La Mineria en el Chocó

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Agradecimientos: A Richard, Américo, Sterlin, Rosmira y Claudio, por permitirnos contribuir en la deensa del territorio; la verdadera paz. A María de los Ángeles, Vanessa, Carlos y Francisco, por su alegría en los viajes a terreno y su compromiso con los procesos organizativos y la investigación-acción. A todas las voces de pobladoras, mineros, lideresas y líderes que acompañan este texto. Sus problemáticas nos desvelan, pero su empuje nos da esperanza para continuar luchando por la vida y la cultura. A las instituciones comprometidas por un Chocó para los chocoanos. Y al resto de las instituciones, en quien contamos para que la Crisis SocioAmbiental pronto se convierta en un ejemplo piloto de la Paz erritorial. A las aguas del Andágueda, Atrato, Quito y San Juan. Estas páginas son nuestro aporte para su pronta recuperación

«La presente publicación ha sido elaborada con la asistencia de la Unión Europea. El contenido de la misma es responsabilidad exclusiva de ierra Digna y en ningún caso debe considerarse que refleja los puntos de vista de la Unión Europea.»

LA MINERÍA EN CHOCÓ, EN CLAVE DE DERECHOS .

Investigación y propuestas para convertir la crisis socio-ambiental en paz y justicia territorial Centro de Estudios para la Justicia Social (CEJS) ierra Digna Calle 33A No. 18-27 eléono: (+571) 309 98 84 www.tierradigna.org [email protected] Bogotá, Colombia Proyecto No. DCINSAPVD/2012/294-571 Escenarios de concertación local: una apuesta por la vida, la gobernabilidad y el etnodesarrollo en los territorios colectivos de Indígenas y Arodescendientes en el departamento del Chocó. Investigador Principal: Diego Melo Ascencio Dirección de Área: Ximena González Serrano

Fotografías: ierra Digna Steve Cagan www.stevecagan.com Con el apoyo de: Foro Interétnico Solidaridad Chocó Red Departamental de Mujeres Chocoanas Unión Europea Diakonia FUCLA Diseño y diagramación: Leonardo Díaz www.leodiazr.com Impresión: Conarte Litograía www.conartelitograía.com ISBN: 978-958-59202-3-1 Cítese como: ierra Digna. Melo, D. (2015), La Minería en Chocó, en Clave de Derechos. Investigación y propuestas para convertir la crisis socio-ambiental en paz y justicia territorial. Bogotá, Colombia – 2016

Equipo Chocó: Elisabet Pèriz Fernàndez Johana Rocha Gómez Viviana González Moreno

Esta obra está sujeta a la licencia Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional de Creative Commons.

Investigación y propuestas para convertir la crisis socio-ambiental en paz y justicia territorial CENTRO DE ESTUDIOS PARA LA JUSTICIA SOCIAL TIERRA DIGNA 2016 CON EL APOYO SOLIDARIO DE:

8

LA MINERÍA EN CHOCÓ en clave de DERECHOS

Prefacio La minería en Chocó es un tema recurrente en la prensa colombiana. De vez en cuando, los titulares de los periódicos y noticieros nacionales divulgan estadísticas sobre el número de maquinaria pesada que las autoridades policiales incautan sobre las cuencas del río Atrato o el río San Juan. Otras veces, la prensa menciona el Chocó y la minería mientras aborda otros asuntos, como la deorestación, los altos índices de corrupción, los bajos puntajes en pruebas educativas o las preocupantes estadísticas de pobreza multidimensional, la precaria atención en salud o la inseguridad alimentaria en el país. Algunos artículos recientes se han enocado en otros aspectos, como la contaminación de las aguas por mercurio. anto que, a comienzos del 2016, a raíz de la visita de la Corte Constitucional a Quibdó, el titular más recurrente ue el siguiente: “Mercurio en el agua habría causado muerte de 34 niños en Chocó.” 1 Un titular desaortunado, por decir lo menos, pues descontextualizó una estadística preocupante para hacer noticia, mientras invisibilizó lo amplios y proundos conflictos que hoy en día tienen al departamento más extenso del Pacífico en una crisis social y ambiental. 2 Una crisis a la que muchos, desde Bogotá y Medellín, hemos contribuido por acción u omisión. Es así como, con un alto grado de amarillismo, los colombianos citadinos nos hemos acostumbrado a pensar en la rase “minería en Chocó” como un problema, pero sin entender muy bien por qué. Mucho menos a quién aecta, por qué lleva tantos

años o qué debería suceder para que la situación cambie. En pocas palabras, mientras el problema es altamente visible en los medios nacionales, las comunidades étnicas que enrentan la situación son hiper-invisibilizadas. A pesar de esta dinámica, el Chocó está lleno de vigorosos y valientes procesos organizativos de Comunidades Negras, Arocolombianas e Indígenas que, entre otras cosas, vienen luchando hace décadas por que Colombia reconozca, en su Constitución, sus leyes y sus políticas, que el territorio chocoano es undamentalmente interétnico y plurinacional, y que no existe para ser usado y abusado por la población mestiza dominante o el Estado y sus instituciones. En cambio, las comunidades mismas han demostrado que tienen robustas propuestas de gobernabilidad y gobernanza que le apuestan a la construcción de proyectos de vida sobre los territorios que las vieron nacer. Es desde esta lucha que queremos iniciar nuestro relato, pues en ierra Digna creemos que el tema de la minería en Chocó es, ante todo, un tema de derechos. Especialmente ahora que el país atraviesa un proceso de transición y apertura democrática, en esta investigación buscamos cambiar la orma de enmarcar ese “problema” y la manera de construir las soluciones. Para que, dentro de poco, “la minería en Chocó” se convierta en un escenario piloto en donde de verdad sea posible construir La Paz erritorial.

Colprensa, “Mercurio en el agua habría causado muerte de 34 niños en Chocó,” El Colombiano y Vanguardia Liberal, ebrero 3 de 2016. Redacción Nacional, “37 niños habrían muerto en Chocó por tomar agua contaminada con mercurio,” El Espectador, ebrero 3 de 2016. 2 Sergio Silva, “Así ue la visita de la Corte Constitucional al municipio más pobre de C olombia,” El Espectador, ebrero 5 de 2016. 1


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Tabla de contenido Preacio Introducción Investigación para la incidencia política y la construcción de paz territorial Estructura lógica de la investigación

8 11 12 13

Precisiones Metodológicas Diseño metodológico y preguntas de investigación Métodos y uentes de inormación Problemas metodológicos, dilemas éticos y desaíos en terreno

15 15 16 17

PARE I:

19

¿Quién está detrás de la crisis socio-ambiental en el Chocó? Las diversas ormas de definir la minería Las diversas ormas de explotar los minerales

20 21 22

Historia de Vida: La fuerza, el empuje y la familia en la minería artesanal Los principales impactos de la minería mecanizada ¿El territorio para las comunidades o para el extractivismo? La minería mecanizada y sus acuerdos con los actores locales Los actores armados se benefician de la crisis

26 33 38 39 41

Historia de Vida: Las dos aristas del confinamiento en el Alto Andágueda La pobreza rural es un actor estructural de la injusticia ambiental El derecho es ambivalente ante el extractivismo minero La vulnerabilidad es la variable más importante ante cualquier crisis socio-ambiental

46 50 50 52

Los planes del Gobierno para el Chocó: la minería transnacional itulación minera a privados y empresas transnacionales Demarcación de Áreas Estratégicas Mineras

54 57 62

PARE II: ¿Qué sucede en territorio y cómo responde el Estado?

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Violaciones de Derechos Fundamentales en Río Quito La aectación al agua y sus impactos sobre la alimentación Desabastecimiento de agua para consumo Las necesidades económicas no dan escapatoria

66 67 68 70

El uso del intencional del mercurio como un problema de salud pública La respuesta estatal al uso intencional del mercurio y su toxicidad ¿Qué hacer con la importación de mercurio para MAAPE?

75 80 84

Desplazamiento “gota a gota” en el Alto Atrato ¿Por qué ser irían de sus preciadas comunidades? Porque el entorno ya no da para vivir Porque no existen servicios públicos básicos

89 89 89 92

10

Porque el ejército y la guerrilla violan todo tipo de derechos Porque el Estado concesiona el territorio a transnacionales El Atrato: amenazado de principio a fin

93 94 99

Mientras la contaminación se acumula, al subsuelo lo subastan en el Bajo Atrato Amenazas contra comunidades étnicas y santuarios naturales en Acandí Confinamiento inminente de comunidades Indígenas y Aro en el Darién Intentos de consolidación de una zona minera en el Bajo Atrato

101 102 104 106

El precio internacional del oro como trasondo geopolítico

108

Pugnas por la titulación minera y corrupción en San Juan En San Juan la titulación para minería está en disputa El conflicto armado, los cultivos de uso ilícito y la minería mecanizada La corrupción local sucede por la separación entre la gente y los uncionarios El programa Oro Verde le apuesta a la autonomía

114 114 119 122 124

¿Por qué prospera la ilegalidad minera en el Chocó? Por alta de acceso a derechos mineros Porque los marcos “institucionales de apoyo” son débiles Por condiciones de baja seguridad y problemas de orden público

127 128 133 136

El Chocó en el pos-acuerdo: ¿tan solo una zona de concentración de guerrillas desmovilizadas? Reflexiones del Consejo Nacional de Paz Arocolombiano (CONPA) Los riesgos y oportunidades en el Acuerdo de Reorma Rural Integral

146 147 148

CONCLUSIÓN

157

RECOMENDACIONES

161

ÍNDICE

162

ANEXO A: Ficha écnica – Recolección de datos durante los viajes a terreno

165

ANEXO B: Descripción de las entrevistas realizadas

166

Bibliograía

168


11

Introducción Este inorme es el producto de seis años de acompañamiento del CEJS ierra Digna al Foro Interétnico Solidaridad Chocó (FISCH en adelante)3 y al Consejo Comunitario Mayor de la Organización Popular y Campesina del Alto Atrato (Cocomopoca), quienes estructuran sus luchas alrededor de la deensa del territorio, para que las comunidades puedan permanecer y desarrollarse plenamente en él. Como parte del proyecto

Escenarios de concertación local: una apuesta por la vida, la gobernabilidad y el etnodesarrollo en los territorios colectivos de Indígenas y Afrodescendientes en el departamento del Chocó (apoyado por la Unión

Europea y Diakonia), ierra Digna orece acompañamiento técnico-jurídico al FISCH. En dicha labor, nos esorzamos por proporcionar inormación actual y verídica sobre los temas más apremiantes para la deensa del territorio, la vida y la cultura. Uno de sus resultados es precisamente esta investigación, la cual busca contribuir a un proceso local más amplio: la Agenda Regional de Paz del FISCH publicada en agosto de 2015. 4 En términos generales, la Agenda Regional de Paz es la visión colectiva de un amplio número de pobladores del territorio que busca posicionar el enoque territorial y étnico-cultural en las agendas de construcción de paz en Colombia,

con el fin de visibilizar los Planes de Vida y Planes de Etnodesarrollo que las comunidades mismas han construido para deender sus derechos a la autonomía y la autodeterminación. Así las cosas, esta investigación es un insumo que apoya, defiende y visibiliza los principios de esta Agenda Regional. 5 La labor de ierra Digna en el Chocó es la deensa de los derechos territoriales de comunidades étnicas, en particular las Aro-descendientes. En dicho proceso hemos desarrollado una lectura crítica de los procesos de implementación de proyectos extractivos en el Chocó. Por esta razón, los temas priorizados en este inorme son los siguientes: 1. Los impactos sociales, ambientales y culturales de la minería mecanizada 2. La configuración de la minería empresarial y a gran escala en territorios étnicos 3. Las conexidades e interrelaciones entre las actividades extractivas (legales e ilegales) y el conflicto armado, el desplazamiento orzado y las perspectivas de paz en el Chocó rente al posacuerdo y la construcción de la Paz erritorial en Colombia

El FISCH es un espacio de integración, coordinación, concertación, discusión política y temática de las organizaciones étnico-territoriales y sociales (de comunidades negras, indígenas, mestizas, sociales, de jóvenes, mujeres, rurales y urbanas) que se plantean alternativas de superación de los conflictos social y armado y la construcción de condiciones de vida con dignidad de las personas que pueblan las comunidades. 4 “El Chocó tiene Agenda Regional de Paz,” pacificocolombia.org, agosto 15 de 2015. http://bit.ly/1OUjNGV Este instrumento ue producto de un amplio proceso de investigación-acción participativa, en el que los actores locales (comunidades, organizaciones de mujeres, jóvenes, campesinas, víctimas y las organizaciones étnico territoriales) compartieron su visión territorial y aportaron propuestas para la construcción de paz en el Chocó. Esta agenda enatiza que el Chocó debe entenderse como un territorio que alberga una pluralidad de sujetos (comunidades indígenas, aro y mestizas), cada uno con un sentido propio de pertenencia al territorio y dónde la gente se encuentra con sus dioses y sus espíritus, reivindica su derecho a la dierencia cultural y busca existir acorde a su propia visión de vida (FISCH, 2015). 5 La territorialidad; el enoque étnico-territorial; la autonomía y la autodeterminación; la espiritualidad y el Ser, la equidad, el reconocimiento y la redistribución; la compensación y reparación integral; el derecho a la identidad cultural. 3

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ierra Digna le apuesta a un tipo de investigaciónacción que ortalezca los procesos organizativos de comunidades étnicas y provea insumos para la deensa de un territorio para los chocoanos en condiciones de igualdad.

Investigación para la incidencia política y la construcción de paz territorial En 2014, la Deensoría del Pueblo reconoció públicamente que en el Chocó existe una crisis socio-ambiental debido a que “las actividades ilegales de extracción de metales como el oro y el platino generan presión sobre el patrimonio ambiental, degradan el tejido social y causan conflictos socio ambientales” e instó al Gobierno nacional a que declarara una emergencia ecológica en el Chocó (Deensoría del Pueblo, 2014).6 Para la Deensoría, esta alarmante situación exige que todas las instituciones involucradas tomen acciones coordinadas, eficaces e inmediatas y especificó quién, cuándo y cómo dentro del Estado debería tomar acciones concretas para arontar la crisis. Sin embargo, en seguimiento a su Resolución,7 el Ministerio Público evaluó la respuesta de las autoridades a las recomendaciones ormuladas y concluyó que “el balance de respuesta de las entidades ue desalentador.” 8 Al evidente incumplimiento de las recomendaciones de la Deensoría, debe añadírsele que nuestro entendimiento sobre el problema (tanto en lo local como en lo nacional) es limitado.


del planeta y de poseer tal riqueza cultural por su población pluriétnica y plurinacional, el Chocó cuenta con pocos estudios, estadísticas y radiograías sobre cómo la minería está degradando sus territorios. Carecemos, entonces, de un panorama completo que explique por qué existe una crisis socio-ambiental en el departamento. En consecuencia, en este inorme buscamos identificar a los actores generadores o receptores de la crisis (o ambos en algunos casos) y elucidar quiénes tienen responsabilidad de proporcionar soluciones garantistas. odo esto porque somos conscientes de que el diseño de políticas públicas requiere que conozcamos el tema a proundidad, más aún ante los desaíos del cambio climático para este siglo. *** El Chocó en los escenarios de Cambio Climático ***

Según el IDEAM y el PNUD (2015, pág. 34), los principales eectos del cambio climático en el Chocó podrán presentarse debido a la elevación de la temperatura sobre el territorio: • El norte del Chocó podrá presentar aectaciones sobre el ecosistema de bosque húmedo debido al incremento gradual de temperatura a través del siglo. • Podrán verse aectados los cultivos de pancoger así como monocultivos debido a estrés térmico para las especies.

A pesar de ser uno de los lugares más biodiversos

Específicamente, tras realizar un trabajo pormenorizado de constatación de las vulneraciones a los derechos de las comunidades rurales, urbanas y privadas de la libertad del departamento. 7 Junto con la Procuraduría, a través de la Directiva Conjunta 005 de 2014. 8 Respuesta a derecho de petición de ierra Digna, Deensoría del Pueblo, noviembre 15 de 2015. No. Rad. 201500854735. 6


• El sector salud podrá tener aectaciones con emergencias asociadas a calidad nutricional por déficit alimentario. Este inminente escenario coloca especial relevancia sobre el papel del Estado para garantizar los derechos de los chocoanos a la alimentación, el agua y la salud. Además, como el departamento cuenta con el mayor número de población Aro e Indígena, estos derechos están circunscritos por el derecho undamental al territorio. *** Pero, a dierencia de lo que se piensa en el nivel central del Gobierno, la solución a las problemáticas sociales no siempre está en las políticas públicas. Por múltiples razones, uno de los esuerzos que generan soluciones más eectivas y sostenibles a las crisis es el ortalecimiento de las comunidades de base. Es por ello que el análisis de la inormación aquí consignado está pensado para la exigibilidad de los movimientos locales. Para que los líderes y lideresas del FISCH y de las organizaciones sociales y étnico-territoriales tengan un sustento empírico sobre el cual realizar sus labores de exigibilidad de derechos en todos los niveles del Gobierno nacional y en escenarios de incidencia política internacionales. Por último, este texto está especialmente redactado para que sea leído por los mineros mecanizados que operan en el Chocó. A dierencia del Estado, hemos intentado ser respetuosos con la figura del minero inormal/ilegal, porque creemos que son un actor clave en la construcción de las soluciones a la crisis. Esperamos que este esuerzo sea recibido con generosidad y sea un primer paso en la recuperación y rehabilitación del territorio.

Estructura lógica de la investigación Como toda investigación ormal, la sección inicial se enoca en la metodología utilizada para el desarrollo del texto. En este apartado explicaremos con quién hablamos y cómo utilizamos la interpretación social para documentar analíticamente nuestros hallazgos en terreno. Además, explicaremos cómo recopilamos las uentes oficiales y cómo, a través

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de la georreerenciación, la sistematización de datos y la revisión de textos académicos, analizamos los conflictos socio-ambientales a escala departamental y subregional. En seguida nos volcamos al estado del arte sobre la minería en Chocó. En este acápite realizamos un paneo global sobre los tipos de minería, las ormas de aprovechamiento de minerales, los actores involucrados y la especial situación de vulnerabilidad de las comunidades rurales del departamento. Dentro esta contextualización abordamos el tema de los impactos socioambientales asociados con la minería mecanizada. Presentaremos un análisis sistemático de cómo las actividades de extracción minera degradan ecosistemas, producen impactos socioeconómicos y constituyen violaciones a derechos undamentales. A lo largo de la revisión de contexto incluimos dos historias de vida. La primera muestra las experiencias de Elvia en el desarrollo de la minería artesanal. Con este relato queremos elucidar cómo esta actividad ha sido una uente de subsistencia para muchas amilias (con eectos dierenciales sobre las mujeres Aro), pero que plantea serios desaíos como alternativa económica de cara al uturo. La segunda historia documenta cómo la vida de María ha estado atravesada por el desplazamiento orzado. En su inancia, María huía de los combates entre insurgentes y uerza pública pero, en la actualidad, sus amiliares se desplazan porque los ecosistemas aledaños están de tal orma degradados que se han visto obligados a abandonar su preciada comunidad. Continuamos con una aproximación detallada a los intereses de minería a gran escala en el Chocó; entre otras cosas, porque el panorama advierte un posible conflicto de intereses entre el papel del Estado como garante de derechos humanos y undamentales (concretamente su responsabilidad de proteger, recuperar y rehabilitar las áreas degradadas por minería mecanizada) y el interés del Gobierno nacional por otorgar los minerales del subsuelo a empresas

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transnacionales.

santuarios de flora y auna del Darién.

Para ejemplificar esta primera parte proseguimos con la caracterización de río Quito, uno de los ríos más intervenidos por minería mecanizada en Chocó. En dicha sección demostramos cómo se materializan las violaciones al derecho al agua, la alimentación y el territorio en la vida de las personas.

Y como hablamos de las transnacionales, también debemos hablar de sus intereses económicos, por lo que nos tornamos a la cuestión del oro. Específicamente, cuáles son las variables que lo hacen más o menos atractivo para los mineros (grandes y pequeños). Aquí explicaremos que el precio del metal precioso está inversamente ligado a la valorización del dólar y documentaremos cómo esta volatilidad ha marcado momentos hito en la producción auríera y la solicitud de títulos mineros en el Chocó.

Ahora, como uno de los principales contaminantes del agua asociados con minería aluvial auroplatiníera es el mercurio (Hg), en el acápite siguiente explicamos por qué su uso intencional constituye un problema de salud pública e indagamos cuál ha sido la respuesta estatal rente a la problemática. Demostraremos que, si bien se han creado instrumentos jurídicos para atender la crisis de contaminación, los eslabones más uertes de la cadena (los importadores y los distribuidores) brillan por su ausencia en las estrategias de la institucionalidad. A renglón seguido se presenta la caracterización del territorio de Cocomopoca, ubicado en la parte Alta del río Atrato. En este apartado hablaremos del enómeno del desplazamiento orzado “gota a gota,” en donde explicaremos que las poblaciones ribereñas se ven obligadas a migrar de sus comunidades por (1) las transormaciones territoriales causadas por la minería, (2) la alta de servicios públicos básicos, (3) los eectos desproporcionados del conflicto armado sobre los civiles y (4) por los intereses del Estado y las empresas transnacionales sobre su territorio colectivo. El turno es luego para el Atrato, en donde mostraremos detalladamente cómo esas presiones por el oro y el platino han degradado su cauce. Dedicaremos especial atención a los territorios del Medio Atrato degradados por minería y aquellos del Bajo Atrato titulados o solicitados para minería. Explicaremos que, de otorgarse los títulos solicitados, se estará confinando a los resguardos indígenas y los territorios de Comunidades Negras que habitan en la zona, además de amenazarse los parques naturales y los

Mirando hacia el uturo, continuamos con la caracterización de la subregión del San Juan. Allí hablaremos de las pugnas por la titulación minera entre los consejos comunitarios Aro, los actores privados y las empresas transnacionales. ambién hablaremos de cómo perciben las comunidades el tema de la corrupción administrativa y reseñaremos la iniciativa Oro Verde, como muestra de que las organizaciones étnico-territoriales están a la vanguardia de la sostenibilidad ambiental en minería. La siguiente sección hablará de uno de los debates más álgidos pero menos comprendidos en el país: ¿por qué prospera la ilegalidad en la minería? Romperemos con la lectura tradicional e incorporaremos la literatura internacional comparada. Con ello esperamos valorar en qué medida la los actores estructurales de la ilegalidad minera (el acceso a derechos mineros, los marcos institucionales de apoyo y las condiciones de seguridad pública) contribuyen a que perdure la crisis socio-ambiental en el Chocó. Nuestro último acápite hablará de la coyuntura nacional: el acuerdo de terminación de conflicto entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC-EP. Enatizaremos que las comunidades Aro ueron abiertamente excluidas de la mesa de negociaciones pero que el Acuerdo sobre la Reorma Rural Integral presenta un amplio número de riesgos y oportunidades para las especificidades del Chocó.

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Este amplio conjunto de reflexiones, datos y revelaciones nos permitirán culminar con una sección extremadamente pertinente para arontar la crisis socio-ambiental: una propuesta de políticas públicas con enoque de derechos humanos. En este insumo final presentamos una matriz donde cruzamos dos variables: (1) las distintas obligaciones del Estado en materia de derechos humanos y (2) dos derechos humanos y uno undamental (el derecho al agua, el derecho a la alimentación y el derecho al territorio). Confiamos en que las proundas y nocivas dimensiones de la crisis ameritan respuestas innovadoras (en muchos casos contra-intuitivas) que trasciendan los prejuicios y el racismo estructural, y conviertan un inmenso problema en una gran oportunidad para el pos-acuerdo.

Precisiones Metodológicas El método utilizado ue la investigación social interpretativa, compuesta por observación participante, entrevistas semi-estructuradas, geo-reerenciación y análisis documental de uentes académicas, oficiales y comunitarias (narrativas y visuales).9 En este proyecto buscamos documentar cómo las actividades de explotación minera proundizan la vulnerabilidad de comunidades aro-descendientes del Chocó y cómo estos procesos, a su vez, vulneran sus derechos ambientales, culturales y territoriales. Al utilizar los métodos cualitativos, reconocemos que toda actividad humana, incluida la investigación, se desarrolla desde un punto de vista situado y rechazamos la búsqueda de la objetividad pura. Además, como los investigadores cualitativos trabajan usualmente sin auditores externos que revisen los datos primarios

recopilados, y su labor es la interpretación, la fiabilidad del análisis depende de la consistencia y el rigor en el proceso de investigación. 10 Por ello, en esta sección detallamos el diseño metodológico, el procesamiento de las uentes primarias y algunos problemas relacionados con el método escogido, los dilemas éticos y los desaíos en terreno.

Diseño metodológico y preguntas de investigación Para la realización de este proyecto, ierra Digna escogió la investigación cualitativa por su proximidad a los procesos organizativos de autoridades étnico-territoriales pertenecientes al FISCH. ambién porque buscamos proundizar en el significado que tienen las personas de las distintas comunidades de base sobre las realidades ambientales, sociales y culturales asociadas con la explotación minera en su departamento. Finalmente, el diseño metodológico se basó en la investigación participante, las entrevistas, los registros visuales y la documentación oficial debido al objetivo principal de nuestra organización: la deensa de derechos territoriales y la contribución a la construcción de paz en Colombia a través de recomendaciones de política pública con enoque dierencial y de derechos humanos. Las preguntas de investigación escogidas ueron las siguientes: 1. ¿Cuáles son y cómo se han desarrollado las modalidades de aprovechamiento minero en el Chocó? ¿Cuáles son sus principales actores sociales, cómo participan y qué nos dicen estos actores sobre los actores estructurales que han conducido a la expansión territorial, política y

La investigación social interpretativa se basa en la premisa de que los actores sociales crean mundos emergentes específicos al lugar y momento en el que se encuentran. En este método, el análisis se realiza a través de descripciones densas (llenas de detalles) que buscan persuadir al lector de que la interpretación orecida es plausible, ya que la realidad encontrada puede hallarse, o no, en otros momentos y lugares. Aunque en algunos momentos es posible especu lar sobre relaciones de causa y eecto, los análisis cualitativos usualmente se concentran en relatar los procesos detrás de los enómenos sociales (el qué y el cómo sucede lo que se investiga) (Warren & Karner, 2010, p. 7). 10 Es decir, la disciplina en la toma de notas durante los viajes a terreno, la transcripción integral de las entrevistas y el detalle en los diarios de campo con registros visuales (Warren & Karner, 2010, p. 8). 9

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simbólica (como actividad base de progreso) de la minería? 2. ¿Cuáles son los principales impactos sociales, ambientales y culturales que enrentan las comunidades étnicas en cuyos territorios se adelantan actividades de explotación minera mecanizada, en particular en las cuencas de los ríos San Juan, Río Quito, Atrato y Andágueda? ¿Cuáles son los derechos colectivos y territoriales vulnerados o amenazados por estos impactos, en especial los derechos a la alimentación, al territorio y al agua? 3. ¿Cómo se ha configurado la minería empresarial y a gran escala en territorios étnicos en el departamento del Chocó? ¿Cuáles son sus distintas modalidades legales de ocupación del territorio, cuáles son los principales proyectos extractivos en definición para el Chocó (especialmente en la región del Darién y en la cuenca del Atrato) y qué empresas y compañías tienen intereses extractivos en el departamento? 4. ¿Cuáles son las conexidades e interrelaciones entre las actividades extractivas legales e ilegales y el conflicto armado, el desplazamiento orzado, la presencia y operación de actores armados?

Métodos y fuentes de información Como observación participante, la investigación su nutre de (9) nueve viajes a terreno a la ciudad de Quibdó y a las comunidades de base que residen sobre las cuencas de los ríos San Juan, Río Quito, Atrato y Andágueda, en compañía de promotores los regionales del FISCH, líderes de los consejos mayores y locales y, en algunas ocasiones, la Pastoral Social y la Diócesis de Quibdó. En los viajes a terreno se realizaron reuniones


de constatación de condiciones de vida de las comunidades, recorridos por los entornos ísicos y los ríos aledaños, actividades de cartograía social y memoria histórica y entrevistas inormales. Las observaciones ueron documentadas en diarios de campo, un registro otográfico y archivos de voz. En la etapa analítica, estos insumos sirvieron como base para la descripción densa (thick description) y la interpretación. Durante los viajes a terreno también se realizaron (23) veintitrés entrevistas semi-estructuradas cara-a-cara y (3) tres grupos ocales con personas de las comunidades de base. Aproximadamente la mitad de estas entrevistas tuvo una duración de 25 minutos, mientras que la otra mitad duraron entre 40-60 minutos (Ver Anexos A y B). Con el objetivo de reconstruir el impacto de las actividades mineras sobre la vida de las personas, se transcribieron completamente (12) doce de estas entrevistas. De las transcripciones se extrajeron detalles, relaciones y patrones que nutrieron la elaboración de historias de vida y las secciones analíticas realizadas por cada subregión minera del Chocó.11 En la ciudad de Quibdó se realizaron (5) cinco entrevistas con actores clave como miembros de las juntas directivas de los consejos mayores de comunidades negras y uncionarios del Estado de alguna u otra manera involucrados en el enómeno de la minería en Chocó. Aunque no transcritas en su totalidad, los archivos de audio sirvieron para contextualizar el análisis por región y el panorama departamental. A lo largo de las secciones analíticas se presentan apartados de las entrevistas, en algunos casos literales y en otros intervenidos por motivos de coherencia, precisión y concisión. El significado global de cada apartado, sin embargo, nunca ue intervenido—siendo los cambios realizados tan

Esta escogencia está inspirada en el trabajo de Ewick & Silbey (1998, p. 29) para quienes “las historias que las personas cuentan sobre ellas mismas y sus vidas constituyen e interpretan esas vidas” y pueden ser utilizadas como metáoras que representen los hallazgos del investigador. 11


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solo correcciones gramaticales y reducciones o aclaraciones en unción de la sintaxis.

artesanal y de pequeña escala, y la gran minería transnacional.

El proceso de geo-reerenciación de la minería en el departamento de Chocó se basó en el estudio, sistematización y geo-codificación (identificación de puntos claves en el mapa) del Registro Gráfico de ítulos y Solicitudes Mineras Vigentes que la Agencia Nacional de Minería vendió a ierra Digna. Además, se construyó una matriz en Excel con la inormación de los títulos y solicitudes correspondientes a grandes empresas, de la cual se pudo calcular el total de las hectáreas concesionadas a estas y el porcentaje del área municipal que ocupan títulos específicos. De la sistematización también se pudo analizar la línea de tiempo de las solicitudes, la duración de los títulos vigentes y los actores detrás de las solicitudes de legalización de minería tradicional. A lo largo del texto se presentan porciones del mapa con párraos descriptivos que recogen los intereses extractivos en los territorios y advierten las posibles consecuencias de concretarse dichos proyectos.

Finalmente, en la apuesta por un tipo investigación-acción que ortalezca los procesos organizativos de las comunidades étnicas, ierra Digna realizó, en el marco de este proyecto, un recurso en internet en el que se comunican nuestros hallazgos de orma interactiva. Uno de es un mapa con capas interactivas que condensan los impactos territoriales de los distintos tipos de minería y las presiones por la apropiación legal de territorios étnicos.13 Otro es una cartilla ísica en la que se muestra el panorama minero del departamento y se incluyen hipervínculos a bases de datos cuantitativas, normas y documentos de política pública que ayudarán a las autoridades étnico-territoriales a tomar decisiones inormadas.14

Otro método ue la documentación de datos oficiales a través de derechos de petición de inormación elevados a las instituciones del Estado asociadas con la crisis socio-ambiental causada por la minería en el departamento. De las respuestas obtenidas se realizó una matriz en Excel con los datos más sobresalientes, así como cálculos cuantitativos cuando la inormación lo ameritaba.12 ambién se realizó una recopilación documental de uentes técnicas que permitieron clasificar los distintos tipos de minería e identificar los actores detrás de los diversos procesos de aprovechamiento. Asimismo, para guiar la interpretación de las uentes se realizó una revisión académica en temas como conflictos mineros y socio-ambientales, la minería

Problemas metodológicos, dilemas éticos y desafíos en terreno La investigación social interpretativa desarrollada en este proyecto ue un gran acierto. En particular porque, en sincronía con el enoque étnico-territorial, las visitas a comunidades, las entrevistas y los recorridos permitieron aprovechar la oralidad de los entrevistados para entender los lugares visitados y sus historias particulares. Además, en clave del principio de autonomía y autodeterminación, estos métodos permitieron enlazar el significado que tienen las personas de los enómenos mineros en sus territorios, con inormación áctica, detallada y actualizada, proveniente de instituciones del Estado. No obstante, no toda la inormación clave pudo ser recopilada, y la que ue obtenida, no toda ue completa. A continuación mencionamos algunos de los desaíos en la recopilación de la

De los cuales algunos ueron utilizados en la redacción del presente texto, mientras que otros uncionarán como una herramienta de investigación a largo plazo para ierra Digna, el FISCH y los Consejos Mayores de Comunidades Negras o Cabildos Indígenas interesados. 13 http://lamineriaenchoco.tierradigna.org/ 14 http://tierradigna.org/La-mineria-en-choco-como-un-asunto-de-derechos-Cartilla.pd 12

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inormación y en los trabajos de campo. En la realización de entrevistas ue diícil obtener respuestas detalladas sobre los aspectos más controversiales de la minería. Por ejemplo, existieron silencios en cuanto a los actores involucrados en la celebración de convenios sobre cánones superficiarios con entables de minería mecanizada o la participación de actores armados legales e ilegales en la explotación minera. En los recorridos, si bien el acompañamiento de los líderes de los consejos locales y los promotores del FISCH acilitaron los grupos ocales y el registro otográfico, en zonas abatidas por el conflicto armado no ue posible tomar otograías y algunas entrevistas duraron menos de lo deseado. Sobre la inormación recopilada de instituciones, debemos mencionar algunos vacíos importantes. Por un lado, las autoridades mineras y ambientales no remitieron las actas de las distintas mesas de la Mesa Minero-Ambiental (celebrada en Quibdó desde 2013) para que pudiéramos documentar cómo ha sido el proceso y cuáles han sido las distintas posiciones de los actores partícipes en ella. Por otro lado, la ANM le entregó a ierra Digna el reporte de títulos y solicitudes mineras por un alto costo (más de 800 mil pesos colombianos) y en ormato PDF, lo que dificultó el análisis cuantitativo y requirió esuerzos manuales que conllevaron más tiempo de lo deseado. Finalmente, la inormación reerente a la huella ecológica que ha dejado la minería mecanizada en el Chocó ue diícil de conseguir y, considerando que no existe aún un diagnóstico integral, la geo-reerenciación que realizamos en este inorme es significativamente limitada. A lo largo de la investigación se presentaron varios dilemas éticos. Uno de ellos ue definir si era apropiado realizar una documentación otográfica de algunos enómenos (por ejemplo, de las personas con enermedades provocadas por los impactos de la minería o de las personas que trabajan en los entables), pues hacerlo estaría inringiendo el derecho a la intimidad e imponiendo riesgos a los participantes, como el inicio de procesos judiciales. Decidimos realizar


registros visuales pero sólo a las partes del cuerpo o la maquinaria, excluyendo así el rostro de la persona y evitando su identificación utura. Como ya lo mencionamos, en lugares abatidos por el conflicto armado la decisión de no tomar otograías respondía a solicitudes expresas de las comunidades de no hacerlo. Publicar o no la inormación geográfica ue otro dilema ético. Algunos entrevistados advirtieron que la inormación sobre el potencial minero de los distintos territorios podría proundizar los conflictos inter- e intra-comunitarios. Se nos advirtió lo mismo respecto de la inormación detallada que revela los actores locales y transnacionales detrás de la titulación de territorios para la explotación minera y la comercialización de oro, mercurio e insumos mineros. Aunque pertinentes estos llamados, escogimos transormar los riesgos en oportunidades. Al mencionar los actores con nombres y apellidos, buscamos denunciar quienes se benefician de la crisis socio-ambiental y visibilizar a los actores comunitarios que arduamente han luchado por el reconocimiento de sus derechos territoriales. Con todo, buscamos demostrar qué está en juego en materia de ordenación del territorio y qué implicaciones políticas trae consigo la coyuntura minera actual. Un dilema ético final ue el tratamiento que le daríamos al conflicto armado interno en el Chocó. Decidimos abordar el tema de orma general y, en lugar de revelar detalles que pudiesen exponer a las comunidades, esperamos que las iniciativas uturas de reconstrucción de la verdad histórica del conflicto aborden a proundidad la relación entre actores armados, la minería y sus implicaciones respecto de la vulneración de derechos territoriales de comunidades étnicas.

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¿Quién está detrás de la crisis socio-ambiental en el Chocó?

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Imagen: Steve Cagan

Las diversas formas de denir la minería Las actividades de extracción minera de oro, platino y plata en el Chocó se realizan de diversas maneras, por distintos actores, responden a múltiples intereses e incluso se definen de ormas dierentes. En cuanto a su definición, en nuestros viajes de campo y entrevistas percibimos que los líderes comunitarios y los miembros de comunidades locales definen los tipos de minería de una orma similar a los trabajos que el Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico (IIAP) ha elaborado sobre el tema. En estas definiciones, el énasis se coloca en la historia de cada tipo de actividad en los territorios chocoanos y en la orma como el uso de la tecnología ha venido transormando las ormas de aprovechamiento minero. De ahí que los conceptos que se manejan responden a nociones históricas (ancestral o tradicional) o hacen reerencia a las herramientas utilizadas (semi-mecanizada o mecanizada). En contraposición, el Ministerio de Minas y Energía, junto con el resto de las instituciones del Estado que siguen su conceptualización, caracterizan los tipos de aprovechamiento minero según su relación con las leyes nacionales, y en particular si las actividades cuentan o no con títulos mineros. Además, a nivel internacional los tipos de minería se caracterizan usando la escala de las operaciones, en donde lo que importa es el tamaño de las excavaciones y la magnitud de la explotación. En la Tabla 1 hemos compilado estas definiciones divergentes para demostrar esquemáticamente que, aunque se trate del mismo enómeno, dependiendo el actor del que se hable, la minería tendrá interpretaciones dierentes, y así mismo responderá a objetivos particulares, desde la deensa y reivindicación de las prácticas culturales de territorios concretos, pasando por la administración de los recursos del Estado y el cumplimiento de la ley, hasta la categorización de un enómeno global que involucra compañías transnacionales.

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Tabla 1: Definiciones divergentes de los tipos de aprovechamiento minero en Chocó

Comunidades Entrevistadas e Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico

Descripción desde la perspectiva de la ESCALA de las operaciones

Minería de Subsistencia

Minería Artesanal

Minería Artesanal y de Pequeña Escala

1. Minería desarrollada por personas naturales que dedican su fuerza de trabajo a la extracción de algún mineral mediante métodos rudimentarios y que en asocio con algún familiar o con otras personas generan ingresos de subsistencia.

Sistemas de aprovechamiento minero que utilizan tradicionalmente las Comunidades Negras mineras valiéndose de herramientas manuales sencillas. Data de mediados del Siglo XVII, “de las prácticas extractivas que dejaron los primeros esclavos que fueron introducidos a las minas de oro que se descubrieron en los ríos del Pacífico.” Es una actividad combinada con otras actividades productivas que busca complementar los ingresos familiares. Características técnicas: poca productividad, poca rentabilidad, alto esfuerzo físico y altos costos de manutención del núcleo familiar.

Minería Artesanal y de Pequeña Escala El Banco Mundial define este tipo de minería como “una actividad principalmente conducida por la pobreza, que se practica típicamente en las áreas rurales más pobres y remotas de un país, por una población pobremente educada e itinerante, con pocas alternativas de 15 empleo.” Una definición común de esta minería no ha sido acordada en el nivel internacional y su estatus legal, así como sus criterios definitorios, varían de país 16 a país. El Plan Nacional de Desarrollo (Artículo 21, Ley 1753 de 2015) clasifica las actividades mineras en subsistencia, pequeña, mediana y grande.

Ministerio de Minas y Energía y otras instituciones del Estado colombiano

2. Se denomina así a la explotación de pequeña minería de aluvión, más conocida como barequeo, y a la extracción ocasional de arcillas, en sus distintas formas, y los materiales de construcción.

“Small Scale Mining,” Te World Bank, http://web.worldbank.org/ “What is Artisanal and Small-Scale Mining?,” http://www.miningacts.org/ Se calcula que las toneladas métricas correspondientes a esta escala se encuentran entre 0-50 mil para la minería subterránea y entre 5-100 mil para la minería en superficie. 15 16

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Formal

Conformada por unidades de explotación de tamaño variable, explotadas por empresas legalmente constituidas.

Minería Tradicional o

Minería de Mediana

Semi-mecanizada

Escala

Ayudas tecnológicas adaptadas a las ya existentes prácticas mineras.

Se calcula que el volumen en esta escala de explotación se encuentra entre las 50 y 500 mil toneladas métricas para minería subterránea y entre 100 mil y 1 millón de toneladas métricas para la minería en superficie.

Cuentan con título minero y licencias (de exploración o explotación, otorgadas por las autoridades mineras, y ambientales, otorgadas por la corporación autónoma regional o la ANLA).

Ver Tabla 3.

Legal

Mecanizada

Minería a Gran Escala

Es la minería amparada por un título minero, que es el acto administrativo escrito mediante el cual se otorga el derecho a explorar y explotar el suelo y el subsuelo mineros de propiedad nacional, según el Código de Minas. El título minero deberá estar inscrito en el Registro Minero Nacional.

El método mecanizado con retroexcavadora (en su mayoría empresarios paisas) es nómada, dura menos de un año (afectando en tiempos breves), dificulta el aprovechamiento artesanal y no implica reinversión de los ingresos.

En Colombia, la minería a gran escala requiere licencias ambientales bajo competencia de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) –Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Decreto 2041 de 2014 (Artículo 8º). Específicamente las actividades de explotación minera de: Minerales Metálicos y Piedras Preciosas y Semipreciosas que remueven (2.000.000) millones de toneladas al año o más de material útil y “estéril.”


Ilegal Es la minería desarrollada sin estar inscrita en el Registro Minero Nacional y, por lo tanto, sin título minero. Es la minería desarrollada de manera artesanal e informal, al margen de la ley. También incluye trabajos y obras de exploración sin título minero. Incluye minería amparada por un título minero, pero donde la extracción, o parte de ella, se realiza por fuera del área otorgada en la licencia. Informal

Constituida por las unidades de explotación pequeñas y medianas de propiedad individual y sin ningún tipo de registros contables. Puede o no contar con título minero, en tanto quienes no posean uno pueden demostrar que están registrados en los procesos estatales de formalización de mineros para evitar sanciones.

