Principios de criminologia. La nueva edici - Vicente Garrido Genoves.pdf

SANTIAGO REDONDO y VICENTE GARRIDO

PRINCIPIOS DE CRIMINOLOGÍA LA NUEVA EDICIÓN

Prólogo de Antonio Beristain

4ª Edición

Valencia, 2013 Copyright ® 2013 Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este libro

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© Santiago Redondo Illescas Vicente Garrido Genovés

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A nuestro colega y buen amigo Per Stangeland, retirado de la vida académica, cuyo ingenio y trabajo excepcional continúan bien presentes en esta nueva edición de Principios de Criminología. A los alumnos de Criminología de los autores, y a todos los estudiantes y profesores que emplean Principios de Criminología como libro de texto en múltiples universidades españolas y latinoamericanas, sin cuyo entusiasmo por saber y enseñar, esta obra no colmaría su mejor sentido y finalidad.

Agradecimientos Los autores quieren agradecer la colaboración para la presente edición a Ana Martínez Catena, Lucía Columbu, Mercé Viger y Marina Redondo Viger, cuya ayuda fue inestimable para las búsquedas de la bibliografía revisada en este libro. También agradecemos al Magistrado Carlos Climent

Durán su aportación en dos de los capítulos de este libro.

Introducción a la Cuarta Edición Principios de Criminología se ha consolidado como manual de referencia para los estudios de Criminología en muchas universidades españolas y latinoamericanas. Desde su primera edición en 1999, pasando por las ediciones segunda y tercera, de 2001 y 2006, cada vez ha suscitado mayor interés y ha tenido mayor aceptación entre los profesores de distintas asignaturas, que lo han recomendado sistemáticamente a sus alumnos; y, también, de los propios estudiantes, muchos de los cuales nos han comentado, en distintos lugares, que la lectura de esta obra, pese a su volumen inicialmente intimidatorio, no les ha resultado por lo común enojosa, sino enriquecedora y grata. Ahora ponemos a disposición de docentes y alumnos una flamante edición de Principios de Criminología, ampliamente actualizada y renovada en diferentes sentidos. Inmediatamente, lo que resultará más obvio a los lectores es que la nueva edición solo está a cargo de dos de sus tres autores originarios, ya que nuestro colega y buen amigo, el profesor Per Stangeland, está retirado de la vida académica, y ha preferido no contribuir a esta nueva edición. A pesar de ello, el conocimiento, la intuición, la sutileza y el ingenio de Per continúan presentes en muchos lugares y momentos de esta obra y, sin sus

aportaciones iniciales a las ediciones precedentes, esta cuarta edición no habría podido ser como es. Nuestra más sincera y cariñosa gratitud por ello a nuestro querido amigo Per Stangeland. Otro cambio aparente es el orden de los propios autores del libro, que, por la misma razón azarosa por la que dicho orden de autores fue el que era en las ediciones anteriores, es otro actualmente, en el bien entendido que tanto entonces como ahora la contribución de los autores al conjunto de la obra es semejante. Por lo que concierne a la estructura formal de esta cuarta edición, las similitudes y los cambios más significativos son los siguientes. Con ligeras variaciones en las denominaciones, el libro continúa estando estructurado en cuatro partes. La primera parte (I. Criminología y delincuencia), en que se define la disciplina criminológica y su método, y se describe a gran escala el fenómeno criminal, cuenta con la novedad de un capítulo sobre historia de la Criminología, cuya conveniencia nos han reiterado en años pasados diferentes colegas y amigos. La segunda parte (II. Explicación científica del delito), en que se presentan las teorías criminológicas, incorpora siete capítulos (uno menos que en la edición precedente). Son sus novedades estructurales más destacadas las siguientes: la refundición de algunos capítulos teóricos previos (en concreto, se han combinado en un único

capítulo, por un lado, las teorías de la elección racional y las de la oportunidad, y por otro, las perspectivas sobre diferencias individuales y las teorías del aprendizaje); la inclusión de un capítulo nuevo sobre criminología del desarrollo; y la eliminación del capítulo anteriormente existente sobre teorías integradoras. Éste se ha suprimido desde la consideración de que en la criminología actual muchas teorías son hasta cierto punto integradoras, lo que hace a esta denominación poco operativa y discriminadora a la hora de clasificarlas. De este modo, las teorías, en exceso heterogéneas, que antes se situaban bajo el epígrafe de integradoras, se han reubicado, como explicaciones multifacéticas y, por qué no, integradoras, al final de sus respectivos troncos conceptuales más directos (como teorías del control, de la oportunidad, o del desarrollo). La tercera parte (III. Delitos, delincuentes y víctimas), que detalla las distintas formas de la fenomenología criminal, es la que más se ha reducido en el número de capítulos, que ha pasado de once a ocho. Ello no significa que se haya prescindido de contenidos criminológicos fundamentales, en relación con las diversas categorías criminales y sus actores, sino que se ha efectuado una mayor integración y condensación, en un único capítulo temático, de ciertos contenidos, que antes estaban divididos en dos o más lugares. En concreto, se han

aunado, en capítulos unitarios, delitos contra la propiedad y delincuentes comunes, delitos contra las personas y delincuentes violentos, delincuencia sexual adulta y abuso sexual infantil, delincuencia económica y crimen organizado. Consideramos que estas refundiciones permitirán perspectivas más comprensivas y claras de todos estos fenómenos criminales, que anteriormente podían aparecer como más dispersos. Finalmente, la estructura de la cuarta parte (IV. Control y prevención del delito), que trata sobre las reacciones sociales y legales dirigidas a controlar, prevenir y tratar la delincuencia, permanece esencialmente la misma, con la excepción de que los dos últimos capítulos de la tercera edición, que en ambos casos versaban sobre la prevención, de acuerdo a la misma lógica integradora que se viene aduciendo, se han agregado sintéticamente en uno solo. Todos los capítulos finalizan con dos epígrafes breves, el último de los cuales, titulado Cuestiones de estudio, recoge diferentes preguntas y sugerencias de ejercicios didácticos, que pueden ser útiles para el estudio y repaso de las temáticas y contenidos de cada capítulo, y para el desarrollo de prácticas y trabajos con los alumnos. El otro epígrafe, que también existía ya en anteriores ediciones bajo la denominación de Principios criminológicos derivados, se ha transformado ahora en Principios

criminológicos y política criminal, con la intención de hacerlo más ambicioso en dirección a derivar y sugerir, a partir de las investigaciones y resultados presentados en cada capítulo, posibles propuestas para la mejora y el avance científico de las políticas criminales actuales y de futuro. Animamos a ver este epígrafe, no como algo cerrado y completo, que en absoluto lo es, sino como una mera propuesta inicial para que profesores y alumnos puedan, en cada caso, reflexionar y debatir, desde el conocimiento científico, acerca de tales posibilidades de innovación político-criminal. En paralelo a los cambios estructurales comentados, esta nueva edición de Principios de Criminología ha sido ampliamente regenerada en sus contenidos y formas. Desde la fecha de 2006, en que se publicó la tercera edición, ha transcurrido un tiempo prolongado, tanto cuantitativamente como, más aún, en un sentido cualitativo, es decir referido a los muchos y profundos cambios que se han producido en la vida social. Han tenido lugar variaciones y transformaciones notables en el uso de las tecnologías de la información, aumento de la alarma mediática, y de la subsiguiente preocupación social por la delincuencia (a pesar de que se haya producido en muchos casos una reducción general de los delitos), incremento exponencial de la intolerancia y de las políticas criminales populistas, en conexión con una

expansión ubicua de rígidos sistemas de vigilancia y seguridad en ciudades y transportes, graves alteraciones y crisis económicas que afectan a múltiples ciudadanos, países y regiones del mundo (Europa y España incluidas), fenómenos migratorios masivos, etc. Todo lo anterior tiene evidentes conexiones con variadas temáticas de las que se ocupa la Criminología, como la delincuencia en sí, el miedo al delito, la influencia a este respecto de los medios de comunicación, la victimización delictiva, la relación entre economía y delincuencia, la estigmatización y el rechazo de grupos sociales foráneos (inmigrantes, minorías raciales, culturales, religiosas, etc.), los cambios en los estilos de vida y su afectación a la topografía de los delitos, las nuevas formas de criminalidad organizada, las reformas penales, el funcionamiento y las intervenciones de la justicia, la prevención delictiva, la reinserción de delincuentes, y muchos otros. Por ello, en esta cuarta edición se ha hecho un esfuerzo especial para hacernos eco, hasta donde ha sido posible, de todos aquellos cambios sociales que guardan más estrecha relación con la delincuencia y el control de los delitos. Además de las transformaciones operadas en el contexto social, por lo que se refiere a la disciplina criminológica en sí, también se han producido novedades sustanciales, que hemos intentado acoger y reflejar en este libro. La

más destacada es la constante y creciente publicación de nuevas investigaciones sobre múltiples materias criminológicas, incluyendo nuevos conceptos y teorías, y nuevos resultados empíricos sobre casi todas las parcelas del conocimiento tratadas en este manual. Este progreso científico tiene una clara dimensión internacional, particularmente evidente en la ingente producción académica que proviene de Estados Unidos, Canadá, Australia, y los países europeos más desarrollados, pero también dicho avance se ha producido en España, donde la investigación criminológica ha aumentado y mejorado de forma muy notable. Lo anterior ha requerido, a los efectos de esta cuarta edición, una amplia revisión de información bibliográfica, con la finalidad de su incorporación a esta obra, que ahora recoge más estudios y referencias científicas tanto españolas como internacionales, incluyendo también algunas investigaciones realizadas en Latinoamérica. Por último, aunque las ediciones sucesivas de una obra como ésta toman lógicamente como base los textos precedentes, a partir de los cuales se compone la nueva versión, en esta cuarta edición se ha efectuado una profunda actualización y renovación formal y de estilo de múltiples textos y capítulos, con el propósito de hacerlos más comprensibles, ágiles y armoniosos. La buena ciencia, si es que los contenidos aquí presentados

pudieran aspirar a serlo, no es en absoluto incompatible con el bien decir científico, al que se ha aspirado en este manual de Criminología. En tiempos de SMS y usos lingüísticos telegráficos y rudimentarios, de colapso idiomático, particularmente en las disciplinas científicas, en torno a la ubicua influencia de la lengua inglesa (incluida la vigente tontuna académica, de amplia implantación en España, de identificar estereotipadamente la mejor ciencia con aquella que se publica en inglés), y de los no pocos cuestionamientos y desafectos políticos y territoriales acerca de la lengua castellana, queremos reivindicar en esta obra la utilización correcta y cuidada, también en Criminología, de esta hermosa y magnífica lengua que nos ha tocado en suerte en el reparto de las lenguas del mundo, a nosotros y a otros cuatrocientos millones de ciudadanos. De todo lo sucedido desde las precedentes ediciones a esta nueva, lo más significativo y triste para este libro es la desaparición en 2009 del Profesor Antonio Beristain, maestro y amigo entrañable, que en paz descanse, cuyo prólogo lúcido honró las anteriores ediciones y continúa enalteciendo la presente obra. Sobre la base de todo lo dicho, expresamos nuestra más sincera gratitud a todos aquellos profesores y estudiantes que han confiado y adoptado anteriormente Principios de Criminología como manual de referencia, y aspiramos a

que esta cuarta edición pueda también merecer su interés y aceptación.

