La Caducidad en El Derecho Civil Chileno

LA CADUCIDAD EN EL DERECHO CIVIL CHILENO Pablo Rodríguez Grez*

La caducidad como modo de extinguir las obligaciones no se encuentra reglamentada en nuestro Código Civil. Por lo mismo, surge el problema de caracterizarla, lo cual induce a pensar que se trata de un efecto específico de otro modo de extinguir que, en este caso, operaría genéricamente. genéricamen te. En busca de sus raíces se vienen a la mente de inmediato el plazo extintivo, la condición resolutoria ordinaria y la prescripc prescripción. ión. Desde Desde esta persp perspecti ectiva, va, la caducid caducidad ad parece parece no tener fisonomía propia e independiente, in dependiente, sino ser, ser, más bien, consecuencia de otras formas de extinción de las obligaciones, razón por la cual no resulta posible describirla con excesiva precisión y rigor jurídic jur ídico. o. No qui quiere ere esto decir que ella no exi exista sta como tal, pero, según observaremos más adelante, esta (la caducidad) no tiene un estatuto propio que sirva de antecedente distintivo. I. EL MANDATO MANDATO LEGAL COMO COMO ELEMENTO ESENCIA ESENCIAL L DE LA CADUCIDAD Comencemos por decir que la caducidad, en principio y siguiendo una línea tradicional, está referida a la extinción de un derecho por no ejercerse en el “plazo” prefijado, o por no darse cumplimiento, en un lapso determinado, a una “carga” impuesta a su titular. En ambos casos la caducidad aparece vinculada a la inactividad del titular del derecho que se extingue, sea porque * Profesor de Derecho Civil. Decano Facultad de Derecho, Universidad de Desarrollo.

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ESTUDIOS DE DERECHO PRIVADO

no se ejerció cuando se debía, sea porque no se cumplió con la carga impuesta a su titular. Como puede observarse, la primera manifestación se aproxima a la prescripción y el plazo extintivo (silencio en la relación), y la segunda a la condición resolutoria ordinaria (acontecimiento futuro e incierto negativo que consiste en la inejecución de un hecho). Salta a la vista, entonces, una primera dificultad. ¿Existe una caducidad convencional y una caducidad legal? ¿Pueden las partes crear en virtud de la autonomía privada y la disponibilidad de un derecho causales de caducidad? ¿La única fuente de la caducidad es la ley o debe también considerarse la convención? La revisión de nuestra legislación permite establecer numerosos casos de caducidad claramente expresados en la norma legal. Así, por vía de ejemplo, cabe citar el artículo 1716 del Código Civil, que consagra una doble causal de caducidad: la subinscripción de las capitulaciones matrimoniales en la respectiva inscripción de matrimonio y el plazo de 30 días para hacerlo (carga y plazo). Otro caso interesante se halla regulado en el artículo 1879 del mismo Código, conforme al cual, en el pacto comisorio calificado estipulado en el contrato de compraventa, el deudor dispone de un plazo de 24 horas, subsiguientes a la notificación de la demanda, para ener var la acció acción n resol resolutori utoriaa (sit (situació uación n excep excepcional cional sólo aplicable aplicable al contrato de compraventa). Lo propio podría decirse de lo previsto en el artículo 769 del Código Civil, que prohíbe la constitución de usufructos sucesivos o alternativos, extinguiéndose todos los posteriores al momento de entrar en vigencia cualquiera de ellos (“el primer usufructo que tenga efecto hará caducar los otros”). La misma regla se aplica tratándose del fideicomiso, conforme lo señala el artículo 745 del Código Civil (si de hecho se constituyen fideicomisos sucesivos, “adquirido el fideicomiso por uno de los fideicomisarios nombrados, se extinguirá para siempre la expectativa de los otros”). Las leyes especiales también contemplan la caducidad, como sucede con el artículo 64 de la Ley Sobre Matrimonio Civil, que extingue el derecho del cónyuge que reclama “compensación económica” si no es pedida en la demanda de nulidad o divorcio, o en escrito complementario, o en la reconvención. Otro caso se halla en el artículo 20 de la misma ley respecto de los matrimonios celebrados ante entidades religiosas que gocen de personalidad jurídica jurí dica de dere derecho cho público, puesto que si el acta que se otorg otorgaa 232