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Materiales de Construcción y Arcillas o Minerales Industriales no-metálicos que proyectan producir (600.000) seiscientos mil toneladas al año o más de arcillas, o (250.000) doscientos cincuenta mil metros cúbicos al año o más de otros materiales de construcción, o minerales industriales no metálicos. Las principales empresas de minería a gran escala en Colombia (Glencore, AngloGold Ashanti, Anglo American, Cerrejón, Drummond, Cerro Matoso, etc.) están agremiadas en la Asociación del Sector de la Minería a Gran Escala (SMGE). Minería Criminal

Actividad que, junto con el narcotráfico, el secuestro y la extorsión, financia grupos armados ilegales. Pardo (2015) ha notado que “En el discurso presidencial se utilizan indiscriminadamente los conceptos minería ‘ilegal’ y ‘criminal’, sin que haya consenso o acuerdo sobre su significado e implicaciones legales.” Además, anota que “La guerra contra la minería criminal no concluye con la destrucción de las dragas y retroexcavadoras, sino que debe comenzarse justamente en este punto con la investigación de quienes sean los verdaderos inversionistas nacionales e internacionales de esta industria criminal” (Pardo, Minería criminal: configurando un enemigo interno con argumentos parciales, 2015).

Resaltar que los mismos enómenos se conceptualizan de ormas dierentes es importante por razones ambientales y políticas. Por un lado, independientemente de qué tipo de aprovechamiento estemos hablando, Fierro (2013) ha insistido en que “los impactos de la minería (legal o no) tienen algunos eectos de carácter permanente, irreversible y no plenamente compensable,” por lo que en materia ambiental cualquier aprovechamiento acarrea serios impactos sobre los ecosistemas aledaños, sin importar que

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el Estado los haya aprobado o no.17 Por otro lado, la comunidades étnicas del Chocó y varios analistas del sector a nivel nacional coinciden en que las definiciones del Estado sobre minería desconocen las dinámicas territoriales, lo que justifica el centralismo y lleva a la improvisación en las decisiones y políticas que se adoptan (Pardo, Minería criminal: configurando un enemigo interno con argumentos parciales, 2015), o debilita los procesos organizativos locales y pone en riesgo la vida de los líderes étnicos (Cocomopoca, 2013). Finalmente, las definiciones divergentes sobre los tipos de aprovechamiento minero en Chocó se vuelven relevantes ante la política actual del Gobierno nacional orientada a criminalizar la minería ilegal, 18 en donde está en juego quién será atacado por operativos de quema e incautación de maquinaria: los trabajadores de los entables mineros pertenecientes a las comunidades locales, los empresarios oráneos que invierten y se lucran de esos mismos entables o los actores ilegales que se benefician de las utilidades mediante la extorsión de los puntos de explotación. Como lo resumió Pardo (2015), Por supuesto hay quienes se mantienen en la ilegalidad para explotar minerales, pero también hay muchos otros que se reugian en la minería por alta de alternativas para el sustento de sus amilias. De aquí que una política de legalización minera implique aplicar soluciones integrales, no solo a cargo del ministerio de Deensa, sino de los del Interior, rabajo, Ambiente y Agricultura. Una de las secciones finales en esta investigación se ocupa de este debate en particular. Entretanto, utilizaremos la perspectiva técnica y comunitaria para realizar un paneo preliminar sobre los tipos de aprovechamiento minero, sus actores y los intereses detrás de cada uno.

Las diversas formas de explotar los minerales Los tipos de aprovechamiento minero destacan las dierencias entre los tipos de minería antes mencionados desde la perspectiva del cómo y con qué se realizan. Así, encontramos que la minería artesanal se realiza con herramientas manuales sencillas que se utilizan de múltiples ormas, desde su manipulación con la uerza del cuerpo (mazamorreo), hasta complejos sistemas de excavación (hoyaderos, guaches y socavones) (ver abla 2). La minería artesanal también se caracteriza por no presentar barreras de inicio, entrada o salida del mercado para los individuos que deseen realizarla; por esta razón tiende a desarrollarse rápidamente y los mineros migran constantemente a los lugares donde se encuentren nuevos yacimientos (Kambani, 2003). Finalmente, según el diagnóstico del IIAP (2005), qué tanto puede producir una minera tradicional depende de varios actores. Los actores geográficos como, la adversidad del terreno en los rentes de

Pese a la obtención de Planes de Manejo Ambiental y Licencias Ambientales, los impactos de la minería a gran escala constituyen serios pasivos ambientales, véase ierra Digna (2015), El Carbón de Colombia: ¿Quién gana y quién pierde? http://tierradigna.org/pds/ inorme-carbon.pd 18 Presidencia de la República, “Gobierno le declara la guerra a la minería criminal,” Puerto Asís, Putumayo, julio 30 de 2015. http://bit. ly/1JC2vgm 17


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trabajo o la cantidad de reservas metalíeras que existen en las zonas escogidas para trabajar; o los actores económicos como, el acceso a créditos que tienen los mineros para equipamientos tecnológicos o qué tan avanzadas pueden ser las nuevas herramientas que se consiguen en las ciudades y se transportan a las minas. En cualquier caso, el IIAP calcula que el máximo rango de recuperación de oro en los métodos artesanales oscila entre 0,1 y 0,6 gramos por p or día de trabajo. Tabla 2: Métodos de extracción auro-platinífera artesanales en Chocó

Categoría

Descripción

Herramientas comúnmente utilizadas

Barra, Barretón, Cachos, Batea, Almocafre (sistema de agua corrida), Canalón (zanja inclinada, antes de tierra y últimamente de metal o de madera), Pala Pala (hierro), Azadón (minería de agua corrida), Macho (hierro), Cuña (hierro), Hacha (hierro).

Mazamorreo

Utilizando herramientas sencillas (Barra, Almocafre, Batea, Mate y Cachos), las mineras artesanales, en su mayoría, buscan oro en la gravilla gravill a de las terrazas ubicadas en los bancos de grava de los ríos durante la época de verano. También También hacen la labor dentro de los frentes mineros semi-mecanizados abandonados (Zona del San Juan-Chocó). Juan-Choc ó). Uno de los líderes étnicos entrevistados hace una distinción entre el Mazamorreo y el Barequeo, donde el segundo se refiere exclusiv exclusivamente amente a la labor artesanal que buscan oro en el frente minero (activo) (activo) de explotaciones mecanizadas. Por falta de enfoque diferencial en la redacción de las leyes, asegura este líder, no se realizó la anterior diferenciación y el Código de Minas indirectamente avala la explotación mecanizada al aval avalar ar el barequeo.

Recuperación estimada de oro: 0,1 – 0,4gr/día

Zambuyidero Recuperación estimada de oro: 0,1 – 0,4gr/día

Método en el que las mujeres mineras, en su mayoría, se sumergen hasta el fondo del río o quebrada, llevando sobre su espalda una piedra (lastre) que le ayuda con su peso a alcanzar en menor tiempo el lecho del fondo, y con herramientas artesanales (Almocafre y Cachos) recogen la gravilla con contenido auro-platinífero en la batea. Reaparece luego en la superficie y efectúa el lavado de las arenas para continuar en la búsqueda de metales en otra serie de inmersiones. La explotación de oro y platino se hace posible en las épocas de menos lluvias cuando el caudal de los ríos disminuye.

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LA MINERÍA EN CHOCÓ en clave de DERECHOS Hoyadero Recuperación estimada de oro: 0,2 – 0,5gr/día

Método en el que los mineros, en su mayoría hombres, excav excavan an pozos rectangulares de amplitud variable ya que el metal se encuentra en cintas metalíferas demasiado profundas. De los pozos se generan capas “estériles” o “semi-estériles” que cubren un depósito aluvial en terraza. Se estima que el pozo promedio no supera los 15 metros y que cada hoyo tiene una vida producti productiva va de máximos un mes.

Minería de agua corrida

Antes de la introducción del sistema mecanizado por retroexcav retroex cavadoras, adoras, este era el método más usual de los sistemas artesanales.

Recuperación estimada de oro: 0,2 – 0,6gr/día

Utilizando el agua de las quebradas, las y los mineros desprenden y lavan la grava grava y los materiales en e n las pendientes de las terrazas. Para separar el material que cae, se utiliza un canalón abierto a lo largo del área en explotación.

Guaches y Socavones

En esta técnica, que data de la colonia, los mineros realizan un hoyo que alcanza hasta 15 metros de profundidad y entiban las paredes (dependiendo la consistencia del material aluvial). Luego, para explotar la cinta metalífera a la que llegaron, abren socavones horizontales para conformar un guache en el que aprovechan el material aluvial rico en oro y platino. El sistema de “Guaches” es una de las prácticas más utilizadas por los mineros de Unión Panamericana, quienes son expertos en el diseño de los ademes de fortificación de los pozos. En este tipo de actividad se estima que participan entre 18 y 25 trabajadores.

Historia de Vida: La fuerza, el empuje y la familia en la minería artesanal Imagen: Steve Cagan


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A los 62 años, Elvia Mosquera se levanta a las 5 de la mañana a preparar el desayuno antes de dirigirse a la mina. Dependiendo del día y de sus ingresos, Elvia prepara plátano plátano rito, arepas con queso o huevos ritos r itos con caé. Aunque convive con 3 hombres en su hogar en Manun Manungará, gará, adó, adó, Elvia es la única que cocina co cina y lava en su casa. Además del desayuno, Elvia debe preparar su almuerzo y el de sus amiliares, pues en la mina no cuenta con estua y cocinar con leña allí le implica más trabajo y energía del que dispone. Alrededor de las 7 de la mañana, Elvia y su hijo caminan cerca de una hora y media para llegar a la mina. En la mina, los dos permanecerán hasta las 4 o 5 de la tarde miniando bajo el ardiente sol chocoano. De vuelta en casa, c asa, Elvia cocinará la proteína del día para ella y su amilia (carne sudada, sudado con pollo o rijoles), y si el cuerpo no le duele mucho por el rezago del día, lavará la ropa, la de ella y su amilia. Solamente hasta las 9 de la noche podrá Elvia relajarse y sentarse a ver televisión, para luego irse a dormir a eso de las 11 y descansar antes de repetir la jornada el día siguiente. Desde sus 18 años Elvia realiza la minería artesanal, cateando los terrenos cerca de caños y quebradas, labrando la tierra con la batea, la barra y el almocare, y lavando la arena hasta encontrar las pepitas de oro. Elvia aprendió aprendió las artes mineras de su madre viéndola lavar lavar el oro y cómo venderlo viendo a su padre comercializarlo en adó. adó. Por 44 años Elvia se ha debido agachar para lavar el metal, empujar con la palanca grandes bloques de tierra y remar en canoa caño arriba para llegar a la mina. Hoy su espalda, sus brazos y sus rodillas le duelen, pero no cuenta con ningún tipo de seguridad segurid ad social que le permita jubilarse. Dolores similares presenta su pareja, quien tiene una rodilla herida de gravedad por un accidente en el que una piedra rebotó en su contra mientras aplicaba el chorro con el que realiza la minería. La pareja de Elvia trabaja solo en otra mina con motobomba, pero no recoge mucho, pues las retros que han explotado los ríos y quebradas no dejaron mucho mineral restante. restante. Sin embargo, los dueños de los terrenos no son egoístas y, por un “poquito de plata,” acceden a que cualquiera trabaje en su propiedad. Elvia recuerda que las primeras retros llegaron a Manungará hace 25 años, o sea a comienzos de los años 90. Los dos primeros hombres que llegaron con su maquinaria y sus promesas venían de Pereira y “eran muy buenas personas [porque] trabajaban con su retro y si uno necesitaba hacerse un gramo de oro, aunque el hueco estuviera pequeño, no había ningún problema en que uno bajara con la batea.” Este era un comportamiento destacable, pues los mineros mecanizados actuales no dejan ir a barehequaear mientras no hayan terminado con su labor. Sin embargo, es inusual ver mineros medianos trabajando, porque ya no se encuentra el mineral en la zona. Aparentemente Aparentemente la mayoría mayoría del mineral superficial ha sido extraído y lo que permanece en el subsuelo, dicen por ahí, a hí, es mucho pero está en niveles muy proundos. Las primeras retros que Elvia recuerda trabajaron en los alrededores de adó, por el cabezal del Ferri. Allí, los pereiranos extrajeron por más de ocho años y luego se retiraron, comentando que ya no quedaba nada. Después vinieron otros y encontraron escombros de piedras sobre los que trabajaron y luego salieron. “Cada uno que iba entrando labraba un pedazo” y a medida que los lo s interesados se iban enterando dónde “se cogía bastante,” ellos se movilizaban para allá hasta que no quedara nada. Cada quien abría su hueco, pero no todos lo adecuaban al irse del lugar. Durante las operaciones con retros, los mineros mecanizados hacen campamentos, colocan pequeñas granjas y construyen sus casas temporales. En un

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primer momento, Elvia recuerda que los dueños de la maquinaria le daban un porcentaje al gobierno, cerca del 20% de la producción, para poder entrar a trabajar. Pero quienes laboraron ganaron dinero y ya no están por ahí; caso opuesto el del terreno, que permanece, sin mineral y sin nutrientes. Con nostalgia en su relato, Elvia recuerda que la gente no suría porque había tierra y había oro, pero “como la retro lo acabo todo de un día para otro, nos hemos quedado sin el pan y sin el perro.” Elvia no siempre vivió en su casa de Manungará. Durante el periodo de violencia paramilitar del Bloque Calima-Pacífico en la región del San Juan, cerca de Manungará se presentaron enrentamientos que incluyeron asesinatos de civiles y atemorizaron a la población. El clima de inseguridad y amenazas la llevo a desplazarse con su amilia a adó, en donde el Gobierno les presto ayuda económica por 900 mil pesos dos veces al año durante 11 años que vivieron en situación de desplazamiento. Sin embargo, retornaron a su casa en 2004 “porque de todas maneras, uno desplazado en una parte no tiene uno como sobrevivir ahí, o sea uno se siente obligado a retornar a su punto.” Y aunque el gobierno le sigue girando, ahora 210 mil pesos para abastecer a 4 personas, Elvia no es necesariamente más próspera. Por un tiempo ello hizo parte de la iniciativa Oro Verde que desarrolló Asocasan, el consejo comunitario mayor de la zona, y que le representaba primas significativas que la sostuvieran económicamente. No obstante, la iniciativo recortó el número de unidades productivas por razones operativas, dejando a Elvia de nuevo ante las vicisitudes de lo que encuentre en la mina día a día. res mil pesos cuesta ir a adó a vender el oro. Es decir, cerca del 20%, si se cuenta el regreso, de los 30 mil pesos que puede ganar Elvia con el oro de la mina. Cuando Elvia barequeaba en los tajos de las retros, ella hacía mucho más (entre 2 y 3 castellanos en una mañana). Sin embargo, el precio del oro en esa entonces no era tan alto, lo que significaba que, aunque la recolección era alta, bajas eran las ganancias. Aun así, Elvia dice que este año no ha tenido problemas para vender el oro, pues todo mundo en su zona tiene su propio carné y es cuidadosa de no insinuarle al Gobierno que vende mucho al año. Cuando le preguntamos a Elvia cómo le gustaría mejorar su vida, nos respondió que desearía poder conormar una microempresa con su amilia que le permitiera sobrevivir. Pero recordó que la idea no es nueva. Cuando se han propuesto proyectos productivos en la zona, todo el mundo pidió apoyo y se puso a criar pollos. Cuando iban a venderlos nadie los compraba porque todos producían lo mismo: el precio era bajo y la demanda la cubrían otros rápidamente. Si eventualmente conorma una empresa, ella quiere producir algo que no todos puedan generar, para así poder venderlo y sacarle provecho. Entretanto, a Elvia le gustaría retirarse de la mina e irse a adó a vivir cerca de su amilia extendida. Por lo pronto, debe seguir en la mina, utilizando su cuerpo (con seis décadas a cuestas) y buscar pepitas de oro, venderlas y poder comprar lo del desayuno y la cena del día siguiente. La situación de la minería semi-mecanizada es similar a la artesanal, pues la productividad depende del acceso del minero a crédito y las capacidades técnicas de la motobomba o la mini-draga utilizada. En esta categoría es posible encontrar unidades de trabajo con estructuras de administración ormales que además cuentan con empleados (Kambani, 2003). Para las autoridades nacionales, si el entable está inscrito en el Registro Minero Nacional, la actividad de explotación será legal. En cuanto a la minería mecanizada, la productividad está implícita en la maquinaria que se utiliza, recuperando con los elevadores hidráulicos entre 5 y 12 gramos de oro por día trabajado, con las dragas de succión entre los 15 y 25 gramos y con una retroexcavadora entre los 80 y 120 gramos (ver abla 3). No obstante, las particularidades de la minería mecanizada en Chocó hacen que las condiciones del mercado sean similares a las de los mineros artesanales y semi-mecanizados; es decir, también dependen del acceso a capital y las capacidades mecánicas de la maquinaria pesada.


Tabla 3: Tecnología implementada en la extracción minera semi-mecanizada y mecanizada en Chocó

Tecnología Utilizada

Descripción

Motobombas

La motobomba se utiliza para transportar el agua de fuentes lejanas hasta la mina. Esta herramienta utiliza la presión. La baja presión se utiliza para abastecer el área de explotación con agua. La alta presión para facilitar el arranque del material aluvial (mediante la disposición en el frente de mina de un chorro de agua a presión que lava la grava aurífera). Luego de esta aplicación, los mineros retiran manualmente las piedras más grandes hasta dejar en el canalón el concentrado más fino de arenas ricas en oro.

Elevadores Hidráulicos de Tierra Recuperación estimada de oro: 5 – 12 gr/día

Cuando el terreno no tiene la pendiente suficiente para que los efluentes mineros se evacuen, los mineros utilizan elevadores de tierra para arrancar y transportar el material aluvial a un nivel que permita su lavado y concentración. Con este tipo de maquinaria se estima que participan entre 3 y 6 trabajadores.

Dragas de Succión

Una draga es una embarcación utilizada para excavar material debajo del nivel del agua, y elevar el material extraído hasta la superficie. Una mini-draga cuenta con un motor con pequeña capacidad (30hp), mientras que un dragón cuenta con capacidad superior de succión. En un extremo de la draga, una manguera de succión barre el lecho del río y lleva el material aluvial hacia un canelón de metal enmallado. Allí, el mineral se procesa con mercurio a través de la amalgamación (Ver El uso del intencional del mercurio como un problema de salud pública). El material sobrante se devuelve al río con residuos de mercurio. Con este tipo de maquinaria se estima que participan entre 4 y 8 trabajadores.

Recuperación estimada de oro de una dragueta: 6 – 25 gr/día

Retro-excavadoras Recuperación estimada de oro: 80 – 120 gr/día

La retroexcavadora es una máquina que se utiliza para realizar excavaciones en terrenos. En minería se utiliza para realizar excavaciones a cielo abierto y exponer el material aluvial para el aprovechamiento de oro. Una vez realizada la excavación, los mineros utilizan motobombas para diluir el material y refinarlo utilizando la gravedad (usando canalones y enmalladas de acero y costales). Luego se utiliza mercurio para la amalgama y finalmente se lava en vasijas. En este tipo de actividad se estima que participan entre 18 y 25 trabajadores.

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Al no contar con licencias de explotación, los dueños de la maquinaria no enrentan la barrera de inicio legal establecida para desarrollar la actividad. Sin embargo, sí enrentan barreras de entrada, como la inversión en la maquinaria, los costes de operación y las pérdidas asociadas con la represión estatal o la extorsión de grupos armados (legales e ilegales). Por distintas razones, los mineros mecanizados terminan, así como los artesanales y tradicionales, migrando constantemente hacia los lugares donde se encuentren nuevos yacimientos. Un claro ejemplo lo demostró la Unidad de Restitución de ierras (2014) al geo-reerenciar los entables mineros activos y abandonados sobre los ríos Atrato y Andágueda. En dicho ejercicio, y como se muestra en el Mapa 1, los entables explotaron y abandonaron la zona baja del río Andágueda y ahora se encuentran desarrollando actividades en la zona alta. Además, las rutas migratorias de los entables también coinciden con las comunidades locales que habitan sobre las orillas de los ríos.

Imagen: Steve Cagan

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Mapa 1: Ejemplo de migración de entables mineros mecanizados en el Río Andágueda (Territorio de Cocomopoca)

Como lo revela el Censo Minero del Ministerio de Minas y Energía (2010-2011), el 99% de las unidades de producción minera visitadas en el Chocó no cuentan con un título minero. De éstas, 55% son unidades de tamaño mediano y 44% de tamaño pequeño (MME, 2014, p. 59). A dierencia de la caracterización ancestral expuesta en la primera sección, la lectura que realiza el Ministerio sobre la pequeña y mediana minería se enoca, no en la historia socio-cultural de las regiones donde se practica, sino en la productividad económica de las unidades (Ver Tabla 4). Tabla 4: Justificación del Ministerio de Minas de por qué debe modernizarse la minería tradicional

Consideraciones generales sobre la pequeña y mediana minería

Caracterización de los pequeños y medianos mineros

• Los niveles de desarrollo tecnológico son muy bajos, inexistentes o deficientes, lo cual no permite aprovechar óptimamente el recurso minero.

• No tienen buen conocimiento de los mercados internacionales. • Venden sus productos a intermediarios locales por lo que sus márgenes de utilidad son bajos.

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• Cuando la actividad se realiza sin título minero y sin viabilidad ambiental, se genera deterioro ambiental y la actividad minera entra en conflicto con los usos del suelo establecidos en los planes de ordenamiento territorial.

• No tienen acceso a créditos o recursos de inversión. • Tienen una estructura organizacional débil. • Realizan la actividad para satisfacer sus necesidades básicas y no como una forma de organizar empresas mineras con proyecciones eficientes de mediano y largo plazo.

Fuente: (MME, 2014, pp. 25-26)

De ahí que el Ministerio esté uertemente enocado en el programa de ormalización minera en el que “se busca que las comunidades mineras que vienen ejerciendo la actividad a pequeña escala trabajen bajo el amparo de un título, y en condiciones de ormalidad técnica, laboral, ambiental y empresarial” (MME, 2014, p. 29) y se fija el 2019 como la echa límite para alcanzar la ormalización universal. Esto implica, además de la adquisición de un título, ortalecer las capacidades asociativas de las unidades productivas, ormar y capacitar a los mineros en nuevas técnicas mineras e incrementar la productividad minera. No obstante, para conseguir dicho objetivo, el Ministerio ha establecido una serie de requisitos altamente exigentes. Para la ormalización, los mineros deben seguir un procedimiento claro pero costoso y de diícil acceso (MME, 2014, pp. 48-51). Primero deben subsanar todos los aspectos de titulación, en donde se les exige contar con títulos u otras figuras (contratos de operación, subcontratos de ormalización o subcontratos) que acarrean costos de trámite y por los que deben cancelar cánones superficiarios proporcionales a las hectáreas tituladas. Segundo, para cumplir con los requisitos técnicos y ambientales, se les exige tener a mano trabajos de exploración, obras iniciales de inraestructura y estudios de los componentes ambientales, entre otros. Dichas labores conllevan una capacidad técnica inusual y costos operativos y de capital inmensos, lo que hace la ormalización inalcanzable para la mayoría de las unidades productivas. De hecho, esta dificultad es evidente en las ciras oficiales. En respuesta a un derecho de petición de inormación, el Ministerio de Minas y Energía conesó que, entre 2010 y 2013, de las miles de s olicitudes de ormalización minera, (1) una sola unidad alcanzó este objetivo eectivamente. En pocas palabras, la política de ormalización minera para dicho periodo ue absolutamente ineficaz. A pesar de ello, el Ministerio de Minas continúa en sus esuerzos y ya ha mostrado ejemplos de casos presuntamente exitosos (Echavarría & González Parias, 2016); ninguno de ellos, sin embargo, en contextos con población étnica como sucede en el Chocó. Mientras tanto, la ineficacia estatal y la alta de una política pública minera con enoque dierencial étnico contribuyen a que los impactos sociales y ambientales de la minería mecanizada socaven los derechos undamentales de Comunidades Negras e Indígenas.


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Los principales impactos de la minería mecanizada Como se ha venido demostrando, las actividades de minería mecanizada pueden explotar un territorio a una tasa hasta 120 veces más alta que las actividades de minería semi-mecanizada, tradicional y/o ancestral. Este alto potencial se combina con la alta de conocimiento sobre los yaci mientos mineros. En el proceso de priorización de áreas para la ormalización de entables en el Chocó, la Mesa de Diálogo para Minería documentó que “ninguna de las explotaciones mineras cuenta con estudios geológicos que permitan inerir sobre la conormación estratigráfica de las planicies aluviales de los minerales” (MinMinas & IIAP, 2013). Al no conocer exactamente dónde se ubican los yacimientos con mayor potencial de oro superficial, los mineros mecanizados se valen de los conocimientos locales y ancestrales sobre el territorio para desplegar actividades de excavación, lavado y beneficio auroplatiníero. Dicho comportamiento convierte este tipo de minería en nómada y causa una serie de aectaciones ecológicas con repercusiones sociales y culturales que, además, constituyen violaciones a derechos humanos y undamentales.19 Así las cosas, hemos escogido abordar los principales impactos disgregando sus componentes. •

El primer componente es, sin duda, el mecanismo de degradación ambiental ; es decir, cómo la actividad que se realiza transforma los ecosistemas sobre los que trabaja . Para esta caracterización nos basamos en los análisis de entidades ambientales nacionales y en la literatura existente sobre casos similares en Perú e India. • El segundo componente es la tasa de afectación del mecanismo de degradación. En otras palabras, qué tanto afecta la actividad a los ecosistemas en el tiempo . Al ser cálculos numéricos que incorporan diversas variables (unidades de peso, tiempo y múltiples insumos), esta secc ión la hemos basado en los datos avalados por la Contraloría General de la República de las estimaciones de Codechocó. • El tercer componente es la repercusión social , o la forma como la degradación ambiental afecta a las personas y a sus comunidades . Siendo este el componente mejor conocido por quienes viven de primera mano los impactos, esta columna la basamos en los testimonios de comunidades de base y los líderes de los diversos procesos organizativos Aro en las distintas regiones del Chocó. • El componente final es la vulneración o violación de un derecho . En este componente se analiza la repercusión social utilizando el lente del derecho para contrastar la realidad con los derechos de las personas y las comunidades reconocidos internacionalmente y en la Constitución Política de Colombia . El objetivo final de este ejercicio analítico es exigir al Estado el respeto y protección de estos derechos mediante políticas públicas que atiendan la realidad analizada. 20 En una categorización similar, Kambani (2003) señala que los principales impactos de la minería i legal son (1) la degradación medioambiental descontrolada y (2) los problemas de salud y s eguridad (pública y laboral). A estos les añade impactos vinculados con el Estado, como (3) la pérdida de ingresos estatales por alta de recaudación de impuestos y (4) la incidencia de crimen, especialmente en áreas con alta densidad de minas de oro (como la extorsión y los robos en avenidas u otras vías de transporte). 20 En esta sección recogemos la experiencia de ierra Digna en los litigios de deensa territorial en donde se ha realizado un trabajo pormenorizado de las violaciones a derechos asociadas con conflictos socio-ambientales como la minería a gran escala (en especial rente a los derechos territoriales de comunidades étnicas: consulta previa, consentimiento previo, libre e inormado, restitución de tierras, etc.) y la minería mecanizada (particularmente rente al derecho al agua, a la alimentación, al territorio, al equilibrio ecológico y a la salud). 19

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La Tabla 5 presenta este análisis. Sin embargo, las secciones analíticas al interior de este inorme ahondan en cada una de estas aectaciones, mostrando como se interrelacionan y proundizan una a la otra en contextos específicos como las comunidades sobre las cuencas de los ríos Quito, Andágueda, Atrato y San Juan. Tabla 5: Principales impactos socio-ambientales generados por la minería mecanizada

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La expulsión, disolución o remoción de material superficial por el viento, el agua o el hielo. La erosión fluvial, es decir la relativa a los ríos, transporta sedimentos a nuevos lugares, en donde s e asienta en un proceso denominado deposición (Christopherson, 1998). 21

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históricamente han sembrado caña, maíz y distintos tipos de plátanos.

entables mineros) posibilita el desarrollo de vectores causantes de enfermedades endémicas. La sedimentación de los ríos es perceptible por la turbiedad de las aguas. La turbiedad se debe en parte a que grandes cantidades de sólidos finos en suspensión viajan largas distancias antes de asentarse en el fondo del cauce. La turbiedad del agua impide que los rayos del sol alcancen el fondo del río, lo que impide el desarrollo de plancton y otras plantas acuáticas y dificulta la difusión de moléculas de oxígeno en las branquias de los peces.

La destrucción de fuentes hídricas y cambios en cauces de ríos y quebradas sucede a medida que cada entable genera un promedio aproximado de 3.100 toneladas al año de sedimentos.

La sedimentación y los aceites hacen que los ríos, antes cristalinos, adquieran un color ocre. Tam bién reduce la cantidad de especies de peces existentes y aprovechables por las comunidades que habitan sobre los ríos. El pescado ha sido históricamente la principal fuente proteínica de las comuniLas fuentes dades. Por ello, la hídricas y reducción del suelos son número de peces contaminados y la extinción de aproximadam especies represenente con 339 ta una seria galones/año amenaza a la de aceites posibilidad de que usados por las personas entable satisfagan sus minero. necesidades nutricionales, especialmente las

La pérdida de peces amenaza el derecho a la alimentación adecuada. La turbiedad de las aguas restringe el derecho al equilibrio ecológico y vulnera los derechos territoriales de comunidades étnicas, al alterar el disfrute pleno de su territorio, incluyendo sus cualidades estéticas. La sedimentación también vulnera el derecho a la salud, ya sea en conexión con la

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Cuando el mercurio se utiliza para la recuperación del oro en material fino, este termina en el agua de los ríos donde se realiza la actividad. El mercurio líquido en el agua se transforma en una serie de compuestos altamente tóxicos que contaminan a las criaturas que viven en los ríos, como los peces, los cuales a su vez contaminan a los seres humanos (mediante la cadena alimenticia). De igual forma, cuando el mercurio se evapora en el proceso de quema, las moléculas suspendidas en la atmósfera se precipitan con la lluvia y terminan en ríos, siguiendo el mismo ciclo que el

Las fuentes hídricas, el aire y el suelo son contaminados con aproximadam ente 36 kilos de mercurio al año por entable 22 minero.

necesidades de proteína.

alimentación, o por la generación de condiciones que facilitan las enfermedades en la piel.

La contaminación del agua con mercurio y otros químicos son absorbidos por especies animales. Pero, si estas especies migran a aguas más limpias, ellas se llevan el metal consigo a lugares no contaminados. Por ejemplo, cuando algunos peces van río arriba para escapar la contaminación, estos pueden ser consumidos por personas que no tienen nada que ver con la minería, siendo así afectados por la contaminación de mercurio.

Los vertimientos de mercurio amenazan directamente los derechos a la vida, la integridad física, la salud, el medio ambiente sano, el equilibrio ecológico, la alimentación adecuada, y el derecho al agua.

Respuesta a derecho de petición de ierra Digna, Contraloría General de la República, Control y seguimiento ambiental a la actividad minera en el Chocó, Hallazgo No. 23 D20. 22

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mercurio líquido. Además de la desaparición de la flora por la deforestación, el ruido generado por las operaciones mecanizadas obliga a los animales que habitan los bosques a migrar a áreas donde no hay actividad minera. Esto limita su capacidad de sobrevivencia y distorsiona otros ecosistemas.

La migración y destrucción de especies de fauna íctica, avifauna y fauna terrestre genera la pérdida de biodiversidad. La erosión genética por intervención y destrucción de ecosistemas frágiles es un producto colateral de las anteriores afectaciones. En el Chocó, en la cuenca del río Atrato se concentra el mayor número de especies amenazadas. Cuatro especies vulnerables, cinco casi amenazadas

Los desplazamientos de especies restringen la actividad de la caza al reducir el número de especies circundantes a los lugares donde se ubican las comunidades rurales, quienes históricamente han subsistido de la caza.

Además del derecho a la alimentación adecuada y el equilibrio ecológico, la pérdida de la biodiversidad vulnera los derechos de las comunidades a su patrimonio cultural en tanto muchas comunidades han cultivado un amplio cuerpo de conocimientos respecto de las plantas medicinales, los alimentos cultivables, y las artes de la caza y la pesca. Con la pérdida de especies animales y vegetales se conduce a la extinción de saberes ancestrales y se socava el derecho a la identidad

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y una de baja preocupación.

cultural de afros e indígenas.

En el río San Juan se presentan dos especies, una vulnerable y otra casi amenazada.

Fuentes: (Kuramoto, 2002; Lahiri-Dutt, 2008; Christopherson, 1998; Goudie, 2000; Contraloría General de la República, 2013; Maldonado-Ocampo, et al., 2012; Maldonado-Ocampo, et al., 2012)

¿El territorio para las comunidades o para el extractivismo? Antes de abordar la cuestión de quién participa en las actividades de extracción minera en el Chocó, cabe recordar el diagnóstico del FISCH sobre los conflictos y elementos desestabilizadores de la región. En particular, los conflictos económico, político y armado (Ver diagrama X). En su Agenda Regional de Paz, el FISCH es claro en afirmar que el conflicto armado en el Chocó es sólo un síntoma de las lógicas coloniales de apropiación de territorios étnicos que han desangrado a las comunidades del departamento a lo largo de su historia. Además, señala que la explotación irracional de recursos naturales responde a un conflicto sobre dos visiones del territorio contrapuestas. Desde la visión étnica-comunitaria, se busca que el territorio sea un lugar en donde los Planes de Vida y Etnodesarrollo de las comunidades puedan prosperar en armonía con los recursos disponibles. Desde la visión extractivista, el territorio representa un lugar para generar lucro en el menor tiempo posible y al margen de consideraciones ambientales o de arraigo cultural. Sobre esta dicotomía operan otros elementos que apoyan la lógica extractivista y socavan las opciones de vida étnicas, como la corrupción y la politiquería, la estigmatización de las organizaciones étnico-territoriales y el “despojo y el desplazamiento como estrategia de expropiación territorial” (FISCH, 2015, p. 10).


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Diagrama A: Conflictos y elementos desestabilizadores en el Chocó

Hecha la anterior aclaración, es posible identificar y evaluar cómo la minería se ha tornado instrumental a las dinámicas de apropiación y explotación de territorios étnicos en el Chocó, particularmente por actores oráneos. Si bien uno de los principales actores en las actividades mineras son las Comunidades Negras,23 el IIAP (2005, p. 58) recuerda que A mediados de los ochenta y hasta la actualidad, con el desarrollo de los planes de apertura y mejoramiento vial al Pacífico (apertura carretera Pasto-umaco, PereiraÁnimas-Quibdó-Istmina), y el incremento sustancial de los precios del Oro y Platino se presenta una uerte penetración a la región de entables mineros mecanizados con retroexcavadoras, cuya presión extractiva, vuelve a desestimular la producción minera artesanal (…) En otras palabras, gracias al desarrollo de vías de interconexión, actores oráneos (coloquialmente identificados como “empresarios paisas”) incursionaron en los territorios del pacífico norte junto con su maquinaria y sus deseos de obtener rendimientos basados en la extracción auríera mecanizada. En esta incursión, los mineros mecanizados han venido desarrollando acuerdos con las comunidades negras y sus órganos de representación étnico-territoriales para acceder a los yacimientos de los cuales generan rendimientos económicos.

La minería mecanizada y sus acuerdos con los actores locales Según la Mesa de Diálogo para Minería (2013), para operar, los mineros mecanizados deben establecer acuerdos con tres tipos de actores: 1) los dueños de las tierras, 2) los consejos comunitarios locales, 3) las alcaldías y, en menor medida, 4) los consejos comunitarios mayores.

Como se enunció anteriormente, los mineros arocolombianos se concentran desde el Siglo XVII en el aprovechamiento de terrazas aluviales enriquecidas por metales preciosos (oro, platino y plata) y excepcionalmente de vetas filonianas auríeras (IIAP, 2005). 23

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Con los dueños de las tierras que se explotan, la Mesa considera que, “dependiendo de su capacidad de negociación y del potencial de producción de la mina, estimado en orma muy especulativa, los mineros pagan montos que oscilan entre el 10% y el 15% de la producción.” Con los Consejos Comunitarios Locales y las alcaldías, los mineros mecanizados en ocasiones “convienen un ‘impuesto’ al minero de retroexcavadora equivalente al 1% de su producción mensual. Pero por lo general, los mineros llegan directamente a acuerdos con los dueños o poseedores de las tierras o con las alcaldías, desconociendo la autoridad local tradicional.” Finalmente, aunque los consejos comunitarios mayor mayores es “han intentado llegar a acuerdos con los mineros inormales mecanizados basándose en el concepto de una compensación económica por los daños ambientales ocasionados,” dichas exigencias no han surtido mayor eecto (MinMinas & IIAP, 2013, p. 71). Es importante señalar que los porcentajes mencionados son estimados y basados en inormación autoreportada (entrevistas, encuestas, etc.). Por ende, más allá de una estimación cuantitativa de cuánto estaría recibiendo cada instancia, lo que la anterior caracterización señala es una jerarquía j erarquía en los acuerdos entre mineros mecanizados y las dierentes ormas de organización comunitaria. En esta jerarquía, los mineros pagarían más a quienes habitan los terrenos a explotar (usualmente los actores con mayores necesidades económicas), luego responderían a las instancias locales (presuntamente por su capacidad de vigilar las operaciones, dada su presencia en los sectores aledaños) y en último lugar dejarían a las organizaciones étnico-territoriales (a quienes el Estado ha titulado los territorios colectivos de Comunidades Negras). Aunque muchos uncionarios continuamente señalan a las comunidades de ser permisivas ante la devastación ambiental que generan las actividades mineras, la realidad es que, en cada instancia, los mineros mecanizados poseen ventajas de negociación, como veremos a continuación. c ontinuación.24 A continuación queremos exponer cómo el poder de negociación de cada actor está restringido por diversos condicionantes externos. Los dueños de la tierra enrentan necesidades económicas que acilitan la celebración de acuerdos, pues dichos pactos prometen ingresos entre 80 y 120 veces más de lo que podría obtenerse realizando minería artesanal (si el acuerdo se pacta al 10% de la producción). Frente a los consejos locales, los mineros cuentan con la práctica del barequeo para proporcionar recursos a las comunidades (sin importar cuán minúsculos) y ganar sus aectos, reduciendo así el poder de negociación de los consejos. Ante las alcaldías no se hablaría de restricciones restricciones externas a la toma de decisiones sino de corrupción administrativa, en tanto las autoridades municipales deben por ley coadyuvar en la protección de los recursos del Estado y la Nación, exigiendo a los mineros los requisitos de la normatividad minera y ambiental. Finalmente, la alta de apoyos institucionales a la autonomía de las organizaciones representativas representativas de los pueblos arodescendientes25 ha obstaculizado la consolidación consolidación de su poder organizativo, de ahí que sus exigencias no siempre son acatadas por los mineros mecanizados.

Por “toma “toma de decisiones inormadas i normadas”” queremos significar el proceso en el que los distintos actores realizarían un análisis riguroso de los costos y beneficios de permitir la extracción mecanizada. De dicho análisis, la decisión, cualquiera que uese, tendría una justificación racional. Los condicionantes externos, en este entendido, representan representan obstáculos para el análisis racional de la decisión a tomar. 25 Restrepo (2004, pág 277) recuerda que, aunque la reglamentación del capítulo capítulo III de la l a Ley 70 es considerada por muchos como una gran conquista, pues “la urgencia era la titulación, ante la arremetida del capital y la paulatina consolidación del Pacífico como un despiadado escenario de disputa militar mi litar entre múltiples actores armados asociados al cultivo, procesamiento procesamiento y exportación de narcóticos como espacios claves en la geopolítica de la guerra,” guerra,” estos mismos actores de urgencia “cambiaron “cambiaron los términos del ejercicio territorial territorial de las organizacion organizaciones es en la región del Pacífico colombiano. colombiano.” De la consolidación como consejos comunitarios y su poder p oder organizativo autónomo, autóno mo, las comunidades se enrentar enrentaron on a nuevas dinámicas, como el desplazamiento orzado y la atención humanitaria. humanitaria. odo, en paralelo a dos obstáculos institucionales: la ausencia de reglamentación de los capítulos de la L ey 70 relacionados con minería y la alta de recursos económicos provenientes provenientes del Estado para el ortalecimiento de sus procesos. 24

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Imagen: Ima gen: Steve Cagan

En el Diagrama 1 intentamos representar gráficamente estas inerencias. Diagrama 1: Condicionantes externos en la celebració celebración n de acuerdos mineros entre actores territoriales

Mineros Mecanizados Mecanizados Apoyos intitucionales débiles: La falta de recursos estatales para el sostenimiento de los Consejos Comunitarios y la falta de apoyo político obstaculiza la organización autónoma. Además, las demoras en la titulación colectiva restringen la exigibilidad exigibilida d de compensacio compensaciones. nes.

Dueños de la Tierra Tierra (% de la producción)

Corrupción administrativa: Los “impuestos” a las actividades que no cumplen con los requisitos en la normatividad minera y ambiental no son una práctica legal.

Alcaldías ("Impuestos")

Necesidades económicas: 0,1-0,4 gr/día artesanalmente vs. 8-12 gr/día con retro (si el acuerdo se pacta al 10%)

Consejos Locales (Convenios de compensación)

Barqueo como compensación: Debilita la cohesión comunitaria para exigir compensaciones más altas. No existe garantía alguna para celebrar acuerdos.