Prólogo a la Primera Edición CRIMINOLOGÍA CIENTÍFICA DESDE EL SIGLO XX HACIA EL XXI

ANTONIO BERISTAIN, S. J.† Catedrático emérito de Derecho penal Director del Instituto Vasco de Criminología San Sebastián

Agradezco a mis amigos e inteligentes colegas Vicente GARRIDO, Per STANGELAND y Santiago REDONDO que me han honrado con su invitación (sin duda inmerecida) a escribir este prólogo a su excelente libro Principios de Criminología. Acepto con sumo gusto, por múltiples motivos. Primero por la amistad que nos vincula, y también primero porque es para mí un placer poder leer su manuscrito antes de que salga a la luz pública. Leo, disfruto y aprendo. Y concluyo que lo aconsejaré a mis alumnos del Máster en Criminología (de la Universidad del País Vasco) como libro de texto. Lo necesitamos hoy en España y en Latinoamérica. Nos coloca en la proa del barco universitario. Con otras palabras, colma paradigmáticamente nuestra ilusión académica no solo en cuanto a su contenido sino también en cuanto a su estructura didáctica. Sus cuatro partes (¿Qué es la Criminología?, La explicación del

delito, Delitos/Delincuentes/Víctimas y La reacción frente al delito) brindan al lector una información completa del saber actual científico acerca de los más importantes problemas criminológicos. Su título podía haber sido Criminología: Parte general y Parte especial, pues estudia todos los temas básicos. Si alguien piensa que falta un capítulo dedicado expresamente a la historia de la Criminología, se equivoca pues, al analizar cada cuestión, se exponen y comentan científicamente sus antecedentes, incluso desde los tiempos de Aristóteles, y mucho más desde finales del siglo XIX. Los tres autores han sido conscientes de que a la hora de investigar acerca de los objetivos e ideales de la Criminología podemos y debemos volver nuestros ojos a otros pueblos y a otras culturas; pero ellos no han olvidado nuestras historias y nuestras culturas, nuestras filosofías y nuestras convicciones. Predominan, como es lógico, las fuentes anglosajonas (principalmente las norteamericanas), pero no faltan, ni mucho menos, las hispanas (Antonio García-Pablos, César Herrero Herrero, Manuel López-Rey, etcétera) y latinoamericanas (Elías Neuman, Luis Rodríguez Manzanera, Oswaldo N. Tieghi, Raúl Zaffaroni, etcétera), ni las europeas. En pocas palabras, el lector tiene en sus manos un excelente, pionero y completo Textbook on Criminology, obra de tres intelectuales, con amplia experiencia docente y

práctica (no solo en las prisiones), con importantes investigaciones-acciones y con veterana actividad profesional en las Universidades de Valencia, Málaga y Barcelona. Son conocidas y estimadas sus múltiples publicaciones en España y en el extranjero, en castellano y en inglés. De Vicente GARRIDO GENOVÉS, criminólogo, pedagogo y psicólogo, admiro entre sus muchas cualidades las que se patentizan en sus exitosos programas teórico-prácticos de atención a jóvenes infractores, a delincuentes adultos y a menores abusados sexualmente (para éstos fundó, el año 1995, el primer Centro especializado en España). A los excelentes trabajos de Per STANGELAND debemos acudir con frecuencia los criminólogos; baste citar La Criminología aplicada que ha compilado recientemente (Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 1997); es fundador y director de su original Boletín Criminológico (de obligada consulta) del Instituto de Criminología de la Universidad malagueña. Santiago REDONDO ILLESCAS, director del Departamento de investigación y formación social y criminológica del Centro de Estudios Jurídicos de la Generalitat catalana, cultiva inteligentemente las técnicas y los métodos de investigación criminológica, sobre todo en el ámbito juvenil, prisional y de control social. De la parte primera, ¿Qué es la Criminología?, merece destacarse el detenimiento con que se prueba y

comprueba la “entidad científica” de la Criminología. Ésta, entendida como la ciencia que estudia el comportamiento delictivo y la reacción social frente al mismo, reúne todos los requisitos exigibles a una ciencia social autónoma, y analiza un objeto de estudio sustantivo, completo y genuino. Posee los tres elementos materiales propios, es decir: (1) un conjunto de método e instrumentos, (2) para conseguir conocimiento fiable y verificable, (3) sobre un tema considerado importante para la sociedad. La abundante información bibliográfica de estas páginas induciría a alguien a pensar que se trata de una Criminología libresca, pero nada más lejos de la verdad. Al contrario, se supera radicalmente la metodología frecuente en algunos círculos académicos, de corte típicamente idealista, que conducen al discente de la teoría a la realidad, de los modelos a los problemas, con un mecanismo de enajenación que mediatiza el acceso del criminólogo a su realidad. Aquí no. Aquí, al contrario, se puede aplicar el axioma del jurisconsulto romano, Ulpiano (170-228): “Non ex regula ius summatur sed ex iure quod est regula fiat”. No se trata de escribir (ni, menos aún, de transcribir) lo que dicen otros libros sino de observar, investigar, analizar, descubrir y describir la compleja y contradictoria realidad exterior e interior de las personas y de las instituciones que tejen y destejen

cada día la victimación (y no menos la reparaciónrecreación) de muchos ciudadanos y muchas ciudadanas. Quizás esta parte primera podría añadir alguna breve referencia al arte y a lo metarracional respecto al concepto y al método (no predominantemente cartesiano) de la Criminología. Si ésta pretende contribuir a la mejora y a la humanización de la convivencia parece lógico tomar en cuenta el arte pues éste, como proclaman muchos especialistas, contribuye decisivamente a la comprensión del delito y a la transformación positiva de los hombres y de las mujeres. El pintor catalán Antoni Tàpies afirma algo parecido en su discurso de ingreso en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, sobre Arte y Contemplación interior, (Madrid, 2 de diciembre de 1990). Tàpies concibe “el arte como mecanismo para modificar la conciencia de las personas y que perciban la realidad del mundo”. También pueden aducirse las palabras del coreano O-Young Lee: “La victoria por la espada lleva consigo inevitablemente derramamiento de sangre y la derrota de alguien. La victoria por el ábaco y la calculadora significa ganancia, pero siempre a costa de la pérdida y el sufrimiento de otros. Si la victoria se logra con la cítara, todos salimos ganando”. Desde esta perspectiva, con satisfacción observo que nuestros autores hablan con frecuencia de mediación, de conciliación y de reconciliación, así como de “no ser violentos” más que de

la no-violencia; y emplean las palabras “reacción” e “interacción” más que “lucha” y “contra”. La parte segunda, “La explicación del delito”, expone una amplia y detenida información de cuáles han sido las principales aportaciones realizadas por las diversas perspectivas teóricas sobre la delincuencia. Critica lógicamente el excesivo segregacionismo, y pretende corregirlo tomando en serio el criterio de C. WRIGHT MILLS cuando afirma que “llegar a formular y resolver cualquiera de los grandes problemas de nuestro tiempo presupone la necesidad de unos materiales, de unos conceptos y de unas teorías, y de unos métodos, que ninguna disciplina puede proporcionarlos ella sola”. Por esto, las páginas últimas de esta parte presentan un modelo globalizador de los procesos de la delincuencia, con el fin de poner en relación elementos relevantes y complementarios de diversos planteamientos teóricos. Así, consiguen describir secuencialmente el proceso en el que “convertirse en delincuente” y “control social” interaccionan, y logran consignar en qué momentos de esa intersección han puesto el énfasis cada uno de los planteamientos doctrinales más acreditados. Ante lo que afirman algunos especialistas que se citan en esta parte brota en mi interior la exclamación-queja de Virgilio, en el libro 5.º de su Eneida: “Magna petis, Phaeton” (tú, un simple mortal, no pretendas conducir el

carro del sol). Surge en mi interior la crítica porque algunos de esos especialistas piden demasiado a la lógica, a las estadísticas, a las encuestas y a la razón cuando pretenden que ellas solas les expliquen plenamente el cómo y el porqué del comportamiento delictivo, de su prevención y de su progresivo control social. Acierta Joseph BEUYS cuando comenta que el ser humano está alienado por el desarrollo del materialismo y del positivismo científico, pues ambos han impulsado, de manera unilateral a partir del sistema de coordenadas, una concepción mecánica y biológica del conocimiento en las ciencias (criminológicas). (Der Mensch ist entfremdet durch die Entwicklung des Materialismus und der Wissenschaften. Diese haben sehr einseitig über das Koordinatennetz einen mechanistischen und biologischen Erkenntnisbegriff in den Wissenschaften vorangetrieben)1. Llegamos a la parte III, que se puede denominar “Parte Especial” de este Tratado de Criminología, la de mayor interés para algunos docentes y discentes, la que lleva por rúbrica “Delitos, Delincuentes y Víctimas”. Estos capítulos rezuman realismo científico y cercanía humana. Tienen en cuenta un gran número de muy valiosos datos objetivos —relatos históricos, informaciones mediáticas, cuestionarios, etcétera— así como las monografías que se han publicado sobre cada tema concreto, los rasgos de los

delincuentes y de las víctimas, sus posibles distorsiones cognitivas, etcétera. Lógicamente, los principios criminológicos derivados, resumidos al final de cada capítulo, recogen y recapitulan sistemáticamente los elementos más importantes comentados en las páginas anteriores; resultan sumamente ilustrativos para todo lector; y de notable ayuda pedagógica para todo docente. Esta parte se enriquece con frecuentes referencias a las víctimas para aclarar y entender las carreras criminales y algunas características de ciertos delitos y delincuentes concretos. Por ejemplo, sobre la criminalidad organizada. El capítulo dedicado a ésta se detiene en dos casos concretos, y lo hace con suma sensatez. Comenta primero la delincuencia terrorista, con referencias singulares a ETA y a otras bandas extranjeras. Dispone de información reciente (asesinato de Francisco TOMÁS Y VALIENTE, Miguel Ángel BLANCO, etcétera) y atina en la formulación de algunos criterios básicos para constatar que al asesino terrorista nunca se le puede equiparar al delincuente político (de sumo interés para comprender las cada día más importantes actividades de Amnesty International en todo el mundo). Quizás a algunos gustaría que se hubiera desarrollado más el tema de los colaboradores y los cómplices con los terroristas. No me parece necesario pues ya se afirma que “estas bandas (terroristas) también están organizadas y

