RAÚL MARTÍNEZ BOTOS
MEDIDAS CAUTELARES Embargabilidad e inembargabilidad. Embargo preventivo. Secuestro. Inhibición de bienes. Prohibición de innovar. Intervención judicial. Anotación de litis. JURISPRUDENCIA,
MODELOS Y LEGISLACIÓN
Tercera edición reestructurada
y ampliada
por VÍCTOR
DE SANTO
BIBLIOTECA DE LA PP,OCURr'ClON
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e rn EDITORIAL UNIVERSIDAD BUENOS AIRES 1996
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CAPÍTULO 11
EMBARGO
PREVENTIVO
9. Concepto. Mediante reconocimiento
el embargo preventivo se asegura el derecho cuyo o declaración se pretende obtener en el proceso.
El embargo preventivo -dice precisamente Falcón 1 siguiendo con algunas variantes a Podetti 2 - es aquella "medida cautelar que,
afectando un bien o bienes determinados de un presunto deudor, para asegurar su eventual ejecución futura, individualiza a aquéllos y limita las facultades de disposición y de goce de éste, mientras tanto se obtiene la sentencia de condena o se desestima la demanda principal".
La misma definición brinda Lázzari 3, con cita de Podetti, Colombo
y Alsina. Concluye señalando que "frente a esta caracterización del instituto, ampliamente lograda por los recordados maestros, solamente puedo poner el acento en la nota de indisponibilidad que acompaña al objeto embargado reduciendo sensiblemente las potestades de su titular, quien a partir de la traba se encuentra forzado a respetarla inclusive bajo pena de incurrir en ilícito del derecho penal". Colombo410 conceptualiza en estos términos: es la sujeción de uno o más bienes (individualizados) del deudor o eventual deudor, a un régimen jurídico especial que en lo fundamental consiste: 1) en su deber de abstenerse de todo acto jurídico o físico que pueda tener por resultado disminuir la garantía que dicho bien concreta; 2) en la circunstancia de que el titular del dominio del bien embargado en lo sucesivo no puede ejercer determinadas facultades, aun legítimas, sin autorización judicial. Alsina5, a su vez, lo describe como la medida procesal de garantía consistente en la afectación de un bien del deudor al pago del crédito 1 Falcón, Código Procesal... cit., t. 11, p. 261. Podetti, Tratado de las medidas cautelares, p. 169. 3 Lázzari, Medidas cautelares, t. 1, p. 215. 4 Colombo, Código Procesal... cit., t. 11, p. 246. 5 Alsina, Tratado... cit., t. 11, p. 52, n° 9. 2
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MEDIDAS
en ejecución; y su objeto es la individualización y la indisponibilidad del bien afectado, mediante las cuales se asegura que el importe obtenido por la realización judicial del mismo será aplicado a satisfacer el interés del acreedor. Debe diferenciarse, por otra parte, el embargo preventivo del ejecutivo -que es el que se ordena ante la presunción de certeza emanada de un título que reúne determinados requisitos legalmente establecidos-, y del ejecutorio, que se dispone ante una sentencia firme en vías de ejecución. Conforme lo destaca Falcón 6, por un defecto de redacción y de concepto se ha creado una mayor diferencia entre el embargo ejecutivo y el preventivo, de la que en realidad existe: ambos son embargos preventivos, pero el primero solamente es aplicable a los juicios ejecutivos y sometido a que el mismo sea procedente, en tanto que el segundo procede en todo tipo de proceso. Además, el embargo preventivo debe ordenarse casi siempre bajo la responsabilidad y caución del solicitante, según el arto 199 CPN, en tanto que el embargo ejecutivo no requiere esta caución. Por otra parte, el embargo ejecutivo no requiere contracautela ni acreditar el peligro en la demora. El embargo preventivo, se ha señalado, es distinto del embargo ejecutivo porque éste procede ante la mera presentación de un título que por sí solo trae aparejada ejecución, y por ende, no cabe exigir previa contracautela como surge del arto 592 del Código Procesal, en tanto que aquél -dada la diferente naturaleza del título que le sirve de base- se decreta si el derecho es verosímil pero a condición de que el peticionante otorgue la debida contracautela (arts. 195 y 199, Cód. Procesal; esta sala causa B-35.731, reg. int. 410/72; cfr. Morelloy otros, Códigos Procesales, t. II, p. 209, b) (C2aCC La Plata, Sala II, B-39.516, reg. int. 304/1974). Los presupuestos que se exigen para decretar el embargo preventivo son los mismos que hemos tratado en general para todas las medidas cautelares, es decir, la verosimilitud del derecho, el peligro en la demora y la prestación de contracautela. En caso de embargo preventivo, de la misma forma que en las demás medidas precautorias, la interpretación no debe ser restrictiva, ya que es necesario tutelar las pretensiones articuladas a fin de que no resulten inocuos los pronunciamientos que dan término al litigio; esta orientación se encuentra robustecida ahora por lo dispuesto en el arto 232 del Cód. Procesal, según el cual cabe la adopción de las medidas urgentes que "fueren más aptas para asegurar provisionalmente el resultado de las sentencias" (CNCiv., Sala C, 15/3/76, LL, t. 1976-D, p. 648, n° 33.822-S). 6 Falcón, Código Procesal... cit., t. 11, p. 262.
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Es decir, que es preferible el exceso en acordar la traba que la parquedad en negarla (CNCiv., Sala A, LL, t. 148, p. 672, n° 29.506S); no debiendo el juzgador, por lo tanto, extremar su celo (C1 acc La Plata, Sala III, 11/2/80, causa 47.909). 10. Procedencia. a) Distintos
supuestos.
1) Créditos probados
con instrumento
público o privado.
Según lo prevé el arto 209, inc. 2, CPN, el embargo preventivo puede solicitarse cuando "la existencia del crédito esté demostrada con instrumento público o privado atribuido al deudor, abonada la firma por información sumaria de dos testigos". Son instrumentos públicos respecto de los actos jurídicos: 1°) Las escrituras públicas hechas por escribanos públicos en sus libros de protocolo o por otros funcionarios con las mismas atribuciones, y las copias de esos libros en la forma que prescribe la ley; 2°) cualquier otro instrumento que extendieren los escribanos o funcionarios públicos en las formas que las leyes hubieren determinado; 3°) los asientos en los libros de los corredores, en los casos y en la forma que determine el Código de Comercio; 4°) las actas judiciales hechas en los expedientes por los respectivos escribanos y firmadas por las partes, en las formas y en los casos que determinen las leyes de procedimientos y las copias que de estas actas se sacasen por orden del juez ante quien pasaron; 5°) las letras aceptadas por el gobierno o sus delegados, los billetes o cualquier título de crédito emitido por el tesoro público, las cuentas sacadas de los libros fiscales autorizadas por el encargado de llevarlas; 6°) las letras de particulares, dadas en pago de derechos de aduana con expresión o con la anotación correspondiente de que pertenecen al tesoro público; 7°) las inscripciones de la deuda pública, tanto nacionales como provinciales; 8°) las acciones de las compañías autorizadas especialmente, emitidas de conformidad con sus estatutos; 9°) los billetes, libretas y toda cédula emitida por los bancos autorizados para tal~s emisiones... (cfr. arto 979, Cód. Civil). Constituyen instrumentos públicos, asimismo, la fotocopia o la copia carbónica autenticadas por escribano (art. 979, inc. 2, Cód. Civil). Los instrumentos públicos hacen plena fe, no sólo entre las partes sino contra terceros, en cuanto al contenido de ellos hasta que sean
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MEDIDAS
argüidos de falsos por acción civil o criminal (cfr. arts. 993, 994 Y 995, .
Cód. Civil).
En el supuesto de que el crédito esté documentado en instrumento privado, no es menester que los testigos que abonan la firma atribuida al deudor lo hayan visto firmar (CNCom., Sala B, 14/3/80, ED, t. 88, p. 452). De la información de abono, sin embargo, deben resultar hechos que permitan al juez inclinarse hacia la probabilidad de que la firma es auténtica (sin que ello signifique que la firma sea, en definitiva, auténtica, para lo cual el interesado puede hacer valer las defensas del caso en el momento oportuno [CNCom., Sala A, LL, t. 1981-D, p. 596, n° 36.006-S], aunque haya sido desconocida por el presunto deudor) (CNCom., Sala A, LL, t. 107, p. 362). Exigir la presencia de los testigos en el momento de la firma del instrumento (art. 209, inc. 2, Cód. Procesal), torna al extremo subordinante de la cautela de dificultosa concreción práctica de donde tal exégesis aparece contraria al espíritu de la norma (CNCom., Sala D, 6/9/82, LL, t. 1983-A, p. 92). ' La firma sobre la cual deben expedirse los testigos es aquella estampada en el documento original: no constituye título suficiente para obtener el embargo preventivo la fotocopia del documento atribuido al deudor (CNCiv., Sala C, JA, t. 1957-IV, p. 504)7. Es importante remarcar que la autenticidad de la firma puede también resultar de circunstancias ajenas a la información de abono, por ejemplo, si aquélla se halla certificada por escribanos o no ha sido desconocida por el demandado (CNCom., Sala B, LL, t. 96, n° 2716-S). El arto 241, inc. 3, del CPC Tucumán, autoriza el embargo preventivo cuando "la existencia de la deuda esté demostrada con instrumento público o privado atribuido al deudor abonada la firma en este último caso por información sumaria de dos testigos o por certificación de escribano como puesta en su presencia u otro medio fehaciente e indubitable". La certificación notarial de la firma se halla asimismo prevista en los CPC de Entre Ríos (art. 206, inc. 2) y La Pampa (art. 211, inc. 2). La jurisprudencia de los tribunales nacionales no es uniforme sobre el punto, pues mientras algunos de éstos consideran suficiente tal certificación, que se halla comprendida entre los actos que pueden realizar los escribanos matriculados por el arto 12, inc. a, de la ley 12.990
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(CNCiv., Sala A, LL, t. 90, p. 284; CNCom., Sala C, LL, t. 138, p. 983, n° 23.868-S y ED, t. 31, p. 80) otros han resuelto lo contrario con fundamento en una interpretación estrictamente literal del arto 209, inc. 2, CPN (CNCom., Sala A, LL, t. 135, p. 1108, n° 20.892-S; ED, t. 23, p. 813, sumarios 33 y 34). No nos cabe ninguna duda de que la primera solución es la correcta 9. Es obvio, por lo demás, que el actor puede prescindir de la información de abono, que configura un trámite previsto en su beneficio, y solicitar, en cambio, la citación del presunto deudor en la forma establecida para la preparación de la vía ejecutiva 10, siendo admisible, en caso de negativa, la práctica de prueba pericial (aunque, cuando no se trata de juicio ejecutivo, es inaplicable la sanción contemplada en el arto 528 CPN). En los términos del inc. 2, del arto 209 CPN, cuadra consignar que también procede el embargo preventivo si el actor acompaña un documento protestado (CNCiv., Sala C, LL, t. 81, p. 449; CNEsp. Civ. y Com., Sala III, LL, t. 54, p. 145), un telegrama colacionado en el cual el demandado reconoció la deuda (CNCiv., Sala C, LL, t. 91, p. 118), o remitos conformados por éste (CNCom., Sala B, ED, t. 4, p. 917). En el caso de que el instrumento privado se halle suscripto por autorización del que figura como obligado, corresponde acompañar el documento en el que consta aquélla 11 o producir la prueba que, prima facie, acredite la existencia de una autorización tácita (con referencia a los recibos otorgados por el oficial primero de una escribanía en papel de ésta, véase el fallo de la CCC Mar del Plata, Sala II, con fundamento en la doctrina emergente de los arts. 138, párr. ~ y 151 del Cód. de Comercio y 1113 Y 1122 del Cód. Civil, cit. por Ramírez, Medidas cautelares, p. 106) 12. El instrumento protocolizado, si bien no queda convertido en público, si ha sido hecho por el firmante sin reserva de la autenticidad,
es hábil para decretar el embargo preventivo
13.
Si la deuda se atribuye a una sociedad, el abono de la firma debe complementarse mediante el acreditamiento de que el firmante o
firmantes pueden obligar a aquélla
14.
9 Cfr. Morello, Efectos de la certificación notarial de firmas, en "Revista Notarial", marzo-abril 1963, n° 747, p. 595.
10
Alsina, Tratado... cit., t. V, p. 469; Podetti-Guerrero Leconte, Tratado...
cit., p. 245 Y fallos citados por estos autores. 7 Cfr. Serantes Peña-Palma, Código Procesal... cit., t. 1, p. 508. Los testigos, por otra parte, no pueden declarar acerca de la autenticidad de impresiones digitales o de signos (CCom. Cap., JA, t. 29, p. 241; t. 75, p. 729; Cl.CC La Plata, Sala 1, JA, t. 1943-111, p. 368). Pero el embargo procede si el deudor ha reconocido la obligación (Podetti-Guerrero Leconte, Tratado... cit., p. 246). 8 Serantes Peña-Palma, Código Procesal... cit., t. 1, p. 508.
11 12
Cfr. Alsina, Tratado... cit., t. V, p. 469, Yjurisp. cit. en la nota 34.
Cfr. asimismo, los precedentes cits. por Alsina, Tratado... cit., t. V, p. 469, nota 34. 13Colombo, Código Procesal... cit., ed. 1969, t. 11, p. 266; Fenochietto-Arazi, Código Procesal... cit., t. 1, p. 693. 14Podetti-Guerrero Leconte, Tratado... cit., p. 245, Y fallos cits. en nota 61.
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La ley se refiere a la prueba testifical; sin embargo, nada obsta a que se admita el dictamen de un perito calígrafo, que se designará de oficio y sin audiencia de la parte a la que se le atribuye la firma
.del documento 15.
-
Con respecto a los cheques hay que distinguir si éstos han sido presentados al cobro dentro del plazo legal o no (art. 25, dec.-ley 4776/63). En el primer supuesto, cualquiera que sea la causa por la cual el banco no haya pagado el cheque, el documento será hábil para solicitar el embargo preventivo; en el segundo, es menester demostrar los
requisitos comunes a los documentos privados 1) Jurisprudencia
16
.
nacional.
Principios generales. El embargo preventivo viene a engendrar una especie de prenda o hipoteca judicial que afecta la cosa embargada al pago del acreedor y que surte idénticos efectos sobre el dominio y respecto de terceros. Es decir que el embargo crea una especie de interdicción en resguardo y seguridad de los derechos del acreedor, ya que es jurídicamente impensable que el deudor embargado pueda atribuirse el derecho de transferir el dominio del bien sustrayendo la cosa embargada a la acción de la justicia. Dicha medida cautelar agota su función como acto de un proceso que tiene una fmalidad propia bien determinada: sustraer la disponibilidad del bien al titular del derecho sobre el bien mismo; el deudor no puede disponer de la cosa embargada en perjuicio del fin al que tiende el proceso (CNCom., Sala A, 26/4/78, ED, t. 79, p. 251). Se ha acotado que sólo importa una suerte de afectación del bien gravado o de su producido, a la eventual satisfacción del derecho en seguridad del cual se dispone, pero no atribuye al acreedor poder alguno sobre la cosa gravada (CNCiv., Sala P, 7/5/81, LL, t. 1981-C, p. 323). N o implica, por lo tanto, un cambio de la naturaleza de dichos bienes, ni altera la .titularidad del dominio sobre ellos, la cual se mantiene en cabeza del propietario (CSN, 16/3/78, Fallos, t. 300, p. 214). En consecuencia, pueden ser objeto de los contratos las cosas embargadas, salvo, ciertamente, "el deber de satisfacer el perjuicio que del contrato resultare a terceros" (CNCiv., SalaD, 7/3/81, LL, t. 1981C, p. 323). De la mencionada indisponibilidad del bien, que apareja el embargo, se deriva una seguridad para el acreedor, y si se enajena el 15
Fenochietto-Arazi, 16Fenochietto-Arazi,
Código Procesal... cit., t. 1, p. 693. Código Procesal... cit., t. 1, p. 693.
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bien pese a la existencia de la traba, se produce un daño cierto, que debe indemnizarse, salvo la prueba de la existencia de otros bienes del deudor o de que el valor venal del bien embargado no alcanzaba a cubrir el monto del crédito en resguardo del cual se anotó la medida precautoria (CSN, 23/10/73, LL, t. 154, p. 452; JA, t. 1973-20, p. 365; ED, t. 54, p. 398). Es decir, que la medida del perjuicio sufrido determinará el grado de inoponibilidad de la convención celebrada al embargante (CNCiv., Sala D, 7/5/81, LL, t. 1981-C, p. 323). La anotación de los embargos en los registros pertinentes, tratándose de bienes registrables, tiende, como en general la publicidad, a provocar la cognoscibilidad general, o sea, que genera la posibilidad de que sea conocida una situación jurídica determiriada(CNCiv., Sala C, 13/9/79, LL, t. 1980-A, p. 80; JA, t. 1979-IV,p. 513; ED, t. 87, p. 199). Está hoy unánimemente admitido que tanto la verosimilitud del derecho cuanto la extensión de la medida precautoria -en el caso, embargo preventivo--, deben apreciarse con amplitud de criterio a fin de que no se produzca la frustración del derecho de q~ien la solicita (CNCom., Sala B, 26/5/77, LL, t. 1977-C, p. 2; CNCiv., Sala G, 23/8/82, LL, t. 1983-B, p. 749, n° 36.298-S). La justicia no puede consentir que se desarrolle la secuela procesal sin asegurar uno de los elementos que constituyen el objeto material de la causa, por lo que resulta irreal diferir la cuestión para el momento de dictar sentencia, ya que lo planteado no es una declaración de derecho sino el ejercicio presente del imperio para asegurar las cosas en litigio (CNCom., Sala D, 25/3/81, LL, t. 1981-D, fallo n° 80.087). Presupuestos. El embargo preventivo -medida precautoria específica- exige la concurrencia de un presupuesto básico ineludible: la verosimilitud del derecho que se invoca, en medida suficiente (CNCiv., Sala A, 6/4/72, JA, t. 1972-15, p. 139). Además del presupuesto aludido, tradicionalmente denominado fumus boni iuris, debe concurrir, por vía de principio, elpericulum in mora, que constituye la razón de ser de las medidas cautelares, lo que las justifica como institución jurídica. Por lo tanto, en ningún supuesto debería prescindirse de este requisito en el embargo preventivo, lo que no implica, por cierto, que siempre ha de exigirse que el actor lo acredite. La ley puede en ciertas situaciones presumido, por la situación de las personas, la naturaleza de' la acción y el estado del proceso en el cual se pide (CNCiv., Sala C, 28/11/75, LL, t. 1976-A, p. 491, n° 33.209-S).
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Cuando se trata de la obtención de embargos preventivos, se requiere el cumplimiento no sólo de los elementos previstos para las medidas cautelares en general -presunción de derecho, peligro en la demora y contracautela-, sino que además es preciso que el objeto del embargo sea ejecutable coactivamente, es decir, que sea susceptible de resolverse en el pago de una suma de dinero (CNCom., Sala B, 27/8/75, LL, t. 1976-A, p. 196). La inexistencia de cantidad líquida no impide que se decrete el embargo preventivo, cuando el requirente acredita con serias apariencias y a primera vista, que es titular de un derecho, y se dan suficientes elementos de convicción para establecer prudencialmente el monto de la deuda reclamada (CNCiv., Sala F, 1/11/78, ED, t. 85, p. 692), lo que en modo alguno significa prejuzgamiento (CNCiv., Sala C, 30/12/69, JA, t. 1970-6, p. 82); siendo preferible -como lo subrayáramosun exceso y no lo contrario, porque esto podría importar una frustración del sentido que debe acordársele a toda medida de esta índole (CNCiv., Sala A, 6/4/72, JA, t. 1972-15, p. 139). La solvencia de la demandada no constituye, en principio, óbice para decretarlo, si se trata de resguardar el reclamo del riesgo propio de la gestión comercial (CNCiv., Sala D, 28/2/69, ED, t. 26, p. 734). Si los mismos testigos declaran contradictoriamente y sus dichos, además, ofrecen discrepancia con lo expresado por la parte peticionante del embargo preventivo, debe considerarse que no se han cumplido,\q~ extremos exigidos por la ley para que proceda la medida solicitf\~ (CNCom., Sala A, 10/8/60, LL, t. 102, p. 600, n° 6727-S). '
Instrumentos
públicos o privados.
Procede el embargo preventivo si los demandados no negaron la autenticidad del instrumento (CNCom., Sala B, 18/2/59, LL, t. 96, n° 2716-S); o cuando las firmas se encuentran abonadas por testigos o por cualquier otra forma sumaria (CNCom., Sala B, 13/3/63, ED, t. 4, p. 916). Se ha considerado título suficiente del cual cabe admitir que nace en favor del peticionario una razonable presunción de legitimidad, equiparable a la información sumaria del inciso 2 de esta norma, el auto que regula honorarios (CNCiv., Sala C, 30/5/61, ED, t. 1, p. 325); el laudo firme, no impugnado (CNCom., Sala A, 9/8/63, ED, t. 6, p. 736); las constancias del crédito por expensas comunes (CNCiv., Sala D, 19/11/68, LL, t. 135, p. 1156, n° 21.229-S); la factura conformada con certificación hecha por un contador matriculadó (CNCom., Sala C, 21/10/77, LL, t. 1978-A, p. 501); la letra de cambio debidamente protestada (CNEsp. Civ. y Com., Sala III, 18/2/74, LL, t. 154, p. 145; JA, t. 1974-21, p. 514); el pagaré protestado (CNCiv., Sala C, 26/9/55, LL, t. 81, p. 449); los remitos conformados por la demandada (CNCom., Sala B, 15/3/63, ED, t. 4, p. 917); el telegrama colacionado en el cual
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los demandados se reconocen deudores, por ser un instrumento público (CNCiv., Sala C, 25/8/55, LL, t. 81, p. 118). En cambio, se ha considerado que la fotocopia del documento simple atribuido al deudor, por no suplir al instrumento privado, no constituye elemento idóneo para decretar el embargo preventivo (CNCiv., Sala C, 7/11/57, JA, t. 1957-IV, p. 504). II) Jurisprudencia Principios
provincial.
generales.
El embargo preventivo como medida cautelar tiene como finalidad asegurar el derecho cuyo reconocimiento o declaración se pretende obtener en el proceso (arg. arto 195, Cód. Procesal); o más concretamente preservar la eventual ejecución futura del deudor, limitando las facultades de disponibilidad o goce de sus bienes, hasta tanto recaiga sentencia sobre la demanda principal (Alsina, Tratado... cit., t. V, p. 456, n° 4; Podetti, Tratado de las medidas cautelares, p. 169, n° 58; Safontás, El embargo y sus efectos fundamentales, en "Revista Colegio de Abogados La Plata", año 1, n° 1, v. 1, p. 47) (C2aCC La Plata, Sala III, causa B-26.573, reg. int. 461/69). Se trata de un derecho real procesal, porque impide la disposición del bien -que no se puede enajenar como libre-, desde que provoca la desmembración del dominio, concediendo el orden de los embargos una prelación, y sigue, a su vez, a la cosa en manos de quien se encuentra (C2aCC La Plata, Sala II, causa B-42.186, reg. sent., 5/77). Esta última, en caso del embargo, se transmite siempre con el gravamen constituido en beneficio del acreedor embargante (SCBs. As., LL, t. 106, p. 295). Mecta así a un bien o bienes determinados, que deben ser existentes, ya que su objeto es la individualización y la indisponibilidad del bien cautelado (C2aCC La Plata, Sala II, causa B-53.822, reg. int. 470/83). Ello presupone la existencia y determinación del bien a embargar, quedando excluido el embargo sobre cosas futuras (v.gr., depósitos bancarios a efectuarse) (C2aCC Mercedes, JA, t. 1970, reseñas, p. 638, n° 54). No importa desapropio, pues la cosa coptinúa siendo propiedad del ejecutado mientras no se proceda a su enajenación por orden judicial, y su efecto no es otro que poner el bien a disposición del juez embargante, sin cuyo conocimiento no puede dársele otro destino o someterlo a una afectación diferente (SCBs. As., Ac. y Sent., t, 1960V, p. 469). En efecto, del juego armónico de los artículos 1174 y 1179 del Código Civil, se advierte que este cuerpo normativo permite la enajenación de los bienes embargados, claro está, a condición de qne se
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declare la existencia del embargo, ya que en este caso los derechos del acreedor embargante no sufren un perjuicio o disminución que los afecte, dado que el embargo recae eventualmente sobre el precio de venta que ocupa jurídicamente su lugar (C1aCC Mercedes, LL, t. 131, p. 711). De ahí que el mero embargo de una cosa -suma de dinero-- no transmite la propiedad de la misma, y lejos de constituir una forma de pago, constituye un paso procesal previo a esa forma forzada de extinción de obligaciones (C2aCC La Plata, Sala n, DJBA, t. 57, p. 101). El embargo, se ha agregado, no implica necesariamente la venta judicial de la cosa; debiendo cuidarse que la satisfacción del derecho del acreedor se realice con el menor desmedro posible del interés del deudor, y también del interés público. De allí, algunos aspectos del orden establecido para la traba del embargo, la limitación de la medida, los procedimientos especiales cuando el mismo recae sobre los bienes afectados al servicio público, etc. (C1 acc La Plata, Sala In, causa 175.188, reg. int. 158/79). Como ocurre con todas las medidas cautelares, que toda orden de embargo, en cuanto dirigida a la inmovilización o retención de bienes del deudor, o al secuestro, a los fmes de la garantía del crédito que se demanda, emana de una providencia cautelar que sólo tiende a la composición simplemente provisional y no definitiva del litigio (SCBs. As., Ac. y Sent., t. 1957-V, p. 53). El embargo preventivo es distinto del embargo ejecutivo y del embargo ejecutorio, dada la diferente naturaleza del título que le sirve de base. Así, el embargo preventivo se decreta si el derecho es verosímil, pero a condición de que el peticionario otorgue la debida contracautela (arts. 195 y 199, Cód. Procesal; Morello y otros, Códigos Procesales, t. In, ed. 1971, p. 128, b). En cambio, el embargo ejecutivo procede ante la mera presentación de un título ejecutivo que por sí solo trae aparejada ejecución y que se rige por normas específicas, de modo que sólo en forma subsidiaria y en lo pertinente se aplican las disposiciones contenidas en el título IV, capítulo nI, de la ley ritual, tal como surge de sus arts. 233 y 533, no siendo exigible la previa contracautela (art. 599, Cód. citado). A su turno, si existe sentencia de condena firme, media una declaración definitiva del derecho, no existiendo duda sobre la verosimilitud de la obligación que se ejecuta (art. 163, Cód. Procesal; Podetti, Tratado de las medidas cautelares, ps. 25-27 y 61-65), y al no tener carácter de medida precautoria, el embargo ejecutorio escapa a la regla genérica contenida en el artículo 199 de la ley adjetiva (C2aCC La Plata, Sala n, causa B-36.120, reg. int. 5/73). El embargo preventivo como medida cautelar, puede ser viable en los procesos compulsorios siempre que se acrediten los presupuestos que lo condicionan con anterioridad a que se tenga por preparada la
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vía ejecutiva (art. 209, inc. 2, Cód. Procesal). Obviamente, en la ~ayo~ía de los casos, la simplicidad de la preparación de la vía ejecutIva toma mucho más práctico optar por este último trámite para l~grar. de ese modo una solución expeditiva y obtener, así, un embargo ejecutIvo (arts. 523, 524, 525, 529, Cód. Procesal) (C2aCC La Plata Sala I, causa B-46.950, reg. int. 346/79). ' Presupuestos. P~a la pro~edencia. de~ ~mbargo preventivo es menester que conv.elJan, por Vla de prmClplO, los presupuestos genéricos de las medIdas cautelares, es decir, verosimilitud del derecho, peligro en la demora y contracautela (arts. 195, 199, 232, Cód. Procesal; Podetti, Tratado de las medidas cautela res, 2a ed., acto por Guerrero Leconte n° 68, p. 242; Ramírez, Medidas cautelares, p. 102) (CrCC La Plata: Sala In, causa 172.033, reg. int. 156/78). No o?stante que según un criterio generalizado la procedencia de una medIda cautelar no debe ser apreciada con criterio restrictivo desde que es necesario proteger las acciones deducidas con un derech~ verosímil,. a fin de ~~e no resulte inoc~o el procedimiento que ponga fin al pleIto, tamblen lo es que prevIamente deberá acreditarse la exigencia de los requisitos que la tomen viable por aplicación de las normas legales que rigen la materia (C2aCC La Plata, Sala n, LL, t. 129, p. 1036, n° 16.670-S; ED, t. 22, p. 233). ~i ~? existen elementos de juicio que prima {acie justifiquen la veroslffillitud del derecho, y el peligro en la demora, a través de la información sumaria producida, los cuales tampoco surgen de las constancias de autos, no resulta procedente el embargo preventivo (C1aCC Mar del Plata, LL, t. 129, p. 1045, n° 16.809-S). Para la procedencia de la medida cautelar sólo basta la acreditación prima {acie del derecho invocado, su verosimilitud o apariencia en un grado menor que la certeza para la sentencia definitiva. Pero esa apariencia o presunción, cuando no surge in continenti de las constancias de la causa, debe acreditarse por medio de una sumaria cognitio. En el caso de autos las manifestaciones unilaterales de los recurrentes y la documentación suscripta por ellos o por terceros (notas, cartas, remitos, etc.), deben aparecer abonados por cualquier medio de prueba (C1aCC La Plata, Sala In, 23/12/82, causa 186.513, reg. int. 585/82). Facultades judiciales. Si el embargo es la medida judicial que afecta un bien o bienes determinados de un deudor o presunto deudor al pago eventual de un crédito, ~divi.dualiz~~dolo y limitando las facultades de disposición y goce, o SI qUIen solIcIta la traba de la medida precautoria queda 9 - Medidas
cautelares
130
MEDIDAS
CAUTELA RES
responsabilizado por los daños que el!a pudiere ocasionar" el órgano jurisdiccional debe velar por la segurIdad del ac~eedor, ~SI como por la efectivización de sus decisiones (arts. 199,212, mc. 3, Codo Procesal; Podetti, Tratado de las ejecuciones, cit., t. VII-A, p. 205, n° 97 y p. 207, n° 93; Fassi, Código Procesal... cit., t. l, p. 533, n° 1200) (ClaCC La Plata, Sala In, causa 178.698, reg. int. 179/80). Diversos supuestos. Las normas contenidas en la legislación procesal respecto del embargo preventivo pueden hacer suponer que, se trat~ de una enumeración taxativa, o, en otras palabras, que aquel no es VIable fuera de los señalados. Pero, en realidad, sólo se trata de enumeración de casos en los que se prescinde de alguno de los presupuestos genera~~s de las medidas cautelares, sentido en que sí es taxativa la enumeraclOn legal. El embargo preventivo procede en todos a~uellos .casos e~ los cuales ~e dan y justifican sus recaudos, sin prescmdencla d.e rnnguno y ~m admitirse presunciones sobre su existencia (Podetti, Tratado... CIt., p. 192, n° 65) (CeCC La Plata, Sala l, causa 147.512, reg. int. 322/71). Instrumentos
públicos o privados
del deudor.
La acreditación prima facie de un derecho es requisito básico para la procedencia del embargo preventivo (Podetti, Tr~tado... cit., p. 17~, n° 59). De ahí que conteniendo el instrumento p.rIvad? un reconOCImiento de deuda, cuya autenticidad de firma ha sIdo objeto de prueba testimonial mediante información sumaria, resulta procedente el embargo (C2aCC La Plata, Sala l, causa B-48.884, reg. int. 30.1/80). Lo mismo sucede si la firma ha sido certificada por un escrIbano, dada la eficacia que tiene dicha actuación notarial(ClaCC La Plata, Sala nI causa 92.052, reg. int. 398/59). Co~stituye un principio común en la materi~ que basta co~ que medie un fumus boni iuris respecto del dere~ho mvoca?o, no sIendo necesario traer la prueba plena sobre el partIcular, ra~o~ por la c~~l ha de primar un criterio amplio al valorar la sumarIa mformaclOn (C2aCC La Plata, Sala l, causa B-46.950, reg. int. 246/79). , Si no se halla abonada la firma del deudor a traves de la pertinente información, ni existen elem~ntos de juicio que tipifiquen prima facie los presupuestos de las medIdas cautelares, no proced~ el embargo preventivo (C2aCC La Plata, Sala n, causa B-54.150, reg. mt. 295/83). Si del instrumento no surge un reconocimiento de deuda debe desestimarse la medida solicitada (CrCC La Plata, Sala 1I, causa 92.052, reg. int. 398/59). Si el documento no contiene la firma del eventual deudor, aunque se haya producido prueba testimonial para justificar que fue redactado
EMBARGO PREVENTIVO
131
por éste, no reúne las condiciones exigidas por esta norma en los incisos 2 y 3, pues la carencia de firma es obstáculo insalvable. En efecto, la verosimilitud del derecho emana precisamente de la firma que sigue al documento presentado y que lo identifica como instrumento privado. Y ello es tanto así, que la jurisprudencia expresamente ha decidido y la doctrina ha receptado, la improcedencia del embargo preventivo, incluso, en base a un documento privado que sólo lleva a su pie una impresión digital que se atribuye al demandado (ClaCC La Plata, Sala l, JA, t. 1943-IIl, p. 368; LL, t. 28, p. 515; Alsina, Tratado... cit., t. V, p. 468, d; Morello y otros, Códigos Procesales... cit., t. IlI, p. 131) (C2aCC La Plata, Sala l, causa B-43.401, reg. int. 229/77). Si el instrumento es idóneo para promover un juicio ejecutivo, lo es a fortiori para peticionar un embargo preventivo en dicho juicio (C1aCC Mar del Plata, LL, t. 109, p. 709; JA, t. 1963-V, p. 349). Es lo que ocurre cuando se está frente a una letra de cambio debidamente protestada, pues no sólo trae aparejada la ejecución en los términos del artículo 60 del decreto-ley 6965/63, sino que autoriza obviamente el embargo preventivo, sin necesidad de transitar por la sumaria información conforme al principio de que quien puede lo más, puede lo menos (CCC Junín, LL, t. 141, p. 633, n° 25.269-S). O ante un pagaré con cláusula de dispensa de protesto, pues debe ser reputado como título suficiente para obtener el embargo preventivo, sin que sea menester para ello la información de abono en los términos del inciso 2 del arto 209 del Código Procesal (CrCC Bahía Blanca, Sala l, JA, Rep. 1981, p. 479, n° 27). Si bien es verdad que para el caso de que el embargo se solicitar e en base a un instrumento privado atribuido al deudor, el Código Procesal exige que la firma que lo suscribe sea abonada por información sumaria de dos testigos, tal exigencia no constituye una formalidad de la que no pueda prescindirse o suplirse por otra prueba que lleva a la convicción del juzgador la presunción de la existencia del crédito cuya percepción trata de asegurarse con la medida cautelar, pues basta esa presunción para la procedencia de la medida (CFed. Tucumán, 616/79, JA, t. 1980-IlI, p. 874, n° 34). 2) Contratos bilaterales. Conforme lo establece el inc. 3 del arto 209 CPN, procede el embargo preventivo cuando "fundándose la acción en un contrato bilateral, se justifique su existencia en la misma forma del inciso anterior, debiendo en este caso probarse además sumariamente el cumplimiento del contrato por parte del actor, salvo que éste ofreciere cumplirlo, o que su obligación fuese a plazo". Para acreditar la existencia del contrato el peticionario de la medida debe presentar el instrumento público o el instrumento
132
MEDIDAS
CAUTELARES
privado cuya firma resulte abonada mediante la información sumaria de dos testigos o a través de los medios probatorios o de las circunstancias que ya hemos señalado (cfr. parág. anterior). Es obvio que la prueba documental puede suplirse por cualquier otra si se acredita la imposibilidad de obtener aquélla, la existencia de un principio de prueba por escrito o la circunstancia de que el deudor recibió la prestación y se niega a cumplir el contrato (art. 1191, Cód. Civil) 17. Cuadra consignar, asimismo que al peticionario corresponde, en razón de lo que establece el arto 1201 del Cód. Civil, la demostración de haber cumplido la obligación a su cargo, a menos, claro está, que surja del contrato mismo dicho cumplimiento. I) Rescisión
del contrato.
No obstante que el inc. 3 del arto 209 CPN prevé el caso de demandarse el cumplimiento y no la rescisión del contrato (CNCiv., Sala E, LL, t. 107, p. 973, n° 8059-S; íd., Sala F, LL, t. 114, p. 850, n° 10.184-S), consideramos que el embargo es viable a pesar de peticionarse la rescisión. La jurisprudencia ha dicho, en este sentido, que el embargo procede a pesar de reclamarse la rescisión de un contrato bilateral, como es el de compraventa, si del correspondiente boleto surge la entrega, por el actor, de una suma de dinero en calidad de seña y aquél es reconocido o sus firmas son abonadas por testigos (CNCiv., Sala C, LL, t. 122, p. 938, n° 13.614-S; CNCom., Sala C, LL, t. 1980-C, p. 563, n° 35.548-S; Sala D, ED, t. 97, p. 558). Se ha decidido también su procedencia si el demandado reconoce haber recibido la seña (CNCiv., Sala F, LL, t. 114, p. 30), aunque en tales supuestos el embargo debe circunscribirse al monto de aquélla. II) Pretensiones
resarcitorias
fundadas
133
EMBARGO PREVENTIVO
en el incumplimiento.
Respecto a la cuestión de si la norma sub examine cubre el supuesto de las pretensiones resarcitorias fundadas en el cumplimiento de las obligaciones pactadas en los contratos, la tesis predominante en la actualidad se inclina por la afirmativa 18. Algunos decisorios comparten esta postura basándose en una exégesis extensiva del arto 209, inc. 2 (CNCiv., Sala E, LL, t. 146, 17 Ramírez, Medidas precautorias: hacia un criterio amplio en su admisión, en JA, t. 1971, doct., p. 697; Medidas cautelares, p. 107. Cfr., asimismo, sobre el punto, la opinión de Fenochietto-Arazi, Código Procesal... cit;, t. 1, ps. 693 y 694; Serantes Peña-Palma, Código Procesal... cit., t. 1, p. 508. 18Cfr. Palacio, Derecho procesal civil, t. VIII, p. 113, quien considera que esta tesis tiene suficiente sustento en la norma contenida en el arto 232 CPN, y Fenochietto-Arazi, Código Procesal... cit., t. 1, p. 694.
p. 633, n° 28.430-S) o admitiéndola cuando concurren la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora (CNEsp. Civ. y Com., Sala VI, BCNECyC, n° 678, sumo 9885). Con anterioridad a la entrada en vigencia del CPN (ley 17.454) se pronunciaron en este sentido, también sobre la base de una interpretación amplia de una norma prácticamente idéntica a la mencio-
nada, Díaz de Guijarro
19
y Morell020, en tanto que Podettp1 apoyó el
mismo criterio condicionando su aplicación a la concurrencia requisitos de las medidas cautelares en general. A la posición de Morello adhiere Ramírez 22. lII) Jurisprudencia
de los
nacional (contrato bilateral).
El inciso 3 del arto 209 CPN no sólo debe aprehender el supuesto en que se demanda el cumplimiento, sino también la resolución de un contrato bilateral, procediendo en ambas situaciones el embargo preventivo, pero limitado en este útimo caso a las sumas cuya entrega resulta del instrumento de contrato, si la existencia de éste se justifica por las formas que prevé el inciso 2 de este precepto legal (CNCom., Sala C, 7/6/69, LL, t. 1980-C, p. 563, n° 35.441-S; ídem, Sala D, 23/10/ 81, ED, t. 97, p. 558). Es viable el embargo preventivo fundado en un contrato bilateral, si en el responde se ha reconocido su existencia, y se produjo prueba suficiente de su cumplimiento por el actor y de la existencia de un crédito (CNCom., Sala A, 8/5/56, LL, t. 85, p. 171); o si la firma del contrato bilateral, así como los recibos acompañados, han sido abonados por los testigos y, por otra parte, el actor se ha allanado a cumplir su parte en el contrato, quedan reunidos prima facie los requisitos que tornan procedente dicha medida cautelar (CNCiv., Sala E, 31/5/71, LL, t. 146, p. 633, n° 28.430-8). Entre otros casos se ha resuelto: 1) que cuando la acción tiene por objeto el cumplimiento de un contrato, el embargo debe trabarse hasta cubrir el valor de los bienes vendidos y no sobre las sumas entregadas, e inclusive puede añadirse el monto de la cláusula penal pactada (CNCiv., Sala A, 17/5/68, ED, t. 23, p. 77); 2) que el pacto de cuota litis supone un contrato bilateral, por 10 que para la viabilidad del embargo es menester que se justifique sumariamente el cumplimiento por parte del embargante (CNCiv., Sala B, 23/11/54, LL, t. 78, p. 743); 3) que 19 Díaz de Guijarro, El embargo preventivo cuando se demandan los daños y perjuicios emergentes del incumplimiento de un contrato bilateral, en JA, t. 73, p.132. 20 Morello, El embargo preventivo en la demanda de daños y perjuicios
provenientes 21
de incumplimiento
de un contrato
Podetti, Tratado... cit., p. 238.
22 Ramírez,
Medidas
cautelares,
p. 107.
bilateral,
en JA, t. 1961 ~YI~ p,51.L.
134
MEDIDAS
cuando el vendedor procede a la enajenación de sus bienes, debe accederse al embargo solicitado por el comprador, en la medida de lo abonado en concepto de precio aun cuando en la demanda sólo subsidiariamente se hubiera pedido la restitución de éste (CNCiv., Sala C, 22/12/65, LL, t. 122, p. 939, n° 13.614-S). Se ha decidido, por el contrario, que es inadmisible el embargo preventivo si el accionante no ha demostrado sumariamente el cumplimiento del contrato por su parte (CNCiv., Sala A, 23/12/74, ED, t. 62, p. 191; LL, t. 1975-B, p. 845, n° 32.888-S). Teniendo en cuenta la facultad del acreedor de perseguir el cobro de la deuda contra cualquiera de los que se han constituido en fiadores solidarios lisos y llanos pagadores de la misma, es procedente la traba de embargo sobre cada uno de los codeudores, no pudiendo obligarse al acreedor a optar por uno solo de los bienes si cada uno pertenece a distinto deudor, pues de esa forma se limitaría el principio de garantía común (CNCiv., Sala A, 14/3/94, LL, t. 1994-D, p. 484). IV) Jurisprudencia
provincial
EMBARGO l'REVENTNO
CAUTELAHES
(contrato bilateral).
Generalidades. Cuando la acción se funda en un contrato bilateral, son presupuestos del embargo preventivo que el derecho a cautelarse sea de carácter patrimonial o pueda resolverse en una obligación de ese tipo y que se acredite la existencia de la relación contractual, el cumplimiento por el peticionario de las obligaciones a su cargo, la justificación prima facie del incumplimiento de la otra parte, y en su caso, la verosimilitud del derecho invocado (ClaCC La Plata, Sala III, causa 187, reg. int. 185/83). Si se abonó la firma de la documentación glosada y se justificó sumariamente el cumplimiento de las obligaciones a cargo del actor, con la información producida, resultan probados los presupuestos que condicionan el embargo preventivo cuando la acción se funda en un contrato bilateral (Podetti, Tratado de las medidas cautelares, p. 189, n° 63; Alsina, Tratado, 2a ed., t. V, ps. 470-473, n° 10) (C2aCC La Plata, LL, t. 129, p. 1036, n° 16.760-S). A los fines de la procedencia del embargo preventivo fundado en la existencia de un contrato bilateral, no sólo es indispensable justificar sumariamente la autenticidad de la firma del contrato, sino también que quien la peticiona acredite el cumplimiento de las obligaciones a su cargo (C2aCC La Plata, Sala 1, causa 82.339, reg. int. 580/56). De ahí que si sólo surge que ha mediado la protocolización de un instrumento privado llevado a cabo a solicitud de la parte que pide el embargo, mas no existen elementos de juicio que permitan verificar prima facie si las partes cumplieron con las prestaciones que asu-
"1
135
mieron, deviene improcedente el embargo preventivo (C2"CC La Plata, Sala 1, causa B-42.070, reg. int. 229176). Aunque se haya reconocido la autenticidad del contrato sinalagmático, si en cambio se ha desconocido la procedencia de la pretensión actora, aduciendo que el tomador del seguro provocó el siniestro por culpa grave, y por ende se ha producido la liberación prevista en las cláusulas de las condiciones generales de la póliza, lo que en principio concuerda con lo prescripto por el artículo 70 de la ley 17.418, no puede sostenerse válidamente que se configura la verosimilitud del derecho a través de la póliza de seguro, para decretar un embargo preventivo (ClaCC La Plata, Sala III, causa 153.393, reg. int. 500172). Compraventa. Por aplicación de los principios precedentes se ha resuelto que si resulta de los instrumentos privados reconocidos la existencia de una compraventa mercantil, y no surge prima facie que se haya estipulado plazo ni lugar de entrega de los efectos, los que el vendedor pone a disposición del comprador, es procedente el embargo preventivo por el precio (art. 464, Cód. de Comercio) (ClaCC La Plata, Sala II,LL, t. 111, p. 915, n° 9323-S). Contrato de locación de obra. Si quedó reconocida la autenticidad del contrato en el que se había pactado el reintegro de las retenciones efectuadas, al operarse la recepción provisional de la obra, y habiéndose acreditado dicha recepción, resulta procedente la traba del embargo preventivo por el importe de esas retenciones que prima facie se adeudan (arts. 1026 y 1197, Cód. Civil) (ClaCC La Plata, causa 102.696, reg. int. 776/61). Lo mismo sucede cuando existe reconocimiento expreso del negocio jurídico vinculante en razón del cual el locador efectuara los trabajos, lo cual se entrelaza con los restantes elementos probatorios arrimados a la causa, principalmente con lo que emana de la prueba pericial donde los expertos en ingeniería concuerdan en las conclusiones vertidas, y que sirven para configurar prima facie la verosimilitud del derecho invocado por el actor (fumus boni iuris). Y dado que a su vez también se advierte que el peticionario cumplió con las obligaciones a su cargo, cabe considerar que se atisba la existencia de un derecho a su favor, que toma procedente el embargo preventivo (LL, t. 85, p. 171; JA, t. 1961-IV, p. 511). Si bien el periculum in mora es requisito común de todas las medidas precautorias, sin embargo, fácil es observar -especialmente en las medidas asegurativas de bienes, es decir, en las destinadas a asegurar la futura ejecuciónque no se menciona este presupuesto, ni se exige su prueba, así sea prima facie, ya que en esas situaciones
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MEDIDAS
CAUTELARES
se presume el temor o la falta de seguridad de que el obligado cumpla, pues al disminuir la duda sobre la existencia del derecho, la insatisfacción aparece como voluntaria y da lugar a que surja el temor o peligro en la demora (Podetti, Tratado de las medidas cautelares, ps. 78 y 79; arto 209, inc. 3, Cód. Procesal) (C2aCC La Plata, Sala 1, causa B-42.032, reg. int. 289176). Mandato. No procede decretar embargo preventivo sobre la base de una autorización temporal conferida al martillero para vender un inmueble y de la nota del propietario revocando anticipadamente ese mandato, si no se reclama en el juicio de cumplimiento de la obligación allí pactada -pago de la comisión por la venta del bien-, pretendiendo en cambio un resarcimiento o compensación -no previstos en el contratopor no haber respetado el vendedor el plazo que las partes fijaron a esa autorización (C~CC La Plata, Sala II, DJBA, t. 48, p. 293). 3) Pretensión
de escrituración.
"Cuando se demandare el cumplimiento de un contrato de compraventa -dispone el arto 211 CPN-, si el derecho fuese verosímil el adquirente podrá solicitar el embargo del bien objeto de aquél". La medida, que es susceptible de ser concedida inclusive en la hipótesis de que la pretensión por cumplimiento se promueva de modo subsidiario (CNCiv., Sala F, LL, t. 133, p. 981, n° 19.365-S y ED, t. 23, p. 829), requiere la demostración de la verosimilitud del derecho: Si bien es cierto que el artículo 211 del Código Procesal, receptando la praxis jurisprudencial elaborada con anterioridad a la reforma procesal, prescribe la viabilidad del embargo preventivo "cuando se demandare por el cumplimiento de un contrato de compraventa", no lo es menos que supedita dicha medida cautelar al presupuesto de la verosimilitud del derecho (C1aCC La Plata, Sala III, C. 150.242, reg. int. 29172). ' Esta acreditación es la única que se exige, de manera que el embargo preventivo es viable si ha mediado, por parte del vendedor reconocimiento del boleto de compraventa anexado a la demand~ (CNCiv., Sala A, LL, t. 135, p. 1220, n° 21.686-S y ED, t. 28, p. 82) o se probó, mediante información de abono, la autenticidad de las firmas que figuran en ese documento (CNCiv., Sala B, ED, t. 77, p. 380)23. 23La verosimilitud a que se refiere el arto 211 CPN debe entenderse como la probabilidad de que el derecho exista y no como una incontestable realidad que sólo se logrará al agotarse el trámite del proceso (CNCiv., Sala E, LL, t. 1977-D, p. 103, n° 34.441-S).
EMBARGO PREVENTNO
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Apenas si será necesario acotar, por otra parte, que siendo el de compraventa un contrato bilateral, configura también requisito de la medida que el adquirente, cuando no existe plazo o condición suspensiva, justifique en forma sumaria que cumplió la prestación a su cargo u ofrezca cumplirla, salvo que la obligación de pagar el saldo de precio sea simultánea con la de escriturar (CNCiv., Sala E, LL, t. 134, p. 461). En virtud de que el embargo sólo puede recaer sobre el bien que constituye objeto del contrato de compraventa 24, si se trabó sobre la totalidad de un edificio o sobre varias unidades de éste corresponde circunscribirlo únicamente al susodicho bien (CNCiv., Sala D, ED, t. 88, p. 451). El embargo sobre la totalidad del edificio procede, no obstante, en la hipótesis de permanecer indivisa la propiedad (CNCiv., Sala A, LL, t. 114, p. 846, n° 10.142-S). La medida en tal caso reviste carácter provisional hasta que se obtenga la subdivisión del inmueble (CNCiv., Sala C, LL, t. 114, p. 829, n° 9976-S; ídem, Sala F, ED, t. 22, p. 235). Si bien es cierto que trabado el embargo sobre la totalidad del edificio de varias unidades debe limitarse a aquellas sobre las que versa el proceso, es así en el entendimiento de que dichas unidades efectivamente existan como corolario de la redacción e inscripción del respectivo reglamento de copropiedad y administración. Por consiguiente, no producida esa situación, el pedido de limitación del embargo trabado resulta prematuro (CNCiv., Sala D, LL, t. 1983-C, p. 416). 1) Jurisprudencia
nacional (escrituración).
Principios generales. La finalidad del embargo, en los juicios de escrituración, es la de inmovilizar el inmueble a las resultas del proceso, es decir, hasta que sea dilucidado el derecho de las partes, con el objeto de imposibilitar que se lo transfiera o grave, tornándose así ilusorio el cumplimiento de una eventual sentencia favorable (CNCiv., Sala A, 2'21'2172,LL, t. 148, p. 674, n° 29.519-S; ídem, Sala D, 27/11/79, ED, t. 88, p. 451; ídem, Sala F, 23/12/71, LL, t. 148, p. 640, n° 29.301-S; ídem, 27/11173, ED, t. 52, p. 264). Ello justifica, como ya se adelantara a propósito de las medidas cautelares en general, un criterio amplio en la materia, aun a riesgo del exceso en su otorgamiento, desde que éste es preferible a la parquedad en negarlo (CNCiv., Sala D, 27/11/79, ED, t. 88, p. 451). Y también explica que no corresponde limitar el embargo a las sumas entregadas, porque la demanda importa exigir, entre otras, el 24
Lázzari, Medidas cautelares, t. 1, p. 283.
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MEDIDAS
CAUTELAHES
cumplimiento de una obligación de hacer y para ello es necesario la aludida inmovilización del bien para concretar la escritura, si la actora acredita su derecho. De ahí que su sustitución no es procedente (CNCiv., Sala A, 22/2/72, LL, t. 148, p. 674, n° 29.519-S; ídem, Sala D, 27/11/79, ED, t. 88, p. 451; ídem, Sala E, 6/8/76, JA, t. 1977-III, p. 417). El mismo debe limitarse a la unidad o unidades que motivan el litigio y, únicamente en caso de no haberse subdividido la finca, sobre toda ella (CNCiv., Sala A, 22/2/72, LL, t. 148, p. 476, n° 29.519-S). Lo que en definitiva ha pretendido el legislador, a los fines de la procedencia del embargo preventivo en los procesos sobre escrituración, es la verosimilitud del derecho invocado. Tal circunstancia se pone de manifiesto, ya sea a través del reconocimiento del instrumento base de la acción o mediante la acreditación sumaria de su autoridad (CNCiv., Sala D, 25/7/79, ED, t. 85, p. 693). En consecuencia, cualquiera de esas alternativas torna verosímil el derecho, y por ende procedente dicha medida cautelar (CNCiv., Sala F, 13/6/78, ED, t. 80, p. 637). Si bien es cierto que el arto 211 CPN se refiere en su texto al caso de que se demandare el cumplimiento de un contrato de compraventa, no lo es menos que su interpretación literal aparece contraria a los fines que motivaron la inclusión de esta norma en el ordenamiento adjetivo que actualmente rige. No queda excluido el embargo preventivo, en consecuencia, cuando se demanda por rescisión o resolución del contrato de compraventa (CNCiv., Sala F, 23/12/71, LL, t. 148, p. 640, n° 29.301-S). Inmueble
a embargar:
titularidad
de dominio.
Si el demandado a escriturar es titular de un boleto de compraventa, sólo tiene derecho a la cosa y no sobre la cosa; de allí pues que la pretensión de trabar embargo sobre un inmueble aún no inscripto a su nombre resulta infundada, atendiendo a que el embargo debe afectar a un bien determinado y ya existente, requisito éste no cumplido, habida cuenta que el bien en cuestión aún no obra en el patrimonio del supuesto deudor (CNCom., Sala B, 19/5/80, ED, t. 88, p. 721). Embargo preventivo
y otras medidas
cautelares.
La prohibición de contratar sobre el inmueble cuya escrituración y entrega de la posesión se demanda, no se superpone con el embargo preventivo del bien, ya que éste impide su venta o la constitución de derechos reales, y aquélla todo otro convenio -como el de locación, comodato-, que puede afectar el cumplimiento de la sentencia, en caso de ser favorable al actor (CNCiv., Sala D, 7/6/78, ED, t. 80, p. 739). Debe observarse en tal aspecto que si la escrituración se torna de cumplimiento imposible, su derecho en tal hipótesis se habrá transformado en el de obtener la reparación de los daños y perjuicios
EMBARGO PREVENTIVO
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pertinentes, cuyo pago corresponde asegurar mediante la traba de la medida precautoria adecuada, razón por la cual puede ser viable la acumulación del embargo y la prohibición de innovar sobre la unidad adquirida (CNCiv., Sala A, 6/9/78, LL, t. 1979-B, p. 84). A su vez, se ha declarado que la improcedencia de la medida de no innovar no empece, en cambio, a la procedencia del embargo preventivo que también peticiona la accionante, puesto que, a su respecto, los elementos acompañados y la declaración de los testigos permiten tener por satisfechos los requisitos contemplados en el arto 211 del Cód. Procesal (CNCiv., Sala F, 20/4/72, LL, t. 149, p. 595, n° 30.010-S). El comprador
del bien embargado.
El comprador de un inmueble embargado por una cantidad determinada, que deposita en pago el importe a que asciende el embargo, puede obtener el levantamiento de la medida precautoria (CNCom., en pleno, 10/4/83, LL, t. 1983-D, p. 476)25. ID Jurisprudencia
provincial
(escrituración).
Principios generales. El criterio que sentara la praxis judicial con anterioridad a la reforma procesal, que coronara con un fallo plenario de Cámaras en el Depto. Judicial La Plata (cfr. Morello y colaboradores, Códigos Procesales, la ed., t. III, parág. 397, ps. 156-157), ha sido receptado por esta norma (art. 211, Cód. Procesal), prescribiendo la viabilidad del embargo preventivo "cuando se demandare por cumplimiento de un contrato de compraventa", siempre que se acreditare prima facie el presupuesto de la verosimilitud del derecho. En tal sentido se ha 25 Cabe puntualizar que como supuestos fácticos ajenos al fallo plenario, pueden mencionarse los siguientes: a) los embargos trabados sin mención de monto, como suele ocurrir en los asuntos relativos a la sociedad conyugal, o cuando se asegura de esta manera la indisponibilidad del bien objeto de una acción reivindicatoria o de la pretensión orientada a obtener la escritura traslativa del dominio; b) los supuestos peculiares determinados por las conductas subjetivas de las partes, como cuando se configura un supuesto de malevolencia, cometida mediante colusión entre el embargado titular del dominio y su adquirente simulado; o si se está ante una transmisión dominial cuyo adquirente ha asumido la deuda que gravaba al anterior titular del dominio. El caso resuelto en el plenario enfoca la suerte del tercero inocente que adquiere ---compradoruna fmca que reconoce un embargo cuyo monto le es informado regularmente mediante las certificaciones previas a su compra, recabadas para el otorgamiento de la escritura traslativa del dominio (del voto de los doctores Viale, Bosch, Guerrero y Bengolea). Igualmente, en el voto del doctor Rivera se dejó aclarado que la solución adoptada no implica negar que sea exigible la actualización del importe.