LA CA DUCIDAD EN EL DERECHO CIVIL CHILENO

no es presentada para su inscripción ante oficial del Registro Civil, ratificando el consentimiento prestado ante el ministro del culto de su confesión, dentro del plazo de 8 días, el matrimonio, dice la ley, “no producirá efecto civil alguno”. Finalmente, citemos el artículo 4 de la Ley sobre Cuentas Corrientes Bancarias y Cheques (cuyo texto definitivo se fijó por Decreto con Fuerza de Ley Nº 707, de 1982). Dicha disposición establece un plazo de 30 días para que el cuentacorrentista efectúe el reconocimiento de sus saldos, entendiéndose estos aceptados en el evento de que ello no ocurra, extinguiéndose, por consiguiente, el derecho a impugnarlos (hay que tener presente que el buen funcionamiento del sistema financiero constituye un bien extremadamente sensible en nuestra economía). De más está decir que abundan los supuestos de caducidad en materia procesal, laboral y administrativa, fruto del afán del legislador por dar estabilidad, seguridad y continuidad a las relaciones normadas por estas ramas del derecho. Si la caducidad tiene importancia en el ámbito de los derechos civil y comercial, constituye un principio de aplicación general en el campo del derecho procesal. No es exagerado sostener que todo el proceso se desarrolla sobre la base de la preclusión (caducidad procesal), que va abriendo y cerrando sus diversas etapas. Es evidente que este tema excede el presente trabajo, de manera que debe mencionarse como un antecedente más en el estudio de la naturaleza jurídica de la caducidad. Hemos citado estos casos para destacar el hecho de que tras la caducidad contemplada en la ley subyace la defensa del interés general, razón por la cual es dable afirmar que la caducidad en nuestro derecho es una institución de orden público. No puede ignorarse que en todas las hipótesis legales comentadas prevalecen la seguridad y estabilidad jurídicas, sea en defensa de la libre circulación de los bienes, del interés de terceros, del buen funcionamiento de la familia, del sistema financiero, etcétera. No se trata, entonces, de amparar el interés privado, sino el interés de la comunidad. Creemos, por ende, que la caducidad contemplada en nuestro sistema jurídico tiene origen sólo en la norma legal. De aquí que hayamos sostenido que la caducidad, desde nuestra perspectiva, implica la concurrencia de tres elementos, a saber: el plazo extintivo, la condición resolutoria ordinaria y el mandato legal. 233


Como se anotó en lo precedente, el plazo juega un papel fundamental, ya que la caducidad supone siempre el deber de ejecutar una “carga” descrita en la ley, dentro de un término expreso o tácito preestablecido (subinscribir una convención matrimonial, inscribir un matrimonio religioso, pagar el precio de la compraventa, reconocer un usufructo preferente, demandar un beneficio nacido de la relación matrimonial, objetar los saldos en cuenta corriente bancaria, etcétera). Al plazo debe agregarse una condición resolutoria ordinaria negativa, que extingue el derecho por no ejercerse o por la inejecución de la carga impuesta en la ley dentro del plazo prefijado. Cobra, en este caso, especial importancia lo previsto en el artículo 1482 del Código Civil, según el cual “Se reputa haber fallado la condición positiva o haberse cumplido la negativa, cuando ha llegado a ser cierto que no sucederá el acontecimiento contemplado en ella, o cuando ha expirado el tiempo dentro del cual el acontecimiento ha debido verificarse, y no se ha verificado ”. La última parte de este artículo describe precisamente lo que venimos diciendo: la condición negativa se considera cumplida (la caducidad supone siempre la existencia de una condición resolutoria negativa) cuando debiendo verificarse en un cierto lapso de tiempo, ello no ocurre. No parece dudoso, en consecuencia, que en este supuesto opere una condición resolutoria ordinaria que extingue el derecho. Finalmente, el elemento más importante de la caducidad resulta ser la norma jurídica (la ley) que enlaza, por así decirlo, la condición resolutoria y el plazo, provocando el efecto extintivo de que está dotada la caducidad. En este aspecto llama poderosamente la atención que la condición resolutoria esté expresada en la ley y no se introduzca en la relación jurídica como una modalidad estipulada en la convención (artículo 1444 del Código Civil). Lo que destacamos es excepcional, pero no del todo infrecuente. La ley en varias disposiciones incorpora condiciones, como sucede, por ejemplo, con los artículos 1489, 738 y 1813 del Código Civil. En la estructura de la caducidad o decadencia, la norma jurídica juega el papel más importante, al integrar los dos elementos que provocan la consecuencia extintiva. Así las cosas, podemos anticipar una conclusión importante. La caducidad, como modo de extinguir las obligaciones, es legal y corresponde a los efectos que producen dos institutos suscep234


tibles de obrar amalgamados: el plazo y la condición resolutoria ordinaria. Lo anterior explica por qué razón nuestro Código Civil no dio a la caducidad un estatuto propio. Es la ley la que determina cuándo y cómo opera la caducidad, al margen de la voluntad de las partes. II. NO CABE EN NUESTRO DERECHO LA CADUCIDAD CONVENCIONAL No es este un tema pacífico o fácil de dilucidar. La cuestión consiste en precisar si pueden las partes, en ejercicio de la autonomía pri vada, en una convención, o el autor en un acto jurídico unilateral, establecer causales de caducidad. Algunos autores se inclinan por reconocer esta facultad, en tanto otros la rechazan de plano. En nuestro país, Ramón Domínguez Águila se inclina por la afirmativa en los siguientes términos: “Su origen puede ser legal o contractual, aun cuando su origen convencional ha sido discutido. Sin embargo, la mayor parte de la doctrina hace referencia a una caducidad de origen convencional, si se trata, naturalmente de derechos de que pueda disponerse y siempre que no haga imposible el ejercicio del derecho, por establecerse un plazo muy breve. Quienes la niegan, reconocen con todo la posibilidad de fijar convencionalmente plazos preclusivos o derechos que se confieren por un plazo convencionalmente fatal como por ejemplo la necesidad de una denuncia dentro de cierto plazo para reclamar un seguro, aunque no acepten calificar tales hipótesis como caducidad estricto sensu. Pero entienden que en tales supuestos lo que opera es simplemente un plazo extintivo como modalidad negocial. Es lo cierto, sin embargo, que la técnica jurídica de extinción es la misma en la caducidad legal o en tales convenciones y no se observa, salvo por razones de extrema pureza terminológica, diferenciarlas.” 1 Es efectivo sólo en forma parcial lo que apunta Domínguez Águila, en el sentido de que los efectos de la caducidad y el plazo extintivo son iguales. Creemos nosotros que, entre uno y otro 1

R AMÓN DOMÍNGUEZ Águila. La prescripción extintiva. Doctrina y jurisprudencia, Editorial Jurídica de Chile, 2004, p. 135.

