Ticio había tomado unos troncos ignorando que eran ajenos, y t rabajó con ellos para incorporarlos como mástil a un barco de Marco. Reclamado Marco por Seyo, propietario de los troncos, aquel dice haberlos pagado al co nstructor, Ticio. Se pregunta si tiene Marco legitimación pasiva para que contra él se entable la acción indemnizatoria indemnizatoria de Seyo, ya que es ahora Marco quien tiene los troncos reclamados, ¿o la acción la ha de entablar Seyo contra Ticio?
LA PROPIEDAD EN EL DERECHO ROMANO I.
DEFINICIÓN Los romanos para referirse a la propiedad utilizaron tres denominaciones:
Mancipium: Del latín manus capere (apropiación por la fuerza), indica una aprehensión material, de efectiva ejecución de la fuerza, ligada a vetustos modos de adquirir y defender la propiedad: mancipio dare y mancipio accipere.
Dominium: De dominus (señor) el dueño de la domus (derecho clásico). Es el término por excelencia que implica una noción de señorío. Dominus no se aplicó exclusivamente al propietario sino también al titular de poderes o facultades de diversa índole -dominus litis-.
Propietas: (Derecho posclásico) De propium, lo propio, lo mío, lo que no es ajeno.
Algunas definiciones al respecto nos dicen que: “La propiedad es el derecho subjetivo que otorga a su titular el poder de gozar y disponer plena y exclusivamente de una cosa” (Luis Rodolfo Argüello, “Manual de Derecho Romano”, Buenos Aires 2004).
“…es el derecho más amplio que puede tener una persona sobre una cosa” (Gumesindo Padilla Sahagún, “Derecho Romano”, México 2008)
“Es la facultad que corresponde a una persona, llamada propietario, de obtener directamente de una cosa determinada, toda utilidad jurídica que esa cosa es susceptible de proporcionar” (Rafael Hernández Canelo, “Derecho Comparado”, Lima 2017).
Según nuestro ordenamiento jurídico la propiedad es un derecho:
Art. 70° CPP: “El derecho de propiedad es inviolable. El Estado lo garantiza. Se ejerce en armonía con el bien común y dentro de los límites de la ley.”.
Art. 923° CC: “La propiedad es el poder jurídico que permite usar, disfrutar, disponer y reivindicar un bien. Debe ejercerse en armonía con el interés social y dentro de los límites de la ley”.
Podemos concluir que la PROPIEDAD es el derecho que posee una persona sobre un objeto o cosa y sobre las utilidades o beneficios jurídicos y reales que esta le proporciona y de las cuales puede disponer plenamente. Este derecho se ejerce en armonía al interés social y según los límites legales establecidos.
Para los romanos el concepto de propiedad sólo era aplicable a las cosas materiales, ya que no concebían este concepto sobre inmaterialidades (inventos científicos, obras literarias, etc.). Esta interpretación de la propiedad sobre el objeto material se da porque este concepto nace a partir del uso de la tierra.
En una primera etapa de la historia romana, la tierra fue de uso colectivo y la titularidad sobre ella correspondía a los grupos gentilicios. En la República, se conforma una propiedad básicamente familiar y solidaria, recayendo esta titularidad sobre los “patres familiarum” . Ya en el periodo clásico, se configura como poder individual de naturaleza patrimonial, sujeta a limitaciones legales; la titularidad es también ejercida por los hijos de la familia (filii in potestate). Finalmente, en la época Justiniana, el poder del propietario tiene nuevas limitaciones, éticas y sociales, y a su vez se establece que la titularidad o condición de propietario pueda ser ejercida por cualquier persona libre.
El poder de propiedad concede a su titular 4 grandes poderes o f acultades:
Ius Utendi o Usus: Es la facultad de servirse de la cosa o de aprovecharse de los servicios que pueda rendir fuera de sus frutos.
Ius Fruendi o Fructus: Derecho de recoger todos los frutos, cualesquiera que estos sean.