140
MEDIDAS
EMBARGO PREVENTNO
CAUTELARES
añadido que el instrumento privado alcanza su plena jerarquía con su reconocimiento (art. 1026, Cód. Civil), y es susceptible de producir efectos cautelares cuando se lo "abona" del modo previsto por las leyes procesales (art. 197), antes de ello no constituye en rigor instrumento privado, y es un simple documento potencialmente dotado para alcanzar la dimensión del instrumento privado. De ahí que, mientras el boleto de compraventa no sea autenticado, no puede dar lugar a la medida cautelar requerida (C1aCC La Plata, Sala III, causas 150.242, reg. int. 29/72, y 170.781, reg. int. 688/77). Es decir que como este dispositivo exige que el derecho sea verosímil, en modo alguno da lugar a que pueda entendérselo desconectado de los arbitrios previstos en los artículos 197 y 209, incs. 2 y 3 de la legislación adjetiva, razón por la cual el embargo preventivo del bien cuya escrituración se persigue, recién resulta procedente cuando el boleto de compraventa, base del juicio, haya sido reconocido o, en su caso, acreditada sumariamente su autenticidad (cfr. Colombo, Código Procesal... cit., t. III, p. 278; Novellino, Embargo y desembargo, p. 112; Morello y otros, Códigos Procesales... cit., la ed., t. III, p. 156) (C2aCC La Plata, Sala II, causa B-53.270, reg. int. 118/83). La sola excepción en cuanto a los presupuestos para la procedencia de esta medida cautelar cuando se acciona por escrituración, está dada porque el peticionario está relevado de acreditar el peligro en la demora, pues tratándose de una obligación de hacer, de carácter patrimonial, tal peligro existe por la posibilidad de que el obligado transfiera o grave el inmueble como ardid para imposibilitar la ejecución (Podetti, Tratado de las medidas cautelares, 2a ed., acto por Guerrero Leconte, p. 239) (C2aCC La Plata, causa B-42.112, reg. int. 235/76). El peticionario debe prestar caución suficiente, como condición de ejecutoriedad, para responder por las costas y daños y peIjuicios que pudiere ocasionarse en caso de haberlo pedido sin derecho, a cuyo efecto debe establecerse fianza real o personal en los términos previstos por el artículo 199 del Código Procesal (C2aCC La Plata, Sala 1, causa B-44.891, reg. int. 157/78). Tratándose de esta clase de pretensiones, el embargo trabado tiene por objeto asegurar el cumplimiento de una obligación indivisible y grava, en consecuencia, todo el inmueble, siendo por lo tanto innecesario consignar monto alguno (C2aCC La Plata, Sala III, causa B-46.064, reg. int. 42/79). Si se está ante una unidad -o variasde un inmueble sometido al régimen de la propiedad horizontal, el embargo preventivo debe circunscribirse a lo que ha sido objeto del negocio jurídico, debiendo la cautela enmarcarse en el ámbito físico registral del bien litigioso conforme las especificaciones del pertinente reglaménto de copropiedad y administración (C2aCC La Plata, Sala II, LL, t. 129, p. 1036, n° 167.760-S).
141
Si concurriere la situación de que aún no se ha materializado la división según el aludido sistema previsto por la ley 13.512, la medida cautelar debe registrarse sobre la totalidad del inmueble (C1aCC Mar del Plata, Sala II, JA, Reseñas, t. 1980-1, p. 816, n° 111). Diversos supuestos. Si es el vendedor demandado por escrituración quien pide el embargo del bien que prometiera en venta, tal medida es improcedente pues se trata del actual titular del dominio del referido inmueble (C2aCC La Plata, Sala 1, causa B-901, reg. int. 413/60). A su vez, si el actor al momento de accionar sólo era acreedor de una obligación de hacer con relación al propietario embargado (arts. 626 y 1185, Cód. Civil), no puede alegar contra el tercero embargante la ignorancia de la medida precautoria anotada en el Registro de la Propiedad. En tales condiciones, obtenida sentencia favorable de escrituración, pudo exigir el cumplimiento o la resolución del contrato (arts. 626 y 629, Cód. Civil), y si adopta el primer temperamento debe soportar las consecuencias que de tal proceder derivan, sin perjuicio del derecho al resarcimiento de los daños que con relación al vendedor podría reconocérsele (arts. 901-904, Cód. Civil), pudiendo levantarse el embargo al solo efecto de escriturar, con la salvedad de que el inmueble seguirá con el gravamen en la nueva inscripción del dominio que se obtenga, pues de esa manera queda garantizado el derecho del embargante en su integridad (Spota, JA, t. 11, p. 110; Safontás, El embargo y sus efectos fundamentales, "Rev. Col. Abogados La Plata", año 1, t. 1, ps. 47/63; Alsina, Tratado... cit., 2a ed., t. V, p. 64, b; Podetti, Tratado... cit., p. 142, n° 85) (C1aCC La Plata, Sala II, causa 121.418, reg. int. 153/66). En el supuesto de que el accionado por escrituración aún no hubiera obtenido la escritura traslativa de dominio del terreno vendido, como no puede ser embargado el bien cuya escrituración se reclama por ser su titular un tercero, desconociéndose la existencia de otros bienes embargables, corresponde hacer lugar a la inhibición general de bienes, sin desmedro de la indemnización de los daños y peIjuicios que resultaren del incumplimiento (C1aCC Mar del Plata, JA, t. 1970, reseñas, p. 297, n° 82). Cuando el dominio del inmueble que ha sido prometido en venta figura inscripto a nombre de un tercero ajeno al juicio, si no está fehacientemente acreditado que ese tercero haya suscripto el boleto de compraventa, cuyos derechos y acciones los demandados habrían vendido posteriormente a los actores, resulta improcedente el embargo preventivo sobre dicho bien (arts. 910,1195, in fine, su arg., 1199, Cód. Civil y arg. arts. 97, 104, 199 Y ss., Cód. Procesal) (C2aCC La Plata, Sala III, DJBA, t. 119, p. 567).
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MEDIDAS CAUTELARES
4) Deudajustificada por los libros de comercio, boleto de corredor o factura conformada. Conforme lo prevé el inc. 4 del arto 209 CPN, también procede el embargo preventivo en la hipótesis de que "la deuda esté justificada por libros de comercio llevados en debida forma por el actor, o resulte de boleto de corredor de acuerdo con sus libros, en los casos en que éstos puedan servir de prueba, o surja de la certificación realizada por contador público nacional en el supuesto de factura conformada". D Libros de comercio. Se ha señalado que no basta la presentación de la compulsa efectuada y suscripta por un perito contador inscripto en la respectiva matrícula profesional, aun cuando se ratifique ante el secretario (CNCiv., Sala E, 10/7/81, LL, t. 1981-D, p. 57)26. La pericia debe verificar, en primer lugar, que el actor lleve una contabilidad en forma, lo que no sucedería si la deuda constara sólo en un libro de hojas movibles 27. Jurisprudencia
nacional.
Como los asientos de los libros de comercio llevados conforme con la ley son admitidos como medio de prueba entre comerciantes y como principio de prueba cuando se trata de actos no comerciales, pueden acreditar prima facie la verosimilitud del crédito que funda el derecho invocado (CNCiv., Sala B, 31/7/63, LL, t. 114, p. 833, n° 10.008-S). Pero la norma legal no es de aplicación automática, y es presupuesto necesario la demostración, al menos, de la apariencia del derecho que tiende a proteger (CNCom., Sala A, 16/12/58, LL, t. 95, n° 2449-S). Para ello se ha dicho que es preciso que la deuda resulte de una ~ompulsa realizada por un perito contable designado al efecto por el Juez (CNCom., Sala A, 15/10/71, ED, t. 42, p. 138), pues de lo contrario no se considera cumplimentada la premisa legal. Aquel presupuesto no se configura cuando no se prueba siquiera prima facie la calidad de acreedor o deudor de una u otra de las partes litigantes (CNCom., Sala A, 16/12/59, LL, t. 95, n° 2449-S), o si la certificación contable fue practicada en un libro de hojas movibles (CNCom., Sala C, 13/12/65, LL, t. 122, p. 931, n° 13.550-S). Jurisprudencia
provincial.
Procede el embargo preventivo a mérito de una compulsa de libros practicada por contador público, exigiendo el artículo 61 de la ley 7195 que la certificación contable se halle con la firma del profesional au26
Fenochietto-Arazi,
27 Fassi,
Régimen... cit., p. 220.
Código Procesal...
cit., t. n, p. 86.
EMBARGO PREVENTIVO
143
tenticada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas (C 1
144
MEDIDAS
CAUTELARES
En virtud de que la minuta o certificación deben estar sus cripta!> por el corredor, para que el embargo sea otorgado será suficiente con citar a éste para que reconozca su firma. Frente a su incomparecencia, o en la hipótesis de que aquel documento no haya sido entregado a las partes, la medida puede solicitarse acompañando certificación contable respecto de la existencia de la operación de que se trate. lID Factura conformada. En este caso es suficiente la certificación de un contador matriculado, libremente elegido por el acreedor. La hipótesis que contempla el inc. 4 del arto 209 CPN difiere del caso en que la factura conformada se transforma en título ejecutivo (arts. 13 y ss., dec.-ley 6601/63) en cuyo caso se podrá solicitar directamente el embargo ejecutiv028. 5) Deudor no domiciliado
o arraigado.
Es también causal que autoriza a requerir el embargo preventivo la circunstancia de que "el deudor no tenga domicilio en la República" (art. 209, inc. 1, CPN).
La mayoría de los autores como Alsina 29, Colombo 30, Ramírez 31 y Palacio 32 consideran que el hecho de que el deudor carezca de domicilio en la República no exime al actor de demostrar sumariamente tanto la existencia del crédito como su exigibilidad. Este criterio es cuestionado por Morello, Passi Lanza, Sosa y Berizonce33, con fundamento en la consideración de que implica una inexplicable superposición con los requisitos requeridos por los restantes incisos del arto 209, y opinan por ello que, en el caso del inciso examinado, debe acreditarse la calidad de deudor del eventual cautelado y que éste no se halla domiciliado en el país, no siendo indispensable que la deuda sea exigible. Nosotros compartimos esencialmente este último criterio, con la salvedad de que la verosimilitud del derecho debe ser objeto de acreditamiento en las formas determinadas en los incs. 2 a 4 del arto 209.
28Falcón, Código Procesal... cit., t. n, p. 265. Alsina, Tratado... cit., t. V, p. 467.
29
30 Colombo,
Código Procesal...
cit., t. n, p. 266.
31
Ramírez, Medidas cautelares, p. 102.
32
Palacio, Manual de derecho procesal civil, 1" ed., t. n, p. 282.
33Morello y otros, Códigos Procesales... cit., t. In, p. 130.
EMBARGO PREVENTNO
6) Deuda sujeta a condición D Régimen
145
o plazo.
legal.
El embargo preventivo procede, igualmente, conforme lo prevé el inc. 5 del arto 209 CPN, en la hipótesis de "que aun estando la deuda sujeta a condición o plazo, Se acredite sum~riamente que el. deudor trata de enajenar, ocultar o transportar sus bzenes, comprometzend0.za garantía, o siempre que se justifique del mismo modo que porcualquzer causa ha disminuido apreciablemente la solvencia del deudor, después de contraída la obligación". La norma prevé, por un lado, el supuesto de actos voluntarios del deudor pero aún no consumados, aunque no requiere la prueba de que aquéllos respondieron a una intención dolos a y, por el otro, el caso de actos tanto voluntarios como ajenos a la voluntad del deudor pero ya consumados, incluyendo aquellos que en el primer supuesto se describen como tentativas. En cualesquiera de los supuestos es requisito del embargo preventivo que los actos que comprometen la garantía o inciden en la solvencia del deudor se produzcan, como dice el dispositivo, "después de contraída la obligación". Esta exigencia tiene justificación en el hecho de que si el acreedor contrató con conocimiento de la existencia de aquéllos, el peligro es el resultado de su propia conducta discrecional que lo priva de legítimo interés jurídico para solicitar la cautela: El prolongado lapso en que se irán venciendo los pagarés que originan el embargo peticionado demuestra que si fue intención del actor conceder dicho plazo, por especiales que hayan sido las razones que le asistieron, no cabe que por otras vías se viole lo convenido, inmovilizando el aparente ~co bien del deudor, situación que debió ser prevista por ~l acreedor en oportunidad de otorgar los dilatados lapsos aún no vencIdos (CNCom., Sala C, 21/8/75, LL, t. 1975-D, p. 317). ID Jurisprudencia
nacional (deudas sujetas a condición o plazo).
Para que el inciso 5 del arto 209 CPN entre en juego en el caso de deudas futuras, es menester que en el comportamiento del deudor se configuren actos tendientes a licuar su patrimonio en fraude de sus acreedores (CNCom., Sala C, 21/8/75, LL, t. 1975-D, p. 317). Desde este ángulo se ha dicho que la transferencia del fondo de comercio justifica la causal de peligro por la disminución del patrimonio (CNCom., Sala B, 7/6/63, ED, t. 8, p. 526). En cambio , no se ha considerado procedente el embargo preventivo . cuando se lo solicita para garantizar el saldo de preCIO de venta de un comercio si la mora que se imputa a los compradores no se refiere a sus obligacio~es pecuniarias sino a la firma de la escritura definitiva, y no 10. Medidas cautelares
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MEDIDAS
CAUTELARES
EMBAIWO PREVENTIVO
se ale~a una disminución de responsabilidad o que tuvieran el propósito de enajenar el comercio adquirido (CNCom., Sala B, 30/11/55, JA, t. 1956IU, p. 29). Entre las pautas que se han valorado, según las particularidades del c~,so, para desestimar el embargo preventivo, puede traerse a colacIOn la de que el prolongado plazo en que se irán venciendo los pagarés que originan el embargo preventivo pedido, habla a las claras de que si fu~ intención del actor conceder djcho plazo, por especiales que .hayan sIdo las razones que le asistieron, no cabe que por otras vías se vIOle lo convenido, inmovilizando el aparente único bien del deudor situación que debió ser prevista por el acreedor al momento dei otorgamiento de los dilatados plazos aún no vencidos (CNCom., Sala C, 21/8/75, LL, t. 1975-D, p. 317). El beneficio de excusión no es aplicable cuando frente a la insolvencia que prima facie se halla configurada, no' se trata de ejecutar los bienes sino de asegurar su indisponibilidad mediante una medida precautoria legal, como la prevista por el inc. 5 de esta norma (CNCom., Sala D, 1/7/75, LL, t. 1975-D, p. 392, n° 32.804-S). UI) Jurisprudencia plazo).
provincial
(deudas
sujetas
a condición
o
El inc. 5 del arto 209 del Cód. Procesal regula un supuesto especial de procedencia del embargo preventivo en atención a la situación del presunto deudor, y a la naturaleza, origen o garantía del eventual crédito (Podetti, Tratado de las medidas cautelares, 2a ed. act., p. 226, n° 65), pues allí se admite la viabilidad de la medida, precisamente, en supuestos de deudas sujetas a condición o plazo frente a la situación fáctica de enajenación, ocultamiento o transporte de los bienes del obligado, o cuando éste ha disminuido notablemente su responsabilidad después de celebrado el negocio jurídico. Naturalmente no basta que se justifique el periculum in mora, pues éste no es el únido recaudo que se exig~ para el anticipo de la garantía jurisdiccional, desde que no basta sImplemente la posibilidad de insolvencia, sino que es menester acreditar la verosimilitud del derecho alegado por quien pretende amparar su "eventual" crédito, debiendo así afirmarse que para su pr~cedencia e~ indispensable que la deuda se justifique en la forma prevIsta por los mcs. 2 y 3 del arto 209, ya que no ha de olvidarse que el fundamento de la petición está dado por la alegación de un derecho emergente de un contrato bilateral. Entender lo contrario implicaría otorgar una franquicia en los supuestos de créditos aún no exigibles frente a actuaciones sustentadas en base a un contrato bilateral del que emana un "eventual" crédito exigible (cfr. Podetti T~at.ado de las medidas cautelares, cit., p. 229, nota 31; Colombo: Codlgo Procesal, t. U, p. 270, ap. U; Alsina, Tratado, 2a ed., t. V, pS.
147
476-477, d; Morello y otros, Códigos Procesales, ed. 1971, t. IU, p. 134, in fine) (C2aCC La Plata, Sala I, causa B-41.679, reg. int. 151/76). Si no se trata de una obligación exigible, ya que no ha comenzado a correr el plazo para el pago de la diferencia adeudada en concepto de alquileres (art. 570, Cód. Civil), y no se ha acreditado el peligro en la demora o espera impuesta, atento la falta de interés jurídico que justifique el anticipo de la garantía jurisdiccional (Podetti, Tratado de las medidas cautela res, ps. 51 y ss., n° 16), resulta improcedente el embargo preventivo (C1aCC La Plata, Sala U, causa 126.446, reg. int. 42/67). Si no está vencido el plazo fijado para el pago ni se ha demostrado que el inquilino se encuentre en la situación que prevé el inc. 5 del arto 209, no procede el embargo preventivo en garantía por las diferencias de reajuste de alquileres (C1aCC La Plata, Sala n, LL, t. 129, p. 102; ED, t. 22, p. 234). Si las sumas adeudadas en concepto de reajuste locativo no se hallan estrictamente establecidas, ni con el plazo vencido, falta uno de los presupuestos básicos que hacen a la procedencia de la medida cautelar como es la exigibilidad de lo debido. El embargo preventivo, en esa hipótesis, sólo gozaría de andamiento si se satisficieran los recaudas prescriptos para este tipo de supuestos por esta norma, en el inciso 5 (C2aCC La Plata, Sala I, causas B-27.534, reg. int. 475/69; B27.830, reg. int. 473/69). N o corresponde acordar un embargo preventivo fundado en presuntas disminuciones de la responsabilidad del deudor, si la deuda está garantizada con prenda registrada (C1aCC Bahía Blanca, LL, t. 129, p. 984, n° 16.383; ED, t. 21, p. 110). 7) Pretensiones
de coherederos, condóminos
y socios.
También se hallan autorizados para solicitar el embargo preventivo, conforme lo prevé el inc. 1 del arto 210 CPN, "el coheredero, el condómino o el socio, sobre los bienes de la herencia, del condominio o de la sociedad, si acreditaren la verosimilitud del derecho y el peligro de la demora". Sin perjuicio de las diversas medidas contempladas en el proceso sucesori034, esta norma autoriza al coheredero a peticionar embargo preventivo sobre los bienes de la herencia. Este dispositivo presupone un conflicto entre herederos, condóminos o socios, lo que sucedería, por ejemplo, si a cualquiera de ellos se le desconoce tal carácter.
34
Preliminares
designación
y de seguridad, arto 690; administrador
de administrador,
arto 709; inventario
y avalúo
provisional, arto 692; judiciales,
arto 716.
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MEDIDAS
CAUTELARES
EMBARGO PREVENTNO
1) Conflicto entre herederos. . ~rocede el em~argo preventivo aunque no se formule demanda por
petlClon de herenCIa, pero sí la inclusión de bienes hereditarios
35.
11) Conflicto entre condóminos. ~n este. supuesto el embargo preventivo sería viable, por ejemplo, pa~a . ImpedIr que alguno de los condóminos lleve a cabo los actos JundIcos a que se refiere el arto 2680 del Cód. Civil. 111) Conflicto entre socios. . ,
nacional.
Principios generales. . Es pr~cedente la cautela cuando no se discute la existencia de la socIedad Silla solamente la participación en los negocios comunes (CN~om., ~ala C, 6/6/?~, JA, t. 1~5~-~, p. 110), cautela que no excluye la eXIstencIa del admmIstrador JudIcIal designado (CNCom. Sala A
15/12/54, LL, t. 79, p. 692).
'
,
P~r .l? contrario, no procede en el juicio de liquidación de sociedad y rendIcIOn de cuentas, cuando el crédito que se intenta resguardar está subordinado a las resultas de ese proceso (CNCom. Sala A 25/11/~5, LL, t. 82, p. 77), ni simultáneamente sobre biene~ sociale~ y pa~Iculares de los socios, tratándose de una sociedad comercial colectIva, ya que es subsidiaria la responsabilidad de éstos (CNCom ., Sala C, 5/9/66, ED, t. 16, p. 427; LL, t. 124, p. 1170, n° 14.692-S). Sociedad
anónima.
Las acciones de ~a sociedad anónima son susceptibles de embargo, mas lo~ efectos del ~Illsmo no obstan al ejercicio de los derechos políticos a. los titulares de dichas ~cciones, m~e si el embargante no es precIs~mente un acreedor smo un consocIO que intenta hacer suyas esas aCCIOnes,~esde ~u~ ~o cabe ultrapa~a: el arto 219 de la ley de sociedades, todo. ello sm peIJUlCIOde que el petiCIonario solicite la sustitución de la medida por otra acorde con el interés que busca proteger, antes que pretender efectos que el embargo preventivo de acciones no produce 35 36
Fassi, Código Procesal... cit., t. II, p. 89. Fenochietto-Arazi, Código Procesal... cit., t. 1, p. 697.
149
(art. 203, Cód. Procesal) (CNCom., Sala D, 24/5/76, LL, t. 1976-D, p. 134, con nota). A su vez, se ha declarado, entre otros supuestos, que si el crédito cuyo cobro dio lugar a la ejecución tuvo su origen en un contrato en el cual el ejecutante transfirió a los ejecutados sus acciones en una sociedad anónima dedicada al transporte colectivo de pasajeros, aun cuando según el contrato social las acciones otorguen a los accionistas determinados derechos sobre los automotores de su propiedad, no debe confundírselo con los vehículos mismos, siendo por ello improcedente un embargo sobre éstos por una deuda proveniente de la cesión de acciones (CNCom., Sala B, 24/8/79, LL, t. 1979-D, p. 265). Sociedad
de responsabilidad
limitada.
Por aplicación del arto 57 de la ley 19.550 es autorizado el embargo y la venta forzada de las cuotas de una sociedad de responsabilidad limitada (CNCom., Sala C, 8/8/80, LL, t. 1981-A, p. 103); y dado que las modificaciones contractuales sólo están "inscriptas regularmente" con la efectiva inscripción final en el Juzgado Nacional en lo Comercial del Registro, el iter del trámite no puede serle opuesto al tercero embargante de una parte de las cuotas (CNCom., Sala A, 27/11/78, LL, t. 1979-A, p. 434). No obstante habrá de repararse que el socio de la sociedad de responsabilidad limitada que promueve demanda contra la misma, no puede solicitar un embargo preventivo sobre la cantidad que dice aportó a dicha sociedad para integrar su capital, por cuanto por tal razón dejó de pertenecerle (CNCom., Sala C, 12/3/71, LL, t. 144, p. 281, con nota). Desde el ángulo de la ampliación de las medidas cautelares trabadas sobre las cuotas sociales de este tipo de sociedad pertenecientes a los deudores demandados, y de las ganancias que pudieren corresponderle en la misma, se ha resuelto que si aquéllas no constituyen caución suficiente al crédito reclamado, corresponde hacer lugar a dicha petición (CNCom., Sala C, 12/2/76, LL, t. 1977-A, p. 593, n° 33.929-S). Sociedades
de hecho.
Como las sociedades irregulares constituyen sujetos de derecho distintos de las personas de los socios que las integran, reconociéndoles la ley 19.550 personalidad jurídica, con los caracteres de los artículos 22 y 26, no procede embargar bienes sociales por deudas de un socio (CNCom., Sala A, 19/10/76, LL, t. 1977-A, p. 498; ED, t. 72, p. 644). En lo concerniente al levantamiento de un embargo preventivo trabado sobre un presunto bien de la sociedad prometida en venta a un tercero, en un proceso sobre liquidación de una sociedad de hecho, se ha resuelto que no se desconoce la existencia de la sociedad si frente a las particularidades del caso, sin mengua de la pretensión del actor,
150
MEDIDAS
a la par se satisfacen t. 1980-D, p. 10). Jurisprudencia
CAUTELARES
los de un tercero (CNCiv., Sala E, 29/4/80, LL, provincial.
Coherederos. Si la argüida vocación hereditaria, aunque resistida, prima facie es verosímil, extendiéndose su gravitación a los inmueble s relictos, puesto que si finalmente resultase admitida la petición que genera dicho proceso se crearía un estado de comunidad hereditaria, el embargo preventivo debe cubrir a todos los bienes, sin que quepa circunscribirlos a alguno de ellos. Lo contrario importaría predisponer anticipada e inconsultamente una petición, afectando derechos personales de los que invocan una aptitud sucesible (arg. arts. 3449, 3451, Cód. Civil; 163, incs. 5 y 6, Cód. Procesal) (C2aCC La Plata, Sala 1, causa A-39.093, reg. int. 32/84). En cambio, resulta improcedente decretar un embargo preventivo sobre un bien inmueble propiedad de un tercero, so pretexto de que se está frente al cónyuge de la restante coheredera, y a quien el causante le habría vendido dicho bien en fraude a la porción legítima que por derecho le correspondía, desde que dicha pretensión y consecuente medida cautelar es ajena al proceso sucesorio. Ello sin perjuicio de que el derecho alegado se haga valer por la vía correspondiente (CCC San Martín, causa 1515, reg. int. 1503/72, Sensus, t. X, p. 18). Sociedades. Teniendo en cuenta el objeto de la acción sobre disolución de sociedad y cobro de pesos, y dado que durante el tiempo que demande la tramitación de la litis y hasta que se obtenga el reconocimiento del derecho que le asiste a los litigante s pudiera desmejorar el estado patrimonial de la pretendida sociedad de hecho produciéndose una alteración en la situación existente al momento de tener su inicio las actuaciones, se ha declarado procedente el embargo preventivo, pues de lo contrario podría resultar ineficaz el mandato del órgano jurisdiccional (C1aCC La Plata, Sala II, causa 160.440, reg. int. 237/74). De ahí que si en el escrito de contestación a la demanda no sólo ha quedado reconocida la existencia de una sociedad de hecho entre las partes, con sede en el inmueble al que se ingresó en virtud de un contrato de locación y dedicada a la explotación de un comercio de comestibles en el que correspondió una participación a los actores y otro porcentaje a los accionados; sino que incluso se ha reconvenido por rendición de cuentas en relación con dicha sociedad, manifestándose expresa conformidad para que la misma quede resuelta, resulta procedente el embargo preventivo (Podetti, Tratado de las medidas cautela res, 2a ed., act. por Guerrero Leconte, n° 74, p. 258 Y nota 83).
EMBARGO
PHEVENTIVO
151
En tal caso no es necesaria la determinación del monto de la suma respecto de la cual debe limitarse la cautela, desde que la medida precautoria debe recaer sobre los bienes de la sociedad, que por encontrarse en el local o asiento fisico de la misma, no serán otros que los muebles, útiles y mercaderías, que existan en el mismo (C2aCC La Plata, Sala 111, causa 33.616, reg. int. 23/71). En cambio, si la condición de "socio" invocada no se asienta en elementos de suficiente entidad, desde que de las constancias obran te s en la causa -disolución y liquidación de sociedadno puede extraerse prima facie la aludida calidad de socio que se atribuye el actor, se ha rechazado el embargo preventivo (CCC Marón, Sala 1, causa 210, reg. int. 117/72). La acción por disolución de una sociedad irregular, emergente de la sola invocación de un estado de concubinato, no autoriza la disposición de medidas cautelares -como el embargo preventivo y la prohibición de innovar-, desde que aquél no crea ninguna relación jurídica entre sus partícipes, salvo en los casos en que la ley lo establezca (SCBs.As., DJBA, t. 77, p. 245) Y mientras no existan derechos fehacientes demostrativ~s de esa comunidad, los que podrán resultar eventualmente de la sentencIa previa que así lo reconozca (CCC Azul, DJBA, t. 89, p. 146). La procedencia del embargo preventivo en la acción referida entre concubinas está subordinada, como en general la de todas las medidas precautorias, a que se justifiquen sus presupuestos, en primer término la verosimilitud del derecho invocado sin admitir presunciones sobre su existencia (Podetti, Tratado de las medidas cautelares, n° 65). Por ello es que no corresponde acceder al embargo preventivo en base a elementos de los que no aparece como verosímil la existencia de tareas de especie productiva ni la unión de los respectivos lucros para obtener beneficios que alcanzaran a las partes contendientes (arg. arts. 1648, 1663 Y con cs., Cód. Civil). Es lo que ocurre cuando los dos testigos que deponen si bien aseveran que las partes viVÍan juntas, como un matrimonio constituido, y que fue el actor quien pagó los materiales suministrados y la construcción del edificio, sucede que uno de los testigos ignora quién abonó el precio de los lotes, y el otro sólo aduce que los habría pagado el accionante según manifestaciones del mismo. Estas circunstancias, unidas al hecho de que ninguna mención contiene el escrito de demanda acerca de la época en que se efectuara la compra del terreno, de quién y en qué condiciones, así como la ausencia de otros elementos que pudieran llevar a tener por acreditada, siquiera prima facie, la existencia de una comunidad de bienes, tornan improcedente el embargo preventivo (C1 acc La Plata, Sala II, causa 144.333, reg. int. 457/70). La cuota social en las sociedades de responsabilidad constituye un bien permutable, susceptible de valor, que puede ser objeto de contrato
152
MEDIDAS
CAUTELARES
y por tanto embargable y ejecutable en los términos del artículo 57 de la denomi,nada ley 19.550 (C1aCC La Plata, Sala II, LL, t. 100, p. 649). . Trata~do~e del. embargo solicitado por un tercero respecto de una sO~I~dad, SI bIen dIcha medida precautoria puede recaer sobre las utIhdade~ que correspondan al ejecutado en la misma, no corresponde ~n camb~o el ~m?argo de bienes sociales determinados, pues ello Importana atnbmrle a cada socio una parte alícuota de la sociedad lo que es contrario a la esencia de las sociedades, no pudiendo por l~ tant.o embargarse fondos de ésta por deudas particulares de los socios (Alsma, Tratado, 2a ed., t. V, p. 93, n° 22, b) (C2aCC La Plata, Sala III, causa B-2614, reg. int. 196/61; LL, t. 106, p. 562). 8) Pretensiones reivindicatoria, de petición de herencia de nulidad de testamento y de simulación. ' El .inc. ,~ del arto 210 CPN autoriza a solicitar el embargo pr~~en~Ivo a .la per~o~a que haya ~e dem~ndar por acción (pretensión) r~~vmdwatona, petwlOn de herencLa, nuhdad de testamento o simulaClan, respecto de la cosa demandada, mientras dure el juicio, y siempre que s~ presentaren documentos que hagan verosímil la pretensión deduclda". . La norma presupone la existencia del peligro en la demora en vIrtud de la facilidad con que la cosa demandada pueda enajenarse o gravarse durante la tramitación del juicio. .En cuanto a la verosimilitud del derecho debe acreditarse medIante prueba documental. Cuadra consignar, por otra parte, que el embargo debe ceñirse a la cosa demandada, siendo improcedente su ampliación a otros bienes (CNCiv., Sala C, LL, t. 135, p. 1170, n° 21.333-S y ED, t. 26, p. 514). Debe ;echazarse, en consecuencia, la sustitución del bien sobre el que recayo la cautela (CNCiv., Sala C, ED, t. 97, p. 265). I) Pretensión
reivindicatoria
37.
Se ha di.s,cutido, tanto en doctrina como en jurisprudencia, si pr?c.ed~ tambIen el embargo de los frutos naturales y civiles de la cosa reIVmdICada. En sentido nega~ivo se pronunciaron diversos precedentes y al~nos autores, atendIendo por una parte a una exégesis estrictamente hteral del arto 447 del derogado código de la Capital Federal que hablaba de "la cosa mueble o inmueble que haya de ser demandada por acción reivindicatoria", y por la otra a la presunción de buena fe 37 . E~ta acción es~á tratada ~~ el arto 2758 del Cód. Civil y por ella, el pro~le.ta~o que ha perdIdo la poseSlOn de la cosa sometida a su derecho, la reclama y relvmdlca contra quien está en posesión de ella.
EMBARGO PREVENTNO
153
que ampara al poseedor hasta que se demuestre lo contrario (CCiv. 2a Cap., JA, t. 1947-II, p. 61; CFed. Bahía Blanca, LL, t. 101, p. 341, etc.). Por la afirmativa se orientaron otros decisorios (CCiv. 2a Cap., JA, t. 25, p. 690; CNCiv., Sala B, JA, t. 1955-I, p. 430; ídem, t. 1956-III, p. 271; SC Salta, JA, t. 1945-III, p. 63) así como parte de la doctrina (Alsina, Podetti, Quinteros, Ramírez, Morello, Passi Lanza, Sosa y Berizonce, etc.)38, por una doble razón: por un lado, atendiendo al hecho de que los frutos o productos integran el concepto civil de lo accesorio (art. 2328, Cód. Civil), y por el otro, en cuanto la idea procesal de "cosa demandada" conduce a la conclusión de que la pretensión reivindicatoria abarca también los frutos y productos reclamados accesoriamente en los términos del arto 2787 del Cód. Civil. Este último criterio es el que finalmente ha predominado y que consideramos acertado. No será ocioso recordar que el Código de Procedimiento en lo Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires, hoy derogado, disponía expresamente que el embargo comprendía los frutos naturales y civiles del bien que se reivindica (art. 456). A fin d~ aventar las graves consecuencias que la medida pueda ocasionar, el juez deberá extremar el rigor de la contracautela. II) Pretensión
de petición de herencia.
Lo dicho respecto de los frutos en la pretensión reivindicatoria es aplicable a la de petición de herencia. El actor debe haber acreditado prima facie su vocación hereditaria para concurrir o excluir al demandado, o la falta de vocación hereditaria de éste y que los bienes que intenta embargar forman parte de la herencia. Con respecto a la contracautela, se ha resuelto que en estos casos es suficiente la caución juratoria (C2aCC Mercedes, 14/3/75, Sensus, t. XVI-1976, p. 253, n° 13). La acción de petición de herencia puede ir acumulada a la de filiación o desconocimiento de filiación de quien detenta como heredero los bienes hereditarios. También a la de nulidad de testamento, por los diversos motivos que la ley establece39. 38Alsina, Tratado... cit., t. V, p. 484; Palacio, Derecho procesal civil, t. VIII, p. 127; Podetti, Las medidas cautelares y el embargo preventivo de los frutos de la cosa litigiosa, en "Revista de Derecho Procesal", 1943, ps. 151 y ss.; Quinteros, Medidas cautelares en la reivindicación y en la petición de herencia, en LL, t. 52, p. 921; Ramírez, Medidas cautelares, p. 126; Morello y otros, Códigos Procesales... cit., t. III, p. 147. En contra: Spota, Medidas cautelares, Bs. As., 1946, ps. 23 y ss. y Díaz de Guijarro, El embargo preventivo en la acción de petición de herencia, JA, t. 74, p. 620. 39Podetti, Tratado... cit., p. 197, n° 62.
154
MEDIDAS CAUTELARES
En cuanto a los pedidos de declaración de legítimo abono, se ha entendido que, desconocido el crédito y no habiéndose promovido una demanda al efecto, es improcedente el embargo preventivo con fundamento en este artículo (CNCiv., Sala A, 16/7/68, LL, t. 133, p. 921, n° 19.043-S). nD Pretensión
por nulidad
de testamento.
El peticionante del embargo debe acompañar los documentos de los que surja su vocación hereditaria (aunque en un caso se dijo que la circunstancia de que el vínculo que une a los peticionantes con el causante no haya sido justificado en legal forma no obsta al otorgamiento del embargo preventivo si hay presunciones serias de que aquél existe [CNCiv., Sala A, LL, t. 130, p. 419]) Y la verosimilitud del derecho invocado. Este último puede emerger de los términos en que se halla concebida la demanda. En este sentido se decidió, precisamente, que procede el embargo preventivo de los bienes de la sucesión a pedido del que inicia el proceso de nulidad de testamento aunque no existan otros elementos de juicio para apreciar la procedencia de la pretensión que los caracteres de seriedad que prima facie presenta la demanda (CCiv., 2a, JA, t. 18, p. 195). IV) Pretensión
de simulación.
La pretensión de simulación comprende tanto la formulada por las partes como por terceros. En ambas hipótesis la verosimilitud del derecho debe acreditarse mediante prueba documental, pero en tanto en la primera es indispensable, como principio, el acompañamiento de contradocumento (art. 960, Cód. Civil), en la segunda corresponde que aquélla se refuerce con presunciones de simulación pues lo corriente, cuando la pretensión es interpuesta por terceros, consiste en la ausencia de prueba preconstituida acerca del vicio invalidante (CNCiv., Sala C, LL, t. 1976-A, p. 491, n° 33.209-S). Se ha señalado que si se demanda la nulidad de la venta de un inmueble invocando nulidad absoluta y dolo y el decreto de embargo se sustentó en el arto 210, inc. 4, CPN, como esta norma hace referencia al embargo preventivo que se traba respecto de la cosa demandada mientras dure eljuicio, es improcedente la sustitución del inmueble sobre el que recae la cautela (CNCiv., Sala C, 22/9/81, ED, t. 97, p. 265). Se ha destacado también la posibilidad de que con fundamento en el inciso que examinamos pueda decretarse la anotación de lite, medida menos grave que el embargo que autoriza la norma (CNCiv., Sala F, 22/7/61, LL, t. 149, p. 607, n° 30.074-S). También se puntualizó que por ser esta última la medida más apropiada en un juicio por simulación, no corresponde denegarla
EM13ARGO
155
PREVENTIVO
porque se haya dispuesto con anterioridad la prohibición de innovar (CNCiv., Sala C, 14/11/74, LL, t. 1975-A, p. 234). . Nada obsta, por otra parte, a que el embargo se h.aga extenslVO a los frutos o rentas de los bienes a cuyo respecto se mtenta la declaración de simulación (CNFed., Sala Civ. y Com., LL, t. 130, p. 680; ED, t. 23, p. 15). V) Jurisprudencia
complementaria
(nacional y provincial).
Es importante remarcar, en función de los .principios genéricos precedentemente aludidos a propósito de las medIdas c~u.telares, que la disposición contenida en el inc. 4 del art. 210 del COdIgO Pr?cesal exige como fundamento para la admisión del embargo preventIvo, la "verosimilitud del derecho" que se pretende asegurar, lo que no supone, obviamente, la prueba pl.ena sobre los p~esupuestos ~ustanciales de la pretensión que, precIsamente, constItuyen el objeto del litigio (C1aCC Bahía Blanca, DJBA, t. 120, p. 244). Acción reivindicatoria
40.
Procede el embargo de frutos de la cosa cuya reivindicac~ó?-. se reclama cuando se demanda conjuntamente por daños y peI]UlclOs (CNCiv.: Sala B, 8/11/54, JA, t. 1955-1, p. 431; ídem., S~la. D,. ~1/11/62, LL, t. 111, p. 900), sin que proceda formular la dIstmclOn entre consumidos y no percibidos (CNCom., Sala B, 22/~0~54,.LL, t.. 77, p. 306). No basta la interposición de la demanda reIvmdicatona .para que proceda el embargo preventivo ~ejo, sino q~e d~be acred,~tarse la verosimilitud de la pretensión deducIda. Como bIen dIce Spota, decretar esa medida con la sola demanda del interesado, implicaría una conducta arbitraria del juez, prestando sólo crédito a la ~rmación del presunto dominus o del pretendido acreedor. Sólo condIce, ~nt0.nces, con las exigencias de una adecuada protección de los d~rech?s,JustIficar el fumu~ boni iuris, es decir, la probabilidad de la eXIstencIa de esos der~c~~s (Medidas cautelares que puede solicitar el reivindi:an~e durante eljUlCW, LL, t. 26, ps. 494 y ss., n° 9 y sus citas). Se ha ~adido en torno a ello, que aunque se tuviera por inválida la contestacIón del trasla~o .d~ la demanda, ello por sí solo es insuficiente para demostrar la verosllI~ihtud del derecho y poder decretar sobre esa. base un em?argo p~eventIvo en el juicio sobre reivindicación (arts. 210, mc. 4, y 212, mc. 1, CodoProcesal)
(C2aCC La Plata, Sala n, causa B-32.559, reg. int. 250/71).
,
Por lo contrario, si prima facie resulta acreditada a traves de la.s actuaciones de la justicia penal, la verosimilitud del derecho del reIvindicante a recuperar la cosa mueble que le fuera robada, aun en el caso 40 Spota, Embargo de los frutos de las acciones a reivindicar, JA, t. 1956-1, p. 98; Embargo sobre la cosa a reivindicar y sobre sus frutos, JA, t. 1956-III, p. 271.
156
MEDIDAS
CAUTELARES
EMBARGO PREVENTIVO
de qu.e el accionado se hubiera desprendido de ella, corresponde que como antIcIpo de la garantía jurisdiccional, se decrete el embargo preventivo (arts. 2412, 2765 Y 2768, Cód. Civil; Podetti, Tratado de las medidas cautelares, n° 62) (C1aCC La Plata, causa 102.671, reg. int. 242/62). Petición de herencia 41. A los .fines de
embargo
preventivo,
la pretensión
sobre petición
~ de herencIa es eqUIparable a la de reivindicación (CNCom., Sala A, 4/5/56, LL, t. 121, p. 674, n° 13.033-S), así como el reclamo por inclusión de bienes hereditarios (CNCom., Sala E, 5/9/62, ED, t. 3, p. 170), o la demanda P?r entrega de un legado (CNCom., Sala C, 14/4/65, ED, t. 12, p. 4 ~5), debIendo tenerse presente en todos estos éasos, que siempre debe partIrse del presupuesto de la existencia de documentos que hagan verosí~illa pr~t~nsión (CNCiv., Sala A, 8/8/68, ED, t. 23, p. 814, sumo 39), y cIrcunscnbIrse a la cosa demandada, siendo inadmisible ampliar la cautela a otros bienes (CNCiv., Sala C, 19/12/88, ED, t. 26, p. 514; LL, t. 135,. p. ~170, n°. 21.333-S; JA, t. 1969, reseñas, p. 397, n° 21). SI prLma {acze aparece justificada la vocación hereditaria -vero~imilitud del derecho- (art. 3578, Cód. Civil), así como el bien que se m:enta. e~bargar ~orm~ parte del acervo sucesorio (arts. 1271 y 1272, Codo CI:vH), no e~ste mconveniente jurídico en decretar el embargo pre~entivo (PodettI, Tratado de las medidas cautelares, p. 187, n° 62; Alsma, Tratado, ~ed., t. V, p. 487, n° 17; Díaz de Guijarro enJA , t.74 , p. 619) (C1aCC San Isidro, JA, t. 1970, reseñas, p. 363). ' Para la viabilida~ de esa medida cautelar no es indispensable la prueba de la procedencIa de la acción de petición de herencia punto éste que constituye el tema del litigio y que ha de dilucidarse en l~ sentencia de. mérito,. bastando .al efecto que la documentación acompañada haga I?nr!1a {acte verosímIl en derecho la acción instaurada -fumus boni tUrLS- quedando librado al criterio del juez la apreciación del grado de tal p~esupuesto, debiendo considerarse a ese fin las circunstancias especIales de cada caso (cfr. Alsina, Tratado, 2a ed., t. V, p. 487; Fornieles, Tratado de la~ sucesiones, ed. 1958, t. I, p. 268; Lafaille, Sucesiones, t. I, p. 356; Orus, Fundamento lógico y jurídico de la verosimilitud LL t. p, p. 1007; Podetti, Tratado de las medidas cautelares, p. 186, ~o 62; Rebora, Derechos de las sucesiones, t. I, p. 247) (C~C La Plata Sala I, causa A-23.856, reg. int. 229/72). ' Tratándose de la acción de colación se ha decidido que como la . mIsma ~s de naturaleza personal, no queda autorizado el embargo preventIvo de la cosa cuyo valor se pretende restituir a la masa (C2aCC La Plata, Sala lI, LL, t. 102, p. 118). 41.Díaz de Guijarro, El .embargo pr~ventivo en la acción de petición de herenCla, JA, t. 74, p. 619; Qumteros, Medldas cautelares en la reivindicación y en la petición de herencia, LL, t. 52, p. 921.
Nulidad
157
de testamento.
El embargo preventivo en la demanda por nulidad de testamento debe limitarse a garantizar el derecho del embargante, cuidando que no se superponga con otras medidas cautelares (CNCiv., Sala F, 31/10/68, LL, t. 135, p. 119, n° 21.512-S). Habiendo el peticionario justificado con los pertinentes certificados de estado civil el parentesco que lo haría concurrir como coheredero junto con el accionado en el supuesto que prosperara la nulidad del testamento, siendo prima facie verosímil el derecho es procedente el embargo, pues con la medida se procura evitar la enajenación de los bienes relictos que, de tener lugar, tornaría ilusorios los derechos del actor (C2aCC Mercedes, JA, t. 1970, reseñas, p. 638). En cambio, si la acción de petición de herencia está supeditada a la declaración de nulidad de un testamento, y esta última no resulta prima facie verosímil, no es viable el embargo preventivo (Alsina, Tratado, 2a ed., t. V, p. 488, nota 82). Simulación. El requisito para la admisibilidad del embargo preventivo e~ el caso de la demanda sobre simulación, está dado porque resulte prLma facie la verosimilitud de dicha pretensión apoyada por documentación, que justifique el derecho que se ha vulnerado, todo ello reforz:'ldoyor presunciones de simulación, pues es corriente, cuando la ejercItan terceros, que no haya prueba preconstituida del vicio invalidante (CNCiv., Sala C, 28/11/75, LL, t. 1976-A, p. 491, n° 33.209-S). En el supuesto de que resulte admisible, también es procedente el embargo de los frutos, a semejanza de lo que ocurre con la reivindicación (CNCiv., Sala B, 20/4/55, LL, t. 78, p. 605; CNFed., Sala Civ. y Com., 7/5/68, ED, t. 23, p. 15; LL, t. .130, p. 680). . Si los elementos acompañados son sufiCIentes para abonar prLma facie la verosimilitud del derecho que se pretende asegurar a raíz del proceso de simulación y colación deducido, resulta procedente el embargo preventivo (Clacc Bahía Blanca, DJBA, t. 120, p. 244).. En el proceso de simulación no procede el embargo preven~lvo fundado en las solas enunciaciones contenidas en la demanda (Alsma, Tratado, 2a ed., t. V, p. 456, n° 4, b, nota 8; Las medidas precautorias en el juicio de simulación, LL, t. 63, p. 177) (C2aCC La Plata, Sala lI, JA, t. 1951-III, p. 529). Queda así supeditado el embargo a la presentación de docunlentos que hagan verosímil la pretensión deducida (C1aCC San Isidro, JA, t. 1969, reseñas, p. 484, n° 101). 9) Créditos privilegiados. Los ordenamientos procesales de Córdoba, Jujuy facultan, en una norma única y general (arts. 1067,260,
y Santa Fe ine. 6 y 280,
158
MEDIDAS
CAUTELAHES
respectivamente), a las personas a quienes las leyes sustanciales acuerdan privilegio sobre ciertos bienes, para solicitar el embargo de éstos, previa justificación sumaria de su calidad de acreedores y de la afectación de los bienes respectivos. Los restantes códigos adjetivos vigentes en el país, por el contrario, regulan separadamente el supuesto del propietario o locatario principal de predios urbanos o rústicos y el de las demás personas que son titulares de privilegios respecto de determinados bienes muebles o inmuebles. Cabe señalar, por otra parte, que en tanto los ordenamiento s mencionados eximen al acreedor, en el caso examinado, del requisito de la contracautela, el arto 199 CPN (modif. por la ley 22.434), al que ha seguido el arto 200 del CPC Santa Cruz, establece, según vimos supra, parág. 8, que en la misma hipótesis la caución juratoria debe entenderse prestada al requerirse la medida, en tanto que los otros ordenamientos dejan supeditado este aspecto a las reglas generales previstas en materia de contracautela. Ninguno de los códigos procesales de la República, en cambio, exige que en este caso se demuestre el peligro en la demora pues esta circunstancia se presume ante la posibilidad de que los bienes afectados al privilegio desaparezcan o se desvaloricen. I) Propietario
o locatario principal.
Conforme lo establece el inc. 2 del arto 210 CPN, puede solicitar se ordene embargo preventivo "el propietario o locatario principal de predios urbanos o rústicos, haya o no contrato de arrendamiento, respecto de las cosas afectadas a los privilegios que le reconoce la ley. Deberá acompañar a su petición el título de propiedad o el contrato de locación, o intimar al locatario para que formule previamente las
manifestaciones necesarias" 42. El locador tiene privilegio sobre los muebles que se encuentran en la casa alquilada o que sirven para la explotación de la hacienda rural, aunque no pertenezcan al locatario, si fueron introducidos allí de una manera permanente o para ser vendidos o consumidos. El privilegio garantiza no sólo los alquileres que se deben sino también todas las demás obligaciones del locatario que se derivan del contrato de arrendamiento (arts. 3883 y 3884, Cód. Civil). Por lo tanto, el embargo preventivo autorizado por el arto 210, inc. 2, CPN, puede requerirse antes o al tiempo de prepararse la vía ejecutiva para el cobro de los arrendamientos en los términos del arto 525, inc. 2, del susodicho ordenamiento o con anterioridad o juntamente con la demanda tendiente al cobro de los daños y perjuicios emergentes de la
EMBAHGO pm:VENTIVO
I \1
conducta culposa del locatario (v. gr., por haberse abstenido de realizar las reparaciones a su cargo). A propósito de los casos previstos en el inc. 2 se ha puntualizado que el propietario o locatario principal puede prescindir de pedir el embargo preventivo invocando este inciso, y solicitarlo con fundamento en los principios generales que legislan esta medida. En tal supuesto no resultarían exigibles los requisitos del inciso, bastando la acreditación de la verosimilitud de su derecho por cualquier medio. Pero entonces la medida no recaería sobre los bienes especialmente afectados al privilegio (CNEsp. Civ. y Com., Sala III, 12/11/74, JA, t. 26-1974, p. 22). La verosimilitud del derecho puede surgir, ante todo, del título de propiedad (que hace presumir el carácter de locador del peticionario). Si dicho contrato consta en instrumento privado corresponde practicar la información de abono sobre la autenticidad de la firma del locatario o sublocatario (art. 209, inc. 2, CPN) o bien citar a éste en la forma y bajo el apercibimiento previstos en el arto 526. En el supuesto de inexistencia o falta de presentación de prueba documental debe citarse al locatario o sublocatario para que manifieste si reviste o no esa calidad, bajo apercibimiento, en caso de in comparecencia, de tenerse por exacta la afirmación formulada por el actor (arg. arto 525, inc. 2, CPN), pero si aquél niega la existencia del contrato y éste no puede acreditarse sumariamente en forma indubitada (norma citada), corresponde rechazar el embargo preventivo (CCiv. 2a Cap., JA, t. 71, p. 809)43. En virtud de que la medida cautelar que nos ocupa debe limitarse a las cosas afectadas al privilegio, basta la sola afirmación del locador sobre el importe del crédito para su admisión (CNEsp. Civ. y Com., Sala I, LL, t. 113, p. 125; Sala nI, ED, t. 4, p. 918). De ahí que tampoco sea indispensable que el inquilino exhiba el último recibo, como en el supuesto de preparación de la vía ejecutiva 44. Sin perjuicio, claro está, de la posibilidad de que, efectuada la exhibición, se obtenga la reducción o el levantamiento del embargo. En cuanto al fiador, también se halla autorizado para peticionar la medida si ha pagado los arrendamientos, pues puede subrogarse en los derechos del inquilino afianzado (art. 2029, Cód. Civil) 45. Jurisprudencia
44
Cfr. Podetti-Guerrero
Leconte, Tratado... cit., p. 223.
(nacional y provincial).
Siendo similar al que autorizaba el arto 445 del Cód. derogado, es de aplicación la jurisprudencia sobre el tema (CNCiv., Sala A, 19/4/68, ED, t. 23, p. 813, sumo 35).
43 Podetti-Guerrero 42
159
Leconte,
Tratado...
cit., p. 233.
Alsina, Tratado... cit., t. V, p. 479 Y fallo citado en nota 60.
45 Podetti-Guerrero
Leconte,
Tratado...
cit., p. 233 Y fallo citado en la nota 35.
160
MEDIDAS
CAUTELARES
EMBAHGO PREVENTIVO
Por consiguiente, para decretar el embargo preventivo solicitado por el propietario de predios urbanos y rústicos respecto de las cosas a que se refiere el arto 3883 del Cód. Civil, basta la sola presentación del título, sin que sea menester justificar que el demandado es inquilino, ni tampoco el monto adeudado, pues se presume que quien ocupa con sus bienes un inmueble ajeno lo hace a título de locatario, adeudando lo que señala el dueño4QNCiv., Sala A, 19/4/68, LL, t. 131, p. 1073, n° 17.523-S). Eiiwnción de la existencia de un contrato de fianza se ha resuelto -por níJiyoría-, que para que proceda el embargo preventivo sobre un inmueble del fiador es preciso que de las constancias de autos surja prima facie el monto de la deuda, para lo cual es insuficiente la mera manifestación de la acreedora respecto a la extensión del atraso en el pago de los alquileres y la información sumaria rendida sobre la autenticidad del convenio de desocupación (CNEsp. Civ. y Com., Sala In, 12/11/74, LL, t. 1975-A, p. 516; JA, t. 1975-26, p. 22). En el cobro ejecutivo de alquileres, en función de lo previsto por el inc. 2 del arto 210 del Cód. Procesal--en armonización con lo regulado por los arts. 3883 a 3885 del Cód. Civil-, cabe que se decrete el embargo preventivo, cuando de la documentación acompañada surge la verosimilitud del crédito (cfr. Colombo, Código Procesal, t. n, p. 272, jurisp. cit. en parág. 3, nI) (C~CC La Plata, Sala 1, causa B-46.950, reg. int. 246/79). En cambio, se ha resuelto que si se acciona por desalojo, no deviene pro~edente el embargo preventivo a la luz de lo dispuesto por esta norma, hablda cuenta que la misma se remite a los privilegios que la ley reconoce al locatario y que conforme lo dispone el arto 3883 del Cód. Civil sólo gozan de privilegio los créditos por alquileres y arrendamientos (C2aCC La Plata, Sala In, causa B-30.098, reg. int. 310/70). II) Créditos con privilegio
especial.
Dispone el arto 210, inc. 3, CPN, que puede pedir que se decrete el embargo preventivo, "la persona a quien la ley reconoce privilegios sobre ciertos bienes muebles o inmuebles, siempre que el crédito se justificare en la forma establecida en el artículo 209, inciso 2". Este dispositivo remite a preceptos del Código Civil, arts. 3883 a 3897 y 3923 a 3938, referentes, respectivamente, a los privilegios especiales sobre muebles e inmuebles. Podetti46 por esta razón, ha dicho que el inc. 2 del arto 210 resulta superfluo, aunque Palaci047 apoya su subsistencia en las precisiones que contiene respecto del modo de acreditar la verosimilitud del derecho. 46
Podetti-Guerrero Leconte, Tratado... cit., p. 232. 47Palacio, Derecho procesal civil, t. VIII, p. 132. Cfr. también Medidas cautelares, t. 1, p. 261.
Lázzari '
161
E}privilegio es el derecho conferido por la ley a un acreedor para ser pagado con preferencia a otro (art. 3875, Cód. Civil). Le asiste sobre ciertos muebles: 1) al locador o sublocador de fincas urbanas o rurales, sobre los muebles que se encuentren en la casa del inquilino o que sirven para la explotación de la hacienda rural, salvo las excepciones consagradas por la ley (bienes inembargables de indispensable uso) (arts. 3883 y 3884, Cód. Civil); 2) al posadero, sobre los efectos introducidos en la posada (art. 3886, Cód. Civil); 3) al acarreador, sobre los efectos transportados (art. 3887, Cód. Civil); 4) al acreedor de semillas y otros gastos, sobre la cosecha (art. 3888, Cód. Civil); 5) al obrero o artesano, sobre la cosa mueble que ha reparado o fabricado, mientras permanezca en su poder (art. 3891, Cód. Civil); 6) a quien ha hecho gastos de conservación de una cosa mueble (art. 3892, Cód. Civil); 7) al vendedor de cosas muebles no pagadas, sobre el valor de la cosa vendida que se halle en poder del deudor. Si ha sido revendida y se debiese el precio, el privilegio se ejerce sobre el precio (art. 3893). Corresponde sobre ciertos inmuebles: 1) al vendedor de un inmueble no pagado, aunque hubiese hecho tradición de él, sobre el valor del inmueble, mientras se halle en poder del deudor (art. 3924, Cód. Civil); 2) al que ha dado dinero para la adquisición de un inmueble (art. 3927, Cód. Civil); 3) en caso de partición (art. 3928, Cód. Civil); 4) al donante, sobre el inmueble donado, por las cargas impuestas al donatario (art. 3930, Cód. Civil); 5) a los arquitectos, empresarios, albañiles y otros obreros, sobre el valor del inmueble en que sus trabajos han sido ejecutados (art. 3931, Cód. Civil); 6) a las personas que han prestado dinero para pagar a los arquitectos, empresarios u obreros, pues gozan del mismo privilegio que éstos (art. 3932, Cód. Civil); 7) a los que han suministrado los materiales necesarios 'para la construcción o reparación de la obra (art. 3933, Cód. Civil); 8) en el supuesto del artículo 3934, Cód. Civil (hipotecarios). El inc. 3 del arto 210 CPN remite también a los arts. 471 a 498 de la ley 20.094, que gobiernan los privilegios marítimos, y al arto 511 de la misma ley en tanto contempla el rango que reviste, entre aquéllos, el resultante de la hipoteca naval. Si bien en lo que atañe a la justificación de la verosimilitud del derecho el arto 210, inc. 3, CPN dispone la aplicación del arto 209, inc. 2, CPN, no se advierte impedimento alguno para que aquel extremo se acredite de la manera dispuesta en el inc. 4 del dispositivo citado. No es menester que el acreedor justifique el monto de la deuda; pero si, por ejemplo, el embargo se solicita para garantizar el privilegio de los honorarios del letrado (arts. 3879 y 3900, Cód. Civil) la medida no debe hacerse efectiva sobre la totalidad del bien a cuya incorporación al patrimonio del deudor contribuyó el profesional en la hipótesis de que su valor resulte desproporcionado con el crédito respectivo, 11 - Medidas cautelares
162
MEDIDAS
razón por la cual el tribunal, en uso de la atribución que le otorga el arto 204 CPN, puede limitar la medida en función de la entidad del derecho que se persigue proteger. La ley 20.094, en su arto 531 establece, por su parte, que los buques de bandera nacional pueden ser embargados preventivamente en cualquier punto de la República por créditos privilegiados, en tanto que si se trata de créditos comunes el embargo preventivo sólo procede en el puerto donde su propietario tenga su domicilio o establecimiento principa148. Jurisprudencia
(nacional y provincial).