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instituto, existen diferencias importantes, como se analizará más adelante. Desde luego, una hipotética caducidad convencional acarrea problemas graves, como ocurre, por vía de ejemplo, cuando ella sirve para obstruir o impedir absolutamente en algunos casos el ejercicio de un derecho, cuestión que suele ser frecuente al contratar con empresas monopólicas. Es igualmente efectivo que tratándose de derechos de libre disponibilidad, no se divisa la razón para impedir a su titular someterlo a un estatuto extintivo especial. Pero ello no alcanza al extremo de generar una causal cuya severidad queda reservada a la ley, tanto más cuanto que, en cierta medida, como se admite, los efectos indicados pueden alcanzarse por medios equivalentes, debidamente regulados al reglamentarse la actividad jurídica de los particulares. Como lo analizaremos al examinar nuestra jurisprudencia, la caducidad contemplada en la ley debe ser declarada por el tribunal de oficio, sin necesidad de alegación de parte, atendido el hecho de que opera por el solo ministerio de la ley. A la inversa, una eventual caducidad convencional debería insertarse en el ámbito del incumplimiento contractual y, como tal, solicitarse su reconocimiento por la parte que la sostiene. Esta sola diferencia justifica analizar la procedencia de una eventual caducidad convencional. Otro autor –Francesco Messineo– sostiene que es admisible la caducidad convencional, señalando que “ los casos y los términos de la decadencia pueden –excepcionalmente– establecerse y modificarse por la voluntad privada, siempre que no se trate de derechos indisponibles (art. 2968) y, además, no se haga excesivamente difícil a una de las partes el ejercicio del derecho (art. 2965)”.2 Como puede observarse, el cuestionamiento es más o menos el mismo: que se trate de derechos disponibles y que no se obstruya su ejercicio en términos de hacerlo imposible o dificultoso en exceso. Los autores partidarios de una caducidad convencional parecen no haber advertido varios antecedentes incuestionables, ninguno de los cuales ha suscitado controversia. Un análisis comparativo entre la caducidad y la prescripción, atendida la similitud de sus efectos, permite demostrar que la admisión de una caducidad 2

MESSINEO Francesco, Manual de Derecho Civil y Comercial, tomo II, Doctrina General, Ediciones Jurídicas Europa-América, Buenos Aires, 1954, p. 78.

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convencional contraviene principios fundamentales que deben respetarse. Veámoslo: 1. Las partes –se admite– no pueden fijar convencionalmente plazos de prescripción, salvo calificadísimas excepciones. Lo anterior porque la prescripción conduce ya sea a la adquisición o a la extinción de un derecho. Si a los particulares, en ejercicio de la autonomía privada, les está vedado estipular convencionalmente plazos de prescripción, no obstante tratarse de sólo uno de los elementos de este instituto, no parece consecuente sostener que pueden estos mismos crear a su arbitrio causales de extinción de los derechos u obligaciones, más allá de lo dispuesto en la ley. 2. La prescripción es una institución de orden público cuya regulación está reservada a la ley, pudiendo, en casos muy excepcionales, intervenir los particulares para reducir o ampliar el plazo en que se extingue el derecho. No cabe duda que la caducidad puede, en muchos aspectos, homologarse a la prescripción (especialmente atendidos sus efectos). No resulta discutible que la prescripción, en razón de afectar la existencia de un derecho, compromete las bases esenciales del sistema jurídico. De aquí que, con mayor razón, califiquemos a la caducidad como una institución de orden público. 3. Por otra parte, hay que tener en consideración que la caducidad es más drástica, desde el punto de vista de la extinción del derecho, que la prescripción. Lo que decimos se funda en la circunstancia de que la prescripción debe ser declarada por sentencia judicial, en tanto la caducidad opera de pleno derecho (al igual que la condición resolutoria ordinaria). En consecuencia, mayor cuidado debe merecer a la ley la caducidad que la prescripción. De lo anterior se desprende que dar un tratamiento más benigno a la primera constituye, en cierta medida, un contrasentido. 4. Agréguese a lo manifestado la circunstancia de que para resguardar los derechos de los afectados, la prescripción contempla casos de suspensión e interrupción, que impiden, al menos temporalmente, que esta se consuma. En otros términos, atendidas las consecuencias que se siguen de la prescripción, el legislador estimó necesario amparar a ciertas personas (artículo 2509 del Código Civil) para evitar la extinción de sus derechos, así como a las personas diligentes en el ejercicio de sus derechos (artículos 2502 y 2503 del indicado Código). No ocurre lo mismo con la 237


