Offe - Algunas contradicciones del moderno estado asistencial

CLAUS OFFE. “ALGUNAS CONTRADICCIONES DEL MODERNO ESTADO ASISTENCIAL ”. ”. En: Claus Offe, Ingovernabilíta e mutamento delle democrazie , democrazie , il Mulino, Bologna 1982.

El Estado asistencial ha servido, como la más importante fórmula pacificadora de las democracias capitalistas avanzadas en el período siguiente a la segunda guerra mundial. En lo fundamental, esta fórmula pacificadora consiste, en primer lugar, en la explícita obligación del aparato estatal de proveer asistencia y apoyo (en dinero o prestaciones) a aquellos ciudadanos que sufren necesidades y riesgos específicos característicos de la sociedad de mercado; esta asistencia es provista bajo el aspecto de derechos legales concedidos a los ciudadanos. En segundo lugar, el Estado asistencial esta basado en el reconocimiento del rol formal de los sindicatos de los trabajadores tanto en la redacción de los contratos colectivos de trabajo como en la formación de las políticas públicas. Se considera que estos dos componentes estructurales del Estado asistencial limitan el conflicto de clase y lo mitigan, equilibrando el poder asimétrico del trabajo y el capital y, como consecuencia de ello, superando las condiciones de lucha disgregante y de contradicciones que constituyen la característica más conspicua del Estado preasistencial o del capitalismo liberal. Resumiendo, el Estado asistencial ha sido celebrado a lo largo del período post-bélico como la solución política de las contradicciones sociales. Este parece ser el juicio convergente de las élites políticas, tanto en los países en que el Estado asistencial está desarrollado plenamente (por ejemplo Gran Bretaña, Suecia) como en aquellos en que el mismo constituye un modelo sólo parcialmente realizado. En estas últimas sociedades, tal el caso de los Estados Unidos, el conflicto político está focalizado no ya en la deseabilidad fundamental y la indispensabilidad funcional del estado asistencial, sino en la marcha y la modalidad de realización del modelo de Estado asistencial. Esto resulta cierto, con excepciones muy secundarias, hasta la mitad de los años setenta. Desde este momento en adelante observamos que en muchas sociedades capitalistas esta fórmula pacificadora resulta objeto de dudas, de críticas fundamentales y de conflictos políticos. Se revela así que el medio que hasta entonces había resultado el mayormente aceptado para la solución de los problemas políticos ha resultado también él problemático y que, en todo caso, la incontrastada confianza en el Estado asistencial y su futura expansión se ha desvanecido rápidamente. Es a estas dudas y críticas a las que dirigiré mi atención en las observaciones que siguen. El punto de comienzo es entonces la observación que el modelo casi universalmente aceptado; en base al cual crear un cierto nivel de armonía y de paz social en las sociedades europeas post-bélicas, ha terminado por resultar, el mismo fuente de nuevas contradicciones y divisiones políticas en los años setenta. Históricamente el Estado asistencial ha sido el resultado conjunto de una variedad de factores cuya composición difiere de un país a otro. Reformismo socialdemócrata, socialismo cristiano, élites económicas y políticas conservadoras iluminadas y vastas asociaciones industriales fueron las más importantes fuerzas que lucharon y obtuvieron cada vez más amplios seguros obligatorios, legislaciones

