de este sector, se dedica a la agricultura, destacándose entre las principales actividades productivas las siembras y el cultivo de productos como maíz, frijol, café, hortalizas. Cuando se establecen actividades como la minería en estos territorios y se incumple con los instrumentos legales, nacionales e internacionales y no toman en cuenta las consultas comunitarias en materia de respeto de valores, identidad, tradiciones, costumbres y derechos propios de las comunidades indígenas y campesinas, se produce mucha conflictividad por lo que las actividades mineras en Guatemala son detonantes permanentes de conflictos sociales (ASÍES, 2010). Por ejemplo, el caso de la mina Marlin en Guatemala ha estado por varios años en constante conflictividad porque para muchos no se cumplió con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, así como tampoco con lo establecido en la Declaración de 48
Manejo y transformación de conflictos ambientales
las Naciones Unidas Sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas; donde se destaca el incumplimiento del Acuerdo Sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, como parte de los Acuerdos de Paz; así también del Código Municipal, la Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural y la misma Constitución Política de la República de Guatemala. La actividad minera provoca cambios en el relieve y en la geomorfología del terreno, el derrame ácido de mina (DAM) y los posteriores daños al ambiente y a la salud de las personas y la fauna, destacándose únicamente como pasivos ambientales de las operaciones mineras. El conflicto social generado por las operaciones mineras, se empeora cada vez más en el país y puede alcanzar dimensiones que afecten la misma gobernabilidad. Es imperante encontrar una solución a este conflicto con un alto costo social de una enorme cuantificación económica. El manejo del conflicto pasa por una reforma integral en los aspectos económicos, ambientales y sociales de la Ley de Minería. El manejo y transformación de muchos conflictos estriba sobre los mediadores, consejeros o supervisores quienes son llamados a ayudar o asistir a las partes en conflicto. Sin embargo, el acercamiento para tratar con los conflictos puede variar según su naturaleza y consecuentemente puede pasar a otra forma para el manejo de la conflictividad porque se pasa de una eventual resolución de conflictos o transformación de los mismos. El manejo de un conflicto es la búsqueda de una respuesta para reducir los niveles potenciales de violencia que pue49
Manejo y transformación de conflictos ambientales
dan resultar. Todas las actividades asociadas a redireccionar las causas del conflicto deben tener como principal objetivo crear un espacio para llegar a mejores términos lo que propiciará una transformación del conflicto. Se han desarrollado herramientas para abordar los conflictos socioambientales y entre las que más se emplean está la “matriz de análisis de conflictos”. Esta matriz contempla elementos básicos que componen un conflicto como los actores, sus posiciones e intereses, relaciones de poder, el contexto y los antecedentes del mismo, que al identificar estos elementos se obtiene un panorama de la situación. No obstante, más allá de las distintas metodologías y herramientas desarrolladas, y las diferentes teorías que han evolucionado en el campo del manejo y transformación de conflictos (Miall, 2004), lo importante es tener un abordaje bajo un enfoque participativo para involucrar a todos los actores y así con el poder local, se tenga un mapeo y contar con más elementos para ejercer acciones encaminadas a aplicar la institucionalidad generada para diseñar un verdadero proceso de manejo de la conflictividad ambiental (Paniagua y Borel, 1999). La transformación de conflictos ambientales es un acercamiento comprensivo que redirecciona un rango de dimensiones que ayuda a desarrollar la capacidad y el cambio estructural que facilita el manejo de los recursos naturales. La mayoría de teorías concernientes al manejo de conflictos se concentran en las causas y el desarrollo del conflicto sobre la creación de las capacidades para reconciliar a las partes afectadas y fallan en la integración suficiente para el entendimiento de cómo prevenir la interacción de las causas del conflicto (Miall, 2004). 50
Manejo y transformación de conflictos ambientales
La satisfacción de las necesidades de desarrollo de las comunidades depende de los factores principales como lo humano, la ciencia y la tecnología, pero en especial de las condiciones ambientales, es por eso que se deduce que los problemas ambientales son también problemas humanos (Bordehore, 2001). Los procesos de producción se externalizan y producen una serie de efectos negativos sobre el medio ambiente que incide en la calidad de vida de las poblaciones, lo que crea una serie de conflictos socioamentales. Estos conflictos socioambientales deben de tener un abordaje multidisciplinario y la gestión ambiental es fundamental para su manejo ya que brinda la posibilidad de integrar diferentes saberes en la solución de la problemática tomando distintas dimensiones culturales, políticas, económicas y ambientales, logrando la articulación necesaria para generar escenarios entre los actores y por medio del apoyo de herramientas e instrumentos de gestión ambiental, se logrará la conciliación de las partes en conflicto. La gestión ambiental debe ser un proceso amplio que incida en el manejo participativo de los problemas ambientales, generando mediante herramientas de gestión, la planeación, desarrollo y verificación de la solución de los conflictos ambientales en el sector rural (Arévalo y Lagos, 2010).
51
Saneamiento ambiental comunitario
E
l saneamiento ambiental moderno es un tanto discriminador debido a que representa altos costos y no alcanza las áreas rurales y las zonas marginadas de las ciudades. Sin embargo, con acciones a nivel familiar o comunitario e independientemente de la forma final de la disposición sanitaria por ejemplo de los desechos sólidos se podría empezar seleccionando materiales como hojalata, vidrios, huesos, papel, etc. con la finalidad de evitar problemas de contaminación y dar algún tipo de tratamiento para su debido aprovechamiento. La falta de servicios públicos provoca una enorme contaminación producto de la escasez de agua potable y la deficiente educación sanitaria en nuestro país, a pesar que el recurso hídrico es muy abundante en Guatemala, pero, el crecimiento de la población, la expansión agrícola y la contaminación de las fuentes hídricas, ha contribuido a que la población tenga acceso limitado al agua limpia y a una distribución de sus servicios (Ordóñez, 2002). Para contribuir a mitigar el problema de la contaminación de las fuentes de agua, existen sistemas de sumideros, que tienen como función recolectar aguas servidas que corren superficialmente y acarrean sustancias como detergentes, jabones, aceites y otros que terminan depositados en los 53
Saneamiento ambiental comunitario
cuerpos de agua como ríos y lagunas. Estos sistemas tienen el principio que las aguas servidas son colocadas en un pozo de absorción donde existe un filtro natural como ninfas y algas, quedando las partículas contaminantes retenidas, lo que disminuye la contaminación de agua. También, con la construcción adecuada de letrinas en el área rural (Ordóñez, 2002;������������������������������� Berducido, 2006), se contribuye a minimizar la contaminación de las fuentes y cuerpos de agua que se ubican en las comunidades que no cuentan con los sistemas modernos de tratamiento de aguas residuales (Pérez, et al., 2010). Al carecer de sistemas sanitarios, las familias hacen sus necesidades fisiológicas al aire libre, quedando las heces fecales a la intemperie, provocando contaminación ambiental. Las letrinas construidas en la superficie terrestre tienen capacidad para cinco o siete personas diariamente. Se puede utilizar ceniza de leña o cal en la degradación de los desechos y luego de seis meses se produce abono sólido sin problemas de salubridad. La construcción de letrinas como sistema para aboneras secas familiares también funciona y consiste en dos cámaras separadas por un tabique central. Ambas cámaras poseen un agujero superior para depositar los desechos y su degradante puede ser ceniza o cal. En síntesis, no se requiere de tecnología sofisticada para mantener a una comunidad rural con unas condiciones de saneamiento aceptables (Berducido, 2006:85). Lo importante es que la capa superficial del suelo no debe contaminarse así como las aguas superficiales y subterráneas. Las excretas no deben ser accesibles a las moscas y animales y las instalaciones deben mantenerse limpias. 54
Saneamiento ambiental comunitario
Definitivamente, los medios con que se cuenta en una comunidad rural para disponer en forma sanitaria las excretas humanas se verán condicionadas por las características socioeconómicas y culturales, tipo de abastecimiento de agua, características físicas y topográficas del área. En lo urbano, el funcionamiento de los sistemas básicos para la disposición de las excretas humanas dependen del abastecimiento de agua ya que por medio de esto se logra mitigar la contaminación mediante el alejamiento de las heces a través del arrastre con el agua por medio de un alcantarillado que implica la existencia de agua entubada a nivel domiciliar en cantidad suficiente para el correcto arrastre del líquido cloacal en toda una red. Sin embargo, en el área rural se puede trabajar por medio de las fosas sépticas a nivel familiar y comunitario con instalaciones sanitarias que permiten una eficiente disposición de la materia fecal, sin necesidad de una gran cantidad de agua para la operación del sistema. Una alternativa de depósitos que permiten aislar y degradar o descomponer la materia fecal, cuando no existe la disponibilidad de arrastre de agua, es la letrina sanitaria que es la medida más generalizada y es muy aplicable cuando la población está muy dispersa. La letrina es la solución cuando no existe servicio de agua entubada y se carece de una red de alcantarillado público. No obstante, se requiere de los siguientes principios básicos (Ordoñez, 2002): a) No deben contaminar ninguna fuente de agua para consumo o riego de hortalizas. b) Evitar el contacto de las heces con los insectos, roedores u otros posibles portadores de gérmenes patógenos. 55
Saneamiento ambiental comunitario
c) No permitir la accesibilidad de los niños a las materias fecales. d) Prevenir la contaminación de la superficie del suelo. e) No producir malos olores y dejar las excretas expuesta al aire libre. Las razones por las cuales el uso de las letrinas es muy frecuente en las comunidades rurales son los escasos recursos económicos de la población para un proyecto de alcantarillado y el núcleo del poblado es disperso, pero con su uso adecuado se mitigará mucha contaminación ambiental. La disposición de excretas es uno de los mayores problemas que afronta los habitantes del área rural en Guatemala y para que un programa de letrinas tenga éxito se debe tener como objetivo fundamental que un programa de construcción de esta alternativa, las familias asuman la responsabilidad de sus propios problemas para el saneamiento ambiental comunitario. Algo que también se observa en las comunidades rurales es que las excretas no se aprovechan como fertilizantes para mejorar la productividad de las tierras. A través de técnicas sencillas se podría lograr un aprovechamiento para apoyar la economía rural y proteger la salud de la población. Para emplear esas técnicas de aprovechamiento de las excretas y desechos sólidos es necesario determinar la adaptación de letrinas en la comunidad, que pueden ser utilizadas para la preparación de abonos. Algunos diseños de estas letrinas necesitan poca o ninguna cantidad de agua. Otra ventaja es que la separación de la orina y las heces permite una descomposición de material biológico en seco. 56
Saneamiento ambiental comunitario
Se debe buscar mejoras y una comunidad debe gestionar sus servicios de agua y saneamiento con visión propia, con cultura organizada, con recursos humanos capaces de dar mantenimiento y hacer adaptaciones técnicas en donde los COCODES deben jugar el papel de aplicar principios culturales propios en la administración (Pérez, et al., 2010). Por ejemplo, el desarrollo y gestión del agua debería basarse en enfoques participativos en donde se involucre a todos los interesados en la toma de decisiones. Esta participación implica tomar en cuenta los impactos de las acciones de todos los sectores y de otros usuarios del recurso hídrico. La falta de servicios de saneamiento básico está asociada con la ocurrencia de enfermedades de origen hídrico en los humanos. Estas enfermedades incluyen el cólera, la hepatitis y la diarrea. Por otro lado, existen enfermedades de origen vectorial entre las que destacan la malaria, el dengue, la fiebre amarilla y la fiebre producida por el virus del Nilo occidental. Aunque ha mejorado el panorama en Latinoamérica en los últimos años, el problema persiste especialmente por la vulnerabilidad ambiental existente principalmente en las áreas rurales (CEPIS, SDE, OPS, 2003). Cuando los servicios son deficientes y considerando que el control, la vigilancia sanitaria y la certificación de calidad son inexistentes se cae en un escenario peligroso y se observa que la población recurre frecuentemente a los servicios de salud constantemente debido a enfermedades de origen hídrico. Por eso, la mujer también juega un papel central en la gestión del agua y el saneamiento ambiental debido a su rela57
Saneamiento ambiental comunitario
ción directa con las actividades domésticas. Muchas veces a las mujeres no se les reconoce su influencia en la gestión, análisis y en la toma de decisiones relacionadas al saneamiento ambiental de la comunidad y en lo relacionado con la gestión del agua. El reconocimiento de género es importante en el saneamiento ambiental de una comunidad y se debe valorar los papeles que la sociedad asigna a hombres y mujeres para facilitar su involucramiento y su acceso a los servicios básicos. La incorporación de mujeres en las directivas de las organizaciones locales y darles funciones y papeles para la toma de decisiones es clave. Los reglamentos comunitarios deben fortalecerse ya que por medio de los derechos y obligaciones que regulan el comportamiento de la población se vela para que todos los usuarios hagan uso adecuado del agua y los servicios básicos para desarrollar acciones y realizar actividades de monitoreo para el saneamiento ambiental comunitario. El papel del ministerio de salud es preponderante pues deben monitorear y abogar por el saneamiento ambiental básico. Esta participación debe incluir objetivos asociados con la salud pública, la cobertura universal de servicios, la reducción de las desigualdades y la búsqueda del desarrollo humano sustentable. La gestión eficaz de la salud pública es necesaria para el saneamiento ambiental básico y debe incluir al ambiente, los servicios y la comunidad. El ambiente está constituido por las fuentes de agua, su uso en la producción de alimentos y la recreación. Los servicios incluyen el abastecimiento, la gestión de residuos sólidos y líquidos, los marcos regulativos, de vigilancia, control y seguimiento de la calidad del agua. La comunidad incluye las familias y la población en general que se pueda 58
Saneamiento ambiental comunitario
ver afectada por enfermedades gastrointestinales debido al inadecuado servicio de saneamiento básico, la falta de prácticas de higiene y las limitaciones del agua potable. Las prácticas de conservación de suelos en los sistemas agrícolas también tienen un impacto positivo en el saneamiento ambiental debido a que se disminuye la erosión y el arrastre de agroquímicos contaminantes. La introducción de tecnologías orgánicas de fertilización favorecen la conservación de la micro flora y fauna presente en los suelos y los pozos de infiltración alimentan los mantos freáticos. La rotación de cultivos y su diversificación mantendrá los ecosistemas sanos porque se reduce la aparición de plagas y con la introducción de un manejo integrado de plagas y enfermedades se proporcionan las condiciones adecuadas para mantener un equilibrio ecológico. El recurso humano será imprescindible en el saneamiento ambiental comunitario para lo cual las capacitaciones realizadas por las instituciones estatales, las ONG y las universidades deben estar orientadas en temas que persigan no sólo el fortalecimiento organizacional, sino también que la población adquiera buenas prácticas ambientales y de salud. De esa forma se deja a la población los conocimientos que permitan la sostenibilidad de los sistemas de agua y los servicios básicos para mantener una vida sana y saludable. Las jornadas de limpieza comunitaria son importantes para que la población sea consciente sobre los graves problemas de la basura acumulada en las calles, viviendas y cuerpos de agua. Con jornadas familiares la población aprende a clasificar la basura orgánica e inorgánica, la deposita adecuadamente y se evita focos de contaminación. 59
Saneamiento ambiental comunitario
La organización comunitaria es necesaria para que las acciones del saneamiento ambiental comunitario se consoliden por lo que se deben aprovechar las capacidades instituidas en todo el país con los Consejos Comunitarios de Desarrollo -COCODE- y con el respaldo de toda la comunidad se puede llegar a desarrollar buenos programas comunitarios para mantener un ambiente sano como derecho de todo ser humano (Zepeda, 1997). La organización comunitaria genera cambios y desarrollo, además es el punto de partida para identificar problemas y plantear soluciones de forma participativa en un contexto local. El proceso de incremento de las opciones de la población mediante la expansión de sus capacidades esenciales de salud, conocimientos, recursos y los derechos fundamentales genera un verdadero desarrollo humano. El acceso a estas capacidades mantiene la sostenibilidad del desarrollo de tal manera que el saneamiento ambiental básico es un factor importante para la construcción de capacidades esenciales. De hecho, la gestión del saneamiento ambiental básico está asociada a la lucha contra la pobreza y existen metas explícitas en los Objetivos de Desarrollo del Milenio (CEPIS, SDE, OPS, 2003). El saneamiento ambiental comunitario enmarca todas las acciones técnicas y socioeconómicas de salud pública que tienen por objetivo alcanzar mejores niveles de salubridad ambiental en el área rural. Comprende el manejo sanitario del agua potable, las aguas residuales, los residuos sólidos y las buenas prácticas higiénicas que reducen riesgos para la salud de los comunitarios y prevenga la contaminación con la finalidad de mejorar las condiciones de vida.
60
Saneamiento ambiental comunitario
Para garantizar la sostenibilidad de los sistemas de gestión para el saneamiento ambiental a largo plazo, es imprescindible que la comunidad asuma la responsabilidad para la operación y el mantenimiento de los servicios. Es la propia comunidad la que tiene que establecer los mecanismos para sufragar los gastos de mantenimiento, de tal manera que se disponga de la organización necesaria, los conocimientos prácticos, las piezas de repuesto, los materiales y las herramientas adecuadas (Zambrano, 1997). Si se mejorara el acceso a sistemas adecuados de agua y saneamiento de la población rural, se eleva la calidad de vida, se disminuye el riesgo de mortalidad y morbilidad. Para ello, es necesario reforzar la capacidad local de organización y gestión para una participación más eficaz en el proceso de desarrollo. Para lograr esto, es necesario brindar capacitación a dirigentes locales y promotores del saneamiento básico para la ejecución de diagnósticos y priorización de problemas, identificación de soluciones, elaboración de planes, organización de las instancias de gestión comunal de los servicios, asignación de funciones para la ejecución de los planes y promoción de las tareas de educación sanitaria comunitaria. Es estratégico promover el liderazgo de los gobiernos locales en el proceso de planificación local para el saneamiento básico. Ofertar oportunidades de capacitación y asesoría técnica tanto en la planificación como en la ejecución de sistemas de agua y saneamiento en las comunidades será tarea de instituciones como el Ministerio de Salud, Ministerio de Agricultura, las universidades, las ONG, etc. A nivel comunitario existen algunas acciones que pueden contribuir en la gestión para el saneamiento ambiental como la recolección de basuras, operación obligada por 61
Saneamiento ambiental comunitario
la presencia de desechos sólidos en las calles y caminos de la localidad que puede realizarse individualmente, por familia o en forma colectiva a nivel comunitario (Berducido, 2006). Pero el trabajo fuerte es a nivel educativo y para facilitar la operación de limpieza en lugares de acceso de gran cantidad de personas es conveniente utilizar depósitos para recolectar desechos sólidos clasificados. Los gobiernos locales deben procurar brindar espacios para la participación a todos los involucrados y así la toma de decisiones se dará de forma descentralizada hasta alcanzar el nivel más bajo como estrategia para aumentar la participación ciudadana. El saneamiento ambiental comunitario se verá fortalecido si se consolidan las organizaciones y los gobiernos locales para dar un manejo integrado al sistema ambiental.