profesionalizadas, y en ocasiones cuentan con simpatizantes entre la población” y que logran “en estas actividades modos consolidados de obtener beneficios económicos indirectos o directos”. En opinión de muchos especialistas el terrorismo de ETA perdura en el País Vasco porque cuenta con acogida en amplios sectores de la ciudadanía; principalmente entre los miembros de los partidos políticos radicales. Sus dirigentes ignoran u olvidan que (como indican los “principios derivados” en las páginas que estamos comentando), cuando los terroristas han perdido su fin político, “los motivos de conservación del grupo terrorista adquieren la mayor prioridad… Sin duda, debe figurar en un lugar privilegiado de la agenda de las democracias para el siglo XXI cómo evitar que siga creciendo un monstruo que, al final, puede devorarnos”. Con acierto se enumeran algunos medios eficaces para trabajar contra el Terrorismo: información al público, asistencia a las víctimas, dificultar la comisión de atentados, coordinación de la justicia internacional, adopción de medidas especiales, cortar las fuentes financieras, etcétera. Pero, conviene añadir que, en el País Vasco estas técnicas no surten el efecto deseado porque muchos grupos y asociaciones más o menos extremistas y un sector de la iglesia católica consideran y proclaman que los asesinatos y secuestros de ETA no son crímenes

terroristas, sino mera violencia política, derivada del “conflicto”, del “contencioso”, entre el Gobierno español y el pueblo vasco. Sobre este tema he escrito en mi libro De los Delitos y de las Penas desde el País Vasco2. También se dedican inteligentes páginas al estudio de algunas Mafias y de los delincuentes mafiosos, con reflexiones prácticas acerca de las líneas de respuesta ante el crimen organizado que se formularon en el Octavo Congreso de Naciones Unidas para la prevención del delito y el tratamiento del delincuente, celebrado en La Habana (agosto-septiembre del año 1991). En diversas ocasiones los autores abordan determinados problemas de las migraciones y de los extranjeros; por ejemplo, cuando estudian las cuestiones carcelarias. Brindan informaciones amplias acerca de la macrodelincuencia relacionada con el racismo y las trágicas migraciones actuales, de las que muchos somos cómplices, aunque no queremos saberlo. Conviene que libros como éste nos despierten a más de un profesor y alumno universitario. Al comentar la Victimología y la atención a las víctimas (capítulo 21) se aprecia una sensibilidad y una información dignas de encomio acerca de las últimas investigaciones que centran la teoría y la práctica de la Criminología alrededor del eje diamantino de las víctimas directas e indirectas que produce cada delito, y alrededor

del victimario en cuanto victimario, más que en cuanto delincuente; pero sin olvidar que todo Estado tiene obligación de investigar sobre los indicios racionales de criminalidad y, una vez confirmada, sancionar a los responsables. La impunidad constituye la negación y el incumplimiento de esa grave obligación internacional3. Hoy y mañana continúa vigente el criterio de Carl Schmitt: cuando el conflicto entre las partes ha alcanzado el grado extremo de gravedad debe intervenir el juez, no basta el mediador, ni el componedor, ni el árbitro4. Esta nueva ciencia victimológica encuentra completo tratamiento en este capítulo 21 e inteligentes referencias también en otros, por ejemplo el dedicado a delitos y delincuentes contra la libertad sexual. Se tiene en cuenta las principales innovaciones del último Congreso Internacional de la Sociedad Mundial de Victimología, en Ámsterdam (25-29, agosto, 1997). Por ejemplo, respecto al sistema penal, tribunales y prisiones, etcétera. Si damos entrada a las víctimas en el proceso, sobre todo en la fase destinada a la elección y determinación de las respuestas alternativas de la sanción (no solo a la mera medición temporal de la privación de libertad, ni solo a la mera medición cuantitativa de la multa), entonces las víctimas renovarán y mejorarán radicalmente el proceso penal5.

La última parte de estos Principios de Criminología comenta “La reacción frente al delito”. Otorga la debida importancia a la institución policial y al sistema de justicia juvenil. Estas páginas deben ser leídas con detenimiento por los encargados de comentar, criticar y poner en práctica la legislación española actual que ha de prestar más atención a la formación criminológica de los policías estatales y autonómicos (quizás menos capacitados en el País Vasco —estructuralmente— para reaccionar con eficacia contra el terrorismo, pues no cuentan con viviendas acuarteladas, lo cual, aunque tiene otras ventajas, les obliga a correr peligros continuos de victimación terrorista en sus domicilios). También serán leídas con provecho por los encargados de la formulación de la urgente nueva Ley de justicia juvenil exigida en la Disposición transitoria duodécima del reciente Código penal que entró en vigor el 25 de mayo de 1996. Nuestros tres profesores universitarios patentizan un atinado humanismo mediterráneo al estudiar el sistema penal, los tribunales y las prisiones, con interesantes informaciones de penalistas, penitenciaristas, psicólogos, criminólogos, sociólogos y del Consejo de Europa. Critican razonadamente la lentitud del proceso penal que, de promedio, lleva un tiempo de dos años entre el momento de la comisión del delito y la aplicación de la sanción formal, de manera que, en demasiados casos, el

delincuente ha llegado a olvidar los hechos concretos que han motivado la condena. Otros países de nuestro ámbito cultural logran que el proceso penal se desarrolle con menos lentitud, sin pérdida de las garantías procedimentales. También aciertan al criticar otras deficiencias, por ejemplo, la mala coordinación entre los diversos órganos que intervienen. No olvidan reconocer también importantes aspectos positivos, como la informatización que, en algunas Comunidades Autónomas como el País Vasco, merece total encomio. En cuanto a las instituciones penitenciarias se nos informa detenidamente de cómo funcionan en toda España y especialmente en Cataluña. Por ejemplo, respecto a los costes del sistema. Merece citarse un detalle concreto: de los catorce mil seiscientos millones de pesetas gastados en Cataluña en el año 1994, casi el 67.68% correspondieron a instalaciones y administración y vigilancia, pero solo el 13.16% a rehabilitación y reinserción. El año 1994 cada interno en las instituciones penitenciarias de Cataluña gastó 2.164.000 pesetas, lo que equivale a unas 6.000 pesetas al día. Con satisfacción se leen las reflexiones sobre el “movimiento pendular retribución/rehabilitación” porque los autores se muestran decididos partidarios de la reinserción social proclamada en el artículo 25.2 de la Constitución española y en los artículos 1 y 59 de la Ley

Orgánica General Penitenciaria y en el artículo 2 de su Reglamento, que entró en vigor el 25 de mayo de 1996. Y comprueban que tanto los programas como las medidas de rehabilitación y de reinserción que actualmente se llevan a cabo o se intentan llevar a cabo, según las circunstancias, son más efectivos que la mera y severa justicia retributiva, el mero y severo “encarcelamiento justo”. En lugares oportunos se tiene inteligentemente en cuenta El Libro Blanco de la Justicia, del Consejo General del Poder Judicial; no solo cuando se comentan los principales problemas de la justicia penal española (24.1) y cuando se reflexiona sobre nuestro sistema prisional. Con razón se indica que las necesidades primarias de las personas privadas de libertad (higiene, educación cultura, salud…) están en parte cubiertas. Pero que no basta. Urge cuidar más las necesidades de carácter secundario, sin olvidar las necesidades y objetivos de la propia organización correccional (25.1). Resultan muy ilustrativas las revisiones sobre la efectividad de los programas que se aplican a algunos grupos de delincuentes (25.3), y en concreto el estudio de REDONDO, GARRIDO y SÁNCHEZ-MECA del año 1997. En mi opinión este capítulo 25, sobre la Criminología aplicada, aporta información y comentarios de máximo valor. Después de lo indicado respecto al contenido de las

cuatro partes, debemos escribir unas líneas en cuanto a su paradigmática forma y estructura didáctica. Pronto constata el lector muchos aciertos: al comienzo de cada capítulo, la clara enunciación de “temas, teorías, términos y nombres importantes”; en las páginas centrales de cada capítulo, las ilustraciones, las fotografías de las personas especialistas en Criminología, los cuestionarios, los cuadros diversos, los recuadros, los gráficos, los casos; al final de cada capítulo, los principios criminológicos derivados, las preguntas, las cuestiones de estudio. Estos y otros logros didácticos facilitan sobremanera la lectura y el estudio. Estamos ante un libro que satisfará sobradamente las expectativas de muchas personas ocupadas y preocupadas con los problemas de la teoría criminológica y con su aplicación para la prevención de la delincuencia, para la disminución de la criminalidad/victimación y para la reinserción de los victimarios y de las víctimas. Ayudará inteligente y eficazmente a la mejor formación de quienes trabajan en el enigmático mundo policial, judicial, penitenciario, psicológico, social, asistencial, etcétera. No es éste el lugar para comentar todos sus extraordinarios valores. Tampoco para pedir que se añadan otros temas. Únicamente me permito una pregunta: ¿Hubiera sido posible desarrollar un poco más algunos aspectos sobre las relaciones de la Criminología

con la Filosofía, la Teología y las grandes religiones de ayer y de hoy: el Malleus Maleficarum (The Witch Hammer), de Heinrich Kramer y James Sprenger, tan encomiado por el Romano Pontífice Inocencio VIII, en su Bula Summis desiderantes affectibus, del 9 de diciembre del año 1484, la Cautio Criminalis (Rinteln an der Weser, 1631), del jesuita (tan perseguido por la jerarquía) Friedrich von Spee, las literaturas místicas universales, etcétera? Al exponer las teorías integradoras explicativas del delito, se hace referencia a los contextos y las actividades sociales convencionales, como la familia, la escuela, los amigos o el trabajo. Quizás podrían tomarse en consideración también las instituciones religiosas y/o eclesiales, sin olvidar algún comentario crítico, pues religiosos son importantes factores etiológicos de la Inquisición y de múltiples macrovictimaciones de ayer y también de hoy. Quizás las “creencias-convicciones” debían encontrar más espacio en el capítulo dedicado a la Criminología aplicada: intervenciones con grupos de delincuentes (capítulo 25). Este Tratado de Criminología contribuirá a que los criminólogos hispanos y latinoamericanos realicen un aporte significativo a la Criminología universal y a la ciencia y la praxis de la Política criminal del bienestar social, del estado social de derecho, de la Justicia que se centra en las víctimas y en las personas más

desfavorecidas, y de la fraternidad, con nueva hermenéutica de los artículos 1, 22 y 28 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, del año 1948. Garrido, Stangeland y Redondo merecen el sincero agradecimiento y el reconocimiento público de nuestra Universidad pues nos brindan una obra señera de Criminología que tardará muchos años en superarse y que auguro pronto se traducirá al francés pues veo en ella la mejor actualización del tradicional Traité de Criminologie del Maestro Jean PINATEL, presidente honorario de la Sociedad Internacional de Criminología. Mis colegas y amigos logran pilotar y orientar la nave de la Criminología del tercer milenio entre Escila y Caribdis, entre la globalización universal y los nacionalismos. Merecen leerse con atención sus frecuentes referencias a la Criminología internacional comparada pues también en este campo hemos de aceptar las ventajas de una globalización racional, ya que como indican Jean Pradel, H. H. Jescheck y otros especialistas, si profundizamos, todos provenimos o pertenecemos a una misma familia cultural y jurídica6. Los tres Maestros toman consciencia de lo español, de lo latinoamericano y de que existe una entidad que se llama EUROPA, que brota desde unas raíces que difieren de otras cosmovisiones. Europa surge para algo más y distinto que un mero MERCADO, para recoger y desarrollar la herencia de una colectividad de

ciudadanos con un sentido peculiar de determinados valores humanos que pujan especialmente en nuestra Sciencia della generosità, en sugerente definición de Delitalla. Hoy y mañana, más que en tiempo de Protágoras (según gustaba repetir el eminente especialista de Antropología Criminal, Julio Caro Baroja7), la persona —y no la delincuencia— debe ser y es la medida de todas las cosas, como en estos Principios de Criminología. El lector tiene en sus manos un excelente manual de Criminología, que combina el rigor científico con un atrevido repaso de la realidad delictiva actual: robos, asesinatos, violaciones y maltrato a las mujeres, abusos a menores, delincuencia “de cuello blanco” y corrupción, tráfico de drogas, mafias, terrorismo, etc. A partir de la más moderna investigación criminológica, se analizan los perfiles típicos de los asesinos en serie, de los delincuentes sexuales y de los psicópatas, así como las características de las víctimas de los delitos. Eje central de la obra es el estudio de la interdependencia que existe entre delincuencia y mecanismos sociales de control, ya sean éstos los medios de comunicación social, la policía, los tribunales o las prisiones. Los estudiantes y profesores de Criminología, Derecho, Investigación privada, Ciencia policial, Psicología, Pedagogía, Sociología, Trabajo social, Educación social, Magisterio, y otras disciplinas afines, encontrarán en esta

obra un completo y didáctico manual introductorio al estudio de las diversas materias criminológicas. Los lectores meramente interesados en este campo podrán disfrutar adentrándose en cualquiera de las variadas temáticas criminológicas tratadas. A. Beristain