Consejos Comunitarios Mayores Mayor es (Compensación por daños ambientales)

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Los actores armados se benecian de la crisis Al diagrama anterior debe añadírsele la influencia que ejercen los grupos armados irregulares sobre la capacidad de resistencia, negociación y toma inormada de decisiones de las comunidades y sus organizaciones representativas. representativas. Según la Consejería C onsejería Presidencial para los Derechos Humanos (2015), las FARC ingresaron a Chocó en el año 2000 por las subregiones del Litoral Pacífico y el San Juan, mientras que el ELN entró actuado principalmente en los municipios del Alto Atrato y las zonas rurales de Río Quito, Nuquí y Quibdó. Por otro lado, inorma que los grupos paramilitares ingresaron al pacífico en 1997 con el propósito de controlar los corredores estratégicos y las rutas del narcotráfico, el tráfico de armas y la usurpación y despojo de tierras. En años recientes también se reporta la presencia de grupos como los Rastrojos y los Urabeños. Lo que conecta a estos grupos, según la entidad, es que “el propósito de estos grupos no es esencialmente militar, es decir que no busca realizar saboteos a la inraestructura u hostigar a la uerza pública, sino extraer rentas de economías ilegales,” como la minería auríera (Consejería Presidencial, 2015). En esta línea argumentativa, argumentativa, con base en la caracterización caracterizaci ón de la Deensoría del Pueblo (2014), es posible identificar que las actuaciones de todos los grupos con c on presencia en el Chocó (FARC, ELN, AUC/Bacrim) AUC/Bacrim) presionan a los líderes y a las comunidades para realizar actividades de minería mecanizada, ya sea a través de reclutamientos orzados y vigilancia por milicias urbanas (FARC), amenazas, extorsiones y secuestros (ELN) o cooptación política, amenazas e intimidaciones (AUC) (ver Tabla 6). En otras palabras, además de los constreñimientos económicos y políticos antes mencionados, las comunidades y sus líderes enrentan la presión armada de grupos irregulares que buscan sacar tajada de las rentas mineras, todo a costa de la autonomía y el goce eectivo de derechos de las comunidades étnicas. Tabla 6: Presencia de grupos armados irregulares en Chocó y caracterización general de su actuación frente a la minería informal/ilega informal/ilegal l

Grupo

FARC-EP

ELN

Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)

Frentes 57, 34, 30, Aurelio Rodríguez y la Columna Móvil Libardo García del Arturo Ruíz

Frente Resistencia Cimarrón, Manuel Hernández—El Boche, Frente Ernesto Che Guevara

Las zonas de antigua presencia del Bloque Élmer Cárdenas y el Bloque Pacífico Pacífi co han sido ocupadas por las Autodefensas Autodefe nsas Gaitanistas de Colombia o Urabeños

Alto y Medio Atrato Alto y Medio San Juan Juradó

Alto Atrato Alto y Medio San Juan Alto y Bajo Baudó

Principales centros urbanos del Chocó, principalmente Quibdó e Istmina Municipios de la Costa Pacífica chocoana

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A través del reclutamiento de niñas, niños, adolescentes y jóvenes las FARC presionan a las comunidades étnicas y civiles para que les permitan incidir en decisiones sobre la administración del territorio (minería y explotación maderera). A través de una red de milicias urbanas el grupo controla y vigila las transacciones de minería informal/ilegal.

Sus acciones buscan controlar los circuitos económicos legales e ilegales, especialmente la minería. Amenazas, extorsión y secuestro de comerciantes y mineros.

Sus acciones buscan presionar a los líderes étnicos territoriales para que permitan la introducción de cultivos de uso ilícito y/o minería en sus territorios. Amenazas e intimidaciones contra los líderes sociales, comunales, representantes legales de los Consejos Comunitarios y Gobernadores Indígenas, atentados contra la vida de líderes étnico territoriales, la fractura de la organización y la cooptación de los poderes locales. Todo con el objetivo de recuperar el poder social, político y económico que poseían las AUC.

•Retenes ilegales •Siembra de minas anti-personales •Hostigamientos y ataques armados •Cobros de extorsión •Desplazamientos forzados

•Enfrentamientos armados con Los Gaitanistas que desplazan y confinan a las comunidades. •Siembra de minas anti-personales •Reclutamiento de niñas, niños, adolescentes y jóvenes

•Enfrentamientos armados con la Fuerza Pública y el ELN con interposición de la población civil. •Reclutamiento de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, especialmente en las cabeceras municipales de Quibdó e Istmina, para el desarrollo de actividades de extorsión, sicariato y cobro de impuestos y establecimiento de escuelas de entrenamiento militar. •Restricciones a la movilidad, bloqueos alimentarios, desplazamientos forzados y confinamientos de la población civil.

Fuente: (Defensoría del Pueblo, 2014; testimonios comunitarios, 2015)

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Estas presiones armadas, además, coinciden perectamente con los momentos críticos de desplazamiento orzado en Chocó y el auge de la minería mecanizada. En la revisión histórica que hizo la Consejería sobre los hechos victimizantes asociados al conflicto armado, se descubrió que la tasa de desplazamientos de población por cada diez mil habitantes en Chocó central es entre una y cinco veces mayor a las tasas presentadas en las otras zonas de la región “Pacífico Central” entre 1999 y 2012 (Ver Gráfica 1). Así, la Consejería reconoce que Aunque las acciones armadas no son tan cruentas en el Chocó como en el área de cordillera, su impacto en la población es marcado debido a que éstas son zonas de muy baja densidad poblacional, con una escasa articulación a la red vial, y donde la comunicación es principalmente por vía fluvial, en territorios en los que han irrumpido con especial uerza los cultivos de coca y explotaciones ilegales de oro. Pero no sólo es la actuación violenta de las guerrillas (particularmente intensa entre 1999-2012 para las FARC y 2000-2011 para el ELN en las regiones mineras del Chocó, ver Gráfica 2) la que proundiza la crisis comunitaria; también contribuye la respuesta del Estado mediante los bombardeos que atentan contra la población civil. Dicha actuación genera serias vulneraciones de derechos. Así lo ha reconocido Cocomopoca: Que el derecho al uso, goce, autonomía, libre movilidad y disrute pleno de sus derechos territoriales se encuentra amenazado y vulnerado por la presencia de actores armados, los operativos militares y la siembra de minas antipersonales. Es así como están acabando con la madre tierra, lo que ha traído como consecuencia la inertilidad del suelo, la escasez de los animales, la contaminación de las uentes hídricas y la limitación a las prácticas tradicionales de producción.26 En este respecto, la responsabilidad estatal es superior, especialmente porque los batallones del ejército nacional han venido firmando acuerdos de “cooperación en seguridad” con empresas mineras interesadas en las reservas mineras del departamento, sin realizar ningún análisis sobre el riesgo que dicha práctica representa para las comunidades. 27 Así las cosas, las actuaciones violentas de los distintos grupos armados, irregulares o estatales, contribuyen al desplazamiento orzado de las comunidades, lo que a su vez acilita la instalación de entables mineros mecanizados. Por ende, el eecto unívoco del conflicto armado sobre la crisis socio-ambiental en el Chocó es el debilitamiento de las organizaciones étnico-territoriales y sus capacidades de resistencia y deensa territorial.

Cocomopoca, “erritorio del Alto Andágueda, escenario de conrontación armada,” Quibdó, abril 15 de 2015. http://bit.ly/20rgmhC Para un abordaje global sobre la problemática, véase ierra Digna (2015), Seguridad y Derechos Humanos ¿Para Quién? Voluntariedad y Militarización, estrategias de las empresas extractivas en el control de territorios. En particular para el Chocó, consulte las páginas 91102 de dicho texto. 26 27

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Gráfica 1: Comparación subregional de tasa de desplazamientos de población en el la región del Pacífico Central

Gráfica 2: Histórico consolidado sobre acciones del conflicto armado ejecutadas por las guerrillas (FARC a la derecha, ELN a la izquierda)

Evolución de acciones del conflicto armado ejecutadas por las FARC, discriminadas por regiones, entre 1986 y 2012.

Evolución de acciones del conflicto armado ejecutadas por el ELN discriminadas por regiones entre 1986 y 2012.

Fuente: Base de datos del conflicto armado interno del Obs ervatorio de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, alimentada con información d e autoridades militares y policiales.

Fuente: Base de datos del conflicto armado interno del Observatorio de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, alimentada con información de autoridades militares y policiales.

Fuente: (Consejería Presidencial, 2015)

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Historia de Vida: Las dos aristas del connamiento en el Alto Andágueda Foto 1: Niñas y niño frente a la catedral de San Marino, municipio de Bagadó, Chocó

Imagen: Registro fotográfico de Tierra Digna (2015)

Los padres y amiliares de María eran de Churina, una vereda en la región del alto Andágueda que desapareció a comienzos de los años 2000 a raíz del conflicto armado. A pesar de convertirse en una estadística más de los altos índices de desplazamiento orzado en el territorio de Cocomopoca, la mamá de María no se libró de la violencia al llegar a San Marino. En 2005, durante la toma del ELN, una bala atravesó la pared de su nueva casa y le produjo daños irreversibles en la espalda y el sistema nervioso. Desde entonces, María cuida de su madre mientras realiza sus labores como docente del colegio en San Marino y reza porque sus hijos, quienes trabajan y estudian en Bogotá, se encuentren bien. Así, la historia de vida de María comenzó atravesada por desplazamientos y desarraigos. Sin embargo, en la actualidad María experimenta la otra cara de la moneda, el confinamiento. María, así como todos los residentes de San Marino, están sometidos a permanecer en su comunidad dado que grupos insurgentes y minas antipersonales rodean las selvas circundantes, mientras que el balastro que deja la minería mecanizada a veces imposibilita viajar por el río Andágueda a otras veredas, a Pereira o a Quibdó. Además de las restricciones a su movilidad, María considera que la presencia de una base del ejército nacional en la loma más alta de la comunidad, creada poco después de la toma del ELN, es una medida adecuada para proveer seguridad a ella y sus vecinos. Aunque es crítica de que los soldados se acerquen mucho a los niños y niñas, María piensa que la presencia de la uerza pública previene que los grupos insurgentes entren y salgan del poblado según les plazca. Su posición,


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en cualquier caso, es ambivalente, pues aunque la base “protege” a la comunidad de ataques externos, los residentes permanecen confinados y amedrentados por las diíciles condiciones de orden público que los rodean. Como la gran mayoría de las Comunidades Negras (rurales) del Chocó, la vida en San Marino gira en torno al río más cercano. María no es la excepción. Cuando no ha llovido en varios días, ella va a bañarse al río Andágueda. Antes de que la maquinaría comenzara a explotar el territorio, el agua del río era cristalina. En la actualidad, bañarse en el río le ha producido rasquiñas en la piel y la ha llevado a buscar tratamientos dermatológicos. Y, a pesar de conocer la precaria calidad del agua del río (por vertimientos de sustancias tóxicas y residuos, además de la sedimentación), María reconoce que, cuando no hay energía y se va el agua, ella debe irse a jabonar al río. De muchas ormas, la situación de la comunidad empeora con el río. Además de las restricciones a la movilidad asociadas con el confinamiento generado por el conflicto armado, la situación de San Marino se agudiza aún más a medida que los recursos que sustentan la vida, principalmente el agua, se deterioran rente a sus ojos. San Marino es una de tantas comunidades en donde oráneos y locales realizan actividades de minería ancestral, tradicional de pequeña escala y mecanizada de mediana escala. La minería en San Marino siempre ue manual e iba acorde con lo que los habitantes del poblado pudieran hacer por sí mismos. Las mujeres, en particular, buscaban su batea, su barra y su almocare y abrían huecos, botaban y sacaban la tierra hasta llegar a la mina; luego iniciaban el proceso de lavado que las conducía al oro. Por ende, la mayoría del personal de San Marino siempre se ha considerado minero, pero María recuerda que las retroexcavadoras son un enómeno reciente. Un enómeno que ha modificado la orma en que se realizan las actividades ancestrales de minería. En el principio la comunidad de San Marino ue reacia a la entrada de las retroexcavadoras a su territorio. Sin embargo, poco a poco las retros comenzaron a negociar entre 10 y 20 por ciento del valor de su producción para poder acceder a los terrenos. De dos libras de oro que pueda sacar una retro, comenta María, alrededor de 20 castellanos se le estarían reconociendo al dueño del terreno, mientras que el resto del valor de la producción se lo queda el dueño de la máquina para pagar sus gastos de operación y otros costos. Los entables también se convirtieron paulatinamente en uentes de trabajo local, pagándole a sus empleados entre 500 y 700 mil pesos mensuales. Aunque estos valores son altos comparados con el salario de docente de María, ella asegura que la estabilidad de un ingreso fijo le provee más seguridad y tranquilidad. La aceptación comunitaria de la maquinaria pesada que realiza actividades mineras está ligada a la práctica del barequeo. Los residentes entrevistados describen el barequeo como la búsqueda artesanal de oro por parte de los miembros de las comunidades en los rezagos de las excavaciones que deja el lavado de oro por parte de las retros. La oportunidad para barequear, sin embargo, no sucede tan a menudo. En San Marino, por ejemplo, si una máquina ha trabajado bastante durante la semana, la oportunidad puede presentarse hasta dos veces por semana. En estas actividades no participan niños ni mujeres embarazadas, pues la experiencia le ha mostrado a la comunidad que el bareque implica riesgos que pueden causar hasta la muerte.

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Según María, al subsistir primordialmente de la minería y la agricultura, su comunidad no cuenta con ingresos estables, por lo que es consciente de que sus vecinos tienen dificultades para proyectarse a uturo. Por eso cree que los jóvenes del poblado ya saben que, más que entrar a ser parte de un entable, la vía al progreso es la educación. Aun así, los rendimientos de la minería mecanizada sí se han materializado en avances concretos en las condiciones de vida de la comunidad, principalmente en el mejoramiento de las viviendas. En una relación extremadamente tensionante, los miembros de la comunidad invierten los eímeros recursos de los rendimientos mineros en sus hogares, mientras que ven como las constantes excavaciones deterioran su entorno natural y amenazan su salud y pervivencia. *** La historia de vida de María, sus anécdotas y perspectivas, nutren de detalles lo que en documentos oficiales se conoce como situaciones de vulnerabilidad. La historia amiliar de desplazamiento orzado, las discapacidades generadas por actos de violencia, las enermedades adquiridas por la degradación ambiental del río, las restricciones a la movilidad, la agricultura y la minería artesanal, todas constituyen situaciones que incrementan la vulnerabilidad de María, su amilia y sus vecinos. Es diícil imaginarse de qué otra orma pudieron haber respondido los miembros de la comunidad, inmersos en necesidades económicas y presión armada, a la llegada de oráneos con maquinaria pesada para la realización de minería de mediana escala. Es más diícil aún, imaginarse cómo podrían los miembros de San Marino salirse de la economía de la minería mecanizada si, en medio de tan complicado panorama, los ingresos del barequeo para el mejoramiento de las viviendas son un medio tangible de progreso. Una pequeña isla de oportunidades en un mar de necesidades. Con ejército a bordo, e insurgentes y paramilitares en las áreas circundantes, es claro que las situaciones de vulnerabilidad son causa y son efecto de las graves afectaciones sociales y ambientales que produce la minería mecanizada en San Marino . Y la comunidad, más que responsable, es

víctima de un círculo auto-replicable de vulnerabilidades y violaciones de todo tipo de derechos, veamos por qué.

La pobreza rural es un factor estructural de la injusticia ambiental Además de la minería artesanal y tradicional, las actividades económicas de las poblaciones rurales del Chocó son por excelencia la agricultura, la cacería, la pesca, la recolección de rutos silvestres y el aprovechamiento orestal. 28 Estas dinámicas de ruralidad han sido cultivadas y reivindicadas como opciones de vida legítimas en los procesos organizativos de comunidades étnicas y han sido plasmadas en los Planes de Vida de Comunidades Indígenas y los Planes de Etno-desarrollo de las Comunidades Negras. De ahí que muchas de las consideraciones de la jurisprudencia colombiana se refieran a las comunidades étnicas como especialmente ligadas a su territorio en una orma cualitativamente dierente a la población mestiza dominante del país29 y que los instrumentos más recientes con enoque dierencial

odas estas son actividades de subsistencia dependientes de la abundancia de los recursos naturales renovables presentes en las selvas del pacífico colombiano. Las economías de subsistencia se caracterizan por depender completamente del autoabastecimiento de la comunidad y la riqueza en este tipo de sistemas se mide en términos de recursos naturales. 29 Autos 004 y 009 de 2009 de la Corte Constitucional en el marco de la superación del estado de cosas inconstitucional declarado en la sentencia -025 de 2004. 28


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étnico hablen del territorio como un derecho undamental para estas poblaciones. 30 Estas comunidades y sus derechos territoriales, no obstante, enrentan múltiples desaíos en un país como Colombia. En la permanente lucha por permanecer en sus territorios colectivos, las comunidades étnicas del Chocó han debido enrentar altos y persistentes niveles de pobreza (ver Gráfica 3).31 Estos alarmantes índices son un producto de los eectos combinados y acumulativos de varios procesos; desde el centralismo histórico en la administración pública del país (Pardo, 2015), pasando por la rampante discriminación racial a nivel nacional (Rodríguez Garavito & Mosquera, 2010), hasta los intentos genocidas de apropiación violenta de territorios indígenas (ONIC, 2009) y la captura sofisticada del Estado (la cual permite que, a pesar de las normas garantistas para comunidades étnicas, diversos actores se beneficien de la ineficacia de las políticas públicas territoriales) (Paz Rentería, 2014). Además de los antecedentes históricos de opresión racial en Colombia, la persistencia de la pobreza en los sectores rurales también tiene una explicación sociológica. Gráfica 3: Consolidado histórico da la incidencia de la pobreza en Chocó vs. Colombia

Los mercados laborales rurales típicamente son más pequeños (en número de trabajadores y trabajos disponibles) que los mercados urbanos. Además, los mercados rurales gozan de pocos empleadores masivos, por lo que es más probable que estén dominados por una sola industria. Estas condiciones se combinan entre sí, maniestándose en menos oportunidades laborales para los trabajadores rurales, lo que les da un poder limitado para exigir salarios más altos o beneficios sociales por parte del Estado o sus empleadores (Lei, McLaughin, & Slack, 2003). Cuando indagamos sobre la llegada de retroexcavadores y dragones al Chocó, este tipo de acercamientos nos revela que las posibilidades de resistencia comunitaria contra la minería mecanizada eran, cuando menos, limitadas. Y aun así, muchas lucharon y siguen haciéndolo en clave de la protección de su territorio colectivo. Artículo 9º del Decreto Ley 4633 de 2011 y el Artículo 40 del Decreto Ley 4635 de 2011. A junio de 2012, Chocó era el departamento con el mayor índice de Necesidades Básicas Insatisechas (NBI), con casi el 82% de la población viviendo precariamente, hacinada, con servicios inadecuados y económicamente dependiente. Peor aún, un tercio de los municipios del departamento (10 de 30) sobrepasaban un NBI de 90%, incluyendo la capital, Quibdó. 30 31

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Luego de instalada la minería mecanizada, las oportunidades de resistencia se siguen estrechando. En los mercados laborales dominados por industrias extractivas, como en el caso chocoano, se teoriza que la pobreza es alta y persistente, en parte, por el dominio de la industria; es decir, porque controla los mercados de trabajo locales y se despliega sobre áreas aisladas geográficamente. Además, las comunidades pobres, especialmente aquellas dependientes de los recursos naturales o aquellas conormadas por minorías, tienen poca inraestructura (p.e. avenidas adecuadas, telecomunicaciones, sistemas educativos y sistemas de acueducto y alcantarillado) que les permitan atraer nuevos empleadores o asistir a los empleadores locales en la expansión de mercados (Lei, McLaughin, & Slack, 2003). Súmesele cómo el aislamiento geográfico de estas comunidades complejiza la situación, haciendo más caras las ormas de resolver estos problemas. Además, la pobreza persistente disminuye los recursos disponibles de las comunidades para que resuelvan sus múltiples problemas por sí mismas. En resumen, es un hecho social32 que las personas en situación de pobreza en comunidades rurales están doblemente desaventajadas (Lei, McLaughin, & Slack, 2003, p. 130). Es decir, las comunidades rurales enrentan una carga desproporcionada para la solución de sus adversidades por la carencia de inraestructura y vías de interconexión con el mundo. Al sumarle la variable de la opresión racial (histórica y con eectos acumulativos), esta ecuación conceptual conduce a que las comunidades étnicas, rurales y en situación de pobreza, están triplemente desaventajadas. El caso emblemático en Colombia de este hecho sociológico son las comunidades étnicas del Chocó.

El derecho es ambivalente ante el extractivismo minero Esa carga de triple desventaja que enrentan las comunidades étnicas, rurales y en situación de pobreza, se convierte entonces en un actor que permite y estabiliza la crisis estructural, socio-ambiental y humanitaria que hoy enrenta el Chocó. Y ante esta realidad, es ambiguo el papel que juega el derecho. Ulloa (2014, p. 446) nos recuerda que cada vez son más diusos los límites entre accesos y derechos, en donde Hay discusiones sobre derechos étnicos, los derechos de ciudadanos y los nuevos derechos de actores transnacionales sobre tierras y recursos, lo que conlleva cambios en los marcos jurídicos y su consecuente transormación institucional, elementos claves que sustentan las políticas relacionadas con el extractivismo. Sin embargo, de manera paralela hay acceso permanente –legal e ilegal, y de hecho y simbólico—a los territorios y recursos locales. Esta coyuntura es especialmente relevante para el Chocó, en donde el reconocimiento de derechos étnicos aún está en deuda de convertirse en un real y auténtico goce eectivo, pero en donde la demora en cerrar esta brecha de implementación beneficia a actores privados interesados en la explotación mineral del subsuelo chocoano. Mientras tanto, avanzan los procesos de titulación minera (acceso legal) a empresas transnacionales como Glencore (a través de los títulos de AngloGold Ashanti y Exploraciones Chocó Colombia, como veremos en la próxima sección). odo, a medida que los territorios del

Un hecho social se refiere a los valores, normas culturales y las estructuras sociales que trascienden al individuo y son capaces de ejercer un constreñimiento social. En este caso, le término hecho social se refiere a la estructura de la pobreza rural alta y persistente. Para ver los orígenes del concepto consúltese Durkheim (1982, p. 50-59). 32


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Chocó experimentan la degradación ambiental por minería mecanizada (acceso ilegal) y las neastas repercusiones sociales son asumidas por esas comunidades doble o triplemente desaventajadas. El anterior análisis se agrava cuando añadimos a la ecuación la variable del extractivismo, en especial el extractivismo colombiano, enocado hasta ahora en minerales ósiles y monocultivos, pero con un especial interés uturo en los metales preciosos.33 De las experiencias de países con tradición minera de pequeña escala y con amplias reservas minerales, se sabe que los esuerzos por legalizar la minería artesanal y de pequeña escala buscan organizar y ubicar las actividades de hecho para eventualmente garantizar la disponibilidad adecuada de los recursos de la tierra para la explotación mineral de compañías extranjeras (Hilson & Andrew, 2003). Se sabe también que los impactos sociales de los conflictos sobre los recursos naturales producen violencia intra- e inter-comunitaria, degradación de los recursos, socavamiento de las condiciones de vida y desarraigo de comunidades (Hilson & Andrew, 2003). Dichos impactos son usuales y más severos en gobiernos altos de liquidez. Una consideración importante para Colombia considerando los planes de posconflicto que aún no cuentan con un presupuesto asegurado para su implementación 34 y que existe un amplio déficit en el erario público35 que intentará ser compensado con recursos de la renta minera nacional. Un clave para analizar la coyuntura chocoana. Aunque el Ministerio de Minas y Energía se comprometió a institucionalizar la Mesa Minera Permanente del Chocó (MMPCH) en 2013, instaló una oficina de la ANM en el departamento y lleva a cabo procesos de ormalización de la pequeña y mediana minería, 36 por el otro lado ese mismo ministerio delimitó el año anterior (2012) las Áreas Estratégicas Mineras (AEM), el plan piloto para subastar el subsuelo colombiano, una figura jurídica que explicaremos en la próxima sección. Así las cosas, el panorama anterior nos lleva a la necesidad de construir desde los movimientos sociales una política pública radicalmente dierente a lo que las instituciones del sector minero han venido planteado hasta el momento como solución para la crisis socio-ambiental del Chocó. Si bien es importante que el Estado contribuya a ortalecer los procesos de explotación minera ya existentes, adecuándolos a la normatividad minero-ambiental y encauzándolos en el ordenamiento ambiental del territorio, los problemas que enrentan las comunidades locales no se resolverán con más minería. Los problemas deberán atenderse atacando, no sólo la ilegalidad, sino la vulnerabilidad. Si entendemos y atacamos la vulnerabilidad, es más alta la probabilidad de que las políticas públicas que se planteen y ejecuten traigan consigo un enoque de derechos humanos que permita la sostenibilidad integral de un Chocó para los chocoanos.

Sergio González, “Los números de la minería en el país,” El Espectador, abril 25 de 2015. http://www.elespectador.com/noticias/economia/los-numeros-de-mineria-el-pais-articulo-557084 34 Según inormación de prensa, son más de 220 mil millones de dólares los que deben gestionarse para atender la “Estrategia de Respuesta Rápida para el Posconflicto.” Felipe Morales Mogollón, “470 millones de dólares, la primera tajada del posconflicto,” El Espectador, enero 4 de 2016. http://www.elespectador.com/noticias/politica/470-millones-de-dolares-primera-tajada-del-posconflicto-articulo-608769 35 El presupuesto general de la Nación, aprobado por el Congreso en octubre de 2015, se calculó con un precio del petróleo estimado en US$64,6 para 2016. A comienzos del año 2016, el precio del petróleo, según el indicativo del mar del Norte (Brent) cayó a US$30. Según análisis de prensa, estas brechas significan “un descuadre en las cuentas fiscales, lo que aumenta la presión en la siguiente reorma tributaria.” Camilo Vega Barbosa, “¿Descuadre en las finanzas colombianas?”, El Espectador, enero 15 de 2016. http://www.elespectador.com/ noticias/economia/descuadre-finanzas-colombianas-articulo-610839 36 Acta de acuerdo entre el Gobierno Nacional, Departamental, Municipal de Quibdó, Autoridades Étnico erritoriales del Chocó (organizaciones indígenas y consejos comunitarios) y la Federación Minera del Chocó, Quibdó, julio 26 de 2013. 33

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La vulnerabilidad es la variable más importante ante cualquier crisis socio-ambiental El concepto de vulnerabilidad que queremos recoger en esta investigación tiene una triple aceta. Por un lado, entendemos la vulnerabilidad como una situación de subordinación producto de una construcción social y de relaciones de poder desiguales (Barranco Áviles, 2010). Es decir, una situación de subordinación que se origina del diseño de nuestra sociedad y de los derechos que creamos para un ciudadano “estándar” y abstracto, pero que no atienden a las circunstancias y necesidades de colectivos específicos. En el caso de las comunidades étnicas del Chocó, la vulnerabilidad bajo este entendido es causa, eecto y ambos a la vez. La vulnerabilidad como causa es la situación de alta y persistente pobreza rural que da pie para la instalación de industrias extractivas como la minería mecanizada traída por oráneos. La vulnerabilidad como eecto es la situación de impactos socio-ambientales que dificultan la vida y se traducen en violaciones a derechos humanos y undamentales. La vulnerabilidad como causa y eecto es la orma como los impactos crean condiciones de necesidad extrema que obligan a las personas a insertarse en la minería mecanizada para sobrevivir, lo que proundiza las vulnerabilidades estructurales (pobreza, aislamiento, etc.) y convierte la problemática en un círculo interminable de necesidades y desaíos. En este inorme, nuestra labor será evidenciar, contextualizar e historizar estas vulnerabilidades para cu atro de las mayores regiones mineras del Chocó: Alto Atrato, Río Quito, San Juan y Bajo Atrato. Siendo así, representamos visualmente el enoque orecido en el siguiente diagrama:

Diagrama 1.1: Representación visual del ciclo de vulnerabilidades asociados a la minería en el Chocó

Proceso cíclico que profundiza la vulnerabilidad estructural y coyuntural y fortalece la captura territorial

Vulnerabilidad estructural (por razones históricas de opresión racial)

Pobreza Rural Aislamiento Geográfico Precaria Infraestructura Comunitaria

Actividades de minería mecanizada como fuentes de ingreso y único oferente laboral

Captura de los territorios étnicos por industrias extractivas

Impactos Socio-Ambientales y Culturales Trasnformaciones Territoriales por Minería Mecanizada Dependencia Económica, Necesidades alimentarias, en salud, etc. Vulnerabilidad coyuntural (como consecuencia de la captura de los territorios)

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Si accedemos a utilizar este modelo analítico como lente de estudio de la problemática minera chocoana, pronto pron to surgirá la pregunta: si la proundización de vulnerabilidades es un proceso cíclico, ¿dónde y cómo debe cortarse para resolver la situación? Para responder esta pregunta deberemos primero ahondarnos en los relatos y las condiciones de vida de las comunidades para entender su situación y sus perspectivas (reales y apremiantes) apremiantes) sobre su situación de vulnerabilidad. Lo único cierto hasta ahora es que la situación, independientemente de las acciones concretas que se proyecten, debe tener un enoque de derechos humanos, en particular los derechos étnicos a la autonomía y la autodeterminación de los pueblos. Una de las conclusiones preliminares de las dinámicas anteriormente descritas es que, para atender el problema de la apropiación apropiación y explotación de territorios étnicos étnico s para minería mecanizada y transnacional, es crucial remover los condicionantes externos que limitan el poder de negociación y la toma de decisiones inormada de las comunidades étnicas. Es decir, deben ser abordadas y superadas, tanto las necesidades económicas, como la corrupción administrativa y el debilitamiento consciente e institucional de los consejos locales y mayores (por el Estado, los grupos armados (ir)regulares y los actores económicos transnacionales). En la sección de conclusiones retomaremos este modelo analítico para orecer una propuesta de política pública con un enoque dierencial y de derechos humanos basada en la evidencia recopilada en los viajes a terreno.

Imagen: Steve Cagan

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Los planes del Gobierno para el Chocó: la minería m inería transnacional Las hectáreas del Chocó sobre las cuales las autoridades mineras han autorizado la explotación de minerales son muy pocas (ver abla 7). En conjunto, las autorizaciones (temporales, de exploración y explotación, aquellas especiales para comunidades étnicas y para materiales de construcción) c onstrucción) no alcanzan el 1% del departamento (ver abla abla 8). Dentro de los actores beneficiarios se encuentran asociaciones asociaci ones de mineros, algunas empresas y civiles independientes. Estas licencias han sido otorgadas en dimensiones moderadas,37 en comparación con las amplias amplias extensiones del Chocó sobre las que se especulan uturos sitios de explotación. En esta sección abordamos qué riesgos existen en la explotación minera empresarial que ya sucede en el departamento y la orma como las autoridades mineras del Estado especulan sobre el potencial minero del Chocó. Especialmente, través de (1) la celebración de contratos de concesión a privados y grandes empresas y (2) la demarcación de áreas estratégicas mineras.. Tabla 7: Licencias otorgadas en Chocó a diciembre de 2015

Tottal de he To hect ctár área eass re repr pres esen enttad adas as en tí títu tulo loss

302. 30 2.38 381, 1,73 73

Superficie total departamento del Chocó

4.652.900

Porcentaje (%) de la superficie total del departamento del Chocó titulada para minería

6,49878

Fuente: Catastro Minero de la ANM Tabla 8: Licencias otorgadas en Chocó a diciembre de 2015

Tv - autorización temporal

176,44

0,003792044

Tv - licencia de exploración

8363,61

0,179750478

Tv - licencia de explotación

219,22

0,00471147

Tv - licencia especial comunidad

36555,19

0,785643147

Tv - licencia especial de materiales de construcción

7,78

0,000167208

Superficie total departamento del chocó

4652900

0,974064347

Fuente: Catastro Minero de la ANM Con una mediana de 83 hectáreas y un promedio de 677 hectáreas por título. En este cálculo se excluyó la licencia especial de comunidad étnica de Asocasan por considerarse un valor atípico que sesgaría las estadísticas des criptivas. 37

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La minería que se realiza en el Chocó no es solo inormal/ilegal. El ejemplo emblemático se encuentra en el municipio del Carmen del Atrato. Allí, en 1990, el Estado colombiano le otorgó a la Minera El Roble casi mil hectáreas hec táreas en un contrato de concesión minera. Durante los siguientes trece años, esas mil hectáreas se quintuplicarían. En 2016, la Minera El Roble cuenta con ocho títulos vigentes, de los cuales tres (un poco más de 3.100 ha) cuentan con licencias de exploración (ver abla abla 9). Pero, a pesar de que no esté autorizada para la explotación en sentido estricto (es decir, no tienen licencia de explotación según el Catastro Minero de la ANM), la minera, según la población local, loc al, ya ejecuta obras que bombean toxinas al entorno natural, especialmente sobre el nacimiento del río Atrat Atrato. o.

Tabla 9: Títulos mineros vigentes de la Empresa Minera El Roble (Municipio de El Carmen de Atrato)

Título Vigente

Año

Código

Hectáreas

Contrato de concesión

1990

9319

999,1

Licencia de exploración

2002

00173-27

952,75


2003

00172-27

539,61


2008

FJT-15ª

48,05


2008

FJT-15R

84,85


2010

GK3-091

1085,79


2012

JLM-11441

412,35


2013

00175-27

1613,93

TOTAL

5736,43

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La mina El Roble aparece como propiedad de Atico Mining en portales de negocios de internet. Atico Mining Corporation, tiene sede en Vancouver, Canadá, y cuenta con su propia sucursal en Colombia. Y, al revisar las cámaras de comercio la Minera El Roble y Atico Mining Colombia, sus principales representantes de la junta directiva son de nacionalidad peruana y canadiense. Atico describe la situación de la Mina El Roble de la siguiente manera: Desde que obtuvo el control de la mina el 22 de noviembre de 2013, Atico ha mejorado el uncionamiento de una capacidad nominal de 400 toneladas por día a las 650 toneladas diarias actuales. La mina tiene una historia de uncionamiento continuo de veintidós años, con una producción registrada de 1,5 millones de toneladas de mineral con una ley promedio de 2,6% de cobre y una ley de oro estimada de 2,5 g/t. 38 Reporta, además, que la producción en la mina alcanzó en 2015 las 2,9 millones de libras de cobre y 2.298 onzas de oro. En pocas palabras, la llegada de capital transnacional a la zona de explotación incrementó la capacidad de producción. Una situación que ha generado inconormidad en la comunidad local. En noviembre de 2015, la personería municipal de El Carmen de Atrato denunció ante la Fiscalía General de la Nación que la Minera El Roble, estaría vertiendo desechos tóxicos al Atrato de orma indiscriminada y sedimentando las aguas en su intento por construir represas de tratamiento de aguas residuales. La denuncia hace énasis en el crecimiento de las actividades de explotación desde la compra de la mina por empresarios peruanos y canadienses. Además, asegura que, durante las operaciones de extracción, la minera se encuentra deorestado porciones significativas del bosque nativo de la zona y, a través de la contaminación del agua, imposibilita la pesca para quienes subsisten de ella. El ejemplo de la Mina El Roble demuestra que las aectaciones socio-ambientales de la minería transnacional no son una ficción. Por el contrario, demuestra que los flujos de capital transnacional pueden repentinamente incrementar las tasas de explotación mineral, ejerciendo presiones inusitadas sobre los ecosistemas de los que dependen comunidades étnicas. Mientras la Fisc alía establece la legalidad de las operaciones y sus posibles consecuencias en la región, es perentorio aclarar que, al garantizar el acceso de grandes empresas transnacionales a los derechos mineros sobre el Chocó, las autoridades mineras abren la puerta para que el territorio pueda ser degradado, permitiendo que se repita la historia de crisis generada por los mineros inormales, pero en mayores dimensiones y posiblemente en menor tiempo. odo esto, en unción de negocios privados y en detrimento de las comunidades étnicas que desde hace siglos viven en sus territorios colectivos.

Atico Mining Corporation, “Atico anuncia resultados operativos del cuarto trimestre y todo el año 2015,” Market Wired, enero 21 de 2016. http://www.marketwired.com/ 38


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Titulación minera a privados y empresas transnacionales Si tomamos el departamento como una unidad, encontramos que el territorio se encuentra titulado en contratos de concesión mineros (recuadros color ROJO en Mapa 2), mayoritariamente en su zona centro y sur oriental, sobre las subregiones del Medio y Alto Atrato y la zona nororiental de la subregión del San Juan. Además de las hectáreas tituladas, existe un gran número de solicitudes de contratos de concesión mineros (recuadros color AZUL), con alta concentración en las subregiones ya mencionadas, pero con mayor proyección utura en la región nororiental (rontera Chocó-Antioquia, municipios de Belén de Bajirá y Carmen del Darién) y en la zona norte (rontera Colombia-Panamá, municipios de Acandí y Unguía).

Mapa 2:

Registro Gráco de Títulos y Solicitudes Mineras para el departamento de Chocó

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En términos cuantitativos, 6,5% del departamento del Chocó se encuentra titulado a empresas mineras o actores privados, lo que equivale a 302.381,73 hectáreas. 39 De estos títulos, dos empresas—Exploraciones Chocó Colombia y AngloGold Ashanti Colombia S.A.—poseen más hectáreas y títulos que los siguientes once actores (Ver Gráfica 4). Estas dos empresas han logrado titular 156.836,98 hectáreas (3,37% del Chocó) y han solicitado cerca de (20) veinte mil hectáreas más. La Cámara de Comercio de Bogotá, además, confirma que estas dos empresas están asociadas con otras empresas de distinto nombre. En el Diagrama 1 resumimos esta relación para aportar a la transparencia corporativa.

Gráfica 4: Titulares de los Títulos Mineros Vigentes en Chocó (2015)

Fuente: Elaboración propia a partir del Catastro Minero de la ANM

Agencia Nacional de Minería, ítulos Mineros Vigentes en el Departamento de Chocó (Fecha de Catastro Minero: 24 de diciembre de 2015). 39

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Diagrama 2: Situación de Grupo Empresarial de AGA Colombia

Ejerce situación de grupo empresarial sobre

Anglogold Ashanti Colombia S.A. Kedahda Ltda. (Sociedad Extranjera Matriz)

Ejerce situación de grupo empresarial sobre

Exploraciones Northern Colombia S.A.S.

Minera Kala-Ana S.A.S. De manera directa

Minera Quebradona Colombia S.A.

De manera indirecta

En octubre de 2015, la empresa transnacional AngloGold Ashanti, con sede en Newtown, Sudárica, inormó que “todos los títulos en Chocó se encuentran bajo acuerdos de empresa compartida con Glencore Colombia S.A.S., la cual maneja estos títulos sobre una compañía llamada Exploraciones Chocó Colombia S.A.S.” 40Es decir, un poco más del (3) tres por ciento del departamento estaría en manos de una de las empresas transnacionales de comercialización y extracción de materias primas más grandes del mundo, que además ya adelanta explotación de carbón a cielo abierto en Cesar y la Guajira, 41 y es una de las empresas mineras que más dinero aporta a los batallones del ejército nacional para la protección de sus operaciones, personal e inraestructura.42 Aunque con menos representación territorial que la especulación de Glencore, existen otros actores significativos en la titulación del departamento. Dos consejos comunitarios cuentan con más de 5 mil hectáreas tituladas en el departamento (el del Alto San Juan—ASOCASAN—y el de Condoto/Río Iró— COCOMACOIRO). Estos Consejos han luchado desde hace más de una década por el reconocimiento de derechos mineros sobre sus territorios colectivos, como se verá detalladamente en la sección sobre el San Juan. Por otro lado, de los privados restantes, se destacan por el amplio número de hectáreas la Muriel Mining Corporation, Coco Hondo S.A.S. y Continental Gold (ver Gráfica 5) .

raducción del párrao original: Importantly, we would like to clariy first that all o tenements in Chocó are under Joint Venture Agreements with Glencore Colombia S.A.S.(Ken Kluksdahl, Senior Vice President: Colombia Projects, comunicación personal entre AGA y ABColombia, octubre 9 de 2015). 41 Véase ierra Digna (2015), El Carbón de Colombia: ¿Quién gana y quién pierde?; en particular la página 15, donde se muestra que Glencore posee el segundo mayor número de hectáreas tituladas para minería de carbón en Cesar y las páginas 112-113, donde se revisa el perfil corporativo de la empresa. 42 ierra Digna (2015), Seguridad y Derechos Humanos ¿Para Quién? Voluntariedad y Militarización, estrategias de las empresas extracti vas en el control de territorios, p. 53. 40

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Gráfica 5: Distribución porcentual de los distintos titulares de títulos mineros en Chocó con más de (3.000) tres mil hectáreas43

Porcentaje del territorio titulado en Chocó (Principales Titulares > 5000 Ha) EXPLORACIONES CHOCO S.A.S.

3%

2% 2% ANGLO GOLD ASHANTI COLOMBIA S.A.

3% 3%

CONSEJO COMUNITARIO MAYOR DEL ALTO

4% 34% 4%

SAN JUAN - ASOCASAN PROYECTO COCO HONDO S.A.S.

CONSEJO COMUNITARIO MAYOR DE CONDOTO

7%

IRD LA MURIEL MINING COPORATION

CONTINENTAL GOLD LIMITED SUCURSAL 13%

COLOMBIA CORPORACION MINERA DE COLOMBIA S.A.S. 25% MINERAL CORP S.A.S.

Fuente: Elaboración propia a partir del Catastro Minero de la ANM

De los actores anteriormente mencionados queremos destacar tres empresas con altos intereses en las reservas minerales del Chocó, ya sea porque cuentan con títulos mineros o porque han archivado un amplio número de solicitudes de titulación. El énasis se coloca sobre estas compañías porque, además de utilizar su nombre oficial, dichas compañías utilizan el nombre de sus representantes legales para tramitar los títulos y solicitudes. Por ende, describimos los lugares que les interesan y los grupos empresariales a los que pertenecen. La Muriel Mining Company ha estado involucrada en el desarrollo de actividades de exploración y explotación mineras sin contar con el consentimiento previo, libre e inormado de las comunidades locales en la región del Bajo Atrato. Incluso, su comportamiento ue motivo de una sentencia de la Corte Constitucional que tuteló el derecho de las comunidades de Uradá

Agencia Nacional de Minería, ítulos Mineros Vigentes en el Departamento de Chocó (Fecha de Catastro Minero: 24 de diciembre de 2015). 43

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Jiguamiandó a la consulta previa (Ver detalles en Mientras la contaminación se acumula, al subsuelo lo subastan en el Bajo Atrato). Además de este precedente, el vicepresidente de la compañía, George Patrick Juilland Delaitre, ha solicitado por lo menos (19) diecinueve contratos de concesión en la región del San Juan (municipios de Istmina, Condoto y Nóvita). Uno de ellos, peligrosamente cerca del Parque Natural atamá44 y quince más ubicados en el municipio de Nóvita, alertando un interés especial sobre todo un bloque de la zona. Antes de 2010, la compañía se encontraba registrada en el estado de Colorado (Estados Unidos), pero desde ese año su domicilio se trasladó a la ciudad de Panamá (Panamá). Continental Gold Ltd., por su parte, es una empresa reconocida por su proyecto auríero en Buriticá (Antioquia).45 Sin embargo, tiene a su nombre 3% de los títulos mineros en Chocó y un par de solicitudes en los municipios de Lloró y Bagadó. La Cámara de Comercio de Medellín inorma que la compañía ue registrada en 2007, bajo representación legal (suplente) de Robert William Allen, quien ue su director general (CEO) hasta 2010. 46 Este nombre es significativo, pues Robert William Allen es también representante legal del Grupo de Bullet SAS, Negocios Mineros SA y Nacional de Minerales y Metales SAS. En estas últimas dos, Allen gerencia dichas empresas en compañía de Robert Watson Neill, quien es gerente de Minerales Otu SAS. Entre todas estas empresas existen tituladas más de (10) diez mil hectáreas en todo el departamento y otras (95) noventa y cinco mil solicitadas en el Alto Atrato (El Carmen de Atrato, Lloró y Bagadó), el Darién (Acandí, Unguía y Riosucio) y San Juan (Condoto, Nóvita y Sipí).