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para la protección de los trabajadores, salarios mínimos, el incremento de los gastos públicos en salud y educación, construcción de viviendas subvencionadas por el Estado, como también el reconocimiento de los sindicatos como legítimos representantes económicos y políticos de los trabajadores. Estos constantes desarrollos sociales producidos en las sociedades occidentales fueron, frecuentemente, dramáticamente acelerados al estar insertos en un contexto de intenso conflicto y crisis social, particularmente en condiciones bélicas y postbélicas. Las realizaciones ya concretadas en las condiciones existentes en los períodos bélicos y post-bélicos fueron regularmente mantenidas y a ellas fueron a agregarse las innovaciones que pudieron introducirse en períodos de prosperidad y desarrollo. A la luz de la doctrina de política económica de Keynes, el Estado asistencial llegó a ser considerado no tanto como un gravamen impuesto a la economía sino, más bien, como un factor estabilizador económico y político interno que podía contribuir a regenerar las fuerzas del desarrollo económico e impedir la instauración de una espiral descendente de la economía que desembocara en profundas recesiones. De tal modo, una multiplicidad de intentos extremadamente heterogéneos (desde los ataques preventivos reaccionarios contra el movimiento obrero en el caso de Bismarck al reformismo socialista en el caso de los social demócrata de Weimar, de la consolidación socio-política de las economías bélicas y defensa de la estabilización de los ciclos comerciales, etc.) confluyó en la utilización de idénticos medios institucionales, quienes constituyen hoy el Estado asistencial. Y es exactamente su carácter multifuncional, su capacidad de servir simultáneamente distintos fines y estrategias que hicieron a la combinación política del Estado asistencial tan prometedora para una vasta coalición de fuerzas heterogéneas. Es empero, igualmente cierto que la gran diversidad de las fuerzas que inauguraron y sostuvieron el Estado asistencial no podía permanecer encerradas para siempre dentro de una estructura institucional que hoy resulta cada vez más sujeta a ataques. La organización del compromiso de clases resultó también ella objeto de conflicto de clases.

EL ATAQUE DE LA DERECHA La aguda recesión económica de la mitad de los años setenta ha dado origen a un renacimiento de doctrinas de neo-laissez faire y de doctrinas económicas demonetaristas, intelectual y políticamente de similar poderío. Estas doctrinas equivalen a una crítica fundamental del Estado asistencial, que es visto la enfermedad de aquello que pretende ser la cura. Más que armonizar efectivamente los conflictos de una sociedad de mercado, el mismo los exaspera e impide a las fuerzas de conciliación y de progreso (es decir a las fuerzas del mercado) funcionar de un modo correcto y útil. Esta afirmación se basa sobre dos motivos principales: En primer lugar el Estado asistencial impone una carga de impuestos y normas sobre el capital que equivalen a una des-incentivación de la inversión. En segundo lugar, el Estado asistencial concede al mismo tiempo derechos, concesiones y posiciones de poder colectivo a trabajadores y sindicatos lo que equivale a una desincentivación del trabajo, o al menos a trabajar sin el empeño y la productividad a







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Obviamente este análisis está comúnmente entendido a sostener o a inspirar objetivos políticos reaccionarios; pero muy bien podría darse que la veracidad del análisis mismo fuese mayor que las ventajas de sus conclusiones prácticas. Si bien frecuentemente la izquierda democrática había medido la primera en base a la segunda, ambas merecen, cuando menos una valoración separada. A mi juicio, al menos, el análisis citado no resulta falso en aquello que dice sino en aquello que calla. Por ejemplo, tomando el primer punto del análisis conservador: ¿no es quizás verdad que en condiciones de marcha descendente del desarrollo económico y de fuerte competencia sobre los mercados nacionales e internacionales, los capitalistas individuales, al menos aquellas entidades que no gozan de los privilegios de un sector monopólico, tienen buenos motivos para considerar estériles las perspectivas para las inversiones y los beneficios, y para reprobar el estado asistencial, el cual impone contribuciones de previsión social y una cantidad de normas sobre estas, para reducir ulteriormente sus beneficios? ¿No es quizás verdad que la posición de poder de los sindicatos, basada a su vez sobre derechos que estos han adquirido por medio de relaciones con la industria de contratos colectivos de trabajo y de otras leyes, resulta suficientemente grande como para sustraer beneficios a un número cada vez más mayor de industriales, o de obligarlos a buscar posibilidades de inversión en el exterior? ¿Y no es también quizás verdad que las empresas capitalistas tomarán decisiones de inversión (y por lo tanto de empleo) según criterios de beneficios a breve término, y que consecuentemente evitarán invertir apenas consideren poco seductor un beneficio a largo término, provocando de tal modo una declinación global relativa en el rendimiento productivo de la economía? Sin duda nadie negaría que existen causas de la marcha decreciente del desarrollo y de la ausente inversión por parte de los capitalistas que no tienen nada que ver con el impacto del Estado asistencial sobre los negocios, causas que deben buscarse sobre Todo en aquellas tendencias intrínsecas a la crisis de la economía capitalista como la sobreacumulación, el ciclo de negocios o las modificaciones técnicas descontroladas. Pero también, si así fuese, sería sensato aliviar los agravios impuestos al capital —y por lo tanto, por definición, al resto de la sociedad, en los límites de una sociedad capitalista— eliminando algunas de las cargas y de las restricciones impuestas por el Estado asistencial. Esto, naturalmente, es exactamente cuanto sugieren como consecuencias prácticas la mayor parte de aquellos que sostienen esta propuesta. Más, después de todo, así prosigue la lógica aplastante del argumento, ¿quién se beneficia de lo actuado por un Estado asistencial que mina y finaliza por destruir el sistema productivo sobre el cual debe apoyarse para que se realicen sus propias promesas? ¿No resulta quizás, de cualquier modo, puramente nominal y privado de valor un tipo de «bienestar» que castiga al capital, mediante un pesado gravamen de costos, y entonces a todos, con la inflación, la desocupación o ambas? A mi entender, la intuición más útil que se adquiere a través del tipo de análisis que he apenas descripto en ésta: el Estado asistencial, más que ser una fuente separada y autónoma de prosperidad que procura proveer ingresos y servicios como un derecho del ciudadano, es él mismo dependiente de la prosperidad y de la rentabilidad continua de la economía. Si bien







