TEMA 2 FUNDAMENTOS DEL NUEVO PROCESO LABORAL
1. Fundamentos del Nuevo Proceso Laboral
La Nueva Ley Procesal del Trabajo N° 29497 (en adelante adelante NLPT) en su Art. III III del del Título Título Preliminar1, se refiere a los fundamentos del proceso laboral, los cuales son importantes ya que actúan como directrices y soporte para el ejercicio justo y correcto de las leyes laborales, por lo que el legislador ha establecido una serie de principios que deben ser observados por el juez laboral, los cuales comentaremos en el presente trabajo.
2. El Principio de Socialización Procesal
El artículo en mención señala que el Juez de trabajo debe evitar que las desigualdades entre las partes procesales afecten el desarrollo o resultado del proceso.
El principio de socialización procesal 2 exige del Juez la capacidad de saber intervenir a fin de que las desigualdades materiales entre las partes no entorpezcan la labor de proveer tutela judicial.
Teniendo en cuenta que el derecho laboral tiene carácter protector y que en el proceso laboral el juez desempeña un rol tuitivo, se busca fortalecer a la parte más débil (el prestador de servicios o trabajador; en especial a la madre gestante, el menor de edad y la persona con discapacidad), a efecto de lograr la igualdad material entre las partes, y de ese modo evitar que el trabajador se vea en grave desventaja respecto al empleador, en el aporte de medios de prueba en el proceso y su actuación.
1
“En todo proceso laboral los jueces deben evitar que la desigualdad entre las partes afecte el desarrollo o
resultado del proceso, para cuyo efecto procuran alcanzar la igualdad real de las partes, privilegian el fondo sobre la forma, interpretan los requisitos y presupuestos procesales en sentido favorable a la continuidad del proceso, observan el debido proceso, la tutela jurisdiccional y el principio de razonabilidad. En particular, acentúan estos estos deberes frente a la madre gestante, el menor de edad y la persona con discapacidad. Los jueces laborales tienen un rol protagónico en el desarrollo e impulso del proceso. Impiden y sancionan la inconducta inconducta contraria a los deberes de veracidad, probidad, lealtad lealtad y b uena fe de las partes, sus representantes, sus abogados y terceros. El proceso laboral es gratuito para el prestador de servicios, en todas las instancias, cuando el monto total de las pretensiones reclamadas reclamadas no supere las setenta (70) Unidades de Referencia Procesal (URP). 2
VINATEA RECOBA, Luis y TOYAMA MIYAGUSUKU, MIYAGUSUKU, Jorge -“Análisis -“Análisis y Comentarios Comentarios de La Nueva Ley Ley Procesal del Trabajo” – Soluciones Laborales – Laborales – Gaceta Jurídica- Edición Noviembre 2012
El proceso laboral no debe desconocer la situación de disparidad que existe entre el demandante (trabajador) y demandando (empleador); por lo que debe utilizar todas las herramientas que tenga a su alcance para situar a ambas partes procesales en situación de igualdad, por lo que el Juez deberá acudir siempre a su criterio razonable, a fin de no afectar el derecho de defensa de alguna de las partes.
3. El Juez de Trabajo debe Privilegiar el Fondo Sobre La Forma (Principio de Veracidad)
El Principio del privilegio del fondo sobre la forma, es (la aplicación del) conocido como el principio de Primacía de la Realidad, pues, la finalidad del proceso laboral y por ende el objetivo del Juez, es la búsqueda de la ver dad material o real, para lo cual debe hacer uso de las prerrogativas otorgadas por la ley para suplir las deficiencias procesales de las partes que no permitan alcanzar la finalidad del proceso.
Este principio, según lo ha definido Américo Plá 3, “Es la primacía de los hechos sobre los formas, las formalidades o las apariencias.”; ello implica según señala el citado doctrinario, que en materia laboral importa lo que ocurre en la práctica más que lo que las partes hayan pactado en forma más o menos solemne o expresa o de lo que aparece de los documentos.
El juez de trabajo debe evitar que las desigualdades entre las partes procesales entorpezcan el logro de una solución justa; por lo que, uno de los medios para conseguir este fin es que el juez ignore las formas que ante él se presentan (como medios probatorios) y, en su lugar, se vincule al fondo del asunto; ya que las pruebas presentadas en el proceso laboral puede que formalmente sean correctas, pero esto al juez no debe interesarle, salvo que exista una flagrante vulneración del debido proceso.