62
Monitoreo ambiental comunitario
A
sí como existe un impacto al ambiente, economía, infraestructura y costumbres de las comunidades producto de las actividades mineras, turísticas e industriales, el monitoreo social y ambiental permite registrar información sobre compensaciones, indemnizaciones, inversiones comunitarias, negociaciones con empresas, ocupación laboral, ingresos económicos por trabajo, apoyos brindados por la empresa en cuanto a salud y educación, entre otros. Debido al impacto que sufre el ambiente producto de las actividades humanas es necesario realizar evaluaciones como procesos que consideran las consecuencias de una determinada actividad, y es mediante el monitoreo y seguimiento que se busca entender esas consecuencias reales. Se busca con el monitoreo contar con una retroalimentación que conlleve a la recolección de datos y compararlos para tener parámetros y establecer expectativas y proyecciones (Paniagua, 2008). Existen lineamientos básicos sobre sistemas de monitoreo de indicadores ambientales generados por organizaciones internacionales con el fin de realizar evaluaciones sistemáticas de la situación ambiental (Castañeda y Turcios, 2002). Si bien, los sistemas de monitoreo ambiental son instrumentos para los tomadores de decisión en materia 63
Monitoreo ambiental comunitario
ambiental, es necesario que las comunidades se inserten en una evaluación global sobre la calidad del sistema de monitoreo ambiental. El monitoreo a través de indicadores facilita cuantificar impactos de acciones y estrategias implementadas con fines de reducir y mitigar la vulnerabilidad hacia desastres. La vulnerabilidad ambiental es un proceso dinámico y cambiante que presenta variaciones respecto al tiempo que pueden ser medidos y cuantificados (Buch y Turcios, 2003). El uso de indicadores cuantificados constituye la base para identificar los cambios de vulnerabilidad. Con indicadores se pueden describir y verificar características de los ecosistemas, el sistema social, elementos de política prevaleciente y condiciones de manejo por parte de los comunitarios. Los instrumentos basados en estadísticas pueden ser utilizados para establecer la consistencia de la información recabada y utilizada para la evaluación del estado ambiental, también los Sistemas de Información Geográfica -SIGserán de gran utilidad para el manejo y procesamiento de información, principalmente de carácter geográfico, que debe ser parte de los resultados a obtener como producto de un informe del estado ambiental del país en general. Estos SIG, son útiles para el almacenamiento y procesamiento de bases de datos que permiten la elaboración gráfica de la información y de esa forma se hace legible la información generada. Para desarrollar el sistema de seguimiento y monitoreo ambiental que evalúe el impacto de la conservación y el desarrollo sustentable se ha adoptado por parte del 64
Monitoreo ambiental comunitario
CONAP en Guatemala la Estrategia Nacional de Monitoreo y Evaluación del Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas, basados en la metodología generada por PROARCA/CAPAS y WWF. Esto incluye indicadores dentro de los ámbitos social, administrativo, recursos naturales y culturales, político-legales y económicos (Castañeda y Turcios, 2002). El monitoreo para la conservación y el desarrollo sustentable como el del CONAP está dirigido especialmente a las áreas protegidas. El objetivo fundamental es fortalecer la conservación y buena administración de la base productiva de recursos naturales con el propósito de producir agua, recursos maderables y no maderables, vida silvestre y otros productos de los bosques, disminuir la vulnerabilidad ambiental, contribuir con los aportes nacionales a la problemática ambiental a través de la protección de cuencas hidrográficas y la conservación de zonas de recarga hídrica. A pesar que existen instrumentos y herramientas para realizar monitoreos ambientales, si se quiere realizarlo eficientemente en el sector rural es de vital importancia integrar a las comunidades por medio de actividades multiculturales que fomenten el rescate del patrimonio tangible e intangible, y que refuercen la identidad y el orgullo comunitario (Martínez, 2004). El monitoreo participativo será muy efectivo para el análisis y la toma de decisiones a nivel local (Evans y Guariguata, 2008). Este monitoreo consistirá en la recolección y el análisis sistemático de información a fin de determinar si algo está cambiando para bien o para mal. El monitoreo 65
Monitoreo ambiental comunitario
va más allá de la evaluación porque la información debe recolectarse regularmente y se debe analizar para obtener resultados que se usen en la toma de decisiones. El monitoreo ambiental debe ser el resultado de un proceso participativo en donde colaboran los actores involucrados en el manejo y administración de los recursos naturales de la comunidad (Carrera, 2004). El monitoreo participativo se aplica a actividades que suponen la participación de personas locales que, aunque no tengan capacitación profesional, si cuentan con conocimientos, experiencia e intereses. El monitoreo debe ser un proceso continuo en el que los comunitarios registran sistemáticamente información acerca de sus recursos naturales, reflexionan al respecto y llevan a cabo acciones de gestión. El monitoreo abarca temas como el manejo del bosque, conservación del suelo y pérdida de la biodiversidad. Los métodos pueden incluir recorridos dentro del bosque, calendarios agrícolas, transectos, mediciones de caudales, etc. Según Pérez et al., (2010), los reglamentos internos en las comunidades también son clave para manejar los recursos naturales donde se describan los derechos y obligaciones que regulan el comportamiento de los beneficiarios. La finalidad es que todos los comunitarios hagan uso adecuado por ejemplo del agua como medio de vida y de todos los recursos naturales en general y que se desarrollen acciones para realizar monitoreos constantes para verificar la calidad del recurso hídrico y el estado actual de los bosques y tierras para que todos los habitantes utilicen de forma adecuada sus recursos.
66
Monitoreo ambiental comunitario
Las razones por las cuales debe de monitorearse pasan por mantener un aprovechamiento de los recursos naturales sin degradar el sistema ambiental. El primer paso en un programa de monitoreo ambiental comunitario es que los miembros de la comunidad participen en la definición y formulación de preguntas basadas en objetivos para establecer la situación actual de los recursos naturales y del sistema ambiental en general. Con el monitoreo, no sólo se darán respuestas concernientes a la situación ambiental de la comunidad, sino que será un catalizador de procesos de aprendizaje para que los comunitarios se empoderen de sus recursos y puedan planificar su proceso de desarrollo. El monitoreo debe ser de carácter local pues los comunitarios son los que mayormente conocen su propio territorio, sus potencialidades y sus problemas.
67
Técnicas e instrumentos para la gestión ambiental comunitaria
E
n 1986 se instituye en Guatemala el estudio de impacto ambiental con el Decreto 68-86 para prevenir el deterioro del ambiente bajo la premisa que cualquier actividad productiva o industrial puede producir daño, alteración o modificación al ambiente. Con el Acuerdo Gubernativo 431-2007 se definieron seis instrumentos de evaluación ambiental (evaluación ambiental estratégica, evaluación ambiental inicial y autoevaluación ambiental, estudio de evaluación de impacto ambiental, evaluación de riesgo ambiental y evaluación de impacto social) y tres instrumentos de control y seguimiento (auditorías ambientales, seguimiento y vigilancia ambiental, y compromisos ambientales) (GEO, 2009). Sin embargo, lo anterior lo ejecutan las instituciones de gobierno como instrumentos de evaluación, control y seguimiento ambiental que se ejerce a toda empresa, obra o industria para minimizar los impactos negativos hacia el ambiente. No obstante, a nivel rural se necesita de otros instrumentos prácticos donde se requiere de la participación de todos los actores involucrados a nivel local. En principio, un instrumento de gestión ambiental a nivel comunitario podría ser un plan autogestionario que parte 69
Técnicas e instrumentos para la gestión ambiental comunitaria
del análisis de la problemática ambiental existente a nivel comunitario (Solís, 2010). Se puede realizar un balance global de la situación ambiental a nivel local incluyendo las potencialidades existentes dentro de su territorio. La auto reflexión sobre las características propias de la comunidad como grupo humano se hace necesaria para determinar las características positivas, los elementos negativos y aquellos rasgos interesantes que les permite tener identidad. Conocer sus interioridades, planteando elementos favorables y aspectos críticos es una buena forma de entrar en relación con posibles facilidades autogestionarias. Para lograr realizar el análisis de la situación ambiental local es importante efectuar un ejercicio de acercamiento a la construcción de sistemas ambientales y luego se puede proceder a definir alternativas de gestión y a diseñar perfiles de proyectos como parte de un plan autogestionario. Para ello se debe formar una estructura para establecer un proceso secuencial de actividades tales como el diagnóstico de la situación ambiental, social y natural de la comunidad, establecer un sistema de factores referidos a la problemática ambiental, contacto con la realidad, priorización de problemas, contrastación de problemas y desde luego un plan de acción para intervenir la problemática. Un plan de autogestión ambiental debe ser participativo para establecer y fortalecer entre los comunitarios una clara conciencia ambiental para tener acceso a los recursos naturales y se satisfagan las necesidades vitales pero que se haga de manera sustentable. Para ello la organización y la gestión para el aprovechamiento de los recursos, dentro de procesos de cogestión de la mejor forma posible es clave para lograr mejores niveles de desarrollo sustentable 70
Técnicas e instrumentos para la gestión ambiental comunitaria
y mejorar permanentemente la calidad de vida. Con instrumentos participativos, una comunidad puede tomar el impulso adecuado para lograr avanzar en la auto reflexión y la programación articulada de las acciones para lograr determinar los procesos hacia un desarrollo deseable, tomando en cuenta que las mejores alternativas hacia un proceso de autogestión ambiental comunitaria se vinculan con el autoanálisis, la construcción de escenarios con mejores condiciones de vida, el fortalecimiento de la autovaloración comunitaria y la autoestima de los miembros de la comunidad en búsqueda de caminos compartidos, con criterios éticos y de equidad, y sustentados en las realidades locales en el concepto global del ambiente y de la sustentabilidad (Tréllez, 2006). Algunos instrumentos de gestión ambiental adaptados para aplicarlos a nivel comunitario son: IESA, IPA, DRP, IAP, y DELTA (Ramón, 1995). Primero, la Investigación y Extensión de Sistemas Agrícolas (IESA), surgió a finales de la década de 1970 como reacción al modelo dominante de transferencia de tecnología como un esfuerzo integrado por parte de investigadores, agentes de extensión y agricultores en el diseño, prueba y modificación de tecnologías agrícolas mejoradas y apropiadas para las condiciones comunitarias. Hoy en día los sistemas productivos, agrícolas y ambientales deben abordarse bajo un enfoque holístico en el cual se consideran todas las interacciones de los actores y un abordaje multidisciplinario. En cuanto a la Investigación Participativa Agrícola (IPA), se desarrolló en los años ochenta para involucrar mejor a los comunitarios en la investigación práctica y puede ser útil para contextualizar la producción agroforestal partien71
Técnicas e instrumentos para la gestión ambiental comunitaria
do de la premisa que los comunitarios no son ignorantes, ni recalcitrantes, sino por el contrario son muy racionales y correctos. Lo más importante en esta técnica es no descuidar aspectos sociales y culturales. Por su parte, el Diagnóstico Rural Participativo (DRP), que se origina a finales de los años setenta, enfatiza en la multidisciplinaridad, el aprendizaje acumulativo y combina una gama de técnicas para la obtención de información a través de la participación de los comunitarios para generar sus propios datos. Se ha probado que este instrumento es útil para entender mejor las percepciones locales acerca del valor funcional de los recursos naturales, los procesos productivos y las relaciones sociales e institucionales. Los comunitarios se convierten en analistas creativos y actores. La Investigación Acción Participativa (IAP), también surge en los años setenta y combina lo personal con lo político. Su objetivo es enfrentar las relaciones de desigualdad, devolviendo a los comunitarios el auto respeto y la capacidad de actuar. Explora las experiencias de grupos de escasos recursos e involucra a la población local en todas las etapas, rescata las historias propias de las personas como una parte vital del proceso de reconstrucción de la confianza colectiva y de la transformación social. Con la acción colectiva se rescata la historia de la comunidad, valoran y aplican la cultura popular, producen y difunden nuevos conocimientos en formas escritas, orales y visuales. En el caso de la Educación para el Desarrollo y Equipos de Liderazgo en Acción (DELTA), fue desarrollada a mediados de los años setenta en Kenya y se ha usado en el trabajo comunitario de base en varios países. Este instru72
Técnicas e instrumentos para la gestión ambiental comunitaria
mento busca identificar los intereses y preocupaciones locales y tiene un enfoque sobre la conciencia crítica y la capacitación para facilitar relaciones humanas a través del trabajo de grupos y el desarrollo organizativo. Se hace énfasis en reforzar la confianza, crear espacios y dar voz a los que frecuentemente son marginados, se involucra a mucha gente en el proceso de autodesarrollo local. Debido a que este instrumento prioriza el consenso, es posible que con este enfoque no llegue a enfrentar las relaciones de poder que establecen jerarquías de interés y planes entre los miembros de la comunidad (Ramón, 1995). Finalmente, un instrumento de gestión ambiental muy aplicable a nivel comunitario en la actualidad es el Análisis Ambiental Estratégico (AAE), que tiene como finalidad lograr a largo plazo integrar los aspectos ambientales en procesos de planificación de desarrollo, aumentando el nivel de conocimiento sobre el contexto ambiental y las interrelaciones con otras dimensiones del desarrollo sustentable (Ukkerman y Van Haeringen, 2001). Los objetivos enmarcados en este instrumento son: analizar el contexto ambiental de desarrollo humano, el potencial y limitaciones de las comunidades; integrar los aspectos ambientales con lo social, económico e institucional; y proporcionar insumos para definir políticas o planes estratégicos de desarrollo sustentable en una fase temprana de la toma de decisiones. El AAE básicamente trata de analizar la interacción entre los ecosistemas y la sociedad, y aspira a desarrollar la comprensión sobre esta interrelación compleja y generar transparencia. Eso se logra a través de la aplicación de los pasos metodológicos del AAE durante un proceso bien estructurado y participativo. El AAE es diseñado para usarlo en las etapas tempranas de la for73
Técnicas e instrumentos para la gestión ambiental comunitaria
mulación de políticas para permitir la integración de los aspectos ambientales relevantes en el diseño de políticas y planificación estratégica. El AAE puede aplicarse a diferentes niveles institucionales, nacionales, municipales o comunitarios, para suministrar los insumos estratégicos en la formulación o diseño de políticas relativamente nuevas, o para el ajuste o la reformulación de planes estratégicos existentes (Ukkerman y Van Haeringen, 2001:15).