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No resultaría una objeción infundada al argumento anterior el decir que las élites políticas conservadoras y capitalistas exageran el daño impuesto a ellas por las medidas del Estado asistencial. Sin duda en el juego político ellas tienen buenos motivos tácticos para hacer aparecer más intolerable de cuanto «realmente» sea el gravamen del Estado asistencial. La cuestión se centra, entonces, en aquello que entendemos por «realmente» y de qué modo lo medimos en este contexto. Respondiendo a esta pregunta, deberemos tener presente que la posición de poder de los inversores privados incluye la facultad de definir la realidad. Vale decir que cualquier cosa que ellos consideren como un gravamen intolerable, de hecho es un gravamen intolerable, que de hecho llevará a una caída de la propensión a la inversión, por lo menos hasta cuando ellos puedan esperar reducir efectivamente los costos del Estado asistencial mediante la aplicación de tales sanciones económicas. El debate, orientado a esclarecer si el Estado nacional «comprime realmente» o no los beneficios es puramente académico, por que los inversores están en condiciones de crear la realidad —y los efectos— de «compresión» de los «beneficios». El segundo argumento principal del análisis conservador postula que el efecto del Estado asistencial es una des-incentivación al trabajo. «¡La mano de obra no trabaja!» fue uno de los slogan de la campaña que llevó a la señora Thatcher al cargo de Primer Ministro británico. Pero, por otra parte, el contenido analítico del argumento debe ser esmeradamente separado de las aplicaciones políticas con el que es utilizado. Y, aún más, este argumento analítico puede ser entendido, frecuentemente, contra las intenciones de sus proponentes, de manera de hacer empírico su significado. Por ejemplo, existen pocas dudas sobre el hecho que una elaborada legislación para la protección de la clase obrera coloca a los trabajadores en posición de oponerse a las prácticas de explotación que serían aplicadas, normalmente, en ausencia de tales normas. Sindicatos potentes y reconocidos pueden efectivamente obtener aumentos salariales en exceso en relación a los aumentos de productividad. Y las amplias condiciones de previsión social hacen más fácil —al menos para algunos trabajadores temporalmente— evitar trabajos no deseados. El seguro a gran escala contra la desocupación, que cubre a la mayor parte de los trabajadores, hace menos indeseable la desocupación para muchos trabajadores, y así obstaculiza parcialmente el mecanismo del «cuerpo de reserva». Resumiendo, el Estado asistencial ha hecho más complicada y menos fácil la explotación de la mano de obra. Por otro lado, dado que el Estado asistencial impone al intercambio trabajo-capital normas y derechos que se refieren a la producción, aún dejando intacta la estructura de autoridad de la producción misma, es difícil asombrarse que los trabajadores no estén, comúnmente, tan intrínsecamente motivados a trabajar con la máxima productividad posible. En otras palabras el Estado asistencial mantiene el control del capital sobre la producción, es decir sobre la fuente básica del conflicto industrial y de clase entre trabajo y capital, pero está muy lejos de establecer algo semejante a un «control sobre los trabajadores». Al mismo tiempo, él mismo refuerza el potencial de los trabajadores para la oposición al control por parte del capital, y como efecto neto se tiene que se combate un conflicto que no ha variado, con medios que han cambiado