El legislador4 es consciente de que lo que reflejan los documentos muchas veces es fruto de la desigualdad entre las partes procesales. En este sentido, de la mano con el principio de inmediación, debe valerse de todas las herramientas legales necesarias para deslindar juicios de valor suficiente y convincente para resolver la controversia y que le permitan
http://derechopedia.pe/index.php/derecho-laboral/50-derecho-laboral/100-los-principios-procesales-en-lanueva-ley-procesal 4 VINATEA RECOBA, Luis y TOYAMA MIYAGUSUKU, Jorge -“Análisis y Comentarios de La Nueva Ley Procesal del Trabajo” – Soluciones Laborales – Gaceta Jurídica- Edición Noviembre 2012 3
apreciar de la forma más clara posible, la verdad o no de los hechos enunciados y contradichos.
4. El Principio Pro Actione
Este principio señala que los jueces deben interpretar los requisitos y presupuestos procesales en sentido favorable a la continuidad del proceso, por lo que reconoce la aplicación del llamado principio pro actione o principio favor processum.
De esta manera en caso de que exista duda respecto de si el proceso laboral debe declararse concluido o no, el Juez, la Sala Superior y la misma Corte Suprema, deben inclinarse por la continuidad del proceso.
El Tribunal Constitucional5 reconoce este principio en sentencias emitidas en las que ha destacado su cumplimiento por los juzgadores, así lo ha determinado en el Expediente Nº 1049-2003-AA/TC: “El principio pro actione impone a los juzgadores la exigencia de interpre tar los requisitos y presupuestos procesales en el sentido más favorable a la plena efectividad del derecho a obtener una resolución válida sobre el fondo… con lo cual, ante la duda, la decisión debe dirigirse
por
la
continuación
del
proceso
y
no
por
su
extinción.
Téngase en cuenta, finalmente, que la alternativa opuesta supondría invertir el funcionamiento y el propósito de los procesos en general, y de los procesos constitucionales en particular, pues implicaría convertir, erróneamente, una duda interpretativa respecto de las formalidades propias del instrumento de tutela en un elemento determinante para permitir el acceso a la tutela constitucional de los derechos, cuando, en realidad, es el instrumento procesal el que debe ser adecuado e interpretado decididamente – siempre y cuando no se restrinjan los derechos constitucionales de la contraparte- a fin de consolidar una tutela constitucional más eficaz, oportuna y plena”
De otro lado, recientemente la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema en el segundo considerando de la resolución CAS LAB 6 N° 4791-2012Moquegua, señala que “En el nuevo proceso laboral se impone el deber a los Jueces de interpretar los requisitos y presupuestos procesales en el sentido más favorable a la plena
http://derechopedia.pe/index.php/derecho-laboral/50-derecho-laboral/100-los-principios-procesales-en-lanueva-ley-procesal 6 CAS LAB. N° 4791-2012-Moquegua de fecha 1 de junio de 2012, publicada en el diario oficial El Peruano con fecha 30 de julio de 2012. 5
efectividad del derecho a obtener una resolución valida sobre el fondo, con lo cual, ante la duda, la decisión debe dirigirse por la continuación del proceso y no por su extinción” .
Los límites establecidos legislativamente deben ser interpretados por el Juez de manera restrictiva, bajo los alcances del principio de c ontinuidad del proceso.
5. El Debido Proceso y La Tutela Jurisdiccional
Estos principios son reconocidos por la Constitución Política del Estado, en su Art. 139° inciso 3, el mismo que señala:
“3.- La observancia del Debido Proceso y la tutela Jurisdiccional Ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por la Ley, ni sometida a procedimiento distinto de los previamente establecidos, ni juzgada por órganos jurisdiccionales de excepción ni por comisiones especiales creadas al efecto, cualquiera sea su denominación”.
Los Jueces laborales deben impartir justicia observando el debido proceso y la tutela jurisdiccional, pues estos son derechos fundamentales de todo aquel justiciable que se involucra en un proceso judicial.