Si la ley concede un privilegio a favor del abogado por los gastos de justicia y honorarios (arts. 3879 y 3900, Cód. Civil), ningún obstáculo hay para la procedencia del embargo preventivo tendiente a garantizar el cobro de ese crédito, pues esta norma prevé tal supuesto; aunque en tal caso, debe quedar limitado a una suma que, prima facie, guarde proporción con la entidad de la deuda (CNCiv., Sala A, 13/9/79, ED, t. 85, p. 626; ídem, Sala E, 18/6/79, BCNCiv., t. 1979-II, p. 4; 3/9/81, LL, t. 1982-A, p. 126). Entre otros supuestos se ha resuelto, desde la perspectiva del mutuo hipotecario, que las medidas cautelares deben hacerse efectivas sobre bienes y cosas que se encuentran en el bien hipotecado, y sobre alquileres o precios del arrendamiento que los usuarios del bien hipotecado y sus accesorios abonen por cualquier concepto, resultando procedente consecuentemente el embargo preventivo de bienes que están afectados a la garantía del crédito hipotecario (art. 3110, Cód. Civil; Salas, Código Civil anotado, t. II, p. 1448, parág. 6 y p. 1450, n° 3, parág. 6) y dado que el créd~to exigible y líquido se halla documentado en escritura pública, la medida precautoria en cuestión se sujeta en su aspecto formal al solo recaudo de la caución (C28CC La Plata, Sala III, causa B-18.505 reg. int. 515/66). ' 10) Declaración
EMIJARGO PREVENTIVO
CAUTELARES
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"durante el proceso podrá decretarse el embargo preventivo: 1) en el caso del arto 63... ", es decir, cuando haya mediado declaración de rebeldía respecto de cualquiera de las partes y pedido de la contraria. . S.e trata de uno de los efectos típicos de la rebeldía, en que el sIlencIO del renuente origina una presunción de la verosimilitud del derecho (arts. 59 y 63, Cód. Procesal). 1) Jurisprudencia
nacional.
La declaración de rebeldía supone, en principio, la verosimilitud del derecho del actor, razón por la cual decretada la rebeldía del demandado, podrán ordenarse a pedido de la contraparte las medidas precautorias necesarias para asegurar el objeto del juicio; debiendo entenderse por tal no sólo el capital e intereses reclamados -de haberlos ambos- sino también las costas del proceso (CNCiv., Sala B, 28/12/78, JA, Rep. 1979, p. 566, VII, 2). No obstante la claridad meridiana del texto legal ("desde el momento en que un litigante haya sido declarado en rebeldía...") es común que los tribunales exijan que el auto se halle firme (cfr. CNCom." Sala B, LL, t. 98, p. 762, n° 4368-S; ídem, LL, t. 107, p. 994, n° 8272; Idem, Sala A, JA, t. 1967, reseñas, t. I, p. 22, n° 69; CNCiv., Sala E, LL, t. 99, p. 769, n° 4668-S; C28CC La Plata Sala III causas B-16.841, reg. int. 226/66'y B-18.615, reg. int. 577/66; estas 'últimas r~cordadas por Morello y otros, Códigos Procesales, t. II, p. 351, con cita de Colombo, Código de Procedimiento Civil anotado y comentado t. I, p. 700, nota al arto 437)49. ' II) Jurisprudencia
provincial.
La rebeldía del codemandado crea la presunción de legitimidad del ~erecho. reclamado por el actor para decretar el embargo preventiVo (Alsma, Tratado, 28 ed., t. V, p. 592, n° 10, c) y a lo que nada
de rebeldía.
El legislador ha previsto como causales de embargo preventivo determinadas situaciones que pueden producirse en el proceso. Dichas situaciones la configuran: 1) la declaración de rebeldía' 2) la confesión ~xpr~sa o ficta o el reconocimiento tácito de los hecho~, y 3) el pronuncIamIento de una sentencia favorable a quien peticiona la medida. Respecto de la primera, dispone el arto 212 CPN que, además de los supuestos contemplados en los artículos anteriores ya examinados, 48Por créditos p~vilegiados, asimismo, son susceptibles de embargo preven. tIvo los buques extranjeros surtas en puertos de la República (art. 532, inc. a) (cfr. CNFed., Sala 1 Civ. y Com.,ED, t. 64, p. 137; asimismo, Ray, Embargo de buques, Bs. As., 1959).
49La doctrina no comparte esta conclusión (v. Ramírez, Medidas cautelares p. 13~; CarIa Carli, ~a rebeldía del demandado, en Sensus, t. VII, ps. 512-513~ PalacIo, Manual... Cit., t. 1, p. 278, quien la considera de "discutible acierto"' pudiéndose citar fallos en sentido coincidente: CCiv. 28 Cap., JA, t. 72, p. 236; C2aCC La ,Plat~, DJBp:-, t. 70, p. 262, cito por Morello y otros, Códigos... cit., t. II, p. 351). Lazzan (Medldas cautelares, t. 1, p. 289) es categórico: "Los principios generales sobre firmeza de los actos procesales reciben en esta materia evidente excepc~ón, tal cual lo expresa el artículo 63 en forma precisa y categórica. Ello se annomza con las pautas que consagra el arto 198 en torno a la unilateralidad del procedimi~nto h~sta ~anto medie la ejecución de la medida cautelar, que se dispone y cumple sm audiencia de la contraparte, inclusive careciendo los recursos de efecto suspensivo. A n~die se le ha .ocurrido sostener, por otra parte, que por ejemplo en el supuesto del mc. 3 del mismo arto 212, sea obstáculo para la procedencia del embargo el hecho de que la sentencia no estuviere firme. Analógicamente, el argumento se traslada al supuesto de rebeldía (art. 16, Cód. Civil)".
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MEDIDAS
CAUTELARES
obsta el hecho de que se reclamen daños y perjuicios (C1 acc La Plata, Sala I, causa 140.900, reg. int. 698/69). 11) Confesión y admisión. El arto 212, inc. 2, CPN prescribe que procede el embargo preventivo "siempre que por confesión expresa o {icta derivada de la incomparecencia del absolvente a la audiencia de posiciones, o en el caso del artículo 356, inciso 1, resultare verosímil el derecho alegado". D Confesión expresa. En cuanto la confesión judicial expresa prestada sin reservas, conforme lo prevé el arto 423 CPN, "constituirá plena prueba", su configuración -que naturalmente va más allá de la mera demostración de la verosimilitud del derecho-, justifica con exceso el otorgamiento del embargo preventivo. Sin embargo, a pesar de ser expresa, la confesión judicial calificada, cuando es indivisible, no resulta hábil para la concesión de la medida: Es improcedente el embargo preventivo autorizado por el arto 448 del Cód. de Pta. (actual arto 212, inc. 2, CPN) si no obstante reconocer la demandada haber recibido la suma que se le reclama, afirma haberla aplicado al pago de deudas pertenecientes al actor (CCiv., la Cap., JA, t. 73, p. 193). ID Confesión ficta. La confesión fieta a que hace referencia el inc. 2 del arto 212 CPN no siempre fue tenida en cuenta en su verdadero alcance por los precedentes judiciales. En efecto, algunos decisorios resolvieron que la medida cautelar sub examine no procede mientras no medie pronunciamiento teniendo a la parte por confesa conforme a lo establecido en el arto 417 CPN, es decir, al tiempo de dictarse la sentencia de mérito (CNCom., Sala C, LL, t. 155, p. 679, n° 31.402-S). Otros fallos, en cambio, partiendo del argumento de que una exégesis demasiado apegada a la letra de los arts. 212, inc. 2, y 417 conduce a privar de operatividad a la hipótesis de confesión ficta contemplada en la primera de las mencionadas normas, se inclinaron en el sentido de que debe distinguirse entre los efectos de ese tipo de confesión y los que conciernen al solo hecho de tenerse por absueltas las posiciones, el cual, de suyo, nada adelanta sobre la apreciación de la prueba pero habilita para una declaración relativa a la verosimilitud del derecho a los fines de decretar el embargo preventivo (CNCom., Sala C, ED, t. 89, p. 467; CNCom., Sala D, LL, t. 1980-D, p. 482).
EMBARGO PREVENTNO
Este último criterio, naturalmente,
parte, propugna la doctrina lID Reforma
165
es el correcto y el que por otra
50.
de la ley 22.434.
La que introdujo al inc. 2 del arto 212 CPN consiste en un agregado en cuya virtud la confesión ficta que autoriza el embargo preventivo debe derivar "de la incomparecencia (injustificada) del absolvente a la audiencia de posiciones". Observa Palaci05!, acogiendo el p"mto de vista de Podetti, que más fuerza que esa simple incomparecencia "debe atribuirse a la negativa a responder o a las contestaciones evasivas o ambiguas". En general, estamos en presencia de situaciones voluntarias derivadas del proceso, algunas con reglas expresas que preordenan las consecuencias y otras que acuerdan mayor libertad al órgano jurisdiccional y que, como en el caso del arto 163, incs. 5 y 6, CPN, ~adúan la falta de satisfacción de cargas específicas y de la coherencIa de la propia conducta en relación al cometido de la jurisdicción. IV) Supuesto
del artículo 356, inc. 1, CPN.
Al demandado le incumbe la carga de expedirse en forma explícita, clara y circunstanciada acerca de cada uno de los hechos esenciales expuestos en la demanda. . El arto 356, inc. 1, CPN, precisamente, especIfica que su sIlencIO, " sus respuestas evasivas o la negativa meramente general pueden estimarse como reconocimiento de la verdad de esos hechos. Una carga similar existe con respecto a la autenticidad de los documentos atribuidos al demandado y a la recepción de las cartas y telegramas a él dirigidos, con la variante de que, frente a las actitudes apuntadas, corresponde, de acuerdo al dispositivo citado, tener a aquéllos por reconocidos o recibidos según el caso. A pesar de que el silencio o la reticencia del demandado genera distintos efectos según se trate de hechos o de documentos, ambos supuestos resultan sustancialmente equiparables en los términos del inc. 2 del arto 212 CPN, pues, 10 mismo que en la confesión ficta, imponen al órgano jurisdiccional la necesidad de emitir juicio respecto de la verosimilitud del derecho. La apreciación judicial debe ser menos estricta, obviamente, en la hipótesis de admisión lisa y llana de los hechos, aunque aparezca limitada por la invocación de hechos impeditivos o extintivos, o de .la autenticidad de los documentos sin acompañar otros que los desV1r50 Cfr. Alsina, Tratado, t. V, p. 485; Fenochietto-Arazi, Código Procesal... cit., t. I, p. 703; Moreno y otros, Códigos Procesales... cit., t. III, p. 160; Podetti-Guerrero Leconte, Tratado... cit., p. 258. 51Palacio, Derecho procesal civil, t. VIII, p. 141.
166
MEDIDAS
túen, por cuanto tales actitudes la confesión expresa. V) Jurisprudencia
.
CAUTELARES
EMBARGO PREVENTNO
son sustancialmente
equiparables
a
(nacional y provincial).
Sin perjuicio de que la valoración de la confesión como medio de prueba debe hacerse en el momento de dictar sentencia (art. 386, Cód. Procesal), a los efectos de la apreciación de la verosimilitud del derecho como presupuesto del embargo preventivo, corresponde que el juez se expida sobre el particular, según las reglas de la sana crítica, ya que basta con que prima facie medie el fumus boni iuris (CNCom.; Sala D, 12/8/80, LL, t. 1980-D, p. 482). Una exégesis excesivamente apegada a la letra de los 'arts. 212 y 417 del ordenamiento procesal llevaría a privar de operatividad al dispositivo del texto legal citado en primer término. Es en razón de ello que la armonización entre el inc. 2 y el arto 417 conduce a que la verosimilitud del derecho no debe ponderarse en función de los efectos de una confesión que recién se ha de producir en el estadio de la sentencia. De allí que la razonable interpretación de esas normas ha de reposar sobre la distinción entre los efectos de la confesión ficta y los que atañen al solo hecho de tenerse por absueltas las posiciones que, de suyo, nada adelantan sobre la apreciación de la prueba pero habilitan para una declaración sobre la verosimilitud a los fines del embargo preventivo. Repárese que esta solución tiene, en definitiva, un alcance análogo al previsto para el caso del inc. 1 del arto 212 que autoriza la cautela por el solo hecho de la rebeldía, sin que a tal fin resulten relevantes los efectos que a ella se atribuirá al sentenciar (CNCom., Sala C, 30/4/80, ED, t. 89, p. 467)52. Asimismo, puede decretarse en el supuesto del arto 356, inc. 1, del Cód. Procesal (CNCiv., Sala D, 14/5/68, LL, t. 133, p. 992, n° 19.445-S). Si de las constancias de autos resulta prima facie acreditada la culpa en el incendio del inmueble -contestación a la demanda y testimonio de las actuaciones criminales-, resulta procedente el embargo preventivo (C1aCC La Plata, Sala 11, causa 98.172, reg. int. 718/60). La declaración indagatoria formulada en causa criminal constituye a los fines del embargo preventivo confesión suficiente sobre la autoría del hecho que motiva el proceso. Ello origina prima facie la verosimilitud del derecho invocado (ClaCC La Plata, Sala I, causa 128.730, reg. int. 487/67). O si se demanda el cobro de una suma de dinero y los instrume~tos que hacen referencia a la entrega de dicha cantidad, no sólo no han sIdo desconocidos sino que implícitamente están reconocidos, corresponde hacer lugar al embargo preventivo (Podetti, Tratado de las 52 Esta sala sustentaba con anterioridad otro criterio: p. 679, n° 31.402-S; 6/7/78, LL, t. 1978-D, p. 156.
cfr. 19/3/73, LL, t. 155,
167
medidas cautelares, p. 194, n° 66) (C1acc La Plata, Sala II, causa 100.316, reg. int. 348/61). Se ha considerado, a su vez, que si media una incontestación a la demanda existe, en principio, una presunción de veracidad respecto a la pretensión inicial aunque, naturalmente, con un carácter precario en cuanto puede quedar desvirtuada en mérito al desarrollo procedimental que advenga en unposterius, fundamentalmente en base a las probanzas que se concreten (arts. 34, inc. 5, 163, incs. 5, 6 y 354, Código Procesal bonaerense). Frente a ese estado jurídico provisional, encuentra sustento la admisibilidad del embargo preventivo, sin que ello implique abrir juicio sobre la materia principal a la cual accede (art. 212, inc. 2, Cód. cit.) (C2aCC La Plata, Sala I, causa B-58.491, reg. int. 235/85). En consecuencia, aunque no siempre la falta de contestación a la demanda sea causa de un decreto precautorio, siempre el juzgador debe indagar acerca de la configuración del presupuesto básico de la verosimilitud del derecho (cfr. Morello y otros, Códigos Procesales, la ed., t. III, p. 160) (C2aCC La Plata, Sala II, causa B-50.276, reg. int. 292/81). b) Sentencia
favorable.
El embargo preventivo, conforme lo establece el inc. 3 del arto 212 CPN, puede ordenarse también "si quien lo solicita hubiese obtenido una sentencia favorable, aunque estuviere recurrida". La sentencia no debe hallarse consentida o ejecutoriada, pues en este caso el embargo que procede es el ejecutivo contemplado en el arto 502 CPN y no el embargo preventivo. La sentencia a que se refiere el inciso es la del proceso en el que se peticiona la medida cautelar. De ahí que todas aquellas peticiones de embargo que se fundan en la verosimilitud que emana de una sentencia dictada en proceso distinto (por ejemplo, en daños y perjuicios provenientes de la responsabilidad extracontractual, la sentencia penal condenatoria; en daños y perjuicios en que se reclama el resarcimiento de la ocupación indebida por el locatario, la sentencia de desalojo, etc.), no pueden ser fulldadas en el texto legal examinado 53. 53
En contra: El concepto de sentencia es, en el caso, amplio, por lo que
quedan comprendidos, a juicio del tribunal, no sólo los laudos arbitrales y las decisiones emanadas de tribunales extranjeros que reúnan prima facie los extremos para su ejecución, sino también las sentencias condenatorias dictadas en sede penal (C1'CC La Plata, Sala 1, 18/3/82, causa 183, reg. int. 64/82). Véase, asimismo, CNCiv., Sala A, ED, t. 26, p. 515, donde se decidió que el embargo preventivo procede para asegurar el cobro de daños y perjuicios ocasionados por la demora en la entrega del inmueble adquirido en subasta pública, fundada en la orden judicial de poner en posesión al comprador.
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MEDIDAS
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No es equiparable a una sentencia judicial, en cambio, la resolución favorable al peticionante dictada en sede administrativa (SC Mendoza, JA, t. 1949-III, p. 301), aunque ésta puede eventualmente encuadrar en la hipótesis prevista en el arto 209, inc. 2, CPN y autorizar por ende el embargo preventivo. Conforme al principio general expuesto supra, parág. 16, no es indispensable, para obtener la traba del embargo preventivo, que la sentencia contenga condena al pago de cantidad líquida, pero deben existir elementos de juicio que permitan establecer una suma aproximada (CSN, Fallos, t. 64, p. 20; Cámaras Civiles de la Capital en pleno, JA, t. 5, p. 35; CCom. Cap., JA, t. 7, p. 449). Corresponde consignar, por último, que en virtud de la reforma que le introdujo la ley 22.434, el arto 199 CPN prescribe que cuando el embargo se solicita con fundamento en la norma examinada, la caución juratoria debe entenderse prestada al formularse el pedido. 1) Jurisprudencia
nacional.
Quien obtiene sentencia favorable, cualquiera sea su naturaleza, tiene derecho a obtener embargo con tal de que aquélla pueda ser ejecutada coactivamente, y aunque no contenga cantidad líquida (CNCiv., Sala C, 11/12/62, ED, t. 4, p. 198), siendo las condenaciones allí impuestas las que señalan su límite (CNCiv., Sala B, 3017/54, LL, t. 77, p. 290). Desde el punto de vista de la prestación alimentaria fijada por sentencia se ha decidido que si bien, en principio, no corresponde la traba de medidas precautorias para garantizar el pago de cuotas alimentarias futuras cuando el alimentante no ha incurrido en incumplimiento anterior a su obligación, nada obsta a su procedencia cuando el crédito de que se trata, reconocido por sentencia judicial firme, tiene origen en una pensión alimentaria devengada y no percibida, pues en tal caso, por aplicación del inc. 3 del arto 212 del Cód. Procesal, cabe trabar embargo preventivo (CNCiv., Sala A, 8/2/79, LL, t. 1979-B, p. 481; ED, t. 82, p. 608). 2) Jurisprudencia Principios
provincial.
generales.
Uno de los presupuestos específicos que ha previsto el legislador en materia de embargo preventivo, está dado por la circunstancia de que quien lo solicita ''hubiese obtenido sentencia favorable, aunque estuviere recurrida" (inc. 3, arto 212, Cód. Procesal), pues en tal hipótesis la declaración que contiene el pronunciamiento judicial constituye suficiente verosimilitud del derecho (C~CC La Plata, Sala 1, causa B-46.095, reg. int. 105179).
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Dicha medida cautelar, en tal caso, procede sin necesidad de acreditar otro supuesto. Si la condena es al pago de un suma ilíquida, basta que el juez fije prudencialmente una cantidad a los efectos de librar mandamiento (CraCC La Plata, Sala 111,causa 170, reg. int. 621177). Sentencia
penal.
Para ordenar un embargo preventivo sobre la base de una sentencia favorable, ésta puede proceder en sede penal, ya que también en este caso resulta viable la medida precautoria en la acción de daños y perjuicios originados en un hecho ilícito y aunque no exista suma líquida (Podetti, Tratado de las medidas cautelares, pS. 192-193, n° 65, nota 42) (C2aCC La Plata, Sala 11, LL, t. 129, p. 472). Sentencias y laudos arbitrales extranjeros. Siempre que se trate de una sentencia extranjera o de un laudo arbitral de contenido similar que reúna, prima facie, los requisitos para ser ejecutable en nuestro país, resulta viable el embargo preventivo a la luz de la directriz genérica que sienta esta norma. En efecto, cabe equiparar la sentencia emanada de un órgano jurisdiccional vernáculo, con el pronunciamiento de un juez foráneo o con el laudo emitido por árbitros que actuaron fuera del país, cuando éstos reúnen los requisitos del artículo 515 de la legislación adjetiva. Ello se explica porque una sentencia (o sus equivalentes jurisdiccionales) cuando es favorable por coronar toda la tramitación de un proceso, constituye una presunción de verosimilitud del derecho, mucho más seria y asertiva que su demostración a través del mecanismo que prevé el Código Procesal para los otros supuestos (v.gr., arts. 209, 210, 211, 212, incs. 1 y 2) (cfr. Podetti, Tratado, n° 71, ps. 205 y ss.) (C2aCC La Plata, Sala 1, causa B-47.243, reg. int. 323179). Finalidad. El embargo preventivo que la ley autoriza para quien ha obtenido una sentencia favorable en primera instancia, o en alguno de los supuestos en que éste procede, no puede despacharse sino para garantizar la eventual ejecución del fallo, y no para asegurar prestaciones no reclamadas y que no fueron materia juzgada (ClaCC Bahía Blanca, DJBA, t. 47, p. 193; ClaCC Mar del Plata, LL, t. 115, p. 582). En aplicación de ello se ha resuelto que la sentencia de desalojo que hizo lugar a la demanda, no autoriza un embargo preventivo para cubrir eventuales daños y peIjuicios por la demora en la ejecución del desahucio (ClaCC Bahía Blanca, DJBA, t. 47, p. 193). Facultades
de la alzada.
Si se ha abierto la jurisdicción de la alzada a raíz del recurso interpuesto contra la sentencia de mérito y el tribunal de segunda ins-
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EMBARGO PHEVENTNO
CAUTELARES
tancia emite una sentencia de condena, ya sea porque confirma el pronunciamiento de tal tipo o en virtud de que revoca el de naturaleza absolutoria, cuenta con las potestades para decretar el embargo preventivo, bajo la pertinente contracautela que debe prestar el solicitante (C2aCC La Plata, Sala III, causa B-31.487, reg. int. 274/71). A pesar de ello, sin embargo, se ha señalado que siendo de la esencia del régimen escriturario la doble instancia, y no habiéndose abierto la jurisdicción de la alzada en virtud de un recurso de apelación, carece ésta, en principio, de potestad para resolver sobre una medida cautelar que no ha sido decidida por el a qua. En efecto, y sin perjuicio de la doctrina que puede extraerse del arto 212, inc. 3, del Cód. Procesal, sólo cabe que la alzada se pronuncie sobre las providencias que admiten o rechazan las medidas cautelares, en virtud del recurso de apelación que prevé el arto 198 del mismo ordenamiento; lo cual no puede variar so pretexto de un principio de economía procesal (art. 34, inc. 5, e, Cód. cit.) pues la plenitud del ordenamiento jurídico otorga primacía al régimen de la doble instancia (arts. 198,242 y 243, ídem) (ClaCC La Plata, Sala III, causa 162.013, reg. int. 446/74). Carácter no taxativo del arto 212. Como consecuencia de estar interesado el orden público en que no fracase la justicia, lo que se daría cuando luego de la larga tramitación del juicio el justiciable se encontrare sin posibilidad de. llevar a fin práctico el reconocimiento de sus derechos emanados de la sentencia de mérito, debe también afirmarse que la admisión del embargo preventivo mientras se sustancia el proceso, no está limitada a los supuestos contemplados en el arto 212 del Cód. Procesal habida cuenta que, por una parte, la enumeración de las oportunidades y circunstancias que señala no es de carácter taxativo, y por otra parte, la normativa legal no lo prohíbe, de allí que pueda ser solicitado luego de contestada la demanda o una vez en trámite el proceso principal (Podetti, Tratado de las medidas cautelares, p. 252), rigiendo durante el mismo los presupuestos tenidos en consideración por la ley para su concesión (arts. 210, 211 y 209, Cód. Procesal; CNCom., Sala B, ED, t. 35, p. 684, fallo 17.368; causas de esta Sala, B-20.833, reg. int. 511/67, y B-20.357, reg. int. 303/ 67) (C?CC La Plata, Sala 1, causa B-42.032, reg. int. 289/76).
Con el pedido de embargo preventivo debe ofrecerse la prueba dirigida ajustificar la verosimilitud del derecho y, en su caso, el peligro de la demora. Se acompañará, asimismo, el documento del que resulta el derecho que se pretende asegurar, del cual se adjuntará la correspondiente copia para desglose y reserva en la caja fuerte del juzgado. Si se trata de un instrumento privado se presentarán también el interrogatorio y la declaración de los testigos que abonan la firma, los que darán cuenta de las razones del peligro de la demora. 2) Reserva de las actuaciones. Conforme lo prevé el ap. 4° del arto 197 CPN, "las actuaciones permanecerán reservadas hasta tanto se ejecuten las medidas" y "tramitarán por expediente separado, al cual se agregarán, en su caso, las copias de las pertinentes actuaciones del principal". La segunda de estas circunstancias atañe al mejor orden del proceso. Pudiendo las medidas cautelares recabarse en cualquier estado del mismo, son evidentes las ventajas de separar el material específico de las restantes piezas del expediente, lo que redunda en una más rápida tramitación, impidiendo el entorpecimiento mutuo de ambos continentes. La reserva, por su parte, con dice con el principio de unilateralidad, procurándose que el conocimiento del afectado acaezca una vez efectivizada la medida.
Como lo apunta Falcón
a) Requisitos
previos.
1) Contenido del escrito. Como pauta, los requisitos para solicitar el embargo preventivo son los mismos que se requieren con carácter general para todas las medidas cautelares.
54,
la reserva de las actuaciones tiene por
objeto el cumplimiento de la medida sin intervención de la contraria. No se trata simplemente del desplazamiento del expediente hacia otros casilleros, a los que se debe llegar previa confrontación de la identidad de quien los requiere, que demuestre el interés en la ca1J.sa sino la reserva en el sentido de exclusión del conocimiento de quiene~ no son los interesados directos. De esta manera se evita que la medida cautelar pueda ser entorpecida por el perjudicado por ella. b) Traba de la medida. 1) Remisión
11. Procedimiento.
171
al juicio ejecutivo.
Bajo el título "Forma de la traba", dispone el arto 213 CPN: "En los casos en que deba efectuarse el embargo, se trabará en la forma prescripta para el juicio ejecutivo. Se limitará a los bienes necesarios para cubrir el crédito que se reclama y las costas. "Mientras no se dispusiera el secuestro o la administración judicial de lo embargado, f!ldeudor podrá continuar en el uso normal de la cosa". 54 Falcón,
Código Procesal...,
t. II, p. 244.
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MEDIDAS
CAUTELARES
Este dispositivo efectúa en primer término una remisión, en lo que respecta a la forma de realizarse la traba, a lo que prevén los arts.
531 y ss. CPN.
.
El oficial de justicia es el encargado de afectar los bienes que sean a sujuicio suficientes para cubrir la cantidad fijada en el mandamiento, comprensiva del crédito que se reclama y sus accesorios, incluidas las costas. El dinero embargado lo retirará el mismo funcionario, debiendo depositarIo dentro del primer día hábil siguiente en el Banco oficial en que se efectúan los depósitos judiciales (art. 531, inc. 1, CPN). La diligencia se practicará aun cuando el deudor no estuviese presente, de lo que se dejará constancia. En este caso, se le hará saber dentro de los tres días siguientes al de la traba, y si se ignorase su domicilio, se nombrará al defensor oficial, previa citación por edictos que se publicarán por una sola vez (inc. 2). El oficial de justicia requerirá al propietario de los bienes para que manifieste si se encuentran embargados o afectados por prenda u otro gravamen y, en su caso, por orden de qué juez y en qué expediente, y el nombre y domicilio de los acreedores. Si el dueño de los bienes no estuviere presente, en la misma diligencia se le notificará que debe formular esta manifestación dentro del plazo para oponer excepciones (inc. 3)55. Si los bienes embargados se encontraren en poder de un tercero, se notificará a éste en el día, personalmente o por cédula (art. 533, CPN). El acreedor no podrá exigir que el embargo recaiga sobre determinados bienes, con perjuicio grave para el deudor, si hubiese otros disponibles. Si los bienes muebles embargados forman parte de un establecimiento comercial o industrial, o fueren los de uso de la casa habitación del deudor, éste podrá exonerarlos del embargo presentando otros bienes no gravados, o que, aun cuando lo estuviesen, bastaren manifiestamente para cubrir el crédito reclamado (art. 535 CPN). Si hubiese de hacerse efectivo en bienes inmueble s o en muebles registrables, bastará su anotación en el Registro, en la forma y con los efectos que resultaren de la ley. Los oficios o exhorto s serán librados dentro de las cuarenta y ocho horas de la providencia que ordenare el embargo (art. 538 CPN).
55 Ello cuando se trate de juicio ejecutivo. Si la medida acaeciera en otro tipo de proceso, corresponderá realizarla dentro del término con que se cuente para contestar la demanda o para efectuar la primera presentación que sea pertinente.
EMI3AHGO
PREVENTIVO
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2) Moneda extranjera. Por analogía con el dinero, si se embargara debe ser depositada a la orden judicial. 3) Embargos
a cumplir
moneda extranjera,
en extraña jurisdicción.
La ley 22.172 permite la efectivización de embargos y otras medidas cautelares en extrañajurisdicción, librándose directamente mandamiento que se presentará en la oficina respectiva. Ahora bien, si se requiere el auxilio de la fuerza pública, será menester oficio. En el supuesto de medidas que demanden anotaciones registrales, se expide testimonio de la resolución pertinente, el que se presenta ante el registro que corresponda. 4) Uso normal de la cosa embargada. El arto 213 CPN, en su ap. 2°, dispone que en tanto no se dispusiere el secuestro o la administración judicial de lo embargado, el deudor podrá continuar en el uso normal de la cosa. Este dispositivo resuelve solamente la situación del deudor que ha sido designado depositario, consagrando la posibilidad de que aproveche la cosa según su destino normal. Pero no implica determinar, de por sí, el régimen de designación del depositario, lo que tiene lugar en el arto 216, a cuyo comentario nos remitimos (cfr. infra, n° 7). 1) Jurisprudencia
nacional.
Determinación del monto. Cuando se pretende el cobro de una deuda de dinero, es requerimiento esencial para la viabilidad del embargo preventivo, la determinación de la cantidad a que asciende el crédito reclamado, porque si no se expresa, además de no cumplir con su finalidad, impide al deudor requerir -según el caso--, que el embargo sea sustituido o reducido (art. 203, Cód. ProcesaD, resultando también afectados los derechos de otros acreedores. A tales efectos no es imprescindible que se establezca de manera definitiva, siendo suficiente que el accionante estime la suma a que se considera con derecho (CNCiv., Sala D, 18/10/75, LL, t. 153, p. 15). De ahí que la providencia que ordena la traba del embargo preventivo debe indicar prudencialmente el monto por el cual se decreta (CNCom., Sala C, 15/2/80, LL, t. 1980-C, p. 439). Si la medida no apunta a una suma de dinero, sino a tutelar un derecho sobre el bien embargado, como cuando resulta necesario que la inmovilización de la cosa se extienda a todo el bien objeto de la litis,
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MEDIDAS
CAUTELARES
resulta procedente el embargo preventivo sin expresión de monto, como ocurre por ejemplo en la demanda por escrituración (art. 211, Cód. Procesal) (CNCiv., Sala D, 18/10/73, LL, t. 153, p. 15; ED, t. 85, p. 692). Límites. El principio genérico en la materia está ~ado porque ~a trab~ ~el embargo debe limitarse "a los bienes necesanos para cubnr el credIto que se reclama y las costas" (CNCiv., Sala D, 23/9/83, LL, t. 1984-B, p. 324); no debiendo exceder la prudencia que cabe tener en cuenta en el resguardo de los intereses en juego (CNCom., Sala A, 14/6/73, LL, t. 154, p. 623, n° 31.223-S). . . A su vez, el embargo trabado sólo garantIza hasta la medida dispuesta, pero no más allá (CNEsp. Civ. y Com., Sala V, 27/8/74, BCNECyC, 581, n° 7343). Entre los bienes embargados debe estarse en primer lugar por razones de economía procesal y en el interés del ejecutante, en reconocer el derecho de que se trabe sobre dinero en efectivo (CNCom., Sala A, 14/6/73, LL, t. 154, p. 623, n° 31.223-S). Cumplimiento. El deudor no puede obstaculizar el cumplimiento de un embargo u otra medida similar, mediante evasivas, ocultamiento u otras actitudes que impliquen obstrucciones a la acción de la justicia. Sin embargo, se ha considerado que no resultan procedent~s. las intimaciones a los profesionales defensores del deudor para que facIliten datos que el acreedor, por su cuenta, debe obtener, sin interv.ención compwsiva, de quienes están obligados a guardar lealtad profesIOnal a su cliente (CNCom., Sala B, 22/5/64, ED, t. 10, p. 663, n° 26). Uso de la cosa embargada. El principio general es que el embargado puede continuar en el uso normal de la cosa objeto de la medida cautelar. Así, la privación de su uso a quien tiene la cosa en su poder -en el caso, un rodado-, aparece como una pretensión exagerada, si no median circunstancias especiales que la hagan aconsejable (CNCiv., Sala D, 30/3/78, LL, t. 1978-C, p. 656, n° 34.712-S). ID Jurisprudencia
provincial.
Principios generales. Para los casos en que deba efectuarse el embargo, éste se trabará en la forma prescripta para el juicio ejecutivo, de lo que se sigue que si aquél recae en bienes inmuebles o en muebles registrables, basta
EMBARGO PREVENTIVO
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su anotación en el registro pertinente (art. 536, Cód. Procesal), siendo improcedente que el actor sea erigido en depositario del inmueble embargado, sin peIjuicio de que el interesado conforme al artículo 232 del mismo cuerpo legal solicite las medidas que fueren más aptas para asegurar provisoriamente el cumplimiento de la sentencia, y de las facultades que acuerda al juez el arto 204 del Cód. citado (C2aCC La Plata, Sala III, causa B-37.787, reg. int. 407/73). Dicha anotación, tratándose de bienes registrables, tiene por finalidad darle publicidad respecto de terceros, y obviamente surte efectos entre todos los que intervienen en el proceso, sin que quepa distinguir entre los que pertenecen a la jurisdicción contenciosa o voluntaria (C2aCC La Plata, Sala 1, causa B-38.983, reg. int. 183/74). La inscripción del embargo en el Registro de la Propiedad constituye una condición de eficacia necesaria para que el mismo pueda producir la plenitud de sus efectos, aunque esta medida preexiste al acto de inscripción desde que se hayan cumplido las exigencias requeridas por la legislación adjetiva, como son la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora (art. 195) con relación a las partes del proceso (C2aCC La Plata, Sala II, causa B-49.738, reg. int. 55/81). La elección de la garantía queda, en principio, al arbitrio del embargante, sin perjuicio del derecho que le asiste al deudor para solicitar la sustitución del bien embargado (C2aCC La Plata, Sala n, causa B-18.781, reg. int. 11/67). No existe en la ley adjetiva prelación alguna con relación a las cosas o bienes embargables (arts. 203, 204, 213, 529 Y 533, Cód. Procesal), y en tales condiciones la petición del embargo puede hacerse por vía de principio sobre los bienes que manifieste el peticionario de la medida cautelar (C1aCC La Plata, Sala nI, causa 155.450, reg. int. 53/73). El embargo preventivo, de conformidad con lo dispuesto por el arto 213 del Cód. Procesal, debe cubrir, además del crédito reclamado, las costas del proceso (C1 acc La Plata, Sala n, causa 184.550, reg. int. 193/82). Determinación del monto. Cuando se pretende garantizar un crédito dinerario es requisito esencial que el mismo se encuentre detenninado en su cantidad -capital y suma presupuestadapor la preferencia que crea (arts. 213 y 218, Cód. Procesal). Empero, si aún no ha sido precisado el capital, nada obsta a que el órgano jurisdiccional lo estime prudencialmente, sin que importe prejuzgamiento a los efectos cautelares, máxime cuando la medida debe decretarse previa contracautela (C1aCC La Plata, Sala n, causas 177.771, reg. int. 89/80, Y 183.471, reg. int. 68/82). Para los fines cautelares del embargo preventivo, no es menester la prueba acabada del monto a resguardar, puesto que ello implicaría
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CAUTELARES
EMBARf;O PREVENTrvO
desvirtuar el instituto precautorio y un adelanto del juicio a dictarse después del contradictorio pertinente (C1aCC Mar del Plata, Sensus, t. II, p. 170). 5) Materialización
del embargo.
"En el mandamiento -prescribe el arto 214 CPN- se incluirá siempre la autorización para que los funcionarios encargados de ejecutarlo soliciten el auxilio de la fuerza pública y el allanamiento de domicilio en caso de resistencia, y se dejará constancia de la habilitación de día y hora y del lugar. "Contendrá, asimismo, la prevención de que el embargado deberá abstenerse de cualquier acto respecto de los bienes objeto de la medida, que pudiere causar la disminución de la garantía del crédito, bajo apercibimiento de las sanciones penales que correspondieren". El mandamiento es el documento que expide el órgano jurisdiccional para materializar la orden de embargo, cuya ejecución se halla a cargo del oficial de justicia. Para remover cualquier obstáculo que se oponga al cumplimiento de la medida dispuesta se posibilita el auxilio de la fuerza pública, el allanamiento de domicilio y la habilitación de día, hora y lugar. 1) Gastos del mandamiento. Por lo general, en las liquidaciones que se practican en los juicios se incluyen los gastos que haya in sumido la diligencia de mandamiento. La jurisprudencia, sin embargo, lo admite solamente cuando el trámite ha tenido lugar fuera del asiento del juzgado: Las tareas por una diligencia se encuentran remuneradas con los honorarios regulados por la tramitación del juicio. El haber delegado los profesionales en otra persona dicha diligencia no puede traducirse en un perjuicio para el deudor (CNCom., Sala B, LL, t. XXXV, p. 858, sumo 19). 11) La prevención
al embargado.
El segundo párrafo del arto 214 CPN establece que en el mandamiento deberá incluirse la prevención de que el embargado deberá abstenerse de todo acto relativo a los bienes objeto de la medida, que pudiera causar la disminución de la garantía, bajo apercibimiento de las sanciones penales que correspondieren. Se discute en doctrina la necesidad de cumplimentar esta advertencia. Consideramos, como acertadamente lo hace notar Lázzari 56, "que su omisión no implica menoscabo para la efectividad del embargo ni 56
Lázzari, Medidas cautelares, t. 1, p. 315.
2
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mucho menos releva a quien la contravenga de la responsabilidad consecuente, pero recibe justificación en orden a la necesidad de dotar a la diligencia de la formalidad e inclusive solemnidad necesarias para formar en el afectado la íntima convicción de que en adelante quedan coartadas sensiblemente sus potestades sobre la cosa". No será ocioso recordar, por último, que la restricción que impone al embargado el arto 214 CPN referida a cualquier acto sobre los bienes objeto de la medida que pudiera causar la disminución de la garantía del crédito, comprende tanto a los actos materiales como a los jurídicos (CNCom., Sala A, 18/5/77, Rep. LL, t. XXXVIII, p. 859, sumo 2) y que es oponible a los terceros que contraten con él, desde que la medida que la causa se halla inscripta en un registro público (CNCom., Sala A, 18/5/77, JA, t. 1978-III, p. 339; ED, t. 76, p. 553). 6) Suspensión
del embargo.
"Los funcionarios encargados de la ejecución del embargo -prescribe el arto 215 CPN- sólo podrán suspenderlo cuando el deudor entregue la suma expresada en el mandamiento". El oficial de justicia carece de facultades para suspender la diligencia, a menos que se le entregue el importe consignado en el mandamiento. La suma deberá ser depositada a la orden judicial, dentro del primer día hábil siguiente. Naturalmente que si lo requiere el acreedor o la persona autorizada para el diligenciamiento la suspensión podría disponerse. Fenochietto y Arazi 57 discrepan con esta solución, entendiendo que solamente procede la suspensión en el caso contemplado expresamente en la norma, es decir, si se dan en pago las sumas expresadas en el mandamiento. Consideran que en el acto de la diligencia el oficial de justicia ignora fehacientemente si hay otros interesados, con independencia de los presentes. En la práctica, sin embargo, este último criterio no se sigue. Se ha señalado que es de la esencia del embargo preventivo su carácter de intimación de pago, pero no con el alcance de este último, según se infiere del arto 215 del Cód. Procesal, por cuanto los funcionarios encargados de efectivizar dicha medida sólo pueden suspenderla cuando el deudor entregue la suma expresada en el mandamiento, y mal podría s~spenderse la citada diligencia bajo las circunstancias apuntadas, si la mIsma a su vez no fuese o no tuviese el carácter de intimación de pago. ~or tanto, el mandamiento que instrumenta el referido embargo es Idóneo a los fines de constituir en mora a la accionada (CNCom., Sala C, 26/6/72, LL, t. 153, p. 430, n° 30.962-S). 57Fenochietto-Arazi, 12 - Medidas cautelares
Código Procesal... cit., t. 1, p. 707.
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CAUTELARES
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7) Depósito. "Si los bienes embargados fuesen muebles -dispone el arto 216 CPN-, serán depositados a la orden judicial; pero si se tratase de los de la casa en que vive el embargado y fuesen susceptibles de embargo, aquél será constituido en depositario de ellos, salvo que, por circunstancias especiales, no fuese posible". Similarmente a la prescripción contenida en el arto 468 del código anterior, se dispone que una vez practicado el embargo y si los bienes fuesen muebles, se procederá a su depósito, es decir, a la designación de un custodio judicial, que como auxiliar externo del órgano jurisdiccional tiene la función material de realizar actos de vigilancia y cuidado o guarda de la cosa embargada. Su nombramiento, salvo conformidad de partes, recae sobre el magistrado, a falta de indicación legal. . Apenas si será necesario acotar que debe tratarse de personas idóneas e irreprochables. Pero si los bienes embargados son los de la casa en que vive el deudor -y se tratare de los que no son inembargables por el arto 219, inc. 1- éste será designado depositario de los mismos, a menos que circunstancias especiales, evaluadas por eljuez, aconsejaren lo contrario. El precepto se justifica pues al mismo tiempo que la medida cautelar resulta menos gravosa para el afectado, se satisface un principio de economía al evitarse los gastos consiguientes a la designación como depositario de un tercero. Por otra parte, se tutela el derecho del acreedor, desde que el embargado asume las responsabilidades civiles y penales propias de todo custodio judicial. Si lo embargado consistiera en dinero efectivo o valores, deben depositarse "dentro del primer día hábil siguiente en el banco de depósitos judiciales" (art. 531, inc. 1, CPN). Si, por el contrario, se tratara de bienes registrables, la ejecución de la medida cautelar se concreta a través de la anotación en los pertinentes registros, lo que hace innecesario el depósito. Por último, si los bienes estuvieran en poder de un tercero, se le notificará a éste en la forma prevista por el arto 531 CPN, a partir de cuyo momento asumirá sus obligaciones legales, que podrán serle reclamadas por el trámite que arbitra dicho dispositivo. I) Jurisprudencia
nacional.
Principios generales. Tanto el nombramiento de depositario como su revocación es facultad del juez, quien puede ejercerla aun de oficio (CNFed., Sala Cont.-adm., 13/6/61, LL, t. 104, p. 333).
-.
PREV~;NTIVO
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Con anterioridad a la reforma procesal se había tenido ocasión de decidir, frente a las características de la maquinaria ofrecida a embargo, que se justificaba que se designara depositario al demandado, ello sin perjuicio del derecho de la actor a a solicitar las medidas de inspección y vigilancia necesarias a fin de asegurar la conservación en buen estado de aquélla (CNCom., Sala A, 10/8/62, LL, t. 110, p. 947, n° 9044-S); como ocu:r:na t~bién cuando se embargaba, por ejemplo, una ~eladera comerc~al, SI el secuestro no satisface una exigencia de segundad y, en cambIO, aparece como una medida de rigor excesivo e innecesario, máxime si está en juego una obligación no vencida (CNCom., Sala B, 18/12/70, LL, t. 102, p. 900, n° 6732-S). N o obstante, si en el mandamiento de embargo el facultado a tramitarlo estaba autorizado no sólo a constituirse él mismo como depositario, sino a diligenciarlo "con todas las facultades del caso" es obvio que entre éstas se cuenta la de indicar la persona que ha de guardar ~os ~fectos embargados, que puede por ello ser un tercero sin que lo ImpIda la facultad de designar al Banco Municipal de la Ciudad de Buenos Aires (CNCom., Sala B, 15/12/61, LL, t. 108, p. 920, n° 8357-S). Inmuebles. En nuestro ordenamiento procesal la designación de depositario sólo está prevista -en forma expresapara los muebles, según resulta del arto 216 CPN que determina que una vez practicado el e~b~rgo, si los bienes fueren muebles, se procederá a su depósito. Pero SI bIen. no .e~ usual el. s~cuestro ~e. bienes inmuebles, puede ser necesano vIgilar o sustitUir la admInIstración del deudor sea en el ~aso d~. embargo para asegurar la ejecución, o bien para' mantener mmovlhzado y en "buen estado de conservación" el bien motivo de la litis (art. 204, Cód. Procesal) (CNCiv., Sala C, 6/3/85, LL, t. 1985-E, p. 200). Cambio de depositario. Designado el depositario de los bienes embargados sin oposición del acreedor, éste no puede solicitar posteriormente su cambio sin aducir razones que justifiquen el pedido (CNCom., Sala A, 10/2/56, LL, t. 83, p. 542; JA, t. 1956-III, p. 234); habiéndose entendido que el uso de ~a co~~ embargada por el deudor y depositario no justifica la desIgnacIOn de otro, si la posible devaluación del bien no puede alcanzar a poner en peligro las posibilidades de cobro del crédito en cuya garantía se embargó (CNCom., Sala B, 28/7/54, LL, t. 76, p. 31; JA, t. 1954-IV, p. 206). . . su v~z, se ha resuelto que procede el cambio de depositario JudIcIal pedIdo por el embargante, si aquél reconoce que hace uso del automóvil embargado (CNCom., Sala B, 7/12/62, JA, t. 1963-IV, p. 80), ya que el uso de la cosa depositada, cuando al constituirse el depósito
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CAUTELARES
resultare prohibido, autoriza a remover al depositario C, 25/8/69, ED, t. 29, p. 191).
(CNCiv., Sala
Tercería de dominio. Es improcedente designar al tercerista depositario de la cosa embargada, en oposición a la designación realizada con acuerdo del embargante (CNCiv., Sala A, 12/3/54, LL, t. 74, p. 450). Cantidades
depositadas
en exceso.
La cantidad depositada en exceso al darse cumplimiento al embargo preventivo decretado, debe ser reintegrada a la demandada ya que no habiendo sido ampliada la precitada medida precautoria, la mera invocación de que la cantidad presupuestada para responder al pago de costas e intereses resulta insuficiente, no justifica por sí sola la oposición del actor al pedido de entrega de los fondos correspondientes a esa demasía formulado por la demandada (CNCom., Sala A, 26/4/73, ED, t. 49, p. 670). ID Jurisprudencia
provincial.
Es en principio potestad del juzgador designar depositario de los bienes embargádos. Para que pueda designarse al embargante o a un tercero deben invocarse y acreditarse causales de inhabilidad o perjuicio en la persona del propietario (C2aCC Mercedes [Buenos Aires], 19/6/69, causa n° 6225). En atención a los antecedentes obrantes en la causa, las inquietudes expuestas por la apelante en el escrito de fajas 50, resultan fundadas y por ende merecen la debida protección jurisdiccional, apareciendo como prudente y suficiente conceder a la persona autorizada para el diligenciamiento del embargo las facultades expresamente requeridas a fojas 49, sin la limitación en cuanto a prioridad como depositario del deudor que contempla el arto 216 del Cód. citado (arg. arto 535, ídem) (C1aCC La Plata, Sala III, 23/3/82, causa 183.613, reg. int. 76/82). Surge del arto 216 del Cód. Procesal, a fin de posibilitar el "depósito judicial", que el desapoderamiento de los bienes está ínsito en la medida cautelar de embargo, siendo las previsiones de los arts. 213 y 535, Cód. Procesal, meramente facultativas, que no alteran el principio, procediendo el secuestro aun cuando deba efectuarse en otro Departamento judicial, caso en el que deben transcribirse en el mandamiento a librarse las normas restrictivas que resultan de los arts. 213, 216 y 219 del mismo cuerpo legal, las que deben cumplirse estrictamente (CCC Mar del Plata, Sala 1, expte. 33.788, Sensus, t. XI, p. 559). 8) Obligación del depositario. Respecto de la obligación del depositario embargados, dispone el arto 217 CPN:
de presentar
los objetos
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"El depositario de objetos embargados a la orden judicial deberá prese~tarlo? dentro del ~ía siguiente al de la intimación judicial. No podra eludlr la entrega mvocando el derecho de retención. "Si no lo hic~ere, el ju~z r:emitirá los antecedentes al tribunal penal competente, pudlendo aSlmlsmo ordenar la detención del depositario hasta el momento en que dicho tribunal comenzare a actuar". . La ley 22:43~ sólo modificó la redacción referente al plazo que tIene .el dep~sItano para presentar los objetos embargados: el texto antenor decIa 24 horas y el actual determina que la presentación deberá hacerse al día siguiente de haber sido intimado. El depositario responde por el deterioro de la cosa embargada y por los defectos que no se hayan constatado e indicado en el acta labrada al procederse a la entrega de ella. Se ha entendido con fundamento en este dispo?~tivo que la prohibicióJ?-' en el caso de embargo domiciliario, alcanza tambIen al traslado de los bIenes; por tanto, esa sola circunstancia dará lugar a la obligación de restituirlos a su lugar de origen (CNCiv., Sala A, 29/4/69, LL, t. 133, p. 775, n° 22.919-S). El depositario, si no es el deudor, tiene derecho a una retribución por mantener la cosa bajo su custodia; tal retribución se fija judicialmente.
D Responsabilidad
en caso de incumplimiento.
La responsabilidad es de orden procesal, civil y penal. Desde el ángulo procesal, el juez podrá hacer uso de sus facultades ordenatorias e instructorias, disponiendo en cualquier momento la comparecencia del depositario a efectos de requerir las explicaciones que estime necesarias (art. 36, inc. 2, a, CPN). Asimismo, con fundamento en lo establecido por los arts. 34 inc. 6, y 45, podrá declarar maliciosa o temeraria la conducta del retic~nte imponiéndole la multa contemplada en el arto 45, última parte. ' Por último, y aun acumulativamente, podrán aplicarse las sanciones conminatorias del arto 37. el aspecto ~ivil, el depositario es responsable por los daños y . ~~ peYjUlClOSque ocaSlOnare (arts. 2204, 2210 y concs., Cód. Civil). El legitimado activo es no sólo el dueño de los bienes sino también el acreedor que obtuvo la medida cautelar. Sin perjuicio de dicha reparación, a nuestro juicio el depositario ~ncum:pliente no podría reclamar el pago de los gastos en que hubiera mcurndo ni tampoco retribución de los honorarios por su gestión. El fundamento para ello puede hallarse en lo dispuesto por el arto 1201 del Cód. Civil. En cuanto a la órbita penal, puede configurarse el delito de defraudación (art. 173, inc. 2, Cód. Penal), o de malversación de caudales públicos (arts. 260 a 263, ídem); y naturalmente también el de desobediencia (art. 240, Cód. Penal).
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MEDIDAS
ID Remisión
EMBARGO
CAUTELARES
de los antecedentes
V) Jurisprudencia
al fuero penal.
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provincial.
Deberes del depositario.
Es de práctica la remisión del expediente íntegro, aunque no es necesario, ya que basta con expedir testimonio o fotocopias autenticadas de las piezas pertinentes y enviar solamente éstas.
El depositario judicial es un funcionario auxiliar de la justicia y como tal, sus derechos y deberes se encuentran regidos en primer término por el derecho procesal (arts. 67, inc. 11; 105 y 106, Consto Nac.; CSN, Fallos, t. 138, p. 157) y sólo subsidiariamente por el Cód. Civil (art. 2185, inc. 2; Machado, Comentarios, t. VI, p. 17) (C18CC La
nD La orden de detención. Se trata, como en el caso del arto 103 CPN, no del ejercicio de la jurisdicción penal, sino de mero anticipo de ella, .con fundamentos en la conveniencia de evitar la impunidad del acto 08. IV) Jurisprudencia
PHEVENTNO
Plata, Sala n, JA, t. 1946-n, p. 363). Está obligado así a presentar las cosas de que es depositario dentro de las veinticuatro horas de la intimación formulada, pudiendo ser compelido con arresto personal (C18CC La Plata, Sala n, causa B-11.088, reg. int. 181/64). Si el actor constituido en depositario judicial de los bienes embargados ha desobedecido la orden dictada por el magistrado para que entregara el depósito al martillero designado, habiéndose comprobado que los mismos no se encontraban en el lugar del depósito, se configura con evidencia la semiplena prueba del hecho delictivo y los indicios vehementes de responsabilidad, que autorizan la detención del autor, en los términos del arto 13 de la Constitución de la Provincia; y que ha correspondido decretar aljuez en lo civil aplicación del arto 217 del Código Procesal Civil (C18CC La Plata, Sala n, causa 152.182, reg. int. 234/72). Si se trabó embargo y se designó depositario de la cosa al demandado, y luego aparece detentándola un tercero, corresponde que éste justifique el carácter en que la detenta bajo apercibimiento de ser desapoderado de la cosa (C18CC La Plata, Sala n, causa 99.262, reg. int. 233/61). Ello no obstante, se ha declarado que la mera circunstancia de no encontrarse uno de los bienes oportunamente embargados en el domicilio del accionado a quien se lo designara depositario de los mismos, no autoriza a apartarse del principio contenido en los arts. 216 y 217 del ordenamiento procesal, desde que no ha existido intimación al deudor para que los exhiba que demuestre acabadamente su reticencia en punto al cumplimiento de sus obligaciones, al par que habiéndose solicitado una nueva diligencia de embargo, se desconoce la índole, calidad o cantidad de esos nuevos bienes, circunstancia que impide apreciar si se han configurado los extremos del arto 221 del mismo cuerpo legal para decretar el secuestro pedido conjuntamente con el embargo (C18CC La Plata, Sala In, causa 167, reg. int. 519179). Cuando se embarga un bien mueble en que la posesión de buena fe importa la presunción de propiedad (cfr. Cód. Civil, arto 1412) cobra importancia la determinación de la persona que se encuentra en posesión de la cosa al momento del embargo y que ésta sea puesta en custodia de un depositario que acepte el cargo, quedando el bien sometido a la esfera judicial (CCC Santa Fe, 4/9/68, ED, t. 33, p. 212).
nacional.
Deberes del depositario. La falta de los bienes embargados o el deterioro de éstos puede tener para el depositario judicial como consecuencia sanciones punitivas y las demás responsabilidades legales que correspon?an. Por e~lo su intervención para la exhibición y traslado de los mIsmos es llldispensable, ya que de otro modo se le podrá crear una verdadera situación de indefensión (CNCom., Sala B, 1/3/61, LL, t. 103, p. 790, n° 7052-S). De ello se deriva que es procedente la intimación a la parte demandada para que exprese el destino que dio a una mercadería que se hallaba en su poder y cuyo embargo había sido decretado, por cuanto arbitrariamente no puede impedir los efectos de dicha medida precautoria (CNCom., Sala B, 28/6/57, JA, t. 1957-IV, p. 153); o desde luego, si respecto de las cosas muebles que forman p.arte de la sociedad conyugal y sobre las cuales se han decretado medIdas cautelares en el juicio de divorcio y separación de bienes, si uno de los cónyuges ha retirado parte de ellos sin autorización judicial, corresponde la intimación que prevé esta norma (CNCiv., Sala A, 19/9/68, ED, t. 26, p. 516; ídem, íd., 29/4/69, LL, t. 137, p. 775, n° 22.919-S). Bienes en poder de un tercero. Con la notificación del embargo al tercero deudor del crédito embargado, éste queda convertido en depositario del mismo y s.0~7tido a la jurisdicción del juez embargante, en calidad de parte del JUICIOen que se dictó la medida (CNCom., Sala B, 26/10/66, LL, t. 81, p. 677).
58Morello y otros, Códigos Procesales... cit., t. U-C, p. 743. Lázzari (M~~idas cautelares, t. 1, p. 327), luego de señalar que este recurso pocas veces es u~ihza~o por los jueces civiles, preconiza su empleo "en todos los casos en que se eVIdencIe con nitidez el alzamiento del depositario a la orden jurisdiccional", pues "de otro modo el rigor legal indispensable en esta materia seguirá sufriendo atenuaciones y desdibujamientos impropios".