En la entrada de la sede del Instituto Vasco de Criminología, de izquierda a derecha, los profesores del Instituto Vasco de Criminología: Francisco Etxebarria, Profesor de Medicina Legal de la Universidad del País Vasco; Antonio Beristain, Director del Instituto Vasco de Criminología; y José Luis de la Cuesta, Catedrático de Derecho Penal de la Universidad del País Vasco. 1 Cfr. Friedhelm MENNEKES, Joseph Beuys: Christus Denken, Herder, Barcelona, 1997, p. 87. 2 BERISTAIN, Antonio, De los delitos y de las penas desde el País Vasco, edit. Dykinson, Madrid, 1998. 3 Cfr. AMNISTIA INTERNACIONAL, España. Programa para la Protección y Promoción de los Derechos Humanos, 1998, p. 10. 4 Carl SCHMITT, Teoría de la constitución, trad. F. Ayala, Madrid, p. 144. 5 Cfr. A. BERISTAIN, Nueva Criminología desde el Derecho penal y la Victimología, Tirant lo Blanch, Valencia, 1994. 6 Cfr. J. PRADEL, Procédure pénale comparée dans les systèmes modernes: Rapports de synthèse des colloques de l’ISISC, edit. érès, Toulouse, 1998, p. 147. 7 Julio Caro Baroja (1985) Los Fundamentos del Pensamiento Antropológico Moderno, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, pp. 180.

Parte I

CRIMINOLOGÍA Y DELINCUENCIA 1. LA CIENCIA CRIMINOLÓGICA 1.1. DEFINICIÓN Y OBJETO DE LA CRIMINOLOGÍA 46 1.2. NATURALEZA CIENTÍFICA 51 1.3. ÁREAS DE ESTUDIO CRIMINOLÓGICO 56 1.3.1. Los delitos 56 1.3.2. Los delincuentes 65 1.3.3. Las víctimas 66 1.3.4. Los sistemas de control social 68 1.4. DESARROLLO SOCIAL Y PROFESIONAL DE CRIMINOLOGÍA 71 PRINCIPIOS CRIMINOLÓGICOS Y POLÍTICA CRIMINAL 74 CUESTIONES DE ESTUDIO 75

LA

Si a un ciudadano medianamente informado le pidiéramos referir sucesos criminales recientes, muy probablemente sería capaz, tras una mínima reflexión, de mencionar un número muy variado de hechos delictivos. Casos de hurtos pintorescos, delincuencia juvenil, delincuencia informatizada o mediante el uso de las nuevas tecnologías, corrupción y fraudes a la hacienda pública, delitos organizados, la actuación de mafias diversas, incluyendo las dedicadas al tráfico de drogas, de armas y de personas, pornografía infantil y corrupción de menores, agresiones sexuales, robos espectaculares y violentos, maltratos, secuestros, asesinatos macabros o colectivos, actos terroristas o genocidios. Todos estos fenómenos constituyen objetivos de estudio y también metas aplicadas de la Criminología. El inicio de los jóvenes en el delito y los factores de riesgo que se asocian a ello, la corrupción y la cultura como facilitadores de la delincuencia, las bandas y el crimen organizado, los asesinos múltiples, y el estado mental en la conformación de una psicología homicida, son ejemplos de posibles análisis criminológicos; mientras que la prevención del delito en las familias y en las escuelas, la reducción de las oportunidades para los delitos, las medidas de seguridad contra el terrorismo, la actuación de la policía, el funcionamiento de la justicia o la función social de las prisiones son ejemplos de

eventuales campos aplicados que interesan a la ciencia criminológica. La Criminología es una disciplina en expansión tanto en su dimensión científica, o analítica, como aplicada. Cada vez es mayor el número de investigaciones criminológicas que se realizan para conocer los diversos factores relacionados con la delincuencia, para averiguar los efectos que tienen los sistemas de control del delito, y para evaluar los programas de prevención y tratamiento de la conducta delictiva. Paralelamente, los estudios universitarios de Criminología han logrado un superior rango académico y están adquiriendo un mayor reconocimiento social, a la vez que aumenta el interés de los gobiernos por conocer de manera más precisa las diversas realidades delictivas y por arbitrar políticas preventivas y de control más eficaces. Adán y Eva: La primera transgresión de acuerdo con la Biblia.

1.1. DEFINICIÓN Y CRIMINOLOGÍA

OBJETO

DE

LA

De una forma directa y sencilla, Tibbetts (2012) ha definido la Criminología como el estudio científico del delito, y especialmente de por qué las personas cometen delitos. Sin embargo, esta definición, siendo fácil y por ello atractiva, dejaría fuera del análisis criminológico una parte importante de las preocupaciones de la criminología,

que se relaciona con el control de la delincuencia (que a menudo en la criminología norteamericana se desglosa bajo el epígrafe Criminal Justice). Después de casi dos siglos de investigación científica en Criminología, se han efectuado dos importantes constataciones acerca de la naturaleza de la delincuencia, que tienen implicaciones ontológicas sobre la propia concepción y definición de la disciplina1. La primera es que la delincuencia es un problema real, variable en intensidad según los tipos de sociedades humanas, pero existente en todas ellas. Suele consistir en que unos individuos utilizan la fuerza física o el engaño para conseguir sus propios objetivos, perjudicando con ello a otras personas o grupos sociales. La segunda conclusión, complementaria de la anterior, es que la delincuencia es también, a la vez que realidad fáctica, un fenómeno construido a partir de la reacción social de rechazo que suscita entre la ciudadanía. Sobre la base de estas las dos premisas, la Criminología puede definirse como aquella ciencia que estudia los comportamientos delictivos y las reacciones sociales frente a ellos2. Según esta definición, el análisis criminológico se ocupa de un conjunto muy amplio de comportamientos humanos y de reacciones sociales de rechazo, de variada naturaleza. Algunas conductas delictivas dañan gravemente a otras personas (el

homicidio o la violación, por ejemplo), mientras que otras tienen una menor entidad. La reacción social más extrema consiste en la persecución formal de los delitos a través de la justicia penal. Sin embargo, existen también otros mecanismos de control social del delito, llamados informales, relacionados con las familias, los amigos, el vecindario, o los medios de comunicación. De acuerdo con la definición propuesta, el objeto sustantivo de la Criminología es, por tanto, un cruce de caminos en el que convergen ciertas conductas humanas, las delictivas, y ciertas reacciones sociales frente a tales conductas3. La confluencia de estas dos dimensiones principales encuadra el espacio científico de Criminología tal y como se ilustra en el cuadro 1.1: CUADRO 1.1. Objeto de estudio de la Criminología, que definen las dimensiones (1) comportamiento delictivo y (2) reacción social

la

1) La dimensión comportamiento delictivo (representada por el primer vector en el cuadro 1.1) es una magnitud conductual, de acción. Esta dimensión criminológica tiene, sin duda, un referente normativo ineludible, la ley penal, que define qué comportamientos en una sociedad van a ser considerados delictivos (delitos contra las personas, contra la propiedad, contra la libertad sexual, contra la salud pública, etc.). El referente legal especifica el extremo de mayor gravedad en la magnitud comportamiento, delimitando un sector de acciones que van a ser objetivo prioritario de atención criminológica, los delitos. Sin embargo, el análisis criminológico de esta primera dimensión no se agota en los delitos establecidos por la ley penal. Por

el contrario, la necesidad de comprender la génesis de los comportamientos delictivos dirige la atención de la Criminología hacia dos conjuntos de elementos no delictivos: a) hacia todas aquellas conductas infantiles y juveniles problemáticas o antisociales que pueden ser predictoras de la posterior delincuencia (entre ellas el absentismo escolar, la violencia infantil y juvenil, las fugas del hogar, etc.), y b) hacia los diversos factores de riesgo biopsicológicos y sociales, facilitadores de la conducta delictiva. 2) La dimensión reacción social (representada en el segundo vector del cuadro 1.1) es una magnitud fundamentalmente valorativa, de aceptación o rechazo de ciertos comportamientos (aunque tiene también, como es lógico, implicaciones para la acción o reacción de los ciudadanos frente al delito). Su extensión abarca desde la mera desaprobación y el control paterno de algunas conductas infantiles o juveniles inapropiadas (mediante regañinas o pequeños castigos), hasta la intervención de los sistemas de justicia penal establecidos por las sociedades para el control legal de los delitos (leyes penales, policía, tribunales, prisiones, etc.). Así pues, al igual que el comportamiento delictivo, la dimensión reacción social posee un polo inferior y otro superior. En el polo inferior se encuentran los mecanismos de

control social informal (la familia, la escuela, el vecindario, los medios de comunicación, etc.). El polo superior lo delimitan los controles formales del estado. La Criminología se ocupa también de estudiar el funcionamiento de todos estos sistemas sociales que responden a la conducta delictiva, o a ciertas conductas y factores de riesgo que se hallan asociados con la conducta infractora. Y analiza también los efectos que los mecanismos de control producen sobre el comportamiento delictivo. Según lo razonado hasta aquí, el concepto criminológico de comportamiento delictivo es diferente del concepto jurídico de delito, del que se ocupa el derecho penal. El derecho penal presta atención exclusivamente a aquellos comportamientos concretos tipificados como delitos. Su perspectiva es por definición estática: analiza acciones específicas realizadas en un momento dado. Tales acciones son confrontadas a un tipo delictivo, legalmente previsto, con el propósito de comprobar si determinada conducta encaja en la norma penal, si un comportamiento dado puede ser considerado o no delito. Por el contrario, la Criminología no se halla tan estrechamente vinculada a concretas acciones delictivas ni al código penal presente. Contempla y estudia el comportamiento humano desde una perspectiva más amplia. Su punto de partida es que un hecho delictivo aislado solo puede ser adecuadamente