caducidad, lo cual conduce a un nuevo contrasentido, porque se daría a las partes la posibilidad de generar causales de extinción de derechos, sustancialmente diversas de aquellas otras de efectos equivalentes contempladas en la ley. 5. La caducidad excluye cualquier intento por dificultar el ejercicio de un derecho o hacerlo imposible, puesto que ella está consagrada en la ley y es plenamente conocida por la persona afectada (conocimiento presuntivo de la ley). Si una persona no ejerce el derecho en el plazo consignado en la ley o no ejecuta la carga que se le ha impuesto, en medida nada desdeñable, renuncia tácitamente a su derecho. Esta especie de abdicación se halla garantizada por el conocimiento presuntivo de la ley. 6. Finalmente, la caducidad es una institución de orden público (al igual que la prescripción), ya que está consagrada en interés de la comunidad. La extinción de un derecho afecta el llamado “derecho de prenda general”, contemplado en el artículo 2465 del Código Civil, conforme al cual “toda obligación personal da al acreedor el derecho de perseguir su ejecución sobre todos los bienes raíces o muebles del deudor, sean presentes o futuros, exceptuándose solamente los no embargables, designados en el artículo 1618”. De lo anterior se sigue que cada sujeto de derecho actúa en el campo patrimonial en ejercicio del derecho general de prenda (que se expresa a través del patrimonio en cuanto atributo de la personalidad). Por lo mismo, las causas de adquisición y extinción de bienes y derechos repercuten en una de las bases del ordenamiento jurídico privado, lo cual lleva a concluir que todas ellas (causales de adquisición y extinción de derechos) deben ceñirse estrictamente a lo previsto en la ley. Los particulares pueden acordar la extinción de un derecho, sea por medio del plazo extintivo o de la condición resolutoria ordinaria, pero no pueden crear causales distintas de extinción, mucho menos con la pretensión de que operen de pleno derecho. Las razones anotadas y, como se verá al analizar nuestra jurisprudencia, los efectos específicos de la caducidad, nos impulsan a sostener que una hipotética caducidad convencional no tiene cabida en nuestro sistema jurídico y que, tanto la prescripción como la caducidad, son institutos de orden público en los cuales se encuentra comprometido el interés general de la sociedad. 238


III. CONSECUENCIAS PRÁCTICAS DE LA DISTINCIÓN ENTRE CADUCIDAD LEGAL Y CADUCIDAD CONVENCIONAL Se ha sostenido que la distinción entre caducidad legal y caducidad convencional carece de importancia y no pasaría de ser un purismo doctrinario inútil. A nuestro juicio ello no es efectivo. Hay varios aspectos en que la distinción cobra importancia, como demostraremos en lo que sigue. 1. Si se aceptara que pueden las partes de la convención crear causales de caducidad, ello llevaría a la necesidad de interpretar los términos en que estas causales han sido estipuladas, conforme las normas sobre interpretación de los contratos (artículos 1560 y siguientes del Código Civil), tanto respecto del “plazo” como de la “carga”. Recuérdese que el artículo 1494 inciso 2º del Código Civil expresa que “No podrá el juez, sino en casos especiales que las leyes designen, señalar plazos para el cumplimiento de una obligación, sólo podrá interpretar el concebido en términos vagos u oscuros, sobre cuya inteligencia y aplicación discuerden las partes”. A su vez, respecto de la “carga” (hecho que debe ejecutarse), serían aplicables los artículos 1483 y 1484 del Código Civil relativos a la forma en que deben cumplirse las condiciones. A la inversa, la caducidad legal debería interpretarse de acuerdo con las disposiciones contenidas en el Párrafo 4º del Título Preliminar del Código Civil (artículos 19 a 24), tanto respecto del “plazo” como de la “carga”. En este contexto no se advierte cómo podría el juez evitar que la caducidad convencional impida u obstaculice el ejercicio del derecho, como se sostiene por los autores. 2. Aceptándose que las partes de la convención puedan crear causales de caducidad, ellas deberían probarse de acuerdo a las normas reguladoras de la prueba, tanto respecto de la intención real de las partes como de los hechos materiales que la conforman (en especial de acuerdo a lo dispuesto en el Título XXI del Libro IV del Código Civil, artículos 1698 y siguientes). Por lo tanto, en el evento de un conflicto, la referida causal quedaría sujeta al hecho de que se acrediten en el proceso los elementos que la constituyen (plazo, carga e intención de las partes). De un modo paralelo, la caducidad legal no requería prueba alguna, puesto que ella está constituida por un plazo señalado en la ley y un hecho negativo, 239