Diagrama 3: Situación de Grupo Empresarial de Continental Gold Ltd.

Continental Gold Limited Sucursal Colombia (Hamilton Bermudas)

CGL Santander SAS; CGL Berlín SAS; CGL Gran Buriticá SAS; CGL Dojurá SAS (Medellín, Colombia)

CGL Dominical SAS (Bogotá, Colombia)

“Reserva ecológica en los límites de Chocó y Risaralda que hace parte de la red nacional de parques naturales de Colombia. iene 51.900 hectáreas, de las cuales el 90% se encuentra en excelente estado de conservación. Es también una estrella hidrográfica que alimenta los ríos Cauca y San Juan, entre otros. El parque es un área de confluencia 9 municipios de los departamentos de Chocó, Risaralda y Valle.” Alejo Pulido, “El Parque Natural atamá: ¿en la mira de la minería?,” La Silla Vacía, mayo 10 de 2011. http://bit.ly/1Y2iPPO 45 “Buriticá. Overview,” www.continentalgold.com 46 “Robert William Allen,” Bloomberg Business, http://www.bloomberg.com/ 44

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Diagrama 4: Situación de Grupo Empresarial Bullet Holding

Grupo de Bullet SAS (Medellín, Colombia)

Continental Gold Limited Sucursal Colombia (Hamilton Bermudas) Bullet Holding Corp. (Panamá, Panamá)

Puerto de Oro SAS (Medellín, Colombia)

Nacional de Minerales y Metales (Medellín, Colombia)

Demarcación de Áreas Estratégicas Mineras La historia reciente de la adjudicación de territorios colombianos para la actividad minera ha estado plagada de irregularidades. Durante el segundo periodo presidencial de Álvaro Uribe Vélez, la superficie acumulada con solicitud de títulos mineros incrementó cerca de 800 por ciento. 47 Con el ascenso de Juan Manuel Santos a la presidencia en 2010, comenzó a hablarse de la “piñata de los títulos mineros,” 48 una práctica que involucraba a uncionarios de Ingeominas en irregularidades, como la adjudicación de títulos en zonas de reserva especial minera de comunidades arocolombianas e indígenas y la entrega de títulos en áreas que se superponen con páramos y parques nacionales naturales, entre otras. 49 En dicha coyuntura, el Ministerio de Minas y Energía suspendió la recepción de solicitudes de títulos mineros el 1º de ebrero de 2011. Exactamente tres años después, la Agencia Nacional de Minería (ANM) inormó

De aproximadamente 5 millones de hectáreas en 2006, la superficie acumulada con solicitud de título minero subió a más de 39 millones de hectáreas en 2009 (Estrada, Moreno, & Ordoñez, 2013, pág. 37). 48 Así tituló el enómeno el recién nombrado Ministro de Minas y Energía, Carlos Rodado Noriega, al denunciar que el Catastro Minero era un caos y que un gran número de uncionarios y exuncionarios estaban involucrados en casos de corrupción relacionados con la especulación y la adjudicación en páramos. Jairo Chacón González, “La piñata de los títulos mineros,” El Espectador, mayo 30 de 2011. 49 Otras irregularidades consistían en 1) la asignación de áreas pequeñas que luego el tenedor negociaba con grandes inversionistas por sumas enormes o el acaparamiento de licencias. “Le ponen reno a la ‘piñata minera’,” El iempo, mayo 31 de 2011. 47


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que solo el 8 por ciento de los títulos solicitados cumplían con todos los requisitos exigidos por la ley. Aun así, la ANM ya había reabierto la ventanilla minera en varios meses atrás. 51En definitiva, la dudosa adjudicación de títulos mineros había comprobado una clara desarticulación en la política pública minera. Pese a que la ventanilla minera había sido reabierta sin haberse solucionado las causas estructurales que habían conducido a su cierre, el gobierno nacional aprovechó la coyuntura de la “piñata de títulos mineros” para avanzar una medida aún más problemática. Ese mismo 2011, el gobierno Santos consiguió que el Congreso aprobara el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 (Ley 1450/11), en donde se creaba una figura llamada Áreas Estratégicas Mineras (AEM en adelante). Según esta figura, la autoridad minera está ahora habilitada para determinar los “minerales de interés estratégico para el país” y otorgar estas áreas “en contrato de concesión especial a través de un proceso de selección objetiva” (Artículo 108). Meses después, el Ministerio de Minas y Energía expidió una resolución que señalaba cuales eran exactamente esas reservas mineras, a través de lo consignado en un estudio del Servicio Geológico Colombiano, anteriormente Ingeominas (SGC, 2012). Luego, entre mediados de 2012 y 2013, el Ministerio de Minas y la Agencia Nacional de Minería expidieron tres resoluciones en donde se demarcaban exactamente las coordenadas geográficas, los municipios y los departamentos de estas AEM, las cuales cubrían un poco más de veinte millones de hectáreas.52 Es decir, a puerta cerrada y de orma unilateral, el Gobierno nacional había definido que entre el 17 y 20 por ciento del territorio del país iba a ser destinado para la minería. Dado que el Estado colombiano se reservaba estas AEM para adjudicarlas a través de procesos de “selección objetiva,” “buscando mayor beneficio en términos de inversión y producción,”53 es claro que la figura se diseñó pensando en la adjudicación de territorios a empresas con amplio capital y potencial técnico. Es decir, la figura pretende acilitar la adjudicación a empresas transnacionales que puedan desarrollar la actividad minera a gran es cala.54 En el Chocó, dichas áreas estratégicas de reserva estatal se encuentran ubicadas en toda la zona oriental del departamento, en la rontera con Antioquia, y en la región de Darién (Riosucio, Unguía y Acandí) (ver Mapa 3). En términos cuantitativos, el gobierno nacional busca subastar 817.025 hectáreas del Chocó a

Hallazgo producto de la fiscalización de 10.161 títulos mineros ubicados en 30 departamentos donde se adelantan actividades asociadas a trecientos doce tipos de minerales, cerrada el 31 de diciembre de 2013. “En 2013 Agencia Nacional de Minería fiscalizó 10.161 títulos mineros en todo el país,” Agencia Nacional de Minería, www.anm.gov.co, ebrero 4 de 2014. 51 Colprensa, “Gobierno reabrirá la “ventanilla” para trámites de títulos mineros,” El País, julio 2 de 2013. Frente a este caos institucional, el senador Iván Cepeda y varias ONG interpusieron una acción popular contra la reapertura de la ventanilla minera para que se definiera si el gobierno nacional estaba vulnerando los derechos colectivos a un medio ambiente sano y al equilibrio ecológico, a la salubridad pública y a la moralidad administrativa. En 2016, esta acción p opular continúa en el proceso de litigio. “Organizaciones sociales y ambientales realizarán plantón para exigir la moratoria minera,” Prensa Senador Iván Cepeda, senado.gov.co, julio 28 de 2014. 52 Ministerio de Minas y Energía, Resolución 182041, 24 de ebrero 24; Agencia Nacional de Minería, Resolución 0045, 20 de junio, 2012 y Resolución 429, 27 de junio, 2013. 53 Francy Sepúlveda, “Medidas de alto impacto para Colombia en materia minera vienen siendo adoptadas por el Gobierno,” CM&, ebrero 3 de 2012. 54 Especialmente si se tiene en cuenta que los once minerales catalogados como estratégicos (oro, platino, cobre, minerales de osatos, minerales de potasio, minerales de magnesio, carbón metalúrgico, magnesio, uranio, hierro y minerales de coltán) necesitan de técnicas de aprovechamiento altamente tecnificadas. 50

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empresas con el potencial técnico para explotar yacimientos de metales preciosos y otros (incrustados proundamente en el subsuelo) en un periodo de cinco años. 55 Parte de la estrategia en la delimitación de estas áreas es la incorporación de capital privado para esclarecer a proundidad cuál es el potencial geológico de los territorios. Mapa 3: Áreas Estratégicas Mineras en el Chocó

Por ello, en la figura se clasifican las áreas en ipo I,II y III. Por un lado, las áreas ipo I “orecen un conocimiento geológico, geoísico y geoquímico aceptable” (SGC, 2012; color verde en Mapa 3) que coinciden con las áreas ya tituladas o en proceso de solicitud expuestas anteriormente (ver Mapa 2). En las áreas ipo II, por otro lado, “el conocimiento geoquímico, geoísico y geológico es menor” y en las de ipo III, dicho conocimiento es bajo (SGC, 2012; color marrón II y color gris III). Esta caracterización señala que una amenaza real para los territorios étnicos no es solo la titulación minera, sino los planes que el Gobierno colombiano viene raguando con el subsuelo chocoano desde 2012 a través de sus instituciones mineras.

Fuente: Servicio Geológico Colombiano iempo que empezará a contar cuando el Consejo de Estado ratifique o remueva la suspensión temporal de la figura que alló en mayo 2015. Óscar Guesgüan, “‘Freno de mano’ a la minería,” El Espectador, mayo 19 de 2015. http://bit.ly/1wDnB5 55


Imagen: Steve Cagan

¿Qué sucede en territorio y cómo responde el Estado?

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Violaciones de Derechos Fundamentales en Río Quito Los ríos han sido undamentales para la historia de la humanidad en tanto nos aportan vitales suministros de agua, reciben, diluyen y transportan nuestros residuos y nos sirven c omo una de las redes de transporte más importantes a nivel mundial (Christopherson, 1998, p. 338). En el departamento del Chocó, parte del bioma bosque lluvioso tropical o ecuatorial, los altos rangos de lluvias anuales hacen que los ríos crezcan a menudo. Las lluvias también han servido de suministro principal del agua que consumen las comunidades Aro e Indígenas. Los impactos ambientales generados por las actividades mineras, sin embargo, han alterado los cauces de los ríos con sus excavaciones, deorestado la densa selva y acelerado la erosión de los suelos. Así mismo, la deorestación (un paso necesario en la explotación minera mecanizada y de gran escala) incrementa la probabilidad de crecidas en los torrentes e inundaciones; esto porque la remoción de la vegetación incrementa el flujo de los ríos (Goudie, 2000, p. 222). Foto 2: Fotografías aéreas del río Quito con dragas en operación en 2014

Imagen: Steve Cagan


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La afectación al agua y sus impactos sobre la alimentación Los ríos han sido undamentales para la historia de la humanidad en tanto nos aportan vitales suministros En el municipio de Río Quito las comunidades han experimentado de primera mano las transormaciones fluviales que conlleva la minería mecanizada. Especialmente lo que las inundaciones representan para sus cultivos de subsistencia: A veces cuando se crece el río, de una vez daña la siembra (plátano, yuca, achís, portaniza, hortaliza, ñame). El año pasado hubo un programa que lo llamaban el DAPA y nos dieron semillas, herramientas y ya no, y apenas ue el año pasado. Los sembrados se mueren por los químicos que tiene el agua, no deja producir nada de lo que uno siembra en la tierra, se muere. Además del incremento en el riesgo de inundación, las comunidades notan contaminación de las tierras por las características ísico-químicas del agua del río. eorizan que las sustancias tóxicas (como el mercurio o el cianuro) deben estar aniquilando las siembras. Los testimonios también señalan que los apoyos para realizar actividades agrícolas no son sostenidos. Anteriormente, la producción agrícola abastecía a quien la realizara y además producía excedentes que eran comercializados. Es decir, “para el sustento de su casa le alcanzaba y para solucionar cualquier problema que se le viniera encima.” Con la modificación del cauce del río Quito, la deorestación, la sedimentación de las aguas y todos los vertimientos tóxicos de la minería, el disrute del recurso hídrico ya no es el mismo para la comunidad de San Isidro. Muchos residentes ya no se acercan al agua a pesar de que su comunidad esté situada allí precisamente por su proximidad al río. Yo aquí en mi casa, por lo menos al río no voy. Si uno se mete al rio, le da rasquiña, le da picazón, porque el río está contaminado, le sale hongo. A las playas no se puede porque vienen llenas de mercurio. La pesca, ¿para qué ese pescado? si ese pescado está contaminado. Si uno se lo come le hace daño y si uno lo va a vender no se lo compran. Si las inundaciones deterioran los cultivos y las casas, los químicos y otros desechos en los ríos hacen imposible la pesca y la comercialización de peces. Además, la situación de contaminación genera visibles y astidiosas enermedades de la piel. P1: Eso es lo que da las manchas, mi mujer trabaja allá en la playa, eso produce mucho: inección vaginal, rasquiña en la piel, hongos en el cuerpo. El agua está totalmente contaminada. Yo más rico bañarme o meterme a esta agua. Los niños a veces se tiran al río, cuando al rato, [le salen] hongos en la cabeza. Vea, la vez pasada, pa’ que usted le vea el hongo como los tiene. Le sana pero de una vez le queda la cicatriz. P2: Ya ese río, para nada lo utilizan. Una señora tiene un poco de manchas en la piel, del agua del río. Mire antes sí lo utilizábamos, pero ahora que está tanta esa contaminación de acá, ya no se utiliza para nada. Sólo para uno viajar, para embarcarse. E incluso para movilizarse, la situación de excavaciones descontroladas en Río Quito por cerca de seis años ha convertido esta vía de transporte en un laberinto de pozos y tajos mineros no reparados. En nuestros recorridos por las comunidades de Río Quito ue común que el maquinista de la lancha parara en distintos puntos para ubicar por dónde era posible avanzar y cómo evitar golpear el vehículo con montañas de balastro.

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Desabastecimiento de agua para consumo Otro impacto altamente perjudicial de las transormaciones ambientales que ha traído consigo la minería mecanizada a las comunidades sobre río Quito es el desabastecimiento de agua. En San Isidro, el agua de uso cotidiano la toman de la lluvia o de las quebraditas en donde no hay minería. Aquellas uentes de agua están ubicadas a una hora caminando y su utiliza para llenar los tanques y las tinas de las casas. 56

Foto 3: Fotografías al interior de la comunidad de San Isidro, municipio de Río Quito

Imagen: Registro Fotográfico de Tierra Digna

Ahora que el virus del Zika entró con uerza a Colombia, el abastecimiento por medio de tinas constituye un actor de riesgo para la salud pública importante, pues el mosquito vector se reproduce en agua limpia. El agua sucia apozada en las excavaciones de los entables, también es uno de estos actores de riesgo, pues su mosquito vector se reproduce en agua sucia. Cecilia Orozco, “El año crítico del Zika será 2016,” enero 22 de 2016. http://bit.ly/1Ntcjd5; Pablo Correa, “Minería dispara casos de malaria,” ebrero 17 de 2016. http://bit.ly/1OhQr4L 56


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En la comunidad de la Soledad, por el contrario, aunque muchos residentes aún continúan utilizando el agua de río para cocinar y lavar ropa y sus utensilios de cocina, el agua para beber la consiguen en Quibdó. Deben conseguirla en la capital del departamento porque, a dierencia de San Isidro, cuando no ha llovido en días, la comunidad no tiene una quebrada no impactada por la minería de dónde abastecerse. Viajar a Quibdó para conseguir el líquido más esencial para la vida evidentemente acarrea costos de transporte, tiempo dedicado al viaje y el costo de las pacas de agua. Una paca de agua con veinte bolsas en el centro de Quibdó cuesta entre cinco y seis mil pesos colombianos. Aparte del desabastecimiento y sus costos emergentes, las condiciones de vida no son óptimas en las comunidades rurales. Al preguntarles sobre la existencia y calidad de la inraestructura de servicios domiciliarios a algunas pobladoras de San Isidro, los participantes reportaron su inexistencia o deficiencia en la prestación del servicio: P1: El acueducto todavía no tenemos. La energía, desde anoche estamos sin energía y es posible que no vuelva a llegar hoy. Y el alcantarillado no sirve, cuando llueve inicia a oler eo. El de mi casa casi no lo utilizo por que no baja, quedo muy malo, muy mal hecho. P2: Para alcantarillado, en estos momentos yo hago la necesidad detrás de una casa, y hago una tapadita que esta por allá. Así hago yo. ¿Por qué? Porque no puedo usar el baño de la casa, porque no unciona. Y también perjudica a los vecinos con los malos olores. El desabastecimiento de agua se presenta entonces, no sólo por la contaminación de los ríos, sino también por la alta de inraestructura en servicios públicos. Es importante recordar en este punto que los asentamientos humanos sobre las cuencas de los ríos del pacífico colombiano, especialmente de comunidades arodescendientes, estuvo mediada por la nueva libertad de los esclavizados (motivo de las migraciones y asentamientos), pero también por la alta de reparaciones y el continuo desinterés estatal de proveer servicios esenciales como acueducto y alcantarillado. Es indiscutible que la minería mecanizada se ha consolidado sobre Río Quito. Así lo reconoció el ribunal Administrativo de Cundinamarca al ordenar a las autoridades del municipio y a la corporación autónoma del Chocó (Codechocó) la elaboración e implementación de planes de recuperación ambiental y atención en salud.57 Sin embargo, aún parecen haber conusiones sobre la real participación de las comunidades en dichas actividades y el posible beneficio que esto les representaría. A lo largo de los años de trabajo de ierra Digna en la zona, hemos escuchado a miembros de comunidades, consejos locales y uncionarios públicos locales y nacionales argumentar que las actividades mineras se desarrollan, en gran parte, porque las comunidades así lo permiten. Como quedará claro en la sección sobre el territorio del Alto Andágueda, la presión de los grupos paramilitares e insurgentes es un actor que restringe la posibilidad de que las comunidades se opongan a las actividades extractivas. Sin embargo, aún permanece en el imaginario nacional la idea de que la minería mecanizada representa un buen negocio para quién la realiza. Los testimonios en terreno evidencian lo contrario.

iempo que empezará a contar cuando el Consejo de Estado ratifique o remueva la suspensión temporal de la figura que alló en mayo 2015. Óscar Guesgüan, “‘Freno de mano’ a la minería,” El Espectador, mayo 19 de 2015. http://bit.ly/1wDnB5 57

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Las necesidades económicas no dan escapatoria Las comunidades de San Isidro, Villa Conto y Paimadó reportan todas haber sido siempre comunidades mineras artesanales. La minería artesanal (entendida como mazamorreo) y la minería de tradicional (con tecnología de aprovechamiento de distintos tipos) ue siempre una uente de ingresos estable en el mediano plazo. La proximidad de las comunidades a las orillas de los ríos y la ubicación superficial de los yacimientos proporcionaba a los lugareños una uente de ingresos más o menos estable, pero nunca ue capaz de generar excedentes económicos suficientes para la inversión en capital (es decir, maquinaria pesada: retroexcavadoras, dragas o dragones), pues todo lo que se consiguiera dependía del trabajo manual. Foto 4: Fotografías de maquinaria activa sobre río Quito (2015)

Imagen: Registro fotográfico de Tierra Digna


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Consideraciones económicas de este tipo apuntan a que el tránsito de la pequeña a la mediana minería resultó, necesariamente, de la llegada de capital oráneo, junto con sus dueños (coloquialmente conocidos como paisas, rolos y chalupas). Los testimonios respaldan esta observación cuando los participantes aseguran que ”nosotros tenemos el problema de esos dragones, porque pa’ meterse en eso es porque tienen la plata, entonces los perjudicados somos nosotros.” La contracara del problema es la transición que las nuevas ormas de minería generan en la ocupación productiva de las comunidades. En San Isidro, por ejemplo, no se realiza minería artesanal con la misma intensidad del pasado. Ahora “la gente no tiene para donde moverse” y cuando las autoridades dicen buscar a los mineros para sacarlos, en realidad no lo hacen. La minería artesanal y tradicional no se realiza precisamente porque los ríos están contaminados y los yacimientos ya no son superficiales: Uno ya no consigue oro. ampoco nosotros que podemos, o sea su papá. Un ejemplo, puede tener una motobomba [pero] con esa máquina ya no se saca oro, porque esa máquina está muy reducida pa’ buscar el oro. Por ejemplo, yo trabajo con un señor que me llevó a trabajar y la semana pasada hicimos un tomil de oro y eso valía $43.000, toda la semana. ¡$43.000 toda la semana, con dos motobombas! [Con eso] no se paga ni el ACPM que consume. Una lata de ACPM vale $60.000 y uno se gasta tres latas en la semana. Si en algún momento la minería tradicional ue una uente estable, esta yo no lo es. Los ingresos por motivo de extracción minera de pequeña y mediana escala (dependiente de lo que logre encontrarse en las distintas jornadas) disminuyeron porque la densidad de oro por metro cúbico de tierra laborado ahora es significativamente menor. anto que, como lo revela el testimonio, en una semana el ingreso por venta de oro cubre menos de un cuarto de los gastos en combustible. Y mientras tanto, los pobladores inorman haber visto dragones subir y bajar sin problema alguno por el r ío. Especialmente bajando, pues se rumora que aguas arriba ya no se consigue mucho y los dragones y los retros han debido bajar para instalar nuevos entables. Foto 5: Fotografías de barequeo sobre entables activos en río Quito (201 5)

Imagen: Registro fotográfico de Tierra Digna

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La disminución de los ingresos y el incremento en la volatilidad de cuánto dinero es posible conseguir para subsistir representa un actor que cataliza la vulnerabilidad de las comunidades. Al preguntarles cuánto gastaban al mes, los participantes inormaron no tener una cira consolidada dado que sus i ngresos no son uniormes; caso contrario el de sus deudas, pues los servicios domiciliarios representan costos mensuales que las personas deben cubrir para evitar la suspensión. Inormaron además contribuirse entre sí para tener uentes de ingresos: Aquí como todos [nos colaboramos], por ejemplo, yo tengo mis amigos y no gasto ni plata en el mes porque a veces una niñola en estos momentos tiene su amiguito, su novio que le da. Ella me da de lo que él le da, así la mantiene uno. O si no, cuando consigo, yo también le colaboro a ella. Así es que uno se mantiene aquí. Uno hay mes que no gasta nada porque si no tiene, ¿cómo gasta? Pero si hay mes que tiene, uno gasta. Aquí, si hay eectivo, uno tiene que pagar la energía y si tiene direct tv, tiene que pagar el mes. Pagar el gas, la junta del motor y a veces cuando muere alguien le toca pagar. Si vienen a cobrar la energía y no tenemos la cortan y son $2.400 que cobran del alumbrado. Esta situación incrementa la vulnerabilidad en tanto incrementa la necesidad de recursos y de ingresos, lo cual potencia la probabilidad de que las personas de las mismas comunidades se sumen a las plantas de trabajo de los entables de minería mecanizada. Una de las mujeres de San Isidro recuerda que el principal actor que llevó a su hijo a trabajar en un entable ue la alta de ingresos para realizar su proyecto de vida. Yo estudio la primera inancia y como no tengo con qué matricularme, no he ido este semestre. El hijo mío tiene 16. Se salió del colegio porque no tenía cómo comprar lo que él necesitaba y está en el monte trabajando con retro. Inició en estos días, no le ha ido tan bien. Apenas tiene 16 y dijo que no estudiaba con nadie, porque él no tenía quien lo mantuviera. Como yo soy la que sostiene a mis hijos y yo no consigo, él se cansó de esa aguantadera [y dijo] que se iba pal monte. De esta orma, la necesidad económica impulsa a los residentes a tomar oportunidades de trabajo en actividades que empeoran la situación socio-ambiental de su propia comunidad. En paralelo, esta decisión reuerza los vínculos de las comunidades con otros trabajadores y los dueños de la maquinaria y los entables. Él se va el lunes y viene los sábados, claro que esta vez se ue desde la semana pasada, como el jueves de la semana pasada. iene más de ocho días. Él debe salir hoy, sale en la noche, con el patrón, el dueño de la retro y otras personas trabajadoras. Y, a pesar de todo esto, los ingresos no son muy altos. La mamá del joven mencionado en el testimonio inormó que, en la primera semana de trabajo, su hijo ganó $120.000. Una uente considerablemente útil ante la necesidad, pero desproporcionadamente baja en comparación con los riesgos laborales y en salud que deben arontar quienes ejercen las actividades mineras mecanizadas. A esto debe sumársele el hecho de que en este tipo de actividades manuales las oportunidades de ascenso, ahorro o bonificaciones laborales son inexistentes.

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Según el Censo Minero (2010-2011) la totalidad de los mineros que trabajan en entables en el Chocó reciben sus ingresos en eectivo, por lo menos un tercio estarían bajo contrato de prestación de servicios y otro tercio estaría trabajando sin estar a afiliado a ningún tipo de seguridad social.

Este relato de lo observado en Río Quito obviamente deja escapar otros actores importantes con implicaciones igual o mayores para la vulnerabilidad de las comunidades. Especialmente la incidencia de grupos paramilitares en la zona y la orma como estos han cooptado a consejos comunitarios locales.58 No obstante, hemos enatizado las dinámicas económicas para demostrar que la minería mecanizada ha generado transormaciones territoriales que incrementan las necesidades (financieras, ambientales y laborales) de los residentes. Estas necesidades empujan a las personas a involucrarse en las actividades que empeoraron sus condiciones de existencia en primer lugar. El incremento en las inundaciones, la pérdida de las siembras, las nuevas enermedades en la piel, la pérdida de ingresos estables antes derivados de la minería artesanal y tradicional y los nuevos costos para abastecerse de agua son algunos de los impactos socio-ambientales que incrementan la vulnerabilidad en Río Quito. Estas razones justifican por qué no es racional culpar a las Comunidades Negras del Chocó de ser laxas con la llegada y la permanencia de la minería mecanizada. La idea de que los residentes locales se benefician de la actividad es igualmente descabellada. Lo que esta constatación señala, en realidad, es que la raíz del problema no es que las comunidades tengan autonomía territorial, sino que la inacción del Estado (al no proveer acueducto y alcantarillado, no evitar la llegada de maquinaria, no arontar la crisis ambiental, ni en salud, ni de necesidades básicas) ha sido una de las principales razones del incremento en las necesidades y la vulnerabilidad de los rio-quitenses.

Afiliación a Seguridad Social Total

527

Régimen contributivo salud

24

4,60%

Régimen contributivo pensión

24

4,60%

Régimen contributivo ARP

24

4,60%

Seguridad social ninguna?

161

30,60%

Forma de contratación Prestación de servicios

1892

32,60%

Contrato laboral a término fijo

102

0,50%

Contrato a término indefinido

2913

11,30%

Destajo

54

0,10%

Temporal

1020

12,10%

Forma de Pago Total

527

Efectivo

527

100%

Especie

0

0

Ninguno

0

0

Servicios

0

0

Temas laborales en los entables mineros chocoanos

Semana, “Chocó, tierra de dragones,” marzo 29 de 2013. http://www.semana.com/nacion/articulo/choco-tierra-dragones/338108-3

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Imagen: Steve Cagan

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El uso intencional del mercurio La minería auríera artesanal y de pequeña escala (MAAPE en adelante) es la principal uente de emisiones humanas de mercurio al medio ambiente, alcanzando cerca de 1.600 toneladas al año (Persaud & elmer, 2015). El PNUMA (2013, pág. 9) estima que de todas las emisiones de mercurio causadas por humanos, 37% (o 727 toneladas anuales) corresponden al uso intencional que se le da al metal en la MAAPE. Los pequeños mineros utilizan el mercurio para extraer el oro de la roca, capturándolo a través de un proceso denominado amalgamación. La amalgamación se puede realizar de distintas ormas, pero la amalgamación del mineral completo y su quema a cielo abierto liberan las mayores cantidades de mercurio a las aguas, los suelos y la atmósera (ver abla 10). Según cálculos de la plataorma Mercury Watch basados en inormación de 2010, Colombia sería el segundo país con mayores niveles de liberación de mercurio por MAAPE en el mundo, después de Indonesia

Tabla 10: Pasos en el uso del mercurio en las prácticas MAAPE

Extracción Mineral

Procesamiento del Mineral

El tipo de extracción (ya sea de los depósitos aluviales o de la roca dura) es importante en tanto éste condiciona la estrategia más adecuada para reducir el uso del mercurio.

En la minería aluvial, el oro se libera junto con otros sedimentos, por lo que se utiliza la gravedad para concentrar el oro en pequeñas masas antes de seguir con la amalgamación.

Como en el Chocó predomina la minería aluvial, la liberación de mercurio a las aguas de los ríos es de especial preocupación. El Decreto 2222 de 1993 prohíbe la liberación de mercurio a los cuerpos de agua (Art 244). En Chocó, el mercurio es utilizado con telas o placas en los canalones, o la amalgamación de los concentrados que se generan durante el proceso (PNUMA, 2014). El Decreto 2222 de 1993 exige el uso de sistemas de recolección de mercurio en las plantas de lavado de las dragas (Art 295).

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Amalgamación

La amalgama es una aleación que se forma de la adhesión del mercurio al oro que se realiza para separar el metal precioso de otros materiales.

La amalgamación concentrada ocurre cuando los mineros reducen la masa del mineral a través de la concentración, por lo general 100 veces antes de aplicar el mercurio. En este caso se estima que se utilizan 1,3 unidades de mercurio por cada unidad de oro recuperado.

La amalgamación del mineral completo ocurre cuando los mineros agregan mercurio a una gran cantidad de mineral sin haber concentrado el oro antes. Este es un proceso que usa el mercurio de forma intensiva y utiliza entre 3 y 50 unidades de mercurio por cada unidad de oro recuperado.

Se estima que la amalgamación descarga, globalmente, mil toneladas de mercurio residual al medio ambiente, 40% a la atmósfera y el 60% restante se vierte sobre suelos y aguas (Guiza & Aristizábal, 2013, pág. 36).

Batista Jinete (2013) reportó que, para 2011, los cerca de 28 mil kg de oro producidos en el Chocó se asociaron a 195.406 kg de mercurio. De ahí se estarían utilizando, como mínimo, 1,4 unidades de mercurio por cada unidad de oro producida.

El PNUMA considera este proceso como la peor práctica de amalgamación y, a raíz de ello, la Convención de Minamata busca eliminarla en su Anexo C. Veiga (2010, pág. 8) recuerda que la cuestión realmente importante es cuánto mercurio se pierde dependiendo el proceso utilizado (mineral completo o concentrado con o sin retorta).

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Quema de la amalgama (Evaporar el mercurio para quedarse con el oro y algunas impurezas)

La quema a cielo abierto ocurre cuando los mineros aplican calor directamente a la amalgama a cielo abierto, emitiéndolo directamente a la atmósfera. Esta práctica pone en riesgo a los mineros, a sus familias y al medio ambiente.

La quema en un sistema de captura ocurre cuando los mineros queman la amalgama dentro de un dispositivo de captura del vapor. Este sistema captura entre 75% y 95% del mercurio y puede reducir la exposición si se realiza adecuadamente.

El PNUMA considera este proceso como la peor práctica de quema de la amalgama y, a raíz de ello, la Convención de Minamata busca eliminarla en su Anexo C.

El Decreto 2222/93 establece que los mineros deben usar una retorta hermética para recuperar el mercurio y evitar liberaciones a la atmósfera (Art 267) y que las actividades de amalgamación deben realizarse en recintos cerrados como tambores amalgamadores (Art 293).

Fuente: (PNUMA, 2015, pp. 6-7)

En Colombia, se ha reportado que la mayoría de los procesos de amalgamación son realizados muy cerca de las viviendas de los mineros, por lo que las amilias respiran gran parte del vapor de mercurio (Fierro, 2013; Verbel Olivero, s..; Veiga, 2010). Esta realidad se considera un problema de salud pública porque el vapor de mercurio penetra ácilmente la membrana del alvéolo pulmonar y pasa a la sangre, proceso en el que el cuerpo puede absorber un 80% de la cantidad inhalada y causa serios problemas neurológicos, cardiovasculares y/o renales (Ipenza Peralta, 2013).59 En los lugares de quema de la amalgama, las concentraciones de mercurio en la atmósera son peligrosamente elevadas y casi siempre superan el límite fijado por la OMS para la exposición de las personas (1,0 µg/m3) (OMS, 2013). Por esta razón, el mercurio representa una sustancia tóxica que pone en riesgo a seres humanos, no solo a quienes practican la MAAPE, sino también a las comunidades aledañas a los centros de extracción.

Al respirarse, el mercurio llega directamente al cerebro y al riñón y su periodo de vida en el organismo (el tiempo necesario para que la cantidad en el mismo disminuya a la mitad) es de 30 a 60 días; sin embargo, la racción que se encuentra en el cerebro puede durar allí hasta 20 años (Verbel Olivero, s..). 59

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Mapa 4: Distribución global de emisiones antropogénicas de mercurio a la atmósfera en 2010 (g/km2)

Fuente: (PNUMA, 2013)

La utilización de mercurio en la MAAPE es de especial preocupación para el Chocó porque, junto con Antioquia, los ecosistemas de estos departamentos serían los mayores receptores del metal líquido. Güiza y Aristizábal (2013, pág. 36) estiman que si Colombia produce 54 toneladas de oro al año, y se asume que toda la producción utiliza mercurio en el proceso de beneficio del oro, en el país se estaría utilizando 2,4g de mercurio para producir 1g de oro. 60 Para el Chocó, en particular, el IIAP (2012) calculaba que, para obtener un gramo de oro, los entables mineros estarían utilizando entre 5 y 10 gramos de mercurio. Aun así, este instituto señalaba que las grandes cantidades de mercurio empleadas eran diíciles de detectar durante la realización de muestreos de vertimientos porque la amalgama “es lavada en circuito abierto con abundante agua bombeada a grandes presiones desde las uentes hídricas,” deponiendo el metal en aire, aguas y suelos (Vargas L. , 2012, p. 213). Según el PNUMA (2013, pág. 29), las actividades de MAAPE liberan cerca de 800 toneladas de mercurio anualmente a los ecosistemas acuáticos y terrestres, pero aun no es posible determinar cuántas de estas toneladas terminan en el agua. Sin embargo, se sabe que, en ambientes de agua dulce, las bacterias naturales en los sedimentos de los ríos transorman el mercurio inorgánico en metilmercurio, lo que permite que las especies en la cima de la cadena alimenticia reciban una proporción mayor de mercurio (ya que el metal se bio-acumula y bio-magnifica en los organismos acuáticos y eventualmente termina en los humanos) (PNUMA, 2013, pág. 27). En resumen, todos los procesos mencionados anteriormente

Como reconocen los autores, esta es una estimación conservadora, pues si se asume que solo la mitad de la producción nacional utiliza mercurio en el beneficio del oro, la cantidad de mercurio utilizada por gramo de oro se duplica. 60

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(manipulación manual, vertimientos directos al agua y los suelos y la quema de amalgama) se consideran un problema de salud pública (ver abla 11). Tabla 11: Afectaciones en la salud por exposición al mercurio, buenas prácticas para evitar el daño y evidencia de afectaciones a terceros

Actividades de MAAPE Perjuicios en la Salud:

Forma de evitar la exposición:

Bajos niveles o exposiciones cortas: Daño pulmonar, náuseas, vómitos, diarrea, aumento de presión arterial o el 61 ritmo cardiaco, prurito o irritación a la vista. Altos niveles de exposición: Daño en el cerebro y los riñones y en el desarrollo del feto durante el periodo de gestación. El sistema nervioso es muy susceptible a la exposición a mercurio. La orina y la sangre son materiales orgánicos en que se mide la concentración de mercurio. Las concentraciones sanguíneas se relacionan con la exposición reciente o pasada y pueden representar la exposición tanto al mercurio elemental como al metilmercurio. La concentración urinaria revela la exposición tanto al mercurio elemental como al inorgánico.

No almacenar mercurio junto con alimentos ni bebidas. No comer ni fumar en lugares donde se trabaje con mercurio. Evitar el contacto de mercurio con la piel. Evidencia de afectaciones a mineros: 80% de la población estudiada en 2011 en la región del San Juan presentó altas concentraciones de mercurio en su sangre (38,52μg/L), orina (141,97μg/L) y cabello (82,59ppm) (Medina Mosquera, Ayala Mosquer, & Perea, 2011).

Poblaciones al margen de las actividades de MAAPE Perjuicios en la Salud: Las personas que viven en las comunidades donde se practica la MAAPE (o en las cercanías) generalmente están expuestas al pescado contaminado con metilmercurio o a los vapores de mercurio producidos al calentar la amalgama.

Evidencia de afectaciones a terceros: Se han comprobado concentraciones de mercurio en el pelo más de diez veces mayores que lo que se considera tolerable en una semana (2,5 µg/g) en personas que viven corriente abajo de los sitios donde se practica la MAAPE.

Picor que se siente en una parte o todo el cuerpo y que provoca la necesidad o el deseo de rascarse; es un síntoma de ciertas enermedades de la piel y de algunas de tipo general. 61

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El mercurio elemental y el metilmercurio producen efectos tóxicos en el sistema nervioso central y periférico. La inhalación de vapores de mercurio puede producir efectos nocivos sobre el sistema nervioso, el aparato digestivo, el sistema inmunitario, los pulmones y los riñones, y puede causar la muerte. Los síntomas neurales incluyen retraso mental, crisis convulsivas, deficiencias visuales y auditivas, retraso del desarrollo, trastornos del lenguaje y pérdida de la memoria.

Estos estudios son imperiosos en la región del Medio y Bajo Atrato en Chocó. La exposición crónica al mercurio en los niños puede causar un síndrome caracterizado por un enrojecimiento doloroso de las extremidades (acrodinia). Estudios epidemiológicos sobre niños y mujeres embarazadas son imperiosos en todas las regiones del Chocó.

Fuente: (Ipenza Peralta, 2013; OMS, 2013)

La caracterización anterior revela que el uso intencional del mercurio, más allá de estar asociado con la MAAPE y no estar regulado por el Estado en tanto es una actividad mayoritariamente inormal/ilegal, es un problema de salud pública urgente que aecta negativamente a las poblaciones de los departamentos de Antioquia y Chocó. En el Chocó, tanto las emisiones atmoséricas y las liberaciones a aguas y suelos no solo impactan a los mineros, sino que ponen en riesgo la salud, la integridad ísica y la vida de las comunidades rurales que habitan sobre las cuencas de los ríos Quito, Andágueda, Atrato y San Juan. A pesar de conocer que la realización de MAAPE en estas ubicaciones constituye un alto riesgo para la vida (por el proceso de amalgamación), es alarmante que no exista un diagnóstico integral sobre la situación de salud pública asociada al mercurio a lo largo y ancho del departamento.62 Resulta necesario e imperioso, entonces, analizar cuál ha sido el papel del Estado en esta incierta pero crítica situación de salud pública.

La respuesta estatal al uso intencional del mercurio y su toxicidad El 15 de julio de 2013, el Congreso de la República de Colombia expidió la Ley 1658 “Por medio de la cual se establecen disposiciones para la comercialización y el uso de mercurio en las dierentes actividades industriales del país, se fijan requisitos e incentivos para su reducción y eliminación y se dictan otras disposiciones.” En esta ley de nueve páginas, el Congreso ordenó erradicar el uso del mercurio en todo el territorio nacional en un plazo de 10 años y, para la minería, en un plazo máximo de 5 años. En otras palabras, se estableció que el uso intencional de mercurio en la minería colombiana no deberá existir para mediados del año 2018 . Dentro de las disposiciones más inequívocas de la ley, (1) se prohibió la creación de nuevas plantas de beneficio de oro que usen mercurio y (2) la quema de amalgama de

El estudio Determinantes Sociales de la salud en Chocó (2013) suministrado por la Dirección de Epidemiología y Demograía del Ministerio de Salud y Prosperidad Social no considera las lib eraciones de mercurio en su análisis de las causas de morbilidad y mortalidad en el departamento. 62

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mercurio y oro en zonas urbanas o veredas. 63 Por otro lado, también se incluyeron disposiciones de política pública más complejas, como (1) incentivos para la reducción y eliminación del uso del mercurio en el sector minero e (2) incentivos para la ormalización de la minería auríera (ver Tabla 12) . Tabla 12: Disposiciones de política pública en la Ley 1658 de 2013

Artículo 10 Incentivos para la reducción y eliminación del uso del mercurio en el sector minero

Artículo 11 Incentivos para la Formalización Minera

Créditos Blandos

Subcontrato de Formalización Minera

Ofrecer por una única vez, y en un período de (5) cinco años contados a partir de la promulgación de la presente ley, créditos blandos, a través del Banco Agrario y Finagro u otra agencia del Estado especializada, a los dueños de las plantas de beneficio de oro, para la reducción y eliminación del uso de mercurio y para la reubicación o traslado de dichas plantas a zonas compatibles con los planes de ordenamiento territorial. Igualmente ofrecer por el mismo período de tiempo a pequeños mineros auríferos, créditos blandos para financiar las adquisiciones necesarias para efectuar la reconversión y uso de nuevas tecnologías de extracción y beneficio del oro que no emplean mercurio.

Los explotadores mineros de pequeña escala o pequeños mineros, que a la fecha de expedición de la presente ley se encuentren adelantando actividades de explotación dentro de áreas otorgadas a un tercero mediante título minero, podrán con previa autorización de la autoridad minera competente, suscribir subcontratos de formalización minera con el titular de dicha área, para continuar adelantando su explotación por un periodo no inferior a cuatro (4) años prorrogables

Acceso a financiación El Ministerio de Minas y Energía establecerá programas y proyectos de financiamiento que generen, mecanismos o herramientas para facilitar el acceso a recursos financieros del sistema bancario

Devolución de áreas para la Formalización Minera Entiéndase por devolución de áreas para formalización minera, la devolución que el beneficiario de un título minero hace producto de la mediación realizada por el

Las que ya existían antes de la expedición de la ley tendrán plazo máximo de 3 años para su reubicación, es decir a finales de 2016.