J
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MEDIDAS
CAUTELARES
EMBARGO PREVENTIVO
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Bienes en poder de un tercero. En cuanto al deudor del crédito embargado, cabe tener presente que al ser notificado judicialmente queda convertido en depositario del mismo y sometido por ello a la jurisdicción del embargante y dentro del juicio en que fue dispuesta la medida (JA, t. 1956-II, p. 197) Y si no da cumplimiento a la orden judicial de depositar el importe del crédito embargado se hace responsable personalmente de dicha deuda, pudiéndose librar mandamiento contra aquél, sin perjuicio de las responsabilidades penales en que incurriera (Alsina, Tratado, 2a ed., t. V, p. 90, n° 22, by p. 95, n° 23, a, in fine; JA, t. 1945-IV, p. 77 Y 19571, p. 274) (ClaCC La Plata, Sala II, causa 92.933, reg. int. 552/59). Por consiguiente, ante el silencio guardado por la firma empleadora y, por ende frente al incumplimiento del mandato judicial en el plazo fijado, de depositar los importes correspondientes al embargo decretado sobre los sueldos del empleado, debe hacerse lugar a la efectivización del apercibimiento previsto por los arts. 397 y 531 del ordenamiento procesal, que se encuentra firme (arts. 153 y 242, Cód. citado). Ello es correlato del principio de preclusión, pues ante la ausencia de medios de impugnación hábiles para obtener la revocatoria del pronunciamiento intimatorio y, asimismo, el cumplimiento del presupuesto temporal contenido en el ámbito del mismo, sin que el requerido haya desplegado una conducta acorde con el mandato jurisdiccional, hace a la ejecutoriedad de la providencia en cuestión (arts. 36, inc. 1; 135, inc. 5; 155, 239, 242, Cód. ProcesaD, como derivación cabal de la aludida institución (C2acc La Plata, Sala 1, causa B-46.012, reg. int. 44/79). Responsabilidad penal. Si el actor constituido en depositario judicial de los bienes embargados, ha desobedecido la orden dictada por el magistrado para que entregara el depósito al martillero designado, habiéndose comprobado que los mismos no se encontraban en el lugar del depósito, se configura con evidencia la semi plena prueba del hecho delictivo y los indicios vehementes de responsabilidad, que autorizan la detención del autor, en los términos del arto 13 de la Constitución de la Provincia; y que ha correspondido decretar al juez en lo civil por aplicación del arto 217 del Código Procesal Civil (ClaCC La Plata, Sala II, causa 152.182, reg. int. 234/72). Así, si el depositario firmó la diligencia judicial del embargo y se le hizo saber sus responsabilidades por las funciones a ejercer como tal y la prohibición de disponer de los bienes interdictos, sin autorización de la justicia no ha podido, por la simple creencia de considerar improcedente la medida, usar libremente de las cosas sin antes obtener el levantamiento de la orden cautelar (SCBs. As., DJBA, t. 29, p. 121).
12. Preferencia a) Régimen
del primer
embargante.
legal.
El arto 218 CPN, consagrando el principio reconocido anteriormente por la doctrina y la jurisprudencia, de otorgar al primer embargante preferencia en el cobro de su crédito, respecto de embargantes posteriores 59, establece que "el acreedor que ha obtenido el embargo de bienes de su deudor, no afectados a créditos privilegiados, tendrá derecho a cobrar íntegramente su crédito, intereses y costas, con preferencia a otros acreedores salvo en el caso de concurso. Los embargos posteriores afectarán ánicamente el sobrante que quedare después de pagados los créditos que hayan obtenido embargos anteriores". En el supuesto de existir varios acreedores con relación a un mismo deudor, entonces, se acuerda preferencia para el cobro a aquel que primero efectivizó la traba de embargo, y si varios obtuvieron esta medida el orden de prelación es dado por las fechas -y aun de las horasde sus respectivas trabas. Debe tenerse presente que lo que se computa no es la fecha en que se dispuso el embargo sino específicamente la materialización del mismo, lo que variará en cada caso según sea la índole de los bienes 60. Esta prioridad carece de virtualidad en caso de concurso, debiéndose interpretar esta última referencia legal en sentido amplio, es decir, en el de existencia de proceso colectivo, sea civil o comercial, pues allí rigen normas propias que se apartan de la solución del arto 218. 59Cfr. Morello y colaboradores, Códigos Procesales... cit., t. U-C, p. 759; Fassi, Código Procesal... cit., t. U, p. 106; Palacio, Derecho procesal civil, t. VII, p.235. 60 La resolución impugnada del Registro de la Propiedad que negó prioridad al embargo decretado por disposición judicial, frente a la escritura de compra y venta del bien embargado, ha de ser mantenida si de los propios térm~os de la demanda surge que la certificación de dominio y gravámenes, pedIda para escriturar, es anterior a la fecha en que se anotó el embargo en el citado Registro. Ninguna disposición de la ley 17.801 y decreto-ley provincial 11.643/63 acuerdan prioridad a los embargos desde la fecha en que fueron ordenados por disposición judicial. Las normas relativas a la transmisión del dominio y otros derechos reales no le son aplicables por analogía. En efecto, tal analogía no existe (art. 16, ~ód. Civil), pues para disponer o anotar una medida cautelar no se reqUl~~e certificación previa alguna que pueda ser interpretada como una anotaclOn preventiva en los términos del arto 25 de la ley 17.801. Se ha tenido por ende correctamente en cuenta, para determinar la prevalencia de la transmisió.n del dominio, la fecha en que la orden de embargo ingresó al Registro de la PropIedad (SCBs. As., 12/9/72, causa B-46.591, DJBA, t. 97, p. 191).
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MEDIDAS
CAtTTELARES
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La alusión a los créditos privilegiados concierne a los privilegios especiales exclusivamente, pues los generales sólo pueden hacerse valer en caso de proceso concursal. Como apunta Cordeiro Álvarez61, no se puede concebir la existencia de un privilegio general ejercido sin que haya un concurso o una quiebra del deudor ya que, por definición, el privilegio general abraza la totalidad de los bienes de éste y esa totalidad de bienes afectada a otros acreedores, que también pretenden derechos sobre ella, sólo existe cuando todo el patrimonio del deudor se halla en trance de liquidación judicial, sea por concurso o quiebra. Si esta situación no se ha producido, este supuesto acreedor privilegiado sobre la totalidad del patrimonio no podrá encontrarse en conflicto con otro acreedor quirografario, por cuanto para que este conflicto exista, sería necesario que este quirografario hubiera embargado la totalidad de los bienes del deudor, y entonces este acreedor se encontraría en uno de los casos en que el concurso civil procede de un modo evidente. Pero de todos modos, concluye, el solo hecho de la insolvencia -aunque no se haya declarado la quiebraes suficiente para que el acreedor necesite hacer valer su privilegio. b) Inhibición.
La inhibición general de bienes anotada en el Registro de la Propiedad no tiene prioridad sobre el embargo de un inmueble de propiedad del deudor inhibido, anotado con posterioridad (CNCiv., Sala G, 2/7/82, ED, t. 104, p. 624, n° 178), por cuanto aquella medida, a diferencia del embargo, no afecta ningún bien determinado y sólo
tiende a impedir la disposición de los bienes del deudor
caso de existir remanente, luego de levantar todos los embargos existentes puede cobrar elinhibiente (CNCiv., Sala G, 2/7/82, LL, t. 1982D, p. 348). Cuadra consignar, asimismo, que la hipoteca inscripta tardíamente (o sea, transcurridos los seis días posteriores a su otorgamiento), no puede oponerse a un embargo anotado antes (CNCiv., Sala B, ED, t. 7, p. 237; LL, t. 114, p. 718; CNCom., Sala A, LL, t. 123, p. 972, n° 13.910-S). c) Juez competente. Será competente para determinar el orden de prelación el magistrado que interviene en el proceso en el que tuvo lugar la realización de los bienes embargados o donde se encuentran depositados los fondos 63. Como puntualiza Fassi 64, todos los embargantes deben ser oídos antes de la entrega de los fondos al ejecutante, quien no podrá retirados mientras no se sustancie la oposición. Si así lo hubiera hecho debe restituidos y luego discutirse la preferencia en el pago. Se ha señalado, asimismo, que la preeminencia procesal de aquel que diligentemente ha perseguido compulsivamente el cobro de su crédito, no puede verse coartada por la subsistencia de embargos posteriores, que sólo afectarán el remanente que pudiere quedar luego de saldada la cuenta del preferente (SCBs. As., Ac. y Sent., 1966, t. I, p. 134). d) Alcances
de la prioridad.
62.
En el mismo sentido se ha señalado que la inhibición no es una medida en contra de la persona, sino una limitación a la facultad de disposición sobre los bienes registrables, y el derecho que otorga al acreedor no difiere esencialmente, en principio, del que brinda el embargo. La similitud estriba en que afecta la libre disposición o el gravamen, impidiéndole realizar actos que impliquen un menoscabo de su patrimonio. La diferencia reside en que no acuerda preferencia alguna en el pago (CNCom., Sala D, 4/4/75, LL, t. 1975-C, p. 222). Respecto de los efectos con relación a otros acreedores se ha resuelto que si la inhibición inscripta no tiene preferencia sobre las anotadas con posterioridad, no puede tened a con otro derecho o medida cautelar (CNCom., Sala D, 4/4/75, LL, t. 1975-C, p. 222), derivándose de ello que la anotación general de bienes inscripta en el registro público con anterioridad al embargo trabado carece de prioridad alguna, y recién después de que el embargante o embargantes cobren su crédito, y en el
Es opinión prevaleciente hasta ahora que la prioridad existe únicamente respecto de la suma por la que se ordenó y anotó la medida, ya que ese importe es el que determina la extensión y alcance de la preferencia. Inclusive, como lo apuntan Fassi 65 y Morello 66, entre otros, la ampliación posterior no sigue la suerte del embargo originario, aun cuando sea decretada en el mismo proceso y responda a idéntico crédito en ejecución, pues si en el ínterin se inscribieron otras medidas, la 63 Ello así porque por encima de la prioridad del primer embargante, de preferencia l¡:ts costas que se devengaron en dicho juicio para subastar El arto 3900 del Cód. Civil dispone que los gastos de justicia son preferidos los créditos en el interés de los cuales se han causado y este enunciado no excepciones, bastando que los gastos hayan sido útiles frente al acreedor se oponen (Cordeiro Álvarez, Tratado... cit., ps. 63 y ss.). 64
61 Cordeiro Álvarez, Tratado 62 Palacio, Derecho procesal
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de los privilegios, ps. 502 y ss. civil, t. vn,-p. 237 y jurisp. citada.
Fassi, Código Procesal... cit., t. l, p. 365.
65 Fassi, Código Procesal... 66 Morello y otros, Códigos
cit., t. l, p. 364. Procesales... cit., t. nI, p. 179.
gozan el bien.
a todos admite a quien
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MEDIDAS CAUTELARES
ampliación tendrá virtualidad solamente después de satisfechas aquéllas. La jurisprudencia, en este sentido, ha señalado que después de anotado el primer embargo por una suma determinada, y gravado posteriormente el bien por medidas a favor de otros acreedores, al primero sólo le asiste la primacía por la cantidad resguardada inicialmente. Y si los accesorios legales exceden ese monto la ventaja sobre ellos cae, para dar paso a los embargos que siguen en orden de anotación. Con respecto a la ampliación que se disponga de la medida, si se la inscribe después que otros acreedores traben medidas cautelares, estos últimos prevalecen sobre dicha ampliación, porque el orden de la afectación determina la preferencia en el pago (CNCom., Sala A, 8/8/80, LL, t. 1981-C, p. 78). Esta tesis es justificada en el hecho de que no puede oponerse a tercero (el posterior embargan te) un crédito por el que no se ha obtenido el respaldo del embargo. Para esta corriente, admitir que la preferencia en el cobro subsiste mientras no se satisfaga la totalidad del crédito y sus accesorios, aunque por estos últimos no se hubiere pedido e inscripto ampliación de la traba, importaría otorgar al primer embargante un derecho ilimitado, lo que -se sostieneno se compadece con el propósito perseguido en el arto 218 CPN (CNCom., Sala A, LL, t. 154, p. 199). Por otra parte, en el supuesto de operarse ampliación del primer embargo, si a esta última se la hiciera prevalecer sobre otros embargos inscriptos en el interregno, se estarían desconociendo las anotaciones precedentes, en violación de las propias pautas de la prioridad (CNCom., Sala A, 8/8/80, LL, t. 1981-C, p. 78). Este criterio, sin embargo, sólo puede ser aceptado en lo que respecta a rubros no previstos en la traba inicial (v.gr., si una vez anotado el embargo se ampliara la demanda acumulando nuevas pretensiones). En efecto, en momentos de profundo envilecimiento de la moneda, como los actuales, carece de todo asidero aferrarse puramente a los conceptos para mantener una tesis que no se compadece con la realidad. Incoado el proceso y decretada la medida cautelar por el importe mencionado en la demanda, la caracterización nominal de ese monto -a los fines sustancialesno subsiste a ultranza cuando llega el momento de satisfacer concretamente el crédito reclamado. Es decir, si la sentencia recompone a valores constantes la efectividad de la acreencia, resultaría absurdo que cuando se trata de materializar la garantía se sigan pautas distintas. Dicho de otro modo, resulta ilógico que en el campo instrumental del aseguramiento se pretenda transitar por un nominalismo absolutamente abandonado en lo sustancial.
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La jurisprudencia de la CSN, aca~ada por .la ~ota1idad de los tribunales inferiores, sigue en este sentido un cnteno acorde con la realidad, pues, como lo ha manifestado, a efectos de salvagua!dar el principio de justicia conmutativa se torna indispensable act~ahzar l~s créditos cuyo valor real, por culpa del deudor moroso y por mfluencIa de factores que no dependen del acreedor, se ha visto notable~ente disminuido en cuanto el denominador común que es el drnero, afectado po~ progresiva depreciación, ya no resul~a apto en su sign.o nominal para conmensurar con equidad prestacIOnes cuyo c~mphmiento se ha diferido por la conducta del deudor (18/8/77, Reede Stanley c. Scavini", ED, t. 74, p. 547). En los autos "Camusso de Marino c. Perkins S.A." (del 21/5/76, ED, t. 67, p. 410), el Alto Tribunal puntualizó que ~abe ase~rar el resarcimiento íntegro del derecho del acreedor y su mmutabL~Ldad a través de todo el proceso judicial. El aumento del valor nomrn~l en función de la depreciación no hace la deuda más on~rosa e~ su. or~gen: sólo mantiene el valor económico real frente al paulatmo envIlecImIento de la moneda. N o existe modificación de la obligación sino determinación del quantum en que ella se traduce cuando ha existi?o va~ación del valor del dinero. En consecuencia, el desmedro patnmomal que para el deudor moroso deriva de aquella ~l~eración. no reviste entidad tal que permita entender configurada lesIOn esencIal a. su dere~h~ de propiedad y sólo le priva de un beneficio producto de su mcumphmIento. En tod~ caso el derecho de propiedad afectado sería del acreedor, a quien se le p~garía -si no se aplicar~ l.a.actual~za~ión--:- con una moneda desvalorizada cuyo poder adqUIsItIvo sena mfenor al que tenía cuando nació el crédito. El CPN, en su arto 218, asegura al primer embargante el derecho
de cobrar íntegramente su crédito, inte~eses y. c.ostas.
,
y esta integralidad, en perfecta srncromcIdad con la l?ar'~tIa constitucional de la propiedad, constituye la más acertada obJecIOn al criterio que atacamos, en tanto en su totalida~ ab~:cadora se halla incluido manifiestamente el ajuste por desvalonzacIOn de la moneda. El trámite del proceso insume un tiempo generalmente extenso: durante el cual la consignación numérica del monto por el cual se decreto la medida cautelar ha sido desvirtualizada en su valor intrínseco. De ello es fácil deducir que, llegada la etapa conclusiva, las consecuencias de ese fenómeno económico no deben hacerse recaer sobre las espaldas del primer embargante66 bis. 66bis Aquí viene al caso, claramente, esta señera ense~anza de Chiovenda: "La necesidad de servirse del proceso para obtener la ::azon, no debe vol,:e~~e contra quien tiene la razón" (Instituciones, t. 1, p. 175); cIt. por More~lo, Remszon del daño resarcible y revalorización del monto de la condena, JA, sene contemp., t. 27, p. 479, b; SCBs. As., ac. 25.725 y 27.237.
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CAUTELARES
De lo contrario se obligaría a los accionantes a practicar liquidaciones y ampliar como mínimo una vez por mes sus anotaciones de embargo, ya que por lo menos con esa periodicidad se modifican los índices oficiales. Apenas si será necesario hacer hincapié en las complicaciones que tal proceder traería. y aun así, no existiría ninguna garantía, pues ~edidas que se anotaran en el interregno tendrían prioridad sobre las ampliaciones que las subsiguen. En síntesis, a nuestro juicio, la anotación de un embargo importa prioridad para su titular no solamente por el crédito nominal que se indica en la traba sino también por todos los accesorios, entre los que se incluye el reajuste por depreciación de la moneda, sin que sea menester ampliar subsiguientemente la medida. Especial trascendencia reviste el supuesto de venta de inmueble embargado, depositando el comprador el importe a que asciende el embargo. El caso se configura cuando existiendo anotado un embargo sobre el bien, el deudor lo enajena, tomando a su cargo el comprador el pago del gravamen. El problema surge cuando se intenta establecer en qué medida el tercer adquirente se halla vinculado con la pretensión del acreedor embargante, y en concreto, si queda liberado depositando únicamente el monto literal contenido en el oficio de inscripción obrante en el Registro de la Propiedad. En la causa "Banco de Italia y Río de La Plata c. Corbeira Rey, Teresa", la CNCom., en pleno, con fecha 10/10/83, consagró la siguiente tesis: El comprador de un inmueble embargado por una suma determinada, que deposita en pago el importe a que asciende el embargo, puede obtener el levantamiento de la medida precautoria. De esta forma, las ulterioridades de la demanda no se transmiten al sucesor particular, quien libera el bien con independencia de que la suma indicada en la traba se haya envilecido. Seguidamente transcribiremos los votos mayoritario y minoritario en los que exhaustivamente se vierten los argumentos que sustentan ambas posturas: Voto de la mayoría: Los doctores Viale, Bosch, Guerrero y Ber¡,golea dijeron: Que el doctor Alberti tenía proyectado su voto, que no suscribió por hacer uso de licencia con anterioridad a este acuerdo. Como compartimos los conceptos por él expresados, hacemos nuestros sus fundamentos que transcribimos: 1. La sustancia de la contradicción. La materia que en cuanto doctrina legal, desprendida de las circunstancias procesales de una u
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otra causa de las cuales deriva, se halla hoy en controversia, concie~ne a los efectos del embargo inmobiliario anotado con carácter de medIda cautelar, emergente de un proceso judicial, sobre un bien raíz, obviamente. En opinión de la sala A de este cuerpo, tal anotación h~ce responder a "la cosa embargada... por todas las consecue~c~~s emanadas de la... ejecución" (así, en el primer párrafo de la decIslOn del 31/8/78, pronunciada en fojas 121 de este exped~:nte). En opinión de la sala D de este cuerpo, tal anotaclOn afecta la cosa embargada hasta el monto pecuniario en que hubiera sido concretado tal embargo (Club Estudiantes de La Plata c. López, ~3/8/77). Estas formulaciones anticipan el conflicto doctnnal encerrado tras el1:1s pero no lo revelan suficientemente en razón de su expresión abstracta'. Pero todo lector adquirirá inmediata sensación de la relevancia del asunto si se coloca en el supuesto material que provocó el dictado de tales temperamentos: ¿cuál será la suerte del adquirente (en términos técnicos: sucesor por acto entre vivos a título oneroso), que hace suya una cosa embargada: Debe tolerar que el bien soporte ejecución por todos los efectos del juicio que motivó el embar.go (postura de la sala A); o alternativamente, debe tolerar que el bIen soporte ejecución hasta la concurrencia del monto por el cual fue trabado el embargo (postura de sala D)? . Antes de responder con una proposición a tal disyuntiva, que encierra con otras palabras el temario, ~eproduz~amos t~xtua~me~t~ la convocatoria pronunciada por nuestro Juez presIdente. Este dI.ce: SI el comprador de un inmueble embargado por una suma determmada, que deposita en pago la cantidad a q~e asciende el .emba:go puede obtener el levantamiento de la medIda precautona o esta debe subsistir por todas las consecuencias de la ejecución que se transmiten al sucesor particular". Antes también de formular la respuesta, fijemos los supuestos fáctico s que quedan excluidos de tal convocatoria: 2. Los supuestos fácticos ajenos al caso present~. Cr~emos que es de gran importancia delimitar previamente la ma~er~a enJuzg~~Iento, mediante la exclusión de aquellos supuestos -objetivos o subJetIvosen los cuales no puede ser aplicada la solución que postularemos. Esto resulta imprescindible, pues ninguna tesis de derecho puede poseer una validez indiscriminada y apriorística. En primer término, no se halla en juego el supuesto d~ los embargos trabados sin mención de monto, como suele ocurrIr en los asuntos relativos a la sociedad conyugal, o cuando se asegura de esta manera la indisponibilidad del bien objeto de una a~ción reivindicatoria o de la pretensión orientada a obtener la escntura traslabva del dominio. Podría argumentarse que en los dos últimos supuestos, y quizás aun también en el primero, la medida más adecuada no es el
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embargo sino la prohibición de contratar. Pero en todo caso si hubiera sido establecido un embargo -y así lo autoriza el artícul~ 211- es de toda obviedad que el adquirente de una cosa sometida a ~sa limitación,. sin expresión de monto que concrete el gravamen a una ~uma ?e dmero, debe tolerar que lo adquirido soporte tos efectos del Irres~ncto gravamen. Un supuesto como éste fue tratado por la ~NCIV., Sala~, 20/11/69, en "Jan ave c. Barbagallo" (ED, t. 35, p. 134), mvocado en fajas 116 de nuestro expediente. En este caso se desestimó la pretensión de oponer la promesa privada de venta de una fmca contra el ?emandante que le había embargado. Como se ve, esto e~ nada conCIerne al problema de la extensión cuantitativa o pecuniaria de los derechos del embargante que anotó su medida con relación a un cré?ito cuyo monto, y el de sus accesorios, fue mencionado en el asiento regIstra!. Similar peculiaridad presenta el antecedente de la CNCiv. Sal~ D, 27/1.1/79, "Eichenblat c. Caminos" (ED, t. 88, p. 451), dond~ el tnbunal hIzo notar expresamente que la extensión del embargo que provocaba la indisponibilidad lisa y llana de la finca devenía de responder al artículo 211, Código Procesal, y no al supuesto de ser empleado como garantía de un crédito pecuniario de monto determinado. En in re, "Salatino y Compañía S.R.L. c. Acerbo S.A.", sentenciado por la CNCom., S.ala B, 26/6/63 (ED, t. 6, p. 340, invocado en fojas 116 d~ nuestro expedIente), se trató de una curiosa situación que también VIene a~ ~aso: Un ?e.udor de la obligación de otorgar escritura para tr~smItIr el dommlO, habría pretendido hacer embargar la finca debIda, como presunto artificio para estorbar la acción del adquirente q.ue d~~andaba la escrit~r~~ión. Es, como se nota prima facie, una sItuaclOn que no guarda sImIlItud con el tema de nuestra convocatoria a acuerdo plenario. y por otro.la?o existen supuestos peculiares determinados por las co~d~c~as subjetIvas de las partes, que pueden hacer inaplicables los prmCIplOS que en nuestra opinión resuelven el caso. Por supuesto que tal atipicidad que justifica una solución diversa acaece cuando se configura un caso de malevolencia cometida medi~nte co~usión entre el embargado titular del do~inio y su adqUlrente sImulado, el cual pretextará responder sólo en la medida de la c.uantía pecuniaria del embargo con la intención, oculta, de beneficIar a su aparente vendedor pero real beneficiario del ardid En esta hipótesis -que por supuesto habrá de ser probada-la exten~ión del grava~en aun más allá de su límite registral devendrá como consecuenCIa de la represión jurídica del fraude (cfr. nota al art 3136 . , Cód. Civil). Igualment~ resultaría justificado considerar como supuestos distintos ~el. que motIva esta convocatoria, el hallamos ante una transmisión domImal c~yo adquir~nte haya asumido la deuda (no el embargo, que es consec~e~cIa. de aquella) que gravaba al anterior titular del dominio. Esta hipotesIs es bastante sutil, porque la inventiva humana, o su
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apresuramiento, suele hacer pronunciar las más variadas y complejas expresiones, en ocasión de las compraventas. Así encontramos escrituras cuyos adquirentes declaran conocer la existencia de embargos, otras en que los "asumen con sola finalidad registral", otras en que el monto del embargo es retenido para ser dado en pago o en sustitución del gravamen sobre la finca, y finalmente aquellas en que el comprador asume el pasivo que afecta el bien. La recta interpretación del alcance de tales manifestaciones no puede ser preanunciada; pues resulta imposible formular un catálogo de sus infinitas posibilidades. Pero, en cualquier caso, sólo estará sujeta a la hipótesis propuesta como tema de este acuerdo plenario la transmisión del dominio de bienes raíces cuyos adquirentes -ciertamente conocedores del gravamen, pero no más que esto- hayan evitado toda expresión o conducta que importe constituidos en codeudores de esta deuda. 3. El caso sub iudice. Lo que sí está en cuestión en este acuerdo plenario es la suerte del tercero, supuesto como inocente ex hipothesis, que adquiere (comprador, lo llama nuestra convocatoria), una finca que reconoce un embargo cuyo monto le es informado regularmente mediante las certificaciones previas a su compra, recabadas para el otorgamiento de la escritura traslativa del dominio. Éste es el modo regular de transmitir el dominio de inmueble según ley registral nacional 17.801, artículo 23. Ese adquirente se anoticia por la misma certificación registral que ese embargo cautela un monto determinado de dinero ("inmueble embargado por una suma determinada", dice nuestra convocatoria). Ese comprador no es un delegatario para el pago del vendedor, no es tampoco sujeto procesal del juicio en que fue trabado el embargo, no ha incurrido en colusión con el vendedor; simplemente compró un bien embargado. 4. El comprador del bien embargado. En nuestro modo de ver el embargo produce sobre la cosa una afectación equivalente a aquella que determinan lo que la doctrina hipotecaria llama "derechos redimibles", o lo que los civilistas llaman con mayor sistematicidad, "derechos reales de garantía". Esto es, son gravámenes que afectan derechos. Por esto se dice que están sometidos a una regla de "especialidad": para evitar los gravámenes privilegiados pero a la vez indefinidos (como las malsanas "hipotecas ocultas" del derecho francés, anterior al 1795, tan perniciosas que abolidas hace dos siglos son aún mencionadas con reparos en los cursos universitarios de derecho), se exige de tales derechos de garantía que determinen tanto la especie afectada, cuanto la especie garantizada, o en otras palabras, que resulte identificada tanto la cosa gravada cuanto el crédito cautelado. Ésta es la función del monto máximo de la cobertura hipotecaria, exigido por el arto 3109, Cód. Civil; y ésta es la función del límite 13 . Medidas
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pecuniario que los magistrados ponen a los embargos -salvo en los supuestos de reivindicación del bien mismo- hipótesis ajena a nuestra convocatoria que presupone traba del embargo por suma determinada. Creemos que en la falta de una normativa propia y distinta, reguladora de los efectos del embargo judicial, debemos sometemos al límite que emeIja de los preceptos sobre los derechos reales de garantía normados por el Código Civil (art. 16). Ésta es una figura más próxima, por cierto. Y nunca podría decirse que el embargo prescripto en los códigos procesales tenga extensión mayor que los derechos reales del Código Civil: Sería una contradicción normativa, atentatoria de la unidad civil de la Nación (Const. Nac., arts. 67, inc. 11, y] 04), suponer que los estados provinciales puedan establecer medidas de cautela de naturaleza procesal que restrinjan la disponibilidad de los bienes en medida mayor que las figuras de la legislación común. Desechamos esta hipótesis de argumentación, desde ahora. Por lo demás, aun distinguidos magistrados sostenedores de la tesis de la extensión mayor de los efectos del embargo, comparten la interpretación expuesta hace casi una centuria por Segovia. "El embargo viene a engendrar en definitiva una especie de prenda o hipoteca judicial que afecta la cosa embargada al pago del acreedor ejecutante y que surte idénticos efectos sobre el dominio y respecto de terceros...", es citado en f. 121 vta. de este expedjente. Podemos pues postular, como apoyo lógico de la solución, que hipoteca y embargo tienen "idénticos efectos", en las palabras de Segovia citadas allá. ¿Ha sido postulado acaso que la hipoteca tenga efecto irrestricto por la totalidad del crédito garantizado? No, por cierto, su efecto se concreta (se "especifica") respecto de terceros en la suma que ha sido fijada como límite del gravamen, al constituido; amén de los intereses corrientes desde su constitución, "si estuvieren determinados en la obligación" (art. 3152, Cód. Civil). Justamente por ello los jueces ordenan los embargos con dos cantidades que se suman: la una para cautelar el capital, la otra como sucedáneo de la expresión de los intereses que devenga tal capital. El llamado "tercer poseedor" (que según doctrina unánime es en verdad un adquirente de la finca hipotecada) responde con ella, pero sólo en la medida del capital y de los intereses exigibles (que son los expresados en la obligación; o en el caso del embargo, en la comunicación de su traba). Se advierte que la afectación al sucesor individual a título oneroso tiene una doble limitación: La primera, que no está comprometido el resto de su patrimonio (supuesto que no interesa para nuestro acuerdo); y la segunda, que el bien gravado está afectado sólo en la medida del crédito oponible al tal tercer adquirente, medida que debe resultar del título y de su registración. No queda juicio para suponer que la cosa hipotecada esté afectada en medida mayor que la resultante del gravamen publicado mediante la registración.
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Lo dicho últimamente nos lleva al artículo 2505 Código Civil, que merece apartado especial. 5. Sobre la relación del embargo inmobiliario registrado con los derechos reales. Pero antes, permítasenos exponer algunas precisiones sobre esa argumentación analógica que se funda en las reglas concernientes a los derechos reales de garantía; para evitar todo riesgo de equívoco al respecto. El embargo importa la sujeción de bienes individualizados del deudor a un régimen jurídico especial, tendiente a cumplir una función de garantía (cfr. J. Colombo, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, 4a ed., t. 1, ps. 344/5). Pero es un acto preventivo, que no se refiere tanto al dominio como a la facultad de disposición (E. J. Couture, Fundamentos del derecho procesal civil, 3a ed., n° 304), ni importa la constitución de un derecho real, ni atribuye al acreedor poder sobre la cosa embargada (H. Alsina, Tratado teórico práctico de derecho procesal civil y comercial, la ed., t. III, p. 58, n° 10; Colombo, lococit.). Su naturaleza es procesal y no constituye un privilegio (R. M. Salvat, Tratado de derecho civil. Parte general, ed. del Cincuentenario, t. II, n° 1346) --antes bien cede ante los especiales y pierde eficacia en casos de concursossino una situación calificada como preferencia (E. Busso, Código Civil anotado, t. V, p. 443; Colombo, ob. cit., t. 1, p. 356) o como prioridad (Salvat, loco cit.), la cual reposa sobre distinto fundamento, ya que no atiende a los caracteres del crédito sino a la diligencia del acreedor: prior tempore potior iure (Busso, ob. cit., t. V, p. 443, n° 47). Vade suyo que hay un cierto paralelismo entre embargo y privilegio; y como éste debe interpretarse restrictivamente en cuanto importa en alguna medida una exclusión de bienes de la prenda común de los acreedores y una excepción a la norma general de disponibilidad del patrimonio (Alsina, Tratado... cit., V. 3, p. 61). La preferencia otorgada por el embargo -que según la doctrina generalizada no podría fundarse en reglas de derecho sustantivo sino en la eficacia que las reglas procesales atribuyen a la decisión judicial prohibitiva de la disposición de bienes- se proyecta sobre dos planos. El primero concierne a su base temporal, relegando la relevancia de la fecha de los créditos, de los juicios o de las peticiones en beneficio del orden temporal de la traba de los embargos, situación claramente reglada en el Código Procesal, artículo 218. El segundo plano se vincula con el ámbito de la preferencia en relación con la cuantía del crédito del embargante, que es precisamente el tópico de este plenario. La cuestión fue arduamente disputada por la doctrina civilista, a propósito de la interpretación del Código Civil, artículo 736. Aunque la situación no sea totalmente equiparable a la del embargo por suma determinada inscripto registralmente que afecta a la disponibilidad de
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un inmueble, no parece ocioso destacar que ilustrados intérpretes sostuvieron la indisponibilidad total del crédito embargado, aunque se encontrase trabado en garantía de una deuda de menor cuantía, fundados en buena medida en la literalidad del citado texto legal (Busso, Código... cit., v. 5, ps. 445/6, n° 67 y ss.; J. J. Llambías, Tratado de derecho civil, Obligaciones, v. 2, n° 1487; ídem, Código Civil anotado, v. 2-A, p. 616); en tanto otra corriente doctrinaria orientada tras las enseñanzas de Colmo sostuvo que la indisponibilidad tiene como límite el importe del crédito, por lo que satisfecho éste mediante depósito de la suma fijada judicialmente, el saldo se libera y debe ser pagado al acreedor embargado (G. Borda, Tratado de derecho civil, Obligaciones, 4a ed., v. 1, n° 689). Esta última interpretación cuenta con el respaldo de Salvat, para los supuestos en que el embargo se traba por una suma determinada; los cuales son -precisamente-los que interesan para dar respuesta a la cuestión planteada (Tratado de derecho civil, Obligaciones en general, 6a ed., actualizada por E. V. Galli, nOS1163 y 1164). Mas ha de tenerse en cuenta, por lo demás, que aun dentro del sector de la doctrina que se inclina por la total indisponibilidad de este crédito, el problema llega a resolverse de una manera bastante similar ya que, conforme enseñanza de Busso, cuando un crédito es embargado por importe mayor que el crédito que origina el embargo, esta medida determina la indisponibilidad total de aquel crédito, pero solamente hasta la suma embargada, conclusión que basa en principios fundamentales sobre las obligaciones divisibles (Busso, Código... cit., t. V, p. 447, nOS74 y 75). No puede sorprender por ende que el autor citado sostenga que los pagos hechos por el deudor a quien se ha notificado el embargo están afectados por nulidad relativa, sólo a favor del acreedor embargante y hasta cubrir la suma por la que se embargó (t. V, p. 448, n° 85). Quede esto dicho sin perjuicio de destacar que Llambías lleva sus enseñanzas hasta sus consecuencias más extremas en lo que parece diferir de Busso. Pero de cualquier modo las discrepancias que se dejan referidas no parece que puedan suscribirse en el caso de los embargos sobre inmuebles, que se inscriben en el Registro de la Propiedad, a la luz de las reglas registrales que resultan aplicables conforme a lo preceptuado por el artículo 2, inciso b, ley 17.801 (sobre los alcances de la ley 17.801 en el caso, volveremos en el siguiente capítulo 6). Por eso en estos casos encuentra aplicación cómoda la doctrina procesal con arreglo a la cual el embargo debe ser trabado por importe suficiente para cubrir el crédito reclamado (Alsina, Tratado... cit., t. 111, p. 182), que se lo interpretará "con sujeción a los términos expresos del auto que lo ordena" (Alsina, v. cit., p. 61). Vale decir que la preferencia derivada de esta medida judicial solamente se extiende a la suma por la que se decretó y anotó la medida (Colombo, Código... cit., t. 1, p. 356); quedando sus ampliaciones preteridas por los créditos que hayan
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obtenido trabas anotadas en el intervalo corriente desde la anotación originaria del embargo hasta la elevación de su monto (S. C. Fassi, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y demás normas procesales vigentes, 2a ed., t. 1, n° 1291 y sus citas de fallos de esta Cámara en p. 567, nota 16; Morello, Passi Lanza, Sosa, Berizonce, Códigos Procesales en lo Civil y Comercial de la provincia de Buenos Aires y de la Nación, t. 111, p. 179). Al tema de la relación recíproca entre embargantes sucesivos -que brinda comparaciones ilustra ti vas al acuerdo presenteha de volverse en el ulterior apartado 9 de nuestro voto. 6. El artículo 2505 del Código Civil, y la ley 17.801. Las adquisiciones de derechos reales "no serán oponibles a terceros mientras no estén registradas". Inferimos de tan enfática expresión que la ley ha trasladado al campo todo de los derechos sobre cosas, la regla que secularmente regía ya para la hipoteca: "La constitución de la hipoteca no perjudica a terceros, sino cuando se ha hecho pública por su inscripción en los registros tenidos a ese efecto" (art. 3135, Cód. Civil). Hemos fijado antes que el embargo por suma cierta no debiera tener más extensión que una hipoteca -derecho real propiamente dicho, y no medio procesal de la cautela como el primero-; salvo hipótesis ajena al supuesto de la convocatoria: embargos por reivindicación, por cuestiones societarias, por cuestiones de familia, que no vienen ahora al caso. Pues bien, si los gravámenes no perjudican a terceros sino mediante su inscripción registral, es obvio que sólo los perjudican en la medida de lo inscripto. Esto es, la oponibilidad no queda determinada sólo por el derecho de garantía inscripto, como una idea abstracta de vinculación de una cosa al juicio en trámite, sino por efecto de todos los datos de la cautela. Uno de los más trascendentes de éstos es, precisamente, el monto que indica la medida de ese gravamen; por cierto que no es sólo el artículo 2005 y concordantes Código Civil, los que indican esta solución. La reforma de 1968 al sistema de derechos reales cuajó aún antes, con la ley de registros inmobiliarios -parte integrante del Código Civil, según su propio artículo 42-. Esta ley dio término al complejo problema de los derechos sobre cosas, al imponer para su eficacia frente a terceros la registración (ver sus arts. 2, inc. 2, relativo a los embargos, 19,21 y 22 entre los principales). Y que esta ley rige sobre los efectos de un embargo anotado en el Registro de la Propiedad, es indudable; pues quien postuló la inscripción del embargo se sometió -por esta circunstanciaa todas las disposiciones y consecuencias de tal anotación. Creemos pues que no cabe sostener que el adquirente de cosa embargada quede responsabilizado por mayor monto que aquel que menciona la inscripción del embargo. No cabe requerir de ese adquirente -anoticiado por el medio prescripto en derecho, que es la
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certificación registralque indague en el expediente desde el cual se ordenó el embargo qué otros créditos pudieran existir. Amén de que tal diligencia no está impuesta en ley (por lo que no puede ser requerida, según el artículo 19, Consto Nacional); imaginemos la imposibilidad fisica de llevarla a cabo cuando la compraventa se celebra en lugar distante de aquel en que haya radicado el proceso judicial. ¡Sería excesivo pretender que el comprador concurra al tribunal embargan te, cuando fue justamente el litigante embargante quien debió publicar la medida que le ampara con detalle suficiente para hacerla oponible! Una carga personal como ésta trabaría la negociación inmobiliaria, sin base de derecho positivo; y es bien sabido que la negociación debe más bien ser cuidada para que tenga fácil trámite, antes que ahogada con diligencias y requisitos onerosos, formales y dilatorios, porque de otro modo sufre la economía toda del país. 7. La responsabilidad por la apariencia del embargo. El acreedor está facultad o para requerir la ampliación del embargo, si éste ya no cumpliera eficientemente su función cautelar; por ejemplo: si la depreciación monetaria desnaturalizara el vigor de la garantía (art. 203, Cód. Procesal). La ley exige en la materia una diligencia acorde tanto con el interés del acreedor embargante cuanto de los intereses del tráfico, exigencia que se traduce en el párrafo 2, artículo 538, Código Procesal, según el cual los oficios o exhortos serán librados dentro de las 48 horas de la providencia que ordenare el embargo. El acreedor embargante que no inscribe modificación ampliatoria del embargo trabado produce la apariencia de una situación jurídica cautelar firme. Existe aquí una responsabilidad por dicha apariencia jurídica; pues pudo el acreedor postular mayor monto para el embargo, y aun lograrlo sin limitación pecuniaria en ciertos supuestos. En tales condiciones, el comprador del inmueble embargado puede haber confiado en la apariencia, observando una diligencia ordinaria en el tráfico inmobiliario. En consecuencia, el comprador debe juzgarse colocado tal como corresponde estarlo en la situación que supuso. Trátase aquí de la responsabilidad por una omisión y por una confianza razonable en el embargo aparente y susceptible de una ampliación omitida. El comprador puede confiar entonces en el carácter definitivo del embargo, salvo obviamente que dicho comprador se hallare en condiciones que excluyan su fe en el embargo registrado (algunos de los supuestos posibles de esta situación fueron señalados en el capítulo 2 de este presente voto). Si no promedia la ampliación del embargo por imperativo del propio interés del acreedor, no es justo sacrificar los intereses del tráfico y del comprador en aras de quien ha generado responsablemente una apariencia, pues tampoco es admisible postergar las negociaciones inmobiliarias hasta tanto se resuelvan definitivamente las peticiones de ampliación del embargo. La decisión de esta ampliación, cuando
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requiriese dilucidar cuestiones de hecho controvertidas, no p~ed.e paralizar la enajenación del inmueble embargado hasta que la InCIdencia sea resuelta. Y cuando la ampliación se decreta sobre la base de hechos notorios, no cabe proteger la omisión del embargante que, como antes señalamos, es responsable por la apariencia jurídica defmitiva de la medida registrada. Por otra parte, la doctrina de la extensión del embargo, aun más allá del límite pecuniario de su anotación, desatiende que existen dos modos distintos de anotar la cautela, y borra esta diferencia en sus consecuencias. Aparece objetable, como principio, toda derivación interpretativa que llegue a asimilar los efectos de figuras que en su origen o título hayan sido distintas; pues de haberse querido esta asimilación ulterior no hubiera sido establecida la precedente diferencia. 8. Los artículos 1174,3266 Y 3270 del Código Civil. No creemos que estas normas alteren la doctrina específicamente ajustada al caso que dejamos reseñada. En nuestro parecer en ella se encierran principios generales, pero que necesitan de "concreción" para su puesta en ejecución. Ciertamente que la transmisión de una cosa gravada sólo puede ser hecha bajo el peso de tal gravamen (arts. 3266 y 3270, Cód. Civil). Pero ¿cuál es la extensión del gravamen? Esto no lo contestan las reglas continentes de un principio general como las examinadas ahora, sino aquellas otras que fijen positivamente sus límites cuantitativos. Ha quedado dicho que este límite es el emergente de la cuantía registrada y, por tal medio, publicada erga omnes. y es cierto también que cuando un contrato causa daño a quien tenía una expectativa jurídica (precepto del arto 1174, colocado en el título, "del objeto de los contratos"), este titular de tal expectativa puede demandar indemnización aun siendo un tercero respecto del contrato mismo. Esto es en otras palabras lo que manda tal artículo. Pero, ¿cuál sería el daño? Desposeerlo de la cosa embargada, pensamos que ha de responder. Y en tal posición volvemos al punto de origen: ¿Cuál era la expectativa del tercer embargante? Pues aquella cuya cuantía estaba fijada por la inscripción de la medida. El círculo del razonamiento se cierra en nuestro parecer, llevándonos otra vez al origen de la cuestión: Lo anotado, da derecho en la medida de lo registrado, pero no más. N o existen gravámenes por implicancia o extensión, pues esto no está dicho en norma ninguna; y sería deletéreo de toda vida negocial. En tal orden de ideas rechazamos la consideración de que "el embargo crea una suerte de interdicción" (así en f. 121 de la causa presente). Negamos que ello ocurra de ese modo cuando el embargo ha sido anotado por un monto, pues en este caso la "especie de interdicción" se concretó -mediante la registracióna afectar la cosa en esa medida misma y no indefinidamente.
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invocados en el caso o . 9. Algunos antecedentes jurisprudenciales vLnculados a él. La solución jurisprudencial coincide en numerosos precedentes con la tesis que inspira nuestro voto. Mencionamos en primer término la sentencia de Cámara Nacional Comercial, Sala .A, 6/8/73, en el caso Scoufalos, publicada en ED, t. 53, p. 223. Un pnmer embargante había trabado esa medida por pesos 52.000; a pesar de lo cual pretendió que con base a tal cautela fuera. satisfecho su crédito de modo íntegro y con todos sus accesorios (consId. 2). El segundo embargante sobre dicha fmca actuó como tercerista, y logró que se llegara a la conclusión de que el ejecutante "no puede entonces pretender prioridad en el cobro de dichos importes respecto .de acreedores que con anterioridad obtuvieron embargo -tal el tercensta-, ya que como se ha visto, su preferencia como primer emb~gante sólo debía alcanzar a la suma por la que se trabó su medIda.cautelar, o ~ea $ 52.000" (voto del juez Labougle con adhesión de los Jueces Galh Villafañe y Gaibisso). En el mismo sentido el magistrado ponente en esa decisión recordó la sentencia de su sala del 31/5/73, in re "Nitti versus Sánchez", y el precedente publicado en La Ley, t. 141, p. 711. E~,la refer~da publicación de La Ley, t. 11, p. 711, se registra la expreSlOn de cnteno de la Cámara Nacional Civil Sala B el 8/9/70 in re, Willington, dond~ se dijo que "sólo tiene efic~cia res~ecto de l~ su~a por la cu~l. se dIspuso el ~mbargo la preferencia que fija el se ampliara la ~rtI~ulo .~18~ CodIgo Procesal. SI con posterioridad h~UldaclOn, esta no gozaría de la prioridad si, entretanto, se hubieran dIspuesto otros embargos". Ha dicho el embargante en esta causa interesado en extender lo posible su medida, que aquel precedente' de la Sala A de nuestro Tribunal "no es a?~icable alpresente". Sin embargo, parece que resulta perfectamente vahdo para Juzgar sobre la materia de este acuerdo: La preferencia del.p~mer embargante, contra el segundo embargante, es un te~a muy sImIlar al de la preferencia del primer embargante, con relaclOn al comprador del inmueble embargado; en ambos casos se trata de apreciar la utilidad de una medida de cautela frente a inscripciones posteriores que afectan al inmueble objeto del embargo en favor de terceros. Aunque n? hay~n sido. cit~dos por las partes de este juicio, deseamos refenr aqUl dos decIsonos que resumen con claridad la tesis que venimos sosteniendo. El primero en el tiempo fue pronunciado por la Cámara Nacional Especial Civil y Comercial Sala 5 el 27/8/74 in re, "Zeiguer .vers~s Mercedes": "El embargo t;abado ~ólo garanÚza hasta la medida dIspuesta, pero no más allá: el depósito del comprador no puede exceder aquella cantidad" (Rep. LL, t. XXXV, p. 714, n° 2). Poco después y con mayor extensión y con argumentos que parecen por completo convincentes, dijo la Corte de Justicia de Salta
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que "cuando se decreta un embargo, el juez debe determinar la suma o cantidad a la que debe acceder el bien afectado en garantía (art. 391, Cód. Procesal). Entonces, el bien embargado en esa forma sólo accede en garantía de esa deuda y por el monto determinado por el juez. La garantía no puede ir más allá de ese monto, porque de lo contrario se estaría consagrando en todos los supuestos que los embargos son por monto indeterminado, lo que desvirtuaría la intención del legislador y afectaría la seguridad de todas las operaciones. Más aún, en los supuestos que se embarguen inmuebles, las anotaciones e informes del Registro de la Propiedad constituyen la radiografia de la situación jurídica del mismo. Y si una de esas anotaciones indica que el bien se encuentra embargado por una suma determinada significa que ese inmueble accede en garantía de una deuda determinada y hasta el monto especificado. De lo contrario carecerían de toda relevancia las anotaciones de los embargos porque la situación de los inmuebles no estaría determinada por las mismas sino por las contingencias que pueden ocurrir en cada juicio, lo que está en contradicción con los anhelos pretendidos por la legislación registral" (Sala 3R, 3/10/74, "Mónico versus Paulita", Rep. LL, t. XXXVII, p. 669, sumo 1). Reiteramos una vez más, a riesgo de ser fatigosos porque esto es muy claro, que el adquirente debe en todo caso cancelar el monto del embargo. Tal doctrina quedó suficientemente sentada desde el precedente de Fallos, t. 170, p. 340, donde fue rechazada la tercería incoada por un comprador, a quien se transfirió una propiedad el 10/6/33, que intentaba cancelar -sin pago ninguno-un embargo anotado con anterioridad, el 20/5/33. Pero lo importante ya no es este aspecto, doctrina recibida e indiscutida, sino la determinación de cuánto ha de abonar el adquirente para liberar la propiedad. Este precedente es invocado en fojas 121 con la sola mención de su publicación en Jurisprudencia Argentina, t. 46, p. 453; de manera que cuadra agregar algo, pues lo sucedido en la especie es un buen ejemplo de los errores a los cuales el intérprete puede ser conducido por una repetición mecánica de los resúmenes que en la edición comercial de la jurisprudencia encabezan la transcripción del fallo mismo. Se trató de la tercería de Bodega del Estado de San Juan en Ares (José) v. Provincia de San Juan, tramitada y sentenciada por la Corte Nacional como tribunal originario en razón de la persona del demandado en el proceso principal. Allí empleó el Alto Tribunal un párrafo o considerando que puede resultar muy impresionante en sus primeras líneas, pero que encuentra luego una explicación mesurada y clara: "Considerando... que el embargo, como la palabra lo indica, significa el secuestro de la propiedad, o la interdicción de disponer de la misma por parte del deudor en beneficio del acreedor que lo ha obtenido; de tal manera que si a su pesar se transfiere a un tercero el dominio, sería siempre, y en el mejor de los casos, con el gravamen constituido, que supedita los
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der~chos ?el adq?-irente a las resultas del juicio, como si el bien no hubIera sIdo enajenado. Así ha podido decir Segovia, comentando el artí~ulo 2679, Código Civil, que el embargo es una especie de prenda o. hIpoteca que afecta la cosa embargada al pago del acreedor ejecutante? y que surt~ idénticos efectos sobre el dominio y respecto a terceros, sm que ello Importe decir que crea un privilegio" (JA, t. 46, p. 454). Véa~e q.ue ~a formulación dogmática inicial del párrafo, aparentemente mdIcatIva de una suerte de puesta extra commercium de la cosa embargada.' se mediatiza y aclara sensatamente con la segunda parte del consIderando: El embargo no impide vender, porque sola~~nte sucede que la venta origina ciertos gravámenes sobre el do~mlO en manos del comprador. Y estos gravámenes son los eqUIvalentes a los causados por la prenda o la hipoteca. Por tanto, este caso .nada pr~dica s?bre la extensión de tal gravamen a cargo del adqUIrente, solo ha dIcho que existe, y en esto estamos de acuerdo. La c':1esti?n no queda influida, pues, por este precedente, ya que ahora dlscu~Imos cuánta es la extensión de ese gravamen que alcanza al subadqUIrente, y no que esté liberado o gravado. Existe empero un precedente, de nuestra Cámara, pronunciado por la Sala C, el 24/9/64, en la causa Jiterman de Kligman versus Baca Cast~x, donde se examinó justamente el supuesto del comprador que adquIere una .fmca, en cuyo acto se hace cargo de un embargo por monto determmado. Cuando los adquirentes pretendieron liberar la fmca, mediante la dación de los $ 120.000 a que ascendía el embargo, ell? les fue denegado p.o~,causa de que la liquidación montaba algo mas, $ 145.679. Tal declSlon fue confirmada, por la sala citada arriba. Pero .~o creemos decisivo tal argumento, pues debe repararse que la s~l~clOn fue adop~~da en 19?4, es de~ antes de la reforma del Código CIVIl que estableclO con caracter nacIOnal la registración mediante la l~y 17.801 y ~odificó el artículo 2505, Código Civil. Muy'otra hubiera sId~ la soluclOn, de ser adoptada luego de adquirir vigencia el claro artIculo 22 de la ley 17.801: "La plenitud, limitación o restricción de los d~rechos inscrip~os y la libertad de disposición, sólo podrá acrednarse con relacIón a terceros por las certificaciones a que se refieran .los artículos siguientes". Est~ norma hace inoponibles contra los adqu~rentes, las ~argas o li~itaciones sobre los derechos reales que no emeIJan de los aSIentos regIstrales, poniendo fin a los "gravámenes ocultos". Esta evolución, por caus~ de los nuevos textos legales, ha sido agud~n:'-ente marcada por el Juez de apelaciones en lo civil, Jorge AltermI, en la causa de López Llames en Gressen S.R.L., versus Pes (Cám. Nac. Civil, Sala C, 13/9/79, LL, 1980, v. A, p. 85). Recordó allí ~a ~onteste opinión de Ferrari Ceretti y de Eisner (ver citas lugar mdIcado), y reiteró los siguientes conceptos de su El derecho real.
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Elementos para una teoría general, corredactado con Edmundo Gatti: "Con la concepción clásica de los procesalistas argentinos sobre los embargos y las inhibiciones impedían la disposición de las cosas inmuebles alcanzadas por ellos, no cabía la posibilidad en el ámbito del derecho procesal de institutos configurados a la manera de los derechos reales del derecho civil. Sin embargo, con la orientación más reciente, que interpreta que las citadas medidas precautorias no provocan la in disponibilidad de los objetos qu.e afectan, si se acepta que esas cautelas implican un gravamen que de no ser imposible o suficiente trasladado sobre el precio, seguiría a la cosa (aun sin aceptación del adquirente), nos hallaríamos con la invocada configuración de un instituto del derecho procesal a la manera de los derechos reales del derecho civil". ¡Ésta era ya la posición de Segovia: Un embargo regulado y con los efectos de la hipoteca; evitándose así provocar las indeseables puestas de bienes fuera del comercio! Esta solución no desguarnece al embargante, la fracción del valor de la cosa tomada por su embargo -como la tomada por una hipotecaqueda siempre fijada sobre el bien. . Señalamos que la publicación de Jurisprudencia Argentina, v. 9, p. 516, invocada en f. 121, vuelta, no configura precedente útil. La Cámara Federal Capital reconoció derecho del primer inhibiente a cobrar con prioridad respecto del segundo inhibiente, pero la primera medida se anotó por $ 25.000 Y lo mandado pagar fue menor, $ 19.350. La prioridad del beneficiario de la primera cautela no excedió del monto registrado (causa Anderson versus Banco de la Nación, del 2/ 10/22). Igualmente pensamos que no es significativa, para nuestro preciso planteo, la decisión de la Cámara de Apelaciones de Mercedes, 5/8/24, in re Casado de Díaz en Zimmermann y Gutiérrez versus Díaz, publicada en Jurisprudencia Argentina, t. 13, p. 937. Allí fue sostenida la precedencia del inhibiente, respecto de la cónyuge que en la división de la sociedad conyugal y luego en ventas judiciales, adquirió bienes de su esposo gravados por tal inhibición. Pero no llegó a discutirse la extensión cuantitativa de los derechos de los inhibientes. La nueva adquirente pretendía, lisa y llanamente, haber adquirido los bienes libres de la inhibición; y fue esto lo denegado. La causa de Dupont versus Aubert, sentencia en la instancia por el juez de San Luis y en alzada por la Cámara federal Capital, el 25/11/25 (JA, t. 18, p. 454, citada en f. 121, vta.), no trató de la extensión pecuniaria de los derechos del embargante. Solamente se dijo allí que la venta de la cosa embargada es nula con relación al embargante, quien se halla autorizado para pretender la declaración de esta nulidad: afirmación que se formuló para determinar quién era el comprador preferente en dos ventas llevadas a cabo en dos procedimientos distintos sobre un mismo bien raíz.