constitutivo de una condición resolutoria ordinaria, igualmente incorporada en la norma. Como puede apreciarse entre una y otra causal de caducidad existirían diferencias insalvables que impiden asimilarlas. 3. Aceptando la existencia de la caducidad convencional, debería aceptarse también que ella es renunciable por excelencia, siempre que recaiga en derechos de libre disponibilidad, puesto que el derecho miraría el interés individual del renunciante y su renuncia no estaría prohibida en la ley (artículo 12 del Código Civil). No admite discusión el hecho de que una causal de caducidad consagrada en una convención podría dejarse sin efecto por mutuo consentimiento (resciliación) o renunciarse unilateralmente de acuerdo a la disposición invocada. Ahora bien, tratándose de la caducidad legal, la regla es precisamente inversa y tiene carácter irrenunciable, como ha sido reconocido en forma reiterada por la jurisprudencia, de un modo preciso, porque, como se dijo, mira el interés general de la comunidad. Así, nadie podría sostener que es renunciable la caducidad de los usufructos o fideicomisos sucesivos, o que es renunciable la caducidad que se sigue de la falta de inscripción y ratificación ante el oficial del Registro Civil de un matrimonio celebrado ante el ministro de culto de una confesión religiosa determinada. 4. Agreguemos lo que la jurisprudencia de la Corte Suprema ha declarado repetidamente: la caducidad legal debe ser declarada de oficio por el tribunal, sin que sea necesaria alegación de las partes. De lo anterior se sigue que una hipotética caducidad convencional, a la inversa, debería invocarse y probarse por los litigantes. Como puede apreciarse, las diferencias prácticas son trascendentales y su distanciamiento insuperable. En el mismo sentido se pronuncian Luis Diez-Picazo y Antonio Gullón, al analizar las características principales de la caducidad en relación con la prescripción: “El problema básico que la caducidad plantea es de determinar cuándo estamos en presencia de ella o de la prescripción. Las consecuencias prácticas, aparte de las ya enunciadas, son evidentes. En el primer caso, el ejercicio del mismo ha de hacerse precisamente dentro de plazo marcado, bajo pena de su extinción. Un criterio de distinción aceptable es el derivado de la naturaleza del derecho objeto de presunta caducidad, pues 240


ésta recae sobre lo que en su momento hemos llamado derechos potestativos o facultades de configuración o modificación de una situación jurídica. Pendiente su ejercicio la situación jurídica afectada se encuentra en una fase provisional o transitoria, que exige un rápido tránsito a la situación definitiva.” Más adelante, reforzando esta particularidad, los mencionados autores agregan, para justificar la existencia de la caducidad: “Al ordenamiento jurídico le interesa que cuanto antes se aclare la situación, para que sean firmes e inalterables las consecuencia jurídicas que despliega. No puede tolerar que durante un lapso de tiempo indefinido estén sujetas a su desaparición, al restablecimiento de la situación existente antes de su celebración, que será más difícil a medida que nos alejemos del momento de la perfección del contrato”.3 Resulta fácil advertir que surge aquí otro factor importante. El ordenamiento jurídico emplea la caducidad para dar estabilidad y continuidad a las relaciones intersubjetivas. Lo transitorio debe transformarse en permanente y lo provisional en definitivo, precisamente porque se trata de derechos potestativos. La caducidad pasa a ser entonces un instituto encaminado a reafirmar la continuidad de las situaciones jurídicas creadas al amparo de la ley. Lo que destacamos refuerza nuestra convicción en orden a que la caducidad sólo puede ser establecida en la ley y es un instrumento a disposición del legislador para asegurar la estabilidad y continuidad de las relaciones intersubjetivas. No se crea que la dificultad para distinguir entre caducidad y prescripción sólo se presenta en algunos ordenamientos jurídicos. Un comentarista alemán, refiriéndose a esta materia, escribe: “La deficiente técnica de nuestro C.C. dificulta la diferencia precisa entre la prescripción y la caducidad, de suerte que, aun dándose ambas figuras en la regulación legal, en muchos casos constituye un verdadero problema el determinar si se trata de una u otra”. El mismo autor, más adelante, aludiendo a la caducidad, expresa: “En resumen, por lo que afecta a la materia de la caducidad, debemos decir que se trata de una doctrina todavía por formar en nuestra jurisprudencia. Para su formación hay 3

DIEZ-PICAZO Luis y GULLÓN Antonio, Instituciones de Derecho Civil, volumen I, Editorial Tecnos S. A., 1995, Madrid, pp. 313 y 314.

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base en el C.C., pero, como en tantas otras ocasiones, su técnica si no estorba tampoco ayuda”.4

La sola circunstancia –que observa la mayoría de los autores– de que sea difícil distinguir entre la prescripción y la caducidad revela, a nuestro juicio, que se trata de dos instituciones de orden público, que deben hallarse reglamentadas en la ley y reconocidas en el ordenamiento jurídico, y que presentan diferencias sustanciales de orden práctico, como se demostrará en el acápite siguiente. IV. DIFERENCIAS ENTRE LA CADUCIDAD Y LA PRESCRIPCIÓN En nuestro libro sobre la Extinción no convencional de las obligaciones 5 destacamos, a lo menos, diez diferencias entre prescripción y caducidad, lo cual nos induce a señalar que en el ordenamiento jurídico chileno tal confusión no debiera existir. Analizaremos, a continuación, someramente cada una de ellas: 1. La caducidad opera por el solo ministerio de la ley. Por lo tanto, no cabe a las partes injerencia alguna en su ocurrencia. Agotado el plazo consagrado en la ley y, cuando corresponde, infringida la carga que pesa sobre el titular de la expectativa, se produce la extinción del derecho ipso jure. La conducta omisiva del titular es suficiente para generar el efecto extintivo. En la prescripción la situación es totalmente distinta, ya que la extinción del derecho opera en virtud de la sentencia judicial ejecutoriada que la reconoce . 2. La prescripción debe ser alegada por quien pretende valerse

de ella, no pudiendo el juez declararla de oficio (salvo excepciones muy calificadas). La caducidad no requiere ser alegada, debiendo el juez declararla de oficio al constatar la concurrencia de los presupuestos que la conforman. 3. La prescripción se funda en la necesidad de consolidar las situaciones de hecho, transformándolas en situaciones de 4

ENNECCERUS Ludwig. Derecho Civil (Parte General), tomo I, segunda parte, volumen segundo, Bosch, Casa Editorial, Barcelona, 1981, pp. 121 y 122. 5 R ODRÍGUEZ GREZ, Pablo, Extinción no convencional de las obligaciones, volumen II, Editorial Jurídica de Chile, 2008.