El Tribunal Constitucional también se ha pronunciado al respecto en las siguientes sentencias:
Expediente N° 2508-2004-AA/TC:
“Debido proceso está concebido como el cumplimiento de todas las garantías, requisitos y normas de orden público que deben observarse en las instancias procesales de todos los procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir, que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales, dentro de un p roceso, sea este administrativo… o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal. Uno de los atributos del debido proceso lo constituye el derecho de defensa, que tiene como presupuesto, para su ejercicio, la debida notificación de las decisiones que pudieran afectar una situación jurídica” .
Expediente N° 8125-2005-HC:
“… El debido proceso tiene a su vez , dos expresiones: una formal y otra sustantiva; en la de
carácter formal , los principios y reglas que lo integran tienen que ver con las formalidades estatuidas, tales como las que establecen el juez natural, el procedimiento preestablecido, el derecho de defensa, la motivación ; en su faz sustantiva 7 , se relaciona con los estándares de justicia como son la razonabilidad y proporcionalidad que toda decisión judicial debe supone r”.
La invocación del principio del debido proceso se aprecia en forma tácita en todas las etapas del proceso laboral, ya sea al regular las formalidades de su postulación, al establecer plazos, las reglas de conducta en las audiencias, así como en el contenido del derecho del derecho de defensa de las partes y la debida motivación de las resoluciones judiciales.
6. Especial Tutela a la Madre Gestante, al Menor de Edad y a la Persona con Discapacidad8.-
La Nueva Ley Procesal de Trabajo señala que la aplicación de los principios antes desarrollados debe acentuarse frente a la madre, al menor de edad y a la persona con discapacidad. Esta especial protección, tiene como fundamento a la Constitución Política del Estado.
Así el Art. 23 de la Constitución señala que “[e]l trabajo, en sus diversas modalidades, es objeto de atención prioritaria del Estado, el cual protege especialmente a la madre, al menor de edad y a la persona y al impedido que trabajan”. N uestra constitución recoge una preocupación de índole mundial por la situación de ciertos trabajadores en circunstancias especiales que pueden ser objeto de situaciones abusivas y vulneratorias de varios de sus derechos fundamentales.
El Perú ha ratificado dos convenios de la OIT que regulan la situación de menor de edad, siendo estos: Convenio N° 138 y N° 182. El primero fue aprobado mediante Resolución Legislativa N° 27453 del 11 de Mayo de 2001; el segundo, a su turno, fue aprobado mediante Resolución Legislativa N° 27543 del 11 de octubre de 2001. Por otro lado, El resaltado es nuestro. VINATEA RECOBA, Luis y TOYAMA MIYAGUSUKU, Jorge -“Análisis y Comentarios de La Nueva Ley Procesal del Trabajo” – Soluciones Laborales – Gaceta Jurídica- Edición Noviembre 2012 7 8
también se muestra necesario acudir a la Ley N° 27337, Código de los Niños y Adolescentes, norma en la cual se establecen varias definiciones que permitirán al Juez laboral brindar protección al menor de edad que trabaja.
En relación con la madre trabajadora, nuestro país ha ratificado la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación y los Convenios Internacionales N°s 100, 11 y 156 de la OIT. También debe el juez laboral observar lo establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Art. 25), la convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (art 4, numeral 2), la Declaración sobre Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (artículo 10, numeral 2) el pacto internacional de Derechos Económicos, sociales y culturales (artículo 10 segundo párrafo) y la Decisión N° 584, Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo. A nivel interno, existen normas enfocadas a proteger a la madre trabajadora, ya sea durante el desarrollo o la extinción de la relación laboral. Así, el juez de trabajo debe tomar en cuenta la Ley N° 28048, ley de protección a favor
de la mujer gestante que
realiza labores que pongan en riesgo su salud y/o el desarrollo normal del embrión y el feto; la Ley N° 27240, que otorga el permiso por lactancia materna; la Ley N° 26644, Ley que precisa el goce del derecho de descanso prenatal y posnatal de la trabajadora gestante, el Decreto Supremo N° 009-2004-TR, mediante la cual se establece el Reglamento de la Ley N° 28048; la Resolución Ministerial N° 374-2008.TR,n en la que se han establecido los listados y lineamientos para garantizar la salud de la trabajadora gestante y/o el desarrollo normal del embrión y el feto. Finalmente, la Ley de productividad y competitividad labora ha establecido como causal de nulidad del despido aquel motivado por el estado de embarazo de la trabajadora.