«ética del trabajo», o que, al menos, reclama estrategias más costosas y menos confiables para hacer respetar tal ética. Un corolario frecuentemente utilizado en el análisis conservador es este: no solamente el Estado asistencial mina la calidad del comportamiento sobre el trabajo, induciendo a los trabajadores a una mayor demanda y, al mismo tiempo, a una menor disponibilidad a dedicar esfuerzos enérgicos a su trabajo, etc., sino que también reduce la cantidad de mano de obra productiva. Se afirma esto en cuanto la ideología del Estado asistencial destaca los servicios del sector público, las carreras burocráticas, y en particular la cultura y la enseñanza, hechos todos que absorben el mercado de trabajo de muchas maneras, bajo el aspecto de mano de obra «productiva». Mi tesis, al menos hasta ahora, que los dos argumentos claves del análisis liberal-conservador son ampliamente válidos, contrariamente a cuanto han frecuentemente sostenido ciertos críticos de la izquierda. El error fundamental que veo en este análisis tiene que ver menos con lo que el mismo declara que con aquello que omite considerar. Toda teoría política digna de este nombre debe responder a dos demandas: primero, ¿cuál es la forma deseable de organización de la sociedad y el Estado y de qué modo podemos demostrar que sea verdaderamente «realizable», vale decir compatible con nuestra normativa de base, y con nuestros compromisos normativos básicos y efectivos en relación a la vida social?. Se tiene aquí el problema de definir un modelo o meta coherente de transformación. Segundo, ¿de qué modo podemos alcanzarlo?. Este problema concierne a la identificación de las fuerzas dinámicas y de las estrategias que podrían conseguir la transformación. El análisis conservador del Estado asistencial falla en ambos planos. Partiendo del último problema, es extremadamente difícil hoy, en Europa Occidental, concebir una estrategia políticamente prometedora si tiende a eliminar aunque sea parcialmente los componentes institucionales establecidos por el Estado asistencial, por no hablar de su total abolición. Vale decir que el Estado asistencial ha resultado, en cierto sentido, una estructura irreversible, cuya abolición requeriría no menos que la abolición de la democracia política y de los sindicatos, como también cambios fundamentales en el sistema de partidos. Una fuerza política que pueda realizar semejante cambio dramático no se encuentra en grado significativo, en ningún lugar, pese a los movimientos populistas de derecha de la clase media nacidos en algunos países. Es además un hecho demostrado por la investigación sobre la opinión pública que los más ardientes sostenedores del capitalismo del laissez faire y del individualismo económico muestran notables diferencias entre su visión ideológica general y su disponibilidad a renunciar a concesiones especiales, subsidios, y planes de previsión social, de los que ellos obtengan personalmente beneficios. Así, en ausencia de una fuerte corriente de fondo ideológica y organizativa (por ejemplo neo-fascista o autoritaria) en los Estados occidentales, imaginar la superación del Estado asistencial y la restauración de una «sana» economía de mercado es poco más que una utopía políticamente impotente de algún ideólogo de la vieja burguesía. En ningún lugar esta clase es lo suficientemente