Ius abutendi o abusus: El poder de consumir la cosa hasta el fin, o de disponer de ella de una manera definitiva, que incluye hasta la destrucción.
Ius vindicandi : Constituía el derecho que tenía el propietario de reclamar el objeto de terceros poseedores o delatores.
II.
CARACTERÍSTICAS El dominio o propiedad romana, presenta las siguientes características, las que son el resultado de las modalidades de su génesis y desarrollo histórico: a) Absoluta, no porque no pueda tener limitaciones, sino porque las facultades del titular no están prohibidas o limitadas taxativamente, siendo por tanto indeterminadas. El inmueble objeto del dominio del ciudadano romano tuvo, primitivamente, límites señalados con la ceremonia solemne y sagrada llamada “limitatio” , marcada por los g romatici (agrimensores), que debían su nombre al instrumento de topografía que utilizaban denominado g roma y que tenían el carácter de funcionarios públicos y religiosos. Los terrenos así deslindados y cuyos límites estaban bajo la protección del dios Término, se llamaban agri
limitati , en contraposición a los agri arcifinales que no tenían otros limites que los naturales, tales como los ríos o las montañas. Los terrenos colocados fuera de los agri limitati constituían el ager
publicus . b) Exclusiva, debido a que no se concibe una simultánea titularidad de dos o más sujetos obre una misma cosa, ya que de lo contario, estaríamos hablando del condominio, basado en la coexistencia de varios derechos de propiedad de distintos sujetos, pero sobre partes alícuotas o ideales de una cosa. El propietario puede impedir, a quienquiera que se sea, concurrir en el ejercicio de los poderes inherentes a la propiedad ( jus prohibendi ). c) Perpetua e irrevocable, que subsiste con independencia del ejercicio que de él haga el titular, consecuencia del carácter absoluto y exclusivo que ella presenta, lo cual hace que no se conciba que el propietario que tiene sobre la cosa el más amplio señorío esté obligado a desprenderse de ella en un tiempo determinado. En Roma no se podía constituir un derecho de dominio
ad tempus , esto es no se podía fijar un plazo vencido el cual la cosa volviese a su enajenante. Este carácter de perpetuidad del dominio subsiste en la época de Justiniano.
d) Virtud absorbente , en el sentido de que todo lo que se encuentra o se incorpora al fundo objeto de la propiedad, agua, tesoros, edificios, etc., pertenece al propietario del fundo.
III.
CLASES DE PROPIEDAD Dentro del devenir histórico del derecho romano se conocieron dos especies distintas de propiedad formadas al amparo de las dos grandes corrientes jurídicas (derecho civil – derecho pretorio), que, por mucho tiempo fluyeron paralelamente, para unificarse finalmente en un sistema de derecho privado que tuvo su expresión legislativa en el Corpus Iuris Civilis.
En efecto, la institución propiedad estuvo regulada desde los más antiguos tiempo de Roma por el derecho civil o quiritario, que creo un señorío general y pleno sobre las cosas, llamado domini um ex iure quir itium, organizado dentro de rígidos principios acordes con las características propias del derecho romano primitivo. Avanzando en la evolución, cuando el derecho pretorio entró a corregir las instituciones del ius civile para acomodarlas a las exigencias de la equidad, al lado de la propiedad quiritaria apareció un nuevo dominio, carente de formalidades y de contenido más amplio, que se designó con expresiones circunlocutorias como in bonis ese o in bonis habere, y que los intérpretes han denominado “propiedad bonitaria o pretoria”. Con el derecho justinianeo estas dos clases de dominio se van unificando y en la compilación solo queda un ligero vestigio de tal diferenciación.