63

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al pequeño minero a nivel nacional para: 1. mejorar la productividad, seguridad y sostenibilidad de quienes se dedican a la extracción o beneficio de oro en pequeña escala o pequeños mineros auríferos, en el proceso de sustitución del uso del mercurio por otras tecnologías que no lo emplean 2. la adquisición de los activos requeridos para lograr reconversión, obtener la apropiación del conocimiento de los nuevos procesos, recibir asistencia técnica, recibir apoyo o incentivos en la obtención del acceso a los créditos blandos como la financiación o cofinanciación de las primas de seguro, avales o avales complementarios, costos de estructuración de las solicitudes de crédito, tasas de interés o cualquier otro instrumento que les facilite el acceso.

Ministerio de Minas y Energía o la autoridad minera competente o por decisión directa de este, de una parte del área que le fue otorgada, con el fin de contribuir a la formalización de los pequeños mineros que hayan llevado a cabo su explotación de dicha área. En ningún caso se podrá disponer del área devuelta, para ser destinada a beneficiarios diferentes a aquellos que se encontraban previamente efectuando actividades de minería dentro del área devuelta.

Beneficios para la formalización Los titulares mineros de oro que cuya capacidad instalada les permita procesar hasta 20 toneladas de material mineralizado al día, barequeros o mineros que se encuentre en proceso de formalización, que estén inscritos en el registro de usuarios de mercurio señalado en el artículo 4° de la presente ley y que además presenten ante la Dirección de Formalización Minera del Ministerio de Minas y Energía, un plan de trabajo de reducción paulatina del mercurio en su proceso de beneficio del oro, tendrán prioridad para acceder a la oferta institucional de dicho Ministerio establecidos en el programa de formalización minera.


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Menos de tres meses después, el 10 de octubre de 2013, el Estado colombiano firmó la Convención de Minamata sobre el Mercurio. Esta Convención es el primer proyecto de tratado internacional que busca “proteger la salud humana y el medio ambiente de las emisiones y liberaciones de mercurio” (Art 1). 64 Frente a la MAAPE, la Convención exige que los estados Parte, además de comprometerse a reducir y eliminar (si es viable) el uso del mercurio, notifiquen a la Secretaria si las actividades de extracción y tratamiento de MAAPE “son más que insignificantes” (Art 7). Además, el Convenio se presenta como una oportunidad para la gestión de recursos financieros multilaterales y bilaterales (Art 13), así como para la creación e capacidad, asistencia técnica y transerencia de tecnología (Art 14). Pese a este cúmulo de oportunidades, Colombia aún no ha ratificado la Convención de Minamata. 65 Siendo uno de los mayores importadores de mercurio del mundo, la ausencia de ratificación por parte de Colombia contrasta con la realidad de países vecinos con problemáticas similares asociadas a la MAAPE, como Perú, quien ratificó la Convención en 2016. Considerando que la Convención solo entrará en vigor hasta que se llegue a cincuenta (50) Estados Parte (Art 31), la demora en la ratificación por parte de Colombia no solo limita la vigilancia internacional sobre la problemática minera nacional, en particular en Chocó, sino que retarda la entrada en vigor de tan importante instrumento jurídico. El 10 de diciembre de 2014, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible publicó el Plan Único Nacional de Mercurio. En este importante instrumento de política pública de 44 páginas, el Ministerio de Ambiente desarrolló una serie de programas de ortalecimiento institucional y de gestión intersectorial para “reducir y eliminar progresivamente el uso del mercurio en todo el territorio nacional, en la minería a julio de 2018 y todos los procesos industriales y productivos a julio de 2023.” Dentro de los programas de dicho plan se destaca el de Vigilancia epidemiológica y sanitaria y control de las exposiciones a mercurio, cuyo objetivo es ortalecer “los sistemas de vigilancia epidemiológica y sanitaria de las intoxicaciones agudas y crónicas, así como el diagnóstico y la atención en salud por exposición ocupacional y pública al mercurio;” en consecuencia, se establecieron diez actividades a ejecutar (Ministerio de Ambiente, 2014, págs. 24-25). Es importante señalar que, para la echa de publicación del Plan Único, la Deensoría del Pueblo ya había recomendado a las autoridades del sector salud y ambiente nacionales y departamentales la realización de un estudio sobre la contaminación con mercurio y cianuro de los mineros y las poblaciones de las zonas de influencia minera en Chocó; además, recomendó establecer protocolos de seguimiento a los casos clínicos por contaminación o intoxicación con mercurio en Chocó (Deensoría del Pueblo, 2014, pág. 86). Estas dos recomendaciones ueron recogidas en las actividades del Plan Único. Sin embargo, el Plan Único no recoge en su sección de vigilancia epidemiológica al departamento del Chocó como una zona prioritaria de atención clínica y de investigación sobre la problemática de salud pública.

Esta omisión, considerando los largos periodos que pueden tomar los planes intersectoriales de acción, representa un descuido monumental de la grave crisis ambiental y de salud pública del Chocó.

Descargue la Convención en http://www.mercuryconvention.org/ El mismo día en que se suscribieron los signatarios, los Estados Unidos de América ratificaron la Convención, ocho países harían lo mismo en 2014, once en 2015 y 3 en 2016. A 2 de ebrero de 2016, 23 países habían ratificado la Convención (http://www.mercuryconvention.org/Countries). Aun así, la Cancillería inorma que Colombia participó desde el inicio de las negociaciones en 2009, siendo un actor integral en ormulación y aprobación del Convenio. http://ginebra-onu.mision.gov.co/convenio-minamata 64 65

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En otras palabras, si bien el Ministerio de Ambiente concibe el uso intencional de mercurio como una situación de salud pública preocupante, esta se protocoliza en términos generales (consignada en el Plan Único) pero no en términos específicos, ni territoriales ni temporales (a pesar de la evidencia suministrada por la Deensoría del Pueblo sobre la necesidad urgente de priorizar el departamento de Chocó). anto así que, ue gracias a la presión del Ministerio Público 66, que el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud iniciaron “el proceso de construcción, implementación y ejecución” del Estudio de Evaluación del Impacto Social de Salud por Exposición Ocupacional y Ambiental al Mercurio en el Departamento de Chocó .67 Finalmente, es preocupante que la recomendación de la Deensoría de llevar

a cabo “una campaña de diusión en medios masivos sobre los impactos en la salud derivados del uso del mercurio en la minería” no haya cobrado vida aún. odo esto aún más preocupante si se consideran las amplias cantidades de mercurio importadas por Colombia anualmente.

¿Qué hacer con la importación de mercurio para MAAPE? anto a Ley 1658, el Plan Único y la Convención de Minamata son claros en su objetivo de regular la importación de mercurio y erradicar su uso en la MAAPE. No obstante, es incierto que el país logre dicho objetivo para mediados de 2018; especialmente por las condiciones del mercado de importación del metal líquido. Al preguntarle al Ministerio de Comercio Exterior Colombiano ¿cómo entra tanto mercurio al país?, éste respondió que la utilización de estas sustancias en la minería en Colombia están controladas por la Industria Militar INDUMIL y su trámite de importación se realiza a través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (Decreto 0925 de 2013). 68 Además, el régimen de importación de mercurio es de libre importación y su trámite se realiza únicamente ante la DIAN (es decir, el trámite de importación es aduanero). Así las cosas, procedimos a indagar cuánto mercurio ingresó a Colombia en los últimos años a través del rastreo del código arancelario (Nº 2805400000).

A través de la Directiva Conjunta No. 005 de la Procuraduría y la Deensoría y el Oficio 10/268 de la Deensoría (del 3 de marzo de 2015). 67 Según el Ministerio de Salud, dicho estudio pretende realizar un muestreo biológico y una evaluación clínica de tamizaje con el fin de identificar la presencia de niveles de sobreexposición al mercurio y presencia de problemas clínicos indicadores de intoxicación por este metal. El proceso se encuentra en ase de trabajo de campo. Es decir, recolección de muestras para análisis de laboratorio y se aplican las encuestas y evaluaciones médicas correspondientes a las personas pertenecientes a la muestra poblacional objeto de análisis. Además, la entidad planea prestar atención toxicológica a personas con niveles de mercurio superiores a los niveles-límite permisibles. Se dice estar “desarrollando la ruta de canalización de pacientes” para identificar, diagnosticar y tratar a las personas, pero no es claro si esto ya sucede. ambién se pretende establecer los “impactos negativos sociales y ambientales de la minería desde una perspectiva de género, en coordinación con los consejos comunitarios”. Para este se han añadido a la encuesta de salud “algunas preguntas de tipo exploratorio que permitan en una ase posterior al estudio proundizar en la problemática social y ambiental del entorno con el enoque dierencial necesario.” Respuesta a Derecho de Petición de ierra Digna, Ministerio de Salud, noviembre 12 de 2015, Radicado No: 201521301926291 68 Derecho de Petición de ierra Digna, Subdirección de Diseño y Administración de Operaciones, Ministerio de Comercio, Industria y urismo, noviembre 5 de 2015. Radicado Nº 22015017835. 66

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Entre 2010 y 2013, treinta y cuatro (34) empresas legalmente registradas importaron mercurio para distribuirlo en Colombia. Muchas de estas importaron el metal líquido para utilizarlo en laboratorios científicos o para producir químicos industriales o alimentos. Muchas otras, sin embargo, trajeron el químico como insumo para las actividades ac tividades mineras del país. En el periodo señalado, s eñalado, once (11) empresas, en su mayoría ubicadas en la ciudad de Medellín (Antioquia) o sus alrededores, importaron mercurio como insumo minero (ver Tabla 13). En otras palabras, durante tres años cerca de la mitad de todo el mercurio que ingresó al país lo hizo a través de una sola empresa, Insuminer S.A. Tabla 13: Cantidad de mercurio importada por empresa entre e ntre 2010-2013

Empresa Importadora

Hg (Kg)

%

INSUMINER S.A

47976

49,72

Villa Estrada Jose Santiago

24930,15

25,84

Comercializadora Internacional Euro

11148,47

11,55

Surtiminas S.A.

5175

5,36

Metals & Minerals Group S.A.S.

2920,74

3,03

EMCH Energy Mining Construction

1725

1,79

1173

1,22

C.I. Colombian Silver Gold S.A.S.

862,5

0,89

Logística minera VP S.A.S. C.I.

568,5

0,59

Importecnical (x2)

14,51

0,02

Halliburton Latin America S.A.

2,72

0,00

TOTAL

96496,59

100,00

Manantial S.A.S.

and Heavy Equipment S.A.S. Comercializadora y Suministros Mineros de Colombia S.A.S.

Fuente: Base de Datos de Comercio Exterior, Procolombia Procolombia

En cuanto a su proveniencia, el mercurio asociado con empresas de suministro minero ue importado de 8 países, pero en su mayoría provino de México (32%), España (24%) y Alemania (16%). La antes mencionada Insuminer importó mercurio de todos los países, mayoritariamente de México, Alemania y Holanda. No obstante, aunque el mercurio importado provino de estos países, los puntos de compra ueron solo cinco puertos, dos en América, dos en Europa continental y uno en China. Hablamos entonces de un mercado mundial conectado por importantes puertos de comercio exterior pero cuya

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materia prima es producida en muchos países, grandes y pequeños. Además, la UPME (2014, pág. 73) reconoció que ninguno de los principales socios comerciales de Colombia de mercurio (México, Perú, Kirguistán, Japón, Rusia Rusia y China) preveía en sus legislaciones aspectos importante importantess de cara a los objetivos del Convenio de Minamata. Tabla 14: Países de donde proviene el mercurio importado por Colombia (2010-2013)

PAÍS ORIGEN

Hg (kg) (2010-2013)

%

Importadores asociados a minería COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL EURO MANANTIAL S.A.S | COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS MINEROS DE COLOMBIA S.A.S | INSUMINER S.A | MET METALS ALS & MINERALS GROUP S.A.S. | LOGISTICA MINERA VP S.A.S. C.I. | VILLA ESTRADA ESTRADA JOSE SANTIAGO

MEXICO

58376,00

32,03

ESPAÑA

44097,4

24,19

ALEMANIA

29399,25

16,13

INSUMINER S.A | VILLA ESTRADA JOSE SANTIAGO INSUMINER S.A | SURTIMIN SURTIMINAS AS S.A.

JAPON

14662,5

8,04

INSUMINER S.A

EEUU

12109,63

6,64

EMCH ENERGY MINING CONSTRUCTION AND HEAVY EQUIPMENT S A S | HALLIBURTON LATIN LATIN AMERICA S.A. | IMPORTECNICAL S . A . S | INSUMINER S.A | SURTIMINA SURTIMINAS S S.A.

HOLANDA

9798

5,38

INSUMINER S.A

KIRGUIZISTAN

8694

4,77

INSUMINER S.A | SURTIMINAS SURTIMINAS S.A.

CHINA

1587

0,87

C.I. COLOMBIAN SILVER GOLD S.A.S. | VILLA ESTRADA JOSE SANTIAGO

TOTAL

182274,78

100,00

Fuente: Base de Datos de Comercio Exterior, Procolombia Procolombia

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Tabla 15: Países de origen del mercurio importado por Colombia (2010-2013)

2010-2013 País

País de Origen

de Compra Alemania, Alemania

Estados Unidos, Hong Kong, Japón, Kirguizistán, México

China

China

Estados Unidos

España, EEUU, Reino Unido

Holanda

Estados Unidos

México

México

Frente a este panorama comercial cabe preguntarse: ¿cuál debe ser el tratamiento jurídico que se le dará Frente a la operación de las l as empresas de insumos mineros que importan mercurio para Colombia? En especial porque, como lo reconoció el Ministerio de Medio Ambiente en seguimiento a lo establecido en el Plan Único, las compañías importadoras y distribuidoras no están obligadas a presentar inormación sobre el destino del mercurio ingresado al país; adicionalmente adic ionalmente,, la regulación existente para mercancías y desechos peligrosos aplicables a este metal no exige un registro público de sus clientes por lo que los volúmenes reales aplicados a la industria auríera se diluyen entre las ventas legales y las ilegales sin que resulte posible dilucidar la l a realidad (subrayado uera del 69 texto).

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Plan Nacional de Acción sobre el Mercurio, disponible en: http://b http://bit.ly/1UYRh it.ly/1UYRhsN sN

69

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Es decir, la cadena del mercurio importado a Colombia se desdibuja en la etapa de distribución a los mineros que operan en Antioquia y Chocó. Sabiendo esto, es importante recordar que la Ley 1658 y el Plan Único de Mercurio exigen que las autoridades identifiquen exactamente (de orma georreerenciada) cuales son los lugares donde se aplica más mercurio en la MAAPE en el territorio nacional. Por ende, es urgente que las autoridades definan si estas empresas pueden continuar importando el metal y distribuirlo a mineros (inormales o no).Y, de permitírseles la importación, debe quedar claro si pueden continuar operando sin la obligación de reportar a quién venden el metal líquido y donde realiza minería dicho comprador.

Según el PNUMA (2015), las condiciones que avorecen la utilización del mercurio incluyen (a) su precio relativamente asequible en comparación con el precio del oro, (b) su disponibilidad y (c) la posibilidad de utilizarlo en muchos lugares. De ahí la urgencia de delimitar la normatividad relativa a su comercialización (importación y distribución). Recordemos que el uso intencional del mercurio en MAAPE, además de un problema de salud pública, también debe entenderse como un problema de incentivos económicos y presiones estatales. Es decir, el tema debe conceptualizarse desde la perspectiva del minero. Así, Veiga (2010) señala que, independiente del sitio o mina donde se realice la extracción, los gramos de mercurio aplicados en la extracción de aluvión o de filón para obtener un gramo de oro oscilan entre los 0,5 gramos y los 30 gramos, lo que evidenciaría “la alta de conocimiento y la necesidad de capacitación de los mineros artesanales y de pequeña escala en la técnica de extracción aplicada” (Veiga, 2010). En otras palabras, los procesos de explotación de MAAPE podrían utilizar menos mercurio del que usan actualmente. Siendo así, la criminalización de la minería inormal, más que contribuir a la solución del problema, lo proundiza. Güiza y Aristizábal (2013, pág. 47) han señalado que la persecución gubernamental a través de operativos de policía uerza a los mineros a volver sus actividades del día a día aún más clandestinas, lo que los induce a tomar mayores riesgos y cortar los tiempos de producción; esto, a su vez, incentiva el uso del mercurio. Por eso es que, quienes realmente conocen del tema, sugieren que la política pública rente a la minería inormal/ilegal debe enocarse primero en la educación (Guiza & Aristizábal, 2013; Veiga, 2010; PNUMA, 2015) y los eslabones más poderosos de la cadena comercial de los insumos mineros (Pardo, Minería criminal: configurando un enemigo interno con argumentos parciales, 2015) y luego en las medidas de cumplimiento de la ley impuestas por las autoridades policiales.


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Desplazamiento “gota a gota” en el Alto Atrato En mayo de 2015, el Consejo Comunitario Mayor de la Organización Popular Campesina del Alto Atrato (COCOMOPOCA) adelantó una minga de constatación de las condiciones de vida de las comunidades rurales que habitan sobre su territorio colectivo. Luego de tres días de viaje por río, visitas a más diez comunidades y asambleas lideradas por las distintas comisiones de la minga, las conclusiones ueron alarmantes. odo apuntaba a que, por acción u omisión estatal, las comunidades Aro de la región del Alto Atrato estaban en situaciones tan precarias que una nueva ola de desplazamiento orzado era inminente. Esta vez, mediante el denominado desplazamiento “gota a gota,” en el cual las diíciles circunstancias (económicas, de salud o relacionadas con el conflicto armado) obligan poco a poco a amilias a buscar mejores oportunidades en otros poblados.

¿Por qué ser irían de sus preciadas comunidades? En el territorio de Cocomopoca habitan amilias arodescendientes hace más de 350 años, “quienes se adaptaron al medio ambiente, realizaron sus prácticas culturales y conormaron relaciones de parentesco y solidaridad en relación al poblamiento de las cuencas cercanas y quebradas, en especial (…) los ríos Atrato, Andágueda, Capá y umutumbudó” (Unidad de Restitución de ierras, 2014). Es decir, durante más de tres siglos, las comunidades han desarrollado sus proyectos de vida a lo largo de los distintos ríos y construido su territorio a partir de la riqueza natural y el dinamismo de sus relaciones interpersonales. Sin embargo, entre 1999 y 2010, altos porcentajes de personas de los consejos locales de Cocomopoca abandonaron su territorio y se dirigieron a otras veredas, centros poblados o departamentos colombianos. En Bagadó la cira estimada de abandono de comunidades para dicho periodo (con alertas de subregistro) es de 31,6%, mientras que en los municipios de Lloró, Atrato y Cértegui se evidenciaron incrementos moderados en la población.70 Una historia tan larga de permanencia, desarrollo y arraigo cultural inevitablemente nos lleva a preguntarnos, ¿cuáles son las principales razones por las que el territorio de Cocomopoca ha visto tan altos índices de desplazamiento intraveredal e intermunicipal?

Porque el entorno ya no da para vivir Una primera razón es la orma como las transormaciones territoriales catalizadas por la minería mecanizada se conjugan con las precarias condiciones de inraestructura de servicios sociales (puestos de salud, escuelas y saneamiento básico). Según la Unidad de Restitución de ierras (2014), desde el año 2000 mineros y actores armados ilegales han amenazado y presionado a Cocomopoca para la instalación de entables mineros sobre los ríos umutumbudó y Capá. Luego, entre 2005 y 2007, sobre la cuenca del río Andágueda existió una oleada de instalación de entables mineros que además se cruzan con el incremento en la producción de oro de los municipios de Bagadó, Atrato y Lloró; sin embargo, los recursos percibidos por las alcaldías municipales por motivo de regalías no se vieron reflejados en el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes (Unidad de Restitución de ierras, 2014). No obstante, el impacto de este nuevo tipo de minería, con retroexcavadoras, dragas y dragones (mediante la generación de enermedades, necesidades económicas y deterioro ambiental) sí agravó el eecto de la precaria inraestructural social para las comunidades. Las ciras presentadas corresponden al expediente del proceso de titulación colectiva de Cocomopoca en donde el consejo realizó censos comunitarios y adjuntó los datos. 70

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Foto 6: Retroexcavadoras sobre el río Andágueda

Imagen: Sup. Izq. y Der. Registro Tierra Digna (2015) Inf. Steve Cagan, Cortesía Diócesis de Quibdó (2014)


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Como en las otras regiones del Chocó que visitamos, muchas comunidades en territorio de Cocomopoca expresaron preocupación por la pérdida de cultivos, los deslizamientos de tierras, la obstrucción de caminos y las palizadas en ríos. Estos cambios generados por las operaciones mineras ueron identificados como aectaciones negativas porque obstruyen la movilidad y conllevan pérdidas sustanciales en poblaciones ya deprimidas económicamente (ver Violaciones de Derechos Fundamentales en Río Quito). Además, el estancamiento de aguas, producto de las excavaciones de minería mecanizada, ue señalado como el causante del incremento en el número de casos de personas con dengue 71 o paludismo72 . Este es un ejemplo claro de cómo las aectaciones socio-ambientales por minería proundizan el eecto de la ausencia de inraestructura social, en tanto el aumento en enermedades transmitidas por mosquitos (que se reproducen en los tajos no recuperados por las retros) pueden causar muertes en comunidades que no cuentan con puesto de salud, ni con promotores o medicamentos para los enermos. 73 Y así como las condiciones ísicas para el cuidado de la salud no están presentes, existen también trámites que artificialmente obstaculizan el cuidado prioritario. Por ejemplo, en las visitas se escucharon relatos de mujeres embarazadas que, para poder entrar al programa de madres, primero debían trasladarse a Quibdó para hacerse una ecograía y demostrar que estaban embarazadas. ambién se escucharon varios casos de personas con enermedades en la piel que la comunidad nunca antes había visto, y que los diagnósticos que se les proporcionaban en Pereira tampoco establecían el nombre o la causa de la enermedad. En otras palabras, si la atención inmediata era deficiente, peor era el estado de la investigación en enermedades endémicas y recientes que aectan a las poblaciones de pequeñas comunidades. De muchas ormas, pese a que la alta de inraestructura social ya es grave en sí misma, el eecto de no tener buenos puestos de salud o personal disponible se agudiza cuando existe un incremento en las necesidades de atención médica.

Según la OMS, “El dengue grave es una complicación potencialmente mortal porque cursa con ex travasación de plasma, acumulación de líquidos, dificultad respiratoria, hemorragias graves o alla orgánica. Los signos que advierten de esta complicación se presentan entre 3 y 7 días después de los primeros síntomas y se acompañan de un descenso de la temperatura corporal (menos de 38 °C) y son los siguientes: dolor abdominal intenso, vómitos persistentes, respiración acelerada, hemorragias de las encías, atiga, inquietud y presencia de sangre en el vómito. Las siguientes 24 a 48 horas de la etapa crítica pueden s er letales; hay que brindar atención médica para evitar otras complicaciones y disminuir el riesgo de muerte. OMS, “Dengue y dengue grave”, mayo 5 de 2015, http://www.who.int/mediacentre/actsheets/ s117/es/ 72 Según la OMS, “El paludismo es causado por un parásito denominado Plasmodium que se transmite a través de la picadura de mosquitos inectados. En el organismo humano, los parásitos se multiplican en el hígado y después inectan los glóbulos rojos. Entre los síntomas del paludismo destacan la fiebre, las cealeas y los vómitos, que generalmente aparecen 10 a 15 días después de la picadura del mosquito. Si no se trata, el paludismo puede poner en peligro la vida del paciente en poco tiempo, pues altera el aporte de sangre a órganos vitales.” Organización Mundial de la Salud, “Paludismo”, http://www.who.int/topics/malaria/es/ 73 an solo en el municipio de Lloró, solo 5 consejos locales (de l os 17) cuentan con un puesto de salud, y este está en estado de abandono. (UR, 2014). 71

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Foto 7: Niña de San Marino con una extraña enfermedad en las manos

Imagen: Registro Tierra Digna (2015)

Porque no existen servicios públicos básicos Una segunda razón detrás de los desplazamientos “gota a gota” es la continua desinversión en las comunidades, un enómeno que parece haberse agudizado con la llegada de la minería mecanizada. Este eecto es perceptible en la inraestructura educativa. En muchas comunidades los colegios s e encontraban sin techos, mientras que la gran mayoría de las escuelas carecían de personal, tenían su humilde inraestructura deteriorada o sus equipos habían entrado en desuso. Las comunidades denunciaban que los recursos muchas veces eran mal invertidos o simplemente no se inyectaban a los proyectos, alertando sobre casos de malversación de ondos y corrupción en las administraciones locales. Pero, sin conocer las causas reales de este déficit, el eecto concreto era el deterioro de la calidad de la educación. Si el Gobierno nacional planea invertir en inraestructura educativa en el uturo, 74 de no estar acompañada por una propuesta de veeduría comunitaria, los recursos podrían nuevamente desaparecer. Esto porque, aparte de los impactos ambientales, las economías extractivas también cooptan a los poderes locales y hacen más diícil un manejo transparente de los recursos estatales. Las comunidades denunciaron que las alcaldías y la gobernación no inician proyectos sostenidos en las comunidades, sino que se concentran en iniciativas de asistencia social en donde los criterios de ayuda son Santiago Valenzuela, “Mineducación invertirá $350 mil millones en aulas escolares,” El Colombiano [Medellín], enero 11 de 2016.

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definidos sin contemplar las necesidades y especificidades de cada comunidad. Así mismo sucede con los proyectos de las organizaciones no gubernamentales, quienes identifican necesidades antes de conocer los territorios en donde quieren hacer presencia. Este tipo de comportamientos institucionales, de ser reales las denuncias, no estarían asociadas con la alta de interés en proyectos de desarrollo económico por parte de la comunidad pues, como lo constatamos en las distintas visitas, las comunidades muestran una amplia disposición para involucrarse en el diseño, implementación y seguimiento de las soluciones a sus necesidades más relevantes. Aun así, como lo demostró la historia de vida de María, la alta de educación repercute negativamente en las posibilidades de sostenibilidad económica de las personas y hace más diícil mantener a los jóvenes al margen de los entables mineros.

Foto 8: Reunión en San Marino liderada por Cocomopoca y la Diócesis de Quibdó


Porque el ejército y la guerrilla violan todo tipo de derechos Una tercera razón detrás del desplazamiento que experimentan las comunidades de Cocomopoca es la orma como los distintos actores armados se excusan en las dinámicas del conflicto armado para descuidar las necesidades de los civiles y, en consecuencia, dañarles. Esta apreciación también aplica a las autoridades locales y los representantes de la comunidad internacional quienes argumentan que, para que pueda haber una promoción eectiva de derechos humanos y undamentales, debe cesar primero la guerra. El impacto material de este discurso se ve claramente en varias acciones: los bombardeos del ejército que dañan población civil, la siembra de minas antipersonales que confinan a las comunidades y la corrupción y desinversión de las instituciones responsables de regular temas ambientales o proveer servicios públicos, las cuales dejan de realizar su trabajo e incrementan la vulnerabilidad de las personas.

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Las acciones militares contra la insurgencia y las estrategias de resistencia guerrillera se han materializado en aectaciones psicológicas para quienes han estado en las inmediaciones de los enrentamientos. Como lo resumió uno de los asistentes a la minga de constatación, Desde Piedra Honda hasta Guamandó, han habido en la zona bombardeos y reclutamiento de menores. Hay presencia de explosivos. La gente vive confinada y esto ha hecho que no puedan tener su rutina normal y que no puedan conseguir alimento para la manutención de los hijos, generando problemas de salud. Además, como lo confirmó otro asistente, “cuando [los niños] están en clase y escuchan una avioneta, salen corriendo del colegio. La gente, cuando esto pasa, no duerme. Los jóvenes no ven uturo para quedarse en la zona. odo esto genera problemas de permanencia en el territorio.” En otras palabras, el Estado está más próximo a las comunidades por sus acciones militares que por su inversión en inraestructura comunitaria. Esto obliga a las comunidades a arontar la presión psicológica de bombardeos y otras acciones. Por otro lado, la guerrilla, cuando hace presencia en las comunidades, termina llevándose a sus miembros más jóvenes o restringiendo las zonas de cultivo y caza. odos estos “daños colaterales,” mejor denominados vulneraciones a los derechos humanos e inracciones al DIH, suceden en paralelo a la desinversión en servicios básicos. El eecto concreto es la restricción al goce eectivo de todos los derechos. Foto 9: A orillas de la comunidad de Piedra Honda, bombardeada por el ejército nacional en abril de 2015


Porque el Estado concesiona el territorio a transnacionales Una cuarta y última razón explicativa del enómeno de desplazamiento “gota a gota” son los intereses nacionales sobre las reservas minerales en los municipios que conorman el territorio de Cocomopoca: Lloró, Bagadó, Atrato y Cértegui.


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Mapa 5: Reporte gráfico de títulos y solicitudes mineras vigentes en Chocó a Diciembre 24 de 2015 (Énfasis territorio de Cocomopoca)

Como se percibe gráficamente en el Mapa 5 la totalidad del municipio de Bagadó y un altísimo porcentaje del municipio de Lloró están titulados o solicitados (a través de contratos de concesión) o delimitados (a través de bloques de AEM) para la realización de minería. Los polígonos de ranjas rojas representan los títulos mineros vigentes. an solo los que se encuentran en jurisdicción exclusiva de Bagadó ocupan 47,75% del área municipal. Otras 9 mil hectáreas, sin embargo, están tituladas en este municipio junto con los municipios colindantes de Lloró, adó y Cértegui. Las zonas identificadas con azul claro, por otra parte, representan bloques de Áreas Estratégicas Mineras que han sido delimitados por el Gobierno nacional sobre los perímetros restantes de estos municipios donde no existen aún títulos ni solicitudes. En la zona, los Bloques 168, 175 y 181 acumulan más de 30 mil hectáreas. odas estas figuras se imponen sobre los territorios de Cocomopoca y de los resguardos indígenas de los Embera Katío del Alto Andágueda y los resguardos ubicados en la parte nororiental del Lloró.

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En Bagadó, los contratos de concesión vigentes pertenecen principalmente a tres empresas que solicitaron los predios entre 2009 y 2011: AngloGold Ashanti Colombia SA (con más de 11.800 hectáreas o 15% del área del municipio), Exploraciones Chocó Colombia SAS (con cerca de 12.500 hectáreas o 16% del municipio) y Continental Gold Limited Sucursal Colombia (con un poco más de 9.100 hectáreas o 12% del área municipal). Estas echas son anteriores a la echa en la que el INCODER (mediante la resolución 02425 del 19 de septiembre del 2011) le adjudicó a Cocomopoca su territorio colectivo por más 73.300 hectáreas. Esta sospechosa cronología reveló que la reiterada negativa por parte del Estado para reconocer la titulación colectiva (aproximadamente 12 años) sucedía en paralelo a la exploración, identificación y titulación de este territorio Aro para actividades de extracción minera. Como lo expresó uno de los miembros de la junta directiva: Cuando empezamos e hicimos la solicitud [del territorio colectivo] pensamos que todos los problemas que tenía Cocomopoca se solucionarían con el título. Al obtener el título nos dimos cuenta que apenas empezaban los problemas. Durante la discusión con el gobierno nacional para que nos otorgaran el título, en el 2008 y 2009 empieza el gobierno nacional a otorgar concesiones a las multinacionales, violando la ley 70 en su artículo 17 y 18, que dice que hasta que hasta tanto las comunidades no tengan propiedad de la tierra, no puede haber permiso para el aprovechamiento de cualquier clase de recurso. Así las cosas, el consejo mayor emprendió un proceso de litigio a través de los mecanismos de restitución de tierras existentes y solicitó la nulidad de estos títulos, pues la ley es clara en que “hasta tanto no se haya adjudicado en debida orma la propiedad colectiva a una comunidad negra que ocupe un terreno en los términos que esta ley establece, no se adjudicarán las tierras ocupadas por dicha comunidad ni se otorgarán autorizaciones para explotar en ella recursos naturales.” 75 El vínculo entre la titulación inconsulta de territorios colectivos Aro y el desplazamiento orzado, no obstante, va más allá de la evidente vulneración de la ley 70. En realidad, el eecto más nocivo en la situación de desplazamiento de Cocomopoca ue cómo el Estado contribuyó a que el proceso organizativo de este consejo no tuviera respaldo legal y las presiones de actores interesados en la extracción minera mecanizada e ilegal en la zona prosperaran. En palabras de la Unidad de Restitución de ierras, esta situación “permitió la entrada de actores externos que se aprovecharon de la incertidumbre jurídica para acceder a sus recursos naturales y obviar el derecho a la consulta” (Unidad de Restitución de ierras, 2014). Hoy, el territorio del alto Andágueda, después de más de diez años de explotación minera descontrolada, tiene sus ríos rodeados de excavaciones no recuperadas que hacen del paisaje un sendero de cráteres envenenados que aectan a las comunidades de las múltiples ormas ya mencionadas.

Congreso de Colombia, Ley 70 de 1993, “Por la cual se desarrolla el artículo transitorio 55 de la Constitución Política,” Artículo 17.

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Foto 10: Foto aérea de las excavaciones de minería en la zona del r ío Andágueda

Imagen: Steve Cagan, Cortesía Diócesis de Quibdó (2014)

La otograía 10 muestra en su parte superior derecha un entable minero donde los trabajadores instalan sus lugares de permanencia cerca de los pozos de lixiviación en donde se realiza la minería de oro y otros minerales. La otograía también demuestra las grandes dimensiones de la deorestación en los alrededores de los ríos, la destrucción de sus cauces y el alcance de las transormaciones paisajísticas que puede desembocar un solo entable minero. odas estas transormaciones aectan directamente a las comunidades de la zona. Como explicaba una de las lideresas de la comunidad de Engrivadó, sobre el alto Andágueda, todas las orillas de aquí para arriba encuentra el arado de la máquina, no le puedo especificar exactamente dónde porque todo ha sido arado de las máquinas, hacia adentro. En la comunidad de Pedro Casas, por ejemplo, empezaron por el río, no dentro del río, pero sí hacían barrera para que el agua no les entrara porque iban bien pegadito a la orilla. Hacían una barrera de arena y de piedra para evitar que el agua entrara y ellos pudieran seguir trabajando. Más aún, al indagar sobre los impactos directos de este tipo de transormaciones, la lideresa resaltó que

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hoy las zonas de cultivo han ido desapareciendo porque el que tenía un colino bien bonito se lo vendió al dueño de la retro para él poder meter su retro y le dan cuatro o cinco milloncitos de pesos y ya ellos quedan como la araña; no tienen en donde cultivar, porque si eso era donde ellos cultivaban toda su vida, ahora ya no pueden cultivar. En otras palabras, los canjes entre quienes deciden explotar los territorios con maquinaria pesada y quienes venden sus antiguos predios agrícolas por el anhelo de recibir ingresos inusuales termina obstaculizando la permanencia en el territorio. Como en un círculo vicioso, la negligencia del Estado para garantizar derechos territoriales a las poblaciones étnicas, mientras este prioriza la adjudicación de territorios a empresas transnacionales, permite que se cuestione la autonomía y la autoridad del consejo mayor. En este caso particular, la demora en el reconocimiento de la propiedad colectiva precipitó las transormaciones geoísicas generadas por la minería mecanizada y desencadenó amplias aectaciones socio-ambientales que dificultan la vida en la región. Estas dificultades, como la aparición de enermedades, necesidades de subsistencia (p or la pérdida de la caza, la agricultura, la pesca y la recolección de rutos) y las restricciones al uso del agua del río (ahora contaminado) incrementan la presión por servicios estatales que no se encuentran instalados en las comunidades, como centros de atención en salud o sistemas de saneamiento básico. Al no existir estos servicios, las necesidades impulsan a las personas a desplazarse a lugares con mayores oportunidades o, por lo menos, a trabajar (muchos en los mismos entables que causaron los problemas en primer lugar) para que sus hijos puedan desplazarse y subsistir en las grandes ciudades del país. Si el entorno natural antes proveía servicios ambientales que permitían asentamientos humanos más o menos estables sobre las cuencas de los ríos del Pacífico, hoy las condiciones son otras y exigen una mayor participación de las instituciones del Estado. La marginalización de comunidades étnicas y el desentendimiento estatal, cuya incidencia es más prevalente en Chocó que en cualquier otro departamento del país, ya no es una posibilidad. Perpetuar la exclusión estructural de los chocoanos, pone en riesgo la vida de miles de personas ante las condiciones de contaminación y de restricción de acceso a los recursos de la tierra que el Estado mismo ayudó a consolidar. Por ello, como logró articular uno de los jóvenes coordinadores de la minga de Cocomopoca realizada en mayo de 2015, cuando hay contacto piel a piel, esa es la mejor orma de construir, más cuando uno ve que los niños pueden caer y llevar las armas, se debe seguir construyendo oportunidades, como una región puede tenerlo todo y a la vez es como si no tuviera nada. Invito a dar más acompañamiento a las comunidades, a ver el territorio sin tener que abandonarlo. Si se abandona el campo, el departamento cada día será más pobre. Hacer acompañamiento es la mejor oportunidad. Lo que hacemos vale la pena y no hay que tirar la toalla. Y que sea esta una ventana de oportunidades.


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El Atrato: amenazado de principio a n Llamar de venas y arterias a los ríos del planeta no es una exageración. Estos cuerpos hídricos bombean agua dulce a humedales, lagos y mares, transportan nutrientes entre ecosistemas y proveen agua resca a los seres humanos y otras especies. Y, así como sabemos que el mal estado de las arterias y venas de nuestros cuerpos puede conducir a un paro cardiaco, el mal estado de los ríos puede conducir a la inanición de ecosistemas y la extinción de especies, incluyendo la nuestra. Si pensamos en el río Atrato como una de las arterias principales del Chocó y de Colombia, encontraremos que su contaminación es, en esencia, una cuestión de vida o muerte. El Atrato nace en el municipio del Carmen de Atrato, muy cerca de la rontera que divide Chocó de Antioquia. Antes de bajar por las colinas de la cordillera occidental y convertirse en el río más caudaloso del Chocó, descargando entre cuatro y cinco mil metros cúbicos por segundo (IGAC, 2011), el Atrato ya encuentra su primera amenaza. A pocos metros de su lugar de origen, se encuentra ubicada una de las pocas empresas que cuenta con licencias de exploración en el departamento (la MINERA EL ROBLE S.A) y cuyas actuaciones han sido denunciadas por presuntamente contaminar el nacimiento del río (ver itulación minera a privados y empresas transnacionales). A medida que se abre paso por los municipios de Lloró y Yuto, las actividades de minería aluvial y a cielo abierto descargan toxinas al Atrato. El río Andágueda, en particular, es uno de los afluentes que más descarga contaminante aporta, lo que se ve claramente desde el aire. Y qué decir del río Quito, cuya devastación lleva aguas color ocre al Atrato a pocos metros de Quibdó, llenas de mercurio, grasas y aceites y, probablemente, otros metales pesados. Más arriba, en la parte media del río, la situación se agudiza. En el territorio de Cocomacia (Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina Integral del Atrato, el consejo mayor más extenso del departamento), existe un complejo de ciénagas y ensenadas muy importante en términos ecológicos. Sin embargo, sobre los ríos Bebará, Bebaramá, Ichó y Neguá se adelantan explotaciones de minería mecanizada que han contaminado los ríos, los que a su vez descargan todas las toxinas en el Atrato y amenazan el sistema de ciénagas y ensenadas. Los líderes del consejo temen que las ensenadas aun conservadas prontamente desaparezcan por la llegada de agua contaminada. No obstante, el Estado colombiano, antes de solucionar la problemática socio-ambiental, se apresuró a concesionar el territorio a empresas transnacionales (polígonos rojos y azul oscuro en el Mapa 2) y a delimitar un amplísimo número de hectáreas del territorio de Cocomacia como Áreas Estratégicas Mineras (polígonos azul claro en el Mapa 2).76 De orma especialmente alarmante, las autoridades mineras delimitaron el Bloque 224 sobre la cuenca del río Atrato, en la rontera entre Chocó y Antioquia

Inserto Mapa: Huella minera en el Chocó No aportamos la cira exacta en tanto algunos de los bloques están compartidos con el departamento de Antioquia y las Resoluciones que delimitan las AEM no especifican las coordenadas de cada bloque. 76

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(ver Tabla 16). En hora buena, la Cocomacia (junto con otros consejos mayores de Comunidades Negras) interpuso una acción de tutela para deender su territorio y apoyó una acción de nulidad que consiguió que el Consejo de Estado suspendiera temporalmente las AEM en todo el país en mayo de 2015. No obstante, la pregunta persiste: si existe un interés claro del Gobierno en la extracción mineral sobre la parte media de la principal arteria del departamento, ¿propiciará el Gobierno y permitirán los jueces que el departamento sura un letal inarto? Tabla 16: Detalles formales del Bloque 224 de las Áreas Estratégicas Mineras

Resolución 180241 Bloque 224 Hectáreas 371006,6965 Km 2 3710,07

Departamentos Municipios Chocó Carmen del Darién Bojayá Medio Atrato Quibdó Cértegui Lloró Bagadó Antioquia Murindó Vigía del fuerte

Finalmente, después de recorrer 38.500 kilómetros, el río Atrato desemboca en un delta de 18 bocas sobre el Golo de Urabá, en el Caribe colombiano (IGAC, 2011). Desde el espacio, este importante estuario se aprecia como una magnifico encuentro entre las aguas sedimentadas color ocre del Atrato y el azul oscuro del océano Atlántico (Foto 11). Los municipios aledaños son Acandí, Unguía, Riosucio, El Carmen del Darién y Belén de Bajirá, en donde los intereses en el subsuelo se superponen con territorios étnicos y ecosistemas importantes para la conservación ambiental del país. Pareciera, con mucha claridad, que la contaminación del Atrato y la vulnerabilidad de las comunidades benefician a quienes están interesados en los minerales subterráneos, incluido el Gobierno, interesado en subastar dichos yacimientos. Foto 11: Desembocadura del río Atrato en el Golfo de Urabá

Foto: Google Earth


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Mientras la contaminación se acumula, al subsuelo lo subastan en el Bajo Atrato La parte baja y final del río Atrato recibe el nombre de Bajo Atrato. Allí no se realiza minería de aluvión ni a cielo abierto, como en las partes Alta y Media. Sin embargo, como los sedimentos, el mercurio y el resto de elementos tóxicos aún no identificados corren aguas abajo con el río, las comunidades de esta zona deben arontar las consecuencias más severas del agua contaminada. Otros actores, como la explotación orestal y la alta de acueducto y alcantarillado de las veredas y cabeceras municipales agravan esta delicada situación. Las comunidades Aro e Indígenas en esta subregión, por varios siglos, han lavado sus pertenencias, tomado baños y cocinado con las aguas del Atrato. No obstante, hoy la calidad del agua es tan incierta que está en peligro su derecho a la vida, la integridad ísica y la salud. Como explicamos anteriormente, cuando los humanos consumimos pescado en aguas contaminadas con mercurio, recibimos una proporción mayor de mercurio que la que comen los peces. Así es como, si estas en la parte donde los peces han migrado para alejarse de la sedimentación y tener más oxígeno para respirar (por ejemplo, Riosucio), es más probable que el pez que consumas tenga más mercurio. El consumo de mercurio es muy peligroso y conlleva muchísimos riesgos para la salud. A pesar de esto, el Gobierno nacional se interesa por estos territorios menos por su gente y más por el potencial minero del subsuelo, como veremos a continuación. Mapa 6: Títulos y Solicitudes Mineras en Acandí

ACANDÍ (Zona de Bajo Atrato o Darién Chocoano) Área Municipal (Hectáreas aproximadas): 86.900 Población Proyectada 2015 (Con base en el censo de 2005): 9584

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Amenazas contra comunidades étnicas y santuarios naturales en Acandí En el municipio de Acandí, en la rontera con Panamá y sobre el mar Caribe, habitan Comunidades Arodescendientes, Indígenas y mestizas, que además confluyen con el Parque Nacional Natural Acandí Playón y Playona y el Distrito Regional de Manejo Integrado de la Playona y la Loma de la Calera. En este territorio los Resguardos Indígenas y Consejos Comunitarios Aro han surido presiones por la apropiación de sus territorios con fines extractivos. Desde la entrada de maquinaria pesada para la extracción inormal de minerales, pasando por intentos allidos de consulta previa con grandes transnacionales mineras como Anglo American, hasta la judicialización de algunos de los líderes comunitarios más representativos de los Consejos Comunitarios y Cabildos Indígenas,77 el municipio de Acandí enrenta grandes desaíos en la actualidad. Como se evidencia en el Mapa 6, una gran proporción del municipio se encuentra solicitada para minería, superponiéndose con el territorio de comunidades negras en la sección norte y noroccidental y rodeando a los resguardos indígenas en la sección suroccidental. Las dimensiones de los territorios ya concesionados para minería no son muy amplias. Acandí tan solo tiene 3% de su área terrestre titulada para minería de construcción hasta el año 2045. Sin embargo, existen más de 30 mil hectáreas del municipio (34,51%) solicitadas para la realización de minería a través de contratos de concesión, la mayoría para la extracción de oro, platino, hierro y cobre.78 De los solicitantes se destacan dos en particular. Primero, la empresa australiana WES ROCK RESOURCES (undada en 2011) quien en junio de 2014 solicitó a la ANM cerca de 16 mil hectáreas (18,38% del área municipal) para la explotación de oro. Estas solicitudes se superponen con los territorios de Cocomanorte, Cocomaseco y Cocomasur. WES ROCK RESORUCES ue comprada en 2009 por la australiana Jaguar Minerals 79, hoy Pacifico Minerals Ltd.; esta última se encuentra registrada en la bolsa de valores de Australia y está al rente del proyecto de oro Berrio, en el cinturón auríero de Segovia, Antioquia. 80 Segundo, a nombre de Alonso Suárez se encuentran solicitadas desde 2009 un poco más de 7 mil hectáreas (8% del área municipal) para la extracción de oro, platino, hierro, cobre y materiales de construcción. Además de estos intereses privados, el Gobierno nacional delimitó dos Áreas Estratégicas Mineras en este municipio (Bloques 215 y 218), que corresponden a más del 3% del área total del municipio. El Bloque 215, en particular, se superpone con la zona costera de Acandí, un lugar considerado como un santuario para la protección de tortugas marinas (el área rectangular verde que se muestra en el Mapa 6), y como parte del Parque Nacional Natural Acandí Playón y Playona, este sitio busca evitar las capturas incidentales de tortugas marinas por las pesquerías y ue aceptado por los consejos Aro de la zona en un proceso de consulta previa realizado en 2013. 81 En contraposición, la AEM delimitada en Acandí no ue consultada con los consejos mayores Aro y amenaza con traer minería a gran escala a un territorio lleno de diversidad biológica y con eliminar el acceso de las comunidades étnicas a la costa Caribe.