74
Educación para el desarrollo rural
U
no los pilares fundamentales para consolidar un proceso de desarrollo en el sector rural es la educación primaria (Atchoraena y Gasperini, 2004). Muchas veces no se le toma la suficiente importancia a aspectos sociales en los programas de desarrollo gubernamental y mucho menos municipal pues, no se considera que la pobreza rural sea una variable dependiente del analfabetismo, la cultura y la religión. Se le da prioridad mayormente a la infraestructura básica y la “obra gris”.5 Factores como la desnutrición, la mortalidad infantil, el poco acceso a servicios básicos como el agua y los bajos niveles educativos, limitan el desarrollo en el área rural. La gente del campo es en su mayoría pobre y depende de la agricultura de subsistencia, por lo que el desarrollo rural afronta el reto de reducir la pobreza y un instrumento para tal fin es ampliar la cobertura educativa a la mayor parte de la población. A mediados del siglo pasado, cuando en Guatemala se mantenía el modelo de desarrollo del Estado Benefactor, se impulsaba la cobertura de servicios públicos para apoyar la agricultura, educación y salud (Beltrán, 2005). Se apoyó fuertemente la extensión agrícola, la educación sanitaria en el sector rural y la educación audiovisual en estableciObra gris es definida como puentes, estadios, parques y pavimentación de calles. 5
75
Educación para el desarrollo rural
mientos escolares. Con la extensión agrícola se pretendía aumentar la producción agropecuaria con información y educación no formal al alcance del entendimiento de los agricultores carentes en su mayoría de alfabetización. Los extensionistas prácticamente residían en las comunidades y se apoyaban de medios como la radio, folletos y carteles. Con el empleo de procedimientos de contacto personal, individual y grupal, se ampliaba el alcance de los mensajes instructivos para el cuidado de la salud pública y se recurría también a las campañas para masificar la educación sanitaria. En cuanto a la educación formal rural, se aplicaban estrategias pedagógicas innovadoras cifradas principalmente en el uso de técnicas audiovisuales, la grabación radiofónica, la fotografía y la cinematografía. Con estas actividades se trataba de mejorar la educación, contando con algunos manuales didácticos con contenido elemental, aunque hay que hacer mención que no se tenía la capacidad de investigación científica y existía una debilidad en fundamentación teórica integral. No obstante, lo importante es recalcar que antes que se desmantelara el aparato estatal existían instituciones encargadas de realizar extensión, capacitando y educando a los agricultores sobre las formas adecuadas de producción y comercialización agrícola. Los extensionistas trabajaban con los productores rurales sobre aspectos productivos, gerenciales y comerciales. A mediados de la década de 1990, la mayoría de instituciones estatales como la Dirección General de Servicios Pecuarios -DIGESEPE-, el Banco de Desarrollo Agrícola -BANDESA- y la Dirección General de Extensión Agrícola -DIGESA- entre otros, desaparecieron y los agricultores se quedaron sin mayor 76
Educación para el desarrollo rural
instrucción debido al discurso que debían ser más “competitivos” y dejar a un lado el paternalismo del Estado, pues había que ser más productivos. Con el cambio de modelo de desarrollo entre las décadas de 1980 y 1990 se empezaron a debilitar las acciones para el desarrollo de la agricultura rural en Guatemala y no únicamente por falta de decisiones políticas, créditos abundantes, ni subsidios; tampoco sólo por culpa del Fondo Monetario Internacional -FMI-, del Banco Mundial -BM-, de la globalización o del neoliberalismo, sino, porque además de todo ello, no se implementó un sistema de educación rural con función de proporcionar a los agricultores los conocimientos que ellos más necesitaban: agronómicos, zootécnicos y veterinarios, ni los relacionados con la administración rural, incluyendo formas asociativas para corregir las gravísimas distorsiones que ocurren en la realización de sus inversiones, en la adquisición de insumos y en la comercialización de las cosechas (Lacki, 2010). Esta relación causa/efecto, entre insuficiencia de conocimientos y fracaso económico de los agricultores, aunque obvia, sigue siendo subestimada y hasta ignorada. En el mundo globalizado, los conocimientos y la educación han pasado a ser los factores más determinantes para que los productores rurales puedan volverse y mantenerse al menos sobreviviendo. La educación influye enormemente en el cambio social, económico y cultural de la población rural, por lo que organizaciones internacionales enfocan sus esfuerzos para lograr los objetivos trazados a principios de este siglo y buscan reducir a la mitad el número de víctimas del hambre y la pobreza, garantizando la educación primaria uni77
Educación para el desarrollo rural
versal para el año 2015, lo cual obliga a modificar la forma tradicional de intervención de la cooperación internacional para afrontar las necesidades de las personas sin atención alrededor del mundo, entre ellos la población rural. Para ello, organismos como la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación -FAO- y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura -UNESCO- por sus siglas en inglés, unen esfuerzos dirigidos a alcanzar los mismos fines y objetivos. Desde finales de 2009, en Guatemala el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación -MAGA-, trata de impulsar el Sistema de Extensión Agrícola que busca cubrir el vacío que dejó hace más de 15 años DIGESA, con el objetivo de solucionar problemas comunes en la agricultura de bajo rendimiento y adaptabilidad al cambio climático, programa educativo que la misma Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación promueve desde hace varios años (Lacki, 1995). Para contribuir al desarrollo rural, se requiere que extensionistas retomen la función permaneciendo en las comunidades, educando y capacitando a los agricultores en su contexto real. La educación rural debe basarse en valores y principios éticos para que las actuales y futuras generaciones adopten hábitos y conductas esenciales para una vida digna, armoniosa y solidaria; valores y principios que están siendo “olvidados” por el individualismo, egoísmo y violencia de quienes desean usufructuar supuestos derechos sin cumplir los deberes correspondientes. Valores y principios tales como: honestidad, honradez, dignidad, responsabilidad, 78
Educación para el desarrollo rural
disciplina, puntualidad, cumplimiento de los compromisos asumidos con terceros, respeto al prójimo y a sus derechos, conciencia de sus obligaciones como ciudadanos, como padres de familia y como miembros de la comunidad, amor al trabajo bien ejecutado, ambición sana para progresar en la vida como consecuencia de su propio y eficiente esfuerzo y de su deseo de superación, altruismo y solidaridad, los peligros de las drogas, del alcoholismo, de los juegos de azar, de las relaciones sexuales prematuras e imprudentes, de la delincuencia, etc. (Lacki, 2010:5). Las debilidades e ineficiencias de las instituciones educativas en el país, pueden ser corregidas en la medida que los propios profesores y extensionistas tomen conciencia y se humanicen con el sector rural. Muchas de las ineficiencias del sistema, persisten no necesariamente porque no pueden ser eliminadas, sino porque los educadores aún no han tomado la decisión de asumir como suya la tarea y la iniciativa de enfrentar la pasividad, el fatalismo y conformismo, el anacronismo y la inercia imperantes en el referido sistema. Los educadores en Guatemala se escudan en que los esfuerzos son en vano por los bajos salarios y la falta de apoyo por parte de los gobiernos hacia la educación. Sin embargo, son los habitantes rurales quienes, al recibir una educación de baja calidad y con contenidos inadecuados a sus necesidades, los que están siendo condenados a fracasar en la vida personal, familiar, productiva, laboral y comunitaria. En las escuelas rurales se debe proporcionar conocimientos útiles enfocados a mejorar la producción agropecuaria para incrementar los ingresos familiares. En las currículas educativas debe insertarse contenidos tecnológicos de 79
Educación para el desarrollo rural
producción y comercialización agrícola, procesamiento de productos y manejo de la postcosecha. Esta educación rural debe de propagarse a las madres de familias para implementar huertos familiares con hortalizas, frutas, plantas medicinales, principios básicos de higiene, profilaxis,6 prevención de enfermedades y primeros auxilios. Otros temas que deben ser objeto en la educación rural son; la promoción del cooperativismo, la organización comunitaria, la administración rural y la comercialización evitando a los intermediarios. Una comunidad bien organizada y con mucha comunicación que genere un capital simbólico dentro de un proceso de educación para el desarrollo rural (Corrales, 2003), será productiva en la medida que los individuos se apropien de la información y conocimiento sobre su entorno. Esfuerzos mayores para impulsar el desarrollo a través de la educación son necesarios, de tal manera que organismos internacionales han declarado a la última década, como la Década de la Educación para el Desarrollo Sustentable en base a la Resolución 57/254 de la Asamblea General de las Naciones Unidas y ha propuesto al período 2005-2014 como un período para fortalecer la educación y reorientarla hacia los objetivos de desarrollo sustentable, así como la Declaración Conjunta firmada por los Directores de UNESCO y el PNUMA (Leff, 2005). El proceso educativo debe ser articulado con la realidad local. La educación en las aulas debe enfocarse y contexSon todas las acciones de salud que tienen como objetivo prevenir la aparición de una enfermedad en el organismo. 6
80
Educación para el desarrollo rural
tualizarse con las necesidades económicas, sociales, culturales y laborales (Pacheco, 2006), tomando en cuenta que la educación es un pilar fundamental para el desarrollo rural, para lo cual es necesario incorporar actividades a parte de las planteadas en las currículas de las escuelas, la enseñanza de siembras, conservación de suelos, principios fitosanitarios, etc. Formar a los estudiantes de nivel primario y secundario y prepararlos como un buen capital social, con un sentido de pertenencia de su entorno y con formación de desarrollo laboral, con conocimiento de la realidad comunitaria y con un abordaje para solucionar la problemática local, dará como resultado un desarrollo sustentable en el sector rural. Además, con una organización comunitaria bien consolidada existen oportunidades de impulsar la educación no formal para aportar a la población, alternativas de progreso personal y laboral, con actividades de capacitación sobre cultivos que se producen a nivel local y afrontar los problemas para minimizar pérdidas, pues la agricultura rural guatemalteca siempre ha presentado bajos rendimientos. Es importante establecer que la educación por sí sola no es capaz de generar desarrollo (Aldana, 2009), pero tampoco una sociedad podría desarrollar sin un programa adecuado de educación, debido a que todo proceso formativo genera un capital humano con conocimiento y capacidades necesarias para afrontar los retos del mundo actual. Para que exista un real desarrollo rural se necesita que instituciones educativas en el sector rural fortalezcan la formación de los estudiantes respondiendo a los intereses, necesidades y objetivos de la población, orientando la educación hacia el desarrollo de la agricultura, el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, la prestación 81
Educación para el desarrollo rural
de servicios y la organización comunitaria. Para ello es imprescindible que el Ministerio de Educación en Guatemala -MINEDUC- juegue su papel como ente rector de la educación en el país. Las generaciones jóvenes son clave para el desarrollo rural como fuente de información que se actualiza frecuentemente en los salones de clase a través de programas como la Telesecundaria y los centros educativos nacionales. Para ello es muy importante un enlace entre el sistema educativo y el desarrollo rural. La educación rural debe ser con formación para tener capacidad de análisis de los problemas del entorno y la realidad social para que esa educación haga partícipe a los estudiantes y se motiven a cuestionar la problemática nacional rural como primer paso para la búsqueda de soluciones. En el área rural de Guatemala muchos niños y niñas abandonan el ciclo escolar para apoyar a sus padres en las tareas de cultivos, no obstante, los ingresos son muy bajos y no toman conciencia que al tener una mayor y mejor educación, podrían tener mejores oportunidades para buscar mayores ingresos a través de mejores empleos. Una visión de educación como herramienta de progreso se tiene vagamente, pero se ha caído en el error de apoyar mayormente al sector urbano, aumentando más las brechas entre la población rural y la urbana (Rojas y Portugal, 2009). Se mantuvo la idea hasta finales de 1980 en el área rural, que era suficiente con que los niños culminaran los primeros seis años de educación primara, pero con la ampliación de la cobertura educativa a nivel secundario es necesario motivar y concientizar a la población sobre la importancia de continuar los estudios debido a que se 82
Educación para el desarrollo rural
tendría más oportunidad de obtener mejores empleos. Aunque no es una total garantía porque muchos de los jóvenes que culminan sus estudios de secundaria, terminan trabajando en maquilas, dependientes de mostradores en tiendas y las mujeres se conforman hasta con empleos domésticos. Para otros, no les queda más alternativa que migrar hacia los Estados Unidos. Aquí es donde se deben enfocar los esfuerzos en educar a la población rural para generar capital humano con formación empresarial comunitaria para auto gestar empresas locales de tipo productivo, de prestación de servicios, ecoturísticas, etc. Las escuelas y el sistema educativo en general, deben valorarse de mejor forma, pues puede ser la clave para fomentar el desarrollo rural para lo cual el Estado debe comprometerse a ampliar cada vez más el servicio educativo tanto en cantidad como en calidad. La educación debe ser parte de la cultura rural y para Melo (2000), la educación exige la formación de una sociedad rural con actitudes individuales y colectivas emprendedoras con grado de participación y dinamización, con ello se generará una cultura de desarrollo para obtener una voluntad colectiva de cambio con capacidades, competencias e innovación. Un modelo alternativo de desarrollo rural debe basarse en la cultura local debido a que las zonas rurales mantienen aún un alto grado de identidad cultural que a veces no es identificada. Para que la educación produzca cambios es necesario de métodos de integración participativa con instrumentos basados en estudios pormenorizados sobre la cultura local. Con ello se lograría elevar la autoestima colectiva en relación al territorio, historia y patrimonio 83
Educación para el desarrollo rural
cultural local, a la vez que permitiría una manifestación objetiva de las costumbre de los pobladores. Es a través de una crítica constructiva de la situación local, como se puede abrir las puertas a la clarificación de un futuro viable para identificar y conservar las tradiciones con una integración creativa de aspectos modernos y externos que se traduzcan en oportunidades. Con actividades que motiven a la población local, se formará un escenario favorable para impulsar proyectos mayormente aceptables a nivel comunitario para elaborar un plan apropiado de educación y formación del capital social. La educación para el desarrollo rural también necesita basarse en un enfoque pedagógico bajo una perspectiva ciudadana y democrática que promueva reflexiones y acciones para contribuir a la transformación social (RLCU, 2010). Integrar dimensiones como derechos humanos, equidad de género, medio ambiente, productividad, aprovechamiento de los recursos naturales, comercio y globalización, son temas de importancia que inciden en la sociedad local. Una educación que propicie el desarrollo debe promover acciones de concientización, formación, participación ciudadana y ética. La educación toma vital importancia en el desarrollo rural y se constituye en un proceso de formación de capital social para auto gestar mecanismos de mejora en el nivel de vida tanto en lo individual como en lo colectivo.
84
Ordenamiento territorial para el desarrollo rural
L
a adecuada planificación, el ordenamiento y distribución del territorio permite destinar áreas apropiadas que respondan a la capacidad de uso de la tierra según sus potencialidades y limitaciones para aprovechar los recursos naturales de forma sustentable, lo que propicia la mejora en la calidad de vida de las sociedades. Para ello se debe de tener un conocimiento apropiado sobre las dinámicas sociales, económicas y biofísicas del territorio, lo que permitirá obtener beneficios de la naturaleza siempre y cuando se planifique con un planteamiento de escenarios para un adecuado ordenamiento del territorio (GEO, 2004). El ordenamiento territorial se concibe como una expresión espacial de políticas económicas, sociales, culturales y ecológicas de una población, y es un recurso técnico administrativo de carácter multidisciplinario para marcar directrices que permitan alcanzar el objetivo del desarrollo equilibrado para un espacio territorial. El ordenamiento territorial debe ser una herramienta por medio de la cual se orientan los espacios geográficos para que con visión prospectiva una sociedad aproveche, maneje y conserve los recursos naturales para mejorar sus condiciones de vida.
85
Ordenamiento territorial para el desarrollo rural
Es mediante un proceso de esta naturaleza que se ordena el uso y ocupación de un territorio, basados en las dinámicas biofísicas, ambientales, culturales, socioeconómicas y políticas, con el fin de promover el desarrollo sustentable, además de ser una herramienta normativa y reguladora del uso de la tierra y ocupación del espacio geográfico. Hay que reconocer que una de las limitantes que ha inhibido el desarrollo rural del país es la tenencia de la tierra y el empleo que a ésta se le da para distintos fines, pues, Guatemala es un país eminentemente forestal, pero siempre se le ha dado una vocación agrícola debido a su proceso histórico que ha marcado el desarrollo rural. Para hacer una referencia más precisa sobre la dinámica territorial de Guatemala es necesario retomar el proceso histórico y hacer énfasis que en la época prehispánica la tierra no era fuente de acumulación de riqueza ni existía la propiedad privada como se conoce hoy en día (Moreno y Erba, 2010). Antes de la “conquista española” existía un sistema de derechos y dominio territorial por los gobernantes de los Estados prehispánicos que daban por usufructo tierras destinadas a actividades agrícolas y extractivas de la naturaleza que vio un cambio drástico luego de la colonización hispana. Al cambiar la estructura de la tenencia de la tierra durante el funcionamiento del sistema colonial, todo descansó sobre las relaciones de poder entre los colonizadores y la corona española, marginando a la población nativa. Por la poca existencia de oro en estos territorios, los colonizadores establecieron que las fuentes de riqueza fuesen la tierra y el control de la fuerza de trabajo, y con ello, 86
Ordenamiento territorial para el desarrollo rural
articular mecanismos para satisfacer las necesidades de los colonizadores y de la corona española. En esta época se promulgaron leyes y un conjunto de principios políticos para consolidar el régimen colonial en estos territorios que empezaban a articularse para mantener la soberanía absoluta por monarcas sobre la mayor parte de las tierras concesionadas por la iglesia católica a través de Bullas papales. Por medio de mecanismos burocráticos y pagados, se distribuía la tierra pública ociosa a colonizadores a través de distintas figuras (Martínez, 1970). La creación de Pueblos de Indias, por ejemplo, permitió a la corona española mantener un sistema económico que le permitía suplirse de tributos fiscales y de tierras ejidales a principios del siglo XVI, de ahí que todo pueblo de indios debía poseer determinada cantidad de tierra a título propio y tenía que ser utilizada para pastaje de ganado, extracción de leña y madera (astilleros), así como cultivos diversos. Con esto se logró amortiguar al interior de las comunidades la explotación en la que estaban siendo sometidos y este sistema de dominancia se mantuvo hasta después de la independencia. Parte de un proceso colonizador y de ordenamiento del territorio fue el de importar y establecer instituciones como el municipio para que con el repartimiento de tierras se diera paso a la administración y gobierno de las nuevas poblaciones (Thillet, 2003). Poco a poco los españoles tomaron posesión de los nuevos territorios y con la aplicación de sus leyes crearon divisiones político administrativas para dominar los espacios territoriales por la corona.
87
Ordenamiento territorial para el desarrollo rural
Durante los siglos XVII y XVIII la economía en el país estuvo basada sobre el cultivo del añil con la ayuda masiva de la fuerza de trabajo indígena. Luego de la fundación de la República de Guatemala en 1847, se empezaron a vislumbrar cambios en la estructura productiva, sobre todo al introducir el café como principal producto de exportación y se reformó además la estructura agraria con la llegada de los gobiernos liberales en la década de 1870. Las principales reformas realizadas por los gobiernos liberales siguieron tres líneas: la desarticulación del régimen ejidal/comunal de tierra para dar paso al acceso privado a tierras “ociosas” a través de nuevos mecanismos legales; la expropiación de los bienes y capitales acumulados y poseídos por las distintas órdenes y congregaciones religiosas de la iglesia Católica; y la emisión de una legislación justificadora del uso obligatorio de la fuerza de trabajo campesina en las labores de la producción de café. Con ello desmantelaron la estructura de propiedad comunal e impulsaron el mercado de tierras que dio paso a la introducción de muchos nuevos propietarios que mayormente eran militares. Esta época es clave porque se crea el Registro de la Propiedad a través del Decreto 176 el 8 de marzo de 1877, con lo cual se consignó títulos de propiedad de latifundios de los nuevos propietarios. Ya para 1894 se realiza un levantamiento del mapa de la República a través de una red geodésica. Por un período de más de 40 años entre 1894 a 1936 varios acuerdos gubernativos y leyes se emitieron para trabajos topográficos y de agrimensura, tal es el caso de la Ley de Agrimensura decretada en tiempos de Jorge Ubico que aún sigue vigente. 88
Ordenamiento territorial para el desarrollo rural
Ya en el período revolucionario entre 1944 y 1954 se intentaron realizar algunas reformas a la estructura agraria del país, que ya arrojaba como consecuencia del proceso histórico en mención, que el territorio guatemalteco estuviese distribuido en pocas manos producto del colonialismo español y la expropiación de tierras a los grupos indígenas. Con el Decreto 900 se buscaba expropiar tierras a las transnacionales y fincas grandes para reducir el área no trabajada dentro de estos terrenos extensos para fomentar el desarrollo de las economías campesinas. El decreto tuvo vigencia únicamente dos años, el cual se emitió el 17 de junio de 1952 y se derogó el 26 de julio de 1954. No obstante, tuvo algunos alcances con una pequeña distribución de tierras, aunque hay que mencionar que en esta Reforma Agraria no se contempló un catastro que permitiera un real ordenamiento del territorio nacional. En 1965 se crea la División de Catastro del Instituto Geográfico Nacional con el objetivo de administrar un catastro nacional por medio de la investigación e identificación de los derechos de propiedad para elaborar mapas y registros que permitiesen determinar límites jurisdiccionales. Entre 1968 y 1978 se dio una de las primeras manifestaciones formales para establecer un catastro en Guatemala pues el Instituto Geográfico Nacional empezó a trabajar en toda la costa sur, desde la frontera con El Salvador hasta la frontera con México, abarcando una faja de más de 100 kilómetros de longitud. Para ese entonces se dio mucha importancia al área rural, pero el proyecto catastral fracasó por falta de experiencia y limitantes de diferente índole. No obstante, quedaron capacidades instaladas y se generó, entre otras cosas, una 89
Ordenamiento territorial para el desarrollo rural
base cartográfica muy confiable y exacta que permanece vigente hasta el día de hoy, producto de un apoyo geodésico y de fotografías aéreas. En la década de 1970 se presentaron problemas que estancaron los estudios catastrales realizados por el Instituto Geográfico Nacional -IGN-. Entre las principales limitantes se encontraban aspectos organizativos y económicos, aunque quizá los intereses particulares no permitieron que se emitiera una ley que regulara el catastro nacional, además que no existía un proyecto con respaldo legal para regular la tenencia de la tierra. Debido a que el conflicto armado interno se agudizó en el país en esa época, el conocimiento del territorio y de la cartografía nacional pasó a ser manejado por el Ejército y el sector civil se vio relegado en aspectos técnicos, lo que propició un abandono de las actividades catastrales. Se crearon otras oficinas de gobierno destinadas al trabajo catastral como el Instituto Nacional de Transformación Agraria -INTA- que realizó un estudio agrológico y detonó en problemas entre propietarios particulares y comunidades por la falta de una norma que regulara tal proceso en el país. Durante la misma época, con la empresa nacional de Fomento y Desarrollo Económico del Petén -FYDEP- se desarrolló un proyecto de titulación de tierras en la región norte del país, pero ocasionó muchos problemas porque la base del proyecto fueron las hojas cartográficas 1:50.000 con muy poca precisión sobre esa región para ese entonces.