a) Propiedad quiritaria. El verdadero derecho de propiedad, la propiedad romana por excelencia se designó bajo el nombre de dominium ex iure
quiritium. Esta especial propiedad fue regulada por el ius civile y contó con la más amplia tutela legal por medio de la típica actio in rem, la reivindicatio. Exigía para su existencia que el sujeto titular del derecho fuera un ciudadano romano y, desde luego, libre y sui iuris. La propiedad quiritaria no era accesible a los extranjeros o peregrinos, que no podían ser propietarios iure civili . En cuanto al objeto sobre el que podía recaer el dominio quiritario, si se trataba de cosas muebles debían pertenecer a la categoría de la res
comercio, y si eran inmuebles sólo cabía respecto a los fundos itálicos. Eran
fundos itálicos, por oposición a los fundos provinciales, los situados en Italia o en tierra a las cuales se les hubiese concedido el privilegio de ius italicum, derecho otorgado fuera de Italia, a las provincias conquistadas por los romanos, por cuya virtud quedaban excluidas del pago de impuestos ordinarios ( tributum) y sus habitantes gozaban de los privilegios y exenciones que tenían los ciudadanos romanos en Italia. Requeríase, por último, un modo de adquisición de la cosa objeto de propiedad quiritaria consagrado por el derecho civil, como la mancipatio, la
in iure cess io, la usucapio, adiudicatio y la lex . En síntesis, este especial derecho de dominio ex iur e quiritarium solo podía ser ejercido por un ciudadano romano, sobre una cosa romana y adquirido por un medio romano.
b) Propiedad bonitaria. Esta clase de propiedad, que tuvo reconocimiento legal en el derecho romano por la acción del pretor, se presentaba ante la falta de alguno de los requisitos necesarios para la existencia del dominio quiritario. Si el sujeto era incapaz porque se trataba de un extranjero; si el objeto no era idóneo, como cuando se transmitía un fundo situado en suelo provincial: o si el modo de transmisión no pertenecía a los reconocidos por el derecho civil, caso que se usara la tradición, se transmitía una propiedad imperfecta, ya que no se configuraba el dominium ex iure quiritium. El pretor, entendiendo que el rigorismo del derecho civil debía ceder ante la intención de las partes de constituir el derecho real de propiedad, aunque faltara alguno de sus presupuestos formales, admitió que existiera otra propiedad, a la que se llamó genéricamente bonitaria o pretoria. Aquella especie de dominio se diversificó en tres modos distintos de propiedad: la propiedad peregrina, la provincial y la bonitaria propiamente dicha ( in bonis ) o pretoria.
a. Propiedad peregrina. Se presentaba esta forma de propiedad cuando el sujeto no era un ciudadano romano, sino un peregrino, quien por carecer del s tatus ci vitatis , no estaba habilitado para gozar del dominium ex iure quiritium. Como los titulares de esta propiedad no podían ampararse en la reivindicatio por ser acción del derecho civil, el pretor debió proteger el señorío de los peregrinos sobre sus cosas. Las modalidades de aquella protección no son bien
conocidas y se presume que el empleo de fórmulas útiles debió ser el modo frecuente de amparar este especial dominio pretorio.
b. Propiedad provincial. Cuando se transmitía un fundo sito en una provincia romana se configuraba otro tipo de propiedad bonitaria, la propiedad provincial. La denominación obedece al hecho de que los fundos provinciales, a diferencia de los itálicos, no estaban regulados por el ius civile y, en consecuencia, no podían ser objeto de dominio quiritario. Los inmuebles provinciales pertenecían al pueblo romano o al emperador y solo se concedía a los particulares su simple goce o disfrute ( uti frui habere possidere ), con obligación de pagar un estipendio o tributo a favor del Estado romano ( agri stipendiarii o
tributarii ). Fueron protegidos con medidas pretorias hasta que contaron con la tutela de la acción Publiciana. La propiedad provincial no podía ser transmitida por mancipatio, in iure cesio, ni por la usucapio, pero una institución semejante a esta, la praes cr iptio long i temporis , posibilitó que si el inmueble provincial era poseído con justo título y buena fe durante diez años entre presentes o veinte años entre ausentes, se convirtiera en verdadero dominium o proprietas.