Colombia Inorma, “Detienen a líder aro vocero de la Cumbre Agraria que se dirigía a reunión con Gobierno”, diciembre 1 de 2015, http://bit.ly/1QweEcj 78 Estas dimensiones corresponden a hectáreas solicitadas solo en Acandí. Existen títulos solicitados en Acandí ubicados en la rontera con Unguía que también comprenden hectáreas de este municipio; específicamente, 11409,63 hectáreas han sido solicitadas en esta rontera. 79 Portaolio, “Hay nuevos jugadores en el oro y el cobre”, mayo 9 de 2013. http://bit.ly/1QEvPX3 80 Pacifico Minerals, “Welcome to Pacifico”, http://www.pacificominerals.com.au/ 81 Ángela Echeverri (Parques Nacionales Naturales), “Acandí, Playón y Playona: Un santuario para la protección de tortugas marinas,” http://bit.ly/1RvRKQ3 77

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Tabla 17: Detalles formales sobre el Bloque 213-216 de las Áreas Estratégicas Mineras

Resolución

180241

Bloque

2

Hectáreas

Km

Departamentos Municipios

213

525,8021

5,258021

Chocó

Acandí

214

457,2569

4,572569

Chocó

Acandí

215

1495,7205

14,957205

Chocó

Acandí

216

25950,4828 259,504828

Chocó

Acandí Unguía

Mapa 7: Títulos y Solicitudes Mineras en Unguía

UNGUÍA (Zona de Bajo Atrato o Darién Chocoano) Área Municipal (Hectáreas aproximadas) 130.700

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Connamiento inminente de comunidades Indígenas y Afro en el Darién Casi todo el municipio de Unguía, entre Panamá y el Golo de Urabá, está solicitado por actores privados o delimitado por el gobierno nacional para actividades de minería, principalmente para la extracción de metales preciosos y materiales de construcción. Muchos de estos proyectos piensan realizar actividades de extracción sobre cuatro resguardos indígenas y los consejos comunitarios de la región del Bajo Atrato. A su vez, estas proyecciones extractivas se ubicarían entre las áreas de restricción minera que se ubican al occidente del departamento y las reservas naturales del delta del río Atrato en el departamento de Antioquia. A primera vista, tanto las solicitudes como los planes de gobierno parecen competir con la preservación ambiental e imponerse sobre los derechos territoriales de poblaciones étnicas. El único título minero vigente en Unguía ocupa un poco más de (2) dos mil hectáreas, se ubica en la zona noroccidental y se superpone con el Resguardo Indígena Eyakera Dogibi. En este territorio, la Sociedad Operadora Minera (SOM) CAPRICORNIO está autorizada para extraer oro, plata y otros materiales concesibles hasta el 2045. Esta misma sociedad espera poder titular otro contrato de concesión en la zona suroccidental del municipio, igualmente superponiéndose al Resguardo Indígena Arquía (Código: GK1105). Sobre este territorio también ha solicitado contratos la empresa NACIONAL DE MINERALES Y MEALES, quien está interesada en más de 7.400 hectáreas (o 5,68% del área municipal) para extraer metales preciosos. Los alrededores del Resguardo Indígena anela, por su parte, han sido solicitados para la extracción de cobre por Johny Moncada Palacios, al occidente, y para la extracción de oro, platino y otros concesibles por la SOM HERRAN, al oriente. Además, el bloque 216 de AEM se delimitó sobre y alrededor del Resguardo Indígena Cutti. odas estas solicitudes presentan un inminente escenario de confinamiento de comunidades indígenas, pues la realización de actividades mineras, junto con todos sus impactos, pueden llegar a vulnerar todos los derechos territoriales de estas comunidades, amenazando su supervivencia y autodeterminación. La situación de los territorios de Comunidades Negras es similar. Sobre el territorio de la Asociación de Consejos Comunitarios y Organizaciones del Bajo Atrato (ASCOBA) se han solicitado por lo menos cuatro (4) solicitudes de contratos de concesión para la explotación de oro, plata, platino y otros minerales concesibles. El más grande de estos (Código: MAJ-10331) ue solicitado en 2011 por el GRUPO DE BULLE SAS por 8.798 hectáreas. La empresa NACIONAL DE MINERALES Y MEALES (del mismo grupo empresarial) ,por su parte, está interesada en explotar otras 3.400 hectáreas de los territorios de comunidades negras del Bajo Atrato. De consumarse estos planes, las comunidades aro del Bajo Atrato, además de recibir las aectaciones socio-ambientales que acarrean las actividades mineras, se verían obligadas a desplazarse a Antioquia o al municipio de Riosucio. Aun cuando existen varias solicitudes de legalización de minería tradicional (como lo demuestran los segmentos caé y azul en el centro del Mapa 7), es poco probable que las operaciones industriales mineras circundantes permitan que esta minería tradicional sea rentable o persista por mucho tiempo. En cuanto a los planes gubernamentales de subasta de territorios a empresas transnacionales para el desarrollo de minería a gran escala, tan solo en Unguía, el Gobierno nacional delimitó siete (7) AEM, de las cuales tres se delimitaron al interior de Unguía y equivalen a 5.863 hectáreas (o 4,48% del área


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municipal).82 Como se mencionó anteriormente, el bloque 216, en particular, busca imponerse sobre territorios indígenas y aro al abarcar cerca de 26 mil hectáreas la mayoría en jurisdicción de Unguía; es decir, casi 20% del municipio. Aunque sin finalizar trámite, estos planes amenazan la autonomía y auto determinación de poblaciones étnicas.

Mapa 8: Títulos y Solicitudes Mineras en Carmen del Darién y Belén de Bajirá

CARMEN DEL DARIÉN Área Municipal (Hectáreas aproximadas) 319.700 Población Proyectada 2015 (Con base en el censo de 2005) 5.111

RIOSUCIO Área Municipal (Hectáreas aproximadas) 704.600 Población Proyectada 2015 (Con base en el censo de 2005) 14.323

Las restantes (4) cuatro AEM, compartidas con los municipios colindantes de Acandí o urbo, también representan un porcentaje significativo de las zonas ronterizas de Unguía. 82

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Intentos de consolidación de una zona minera en el Bajo Atrato Entre el municipio de Belén de Bajirá (compartido por Antioquia y Chocó) y el municipio chocoano del Carmen del Darién, se encuentra la zona con más títulos mineros vigentes de la región del Bajo Atrato. an solo tres empresas transnacionales tienen autorización gubernamental para explotar minerales como zinc, oro, platino, molibdeno, plata y cobre. Aunque con muchas hectáreas compartidas con territorio antioqueño, el Gobierno nacional le entregó a estas tres empresas derechos de explotación sobre más de 27.600 hectáreas de las más de 28.400 hectáreas solicitadas entre el 2005 y 2009. Desde entonces, nuevos actores privados han mostrado interés en el potencial minero de la zona. Especí ficamente, la solicitud de veintiún (21) nuevos contratos de concesión minera entre 2011 y 2015 por 43.863 hectáreas. Estas ciras son alarmantes si se considera la grave historia de violaciones a los derechos humanos de la región. Especialmente en lo que respecta a las operaciones militares y paramilitares que desplazaron orzosamente a miembros de las comunidades de Jiguamiandó y Curvaradó.83 Como se ha denunciado abiertamente, el vínculo entre grandes empresas y uerza pública se he estrechado a través de “convenios de cooperación en seguridad” sin que el Ministerio de Deensa, antes de estrechar estos lazos, realice un análisis integral del riesgo que dichos convenios representan para las comunidades locales. 84 El comportamiento de la empresa LA MURIEL MINING CORPORAION, con seis (6) título vigentes hasta abril de 2035, ue analizado en la sentencia de la Corte Constitucional -769 de 2009. En ella se ordenó la suspensión de todas las actividades de exploración y explotación asociadas al proyecto Mandé Norte. ambién se corroboró que la intervención empresarial, avalada por el gobierno, había sido inconsulta y ordenó al Ministerio del Interior a realizar los trámites para dicho fin, así como extenderlos a todas las comunidades que puedan ser aectadas por el proyecto Mandé Norte. Pese a estas órdenes, las comunidades han expresado su rechazo absoluto al proyecto y solicitan la solidaridad internacional para realizarle seguimiento a este tipo de imposiciones empresariales.85 La transnacional sudaricana ANGLOGOLD ASHANI, con once (11) títulos vigentes hasta el 2039, 2040 y 2043, posee derechos para extraer minerales en más de15 mil hectáreas de la región. De orma similar, la empresa EXPLORACIONES CHOCÓ COLOMBIA, con un (1) título vigente, está autorizada para explotar cerca de 2 mil hectáreas. Estas dos compañías estuvieron involucradas en el reciente allo del ribunal Superior de Antioquia,86 donde se percibe que las compañías se estarían beneficiando del conflicto armado colombiano al celebrar contratos de concesión sobre territorios indígenas y arodescendientes con el Gobierno nacional, todo ello sin realizar procesos legítimos y garantistas de consulta previa y consentimiento libre, previo e inormado con las comunidades. Finalmente, los actores privados interesados en obtener nuevos títulos, solicitados entre 2011 y 2015, son variados. Por un lado se encuentra la empresa NEGOCIOS MINEROS SA, interesada desde 2013 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Comunidades arodescendientes desplazadas de la cuenca del río Cacarica (Operación Génesis) vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondos, Reparaciones y Costas (2013). 84 Para ver los detalles de cómo las empresas AngloGold Ashanti y Exploraciones Chocó Colombia han celebrado convenios de cooperación en seguridad con los batallones locales del ejército, véase: ierra Digna (2015), Seguridad y Derechos Humanos ¿Para Quién? Voluntariedad y Militarización, estrategias de las empresas extractivas en el control de territorios. 85 Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, “Aros e indígenas reiteran compromiso de no al proyecto minero Mande Norte,” agosto 19 de 2014, http://justiciaypazcolombia.com/Indigenas-y-Aros-se-reunen-para. 86 Verdad Abierta, “Benefician a los Emberá-Katíos con primera sentencia de restitución étnica en el país,” Verdadabierta.com, septiembre 25 de 2014. http://bit.ly/ZgxSwI 83

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en explotar metales preciosos sobre casi 11 mil hectáreas. La anteriormente mencionada WES ROCK RESOURCES también solicitó en 2014, un contrato de concesión sobre 7.185 hectáreas (Código: PCS11341) para explotar oro y platino. Así mismo, la COMPAÑÍA MINERA EL ZANCUDO SAS solicitó en 2011 cerca de 9 mil hectáreas para la explotación de minerales cobre, zinc, plata, oro y platino. Estos nuevos intereses añaden mayores presiones por la apropiación de estos territorios étnicos. Además, exigen un trabajo continuado desde la sociedad civil para que los precedentes judiciales de protección de derechos humanos se materialicen en la prevención de mayor desplazamiento orzado, esta vez por proyectos mineros de gran envergadura.

Imagen: Steve Cagan

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El precio internacional del oro como trasfondo geopolítico La explotación, comercialización y acumulación de oro y otros metales han estructurado el espacio terrestre desde tiempos precoloniales hasta el presente. Desde las actividades mineras de comunidades indígenas en la época prehispánica, pasando por el histórico saqueo de los yacimientos minerales de América Latina durante la colonia, hasta la instalación de empresas mineras extranjeras a finales del siglo XIX y comienzos del XX, la extracción de oro ha sido una constante a lo largo de la historia en nuestro continente (Gómez Montes & Eschenhagen, 2014).

“A mi tierra llego un fulano llevándose todo mi oro vestido de blanco entero y con acento extranjero prometió a cambio de oro dejarme mucho dinero el tipo de quien les hablo nunca más apareció cogió mi metal precioso y todo se lo llevó.”

Aunque la actividad siempre se haya presentado, la intensidad de la extracción ha variado, lo que está asociado con mayores o menores índices de deterioro ecológico y nos previene sobre periodos uturos de extracción a gran escala. 87 En este capítulo Oro (2009), Chocquibtown abordamos las principales ciras de producción y exportación de oro colombiano. Luego, considerando que vivimos tiempos de renética titulación minera a empresas transnacionales para la explotación auríera a cielo abierto, discutiremos qué implica este mercado para el departamento del Chocó y los derechos territoriales de sus comunidades étnicas. El oro colombiano se exporta en su totalidad a quince (15) países, pero tan solo tres países reciben el 99% de las exportaciones de este metal. 88 En los últimos 5 años (2010-2015), Colombia exportó aproximadamente 290.000 Kg de oro, principalmente a Estados Unidos (75%), Suiza (22%) e India (2%).89 En EEUU, las principales ciudades de destino del oro son Miami (FL), Salt Lake City (U) y North Attleboro (MA). Los medios de transporte para las exportaciones son vía aérea y carretera (esta última hacia Miami y Salt Lake City (EEUU), Balerna, Marin, Mendrisio y Zurich (Suiza). En este mismo periodo, se registraron 58 empresas exportadoras de oro, dentro de las cuales se destacan tres (3) por su volumen de exportación en 2015.90 Aunque el oro colombiano se dirija principalmente a dos países industrializados, no to do el mineral que es extraído en el país se exporta. Según los datos de la UPME, en algunos años la cantidad exportada puede ser menor a la producida (casos 2014-2015) y en otros la cantidad de oro que termina en otros países es incluso mayor (casos 2011-2013).

Según el Consejo Mundial del Oro (World Gold Council), la minería de oro es una industria de crecimiento y su contribución económica a la economía global incrementó siete veces entre 2000 y 2013. Con una contribución directa por encima de USD$83 mil millones de dólares a la economía global en 2013, esta industria genera recursos superiores al producto interno bruto de Ghana y anzania combinados. Maxwell Stamp PLC (2015), Te social and economic impacts o gold mining, World Gold Council, http://www.gold.org/gold-mining/economic-contribution/social-economic-impact 88 La inormación señalada proviene del Banco de Datos de Comercio Exterior (BAEX) disponible Procolombia. http://www.procolombia. co/ 89 En 2015 solamente, otros destinos incluyeron Bélgica, Francia, Italia, Hong Kong y Panamá. 90 Sociedad de Comercialización Internacional S&Jil S.A.S., C.I. J. Gutierrez y CIA S.A.S., Comercializadora Internacional de Metales Preciosos de Colombia. 87

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Tabla 18: Histórico de producción y exportación de oro colombiano (2011-2015)

2011

2012

2013

2014

2015

Producción (Kg)

55.907,19

66.177,58

55.745,02

57.014,73

24.612,67

Exportación (Kg)

66.522,00

76.584,00

57.309,00

47.962,00

17.289,00

Fuente: UPME

Para la UPME, la dierencia en el volumen producido y exportado de oro se explica por dos circunstancias. Por un lado, la cantidad producida no necesariamente se comercializa y exporta inmediatamente, sino que algunos de los productores mineros almacenan parte de su producción en espera de mejores precios. Por otro lado, como es sabido, “una parte del oro en el país se extrae sin título minero, lo que representa una desventaja para la consolidación de registros de producción de la ANM.” 91 Estas observaciones apuntan a dos actores clave para el análisis de la minería en Chocó: (1) la incidencia de los precios del metal en la crisis socio-ambiental que hoy se vive y (2) el papel de los títulos mineros en el uturo del sector. Hace más de diez años se ha sostenido que las fluctuaciones en el precio internacional del oro son inversamente proporcionales a las fluctuaciones en el valor de cambio del dólar. 92 Esto sucede porque el oro actúa como una alternativa para inversionistas en la acumulación de valor (cuando el dólar está débil), lo que incrementa la demanda y suben los precios del metal. 93 De ahí que, luego del desplome de la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos en el 2008, el precio del dólar entrara en depreciación y se disparara el precio del oro. 94 De hecho, en los últimos 15 años, el precio del oro respecto del peso colombiano se ha cuadriplicado, evidenciándose un aumento lineal en el precio promedio anual desde 2007 hasta 2012, con una tasa interanual de incremento particularmente pronunciada en 2008. 95 Respuesta a derecho de petición de ierra Digna, UPME, enero 7 de 2016. No. Rad. 20161400000271. En particular, el Fondo Monetario Internacional estableció que desde el 2002 las fluctuaciones entre 40 y 50% en el precio del oro estaban relacionadas con las fluctuaciones en el valor del dólar, en donde un 1% de cambio en el valor externo eectivo del dólar conducía a un 1% de cambio en el precio del oro. Capie et àl (2005) y FMI (2008). 93 ambién se cree que los conflictos geopolíticos internacionales tienen una influencia directa en el precio del oro, habiéndose registrado un incremento significativo, por ejemplo, a raíz de la invasión rusa de Aganistán y la crisis de rehenes iraní en 1979 y 1980. Ronan Manly, “Gold Rush O 1980 Sparked By urmoil In Iran & Aghanistan,” Gold-Eagle, septiembre 29 de 2014. 94 Este enómeno también se debe a que la mayoría del oro es comercializado libremente en mercados internacionales en donde los precios se fijan en dólares estadounidenses. Como l os compradores internacionales utilizan dólares para adquirir el oro, cuando el valor del dólar cae, estos tendrán menos poder adquisitivo y la demanda incrementará. Lo opuesto también es cierto, cuando incrementa el valor del dólar, los compradores tendrán menor poder adquisitivo y el oro será más caro, lo que acalla la demanda y baja el precio del oro. John Ficenec, “Why is the gold price alling and where is it going next?,” Te elegraph, julio 21 de 2015. http://www.telegraph.co.uk/finance/11750522/Why-is-the-gold-price-alling-and-where-it-is-going-next.html 95 Según cálculos propios basados en el precio promedio anual del dólar respecto de la RM del peso colombiano, los dos picos de precios más altos se dieron en los años 2012 ($77517/g) y 2015 ($79683/g), mientras que los incrementos porcentuales interanuales más altos se dieron entre 2005 y 2006 (37,21%), entre 2002 y 2003 (30,63%) y entre 2010-2011 y 2014-2015 (24%). No obstante, considerando la relación inversamente proporcional entre el dólar y el precio del oro, podría asegurarse que el precio del oro no se estabilizará en el corto plazo pues el precio del dólar para 2016 se reporta al alza. Ver: Portaolio, “Destino del dólar en 2016 será seguir subiendo de precio,” Portaolio, noviembre 25 de 2015. http://www.portaolio.co/especiales/dolar/dolar-seguira-subiendo-2016-segun-expertos 91 92

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Gráfica 6: Índice de valor del dólar (izq.) vs. Precio del oro (der.) (2011-2015)

Desaceleración del crecimiento económico de China

Desplome de la burbuja inmobiliaria, recesión en EE.UU. y depreciación del dólar

Alza inusitada en el precio del oro, señalada de atraer más entables mineros mecanizados al Chocó

Los bonos gubernamentales emitidos por España, Italia y Portugal tienen altas tasas de interés y hacen el oro menos atractivo

Periodo de solicitud de títulos mineros por Glencore, a través de AGA y ECC en Chocó

Gráfica 7: Eventos significativos en la fluctuación del precio del oro (2000-2015) 96

A partir de 2008, precisamente, el departamento de Chocó incrementó su producción auríera de orma dramática. Esta alza coincide exactamente con la depreciación del dólar y el alza en los precios del oro. De hecho, entre 2007 y 2008, el Chocó duplicó su producción y, entre 2008 y 2011, la producción de oro creció siete (7) veces (Ver Gráfica 7), desplazando a Antioquia como productor líder y ubicándose muy En cuanto al Chocó, a pesar de que la entrada de dragas y retroexcavadoras para la extracción auro-platiníera (según los testimonios comunitarios y las perspectivas oficiales) se remonte a comienzos de los 80, Pardo (2015) sugiere que el incremento en la explotación no-legal de oro creció significativamente luego del alza de los precios del oro en el mercado internacional en los años 2002-2003. 96

111


por encima de otros importantes productores como Bolívar, Nariño y Caldas. De igual orma, como era de esperarse, en el periodo en el que el dólar se apreció y bajó el precio del oro (2011-2014), la producción de oro en Chocó cayó precipitadamente, volviendo a los niveles de producción de 2009 (ver Gráfica 8). En perspectiva global, sin embargo, la gráfica revela también que los niveles de producción chocoanos (producto de la explotación artesanal y tradicional) iban de la mano de otros departamentos con presencia ancestral de la minería (Nariño y Caldas), pero sólo hasta 2007. A partir de 2008 el incremento en la producción auríera chocoana coincide con una uerte caída de la producción antioqueña. ¿Qué explica esta co-relación? ¿ranserencias de capital para el extracción de Antioquia a Chocó? Gráfica 8: Histórico de la producción aurífera en Colombia (Departamentos seleccionados)

30.000,00

12.000,00 Chocó 20.000,00 Antioquia 15.000,00 Bolívar 10.000,00

5.000,00

Caldas Nariño

0,00

Fuente: SIMCO

Se piensa también que la reconfiguración extractiva trajo consigo violencia. Daniel Mejía (2012) observó que, precisamente en 2008, la tasa de homicidios aumentó notoriamente en aquellos municipios con presencia histórica de explotación de oro en Colombia, mientras que en el resto de municipios del país la tasa de homicidios disminuía. Para este autor, “las organizaciones ilegales se adaptan rápidamente y escogen asignar su capital a las actividades más rentables en donde puedan tener una ventaja comparativa, que sumada a una amplia disponibilidad de mano de obra, ha llevado a un auge sin precedentes en la explotación ilegal de oro en Colombia en los años recientes.” De ahí, Mejía estudió el eecto causal de la minería ilegal de oro sobre los niveles de violencia en Colombia y concluyó que la presencia de títulos mineros disminuye los niveles de violencia. Su conclusión ue que “no es la explotación de oro en general la causante del aumento en los niveles de violencia, sino la explotación ilegal de este producto” (Mejía, 2012). De ser cierto, el Chocó sería uno de los territorios más propensos a la violencia en tiempos de alza del precio del oro. En el último censo minero del Ministerio de Minas y Energía (2010-2011) s e concluyó que 63% de las unidades productivas mineras censadas en 23 departamentos colombianos no contaba con un

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título minero. 97 No obstante, si consideramos que sólo el 32% de todas las unidades productivas censadas explotaban metales (el porcentaje restante concentrado en extraer no metálicos como los materiales de construcción o el carbón), la alta de titulación minera no puede ser señalada como una problemática particular de la minería auroplatiníera.

Tabla 19: Comparación entre Chocó y Colombia respecto del porcentaje de unidades mineras con título minero

CHOCÓ No. UPM Censadas 527 Con título minero 4 Sin título minero 523

% 3,70% 0,80% 99,20%

COLOMBIA UPM Censadas Con título minero Sin titulo minero

No. 14357 5316 9041

% 100% 37% 63%

Fuente: Ministerio de Minas y Energía

En Chocó, donde se censaron 3,7% de las unidades productivas del país, 99,2% de las unidades productivas no contaban con título minero. Del total de unidades, 96,6% se dedicaban a la explotación de oro y 21% a la extracción de platino (porcentajes no mutuamente excluyentes considerando que en un entable se pueden extraer estos dos y otros metales). Además, los trabajadores mineros en Chocó pertenecen mayoritariamente a comunidades étnicas (95,3%), en particular arodescendientes (84,4%) e indígenas (12,5%). Ante este panorama, si a mayor inormalidad mayor violencia, la vulnerabilidad de las comunidades en este departamento también está ligada a los cambios (abruptos) en el precio internacional del oro. Tabla 20: Comparación entre Chocó y Colombia respecto del porcentaje de unidades mineras con título minero

UPM Metálicos en Chocó Total 525 99,6% Oro 507 96,60% Plata S.I. 0% Platino 108 20,60% Concentrado de Cobre 13 2,50% Hierro S.I. 0% Plomo S.I. 0% Ferroníquel S.I. 0% UPM No Metálicos 2 0,40% Fuente: Ministerio de Minas y Energía

Pertenencia Com. Étnica

Total

5981

Comunidad Étnica 5699 Indígenas 134 caribeños 715 Afrocolombianos 4833 ROM 17

95,3% Trabajadores UPM Chocó 2,35% 12,55% 84,80% 0,30% 4,7% Trabajadores

Resto

282

UPM Chocó

Fuente: Ministerio de Minas y Energía

Ministerio de Minas y Energía (2012), Censo Minero Departamental 2010-2011, página 37. an solo 7 de los 23 departamentos censados tienen más de la mitad de sus unidades productivas mineras bajo título minero. Es decir, menos de una tercera parte. Ministerio de Minas y Energía (2012), Censo Minero Departamental 2010-2011, página 12. 97 98

113


Imagen: Steve Cagan

114


Pugnas por la titulación minera y corrupción en San Juan Lo que nosotros logramos demostrar era que realizábamos minería artesanal y tradicional, que realizábamos agricultura de pancoger, que hacíamos recolección de productos del bosque, que hacíamos pesca artesanal para nuestro sostenimiento, que no hemos sido destructores masivos de los ecosistemas, de todas esas prácticas fue que nos dijeron que teníamos derecho a la propiedad colectiva.

Líder étnico del Bajo San Juan Los depósitos más ricos [de oro] se agotan rápidamente y cada vez es más difícil hallar nuevas vetas. Casi todo el oro que falta por explotar yace enterrado en minúsculas cantidades en aislados y frágiles rincones del planeta. Es una invitación a la destrucción. Pero no faltan los mineros, grandes y pequeños, dispuestos a aceptar la invitación.

National Geographic en Español Así queramos que esto cambie, como consejo comunitario o autoridades ambientales, es difícil. Cambiará cuando se acabe toda la tierra y no haya donde meter más retroexcavadora y eso porque están las multinacionales. Todo esto está pedido en títulos mineros. Si acaba la retroexcavadora, le sigue la pequeña minería y luego vendrán los grandes. Todo el tiempo vamos a tener la minería. Cuando uno se viene a dar cuenta, ya están los títulos otorgados. Y, aunque dan los títulos colectivos, a la vez no los respetan.

Joven líder de Asocasan Los apartados anteriores revelan una uerte contradicción entre quienes le apuestan a la autonomía comunitaria para la ordenación productiva de territorios étnicos y quienes conciben el territorio como un conjunto de ecosistemas vulnerables a las acciones humanas, sin importar la historia, la cultura y los procesos organizativos de quienes lleven a cabo dichas acciones. Este debate es especialmente relevante en el contexto actual de la región del San Juan, al sur del departamento del Chocó. En esta subregión la historia de la explotación auríera artesanal, tradicional y mecanizada es más antigua en el departamento. Esto ha disminuido los niveles de oro y platino que pueden ser encontrados en la superficie. Es por ello que estos territorios se encuentran en una nueva coyuntura, en la que los distintos actores (comunitarios, institucionales, armados y extranjeros) están jugando sus cartas para no quedar excluidos del panorama económico o sencillamente para no ser marginalizados por los demás actores. Lo que está en juego en San Juan hoy día es quién podrá permanecer en el territorio o acceder a él y bajo qué condiciones y oportunidades.

En San Juan la titulación para minería está en disputa En el municipio de adó, en particular, se superponen todas los tipos de pretensiones legales para la realización de minería. Los títulos mineros, identificados con las ranjas rojas, se encuentran vigentes en la zona oriental del municipio (círculo negro del Mapa 9), en las zonas colindantes con el municipio de Bagadó y el departamento de Risaralda. En este territorio, ANGLOGOLD ASHANI y EXPLORACIONES CHOCÓ COLOMBIA solicitaron contratos de concesión en 2009 y 2013 y cuentan con títulos sobre más 10.600 hectáreas. Sobre estos títulos, sin embargo, se solicitó la legalización de minería tradicional en 2012 para la explotación de oro, platino y sus concentrados. Además de todo, el gobierno nacional

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delimitó el Bloque 152 de AEM, el cual se impone sobre 1.111 hectáreas. En el resto del municipio también existen títulos y solicitudes superpuestas, lo que revela una pugna por el aprovechamiento minero de sus recursos. No obstante, todas estas pretensiones se superponen al territorio colectivo del Consejo Comunitario Mayor del Alto San Juan (ASOCASAN), sin que esta autoridad étnica uese consultada o estuviese inmersa en el proceso de titulación de contratos de concesión o delimitación de AEM. Pero, como el consejo ha sabido sobrellevar el amañado ordenamiento jurídico de derechos mineros, hoy cuenta con el título minero de mayor extensión otorgado a un consejo mayor. Mapa 9: Títulos y solicitudes mineras en el municipio de Tadó

Gráfica 9: Distribución de Titulares de Contratos de Concesión Minera en Tadó

Distribución de Titulares de Contratos de Concesión Minera en Tadó

1%

ANGLO GOLD ASHANTI COLOMBIA SA 6% 20%

8%

Otras Asociaciones 0%

CONSEJO COMUNITARIO MAYOR DEL ALTO SAN JUAN - ASOCASAN EXPLORACIONES CHOCÓ COLOMBIA SA

Actores Privados 65% MINERAL CORP SAS

Fuente: Elaboración propia con base en el Catastro Minero de la ANM

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El caso del municipio de Condoto es similar, pues en su zona oriental (círculo negro en el Mapa 10) las mismas empresas ANGLOGOLD ASHANI y EXPLORACIONES CHOCÓ COLOMBIA solicitaron títulos entre 2009 y 2013, por los que se les otorgó más de 6 mil hectáreas. En este mismo sector también se encuentran dos bloques de AEM (141 y 149) sobre aproximadamente 1.700 hectáreas y casi la totalidad del municipio está reconocido como zona de minería de comunidades negras, además de un amplio número de solicitudes de legalización de minería tradicional en la parte suroccidental del municipio y contratos de concesión mineros (ranjas azules) solicitados en 2013 por el Consejo Comunitario Mayor de Condoto. Mapa 10: Títulos y solicitudes mineras en el municipio de Condoto

Gráfica 10: Distribución de Titulares de Contratos de Concesión Minera en Condoto Distribución de Titulares de Contratos de Concesión Minera en Condoto

14% ALUVIONES DE COLOMBIA SA

ANGLO GOLD ASHANTI COLOMBIA SA

COOMACON 25% 59%

Otras Empresas

1%

CONSEJO COMUNITARIO MAYOR DE CONDOTO IRO

1%


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Gráfica 11: Distribución de los Titulares de Contratos de Concesión Minera en Istmina Distribución de los Titulares de Contratos de Concesión Minera en Istmina

3%

Consejo Comunitario Mayor de Istmina y Medio San Juan

31%

MINERAL CORP SAS 66%

PROYECTO COCO HONDO S.A.S

Fuente: Elaboración propia con base en el Catastro Minero de la ANM Gráfica 12: Distribución de Titulares de Contratos de Concesión Minera en Cantón de San Pablo y Novita

Distribución de Titulares de Contratos de Concesión Minera en Cantón de San Pablo y Novita

9%

ALUVIONES DE COLOMBIA S.A

18%

CONDOTO PLATINUM LIMITED SUCURSAL COLOMBIA 28% 16%

CONSEJO COMUNITARIO MAYOR DE CONDOTO IRO CONSEJO COMUNITARIO MAYOR DE NOVITA Luis Eduardo Restrepo Jiménez

3% 26%

PROYECTO COCO HONDO S.A.S


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Mapa 11: Títulos y solicitudes de contratos de concesión minera y de legalización de minera tradicional en los municipios de Unión Panamericana, Istmina y Condoto

La situación de otros municipios es dierente, en tanto no existe un número tan amplio de hectáreas otorgadas a grandes empresas en contratos de concesión (a excepción de las 3.867 hectáreas otorgadas a MINERAL CORP SAS para la explotación de oro, platino y otros concesibles hasta 2040, código: JJ109071). En los municipios de Istmina, Unión Panamericana y Condoto, en cambio, existen un número más amplio de solicitudes de legalización de minería tradicional radicadas por el Consejo Comunitario Mayor de Unión Panamericana (código: LDK-16001X), el Consejo Comunitario de Istmina y Medio San Juan (código: NK1-10081) y el Consejo Comunitario Mayor de Condoto Iró (código: LJQ-14131). an solo estas tres solicitudes buscan legalizar más de 17 mil hectáreas. Para entender por qué existe la figura de la Legalización de Minería radicional, resultan extremadamente útiles las palabras de uno de los líderes étnicos de la región: Nosotros ya no deendemos la minería artesanal, sino la tradicional. Cuando nos dicen [minería] artesanal, [sugieren] que tenemos que estar condenados a seguir haciendo ísicamente [la extracción] con los mínimos, mientras los otros lo hacen con la máxima tecnología. Lo que estamos diciendo es que queremos hacer la tradicionalidad, pero que no nos obliguen a ser artesanales porque no tenemos las condiciones ísicas para seguirla


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haciendo. Además, al ser tan artesanal, esa nunca mejoró nuestras condiciones. Sí deendemos la tradicional, que es la consciencia de quien haga la minería. Así las cosas, en disputa se encuentra la orma cómo se realizará la minería (a gran escala o de orma tradicional) en la zona norte de la región del San Juan y quién la realizará (las empresas transnacionales, los actores privados o los consejos comunitarios de las distintas comunidades negras). No obstante, para entender qué está en juego en esta pugna, primero es necesario contextualizar la región y aportar una serie de reflexiones sobre cómo la autonomía puede convertirse en una aliada en el desarrollo productivo de los territorios étnicos.

El conicto armado, los cultivos de uso ilícito y la minería mecanizada Para contextualizar la coyuntura de la subregión del San Juan, un paso obligatorio es reflexionar sobre la orma como el conflicto armado interno aectó a su población a finales de la década de los 90 y la primera mitad de los años 2000. Según los relatos de los entrevistados en Istmina y adó, la llegada de la maquinaria pesada para la extracción auroplatiníera se dio sin el uso de la violencia ísica a mediados de los años 80. Según la Contraloría General de la República (2013, pág. 13), la alta de regulación de la explotación mineral con retroexcavadoras causó un aumento dramático de rebuscadores de maquinaria provenientes del bajo cauca antioqueño, que entraron en conflicto con la minería tradicional y se desplegaron sobre las cuencas de los ríos y quebradas. No obstante, esta reconfiguración no siempre se traducía en conflictos entre los tipos de extracción minera. Según un minero tradicional entrevistado en el centro poblado de Istmina, Las retro están por aquí hace unos treinta y pico de años. A mí me tocó trabajar cuando llegaron las primeras retros por aquí. Y pagaban 2 mil pesos diarios o 60 mil pesos mensuales. rabajando retro, así ue que ahorre para comprar la primera moto bomba, entonces yo trabajé como tres meses y compré la primera moto bomba. Como en el caso de Elvia de Manungará, la llegada de las retros se recibió como una nueva uente de oportunidades, ya sea por las rentas que se pagaban a los dueños de los terrenos que se explotaban, o porque los entables mismos representaban oportunidades laborales. rabajar para un entable significaba acceder a excedentes económicos que permitían a muchos mineros artesanales adquirir implementos de extracción como la motobomba. El conflicto armado, sin embargo, llegó para nutrirse violentamente de las actividades mineras. Por un lado, con la expansión del rente Bloque Pacífico-Héroes de las AUC en el sur y centro del departamento, los paramilitares buscaron controlar los caños y afluentes del río San Juan, pues estos eran corredores clandestinos que conectaban al Valle del Cauca y a Risaralda con el Litoral Pacífico, una apuesta estratégica por vías de tránsito en unción del negocio de las drogas (Verdad Abierta, 2009). Por otro lado, pese a que la presencia de las guerrillas ue tímida en el sur del Chocó para la época, estas también buscaron obtener recursos de cultivos ilícitos y extorsionar a quienes realizaban actividades de minería de oro (Contraloría General de la República, 2013, pág. 13). anto así que, entre 2002 y 2005, las conrontaciones entre el Bloque Pacífico y las guerrillas por el control del narcotráfico y la extracción de rentas a la minería incrementaron los índices de homicidios en municipios como Istmina y adó (Verdad Abierta, 2009).

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Imagen: Steve Cagan

El Mapa 12, especialmente la sección circunscrita por el círculo rojo, demuestra como en 2014 los cultivos de uso ilícito de hoja de coca se encontraban sobre la cuenca del río San Juan. Entre la rontera ChocóValle del Cauca y la ciudad de Istmina, además, los cultivos se distribuyen entre el océano pacífico y la cordillera occidental, atravesando los municipios de Bajo Baudó, Istmina, Medio San Juan y Sipí. Más al norte, entre Istmina y Quibdó, los cultivos se dispersan sobre la región del Baudó. En comparación con las otras zonas del océano Pacífico donde existen estos cultivos, sin embargo, la densidad de estos en el departamento del Chocó es mínima.


Mapa 12: Georreferenciación de los cultivos de coca en el Pacífico colombiano en 2014 (UNDOC, 2014)

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La presencia de grupos armados ilegales, no obstante, también llegó a nutrir los procesos de extracción mecanizada de orma incidental. Para uno de los líderes comunitarios de Andagoya, las incursiones de los grupos armados ilegales, a pesar de conllevar deplorables sucesos de violencia, inyectaron dinamismo económico a través de los cultivos de uso ilícito de coca, lo que estimuló a algunos pobladores locales a asociarse e invertir en entables mineros comprando retroexcavadoras de segunda o primera mano a tres o cuatro cuotas. Este eecto no es descabellado, especialmente si se acepta la tesis de la Contraloría según la cual “gran parte de la inversión del municipio de Istmina corresponde a la presencia de dineros del narcotráfico y al lavado de activos, dada la ubicación estratégica para el tráfico de Narcóticos” (Contraloría General de la República, 2013). Las uentes oficiales que detallan la incidencia del conflicto armado sobre la economía ilegal minera son mínimas, pero, considerando que las comunidades rurales aisladas geográficamente son más susceptibles de ser capturadas por industrias extractivas y coaccionadas por actores armados, la presencia de paramilitares y guerrillas, aparte de extorsionar las operaciones ya existentes, pudo haber incrementado la tasa de explotación de orma indirecta, a través de la dinamización económica proveniente de la siembra de cultivos de coca. Este aspecto es una pieza clave para entender el enómeno de la minería y su relación con el conflicto armado, por lo que la Comisión de la Verdad deberá investigarlo a proundidad en el pos-acuerdo.