90
Ordenamiento territorial para el desarrollo rural
En 1978 es creada la Dirección General de Catastros y Avalúos de Bienes Inmuebles -DICABI- que entre otras funciones estaba la de elaborar y mantener un catastro de bienes inmuebles para el establecimiento de un sistema de valoración uniforme y determinar el valor fiscal para efectos impositivos de los bienes, que permitiera planificar y controlar la ejecución de planes de trabajo en relación con un levantamiento catastral y mantener una coordinación con la administración pública. Ya con la promulgación de una nueva Constitución Política en 1985, se establece en el Título V, Capítulo II y Artículo 230, las orientaciones para la organización del Registro General de la Propiedad y el Catastro Fiscal, para que en 1987 se hiciera el esfuerzo en tiempos del presidente Vinicio Cerezo, realizar estudios sobre la propiedad de la tierra y los bienes inmuebles con ayuda del gobierno francés lo cual vislumbraba un proyecto de creación de un Centro Nacional de Catastro y la aprobación de una ley que diera vida a la iniciativa. No obstante, por enésima vez un proyecto de este tipo fracasaba por falta de coordinación interinstitucional y de recursos que dieran soporte a un proyecto de tal envergadura. Salieron a la luz carencias de recursos para atender aspectos administrativos, técnicos y legales, además de no contar en ese tiempo con personal calificado, por lo que las condiciones no eran las apropiadas para realizar un catastro nacional con la finalidad de ser el pilar del ordenamiento territorial nacional. Es hasta con la firma de los Acuerdos de Paz en diciembre de 1996, que la posibilidad de realizar el catastro nacional 91
Ordenamiento territorial para el desarrollo rural
empieza a tomar vida real. Se pone de manifiesto el problema de la tierra en la estructura social y económica del país, por eso el Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria establece en su numeral 38 “promover una reforma legal que establezca un marco jurídico seguro, simple y accesible a toda la población con relación a la tenencia de la tierra; expresando también la necesidad de (…) promover cambios legislativos que permitan el establecimiento de un sistema de registro y catastro descentralizado, multiusuario, eficiente, financieramente sostenible y de actualización fácil y obligatoria”. Ésta fue la base para crear la Comisión Institucional para el Desarrollo y Fortalecimiento de la Propiedad de la Tierra -PROTIERRA- y una figura ejecutora denominada Unidad Técnica Jurídica -UTJ- para definir estrategias, programas y proyectos con todo lo relacionado a este tema. En el 2003 mediante el Acuerdo Gubernativo 426-2003 se adscribe a la Unidad Técnico Jurídica del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación la responsabilidad de “planificar, coordinar, dirigir, ejecutar y administrar todas las actividades relacionadas con el proceso del establecimiento y mantenimiento catastral a nivel nacional”. De 1997 a 2004 se ejecutaron varios proyectos piloto en algunos departamentos del país, los cuales fueron financiados por la cooperación internacional y sirvió como experiencia para formar una plataforma técnica y legal que permitiese establecer algunos criterios básicos para la reestructuración del catastro nacional. Finalmente, en 2005 y luego de varios años de discusiones y consultas al sector rural, indígena y terrateniente, 92
Ordenamiento territorial para el desarrollo rural
se emite el Decreto 41-2005 donde se crea el Registro de Información Catastral -RIC- para dar figura a una institución estatal autónoma orientada al servicio de establecer y reactivar el catastro nacional. Desde el 20 de agosto del 2005 esta ley regula el catastro nacional y es el pilar base para un eventual ordenamiento territorial del país. Sin embargo, el ordenamiento territorial continúa sin una legislación específica lo que ha motivado a que entidades como la Secretaría General de Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN- sean los encargados de diseñar los instrumentos de gestión pública. Esto se da con el objetivo de “desarrollar un sistema que coordine a agentes públicos y privados que interactúan en el territorio para intervenir en la realidad existente y así modificarla y alcanzar un modelo territorial con escenarios con un mayor desarrollo humano de un mejor nivel de vida” (Rodríguez y Aldrey, 2007:118). En los Planes Estratégicos Territoriales -PET- y los Planes de Desarrollo Municipal -PDM- descansa la acción planificadora pública e integran la participación ciudadana a través de los diferentes niveles de los Consejos de Desarrollo. Una estrategia importante para el fortalecimiento municipal es el Programa de Municipios Democráticos, iniciativa impulsada por la Unión Europea y el gobierno de Guatemala que dicta líneas de trabajo para establecer un sistema de planificación territorial que conceda un papel protagónico a lo local, por medio de un sistema de información territorial de acuerdo a sus realidades (Poyatos y Girón, 2010). A través de un Sistema de Información Territorial Municipal e Intermunicipal -SITMI- se busca fortalecer a los gobiernos locales en la Planificación Estratégica Terri93
Ordenamiento territorial para el desarrollo rural
torial -PET- aportando una visión más integral del servicio municipal mediante la información social, cultural, económica y ambiental. Otro instrumento que regula el Ordenamiento Territorial es la Ley Forestal Decreto Legislativo 101-96 y su Programa de Incentivos Forestales -PINFOR-, como apoyo a las tierras con aptitud forestal para ser reforestadas y los estudios de capacidad de uso para el accesos a la tierra (IARNA, 2006). También está la Ley de Descentralización que dicta a las municipalidades que propicien la gestión territorial local (Poyatos y Girón, 2010). Con el proceso de información catastral que se está llevando a cabo desde el 2005, con un nivel de detalle tanto geométrico y temático, se vislumbra una buena base de referencia para un ordenamiento territorial en todo el país. Con el empoderamiento municipal, con un buen control fiscal para contar con recursos y con una información catastral eficiente para tener un amplio conocimiento del territorio nacional, se puede tener las condiciones apropiadas para un buen desarrollo territorial. Con la información generada en estos programas se formará una plataforma para los procesos de planificación y toma de decisiones en el territorio y queda ad hoc para implementar las metodologías que ha elaborado la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN- como rectora de la Planificación Territorial del país. Un SITMI debe estar nutrido con bases de datos e información oficial obtenida y recabada por generadores de información geográfica como el Instituto Nacional de Estadística -INE-, el Instituto Geográfico Nacional -IGN-, 94
Ordenamiento territorial para el desarrollo rural
las Universidades y las ONG para desarrollar planes estratégicos territoriales municipales que permitan sistematizar indicadores de gestión municipal territorial, gestión de recursos naturales y riesgos, y la gestión catastral municipal. El Código Municipal, Decreto 12-2002 establece que, las municipalidades por ser las instituciones de gobierno más cercanas al ciudadano, son las responsables de la planificación estratégica del territorio para impulsar el desarrollo dentro de su ámbito local. Se ha abierto la posibilidad de crear Mancomunidades en los últimos años, como asociaciones entre varios municipios para prestar algún servicio público de forma eficaz y eficiente (Rodríguez y Aldrey, 2007), y con ello establecer competencias municipales para el ordenamiento territorial elaborando un Plan de Ordenamiento Territorial -POT- impulsado por las oficinas técnicas municipales como encargadas de la ejecución de este tipo de proyectos. A los problemas provocados por el uso inadecuado de la tierra que se dan en el territorio guatemalteco se les puede dar una solución al reordenar las áreas destinadas a la agricultura, lo forestal y lo urbano que propicie un desarrollo rural (Tschinkel, 2001). Teniendo un pleno conocimiento de las dinámicas sociales y económicas, y también por ser Guatemala un país con una enorme biodiversidad (CONAP, 2008), se debe tomar en cuenta aspectos de flora y fauna para la planificación del territorio, lo que implica destinar áreas para la protección y manejo sustentable tomando como base al sistema ambiental (Pintér et al., 2000). Hay que enfatizar que debido a la creciente población incontrolada en Guatemala, las familias buscan satisfacer sus 95
Ordenamiento territorial para el desarrollo rural
necesidades en detrimento de los recursos naturales, pero se podría planificar un ordenamiento del territorio para destinar zonas agrícolas en tierras aptas, y en las áreas con relieve quebrado se albergarían recursos silvestres y forestales (Chapela y Lara, 1996). Con el ordenamiento del territorio se vislumbra el desarrollo de actividades que permitan mantener en el país la reducción de migraciones tanto internas como externas que se consideran costosas económicamente y socialmente, lo que permitiría un equilibrio de las densidades de las poblaciones. El ordenamiento territorial marcará las pautas para asignar zonas específicas para atender las demandas de los diferentes sectores sociales y productivos.
96
Participación social en el desarrollo rural
U
n desarrollo rural participativo debe presentar una interacción de diversos grupos sociales dentro de un territorio y sus recursos (Portilla, 2003). Una interacción entre sociedad y territorio, regulada con normas e instituciones, torna un escenario propicio para tener un acceso y aprovechamiento de los recursos naturales para mejorar el nivel de vida de una población. Un escenario de esta naturaleza se ha dificultado debido a los procesos históricos de inequidad, relaciones de poder y cultura en Guatemala. La participación social debe de generar capacidad de organización que conlleve a la gestión de procesos de interés de una comunidad y que a la vez se transformen en actores sociales definidos por su acción e incidencia en el aprovechamiento y generación de oportunidades para la mejora de las condiciones de vida en una colectividad. Una capacidad grupal para planificar y gestionar su propio desarrollo se complementará con el cooperativismo y la responsabilidad compartida para que surta efecto lo planteado. Hay que tener claro que en el sector rural de Guatemala y de casi toda Latinoamérica se observa una diversidad 97
Participación social para el desarrollo rural
cultural en los grupos sociales. Una cosmovisión y una cosmogonía diferente respecto a la sociedad urbana, hace que los pueblos rurales mantengan su propia identidad. Esto debe ser el punto de partida para impulsar a las distintas organizaciones, granjeros, cooperativas, gremios, grupos familiares y religiosos entre otros, para que propicien los movimientos sociales que busquen el desarrollo rural teniendo como principios fundamentales la cohesión social y la cohesión territorial, y que prevalezca el interés por el bienestar colectivo (Portilla, 2003). Dentro del territorio rural debe existir una interacción de los grupos y actores sociales regulados por normas e instituciones de carácter local y nacional para tomar decisiones sobre el acceso y manejo de los recursos naturales. Los actores sociales son los que tienen la capacidad como grupos humanos para organizarse y gestionar proyectos vinculados a intereses que les afecten directamente. Un actor social es definido por sus acciones y aprovechamiento de oportunidades para el desarrollo de una colectividad. Con una capacidad colectiva para asumir la función de planificación de gestión del desarrollo, siguiendo los principios de cooperación y responsabilidad compartida, los pobladores rurales podrían organizarse para desarrollar proyectos en conjunto, que les genere bienestar colectivo por el aprovechamiento apropiado de los recursos naturales. La participación social debe cimentarse en una red duradera de relaciones más o menos institucionalizadas de reconocimiento mutuo, lo que llama a tener una pertenencia de grupo con propiedad común, unida por vínculos es98
Participación social para el desarrollo rural
tables y permanentes (Bourdieu, 1983), promoviendo las normas de cooperación y reciprocidad entre individuos consolidando de esa forma un buen capital social (Fucuyama, 2000). Incrementar la participación organizada de los productores rurales debe ser una prioridad en el área rural (Cadena, 1982). Lo participativo no trata únicamente de concretar una reunión o asamblea comunitaria, es un proceso basado en el conocimiento de la realidad para unificar esfuerzos destinados a la búsqueda colectiva de satisfactores comunes que pueden ser, la educación, la capacitación, la mejora de ingresos y la protección de su ambiente entre otros. La participación social de una comunidad puede enfocarse en la formulación de sus propios proyectos productivos y de mejora social mediante un conocimiento de la realidad territorial, cultural y de la población en general, en donde la comunidad ya no sea un objeto de estudio de fuentes externas, sino de auto investigadores para establecer sus propios problemas y a través de una organización fuerte, trabajar en grupo y no actuar de forma aislada. Esto daría forma a una estructura social democrática y de auto gestión para impulsar el proceso de desarrollo rural. La participación social ya no debe verse como una herramienta para obtener un fin, sino como herramienta de diseño y planificación del desarrollo rural para traducirlo en la construcción de mejores condiciones de vida, trabajo y dignidad de una sociedad o una comunidad (Arroyo, 2007). A pesar de enormes esfuerzos realizados, no se ha logrado un desarrollo sustentable en Guatemala, por lo que es conveniente considerar que los actores locales participen en la planificación integral de su desarrollo que 99
Participación social para el desarrollo rural
propicie la creación de un espacio de articulación local para lograr la gestión, seguimiento y evaluación de las acciones y proyectos de desarrollo rural. El sistema económico actual ha provocado una rebelión por parte de las sociedades, lo que incita a una participación directa de los pueblos para planificar y gestar su propio desarrollo sustentable desde las bases populares (Barkin, 1998). De hecho, las políticas de desarrollo sustentable están empezando a gestarse desde las propias comunidades y desde lo local (CNOC, 2005), teniendo participación las ONG, como intermediarios de los diversos grupos y organizaciones sociales para no continuar con la instrumentalización de políticas diseñadas desde arriba. La participación social en el diseño de políticas no debe ser más un acto meramente de consulta y de movilización de masas con fines políticos, sino de intervención directa según las necesidades, e integrar así a la gente dentro de las estructuras de toma de decisiones y de poder tanto político como económico. Cumpliendo con estos aspectos, se asegura de cierta forma un programa de desarrollo sustentable sin esa degradación ambiental que ha permanecido hasta el día de hoy en el sector rural de Guatemala. Tampoco el desarrollo sustentable debe ser únicamente objeto de la conservación del medio ambiente, sino de la participación activa de la gente para que tenga pleno conocimiento de la importancia de los recursos naturales. Esto permite un diseño y planificación de proyectos productivos que generen ingresos, asignación de áreas para la conservación y la disposición de otros espacios para el aprovechamiento de recursos de la naturaleza. 100
Participación social para el desarrollo rural
Las personas son capaces de manejar sus recursos comunes en circunstancias que ameritan cooperar unos con otros y deban realizar actos solidarios para la conveniencia colectiva (Ostrom, 1999). Ahora bien, no quiere decir que el Estado desatienda a una población y dejarla a la deriva. Al contrario, a través de una promoción estatal de programas y proyectos de desarrollo local, de infraestructura y servicios básicos, proyectos productivos para la generación de ingresos y de organización local, se aseguraría un desarrollo con dirección hacia lo sustentable, insistiendo en que no deben ser acciones impuestas, sino promovidas por el propio Estado. Es evidente que la pobreza y el deterioro ambiental de las zonas rurales de Guatemala guardan una estrecha interdependencia, lo que conlleva a que los patrones de consumo y culturales ocasionen problemas como la erosión de los suelos, la deforestación y la pérdida de la biodiversidad. Una estrategia de participación democrática para la diversificación rural y el mejoramiento productivo (Barkin, 1998), será tomar los modelos exitosos de comunidades organizadas, comprometidas y con reglas bien establecidas, lo que guiará el camino hacia el desarrollo sustentable (Bonilla, 2009). Con el soporte de una estructura de extensión estatal7 y el apoyo de la cooperación internacional con figuras como las ONG, debe buscarse una forma de reconocer la contribución del sector rural en la protección del ambiente mediante la participación democrática local. Esto será la El Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación creó en el 2010 el Sistema Nacional de Extensión que busca asesorar a los agricultores y productores rurales. 7
101
Participación social para el desarrollo rural
base para generar mejores condiciones de vida a través del manejo, aprovechamiento y conservación de los recursos naturales y la obtención de ingresos económicos, lo que creará una sociedad más equitativa como componente fundamental del desarrollo sustentable. El desarrollo rural debe partir de la participación social para cambiar una realidad, pues es la población la que debe impulsar su propio desarrollo (Martín, 2001). Bajo esta premisa, una sociedad bien organizada participa activamente desde lo local, identificando problemas sobre aspectos económicos, sociales, culturales y ambientales que permitan una planificación de proyectos de desarrollo, de tal manera que con un poco de apoyo e involucrando a universidades, ministerios de Estado, las ONG y el sector político, se pueda promover la participación social en el desarrollo territorial. Es importante hacer notar que las zonas rurales han estado muy acostumbradas y confiadas de que agentes externos les proporcionen ayuda únicamente de tipo asistencialista e incluso los últimos gobiernos han contribuido aún más a consolidar este problema,8 limitando la capacidad de las comunidades rurales, quedando las personas esperanzadas a que el gobierno les proporcionara dinero y bolsas solidarias.9 Se hace mención al respecto debido al programa que surgió en el gobierno de Álvaro Colom en el período de 2008-2011 Mi Familia Progresa dando un monto de Q 300,00 mensuales (US $ 37,50) por familia, que para la opinión pública propiciaba un acomodamiento y se incita a que las personas del sector rural se atengan a la ayuda estatal y no haya esfuerzos mayores por realizar proyectos productivos. Actualmente el gobierno hace esfuerzos por mejorar dicho programa. 9 Bolsas consistentes en víveres que el gobierno empezó a regalar en el período 2007-2011 en el programa denominado Bolsas Solidarias. Actualmente en el 2012 el nuevo gobierno aún mantiene este programa. 8
102
Participación social para el desarrollo rural
La generación de un modelo de participación social desde lo local, es necesario para implementarse como estrategia de desarrollo endógeno de proyectos en donde los actores son los mismos pobladores que participan activamente en el proceso para el desarrollo de su territorio. Integrar a la población a la dinámica política, social y económica va inmerso en el proceso de desarrollo rural. Esto se logrará a través de la dinamización con acciones motivadoras desde la generación de nuevos ingresos, beneficios individuales y colectivos en donde se mejoran las condiciones de vida. La participación social como fenómeno político es el resultante de los contextos culturales e institucionales que generan diversos escenarios (Cartagena et al., 2005). Con el Decreto 11-2002 ó Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural se potencializa aún más la participación social en la planificación y toma de decisiones del desarrollo rural sustentable. De igual manera, el Decreto 14-2004 ó Ley de Descentralización se vislumbra como una herramienta en el proceso de desarrollo debido a que entre sus fines está transferir desde el Organismo Ejecutivo a las comunidades legalmente organizadas, con participación de las municipalidades el poder de decisión, la titularidad de la competencia, las funciones, los recursos de financiamiento para la aplicación de las políticas públicas nacionales, a través de la implementación de políticas municipales y locales en el marco de la más alta participación de los ciudadanos, en la administración pública, priorización y ejecución de obras, organización y prestación de servicios públicos, así como el ejercicio del control social sobre la gestión gubernamental y el uso de los recursos del Estado (Decreto 14-2002:2).