En lo concerniente a la persona con discapacidad que trabajan, hemos ratificado los Convenios Internacionales N°s 111 y 159 de la OIT. Asimismo, a nivel interno, existe la Ley N° 27050, Ley General de la Persona con discapacidad. Para culminar, consideramos que la extinción de la relación laboral de la persona que sobreviene en discapacidad después de haber celebrado un contrato de trabajo es invalidad y susceptible de ser impugnada a través del despido nulo cuando al empleador le es imposible reubicar al trabajador en algún puesto de la empresa.
7. El Rol Protagónico del Juez La Nueva Ley Procesal de Trabajo, ha conferido un papel preponderante al Juez, no sólo porque dirige e impulsa el proceso, sino porque incluso la misma norma le asigna facultades de interrogar a las partes abogados y terceros en cualquier momento.
Los jueces laborales son los directores de los procesos orales, conduciendo las conciliaciones y audiencias de juzgamientos, buscando concentrar el proceso a las controversias específicas que se planteen y advirtiendo y sancionando a las partes que tienen una conducta temeraria en el proceso.
El Juez como servidor del Estado tiene como función principal la de administrar justicia, mediante la aplicación de tres funciones: “investigación de la verdad; búsqueda de la norma y la interpretación de su sentido; y la aplicación del Derech o a los hechos”.
Para9 entender este rol protagónico del juez en el esquema del nuevo proceso laboral, debemos encuadrar a este magistrado en un proceso guiado por los principios que antes hemos venido desarrollando. Un proceso oral y basado en la inmediación permite a un juez involucrarse activamente en el desarrollo del proceso. Un proceso basado en la celeridad y concentración permite al juez agilizar los trámites procesales a fin de que este se extienda lo menos posible en el tiempo. En fin, un proceso basado en la oralidad, inmediación, celeridad, concentración, economía procesal, exige un juez activo, que promueva su desarrollo y la consecución de una solución rápida al litigio en el que se ven involucrados derechos de orden prioritario.
Cabe señalar, que quien protege al trabajador es la Ley no el Juez ; ya que este es un tercero imparcial frente a un conflicto, por lo que él no podría compensar la desigualdad, porque de lo contrario se estaría desconociendo la igualdad procesal que se exige en todo proceso y que es una manifestación del debido proceso. El Juez en su calidad de rol activo
en
el
d de las partes y si este
proceso
debe
garantizar
la
igualdad
comprueba una situación de desigualdad deberá ejercer sus
facultades inquisitivas con límites; es por ello que el legislador en la NLPT ha buscado compensar la desigualdad procesal diseñando un proceso con características especiales, plagado de disposiciones encargadas de equiparar a las partes en el proceso.
8. La Gratuidad del Proceso. La acción tuitiva por parte del Estado a favor del más débil de la relación laboral se manifiesta en la implementación de la gratuidad del proceso para el trabajador, quien en
VINATEA RECOBA, Luis y TOYAMA MIYAGUSUKU, Jorge -“Análisis y Comentarios de La Nueva Ley Procesal del Trabajo” – Soluciones Laborales – Gaceta Jurídica- Edición Noviembre 2012 9
la mayoría de los casos no tiene los medios económicos suficientes para afrontar los gastos que genera un litigio.
La NLPT, señala en el Art. III del Título Preliminar que el proceso laboral es gratuito para el prestador de servicios, en todas las instancias, cuando el monto total de las pretensiones reclamadas no supera las setenta (70) Unidades de Referencia Procesal – URP o cuando su pretensión no sea cuantificable.
También encontramos otras manifestaciones de gratuidad procesal, las cuales son:
La defensa pública a cargo del Ministerio de Justicia para la madre gestante, el menor de edad y la persona con discapacidad que trabajan.
La posibilidad de que los prestadores de servicios, cuando reclaman montos no superiores a diez (10) URP, comparezcan al proceso sin necesidad del abogado. En caso lo reclamado sea mayor de diez (10) URP pero menor o igual a setenta (70) URP es facultad del juez, atendiendo a las circunstancias del caso, exigir o no la comparecencia con el abogado.
EN SUMA DE QUE TRATA DE ESTA LEY