La corrupción local sucede por la separación entre la gente y los funcionarios Independientemente de la orma como la presencia de grupos armados ilegales haya incidido en la economía de la minería mecanizada, una de las responsabilidades que más denuncian los líderes de los consejos comunitarios de la región es la reiterada negativa del Estado colombiano para reglamentar la Ley 70 de 1993. A pesar de que dicha ley estuviese aprobada mucho antes de la incursión paramilitar y guerrillera en San Juan, el Estado no reaccionó con la urgencia que requería el Chocó, una región presionada por intereses oráneos en la extracción mecanizada de oro y platino. Como lo resaltó un líder étnico que ha participado en la obtención de los títulos colectivos de consejos de Asocasan, Cértegui, Unión Panamericana y Santa Cecilia, El gobierno lleva 21 años sin reglamentar el Artículo ransitorio 55 [de la Constitución Política]. En el capítulo 5 tenía que reglamentar la minería en los territorios colectivos. En el capítulo 6, el desarrollo rural. Pero apenas se reglamentó el capítulo 3 que era cómo se iban a otorgar los títulos y la figura del Consejo Comunitario. Así no sabemos. odo lo que estamos planteando ahora pudo haber sido reglamentado hace 20 años. En el trasondo de la discusión está el hecho de que muchos de los impactos socio-ambientales de la minería mecanizada pudieron haberse prevenido si los gobiernos de turno hubiesen reglamentado los temas clave para la vida económica del territorio (la minería y el desarrollo rural) en perspectiva étnica (o sea en coordinación con los consejos comunitarios y bajo los principios del derecho a la autonomía territorial y la autodeterminación de los pueblos). Como en el caso de Cocomopoca, este tipo de omisiones gubernamentales conjura la responsabilidad del Estado en la crisis socio-ambiental de las zonas degradadas por minería. La responsabilidad del estado también se hace visible en la corrupción de las instituciones locales encargadas de regular la explotación de los recursos naturales. En entrevista con un miembro de un


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consejo comunitario, que además es tecnólogo en producción animal y se interesa por la conservación ambiental de su territorio, surgió el tema de la corrupción. Al preguntarle qué exactamente entendía por corrupción, este respondió: La corrupción quiere decir que, si yo estoy ejerciendo un papel y mi papel es renar esto o aquello, me quedo quieto porque me meten uno o dos pesos al bolsillo. En los entables mineros, por ejemplo, si ellos [los dueños] saben que hay buen metal en un punto, ellos buscan la orma de que, si tú eres dueño del terreno se lo arriendes. Y la autoridad ambiental, que es la que prohíbe que esa minería se haga, va como autoridad o como uncionario a suspenderla, pero el dueño del entable le dice “no hermano, si usted se queda quieto, nosotros trabajamos suave y vamos a hacer un contrato de que yo voy trabajando, recuperando y retro llenando y usted sabe que ahí tiene su recursito por acá por debajito.” En definitiva, como en otros casos de corrupción en el país, el actor dinero es el principal incentivo para la inacción de las autoridades encargadas del control de actividades extractivas. Para nuestro entrevistado, no obstante, la cuestión también refleja una posición ética: Así, como nadie está escuchando y como no hay más testigos, el man acepta. Obvio puede aceptar, porque si usted le mete una buena plata, pues alguno acepta. Y si la gente ya se acostumbró así, pues siempre será así. Y uno pues de pronto no ha estado en ese papel y uno lo ve como eo. Pero si de pronto le tocara, pues uno dirá en ese sentido “no acepto.” Y no solo ética, también relacionada con la coacción que ejercen los grupos armados ilegales: Otros lo harán de pronto por miedo, porque usted sabe que la minería va ligada a muchas cosas. En estos momentos, la guerrilla le ha suspendido mucho lo del narcotráfico, ya se está viniendo más a la minería, y uno sabe que hay entables que son de esa gente. Entonces, si yo como autoridad voy a suspender un entable, ahí estoy arriesgando mi vida. Entonces las autoridades se quedan quietas, dejan que lo hagan porque si no los dejan hacer entonces, pueden perder la vida, y eso es lo que uno cuida también. En todas las circunstancias, sin embargo, la oportunidad para la corrupción se presenta gracias a la separación que existe entre el tejido social de las comunidades y la labor de las instituciones. anto en el orecimiento, la aceptación y la coacción, la transacción de “dinero por silencio” depende de que ésta permanezca clandestina. Si se acepta la tesis de que la clandestinidad es el actor clave que acilita la corrupción, se hace relevante el concepto de “Políticas públicas basadas en la gobernanza comunitaria” (Eslava & Giraldo Ramírez, 2014, p. 67). En lugar de confiar en que los uncionarios de las instituciones locales desarrollarán su trabajo de orma transparente por su amor a lo público, esta visión aboga por que las comunidades promuevan y utilicen sus propios incentivos (la confianza, solidaridad, reciprocidad, reputación y cooperación) para asegurarse del cumplimiento de la normatividad. No obstante, como recuerdan Eslava y Giraldo (2014, pág. 67) “tales atributos de comunidad son, con recuencia, menospreciados durante todo el proceso de las políticas públicas,” por lo que sugieren romper con esta tendencia y recomiendan poner la intervención estatal tan cerca como sea posible de la gente (en términos de nivel de gobierno y geográficamente). Sugieren, entonces, que el énasis se coloque en la autonomía de los gobiernos locales y en la resolución de conflictos.

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El programa Oro Verde le apuesta a la autonomía Para muchos líderes es claro que la minería es una de las pocas alternativas económicas de la región, y por ende las actividades de las instituciones no deben restringirse a sancionar y cerrar las operaciones mineras. Por el contario, la solución depende de que existan alternativas económicas para las comunidades que además sean viables y sostenibles (Sarmiento, Ayala, Urán, Giraldo, Perea, & Mosquera, 2013). Un ejemplo emblemático de esuerzos para hacerle rente a la crisis socio-ambiental desde esta perspectiva es la iniciativa Oro Verde, resultado de una alianza entre dos consejos comunitarios, 99 y otras tres organizaciones del departamento. 100 En el programa Oro Verde la premisa undamental es “sacar el amarillo sin acabar con todo el verde,” en donde el amarillo es el oro y el verde los ecosistemas en donde se encuentran los recursos mineros. Américo Mosquera, cabeza visible de una de las unidades productivas del programa Oro Verde,101 destacó que, además de la prima del 15% que se le reconoce a las unidades del programa (adicional al precio estándar del oro recogido), el programa significó un cambio cultural en las prácticas de minería tradicional. Por un lado, el programa representa una alternativa a la participación en entables mineros mecanizados y un incentivo para la ormalización: Oro Verde es la minería tradicional. La que se ha venido desarrollando siempre en el Chocó, antes de llegar las retro. Cuando llegaron las retro, mucha gente se dedicó a trabajar la retro porque miraba que era un proceso más ácil de producción y de coger más plata, más rápidamente, pero por los malos manejos de los administradores de esas maquinarias, lo que hacen es dañar mucho la tierra y esa plata parece que tuviera alguna maldición porque uno la coge también y, así sea mucha, se le va más rápido. Por otro lado, el programa proundiza los lazos de los participantes con el territorio y provee una alternativa de largo plazo, Nosotros vamos por partes, donde una máquina trabaja, por decir algo, una semana, nosotros echamos más de un año trabajando. Entonces también nos permite la durabilidad del terreno que en la actividad es como más sostenible porque uno tiene la esperanza todos los días. Uno va y puede sacar el oro para el sustento con la amilia. Con la retro, uno entra y eso de la noche a la mañana acaba con todo y coge uno la plata, también se la mal gasta y se queda con los brazos cruzados. ¡Ni para donde echar! Y, al preguntarle qué cambios tuvo que hacer en sus propias actividades, Américo respondió que a raíz del proceso de certificación102 del programa, aprendió a disponer de basuras, gasolina y aceites en vasijas para no contaminar las aguas y el suelo. En general, iniciativas como Oro Verde demuestran que, pese a las dificultades en el reconocimiento de derechos y el debilitamiento de los procesos organizativos de El Consejo Comunitario Mayor del Alto San Juan (ASOCASAN) y el Consejo Comunitario Mayor de Condoto (COCOMACOIRO). La organización de base Fundamojarras, la organización no gubernamental Amichocó, y el Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico (IIAP) 101 Lorenzo Morales, “El oro verde de las selvas de Colombia,” BBC Mundo, agosto 12 de 2011. http://www.bbc.com/mundo/noticias/2011/08/110812_oro_verde_colombia_aa.shtml 102 Los mineros en el programa deben seguir estándares ambientales y sociales certificados por el sello Fairtrade-Fairmined. Véase Fairtrade International (2013), Criterio de Comercio Justo Fairtrade para el Oro y los Metales Preciosos Asociados para la Minería Artesanal y en Pequeña Escala. http://wordpress.p20126.webspaceconfig.de/wp-content/uploads/2014/04/Gold-and-Precious-Metals-rom-ArtisanalMining-standard-ES.pd 99

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comunidades negras (al no existir un desarrollo jurídico integral sobre su autoridad en el territorio), los consejos comunitarios no han permanecido inmóviles ante las prácticas mineras que devoran su territorio. Más aún, demuestra que la gente está lista para ser parte de las soluciones.

Foto 12: Unidad minera productiva adscrita al programa Oro Verde

Imágenes: Cortesía Asocasan

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Foto 13: Etapa de procesamiento del oro dentro del programa Oro Verde

Imágenes: Cortesía Asocasan

La producción limpia y la comercialización (aspectos destacables del programa Oro Verde), sin embargo, son necesarias pero no suficientes para el desarrollo de prácticas mineras que potencien la autonomía étnica. Especialmente porque, a pesar de haber alcanzado más de 35 unidades amiliares productivas, el programa ahora sólo cuenta con la unidad de Américo al haber encontrado problemas de sostenibilidad por diversos actores exógenos (costos de la certificación) y endógenos (bajos niveles de la oerta de oro). Ante estos desaíos, Pardo (2015), ha sugerido conectar a los productores de oro chocoanos con joyeros nacionales para “juntar los eslabones de producción y elaboración de bienes con valor agregado,” en donde el mismo departamento instale “la inraestructura para la elaboración de joyas limpias que pudieran colocarse en los mercados nacional e internacional a mejores precios. Capacitar la mano de obra, avanzar en el conocimiento de diseños y modelos, atraer inversionistas y omentar la creación de un complejo para la joyería.” Asimismo, recomienda que cualquier iniciativa deba propender porque los mineros reoresten áreas degradadas y se cultiven, en las zonas cercanas a los entables, todos los productos de abastecimiento comunitario, como las rutas y los tubérculos que componen la dieta local. *** La coyuntura de la región del San Juan, especialmente sobre los territorios con mayor potencial minero, muestra cómo los intereses empresariales compiten y/o confluyen con los intereses de consejos comunitarios y comunidades locales. La presencia de actores armados y la corrupción de uncionarios e instituciones locales han resguardado, si no potenciado, las actividades de minería mecanizada. Ante esta situación, pareciera que la única orma de abordar el problema de raíz, desde el principio de la autonomía étnica, es “acercar la intervención estatal a la gente” y replicar y potenciar las alternativas productivas que han surgido de los mismos procesos organizativos de base, como el programa Oro Verde. No obstante, dichas alternativas deben adquirir una visión más integral en variables económicas clave para que sus rutos sean sostenidos y pueda incentivarse la producción limpia, la ormalización y la permanencia en los territorios.


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¿Por qué prospera la ilegalidad minera en el Chocó? Una de las mayores preocupaciones sobre la minería en el Chocó es su condición de no-legal (Fierro, 2013), ilegal (Contraloría General de la República, 2012) y/o criminal (Pardo, Minería criminal: configurando un enemigo interno con argumentos parciales, 2015). Varios estudios han reconocido que estos conceptos no son intercambiables (o sea, no significan lo mismo), pero sí relativamente interdependientes (es decir, que interactúan entre sí, potenciándose) (Contraloría General de la República, 2013; Unidad de Restitución de ierras, 2014). Esta preocupación existe porque los impactos de estos tipos de minería son diversos y netamente negativos. Más allá de la preocupación, no obstante, ningún estudio que hayamos revisado explica lo que consideramos la pregunta más importante en este tema: ¿qué permite y estabiliza la ilegalidad en las actividades mineras?

Pese al vacío empírico, existe una visión hegemónica. El Ministerio de Minas y Energía, por ejemplo, ha teorizado una serie de actores institucionales que, según su percepción, causan serios impactos socioambientales y bajos niveles de productividad y gestión (ver abla 21). No obstante, la entidad entiende estas relaciones causales de orma incompleta o inversa, en particular rente a la evidencia existente para el departamento de Chocó. Por ello, hemos desvirtuado cada una de estas hipótesis y debemos posicionar una nueva orma de entender la ilegalidad minera. Tabla 21: Factores asociados a la informalidad en la minería en Colombia según el Ministerio de Minas y Energía

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Partiendo de la literatura internacional comparada, Kambani (2003) especula que las razones estructurales de la ilegalidad en la actividad minera son (1) la alta de acceso a derechos mineros, (2) marcos institucionales de apoyo débiles (en donde las instituciones responsables cuentan con poco personal o ondos precarios de inspección en terreno) y (3) la baja seguridad y los problemas de orden público en las locaciones de las minas. Abordemos entonces cada uno de estos actores para determinar su relevancia, incidencia y consecuencias en el Chocó.

Por falta de acceso a derechos mineros A primera vista, los derechos mineros en Colombia no existen; el único “derecho” que existe es el de la propiedad del Estado sobre el subsuelo y los recursos naturales (Art. 332, CP). El código de minas colombiano, construyendo sobre la anterior ficción jurídica, establece que, aunque no se transfiera el derecho de propiedad, la figura del contrato de concesión sí le permitirá a terceros la extracción de recursos minerales del subsuelo (Art. 15, Ley 685/11). Varios trabajos ya han abordado en detalle las exigencias constitucionales de este tipo de disposiciones (Vargas F. , 2014) o la incompatibilidad entre el código de minas e importantes preceptos ambientales (Fierro, 2013). Respecto de la permanencia de la ilegalidad minera, Echavarría (2014) ha explicado que, entre 1988 y 2010, los diversos procesos de legalización y ormalización de minería artesanal y de pequeña escala iniciados por el Estado no tuvieron mucho éxito en el número de minas legalizadas mediante concesiones, reservas especiales o contratos. Sin embargo, dichos procesos sí permitieron que las unidades siguieran operando y comercializando sus minerales, mientras estaban protegidas de acción penal, siempre y cuando demostraran que estaban esperando respuesta de la autoridad minera sobre sus solicitudes de legalización (Echavarria, 2014, pág. 51).


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Respecto los derechos de comunidades étnicas sobre los yacimientos de recursos mineros en sus territorios, las disposiciones más relevantes datan de 1988 (Decreto 2655 de 1988). El código de minas establece zonas mineras tanto para Indígenas (Art 122) como para Comunidades Negras (Art 131), en donde estas comunidades “tendrán prelación para que la autoridad minera les otorgue concesión sobre los yacimientos o depósitos mineros ubicados en una zona de comunidad” Negra (Art 133) o Indígena (Art 124). En virtud de las normas mencionadas, para finales de 2015 existían en Chocó once (11) zonas de minería de Comunidades Negras y una (1) zona minera Indígena legalmente registradas (ver abla 22).

Tabla 22: Zonas mineras de comunidades étnicas registradas a noviembre 11 de 2015

Fuente: Agencia Nacional de Minería

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Pese a que las disposiciones anteriores sugieren un reconocimiento especial para comunidades étnicas, el derecho de prelación esconde detrás de él una serie de eectos perversos. En palabras de la Mesa de Diálogo para Minería, aquellas comunidades que no cuenten con una zona minera legalizada y reglamentada enrenta consecuencias adversas, como: • Desconocimiento de solicitudes de legalización y contrato de concesión que se adelanten en el territorio colectivo por particulares. • Notificación sobre el trámite de solicitudes de legalización y contratos de concesión minera en el territorio, solicitadas por terceros. • No beneficiarse del derecho de prelación. En otras palabras, para poder explotar los minerales, las comunidades deben primero adquirir una zona minera. A partir de ahí, el derecho de prelación podrá ser invocado para que se autoricen la actividades de extracción a estas comunidades. Pero ¿qué sucede si la comunidad no desea explotar minerales y no legaliza y reglamenta una zona minera? Las autoridades mineras podrán otorgar sus territorios a particulares sin necesidad de inormarles. ¿Y si las comunidades ya han solicitado una zona minera pero aún no cuentan con una zona legalmente declarada? De igual orma, las autoridades mineras podrán otorgar sus territorios a particulares sin necesidad de inormarles. Como demuestran estas dos situaciones, las zonas mineras de comunidades étnicas y el derecho de prelación cumplen una unción doble: por un lado, estas figuras uerzan a las comunidades a adoptar zonas mineras para poder conocer qué intereses se tejen sobre sus territorios colectivos; por otro lado, ellas debilitan los derechos territoriales de las comunidades étnicas, al condicionar la permanencia en el territorio a la explotación mineral (pues sin subsuelo no puede vivirse sobre el suelo). Además de este andamiaje perverso, que los derechos a la explotación mineral estén mediados por el Estado convierte al tiempo de aprobación de las zonas mineras de comunidades étnicas en un actor explicativo de la ilegalidad en la extracción minera mecanizada y la persistencia de los neastos impactos socio-ambientales. Primero, el Estado puede escoger ser negligente en la titulación colectiva de territorios y así subordinar los derechos de comunidades étnicas a los intereses del capital (trans)nacional. El caso de Cocomopoca demostró que la gran demora en la titulación de su territorio ancestral debilitó su autoridad y acilitó la incursión de oráneos con maquinaria pesada (capital nacional), a lo largo de los río s Andágueda, Capá y Atrato. Segundo, al exigir que las comunidades étnicas tengan primero una Zona Minera de Comunidad Negra/Indígena antes de hacer exigible su derecho de prelación, el Estado puede escoger ser negligente en la aprobación de dichas zonas y titular, entre tanto, el subsuelo a privados o a empresas transnacionales (mediante contratos de concesión o AEM). El caso de Cocomacia, en el Medio Atrato, demostró que, mientras la comunidad tramitaba su ZMCN, 103 el Gobierno concesionó a privados el territorio, aprovechándose de su capacidad de decisión en el periodo entre la obtención del título colectivo y la obtención de la ZMCN. Si estudiáramos todos los casos, tal vez encontraríamos que este abuso (basado en el diseño de las normas) se replica en cada uno.

Con la expresión “tramitar” debe entenderse no solo el periodo en el que la solicitud se encuentra en revisión por la institucionalidad, sino el proceso de concertación y deliberación entre las comunidades que conorma un consejo comunitario o un cabildo indígena. En otras palabras, el andamiaje de derechos mineros para comunidades étnicas está diseñado para beneficiar el poder del nivel central para apropiarse de los territorios, aprovechándose de los sistemas horizontales y deliberativos que las comunidades étnicas han construido a lo largo de décadas de organización social y política. 103


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A pesar de que la figura de las zonas mineras para comunidades étnicas existe desde 1988, las doce zonas que existen en la actualidad se legalizaron en cuatro años particulares: la de los Embera Katío en 1996, cuatro de la región San Juan en 2006, cinco del San Juan y Río Quito en 2008 y dos de la región de medio y alto Atrato en 2014. Así las cosas, si la alta de derechos mineros es un actor estructural en la ilegalidad minera, el caso del Chocó demuestra que aunque existen las figuras para permitir la explotación mineral, éstas no se han habilitado de orma expedita, dejando a las comunidades desprotegidas procesalmente para la protección de sus derechos territoriales. Peor aún, los obstáculos persisten, pero siempre obstaculizando la autonomía territorial y en avor del nivel central del Gobierno y su agenda extractivista. En 2013, el Ministerio de Minas y el IIAP (2013) sentenciaron lo siguiente: De las nueve (9) Zonas Mineras de Comunidades Negras declaradas en el departamento del Chocó, siete (7) de ellas se encuentran dentro de la Reserva Forestal del Pacífico, lo cual puede representar una barrera rente a los procesos de titulación minera en estos territorios colectivos, teniendo en cuenta que la actividad minera, considerada de utilidad pública por expresa disposición de la ley, requiere para su ejercicio la sustracción de áreas de la reserva orestal, y para este eecto, el concesionario minero deberá presentar los estudios que demuestren la adecuada coexistencia de las actividades mineras con los objetivos del área orestal, lo cual, rente a los niveles de apropiación de recursos y trámites inherentes, los pequeños mineros no disponen de la capacidad técnica para abordar el trámite de sustracción, lo cual, asimilan como un gran escollo y desestiman el valor de la dimensión ambiental considerada en la figura de la Reserva Forestal del Pacifico. En particular, este apartado se reería a que dos Zonas Mineras se encuentran completamente dentro de la Reserva Forestal del Pacífico (La de Cocomacoiro y la de Asocasan), mientras que otras dos parcialmente (Cocomaupa con un 51% y Cocoman con el 40%) y el resto con menores pero significativos porcentajes. Es así como, la ventaja del Estado en el diseño de la normatividad transfiere discusiones sobre derechos mineros a debates relacionados con la preservación orestal, obviando que las áreas concesionadas, solicitadas o demarcadas para dar paso a la minería transnacional, ni siquiera respetan dichas zonas de preservación. Como si uera poco, la actual política de ormalización minera sirve de “zona de amortiguación” para avanzar la expropiación de territorios para entregarla a empresas transnacionales, esta vez bajo el discurso del compromiso con el minero tradicional. El ejemplo más icónico es el Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018 (Ley 1753/15), pues incluye disposiciones que apuntan en esta dirección. El artículo 19, en particular, establece que los mineros que exploten minerales sobre áreas ya tituladas podrán solicitar autorización de los titulares para seguir haciéndolo por (4) cuatro años y tramitar ellos

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mismos las licencias ambientales. En términos prácticos, la órmula planteada para la ormalización de mineros pequeños y medianos es la legitimación de los títulos que privados o empresas mineras (de gran escala) ya poseen (ver abla 23). Una situación que, si bien puede sonar razonable en otros contextos, es absolutamente inadecuada e inconstitucional para departamentos como el Chocó, donde el territorio ha sido legítimamente titulado a comunidades étnicas 104 y donde la apropiación del suelo y el subsuelo por intereses oráneos ha violentado los derechos territoriales de Aros e Indígenas.

Tabla 23: Artículo 19 del PND 2015-2018, “Mecanismos para el trabajo bajo el ampara de un título en la pequeña minería.”

Entiéndase por devolución de áreas para la formalización minera, aquella realizada por el beneficiario de un título minero como resultado de un proceso de mediación efectuado por el Ministerio de Minas y Energía o la autoridad minera competente, o por decisión directa de este, con el fin de contribuir a la formalización de los pequeños mineros que hayan llevado a cabo su explotación den dicha área o la reubicación de aquellos que se encuentran en un área distinta a la zona devuelta, y que la requieran debido a las restricciones ambientales o sociales que se presentan en el lugar donde están ejerciendo sus labores.

E incluso en los lugares donde no ha sido titulado, las actividades mineras de gran escala pueden socavar las dinámicas eco-sistémicas que permiten que las comunidades vivan en el territorio. 104


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En esta nueva lógica de la ormalización minera, el Ministerio de Minas y Energía no parece haber pensado en la crisis socio-ambiental que aecta al Chocó. Es por ello que los distintos procesos organizativos del departamento exigen una política pública minera con enfoque diferencial . En donde la ruta ordinaria (la titulación, el licenciamiento y la explotación) priorice las dinámicas culturales y ambientales y no las capacidades económicas de quien desee realizar la explotación. El pos-acuerdo es un escenario propicio para desarrollar este tipo de políticas dierenciales, pero no podrán concretarse cambios sustanciales hasta tanto el Gobierno, el Congreso y/o los jueces constitucionales determinen unívocamente que el subsuelo chocoano es para el disrute del territorio por parte de las comunidades étnicas y no para el extractivismo minero transnacional.

Porque los marcos “institucionales de apoyo” son débiles Un marco institucional de apoyo débil es aquel en el que las instituciones responsables de la regulación minera y ambiental se encuentran sub-dotadas. Es decir, que dichas instituciones cuentan con poco personal o ondos precarios de inspección en terreno. Si el marco institucional es débil, la probabilidad de que la minería se realice de orma ilegal es mayor. Este es tal vez uno de los actores estructurales más claros para el caso del Chocó. Aunque desde 2013 se ha robustecido el papel de las entidades nacionales mineras y ambientales (Ministerio de Minas, ANM y Ministerio de Ambiente) en el departamento, en gran parte a raíz del paro minero de julio ese mismo año 105 (Semana, 2013), la presencia institucional en el Chocó siempre ha sido precaria. La inormación presupuestal señala que los recursos asignados al sector ambiente y sector minero para el departamento de Chocó son mínimos. Por un lado, la ejecución presupuestal de los proyectos de inversión en Chocó para el sector de Minas ha oscilado alrededor de los seis mil millones de pesos en los últimos años, mientras que el sector de ambiente y desarrollo sostenible no alcanza una sexta parte de ese monto (Gráfica 13). Por otro lado, aunque ninguno de los sectores analizados en el Chocó alcanza a representar el 1% del Presupuesto General de la Nación (PGN), el porcentaje en el sector de minas ue en promedio diez veces mayor al de ambiente en los últimos tres años (Gráfica 14). Sin poder pronunciarnos sobre las causas o eectos netos de estas asimetrías presupuestales, estas brechas sugieren que las prioridades estatales no se encuentran en el Chocó y que, los recursos que se disponibilizan, en realidad le apuestan a la minería y su omento y dejan en último plano la preservación y planificación ambiental.

“¿Por qué razones paran los mineros?,” Semana, julio 18 de 2013. http://bit.ly/1ptsHGO

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Gráfica 13: Ejecución presupuestal de los proyectos de inversión (PGN) en Chocó

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Departamento Nacional de Planeación

Gráfica 14: Participación del Chocó en el Presupuesto General de la Nación (PGN) por sector

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Departamento Nacional de Planeación


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Ante este panorama, en el que la autorización de gastos (como parte del PGN) para el sector ambiente es comparativamente inerior, no es de extrañar que la actuación de Codechocó parezca insuficiente ante la crisis socio-ambiental causada por la minería mecanizada. De una y otra orma, los hallazgos de la Contraloría General de la República (CGR), en términos de fiscalización de Codechocó, apuntan a que los esuerzos y los recursos de la entidad no son suficientes para los desaíos que aronta el departamento en temas mineros. Para ser más precisos, la CGR ha señalado lo siguiente: • En 2009, los recursos invertidos (161 de 200 millones financiados por la nación) no produjeron el esperado plan piloto minero ambiental de la minería auríera para los municipios de Cantón de San Pablo y Unión Panamericana; • En 2011, las deficiencias en las apreciaciones técnicas de la entidad la llevaron a cobrar tasas retributivas por debajo de los montos correspondientes a las cargas contaminantes de los entables mineros que realizan vertimientos a las cuencas hídricas, generando un posible daño patrimonial al Estado por $291.3 millones; • En 2012, las visitas de control a los entables mineros que realizaban explotaciones mineras sin los permisos ambientales ueron insuficientes rente al elevado volumen de la actividad minera desarrollada en el departamento del Chocó y su degradación ambiental correspondiente; • En 2013, las debilidades en el control y seguimiento ambiental ejercido por Codechocó generaron contaminación en el río Atrato por la firma MINEROS S.A. en el municipio del Carmen de Atrato por alta de tratamiento de las descargas. Dichas deficiencias generaron contaminación de la uente hídrica y aectación a la salud pública en la zona. De esta orma, los hallazgos durante las auditorías de la CGR apuntan a las deficiencias institucionales de la autoridad autónoma del departamento encargada de la regulación de las actividades de aprovechamiento de recursos naturales y la ordenación ambiental del territorio. Las conclusiones de estos inormes del órgano de control normalmente exigen acciones disciplinarias contra los uncionarios. No obstante, será preciso preguntarse ¿hasta qué punto la debilidad de los marcos institucionales de apoyo (en donde las instituciones responsables de controlar los impactos ambientales de la minería como Codechocó cuentan con poco personal o ondos precarios de inspección en terreno 107) permiten que los impactos de la minería mecanizada ilegal y legal persistan? El allo de la Corte Constitucional en la sentencia C-035 de 2016 (relativo a la cuestionada acultad de la ANLA para tramitar permisos y licencias ambientales de proyectos nacionales de interés estratégico (PINES) de orma exclusiva –artículo 51 del PND 2015-2018), nos conduce hacía un escenario complejo que puede mejorar, o no, las capacidades técnicas de Codechocó. En dicha sentencia, la Corte señala que “al Legislador le está vedado trasladar una competencia a un órgano de carácter nacional, a menos que esté plenamente justificado por la necesidad de prevenir impactos ambientales a una escala que

la corporación autónoma regional encargada de propender por el desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente en el Chocó. Codechocó, “Objetivos,” http://www.codechoco.gov.co/index.php/entidad/objetivo-y-unciones 107 Según la inormación que el Departamento Nacional de Planeación entregó a la Corte Constitucional, en el marco de la acción de tutela que busca deender derechos undamentales vulnerados por la contaminación del río Atrato, la apropiación de recursos de la Nación por parte de Codechocó para 2015 no contempló ningún proyecto relacionado con minería. De los 3.466.934.976 millones de pesos apropiados en 2015, los proyectos se enocaron en financiar: (a) el ondo de compensación ambiental en el tema de las plantaciones orestales, (b) las unidades orestales costeras de Bahía Solano, (c) la gobernanza orestal, etc. 106

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desborde las capacidad de las CAR.” 108 Este análisis constitucional puede acogerse como la necesidad de que Codechocó prontamente cuente con las capacidades técnicas para atender los impactos ambientales en su jurisdicción (no solo la crisis socio-ambiental de minería mecanizada, sino también la capacidad de administración de proyectos de alta envergadura como la explotación mineral por empresas en las AEM). Esta ruta ortalecería el apoyo institucional de regulación de la minería ilegal, contribuiría a su control y eliminación y además prepararía al departamento para los uturos planes del nivel central. El conflicto de intereses del Gobierno nacional, no obstante, es un obstáculo inmenso para que esta esperanza se materialice. La anterior cita textual de la Corte también puede acogerse como la dispo sición jurisprudencial que legitima a la ANLA para tomar competencia sobre todos los mega-proyectos uturos del Chocó. De ser así, y habiendo analizado el amplio catálogo de titulaciones y demarcaciones de AEM, el nivel central tiene una buena razón para contribuir a que los marcos de apoyo continúen siendo débiles, indirectamente aportando a la persistencia de la minería ilegal. Es por este tipo de razones que, como decíamos en la sección inicial, los problemas de la crisis socio-ambiental en el Chocó no se resolverán con más minería.

Por condiciones de baja seguridad y problemas de orden público Es claro que las condiciones de orden público determinan la posibilidad de las instituciones del Estado para acceder a las zonas de extracción minera mecanizada. Sin embargo, a pesar de que en el Chocó hagan presencia distintos actores armados ilegales, el MinMinas y el IIAP (2013) identificaron que tan solo tres (3) de los diecinueve (19) Consejos Comunitarios Mayores en donde se realiza minería mecanizada y/o semi-mecanizada presentan “condiciones críticas de seguridad” (Ver abla 24). En otros once (11), las instituciones documentaron que “la comunidad, la uerza pública y las organizaciones mineras garantizan el acceso a las zonas bajo condiciones de seguridad,” mientras que en las cinco (5) restantes la “seguridad y movilidad [está] garantizada con bajo riesgo.” Con base en este diagnóstico, es posible concluir que, en mayor o menor medida y dependiendo de la región en concreto, las condiciones de orden público no son un actor determinante en la alta de acceso de las instituciones a las locaciones de los entables mineros.

Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-035, octubre 8 de 2016, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado, pág. 100. http://bit.ly/1EDACo 108

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Tabla 24: Caracterización institucional de los consejos comunitarios mayores en cuyos territorios se realizan los distintos tipos de minería analizados en este informe

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Fuente: (MinMinas & IIAP, 2013)


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Y, pese a las condiciones anteriores de seguridad, en donde las organizaciones étnico-territoriales colaboran con el Gobierno para avanzar en los procesos de ormalización minera, el Gobierno nacional insiste en “declararle la guerra a la minería criminal,” 109 sin distinguir claramente entre la minería inormal/ilegal mecanizada y la minería criminal (Pardo, Minería criminal: configurando un enemigo interno con argumentos parciales, 2015). Como señala Echavarría (2014, pág. 59), al recoger el análisis de diversos intelectuales nacionales: en su aán por atraer inversión extranjera directa mediante la proyección de una imagen de seguridad y prosperidad, las iniciativas de legalización (especialmente después de 2010) han ignorado las lecciones y los avances logrados en algunas regiones específicas, enocándose en cambio, en la criminalización de los mineros inormales. Una miopía administrativa que permanece hasta la actualidad. En su estrategia, el Gobierno Nacional inormó a mediados de 2015 que “presentará al Congreso de la República un proyecto de ley y expedirá un decreto que brindarán herramientas legales para perseguir la minería criminal en todos los eslabones de la cadena delictiva: exploración, extracción, beneficio, almacenamiento, transormación, transporte y comercialización.”110 Sin embargo, como señala Pardo (2015), detrás de la explotación auríera mecanizada asociada con grupos armados ilegales se esconden intereses poderosos de inversionistas nacionales y extranjeros que cuentan con registros de trabajo (RU) y de exportación que legitiman su participación en un mercado donde se lavan activos. En 2015, la organización Ojo Público destacó que un gran porcentaje de la producción auríera colombiana se envía a los socios del London Bullion Market, el gremio que fija el precio del oro internacional y que concentra a los mayores comerciantes de metal en el mundo. Además, identificó que: Los reportes aduaneros de Colombia, desconocidos hasta ahora, indican que las exportadoras de este país enviaron al exterior más de 310 toneladas de oro entre el 2010 y el 2014: el 40% ue recibido por Republic Metals Corporation y más del 20% por Metalor. Además se estableció que Goldex –cuyo dueño, Jhon Hernández Santa, cayó detenido este año por lavado de activos y por financiar al terrorismo– ue uno de los mayores proveedores de dichas corporaciones.111 Pese a las claves que puedan existir sobre los intereses transnacionales en el lavado de activos asociado a la extracción mecanizada en Colombia, particularmente en Chocó, los proyectos de ley que cursan en el Congreso no se refieren directamente a este tipo de actores (ver Tabla 25) .

“Quiero anunciarle al país entero que hoy le estamos declarando la guerra y colocando como objetivo prioritario de alto valor a la minería criminal. Esta minería criminal es un negocio que se calcula puede estar por el orden de los siete o más billones de pesos. O sea que es un negocio que mueve más plata que el propio narcotráfico,” indicó Juan Manuel Santos Calderón. Presidencia de la República, “Gobierno le declara la guerra a la minería criminal,” Puerto Asís, Putumayo, julio 30 de 2015. http://bit.ly/1JC2vgm 110 Presidencia de la República, “Gobierno le declara la guerra a la minería criminal,” Puerto Asís, Putumayo, julio 30 de 2015. http://bit. ly/1JC2vgm 111 Óscar Castilla, Nelly Luna Amancio y Fabiola orres López, “Oro sucio: la pista detrás del London Bullion Market,” junio 9 de 2015. http://bit.ly/1JFIWGx 109

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Tabla 25: Indicadores de eficacia de la Presidencia vs. Proyectos de Ley en curso relativos a la lucha contra la minería ilegal (2013-2015)

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Fuente: Presidencia de la República y Secretarias del Senada y la Cámara de Representantes

Ministro de Deensa Juan Carlos Pinzón, “Por medio de la cu al se modifican el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal, la Ley del Procedimiento Sancionatorio Ambiental, el Código Nacional de ránsito y el Código de Inancia y Adolescencia, con el fin de ortalecer las medidas contra la criminalidad y la financiación del terrorismo, y se dictan otras disposiciones. [Criminalidad y terrorismo],” radicado septiembre 11 de 2013. Estado a ebrero 10 de 2015: archivado por tránsito en la legisl atura (junio 19 de 2015). Borrador disponible en: http://bit.ly/1SCL7B 113 Senador Andrés García Zuccardi y Representante a la Cámara Eduardo Díaz Granados, “Por medio de la cua l se reglamenta la destinación de la maquinaria pesada incautada en actividades ilícitas, se crea el ondo nacional de maquinaria pesada y se dictan otras disposiciones,” presentado septiembre 8 de 2015. Estado a ebrero 10 de 2015: pendiente rendir ponencia para primer debate en senado. Borrador disponible en: http://bit.ly/1V40wrG 112


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Además, aunque el Decreto 0276 de 2015 del Ministerio de Minas y Energía exija a los comercializadores de minerales “contar con el correspondiente Certificado de Origen de los minerales que transorme, distribuya, intermedie, comercialice, beneficie y consuma,” 114 la exportación auríera superó las 17 toneladas en 2015 (ver abla 18), en contraste con la lentitud del proceso de ormalización minera en Chocó y Antioquia (los departamentos con mayor extracción). Cabe preguntarse, ¿es eficaz que el enoque de “la guerra contra la minería criminal” esté en la persecución policial a los entables mineros si el negocio de la exportación del oro permanece incólume? Los procesos adelantados en la Fiscalía General de la Nación son una orma de verificar cuál ha sido, en realidad, la iniciativa de las instituciones del Estado para abordar los intereses políticos y económicos de alto nivel detrás de la extracción mecanizada de oro en Chocó. 115 Para noviembre de 2015, se adelantaban cincuenta (50) casos por actividades de minería ilegal en Chocó, todos ellos asumidos por fiscales adscritos al Eje emático de Protección de los Recursos Naturales y el Medio Ambiente. De estos, se habían proerido treinta y un (31) decisiones de ondo, en donde la mayoría se encontraban en etapas de “ormulación de la imputación” y “escrito de acusación” (ver abla 26). Sin conocer las investigaciones, salta a la vista que la responsabilidad penal por minería ilegal parece entenderse única y exclusivamente como aectaciones a ecosistemas. Y los procesos penales y civiles contra los eslabones más uertes de la extracción y comercialización del oro, ¿dónde están?