103
Participación social para el desarrollo rural
La participación social para el desarrollo rural es una propuesta viable para afrontar la crisis de la modernidad, construyendo de esa manera un real futuro común y no las promesas que el libre mercado ha dado como la panacea del progreso, después de lo establecido en el Consenso de Washington en 1982. Es por el impulso del neoliberalismo que se acentuó el continuo detrimento del ambiente y ha golpeado enormemente a un sector que se quedó sin asistencia técnica y cobertura crediticia producto del desmantelamiento estatal, por lo que esa participación de la sociedad será determinante (Calderón, 2010). Hoy en día, toda actividad y práctica ejercida por los actores sociales será la clave del éxito debido a que las personas perciben y construyen la realidad según sus percepciones, visiones y perspectivas lo que permite generar compromisos, interacciones y responsabilidad compartida dentro del manejo de los recursos naturales (Martínez y Arellano, 2007). El acceso a los beneficios de los recursos naturales es el impulso para reactivar la participación social en algunas comunidades en el occidente de Guatemala donde se promueven procesos de resocialización de grupos segregados y se reincorpora a actores tradicionales con legitimidad y a actores que se han quedado relegados en la gestión territorial y que actualmente son necesarios para afrontar las dinámicas de la modernización y globalización (Tíu y García, 2002). Por ello, se deben de plantear otras estrategias de desarrollo rural, una de ellas es la gestión de cuencas y microcuencas hidrográficas pues aborda el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales con la finalidad de conservarlos y protegerlos por medio de la participación social. 104
Participación social para el desarrollo rural
Finalmente, se coincide que el desarrollo rural será sustentable si y solo sí, existe una construcción social con participación de los distintos actores, con una dinámica y complejidad marcada para confluir en necesidades y fines comunes para alcanzar un bienestar social, económico y ambiental a través de la consolidación del poder ciudadano en las comunidades locales.
105
Gestión de riesgo y el desarrollo rural
G
uatemala siempre ha sido susceptible a sufrir daños y ha presentado dificultad para recuperarse ante los impactos negativos producidos por fenómenos naturales. Esta vulnerabilidad socioambiental está referida por la presencia de amenazas que han causado daño por la ocurrencia de fenómenos naturales tales como huracanes, inundaciones, deslizamientos, terremotos, etc. Daños que se hacen cada vez más evidentes a causa de las condiciones socioeconómicas en las que vive la mayoría de la población guatemalteca. Es importante hacer mención que los fenómenos naturales son parte de los ciclos geológicos y meteorológicos, pero las actividades antrópicas sobre los ecosistemas naturales han provocado desordenes de orden global que han incrementado l������ a vulnerabilidad a desastres. La vulnerabilidad resulta de la interacción de varios factores entre los cuales sobresalen la falta de planificación con enfoque de cuencas hidrográficas, ausencia de políticas ambientales, debilidad institucional, sobreuso de la tierra, incremento de la población pobre y el uso indiscriminado de los recursos naturales (Buch y Turcios, 2003). En Guatemala la prevención y mitigación a daños por efecto de fenómenos naturales se aborda con limitaciones en cuanto a recursos económicos y humanos. Por lo 107
Gestión de riesgo y desarrollo rural
regular se afronta los impactos únicamente con labores de reacción al daño que a menudo ya está hecho. La mayor parte de las regiones del país y en especial los departamentos cuentan con una estructura, aunque incipiente, ya establecida para afrontar los posibles impactos causados por eventos naturales. Se cuenta con la figura de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres -CONRED-, cuya función es realizar un trabajo de asesoría al Centro de Operaciones de Emergencia -COE- que agrupa a instituciones como la Procuraduría de los Derechos Humanos -PDH-, Ejército Nacional, Alcaldes municipales, Organizaciones no Gubernamentales, Bomberos Municipales, entre otros y los preside el Gobernador Departamental para dar respuesta a catástrofes. Es con esta estructura organizativa que autoridades, instituciones y población, que se preparan para responder a los impactos producidos por fenómenos naturales, sin embargo, aún no se consolida una verdadera gestión de riesgo en la sociedad guatemalteca (Bonilla, 2009b). La gestión de riesgo tiene como objetivo que las sociedades se anticipen, preparen y respondan a los impactos negativos que fenómenos físicos y naturales causan sobre una población vulnerable a catástrofes. Este debe ser un proceso que involucre a toda una sociedad para que a través de políticas, instrumentos y estrategias se prevenga, mitigue y controle los potenciales daños sobre la infraestructura, la economía, el ambiente y las vidas humanas (Lavell, 1996). Para Carrillo (2009), el riesgo es una función que depende de las amenazas y la vulnerabilidad ambiental que una 108
Gestión de riesgo y desarrollo rural
sociedad afronta. Al intervenir una de estas variables o las dos se contrarresta el riesgo. Una amenaza es la posibilidad en que un fenómeno natural ocurra y causa daño a la sociedad, en tanto que la vulnerabilidad es la serie de características que predisponen a una población a sufrir daños frente a los impactos por eventos naturales (Lavell, 1996). Por lo regular esas características están en función de la fragilidad y debilidad de la infraestructura, manejo información y capacidad de reacción. Los fenómenos naturales se consideran como amenazas potenciales en todo momento debido a que pueden desequilibrar un sistema social generando desastres como consecuencia de inundaciones, tormentas tropicales, deslaves y sismos, especialmente cuando afecta a una población, aunque en muchos casos los mismos sistemas sociales inciden en los daños causados por las fuerzas naturales por contribuir a la contaminación, deforestación y manejo inadecuado del sistema ambiental (Fernández, 1996). Por el momento, la prevención y mitigación a desastres producto de fenómenos naturales se realiza casi en toda Guatemala mediante los Centros de Operaciones de Emergencias que están coordinados por las gobernaciones de cada departamento y lo asesora la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres -CONRED-. Los esfuerzos se enfocan a capacitar a la población realizando simulacros sobre temas como sismos, deslizamientos y fuertes vientos. No obstante, es muy poco el recurso con que se cuenta para tal fin y en los últimos años se ha tenido a nivel nacional cuantiosas pérdidas económicas y sobre todo gran cantidad de vidas humanas. 109
Gestión de riesgo y desarrollo rural
Definitivamente, la gestión de riesgo necesita consolidarse y debe de abordarse de forma integral (Cardona, 2001), bajo un enfoque multidisciplinario, interdisciplinario y transdisciplinario. Pero, lo más importante es que se reconozca lo necesario que es la naturaleza para el desarrollo del país. Ya no debe verse a los recursos naturales como mercancía para seguir incrementando la economía de los más ricos, sino como sustento para obtener beneficios ambientales, para mejorar el nivel de vida de los guatemaltecos traducidos en calidad de agua, biodiversidad, recursos energéticos renovables, barreras vivas contra fenómenos naturales como huracanes y tormentas tropicales. Si se sigue negando el valor fundamental de la naturaleza como base del bienestar social, se continuará bajo el círculo vicioso de degradación ambiental, pobreza y desastres producto de fenómenos naturales. La gestión de riesgo desplaza al concepto de “prevención y mitigación de desastres naturales”, pues los fenómenos naturales siempre han sido parte de la existencia del planeta. En este sentido, los conocimientos en esta temática han ido evolucionando de tal manera que se han ido integrando otras ciencias como las sociales y las naturales, lo que ha permitido generar un enfoque holístico. La participación comunitaria en la gestión de riesgo es preponderante para desarrollar un proceso continuo y progresivo bajo la cultura de la autogestión que garantice la eficacia y produzca un mayor impacto social (Sánchez del Valle, 2000). Esta participación comunitaria “toma relevancia en el momento que se logra una efectiva participación de los actores para evitar nuevas amenazas y eliminar o, al menos, reducir las existentes. Por otro lado, 110
Gestión de riesgo y desarrollo rural
cuando la población realiza acciones que aumentan la magnitud de las amenazas existentes, esto resulta en crear nuevas amenazas y por consiguiente un aumento en el riesgo hacia desastres” (Buch y Turcios, 2003:13).
111
Proyectos productivos y ambientales comunitarios
S
egún la CIEN10, en un estudio realizado en 2010, Guatemala se ubicó en el 2do lugar a nivel mundial en porcentaje de emprendedores, es decir gente que inicia negocios entre 17 a 34 años de edad. Se aduce que es producto de pocas oportunidades y falta de empleo y que la economía informal ha proliferado enormemente en el país, y se sugiere que debe buscarse otro término, tal vez: economía emprendedora, emergente, no asalariada, que ayuda a las personas a subsistir y mantener a sus familias. Proyectos para generar ingresos que no son directamente agrícolas, se deben impulsar como alternativas para un desarrollo rural integral (Schejtman y Reardon, 2010). Proyectos con objetivos específicos como el incremento y diversificación de cultivos no tradicionales,11 la agroforestería, la reducción de pérdidas postcosecha, procesamiento de subproductos de la leche, procesamiento de frutas para conserva entre otros, son posibilidades que los agricultores deben de manejar, por lo que necesitan asoCentro de Investigaciones Económicas Nacionales de Guatemala. Se define como cultivos no tradicionales las hortalizas, legumbres, flores y algunos frutales, es decir los diferentes al café, banano, caña de azúcar y cardamomo que han sido por excelencia los cultivos de exportación tradicionales en Guatemala. 10 11
113
Proyectos productivos y ambientales comunitarios
ciarse en cooperativas para buscar mejores oportunidades de comercializar sus productos y prestar servicios. Para que el desarrollo rural mantenga connotaciones de sustentabilidad se precisa de no enfocarse únicamente en lo económico, sino también que se valorice al sistema ambiental como sustento de la vida humana. No obstante, los proyectos y programas que den soporte económico son necesarios porque con los ingresos monetarios se obtienen satisfactores de necesidades básicas. Existen ejemplos de alternativas para la obtención de ingresos como los programas que se impulsan por parte del Estado donde se hacen aportes monetarios y en especie para que se mantenga el volumen y el caudal del agua (Guerra y Reyes, 2008). La protección del bosque en la parte alta de la cuenca es muy importante para la recarga hídrica. Esta experiencia es considerada como un caso de pago por servicios ambientales -PSA- según el Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación MAGA y el Programa de naciones Unidas para el Desarrollo -PNUDen Guatemala. Es en este tipo de casos que se muestra que hay proyectos donde existe cooperación entre distintos actores para gestionar los recursos naturales y se hacen aportes de tipo monetario a sociedades del sector rural. También se cuenta con el programa de incentivos forestales -PINFOR- dirigido a áreas de más de dos hectáreas con vocación forestal y con certeza jurídica sobre la propiedad. Se tiene el Programa Piloto de Apoyos Forestales Directos -PPAFD- que también es un programa de incentivos de protección forestal, pero está diseñado para áreas ambientalmente estratégicas y que tiene la finalidad 114
Proyectos productivos y ambientales comunitarios
de compensar económicamente los servicios ambientales que brindan los bosques, en posesión de los sectores que no tienen accesos al -PINFOR- por falta de certeza jurídica sobre la tenencia de la tierra. El incentivo económico se da de forma anual según las hectáreas y se fija un plazo de cinco años, se asigna a los propietarios o poseedores de tierras con bosques (condueños en caso de áreas comunales), siempre y cuando se verifique el estado del bosque y se tomen las medidas necesarias para su protección, como la asignación de guarda bosques y jornadas de reforestación por parte de los comunitarios o propietarios. Algunos autores insisten en que la competitividad en la nueva ruralidad y el enfoque territorial (Echeverri, 2002; Sepúlveda et al., 2003), son las únicas estrategias de desarrollo rural. Sin embargo, en Guatemala las estructuras sociales y económicas no son las idóneas para ser competitivos porque a la población rural se le ha dejado desprotegida a partir de la desarticulación del aparato estatal en donde los agricultores se han quedado sin asistencia técnica, transferencia de tecnología y el acceso a créditos, lo cual deja muy complicado el panorama para la competitividad en el sector rural que tanto se pregona. Con estos factores mencionados y con la mayor parte de la tierra en posesión de los terratenientes, se hace casi imposible ser “competitivo” al menos en lo agrícola. De ahí es que con proyectos productivos y ambientales, con una adecuada gestión ambiental, el desarrollo rural adquiere un nuevo impulso para mejorar la situación de la población más vulnerable del país para que al menos se llegue a alcanzar una vida digna. Es cierto que se ha tratado de desarrollar la agricultura como estrategia para desarrollar al sector rural en Gua115
Proyectos productivos y ambientales comunitarios
temala (Giordano et al., 2007). De hecho, el 54 % de la población depende de la agricultura, por lo que esta actividad genera una gran cantidad de empleos y representa el 22,3 % del Producto Interno Bruto -PIB- del país. Empero, con las actividades agropecuarias del área rural, combinadas con otras posibilidades como la prestación de servicios, el agroturismo y el ecoturismo se tendría otras alternativas de generación de ingresos (Rivas, 2002). Para ello, es necesario preparar a las personas a nivel local para dar una buena atención a los potenciales clientes. Las áreas rurales pueden generar servicios ambientales de beneficio para toda la población urbana tales como, protección de fuentes de agua potable, manejo de bosques, preservación de la biodiversidad, paisajes atractivos y agroecología entre otros, lo que muestra el potencial que no únicamente se circunscribe a la agricultura, siempre y cuando se asegure en primer lugar la alimentación de la población. En caso de tierras comunitarias, la organización es sumamente importante para maximizar los recursos económicos asignados, lo cual se dedica para beneficio comunitario y se ahorra en pagos de guardabosques, monitoreos y reforestación. En casos donde la protección del bosque es de interés de un grupo de usuarios para fuentes de agua, se pueden gestar proyectos para tomar las medidas necesarias que compensen monetariamente a las comunidades que protegen el bosque (Guerra y Reyes, 2008). Las municipalidades deben hacer aportes y en algunos casos fincas aguas abajo que aprovechan el agua del río pueden aportar en espe116
Proyectos productivos y ambientales comunitarios
cies como maíz, frijol y herramientas para la gente de la parte alta de la cuenca a manera de incentivos para las labores de protección. Hay que tomar en cuenta que muchas comunidades dependen de la asesoría y las capacitaciones para realizar este tipo de proyectos, lo que implica que con los aportes económicos que se obtengan se debe de reinvertir parte, en procesos de organización comunitaria, reforestación y recuperación de áreas degradadas para mantener la sostenibilidad12 del proyecto. Otra alternativa es el turismo rural o agroturismo, el cual es posible al promocionar la producción de artesanías, la horticultura y la cultura rural en general, orientada a conocerse por la población nacional y eventualmente a extranjeros de paso en el país. El turismo rural está respaldado por las principales actividades económicas del país con el comercio y la agricultura como alternativas que están siendo impulsadas por el Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT- para generar ingresos, lo que da vida al agroturismo. El turismo rural es una actividad que se desarrolla para entender al mundo rural, conviviendo y participando de la cultura de sus habitantes como una alternativa para pasar un tiempo campestre por parte de una sociedad moderna cansada del estrés y la vida ajetreada de las ciudades. Entre sus variantes están el senderismo, las rutas a bicicleta y a caballo o simplemente las caminatas. El agroturismo puede proporcionar muy bien un alojamiento en la comuEn este caso se toma el término sostenibilidad como el proceso de mantener económicamente a través del tiempo un proyecto. 12
117
Proyectos productivos y ambientales comunitarios
nidad para realizar actividades agropecuarias y forestales. En síntesis el agroturismo permite disfrutar una estancia con suma tranquilidad, sin aglomeraciones y recibiendo un trato familiar y se está en contacto con la naturaleza y la ruralidad. Existen áreas rurales con historia y cultura que crean gran atractivo turístico, a pesar que son zonas olvidadas y vulnerables que concentran pobreza. Aunque la agricultura sea de subsistencia, se pueden generar oportunidades para realizar actividades como excursiones rurales, rutas turísticas, etnoturismo, campamentos ecológicos y encuentros campestres (Olaya, 2004). Lógicamente se necesita de un trabajo previo de reconocer y evaluar la riqueza natural, cultural e histórica del territorio rural para planificar y gestionar adecuadamente las actividades para obtener beneficios socioeconómicos y ayudar así, a mantener y proteger los recursos naturales además de la cultura local. La comunidad tiene que ser conocedora de su territorio por su valor espacial, contextual y natural para generar condiciones de convivencia entre los humanos y la naturaleza respetando la cultura y el ambiente. Por ello, el territorio rural es el elemento idóneo para el desarrollo turístico tomando en cuenta la idiosincrasia social, las costumbres y tradiciones. Aunque aún se sigue cuestionando si el turismo es una herramienta de desarrollo, lo cierto del caso es que el turismo rural se vislumbra como una actividad para generar ingresos (Korstanje, 2009b), y a pesar que las áreas rurales son vulnerables a fenómenos naturales y conflictos sociales, se debe impulsar el turismo en regiones donde 118
Proyectos productivos y ambientales comunitarios
predomina la agricultura y actividades dependientes de los recursos naturales. El turismo es recomendado como forma alternativa de generar ingresos a través de una participación social y hay casos en donde es la única manera de revalorizar y rescatar la cultura de localidades y sitios olvidados. Para Melara (2009:2), “el turismo puede contribuir no solo a mejorar los indicadores del crecimiento, sino también, indicadores de desarrollo, pero tienen que darse ciertas condiciones”. Un turismo puede demandar diversión, disfrute y descanso con lo cual se requiere de la oferta de estancias, restaurantes y alojamiento. En tal sentido, el ecoturismo se torna como una estrategia para desarrollar a comunidades a través de la generación de ingresos necesarios para satisfacer necesidades básicas y para invertir parte en la conservación del patrimonio cultural y natural. Es una oportunidad económica clave para sus procesos de desarrollo local. Un turista requiere de una oferta básica y obtener alojamiento, alimentación, transporte, recreación y guías. Estas condiciones deben ser ofertadas por las comunidades, lo cual necesita de una asesoría y capacitación por parte de instituciones gubernamentales como el Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT- y las ONG que impulsan procesos de desarrollo comunitario, lo cual aseguraría el éxito de un proyecto ecoturístico rural. Con una planificación integral para el desarrollo turístico rural se generarían las condiciones necesarias para tener éxito en una actividad que promete aportar ingresos a la población rural, siempre y cuando las oportunidades sean 119
Proyectos productivos y ambientales comunitarios
aprovechadas directamente por la población y no por los empresarios, que por tener el capital económico, únicamente sacan ventaja de una industria que bien aprovechada por la población rural, aportaría en el desarrollo del sector. Esta es una estrategia más de supervivencia de las comunidades y son variadas las actividades económicas que en el sector rural se pueden tomar como medidas de generación de ingresos (Zezza et al., 2007). En Guatemala muchas zonas rurales están situadas en las laderas y mantienen ciertas características que crean potencialidades diversas y rentables, a pesar que presentan una marginalidad por la poca inversión económica que se les ha hecho. Las poblaciones que habitan en estas zonas, presentan bajos ingresos y limitadas opciones de empleo más que el trabajo por jornales13 en fincas cercanas donde existe una mayor actividad agropecuaria. La infraestructura es deficiente en cuanto a agua potable, energía eléctrica y cobertura de salud y educación, los caminos son de terracería, los rendimientos agrícolas son bajos y no hay riego. Hay una alta tasa de natalidad donde la familia promedio procrea diez hijos con altos índices de morbilidad y mortalidad. Los niveles de desnutrición crónica y aguda en la niñez son muy elevados y hay una constante deserción escolar. En estas áreas la población es más vulnerable contra fenómenos naturales como vientos fuertes, deslaves e incendios forestales. Los suelos son muy susceptibles a la erosión sino se realizan las prácticas agrícolas apropiadas. Ante este panorama, se puede pensar que no existe ningún atractivo hacia visitantes, sin embargo, valorando Un jornal representa una jornada de trabajo en la agricultura de ocho horas cuya remuneración promedio es de Q 30,00 ($ 3,75). 13
120
Proyectos productivos y ambientales comunitarios
apropiadamente los servicios ambientales y la riqueza biológica se podrían obtener recursos necesarios para manejar adecuadamente las áreas con recurso forestal, hídrico y cultural. Para ello se necesita de la promoción de políticas y acciones que motiven a la población rural a alternar sus actividades agropecuarias y apostar a sistemas integrados de manejo, aprovechamiento y protección de los recursos naturales. De hecho, gran parte del territorio nacional es montañoso, con un relieve muy quebrado que presenta lugares escarpados y con muchas laderas de gran potencial forestal (PASOLAC, 2005). Para ello, se deben impulsar proyectos para aprovechar las regiones montañosas a través de implementar acciones agrícolas, turísticas y forestales pues según la FAO (2004), las montañas cubren el 22% de la superficie terrestre y el 12% de la población mundial (720 millones de personas), viven en las regiones de montaña, de las cuales 271 millones son vulnerables a la inseguridad alimentaria y, de esos, cerca de 135 millones padecen hambre de manera crónica. Debido a que el sector rural posee gran variedad de bienes y servicios ambientales que garantizan el bienestar de una sociedad como agua, biodiversidad, paisaje, prevención de riesgos y cultura, es necesario potenciar estos factores para apreciarlos, valorarlos y obtener alguna relación económica y ambiental para apoyar a las comunidades que conviven en estas áreas. Integrando lo económico, lo ambiental, lo energético y lo productivo, las zonas rurales con topografía escarpada son de un enorme potencial para generar alternativas de ingresos y así mejorar las condiciones de vida de su población. Por ejemplo, el principal producto de exportación 121
Proyectos productivos y ambientales comunitarios
en Guatemala sigue siendo el café que se cultiva en su mayor parte en laderas de montañas con ecosistemas variados y debido a que este cultivo necesita de árboles que en su mayoría pertenecen a la familia de las Leguminoceae,14 se puede potenciar el cultivo de café orgánico y así promocionar para que visitantes conozcan y admiren este tipo de sistemas agrícolas propiciando de tal manera un tipo de agroturismo. Estas mismas zonas escarpadas con cobertura forestal o con cultivo de café, son fuente de servicios ambientales como la regulación del ciclo hidrológico, producción de agua y belleza escénica. El pago por servicios ambientales -PSA- ya sea por captura de carbono o por fuentes de agua, está tomando importancia en Centro América y representa una visión integral y sustentable del desarrollo rural a corto plazo.15 Otro potencial de estas áreas rurales es la producción de energías renovables como la hidroelectricidad. Además, no hay que olvidar que las laderas rurales pueden generar ingresos a través de los productos forestales no maderables. Desde décadas pasadas, el fenómeno de deforestación en Guatemala ha sido muy fuerte y se han puesto en riesgo los ecosistemas y la cobertura forestal debido a que los campesinos del sector rural buscan áreas de cultivo, lo cual ha devastado el área boscosa, dedicando esas tierras para la ganadería y la agricultura.