c. Propiedad pretoria o “in bonis”. Se presentaba esta especie de propiedad bonitaria cuando se hubiera transmitido una cosa susceptible de dominio quiritario, entre ciudadanos romanos, sin los modos solemnes del ius civile, como ocurría si se vendiese una res mancipi y se le transfiriera por medio de la traditio. En el supuesto, hasta que el adquiriente no alcanzara la calidad de propietario por la usucapión, la propiedad correspondia civilmente al enajenante. Su título de dominus podía llevarle a pretender reivindicar la cosa, y dado el rigor del derecho civil, su acción resultaba procedente. Mas como no se podía desconocer que admitir aquella situación contrariaba los demás elementales principios de equidad, fue el pretor quien tuteló de diversas formas la propiedad pretoria o in bonis. Otorgó al adquiriente una exceptio rei venditae et traditae para paralizar la acción reivindicatoria interpuesta por el enajenante y la
exceptio doli , de carácter general, que se concedía al presumirse una actitud fraudulenta de parte del transmitente que pretendía
desconocer la transferencia realizada. Se completó el cuadro de las defensas de la propiedad pretoria cuando se llegó a tutelar al adquiriente que hubiera tomado posesión de la cosa antes de la usucapión, con una acción real. En vez de la reivindicatio, que no competía al propietario in bonis, porque no tenía el título de dominus, el pretor le otorgó una acción, lamada actio Publiciana, nombre derivada de su creador, el pretor Publicius, por la q ue ficticiamente se consideraba que el tiempo requerido para la usucapión había sido completado, lo cual hacia posible perseguir la cosa de manos de cualquier tercero y también del propietario. La Publiciana in rem actio fue, pues, una defensa tan amplia y eficaz como la acción reivindicatoria, lo cual determinó que el derecho del propietario que hubiera transmitido la cosa mancipi por medio de la traditio, fuera un nudum ius, desposeído de todo beneficio, mientras aquel que tenía in bonis la cosa y gozaba de la protección pretoria era el verdadero propietario, aunque no tuviese tal calificación. Es esta la razón por la cual los textos clásicos nos hablan de un dúplex
dominium: por un lado el dominium pleno y, por otro, el dominium dividido en nudum ius quiritium e in bonis habere. Pero habiendo caídos en desuso la distinción entre res mancipi y nec mancipi y perdido actualidad los modos solemnes de transmitir la propiedad, desaparecieron también aquellas distinciones, porque el in bonis habere fue concebido como dominium, hasta el punto de que Justiniano abolió la expresión nudum ius quiritium, por reputarla superflua. Habiendo llegado a tener capacidad todos los súbditos romanos, sin distinción de ciudadanía, para ser titulares de las cosas en legítima propiedad; desaparecida, asimismo, la distinción entre fundos en suelo itálico y en suelo provincial y la de propiedad civil y pretoria, con el derecho Justiniano se llega a un criterio unitario de propiedad, elevando a la categoría de propiedad civil todos los casos que se habían reconocido como propiedad in bonis. A partir de entonces la propiedad se denominó indistintamente dominium o proprietas.
IV.
LIMITACIONES LEGALES AL DERECHO DE PROPIEDAD Hemos hablado del carácter absoluto de la propiedad romana y de su originaria rigidez, que se revelaba a través del fundo romano de la época quiritaria ( ager
limitatius), el cual constituía un territorio cerrado e independiente, con fines sagrados, en torno a los cuales existía un espacio libre de por lo menos 15 pies en campaña (iter limitare) y de dos pies y medio en la ciudad ( ambitus), para que fuese posible el tránsito y evitar así la necesidad de establecer servidumbres de paso. En el interior de aquella unidad territorial el señorío del propietario era tan extremadamente pleno, que no conocía otras limitaciones que las que voluntariamente él aceptaba. Paulatinamente, sin embargo, las exigencias de la convivencia social fueron imponiendo diversas restricciones al derecho de propiedad, que es difícil reducir a un concepto unitario, pero que en su conjunto constituyen el paso de un régimen absolutista a un sistema de solidaridad territorial. Aquellas limitaciones pueden agruparse en dos categorías: las impuestas por el derecho público y las que derivaban del derecho privado.