comprendido si lo relacionamos con otros factores y comportamientos previos del mismo individuo, que no necesariamente tienen que ser delictivos. Un concepto criminológico importante para comprender esta diferenciación entre derecho penal y Criminología es el de carrera delictiva (al que se hará referencia más adelante). El análisis de las carreras delictivas, o sucesión de delitos cometidos por un delincuente, comporta una visión dinámica y longitudinal del comportamiento ilícito, atendida la concatenación de conductas infractoras y factores asociados a ellas. Refleja la idea de que muchos delincuentes han experimentado un proceso de inicio e incremento en sus actividades delictivas a lo largo de los años. Piénsese, por ejemplo, en conductas ilícitas como el robo de vehículos, el atraco con un arma, la conducción en estado de embriaguez, los malos tratos en el hogar, los abusos sexuales, o los delitos de robo o apropiación indebida cometidos por funcionarios públicos o empleados. Muchas de estas conductas delictivas son detectadas en un único momento: entonces se ocupan de ellas el derecho penal y la justicia. Sin embargo, el análisis criminológico de los comportamientos infractores muestra que a menudo éstos se repitieron asiduamente con anterioridad a su detección legal. Todos estas conductas, hábitos y factores de riesgo son elementos de estudio de la Criminología, ya que su análisis es necesario

para explicar, predecir y prevenir la delincuencia. De acuerdo con todo lo expuesto hasta aquí, la Criminología posee un objeto de estudio sustantivo y propio que es diferente de los objetos de otras ciencias sociales y jurídicas, ya sea por la amplitud de sus análisis, ya sea por sus pretensiones, ya sea por su método4. El área de conocimiento científico delimitada por las magnitudes comportamiento delictivo y reacción social constituye el objeto distintivo del análisis criminológico. Ninguna otra ciencia social o jurídica tiene en su punto de mira científico la intersección entre conductas delictivas y valoraciones y reacciones sociales frente a tales conductas. De esta manera, la Criminología claramente posee una sólida entidad científica, ni menor ni mayor que otras ciencias sociales, y un objeto de estudio sustantivo y genuino.

1.2. NATURALEZA CIENTÍFICA

La Sociedad Española de Investigación Criminológica (SEIC) es una sociedad científica que agrupa a profesores e investigadores de criminología. Su finalidad principal es promover la investigación científica en criminología y el desarrollo académico de la disciplina. Organiza congresos y simposios periódicos de criminología. También edita una revista electrónica de criminología (REIC). En la foto puede verse a su Junta Directiva correspondiente a 2013. De izquierda a derecha aparecen: José Becerra Muñoz, Investigador de la Universidad de Málaga (Tesorero), Esther Fernández Molina, Profesora de la Universidad de Castilla-La Mancha (Presidenta de la Junta), Josep Cid, Profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona (Director de la Revista Española de Investigación Criminológica), Meritxell Pérez Ramírez, Investigadora y Profesora de la Universidad Autónoma de Madrid y de la Universidad Europea; también forma parte de la Junta, aunque no está en esta foto, Antón Gómez Fraguela, Profesor de la Universidad de Santiago de Compostela.

¿Qué hace que algunos conocimientos y aplicaciones técnicas sean considerados científicos y otros no? ¿Qué es una ciencia? ¿Es la Criminología una ciencia? Según el filósofo de la ciencia Karl Popper (1967) una teoría científica debe basarse en enunciados observacionales que se hacen públicos, y son susceptibles de ser comprobados y falsados5 por distintos profesionales de la disciplina de que se trate. En realidad, las teorías científicas nunca se verifican completamente, sino que son consideradas “verdaderas” en la medida en que nadie ha podido probar que son falsas. Es decir, para que una ciencia exista como tal, es necesario que a la actividad investigadora se sume el interés de los científicos por comprobar los conocimientos adquiridos. Una tarea investigadora

fundamental es repetir, con variaciones, observaciones y experimentos previos, para ratificar que los hallazgos logrados son realmente válidos y fiables. Que un descubrimiento sea válido quiere decir que en verdad refleja la realidad analizada (por ejemplo, la prevalencia de los delitos juveniles, la relación entre educación paterna y conducta antisocial, los efectos de cierta reforma legal sobre la reducción de los delitos, etc.). Por otro lado, el que un conocimiento sea fiable significa que se obtienen resultados iguales o muy parecidos en diferentes observaciones del mismo fenómeno (¿tener amigos delincuentes se asocia siempre, o generalmente, a un mayor riesgo delictivo de los individuos?). Es decir, la repetición de resultados en observaciones distintas confiere fiabilidad al conocimiento científico. Además, el interés científico se rige por prioridades humanas, y no solamente por la curiosidad intelectual; o, como dijo uno de los padres de la ciencia moderna, Francis Bacon, la finalidad de la ciencia es la mejora de la suerte del hombre en la tierra (Chalmers, 1984: 6). Sin embargo, aquí se nos plantea otra pregunta importante: ¿Quién define cuáles son las prioridades humanas que deben ser investigadas por la ciencia? La existencia de una estructura estatal que mantenga y financie las investigaciones parece ser imprescindible para el establecimiento de una ciencia. En consecuencia, no se

puede llegar a una definición de una ciencia que no sea parcialmente política. Asimismo, la consideración social que tiene una profesión resulta esencial para su desarrollo como ciencia6. Sin embargo, no todo el peso del carácter científico de una disciplina puede recaer sobre su valoración social. Como ejemplo, puede considerarse lo ocurrido a siglos atrás con la alquimia, cuyos profesionales fueron muy considerados durante los siglos XVII y XVIII, al contar entre sus pretensiones principales con la de convertir el plomo y el mercurio en oro, algo que hubiera resultado, sin duda, de gran interés para cualquier estado. Como es sabido, sus esfuerzos no obtuvieron ningún resultado positivo, con la excepción notable de haber contribuido al desarrollo de los fundamentos metodológicos de la química moderna. No obstante, se tardó varios siglos en comprobar la ineficacia de las teorías de la alquimia y en que esta profesión resultara desprestigiada. También hay ejemplos de lo contrario, de profesiones de origen inicialmente humilde que aumentaron su prestigio social tras haber conseguido buenos resultados en su trabajo. Los médicos mostraron a lo largo del siglo XIX que con sus métodos sí que podían ofrecer un cuerpo de conocimientos sólidos acerca de la salud y las enfermedades, por lo que la medicina se consolidó como una de las profesiones científicas de mayor

reconocimiento en nuestra sociedad. Otro filósofo de la ciencia, Thomas Kuhn (2006), diferenció entre dos tipos de investigación que denominó, respectivamente, “ciencia normal” y “revolución científica”. La ciencia normal orientaría sus esfuerzos hacia las teorías, métodos y paradigmas que están vigentes en una disciplina. Sin embargo es frecuente que, a medida que se acumulan datos en una ciencia, se pongan de manifiesto incongruencias entre dichos resultados y las teorías establecidas. Cuando las discrepancias se acumulan y se hacen suficientemente notorias, es probable que surjan explicaciones y teorías innovadoras que inicien una etapa de revolución científica, o de cambio de paradigma7. Suele considerarse que una ciencia reúne tres características distintivas: 1) utilizar métodos e instrumentos, 2) para conseguir conocimientos fiables y verificables, 3) sobre un tema considerado importante para la sociedad8. A partir de los anteriores criterios es factible comprobar si la Criminología los cumple y si, en función de ello, puede ser considerada una disciplina científica: 1. ¿Utiliza la Criminología métodos e instrumentos válidos para investigar su objeto de estudio? Según se comentará más adelante, la Criminología ha

tomado prestados algunos de sus instrumentos de trabajo de otras disciplinas, como, por ejemplo, los sondeos y las encuestas, de la sociología, los estudios sobre grupos y subculturas, de la antropología y de la psicología social, los análisis de la personalidad y de los procesos cognitivos, de la psicología, y algunos diseños para la prevención situacional de los delitos, de la arquitectura. La realidad es que actualmente todas las ciencias comparten métodos e instrumentos con las ciencias vecinas. La Criminología también emplea algunas herramientas de trabajo usadas en disciplinas cercanas (cuestionarios, entrevistas semi-estructuradas, escalas de riesgos, etc.), pero adaptándolas y aplicándolas a su propio objeto de estudio, la criminalidad. Muchas de estas adaptaciones son especialmente necesarias en la medida en que los fenómenos criminales suelen presentar más dificultades de acceso a datos fiables que otras áreas de investigación, y también plantean algunos problemas éticos (preservación de la intimidad, de víctimas y delincuentes, etc.) que pueden no tener tanta relevancia en otras ramas de las ciencias sociales. Aunque el método científico y las estrategias básicas de investigación, la observación y la localización de relaciones regulares entre factores, son semejantes en todas las ciencias, la especificidad y complejidad del objeto de estudio de la Criminología probablemente

requeriría del desarrollo de un mayor número de instrumentos de investigación propios. 2. ¿Produce la Criminología conocimientos fiables y verificables? La Criminología actual dispone de múltiples conocimientos acerca de la explicación de la delincuencia y la prevención de los delitos, que se ha ido adquiriendo paulatinamente a partir de innumerables investigaciones empíricas. Se dispone de amplia información, por ejemplo, sobre los factores sociales e individuales que facilitan el inicio de las carreras delictivas juveniles, sobre el riesgo de reincidencia que tienen diferentes tipos de delincuentes, sobre el efecto preventivo de la actuación policial o sobre los efectos de la cárcel y de otras intervenciones sociales o educativas en la reducción de los delitos. Se necesitaría contar, sin duda, con mayores conocimientos criminológicos, pero en la actualidad poseemos un buen fondo de resultados fiables, verificables y aplicables, que pueden ser de utilidad para la Administración de justicia, la policía, los políticos y ciudadanos, las potenciales víctimas de un delito, y también (¿por qué no?), para muchos delincuentes, cuya desistencia del delito podría favorecerse a partir de algunos de estos conocimientos. Puede afirmarse que, en conjunto, el conocimiento científico sobre la delincuencia no es inferior a lo que se

sabe sobre otros problemas sociales como, por ejemplo, la educación infantil, los procesos de cambio cultural y social, las patologías mentales, el desarrollo y el subdesarrollo económico (y las crisis y recesiones económicas), o acerca de las causas de las guerras. Utilizando los mismos baremos estrictos del conocimiento científico, la Criminología no es ni más ni menos científica, sino igual, que otras ramas de las ciencias sociales. 3. ¿Se ocupa la Criminología de un tema considerado importante para la sociedad? Desde luego, la respuesta en este caso no puede ser sino afirmativa, ya que la delincuencia es un problema que preocupa ampliamente en cualquier sociedad. La conclusión resultante es que los conocimientos sobre la delincuencia se obtienen mediante métodos e instrumentos válidos, se trata de resultados verificables, acerca de un fenómeno, el delictivo, que tiene gran relevancia social. De este modo, la Criminología cumpliría los tres requisitos exigibles a una ciencia, a los que se ha hecho mención. Por otro lado, la Criminología, como cualquier otra ciencia social, aspira al logro de cuatro niveles de conocimiento de ambición creciente. El primer nivel es descriptivo: la Criminología pretende, en primera instancia, cuantificar la Criminalidad y detallar las

condiciones en que se producen los comportamientos delictivos y las reacciones sociales frente a ellos. Su segundo propósito es explicativo, o teórico, para cuyo logro ordena lógicamente los hallazgos que describen la aparición de los fenómenos delictivos y las reacciones sociales subsiguientes, y propone teorías explicativas que vinculan entre sí los conocimientos obtenidos. La tercera aspiración es predictiva, orientándose a especificar la probabilidad de repetición de la conducta delictiva y las circunstancias que la favorecerán o la dificultarán. Por último, la Criminología tiene también un propósito aplicado o de intervención, esencialmente orientado a la prevención de los comportamientos delictivos en la sociedad.