Las especies de esta familia mejoran los suelos porque fijan nitrógeno a través de la simbiosis con las bacterias del género Rhizobium. 15 Información obtenida en el curso de PSA desarrollado del 23 al 26 de Noviembre de 2010 en el Centro Universitario de Sur Oriente CUNSURORI en Jalapa, Guatemala, el cual fue impartido por la Dra. Margaret Skutch de la Universidad Nacional Autónoma de México, Campus Morelia. 14
122
Proyectos productivos y ambientales comunitarios
Es debido a este cambio de uso de la tierra que se ha disminuido drásticamente el recurso forestal del país (Bilsborrow, 1992). No obstante, están surgiendo oportunidades para lograr algún tipo de remuneración a través de mercados internacionales de Pago por Servicios Ambientales -PSA-, pues gobiernos de los países industrializados que contaminan enormemente el ambiente al emitir las mayores cantidades de gases efecto invernadero (Grainger y Kolstad, 2010), tienden a dar un tipo de compensación económica por la contaminación global, como parte de esa deuda ecológica que existe entre el norte y el sur (Martínez, 2006).
123
Cooperativismo para el desarrollo rural De acuerdo con Gertler (2001), el desarrollo sustentable busca alcanzar objetivos sociales, económicos, políticos y ambientales. Este debe ser un desarrollo que mejore la calidad de vida de una sociedad sin poner en riesgo el futuro de las demás generaciones en donde la participación democrática es primordial en el control de recursos y exige una visión holística. Es por ello que el desarrollo sustentable necesita que las actividades humanas sean armoniosas con los procesos naturales para evitar la degradación del sistema ambiental. Por eso las comunidades humanas son parte y elementos esenciales de todo ecosistema natural y se requiere que en el proceso de desarrollo, las sociedades sufran ajustes organizacionales e institucionales que apoyen a mantener la integridad de la naturaleza. Por sí mismos, los individuos no son capaces de manejar y proteger los recursos naturales ni de mejorar su economía, por lo que necesitan de una organización en comunidad para tener un incentivo de conservar y proteger el ambiente y obtener beneficios económicos para satisfacer sus necesidades. Una estrategia para impulsar la economía comunitaria y para conservar y proteger los recursos naturales es el cooperativismo. En el sistema organizacional de Guatemala, el cooperativismo se ha consolidado como un modelo para contribuir 125
Cooperativismo para el desarrollo rural
al desarrollo social y productivo del país. Una cooperativa está definida como una asociación de 20 o más personas, que busca mediante el trabajo colectivo, el progreso personal y comunitario. Las cooperativas, (…) son organizaciones comunitarias consolidadas que involucran a la población en actividades de producción, servicios y consumo bajo métodos de corresponsabilidad y solidaridad mutua. Estos métodos tienen su origen en las asociaciones mutualistas y de socorro surgidas a principios del siglo pasado, pero su fundación data de 1950 cuando varios sacerdotes extranjeros constituyeron cooperativas de ahorro y crédito. El boom cooperativo comienza en los años setenta propiciado por la actividad económica que generó la integración centroamericana. Durante los años ochenta el movimiento cooperativo también fue afectado por la violencia política y por la manipulación que de estas agrupaciones hicieron los partidos políticos (Palencia y Holiday, 1996:24). La cooperativa como asociación o empresa al servicio de sus asociados se rige por la Ley General de Cooperativas o Decreto 82-78. Se contempla entre los principios de las cooperativas, no perseguir fines de lucro, sino de servicios a sus asociados; distribuir los excedentes y las pérdidas en proporción a la participación de sus asociados; y fomentar la educación e integración cooperativa y el establecimiento de servicios sociales. Hay cooperativas de primer grado (asociados comunitarios) de segundo grado (federaciones) y de tercer grado (confederaciones). La mayor parte de las cooperativas existentes en Guatemala se dedican a ac126
Cooperativismo para el desarrollo rural
tividades de producción agrícola, sin embargo, el mayor número de asociados se encuentra organizado en las cooperativas de ahorro y crédito y de consumo. El cooperativismo entra en acción como forma de organización social para promover el desarrollo sustentable (Gertler, 2001), sobre todo en escenarios donde se pueden crear cooperativas que tengan su base en el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales como la agricultura, la agroforestería, la pesca, la agroindustria, el ecoturismo, etc. Las cooperativas son estratégicas en un proceso de desarrollo rural, se mantienen en sectores con bajas tasas de rentabilidad de capital y son creadas para que los pequeños productores encuentren protección contra los impactos del mercado. Las cooperativas tienen un potencial para impulsar cambios culturales y organizacionales en un proceso de desarrollo de forma sustentable y pueden presentar ventajas comerciales. Las cooperativas son vías adecuadas de organización para el desarrollo sustentable porque normalmente integran objetivos económicos, sociales y ambientales. Si se descuida una de estas dimensiones que están relacionadas y guardan una estrecha interdependencia no se puede hablar de un desarrollo de forma sustentable. Además las cooperativas a través de la acción colectiva toman en cuenta aspectos cruciales que construyen y refuerzan a una comunidad. Las cooperativas son clave en un proceso de desarrollo porque mantienen vínculos con la comunidad y tienden a 127
Cooperativismo para el desarrollo rural
tener menor necesidad de alcanzar fines lucrativos, y planifican para a largo plazo. En una cooperativa se reduce la desigualdad y se promueve la participación para compartir costos y beneficios. Se incentiva el empoderamiento de los grupos más aislados para compartir responsabilidades. Un ejemplo de cooperativas exitosas en los últimos años son las que se han creado para manejar recursos forestales y son de tipo comunitario, pues en los últimos años se han consolidado para preservar la naturaleza y obtener réditos monetarios (Sabogal, 2008). La búsqueda por obtener ingresos hace que las comunidades se organicen y así insertarse en el mercado porque hay un gran potencial en el país para aprovechar las potencialidades existentes (McMillan, 2006). Con las cooperativas se persigue aprovechar de manera planificada diferentes tipos de bosque por parte de comunidades indígenas, campesinas y pequeños agricultores. En Guatemala las empresas forestales comunitarias han generado cientos de empleos e ingresos en áreas donde existen pocas alternativas para el desarrollo económico local. La generación de ingresos con base en la extracción, procesamiento y comercialización de productos forestales son varias. No obstante, se necesita del fortalecimiento de las capacidades organizativas de las comunidades y una vía adecuada para tal fin es el cooperativismo. Algunos países de la región tienen como objetivo de Estado reducir la pobreza y vinculan paralelamente otras acciones para lograr tales fines. Por ejemplo, Honduras y República Dominicana buscan reducir la pobreza a través de un crecimiento económico. Perú por su parte, basa su 128
Cooperativismo para el desarrollo rural
estrategia en incrementar el empleo y las remuneraciones. En el caso de Guatemala debería priorizar elevar la productividad rural (Romero, 2010) y las cooperativas tendrían un campo de acción para lograr tal fin. Una potencialidad que presenta el sector rural guatemalteco es la agricultura tradicional y orgánica como producto del conocimiento acumulado de las prácticas de los pueblos indígenas y campesinos que han sido transmitidos de generación en generación. Se trata de prácticas con disposición y aptitud para el mantenimiento del ecosistema (Betancur, 2010). Al organizarse en cooperativas los campesinos, agricultores e indígenas de las comunidades, se podría trabajar de manera colectiva para que a través de una relación social y una reciprocidad entre individuos con vínculos éticos, busquen beneficios económicos, sociales y ambientales. El cooperativismo debe de estar basado en una economía solidaria en un marco humano, ético y ambiental dentro de relaciones sociales generadas por las diversas formas de trabajo y producción por la solidaridad. Esta expresión de economía solidaria es genérica y presenta diversas formas organizativas y lógicas operacionales que comparte una misma racionalidad sectorial. Se reconoce como economía solidaria la autogestión, la economía de comunidades, la economía de grupos étnicos tradicionales, la economía familiar, la economía campesina y por supuesto el cooperativismo.
129
130
Movimientos sociales y ambientales rurales
N
uevos movimientos sociales se articulan con distinta fuerza en Guatemala en busca de encontrar lineamientos políticos que superen los problemas de la exclusión del sector rural (Amtmann, 2000). Estos son producto de luchas por la necesidad de abrir espacios dentro de las políticas nacionales y las dinámicas económicas, sociales y ambientales. Entre los movimientos más comunes están los agrarios y étnicos. Se buscan oportunidades para tener mejores condiciones de vida con cobertura de los servicios básicos de educación y salud, lo que hace que grupos sociales generen luchas por derechos a mejores condiciones de vida. Para Martínez (2006:340), “los movimientos sociales nacidos de los conflictos ecológicos intentan equilibrar la balanza de poder, hoy tan inclinada hacia empresas multinacionales”, en alusión por Monsanto (hoy Syngenta), Gold Corp y las petroleras en varios países de Latinoamérica incluyendo Guatemala. Para Vargas-Hernández (2005:455), “los movimientos sociales son activos y constructivos, que parten de las sociedades civiles modernas en tanto que empujan hacia nuevos valores, identidades y paradigmas culturales”. Se caracterizan por mantener una estructura organizativa y se manifiestan como agentes colectivos que intervienen 131
Movimientos sociales y ambientales rurales
en procesos de transformación social. Muchas veces hay expresiones como manifestaciones y demostraciones públicas, toma de carreteras y marchas masivas. Los sujetos mantienen conocimientos, anhelos, deseos y motivaciones para luchar contra los problemas que aquejan al sector rural y para plantear demandas dirigidas al sector político. Los movimientos populares de la región se definen por elementos como la inclusión social y hoy en día han emergido otros movimientos como los ambientales que nutren la movilización de grupos indígenas y campesinos en busca de mejoras de la calidad de vida. Evers (1985), citado por (Vargas-Hernández, 2005), hace referencia a nuevos movimientos sociales de grupos de invasores, de Consejos de Desarrollo Comunitario, comunidades eclesiales apoyados por la iglesia, asociaciones de indígenas, organizaciones de mujeres, comités de derechos humanos, grupos de jóvenes, actividades artísticas y culturales populares, grupos de alfabetización, grupos ambientalistas, grupos de autoayuda entre desempleados y gente pobre, asociaciones de trabajadores organizados independientes e incluso en oposición a las estructuras tradicionales de los sindicatos. Sin embargo, los movimientos sociales que predominan en Guatemala son los étnicos, ambientales y sobre todo, la lucha por el acceso a la tierra, donde la ideología juega un papel importante y van dirigidos en su mayor parte contra el Estado. Los grupos marginados, a los que se les ha negado el acceso a la tierra son los que están generando mayores movimientos en el país. La gente pobre y marginada son los que participan principalmente en los movimientos demandando mejores oportunidades al Estado.
132
Movimientos sociales y ambientales rurales
El país enfrenta movimientos sociales que utilizan simbolismos culturales para expresar sus reclamos, muchas veces haciendo uso del nacionalismo como fuerza unificadora dentro de los grupos de personas impulsados por una ideología en contraposición de las élites y el Estado. Los movimientos sociales rurales son la única fuerza dinámica que aboga por un cambio sustancial en muchos países de la región. El caso de los zapatistas en México con demandas económicas, sociales y políticas fueron el punto de ignición para otros movimientos. En Guatemala, luego de la firma de los acuerdos de paz, se marcaron las directrices para los gobiernos municipales y locales. En El Salvador y Honduras también se han dado cambios impulsados por grupos de campesinos, indígenas y afrodescendientes como la Declaración de la Ceiba, producto del Seminario de las Naciones Unidas en 2003 (Bengoa, 2006). Los gobiernos locales en Sudamérica han desarrollado en los últimos veinte años, procesos de gestión para el desarrollo sustentable en municipios indígenas de Ecuador, Perú, Bolivia y Colombia. En Brasil y Paraguay los movimientos rurales son acuerpados por la Pastoral de la Tierra, el Movimiento sin Tierra y la Vía Campesina. La resistencia contra las mineras, las hidroeléctricas y las plantaciones de árboles (Martínez, 2006), han sido algunos de los movimientos rurales que se han dado durante la historia reciente y las demandas relacionadas al control del territorio. Para establecer algún megaproyecto en los territorios rurales es necesario contar con la consulta de la población. 133
Movimientos sociales y ambientales rurales
En pleno siglo XXI los movimientos sociales rurales guardan una estrecha relación entre los procesos de protección ambiental y el desarrollo territorial. Los principales actores que inciden en los movimientos sociales son las comunidades rurales, los campesinos, las instituciones religiosas, los partidos políticos y el Estado. Según Torres (2004), en algunas regiones de Latinoamérica las organizaciones campesinas, indígenas, grupos de mujeres y afrodescendientes se movilizan para desarrollar procesos de gestión sustentable de los recursos naturales y se caracterizan por estar inmersos en un marco de descentralización gubernamental para viabilizar la gestión pública local, un marco legal que reconozca el derecho principalmente de los pueblos indígenas y la acumulación de capital social para dar mayor poder de decisión y protagonismo público en las zonas rurales. Las comunidades luchan en contra de la degradación ambiental y se esfuerzan para manejar de mejor forma sus bosques, el suelo, los cultivos y el agua. Son este tipo de luchas las que buscan la sustentabilidad y construyen instituciones prácticas de gestión ambiental (Martínez y Roca, 2003). También, los movimientos sociales expresan protestas relacionadas con el acceso al recurso agua y el problema forestal en cuanto a la tala ilegal de árboles y la falta de fondos para los Programas de Incentivos Forestales -PINFOR- impulsados por el Instituto Nacional de Bosques -INAB-, además de protestas en contra de la transnacionalización de proyectos hidroeléctricos y mineros que han proliferado en la última década en Guatemala (Hurtado, 134
Movimientos sociales y ambientales rurales
2005), haciendo notar un descontento entre los acuerdos difusos por parte del gobierno y las empresas transnacionales. Dos décadas de reformas en el Estado han incitado a una revuelta debido a que la construcción social no ha sido nada fácil y los cambios a nivel mundial, regional, nacional y local han sido evidentes. Debido a esto es que es necesario establecer un marco legal que permita ayudar a que exista un tránsito de las protestas sociales a una verdadera acción colectiva ciudadana que permita dar un paso a obtener acuerdos mutuos entre el Estado y los actores sociales. Con ello se generaría un vínculo entre lo legal y las movilizaciones que garantizaría la transformación entre protestas y conflictos sociales que daría como resultante una solución a la problemática que genera las luchas sociales y ambientales. Las movilizaciones rurales reclaman igualdad de oportunidades y luchan por ser parte de la toma de decisiones y participación ciudadana para obtener una mayor soberanía popular como principio de un gobierno democrático. Las políticas del libre mercado hasta ahora impulsadas, solo han beneficiado a pequeños sectores y han dejado desprotegido al sector rural. Desde el impulso del neoliberalismo por el ex presidente Álvaro Arzú (1996-2000), su discurso profesaba en que el desarrollo llegaba finalmente al sector rural, pues “un campesino podría tener en una mano un azadón trabajando y con la otra mano estaría hablando por un teléfono celular”. Esta era la frase que mayormente se utilizó para reflejar que el modelo económico neoliberal era el 135
Movimientos sociales y ambientales rurales
que finalmente “generaría el desarrollo rural en el país”, sin saber que lo único que propiciaría era más miseria y pobreza por el impacto del “consumismo” pues, ahora un agricultor prefiere tener un celular y minutos para hablar por teléfono que tener maíz y frijol en su casa para alimentar a su familia. Se pretendió con las reformas estructurales del Estado y con el principio de la “competitividad” que se desarrollara el sector agrícola rural. Pero, los únicos cambios que se dieron durante ese período fueron la privatización de las principales empresas estatales y el desmantelamiento de las instituciones de gobierno que brindaban transferencia de tecnología y créditos a los agricultores. Debido a esas reformas estructurales se vino un tiempo de crisis para el sector rural por ese vacío para asistir a los agricultores y los procesos de extensión y transferencia de tecnología se quedaron ausentes. Se pensaba que el sector privado generaría tecnología y vendería servicios, sin imaginar que los agricultores nunca tendrían capacidad de pagar. Se dio origen a un desequilibrio productivo y poco se hizo para apoyar al sector agropecuario rural del país, lo que propició un debilitamiento institucional y una mayor exclusión social. Los movimientos sociales han sido una manera de expresar la acción colectiva que ejerce presión para adquirir el derecho de ser escuchadas sus demandas y se toman acciones como la toma de carreteras, ocupaciones de espacios de trabajo o edificios públicos, marchas y manifestaciones pasivas como huelgas de hambre y negativas de abandono a lugares muy concurridos. Dentro de los movi136
Movimientos sociales y ambientales rurales
mientos sociales también hay otros actores que no tienen tanta capacidad de expresarse como las etnias que no hablan el idioma oficial del país, a veces las mismas mujeres por el machismo imperante en la sociedad guatemalteca. Hoy en día es necesario que producto de los movimientos sociales, la sociedad civil ejerza más presión sobre los tomadores de decisiones del sector político. El desarrollo rural no depende únicamente del incremento de la actividad agropecuaria o del abordaje de un enfoque más territorial (Bengoa, 2006), pues en ese mismo territorio existe una interacción social lo que implica que se construyen procesos localizados de desarrollo donde hay actores básicos que ejercen movimientos sociales no solo para reclamar por mejoras en la calidad de vida, sino para participar en formas de manejo de los recursos naturales del territorio. El proceso de desarrollo rural es más que el crecimiento económico, es la redistribución del poder y la participación organizada de las sociedades para direccionar su propio destino.