a) Limitaciones de derecho público . Eran las sancionadas por el derecho público en atención a intereses generales y, por ende, tenían carácter inderogable. Entre las mismas hemos de recordar las siguientes: 1. La prohibición de cremar y enterrar los cadáveres dentro de la ciudad, así como fuera de ella hasta una distancia de sesenta pies de los edificios. 2. El impedimento de retirar las vigas intercaladas en el edificio ajeno (tignum iuctum) mientras no se terminaran las obras, impedimento que se extendió a todos los materiales de construcción. 3. La prohibición de demoler un edificio para especular con la venta de los materiales. 4. La obligación de conceder el paso a través del fundo en caso de estar intransitable la vía pública, hasta que ésta f uera reconstruida. 5. El deber de los peregrinos de fundos ribereños de permitir su uso al servicio de la navegación. 6. La facultad conferida, en el periodo postclásico, de buscar y excavar minerales en fundo ajeno, pagando un décimo del producto al propietario del fundo y otro décimo al fisco. Es materia discutida si el derecho clásico había admitido, como restricción general, la exposición por causa de utilidad pública previo pago de una indemnización. Las fuentes citan ejemplos a propósito de la construcción de acueductos públicos. De cualquier forma, puede sostenerse que el instituto expropiación fue reconocido por el derecho justinianeo, el cual afirma que la
communis comoditas y la utilitas republicae debian prevalecer sobre los intereses de los individuos.
b) Li mitaciones de derecho pri vado. Estas restricciones fueron impuestas en atención a un interés particular, razón por la cual pudieron ser derogadas por la voluntad de los interesados. La mayor parte de ellas derivan de las relaciones de vecindad y se remontan a épocas muy antiguas. En el periodo postclásico
se
las
llama
“servidumbres
legales”
porque,
creadas
anteriormente por voluntad de los particulares, deben en esta época su existencia a un imperativo de la ley. Entre los principales casos de restricciones de derecho privado a la propiedad, merecen citarse los siguientes: 1. Cuando las ramas de un árbol se extendían sobre el fundo del vecino, el propietario de este, perjudicado por la sombra que aquellas proyectaban, podía, según la Ley de las XII Tablas, exigir del dueño del árbol que lo aclarara podando hasta una altura de quince pies. Si el dueño del árbol desatendía el requerimiento, el propietario del fundo procedía por si mismo a la poda, facultad que resultó confirmada posteriormente con la creación del interdictum de arbori bus caedendis . 2. Las XII Tablas establecieron en favor del dueño de un fundo el derecho a penetrar en el de su vecino para recoger las bellotas del propio árbol caída en él. Tal facultad fue reconocida también por el pretor en el
interdictum de glande legenda, disponiendo que la entrada podía hacerse en días alternos. Lo que antes se refería exclusivamente a la recolección de bellota, se extendió después a toda clase de frutos. 3. El dueño de un inmueble, que no podía tener acceso a camino público sin pasar por un fundo ajeno, o si le era extremadamente difícil hacerlo, tenía derecho de paso forzoso por aquel predio. 4. En la época postclásica se prohibía que las propias construcciones oscurecieran excesivamente la casa del vecino, disponiéndose que nadie levantara edificios a menos de cien de distancia de los ya existentes. La legislación justinianea estableció que el propietario debía tolerar el saliente del muro de propiedad del vecino siempre que no excediera de medio pie. 5. Todo edificio nuevo debe ser construido a doce pies de distancia, por lo menos, del ya existente, o a quince, si era público. La altura de los edificios no podía ser superior a cien pies.
6. La inmisión de humos, aguas, etc., provenientes de un predio vecino, cuando no excediera la cantidad normal y ordinaria, debía ser admitida por el propietario del predio que la sufría. En caso de superar la cantidad tolerable, podía el propietario afectado hacerla cesar, utilizando el
interdictum uti pos s idetis . c) V.