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Tampoco concierne al objeto de nuestra convocatoria el precedente publicado en Jurisprudencia Argentina, v. 31, p. 139 (Cám. Civil 1a Capital, 6/9/29, Martínez en Beazley versus Abal de González). Allí se declaró que la inhibición registrada después de una venta, pero antes de ser inscripta ésta, prevalece sobre los derechos del comprador. Esta es justamente la consecuencia de la necesidad de registración, como fundamento de la oponibilidad de los derechos reales, pero ello no decide en el tema sometido a acuerdo plenario harto diverso por cierto. Creemos que la publicación de Jurisprudencia Argentina, t. 50, p. 519 no hace al caso. Tratóse en la decisión de la Cámara Civil 2a Capital, 6/5/35, Safico versus Navarro, donde se examinó la relación de precedencia entre una hipoteca que afectaba los inmuebles por accesión, y la prenda que gravaba a éstos. Nada más lejos de la cuestión relativa a la extensión pecuniaria de la precedencia del embargan te respecto del sucesor oneroso del embargado. y por último, tampoco viene al caso el decisorio de la Cámara 2a Civil y Comercial La Plata, 20/12/55, Galarce versus Olivari, Jurisprudencia Argentina, 1956, t. II, p. 110, anotada por Alberto G. Spota. Díjose en tal caso, con elogio del anotador que el embargo implica la indisponibilidad del inmueble cuando esta disposición afectara la expectativa del embargante. Pero no se defmió cuál era exactamente esta expectativa: si la totalidad del crédito en ejecución, aunque excediera de los montos registrados, o solamente la cuantía del embargo anotado. Como se advierte, las aproximaciones de generalización no resuelven el tema concreto que debemos dirimir. Esto resultó de una circunstancia económica: en otra época la suma accesoria presupuestada para costas era más que suficiente para cubrir la liquidación del crédito de manera que los tribunales no se enfrentaban con embargos anotados por montos que resultaban luego "desbordados" por la cuenta de liquidación. Esto ha sucedido por causa de la traba de embargos por montos accesorios mezquinos, en épocas presentes en las cuales intereses del 100 por ciento anual si no mayores, o "actualizaciones" de similar envergadura, dejan muy atrás los montos tímidos de los asientos registrales de los embargos. No es útil como precedente para el caso, la decisión pronunciada por la Sala B de esta Cámara, el 15/10/58, en la causa de Fina en Dicomex S.A. versus Saquetti (LL, t. 93, índice 65, n° 17). Díjose allí que "es inoponible al acreedor embargante la venta de la cosa celebrada por el deudor con posterioridad a la traba del embargo". El principio es exacto pero no resuelve nuestro presente problema. Nosotros debemos decidir la medida cuantitativa de la oponibilidad del embargo respecto al adquirente ulterior, y no la inoponibilidad de la compra efectuada por éste con relación al embargante. Por supuesto que el adquirente no está autorizado para desconocer el embargo con base en la compra. Pero esto no indica si los derechos del embargante,
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calificados como prioritarios respecto del comprador, pueden ser ejercidos sin ningún límite pecuniario o si, en cambio, están constreñidos por el monto especificado al registrar tal medida cautelar. Por similar consideración tampoco nos ilustra en nuestra situación, la decisión producida in re, Mazia en Audivert versus Hersovich (Cám. Nac. Com., Sala A, 18/5/77, ED, t. 76, p. 553). Allí se trató la oponibilidad de una locación contratada respecto del inmueble embargado, respecto del comprador en una subasta para la cual la .fin~a apareció ostensiblemente libre de ocupantes; de manera que ese declsono no sienta criterio sobre la extensión cuantitativa del embargo, trabado sobre el bien ejecutado y con relación a quien adquiriera su dominio, posición harto diversa de la tomada por quien negocia un arriendo. No incide sobre nuestro tema la sentencia de la Corte Suprema de Justicia del 25/11/35, en Grinstein (su concurso) versus Fisco de la Provincia de Mendoza (Fallos, t. 174, p. 146, también publicado en Juris. Arg., t. 52, p. 354) porque se trataba, en primer término de cosas muebles, y más específicamente dinero; y por otra parte porque la totalidad de la suma sobre la cual se debatía había sido embargada en febrero de 1926 por un juez del crimen en proceso respecto de persona cuyo concurso se abrió recién en mayo del mismo año. Por esto el Alto Tribunal encontró que la totalidad de ese dinero debía ser entregada a quien resultaba víctima del delito mediante el cual fueron habidos esos dineros. Por cierto que existen precedentes en los cuales se estimó que el embargo significa una interdicción de disponer de la cosa (Cám. Nac. Com., Sala A, 7/12/71, Valado versus Cortese, ED, t. 43, p. 295). Pero en tal caso se trató del embargo de cosas muebles; con relación a las cuales el adquirente pretendía lisa y llanamente hacerlas suyas libres de la medida cautelar. Se advierte que estamos muy lejos del supuesto fáctico propuesto ante nuestro acuerdo plenario, donde se trata de un adquirente que acepta el embargo registral de bien raíz, y quiere liberar la cosa dando la suma anotada como límite pecuniario de dicha medida y de su responsabilidad. Señalamos anecdóticamente que los mismos magistrados que pronunciaron la sentencia que ahora analizamos (jueces Galli Villafañe y Gaibisso) fueron quienes 2 años después pronunciaron la sentencia, in re, Scoufalos, especie en la cual debieron tratar expresamente lo relativo a la extensión cuantitativa de los embargos, para cuyo supuesto concluyeran que éstos no amparaban un monto mayor que el registrado, tratándose ahora de bienes inmuebles. El precedente de la Cámara Civil la Capital, del 28/12/37 (JA, t. 60, p. 867, citado en f. 121 vta.) no incide sobre nuestro decisorio; y acaso más bien sería favorable a la tesis que sustentamos nosotros: En aquel caso el embargante sostenía que su medida prevalecía contra los derechos del comprador de un inmueble "hasta el importe por el que se trabó el embargo" (JA, t. 60, p. 867, 19 columna, párr. identificado como 2).
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E~ de ap~tar que el precedente citado en fojas 113, sin mención de caratula nI de fecha, como publicado en La Ley, v. 97, p. 454 no aparece allí, y el índice de ese tomo no indica que existan en él publicaciones útiles para el motivo de este plenario. Hemos analizado diversos precedentes asistidos de la autoridad propia de la jurisprudencia; pero sin revisar aquellos en que se trasunta el diferendo interpretativo causante de esta convocatoria a tribunal plenario, dictado por las salas en su composición actual, como son las causas falladas por la Cámara Nacional Comercial Sala A 1~/12/77, del Médico versus Crimi, ED, t. 78, p. 531, Y por ~l mism~ tnbunal el 26/4/78, in re, Hernández de Galdani versus Escobar ED t. 79, p. 251. Aun sin abrir juicio sobre el fondo del asunto dese~mo~ señalar con relación al segundo de los decisorio s referidos úItimamente que allí medió consentimiento del adquirente, respecto de la tesis de que la asunción de un embargo "a los fines registrables" (locución que padece la imprecisión propia del lenguaje no depurado técnicamente) implicó en sustancia asumir una delegación de deuda. Volviendo sobre la conducta de Gatón (éste era el comprador del bien raíz embargado), aun cuando poco clara su expresión en cuanto alude a la asunción de l~ ~euda q~e gr~vaba la finca con motivo del embargo trabado en esta htIs, l~ ,exIstenCIa de l~ misma -reitérasese infiere de su propia actuaclOn en la espeCIe pues una buena hermenéutica no puede admitir que sólo haya asumido la obligación hasta el importe de "la cantidad por la que fuera anotado el embargo (mas, preguntamos nosotros, ¿por qué no podría ser así, cuando el derecho admite las fianz~s 'p~rciales, por ejemplo?); así y para igual supuesto se resolvió en elJULcw agregado por cuerda, que consintió Gatón". El decisorio se fundó pues, al menos entre otros extremos, en un consentimiento del ~fecta~~ a una interpretación que convirtió la expresión de la asunclOn de embargo a los fines registrables... y los toma a su carcuyo regist~o se hizo por monto determinado, equivalga sin más go,:"'" al pro~)lo .cargo todas las consecuencias de un juicio", sin ~ ~om~7 hmItaclOn cuantItatIva y éste es el punto central de la controversia que nos llamó a este acuerdo plenario. 10. Una tercera solución original. Mientras terminamos el pulimento de los apuntes necesarios para formular nuestro voto encontramos publicada una decisión de la Cámara Nacional Civil Sala C 30/10/80, in re, Banco de Londres y América del Sur versus B~sse (En: t. 92, p. 166), que llega a una conclusión intermedia entre aquellas que . provocaron esta convocatoria a tribunal plenario. En efecto, los extremos del debate en esta Cámara en lo Comercial se ~jaron en los extremos: Aquella tesis de la utilidad del embargo regIstrado ~or suma determinada de dinero, para asegurar todas las consecuenClaS de la ejecución; y la opuesta que otorga virtualidad al embargo hasta la suma fijada en la inscripción registral.
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Aquel distinguido tribunal civil halló la solución de estimar indexable la suma por la cual haya sido registrado el embargo. Dijo textualmente que "la garantía que ofrece el embargo de una cosa abarca no sólo el monto nominal de la medida sino también la depreciación monetaria correspondiente.. .". Para la recta comprensión del espíritu jurídico inspirador de esta solución, que de seguido analizaremos, debe tenerse en cuenta que ese tribunal estima que la indexación de un crédito constituye una labor de aplicación aritmética de parámetros ciertos y prestablecidos, con la consecuencia de evitarse toda hesitación sobre las consecuencias pecuniarias concretas del otorgamiento de esa prestación. En primer término, señalamos que la tesis no nos convence de modo irrestricto y para cualquier situación. Por cierto que el fallo no describe minuciosamente los extremos fácticos de la causa -como no podría ser hecho en cada decisión interlocutoria que los tribunales de alzada deban pronunciar-o Pero de tratarse de un embargo posterior a la ley 21.309 que autorizó la inclusión de cláusulas indexatorias en las hipotecas, no vemos necesidad de construir esa doctrina de protección al embargante, porque éste pudo bien cautelarse por sí mismo al obtener amparo de] tribunal de su juicio. Mas de otro punto de vista, podemos admitir esa tesis de la Sala e de Apelaciones Civiles como muy sensata -aunque de sustento más pretoriano que legal- para resolver el disfavor en que se hallaron los embargantes que trabaron sus medidas en períodos de inflación ya muy elevada pero antes de concebirse la posibilidad de incluir cláusulas indexatorias en los asientos registrables. Estas gentes pudieron superar ese disfavor en que se hallaron, merced a una diligencia extremada, pues les cupo solicitar periódicamente un incremento del monto del gravamen registrado. El derecho no exige de sus sujetos tallaboriosidad, y sería insoportable que concediera la protección de las normas solamente a quien desplegara una actividad excesiva e infrecuente, antes bien, debe ser amparada por la ley la común diligencia exigible en el tráfico negocial. La consideración del fallo que venimos analizando se ajusta a estos parámetros, y ello la hace atendible. Pero nótese que lo postulado no es la extensión del embargo por todas las consecuencias del juicio en que fue ordenado, sino una indexación del tope registral establecido al trabar la medida. Entre una y otra solución la distancia práctica es harto mayor que la revelada por esta frase: En la primera tesis (que es aquella que combatimos en nuestro voto), el adquirente no puede conocer cuál es la extensión del embargo, salvo apersonarse al juicio, y apreciar todas las difícilmente previsibles consecuencias de tallitis; en la tesis adoptada por la Sala C de Apelaciones Civiles el comprador puede estimar la extensión del embargo con los datos provistos por la certificación registral, que consiste en su fecha de anotación y su monto originario. Sobre ese
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monto primitivo el interesado tercero aplicará la pauta indexatoria conocida (recuérdese aquí lo señalado sobre la posición de tal tribunal civil, en favor de un sistema indexatorio uniforme para todo crédito, fundado en la aplicación de un índice público y constante) y sabrá por sí mismo cuánta es la responsabilidad pecuniaria que asume al adquirir la finca. No sería pues desdeñable absolutamente la adopción ocasional de una tesis como la referida, en favor de aquellos embargantes del período anterior a la admisión legal de las cláusulas registrales de indexación. Pero esto es muy diverso de la inseguridad sobre los resultados a la cual llega fatalmente la responsabilidad del adquirente por todas las ulterioridades del juicio donde fue ordenado el embargo. Esta indefmición de las consecuencias imprevisibles nos impone resistir esa tesis extremosa. 11. Conclusión. Por lo expuesto votamos en el sentido de que en la situación referida al comenzar nuestra exposición el comprador de la finca embargada puede liberarla con la dación de la suma mencionada en la inscripción registral del embargo. Reiteramos que esta tesis objetiva no excluye las soluciones casuistas que sean impuestas por las circunstancias de la causa, como dejamos señalado en los apartados 2 y 10 de nuestra exposición. Voto de la minoría: El doctor Caviglione Fraga dijo: 1. La cuestión que es materia del presente recurso nos sitúa, como sucede generalmente en los problemas jurídicos, frente a la contraposición entre dos intereses o bienes, de cuyas resultas uno de ellos debe necesariamente prevalecer sobre el otro. Tal situación impone al intérprete una opción o elección que inmediata e indefectiblemente se conecta con una preferencia valorativa. Es necesario, entonces, determinar cuál es el valor más importante o de mayor jerarquía que se debe resguardar, a través de la comprensión que nos propone el asunto. 2. Por un lado, nos encontramos con el interés del adquirente -supuestamente de buena fe-- de un inmueble embargado por suma determinada y, por otro, con el derecho del acreedor embargante cuyo interés insatisfecho puede ser superior a la suma por la cual se anotó el embargo. Más concretamente, se trata de resolver el conflicto entre el valor regularidad y facilidad del tráfico jurídico inmobiliario y el valor seguridad de los derechos que han obtenido tutela judicial. 3. Si es verdadero el acierto de Kelsen (cfr. Teorla pura del derecho, ed. Eudeba, 1960, ps. 166 y ss.) --como pensamos que lo es-, de acuerdo con el cual la aplicación de la norma superior no determinada o especificada, conduce a varias soluciones regulares dentro del marco
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normativo. Y que corresponde al órgano encargado de aplicarla valorar esas distintas posibilidades y escoger la que le parezca más apropiada en orden a favorecer el interés dotado de mayor jerarquía social. En esta situación nos parece que, en la opción, debemos preferir la solución que mejor preserve la autoridad y seguridad provenientes de un acto jurisdiccional (cfr. Corte Suprema, O. F. Delzoglio, Fallos, t. 234, p. 82; Partido Obrero, t. 253, p. 133, cons. 16; E. Ymaz, La esencia de la cosa juzgada y otros ensayos, 1954, ps. 196 y ss.). Entre otras razones, porque el acatamiento y respeto de las decisiones judiciales se funda en los principios constitucionales de la propiedad, la defensa en juicio y la seguridad jurídica, de acuerdo con los cuales no es lícita la comprensión que lleve al desconocimiento o degradación de derechos patrimoniales adquiridos a través del proceso ni a la alteración sustancial de medidas protectorias de los derechos que deriven en apartamiento de su esencial sentido, cual es el aseguramiento de la concreta eficacia de las sentencias que se dicten, en los procesos en que aquéllas han sido ordenadas. 4. El embargo comporta aislar o individualizar un bien determinado para afectado al pago del crédito en cuya razón se ha trabado (cfr. Llambías, J. J., Derecho civil. Obligaciones, n° 395; Palacio, L., Derecho procesal civil, t. 7, nOS 1009 y ss.; Podetti, J. R., Tratado de las ejecuciones, actualizado por V. Guerrero Leconte, t. 7, p. 204; Alsina, H., Tratado teórico práctico de derecho procesal civil y comercial (actualizado por J. Cuadrao, ed. 1962, cap. 37, n° 9), o como lo expresa Guasp, "afectación de bienes a un proceso con la fmalidad de proporcionar al juez los medios necesarios para llevar a normal término una ejecución procesal" (citado por Eisner, Isidoro, Sobre la posibilidad y efectos de la venta de bienes embargados judicialmente, LL, t. 155, p. 958, v. nota 5). El efecto fundamental del embargo es distraer del patrimonio del deudor los bienes embargados con el fin de crear con ellos una masa separada, sometida a un régimen jurídico enteramente particular (Redenti, Enzo, Derecho procesal civil, t. 11, p. 357). En razón de ese régimen peculiar, la cosa queda afectada, sujeta o puesta a disposición del juez que lo ordenó (sous la main de la justice, como lo expresa la doctrina francesa; Alsina, H., ob. cit., n° 10) y el propietario del bien queda sometido al deber jurídico de abstenerse de todo acto jurídico o físico que pueda provocar la disminución de la garantía que dicho bien concreta (art. 214, Cód. Proc.), lo que comporta limitación a las facultades de disposición y goce (Podetti, ob. y loco cit.). Por su lado, la inmovilización del bien asegura que el importe resultante de su realización se destine a la satisfacción del derecho del acreedor (Palacio, L., ob. y loco cit.). 5. La indisponibilidad que entraña el embargo es sólo relativa, pues la cosa embargada puede ser objeto de los contratos (art. 1174, 14 . Medidas cautelares
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Cód. Civil), con tal que se declare la existencia del embargo (art. 1179, Cód. Civil) y con la expresa salvedad que se debe "satisfacer el perjuicio que del contrato resultare a terceros". Ello significa que el impedimento para la enajenación no es absoluto, ya que las cosas embargadas no son "extra commercium" (arts. 2336-2338, Cód. Civil), pero también implica que la enajenación, pese a ser válida entre los celebrantes del acto, es inoponible al embargante, quien puede desconocer la transmisión realizada, en tanto ella le ocasione perjuicio. Ello es así por cuanto es de la esencia de los actos inoponibles su inoperancia, es decir que sean improd~ctivos de efectos, con relación a la persona en cuyo favor se establecen y en la medida que le causen perjuicio, por reducir ilegítimamente la esfera patrimonial de su deudor, en la cual puede intervenir y obtener satisfacción. Es por ello que, según la enseñanza de Llambías (ob. cit., n° 395, nota 13), el embargante puede desconocer la transmisión y considerar al bien como existente en el patrimonio del embargado, tal como si el acto no se hubiese realizado, y consiguientemente entender que el embargo subsiste mientras no sea desinteresado en la totalidad del derecho cuya protección se aseguró mediante la cautela (cfr. Spota, A. G., Efectos del embargo frente al tercer adquirente de la cosa embargada, Juris. Arg., 1956, t. U, ps. 110 y ss.). 6. Es por las razones antes reseñadas que la generalidad de la doctrina procesal y la jurisprudencia están contestes en sostener que los derechos del adquirente de la cosa embargada quedan supeditados a los resultados del proceso en que se trabó la medida (Palacio, L., ob. cit. y loco cit., n° 1011 y jurisp. cit. en nota 42; Alsina, H., ob. cit., n° 10 b; Podetti, J. R., Tratado de las ejecuciones, n° 85; Eisner, J., ob. cit., p. 962; Ferrari Ceretti, F., JA, Doctrina, 1973, p. 60; Corte Suprema, Bodega del Estado de San Juan, JA, t. 46, p. 453) ya que el embargo afecta a la cosa en sí misma y se transmite con ella, de modo que si a pesar del acreedor el dominio se transfiere, sería siempre con el gravamen constituido en beneficio del embargante (Suprema Corte Buenos Aires, t. 106, p. 295); sin perjuicio que, si mediare autorización judicial, y en virtud del principio de subrogación real, el embargo se traslade al precio de venta (cfr. Alsina Atienza, D., Condiciones y efectos juridicos de la disposición de bienes embargados, Juris. Arg., t. 43, p. 211; Palacio, L., ob. y loco cit.). Tal consecuencia es derivación lógica de la naturaleza del régimen del embargo que constituye -según lo ha señalado nuestra Corte Supremauna "seguridad jurisdiccional, a la que no puede calificarse de chance o probabilidad de cobro sino de certeza" (cfr. Corte Suprema, Fallos, t. 287, p. 108). Tal cualidad impide que ese derecho procesal de garantía pueda ser desconocido en sus efectos, por vía de un acto de enajenación ajeno a la voluntad del acreedor embargante, sin menoscabo del derecho de propiedad lato sensu (cfr. Corte Suprema, Fallos, t. 137, p. 47; t. 145,
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p. 307, y en su actual composición t. 294, p. 152) y del principio de buena fe que es basamento fundamental de las relaciones jurídicas y económicas (doctrina de los arts. 1196 y 1198, Cód. Civil). 7. Las consideraciones precedentes no resultan alteradas por el hecho de que el embargo se haya trabado por una suma determinada en el registro inmobiliario, pues fuera del hecho de que el requisito de indicación de cifras en los derechos judiciales que se inscriben en el registro no está impuesto legalmente y que esa mención persigue, por lo común, fines fiscales y arancelarios (cfr. Llambías, J. J., ob. cit., n° 1488, nota 261), debe interpretarse que, por un lado, la indisponibilidad que causa el embargo, aunque relativa, es total, en el sentido que afecta a la cosa en sí, no a parte de ella, e impide que la transmisión surta efectos contra el embargante, en la medida que éste no sea desinteresado en la totalidad del crédito, en razón del cual la medida se ha trabado. Pues como enseña Guasp: embargar no quiere decir sino afectar un cierto bien a un proceso, ligarlo o trabarIo de tal modo que no pueda más tarde desvincularse de las resultas del mismo" (cfr. Derecho procesal civil, p. 432): No podría, en consecuencia, sostenerse válidamente que el embargo sólo garantiza la suma por la cual se trabó, pues es la cosa en toda su aptitud solvente y no la suma dineraria lo embargado y es el derecho creditorio en toda su extensión el que se halla amparado y no el importe del título, más la estimación provisoria indicada en el auto judicial, que son magnitudes esencialmente variables y sujetas a los acrecentamientos producidos por el transcurso del tiempo, que en épocas de inflación adquieren una importancia que no es necesario, por obvio, explicitar. Por ello, con razón, Llambías considera carente de justificación que el embargo sólo sirva como garantía por parte del crédito y no cubra la parte acrecida con posterioridad a la traba, pues, "lo lógico es pensar que el bien embargado responde por la totalidad del crédito asegurado por el embargo" (ob. cit., n° 1487, nota 261). 8. Lo hasta aquí dicho no quiere decir que las anotaciones del importe del embargo carezan de eficacia alguna, pues -a nuestro juicio- cumplen su función cuando se trata de apreciar las prioridades en caso de embargos sucesivos. En esa situación, las prelaciones se resuelven de acuerdo con la diligencia obrada por los respectivos embargantes. y como la. prioridad se asigna de acuerdo con el orden cronológico de las anotaciones (art. 218, párr. 2, Cód. Procesal), la ampliación de embargo no puede hacerse efectiva sino después de los embargos anotados con anterioridad (cfr. Colombo, C. J., Código Procesal Civil y Comercial, t. 1, p. 356; Alsina, H., ob. cit., cap. 39, n° 32; Palacio, L., ob. cit., t. VII, n° 1012 y jurisp. cit. en nota 48; Morello, Passi Lanza, Sosa, Berizonce, Códigos Procesales en lo Civil y Comercial anotados y comentados, t. IU, art. 218, n° 404). Pero esto
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se refiere a los efectos del embargo en caso de conflicto entre el primer embargante y los embargantes sucesivos en donde se atiende a la pr~fer€ncia e~ el pago de acuerdo con la diligencia del acreedor que pnmero trabo el embargo y en la medida de la cuantía por la cual se inscribió. Pero, a nuestro juicio, este principio no puede extenderse al supuesto de tercer adquirente que compró la cosa sabiendo que estaba e~barga~a, porque aquí no juega el efecto de prioridad o preferencia s~no precIs~mente el efecto de inmovilización o afectación que aísla al bIen. que sIrve de ~arantía y que preserva al acreedor que tomó ~edIdas conservatonas ~e sus derechos de las consecuencias perjudicIales de la transferencIa (art. 1174, Cód. Civil). Repárase que la r~spuesta afi~~ativa a la cuestión propuesta a este plenario conducina a la paradoJIca y -a nuestro modo de ver- disvaliosa consecuencia de qu~ si ~a cosa se vende judicialmente, los derechos del embargante qudanan mdudablemente protegidos porque en virtud de la subrogación real, el embargo se traslada al precio (art. 588, Cód. Procesal) y el deudor no podría, por su propia autoridad retirar el remanente una yez cub~erto el importe nominal del embar~o, pues el acreedor tendría mcuestlOnab~e ?erec~o a oponerse mientras no sea satisfecho íntegramen~e su credIto. Sm embargo, lo que no podría hacer el deudor medI,ando subasta j~dicial orden~da por el propio juez embargante, lo podna obtener medIante venta pnvada claridestina sin consentimiento y sin audiencia del acreedor y del magistrado a duya jurisdicción el bien se encuentra sujeto. 9. Tampoco resulta posible argumentar en base a la buena fe del ad~uirente, habida cuenta que si éste se ha anoticiado del embargo y de Igual I?anera compró ~ebe asumir el riesgo de esa decisión, puesto que, segun s~ ha sostemdo, la buena fe no es compatible con una conducta neglIgente. En tanto y en cuanto la creencia en la bondad del acto debe estar apoyada en un comportamiento previsor y cuidadoso p~r part~ ~el cO,mprador, de acuerdo con la doctrina que emana del Cod~go C~,?l arbc'110s 512, 902 y 1198. Por ello es que se ha dicho que la dISposIcIón de las cosas litigios as ha sido permitida en el derecho mo~erno, a diferencia de lo que ocurría en el derecho romano y en el antIguo derecho español, "pero la consecuencia de esa libertad es la de que ~o
213
EMBARGO PREVENTNO
que la solicitud debe sustanciarse necesariamente con el embargante, puesto que, en realidad, no se trata de un puro pedido de levantamiento sino de una sustitución del objeto del embargo, la cual no puede resolverse sin audiencia previa del acreedor (arts. 203 y 535, Cód. Procesal). En esa situación, nos parece indiscutible que el embargante pueda legítimamente oponerse a la sustitución, si demuestra que los bienes ofrecidos no resultan manifiestamente suficientes para cubrir el crédito o el interés reclamado en el juicio. Y si esto lo puede hacer i~controvertiblemente respecto de su deudor, también lo puede hacer frente al sucesor particular que adquirió la cosa haciéndose cargo del gravamen constituido (arts. 1174 y 3270, Cód. Civil). Pues la clave para establecer la procedencia de la sustitución se basa en el raciocinio de acuerdo con el cual, así como el acreedor no puede abusar de su prerrogativa inmovilizando innecesariamente bienes o derechos, tampoco es admisible cualquier subrogación que pueda causarle peIjuicio, mediante la disminución de la garantía (Alsina, H., ob. cit., t. V, cap. 39, n° 31). 11. La inteligencia conforme con la cual se considera respetado el embargo trabado sobre un inmueble con el depósito judicial de la suma por la cual se decretó y anotó la medida, en su excesivo formalismo desatiende al hecho de que lo afectado por la sentencia cautelar no es una fracción o cuota parte ideal del inmueble, sino la cosa in totum que responde como cuerpo cierto y, en principio, indivisible por la totalidad del derecho del acreedor. Y que lo asegurado no es la cantidad contingente, provisoria y variable por la cual se decretó la medida, sino el íntegro derecho ejercitado en la causa, en orden a cuya protección se ha trabado la cautela (cfr. Llambías, J. J., ob. cit., n° 1487). Si no fuese así, los embargos anotados por sumas por completo desactualizadas, en razón del deterioro producido por la inflación -como es precisamente el caso que motiva esta convocatoria, que versa sobre un embargo inscripto por $ 108.128,28 más $ 32.400 en concepto de accesoriospodrían ser sustituidos por sumas dinerarias insignificantes, con palmario menoscabo del legítimo derecho del acreedor. Pues cabe entender que el crédito de éste indisputablemente no se limita
-en
caso de "mora debitoris"
-
al importe
nominal
mencionado
en el auto judicial y en la constancia registral, sino que se extiende a la revaluación originada en la depreciación monetaria y los accesorios. Más aún si se tiene presente que, según el dictum de nuestra Corte Suprema, la indemnización por depreciación monetaria "no implica una obligación nueva o accesoria, sino que se trata de la misma obligación sólo corregida en su signo monetario nominal para adecuarla a la realidad de los valores que originariamente con aquél fueron representados, a fin de salvaguardar la igualdad estricta exigida por la justicia conmutativa" (Corte Suprema, Fallos, t. 298, p. 766 y sus citas).
214
MEDIDAS
CAUTELARES
EMBARGO
12. .Las ra~ones que hemos dejado expresadas no nos e . a, .en tanto tal i~~erpretación, al~t:~~;:~ ~o~P~~~~a~~~~I~:~rmativ . . a ano t aClOnes y al cemrse a las a aspectos exteriores de la orden judicial conduce en su pa~encIas o exceSIVO a~ego a los valores formales- a una solució~ cUyO sen- I o comporta pnvar t . 'd de real fi
e IcaCIa a 1 .em b argo y desconocer me d Id a aseguratona de los derechos.
su realidad
ontológica
de
'
Por ello, voto por la negativa.
Consideramos errónea la doctrina sentada or q u e h ace mento. ' solamente de las apariencias y no de la realidad~ .En efecto, la solución propuesta instituye un medio 't' ~encll10 de frust.rar legítimamente el embargo trabado P:o~cr~c:~ fnmueble. Proc~dlendo a la enajenación del mismo quedan aniquiladas as ~onsecuencIas normales que se siguen de su traba 1d d
::a l d e~lea~~obflIgaclOn. Jte
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un lado se violenta el derecho constitucional de pr~;i:~~~ ~;lma, pr: y por el otro, se consagra el enriquecimiento sin causa del de~~~a~¿. As~~1ismo, hay falencias de interpretación en cuanto a 1 f d a un a.. mentaclOn por analogía que ad op tI'a a camara utIlIzando como soporte la institución h'IpOt. ~~ana, puesto que ~ambién en este último derecho real no existe i Imento para reflejar en la cobertura la actualización del capita~re
Haciéndono~ eco de .las ex~resiones de Alterini 68, al int en:o.gan~~ de S}es pos~ble la mdexación en ausencia respondiendo de cláusulas de ~oad~l~e la recta interpretación del citado texto legal ~~~a:~\~;~o:¿ saJI~os e entre los accesorios que participan d~ . ~ ereses las se~dades hipotecanas constituidas para ese crédito La adm' " ISlOn d e1 reajuste de la deuda dineraria en el cas d ',. aceptad~ a partir del plenario "La Amistad c~nt~~~:rt~~lmem~nte funda~e~t.al de encasillar la depreciación mon~tari~¿~t~~ ~~ ~~:~IS~ se interJ?retó que la cuenta resarcitoria que debfan:~~erJufc~os'lues ar e eu or moroso se mtegra con la pérdida d 1 d e P o er a d qUlSItIVOde la moneda con la cual saldaría su débito S . ob re esa b ase el acreedor hi p ot ecano. t am b Ien prolonga su garantía a las consecuencia~ " '"
67 Las VII J amadas de Dere h C' '1 reunl . as d ~n ~uenos ~res del 26 al 29 de septiembre de 1979 han difun~i~o l:~ garantIa hipotecana se extiende al monto de la actualización concedida' d~ . la del Código Civil (JA, t. 1979-N J~ ~~~_~~~t~confunda~~nto;nelart.31l1 cláus~/~f de esta bi lz'zación y el p~¿~cipio de estab:z~~r;::~~aJ~o~i:ot:c:)~bre Las r. E D ,. t S 4 , ps. 799-S15.
PREVENTIVO
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dañosas del deterioro del valor real de la moneda en que está expresado el crédito. Pero, esencialmente, existe una regulación proces.al integrada y homogénea de las medidas precautorias, con aptitud suficiente para afrontar el tema. El decreto de una providencia cautelar sólo tiene sentido en tanto y en cuanto, luego de los indispensables trámites del proceso de cognición, el mandato legal individualizado quede garantizado en su real dimensión. No es concebible, en efecto, una medida precautoria que se desvincula del marco en el que ha sido emitida y que, cobrando vida propia, independiente y extraña al juicio principal, se inserta en un ámbito distinto al mismo. Si por definición la cautela es un anticipo de la jurisdicción, es impensable una medida que a la postre no ha anticipado casi nada de lo que la sentencia de mérito ordena. De otra manera, la clásica caracterización de Calamandrei, universalmente aceptada, en el sentido de que las resoluciones de carácter precautorio no constituyen un fin en sí mismas sino que están ineludiblemente preordenadas a la emanación de una ulterior providencia definitiva, cuyo resultado práctico aseguran preventivamente, no sirve ya para nada. El arto 218 CPN, precisamente, asegura al embargante el derecho de cobrar íntegramente su crédito, y conforme al arto 214, el propietario del bien queda sometido al deber de abstenerse de todo acto jurídico o físico que pueda provocar la disminución de la garantía, bajo pena de las graves consecuencias que marca el arto 217. En última instancia, la solicitud de levantamiento del adquirente implica una petición de sustitución del objeto del embargo: la suma nominal en lugar del bien. En tal supuesto, el embargante puede legítimamente oponerse a la sustitución si acredita que los bienes ofrecidos no resultan manifiestamente suficientes para cubrir el crédito o el interés reclamado en eljuicio (art. 203). Por las razones expuestas consideramos que deben ser preferibles estos otros decisorios que sientan opiniones contrarias al fallo plenario: El artículo 1174 del Código Civil, si bien establece que pueden ser objeto de los contratos las cosas embargadas, deja a salvo el perjuicio que del mismo resultare a terceros, de ahí que la garantía que ofrece el embargo de una cosa abarca no sólo el monto nominal de la medida, sino también la depreciación monetaria correspondiente, la que cabe ser considerada dentro de los daños y peIjuicios que resultaren a terceros, dejados a salvo por el citado artículo (CNCiv., Sala C, 30/10/80, JA, Rep. 1981, p. 274, n° 106; ED, t. 92, p. 166). La garantía que ofrece el embargo de una cosa abarca no sólo al monto nominal de la medida, sino también la depreciación monetaria correspondiente, en razón de que la moneda ha dejado de ser un patrón
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MEDIDAS
CAl/TELARES
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estable de valores, de manera que cuando ha transcurrido un tiempo de la traba el monto de los embargos preventivos debe ser actualizado y reajustarse automáticamente, a fin de evitar los continuos pedidos de ~~pliación durante la tramitación de los juicios con el dispendio de ac.tIvIdad que epo ~carrearía y el consiguiente engorro y entorpecimIento en el ambIto de los Registros, no debe olvidarse que el em?argado es responsable de valores constantes, es decir que está oblIga~o a pagar el ~ismo monto originariamente adeudado, sólo que traducIda esa cantIdad, por el transcurso del tiempo, a guarismos actuales a los efectos de evitar que el acreedor se vea perjudicado frente al hecho público y notorio de la depreciación monetaria, con lo cual no se provoca una situación de inseguridad sino que sólo se pone coto a la inseguridad preexistente, revelada por el hecho mismo de la depreciación, encontrando fundamento ese reconocimiento de la actualización en los principios de equidad y justicia. Este criterio no violenta el sistema publicístico de la ley 17.801 del Registro de la Propiedad Inmueble, puesto que quien adquiere un inmueble embargado judicialmente sabe de antemano (desde luego cuando ha sido debidamente registrado) que el bien se encuentra afectado y que por imperio del ejercicio de la facultad jurisdiccional otorgada por la Constitución al Poder Judicial, el juez es la única persona que podrá disponer su cancelac.i~n cuando así lo aconsejan los intereses enjuego. El principio de publIcIdad se configura con la anotación del gravamen en el Regi.stro, constituyendo el te~a del monto del embargo una concepción partIcular que excede la finalIdad que tuvo en cuenta el legislador con la creación de la ley. Tampoco se contraviene el principio de especificidad por cuanto la garantía que ofrece el embargo abarca no sólo el mont¿ nominal de la medida sino también la depreciación monetaria correspondiente, pues la indemnización no constituye un accesorio del capital, pues es más que eso, es el capital mismo expresado al presente (Cap. Civ. y Trab., Villa María, 19/5/83, LL, t. 1983-C, p. 427)69. 69
En este precedente (al igual que en los votos minoritarios del plenario de
la Cám. Nac. Com.), se hace expresa mención de que la doctrina difundida tiene virtualidad solamente para el supuesto contemplado del adquirente de buena fe que sustituye el embargo mediante el depósito de la suma por la cual fue trabada la medida, mas no se extiende en forma general con respecto a las relaciones de los sucesivos embargantes entre sí, lo que se justifica en estos términos. Distinta es la situación del derecho de preferencia otorgado al primer embargante, frente a los embargantes posteriores, que se circunscribe solamente al monto de la traba. El~o. obedece a que dicha preferencia nace del embargo, no del crédito que lo ongma, de ahí las consecuencias prácticas diferentes que resultan con respecto a la sustitución de embargo pretendida por un adquirente de buena fe del bien el que participa de la naturaleza del crédito cuyo monto garantiza, y si el deudo; no puede sustraer la cosa de las resultancias del juicio, menos puede hacerla el tercero en s~ carácter de suceso.r particular del bien, porque nadie puede adquirir sobre un objeto un derecho mejor y más extenso del que tenía aquel de quien lo
13. Sustitución
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y limitación
217
del embargo.
El CPN alude a la sustitución del embargo en el arto 535, en los siguientes términos: "El acreedor no podrá exigir que el embargo recaiga sobre determinados bienes con perjuicio grave para el deudor, si hubiese otros disponibles. Serán aplicables, además, las normas establecidas en el capítulo relativo a las medidas cautelares en cuanto fueren pertinentes. Si los bienes muebles embargados formaren parte de un establecimiento comercial o industrial, o fueren los de uso de la casa habitación del deudor, éste podrá exonerarlos del embargo presentando otros bienes no gravados, o que, aun cuando lo estuvieren bastaren manifiestamente para cubrir el crédito reclamado". Se ha señalado que el principio que inspira las normas que autorizan la sustitución de medidas cautelares es doble: por una parte, que se mantenga adecuadamente protegido el crédito que garantizan, y, por la otra, que no se cause innecesariamente peIjuicio al deudor (CNCiv., Sala B, 29/10/80, ED, t. 98, p. 824). En el mismo sentido se ha dicho que la sustitución es norma general en materia de medidas cautelares, a los fines de prevenir posibles perjuicios, a condición de que se garantice eficientemente el derecho del acreedor, debiendo los nuevos bienes, por lo tanto, ser suficientes para responder al derecho asegurado y las costas (C1aCC Mar del Plata, LL, t. 130, p. 724, n° 17.157-8). N ada obsta a que la sustitución sea otorgada aun cuando la medida se halle consentida (CNCiv., Sala E, LL, t. 91, p. 343; CNCom., Sala C, LL, t. 136, p. 1041, n° 21.930-S; ED, t. 28, p. 117). La carga de acreditar el valor real de los bienes ofrecidos a cambio de los embargados recae, obviamente, en el deudor (CNCiv., Sala F, LL, t. 124, p. 1137, n° 14.897-S; CNCom., Sala B, LL, t. 117, p. 802, n° 11.322-S). Atendiendo a que en los procesos de ejecución el embargo procura, en última instancia transformar los bienes afectados por la medida, a través de su venta, en una cantidad de dinero, cualquiera sea la índole de tales bienes, corresponde acceder a la sustitución cuando el deudor la peticiona juntamente con la realización de un depósito en dinero efectivo (CNCiv., Sala D, ED, t. 4, p. 680)1°. El depósito debe cubrir, necesariamente, la cantidad reclamada, los intereses y costas. adquiriera (arts. 3266 y 3270, Cód. Civil). No compartimos la diferenciación entre uno y otro supuesto, porque las razones procesales indicadas en el texto se hallan presentes en ambos, y porque importa además un tratamiento violatorio de la garantía de igualdad. 70Cfr. Alsina, Tratado... cit., t. V, p. 254.
218
MEDIDAS
CAUTELARES
Es requisito necesario que los bienes ofrecidos en sustitución sean de fácil realización (C1aCC Tucumán, LL, t. 123, p. 292, n° 14.088-S). De más está decir que su valor debe cubrir, en forma manifiesta, el monto del crédito ejecutado: No procede sustituir el embargo trabado sobre un inmueble libre de gravámenes, por el de otro gravado con una hipoteca en primer lugar, que puede resultar insuficiente (CNCiv., Sala F, LL, t. 114, p. 845, n° 10.135-S). La reducción o limitación del embargo procede cuando la medida se ha trabado sobre bienes cuyo valor sobrepasa notoriamente el crédito reclamado. Por ejemplo, si se traba embargo sobre diversas cuentas corrientes bancarias del ejecutado y luego se comprueba que el saldo de una de ellas es suficiente para cubrir el monto de dicho crédito, es obvio que no podrá negarse la petición de limitar la medida a esa sola cuenta, con exclusión de las otras. Se ha señalado, en este sentido, que si la reducción de los embargos en la medida decretada cubre satisfactoriamente el importe del capital reclamado por el ejecutante y la suma presupuestada por el juzgado para responder al pago de intereses y costas encontrándose, en consecuencia, suficientemente garantizado el derecho del actor, no existe motivo alguno que justifique el mantenimiento de las demás medidas adoptadas con este mismo objeto (CNCom., Sala A, LL, t. 129, p. 577). 14. Levantamiento del embargo.
Ampliación.
a) Levantamiento.
Cuando la medida se ha trabado sobre bienes inembargables (cfr. infra, parág. 16), el embargo puede levantarse: 1°) A pedido del deudor, y aun de oficio por el órgano jurisdiccional; 2°) a pedido de un tercero que invoque y justifique la propiedad de los bienes embargados. En la primera hipótesis el levantamiento es viable "aunque la resolución que lo decretó se hallare consentida" (art. 220 CPN): La circunstancia de que los bienes embargados se encuentren en poder del martillero y que, en consecuencia, deba considerarse que el embargo ha sido consentido por el deudor, no priva a éste de solicitar su levantamiento (CNCom., Sala A, LL, t. 121, p. 697, n° 13.218-S), y en cualquier estado del proceso anterior a la venta de los bienes 71. 71 Podetti-Guerrero
Leconte,
Tratado...
cit., t. VII-A, p. 232.
EMBARGO PREVENTIVO
En la segunda hipótesis, en pretensión de tercería de dominio de aquéllos (art. 97 CPN), o bien, tamiento del embargo sin deducir por el arto 104.
219
cambio, el tercero debe plantear la antes de que se confiera la posesión si fuere el caso, peticionar el levantercería en las condiciones previstas
Jurisprudencia. Si quien recaba el levantamiento del embargo no reviste condición de acreedor ni de deudor, tratándose de un tercero, no le asiste derecho para formular la petición de que se trata, sin que sea dable extraer conclusiones en beneficio del traslado corrido al actor e in contestado por éste, puesto que su actuación, eventualmente, debió enderezarse por la vía del artículo 104 del Cód. Procesal (art. 203, Cód. Procesal; Colombo, Código Procesal Civil y Comercial, ed. 1969, t. lI, ps. 228 y ss.; Morello y colaboradores, Códigos Procesales, la ed., t. IlI, p. 101) (C2aCC La Plata, Sala 1, causa B-38.162, reg. int. 8/74). b) Ampliación. Nada obsta a que el acreedor, en el supuesto de insuficiencia o pérdida de valor experimentada por los bienes respecto de los cuales recayó la medida, requiera la ampliación del embargo, previa justificación de tales circunstancias. También se encuentra habilitado para solicitar la medida en los casos en que hubiese obtenido la ampliación de la ejecución (arts. 540 y 541 CPN) o se hubiese interpuesto una tercería de dominio o de mejor derecho (art. 102). Con respecto a la prioridad de cobro que el primer embargo crea a favor del embargan te, se ha señalado que las ampliaciones no pueden hacerse efectivas sino después de los embargos anotados con anterioridad, por importar uno nuevo. Se ubican, así, en el tiempo y al efecto de las prioridades, luego de los inscriptos a posteriori de la traba original (CNCiv., Sala B, 8/9/70, LL, t. 141, p. 711, n° 25.775-S; CNCom., Sala B, 22/6/73, JA, t. 1974-21, p. 395; ED, t. 51, p. 504; LL, t. 155, p. 714, SUID.236). Lo contrario, se ha agregado, acordaría un derecho excesivo en violación de las propias reglas de preferencia y en pugna con lo normado por el artículo 592 del Cód. Procesal(CNCom., Sala A, 8/8/80, LL, t. 1981C, p. 78, con nota).
220
MEDIDAS CAUTELARES
15. Jurisprudencia
complementaria
(embargo).
a) Generalidades.
El concepto clásico de embargo consiste en un estado jurídico de in disponibilidad y sujeción de uno o más bienes del eventual deudor que en lo esencial se traduce en la abstención de todo acto físico ~ juríd~co que disminuya la garantía que el bien significa, y en la dependencIa de él al órgano jurisdiccional (CPCC Tucumán , 1/9/80 ,..l'1., .lA t. 1981-Il, síntesis, p. 59). ~l bien suj:to a embargo queda sometido a un régimen legal especIal, que oblIga al dueño de aquél a abstenerse de todo acto jurídico o físic.o qu~ di.sm.in~ya tal garantía del acreedor. Ello constituye una segurIdad JUrISdICCIOnal que no es sólo de probabilidad de cobro sino de certeza, pues se requiere autorización judicial para poder disponer del bien (CS, Fallos, t. 287, p. 108). El embargo procede en todos los casos en los cuales se cumplen Jos I?r:supuesto~ legales, sin prescindir de ninguno de ellos y sin admItIr presuncIOnes sobre su existencia (CNCiv., Sala C, 27/5/91, LL, t. 1992-E, p. 579). El reconocimiento extrajudicial efectuado por los demandados con respecto a una fracción de la deuda, no constituye el fundamento suficiente para decretar la traba de un embargo (CNCom., Sala D, 3/4/92, LL, t. 1992-E, p. 579, J. Agrup., caso 8312). Si fol0existe d:cisión de primera instancia sobre la liquidación ya sustancIada, la Camara carece de los elementos para pronunciarse sobre la procedencia del nuevo embargo pedido en los términos del arto 203, ap. 1°, del Cód. Procesal, por lo que este pronunciamiento deberá efectuarse en la instancia de grado previo (CNCiv., Sala B, 19/11/90, LL, t. 1992-E, p. 580, J. Agrup., caso 8316). Si el e.mbargo dispuesto es susceptible de ocasionar perjuicio, y no , dandose nmguno de los supuestos del arto 200 del Código Procesal la medida cautelar dictada debe serIo bajo caución real (CNCiv., Sal; E, 23/5/90, LL, t. 1992-E, p. 580, J. Agrup., caso 8315). Si las encontradas posiciones de los sujetos en pleito dan cuenta de que para .dirimir el c~nflicto será necesario dilucidar el derecho que c~da parte mvoca medI~te la sustanciación del proceso correspondIente, no puede ser admItIda la pretensión de la sindicatura de trabar un embargo preventivo sobre un buque (CNCom., Sala E, 6/6/92, Rep. LL, t. 1992, p. 758, n° 4). El embargo procede cuando la verosimilitud del derecho resultare de una confesión (expresa o tácita), pero vertida judicialmente (CNCom., Sala D, 3/4/92, LL, t. 1992-E, p. 579).
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221
Resulta inadmisible trabar embargo sobre un inmueble que consta a nombre de una tercera persona, menos aún con el argumento de que se lo transmitió simuladamente y pretendiendo demostrarlo por vía de incidente (C2aCC La Plata, Sala IIl, DJBA, t. 119, p. 567). Si el bien que se pretende embargar no está inscripto a nombre del demandado, la medida no procede porque quien es titular de un boleto de compraventa tiene un derecho a la cosa y no sobre la cosa, no estando la misma aún en su patrimonio (CNCom., Sala B, 19/5/80, Rep. JA, t. 1981, p. 296, n° 2). El patrimonio del deudor es la prenda común de lo~ acreedores; por tanto los bienes que lo componen son susceptIbles de ser embargados y llegado el caso subastables con las excepciones que la ley determina (art. 2312 y nota, Código Civil). Cons~cuentemente, son embargables los derechos del demandado sobre un mmueble, emanados de un boleto de compraventa, debiendo ordenar el juzgado que se arrime a los autos el instrumento respectivo más los informes que determinan las condiciones de dominio, de ocupación, de gravámenes, etc. (CNCom., Sala A, 11/9/81, LL, t. 1981-D, p. 363). b) Ampliación
del embargo.
En caso de existir en autos un embargo trabado sobre bienes inmuebles, corresponde decretar su ampliación para garantizar el monto total del crédito actual y no ordenar la traba de otro embargo sobre sumas pertenecientes al deudor, siempre que el valor de los inmueble s sea suficiente como para garantizar el cumplimiento de la obligación debida (CNCiv., Sala C, 26/11/91, LL, t. 1992-E, p. 580, J. Agrup., caso 8319). . . Para que proceda la ampliación del embargo debe JustIficarse q,ue no cumple adecuadamente su función de garantía (art. 203, Codo Procesal) (CNCiv., Sala B, 19/11/90, LL, t. 1992-E, p. 580, J. Agrup., caso 8318). .. . Si existe un crédito a favor del ejecutante y no hay lImItacIOnes legales con relación a la amplitud del embargo, aq~él no pued~ ,:er restringido su derecho a mantenerlo por la totalIdad del credIto (CNCiv., Sala C, 15/6/89, LL, t. 1992-E, p. 580, J. Agrup., caso 8320). La circunstancia de haberse trabado embargo sobre cuotas sociales de los deudores, en determinada sociedad de responsabilidad limitada, no obsta a que con posterioridad se decrete otra cautelar sobre un inmueble de aquéllos. Ello es así porque, en tanto no fue justificada la suficiencia de aquella medida, que pesa so?re el deudor, la tutela pretendida por el acreedor no aparece exceSIva (CNCom., Sala B, 23/5/89, LL, t. 1992-E, p. 580, J. Agrup., caso 8321).
222
MEDIDAS
c) Salarios
CAUTELARES
y sueldos.
A la demanda basada en títulos abstractos le resulta aplicable el arto 11, inc. a, del decreto 6754/43, que autoriza la afectación del sueldo en cierta proporción (CNCom., Sala D, 7/8/92, LL, t. 1992-E, p. 227). No cabe extender los beneficios del decreto 6754/43 a los empleados del Poder Judicial, debido a que el arto 1 de este sistema comprende solamente a los empleados y obreros de la Administración Pública nacional, provincial y municipal y de entidades autárquicas, reparticiones que dependen de los respectivos poderes ejecutivos. Por tanto, no procede extender analógicamente este beneficio, pues se trata de una excepción que, en tanto tal, no permite generalizaciones (CNCom., Sala D, 7/8/92, LL, t. 1992-E, p. 227). d) Créditos
o depósitos.
Es viable decretar embargo en depósito en caja de ahorro, plazo fIjo nominativos o transferibles, ya que dichos fondos no están afectados a las relaciones económico-financieras del deudor, sino que por el contrario en la mayoría de los casos suponen reservas al margen de la cuenta corriente y su inmovilización no afecta derechos de terceros (CCC Junín, 9/2/81, expte. 18.209). La traba de embargo sobre créditos o depósitos en forma genérica que, por cualquier naturaleza, pueda tener un sujeto en entidades financieras, sin siquiera individualizar la cuenta, el bien o el derecho sobre el cual se pretende dirigir la medida, resulta improcedente porque viola el principio de determinación del objetó de la cautela que hace a la esencia del embargo, dejándose traslucir una evidente desproporcionalidad entre el fin perseguido y el medio empleado (CNCom., Sala C, 1/8/88, LL, t. 1992-E, p. 580, J. Agrup., caso 8322). e) Bienes
exceptuados
de embargo.
1) Televisor. El televisor y la casetera de video utilizados por un médico psiquiatra para sus labores de terapia sobre pacientes afectados por tabaquismo, alcoholismo y drogadicción deben reputarse como bienes inembargables en los términos del arto 219, inc. 1, del Cód. Procesal (CNTrab., Sala In, 31/10/90, Rep. LL, t. 1991, A-Z, p. 710, n° 25). El televisor es una cosa dispensable, cuya misión específica es procurar diversión o mero esparcimiento, sin que de ningún modo pueda
EMBARGO PREVENTIVO
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considerárselo como un medio destinado a la difusión de la cultura; por lo tanto, es embargable, salvo que el deudor demuestre razones que hagan del aparato una cosa indispensable (CNEsp. Civ. y Com., Sala V, 9/9/88, ED, t. 130, p. 411). 2) Carga de la prueba. Frente a la inscripción registral que hace saber que el inmueble se encuentra excluido del régimen común de responsabilidad patrimonial de su titular, incumbe a quien pretenda ejecutarlo la demostración de que las condiciones que originariamente justificaron el beneficio han dejado de tener vigencia (CS, 3/3/92, LL, t. 1992-C, p. 66). 3) Instrumentos
necesarios para la profesión u oficio del deudor.
Si los bienes sujetos a embargo conforman objetivamente instrumentos necesarios para la profesión, arte u oficio que ejerza el afectado, corresponde aplicar la regla que en torno a su inembargabilidad establece el arto 219, inc. 1, del Cód. Procesal, siendo a cargo del embargante la demostración de que, por su abundancia o características, la afectación de esos bienes no obsta el ejercicio de aquellas actividades (CNCiv., Sala A, 7/9/91, LL, t. 1992-A, p. 462; ED, t. 145, p. 157). Si no se demuestra que las herramientras cauteladas pueden ser suplidas por otras que el deudor tuviese en su taller mecánico, no cabe sino admitir el desembargo requerido sobre la base de lo establecido en el arto 219, inc. 1, del Cód. Procesal y la naturaleza de las cosas embargadas que, objetivamente, encuadran en las necesarias para el ejercicio del oficio del afectado (CNCiv., Sala A, 7/10/91, ED, t. 145, p. 159). 4) Según la índole de los bienes. I) Dieta del legislador. La dieta de los legisladores no es un privilegio parlamentario, sino una mera compensación por los servicios prestados; por ello se encuentra afectada por el régimen de inembargabilidad que atañe a los sueldos de los empleados públicos (decreto 7654/43) (CNCom., Sala A, 27/4/90, LL, t. 1992-B, p. 290). II) Sueldos de las Fuerzas Armadas. Teniendo en cuenta que el personal de las Fuerzas Armadas percibe sus sueldos del Estado y depende en última instancia del Poder Ejecutivo nacional, quien ejerce el comando en jefe de todas las fuerzas, resulta de aplicación el decreto 6754/43 que declara inembargables los
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MEDIDAS CAUTELARES EMBARGO
s~ario.s: jubila.ciones y pe?si~mes de los empleados y obreros de
f:~~~I?IstracIOn, nacIOnal, provIncIal y municipal
y de las entidades
autarqUlcas (CNCom., Sala E, 7/11/88 LL t.1992-E caso 8323). ",.
P 580 ,.J A grup.,
/
f)
PREVENTNO
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Es inadmisible el levantamiento de un embargo solicitado por la vía incidental, cuando la documentación acompañada por el peticionante fuere desconocida por el embargante (CNCiv., Sala B, 7/2/92, LL, t. 1992-E, p. 582, J. Agrup., caso 8337).
Sustitución.
b.NO corresponde la sustitución del embargo trabado en autos por un Ien. de cuando éste no se obliga como princi al a ador ~?- tercero, en sustItucIOn del deudor embargado (CNFed. Cont -aduf II g ., a a 1, 7/ 7/92, LL, t. 1992-E, p. 581, J. Agrup., caso 8327).' g) Levantamiento.
1) Procedencia. . El t.ercero ~erjudicado por un embargo podrá pedir levantamIen.to SIn nece.sIdad de promover tercería, si acreditare de manera efectiva o fehacIe~1te la propiedad o posesión de los bienes según su naturaleza (CNClV., Sala B, 7/2/92, LL t. 1992-D P 582 ,. J A grup., caso 8336). ',. El t~anscurso ?el ti~mpo, sin trabar el embargo decretado en a?-tos, u~Ido a la eXIstencIa de pagos parciales, demuestra el desinteres que tiene el embargante por la medida, lo que permite revocar el embargo decretado (CNCiv., Sala B, 4/7/91, LL t. 1992-E 581 p. ,. J Agrup., caso 8329). " 2) Improcedencia. liminares para pedir el levantamiento U~o de los presupuestos d.e1 em. argo es que el peticionante sea el afectado por la medida , siendo Improcedente que un tercero efectúe tal solicitud (CNC IV., S a 1a B, ED, t. 33, p. 221). Arel~~a la sentencia no corresponde cumplirIa, y por ello no proce d e e ~e Ido de lev~tami~nto de embargo que se formula en mérito a que dIch~ senten<:Ia ha mvalidado la presunción de derecho ue fundamento la medIda cautelar (CCom. Capital 9/6/37 JA t q , p. 887). 58 "., ' Resu~ta correcta la decisión en cuanto no admite el pedido de 1evan.tamIento ~el emba~g~, por encontrarse pendientes de reserva cuestIOnes refendas al credIto que motivara su traba (CNCiv S 1 J ., a a , 4/12/9~, LL, t. 1992-E, p. 581, J. Agrup., caso 8331). . SI el emb.argo trabado lo fue para garantizar el cobro de los honor~nos del pento, con más intereses, costas y desvalorización monetana, no procede ordenar su levantamiento (CNCiv., Sala J 4/12/90 LL , t. 1992-E, p. 581, J. Agrup., caso 8332). " '
h) Derechos
de preferencia
del embargante.
No cabe distinguir entre embargos preventivos y ejecutivos, ya que la ley nada dice al respecto, teniendo derecho de preferencia, cobrando íntegramente su crédito, intereses y costas, el acreedor que ha obtenido él embargo de bienes de su deudor no afectados al pago de créditos privilegiados (salvo caso de concurso preventivo del deudor) (CNCiv., Sala C, 19/3/91, LL, t. 1992-E, J. Agrup., caso 8338). Si el primer embargante amplía la ejecución y se traban otros, el correspondiente al monto cumplido se considera un nuevo embargo colocado después del orden que corresponda a aquéllos. La preferencia existe únicamente respecto del monto por el que se decretó y votó la medida (CNCiv., Sala C, 19/3/91, LL, t. 1992-E, J. Agrup., caso 8339). i) Propiedad
intelectual.
Para la admisión de las medidas que pueden dictarse judicialmente en virtud del arto 79 de la ley 11.723 es necesario que el autor justifique la existencia o verosimilitud del derecho que invoca (CNCiv., Sala C, 24/2/94, LL, t. 1994-C, p. 583, n° 4). Si bien el arto 79 de la ley 11.723 faculta al juez a disponer toda medida que sirva para proteger eficazmente los derechos amparados por la ley sobre propiedad intelectual, el embargo que se ordene debe serIo en función de los intereses en juego y de las constancias arrimadas a la causa. De allí que deba revocarse el auto que ordena un embargo para garantizar los daños, cuya reparación se reclama en autos y que no guarda relación alguna con los eventuales ingresos que pudieren haber tenido las demandadas, por la supuesta utilización y comercialización indebida de la obra en cuestión (CNCiv., Sala B, 15/ 4/91, LL, t. 1992-E, p. 580, J. Agrup., caso 8317). j)
Bien
de familia.
La inembargabilidad de un inmueble inscripto como bien de familia, no puede oponerse a créditos por deudas contraídas con fecha anterior a dicha anotación (CNCiv., Sala E, 25/6/91, LL, t. 1992-E, p. 581, J. Agrup., caso 8333). 15. Medidas cautelares
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MEDIDAS
CAUTELAHES
EMBARGO P¡¡EVENTIVO
k) Bienes
de entidades
Tratándose de bienes sagrados, carácter satisfactoriamente probado, sin que se acreditara su des afectación al culto divino, ellos pertenecen al dominio público y resultan -por ende- insusceptibles de embargo y ejecución forzada (CNCom., Sala E, 30/8/89, LL, t. 1991C, p. 363, con nota de Arturo Juan Figueroa, ED, t. 135, p. 723). l)
Boleto
de compraventa.
Si el origen causal de la medida cautelar (v. gr., la firma de un boleto de compraventa) fue posterior a la anotación de la inhibición general de bienes del deudor, el embargante no puede provocar la cancelación de tal inhibición, pues no se puede adquirir derechos mejores que los del transmitente, quien no pudo disponer de su propiedad domini al sin pagar antes el crédito cautelado por la inhibición (CNCom., Sala D, 27/6/91, ED, t. 143, p. 598). m) Anotación
registral.