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Es todavía más significativo el segundo fracaso del análisis conservador su incapacidad de demostrar que el «Capitalismo avanzado menos el Estado asistencial» sería realmente un modelo realizable. Son bastantes obvias las razones por las cuales no lo es, y por las que, como lógica consecuencia, la ideología del neo-laissez faire constituiría una cura muy peligrosa aunque pudiese ser aplicada. En ausencia de una construcción de casas subvencionadas por el Estado en gran escala, de servicios de instrucción pública y de sanidad, como también de extendidos planes de previsión social obligatoria, el funcionamiento de una economía industrial resultaría simplemente inconcebible. Dadas las condiciones y exigencias de la urbanización, la magnitud de las concentraciones de la fuerza de trabajo en establecimientos industriales productivos, el rápido cambio técnico, económico y regional, la reducida capacidad de la familia para hacer frente a las dificultades de la vida en la sociedad industrial, la secularización del orden moral, la reducción cuantitativa y la creciente dependencia de las clases medias poseedoras, todas características bien notorias de las estructuras sociales capitalistas, la desaparición repentina del Estado asistencial dejaría al sistema en un estado conflictual explosivo y de anarquía. El embarazoso secreto del Estado asistencial asistencial es que, mientras su impacto sobre la acumulación capitalista puede muy bien resultar destructivo (como lo demuestra expresamente el análisis conservador) su ausencia significaría simplemente la ruptura del sistema (hecho que es sistemáticamente ignorado por los críticos conservadores). La contradicción es que mientras el capitalismo no puede coexistir con el Estado asistencial, aquel ni siquiera puede existir sin este último. El vicio del análisis conservador está en la acentuación que le da al primer aspecto de la contradicción contradicción y en su silencio sobre el segundo. Se podría pensar naturalmente a la «contradicción» básica del Estado asistencial capitalista como un mero «dilema», que podría, por lo tanto, ser «resuelto» o «tratado» equilibrando con cautela los dos factores. Ello presupondría empero dos cosas, cosas, ambas ambas inciertas, inciertas, primero que exista exista algo así como como una «optimización» en donde las funciones de mantenimiento del orden del Estado asistencial son preservadas, mientras se evitan los efectos de ruptura; y segundo que, en este caso, los procedimientos políticos y métodos administrativos sean suficientemente «racionales» para concretar este precario equilibrio. Antes de considerar las perspectivas para esta solución resumiré unos elementos de la crítica socialista al Estado asistencial.

L A CRÍTICA DESDE LA IZQUIERDA SOCIALISTA Aun siendo absurdo el buscar negar el hecho que la lucha por una legislación que tutele los derechos de los trabajadores, por los servicios sociales, por la previsión social y el reconocimiento de los sindicatos, conducida por más de un siglo por el movimiento obrero, ha llevado a una sustancial mejora de las condiciones de vida de la mayoría de los asalariados, la crítica socialista del Estado asistencial es empero una crítica fundamental. Ella puede resumirse en tras puntos, que examinaremos separadamente: el Estado asistencial es definido como:










No obstante las indudables mejoras de las condiciones de vida de los asalariados, la estructura institucional del Estado asistencial ha hecho poco o nada por modificar la distribución del ingreso entre las dos clases principales de trabajo y capital. El enorme mecanismo de redistribución opera en dirección no-vertical sino horizontal, o sea dentro de la clase de los asalariados. Un posterior aspecto de su ineficacia es que el Estado asistencial no elimina las causas de los imprevistos y de las necesidades individuales (tales como enfermedades del trabajo, el desorden urbano producido por el mercado capitalista de bienes inmuebles, la obsolescencia de las calificaciones, la desocupación, etc.) sino que suple (parcialmente) las consecuencias de tales eventos (proveyendo servicios sanitarios y seguros contra la enfermedad, subsidios para el alojamiento, posibilidades de adiestramiento y readiestramiento, indemnizaciones por desocupación y similares medidas). En línea general, el tipo de intervención social más característico del Estado asistencial se da siempre «demasiado tarde» y, consiguientemente, sus procedimientos ex post facto son más costosos y menos eficaces de cuanto lo sería un tipo de intervención «más causal». Además se reconoce generalmente que también una prevención real significaría interferir en las prerrogativas de los inversores y de la gestión, vale decir con el ámbito del mercado y de la propiedad privada para lo cual el Estado asistencial tiene sólo un poder legislativo de facto y legal, muy limitado. Un posterior argumento que evidencia la ineficacia del Estado asistencial subraya la amenaza constante a la cual son expuestas las políticas sociales y los servicios sociales como consecuencia de la crisis fiscal del Estado, la cual es, a su vez, un reflejo de las discontinuidades, tanto cíclicas como estructurales, del proceso de acumulación. Todos los países de Europa Occidental han hecho la experiencia de una aguda recesión económica hacia mediados de los años setenta, y sabemos de muchos ejemplos de reducción de los gastos para la política social como respuesta a las consecuencias fiscales de tal recesión. Pero también si (y mientras) el aumento absoluto y relativo de los gastos para la política social porcentualmente al producto nacional bruto continúa ininterrumpidamente, ininterrumpidamente, no es cierto en absoluto, como han sostenido Ian Gough y otros antes que él, que aumentos en los gastos sean paralelos a un crecimiento real del «bienestar». La doble falacia, presente en los escritos técnicos como el «cliché-gasto-servicio», es esta: en primer lugar, a un aumento marginal en los gastos no debe necesariamente corresponder un aumento marginal en los outputs del aparato del Estado asistencial, éste también puede ser utilizado para alimentar el propio mecanismo burocrático. Más, en segundo lugar, aun si el output (digamos por ejemplo de los servicios sanitarios) es aumentado,