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derecho por el transcurso del tiempo. La caducidad se funda en la ausencia de los presupuestos instituidos en la ley para la subsistencia de un derecho o para que una mera expectativa se convierta en derecho. 4. La prescripción se suspende –por lo general– y se interrum pe en los casos previstos en la ley. La interrupción, a su vez, se funda en el hecho de que ha cesado la inactividad del acreedor o pretensor (termina el silencio de la relación); la suspensión está basada en la necesidad de proteger a ciertas personas, atendida la condición en que se hallan. La caducidad no se interrumpe ni se suspende en caso alguno , generándose una situación jurídica que afecta a todos sin excepción ( erga omnes ). 5. La prescripción supone la existencia de un derecho pleno sin restricción alguna (el plazo de prescripción corre desde que la obligación se ha hecho exigible). La caducidad supone la existencia de una situación jurídica transitoria que no se encuentra totalmente consolidada, la cual pende de un plazo dentro del cual debe ejecutarse una carga (que puede consistir en el ejercicio del mismo derecho). Por lo tanto, el derecho está sujeto a extinguirse en el evento de que no se ejerza en un plazo perentorio o que no se cumpla la carga exigida en la ley. 6. Declarada la prescripción extintiva de la obligación, ella subsiste como natural (artículo 1470 Nº 2 del Código Civil). Producida la caducidad, no queda subsistente pretensión ni derecho alguno.

7. Existen casos excepcionales en que las partes pueden am pliar o restringir los plazos de prescripción establecidos en la ley. Tratándose de la caducidad, las partes no pueden modificar ni los plazos en que el derecho debe ser ejercido ni las cargas impuestas en la ley. 8. La prescripción es renunciable, así sea expresa o tácitamente, una vez que se haya cumplido. La caducidad no puede renunciarse, puesto que ella está establecida en función de una

relación jurídica que se configura cuando concurren los presupuestos legales. 9. La prescripción es una institución de orden público, pero una vez cumplida es de interés privado. No otra cosa puede concluirse frente a la facultad de renunciarla, por parte de la persona favorecida, pero siempre que se encuentre cumplida 243


(concurrencia de todos los elementos que la constituyen). La caducidad es siempre de orden público , porque mira el interés de la comunidad al establecer los requisitos para generar una cierta relación intersubjetiva. 10. La prescripción extintiva exige sólo un cierto lapso de tiempo durante el cual no se haya ejercido el derecho . Lo que interesa es la inactividad del pretensor que, pudiendo exigir el cumplimiento de la obligación, mantiene una actitud pasiva. Es lo que la doctrina llama “silencio en la relación” (ni el acreedor ejerce su derecho ni el deudor reconoce o cumple la obligación). La caducidad, si bien puede fundarse en el hecho de que no se ejerza el derecho en un lapso de tiempo breve, este ejercicio es un presupuesto de existencia del mismo. No se sanciona esta

inactividad, sino el incumplimiento de la carga. Por lo tanto, el ejercicio es elemento constitutivo del derecho. Así las cosas, el parentesco entre la caducidad y la prescripción, aun siendo ambas de orden público, es muy remoto y no justifica su confusión. La caducidad es un medio legal para estabilizar y consolidar ciertas situaciones jurídicas en las cuales se hallan comprometidos intereses de terceros o principios generales de derecho que deben protegerse por el sistema jurídico. La prescripción, como se dijo, se funda en la necesidad de transformar las situaciones de hecho en situaciones de derecho como consecuencia del paso del tiempo. Con todo, la comparación entre ambos institutos permite perfilar con mayor rigor el carácter de uno y otro. De aquí que hayamos escrito “que mientras la prescripción gira en función del ‘tiempo’, la caducidad lo hace en función de una ‘carga’. Sin embargo, lo propiamente distintivo es la circunstancia de que la prescripción afecta un derecho perfecto y exigible, en tanto la caducidad a un derecho susceptible de extinguirse por el incumplimiento de la carga. Nótese que la ‘carga’ puede consistir en el ejercicio del derecho, pero no porque se trate de un derecho sujeto a un plazo extintivo (derecho temporal), sino porque la carga debe ejecutarse en un determinado lapso de tiempo establecido en la ley”.6 6

R ODRÍGUEZ GREZ, Pablo, Libro citado, p. 39.