Sobre la base de nuestro régimen de publicidad registral (art. 22, ley 17.801), sólo resulta oponible a terceros la traba del embargo por la cuantía que surge de la anotación registral, de modo que la ampliación del embargo inicial resulta desplazada por el crédito del ejecutante, que ha obtenido la inscripción en el intervalo corriente, desde la anotación originaria del embargo hasta la elevación de su monto (CNCom., Sala E, 15/6/92, ED, t. 152, p. 467). El límite garantizado con el embargo inmobiliario es el importe registrado de dicho embargo (CNCom., Sala D, 4/3/93, ED, t. 152, p. 468). La preferencia para cobrar de quienes embargaron opera conforme con la cantidad en que se decretó y anotó la medida; pues tal es el sentido derivado del hecho voluntario del embargante de haber instado el registro del embargo con esas especificaciones (CNCom., Sala D, 4/3/93, ED, t. 152, p. 468). La preferencia del primer embargante, mencionada en el art. 218 del Cód. Procesal, opera en la medida de lo registrado; pues exceder de tal medida importaría invalidar la inserción registral de un monto para delimitar el embargo y no hay base de derecho para ignorar ese aspecto de la inscripción (CNCom., Sala D, 4/3/93, ED, t. 152, p. 468). n) Sociedad
227
públicas.
conyugal.
La circunstancia de que el bien embargado sea de carácter ganancial no justifica la reducción del embargo al cincuenta por ciento,
pues si el bien se halla inscripto. a nombre del dem~ndado, integra su masa de administración ganancial y, en consecuenCIa, responde en su integridad por las deudas contraídas por su titular (CNCiv., Sala F, 26/3/91, ED, t. 143, p. 305). o) Embargo
preventivo.
Por aplicación de lo dispuesto en el arto 212, inc. 3, del Cód. Procesal cuando media condena penal contra el demandado quedan acreditados prima facie los requisitos de procedencia del embargo preventivo (CNCiv., Sala D, 26/11/90, LL, t. .1~92-q, p. 162). Si media sentencia favorable para el peticIOnariO de un embargo preventivo, corresponde hacer lugar a la medida precautoria, a~nque aquélla no se encuentre firme o consentid~. Es una consecuenCIa del arto 212, inc. 3, del Cód. Procesal (CNClV., Sala K, 17/12/90, LL, t. 1991-D, p. 480). . Si al deducir la pretensión que suste?-tó el. embar~o p~e.v~~tIvo que invoca, el acreedor ya conocía la preexIstencIa de la mhIbIcIOn ~e bienes del deudor, no puede pretender que el mero hecho .~e ded~cIr demanda judicial para obtener la satisfacci~n d.e ~u pretensIOn, meJor~ la situación del sujeto demandado, antes mhIbIdo, para. obte~er aSI una satisfacción de su derecho más amplia que la obte.m?le dIrectamente de su obligado, como efecto regular del cumplImIento de la obligación invocada (CNCom., Sala D, 2~/6'/91, ED, t. 143, ~. 598). A efectos de cumplimentar lo requerido por el arto 209, mc: 2,. no resulta imprescindible que los testigos que abonen la firma atribUIda al demandado lo hayan visto firmar (CNCom., Sala B, 14/3/80, ED, t. 88, p. 452). . Cabe señalar, al respecto, que lo que la ley eXIge a 1os fi nes. d e 1a medida cautelar es el abono de la firma por lo menos de dos test~g.os, sin que ello signifique, naturalmente, que esas firmas sean en defimtiva auténticas, para lo cual el interesado tendrá las defensas del. ca~o, que deberá hacer valer en el momento oportuno y sin que e~o ~eIJUdIque la procedencia del embargo, de conformidad con la.s preSCripCIOneS~e~ales, ya que una cosa es la medida cautelar -que se rige por su procedimIento propio- y otra el fondo del asunto, que también ~iene el su~o, pues es bien sabido que el embargo preventivo se autOriza en razon de una presunción que resulta de la apariencia de un derecho, que puede ser luego destruida o confirmada en el curso del juicio (CNCom., Sala A, LL, t. 1981-D, p. 596, n° 36.006-S). . . Si bien es verdad que para el caso d~ q~e el embargo se sohc~t~re en base a un instrumento privado atribUIdo al deudor, e~ COdIgO Procesal exige que la firma que lo s~scri~e sea abon~da por mformación sumaria de dos testigos, tal eXIgencIa ~o constituye una formalidad de la que no pueda prescindirse o suphrse por otra prueba que
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MEDIDAS
CAUTELARES
lle;~ a la convicción del juzgador la presunción de la existencia del credIto cuya percepción trata de asegurarse con la medida cautelar pues basta esa presunción para la procedencia de la medida (CF d' e . Tucum~, 6/6/79, JA, t. 1980-III, p. 874, n° 34). Es I~proced~?te ~a.traba en base a un documento privado que sólo lleva una Impre~lOn dIgItal atribuida al demandado. y si se acompaña un ~ocumento sm ~a fir~a del eventual deudor, aunque se haya producIdo p~eba t?st~momal para justificar que fue redactado por éste, la ~~encIa de arubnca es obstáculo insalvable a los fines de la medida sohcIt~da (C2 CC La Plata, Sala I, 2/8/77, causa B-43.401). SI las letras h~ sido debidamente protestadas cabe admitir que hacen e~ favor del eJ~cutante una razonable presunción de legitimidad, e9Ulparable a la mformación sumaria del inciso 2 del artículo 209 del Cod: Proc~s.al, por lo q~e es procedente hacer lugar al embargo p.rev~ntivo solicItado; se satisface con ello la moderna dirección de la CIenCIapro~esal, comprometida por una mayor amplitud en la concesión ~e las me~Idas precautorias, de flexible adaptación, que no lleve riesgos mnecesanos al. resultado del proceso, a condición -claro está- de una par~~l~ sevendad en la contracautela que salvaguarde el eventual peIJUlClOdel afectado (CNEsp. Civ. y Como Sala III , 18/2/74 LL t 154 p. 145). ' "', El, pagaré c~n cláusula de dispensa de protesto debe ser reputado como titulo suficIente para la obtención de una medida cautelar (en el caso embargo preventivo), sin que sea menester para ello la información de abono que prevé el arto 209, inc. 2, del Cód. Procesal (CeCC B Blanca ., Sala I, 28/4/81, JA, t. 1981, p. 479, n° 27). p) Fallos plenarios
(televisor
color).
En.la causa "Foiguel, Salomón C. Gozainy", la Cámara Civil y Co~er~Ial de Lo~as de Zamora, en pleno, con fecha 3/5/84 consa gr ó la sIguIente doctnna: ' Es embc:r[5able el televisor color que forma parte del ajuar de una casa de famlha. Lomas de Zamora, mayo 3 de 1984. ¿Es embargable un televisor en c~lor, que for~a p~~te del ajuar de una casa de familia, y n~ tratandose de la eJeCUClOnde su precio de compra o saldo del mismo? . El doctor Stefanelli dijo: 1) Desde la manus iniectio y la pignoris capio del primitivo derech? romano, Y.desde la época de la prisión por deudas, se ha ido p.roducIendo evolutivamente una limitación de las facultades persecutonas del acreedor sobre la persona y los bienes del deudor. ~llo. ~omo consecuencia de dos factores fundamentales: 1) la hu~anIzaclOn de las costumbres, insuflada por los principios del cristiamsmo; y 2) la socialización del derecho.
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PREVENTIVO
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Para la doctrina cristiana el hombre, el ser humano, es el valor supremo, a cuya realización plena deben supeditarse todos los demás valores, incluidos el poder político, el poder económico, y mucho más los intereses personales. Para el derecho, con sentido social, por encima del egoísmo ind: vidualista se colocan las conveniencias de la sociedad toda, y de su grupo basal que es la familia. Inclusive, entre nosotros, ''la protección integral de la familia" ha adquirido jerarquía constitucional, por virtud del arto 14 bis, CN. 2) He querido efectuar estas reflexiones previas, de carácter general, para que sirvan de pauta orientadora para resolver la ecuación "derechos del acreedor: obligaciones del deudor"; pues, si bien es indiscutible el derecho del primero a percibir el importe de su crédito, ello no puede ser a costa de comprometer una subsistencia digna y decorosa del segundo, y de su familia, en su condición de seres humanos. Es por eso que el principio de que el patrimonio es la prenda común de los acreedores está experimentando en el derecho contemporáneo cada vez mayores limitaciones, en aras de los superiores intereses a que antes me he referido. Al respecto, puede verse la larga lista de bienes excluidos de la garantía común en Borda, Tratado..., Parte general, 6a ed., Perrot, Bs. AB., t. 2, ps. 18 y ss., n° 747; Salvat, Tratado..., Parte general, TEA, Bs. AB., 1954, t. 2, ps. 44 y ss., nOS1358 y ss.; Spota, Tratado..., Parte general, ed. Arayú, Depalma, Bs. As., t. 1, vol. 35, ps. 692 y ss., n° 1764. 3) Llegados así a la cuestión que motiva este plenario, he de adelantar mi opinión en sentido negativo, de conformidad con los precedentes de la sala que integro. Dispone el arto 219 del Cód. Procesal, en consonancia con el arto 3878, ap. 2°, del Cód. Civil, que: "No se trabará nunca embargo: 1) En el lecho cotidiano del deudor, de su mujer e hijos, en las ropas y muebles de su indispensable uso ni en los instrumentos necesarios para la profesión, arte u oficio que ejerza...". Aquí es menester poner de resalto que el concepto de "indispensabilidad", en la materia que nos ocupa, no es un concepto estático sino dinámico; no permanece inmutable sino que evoluciona al compás del confort y nivel de vida que alcanza la sociedad, como resultado de los progresos de la tecnología moderna. Además, no puede interpretarse con un criterio excesivamente restrictivo y riguroso, pues, si así no se hiciera, debemos convenir que nada sería absolutamente indispensable. Por el contrario debe seguirse, a mi juicio, una línea hermenéutica de razonabilidad y, de conformidad con ella y con lo antes expresado, entiendo que ha de considerarse "indispensable", a los fines que nos convocan, todo mueble, objeto o artefacto que, sin ser suntuario, sea de uso generalizado en una comunidad y en un momento determinado,
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MEDIDAS
CAUTELARES
y que satisfaga exigencias de una vida decorosa y digna del deudor y de su familia. En ese orden de ideas el televisor, en el presente, se encuentra en esa situación, pues es un vehículo importante de información, de cultura, y de esparcimiento del grupo familiar. A ello debe agregarse que, en la campaña, en zonas de frontera, o en latitudes remotas, es el único medio de contacto con el propio país e, inclusive, en algunos casos, con la civilización. Eso sentado, pienso que no hay razones valederas para distinguir entre un televisor en blanco y negro y el televisor en colores, desde que la función que desempeñan el uno y el otro es la misma: y si una familia en lugar del primero ha optado por el segundo -cuyo uso, por otra parte, se va generalizando--, no se le puede privar de ese medio de comunicación, de cultura, de recreación, y hasta de motivo de reunión del núcleo doméstico, sin caer en un distingo demasiado sutil que no se compadecería con las ideas rectoras que he venido desarrollando. 4) Por las consideraciones expuestas, a la cuestión que motiva este plenario, voto por la negativa. El doctor Little dijo: Me corresponde pronunciar sobre la cuestión sometida a este plenario en segundo término y es por ello que debo señalar ab initio que comparto los fundamentos que integran las advertencias preliminares de mi colega preopinante pero, disiento en cuanto a la conclusión a que arriba, lo que desde ya anticipo. El debate entablado tiene su fundamento en que, por una parte, el titular de un crédito, que lo concedió en virtud de que es norma impuesta que el patrimonio es garantía de los acreedores, mientras que por la otra, el solvens pretende evitar que se le enajenen forzadamente aquellos bienes que hacen a las condiciones mínimas de su existencia (arts. 3878, Cód. Civil, y 219, Cód. Procesal). La cancelación de esos intereses contrapuestos hace necesaria la protección de ambos, tanto sea de las relaciones patrimoniales, como la salvaguarda de la dignidad de la persona humana, tarea ésta que indudablemente incumbe a la justicia. Ello así, pues, dado que se eliminó la ejecución personal del deudor ante el incumplimiento de su obligación, surge como única alternativa la del patrimonio del deudor como garantía común de los acreedores. Este principio surge de adecuar diversas normas dispersas y no de una específica (Salvat, Parte general, t. 2, p. 46). Cabe citar las disposiciones del arto 505, inc. 3, del Cód. Procesal, que otorga al acreedor el derecho a ser indemnizado. Pueden señalarse también los fines que persiguen las acciones revocatorias, de simulación y subrogatoria por las que se posibilita, por
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ser su garantía, que un bien del deudor reingrese a su patrimonio o que ese bien se compute por no haber salido nunca de él o incrementarlo frente a la pasividad de su titular (arts. 955, 960, 961, 964, Cód. Civil). Todas estas disposiciones resultan fundamento doctrinario del principio enunciado, el que no puede convertirse en absoluto pues por razones humanitarias, ciertos bienes han sido excluidos. Dicha exclusión se complementa con las disposiciones de la ley de rito (art. 219, inc. 1, Cód. Procesal), orientada en el mismo sentido por normas especiales que han dado a la institución perfiles propios (art. 219, inc. 3, Cód. Procesal; ley 10.284; dec.-Iey 14.682/46; ley 14.394, arto 34; ley 13.246, arto 15; ley 9688, arto 13; leyes 11.729, 12.339, 9511, 10.650, 11.110, 11.575, 12.581, arto 374, entre otros). Todas ellas, sin embargo, parten de un denominador común, al otorgar la excepcional protección contra la acción de los acreedores, fundándose en la necesidad que tiene el titular del bien en cuestión o su indispensabilidad para su subsistencia. De allí que se establezca por este medio un límite objetivo a la aplicación de aquel principio, al que debe agregarse toda la casuística jurisprudencial creada en su contorno. La inembargabilidad de los bienes puede apoyarse entonces válidamente también en el beneficio de competencia por el cual el deudor paga lo que buenamente puede (arts. 799 y 800, Cód, Civil). En definitiva, entiendo que pueden integrarse una serie de principios que sirven de fundamento doctrinario al valladar de la inembargabilidad, que puede sintetizarse en los de humanidad, modesta subsistencia, necesidad e indisponibilidad, sin dejar de lado aquellos que se nutren en la dignidad y en la justicia misma, cuyo cenit es la equidad (Fernández, Código de Procedimiento, p. 302; Salvat, ob. cit., t. n, p. 56, LL, 80-204). Para llegar al concepto técnico procesal de indispensabilidad de un bien, la jurisprudencia ha construido la solución por dos vías; una es la subjetiva, cuando se subordina el tema a la condición social del deudor (Alsina, Tratado..., t. V, p. 79), mientras que la visión objetiva toma como apoyo de su conclusión el nivel medio de vida (Fassi, Código de Procedimientos, t. I, p. 366). Cabe señalar que siempre esta idea de indispensabilidad se contrapuso absolutamente con la de suntuosidad (Salas, Código Civil comentado, t. nI, p. 243; JL, t. n, 31-2222). En torno a estas ideas, el televisor ha sido siempre una cuestión en discusión en cuanto a su embargabilidad, lo que ha sido superado en la actualidad en lo que respecta al televisor blanco y negro, al considerarlo parte del contenido del nivel medio de vida de la familia actual, lo que se logró mediante la adecuación jurisprudencial a la "standarización" actual del medio.
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MEDIDAS
CAUTELARES
Pero no. res~lta así en lo referente al televisor color, pues tanto por el valor mtrmseco del mismo, como por su reemplazo totalmente eficaz por uno blanco y negro, lo coloca por ahora en un estamento distinto y, por ende, no puede ponerse valladar válido al acreedor que sobre él viabilice su crédito (Marcelo Patricio de Olmos Inembargabilidad de bienes muebles de indispensable uso, LL, 1983~C-986). Parece injusto mantener en poder del deudor, quebrantando con ello normas de justicia y moral pública, tan valioso enser, cuanto que su reemplazo se logra fácilmente por otro de muchísimo menor valor y de. igual finalidad siendo que ello coincide con aquel principio que sostIene. se ha de mantener en manos del deudor moroso, sólo lo que le permIta su modesta subsistencia digna. Es por ello que entiendo debe hacerse lugar al embargo del televisor color, por las razones antes expuestas, por lo que voto por la afirmativa. El doctor Cerutti dijo: En atención a los argumentos desarrollados por mi colega preopinante, doctor Little, en el voto precedente, adhiero al mismo en todas sus apartes. Voto en consecuencia por la afirmativa. El doctor Lusardi dijo: A mi modo de ver, el carácter indispensable no está determinado por la difusión que el uso de determinado bien haya alcanzado sino que se relaciona con su condición de imprescindible en razón 'de la función que está llamado a cumplir dentro del normal desenvolvimiento de un hogar de mediano nivel de vida. Los televisores en colores están destinados a satisfacer -de una manera indudablemente mejor- las mismas necesidades informativas, culturales, educativas, recreativas y de difusión que los aparatos en blanco y negro. No pueden, entonces, hacerse distinciones en cuanto al carácter de su utilización. . Si bien el precio de los cromáticos es sensiblemente mayor que el de los blanco y negro -algo más del doble-, no es superior al de otros artefactos electrodomésticos indispensables como la heladera y el lavarropas, cuyo valor relativo nunca estuvo muy distante del de los segundos, de lo que se deduce que éstos sufrieron la lógica depreciación de su ?bsolescencia. Ergo, no creo que los "TV color" tengan una categoría supenor a la que poseían hasta poco tiempo atrás los hoy ya viejos aparatos de la televisión en blanco y negro, como para poder considerar q~e constituyan en la actualidad una demasía suntuaria, por lo menos mIentras no superen las dimensiones y demás características de un equipo standard, es decir, de lo común y corriente en plaza. Por las razones expresadas mantengo mi opinión coincidente con la del doctor S~efanelli, cuyas consideraciones comparto totalmente y, en consecuencIa, me pronuncio por la negativa.
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El doctor Lorenzo dijo: En coincidencia con los fundamentos expuestos por el doctor Stefanelli, que se expide en primer término respecto a la cuestión aquí planteada, e igualmente respecto a la adición que a los mismos expone el doctor Lusardi, me expreso asimismo por la negativa. El doctor Lugones dijo: Adhiero al voto del doctor Little, al que sólo he de agregar una breve precisión. Por de pronto, comparto en plenitud lo expuesto por el doctor Stefanelli respecto a la humanización de las costumbres y la socialización del derecho. Pero, como ya he anticipado, me permito discrepar con la conclusión alcanzada. En mi opinión, la existencia de aparatos en blanco y negro define a la "TV color", inevitablemente, como suntuaria. Además, declararla inembargable -no obstante su elevado valor actualimporta una sobreprotección del deudor, en el sentido psicológico del vocablo -la sobra de medios no favorece la vidaque, al materializarse a expensas del acreedor genera, en definitiva, un doble perjuicio. Voto por la afirmativa. El doctor Petterer dijo: Exhaustivamente analizan los distinguidos magistrados a los que les correspondió emitir su voto primeramente en el acuerdo plenario en que le ha tocado intervenir al suscripto, la evolución que ha tenido el principio de la embargabilidad o no, de ciertos bienes. Se han agotado las citas legales correspondientes al tema en debate, por lo que limitaré mi voto a lo que hace estrictamente a la cuestión: ¿es embargable el televisor color? ¿Puede considerarse que el televisor color es un bien mueble de uso indispensable? Se ha hablado de la humanización de las costumbres, de la socialización del derecho, del principio de que el patrimonio es la prenda común de los acreedores, ya lo que ha de considerarse de "indispensable" uso como mueble, objeto o artefacto, teniendo en cuenta su uso generalizado en una comunidad, y en un momento detenninado, y que satisfaga exigencias de una vida decorosa y digna del deudor y de su familia. Indudablemente, para resolver este problema debemos intentar hacerla ubicándonos en un justo equilibrio, para no favorecer a una de las partes en desmedro de los justos intereses de la otra, pues de un conflicto de intereses se trata, el interés del titular de un crédito contrapuesto al del deudor que pretende evitar se le enajenen forzadamente ciertos bienes. Como ya fuera puntualizado por el magistrado que votara en segundo término, lo de indispensable se contrapone a la idea de suntuosidad. Un bien es indispensable cuando su uso se encuentra generalizado en una comunidad según su nivel medio de vida.
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MEDIDAS CAUTELAnES
La indispensabilidad debe vincularse a la "standarización" del uso y no a la necesidad. En esa inteligencia es que considero que el aparato de televisión que transmite imágenes en colores es embargable. Estimo que así se protegen tanto los derechos del acreedor como los del deudor, ya que éste puede, sin menoscabo de su subsistencia digna y decorosa, reemplazar el televisor color por uno blanco y negro. No entiendo cómo puede existir vida digna y decorosa si no se pagan las deudas. La suntuosidad debe ceder ante lo que debe ser de cumplimiento obligatorio, para toda persona que se precie en su dignidad y honor. Por todo ello es que, para el suscripto, el televisor color es embargable. Así lo voto. De conformidad a lo que resulta del acuerdo plenario que antecede, se establece que el televisor color que forma parte del ajuar de una casa de familia es embargable. - James A. Little. - Roberto L. Cerutti.Roberto A. Lugones. - Aldo D. R. Petterer. En disidencia: Luis M. Stefanelli. - Horacio A. Lusardi. - Santiago E. Lorenzo (Sec.: Raúl N. Martínez Grossio). En el mismo sentido de la embargabilidad del televisor color se pronunció la Cámara la Civil y Comercial de Mar del Plata, en pleno, con fecha 27/7/89, en la causa "Denesenschi, Aldo c. Llamazares de Santa Eduviges, D.". Mar del Plata, 27 de julio de 1989. Reunidos en acuerdo plenario los jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial Dpto. Judicial Mar del Plata, para resolver: "Si es procedente el embargo del televisor". El doctor García Medina dijo: Se trata de decidir si procede el embargo del televisor color, acerca de lo cual existen pronunciamientos encontrados de las dos salas. En forma reiterada me he pronunciado por la inembargabilidad de los efectos mencionados, en mérito de lo que determina el arto 219 de la ley procesal (no se trabará nunca embargo sobre los muebles de uso indispensable del deudor). En esta materia debe presidir un criterio circunstancial, de acuerdo a las valoraciones sociales y económicas de la época en que se vive, debiendo señalarse que el concepto de "indispensable" se ha ido ampliando en forma paulatina de acuerdo a la elevación progresiva del nivel de vida de la población (Morello y otros, t. III, p. 184). Conforme, pues, al nivel cultural medio de la población y a sus necesidades mínimas, atendidas las exigencias de niños, ancianos, etc., debe considerarse que un calefactor, por ejemplo, o un televisor, han de reputarse inembargables, máxime en presencia del encare-
EMIJARGO
PREVENTIVO
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cimiento sustancial de otros esparcimientos, al punto de ser inaccesibles (cine, teatro, revistas y diarios). Éste es el sentido que orienta mi voto. El doctor Spinelli dijo: Debo coincidir con el voto que abre el acuerdo en cuanto manifiesta que en la materia sometida a decisión "debe presidir un criterio circunstancial, de acuerdo a las valoraciones sociales y económicas de la época en que se vive", así como también es correcto lo sostenido respecto a que el concepto de "indispensable" de que habla el arto 219 del Cód. Procesal se ha ido ampliando en forma paulatina de acuerdo a la elevación del nivel de vida, pero sin embargo discrepo en lo que hace a la conclusión final de dicho voto en cuanto excluye al televisor entre los bienes susceptibles de ser embargados. Considero que partiendo de la base -clásicade que el patrimonio del deudor es la prenda común de sus acreedores, todos los bienes que lo integran son, en principio, embargables, y las excepciones señaladas por la ley deben ser consideradas con criterio restrictivo; igualmente, la evolución de que se ha hablado en el párrafo anterior, debe ser medulosamente considerada pues se llegaría, por esa vía -al ir aumentando cada vez más la lista de inembargablesa privar al acreedor de la posibilidad de hacerse de su acreencia en función de amparar el mejor confort, que privaría en favor del mal pagador. En ese orden de ideas, entiendo que el televisor es un bien que no es, ni mínimamente, indispensable sino que hace, sí, a un mejor estilo de vida, pero al que debe aspirarse cumpliendo, primero, con las obligaciones contraídas; excluyo, pues, al televisor, de la excepción consagrada por el arto 219 del Cód. Procesal. Voto por la afirmativa. La doctora L. de la Colina dijo: Adhiero al voto del doctor Spinelli, siguiendo el criterio reiteradamente expuesto en disidencia, como integrante de la sala II: el televisor no puede estimarse un bien de uso indispensable conforme lo prescribe el arto 219 del Cód. Procesal, y por ende, es embargable (causas nOS71.364,65.813, 71.743, 69.651 entre otras). El doctor de Carli dijo: Por los fundamentos dados por el doctor Spinelli, que comparto plenamente, adhiero a su voto. El doctor Martino dijo: Reiteradamente me he pronunciado por la inembargabilidad del televisor, considerándolo comprendido entre los bienes que determina el arto 219 del Cód. Procesal. Vuelvo a expresar ahora los fundamentos -harto conocidos- que sustenta tal posición. Pienso que ya no puede considerárselo suntuario de acuerdo a los valores sociales y económicos de la época en que se vive. De todos modos, el fundamento de la inembargabilidad de ciertos
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MEDIDAS
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bienes está dado por ser su uso de carácter indispensable en el desenvolvimiento del hogar, más que por su condición de suntuarios o no suntuarios, debiendo considerarse asimismo como medida para determinar la exención del embargo, el nivel medio de vida de la población (CPCC La Plata, Sala n, causa n° 139.138, reg. int. 478/69). Asimismo corresponde tener presente que la ratio legis de la norma tiende a proteger no sólo al deudor sino a su núcleo familiar, es decir, a la cónyuge, hijos y personas que se encuentren bajo el amparo y protección de aquél (Morello, Berizonce y otros, Códigos Procesales, t. n-c, p. 766). Por otro lado, el concepto de "indispensable" ha ido paulatinamente ampliándose por la jurisprudencia conforme la elevación progresiva del nivel de vida en los grupos familiares comunes, y en tal orden de ideas todo lo que se considera imprescindible para mantener un mínimo vital para la convivencia hogareña queda excluido del patrimonio como prenda común de los acreedores (Colombo, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, 1969, t. n, p. 314; cracc La Plata, Sala n, causa 140.477, reg. int. 560/69). La calidad de bien indispensable "no significa aquello de que no pueda prescindirse en absoluto, sin llegar a extremos rayanos en la indigencia, que repudia al postulado de humanización del proceso", sino que, conforme al diccionario de la Academia, indispensable es también aquello que "es muy regular que suceda", debiendo atenerse a los hechos notorios que exhibe la realidad (LL, t. 143, p. 550, fallo 26.521-S). Por las razones expuestas y las que expone el doctor García Medina en su voto, las que comparto, y teniendo en cuenta que el televisor constituye un medio de información corriente puesta al servicio del hombre común, que reemplaza prácticamente a la radio y escapa por su naturaleza a una estimación puramente especulativa, satisfaciendo necesidades peculiares, en lo que se vincula con el acceso al esparcimiento en el tiempo libre o de reposo, la información, la difusión cultural y la enseñanza, considero que dicho bien resulta inembargable (CNCiv., Sala B, 14/6/73, JA, 1973-19, p. 212; LL, t. 152, p. 513, fallo 30.608-S; ídem, Sala C, 29/12/75, LL, t. 1976-D, p. 657, fallo 33.386-S). El doctor Libonati dijo: Con la advertencia de que establecer reglas generales en temas como el que convoca a este acuerdo supone riesgos de desconocer circunstancias particulares -que deberán apreciarse en su momento (enfermos, discapacitados)-, me adhiero al voto del doctor Spinelli. Atento lo resuelto por mayoría, es procedente el embargo del televisor. Vuelvan los autos al acuerdo, a efectos de resolver las cuestiones
pendientes. - Federico García Medina. _ - Francisco J. Martino. María M. L. de de la Colina. - Salvador R. Libonati. Carli. - Carlos E. Spinelli (Sec.: José M. Cazeaux). - Osvaldo J. de
CAPÍTULo
EMBARGABILIDAD 16. Bienes
'O'.,
inembargables
111
E lNEMBARGABILIDAD y bienes
embargables.
Como es sabido, ciertos bienes no pueden ser objeto de ejecución siendo, por ende, insusceptibles de e~bargo. , El arto 219 CPN, precisamente, dIspone que "no se trabara nunca embargo: . .. "1) en el lecho cotidiano del deudor, de s~ mUjer e. h ljos, en 1as ropas y muebles de su indispensable ~so, m .en los mstrumentos necesarios para la profesión, arte u oficw que ejerza; . "2) sobre los sepulcros, salvo que el crédito. corresponda a su precw de venta construcción o suministro de matenales; "3) ~n los demás bienes exceptuados de embargo por ley. "Ningún otro bien quedará exceptuado". ... El inciso 1 ha dado lugar a una abundante y vanada JunsprudeI?-cia, no siempre concordante en cuant? al criterio g~ne.ral que d~?e regIr la determinación, en cada caso partIcular, de la mdlspensablhdad de los bienes integrantes del ajuar doméstico. En la actualidad, no obstante, prima, como pa~ta rectora ~~ ,la materia, el conceptojurisprudencial de hacer caso omISO de.la pOSlClOn social o el modo de vida del deudor (cfr., entre otros, CNClV., Sala A, LL, t. 131, p. 1159, n° 18.018-S; CNCom., Sala B, LL, t. 127, p. 1123, n° 15.550-S), y atenerse al destino de los ~ienes us.ualmente empleados en un hogar en conjunción con el nIvel medI~ alcanzado por la población (CNCiv., Sala A, LL, t. 135, p. 1147, n 21. 155-S).. Cabe puntualizar, sin embargo, que aunque ~e conformI~~d con ese criterio corresponde excluir del ámbito de la membarg~blhda~, a aquellos bienes que sólo importen factores de mero recreo o dlstracclOn (CNCom., Sala A, LL, t. 91, p. 409), o resulten s.uperfluos (C2aC9 La Plata, JA, t. 68, p. 155), el beneficio debe confenrse cuando aq~ellos, sin ser estrictamente imprescindibles, representan un manIfiesto ahorro de tiempo y proporcionan un mínimo de bienestar acorde con las necesidades de la vida modema (CNCom., Sala B, ED, t. 72, p. 483).
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MEDIDAS CAUTELARES
Pero estas últimas circunstancias, cuando no emergen de la índole misma de los bienes embargados, deben ser objeto de prueba en cada caso particular (CCom., LL; t. 3, p. 359). Se han considerado como bienes inembargables, entre otros, al lavarropas, al bahiut, a la heladera eléctrica, a la máquina de coser, al mueble modular y al juego de living, al bargueño, al receptor de radio de mesa o portátil, al aparador, al juego de copas si no es suntuario o de mucho valor, al ropero, a la estufa, a la araña de varias luces que no sea suntuosa, a la enceradora, etc. Se han calificado, en cambio, como bienes embargables, entre otros, el combinado de radio y tocadiscos; los cuadros de carácter ornamental, el dressoir, la caja de hierro si no constituye un elemento necesario para la actividad profesional; el juego de living y los sillones si hay otros en la casa; el acondicionador y el extractor de aire; el anillo solitario de brillantes; el automóvil que no resulte imprescindible para la actividad profesional del deudor; la heladera que no es de tipo familiar y cuyo uso no se presenta como indispensable; el piano cuando no se acredita que sirva para el estudio o para el ejercicio de una profesión; el reloj pulsera, etc. Con respecto al televisor no existe aún un criterio uniforme. La jurisprudencia de los tribunales de la Capital Federal lo consideró, en un comienzo, embargable (CNCiv., Sala B, LL, t. 124, p. 1157, n° 14.571-S; CNCom., Sala A, ED, t. 27, p. 563; YLL, t. 131, p. 955; Sala B, LL, t. 121, p. 670, n° 13.002-S; ED, t. 28, p. 120; etc.), modificando posteriormente ese criterio con fundamento en la circunstancia de que el televisor, en tanto posibilita al usuario la percepción de ideas, conocimientos y noticias, constituye un instrumento de uso necesario atendiendo el nivel medio de vida alcanzado por la población (CNCom., Sala A, ED, t. 58, p. 157, nOS22, 23 y 24). Pero actualmente la mayoría de los decisorios ha vuelto al criterio inicial, fundado esencialmente en que las transmisiones televisivas sólo otorgan un mero esparcimiento o diversión, y en que la eventual cultura que proporcionan puede ser suplida mediante el empleo de otros medios (CNCom., Sala C, ED, t. 76, p. 553, n° 7; CNEsp. Civ. y Com., Sala VI, ED, t. 58, p. 153, n° 1; CNCom., Sala A, LL, t. 1978D, p. 809, n° 34. 793-S; CNCom., Sala D, 31/10/80, LL, t. 1981, f. 79.309, etc.). A excepción, claro está, de que se acredite fehacientemente que dichas transmisiones satisfacen, en cada caso concreto, necesidades primarias (CNCom., Sala A, LL, t. 1976-D, p. 428). Se ha puntualizado, en este sentido, que concurren los extremos que justifican la inembargabilidad del televisor si el incidentista demuestra que su familia se compone de su esposa y tres hijos pequeños de 7, 6 y 4 años y su domicilio se halla ubicado en un centro densamente poblado, pues en el caso el uso del aparato implica la cuota
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de esparcimiento necesario para los menores, así como la posibilidad de su acceso a la información general y aun a la enseñanza elemental (CNCom., Sala B, LL, t. 1977-B, p. 323) o cuando se halla en juego la necesidad de esparcimiento de una anciana (CNCom., Sala D, LL, t. 1978-C, p. 610). Con respecto a los instrumentos necesarios para la profesión, arte u oficio que ejerza el deudor, la inembargabilidad comprende las herramientas, implementos y útiles de trabajo imprescindibles para el desarrollo de aquellas actividades. Por ejemplo, los elementos que integran el consultorio médico (CCC La Plata, Sala 1, LL, t. 32, p. 535), el aparato de rayos X utilizado por el deudor en el ejercicio de su profesión de odontólogo (CNCom., Sala A, LL, t. 82, p. 61); el piano de una profesora de música (CCiv., la Cap., JA, t. 23, p. 445), etc. Aparte de los mencionados por el arto 219 CPN existen numerosos bienes que han sido declarados inembargables, total o parcialmente, por leyes nacionales, por ejemplo: 1°) los lotes del hogar (homestead) (ley 10.284, arto 2, sanco 25/9/17); 2°) el bien de familia, salvo por deudas anteriores a su constitución como tal (ley 14.3941, arto 38, B.O. 30/12/54); 3°) los sueldos, salarios, jubilaciones y pensiones que no excedan los montos establecidos legalmente (ley 9511, arto 1, sanco 29/9/14 y reformo por ley 14.443, sanco 20/6/58); 4°) la indemnización por accidente de trabajo (ley 9688, arto 13, sanco 29/9/15); 5°) el depósito o garantía constituido por el procurador para ejercer su profesión, salvo en los casos autorizados legalmente (ley 10.996, arto 7, sanco 30/9/10); 6°) el lecho cotidiano del deudor y de su familia, las ropas y muebles de su indispensable uso y los instrumentos necesarios para su profesión, arte u oficio (ley 12.296, sanco 5/6/36, que introdujo este agregado al arto 3878 del Cód. Civil); 7°) los bienes y los recursos de las cajas nacionales de previsión (ley 16.931, arto 1, sanco 23/8/66); 8°) las aeronaves públicas (Cód. Aeronáutico, arto 71, sanco por ley 17.285 del 17/5/67); 9°) los fondos asignados a los propietarios de institutos incorporados a la enseñanza oficial (ley 18.352, arto 1); 1 Ley 14.394, arto 38: "El «bien de familia» no será susceptible de ejecución o embargo por deudas posteriores a su inscripción como tal, ni aun en caso de concurso o quiebra, con excepción de las obligaciones provenientes de impuestos o tasas que graven directamente el inmueble...".
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MEDIDAS
CAUTELARES
10°) el salario mínimo vital, en la proporción que fije la reglamentación, salvo por deudas alimentarias (ley 21.297, art. 120, sanco 23/4/76); 11 0) la fianza real constituida por el escribano para ejercer su profesión, salvo los casos autorizados legalmente (ley 12.990, arto 15, sanco 19/6/47); 12°) las jubilaciones y pensiones de los trabajadores autónomos, con la salvedad de las cuotas por alimentos y litis (ley 18.038, arto 32, inc. c, sanco 30/12/68; comprende a las amas de casa: ver ley 18.916, B.O. 15/1/71); 13°) las jubilaciones y pensiones de los trabajadores en relación de ~ependencia, salvo por alimentos y litis expensas (ley 18.037, arto 44, mc. c, sanco 10/1/69); 14°) los buques de guerra nacionales o extranjeros y los buques en construcción destinados a incorporarse a los efectivos militares de un Estado (ley de navegación 20.094, arto 541, inc. a, sanco 15/1/73); . 15°) los buques públicos o privados al servicio del poder público nacIOnal o extranjero (ley de navegación 20.094, arto 541, inc. b, sanco 15/1/73). 16°) los buques cargados, prontos a zarpar, salvo que la deuda haya sido contraída para reparar, aprestar y aprovisionar el buque para ese viaje (ley de navegación 20.094, arto 541, inc. c, sanco 15/1/73). 17. Jurisprudencia
complementaria2.
a) Inciso 1, arto 219 CPN. 1) Principios
generales.
La disposición del arto 219, inciso 1, del Cód. Procesal constituye una norma de orden público, desde que tiende a tutelar un interés general de la comunidad, como lo es la institución de la familia; siendo el derecho así instituido irrenunciable (arts. 19, 21 Y 872, Cód. Civil) y por 10 tanto el juez de oficio puede ordenar el levantamiento de la medida cautelar dispuesta, aun habiéndola permitido el interesado (CNCom., Sala B, LL, t. 114, p. 839, n° 10.080eS). El patrimonio, como es sabido, es prenda común de sus acreedores (arts. 505, 955, 961, 1196, 3474, 3797, 3922 y concs., Cód. Civil). En consecuencia, los bienes que 10 integran se encuentran afectados a la responsabilidad de las obligaciones tomadas y que pesan sobre su titular. 2 Lázzari, Medidas cautelares, t. 1, p. 372; Falcón, Código Procesal... cit., t. U, p: 302; Morello y colaboradores, Códigos Procesales... cit., t. U-C, p. 805; ~ovellmo, Embargo y desembargo, p. 371; Fenochietto-Arazi, Código Procesal... CIt., t. 1, p. 713; Fassi, Código Procesal... cit., t. U, p. 109.
EMBARGABILIDAD
E INEMBARGABILIDAD
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Las excepciones que hacen a esta regla debep. venir es:pecíficame~te previstas por la ley, o por tratarse de casos especIales -ahmentos, bIen de familia, depósitos en Caja de Ahorro, derechos d~ ~utor, hogar ferroviario indemnizaciones laborales, recursos de famIha, sepulcros, uso y habit~ción, usufructo sobre bienes de .los hij?s, etc.-, .~eben e~~ar fundadas en razones de humanidad, de aSIstencIa y cohesIOn famIhar (CNCom., Sala C, 16/5/74, LL, t. 156, p. 392; JA, t. 1974-24, p. 193; ED, t. 56, p. 316). .. .., Es decir que no todos los bIenes que mtegran el patnmomo estan sujetos al poder de agresión de los acreedores, pues no cabe someter al deudor a extremos rayanos a llevarlo a la indigencia, lo cual es !epugnante a elementales sentimientos humanitarios. Así se ha reconocIdo al deudor el derecho de preservar de toda injerencia de sus acreedores, aquellos bienes que le son necesarios para la subsistencia ~ate~al y moral de sí mismo y de su familia y para llevar una VIda dIgna mínimamente decorosa. Tal criterio, que entronca en el contorno de la función social en que corresponde se desenvuelvan los derechos de índole patrimonial, y que impid~ que se~ ejercidos como v~r:daderas armas agresivas contra los sUjetos paSIVOS, ha~la ~xpresIon en lo pertinente en el arto 219 del Cód. Procesal, que ImpIde la traba ~el embargo sobre los muebles de "indispensable" uso del deudor (CNCIV., Sala F, 20/8/80, LL, t. 1981-A, p. 71; CNCom., Sala B, 12/8/76, ED,
t. 72, p. 484).
.
.
.
La finalidad es mantener en el patnmomo del deudor -prenda común de los acreedores-, aquellos elementos de los que no puede prescindirse sin desmedro de la dignidad del individuo (CNCom., Sala B, 27/6/79, LL, t. 1980-A, p. 454). Sin embargo, las habituales pautas judiciales en procura de protección a la familia del deudor no deben exceder un prudente marco ignorando uno de los principales deberes del hombre, como es la satisfacción puntual de las obligaciones que asume libremente. Es al poder jurisdiccional al que cabe calibrar cuándo el cump~iento de la p~abra empeñada deberá prevalecer sobre el goce matenal que propor~Ionan ciertos bienes debiendo tenerse especialmente en cuenta el mal ejemplo familiar y social que la conducta morosa implica (CNCom., Sala A, 6/4/81, LL, t. 1981-C, f. 80.021). . . . . Se ha puntualizado que cabe entender por bzenes de uso ~ndzspensable aquellos que cumplen una función a tal pu~to necesarra.den~~o del hogar por referencia a un modesto ~i:vel de vI.da que su pnv~cIOn causa mortificación al deudor y su famIha. Por cIerto que no mas de este mínimo, pues de otro modo el principio ?eneral del patrimonio como prenda común de los acreedores quedarra soslayado en aras de requerimientos hedónicos o suntuarios (CNCom., Sala D, 12/8/80, LL, t. 1961-A, p. 74). . . . Establecer, por ende, siel uso de cIerto mueble es o no mdisp~nsable, en los términos que aprehende el inciso 1° de esta norma, constituye un problema de oportunidad en función de las particularidades del caso 16 - Medidas cautelares
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Alfombra: No es embargable si el deudor es abogado, pues se la considera como instrumento necesario de su profesión (CNCom., Sala B, 22/4/64, ED, t. 10, p. 638, sumo 111) (ver infra, 3). Aparador: Está comprendido dentro de los bienes que integran el ajuar doméstico y, consecuentemente, debe considerárselo encuadrado entre los inembargables contemplados por el arto 480 del Código de Procedimientos (hoy 219) (CNCom., Sala A, 9/11/67, LL, t. 129, p. 983), máxime si no aparece de construcción superior a los fines destinados (CNEsp. Civ. y Com., Sala IV, 21/12/55, LL, t. 81, p. 324; CNCom., Sala D, 31/10/80, LL, t. 1981-A, p. 316). Debe considerarse mueble necesario para un hogar modesto (CNEsp. Civ. y Com., Sala IV, 13/9/61, LL, t. 105, p. 950, f. 7490-S). Es inembargable por su índole, particularmente cuando tiene adosados a la pared un estante y un espejo presentando características de inmueble por accesión según el art. 2316 del Cód. Civil (CNCom., Sala C, 22/6/72, LL, t. 148, p. 661, f. 29.431-S) o cuando no tiene carácter suntuario y está averiado (CNCom., Sala B, 7/8/69, LL, t. 136, p. 1055, n° 22.287-S). Se ha decidido, no obstante, que es igualmente inembargable aunque pueda estimarse suntuario por la descripción del acta, porque debe prescindirse de su calidad en tanto no pueda válidamente considerarse que otro mueble pueda reemplazarlo (CNCom., Sala A, 14/11/68, LL, t. 134, p. 1114, n° 20.544-S). En general, se lo considera mueble de indispensable uso en el hogar (CNCom., Sala B, 14/9/65, LL, t. 121, p. 682, n° 13.303-S; ídem, Sala A, 24/11/71, JA, Reseñas, t. 1972, p. 194). Apliques de bronce: No son embargables cuando no son de lujo (CNCom., Sala B, 11/3/70, JA, t. 1972, p. 189). Consideramos, sin embargo, que los apliques son inembargables, pues su ausencia opera en desmedro de la dignidad del individuo y de la vida decorosa (cfr. CNCom., Sala B, 27/10/80, LL, t. 1981-A, p. 341). Arañas eléctricas: Se trata de bienes de uso indispensable aunque tengan diez luces (CNCom., Sala A, 7/6/66, LL, t. 124, p. 1120) o siete luces con caireles (CNCom., Sala A, 27/12/67, LL, t. 180, p. 734; ídem, 27/10/80, LL, t. 1981-A, p. 341). Son inembargables, asimismo, cuando, aun siendo de bronce, no pueden considerarse de lujo (CNCom., Sala A, 10/5/66, ED, t. 22, p. 253; LL, t. 124, p. 1146, f. 14.471-S). En tal hipótesis se las considera como integrantes del ajuar hogareño y contribuyentes a un mínimo de bienestar (CNCiv., Sala A, 28/5/68; LL, t. 131, p. 1159, n° 18.018-S). Lo mismo sucede cuando se trata de una araña eléctrica que integra el moblaje del comedor aunque exista otra en el dormitorio
concreto y la valoración en especial del destino dado al mismo, así como por el nivel medio de vida alcanzado por la población del país (CNCiv., Sala F, 8/10/74, LL, t. 1975-C, p. 583, sumo 1427). N o obstante, ha de tenerse en cuenta, en lo que respecta al nivel medio económico de la población, que aunque haya alcanzado un desarrollo o grado determinado, ello no puede entenderse en el sentido de hacer inembargables muchos bienes cuyo uso no es indispensable, sino que por su índole pueden revestir el carácter de suntuarios, pues resolver en sentido contrario permitiría llegar a un supuesto disvalioso que sería que cuanto más elevado fuere el nivel de vida muy pocos bienes resultarían embargables (CNEsp. Civ. y Com., Sala IV, 12/6/74, BCNECyC, 574, n° 7077). En razón de que el Código no hace una enumeración de los bienes que revisten la condición de inembargables, la determinación de las circunstancias que deben concurrir para establecer su inembargabilidad quedan, en definitiva, libradas a la apreciación judicial, lo cual ocurre en la generalidad de los casos en la oportunidad de cuestionarse el embargo (CNCom., Sala D, 19/6/74, LL, t. 156, p. 829, n° 31.759-S). La interpretación en este aspecto -conforme la tesis predominan., te-, debe ser ponderada con criterio restrictivo, no sólo por constituir una excepción al principio general de la libre disponibilidad del patrimonio del deudor, sino porque extender aquel beneficio permitiría a este último reducir su patrimonio en desmedro de legítimos interesados (CNCom., Sala A, 12/8/74, LL, t. 156, p. 845, n° 31.848-S). Las habituales pautas judiciales en procura de la protección a la familia del deudor, se ha señalado también, no deben exceder un prudente marco ignorando uno de los principales deberes del hombre, como es la satisfacción puntual de las obligaciones que asume libremente (CNCom., Sala A, 6/4/81, LL, t. 1981-C, p. 614). 2) Muebles de uso indispensable. La jurisprudencia ha declarado inembargables, entre otros, a los siguientes bienes: Afeitadora eléctrica: Su inembargabilidad reside en que se la considera de indispensable uso. Naturalmente, el embargo procederá si el deudor es propietario de otra máquina similar o si la misma es un bien de lujo por su extraordiI}aria calidad o por sus particularidades de construcción. La prueba de estos factores recae sobre el ejecutante (CNCom., Sala B, 30/12/64, ED, t. 10, p. 634, sumo 70; JA, reseñas, t. 1972, p. 191). Alacena: Se trata de un bien usado corrientemente en los hogares y debe considerarse de uso indispensable (CNCom., Sala A, 12/11/74, LL, t. 1975-A, p. 386).
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(CNCom., Sala B, 7/8/69, LL, t. 136, p. 1095, n° 22.287-S) o cuando tiene apenas cuatro luces (CNCom., Sala A, 22/7/65,LL, t. 113, p. 800). Entonces, no siendo de lujo, es inembargable por su naturaleza (CNCom., Sala B, 7/4/65, LL, t. 119, p. 491, n° 12.372-S). Algún decisorio, por el contrario, ha puntualizado que sólo es inembargable la araña eléctrica en aquellos supuestos en que no se acredita que exista otro artefacto de iluminación o que posea características especiales que le confieran el valor de bien suntuario (CNCom., Sala B, 24/11/65, ED, t. 14, p. 655). Ascensor: No es embargable cuando pertenece a un edificio dividido en propiedad horizontal y se ejecutan deudas del consorcio "pues de estas partes (caldera, etc.), no es titular el consorcio ni puede escindirse el derecho sobre ellas del derecho sobre las unidades del cual no es sino un accesorio y del cual no puede separarse. Así lo dispone expresamente para el embargo la última parte del arto 3 de la ley 13.512" (Marina Mariani de Vidal en una interesante nota publicada en ED, t. 45, p. 868) (cfr. CNFed. Civ. y Com., Sala Il, 19/2/85, LL, t. 1985-D, p. 183). Aspiradora eléctrica: No es embargable pues se la considera un elemento necesario para el hogar (CNEsp. Civ. y Com., Sala III, 2917/55, GP, t. 108, p. 183) Y forma parte del ajuar hogareño (C2a CC La Plata, 12/9/39, JA, t. 68, p. 155). Posteriormente a estos decisorios se ha reiterado su inembargabilidad, máxime cuando no puede suplirse su falta por otros bienes (CNCom., Sala B, 31/10/80, LL, t. 1981, fallo 79.309). Bahiut: Se lo considera de uso indispensable y por lo tanto no susceptible de embargo en ciertos casos (CNCom., Sala A, 10/9/74, ED, t. 58, p. 153), como, por ejemplo, cuando integra el ajuar del hogar (CCC La Plata, Sala II, 16/11/65, ED, t. 14, p. 578) o cuando se ha embargado un aparador y otros muebles (CNCom., Sala C, 2619/64, LL, t. 137, p. 540) o cuando integra el juego de comedor (CNCom., Sala A, 2/6/72, JA, t. 1972, p. 194) o cuando no consta que haya un aparador u otro mueble que pueda cumplir igual función (CNCom., Sala A, 9/2/72, JA, Reseñas, t. 1972, p. 194) aunque haya otro mueble similar en la cocina, conteniendo cinco cajones y dos puertas, pero que no pueda satisfacer idéntica utilidad (CNCom., Sala B, 4/8/71, JA, Reseñas, t. 1972, p. 194; cfr. CNEsp. Civ. y Com., Sala I, 6/10/80, BCNECyC, 694, n° 10.353) (cfr. infra, 3, los casos en que es embargable). Balde para hielo: Algunos decisorios consideran que es de uso indispensable (CNCom., Sala B, 23/2/62, JA, Reseñas, t. 1972, p. 199), en tanto otros lo conceptúan bien accesorio y prescindible (CNCom., Sala C, 12/2/70, JA, Reseñas, t. 1972, p. 199).
Banqueta: Es inembargable pues se la considera mueble de uso imprescindible en el hogar (CNCom., Sala C, 26/9/69, JA, Reseñas, t. 1972, p. 194), máxime cuando no se trata de un bien suntuario siendo de escaso valor económico (CNCom., Sala A, 13/7/60, JA, Reseñas, t. 1972, p. 194). Barcito familiar: Se lo conceptúa un bien necesario (CNCom., Sala C, 9/5/60, JA, t. 1960-IV, p. 412). Bargueño: No es embargable pues se considera que integra el ajuar hogareño indispensable (CNEsp. Civ. y Com., Sala IlI, 30/5/56, LL, t. 83, p. 492), máxime si no se trata de un mueble suntuario (CNCom., Sala B, 22/8/62, LL, t. 100, p. 950). Tampoco es embargable cuando integra un juego con sillones (CNCom., Sala C, 24/2/64, ED, t. 10, p. 633, sumo 58) o cuando lo que integra es un juego de comedor (CNCom., Sala B, 5/6/64, ED, t. 10, p. 633, sumo 57). Es asimismo inembargable cuando no existe un aparador que lo supla (CNCom., Sala A, 25/6/70, LL, t. 143, p. 550, n° 26.521-S). Se ha puntualizado que si existe un aparador, debe levantarse el embargo del bargueño (CNCom., Sala C, 23/8/67, LL, t. 128, p. 211). En general, se considera que, aparte de integrar normalmente el juego de comedor que, en principio, lo hace inembargable (CNCom., Sala A, 22/9/66, LL, t. 125, p. 762, n° 14.744-S), constituye por sus características y finalidad un bien necesario para la vida de relación del deudor y de su familia (CNCom., Sala A, 22/7/65,LL, t. 121, p. 667, n° 12.971-S; CNCiv., Sala D, 11/4/78, BJCNCiv., t. 1978-IV, p. 120, sumo 183). También se ha declarado inembargable cuando coexisten un bahiut y un modular que son muebles que cumplen funciones similares (CNCiv., -Sala E, 2/10/77, ED, t. 78, p. 529, sumo 2). Biblioteca: Si bien, en principio, se considera embargable, no procede el embargo cuando el deudor tiene hijos estudiantes y en su hogar no existen otros muebles que puedan sustituirla (CNEsp. Civ. y Com., Sala VI, 10/9/74, ED, t. 58, p. 158). Otros decisorios, en cambio, consideran que es inembargable a menos que por sus características sea suntuaria (CNCom., Sala B, 24/4/62, JA, Reseñas, t. 1972, p. 195) (ver esta voz infra, 3). Bienes del hogar: Resultan inembargables los bienes de uso indispensable que son los que cumplen una función necesaria dentro del hogar, pero no más, pues de otro modo el principio general del patrimonio, como prenda común de los acreedores quedaría soslayado en aras de requerimientos hedónicos o suntuarios. Tal condición no revisten en modo alguno la bandeja tocadiscos ni el radiograbador. Tampoco lo constituye el televisor, pues no se aprecian en autos circunstancias que determinen que el uso de dichos elementos sea
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indispensable para funciones de índole cultural, ni atinente s a la profesión del deudor (CNCom., Sala C, 16/4/84, ED, t. 115, p. 478, n° 121). Son embargables la máquina de escribir, un centro musical, un televisor y el lavavajillas, los que son susceptibles de ser reemplazados por otros medios (CNCom., Sala C, 28/5/84, ED, t. 115, p. 478, n° 122). Si existen otra mesa y sillas que cumplen la misma función, el juego de comedor no resulta indispensable y tiene carácter de embargable, pues su inembargabilidad no está dada por los mismos bienes sino por las funciones o uso que prestan a su propietario (CNEspecial Civil y Com., Sala l, 18/3/83, ED, t. 115, p. 478, n° 123). Los sillones en sí mismos no son indispensables y sólo tendrían ese carácter si no pudieran ser reemplazados por otros muebles (CNCiv., Sala E, 8/5/84, ED, t. 115, p. 478, n° 124). Cafetera: Es inembargable cuando integra un juego de té o café que no puede considerarse de carácter suntuario (CNCom., Sala C, 22/7/71, ED, t. 42, p. 140, sumo 37). Calefactor a garrafa: Es inembargable porque se lo considera de uso indispensable en el hogar en cuanto permite afrontar los rigores del invierno, máxime en inmuebles no dotados de servicio central de calefacción (CNEsp. Civ. y Com., Sala l, 20/5/66, LL, t. 124, p. 1155, n° 14.566-S), salvo que exista otro bien similar, en cuyo caso procede el embargo (CNCom., Sala B, 7/8/68, LL, t. 134, p. 15). Calefón: Se trata de un bien de uso indispensable y de ahí que no sea susceptible de embargo (CNCom., Sala A, 10/9/74,ED, t. 58, p. 153; LL, t. 1975-C, p. 582, sumo 1426). Camas: No procede el embargo aunque haya tres, cuando éstas son para uso de los hijos del ejecutado (CNCiv., Sala E, 9/8/68, LL, t. 135, p. 1229, n° 21.745-S; ED, t. 26, p. 525). Se trata de un típico bien de uso indispensable en el hogar y expresamente excluido del embargo por ley (CNCom., Sala C, 6/12/62, JA, Reseñas, t. 1972, p. 195) (cfr. Lecho cotidiano). Cocina familiar: Se trata de un elemento indispensable para el ama de casa y por tanto insusceptible de embargo (CNCom., Sala C, 28/4/79, JA, Reseñas, t. 1972, p. 189), siempre que no haya otra en el hogar, en cuyo caso no encuadra en el arto 219 del Cód. Procesal (CNCom., Sala B, 15/9/71, ED, t. 42, p. 148; CNEsp. Civ. y Com., Sala l, 27/2/81, BCNECyC, 704, núm. 10.579). Combinado (en general): No es embargable, a menos que por sus características se trate de un artículo importante, V.gr., de pie (CNCom., Sala A, 23/8/67, LL, t. 129, p. 608). Se ha señalado que la muy considerable depreciación determinada por el uso del combinado -traducida en el momento de su venta en un menguado beneficio para el acreedorno justifica los in con-
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venientes que su desposesión trae aparejada a sus actuales propietarios. Por otra parte, podría decirse que en el fondo, si bien se mira, no se alteraría por la inembargabilidad de este mueble el patrimonio del deudor que el acreedor tuvo en consideración al contratar, ya que difícilmente lo habrá tenido en cuenta ante la posibilidad de cobrarse judicialmente (CNCom., Sala A, 31/8/65, LL, t. 120, p. 444). No altera su carácter de inembargable el hecho de que sea portátil (CNCom., Sala B, 31/3/66, LL, t. 123, p. 984). Combinado de radio y tocadiscos: no es susceptible de embargo cuando por sus características no puede considerarse de lujo (CNCom., Sala A, 2/6/72, JA, Reseñas, t. 1972, p. 190). Cómoda: No es embargable cuando no es de lujo sino notoriamente de escaso valor y necesaria para un hogar modesto (CNCom., Sala A, 7/10/59, LL, t. 100, p. 750) o cuando es obvia su utilidad y no se trata de un bien suntuario (CNCiv., Sala A, 23/8/74, ED, t. 58, p. 157). Numerosos fallos la consideran de uso indispensable (por ejemplo, CNCom., Sala A, 30/12/64, ED, t. 10, p. 634, sumo 60; ídem, Sala B, 14/11/69 Y 7/8/68, JA, Reseñas, t. 1972, p. 195; 27/6/79, LL, t. 1980A, p. 454). Copas: No son susceptibles de embargo cuando no constituyen un juego de carácter suntuario (CNCom., Sala C, 22/7/71,ED, t. 42, p. 140, sumo 37). También les alcanza el beneficio de la inembargabilidad aunque sean cincuenta de distinto tipo, todas de vidrio, si integran el ajuar de la casa y contribuyen a proporcionar al deudor y su familia un .mínimo bienestar (CNCiv., Sala A, 28/5/68, LL, t. 131, p. 1159) (cfr. Juego de copas). Copas deportivas: No son embargables por trata:s~ de trofe?s personales cuyo valor casi puramente afectivo, no tendna Importancia económica en caso de venta por ejecución (CNCiv., Sala D, 24/6/74, LL, t. 155, p. 616; ED, t. 58, p. 154). Cortinas: Algunos decisorios las consideran de uso indispensable (CNCom., Sala B, 23/6/65, LL, t. 120, p. 940, n° 12.773-S) en tanto que otros sostienen que son embargables (CNCom., Sala C, 30/4/62, LL, t. 10, p. 969). .. . Se ha señalado, sin embargo, para fundar su membargablhdad, que las cortinas, en tanto accesorio normal de las ventanas, tendientes a atenuar los efectos de la luz exterior, resultan de uso indispensable, a lo que cabe añadir la escasa cantidad del previsible producto de su enajenación (CNEsp. Civ. y Com., Sala V, 25/2/80, BCNECyC, 688, núm. 10.187). Cortinados: Su inembargabilidad reside en su naturaleza y el nivel medio alcanzado por la población, es decir, en su carácter de
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bienes de uso indispensable (CNCom., Sala B, 23/6/65, LL, t. 120, p. 940, n° 12.773-S). Algunos fallos, sin embargo, han puntualizado que no encuadran en la calificación de "indi~pensables" por tratarse de elementos de ornato (CNCom., Sala B, 12/12/68, JA, Reseñas, t. 1972, p. 198). Cubiertos: ver Vajilla. Diccionario enciclopédico: Mientras algunos decisorios consideran que se trata de un elemento de indispensable uso en el hogar dentro del concepto previsto en el arto 219 del Cód. Procesal (CNCiv., Sala C, 13/4/82, LL, t. 1984-C, p. 622, n° 36.649-S) otros, por el contrario, estiman que su uso no es indispensable (CNCom., Sala B, 5/4/67, ED, t. 22, p. 250), máxime si el deudor manifestó que no era de su propiedad (CNCom., Sala C, 24/11/66, LL, t. 125, p. 791, n° 15.013-S). Diván-cama: Su inembargabilidad proviene de que se trata de un bien de uso indispensable, y lo mismo su colchón y sus almohadones (CNCom., Sala B, 21/6/72, JA, t. 1972, Reseñas, p. 195). Dressoir: Alguna jurisprudencia lo ha considerado bien de uso indispensable en el hogar (CNCom., Sala C, 19/3/71, JA, Reseñas, t. 1972, p. 195) en tanto que otra lo considera artículo suntuario (CNEsp. Civ. y Com., Sala IV, 30/5/58, LL, 14/12/58, fallo 227-S) (ver esta voz infra, 3). Enceradora eléctrica: Se trata de un bien de indispensable uso (C~C~m.~ Sala A, ~9/9/68, LL, t. 134, p. 1101, n° 20.462-S) aunque eXlste]unsprudencla en contra que sostiene que si bien es un elemento útil y conveniente no resulta indispensable (CNCom., Sala B, 4/11/66, ED, t. 22, p. 250). Enciclopedia: Se considera un bien de uso corriente en los hogares y por lo tanto indispensable (CNCom., Sala A, 12/11/74, LL, t. 1975A, p. 386) (ver esta voz infra, 3). Equipo de audio: ver Combinado. Escritorio: Es inembargable sólo si se prueba que se trata de un instrumento necesario para el deudor (CNCom., Sala B, 28/2/69, LL, t. 134, p. 1098) (ver esta voz infra, 3). Espejo: Es inembargable cuando no es de lujo sino notoriamente de escaso valor y es necesario para un hogar modesto (CNCom., Sala A, 7/10/59, LL, t. 100, p. 750) (ver esta voz infra, 3). Estabilizador de corriente o de tensión: Es insusceptible de embargo tanto por su índole como por las funciones que cumple (CNCom., Sala C, 12/12/73, LL, t. 154, p. 621, n° 31.207-S). Estantes de madera: Se trata de bienes que no son suntuarios ni de lujo (CNCom., Sala A, 10/5/66, LL, t. 124, p. 1146, n° 14.471-S; ED, t. 22, p. 354, sumo 85).