1.3. ÁREAS CRIMINOLÓGICO

DE

ESTUDIO

Sutherland definió la Criminología como el cuerpo de conocimientos relativos a la delincuencia en cuanto fenómeno social, lo que incluiría el análisis del proceso de creación de las leyes, de su quebrantamiento, y, también, de las reacciones sociales que siguen a las infracciones (Sutherland, Cressey y Luckenbill, 1992). Como derivación de ello, serían objetos de interés criminológico, los delitos, los delincuentes, las víctimas y los sistemas de control social, que constituirían así las áreas principales

de estudio de la Criminología, a las que respondería en buena medida la estructura de esta obra. Veamos ahora brevemente cada una de estas áreas prioritarias de la Criminología.

1.3.1. Los delitos La primera cuestión necesaria, al analizar aquí el delito, es su definición o concepto criminológico, en relación y contraste con la concepción jurídica de delito. El derecho define legalmente los delitos como aquellos comportamientos que están tipificados en el Código penal. Concretamente el artículo 10 del Código penal español establece que “son delitos o faltas las acciones y omisiones dolosas o imprudentes penadas por la Ley”. Y, como métrica de la gravedad de los delitos, el artículo 13 instituye que “son delitos graves las infracciones que la Ley castiga con pena grave” y “delitos menos graves las infracciones que la Ley castiga con pena menos grave”. De este modo, la definición legal del delito resulta, para salvaguarda del principio de legalidad (o referencia directa a aquello que la ley establece), en una explicación circular (es delito lo que la ley dice que es delito, y es delito grave el comportamiento al que la ley atribuye pena grave) que en absoluto no clarifica qué elementos caracterizan a los comportamientos delictivos, ni por qué unos deben ser considerados más graves que otros. Es “El

legislador” (el Parlamento, el Gobierno, etc., dependiendo del nivel jerárquico de una norma) quien dicta las leyes y quien establece, en su caso, los delitos y sus respectivas gravedades. Además, el código penal no define los delitos y sus correspondientes castigos, de una forma estable y definitiva, evolucionan a lo largo del tiempo como resultado de las diversas presiones políticas (Walsh, 2012). En algunos casos el sistema penal se expande, incorporando como delitos nuevas conductas, y en otros se retrotrae, al despenalizarse ciertos comportamientos que antes estaban prohibidos. Ello es el resultado de variadas presiones opuestas, unas que tienden a aumentar la punitividad y otras, contrariamente, a reducirla. Es decir, en las sociedades existen grupos a favor de penalizar determinadas conductas (o de endurecer su castigo, si es que ya están prohibidas) como pueden ser los delitos ecológicos, la corrupción, el acoso sexual, el maltrato de pareja, la prostitución, la pornografía infantil, la inmigración ilegal o la venta callejera. Contrariamente, también existen grupos ciudadanos favorables a la despenalización de algunas actividades actualmente ilícitas como el consumo y la comercialización de determinadas drogas, la eutanasia activa, algunos supuestos de aborto, etc. En ciertos casos, como en el de las drogas, suele haber

polémica y confrontación entre aquéllos que se muestran favorables a su plena legalización y los que se oponen frontalmente a ella. En otros, como pueden ser los delitos ecológicos, algunos grupos ecologistas reclamarían a menudo una mayor penalización de estos comportamientos, mientras que las grandes empresas que pueden contaminar el medio ambiente tenderían a rechazar el que exista una amenaza penal a este respecto. En estos constantes tiras y aflojas, según cuál sea la influencia que logren ejercer los diversos grupos de presión sobre los poderes públicos que promueven o dictan las normas (los gobiernos y parlamentos), el código penal acabará recogiendo, en mayor o menor grado, ciertos comportamientos como delitos. Desde esta perspectiva, la política punitiva no sería algo tan aséptico como se pretende, que meramente se limite a proteger los bienes jurídicos universales e indiscutibles que todo estado debe preservar. Es más realista concebir la política punitiva como el resultado legal de una confrontación, de cariz democrático, entre distintos grupos de presión, al igual que sucede en otros ámbitos de las políticas públicas. En la política punitiva, al igual que en la política educativa, sanitaria o agraria, las decisiones son finalmente adoptadas por los partidos políticos con representación parlamentaria, que tienen ciertos programas de gobierno que defender y que, además,

tienen votos que ganar o perder en las elecciones siguientes, en función de qué decisiones adopten en las distintas materias. Por otro lado, la política punitiva, y, más ampliamente, la política criminal en su conjunto (que no puede ser identificada, como a menudo se hace en España, con la mera política penal), son el resultado de una lucha de intereses sociales bastante ambigua: en muchos casos no pueden identificarse con claridad grupos fijos y estables de presión en una dirección u otra, sino que más bien aparecen movimientos de opinión diversos ante determinados temas (el endurecimiento penal de los delitos juveniles, sexuales, etc., o la legalización de las drogas, el aborto, o de la ocupación de pisos vacíos), y posteriormente dichos grupos pueden desaparecer de la escena pública. En tal sentido, los debates y presiones en materia de políticas punitivas podrían considerarse como una especie de “guerra de guerrillas”, que se ocupa de cuestiones concretas, y no de elementos o principios generales, los cuales suelen mostrar mucha mayor estabilidad. Un ejemplo de este vaivén penal puede ser, entre otros, el delito de corrupción de menores, que desapareció con el Código penal de 1995 pero fue pronto reintroducido de manera fáctica. Hagan (1985) distinguió entre delitos “reales” (mala in se) y “socialmente construidos” (mala prohibita), diferenciación para la cual se requeriría tomar en

consideración tres dimensiones interrelacionadas (Walsh, 2012): 1) el grado de “consenso” social que pueda existir acerca de la gravedad de determinado delito; 2) la gravedad de la “pena” que le está asignada; y 3) el nivel de “daño” real y directo que se atribuye a la conducta en sí. Siguiendo parcialmente este referente, los comportamientos delictivos podrían asignarse, según su relevancia criminal, a tres categorías diferenciadas, de rechazo social y gravedad crecientes, tal y como se ilustra en el cuadro 1.2: CUADRO 1.2. Una tipología de los delitos según el rechazo y la reacción social que provocan

• En el centro de la figura existiría un núcleo de actividades que son penalizadas y castigadas en (casi) cualquier sociedad moderna (área I). Dentro de ese núcleo se encontrarían los delitos graves contra las personas o contra la libertad sexual así como muchas de las infracciones contra la propiedad privada, especialmente las que comportan fuerza o violencia. • Fuera de ese núcleo, en la zona intermedia correspondiente al área II, se situarían aquellas actividades ilícitas que, a pesar de estar legalmente

prohibidas y castigadas, se realizan con mucha frecuencia y con amplia impunidad. Conducir vehículos habiendo ingerido alcohol, o conducirlos de forma temeraria, poniendo en riesgo la integridad de otras personas, constituye un delito. Pese a ello, muchos conductores lo hacen con frecuencia. Del mismo modo que se hallan penadas las calumnias y las injurias, que imputan delitos a otras personas o menoscaban su dignidad, pese a que en múltiples programas de radio y televisión, y también en la prensa escrita, abundan estas conductas vejatorias. Por otro lado, muchos comportamientos delictivos incluidos en el área II son los denominados “delitos sin víctimas”, en los que el bien protegido suele tener un carácter colectivo y es por ello más infrecuente que exista una persona concreta interesada en su denuncia y persecución legal. Puede tratarse, por ejemplo, de actividades ilícitas contra la Hacienda pública, el medio ambiente o la seguridad del tráfico, que globalmente podrían causar daños incluso más graves que los producidos por la delincuencia común. Sin embargo, aunque estas conductas estén prohibidas y penalizadas, su tasa de denuncia es baja, por lo que será más infrecuente que sus autores sean detectados e inculpados. Un ejemplo que puede ilustrar la diferencia entre las

áreas I y II es el siguiente: la ley penal prevé castigar, como autor de un delito de robo con fuerza, a quien, rompiendo una ventana o puerta, entre en un local comercial por la noche y sustraiga bienes por un valor superior a 400. Este tipo de suceso, que tiene una consideración social baja, generalmente se denuncia a la policía y, si el autor es identificado, puede ser condenado a una pena de prisión de uno a tres años. Este comportamiento constituiría un delito correspondiente al área I, en el núcleo del cuadro 1.2. En paralelo a lo anterior, si el dueño de ese mismo local comercial dejara de abonar impuestos a la Hacienda pública por un valor superior a 120.000 euros, también cometería un delito que tiene prevista una pena de prisión de uno a cinco años (además de una multa). Aunque en principio podría existir un amplio consenso social al respecto de que los delitos fiscales deban ser castigados, la infracción anterior puede suscitar un menor rechazo social, y ser denunciada y perseguida con más baja frecuencia. Según la lógica seguida, este comportamiento constituiría un delito asignable al área II del cuadro. • En el área III, más externa, cabría incluir aquellas actividades ilícitas para las que existe cierta ambigüedad legislativa y falta de consenso global acerca de su carácter delictivo inequívoco, entre las

que estarían aquellos delitos cuya regulación ha cambiado entre épocas distintas y varía entre países. Así podría suceder, por ejemplo, con conductas como el aborto provocado, la eutanasia activa, ayudando a morir a personas con enfermedades incurables y en estado terminal, la posesión y el consumo de drogas, y las actividades industriales u otras que dañan el medio ambiente a medio y largo plazo. En algunos estudios se analizaron las valoraciones realizadas por diferentes sectores de la población — incluyendo muestras de estudiantes, jóvenes marginados, presos, y jueces— acerca de la necesidad, o no, de considerar delitos y castigar penalmente diferentes conductas. Los resultados mostraron un alto grado de consenso entre distintos grupos sociales cuando se trataba de delitos como el homicidio, el robo con violencia y la violación (Sellin y Wolfgang, 1964; Newman, 1976; Ruidíaz García, 1994; González Audícana et al., 1995). En cambio, existían opiniones muy dispares al valorar la posible ilicitud de actividades relacionadas con las drogas (desde quienes proponían su completa despenalización hasta quienes reclamaban para ellas medidas mucho más duras), algunos delitos económicos, determinadas infracciones y delitos sexuales (con la salvedad de la violación por desconocidos, que suele ser valorada como un delito muy grave por la generalidad de las personas).