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calificado para recibir los beneficios y servicios del Estado asistencial, el cliente no sólo debe probar su propia «necesidad», sino que también debe ser un cliente «merecedor», un cliente que se conforme a las normas y los standards económico, políticos y culturales de la sociedad. Cuanto más grave es la necesidad, tienden estas exigencias a ser más rigurosamente definidas. Por ejemplo, los desocupados tienen derecho a la indemnización por desocupación sólo si están disponibles para un empleo alternativo (muchas veces notablemente inferior al trabajo perdido) eventualmente encontrado para ellos; y el derecho de los indigentes, a las contribuciones asistenciales a los indigentes, está comúnmente condicionado a las respuestas de estos últimos a standards de comportamiento que los mejores (betterto-do) estratos de la población son perfectamente libres de infringir. En estos casos y en muchos otros el Estado asistencial asistencial puede ser considerado como una transacción o intercambio en el que los beneficios materiales para los necesitados son negociados a cambio de la sumisión de estos últimos al «orden moral» de la sociedad que genera tal necesidad. Una importante condición preliminar para obtener los servicios del Estado asistencial es la capacidad por parte del individuo de conformarse a las rutinas y a las exigencias de las burocracias asistenciales y de las organizaciones de los servicios, capacidad que, inútil es decirlo, muchas veces está inversamente correlacionada con la necesidad misma. Un importante tercer aspecto de la crítica socialista al Estado asistencial consiste en demostrar su función de control político-ideológico. El Estado asistencial no es visto solamente como fuente de beneficios y servicios, sino contemporáneamente como fuente de falsas concepciones sobre la realidad histórica, las cuales tienen efectos perjudiciales para la organización y la lucha de la clase obrera. Por un lado la esfera del trabajo, la economía, la producción y la distribución «primaria» del beneficio, por otro la situación de ciudadano, el Estado, la reproducción y distribución «secundaria». Esta división del mundo socio-político oscurece las conexiones y los vínculos causales y funcionales existentes entre las dos esferas, impidiendo así la formación de una comprensión política política que considera a la sociedad como una coherente totalidad a cambiar. Vale decir que las combinaciones estructurales del Estado asistencial tienden a hacer ignorar u olvidar a la gente que las necesidades y las contingencias a las que responde el Estado asistencial son producidas en la esfera del trabajo y de la producción, que el Estado asistencial mismo está material e institucionalmente vinculado por las dinámicas de la esfera productiva y que entonces una concepción creíble de la previsión social presupone no solamente la expansión de los «derechos del