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Estufa: Se trata de un elemento indispensable por su obvia utilidad durante cierta época del año, no debiendo hacerse diferencias entre una estufa a gas u otra a querosene o eléctrica (CCC La Plata, Sala II, 16/6/59, DJBA, t. 57, p. 293). Su inembargabilidad aparece con mayor claridad cuando la estufa no es de lujo sino notoriamente de escaso valor y es necesaria para un hogar modesto (CNCom., Sala A, 7/10/59, LL, t. 100, p. 750; ídem, Sala D, 12/8/80, LL, t. 1981-A, p. 74). Estufa a garrafa: Ver Calefactor a garrafa. Frutera: Se trata de un bien necesario en el hogar y por lo tanto inembargable, máxime no siendo suntuaria (CNCom., Sala A, 13/7/60, JA, Reseñas, t. 1972, p. 199). Guitarra: Es inembargable cuando es un instrumento necesario para la actividad del deudor o para el estudio de éste (CNCom., Sala C, 11/6/63, LL, t. 12;p. 794) (ver esta voz infra, 3). Heladera familiar: Se la considera de indispensable uso (CNCom., Sala A, 10/9/74, ED, t. 58, p. 153) por tratarse de una cosa común e imprescindible conforme al actual standard de vida medio de la población (CNCom., Sala A, 17/10/66, LL, t. 125, p. 773, n° 14.870-S; ídem, 10/9/74, JA, t. 1974-24, p. 284; ED, t. 58, p. 154). Se ha puntualizado que aquel que pretenda que por sus características excede la ratio legis del arto 469, inc. 1, del Cód. de Ptas. de Santa Fe (art. 219 CPN), debe probarlo (CCC Rosario, Sala I, 21/9/67, Rep. LL, t. XXVIII, p. 1126, sumo 66) porque una familia no puede ser despojada de ella sin grave deterioro de su mínimo nivel de vida (CCC San Francisco, 15/3/71, Rep. LL, t. XXXIII, p. 575, sumo 17). Respecto de los casos en que la heladera es embargable, cfr. esta voz infra, 3. Hogar a gas: No es embargable; se lo considera de uso indispensable y no artículo de lujo (CNCom., Sala C, 16/2/71, LL, t. 144, p. 576, n° 27.398-S; ED, t. 38, p. 861; JA, Reseñas, t. 1972, p. 191). Horno de cocina: Se lo considera bien de indispensable uso (CNCom., Sala A, 8/9/58, JA, Reseñas, t. 1972, p. 191). Juego de café: Es inembargable cuando no es suntuario (CNCom., Sala C, 22/7/71, ED, t. 42, p. 140, sumo 37; JA, Reseñas, t. 1972, p. 199), aunque esté compuesto de dieciséis tazas (CNCom., Sala C, 11/2/70, JA, Reseñas, t. 1972, p. 199). Juego de comedor: Los muebles que componen este juego son de uso indispensable del deudor y de su familia (CNCom., Sala A, 25/2/72, JA, Reseñas, t. 1972, p. 195) que no pueden ser despojados de ellos sin grave deterioro de su mínimo nivel de vida (CCC San Francisco, 15/3/71, LL, t. XXXIII, p. 575, sumo 17), por cuanto
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constituyen parte del ajuar hogareño contribuyendo a proporcionar un porcentaje necesario de bienestar (CCiv., Sala A, LL, t. 131, p. 159, n° 18.018-S). La existencia de otras sillas y de otra mesa no modifica su naturaleza de bien inembargable que está dada por su destino de uso dentro del amoblamiento de la casa (CNCom., Sala B, 15/9/65, ED, t. 14, p. 656). En todos los casos debe prescindirse de la calidad de los bienes que lo integran (CNCom., Sala A, 14/11/68, LL, t. 134, p. 1114, n° 20.544-S). Este criterio de inembargabilidad predominante no ha impedido, sin embargo, que algunos decisorios hayan declarado procedente el embargo de ciertos muebles que lo componen, tales como el modular (CNCom., Sala C, 6/8/70, LL, t. 143, p. 578), la vitrina (CNCom., Sala C, 20/3/64, LL, t. 116, p. 791) y el trinchante, máxime si ya está exceptuado el aparador (CNCom., Sala C, 6/5/71, LL, t. 145, p. 417). Juego de copas: Es insusceptible de embargo si del acta levantada con motivo de la diligencia no resulta que se trate de un bien suntuario o de gran valor (CNCom., Sala A, 23/4/62, LL, t. 109, p. 968, n° 8636S). Lo mismo cuando no se prueba que hay otras copas (CNCom., Sala C, 6/5/71, LL, t. 145, p. 417, n° 28.231-S) o cuando se trata de un juego de cincuenta piezas de distinto tipo (CNCiv., Sala A, 28/5/68, LL, t. 131, p. 1159, n° 18.018-S). La tesis predominante apunta a declarar su inembargabilidad cuando no es suntuario (CNCom., Sala A, 21/2/72, JA, Reseñas, 1972, p. 199). Juego de cubiertos: Se considera bien de indispensable uso en el hogar (CNCom., Sala A, 18/10/57, JA, Reseñas, t. 1972, p. 199). Juego de living: Es inembargable considerándose de uso indispensable (CNCom., Sala A, 26/8/74, ED, t. 58, p. 156), máxime cuando no es lujoso e integra el ajuar de una familia de cierta posición social (CCC Rosario, Sala IV, 27/2/70, Rep. LL, t. XXXI, p. 695, sumo 27). No obsta a su inembargabilidad la existencia de seis sillas en el comedor pues ellas no alteran su naturaleza especial que está dada por el destino que cumple dentro del moblaje de la casa (CNEsp. Civ. y Com., Sala IV, 28/2/72, LL, t. 147, p. 545). Se ha dicho acertadamente que una familia no puede ser despojada del juego de living sin grave deterioro del mínimo nivel de vida (CCC San Francisco, 15/3/71, LL, t. XXXIII, p. 575, sumo 17), aunque los muebles que lo componen sean de cierta calidad (CNCom., Sala B, 26/6/63, LL, t. XXV, p. 626, sumo 42). Juego de mesa: Se lo considera bien de uso indispensable, aun siendo de porcelana importada (CNCom., Sala A, 9/2/62, JA, Reseñas, t. 1972, p. 199), máxime cuando es simplemente de loza (CNCom., Sala C, 17/3/69, JA, Reseñas, t. 1972, p. 199).
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Juego de sala: Es inembargable cuando no hay otro juego cuyos muebles puedan cumplir las mismas funciones (CNCom., Sala C, 24/2/64, ED, t. 10, p. 633). Juego de sillones: Está integrado por bienes que son de uso indispensable (CNCom., Sala A, 28/4/67, LL, t. 127, p. 115, n° 15.484-S). Juego de sofá y dos sillones: Constituyen bienes integrantes del ajuar de la casa y contribuyen a proporcionar un mínimo de bienestar (CNCiv., Sala A, 28/5/68, LL, t. 131, p. 1159, n° 18.018-S). Sus muebles integrantes -si no se prueba que hayan otros similares que puedan cumplir igual función-, se consideran de uso indispensable y encuadrados en el arto 219 CPN (CNCom., Sala B, 19/9/70, LL, t. 144, p. 576, n° 27.397-S). Además, son inembargables por su naturaleza y ~or su fin: satisfacer las necesidades primarias del hogar (CNEsp. CIV. y Com., Sala 1, 20/3/73, LL, t. 150, p. 584). Juego de té: No es embargable cuando no constituye un objeto suntuario (CNCom., Sala C, 22/7/71, ED, t. 42, p. 140, sumo 37) o puede considerarse indispensable en el hogar (CNCom., Sala C, 6/9/67, LL, t. 12.9, p. 962, n° 15.923-S). Lámpara de mesa: Se la considera necesaria como integrante del ajuar hogareño (CNCom., Sala B, 22/2/67, ED, t. 22, p. 254). Lámpara de pie: Es inembargable si es de uso corriente y no puede considerarse de lujo (CNCom., Sala A, 28/8/74, ED, t. 58, p. 157); reviste el carácter de bien de indispensable uso (CNCom., Sala A, 28/8/74, LL, t. 1975-A, p. 97; ED, t. 58, p. 157). Lavarropas: No es susceptible de embargo. En la actualidad y en un hogar común no puede considerarse suntuario (CNCom., Sala A, 23/4/62, LL, t. 109, p. 968), aunque sea de origen extranjero (CNCom., Sala A, 30/12/64, LL, t. 118, p. 930, n° 12.248-S). . Se ha señalado también que es imprescindible atento el nIvel medio de la población (CNCom., Sala A, 21/2/72, JA, Reseñas, t. 1972, p. 191; CNCiv., Sala C, 13/4/82, LL, t. 1984-C, p. 622, n° 36.649-S). Lechera: No es embargable cuando integra un juego de té o café que no puede considerarse de carácter suntuario (CNCom., Sala C, 22/7/71, ED, t. 42, p. 140, sumo 37). Lecho cotidiano: No es susceptible de embargo por así disponerlo expresamente el arto 219, inc. 1, del Cód. Procesal. Libros: En general, no son embargables cuando se refieren a cultura general y no se trata de ediciones costosas en cuyo caso integran el standard común de una familia actual, m~ime si el deu~?r es padre de varios hijos que estudian y su educacIón y formaclOn
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MEDIDAS
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personal dependen en buena medida de tales elementos instructivos y espirituales, tan necesarios como irreemplazables (CNCiv., Sala B, 24/6/65, LL, t. 120, p. 938, n° 12.758-S). Lustradora: En la actualidad no es susceptible de embargo pues se la considera de uso indispensable (CNCom., Sala A, 28/8/74, LL, t. 1975-A, p. 97). Mantel y servilletas: Se considera que son bienes de uso indispensable (CNCom., Sala B, JA, t. 1972, p. 199; ídem, Sala D, 15/11/79, LL, t. 1980-A, p. 220). Máquina de coser: Se trata de un bien necesario en el hogar, siendo inembargable aunque el deudor no haya probado que le sea indispensable (Cám. Paz, Sala IV, 10/5/61, LL, t. 104, p. 765, n° 7.260S; CNCom., Sala B, 7/9/73, ED, t. 51, p. 246). Es indiferente, a los efectos de su inembargabilidad, que se trate de una máquina electrónica o a pedal, atento el nivel medio alcanzado por la población (CNCom., Sala C, 22/7/71, ED, t. 42, p. 140, sumo 37). Máquina de tejer: Es inembargable sólo si se prueba que se trata de un instrumento necesario para el trabajo del deudor (CNCom., Sala A, 20/5/64, LL, t. 116, p. 817; JA, Reseñas, t. 1972, p. 192). No es susceptible de embargo, pero debe probarse que se trata de un bien de uso indispensable para la esposa en el hogar del deudor (CNCom., Sala B, 8/9/71, ED, t. 42, p. 141, sumo 51). Mesa (en general): Se considera mueble necesario para un hogar modesto (Cám. Paz, Sala IV, 13/9/61, LL, t. 105, p. 950, n° 7490-S; CNCom., Sala D, 12/8/80, LL, t. 1981-A, p. 74). Cuando integra el juego de comedor, la jurisprudencia reiteradamente sostiene su inembargabilidad no importando que se trate de una mesa extensible o bien que exista otra no detallada, máxime cuando tampoco se ha probado que pueda reemplazada tanto por sus características como mueble cuanto por su condición de indispensable en su actual destino (CNCom., Sala B, 7/8/69, LL, t. 136, p. 1095, n° 22.287-S). En general, es un mueble que encuadra expresamente dentro del arto 219 CPN (CNCom., Sala B, 9/9/70, LL, t. 144, p. 576, n° 27.397S), siendo inembargable por su naturaleza y por el fin al que está destinado: satisfacer las necesidades primarias de un hogar (Cám. Paz, Sala I, 20/3/73, LL; t. 150, p. 584). Así, tanto es inembargable cuando integra el juego de comedor como cuando integra el mobiliario con seis sillas tapizadas en plástico (CNCom., Sala C, 30/12/66, ED, t. 22, p. 255). Mesa de cocina: No es embargable pues se trata de un bien de uso indispensable (CNCom., Sala C, 6/8/70, JA, t. 1972, p. 196).
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Mesa escritorio: Se la considera inembargable (CNCom., Sala A, 10/5/66, ED, t. 22, p. 253; LL, t. 124, p. 1146, n° 14.471-S). Mesa extensible: No es embargable cuando integra el juego de comedor cuya inembargabilidad sostiene reiterada jurisprudencia y de la cual no corresponde apartarse, máxime cuando no se ha probado que dicho mueble de indispensable uso puede ser reemplazado por otro similar (CNCom., Sala B, 7/8/69, LL, t. 136, p. 1095, n° 22.287-S). Mesa plegable: No es embargable cuando carece de gran calidad o valor (CNCom., Sala A, 25/8/74, LL, t. 1975-A, p. 97 Y ED, t. 58, p. 157) o cuando es pequeña y de uso en la cocina del hogar (CNCom., Sala A, 28/8/74, LL, t. 1975-A, p. 97; ED, t. 58, p. 157). Mesas de luz: No son embargables: Se trata de bienes de uso necesario en el hogar (CNCom., Sala B, 26/11/71, JA, Reseñas, t. 1972, p. 196). Mesita de teléfono: No es embargable pues constituye una suerte de accesorio de aquél, circunstancia que la hace de uso indispensable, máxime si no se denuncia la existencia de otros muebles que puedan suplir su función (CNCiv., Sala E, 21/10/77, ED, t. 78, p. 529, sumo 3). Mesita de TV: N o es embargable; se trata de un elemento accesorio que, como tal, debe seguir la suerte del principal, hallándose el Tribunal dentro de la corriente que sostiene la inembargabilidad del televisor (CNFed., 13/3/75, LL, t. 1975-B, p. 388). Por otra parte, no se trata de un bien suntuario ni de lujo (CNCom., Sala A, 10/5/66, LL, t. 124, p. 1146, n° 14.471-S). Modular: No es embargable cuando está empotrado en la pared y está destinado a suplir al aparador (CNCom., Sala A, 28/8/74, LL, t. 1975-A, p. 97) o cuando directamente cumple las funciones del aparador (CNCom., Sala A, 18/12/71, JA, Reseñas, t. 1972, p. 197) o cuando no es un mueble de lujo (CNCom., Sala B, 4/2/72, JA, Reseñas, t. 1972, p. 197) o cuando no está denunciado otro que haga de ropero (CNCom., Sala C, 24/11/69, JA, Reseñas, t. 1972, p. 197). Se ha puntualizado, en otros decisorios, que la inembargabilidad del mueble modular surge de su propia naturaleza pues satisface el requisito exigido por el arto 219, inc. 1, del Cód. Procesal, en tanto tiende a cubrir necesidades primarias (guarda de elementos de uso cotidiano o familiar), máxime cuando no hay constancia de otros bienes que puedan suplir su ausencia (CNCom., Sala D, 30/9/80, LL del 30/ 4/81, fallo 79.599, con otras citas jurisprudenciales; CNCom., Sala B, 28/12/80, ED, del 24/3/81, fallo 34.242). Muebles de estilo: No son embargables. Lo que importa para decretar su inembargabilidad es que sean de uso indispensable y no su calidad de bienes suntuario s (CNCom., Sala C, 22/10/69, ED, t. 33, p. 203, sumo 53).
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Piano: Es inembargable si es un instrumento necesario para el trabajo del deudor o de estudio para sus hijos con miras a una profesión, máxime si no es excepcionalmente lujoso (CNEsp. Civ. y Com., Sala IV, 13/9/77, JA, t. 50, p. 1013). En estos supuestos no corresponde considerado elemento suntuario sino cultural e indispensable para el desarrollo de la vida familiar del deudor (CNCom., Sala B, 23/10/63, Rep. LL, t. XXV, p. 629, sumo 72). Placards: No son embargables cuando no existan otros muebles similares que cumplan igual finalidad (CNCom., Sala A, 7/2/62, JA, Reseñas, t. 1972, p. 197). Plancha eléctrica: No es embargable, máxime cuando no es de lujo y su valor es escaso, siendo necesaria para un hogar modesto (CNCom., Sala A, 7/10/59, LL, t. 100, p. 750). Puerta plegadiza: Su inembargabilidad se hace más ostensible cuando se encuentra adherida a la pared, tratándose de un elemento indispensable para la aislación de la habitación (CNCom., Sala C, 16/2/71, LL, t. 144, p. 576, n° 27.398-S). Radio a transistores: En virtud del nivel medio de la población, puede considerarse de uso indispensable, como elemento de información, esparcimiento y cultura, aun con las reservas que los programas radiales puedan deparar (CNCom., Sala C, 30/12/66, LL, t. 125, p. 703; CNCiv., Sala B, 10/3/75, LL, t. 1975-C, p. 583, sumo 1429). Radio de mesa: No es susceptible de embargo pues en un hogar común no puede considerarse suntuario (CNCom., Sala C, 19/4/71, JA, Reseñas, t. 1972, p. 192). Radio portátil: No es embargable ya que se lo considera un bien necesario en el hogar atento el nivel medio alcanzado por la población (CNCom., Sala B, 3/10/69, LL, t. 137). Ralladora de pan: No es embargable: Por la naturaleza y función a que está destinada, su ausencia opera en desmedro de la dignidad del individuo y de la vida decorosa (CNCom., Sala B, 27/10/80, LL, t. 1981-A, p. 341). Regulador de corriente o de voltaje: No es embargable atento el déficit de electricidad que impera en el país que no sólo perjudica la fuerza motriz para la industria sino que afecta a los innumerables aparatos eléctricos hogareños que la ley considera inembargables, debiendo el regulador de voltaje -siendo accesorio-, seguir la suerte del principal (Juzg. Paz firme, 6/5/63, LL, t. 112, p. 602). Así, por ejemplo, no procede su embargo cuando en el hogar del deudor hay una helad era y un lavarropas que lo toman de indispensable uso (CNCom., Sala B, 25/2/69, LL, t. 138, p. 924, n° 23.553-S).
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Reloj (en general): Su inembargabilidad está supeditada a que por su tamaño, material y construcción se lo pueda considerar de uso indispensable para el deudor y su familia (CNCom., Sala B, 27/4/62, JA, t. 1962-IV, p. 563). Reloj despertador: Se lo considera bien de uso indispensable (CNCom., Sala A, 16/7/60, JA, Reseñas, t. 1972, p. 192). Ropas: El CPN dispone expresamente su inembargabilidad en el arto 219, inc. 1. Ropero: No es embargable. Su uso es indispensable en el hogar (CCiv. 2a Cap., 10/7/36, LL, t. 3, p. 126). Se trata de un bien cuya propiedad no implica lujo siendo, por el contrario, imprescindible e insustituible en la vida hogareña (CNCom., Sala B, 7/8/68, LL, t. 134, p. 15), máxime cuando no existe otro mueble similar que cumpla igual finalidad (CNCom., Sala B, 15/9/71, ED, t. 42, p. 138). Sillas: Su uso es indispensable, máxime si forman parte del juego de comedor (Cám. Paz, Sala IV, 26/11/57, LL, t. 1959, fallo 628-S). Se ha puntualizado que su utilidad es obvia y no se trata de bienes suntuarios (CNCiv., Sala A, 23/8/74, ED, t. 58, p. 157). También se ha remarcado que encuadran expresamente dentro del arto 219 CPN (CNCom., Sala B, 9/9/70, LL, t. 144, p. 576, n° 27.397S) siendo inembargables por su naturaleza y por el fin al que están destinadas: satisfacer las necesidades primarias en un hogar (CNEsp. Civ. y Com., Sala 1, 20/3/73, LL, t. 150, p. 584), satisfacción evidente cuando integran el juego de comedor aunque coexistan otras en el domicilio del ejecutado (CNCom., Sala A, 6/7/76, LL, t. 1976-D, p. 428). La inembargabilidad de las sillas se ha mantenido a través de la jurisprudencia (CNCom., Sala C, 26/9/69,17/3/69,7/6/68, JA, Reseñas, t. 1972, p. 197). Sillones: Su uso es indispensable aunque estén tapizados en cuero (CNEsp. Civ. y Com., Sala 1, 6/9/60, JA, t. 1960-V, p. 580). Se ha señalado claramente que integran el ajuar hogareño y contribuyen a un mínimo de bienestar (CNCom., Sala C, 19/3/71, 6/4/70, 15/4/68, JA, Reseñas, t. 1972, p. 197). Sillones-cama: Por su naturaleza y destino encuadran en la inembargabilidad prevista por el arto 219 CPN, máxime cuando no se aprecia la existencia de otros bienes que resulten idóneos para cumplir idéntica función (CNCom., Sala B, 28/12/80, ED, fallo 34.242). Sofá: No es embargable: Es de uso indispensable aunque esté tapizado en cuero (CNEsp. Civ. y Com., Sala 1,6/9/60, JA, t. 1960-V, p. 580). En general, son inembargables y máxime si no son suntuarios (CNCom., Sala C, 15/4/68, JA, Reseñas, t. 1972, p. 197).
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MEDIDAS
Sofá-cama: Atento su destino debe considerarse encuadrado dentro de los muebles de "indispensable uso" previstos en el inc. 1 del arto 219 CPN, aunque exista otro similar (CNCom., Sala B, 8/9/71, LL, t. 146, p. 669, n° 28.716-S). Tapado de piel: Cuando es usado, aunque sea de nutria, no es susceptible de embargo (CNCom., Sala B, 27/10/61, JA, Reseñas, t. 1972, p. 198). No es embargable, asimismo, cuando es de escaso valor (CNCom., Sala B, 11/3/70, JA, Reseñas, 1972, p. 198). Taxi: Es inembargable cuando es la única unidad que posee el deudor para su profesión (CCC Junín, 16/2/83, ED, t. 115, p. 478, n° 127). Tazas: No son embargables cuando integran un juego de té o café que no puede considerarse de carácter suntuario (CNCorn., Sala C, 22/7/71, ED, t. 42, p. 1140, sumo 37). Televisor: No es embargable en razón de constituir un medio de información corriente puesta al servicio del hombre común, que reemplaza prácticamente a la radio y escapa por su naturaleza a una estimación puramente especulativa (CNCiv., Sala B, 14/6/73, JA, t. 1973-19, p. 212). Es inembargable en virtud de que en la época en que vivimos se ha constituido en uno de los más importantes medios de comunicación adquiriendo su tenencia amplísima difusión, por lo que suele ser el recurso para lograr el esparcimiento ante la falta de acceso a otros entretenimientos cada vez más costosos, o bien acceder a la enseñanza elemental, proporcionando un mínimo bienestar compatible con las exigencias de la vida humana, no constituyendo un elemento de lujo formando parte del ajuar normal de una casa (CCC Lomas de Zamora' Sala II, 2/12/80, Jurisp. y Legislación, año 1, n° 15, f. 2580; CFed. L~ Plata, ED, t. 47, p. 611). Esta doctrina es la de un sector de la praxis judicial elaborada en torno al televisor en blanco y negro. Algunos pronunciamientos han declarado que al televisor no cabe incluido sin más en las categorías de embargable e inembargable. A tal.fin es mene~ter establec.er circunstancialmente la medida en que satIsfaga necesldades peculIares, en lo que se vincula con el acceso al esparcimiento en el tiempo de oficio o reposo, la información aun la difusión cultural o la enseñanza elemental, etc. Por ello, par; decidir la embargabilidad o inembargabilidad del televisor resulta necesario determinar en cada caso que su propietario alegue las razones que hagan de él una cosa indispensable, pesando sobre el peticionario la carga de la prueba (CNCiv., Sala A, 14/9/77, BCBCiv., 1977-III, p. 63, sumo 92; ídem, 20/8/80, LL, t. 1981-A, p. 71; CNCom., Sala B, 25/3/77, LL, t. 1977-B, p. 323; CNCiv., Sala E, 8/5/84, ED, t. 115, p. 479, nOS 131 y 132).
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CAUTELARES
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Televisor color: Si bien los criterios jurisprudenciales son dispares, en un caso se decretó su inembargabilidad atendiendo a la circunstancia de hallarse en uso, ser de medianas proporciones (20 pulgadas) y de un modelo común, lo que lo tornan en un bien no suntuario de por sí. Por otra parte, se entendió que dados los magros resultados que se obtendrían por su venta (aparato usado) en remate judicial su realización produciría un perjuicio al deudor sin dar satisfacción al crédito del actor (arg. arto 534, ap. 1°, in fine, Cód. Procesal) (CCC San Martín, 21/5/91, causa C-642/91, reg. int. 61/91) (cfr. infra, 3). Televisor portátil: Se lo ha considerado inembargable (CNCom., Sala A, 28/8/74, LL, t. 1975-A, p. 97) (televisor en blanco y negro). Tetera: No es embargable cuando integra unjuego de té o café que no puede considerarse de carácter suntuario (CNCom., Sala C, 22/7/71, ED, t. 42, p. 140, sumo 37). Tijeras de podar: Su obvia utilidad en cierta época del año permite consideradas como elemento manual de indispensable uso y encuadradas dentro de los utensilios habituales en el hogar (CCC La Plata, Sala II, 3/12/63, Rep. LL, t. XXV, p. 626, sumo 43). Tocadiscos: En la actualidad se considera de uso indispensable en un hogar común (CNCom., Sala C, 9/5/60, JA, t. 1960-IV, p. 412), máxime si por sus características y costos no se puede considerar bien suntuario (CNCom., Sala B, 18/2/72, JA, Reseñas, t. 1972, p. 193). Toilette: No es embargable cuando integra el juego de dormitorio (CNCom., Sala A, 25/6/70, LL, t. 143, p. 550, n° 26.521-S). Trinchante: Se considera de uso indispensable en un hogar (CNCom., Sala C, 16/8/60, LL, t. 102, p. 875, n° 6.427-S), máxime si integra el juego de comedor (CNCom., Sala C, 12/9/67, LL, t. 128, p. 963, n° 15.929-S). Turboventilador: En la actualidad y atendiendo al nivel medio de la población resulta un elemento común en los hogares y no artículo de lujo (CNCom., Sala C, 16/5/74, LL, t. 156, p. 392). Ventilador de pie: Se lo ha considerado de uso indispensable (CNEsp. Civ. y Com., Sala IV, 3/4/73, LL, t. 150, p. 683). Vitrina: Se considera que integra el ajuar de la casa y contribuye a dar un mínimo de bienestar a sus moradores (CNCom., Sala A, 24/6/72, JA, Reseñas, t. 1972, p. 198). 3) Muebles de uso no indispensable. La jurisprudencia ha considerado embargables, entre otros: Acondicionador de aire: Es embargable, ya que se trata de un bien que no es, atendiendo a su naturaleza, de uso indispensable (CNCom., 17. Medidas cautelares
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Sala B, 10/10/69, LL, t. 137, p. 823; ED, t. 33, p. 202, sumo 24; ídem, Sala C, 17/12/84, LL, t. 1985-A, p. 492). Adorno: No obstante cumplir un sentido estético respetable, éste debe ceder ante la obligación primordial de hacer frente a las deudas contraídas (CNCiv., Sala A, 9/9/69, ED, t. 33, p. 201, sumo 15). De ahí que se haya dicho que son susceptibles de embargo por ser elementos de simple ornato y no indispensables los cuadros y las estatuillas con figuras chinas (CNCom., Sala B, 1/8/62, LL, t. 110, p. 945; CNCom., Sala A, 25/10/71, ED, t. 42, p. 139, sumo 17). Alfombra: Es embargable pues no es de uso indispensable aunque no sea suntuaria (en el caso, tejida a mano y de industria argentina) (Cám. Paz, Sala IV, 30/5/56, LL, t. 95, p. 157). Se ha puntualizado para declarada embargable que su privación no afecta el normal desenvolvimiento de la vida hogareña del deudor (CNCom., Sala C, 14/4/71, LL, t. 140, p. 597). La jurisprudencia, en general, la considera un bien prescindible y de carácter suntuario (CNCiv., Sala C, 29/5/74, LL, t. 156, p. 822, n° 31. 719-S; ED, t. 58, p. 154). Anillo: Se lo ha considerado embargable si es de los denominados cintillo, máxime habiendo otro nupcial, ya que las razones afectivas no pueden prevalecer sobre el derecho del acreedor impago (CNCom., Sala A, 13/12/67, ED, t. 22, p. 249). También es susceptible de embargo si se trata de un solitario de brillantes que por su propia naturaleza es un bien accesorio y un simple elemento de ornato, características que le restan su condición de indispensable uso (CNCom., Sala C, 20/9/64, ED, t. 10, p. 637, sumo 105). Ánforas: Se trata de bienes accesorios y de simple ornato, y por lo tanto embargables, ya que no son de uso indispensable (CNCom., Sala B, 23/11/56, JA, Reseñas, t. 1972, p. 187). Aparador: Es embargable cuando es tipo suntuario, como, por ejemplo, si es de madera labrada con cinco cajones frontales, puerta superior con puertas dobles al centro y a los costados, todo estilo Reina Ana (CNEsp. Civ. yCom., Sala IV, 30/7/70,LL, t.142, p. 555), o cuando hay otro similar (CNCom., Sala D, 12/2/80, LL, t. 1981-A, p. 74). Apliques de bronce: Su uso no es indispensable, según algunos fallos (CNCom., Sala C, 25/10/65, ED, t. 22, p. 249; CNCom., Sala B, 26/9/69, JA, Reseñas, t. 1972, p. 189), en tanto que otros consideran que su ausencia en un hogar opera en desmedro de la dignidad del individuo y de la vida decorosa (CNCom., Sala B, 27/10/80, LL, t. 1981, fallo 79.329).
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Arañas eléctricas: Se han declarado embargables cuando el deudor posee más de una, en cuyo caso puede prescindir de algunas sin que por ello pierda un mínimo de bienestar aunque desaparezca la apariencia de holgada situación económica que representan -juntamente con otros bienes-, apariencia que no es posible mantener a costa de los acreedores, máxime cuando la deuda no fue contraída para asegurar el decoro del hogar pues, al decir del propio ejecutado, los pagarés "cubren un crédito usurario obtenido en la trastienda del Casino" (CNCom., Sala A, 25/10/65, LL, t. 21, p. 700). También son embargables cuando por sus características sean bienes suntuario s (CNCiv., Sala D, 24/6/74, LL, t. 155, p. 616), como, por ejemplo, cuando tiene de seis a diez luces y es de bronce y con caireles (CNCom., Sala A, 6/5/65, ED, t. 22, p. 249) o cuando tiene quince luces (CNCom., Sala C, 21/6/74, ED, t. 60, p. 415). Se ha resuelto, por otra parte, que si son de bronce labrado corresponde su embargo porque por sus características y por su material no son de indispensable uso (CNCom., Sala A, 11/8/72, in re ''Yampolsky, Davis dKazez, Marcos" y jurisprudencia allí citada; CNCom., Sala A, 15/10/81, LL, t. 1982, fallo 80.600). Armario: Es embargable cuando es tipo biblioteca, en razón de su destino y del nivel medio de vida alcanzado por la población (CNCom., Sala A, 12/11/74, ED, t. 63, p. 387), máxime cuando hay otro mueble biblioteca que tiene la misma finalidad y ninguno de los dos son indispensables ni referidos a la profesión del deudor (CNCom., Sala C, 3/2/71, LL, t. 142, p. 375). . Armario metálico: Es embargable si el deudor es un obrero modesto según su propia confesión y no ha probado que le sea indispensable para su actividad (CCC Córdoba, 14/6/60, CJ, t. XV, p. 320). Armas: Son embargables, pero debe tratarse de aquellas cuya tenencia no está prohibida por la ley (ver nota de Oscar González Urquiaga en LL, t. 132, p. 1133). Aspiradora eléctrica: Sólo es embargable si puede suplirse su ausencia por otros bienes, ya que tiende a cubrir necesidades primarias en el hogar (CNCom., Sala D, 31/10/80, LL, t. 1981, fallo 79.309). Automóvil: Es embargable, salvo que sea imprescindible para el desempeño profesional del deudor (CNCiv., Sala C, 15/5/64, LL, t. 116, p. 816, n° 11.115-S; CNCom., Sala B, 26/6/64, ED, t. 9, p. 443). Bahiut: No es de uso indispensable y por ende es embargable cuando se trata de un mueble complejo compuesto de radio, vitrina, bar, etc. (CNCom., Sala C, 17/2/67, LL, t. 126, p. 771). No es de uso indispensable, asimismo, cuando hay un bargueño desembargado u otro bahiut o un aparador que cumple idéntica función (CNCom., Sala B, 11/3/70, JA, Reseñas, t. 1972, p. 194) o cuando coexisten un bargueño que se desembarga y un modular que cumplen funciones similares (CNCiv., Sala E, 21/10/77, ED, t. 78, p. 529, sumo 2).
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Es decir que en principio es inembargable, pero circunstancias especiales pueden hacerla prescindible (cfr. esta voz, supra, 2). Balanza: Es embargable. Se ha puntualizado claramente que no debe diferenciarse entre aquella que integra el ajuar de una casa familiar y la destinada a una explotación comercial, ya que, en ambos casos, no se trata de un bien de uso indispensable (CNCom., Sala B, 22/12/71, LL, t. 148, p. 652; ED, t. 42, p. 139, sumo 16). Banco: Es embargable, aunque sea de azulejos, siempre que no se haya probado su carácter de inmueble por accesión (CNCom., Sala C, 16/3/67, LL, t. 126, p. 813, n° 15.428-S). Bandeja: Es embargable cuando se trata de un bien de uso no indispensable sino suntuario, como, por ejemplo, si forma parte complementaria de una mesa de bar o es de metal plateado y de cierto valor (CNCom., Sala C, 5/10/60, LL, t. 102, p. 874). También es embargable cuando se trata de una bandeja de acero inoxidable (CNCom., Sala C, 11/2/70, JA, Reseñas, t. 1972, p. 199). Bar de cedro: Es embargable. Su privación no es susceptible de afectar el normal desenvolvimiento de la vida hogareña del deudor (CNCom., Sala A, 27/12/67, JA, Reseñas, t. 1972, p. 194). Bargueño: Es embargable pues no es de uso indispensable (CNCom., Sala C, 12/9/67, ED, t. 22, p. 249), máxime cuando hay un aparador en el hogar del ejecutado (CNCom., Sala C, LL, t. 126, p. 813). Alguna jurisprudencia ha señalado concretamente que se trata de un bien suntuario (CNCiv., Sala E, 25/7/67, LL, t. 128, p. 465). Se ha señalado, por otra parte, que también es embargable cuando existe un trinchante que no se embarga (CNCom., Sala C, 12/9/67, LL, t. 128, p. 963, n° 15.929-S). Batidora eléctrica: No obstante tratarse de un elemento útil y conveniente, no resulta indispensable (CNCom., Sala C, 16/3/67, ED, t. 22, p. 250). Baúl: Su privación no es susceptible de afectar el normal desenvolvimientodela vida hogareña (CNCom., Sala A, 20/5/64,ED, t.10,p. 637, sumo 98). Biblioteca: Es embargable cuando se trata de un mueble que contiene libros que no son del deudor, en cuyo caso no es de indispensable uso para éste (CNCom., Sala C, 24/11/66, LL, t. 125, p. 791). Es embargable, asimismo, cuando contiene catorce compartimientos que lo hacen suntuario (CNCom., Sala C, 15/4/68, LL, t. 131, p. 1084). Se ha señalado, por otra parte, que el embargo es igualmente procedente cuando hay un mueble biblioteca y un armario biblioteca que tienen la misma finalidad y no son indispensables ni referidos a la profesión del deudor (CNCom., Sala C, 3/2/71, LL, t. 142, p. 375).
EMBARGABILIDAD
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Algunos decisorios consideran que, en general, es embargable, circunstancia que se acentúa cuando por sus características puede conceptuarse bien suntuario, por ejemplo, si se trata de un mueble biblioteca de tres puertas con cristales biselados (CNCom., Sala B, 24/4/62 JA, Reseñas, t. 1972, p. 195; CNCom., Sala C, 3/2/71, JA, Reseñas, t. 1972, p. 195). Bicicleta: Es embargable (CNCom., Sala A, 18/10/57, LL, t. 91, p. 51), según el uso que se le asigne (CNCom., Sala B, 10/5/67, LL, t. 127, p. 1114, n° 15.472-S). Biombo: Su embargabilidad radica en que se trata de un bien accesorio y por lo tanto de uso prescindible, máxime si es de madera tallada y de estilo hindú (CNCom., Sala B, 26/2/64, JA, Reseñas, t. 1972, p. 187), o si tiene incrustaciones de nácar (CNCom., Sala C, 15/ 3/61, JA, Reseñas, 1972, p. 187). Botellón: Se lo ha considerado como bien prescindible en el hogar, máxime si forma juego con una jarra y doce vasos (CNCom., Sala B, 3/10/69, LL, t. 137, p. 652; ED, t. 36, p. 215). Caja de hierro: Es embargable. Su inembargabilidad está supeditada a que se invoque un motivo especial que lo torne de uso indispensable (CNCiv., Sala A, 25/11/59, LL, t. 100, p. 750). Es embargable, asimismo, cuando fue ofrecida a embargo por el propio deudor, ya que, siendo él quien debe analizar la necesidad que tiene del bien, es evidente que puede prescindir de la caja de hierro (CNCom., Sala B, 13/6/75, LL, t. 1975-C, p. 523). Diversos decisorios, por otra parte, han considerado que no se trata de un bien de indispensable uso (CNCom., Sala A, 21/6/63, JA, Reseñas, t. 1972, p. 195; CNCom., Sala C, 22/11/65 y 5/7/65, JA, Reseñas, t. 1972, p. 195). Calefactor: Es embargable. Se trata de un bien que no es de uso indispensable, pudiendo ser sustituido por otro utensilio similar (CNCom., Sala A, 30/12/64, LL, t. 118, p. 930; ED, t. 10, p. 635, sumo 85; 15/6/68, ED, t. 23, p. 80). Procede su embargo aunque sea de gas (CNCom., Sala C, 15/4/68, LL, t. 131, p. 1084). Calefactor a garrafa: Si bien en principio es inembargable porque se lo considera de uso indispensable, procede su embargo si existe en el hogar otro bien similar (CNCom., Sala B, 7/8/68, LL, t. 134, p. 15). Candelabros: Son embargables pues se los considera de uso dispensable (CNCom., Sala B, 7/8/68, LL, t. 134, p. 15). Centro de mesa: Es embargable cuando no hay constancia alguna como para que pueda considerárselo bien indispensable (CNCom., Sala A, 13/7/60, JA, Reseñas, t. 1972, p. 188).
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EMBARGABILIDAD MEDIDAS
CAUTELARES
La jurisprudencia conceptúa que no está comprendido entre los bienes de uso indispensable (CNCom., Sala C, 4/10/68, JA, Reseñas, t. 1972, p. 188). Cintillo: Se ha señalado, para declarar procedente su embargo, que las razones afectivas no pueden prevalecer sobre el derecho del acreedor impago (CNCom., Sala A, 13/12/67, LL, t. 129, p. 986, n° 16.407-S). Cocina familiar: Si bien es de uso indispensable y por lo tanto no susceptible de embargo, éste procede cuando hay otra en el hogar, en cuyo caso no encuadra en el arto 219 CPN (CNCom., Sala B, 15/9/71, ED, t. 42, p. 148). Cofre: Su embargabilidad reside en que se trata de un bien accesorio y prescindible, máxime si es de madera de sándalo (CNCom., Sala B, 26/2/64, JA, Reseñas, t. 1972, p. 195). Colección de grandes novelas: Su uso no es indispensable (CNCom., Sala C, 16/8/60, LL, t. 102, p. 875). Combinado (en general): Es embargable: No se encuentra comprendido en el beneficio previsto en el arto 219 CPN (CNCom., Sala A, 13/11/67, LL, t. 129, p. 986) máxime si está compuesto de televisor, radio y fonógrafo (CNCom., Sala A, 29/11/59, LL, t. 100, p. 750). No es un bien de indispensable uso (CNCom., Sala C, 21/6/74,ED, t. 60, p. 415). Combinado de radio y televisión: Es embargable: No se trata de un bien de uso indispensable (CNCom., Sala A, 19/5/66, JA, Reseñas, t. 1972, p. 190). Combinado de radio y tocadiscos: Es embargable: No se considera bien de uso indispensable (CNCom., Sala B, 21/6/72, JA, Reseñas, t. 1972, p. 190), salvo que por sus características no pueda considerarse de lujo (CNCom., Sala A, 2/6/72, JA, Reseñas, t. 1972, p. 190). Cómoda: Si bien se considera bien de uso indispensable, se ha decretado su embargo si es de estilo francés, lo que supone que se trata de un bien suntuario (CNCom., Sala C, LL, t. 102, p. 875, n° 6427-S). También procede su embargo si tiene aplicaciones de bronce y tapa de mármol veteado, existiendo otro destinado al mismo uso (CNCom., Sala B, 22/9/71, JA, t. 1972, p. 195). Copas de cognac: El uso al que están destinadas no las hace indispensables (CNCom., Sala C, 22/7/71, ED, t. 42, p. 139, sumo 15). Cortadora de fiambre: No es de uso indispensable (CNCom., Sala D, 31/10/80, LL, t. 1981-A, p. 316). Cortinas: Alguna jurisprudencia las catalogó como bienes prescindibles (CNCom., Sala C, 30/4/62, JA, Reseñas, t. 1972, p. 198), en tanto .
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que otra la consideró como de uso indispensable (CNCom., Sala B, 23/6/65, LL, t. 120, p. 940, n° 12.773-S; JA, Reseñas, t. 1972, p. 198). Cortinados: No encuadran en la categoría de "indispensables" por tratarse de elementos de ornato (CNCom., Sala B, 12/12/68, JA, Reseñas, t. 1972, p. 198). Hay decisorios, no obstante, que la consideran de indispensable uso atento a su naturaleza y el nivel medio alcanzado por la población (CNCom., Sala A, 13/7/60, JA, Reseñas, t. 1972, p. 198). Cristalero: Se lo ha considerado bien suntuario y prescindible, máxime si hace juego con un dressoir enchapado en caoba y el deudor no ha probado que le sea necesario para su actividad (CNCom., Sala C, 12/9/67, ED, t. 22, p. 250). Cuadros: Su uso no es indispensable por tratarse de elementos de ornato (CNCom., Sala C, 21/6/74, ED, t. 60, p. 415). Se ha puntualizado que no basta para levantar el embargo alegar su escaso valor económico o el valor afectivo que puedan tener para el deudor (CNCom., Sala B, 28/3/62, JA, t. 1962-IlI, p. 563), Y menos aún si se trata de un cuadro firmado por un artista de renombre (CNCom., Sala B, 23/11/71, ED, t. 42, p. 139, sumo 13). Chiffonnier: No es de uso indispensable, máxime si está compuesto de un barcito (CNCom., Sala C, 29/9/67, JA, Reseñas, t. 1972, p. 195). Diccionario enciclopédico: Se lo ha considerado bien prescindible (CNCom., Sala B, 5/4/67, LL, t. 127, p. 127; ED, t. 22, p. 250). Su embargabilidad se acentúa si el deudor manifestó que no era de su propiedad (CNCom., Sala C, 24/11/66, LL, t. 125, p. 791, n° 15.013-S). Algunos decisorios, sin embargo, estiman que se trata de un elemento de indispensable uso en el hogar dentro del concepto previsto en el arto 219 CPN (CNCom., Sala A, 28/4/67, ED, t. 22, p. 253, sumo 81). Discos fonográficos: Son embargables: No se consideran de uso indispensable (CNCom., Sala B, 11/5/62, JA, t. 1972, Reseñas, p. 190; CNCom., Sala C, 6/6/68, JA, Reseñas, p. 190). Discoteca: Es embargable: No se considera bien de uso indispensable en el hogar (CNCom., Sala A, 28/2/58, JA, t. 1972, p. 195). Dressoir: Es un bien suntuario y no de uso indispensable, máxime si es enchapado en caoba y de cuatro puertas y el deudor no ha probado que sea necesario para su actividad (CNEsp. Civ. y Com., Sala IV, 30/5/58, LL, t. 1959, fallo 227-S; CNCom., Sala A, 10/7/67, LL, t. 127, p. 1162, n° 15.879-S). Según jurisprudencia general es el aparador el inembargable y no el dressoir (CNCom., Sala B, 11/3/66, ED, t. 14, p. 655). En principio, entonces, el dressoir es un mueble embargable (CNCom., Sala A, 10/7/67, ED, t. 22, p. 250), aunque cumpla las mis-
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mas funciones que un aparador (CNCom., Sala B, 11/3/66, LL, t. 123, p. 979). Alguna jurisprudencia lo ha considerado bien de indispensable uso en el hogar (CNCom., Sala C, 19/3/71, JA, Reseñas, t. 1972, p. 195). Enceradora eléctrica: Se ha remarcado que aunque se trata de un elemento útil y conveniente, no resulta indispensable en el hogar (CNCom., Sala B, 4/11/66, ED, t. 22, p. 250; ídem, Sala C, 22/10/69, LL, t. 139, p. 760, n° 24.032-S). Hay jurisprudencia en contra, considerándola inembargable (CNCom., Sala A, 19/9/68, LL, t. 134, p. 1101, n° 20.462-S). Enciclopedia: Se considera que es un bien accesorio y no de indispensable uso (CNCom., Sala B, 26/6/64 y CNCom., Sala C, 29/4/66, JA, Reseñas, t. 1972, p. 193). Equipo amplificador: No es considerado imprescindible a los efectos del desarrollo de las tareas inherentes a la profesión del demandado, dado que el uso del mismo hace a su comodidad y esparcimiento (CNCom., Sala A, 26/3/73, LL, t. 155, p. 712). Equipo de alta fidelidad: Se ha puntualizado que no reúne las características fundamentales para eximirse del embargo. Es de uso prescindible y se trata de un bien suntuario (CNCiv., Sala C, 29/5/74, LL, t. 156, p. 822, n° 31.719-S; ED, t. 58, p. 154). Escritorio: Es embargable cuando no se prueba que es instrumento necesario para el deudor (CNCom., Sala B, 28/2/69, LL, t. 134, p. 1098) o cuando es de estilo inglés con siete c~ones y tapa de vidrio y pertenece a un modesto obrero, porque entonces "en relación a la persona del deudor", constituye un lujo y en especial si no está acreditado que le sea indispensable para su actividad (CCC Córdoba, 14/6/60, CJ, t. XV, p. 320) o cuando es de roble con tapa de cristal, hay otro que no se embarga (CNCom., Sala B, 18/3/68, LL, t. 130, p. 444). En el supuesto de que existan dos escritorios es embargable el de mayor valor económico (CNCom., Sala B, 11/3/66, ED, t. 22, p. 250). Algunos decisorios estiman que no es un bien de uso indispensable (CNCom., Sala B, 16/4/71 y 28/2/69, JA, t. 1972, Reseñas, p. 196; CNCom., Sala C, 8/3/68, JA, Reseñas, p. 196). Espejo: Es embargable cuando no es de escaso valor, por ejemplo si está compuesto de tres cuerpos con marco dorado (CNCom., Sala B, 19/9/62, LL, t. 111, p. 900, n° 9195-S) o bien se trata de uno de los conocidos como "espejo de pared" que por su naturaleza es accesorio y simple elemento de ornato o decoración (CNCom., Sala A, 25/10/65, LL, t. 121, p. 700; ídem, Sala B, 27/6/79, LL, t. 1980-A, p. 454). Su embargabilidad surge de su destino y del nivel medio de vida alcanzado por la población (CNCom., Sala A, 12/11/74, ED, t. 63, p. 387), especialmente si es un espejo biselado (CNCiv., Sala E, 21/10/77, ED, t. 78, p. 529, sumo 4).
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Estabilizador de tensión: Es embargable si no se utiliza para el funcionamiento de otros artefactos de uso indispensable (CNEsp. Civ. y Com., Sala VI, 22/8/74, JA, t. 1974-24, p. 367).
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Floreros: Se trata de bienes accesorios y de simple ornato que no pueden incluirse entre los necesarios en el hogar, máxime si son de porcelana (CNCom., Sala A, 25/10/65, LL, t. 121, p. 700). Fuente Pyrex: Es embargable: No se considera bien de indispensable uso (CNCom., Sala A, 11/2/70, JA, Reseñas, t. 1972, p. 199). Grabador: Es embargable, pues no reúne las características fundamentales para eximirse del embargo ya que se trata de un bien prescindible y de carácter suntuario (CNCiv., Sala C, 29/5/74, LL, t. 154, p. 822, n° 31. 719; ED, t. 58, p. 154). Guardacubiertos: Es embargable, considerándose que se trata de un bien accesorio y no indispensable en el hogar (CNCam., Sala C, 14/12/67, JA, t. 1972, p. 196). Guisera: No se trata de un bien de uso necesario en el hogar y por lo tanto es susceptible de embargo (CNCom., Sala C, 16/8/60, LL, t. 102, p. 875, n° 6427-S). Guitarra: Es embargable si no se acreditó que es un instrumento necesario para la actividad del deudor ni para el estudio de éste (CNCom., Sala C, 11/6/63, LL, t. 112, p. 794). No basta para impedir su embargo el simple fundamento de que es propiedad del hijo del deudor y no de éste (CNCom., Sala A, 31/3/65, LL, t. 119, p. 990, n° 12.363-S). Por su naturaleza, se ha dicho, no se trata de un bien de uso indispensable en el hogar (CNCiv., Sala A, 20/9/68, ED, t. 26, p. 525; CNCom., Sala A, 25/6/71, JA, Reseñas, t. 1972, p. 193). Heladera eléctrica familiar: Es embargable si coexisten dos (CNCom., Sala C, 21/4/67, ED, t. 22, p. 250) o cuando el crédito en ejecución deriva de una necesidad alimentaria cuya atención es impostergable y ante la cual debe ceder toda otra consideración fundada en la comodidad o confort del deudor (CNCiv., Sala F, 4/10/60, LL, t. 103, p. 789). Es asimismo embargable si su uso no se presenta como indispensable, V.gr., en la oficina de un profesional (CNCom., Sala B, 7/3/74, ED, t. 54, p. 479). Heladera portátil para auto: No es de uso indispensable (CNCom., Sala C, 29/11/65, LL, t. 122, p. 916). Jarra: No se considera de uso indispensable cuando integra un juego con un botellón y doce vasos (CNCom., Sala B, 3/10/69, ED, t. 36, p. 215). Jarrón de cristal de Venecia: Es embargable: Su propia naturaleza de bien accesorio y simple elemento de decoración dice a las claras
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que no es de indispensable p. 791).