Algunos autores intentaron, en el pasado, definiciones “naturalistas” del delito, que caracterizaran los elementos y condiciones que serían inherentes a las distintas conductas delictivas, más allá de sus específicas regulaciones legales. Uno de estos intentos fue el de definir el delito a partir del daño moral o social producido por el mismo. El propio Beccaria consideraba que el daño causado a la sociedad era la verdadera medida de los delitos (Beccaria 1983 [1764], capítulo VIII). Sin embargo, los conceptos de moralidad y de daño pueden resultar asimismo ambiguos e imprecisos, y podrían limitarse a remplazar las valoraciones legales por otras de carácter sociocultural, según el criterio de cada autor. De este modo, el argumento circular de que un delito lo es debido a que está castigado como tal por la ley, podría ser reemplazado por otro igualmente redundante, según el cual algo es delito ya que es antisocial, repulsivo o contrario al buen gusto. Parece difícil que puedan abarcarse en una única definición todas las posibles conductas infractoras. Por lo que quizá haya que conformarse con intentar definiciones capaces de englobar una parte relevante de las actividades que constituyen delitos pero no todas las conductas ilícitas. En esta dirección, Gottfredson y Hirschi (1990) retomaron en parte la concepción clásica, de la conducta criminal orientada al logro de beneficios, y definieron el

delito como “la utilización de engaño o fuerza para conseguir un objetivo”. En esta definición tal vez podrían abarcarse la mayoría de los comportamientos incluidos en el núcleo, o área I, del cuadro 1.2, es decir, todas aquellas conductas delictivas más graves, que suscitan un rechazo social generalizado. Felson (2006) consideró que la gran variabilidad conductual y contextual que presentan los delitos ha dificultado una definición adecuada de la delincuencia, y ha forzado a los autores a elegir entre: a) definiciones de la delincuencia específicas para un determinado contexto, o b) definiciones más amplias, que transcenderían la propia conducta delictiva, tal y como sucede con el uso del concepto ‘desviación’). Felson estima que para efectuar una buena definición de la delincuencia hay que realizar dos tareas sucesivas: 1) formular una definición general que trascienda las variaciones naturales en las conductas delictivas, y 2) estudiar, a continuación, las variantes que se producen en el seno de cada categoría delictiva definida. Su propia definición de delincuencia es la siguiente: “Un delito es cualquier conducta identificable que un número apreciable de gobiernos ha prohibido específicamente y ha castigado formalmente” (Felson, 2006, p. 35). Además Felson sugiere que para corroborar si algo encaja o no en la definición de delito pueden formularse tres preguntas complementarias: ¿Al

menos varias sociedades consideran que dicha conducta es un delito? ¿Alguien ha realizado tal comportamiento después de estar prohibido? ¿Ha castigado la sociedad a algunas personas por llevarlo a cabo? Si las respuestas a todas estas preguntas, en relación con determinada conducta, fueran afirmativas, podría considerarse confirmado que tal acción es delictiva. Robinson y Beaver (2009) retomaron el concepto tradicional de daño (véase anteriormente, en la referencia sobre Beccaria) y definieron los delitos como aquellas “conductas que son realizadas intencionalmente y que producen algún daño físico o económico a otra persona” (p. 3). Walsh (2012), que también interpreta que un aspecto clave de la definición de los delitos es el daño causado, considera, no obstante, que el daño delictivo tiene las siguientes características distintivas: se trata de un daño de naturaleza social, no privada, que, dada su entidad o gravedad, requiere regulación normativa; como resultado del daño delictivo suelen derivarse graves costes emocionales y sociales; y, además, también suele comportar múltiples costes indirectos, económicos y otros (medidas de seguridad y vigilancia, presupuestos policiales y del sistema de justicia y ejecución de penas, etc.). Asimismo, como un desarrollo de la tradición clásica que enfatiza el resultado de “daño”, y atendidas también

otras características típicas de las conductas delictivas, Redondo (en preparación) ha efectuado la siguiente definición: “Los delitos consisten en conductas de agresión o engaño, cuyo propósito es lograr un beneficio o satisfacción propios, sin tomar en consideración el daño o riesgo que se causará a otras personas o a sus propiedades”. Esta definición atiende, para caracterizar los delitos, a tres aspectos complementarios: la naturaleza o forma de las conductas delictivas que muy frecuentemente comportan el uso de la violencia o el engaño; el objetivo o resultado de tales acciones, que a menudo es la satisfacción o beneficio propios; y, por último, la ignorancia del delincuente de los riesgos o perjuicios que podría causar a otras personas. Robinson y Beaver (2009) diferenciaron entre distintos términos relativos a la delincuencia, que muchas veces se emplean como sinónimos, aunque puedan estrictamente no serlo: delito sería un término específico, generalmente referido a un acto concreto de violación de la ley penal; delincuencia tendría una connotación más amplia, más criminológica, pudiendo hacer referencia a todas aquellas conductas prohibidas, y por tanto susceptibles de ser delitos (hurtos, fraudes a la hacienda pública, intentos delictivos incompletos o frustrados, homicidios no culpables, etc.), si hubieran llegado a conocerse o a perseguirse como tales; la expresión conducta antisocial

sería aún más amplia que delito y delincuencia, refiriéndose a todos aquellos comportamientos que entran en conflicto con las normas sociales prevalentes (desde una perspectiva psicopatológica, existen unos criterios diagnósticos de conducta antisocial en el Manual Diagnóstico y Estadísticos de los Trastornos Mentales, o DSM-IV). Por último, comoquiera que gran parte de la información científica sobre la delincuencia se difunde en inglés, debe recordarse que en esta lengua, para hacer referencia específica a la delincuencia juvenil, se reserva el término “delinquency”, por contraste con “crime”, “offence” o “criminality”, que generalmente se referirían a la delincuencia adulta, diferenciación terminológica inexistente en castellano. Décadas atrás, con objeto de soslayar las dificultades inherentes a la definición de delito, se intentó remplazar este concepto por el de desviación social, que en cierto grado sería sinónimo del de conducta antisocial, al que se acaba de hacer referencia. Para el análisis de esta propuesta se sigue aquí el análisis efectuado por Becker (1971), uno de los teóricos más relevantes de las perspectivas del etiquetado9. Desde el planteamiento del interaccionismo simbólico, que se haya conectado en Criminología con las teorías del etiquetado, se señaló que los grupos sociales no definirían y aplicarían las normas punitivas de un modo fijo e

inexorable, sino que castigarían las infracciones de forma contingente a determinadas circunstancias (Becker, 1971). Para que una conducta infractora sea perseguida se requiere que alguien reclame la aplicación de determinada norma, reforzando la acción de la ley con su propia exigencia y redefiniendo así, para el caso particular, el comportamiento desviado e infractor. Desde esta perspectiva, la sociedad misma, a instancias de sus individuos y grupos más poderosos, sería la que crearía la desviación y el delito mediante el proceso de imposición de las normas. Es decir, la desviación no sería un atributo del propio individuo sino un proceso dinámico que resultaría de la interacción entre quienes generan y aplican las normas y quienes las infringen. Cuando una persona denuncia públicamente la inconveniencia o ilicitud de determinado comportamiento, se hace más probable que la comunidad comience a valorarlo como inaceptable y “anormal” y que su autor sea catalogado como alguien “diferente” o “desviado”10. A menudo, las etiquetas de “desviado”, “anormal” o “delincuente”, suelen aplicarse a individuos más frágiles, poco influyentes, o marginales de la sociedad. Sin embargo, Simon (2007) acuñó la expresión “desviación de las élites”, para referirse, de forma amplia, a aquellas conductas de sujetos y grupos poderosos que, aunque a veces puedan no ser delitos (ya que no se incluyen de

forma específica en el Código Penal), son manifiestamente contrarias a la ética, violan normas civiles o administrativas, o dañan a otros de modo intencional, irresponsable, o negligente. “Desviación de las élites” intentaría aglutinar conceptos como delincuencia de cuello blanco, delincuencia o violencia corporativa, delincuencia asociada en el desempeño de las profesiones, desviación gubernamental, crímenes de estado, o delitos de los privilegiados. Como expresaron Kappeler, Blumberg y Potter (2000), el conjunto de los delitos violentos, contra la propiedad, y todos los demás delitos comunes, en cuyo combate se concentra la mayor parte de la energía y recursos sociales, pueden ser a menudo mucho menos dañinos para la sociedad que las masivas infracciones que cometen los corporaciones y empresas, las élites y los gobiernos. Según todo lo visto hasta aquí, el delito no puede generalmente definirse bajo la consideración exclusiva de la conducta del infractor, sino como resultado de la interacción entre diversos actores y elementos. En el cuadro 1.3 se representa esta idea rodeando el delito de los cuatro ingredientes necesarios para su análisis completo, que a su vez constituyen las áreas principales del análisis criminológico. CUADRO 1.3. Elementos y áreas de estudio de la Criminología

Así pues, en el cuadro 1.3, y siguiendo en parte la concepción de Cohen y Felson (1979) a la que se hará referencia en un capítulo posterior, el delito sería concebido como el producto resultante de las interacciones que pueden surgir entre una persona dispuesta a realizarlo, una víctima u objeto atractivos o interesantes para la infracción, y un control social, ya sea “formal” o “informal”, insuficiente. La Criminología dirige su atención científica a todos y cada uno de estos ámbitos, según se verá a continuación y a lo largo del conjunto de esta obra.

1.3.2. Los delincuentes ¿Por qué algunas personas cometen delitos, o qué las

lleva a delinquir? ¿Quiénes son los delincuentes? Estas preguntas, y otras parecidas, relativas a la naturaleza y características de los delincuentes, estuvieron en el origen mismo del estudio científico del delito, de la Criminología como ciencia. Los delincuentes constituyen el área del estudio criminológico que tradicionalmente ha suscitado mayor número de investigaciones. Como se detallará más adelante, numerosos estudios han analizado la influencia que sobre los delincuentes y su comportamiento tienen los factores biológicos, de personalidad, familiares, educativos, sociales económicos, culturales, situacionales, etc. Pese a todo, muchos de los resultados y conclusiones obtenidos acerca de los delincuentes hacen referencia fundamentalmente a las características propias de las muestras evaluadas, que muy a menudo han sido muestras de encarcelados, o, en todo caso, de delincuentes detectados, pero no, como es lógico, a la idiosincrasia de la delincuencia y los delincuentes desconocidos. Este aspecto debe tenerse muy presente a la hora de extraer conclusiones generales sobre los delincuentes y los delitos, para no identificar de manera absoluta lo que conocemos fehacientemente acerca de los delincuentes detenidos y condenados (contra la propiedad, traficantes de drogas, abusadores y agresores sexuales, maltratadores, etc.) con la globalidad de las realidades criminales, que pueden ser mucho más amplias y

desconocidas11.