137
Desarrollo rural comunitario
E
l desarrollo rural comunitario puede tener un carácter de refugio y con un sentido casi utópico en tiempos de un marcado desgaste ideológico (Fernández, 1995). Sin embargo, con el modelo de desarrollo actual de apertura de mercados, se debe de buscar que desde lo local se geste el desarrollo rural sustentable, pues únicamente desde esta perspectiva es que se toma en cuenta lo étnico, lo ecológico y lo cultural. En tal sentido, se necesita retomar acciones que se quedaron casi en el olvido desde hace más de tres décadas cuando se impulsó el neoliberalismo en 1982 tras el Consenso de Washington. Entre las acciones más importantes a retomar están el cooperativismo, el extensionismo rural y el ordenamiento territorial. Todo esto es necesario para contribuir a un real proceso de desarrollo rural y es lo que en cierta forma dictaba el modelo del Estado Benefactor en Guatemala antes de la década de 1990. Es hoy en día pues, que el desarrollo rural comunitario emerge como un nuevo fenómeno social. Al igual que en regiones como el Cono Sur de América y en gran parte de Europa, el sector rural ha sufrido transformaciones significativas en los últimos años. Uno de los cambios que más se han marcado en las últimas décadas ha sido el fenómeno migratorio de las zonas rurales hacia las ciudades por los problemas serios que amenazan la 139
Desarrollo rural comunitario
supervivencia de sus pobladores (Cabello y Torres, 2000). Los principales factores que han empujado para que se de éste fenómeno son, la apertura de mercados que favorece a los grandes productores y terratenientes, y el debilitamiento estatal, que ha dejado de prestar extensión a los campesinos, dejándolos en un estado muy vulnerable ante múltiples amenazas. Sin embargo, hay importantes ejemplos en latitudes diferentes a las guatemaltecas y de la región centroamericana con iniciativas comunitarias para fomentar el desarrollo rural (Barke y Newton, 1995). Casos en donde se han implementado programas para el desarrollo rural como la Iniciativa Comunitaria LEADER16 (Enlaces entre Acciones para el Desarrollo de la Economía Rural) por sus siglas en francés y que buscan reactivar la economía rural e impulsar acciones para mejorar el nivel de vida de las poblaciones rurales. Un factor fundamental en este tipo de iniciativas para el desarrollo rural es que han sido impulsadas por la autogestión comunitaria, lo que implica la atribución de poder de decisión en el diseño de actividades destinadas a mejorar el nivel de vida y el manejo de recursos para lograr objetivos propuestos. Una organización comunitaria bien consolidada, garantiza la administración de los recursos, propiciando el desarrollo de la democracia y la responsabilidad social. Con proyectos de desarrollo rural de autogestión comunitaria se obtienen herramientas que ayudan a palear la pobreza rural y con proyectos rurales donde se Iniciativa lanzada en 1991 con el fin de estimular el desarrollo integral rural en zonas atrasadas de la entonces Comunidad Europea, lo que hoy en día es la Unión Europea. 16
140
Desarrollo rural comunitario
tiene participación comunitaria se mejora la eficiencia y la sostenibilidad (Dahl-Østergaard et al., 2003). El desarrollo rural como proceso de mejora de las condiciones de vida, necesita de la participación consciente y crítica de las comunidades, pues ellos son los que conocen sus problemas, sus necesidades, sus intereses, sus potencialidades y su territorio, y así plantear sus soluciones, tomando decisiones y actuaciones con la finalidad de transformar una situación no deseada en un escenario con mejores condiciones. Pero también, el desarrollo rural debe tener un carácter integral con el objetivo básico de la mejora del nivel de vida de la población, sin perder de vista el establecimiento de esquemas para estimular las actividades productivas (Terry, 2007), de manejo territorial (Sepúlveda, et al., 2003), y de gestión de los recursos naturales a través del poder local (Monterroso, 2003). Un análisis profundo hace pensar que, se necesita superar el enfoque tradicional del desarrollo donde el componente económico y productivo es el que marca la pauta, pues se ha dejado por un lado lo social, lo cultural y lo ambiental. En tal sentido, es necesario de las decisiones del poder local para determinar los esquemas de desarrollo y superación, incorporando a la población comunitaria como elemento potenciador para autogestionar las mejoras en su calidad de vida. Lo político, económico, social, cultural y ambiental no pueden estar desligados de un proceso integral de desarrollo rural, y la participación consciente y crítica de la comunidad es fundamental en la identificación de los problemas y en la toma de decisiones para su solución.
141
Desarrollo rural comunitario
La participación social representa un real poder local y únicamente teniendo una visión integral del desarrollo rural, se alcanzará un desarrollo humano comunitario tomando en cuenta la preservación de la cultura, la activación productiva, la mejora social y la sustentabilidad ambiental. Los proyectos que se ejecutan por parte del gobierno y las municipalidades para impulsar el desarrollo rural comunitario varían en una amplia gama. La construcción de la infraestructura básica como escuelas, centros de salud, introducción de agua potable, carreteras y puentes, deben tomar en cuenta la opinión de la población local por medio de los COCODES para que se lleven los beneficios a donde realmente se necesita. Con la participación comunitaria en iniciativas de desarrollo local se contribuiría a la planificación de proyectos y aumentaría la posibilidad de ser sostenibles y sustentables a la vez, más que sólo por la imposición de actividades por los agentes externos. Instituciones como el Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación -MAGA- y algunas ONG, deben de encargarse de apoyar la productividad rural, con asesorías y transferencia de tecnologías agrícolas. El Instituto Nacional de Bosques -INAB- y el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales -MARN- deben asistir a las comunidades y municipalidades en la gestión de recursos naturales y el manejo de cuencas. Es más probable que los mismos beneficiarios participen en la administración y monitoreo de los recursos limitados y en la responsabilidad de ejecutar programas y proyectos de beneficio propio. La planificación y la consulta 142
Desarrollo rural comunitario
comunitaria permiten la transparencia y el reforzamiento de la gestión local. La población rural al verse beneficiada dentro de la planificación de un proyecto se interesa y se motiva. Los proyectos de desarrollo rural impulsados por la propia comunidad podrían apuntar a incrementar y diversificar los cultivos agrícolas y desarrollar programas donde se requiere la participación social comunitaria. Muchas veces no se logra que la ejecución de los proyectos sean exitosos, pues se necesita del monitoreo y evaluación con participación comunitaria que demuestre avances con indicadores y resultados. Por eso, es preciso analizar situaciones particulares al momento de gestionar proyectos de desarrollo rural debido a que los resultados pueden variar por la misma estructura de la comunidad (Dahl-Østergaard et al., 2003). En algunas comunidades se obtiene resultados sustanciales y se logra mejorar el nivel de vida de la población rural, pero en otros casos,17 las desigualdades se marcan aún más. El éxito del desarrollo rural pasa también por poder establecer modelos de negocios que se constituyan como empresas rurales para insertar a la población en la dinámica económica globalizada, planteando alternativas como el ecoturismo o la utilización de los recursos en las zonas rurales que representen viabilidad de obtener ingresos (Ferrer y Frías, 2009). La organización social y la asociación de los miembros de la comunidad son la fuerza motora para impulsar modelos de negocios que implican la inclusión de la población rural comunitaria. El caso de la comunidad Santa María Xalapán en Jalapa es un claro ejemplo, pues los proyectos de desarrollo han beneficiado a algunas aldeas y han dejado sin oportunidad a otras. 17
143
Desarrollo rural comunitario
Preservar la biodiversidad y estimular la agricultura multifuncional, además de gestionar las actividades forestales, son otras actividades que han tenido resultados positivos sobre el desarrollo rural comunitario (Millán, 2007). La participación agrícola y forestal en los mercados y el aprovechamiento de los recursos del entorno rural diversifica la economía del sector. Una de las alternativas emergentes que más se impulsa en la región centroamericana en el proceso de desarrollo comunitario es el turismo rural (Solano, 2007), no obstante, la visión debe ser más integradora con una base de seguridad alimentaria y la gestión de riesgo, debido a la posición geográfica del país que está amenazado por huracanes, incendios forestales, sequías y terremotos. El ecoturismo es únicamente una alternativa pero un turismo rural bien encausado permitirá integrar a la naturaleza con la vida cotidiana y las actividades agropecuarias locales como un producto atractivo para el mercado turístico nacional e internacional. Existen personas de las ciudades que se interesan en conocer la vida rural y a través de una orientación a turistas se pueden crear rutas con senderos, caminatas, producción artesanal, fiestas patronales y las bellezas escénicas. Servicios prestados por los comunitarios en asociación, o como negocio familiar, tendrá un impacto en el desarrollo rural.
144
Referencias bibliográficas Aldana, C. (2009). “La educación sola, por si misma, no es fuente de desarrollo”. Argentina: ARGENPRESSE. info, prensa argentina para todo el mundo (entrevista del martes 10 de febrero de 2009). Arce, R. (2002). “Forestería comunitaria, un reto de democratización en el manejo comunitario de recursos”. Revista Semestral de la Escuela de Ciencias Ambientales, Costa Rica: Universidad Nacional de Costa Rica. Arévalo, C. y E. Lagos. (2010). “Directrices de gestión ambiental local para el manejo de conflictos socioambientales presentes en la comuna diez en los Barrios Portal de Aranda Uno y Dos de la ciudad San Juan de Pasto, Departamento de Nariño”. Monografía, Pereira (Colombia): Universidad Tecnológica de Pereira. Arroyo, A. (2007). “La participación social en el marco de un modelo integral de desarrollo local, en la rivera del río Grande de Tarija, Salta, Argentina”. Tesis, Madrid (España): Master Internacional en Desarrollo Rural/Kicak /5ª Edición 2006-2007. ASÍES (Asociación de Investigación y Estudios Sociales) (2010). “Estudio costo beneficio de la mina Marlin en San Marcos, Guatemala”. Guatemala: ASÍES. 145
Referencias bibliográficas
Asturias, L. et al., (2006). Bosque, tierra y gestión comunitaria en el oriente de Guatemala. Guatemala: Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Atchoraena, D. y L. Gasperini (2004). Education for rural development: towards new policy responses. UNESCOIIPE-FAO. Axt, H. (2006). “Conflict, a literature review”. Duiburg and Essen (Germany): Institute for Political Science, University of Duisburg-Essen. Barke, M. y M. Newton (1995). “La iniciativa comunitaria LEADER y el desarrollo rural en España: Estudio comparativo de la Alpujarra (Almería/Granada) y La Loma (Jaén)”, ESTUDIOS REGIONALES No. 41, 19959, pp. 39-63. Barkin, D. (1998). Riqueza, Pobreza y Desarrollo Sustentable. México Ed. Jus. Beltrán, L. (2005). La comunicación para el desarrollo en Latinoamérica: Un recuento de medio siglo. III CONGRESO PANAMERICANO DE LA COMUNICACIÓN. Buenos Aires (Argentina): Panel 3: Problemática de la Comunicación para el desarrollo en el contexto de la Sociedad de la Información, julio 12-16. Berducido, G. (2006). “Técnicas de promoción, organización comunitaria y de construcción para el saneamiento del medio rural”. Ciudad de Guatemala (Guatemala): USAC, Facultad de Ingeniería.
146
Referencias bibliográficas
Betancur, L. (2010). Comercialización comunitaria; primeros pasos hacia la economía solidaria. Tegucigalpa ������������������� (Honduras): Red COMAL. Bilsborrow, R. (1992). “Rural poverty, migration, and the environment in developing countries”. World Bank, Office of the Vice President Development Economics. WPS 1017. Boege, E. (2003). Protegiendo lo nuestro. 2ª edición, (México): PNUMA-FDPIALC, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Bonilla, G. (2009). Análisis de Institucionalidad Comunitaria como herramienta para la Gestión Ambiental en la Comunidad Ladinos Pardos, Jalapa, Guatemala. Guatemala: Tesis de Maestría. Facultad de Agronomía, USAC. Bonilla, G. (2009b). “La gestión de riesgo en el departamento de Jalapa, Guatemala” In: Gestión de riesgo ambiental ante múltiples amenazas, Vanegas, E. (Editor) USAC-FAUSAC, pp. 50-52. Bordehore, C. “Problemas ambientales, problemas humanos” In: Sociología Ambienta, Grupo Editorial universitario, Antonio Aledo Tur y José Andés Domínguez Gómez (Editores), pp. 321-355. Bourdieu, P. (1983). “Forms of capital” In: Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education, John G. Richardson (comp) Nueva York (U.S.A): Greenwood Press, pp. 241-258.
147
Referencias bibliográficas
Buch, M. y M. Turcios. (2003). Vulnerabilidad ambiental: Aplicaciones para Guatemala. Guatemala, Instituto de Agricultura, Recursos Naturales y Ambiente. IARNA-URL. Cabello, M. y M. Torres (2000). “La iniciativa comunitaria LEADER como instrumentos de desarrollo rural en España”. Departamento de Economía General, Facultad de CC.EE. y EE. Universidad San Pablo CEU. C/ Julián romea, No. 23. Cadena, F. (1982). “Conocimiento de la realidad, educación, organización popular y otros procesos sociales desde la perspectiva de la instrumentación en la investigación participativa”. Segundo Seminario Latinoamericano de Investigación Participativa del 9 al 13 de mayo de 1982, Michoacán (México): Biblioteca Digital CREFAL. Calderón, R. (2010). “La participación social y el desarrollo sustentable”. México, D.F. (México): Departamento de producción agrícola y animal. Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco. Carrera, F. (2004). “Monitoreo y evaluación del desempeño de unidades de manejo de bosque natural en la Reserva de la Biósfera Maya, Guatemala”. Revista Recursos naturales y ambiente, Costa Rica: Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanaza, No. 42, pp. 43-50. Cartagena, R. et al., (2005). “Participación social y toma de decisiones en los consejos municipales de desarrollo 148
Referencias bibliográficas
rural sustentable de Los Altos de Chiapas”. México: VOLUMEN XIV, NÚMERO 2, II SEMESTRE DE 2005, pp. 341-402. Castañeda, L. y M. Turcios. (2002). Bases para el diseño del sistema de monitoreo ambiental para Guatemala: Identificación preliminar de indicadores ambientales. Ciudad de Guatemala (Guatemala): IARNA-URL. Castro, E. (2006). Determinación de los efectos de las disposiciones ambientales de CAFTA para la protección ambiental en Guatemala. Guatemala: ASÍES-CONCYT. CCA. (Comisión para la Cooperación Ambiental). (2005). Prácticas exitosas de sistemas de administración ambiental en la pequeña y mediana empresa; perspectiva de América del Norte. Montreal (Canadá): -CCA-. CEPIS, SDE, OPS. (2003). Estrategias de cooperación técnica en saneamiento ambiental básico. (Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente, Área de Desarrollo Sostenible y Salud Ambiental, Organización Panamericana de la Salud). Oficina Sanitaria Panamericana – Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud. Chapela, F. y Y. Lara. (1996). La planeación comunitaria del manejo del territorio. Oaxaca (México): Estudios Rurales y Asesoría. Coase, R. (1960). “The problem of social cost”. Journal of Law and Economics. 3: 81-134.
149
Referencias bibliográficas
Coleman, J. (1988). “Social capital in the creation of human capital”. American Journal of Sociology 94:95-120. Constanza, R. (1999). Una introducción a la economía ecológica. México, D.F. (México): CECSA. CONAP (Consejo Nacional de Áreas Protegidas) (2008). Guatemala y su biodiversidad: Un enfoque histórico, cultural, biológico y económico. Ciudad de Guatemala (Guatemala): Consejo Nacional de Áreas Protegidas/ Oficina Técnica de Biodiversidad. Cordero, D. (2010). Intercambio de experiencias entre actores forestales peruanos y la Alianza de Organizaciones Forestales Comunitarias de Guatemala, Guatemala: UICN – GFP. Corrales, L. (2003). “La lengua como capital simbólico dentro de los procesos educativos”. Bogotá (Colombia): Tabula-Rasa, Revista de Humanidades, Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. Cunningham, A. (2005). El rol de las organizaciones comunitarias en la lucha por el desarrollo sostenible en la Guatemala Rural: Un estudio de caso de ADIPSA. San Agustín Acasaguastlán (Guatemala): ADIPSA. Dahl-Østergaard, T. et al., (2003). “Desarrollo rural de autogestión comunitaria ¿Qué hemos aprendido?”. Washington, D.C. (U.S.A): Serie de informes técnicos del Departamento de Desarrollo Sostenible, Banco Interamericano de Desarrollo. 150
Referencias bibliográficas
Díaz, T. (2008). “Gestión Ambiental y Turismo”. La Paz (Bolivia): Instituto de Investigación y Consultoría Turística. Durston, J. (1999). Construyendo capital social comunitario; una experiencia de empoderamiento rural en Guatemala. Santiago (Chile): CEPAL. Echeverri, R. y M. Ribero (2002). Nueva Ruralidad Visión del Territorio en América Latina y el Caribe. San José (Costa Rica): IICA. Elías, S. (2009). Diagnóstico de la conservación y manejo de recursos naturales en tierras comunales. Guatemala (Guatemala): Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP). Evans, K. y M. Guariguata. (2008). Monitoreo participativo para el manejo forestal en el trópico: una revisión de herramientas, conceptos y lecciones aprendidas. Bogor (Indonesia): Centro para la Investigación Forestal Internacional, CIFOR. Fernández, M. (1996). “Ciudades en riesgo; degradación ambiental, riesgos urbanos y desastres”. LA RED, USAID. Fernández, X. (1995). “Elementos teóricos relativos al desarrollo comunitario local y a su práctica en la comunidad autónoma de Galicia”, papers 45, 1995 81-100.