Tabla 26: Decisiones de la Fiscalía sobre minería ilegal en Chocó (2014-2015)116

Duncan (2013) ha sugerido que el Gobierno nacional se equivoca al asumir una posición orientada a criminalizar la minería ilegal, siendo que el racaso de ese tipo de enoques se ha hecho evidente en la allida política antidrogas. Como lo describe este investigador: “Quiero anunciarle al país entero que hoy le estamos declarando la guerra y colocando como objetivo prioritario de alto valor a la minería criminal. Esta minería criminal es un negocio que se calcula puede estar por el orden de los siete o más billones de pesos. O sea que es un negocio que mueve más plata que el propio narcotráfico,” indicó Juan Manuel Santos Calderón. Presidencia de la República, “Gobierno le declara la guerra a la minería criminal,” Puerto Asís, Putumayo, julio 30 de 2015. http://bit.ly/1JC2vgm 115 Presidencia de la República, “Gobierno le declara la guerra a la minería criminal,” Puerto Asís, Putumayo, julio 30 de 2015. http://bit. ly/1JC2vgm 116 Óscar Castilla, Nelly Luna Amancio y Fabiola orres López, “Oro sucio: la pista detrás del London Bullion Market,” junio 9 de 2015. http://bit.ly/1JFIWGx 114

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La criminalización de la minería del oro significa entregarles una base social a los grupos armados al margen de la ley equivalente en número a la población cocalera. Es casi como multiplicar por dos la población por uera del control del Estado y multiplicar el riesgo de la violencia homicida ahora que los precios internacionales y la producción experimentan una bonanza inusitada. Añade, además, que el gobierno deslegitima al Estado al tomar partido por las compañías transnacionales por ser estas quienes pueden cumplir con los requerimientos técnicos y de capital necesarios para la explotación auríera a gran escala. No obstante, la vía del avorecimiento gubernamental a la explotación mineral por grandes empresas no sucede exclusivamente en el apoyo explícito a este sector117 o la creación de mecanismos de subasta como las Áreas Estratégicas Mineras (ver Demarcación de Áreas Estratégicas Mineras), también se manifiesta en las estrategias de ormalización de minería inormal/ilegal. Como lo destacó Juan Manuel Santos en su presentación de la “guerra contra la minería criminal,” “la política contempla el ortalecimiento de alianzas entre las comunidades mineras y el sector privado. Con esto se busca abrir la posibilidad a los mineros no regularizados la posibilidad de trabajar bajo el amparo de un título minero.” 118 Incluso se presenta en los incentivos que se conciben para la eliminación del uso intencional del mercurio en minería de pequeña escala. Retomando lo dicho en el estado del arte, el caso de Colombia (y su tratamiento de la minería inormal/ ilegal en Chocó) también sugiere que los esuerzos por legalizar la minería artesanal y de pequeña escala del Gobierno Nacional “buscan organizar y ubicar las actividades de hecho para eventualmente garantizar la disponibilidad adecuada de los recursos de la tierra para la explotación mineral de compañías extranjeras” (Hilson & Andrew, 2003). En el recorrido anterior se ha evidenciado cómo los actores estructurales de la ilegalidad minera (Kambani, 2003) han mutado o permanecen iguales, pero todas conducen a la eventual apropiación del subsuelo por parte del capital transnacional. Por un lado, el Código de Minas, las autoridades mineras y el Plan Nacional de Desarrollo están transormando “la alta de acceso a derechos mineros” en derechos especiales que incentivan el asocio de comunidades a empresas mineras establecidas. Por otro lado, los marcos institucionales de apoyo permanecen débiles y seguirán siéndolo en el 2016, con los recursos asignados al sector de Minas superando en un actor de 100 aquellos asignados al sector ambiente. Un actor que posiblemente cambie en el uturo cercano será la “baja seguridad y los problemas de orden público en las locaciones de las minas” debido a los acuerdos del fin del conflicto que se negocian en la Habana, pero es incierto cómo el periodo inmediato de pos-acuerdo impactará el enómeno de la minería. 119

Presidencia de la República, “Palabras del Presidente Juan Manuel Santos en el Primer Congreso Anual de Minería a Gran Escala,” Cartagena, Bolívar, ebrero 23 de 2013. http://bit.ly/1Q81vCI 118 Presidencia de la República, “Gobierno le declara la guerra a la minería criminal,” Puerto Asís, Putumayo, julio 30 de 2015. http://bit. ly/1JC2vgm; Vea, además, Andrés Bermúdez, “Las multinacionales, a montar a los pequeños mineros en la locomotora,” La Silla Vacía, diciembre 19 de 2012. 119 Las acciones del ELN tienden a incrementarse de no acordarse un cese bilateral de hostilidades en el emergente proceso de negociación y es incierta la orma como reaccionarán los grupos paramilitares pos-desmovilización en el Chocó a la firma de los acuerdos de la Habana. “Gobierno y el ELN: ¿para dónde va la negociación?,” Semana, ebrero 9 de 2016. http://bit.ly/1QqWKVj 117

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Imagen: Steve Cagan

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El Chocó en el pos-acuerdo: ¿tan solo una zona de concentración de guerrillas desmovilizadas? Desde que el Gobierno de la República de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia—Ejército del Pueblo (FARC-EP) firmaron el 26 de agosto de 2012 el Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, la Mesa de Negociaciones de la Habana ha tenido avances significativos. anto así que, en septiembre de 2015, el Presidente de Colombia Juan Manuel Santos Calderón fijó el 23 de marzo de 2016 como la echa límite para la firma del acuerdo definitivo entre las partes. 121 Como un paso integral para alcanzar este objetivo, las partes de la mesa de negociación enviaron a las Naciones Unidas un comunicado conjunto el 19 de enero de 2016122 en el que solicitaron el apoyo de este importante organismo al proceso de desarme, desmovilización y reintegración (DDR). En respuesta, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas decidió el 25 de enero de 2016: Establecer una misión política (de observadores internacionales no-armados) para participar durante un año como coordinador internacional de un mecanismo tripartito de monitoreo y verificación del acuerdo sobre el cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo y la dejación de las armas. Esta misión será liderada por un representante especial del Secretario

General de la ONU. 123 Ante este significativo apoyo político de la organización internacional más grande del mundo, Humberto de la Calle, plenipotenciario y jee del equipo negociador del Gobierno nacional en los diálogos con las FARC, inormó que la ONU tendrá la última palabra sobre zonas de concentración de esta guerrilla: Es una misión política sin armas y sin cascos azules, con un costo elevado que será asumido por las mismas Naciones Unidas (…) las potencialidades y capacidades concretas de Naciones Unidas en el terreno dictarán la última palabra en términos de sitios donde se ubique la guerrilla, dejación de armas que se hará ante ese componente internacional.124

Y, de orma paralela, el Gobierno Nacional y su bancada en el Congreso acordaron buscar desde el 16 de ebrero de 2016 la aprobación de una reforma a la Ley 418 de Orden Público 125 con el fin de “facilitar

Para ver las propuestas y los comentarios ciudadanos, los comunicados conjuntos y los borradores de los acuerdos, visite: https://www. mesadeconversaciones.com.co/ 121 “El 23 de marzo del 2016 se firmará el fin del conflicto,” Semana, septiembre 23 de 2015. http://bit.ly/1NUINCZ 122 Mesa de Conversaciones, “COMUNICADO CONJUNO # 65 LA HABANA, 19 DE ENERO DE 2016,” disponible en http://bit.ly/1ooJcL 123 Resolución del Consejo de Seguridad 2261/16, Adoptada por el Consejo de Seguridad en su reunión número 7609, S/Res/2261 (26 Enero 2016), disponible en http://bit.ly/1XdZQS6 124 “ONU decidirá sobre zonas de concentración de Farc: De la Calle,” El Espectador, enero 25 de 2016. http://www.elespectador.com/noticias/paz/onu-decidira-sobre-zonas-de-concentracion-de-arc-de-ca-articulo-612615 125 Colombia, Congreso de la República. Ley 418 de 1997, “Por la cual se consagran unos instrumentos para la búsqueda de la convivencia, la eficacia de la justicia y se dictan otras disposiciones.” En Diario Oficial 43201. 120


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los procesos de concentración de las Farc en los sitios que se negocien y la dejación de las armas.” 126 En

otras palabras, las transormaciones políticas y jurídicas están en marcha para que se definan y adecuen zonas de DDR de los guerrilleros en el territorio nacional. Una de las zonas mencionadas de orma anticipada ha sido el Chocó. Según inormación de la prensa nacional, Jhoanys Carlos Palacios, gobernador del departamento, durante la asamblea de mandatarios en Bogotá celebrada en enero de 2016, aseguró estar dispuesto a discutir con las comunidades del departamento la posibilidad de albergar zonas de concentración de desmovilizados de las FARC: Nosotros estamos dispuestos a apoyar el proceso de paz. Vamos a trabajar por la paz del Chocó y por la paz del Pacífico. Frente a que Chocó se convierta en una zona de concentración, tendremos que analizar el tema para ver cómo será la realidad del departamento. Hoy tenemos claro que más del 80% de los chocoanos han sido víctimas del conflicto armado y debemos resarcirlos.127 No obstante, ya que la selección de las zonas de concertación estarán a cargo del Consejo de Seguridad de la ONU, es poco probable que, de declararse zonas en el Chocó, dicha selección atraviese un proceso de consulta previa con las comunidades étnicas del departamento y las organizaciones étnico-territoriales. Aun así, algunas organizaciones de comunidades indígenas ya se han pronunciado en contra de dichas zonas de concentración.128 Ante la irracional ausencia de consulta previa para declarar el Chocó como receptor de las zonas de concentración guerrillera, ¿qué decir sobre la hipotética “Paz erritorial”?129

Reexiones del Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano (CONPA) El 5 de octubre de 2015, centenares de arocolombianos, negros, palenqueros y raizales se movilizaron a la ciudad de Bogotá para exigir sus visiones y propuestas sean articuladas a los procesos de negociación en la Habana, tanto para terminar el conflicto armado como para la construcción de la paz en el pos-acuerdo. En medio de ponencias de distintos líderes comunitarios, dirigentes políticos electos y representantes de la sociedad civil nacional e internacional, los asistentes expresaron su preocupación por la flagrante exclusión de sus comunidades en la mesa de negociaciones. En particular, los asistentes provenientes del Chocó no concebían cómo, a pesar de haber sido víctimas de los mayores índices de violaciones a los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario en Colombia, las comunidades de este departamento no contaban con una delegación en la mesa o habían sido consultadas sobre los distintos acuerdos.

“Congreso, a iniciar discusión de ley para permitir zonas de concentración de las Farc,” El Espectador, enero 25 de 2016. http://bit.ly/1nHdIrm 127 “En Casanare y Chocó estarían primeras zonas de concentración de las Farc,” El Espectador, enero 28 de 2016. http://bit.ly/1K23KV 128 Autoridad Nacional de Gobierno Indígena—ONIC, “Los Pueblos Indígenas no aceptamos la implementación de los sitios de concentración en nuestros territorios,” Silvania, ebrero 2 de 2016. http://bit.ly/20Ot7bo 129 Según la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, la “Paz erritorial” es la implementación de los acuerdos de la Habana a través de un proceso de construcción conjunta desde los territorios que implica (1) un ajuste a las instituciones nacionales y locales vigentes, tantos a las estructuras como a los mecanismos e instrumentos, para que respondan a las particularidades de las regiones y (2) la generación de capacidades para la participación en las comunidades y organizaciones para que los ciudadanos se movilicen como actores relevantes ante los desaíos que conlleva la construcción de la paz en cada territorio. Oficina del Alto Comisionado para la Paz, Entérese del Proceso de Paz, ercera Edición, páginas 13-14. 126

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ierra Digna tuvo la oportunidad de participar en el evento del CONPA, por lo que resaltaremos algunos elementos relacionados con la minería en el Chocó. Primero, a partir de la presentación de Diego Pérez sobre “Las implicaciones de los acuerdos de la Habana para los arocolombianos (y las comunidades negras),” consideramos tres perspectivas dierenciales aro para evidenciar riesgos y oportunidades para la “Paz erritorial” en el pos-acuerdo (ver abla 27). En seguida, abordamos el Acuerdo de la Habana sobre la Reorma Rural Integral, en tanto los usos de la tierra se relacionan directamente con la minería y las vulneraciones de derechos analizadas en este inorme (ver abla 28). En este análisis resaltaremos las particularidades del Chocó rente a puntos del acuerdo relevantes,130 resumiremos los hallazgos sobre MAAPE y minería mecanizada por cada uno y resaltaremos cuáles son los riesgos y las oportunidades que se presentan en cada una de estas correspondencias.

Los riesgos y oportunidades en el Acuerdo de Reforma Rural Integral Tabla 27: Riesgos y oportunidades en el pos-acuerdo para el enfoque diferencial Afro

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Del total de los puntos del Acuerdo de Reorma Rural Integral, escogimos aquellos que tuviesen una relación directa con las problemáticas expuestas en cada una de las regiones del Chocó analizadas en la investigación. El punto 3.2.2, sobre temas de vivienda y acceso a agua potable, se omitió porque las particularidades del Chocó y el análisis correspondiente ya se había abordado en el punto 2.4. relativas a las necesidades urgentes de los PDE. 131 “La Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, al silenciar a la gente negra, terminó por revictimizarla.” Jaime Arocha, “‘Sin coincidencias’, apareció en pantalla,” El Espectador, ebrero 16 de 2015. http://www.elespectador.com/opinion/sin-coincidencias-aparecio-pantalla-columna-544451 130

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Juan Lewin, “La Corte mueve el eje de la política minera de Casa de Nariño a los municipios,” La Silla Vacía, ebrero 8 de 2016; “Corte Constitucional prohíbe la minería en páramos del país,” El Espectador, ebrero 8 de 2016. 132

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Tabla 28: Riesgos y oportunidades en la implementación del acuerdo de Reforma Rural Integral, en particular frente a la crisis socio-ambiental causada por la minería mecanizada en el Chocó

Texto del Acuerdo Reforma Rural Integral / Particularidades del Chocó 1. Acceso y Uso. Tierras improductivas. Formalización de la propiedad. Frontera agrícola y protección de zonas de reserva.

1.8. b. El Gobierno Nacional creará una instancia de alto nivel que se encargará de la formulación de lineamientos generales de uso de la tierra, atendiendo a las características de su vocación, el bien común y las visiones territoriales de desarrollo rural construidos en las instancias de partici pación.

Acuerdos de cara a la MAAPE y la minería mecanizada Riesgos y oportunidades en la implementación del acuerdo

Algunos Consejos Comunitarios Mayores de Comunidades Negras han definido la MAAPE como una actividad tradicional a fortalecer, mientras que otros han rechazado explícitamente la minería a gran escala en sus territorios. Estas elecciones no son mutuamente excluyentes. Oportunidad:

Chocó: La gran mayoría del suelo chocoano tiene vocación “forestal de protección-producción” entre el Río Atrato y el Litoral Pacífico y el suroriente del departamento. Le sigue la vocación “agrícola” sobre las cuencas del Río Atrato y San Juan y la vocación “ganadera” en Riosucio y Belén de Bajirá (UPRA, 2014).

1.10.1. El Gobierno Nacional desarrollará en un plazo no mayor a 2 años un plan de zonificación ambiental que delimite la frontera agrícola y que permita actualizar y de ser necesarios ampliar el inventario, y caracterizar el uso de las áreas que deben tener un manejo ambiental especial, tales como: zonas de reserva forestal, zonas de alta biodiversidad, ecosistemas frágiles y

La instancia de alto nivel podrá recoger los Planes de Etnodesarrollo para delimitar los usos de la tierra en el Chocó, generando estrategias para que las actividades de MAAPE no entren en conflicto con las vocaciones de los suelos chocoanos. Deberá definir en qué medida la minería a gran escala es compatible con esas mismas vocaciones.

Un gran porcentaje de las Zonas Mineras de Comunidades Negras declaradas en el Chocó se encuentran dentro de la Reserva Forestal del Pacífico. Esta superposición representa una barrera para la titulación minera en territorios colectivos, teniendo en cuenta que los

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LA MINERÍA EN CHOCÓ en clave de DERECHOS estratégicos, cuencas, páramos, humedales y demás fuentes y recursos hídricos, con miras a proteger la biodiversidad y el derechos progresivo al agua de la población, propiciando su uso racional. Chocó: La Reserva Forestal del Pacífico ocupa 11.236.199,14 hectáreas del territorio chocoano. Además, existen tres Parques Nacionales Naturales, tres Reservas Forestales Protectoras, dos Reservas Forestales Especiales, un Área de Manejo Especial, un Distrito Regional de Manejo Integrado y un Sitio Ramsar (MinMinas & IIAP, 2013, pp. 44-45).

1.10.3 El Gobierno Nacional apoyará a las comunidades rurales que actualmente colindan con, o están dentro de, las áreas 133 de especial interés en la estructuración de planes de su desarrollo, incluidos programas de reasentamiento o de recuperación comunitaria de bosques y medio ambiente, que sean compatibles y contribuyan con los objetivos de cierre de la frontera agrícola y conservación ambiental, tales como: prestación de servicios ambientales, dando especial reconocimiento y valoración a los intangibles culturales y espirituales y protegiendo el interés social; sistemas de producción alimentaria sostenible y silvopastorales; reforestación; Zonas de Reserva Campesina; y en general, otras formas de organización de la población rural y de la economía campesina sostenibles.

requisitos técnicos exigidos para la sustracción forestal son muy altos. Riesgo: El levantamiento de la Reserva Forestal del Pacífico para titulación minera indiscriminada. Oportunidad: Zonificación ambiental en función del mejoramiento de los procesos de MAAPE organizados por Consejos Comunitarios, pero que contemple los riesgos de sobreexplotación por minería mecanizada y restrinja todo tipo de minería a gran escala (por ser incompatible con ecosistemas frágiles y la alta presencia de biodiversidad). La deforestación constituye un mecanismo de degradación ambiental que vulnera los derechos de las Comunidades Negras (rurales) del Chocó a la vida, la integridad física, la alimentación adecuada, el equilibrio ecológico y el patrimonio cultural. La afectación a la caza y la pesca (actividades principales de subsistencia alimentaria) es de particular preocupación. Riesgo: Si no se atiende la crisis socio-ambiental generada por la minería mecanizada: • La expresión “prestación de servicios ambientales” en función del “cierre de la frontera agrícola” puede materializarse en acuerdos que restrinjan las posibilidades de subsistencia de las comunidades

Chocó: En 2014, el Chocó ocupó el quinto puesto en la lista de índices departamentales de Zonas identificadas por un Sistema General de Inormación Catastral, integral y multipropósito, en un plazo aún no definido (Punto 1.9.1. del mismo acuerdo). 133

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LA MINERÍA EN CHOCÓ en clave de DERECHOS deforestación en Colombia (IDEAM, 2015). Más de diez mil hectáreas han sido deforestadas, lo que constituye 7,38% del total nacional de deforestación en 2014. Con 7.798 especies biológicas registradas y los municipios más lluviosos de Colombia, el Chocó incrementará su temperatura en por lo menos 3ºC para finales de este siglo; para no ir tan lejos, en los próximos 25 años, la precipitación en el Chocó disminuirá 5,2% (IDEAM, PNUD, DNP, CANCILLERÍA, 2015, pág. 34).

rurales. • La cláusula “programas de reasentamiento” puede utilizarse para legalizar el desplazamiento de comunidades por la transformaciones territoriales causadas por la minería. Oportunidad: Los programa de “recuperación comunitaria de bosques y medio ambiente” podrán atender la crisis socio-ambiental causada por minería mecanizada en el Chocó.

2. Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET)

2.2. Se priorizarán las zonas más necesitadas y urgidas con PDET para implementar con mayor celeridad y recursos los planes nacionales. Los criterios de priorización de las zonas serán: • Los niveles de pobreza, en particular de pobreza extrema y de necesidades insatisfechas. • El grado de afectación derivado del conflicto • La debilidad de la institucionalidad administrativa y de la capacidad de gestión. • La presencia de cultivos de uso ilícito y de otras economías ilegítimas. Chocó: A junio de 2012, un tercio de los municipios del departamento de Chocó (10 de 30) sobrepasaban un NBI de 90%, incluyendo la capital, Quibdó. Asimismo, entre 1999 y 2012, en las regiones del Medio Atrato y San Juan, la tasa de desplazamientos forzados por cada 10 mil habitantes es

El Plan Único del Mercurio del Ministerio de Ambiente no priorizó los departamentos de Chocó y Antioquia a pesar del alto riesgo que los vertimientos y liberaciones de este metal líquido imponen a estas regiones. Hemos llamado la atención para que las autoridades esclarezcan la relación entre la inyección de recursos asociada con los cultivos de uso ilícito y la alta tasa de explotación minera mecanizada en la región del San Juan. Oportunidad: La priorización del Chocó como uno de los departamentos de Colombia con la mayor urgencia de un PDET. Riesgo: La disgregación de los criterios de priorización, de forma tal que se concentre en municipios y deje de lado las soluciones regionales, o que no contemple soluciones basadas en las lógicas eco-sistémicas (es decir, que recupere las cuencas de los Ríos

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LA MINERÍA EN CHOCÓ en clave de DERECHOS desproporcionadamente alta en la Región Pacífico Central (Consejería Presidencial, 2015, pp. 729-736) 2.4. La base de los PDET es la partici pación activa de las comunidades en conjunto con las autoridades de las entidades territoriales. Para ello se esta blecerán instancias de decisión en los distintos niveles territoriales, en las que se incluya la presencia representativa de las comunidades y el acompañamiento de los órganos de control, para: • Definir las prioridades de implementación de los planes nacionales (vías, riego, infraestructura, servicios, etc.) en el territorio, de acuerdo con las necesidades de la población; • Asegurar la participación comunitaria en la ejecución de las obras y su mantenimiento. • Establecer mecanismos de seguimiento y veeduría de los proyectos. Chocó: Los sistemas de abastecimiento de agua potable y saneamiento básico (adecuados y eficientes) son inexistentes en las comunidades que viven sobre la cuenca del río Atrato. No existen rellenos sanitarios, ni otros mecanismos de tratamiento de basuras. La mayoría de los residuos se disponen a cielo abierto o son arrojados a las fuentes hídricas aledañas. Tampoco existen plantas de tratamiento de agua ni de aguas residuales, a pesar de los cuantiosos recursos que han sido girados a los presupuestos de los municipios para dar 134 cumplimiento a estas obligaciones.

Quito, Andágueda, Atrato y San Juan).

Las transformaciones territoriales inducidas por minería informal/ilegal mecanizada en el Chocó han incrementado la dependencia de las comunidades en los servicios básicos y los proyectos productivos de subsistencia. Al no existir la oferta para suplir dichas necesidades, o encontrarse en precarias condiciones, la inacción estatal vulnera múltiples derechos humanos y fundamentales. Además, un factor decisivo en la presencia de corrupción administrativa local es la falta de involucramiento de las comunidades en la veeduría de los funcionarios públicos encargados de realizar seguimiento y vigilancia a las actividades de extracción minera mecanizada y a los proyectos de inversión en las comunidades. Oportunidad: Fuerte inversión estatal en infraestructura pública y proyectos de veeduría comunitaria a los PDET. Riesgos: Ineficiencia e ineficacia en los recursos asignados y los proyectos ejecutados por falta de asesoría técnica de las autoridades del nivel nacional. Negligencia en el diseño e implementación de estrategias comunitarias de veeduría a las administraciones locales.

Acción de tutela por violación de los artículos 1, 2, 7, 11, 13, 44, 49, 366 de la Constitución Política de Colombia, y la vulneración de los derechos undamentales a la vida, a la s alud, al agua, a la alimentación y al territorio. Pág. 13-14. 134

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3. Planes Nacionales para la Reforma Rural Integral

3.1.1. Con el propósito de lograr la integración regional y el acceso a los servicios sociales y a los mercados, incidir favorablemente sobre el precio de los alimentos como garantía de (seguridad alimentaria*) y mejorar el ingreso de la población campesina, el gobierno nacional creará e implementará un Plan Nacional de Vías Terciarias. En su desarrollo, el Plan tendrá en cuenta los siguientes criterios: a. La participación activa de las comunidades en la priorización, ejecución y seguimiento de las obras. b. La asistencia técnica y la promoción de las capacidades organizativas de las comunidades para garantizar el mantenimiento y la sostenibilidad de las obras. c. El estímulo a la economía local dando prioridad a la contratación de trabajadores y adquisición de materiales locales. d. La promoción y aplicación de diversas soluciones tecnológicas. e. La importancia de garantizar la sostenibilidad de las condiciones socio-ambientales. * Pendiente discusión 1.6. seguridad-soberanía alimentaria Chocó: Tan solo dos carreteras conectan al Chocó con el resto de Colombia, una por Antioquia y la otra por Risaralda. En 2015, el Gobierno Nacional asignó recursos para el

La llegada de foráneos al Chocó con el capital suficiente para invertir en maquinaria pesada para la extracción auro-platinífera coincide con la terminación de la obra de interconexión vial Pereira-Ánimas-Quibdó-Istmina. Se señalaron, además, las múltiples vulnerabilidades de las comunidades rurales para oponerse efectivamente a este tipo de extracción en sus territorios. Riesgos: Realización de vías de transporte que profundicen la extracción minera mecanizada permitiendo la entrada de más maquinaria a territorios anteriormente inaccesibles. Oportunidad: Las cláusulas “integración regional y el acceso a los servicios sociales y a los mercados” presenta la oportunidad para que, tanto las administraciones como los Consejos Comunitarios Locales, realicen planes para capacitar a sus mineros y conformar cooperativas autónomas. En el corto plazo, el Gobierno Nacional podrá apoyar las actividades de MAAPE en cooperativas y así organizar el territorio en función de la recuperación de zonas degradadas por minería. Incluso, en las actividades de recuperación de áreas degradadas se encuentra una oportunidad única para la generación de empleo y la articulación entre autoridades y comunidades locales. la oportunidad

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LA MINERÍA EN CHOCÓ en clave de DERECHOS mejoramiento y rehabilitación de varias vías. 135 No obstante, el departamento ha mostrado ejemplos emblemáticos de actividades productivas alternativas como el ecoturismo en Nuquí, Bahía Solano (Pertuz, 2003) y Acandí (Acosta Gutiérrez, 2005). Últimamente se ha visibilizado la investigación en biotecnología como una oportunidad única en términos económicos del departamento por sus altos índices de 136 biodiversidad endémica. 3.2.1. Salud: con el propósito de acercar la oferta de servicios de salud a las comunidades, fortalecer la infraestructura y la calidad de la red pública en las zonas rurales y mejorar la oportunidad y la pertinencia de la prestación del servicio, se creará e implementará el Plan Nacional de Salud Rural. Para el desarrollo del Plan se tendrá en cuenta: a. La construcción y el mejoramiento de la infraestructura. b. La adopción de un enfoque diferencial y de género, incluyendo medidas especiales para mujeres gestantes y los niños y niñas, en la prevención, promoción y atención en salud. c. La creación de un modelo especial de salud pública para zonas rurales dispersas, con énfasis en la prevención, que permita brindar atención en los hogares o en los lugares de trabajo. d. Un sistema de seguimiento y evaluación permanente para garantizar la calidad y oportunidad de la atención.

para que dicho apoyo estatal mute, en el mediano y largo plazo, hacia actividades productivas alternativas, como el ecoturismo o la biotecnología.

Uno de, y posiblemente el mayor, factor de riesgo para la salud humana en el Chocó es la exposición de las personas al mercurio inorgánico en el aire—cercano a los entables mineros o en los lugares de quema de la amalgama a cielo abierto— o al metilmercurio en las aguas, los suelos y los peces que consumen los humanos. Este diagnóstico no está respaldado por estudios con rigor científico, pero dicha ausencia se debe, no a la falta de evidencia en los territorios, sino a la inacción estatal y su negligencia ante su obligación de proteger el derecho a la vida, la integridad física y la salud de los chocoanos (desde el San Juan hasta el Darién). Así las cosas, cada día que pasa, los cientos de toneladas de mercurio que se vierten a las aguas de los ríos chocoanos exponen a niños, madres embarazadas y a la población en general a una vida con daños permanentes en el cerebro, los riñones y malformaciones de fetos gestantes.

Quibdó – La Virginia, Quibdó – Medellín, en el sector denominado El Dieciocho y la vía Bahía Solano – El Valle. Además se firmaron las obras para el mantenimiento del río Jiguamiandó. Instituto Nacional de Vías, “En Chocó se firmaron obras por más de 200.000 mil lones de pesos,” noviembre 11 de 2015. http://bit.ly/1Wcnddn 136 “Chocó crece como laboratorio para la biotecnología,” El Colombiano, enero 17 de 2015. 135

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LA MINERÍA EN CHOCÓ en clave de DERECHOS Chocó:

Riesgo:

El Instituto Nacional de Salud informó que no existen investigaciones de mortalidad infantil relacionadas a la 137 contaminación del Rio Atrato. Asimismo, la Defensoría del Pueblo informó que existe falta de acción estatal efectiva por parte del Ministerio de Salud, ya que este no ha iniciado ninguna investigación o estudio por los efectos en la salud causados por la contaminación con 138 mercurio y cianuro. Finalmente, la Red de Mujeres Chocoanas y otras organizaciones (2016) han sugerido que, como parte de las medidas adoptadas con enfoque de género se contemple:

Entre la firma de los acuerdos de la Habana, la implementación de los proyectos del Plan Nacional de Salud Rural y la atención de niños, mujeres y mineros chocoanos, se perderán vidas y se generarán daños irreparables en los cuerpos y la salud de la población.

• Enfatizar en las medidas que atiendan la alta incidencia de la prostitución en entables mineros, el embarazo a temprana edad y el madre-solterismo, y que fortalezcan la planificación familiar adecuada e informada.

Oportunidad: Esta es la oportunidad idónea para declarar una crisis sanitaria (o de salud pública) que amerite la atención del Estado colombiano, con recursos similares a los destinados a eventos como los desastres naturales (terremotos o erupciones volcánicas) y solicitar la asesoría de la comunidad internacional, de una forma similar a la que ha sido prestada a pandemias virales globales (como el ébola o la H1N1).

• Mapear las zonas donde existe abuso sexual en el Chocó y se realicen protocolos de acompañamiento. En forma similar, realizar un Plan Nacional de Acción sobre temas de violencias de género basado en los instrumentos de la 139 ONU sobre mujeres, paz y seguridad. • Sensibilizar a los hombres chocoanos sobre los derechos de las mujeres, propender por la eliminación de la dependencia económica de las mujeres y apoyar a mujeres en la creación de empresas y en la articulación de una red de producción agrícola.

Respuesta enviada a la Corte Constitucional en el marco del proceso de la acción de tutela instaurada para deender las comunidades de la cuenca del río Atrato. INS, octubre 30 de 2015. 138 Respuesta enviada a la Corte Constitucional en el marco del proceso de la acción de tutela instaurada para deender las comunidades de la cuenca del río Atrato. Deensoría del Pueblo, noviembre 5 de 2015. 139 Ver “Mujeres, Paz y Seguridad,” Mantenimiento de la Paz Naciones Unidas, http://www.un.org/es/peacekeeping/issues/women/wps. shtml 137


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CONCLUSIÓN En los últimos años, el Estado colombiano se ha comprometido a solucionar la crisis socio-ambiental del Chocó. Desde 2014, el Ministerio Público viene recomendando a las instituciones del Estado qué acciones adelantar para atender la crítica situación provocada por la minería mecanizada sobre la gente y los ecosistemas de uno de los departamentos con mayor biodiversidad y pluriculturalidad de Colombia. A esta agenda se han sumado otras instituciones, quienes se han comprometido a alcanzar dos objetivos muy claros que deberán materializarse entre 2016 y 2020: (1.) para el 2018, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible eliminará el uso intencional del mercurio en minería y (2.) para el 2019, el Ministerio de Minas y Energía ormalizará a todos los mineros que operan uera de la institucionalidad minera. De cumplirse estos objetivos, se especula que la crisis del Chocó llegará a su fin antes de que se termine el Decenio Internacional para los Arodescendientes (2015-2024) proclamado por las Naciones Unidas.140 No obstante, como bien saben las comunidades Aro e Indígenas del Chocó, “del dicho al hecho hay mucho trecho.” Cada hora que pasa, los ecosistemas del Chocó se degradan por las operaciones de retros, dragas y dragones, o por las operaciones y/o exploraciones de empresas mineras con derechos mineros sobre el territorio. Con estas alteraciones, la gente ve el entorno natural de sus comunidades perder las cualidades ambientales que antes les proporcionaban agua resca, alimento, vías de transporte y un espacio armónico para la consecución de sus proyectos de vida. Pero, más allá de los impactos, la principal variable que permite, sostiene y reproduce esta situación es la vulnerabilidad. Desde la vulnerabilidad estructural producto de la opresión y discriminación estructural e histórica de los grupos étnicos en Colombia, pasando por la vulnerabilidad coyuntural generada por la captura de los territorios étnicos por la industria de la explotación auro-platiníera (de mediana escala, aluvial y a cielo abierto), la crisis socio-ambiental se ha convertido en un proceso cíclico y auto-replicable de acumulación de desventajas para quienes habitan las comunidades ribereñas del Chocó. A esta vulnerabilidad de triple aceta (causa, eecto y ambas a la vez), el Gobierno nacional ha respondido de la orma que más proundiza la crisis: criminalizando la minería inormal/ilegal mientras titula y demarca el subsuelo para la minería a gran escala transnacional. Este comportamiento advierte un conflicto de intereses entre el papel del Estado como garante de derechos humanos y undamentales (concretamente su responsabilidad de proteger, recuperar y rehabilitar las áreas degradadas por minería mecanizada) y el interés del Gobierno nacional por identificar, subastar y explotar los yacimientos mineros, (in)directamente desplazando a las comunidades étnicas. Además, en el periodo que seguirá a la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC-EP, se espera que una de las zonas de concentración para los rentes guerrilleros desmovilizados sea precisamente el Chocó. En el último diagrama resumimos cómo encajan estos enómenos en el análisis de la vulnerabilidad de las comunidades (ver Diagrama 5).

Resolución de la Asamblea General 68/237, Proclamación del Decenio Internacional de los Arodescendientes, A/Res/68/237 (7 Febrero 2014), disponible en http://bit.ly/1LSDO0o 140

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Diagrama 5: Representación visual de las presiones externas y las actuaciones de Gobierno frente al ciclo de vulnerabilidades asociados a la minería en el Chocó

Vulnerabilidad estructural

Pobreza Rural Aislamiento Geográfico Precaria Infraestructura Comunitaria

Presiones Externas: • El incremento en el precio del oro asociado a la desvalorización del dólar, presuntamente incrementa niveles de violencia en lugares con explotación minera sin títulos vigentes. • Los frentes de las FARC no desmovilizados pueden continuar la explotación ilegal y enfrentarse con AUC pos-desmovilización/Bacrim. • El cabildeo de los equipos pertenecientes a empresas transnacionales puede socavar los procesos organizativos de base.

Actividades de minería mecanizada como fuentes de ingreso y único oferente laboral

Captura de los territorios étnicos por industrias extractivas

Impactos Socio-Ambientales y Culturales Trasnformaciones Territoriales por Minería Mecanizada Dependencia Económica, Necesidades Alimentarias, en Salud, etc Vulnerabilidad coyuntural Actuaciones de Gobierno: • Incumplimiento de las recomendaciones de la Defensoría • Normatividad contra el mercurio sin priorizar al Chocó • Ausencia de regulación de los mercados (oro, mercurio) • Ineficacia de la formalización de minería informal/ilegal • Criminalización de la minería informal/ilegal • Titulación vía contratos de concesión • Demarcación de Áreas Estratégicas Mineras • Zonas de concentración en el Chocó para las FARC desmovilizadas

En esta coyuntura, cobra absoluta relevancia identificar estrategias que sitúen los derechos humanos en el centro de las soluciones a la crisis, y puedan aportarse soluciones reales y sostenibles a la raíz del problema, la vulnerabilidad. Proponemos que, según los ejes y hallazgos de esta investigación, la soluciones no se ormulen en clave de más minería, sino en torno a los derechos al agua, la alimentación y el territorio. Para ello, queremos plantear una propuesta de política pública con enoque de derechos humanos que permita superar la crisis.


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Presupuestos del enfoque de derechos humanos El enoque de derechos humanos es una perspectiva innovadora para concebir y diseñar políticas públicas que tiendan al desarrollo humano (multidimensional: económico, político, social y jurídico) en el marco de un proceso de concertación entre Estado y la sociedad civil, en donde lo importante es la “orma de ver” y la “manera de hacer” para lograr la concreción de los derechos humanos (Jiménez Ben, 2007, p. 35). Especialmente, este enoque conceptualiza que “los derechos humanos son el objeto mismo [y su undamento ético-moral] de las políticas públicas en la medida en que éstas se dirigen a la concreción, protección o deensa de situaciones socialmente relevantes que implican violación o vulneración de derechos humanos” (Jiménez Ben, 2007, p. 35). Para avanzar en este objetivo, el enoque se basa en algunos principios de la doctrina socio-jurídica en derechos humanos (abla 29) y diversas clases de políticas (abla 30).

Tabla 29: Principios de la doctrina socio-jurídica sobre el enfoque de derechos humanos

Fuente: (Jiménez Ben, 2007)

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Tabla 30: Clases de políticas públicas en derechos humanos

Fuente: (Jiménez Ben, 2007, p. 44)

Con base en estos principios y estrategias queremos presentar una propuesta de políticas públicas con enoque de derechos humanos para atender la crisis socio ambiental y atacar la vulnerabilidad estructural y coyuntural causada por la minería mecanizada en el Chocó. En este insumo final cruzamos dos variables: (1) las distintas obligaciones del Estado en materia de derechos humanos y (2) dos derechos humanos y uno undamental (el derecho al agua, el derecho a la alimentación y el derecho al territorio). Las recomendaciones están pensadas para atacar la vulnerabilidad analizada en esta investigación a través de los incentivos económicos para los actores clave, la re-valorización del potencial chocoano como escenario de recuperación ambiental, comercio intrarregional y autonomía comunitaria. Aunque muchas de las recomendaciones pueden ser contra-intuitivas, todas tienen sustento en los hallazgos en terreno presentados y justificados en las páginas anteriores. Finalmente, retomando la Agenda Regional de Paz del FISCH, coincidimos en que, Para las organizaciones es claro que para la terminación del conflicto armado y la construcc ión de una paz duradera no basta con tener buenas voluntades o una mesa de negociaci ón entre los actores armados, se necesitan espacios permanentes dotados de legitimidad, autoridad y recursos con los cuales los dierentes actores, especialmente los de las regiones, incluyendo las partes del conflicto, preparen la paz y la sostengan en el tiempo. Confiamos en que este esuerzo por proponer contribuirá a los movimientos sociales del departamento y al entendimiento de la institucionalidad sobre un problema que tiene el potencial de convertirse en el proyecto piloto de construcción de la Paz erritorial en Colombia.


Inserto : RECOMENDACIONES

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ÍNDICE Tablas abla 1: Definiciones divergentes de los tipos de aprovechamiento minero en Chocó abla 2: Métodos de extracción auro-platiníera artesanales en Chocó abla 3: ecnología implementada en la extracción minera semi-mecanizada y mecanizada en Chocó abla 4: Justificación del Ministerio de Minas de por qué debe modernizarse la minería tradicional abla 5: Principales impactos socio-ambientales generados por la minería mecanizada abla 6: Presencia de grupos armados irregulares en Chocó y caracterización general de su actuación rente a la minería inormal/ilegal abla 7: Licencias otorgadas en Chocó a diciembre de 2015 abla 8: Licencias otorgadas en Chocó a diciembre de 2015 abla 9: ítulos mineros vigentes de la Empresa Minera El Roble (Municipio de El Carmen de Atrato) abla 10: Pasos en el uso del mercurio en las prácticas MAAPE abla 11: Aectaciones en la salud por exposición al mercurio, buenas prácticas para evitar el daño y evidencia de aectaciones a terceros abla 12: Disposiciones de política pública en la Ley 1658 de 2013 abla 13: Cantidad de mercurio importada por empresa entre 2010-2013 abla 14: Países de donde proviene el mercurio importado por Colombia (2010-2013) abla 15: Países de origen del mercurio importado por Colombia (2010-2013) abla 16: Detalles ormales del Bloque 224 de las Áreas Estratégicas Mineras abla 17: Detalles ormales sobre el Bloque 213-216 de las Áreas Estratégicas Mineras abla 18: Histórico de producción y exportación de oro colombiano (2011-2015) abla 19: Comparación entre Chocó y Colombia respecto del porcentaje de unidades mineras con título minero abla 20: Comparación entre Chocó y Colombia respecto del porcentaje de unidades mineras con título minero abla 21: Factores asociados a la inormalidad en la minería en Colombia según el Ministerio de Minas y Energía abla 22: Zonas mineras de comunidades étnicas registradas a noviembre 11 de 2015 abla 23: Artículo 19 del PND 2015-2018, “Mecanismos para el trabajo bajo el ampara de un título en la pequeña minería.” abla 24: Caracterización institucional de los consejos comunitarios mayores en cuyos territorios se realizan los distintos tipos de minería analizados en este inorme abla 25: Indicadores de eficacia de la Presidencia vs. Proyectos de Ley en curso relativos a la lucha contra la minería ilegal (2013-2015) abla 26: Decisiones de la Fiscalía sobre minería ilegal en Chocó (2014-2015) abla 27: Riesgos y oportunidades en el pos-acuerdo para el enoque dierencial Aro abla 28: Riesgos y oportunidades en la implementación del acuerdo de Reorma Rural Integral, en particular rente a la crisis socio-ambiental causada por la minería mecanizada en el Chocó abla 29: Principios de la doctrina socio-jurídica sobre el enoque de derechos humanos abla 30: Clases de políticas públicas en derechos humanos

21 25 29 31 34 42 54 54 55 75 79 81 85 86 87 100 103 109 112 112 127 129 132

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Gráficas Gráfica 1: Comparación subregional de tasa de desplazamientos de población en la región del Pacífico Central Gráfica 2: Histórico consolidado sobre acciones del conflicto armado ejecutadas por las guerrillas (FARC a la derecha, ELN a la izquierda) Gráfica 3: Consolidado histórico da la incidencia de la pobreza en Chocó vs. Colombia Gráfica 4: itulares de los ítulos Mineros Vigentes en Chocó (2015) Gráfica 5: Distribución porcentual de los distintos titulares de títulos mineros en Chocó con más de (3.000) tres mil hectáreas Gráfica 6: Índice de valor del dólar (izq.) vs. Precio del oro (der.) (2011-2015) Gráfica 7: Eventos significativos en la fluctuación del precio del oro (2000-2015) Gráfica 8: Histórico de la producción auríera en Colombia (Departamentos seleccionados) Gráfica 9: Distribución de itulares de Contratos de Concesión Minera en adó Gráfica 10: Distribución de itulares de Contratos de Concesión Minera en Condoto Gráfica 11: Distribución de los itulares de Contratos de Concesión Minera en Istmina Gráfica 12: Distribución de itulares de Contratos de Concesión Minera en Cantón de San Pablo y Novita Gráfica 13: Ejecución presupuestal de los proyectos de inversión (PGN) en Chocó Gráfica 14: Participación del Chocó en el Presupuesto General de la Nación (PGN) por sector

45 45 49 58 60 110 110 111 115 116 117 117 134 134

Fotos Foto 1: Niñas y niño rente a la catedral de San Marino, municipio de Bagadó, Chocó Foto 2: Fotograías aéreas del río Quito con dragas en operación en 2014 Foto 3: Fotograías al interior de la comunidad de San Isidro, municipio de Río Quito Foto 4: Fotograías de maquinaria activa sobre río Quito (2015) Foto 5: Fotograías de barequeo sobre entables activos en río Quito (2015) Foto 6: Retroexcavadoras sobre el río Andágueda Foto 7: Niña de San Marino con una extraña enermedad en las manos Foto 8: Reunión en San Marino liderada por Cocomopoca y la Diócesis de Quibdó Foto 9: A orillas de la comunidad de Piedra Honda, bombardeada por el ejército nacional en abril de 2015 Foto 10: Foto aérea de las excavaciones de minería en la zona del río Andágueda Foto 11: Desembocadura del río Atrato en el Golo de Urabá Foto 12: Unidad minera productiva adscrita al programa Oro Verde Foto 13: Etapa de procesamiento del oro dentro del programa Oro Verde

46 66 68 70 71 90 92 93 94 97 100 125 126

Mapas Mapa 1: Ejemplo de migración de entables mineros mecanizados en el Río Andágueda (erritorio de Cocomopoca) Mapa 2: Registro Gráfico e ítulos y Solicitudes Mineras para el departamento de Chocó Mapa 3: Áreas Estratégicas Mineras en el Chocó Mapa 4: Distribución global de emisiones antropogénicas de mercurio a la atmósera en 2010 (g/km2) Mapa 5: Reporte gráfico de títulos y solicitudes mineras vigentes en Chocó a Diciembre 24 de 2015 (Énasis territorio de Cocomopoca)

31 57 64 78 95

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Mapa 6: ítulos y Solicitudes Mineras en Acandí Mapa 7: ítulos y Solicitudes Mineras en Unguía Mapa 8: ítulos y Solicitudes Mineras en Carmen del Darién y Belén de Bajirá Mapa 9: ítulos y solicitudes mineras en el municipio de adó Mapa 10: ítulos y solicitudes mineras en el municipio de Condoto Mapa 11: ítulos y solicitudes de contratos de concesión minera y de legalización de minera tradicional en los municipios de Unión Panamericana, Istmina y Condoto Mapa 12: Georreerenciación de los cultivos de coca en el Pacífico colombiano en 2014 (UNDOC, 2014)

101 103 105 115 116

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Diagramas Diagrama A: Conflictos y elementos desestabilizadores en el Chocó Diagrama 1: Condicionantes externos en la celebración de acuerdos mineros entre actores territoriales Diagrama 1.1: Representación visual del ciclo de vulnerabilidades asociados a la minería en el Chocó Diagrama 2: Situación de Grupo Empresarial de AGA Colombia Diagrama 3: Situación de Grupo Empresarial de Continental Gold Ltd. Diagrama 4: Situación de Grupo Empresarial Bullet Holding. Diagrama 5: Representación visual de las presiones externas y las actuaciones de Gobierno rente al ciclo de vulnerabilidades asociados a la minería en el Chocó

39 41 52 59 61 62

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ANEXO A: Ficha écnica – Recolección de datos durante los viajes a terreno

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ANEXO b: Descripción de las entrevistas realizadas


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www.tierradigna.org

La Mineria en el Chocó

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