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CAUTELARES
uso (CNCom., Sala C, 20/3/64, LL, t. 116,
Jarrón: Se trata de un bien accesorio y por lo tanto embargable (CNCom., Sala A, 25/10/65, LL, t. 121, p. 700; CNCom., Sala B, 7/2/68, JA, Reseñas, t. 1972, p. 188), máxime si está firmado por su artista creador en cuyo caso, manifiestamente, no es de indispensable uso (CNCom., Sala B, 7/8/68, LL, t. 134, p. 15; ED, t. 28, p. 120). Juego de comedor: Es embargable cuando coexiste otro juego de comedor porque entonces se considera que uno de los dos no es de indispensable uso (CNCom., Sala A, 26/4/71, JA, Reseñas, t. 1972, p. 195) (cfr. supra 2 estos vocablos). Juego de copas: Su embargo es procedente cuando se trata de un juego integrado por setenta y cinco piezas y es complemento de una mesa de bar, pues entonces su uso no es indispensable (CNCom., Sala A, 17/10/58, LL, t. 1959, fallo 1125-S). Es embargable y de uso dispensable, asimismo, cuando las copas son de cristal (CNCom., Sala C, 30/11/71, JA, Reseñas, t. 1972, p. 199). Juego de hall: Dentro del concepto ideal adoptado por la Corte Suprema respecto a qué se entiende por "ajuar de un hogar modesto", está muy lejos del "lecho cotidiano o muebles de indispensable uso" a que alude la ley, y además puede sustituirse por otros muebles que nunca faltan en las casas de familia, máxime si dicho juego está compuesto de mesa con tapa de mármol, tres sillones y dos sillas en tapizado y con sus respectivos almohadones (CNEsp. Civ. y Com., Sala IV, 28/7/59, LL, t. 99, p. 896). Juego de jardín: Su uso no es indispensable (CNCom., Sala A, 24/8/65, LL, t. 121, p. 674) y su privación no es susceptible de afectar el normal desenvolvimiento de la vida hogareña (CNCom., Sala A, 20/3/64, ED, t. 10, p. 637, sumo 98). Juego de living: Es embargable si el deudor es obrero modesto según su propia confesión y no ha probado que le sea necesario para su actividad (CCC Córdoba, 14/6/60, CJ, t. XV, p. 320). Es embargable, asimismo, cuando hay otros muebles que cumplen su misma función (CNCom., Sala B, 10/5/66, ED, t. 22, p. 251; CNCiv., Sala C, 13/4/82, JA, t. 1983-1, p. 75; LL, t. 1984-C, p. 622, n° 36.649-S). Juego de mesa: Es embargable cuando las piezas son de porcelana de Sajonia (CNCom., Sala C, 11/2/70, JA, Reseñas, 1972, p. 199). Juego de sala: Es embargable si hay otro juego cuyos muebles puedan cumplir las mismas funciones (CNCom., Sala C, 24/2/64, ED, t. 10, p. 633; cfr. CNCom., Sala B, 21/10/58, LL, t. 1959, fallo 1686-S: no está amparado por el arto 480 del Cód. de Ptas. [hoy arto 219 CPN]
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ni por la ley 12.296, pues los muebles que lo integran son bienes de lujo de los cuales puede prescindirse sin menoscabo para el bienestar del hogar). Juego de sillones: Es embargable cuando hay otro, pues no puede verse afectado el legítimo derecho del acreedor ni el del deudor en cuanto aquél tiene al patrimonio del ejecutado como prenda común y el deudor debe gozar de los bienes de indispensable uso (CNCom., 25/10/65, LL, t. 121, p. 700; ED, t. 22, p. 251). Juego de sofá y dos sillones: Es embargable: No es de uso indispensable (Cám. Paz, Sala IV, 30/5/56, LL, t. 95, p. 157). Otra jurisprudencia considera que no es susceptible de embargo en virtud de constituir bienes integrantes del hogar que contribuyen a proporcionar un mínimo de bienestar (CNCiv., Sala A, 28/5/68, LL, t. 131, p. 1159, n° 18.018-S). Juego de té: Es embargable: No es de uso indispensable (CNCom., Sala C, 5/10/60, LL, t. 102, p. 874), máxime si sus piezas son de porcelana (CNCom., Sala B, 7/2/68, JA, Reseñas, t. 1972, p. 199). Juego de vasos: No se considera de uso indispensable cuando está integrado por doce vasos, botellón y jarra (CNCom., Sala B, 3/10/69, LL, t. 137, p. 652; ED, t. 36, p. 215). Juego de vestíbulo: Es embargable pues se trata de bienes prescindibles (Juzg. Paz firme, 23/6/33, LL, t. 3, p. 626). Lámpara de mesa: Sólo es embargable si se trata de un bien suntuario (CNCom., Sala C, 6/9/67, LL, t. 128, p. 962; ED, t. 22, p. 251; 17/5/85, LL, t. 1985-D, p. 128). Lámpara de pie: Sé considera de uso dispensable (CNCom., Sala B, 7/8/68, LL, t. 134, p. 15; ídem, Sala C, 6/8/70, LL, t. 143, p. 578, n° 26.688-S). Lavarropas: Su carácter de indispensable uso no proviene sólo y únicamente de su naturaleza, sino del empleo que se le da en cada caso y de la existencia o no de otros aparatos similares (CNCom., Sala D, 19/6/74, LL, t. 156, p. 211). De ahí que si no se invoca su inembargabilidad no procede asignarle de oficio tal calidad (CNCom., Sala D, 19/6/74, LL, t. 156, p. 211), ya que para ello debe demostrarse que es imprescindible (CNEsp. Civ. y Com., Sala 1, 13/10/67, ED, t. 22, p. 254). Libros: Son embargables cuando se trata de ejemplares de cultura general y se encuentran en el consultorio de un dentista (CNCom., Sala B, 17/3/65, ED, t. 10, p. 648). Se han declarado embargables, asimismo, cuando no se trata de ediciones corrientes (CNCom., Sala B, 11/9/64, ED, t. 10, p. 636), la colección de grandes novelas porque su uso no es indispensable
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CAUTELARES
(CNCom., Sala C, 16/8/60, LL, t. 102, p. 875), el diccionario enciclopédico y la colección de obras de Lisandro de la Torre (CNCom., Sala B, 5/4/67, LL, t. 127, p. 127). Son embargables, en general, pues, no invocándose la necesidad de su uso y cuando la índole, calidad y número de tomos impiden considerados como simple elemento informativo (CNCom., Sala B, 9/8/67, LL, t. 130, p. 773). De ahí que se haya declarado procedente el embargo de la Enciclopedia Espasa, pues si bien es útil en general no es específicamente indispensable en una escribanía y puede ser sustituida por otra de menor costo (CNCiv., Sala D, LL, t. 155, p. 616). Licuadora: Es embargable porque su privación no afecta el normal desenvolvimiento de la vida hogareña (CNCom., Sala A, 15/6/65, LL, t. 120, p. 932; CNCom., Sala B, 9/9/70, JA, Reseñas, t. 1972, p. 191; ídem, Sala E, 16/9/82, LL, t. 1983-A, p. 476). Lustra-aspiradora: v. Máquina lustra-aspiradora. Máquina de cortar fiambre: Es embargable: No debe diferenciarse entre aquella que integre el ajuar de una casa familiar y la destinada a una explotación comercial ya que en ambos casos no se trata de un bien de indispensable uso (CNCom., Sala B, 31/10/80, LL, t. 1981, fallo 79.309). Máquina de cortar pan: Es embargable: No debe diferenciarse entre aquella que integra el ajuar de una casa familiar y la destinada a una explotación comercial, ya que en ambos casos no se trata de un bien de indispensable uso (CNCom., Sala B, 22/12/71, LL, t. 148, p. 652). Máquina de coser: Es embargable cuando hay más de una (en el caso cinco, y tres de ellas eléctricas) ya que entonces todas no son indispensables para el ejercicio del trabajo de la deudora (CNCiv., Sala D, 28/3/62, LL, t. 107, p. 996, n° 8294-S). Máquina de coser industrial: Es embargable cuando su destino excede a las de tipo familiar, máxime si no se solicitó el desembargo (CNCom., Sala C, 11/2/77, LL, t. 1977-C, p. 102). Máquina de escribir: Es embargable: Por su naturaleza no es un bien indispensable, máxime no habiéndose argüido ni probado que sea utilizada para el ejercicio de profesión u oficio (CNCom., Sala A, 16/10/67, LL, t. 129, p. 123; ídem, Sala B, 26/2/75, LL, t. 1975-C, p. 582, sumo 1422). Si constituye uno de los elementos que integran el patrimonio del comerciante, está afectada al ejercicio del comercio y no se halla amparada por las previsiones del arto 480 del Cód. de Procedimientos (hoy arto 219 CPN), ya que la calidad de comerciante no es una profesión, arte u oficio (CNCom., Sala A, 25/9/67, LL, t. 129, p. 971).
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Si el demandado no probó que constituyera un elemento indispensable para su desempeño como comerciante en el ramo de maderas, corresponde mantener el embargo (CNCom., Sala A, 6/11/67, LL, t. 129, p. 983). Procede el embargo si la deudora es una sociedad anónima (CNCom., Sala A, 18/2/66, ED, t. 14, p. 655). Si hay varias máquinas de escribir y el deudor es profesional, corresponde desembargar sólo una (CNCom., Sala A, 11/3/65, LL, t. 119, p. 981, n° 12.299-S). Máquina de tejer: Es embargable: En principio se considera excluida de los bienes considerados como de uso indispensable. Si se alegara lo contrario, debe probarse que se trata de un instrumento necesario para el trabajo del deudor (CNCom., Sala B, 8/10/69, JA, Reseñas, t. 1972, p. 192; LL, t. 134, p. 1098, n° 20.440-S). Máquina fotográfica: No se trata de un bien de indispensable uso (CNCom., Sala B, 24/11/71, ED, t. 42, p. 139, sumo 13). Máquina lustra-aspiradora: Es embargable: Su utilización obedece a motivaciones de simple conveniencia o comodidad (CNEsp. Civ. y Com., Sala III, 24/3/75, ED, t. 63, p. 387). Mesa (en general): Si bien en principio se considera mueble necesario del hogar, es embargable cuando se trata de un juego de tres en una, de madera labrada en ébano de mayor a menor, estilo chino, debiendo considerarse bien suntuario y no encuadrable en el concepto de "indispensable uso" que determina el inc. 1 del arto 219 CPN (CNEsp. Civ. y Com., Sala IV, 30/7/70, LL, t. 142, p. 555). Es embargable, asimismo, cuando existe otra mesa (CNCom., Sala C, 22/6/72, LL, t. 148, p. 661) o bien cuando se trata de una de tipo oval extensible con seis sillas tapizadas en cuero haciendo juego, porque entonces excede, de acuerdo con su naturaleza, lo indispensable para el nivel medio de vida de la población (CNCom., Sala B, 11/9/70, LL, t. 141, p. 710). Mesa antigua: Es embargable: No importa cuál sea su procedencia o valor, ya que su uso no es indispensable (CNCom., Sala C, 15/4/68, LL, t. 131, p. 452). Mesada: Procede su embargo cuando integra un mueble metálico con pileta y existe otro similar, ya que entonces no es de indispensable uso (CNCom., Sala B, 15/9/71, ED, t. 42, p. 158). Mesa de bar: Se trata de un bien suntuario y no de uso indispensable (CNCom., Sala A, 17/10/58, LL, t. 1959, fallo 1125-S). Mesa de cocina: Algunajurisprudencia la ha declarado embargable por considerarla prescindible (CNCom., Sala B, 28/2/69, LL, t. 134, p. 1098) en tanto que otra ha puntualizado que se trata de un bien inembargable (CNCom., Sala C, 6/8/70, JA, Reseñas, t. 1972, p. 196).
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Mesa de té rodante: Es embargable: Se considera mueble accesorio y por lo tanto no imprescindible (CNCom., Sala A, 30/10/70, JA, Reseñas, t. 1972, p. 196). Mesa giratoria: Se considera de uso prescindible, máxime si es complementaria (CNCom., Sala B, 7/8/68, LL, t. 134, p. 15). Mesa-libro: No es de uso indispensable, máxime si no se acredita que integra el moblaje del comedor (CNCom., Sala C, 15/4/68, LL, t. 131, p. 452). Mesa redonda: Es embargable cuando se puede prescindir de ella por no satisfacer necesidades familiares y cumplir funciones de adorno (CNCom., Sala C, 22/6/72, LL, t. 149, p. 66). Procede su embargo cuando se trata de una mesita ratona con motivos chinos e incrustaciones de bronce que excede, por su naturaleza, lo indispensable para el nivel medio de la población (CNCom., Sala B, 11/9/70, LL, t. 141, p. 710). En general, puede decirse que e~ prescindible y de carácter suntuario (CNCiv., Sala C, 29/5/74, LL, t. 156, p. 822), siendo embargable aun cuando puede pensarse que constituye un complemento del juego de sillones (CNEsp. Civ. y Com., Sala III, 24/3/75, ED, t. 63, p. 387), especialmente si es de hierro y de cristal, lo que implica que cumple una función de simple ornato (CNEsp. Civ. y Com., Sala VI, ED, t. 58, p. 158). Su embargabilidad es una constancia de la jurisprudencia (CNCiv., Sala E, 21/10/77, ED, t. 78, p. 529, sumo 4). Mesita circular: Aunque tenga estantes es embargable, porque se trata de un bien prescindible (CNCom., Sala B, 7/8/69, JA, Reseñas, t. 1972, p. 196). Mesita de TV: Algún fallo la conceptuó embargable por no tratarse de un bien de indispensable uso (CNCom., Sala B, 7/4/64, ED, t. 10, p. 653, fallo 5708). Otros fallos la consideran inembargable: Se trata de un elemento accesorio que, como tal, debe seguir la suerte del principal, hallándose el tribunal dentro de la corriente que sostiene la inembargabilidad del televisor (CNFed., 13/3/75, LL, t. 1975-B, p. 388); máxime no tratándose de un bien suntuario ni de lujo (CNCom., Sala A, 10/5/66, LL, t. 124, p. 1146, n° 14.471-S). Mesita esquinera: Es embargable: No se considera bien necesario en el hogar (CNCom., Sala B, 15/12/61, JA, Reseñas, t. 1972, p. 916). Modular: Es embargable por cuanto no se trata de un bien de indispensable uso encuadrable en el inc. 1 del arto 219 del Cód. Procesal y su embargo procede aunque integre el juego de comedor, ya que la jurisprudencia en este caso sólo tiene en vista como inembargable al
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aparador (CNCom., Sala C, 6/8/70, LL, t. 143, p. 578; CNEsp. Civ. y Com., Sala IV, 28/2/72, LL, t. 147, p. 545). También es embargable cuando integra el juego de comedor y ya está excluido el aparador del embargo (CNCom., Sala C, 6/3/71, LL, t. 145, p. 417; CNCom., Sala C, 22/6/72, LL, t. 148, p. 681) o cuando coexisten un bargueño que se desembarga y un bahiut que cumplen funciones similares (CNCiv., Sala E, 21/10/77, ED, t. 78, p. 529, sumo 2) (CIT.esta voz supra 2). Muebles de toilette: Se han considerado embargables por su manifiesta superfluidad (Juzg. Paz, firme, 13/5/38, LL, t. 2, p. 660). Perchero: Se lo ha conceptuado como de uso dispensable (Cám. Paz, Sala IV, LL, t. 81, p. 89). Petit mueble: Es embargable: No se trata de un bien indispensable (CNCom., Sala B, 22/9/71, ED, t. 42, p. 139). Piano: Es embargable en general, si resulta que no es un bien de indispensable uso y que se trata de mero lujo en la casa del deudor (CNCom., Sala A, 26/4/71, JA, Reseñas, p. 193). Así, por ejemplo, cuando se trata de un piano de cuarta cola (CNCom., Sala B, 17/9/58, JA, t. 1959-IV, p. 659) o cuando se alega que se trata de un recuerdo de familia y es un mueble suntuoso y de gran valor económico (CNCiv., Sala D, 26/4/74, LL, t. 155, p. 616). También es embargable si el demandado no acreditó que fuera utilizado por su hija para dar lecciones de piano y solventarse de ese modo su carrera universitaria (CNCom., Sala A, 6/11/67, LL, t. 129, p. 983). Asimismo es embargable si el deudor no probó que se trata de un regalo hecho a su hija con motivo de los estudios de música que cursaría actualmente (CNCom., Sala A, 13/11/67, LL, t. 127, p. 986). Esta tendencia jurisprudencial a la embargabilidad del piano se mantiene (CNCiv., Sala C, 29/5/74,LL, t. 156, p. 822, n° 31.719-S;ED, t. 58, p. 154; ídem, Sala D, 24/6/74, LL, t. 155, p. 616). Pileta con mesada: Es embargable cuando existe otro mueble similar, ya que entonces no es de indispensable uso (CNCom., Sala B, 15/9/71, ED, t. 42, p. 148). Placards: Son embargables cuando hay más de uno que cumplen igual función (CNCom., Sala C, 10/11/67, JA, Reseñas, t. 1972, p. 197). Platos de adorno: Son embargables: Se trata de bienes accesorios y de simple ornato que no pueden considerarse, por ende, comprendidos dentro de los muebles de indispensable uso (CNCom., Sala C, 19/3/65, JA, Reseñas, t. 1972, p. 188). Potiches: Son embargables. No importa cuál sea su procedencia o valor, pues su uso no es indispensable (CNCom., Sala C, 15/4/68, LL, t. 131, p. 452).
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Quesera: Es embargable: No se trata de un bien de indispensable uso (CNCom., Sala C, 7/6/68, JA, Reseñas, t. 1972, p. 199). Radiograbador: Se lo considera bien de uso dispensable (CNCom., Sala C, 17/5/85, LL, t. 1985-D, p. 128). Radio portátil: Es embargable cuando existe otro aparato similar o cuando puede considerarse de lujo dado su alto valor comercial (a contrario sensu, CNCom., Sala B, 30/12/64, ED, t. 10, p. 634). Así, es embargable, por ejemplo, cuando el deudor también posee una radio de mesa (CNCom., Sala A, 22/2/68, ED, t. 22, p. 267). Refrigerador eléctrico: Es embargable cuando, teniendo en cuenta lo que surge del acta levantada en ocasión del embargo, resulta su carácter de bien prescindible y no indispensable (CNCom., Sala B, 5/4/67, LL, t. 127, p. 1127, n° 15.589-S). Reloj (en general): Es embargable: Cuando se trata de uno del tipo "carrillón", cuyo uso no es indispensable (CCiv. la Cap., 11/12/36, LL, t. 5, p. 171). También procede su embargo si es eléctrico y de pared o si es de mesa pero importado (CNCom., Sala C, 5/10/60, LL, t. 102, p. 874; 3/2/71, LL, t. 142, p. 375). En general, procede el embargo cuando por su tamaño, material y construcción no puede considerarse de uso indispensable para el deudor y su familia (CNCom., Sala B, 27/4/62, JA, t. 1962-VI, p. 563; ídem, Sala D, 15/11/79, LL, t. 1980-A, p. 220). Así, por ejemplo, cuando es de cuerda y para adorno (CNCom., Sala C, 15/4/68, LL, t. 131, p. 1084) o cuando es de mesa (CNCom., Sala A, 28/4/67, ED, t. 22, p. 255, sumo 103) y con péndulo (CNCom., Sala C, 2/7/68, JA, Reseñas, t. 1972, p. 192). También es embargable cuando es de mesa y con caja de música (CNCom., Sala B, 11/3/70, JA, Reseñas, t. 1972, p. 192). Reloj colgante de bronce e importado: Su embatgabilidad radica en que se trata de un elemento de simple ornato y no indispensable (CNCom., Sala A, 25/10/71, ED, t. 42, p. 139, sumo 17). Reloj de bolsillo: Se lo ha considerado embargable por ser de uso prescindible (CNCom., Sala A, 17/5/60, JA, Reseñas, t. 1972, p. 192). Reloj pulsera: Es embargable: No se trata de un bien de indispensable uso (CNCom., Sala B, 28/2/69, LL, t. 134, p. 1098). Sacón de piel: Es embargable: No se trata de un bien de indispensable uso (CNCom., Sala B, 7/8/68, LL, t. 134, p. 15; ED, t. 28, p. 120). Secador de cabello: Es embargable: Su uso no es indispensable por cuanto su privación no es susceptible de afectar el normal desenvolvimiento de la vida hogareña del deudor (CNCiv., Sala E, 21/10/77,ED, t. 78, p. 529).
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Secretaire: Es embargable: No se trata de un bien de indispensable uso, siendo accesorio y prescindible (CNCom., Sala A, 11/10/67, JA, Reseñas, t. 1972, p. 197). Servilleteros: Son embargables: No se los considera indispensables sino accesorios, máxime siendo de marfil (CNCom., Sala B, 23/11/56, JA, Reseñas, t. 1972, p. 199). Sifón: Es embargable. No puede considerarse de indispensable ~so cuando está destinado a la elaboración doméstica de soda, ya que esta puede ser reemplazada por el agua y no se han aducido razones de carácter médico que determinan la imperiosa necesidad de utilizar aquella bebida (CNEsp. Civ. y Com., Sala 111,8/11/73, JA, Rep. 1974, p. 113).
I
Sillas de comedor: Su embargabilidad depende de la existencia de otras (CNCom., Sala B, 11/9/70, LL, t. 141, p. 710, n° 25.769-S). Sillones: Son embargables: Cuando son tapizados en cuero, por9ue entonces deben ser considerados como suntuarios y no de mdispensable uso encuadrables en las excepciones del arto 219 del Cód. Procesal (CNCom., Sala C, 16/8/70, LL, t. 143, p, 578), máxime cuando su carácter de bien prescindible surge del acta levantada en ocasión del embargo (CNCom., Sala B, 5/4/67, LL, t. 127, p. 1127, n° 15.589-S). También son embargables cuando además existe un juego de living desembargado (CNCom., Sala A, 31/12/71, JA, Reseñas, t. 1972, p. 197) o cuando existen otros sillones (CNCom., Sala C, 15/4/68, JA, Reseñas, t. 1972, p. 197) o cuando están tapizados con gobelinos (CNCom., Sala C, 4/8/66, JA, Reseñas, t. 1972, p. 197). Sofá: Es embargable cuando existe además un juego de living desembargado (CNCom., Sala A, 9/6/72, JA, Reseñas, t. 1972, ps. 197 y 198). Algunos decisorios lo han conceptuado inembargables sin precisar razones (cfr. Roberto Emilio Silva y CNCom., Sala C, 15/4/68 y 30/8/66, JA, Reseñas, t. 1972, pS. 186, 197 y 198). Tapices: Son embargables: Se trata de bienes que no reúnen las características fundamentales para eximirse del embargo porque tienen la calidad de suntuarios y son de uso prescindible (CNCiv., Sala C, 29/5/74, LL, t. 156, p. 822, n° 31.719-S). Además, su privación no es susceptible de afectar el normal desenvolvimiento de la vida ho g areña (CNCom. , Sala A , 20/5/64 ED t. 10, p. 637, sumo 98). " Televisor: Es embargable: Porque su misión específica es procurar una diversión o mero esparcimiento, sin que de ninguna manera pueda considerárselo como un medio destinado a la difusión de la cultura -aunque esporádicamente algún programa podría tener esa finalidad-, supliendo la información la radiotelefonía y los periódicos 18 - Medidas cautelares
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CAUTELARES
Velador de bronce: Es embargable: No se trata de un bien de indispensable uso (CNCom., Sala B, 28/2/69, LL, t. 134, p. 1098), máxime si es de bronce labrado, ya que por sus características y por su material es susceptible de embargo (CNCom., Sala A, 11/8/72, in re "Yampolsky, Davis el Kazez, Marcos", y jurisp. allí citada; CNCom., Sala A, 15/10/81, in re "Domínguez, Jorge elAntequeira, Jorge", LL, t. 1982, fallo 80.600). Ventilador: Su embargabilidad surge de su propia naturaleza y de su uso que no es indispensable, máxime cuando se trata de un ventilador de pie (CNCom., Sala B, 29/5/74,ED, t. 58, p. 153). Vitrina: Es embargable: No es de uso indispensable (CNEsp. Civ. y Com., Sala IV, 13/10/58, LL, t. 81, p. 89), máxime si es de dos puertas con divisiones de cristal, ya que se trata de un bien que por su propia naturaleza es accesorio y simple elemento de decoración (CNCom., Sala C, 20/3/64, LL, t. 116, p. 791). También es embargable cuando integra el juego de comedor y ya está excluido el aparador del embargo (CNCom., Sala C, 6/5/71, LL, t. 145, p. 417), o cuando son vitrinas de exposición en un negocio (CNCom., Sala A, 14/11/66, ED, t. 22, p. 252).
(CNCiv., Sala D, 11/4/78, BJCNCiv., t. 1978-IV, p. 120, sumo 38; CNEsp. Civ. y Com., Sala V, 9/9/88, ED, t. 130, p. 411). Esta posición deja a salvo la situación que puede plantearse cuando el deudor demuestra las razones que hagan del televisor una cosa indispensable (CNCiv., Sala B, 14/12/71, LL, t. 146, p. 655, n° 28.631-S; CNEsp. Civ. y Com., Sala V, 9/9/88, ED, t. 130, p. 411). Televisor color: Es embargable: Porque el televisor color no es indispensable sino que hace a un mejor es~o d~ vida, pero a~ que debe aspirarse cumpliendo primero con las oblIgacIOnes contraIdas, y en consecuencia se encuentra excluido del arto 219 del Cód. Procesal (C1aCC Mar del Plata, en pleno, 27/7/89, LL, t. 1989-D, p. 569; CCC Lomas de Zamora, en pleno, 3/5/84, JA, t. 1984-III, p. 222) (cfr. supra, 2). Tijera de trinchar: Es embargable: No se considera bien de indispensable uso (CNCom., Sala C, 11/12/70,JA, Reseñas, t. 1972, p. 199). Tintero de base de mármol: Es embargable: Puede ser reemplazado por otro bien menos suntuario (CNCom., Sala A, 25/2/62, JA, t. 1963-1, p. 204). Tocadiscos: Es embargable: Se trata de un mero elemento de distracción (Cám. Paz, Sala 1, 20/5/66, LL, t. 124, p. 1155). Es un bien prescindible y de carácter suntuario (CNCiv., Sala C, 29/5/74,LL, t. 156, p. 822, n° 31.719-S;ED, t. 58, p.154; CNCom., Sala E, 16/9/82, LL, t. 1983-A, p. 476). . . Por sus características y función se afecta sólo a esparCImIento o recreación (CNCom., Sala C, 17/12/71, JA, Reseñas, t. 1972, p. 193). Toldo metálico: Es embargable: No es bien de uso indispensable ni instrumento necesario para la profesión, arte u oficio (CNCom., Sala C, 8/9/72, ED, t. 45, p. 587, n° 21.325-S). Tomos de jurisprudencia: Son embargables si el deudor no los necesita para su profesión (a contrario sensu, Cám. Paz, 12/4/44, GP, t. 56, p. 233). Tomos que componen una obra: Son embargables: Se considera que no son de indispensable uso (CNCom:, Sal~ B, 9/8/67, ED, t. 2~, p. 252), máxime si se trata de una obra lIterana que no puede estImarse, evidentemente, ni siquiera necesaria para el ejercicio de una profesión con las reservas del caso para quienes son crí~i~os especializados y sin desmerecer el innegable valor cultural y eSpIrItual de este tipo de bienes. Vasos: Son embargables: Cuando completan una docena y constituyen un juego integrado además con un botellón y una jarra. En este caso se considera que no son de indispensable uso (CNCom., Sala B, 3/10/69, LL, t. 137, p. 652; ED, t. 36, p. 215).
4) Instrumentos
necesarios para la profesión,
arte u oficio.
l) Principios generales. El arto 219 CPN, en cuanto alude a la "profesión", "arte" u "oficio", consagra una norma que propende a proteger el trabajo individual, a fin de que el deudor obtenga el salario o remuneración suficiente para su sustento (CNCiv., Sala C, 13/4/82, JA, t. 1983-1, p. 75). Por ende, sólo resultan comprendidos dentro de su ámbito los implementos, herramientas y útiles manuales de trabajo, indispensables para el ejercicio individual de aquella actividad (CNCom., Sala A, 26/3/73, ED, t. 48); quedando -por lo tanto-- excluidas las instalaciones, maquinarias o instrumental mecánico que importan Una acumulación de capital (CNCom., Sala B, 6/4/79, LL, t. 1979-B, p. 466; ídem, Sala C, 30/6/83, ED, t. 106, p. 290). Se ha agregado que los implementos de trabajo son inembargables en la medida en que se demuestre la íntima vinculación entre su posesión y la actividad que se pretende realizaba en el momento de proceder a su gravamen, de modo tal que su privación haga imposible aquélla (CNCom., Sala B, 13/6/75, LL, t. 1975-C, p. 523, n° 32.755-S). A su vez, debe repararse que la aplicación de la genérica inembargabilidad no autoriza al deudor a conservar todos los instrumentos útiles que usa en el ejercicio de su profesión, sino sólo aquellos que resulten necesarios por su carácter de indispensables (CNCiv., Sala C, 13/4/82, JA, t. 1983-1, p. 75).
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MEDIDAS
Todo ello sin perjuicio de que deben quedar comprendidos en el beneficio los accesorios e implementos que por su naturaleza y destino contribuyan a un normal cumplimiento de la actividad, en concordancia con el progreso científico alcanzado en la materia (CNCom., Sala A, 26/10/55, LL, t. 82, p. 61), con el alcance de que los que signifiquen una mera comodidad, un mayor lucimiento o una apariencia empresaria, queden marginados de la tutela legal (CNCom., Sala B, 11/5/72, ED, t. 3, p. 192). Interesa remarcar, asimismo, que no estando comprendido el ejercicio del comercio dentro de alguna de las categorías que prevé esta norma, obvio resulta que quien lo practique no puede invocar el beneficio legal que tiene carácter excepcional (CNEsp. Civ. y Com., Sala V, 24/9/74, LL, t. 1976-D, p. 514); ni obviamente puede alcanzar a los implementos utilizados para el ejercicio del comercio en forma de empresa (CNCom., Sala D, 28/7/78, LL, t. 1978-D, p. 415), o a la maquinaria perteneciente a una sociedad comercial, desde que el precepto legal en cuestión protege únicamente -como ha quedado expuestoa las personas individuales en la conservación de determinados bienes que integran su patrimonio (CNCiv., Sala B, 9/10/74, LL, t. 1975-C, p. 582, sumo 1423). . Igualmente es reiterada la jurisprudencia en el sentido de que las instalaciones de un establecimiento industrial no quedan comprendidas en la inembargabilidad que aprehende dicha norma (CNCom., Sala B, 6/10/69, LL, t. 138, p. 795); extremo que se deduce por la sola circunstancia de que se desempeñe en el mismo personal en relación de dependencia (CNCom., Sala A, 11/6/71, LL, t. 145, p. 394). No será ocioso recordar aquí que quien invoca el beneficio de la inembargabilidad asume la carga de acreditar, prima facie, la actividad que invoca (CNEsp. Civ. y Com., Sala V, 28/10/65, JA, t. 1966lI, p. 509), aunque si no se ha cuestionado la profesión alegada, debe prescindirse de toda exigencia probatoria (CNCom., Sala B, 4/12/64, LL, t. 118, p. 903, n° 12.061-S). ID Instrumentos
EMBARGABILIDAD
CAUTELARES
inembargables.
Aparato de rayos: Cuando el deudor es de profesión odontólogo (CNCom., Sala A, 26/10/65, LL, t. 82, p. 61). Automotor: Cuando es de alquiler con el cual trabaja el demandado (CNCiv., Sala C, 2/3/72, LL, t. 149, p. 575, n° 29.896-S). Banco de carpintero: Cuando el deudor es carpintero, incluyéndose también dentro de la inembargabilidad las prensas de madera, por ser también útiles necesarios para el oficio del deudor (CNCom., Sala A, 1/6/62, ED, t. 3, p. 896; ídem, 23/10/69, LL, t. 138, p. 103). Frontofocómetro: No procede su embargo cuando, junto con la mesa de trabajo, son elementos necesarios para el ejercicio de la pro-
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fesión del demandado (óptico) (CNCom., Sala C, 7/3/74, LL, t. 154, p. 509; ED, t. 55, p. 422). Televisor y casetera de video: Es inembargable en los términos del arto 219, inc. 1, del Cód. Procesal si son utilizados por un médico psiquiatra en sus labores terapéuticas (CNTrab., Sala lII, 21/10/90, Rep. LL, t. 1991, A-Z, p. 710, n° 25). lID Muebles de oficina inembargables. Abogado: Son inembargables una biblioteca, un fichero, un escritorio metálico y una máquina de escribir (CNCom., Sala B, 15/11/68, LL, t. 135, p. 1070, n° 20.595-S), o el sofá, dos sillones y un ventilador, en razón de la profesión del deudor, que es abogado (CNCom., Sala B, 2/7/69, LL, t. 136, p. 1107, n° 22.368-S). Se le pueden embargar, por el contrario, el aparato de aire acondicionado porque se considera que no es instrumento necesario para el ejercicio de su profesión (CNCom., Sala B, 2/7/69, LL, t. 136, p. 1107, n° 22.368-S); la máquina fotocopiadora, ya que no es admisible equiparar la utilidad, practicidad y economicidad de gastos que puede obtenerse por el uso de la misma a la indispensabilidad del arto 219, inc. 1, del Cód. Procesal, pues, evidentemente, el ejercicio de la profesión de abogado no queda disminuido por la privación de ella (CNEsp. Civ. y Com., Sala IV, 23/11/73, JA, Rep. 1974, p. 132). Escribano: No procede el embargo de la máquina de escribir y las obras básicas del notariado, no obstante el carácter de jubilado del profesional (CNCiv., Sala F, 11/10/73, LL, t. 154, p. 631, n° 32.270-S). Escritor: Se han declarado inembargables, por considerarse necesarios para su profesión, la Enciclopedia Británica y una antigua máquina de escribir (CNCiv., Sala B, 10/4/79, LL, t. 1979-C, p. 215). Martillero: No son susceptibles de embargo el armario metálico, el escritorio, una mesa para máquina, tres sillones y dos sillas por considerarse indispensables para su profesión (CNCom., Sala A, 18/3/68, LL, t. 131, p. 444; ED, t. 23, p. 79). Periodista: No es embargable el escritorio que el periodista utiliza para el ejercicio de su profesión (CNEsp. Civ. y Com., Sala 1, 13/10/65, LL, t. 121, p. 330). IV) Máquinas
de coser.
Taller artesanal: Las dos máquinas de coser y una plancha para sastre, si se trata presumiblemente de un taller artesanal (CNCom., Sala B, 10/8/66, LL, t. 124, p. 1161, n° 14.608-S).
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MEDIDAS
EMBARGABILIDAD
CAUTELARES
V) Otros objetos. En general: El escritorio, sillón giratorio, máquina de escribir portátil, lámpara de escritorio y máquina sumadora manual (CNCom., Sala B, 7/3/74, ED, t. 54, p. 479; LL, t. 155, p. 712, sumo 226; 27/10/80, LL, t. 1981-A, p. 341). VI) Útiles de peluquería. Sillones y toilettes con espejos: Procede el levantamiento del embargo sobre estos bienes por considerarse indispensables para el desarrollo de las tareas de un peluquero (CNEsp. Civ. y Com., Sala V, 12/7/74, BCNECyC, 579, n° 7245). VII) Instrumentos
embargables.
Acondicionador de aire: Es embargable porque su uso hace a la comodidad, sin que pueda ser considerado imprescindible a los efectos del desarrollo de las tareas inherentes a la profesión del demandado (CNCom.-, Sala A, 26/3/63, ED, t. 48, p. 635; ídem, Sala B, LL, t. 136, p. 1107, n° 22.368-S). Auto de alquiler: Es embargable el automóvil taxímetro cuando su propietario es quien causó el daño, máxime si también es explotado por otro chofer (CNCom., Sala B, 23/5/52, LL, t. 67, p. 44). También puede ser embargado el taxi por la ejecución del crédito originado en su compra (CNCiv., Sala C, 7/2/55, LL, t. 78, p. 450). En general, el automóvil de alquiler es embargable a menos que se demuestre su carácter de instrumento necesario para el desempeño de la actividad del deudor, ya que el solo hecho de ser taxi no determina su inembargabilidad, máxime que puede manejar otros que no sean de su propiedad (CNCom., Sala C, 15/5/64, LL, t. 116, p. 816). Por sí solo el taxi no es inembargable, ya que por su importancia y naturaleza es equiparable a una máquina. En consecuencia, para obtener su desembargo debe probarse que es el único recurso del deudor y que su falta le impide ejercer su profesión (CNCom., Sala A, 27/12/74, ED, t. 63, p. 387; LL, t. 1975-B, p. 863). Así, se ha reiterado que no es embargable si se trata del único bien para el ejercicio de la profesión del deudor que es taximetrero (Corte Supo Salta, II, 30/10/70, LL, t. 143, p. 602, n° 26.865-S) y con él trabaja (CNCiv., Sala C, 2/3/72, ED, t. 42, p. 141, sumo 48; CCC Junín, 16/2/83, ED, t. 115, p. 478, n° 127). Automóvil particular: Es embargable en general, a menos que el deudor acredite que le es indispensable para el ejercicio de su profesión (CNCiv., Sala C, 15/5/64, ED, t. 10, p. 635, sumo 79). Se ha puntualizado que el embargo procede aunque el deudor sea martillero, ya que no se trata de un instrumento necesario para su actividad (CCiv. 28 Cap., 26/3/44, LL, t. 34, p. 63).
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Pero no es embargable si el automóvil es de uso de un médico y especialmente si éste es de la campaña; sólo se le puede embargar en ciertos casos, V. gr., cuando el facultativo manifiesta que lo ha vendido demostrando así, en forma inequívoca, que no le era indispensable ni necesario (CCC Rosario, 10/12/47, BSF, t. 18, p. 113). En otro caso se ha señalado que el automóvil del abogado -al igual que el del médico-- no parece constituir un instrumento necesario para su profesión que lo afecte de inembargabilidad en cuanto, evidentemente, no obstaría al normal desenvolvimiento de su actividad, como en cambio sí acontece con otros elementos de su estudio (CCC Santa Fe, Sala 1,Rep. LL, t. XXXVI, p. 586). En cuanto al viajante de comercio se ha decidido que si bien la utilización de un automóvil puede hacer más ágil y cómodo el ejercicio de su actividad, dicho vehículo no resulta, en principio, un instrumento indispensable para la realización de esas tareas, ya que a tales efectos cabe presumir (en el sublite no se alegó nada en contrario) que el interesado puede valerse de los diversos medios de transporte público y privado existentes (C28CC La Plata, Sala II, causa B-39.524, reg. int. 302/7 4). Bienes que el deudor utiliza en la actividad comercial: Son embargables: 1) una heladera de tipo comercial, una cortadora de fiambres y una balanza (CNCom., Sala C, 12/9/62, ED, t. 3, p. 282); 2) el mostrador ovalado con tapa de fórmica y el ventilador, por no ser indispensables en las tareas de peluquero (CNEsp. Civ. y Com., Sala V, 12/7/74, BCNECyC, 579, n° 7245); 3) las vitrinas integrantes de un negocio de tienda (CNCom., Sala A, 14/11/66, ED, t. 22, p. 252); 4) las instalaciones de un taller y negocio de venta de neumáticos (CNCom., Sala C, 26/4/71, LL, t. 145, p. 422, n° 28.260-S), o de un taller de "gomería" (CNCom., Sala C, 14/12/66, ED, t. 22, p. 256). Enciclopedias: Se ha resuelto que no están amparadas por la inembargabilidad en cuanto la enciclopedia -sin olvido de la utilidad que la colección reportapuede ser sustituida por diccionarios de costo reducido que cumplen satisfactoriamente la misma función -consulta de voces, acepciones, etc.-, y que puede requerir el ejercicio de la profesión de escribano (CNCom., Sala D, 24/6/74, LL, t. 155, p. 616). Equipo amplificador: Procede el embargo del equipo amplificador para música funcional, dado que el mismo simplemente hace al esparcimiento en el ejercicio de la profesión (CNCom., Sala A, 23/3/73, ED, t. 48, p. 635). Maquinarias industriales: Se han declarado susceptibles de embargo las maquinarias industriales, tales como: 1) las destinadas a la industrialización de hojas y mangos para cuchillos (CNCom., Sala B, 31/5/63, ED, t. 6, p. 256); 2) las que tienen por objeto dar mayor impul-
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MEDIDAS
CAUTELAHES
Y prosperidad a la empresa (CNEsp. Civ. y Com., Sala 1, 29/11/63,
LL, t. 113, p. 790, n° 9861-S), o integran un fondo de comercio o establecimiento industrial (CNCom., Sala B, 13/9/68, ED, t. 26, p. 528); 3) la sierra sin fin, garlopa, cepillad ora y tupí, todas ellas con motor acoplado (CNCom., Sala D, 31/7/73, LL, t. 155, p. 712, sumo 228). Mesa de cambios: Es embargable si no surge que su privación lleve aparejada la imposibilidad del ejercicio de las tareas habituales de corredor de cambio (CNCom., Sala A, 28/9/70, LL, t. 145, p. 424, n° 28.278-S). Otros bienes: Se ha considerado que no son bienes indispensables ni necesarios para la profesión, arte u oficio del deudor, un bahiut, una espada, un grabador, una lámpara de mesa, una lámpara de garrafa, un tocadiscos, un ventilador de pie, etc. (CNCiv., Sala F, 8/10/74, LL, t. 1975-C, p. 583, sumo 1427). b) Inciso
2, arto 219 CPN.
Sepulcros. De los términos del arto 219, inc. 2, del Cód. Procesal resulta que no se trabará nunca embargo sobre los sepulcros, salvo que el crédito corresponda a su precio de venta, construcción o suministro de materiales; por lo tanto cabe concluir que procede su interpretación con criterio estricto, ya que así fluye de su propio carácter de excepción (CNCiv., Sala B, 11/6/81, Rep. JA, t. 1981, p. 296, n° 6; ídem, Sala C, 29/9/76, ED, t. 72, p. 520). c) Inciso
3, arto 219 CPN.
Otras excepciones establecidas 1) Alimentos:
por la ley.
cuotas alimentarias.
El arto 374 del Cód. Civil excluye la posibilidad del embargo de la cuota alimentaria por deuda alguna. Empero, por más que el derecho a la prestación alimentaria pueda ser ubicado entre los de naturaleza extra patrimonial, y aparecer revestido de los caracteres de inembargabilidad, intransmisibilidad por herencia, etc., ha de distinguirse entre los alimentos futuros y los vencidos, ya que los caracteres que les asigna el citado arto 374 se refiere sólo a los primeros, es decir, a la obligación alimentaria en sí, y no a las prestaciones cumplidas e incorporadas por lo tanto al patrimonio del acreedor (CNCiv., Sala B, 22/3/74, LL, t. 155, p. 112).
EMBAHGABILIDAD
E INEMBAHGABlLIDAD
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2) Bien de familia. I) Cuestiones generales. El régimen de bien de familia tiene fundamento constitucional, ya que el arto 14 bis C.N. consagra en especial que la ley establecerá su defensa, y si bien la norma va dirigida al legislador, habilita al Poder Judicial para deparar protección defensiva a la cláusula constitucional cuando hay que interpretar la ley 14.394 (CNCom., Sala F, 30/11/87, JA, t. 1988-H, p. 246). La institución del bien de familia está dirigida a proteger al núcleo familiar y tiene un doble objetivo, el económico, tendiente a la conservación de una parte del patrimonio dentro del núcleo familiar, y el social, en cuanto propende al mantenimiento de la familia bajo un mismo techo (CNCiv., Sala C, 13/8/81, LL, t. 1981-D, p. 514). De esta forma tutela la vivienda de la familia ante las vicisitudes económicas, los malos negocios o aun la muerte del padre, sustrayendo dicho bien de los efectos que tales contingencias económicas pudieran provocar en lo sucesivo -embargo o enajenación(art. 38, ley 14.394) (CNCiv., Sala A, 17/9/84, LL, t. 1984-D, p. 598) Queda, por ende, excluido como garantía de los acreedores a partir de su inscripción en el Registro de la Propiedad (CNCom., Sala B, 28/9/83, ED, t. 104, p. 458). La constitución del bien de familia origina para el titular la pérdida de su poder de disposición (art. 37, ap. l°, ley 14.394), o por lo menos su restricción (art. 37, ap. 2°), y por otra parte limita las acciones de los acreedores en lo relativo al cobro de sus créditos mediante la ejecución del inmueble o de sus frutos (art. 38) (CNCiv., Sala D, 18/8/83, ED, t. 107, p. 637). Si la obligación de resarcir los daños y perjuicios se originó en la ocupación indebida de un inmueble, y la demanda y contestación en el juicio sobre daños y perjuicios que culminó con la sentencia condenatoria, son de fecha anterior a la inscripción que prevé el arto 35 de la ley 14.394, no puede ampararse la parte perdidosa en la inembargabilidad en cuestión. Lo contrario importaría dejar librado a la voluntad del responsable del daño la posibilidad de eliminar con posterioridad a su producción un bien que habría de responder a las consecuencias de su obrar (CNCiv., Sala B, LL, t. 124, p. 1157, n° 14.571-S). La afectación del inmueble como bien de familia es inoponible al crédito por honorarios regulados al interventor informante, si la inscripción fue posterior a la aceptación del cargo por él (CNCom., Sala E, 19/2/93, JA, t. 1993-IV, p. 357). Cuando se promete la venta del inmueble afectado como bien de familia, tal convención autoriza a considerar que se está en presencia de un supuesto de des afectación voluntaria, que hace que esos intereses
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MEDIDAS
CAUTELARES
que se pretendía tutelar desaparezcan (CNCiv., Sala C, 21/10/87, LL, t. 1988-A, p. 380). La figura de la sustitución de un bien de familia no está prevista en la ley 14.394, por lo que no puede ser receptadajurisprudencialmente, puesto que se trata de una ley de excepción y que, por ende, debe ser interpretada restrictivamente. La petición, en cuanto pretende que se otorgue a la constitución de bien de familia sobre un inmueble a adquirir, efectos anteriores a la misma, excede el marco de las autorizaciones que prevén las leyes de fondo y procesales, otorgando al instituto del bien de familia un efecto jurídico distinto al previsto en la ley (CNCiv., Sala L, 21/5/92, LL, t. 1992-E, p. 386). 11) Efectos de la inscripción.
Diversos supuestos.
Con respecto a los efectos de la inscripción se ha decidido que si los documentos del crédito reclamado son de fecha posterior a aquélla, no procede el embargo (CNCom., Sala A, 3/11/78, LL, t. 1979-A, p. 445; ED, t. 81, p. 564). Por el contrario, la inembargabilidad de un inmueble inscripto como bien de familia no puede oponerse a créditos por deudas contraídas con fecha anterior a dicha anotación (CNCiv., Sala E, 25/6/91, LL, t. 1992E, p. 581, J. Agrup., caso 8333). En el mismo sentido se ha dicho que si la fecha que motivare el proceso por medidas cautelares es anterior a la inscripción del bien de familia, es infundada la pretensión de levantamiento de las mismas (CNCiv., Sala F, 6/8/79, LL, t. 1979-D, p. 219). Es lo que ocurre, entre otros casos, con el pagaré en que se funda la ejecución, que data de un momento anterior a la afectación del inmueble al régimen de la ley 14.394 y que por ende posibilita la medida cautelar, con prescindencia de la fecha estipulada para el cumplimiento de la prestación, pues la que debe tenerse en cuenta a esos efectos es la que corresponde a la fecha en que se constituyó la obligación (CNCom., Sala A, 29/4/71, LL, t. 144, p. 565, n° 27.310-S). 3) Jubilaciones
y pensiones.
Las jubilaciones y pensiones tienen un fm eminentemente social, que no cabe poner en tela de juicio. Ello ha determinado al legislador a establecer, a través de diversas leyes, la.inembargabilidad de aquéllas en distintos porcentajes, según distintos tipos de actividades (CNCiv., Sala A, 21/8/79, LL, t. 1979-D, p. 477). La ley 18.037 dicta expresa y terminantemente la inembargabilidad de las prestaciones jubilatorias con excepción de las cuotas por alimentos y litisexpensas. Consecuentemente, corresponde realizar una aplicación literal de dicha normativa a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes, rigiendo para los hechos que están in fieri (C2"CC La Plata, Sala 1, 28/5/81, B-49.824, reg. int. 121/81)
EMBARGABILIDAD
E INEMBARGARILIDAD
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4) Organismos oficiales: préstamos para adquirir o construir inmuebles. El decreto-ley 5167/58 (organización y funcionamiento de la Dirección General de Préstamos Personales) así como las leyes 12.643 y 12.921 establecieron la inembargabilidad de los inmuebles obtenidos mediante créditos o préstamos hipotecarios (CNCom., Sala C, 23/2/84, ED, t. 110, p. 318). Se establece así a través del arto 5 del citado decreto-ley 5167/58 dos beneficios excepcionales para los contratantes con préstamo real de garantía a favor del prestatario y su familia, que se extiende a toda su vida, la de su cónyuge y la de los hijos menores e incapacitados, siempre que dichos inmueble s constituyan el único patrimonio familiar, y el derecho de la entidad prestamista mientras subsista el crédito. Esta interpretación sobre los dos aspectos de la norma, surge claramente de sus términos. Se ampara al beneficiario con el préstamo para vivienda, pero en especial a su familia, porque se refiere al prestatario o cónyuge e hijos, y no al prestatario o cónyuge o hijos. Además de contemplar las facultades del organismo acreedor, a quien habrá de consultar si no ha sido cancelada la obligación (CNCiv., Sala C, 23/2/84, ED, t. 110, p. 318). Por patrimonio familiar, a los fines de aquella norma, debe entenderse el conjunto que componen la riqueza de la familia -propios y gananciales de ambos cónyuges-, que aseguran su vivienda (CNCiv., Sala C, 23/2/84, ED, t. 110, p. 318). 5) lnmuebles adquiridos o construidos por el Banco Hipotecario Nacional.
con préstamos
otorgados
Ya se trate de créditos otorgados por el Banco Hipotecario Na~ional (art. 34, ley 22.232; Carta Orgánica de dicha Institución), o de mmuebles gravados a favor del Banco por préstamos conferidos para vivienda única propia (art. 35, ley cit.), queda excluida la posibilidad de trabar embargo sobre los mismos, todo lo cual encuentra fundamento en razones de interés general, derivado del interés de protección a la vivienda familiar y obviamente de principios de orden público (CNCom., Sala A, 31/7/85, LL, t. 1985-E, p. 403, n° 37.052-S). Corresponde dejar sin efecto la sentencia que dispuso sacar a remate en pública subasta el bien inmueble perteneciente al fallido, gravado con hipoteca en favor del Banco Hipotecario Nacional. Ello así, pues el a quo desconoció la finalidad tuitiva del arto 35 de la ley 22.232 -en cuanto establece la inembargabilidad e inejecutabilidad de dichos inmueble s- cual es el carácter de orden público y los propósitos de interés general y de fomento de la vivienda familiar que inspiraron el dictado de aquella disposición (CS, 12/4/83, LL, t. 1983-C, p. 740, n° 335).
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MEDIDAS CAlJTELi\HES
La inembargabilidad no se extiende a aquellos inmuebles con destino distinto a única vivienda propia, o a aquellos casos en los que el préstamo ha quedado suspendido, o los planes de vivienda han sido dejados sin efecto (CS, 22/10/87, LL, t. 1988-B, p. 230). No corresponde hacer ninguna distinción, manteniéndose la inembargabilidad, por el hecho de que el préstamo haya sido otorgado para refacción de vivienda y no para adquisición (CNCom., Sala B, 20/3/89, JA, t. 1989-11l, p. 682). Frente a la inscripción registral que hace saber que el inmueble se encuentra excluido del régimen común de responsabilidad patrimonial de su titular, incumbe a quien pretenda ejecutarlo la demostración de que las condiciones que originariamente justificaron el beneficio han dejado de tener vigencia. Asignar al titular dominialla carga de demostrar la existencia de los requisitos impuestos en el arto 35 de la ley 22.232, configura una inadecuada interpretación de esa disposición federal, en cuanto desvirtúa los efectos de la inscripción registral que la misma norma impone, alterando de tal modo el régimen tuitivo regulado en la ley de referencia, pues al enervarse la eficacia de la ~nscripción registral se invierte el principio que rige el sistema y el mmueble, no obstante su calidad, pasa a ser ejecutable (CS, 3/3/92, LL, t. 1992-C, p. 66). 6) Municipalidades. Las municipalidades, como "personas jurídicas", pueden ser demandadas por acciones civiles y ejecutarse sus bienes, de donde resulta que al igual que los particulares, sus bienes pueden ser embargados, salvo que se hallen afectados a un servicio público o sean indispensables para su desenvolvimiento normal, ya se trate de dinero o rentas, de efectos, ya de bienes de carácter mueble o inmueble quedando librado al prudente arbitrio jurisdiccional apreciar si determinados bienes están o no afectados al servicio del municipio (CNEsp. Civ. y Com., Sala 1, 21/6/74, BCNECyC, 576, núm. 7133). 7) Salarios,
sueldos, jubilaciones
y pensiones.
D Cuestiones generales. La ley 9511, modif. por la ley 14.443, establece, como principio general, la limitación a la embargabilidad de los salarios sueldos jubilaciones y pensiones (arts. 1 y 2). " Hace excepción, sin embargo, lo relativo a los alimentos y litisexpensas, en cuanto en dichos institutos no rige la exclusión del embargo ni la reducción en la proporción allí prevista (CNCiv., Sala C, 23/11/71, LL, t. 148, p. 642, n° 29.308-S).
EMBAHGABILIDi\D
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ID Salario mínimo vital. El salario mínimo vital es inembargable; en cambio, las sumas que exceden resultan embargables en las proporciones establecidas en el decreto 684/70, con la salvedad de los importes por actualización monetaria, atento su naturaleza, pues gozan de igual protección, mientras que los intereses, en cambio, no se hallan amparados por el límite de embargabilidad (CNTrab., Sala 1,31/5/84, ED, t. 110, p. 606; ídem, Sala lll, 19/8/83, DT, t. 1984-A, p. 175). lID Sueldos de los empleados
públicos.
Cuestiones generales. El decreto-ley 6754/43, ratificado por la ley 13.894, dispone la inembargabilidad de los sueldos, salarios, jubilaciones y pensiones de los empleados y obreros de la Administración nacional, provincial y municipal, tratándose de obligaciones emergentes de préstamos en dinero o de compra de mercaderías cuando no se ha cumplido con las exigencias previstas en el apartado b del arto 2 de dicho ordenamiento, y no media sentencia de condena firme emitida en un juicio ordinario (CNCom., Sala B, 20/12/72, LL, t. 149, p. 612, n° 30.098-S; ídem, 27/6/83, LL, t. 155, p. 713, SUill. 231; ídem, Sala C, 4/6/69, ED, t. 28, p. 116). Es inembargable el sueldo del ejecutado, tratándose del saldo impago de operaciones realizadas con una tarjeta de compras, si no se demostró que ese préstamo cumple las condiciones del arto 2 del decreto 6754/43 (CNCom., Sala D, 25/9/92, JA, t. 1993-1I, p. 452). Sujetos. comprendidos. A los fmes contemplados por el citado decreto-ley 6754/43 -ratificado por la ley 13.894-, los integrantes de los tres poderes del Estado son empleados, no obstante las funciones distintas que cumplen y la denominación de sus haberes, en cualquiera de los ámbitos a que hace referencia: nacional, provincial, municipal y entidades autárquicas (CNCom., Sala B, 24/12/71, LL, t. 147, p. 42; 16/12/74, LL, t. 1975-B, p. 855, n° 32.342-S). El término "sueldos" del arto 1 de dicho ordenamiento debe entenderse en su acepción más amplia, estando comprendido en el mismo toda retribución monetaria compensatoria de un trabajo sin importar, por consiguiente, el origen de éste y su designación (compensación, dieta, sueldos, salario, etc.) (CNCom., Sala B, 24/12/71, LL, t. 147, p. 42). Los haberes de quien revista como empleadp de Tribunales deben considerarse comprendidos dentro de los sueldos o asignaciones de los empleados de la Administración (CNCom., Sala A, 31/5/71, LL, t. 147, p. 195, con nota; ídem, Sala B, 21/9/75, ED, t. 53, p. 133; LL, t. 155, p. 713, sumo 230); o los que percibe el personal militar (CNEsp. Civ.
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MEDIDAS CAUTELARES
y Com., Sala III, 8/4/74, BCNECyC, núm. 6993), o de la armada (CNCom., Sala B, 24/6/70, LL, t. 141, p. 706, n° 25.733-S). En la enunciación de empleados y obreros de la administración nacional, provincial y municipal han de entenderse comprendidos todos cuantos perciben sueldos del Estado. El empleado del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires debe considerarse incluido en tal normativa (C2aCC La Plata, Sala II, 23/6/93, causa B-75.534, reg. int. 265/93). En contra, por considerar que pertenecen a la administración pública nacional, provincial y municipal y de entidades autárquicas sólo quienes dependen de los respectivos poderes ejecutivos, quedando excluidos los empleados del Poder Judicial: CNCom., Sala D, 7/8/92, LL, t. 1992-E, p. 227. Los empleados del Banco Nacional de Desarrollo se hallan comprendidos en el beneficio de la inembargabilidad de los sueldos por acción ejecutiva (CNCom., Sala D, 12/8/74, LL, t. 1975-C, p. 584, sumo 1437). Asimismo, se ha considerado incluido al personal de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL) (CNCom., Sala A, 26/4/71, LL, t. 145, p. 408, n° 28.165-S), o de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (CNCom., Sala B, 24/9/70, LL, t. 141, p. 706, n° 25.732-S; ídem, Sala E, 14/2/85, LL, t. 1985-B, p. 413). Obligaciones
CAPÍTULO IV
SECUESTRO'
Y MEDIDAS
SIMILARES
18. Secuestro. a) Concepto. El secuestro puede definirse como la "medida cautelar en virtud de la cual se desapodera a una persona de un objeto de su propiedad"I. Conceptos similares brindan Colomb02, Fenochietto y Arazi 3, y . Rocca y Griffi 4. El secuestro opera la sustitución del uso y disposición del sujeto afectado sobre la cosa, generalmente mueble, y respecto de las cuales se litiga o va a litigar, poniéndola en manos de un custodio judicial mientras se decide la controversia. Se considera un remedio más enérgico que el embargo preventivo, y la apreciación de la verosimilitud del derecho, del peligro en la demora y de una contracautela debe ser más severa (CNCiv., Sala B, 20/10/80, ED, t. 104, p. 625, n° 181).
excluidas.
La inembargabilidad prevista por el arto 219 del Cód. Procesal, en cuanto a los sueldos, queda limitada solamente al supuesto de obligaciones emergentes de préstamos de dinero o de compra de mercaderías. Por lo tanto, las deudas que no tengan ese origen están excluidas de dicho régimen legal y sujetas, por ende, a la escala de embargabilidad general que establece la ley 9511 con sus modificaciones (C1acC La Plata, Sala III, 25/10/84, causa 191.520, reg. int. 527/84).
b) Distintos 1
tipos.
Atendiendo a su carácter cautelar 5, el secuestro autónomo, complementario y sancionatorio.
puede
ser
1
Falcón, Código Procesal... cit., t. II, p. 317.
2
Colombo,Código Procesal... cit., t. 1, p. 367: "DesapoderamIento proVIsIO-
.
. .
nal de un mueble o semoviente...". 3 Fe:tiochietto-Arazi, Código Procesal... cit., t. 1, p. 720: "El secuestro recae sobre bienes muebles o semovientes". 4 Rocca-Griffi, Código Procesal... cit., p. 216: "Hay secues~ro cuando se sustrae al uso y disposición del sujeto aquejado por la medida una cosa generalmente mueble". 5 El secuestro reviste carácter ejecutivo cuando se lo ordena: 1) como acto inicial de un proceso de ejecución (v.gr., prenda con registro); ~). para prese~ar la efectividad de un embargo ejecutivo o ejecutorio, y 3) como dIligencIa preVia a la subasta de cosas muebles (v.gr., arto 573, inc. 3, CPN) (cfr. Palacio, Derecho procesal civil, t. VIII, p. 151).