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V. LA JURISPRUDENCIA La jurisprudencia de la Corte Suprema ha ratificado los conceptos aquí expuestos. En fallo pronunciado el día 2 de junio de 2004, en autos caratulados “Kunstmann con Fisco”, Rol #5113-2004, en los considerandos 8º y 12º se expresa lo siguiente: “…cabe recordar que la prescripción extintiva ha sido definida como un modo de extinguir los derechos, por efecto del silencio de la relación jurídica de la que emanan, durante el tiempo establecido por la ley. Por caducidad, en cambio, se entiende la extinción ipso jure de la facultad de ejercer un derecho o celebrar un acto, como resultado de no haberse celebrado el acto dentro de un plazo preestablecido en la norma. “Semejante situación de inactividad puede, empero, romperse ya sea por el acreedor al entablar demanda judicial reclamando su derecho –acto que entraña una interrupción civil– o bien por el propio deudor, mediante el reconocimiento de la existencia de la obligación, entendiéndose que ello constituye una interrupción natural de la prescripción. “Que las connotaciones de la prescripción extintiva, que se acaban de destacar, sumadas al hecho de que, una vez cumplido el plazo, para que se produzca el efecto que le es propio se requiere que sea alegada por el deudor, el cual tiene la posibilidad de abstenerse y aun más, de renunciar a valerse, demuestra que, no obstante el transcurso del término fijado en la ley, la relación jurídica puede perdurar; sin perjuicio todavía de que, en atención a que esta prescripción sólo extingue la acción destinada a compeler al deudor a cumplir la obligación (artículo 1567 Nº 10 del Código Civil), mas no esta misma, que permanece subsistente como obligación natural (artículo 1470). “Que en la caducidad, por consiguiente, el evento objetivo de vencerse el plazo prefijado por la ley para el ejercicio del derecho marca definitivamente la extinción de éste; de manera que, a la inversa de lo que ocurre con la prescripción extintiva, no se reconoce en la caducidad la intervención de la voluntad de las partes a través de la interrupción, la suspensión y la renuncia; 245


tampoco se requiere que sea alegada por el interesado al cumplirse el plazo, pues ella opera ipso jure ”.7 Resulta fácil constatar que esta sentencia recoge la mayor parte de nuestras observaciones, al plantear un cuadro comparativo entre la prescripción extintiva y la caducidad. El máximo tribunal ha caracterizado correctamente uno y otro instituto demostrando, una vez más, que no hay espacio para un confusión. En sentencia de 31 de mayo de 2006, pronunciada por la Corte Suprema, analizando el alcance y sentido de la caducidad, se ha señalado: “Que, sin perjuicio de lo anterior cabe anotar que la caducidad, entendida como una sanción, puede ser conceptualizada como la extinción de un derecho por la falta de una manifestación de voluntad por el interesado, dentro del término establecido en la ley, en orden a realizar las diligencias necesarias para hacer efectivo el derecho que se le ha conferido. Tal sanción puede ser aplicada de oficio por el tribunal, en ejercicio de su jurisdicción y atiende, especialmente, a la negligencia demostrada por el titular de un derecho al permanecer en la inactividad por determinado tiempo. “Que, en consecuencia, es la actividad o interés del titular el que debe ser necesariamente expresado dentro del plazo legal, pero, ciertamente, debe ser manifestado en la forma establecida por la ley…”.8 Atribuimos particular importancia al hecho de que la Corte Suprema haya declarado que la caducidad puede ser aplicada de oficio por el tribunal, decisión especialmente relevante si se tiene en cuenta que esta sentencia se pronunció en materia laboral, vale decir, en relación con un tribunal perteneciente a una judicatura especial y protectora del trabajador en contra de quien operó la caducidad. Lo anterior implica reconocer que la caducidad opera de pleno derecho sin que sea necesario reconocimiento alguno por parte del órgano jurisdiccional. 7

Esta sentencia no aparece publicada en la Revista de Derecho y Jurisprudencia, pero se halla comentada por Jorge López Santa María en el artículo “Obligaciones y contratos”. Revista de Derecho, Universidad Adolfo Ibáñez. Número 2: 2005, p. 104. 8 Revista de Derecho y Jurisprudencia, tomo CIII, enero-junio de 2006, Segunda Parte. Secc. Tercera, p. 299.

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En sentencia de la Corte Suprema de 30 de noviembre de 2005 se reitera esta interpretación y se vuelve sobre la distinción entre caducidad y prescripción en los siguientes términos: “Que es efectivo que ‘caducidad’ y ‘prescripción extintiva’ son dos instituciones jurídicas distintas. Desde luego, esta última se define como un modo de extinguir los derechos y acciones ajenos, por no haberlos ejercitado el acreedor o titular de ellos durante cierto lapso, concurriendo los demás requisitos legales. La caducidad, en cambio, se produce en los casos en que la ley establece un plazo para ejercitar un derecho o ejecutar un acto, de manera que si vencido el plazo no se ha ejercitado el derecho o ejecutado el acto, ya no puede hacerse posteriormente. La caducidad a diferencia de la prescripción liberatoria, afecta al derecho propiamente tal (no sólo a la acción) y lo extingue inexorablemente. La caducidad, se funda en el interés del legislador de estabilizar rápidamente una situación jurídica, de dar seguridad a las relaciones jurídicas y, por consiguiente, si la caducidad ha sido establecida por la ley –como es el caso de autos– puede y debe ser declarada de oficio, al contrario de la prescripción extintiva que debe ser alegada por la parte interesada para que el tribunal pueda declararla”.9 La sentencia que transcribimos da pie para pensar que, aceptando la existencia de una caducidad convencional (lo cual como ha quedado dicho no compartimos), ella no podría declararse de oficio por el tribunal, puesto que su fundamento último no radicaría en el interés del legislador de dar estabilidad y seguridad a las relaciones jurídicas. La caducidad convencional se fundaría en el interés particular, en la autonomía privada, y en el incumplimiento de una relación contractual. Por último, citaremos una sentencia de la Corte Suprema de 13 de septiembre de 2004, en la cual se contiene el siguiente considerando: “Que en este contexto y como reiteradamente lo ha decidido este Tribunal el plazo de dos años a que se refiere el artículo 30 inciso segundo del Decreto con Fuerza de Ley Nº 94, de 1960, es de caducidad, vale decir, sólo requiere el transcurso del tiempo, sin que sea posible su suspensión, interrupción o renuncia. Para su aplicación tampoco se necesita requerimiento alguno de 9

Revista de Derecho y Jurisprudencia, tomo CII, julio-diciembre de 2005, segunda

parte, Secc. Primera, p. 829.