Primero, contrariamente al unánime consenso ideológico que existía en algunos de los más avanzados Estados asistenciales a lo largo de los años cincuenta y sesenta, hoy el Estado Estado asistencial ya ya no es estimado como la respuesta promisoria promisoria y permanente a los problemas del orden socio-político de las economías capitalistas avanzadas. En ambos campos las críticas se hacen sentir cada vez más y son más acentuadas sus valoraciones negativas de los procedimientos del Estado asistencial. Segundo, ninguno de los dos enfoques sobre el Estado asistencial podría ni estaría dispuesto, en beneficio de sus respectivas clientelas, a renunciar al Estado asistencial, dado que el mismo cumple funciones esenciales e indispensables tanto para el proceso de acumulación cuanto para el bienestar social y económico de la clase obrera. Tercero, mientras, desde el lado conservador, no existe teoría coherente alguna ni estrategia realista en mérito de un Estado no asistencial (como lo he sostenido anteriormente) no parece ser que la situación sea mucho mejor desde la perspectiva de la izquierda, donde se podría hablar de una teoría coherente de socialismo, más no de una estrategia realista y acordada para su concreción. En ausencia de ésta el Estado asistencial permanece como una realidad teóricamente impugnada, pero sólidamente enraizada en el orden social de las sociedades capitalistas avanzadas. Resumiendo, el Estado asistencial, impugnado tanto desde la derecha como desde la izquierda, no será fácilmente sustituido por una alternativa conservadora o progresista. Existen ciertamente distintos modelos normativos de orden social y económico que son patrocinados por intelectuales y otras minorías más que por alguna amplia corriente política. Una de éstas es el modelo del neo-laissez-faire según el cual el Estado asistencial puede y debería ser abolido, de modo de permitir el resurgimiento de la sociedad de mercado libre y armoniosa. Esta solución es sostenida típicamente por fuerzas políticas de la vieja burguesía, tales como agricultores y comerciantes, que frecuentemente también favorecen movimientos de rechazo a los impuestos. Con esta solución el problema político es que cuanto más se hubiera producido en un país la modernización, de un modo profundo y equitativo, tanto menor será la base social de esta alternativa orientada hacia el pasado. El polo opuesto es un modelo favorecido por elementos de la nueva burguesía, el que combina valores «post-materiales» con determinadas ideas heredadas de la tradición anárquica y sindicalista del pensamiento político. Este modelo implicaría que las funciones del Estado asistencial podrían ser sustituidas







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Primero, en condiciones de aguda crisis económica y de tensión internacional no se puede excluir completamente, como posibilidad, un relativo éxito de la coalición del neo-laissez-faire, basada sobre una alianza entre el gran capital y la vieja burguesía. Segundo, en países con una fuerte democracia social (y quizás también en aquellos con un fuerte elemento eurocomunista) es mayor la posibilidad de que emerjan nuevas formas de mediación de intereses y de compromisos relativamente pacífico, destinadas a determinar la «justa dosis» de la expansión del Estado asistencial, que sea entonces compatible tanto con las exigencias de la acumulación como con los reclamos básicos de las organizaciones de la clase obrera. Este modelo supondría hecho de apoyarse ampliamente sobre modos decisionales «neo-corporativos» o «tripartitos» realizados por representantes de sindicatos y organizaciones altamente centralizadas, bajo la supervisión de agencias del Estado especializadas. Esta eventual segunda configuración, actuará particularmente en situaciones de crisis económica, en perjuicio no solo de la vieja burguesía sino también de aquellos sectores de la clase obrera menos organizados y representados en estructuras de decisión y de tratativas de intergrupo exclusivo. Como tercera posibilidad no puede descartarse completamente un tipo de alianza que combine organizaciones de la clase obrera y elementos provenientes de la nueva burguesía, sobre la base de un modelo no burocrático, descentralizado e igualitario de una «sociedad asistencial» autosuficiente. Se encuentran partidarios de esta solución en los movimientos sociales, quienes encuentran alguna resonancia en las ideas teóricas de autores como Illich, Gorz, Touraine, Cooley y otros. Más que especular sobre la salida probable de esta configuración de fuerzas y de ideas, actitud que requeriría un análisis más detallado de lo que me es posible realizar dentro de los límites de este trabajo, deseo ocuparme, en mis conclusiones, de la naturaleza del proceso político que decidirá eventualmente por una u otra de estas salidas. El mejor modo de concebir tal proceso puede consistir en considerarlo como compuesto por tres órdenes, o tres campos conflictivos acumulativos. El primero y más obvio de estos campos es el decisional político en el interior del aparato del Estado. Sus protagonistas son las élites que compiten recíprocamente por victorias electorales y por la escasez de recursos. Ellas deciden sobre programas de políticas social, de legislación y de presupuesto. En este nivel más superficial y evidente de la política, aquel que es publicitado por los medios masivos de comunicación y que está presente cada vez que el ciudadano es llamado a ejercitar su propio rol político, por ejemplo en calidad de elector. Empero no es éste el único nivel en el que resulta generado, distribuido y