151
Referencias bibliográficas
Ferrer, J. y L. Frías. (2003). “Modelos de negocio y desarrollo sustentable: Hacia una nueva concepción organizacional”. Panorama Administrativo, Celaya (México): Instituto Tecnológico de Celaya/Posgrado en Administración ITC, pp. 54-80. Fukuyama, F. (2000). “Social capital and civil society” (en línea). In IMF conference on second generation reforms (2, 1999, Georgia, US). US, IMF Working Paper WP/00/74. Consultado 15 oct 2009. Disponible http://www.imf.org/external/pubs/ft/seminar/ 1999/reforms/fukuyama.htm#top GEO. 2009. Informe ambiental del Estado de Guatemala. Ciudad de Guatemala (Guatemala): GEO Centroamérica y Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PNUMA. GEO. 2004. Perspectivas del medio ambiente. Guatemala (Guatemala): GEO Centroamérica y Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PNUMA. Gertler, M. (2001). Rural cooperatives and sustainable development. Saskatoon (Canada): Centre for the Study of Cooperatives, University of Saskatchewan. Giordano, P. et al., (2007). Desarrollo rural y comercio agropecuario en América Latina y el Caribe. Buenos Aires (Argentina): Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe BID-INTAL. Gómez, I. et al., (2010). “La gestión territorial participativa hacia la búsqueda de medios de vida rurales sosteni152
Referencias bibliográficas
bles: El caso de la mancomunidad la montañona”. San Salvador (El Salvador): Programa Salvadoreño de Investigación sobre Desarrollo y Medio Ambiente. Grainger, C. y C. Kolstad (2010). “Who pays a price on carbon?”. U.S.A: Environ Resource Econ (2010) 46:359–376. Guerra, A. y L. Reyes (2008). “Experiencia de participación y contribuciones de los usuarios de los recursos naturales en la subcuenca del río Ixtacapa, Guatemala. Lecciones y reflexiones”. Ciudad de Guatemala (Guatemala): Yu´am, Revista meso americana de la conservación, Año 1, número 2. Hardin, G. (1968). “The tragedy of the commons”. Science, 162:1243-1248. Hurtado, M. (2005). “Protestas sociales y recursos naturales en Guatemala”. Ciudad de Guatemala (Guatemala): diálogo, Nueva época, Año 4, No. 45. IARNA (Instituto de Agricultura, Recursos Naturales y Ambiente) (2009a). Perfil ambiental de Guatemala 2008-2009: las señales ambientales críticas y su relación con el desarrollo. Ciudad de Guatemala (Guatemala): Universidad Rafael Landivar, Facultad de Ciencias Ambientales y Agrícolas, IARNA. IARNA (Instituto de Agricultura, Recursos Naturales y Ambiente) (2009b). Gestión ambiental y gobernabilidad local. Ciudad de Guatemala (Guatemala): Universi-
153
Referencias bibliográficas
dad Rafael Landivar, Facultad de Ciencias Ambientales y Agrícolas, IARNA e INGEP. IARNA (Instituto de Agricultura, Recursos Naturales y Ambiente) (2006). Perfil ambiental de Guatemala: tendencias y reflexiones sobre la gestión ambiental. Ciudad de Guatemala (Guatemala): Universidad Rafael Landivar, Facultad de Ciencias Ambientales y Agrícolas, IARNA. IARNA (Instituto de Agricultura, Recursos Naturales y Ambiente) (2004). Perfil ambiental de Guatemala: informe sobre el estado del ambiente y bases para su evaluación sistemática. Ciudad de Guatemala (Guatemala): Universidad Rafael Landivar, Facultad de Ciencias Ambientales y Agrícolas, IARNA. Korstanje, F. (2009b). “Turismo sustentable: el planteamiento inicial para una discusión que continúa…”. Argentina: Revista Desarrollo Local Sostenible, DELOS Grupo Eumed.net y Red Académica, Iberoamericana Local Global, Vol. 2, No. 4. Disponible en www.eumed.net/rev/delos/04/ Lacki, P. (2010). “Crédito rural: lo que sería una gran solución se transformó en una gran decepción”. Brasil: (en línea), Consultado en 09 Nov. 2010. Disponible en http://www.polanlacki.com.br/ agroesp Lacki, P. (1995). Desarrollo agropecuario: de la dependencia al protagonismo del agricultor. Santiago (Chile): Serie Desarrollo Rural No. 9, 4ta (Edi.), Oficina regional de la FAO para América Latina y el Caribe. 154
Referencias bibliográficas
Lavell, A. (1996). “Degradación Ambiental, Riesgo y Desastre Urbano: Problemas y Conceptos”. Lima (Perú): LA RED, USAID. Leff, E. (2007). Saber ambiental; sustentabilidad, racionalidad, complejidad, poder. (Quinta ed.) México D.F. (México): siglo xxi. Leff, E. (2005). “Década de la Educación para el Desarrollo Sustentable”. México D.F. (México): Formación Ambiental, Volumen 17, Número 36, enero-junio 2005. López, T. (2003). “Capacitación y asesoría para el desarrollo empresarial de mujeres y hombres en áreas forestales”. In: Seminario internacional procesos y mecanismos de participación y construcción de capital social para un efectivo manejo de los recursos naturales (2003, CL). Valdivia (Chile): pp. 38-46. Madrid, G. et al., (2005). Las áreas protegidas y los corredores biológicos de la región RECOSMO como instrumentos participativos para el ordenamiento territorial, la conservación de la biodiversidad, la gobernabilidad democrática y el desarrollo sostenible. Ciudad de Guatemala (Guatemala): PNUD, FMAM/GEF, CONAP, Gobierno de los Países Bajos. McMillan, R. (2006). “Formal and Informal Credit and Savings Markets in Rural Guatemala: Accessibility, Sustainability, Perception, and Evidence for the Existence of Both Types of Institutions”. Ciudad �������������� de Guatemala (Guatemala): SOAN 252: Levi. 155
Referencias bibliográficas
Martín, M. (2001). “Lecciones de desarrollo rural: una aproximación formativa desde y para Castilla-La Mancha”. Catilla-La Mancha (España): Julio Plaza Tabasco (Cord.), Asociación para el Desarrollo Rural de Castilla-La Manca (CEDERCAM): Universidad de Castilla-La Mancha, pp. 47-50. Martínez, D. (2004). “Metodología para la investigación transdisciplinaria en la gestión comunitaria integrada de los patrimonios naturales y culturales; estudio de caso en San Andrés Semetabaj, Sololá”. Sololá (Guatemala): Centros de Estudios Ambientales, Universidad del Valle. Martínez, J. (2006). El ecologismo de los pobres, conflictos ambientales y lenguajes de valoración. (2da Ed), Barcelona (España): Icaria. Martínez, J. y R. Arellano (2007). “Participación social y desarrollo rural sustentable en la microcuenca Lagunillas, Jalisco, México”. Bogotá (Colombia): Cuadernos de Desarrollo Rural, enero-junio, número 058. Pontificia Universidad Javeriana, pp. 49-64. Martínez, J. (2002). “Entendiendo la historia de los pueblos indígenas para promover la forestería comunitaria como una alternativa de desarrollo socio-económico local en las tierras comunitarias de origen (Tco´s)”. Santa Cruz (Bolivia): Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Martínez Peláez, J.S. (1970). La patria del criollo: Ensayo de la interpretación de la realidad colonial guatemalteca. 156
Referencias bibliográficas
Ciudad de Guatemala (Guatemala): Editorial Universitaria. Melara, G. (2009). “El turismo en la lógica de la sostenibilidad y el desarrollo local. Reflexiones sobre tres estudios de caso en Costa Rica, Bolivia y El Salvador”. DELOS, Revista Desarrollo Local Sostenible. Grupo Eumed.net y Red Académica Iberoamericana Local Global. Vol. 2, No. 5. Disponible en www.eumed.net /rev/delos/05 Melo, A. (2000). “Educación y formación para el desarrollo rural”. (Portugal): Revista de Educación, (Ordoñez, R., Trad.), núm. 322 (2000), pp. 89-100. Merino, L. (1999). “La gestión colectiva de los recursos forestales”. México, D.F. (México): Comercio Exterior, pp. 1122-1133. Miall, H. (2004). Conflic transformation: a multi-dimentional task. Berlin (Germany): Berghof Research Center for Constructive Conflict Management. Millán, M. (2007). “Procedimientos de desarrollo rural de la región de Murcia”. Murcia (España): Investigaciones Geográficas, No.42 (2007), pp. 145-159. Monterroso, N. (2008). “La reestructuración del Estado para el Desarrollo rural de Guatemala, ante el fracaso del neoliberalismo”. In: III Foro Social América Movimiento para el Desarrollo Rural. Ciudad de Guatemala (Guatemala): Universidad de San Carlos.
157
Referencias bibliográficas
Monterroso, N. (2003). “El poder local, premisa del desarrollo rural”. Valdivia (Chile): In: seminario internacional procesos y mecanismos de participación y construcción de capital social para un efectivo manejo de los recursos naturales. Mora, M. (1993). “Tenencias del derecho administrativo ambiental: análisis de legislación y jurisprudencia”. Derecho y conocimiento, vol. 2, Universidad de Huelva, pp. 419-436. Moreno, L. y D. Erba. (2010). “El catastro territorial en la república de Guatemala”. Ciudad de Guatemala (Guatemala): Edi X. Muriel, R. (2006). “Orígenes de la problemática ambiental”. Ide@s Sostenible, In: Espacio de reflexión y comunicación en desarrollo sostenible, Año 3 No. 12. Olaya, C. (2004). “Tourism as an alternative for sustainable development among rural communities; Case study Villa de Leyva”. In: Anuario Turismo y Sociedad. Boyacá (Colombia): Universidad Externado de Colombia. Ordóñez, J. (2002). “Módulo educativo de letrinización”. Ciudad de Guatemala (Guatemala): Unidad Técnica Agua y Saneamiento, Cruz Roja Guatemalteca. Ostrom, E. (1999). Governing the commons: the evolution of institutions for collective action. New York (U.S.A): Cambridge University Press.
158
Referencias bibliográficas
Pacheco, T. (2006). “La educación como eje transversal del desarrollo rural sostenible. Caso: parroquia rural negro primero, municipio Valencia, estado Carabobo”. Carabobo (Venezuela): In I Congreso Iberoamericano de Ciencia, Tecnología, Sociedad e Innovación STS+I. Palencia, T. y D. Holiday. (1996). Mapeo de las organizaciones de la sociedad civil (OSC) en Guatemala. Ciudad de Guatemala (Guatemala): Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Paniagua, F. y R. Borel. (1999). “Conflictos socioambientales: desafíos y propuestas para la gestión en América Latina”. Quito (Ecuador): FAO-FTPP-Comunidec. Paniagua, H. (2008). Seguimiento ambiental en Centroamérica: caso de estudio en Panamá, Costa Rica y El Salvador. San José (Costa Rica): UICN. PASOLAC. (2005). “Evaluación de las políticas de Agricultura y Desarrollo Rural Sostenible en zonas de laderas: El caso de América Central”. Managua (Nicaragua): Programa para la Agricultura Sostenible en Laderas de América Central. FAO/PASOLAC. Pérez, S., et al., (2010). Experiencias de agua potable y saneamiento con enfoque de gestión integrada de recursos hídricos (GIRH) en Guatemala. Ciudad de Guatemala (Guatemala): Asociación Mundial para el Agua, capítulo Centroamérica (GWP Centroamérica) y la Alianza por el Agua.
159
Referencias bibliográficas
Pérez, J. (2010). Jalapa y su historia. Guatemala: Editorial Mercaprint. Pintér, L. et al., (2000). Preparación de Evaluaciones e Informes Ambientales Integrados. (2 Ed), Winnipeg (Canadá): Instituto Internacional para el Desarrollo Sustentable y Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. PNUMA (Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente) (1998). Informe final de la consulta sobre Gestión Ambiental en América Latina y el Caribe. Comité Intersesional de Ministros de Medio Ambiente de América Latina y el Caribe. Washington D.C. (U.S.A): 17-18 de septiembre de 1998. Portilla, M. (2003). “Actores sociales en el desarrollo rural territorial”. SINOPSIS 2003. San José (Costa Rica): IICA. Poyatos, M. y W. Girón. (2010). “Sistemas de Información Territorial Municipal e Intermunicipal -SITMIen Guatemala”. Ciudad de Guatemala (Guatemala): Programa Municipios Democráticos. Prizzia, R. (2005). “Community involvement in protecting the environment: The role of restoration advisory boards (RABs)”. The Innovation Journal: The Public Sector Innovation Journal Volume 10(1), 2005. Pearl City, HI (U.S.A): University of Hawaii West Oahu. Putman, R. (1996). “Bowling alone: American’s declining social capital”. U.S.A: Journal of Democracy 6:65-78. 160
Referencias bibliográficas
Ramón, G. (1995). “Metodologías participativas: el estado de la cuestión en América Latina”. Bosques, Árboles y Comunidades Rurales, Bosques, árboles y comunidades rurales, 25:4-11, Jul. 1995. Ilus. Raynaut, C. y M. Zanoni. (1993). “La construcción de la interdisciplinariedad en formación integrada del ambiente y desarrollo”. Educación Superior y Sociedad, Vol 4 No 1-2, pp. 30-54. Rivas, F. (2002). “Agroturismo, una alternativa para el desarrollo económico de la zona rural”. Chalatenango (El Salvador): Fomento al Ecoturismo como herramienta de Desarrollo Económico, ODE-MAG. RLCU (Red Latinoamericana de Cooperación Universitaria). (2010). “Educación para el desarrollo”. In: Primer encuentro internacional de educación para el desarrollo. Bogotá (Colombia): RLCU. UNIMINUTO. 20 y 21 de mayo, 2010. Rodríguez, J. (2008). “Alianzas para la sostenibilidad y la gestión ambiental de los territorios en el Bosque Modelo Risaralda”. Pereira (Colombia): Recursos Naturales y Ambiente/no. 58: 59-64. Rodríguez, R. y J. Aldrey. (2007). “Planificación y ordenación territorial en Guatemala: revisión de su marco legal e institucional y propuesta para su mejora y desarrollo” Santiago de Compostela (España): Departamento de Geografía, Universidad de Santiago de Compostela. 161
Referencias bibliográficas
Rojas, V. y T. Portugal. (2009). “¿Educación para el desarrollo rural o para dejar de ser rural? Percepciones y proyectos de pobladores rurales andinos y amazónicos”. Cusco (Perú): SEPIA XIII. Romero, W. (2010). Estrategias de reducción de la pobreza en Guatemala 1985-2009. Cuadernos de Desarrollo Humano; 2009/2010-3. Ciudad de Guatemala (Guatemala): Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Sabogal, C. (2008) Manejo forestal comunitario en América Latina. Experiencias, lecciones aprendidas y retos para el futuro. César Sabogal, Wil de Jong, Benno Pokorny y Bastiaan Louman (eds). Bogor (Indonesia). Centro para la Investigación Forestal (CIFOR). Sánchez del Valle, R. (2000). Gestión local de riesgo en América Central: Lecciones aprendidas del Proyecto FEMID. Ciudad de Guatemala (Guatemala): Deutsche Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit (GTZ). Sánchez, V; et al. (2008). “Gestión ambiental y participación; un estudio de caso en la microcuenca de la quebrada salitral en Costa Rica”. In: XXVIII Congreso Interamericano de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, Cancún (México): del 27 al 31 de octubre de 2002. Schejtman, A. y T. Reardon. (2010). “El empleo rural no agrícola en los proyectos de desarrollo rural”. Seminarios y conferencias, Santiago (Chile): CEPAL.
162
Referencias bibliográficas
Sepúlveda, S. (2008). Gestión del desarrollo sostenible en territorios Rurales: Métodos para la planificación. San José (Costa Rica): Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA). Sepúlveda, S. et al., (2003). El enfoque territorial del desarrollo rural. San José (Costa Rica). Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA). Solano, L. (2007). “El turismo rural en Costa Rica: Análisis y esfuerzos conjuntos e incidencia en política pública”. Tecnitur, Revista Oficial de la Asociación Costarricense de Profesionales en Turismo. No. 122, año XXIII. pp. 28-33. Solís, M. (2010). “Para el bienestar colectivo: organización comunitaria”. Ciudad de Guatemala (Guatemala): Revista La Cuerda, Año 13, No. 135. Terry, J. (2007). “Teoría y Práctica del Desarrollo Comunitario Rural Integrado”. Revista OIDLES-Vol 1, No. 2 (diciembre 2007). Thillet, B. (2003). Tierras municipales en Guatemala: un desafío para el desarrollo local sostenible. Ciudad de Guatemala (Guatemala): FLACSO. Tíu, R. y P. García (2002). Los bosques comunales de Totonicapán: historia, situación jurídica y derechos indígenas. Ciudad de Guatemala (Guatemala): FLACSO, MINUGUA, CONTIERRA.
163
Referencias bibliográficas
Torregroza, E. et al, (2010). “Medio ambiente y organización comunitaria: precepción de la población asociada al socioecosistema Ciénaga de la Virgen (Cartagena de Indias-Colombia)”. Colombia: Revista Ambiente, Año 2. Nº 5, 2010. Tréllez, E. (2006) “La formación ambiental comunitaria: una propuesta participativa”. Boletín electrónico de la Red de Educadores Ambientales de la Argentina. Año I, número 2. Tschinkel, H. (2001). “¿Qué es lo que realmente funciona en el manejo de cuencas hidrográficas?: Algunas Lecciones”. Ciudad de Guatemala (Guatemala): USAID/G-CAP. Ukkerman, R. y R. van Haeringen. (2001). Análisis Ambiental Estratégico para Centro América. Tegucigalpa (Honduras): SNV, VIDA, FUNBANHCAFE, AIDEnvironment. Vásquez, P. (2008). “Semiótica, educación y gestión ambiental”. Ra Ximhai. Vol. 4. Número 2, mayo-agosto 2008, pp. 311-314. Viglizzo, E. (2001). “La gestión ambiental de las empresas rurales”. Revista de información sobre investigación y desarrollo agropecuario, Idia XXI, Año I - Nº 1, Noviembre de 2001, pp. 121-128. Vitale, L. (1983). Hacia una historia del ambiente en América Latina: de las culturas aborígenes a la crisis ecológica actual. México D.F. (México): Editorial Nueva Imagen. 164
Referencias bibliográficas
Zambrano, D. (1997). Agua y saneamiento: experiencia en el Perú. Lima (Perú): Intermidiate Technology Development Group, ITDG. Zepeda, L. (1997). Derecho a un Ambiente Sano. San José (Costa Rica): EDUCA/CSUCA. Zezza, A. et al., (2007). “Rural income generating activities in developing countries: re-assessing the evidence”. Electronic Journal of Agricultural and Development Economics, Division (ESA) FAO, Vol. 4, No. 1, 2007, pp. 146-193.
165