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parte, pues el tribunal puede de oficio declararla y como el aludido precepto no hace distinción acerca del órgano que puede pronunciarse sobre las revisiones o rectificaciones solicitadas, ello trae como consecuencia que a la fecha de inicio y notificación de la demanda de autos, 30 de mayo de 1992, el derecho de los actores para solicitar judicialmente la reliquidación que pretenden se había extinguido por caducidad.” 10 En el considerando trascrito, la Corte Suprema reconoce que la caducidad, como lo habíamos señalado, opera por el solo transcurso del tiempo, no admite suspensión ni interrupción ni renuncia, y debe ser declarada (reconocida) de oficio por el tribunal sin necesidad de ser alegada. Estas características reafirman nuestra opinión en el sentido de que la caducidad es siempre legal y no convencional, puesto que dichos atributos parecen ser propios del un mandato legislativo. VI. A MANERA DE CONCLUSIÓN Resumiendo los aspectos que estimamos más relevantes de estas reflexiones y como corolario de nuestro estudio, podríamos proponer las siguientes conclusiones: 1. La caducidad es una causal no convencional de extinción de obligaciones y derechos, que opera como consecuencia de que su titular o no lo ejerce en el término establecido en la ley o no cumple con la carga impuesta para su consolidación. 2. La caducidad es siempre legal, esto es, supone la existencia de una norma jurídica que la consagra, fijando el término en que ha de ejercerse el derecho o satisfacerse la carga impuesta a su titular. No hay propiamente caducidad convencional, aun cuando efectos semejantes, pero no idénticos, pueden alcanzarse mediante institutos tales como el plazo extintivo o la condición resolutoria ordinaria. 3. La caducidad legal es de orden público, lo que implica reconocer que ella mira el interés general de la comunidad y no el interés particular de los sujetos de derecho. 10

Corte Suprema, sentencia de 13 de septiembre de 2004, Revista Fallos del Mes, Nº 526, p. 2.041.

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4. La ley, en la estructuración de la caducidad, enlaza un plazo y una condición resolutoria negativa , dando forma a esta causal de extinción de derechos y obligaciones. Lo peculiar es la circunstancia de que la condición y el plazo son incorporados por mandato de la ley, al margen de la voluntad de las partes que intervienen en la relación. Por consiguiente, no se trata de modalidades incorporadas por voluntad de las partes, sino por mandato del legislador. 5. Entre la caducidad y la prescripción, esta última, sin duda, el instituto más próximo a la caducidad, hay diferencias insalvables, como se ha especificado en el curso de este trabajo. Lo propio ocurre tratándose de una supuesta caducidad convencional. 6. La caducidad opera de pleno derecho, no se suspende, no se interrumpe, no puede ser renunciada y el tribunal debe declararla de oficio sin necesidad de que ella sea invocada por las partes. 7. La caducidad puede afectar un germen de derecho (mera expectativa a la cual faltan elementos constitutivos), o a un derecho perfecto, según lo señale la ley en cada caso. Lo anterior queda de manifiesto en varias ramas de la ciencia jurídica, tales como el derecho administrativo, minero, de aguas, etcétera. 8. La caducidad tiene por objeto consolidar situaciones jurídicas de modo de dar estabilidad y certeza al derecho . La prescripción, el pariente más próximo de la caducidad, tiene por objeto transformar situaciones de hecho en situaciones de derecho, cuando estas se prolongan a través del tiempo. 9. La prescripción pendiente (no cumplida) es de orden público, pero es de interés particular una vez cumplida y, por lo mismo, renunciable. La caducidad es siempre de orden público, irrenunciable y está fundada en el interés general de la comunidad. 10. La caducidad no se halla reglamentada en un estatuto propio en nuestro Código Civil, pero ello no es óbice para deducir las normas y principios que la caracterizan, como queda de manifiesto en este trabajo. Nos ha parecido necesario precisar el estatuto jurídico de la caducidad, puesto que es frecuente su aplicación en el mundo jurídico. En la medida que el derecho administrativo y las demás 249


ramas especiales del sistema jurídico se sigan ampliando, su campo de acción irá, simultáneamente, creciendo. A lo indicado debe agregarse el hecho de que, una vez más, queda de manifiesto que el derecho común sigue siendo supletorio, gravita en todo el ámbito jurídico y sus principios perviven en normas especiales, complementándolas y adaptándolas a la realidad social normada por el derecho. Nuevo e indesmentible testimonio de que el sistema jurídico es uno, armónico, coherente y pleno.

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La Caducidad en El Derecho Civil Chileno

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