(relaciones comerciales, tasas de crecimiento, cambios en el nivel de desocupación y de la inflación, etc.) y cambios en los parámetros culturales de la vida social (desde la medida de concurrencia a la escuela hasta el índice de divorcios). El conocimiento de tales indicadores modela la imagen de la realidad de las élites, su opinión sobre aquello que pueden o deben hacer, aquello que puede esperarse como consecuencia de sus acciones y aquello que deben abstenerse de hacer. El punto más importante es aquí el siguiente: si bien el poder de estructurar la realidad de los hombres políticos, su programa y su atención, no puede ser fácilmente reconducido hacia protagonistas individuales, como acontece en el primer nivel de conflicto político, empero existe una matriz de poder social según la cual ciertas clases sociales, tienen, más que otros, la posibilidad de modelar o remodelar la realidad política, de abrir o cerrar el programa político. El acceso a los medio de producción y al control sobre ellos, los de organización y de comunicación, están repartidos en la estructura social de un modo desigual, y cada uno de ellos pueden ser utilizado, con distinto grado de eficacia, para modelar y estimular aquello que los hombres políticos consideran como su propio ámbito decisional. El peso relativo de estos distintos recursos, que en parte pueden equilibrarse recíprocamente, pero que pueden también estar concentrados en las manos de un único grupo o clase, depende también de variaciones cíclicas y coyunturales que pueden permite a un grupo el explotar en mayor o menor medida, en distintos tiempos, el propio poder social específico. Bajo este segundo nivel de la política, la matriz de poder social, existe un tercer nivel en el que sobreviven cambios que afectan a la propia matriz, vale decir los cambios de «peso» relativo que tienen los protagonistas colectivos en el modelar el programa de los políticos. Si, como hemos sostenido antes, el segundo nivel consiste en el proceso de influencia sobre el espacio de la acción política mediante el ejercicio del derecho de veto, el chantaje, la amenaza, la movilización y el discurso social sobre las salidas políticas, o, simplemente mediante la fuerza silenciosa de la «reacción preventiva», esto no significa que deban permanecer fijas la entidad y la eficacia de los recursos políticos controlados por cada una de las clases y categoría sociales. Vale decir que el poder social no es nunca lo suficientemente grande como para reproducirse eternamente. Las posiciones de poder resultan confrontadas, casi por definición, y están entonces sujetas al cambio y redistribución. La lucha por la redistribución del poder social es lo que verifica en el tercer nivel y más fundamental nivel de la política. Por ejemplo, puede resultar limitado el poder del mercado, o la legitimidad política, o la fuerza organizativa de las que ha gozado









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democrática debería así ser considerado tanto como determinado por el poder social como potencial determinante del mismo. Confío poder dejar al lector la aplicación de este modelo analítico del proceso político a la controversia contemporánea sobre el Estado asistencial que he examinado y discutido previamente, indagando sobre el grado de su utilidad. La pregunta con la que deseo concluir es de importancia tanto académica como política: ¿El programa del Estado asistencial, su espacio de acción y su desarrollo futuro, serán modelados y limitados por la matriz de poder social de las estructuras sociales del capitalismo avanzado? O bien, por el contrario ¿Será él quien abra la posibilidad de remodelamiento de tal matriz, por medio de sus propias realizaciones o de sus carencias?

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