1.3.3. Las víctimas Actualmente se desarrollan muchos estudios criminológicos cuyo objetivo es conocer los efectos que produce el delito en las víctimas, las consecuencias que tiene para ellas su trasiego a través del proceso penal (lo que de hecho puede ser vivido por la víctima como una “victimación secundaria”), aquellas características y factores de las propias víctimas que pueden ayudar a la prevención de los delitos, etc. Este gran desarrollo investigador producido durante las últimas décadas ha llevado a algunos a considerar necesario abordar el estudio de las víctimas desde una “nueva disciplina”: la victimología. Con respecto al sistema penal, la víctima es un pilar básico (y en general no apreciado en su justa medida), ya que en muchas ocasiones es ella la que activa el sistema de justicia mediante su denuncia y testificación. De no ser así, muchos delitos no serían conocidos por la justicia, o el trabajo de la policía sería mucho más arduo e ineficaz, como ocurre cuando se investigan los llamados delitos “sin víctimas” (o aquéllos en que la víctima es colectiva), tales como los delitos económicos, contra la salud pública o contra el medio ambiente, en los que con frecuencia los individuos concretos no tienen un interés particular en

denunciar los hechos. También se han desarrollado técnicas e instrumentos para evaluar el riesgo existente de sufrir un delito en determinada comunidad social, barrio, etc. Para ello se realizan encuestas a muestras representativas de ciudadanos, preguntándoles sobre los delitos que puedan haber sufrido con anterioridad. Tales encuestas servirían como barómetro de la probabilidad de experimentar ciertos delitos, independientemente de cómo funcionen la policía y los tribunales (Larrauri 1992; Díez Ripollés, Girón, Stangeland y Cerezo, 1996; IEP, 1996; Sabaté, Aragay y Torrelles., 1997; IERMP-Institut d’Estudis Regionals i Metropolitants de Barcelona, 2012). También existen instrumentos y protocolos que permiten estimar el riesgo de re-victimización, por ejemplo de víctimas de violencia de género o de agresión sexual (Andrés-Pueyo y Echeburúa, 2010; Echeburúa y Redondo, 2010). Las sociedades pagan distintos precios como resultado de los delitos, incluidos en primer término los daños que sufren las víctimas, pero también los gastos y molestias derivadas de la prevención del crimen y los gastos públicos necesarios para su control, que son objetos del estudio criminológico. Asimismo, la victimología incluye el estudio de las medidas de protección contra los delitos, entre las que se contarían aspectos diversos que van desde las técnicas verbales que las posibles víctimas podrían

utilizar para afrontar una situación de acoso sexual hasta medidas anti-robo estrictamente mecánicas. El estudio del coste social y económico de la delincuencia (Serrano Gómez, 1986; Redondo, Garrido y Sánchez-Meca, 1997; Welsh y Farrington, 2011) se suele vincular también a la victimología. En definitiva, la victimología contempla un gran abanico de temáticas vinculadas con el resto de la Criminología por la relación lógica que existe entre los problemas estudiados. Sería absurdo proponer medidas contra el acoso sexual sin investigar previamente las motivaciones de los varones que efectúan estas conductas, o diseñar alarmas anti-robo sin tomar en cuenta los métodos preferidos por los ladrones para entrar en una casa. Así como no es eficaz el estudio aislado de los delincuentes, sin tomar en cuenta a las víctimas, el estudio de la víctima y de su situación, aislado de los demás componentes de la realidad criminal, no parece tampoco muy adecuado y eficiente. La victimología debe, a nuestro juicio, formar parte de la Criminología, y sus temas deben estar integrados en la investigación y la enseñanza criminológicas.

1.3.4. Los sistemas de control social Suele diferenciarse entre control social formal e informal. Control social formal es el que ejercen aquellas

instituciones y personas que tienen encomendada la vigilancia, la seguridad o el control como actividades profesionales. Por tanto en esta categoría se incluirían las empresas de vigilancia, y las instituciones y estamentos policiales, judiciales, fiscales, de justicia juvenil, y penitenciarios. Por su lado, el control social informal es el realizado por cualquier organización o persona, que también actúan contra la delincuencia (disuadiéndola, previniéndola o controlándola), pero sin que el control del delito sea su actividad profesional específica. Ejemplos de ello pueden ser los vecinos de un barrio, los trabajadores de una empresa, los profesores de un colegio, los transeúntes momentáneos de una calle o los viajeros de un autobús. Ellos pueden impedir en ciertos momentos y circunstancias que se realicen determinados actos delictivos, ya sea por su propio interés personal, por el interés de la colectividad o por motivos altruistas. Por ejemplo, cuando el vendedor de unos grandes almacenes actúa contra el intento de hurto por parte de un cliente, está ejerciendo, según la definición propuesta, un control informal, mientras que la actuación del vigilante jurado en el mismo caso formaría parte del control formal. Mientras que el primero está contratado para vender productos, el segundo lo está específicamente para impedir las sustracciones y los robos. Sin embargo, ambos trabajadores son susceptibles de contribuir a evitar los

hurtos en la tienda. Los controles formales e informales no suelen operar independientemente en la comunidad social, sino que unos y otros tienden a entrelazarse en la prevención delictiva. En muchas situaciones infractoras, la denuncia a la policía de un delito (es decir, la demanda de intervención del control formal), es en realidad el último recurso utilizado por los ciudadanos cuando ya han fracasado sus previos intentos de resolver la situación de una forma más directa y personal. Los controles formales están generalmente delimitados por la ley, que especifica los mecanismos que se pueden utilizar para investigar y clarificar los hechos delictivos, y las sanciones o medidas que se pueden aplicar a los delincuentes. El control informal también está parcialmente acotado por la ley, en la medida en que los insultos, la discriminación social o los actos de “autojusticia” suelen hallarse prohibidos. Sin embargo, el control social sutil y diario encuentra muchas menos restricciones formales. El cotilleo, la sonrisa burlona o el miedo a perder una amistad o un trabajo influyen decisivamente en el comportamiento humano, pudiendo inhibir ciertas infracciones y delitos del mismo modo que en ciertas ocasiones pueden también instigarlos. A partir de los análisis criminológicos del control informal se ha planteado la necesidad de cambiar y

mejorar algunos aspectos del ambiente físico que pueden ser facilitadores de los delitos. Por ejemplo, Neuman propuso, a partir de su concepto de “espacio defendible”, el diseño de los bloques de viviendas de tal forma que el propio diseño arquitectónico (que condiciona el movimiento de las personas al salir de su vivienda o entrar a ella, los espacios más visibles, etc.), sea el que permita ejercer un mayor control sobre los espacios comunes y lugares de paso más frecuentes, como patios o pasillos (Newman, 1972; Reynald y Elffers, 2009). También existen investigaciones que han analizado cuáles son los lugares más adecuados para la colocación de las cajas registradoras dentro de los locales comerciales con la finalidad de inhibir los atracos (Felson, 1994). El estudio de las oportunidades para el delito ha mostrado gran utilidad en programas de prevención delictiva (Clarke, 1992, 1994; Felson, 2006; Vozmediano y San Juan, 2010; Wortley y Mazerolle, 2008). Según el conocimiento de que se dispone en la actualidad, el control informal sería en general mucho más activo y eficaz contra la delincuencia que el formal, ya que sin la existencia de muchas personas corrientes motivadas e interesadas en prevenir los delitos (familiares, vecinos, comerciantes, transeúntes, etc.), la policía y los tribunales poco podrían hacer generalmente al respeto. Lo anterior debería llevarnos a una reflexión

profunda acerca de la distribución de los recursos materiales y personales destinados a la lucha contra la delincuencia (especialmente en tiempos de grave crisis económica, como los que vivimos): aunque la mayoría de los esfuerzos económicos y sociales se pongan en la dotación de controles formales y de seguridad y en la sanción de los delincuentes, se conoce bien que la prevención es, en general, más eficaz que la represión, y el control informal más que el formal. Desde la perspectiva del desarrollo humano, el funcionamiento y la influencia adecuada sobre el individuo de los controles informales y formales jugaría un papel fundamental en la formación de su personalidad y del desarrollo del propio autocontrol como base de la integración social y la inhibición delictiva. Y, viceversa, un mal funcionamiento en los controles informales o formales contribuiría a que determinados sujetos acaben cometiendo delitos y desarrollando carreras delictivas. Los estudios criminológicos sobre control formal incluyen análisis del funcionamiento de la policía, de los efectos disuasorios de la vigilancia, de las tasas de esclarecimiento de los delitos, etc. También abarcan temas como el funcionamiento de los tribunales en la persecución y sanción de los delincuentes, y estudios sobre los efectos preventivos de diferentes medidas penales como las multas, la prisión o las penas

alternativas. El concepto de control social también forma parte de los análisis de otras disciplinas como la psicología social, la sociología y la antropología social. Sin embargo, en Criminología dicho concepto se utiliza de una forma más precisa y restringida. A los criminólogos les interesan, básicamente, los procesos de control de los delitos, y no otros muchos aspectos del control informal que pueden guardar relación con las costumbres sociales, el cotilleo, las prácticas religiosas, los hábitos lingüísticos, las costumbres sexuales, las modas en el vestir, etc. Como puede verse hasta aquí, en función de todo lo comentado en este capítulo introductorio, la delincuencia es un fenómeno complejo, que incluye diferentes elementos, y que por ello no permite una explicación simple ni una solución con remedios fáciles. En consonancia con ello, los estudios criminológicos deben abarcar temas muy variados para describir y entender los fenómenos delictivos. Paralelamente, el análisis de las estrategias que resultan más eficaces para prevenir la delincuencia también comprende diversos niveles, que en sus extremos pueden ir desde sencillos consejos específicos para eliminar determinados objetivos fáciles para el delito, hasta ambiciosos programas preventivos de amplio espectro, todo lo cual será objeto de estudio en este manual.

1.4. DESARROLLO SOCIAL Y PROFESIONAL DE LA CRIMINOLOGÍA

La Federación de Asociaciones de Criminólogos de España (FACE) aglutina diversas asociaciones profesionales de criminólogos, y tiene como objetivo el desarrollo y promoción de la profesión criminológica en distintos ámbitos y estamentos. En la foto, la actual junta directiva de la Federación de Asociaciones de Criminólogos de España (FACE). De izquierda a derecha, Pedro C. Torrente (Vicepresidente, y Secretario de la Asociación Catalana de Criminólogos), Francisco Bernabeu (Presidente, y Presidente de la Asociación de Criminólogos de Alicante), Nahikari Sánchez (Secretaria, y Presidenta de la Asociación Profesional de Criminólogos de Navarra) y Abel González (Vicepresidente, y Presidente de la Asociación de Criminólogos de Madrid).

Es un implícito que la formación universitaria, y cualquier suerte de formación especializada, debería traducirse a la postre en el desarrollo de una actividad profesional coherente con los estudios cursados. Y así

sería deseable y esperable que ocurriera también por lo que concierne a la Criminología, algo que en la actualidad escasamente sucede. La formación universitaria en Criminología en general capacita, o debería capacitar, a los estudiantes y futuros profesionales en competencias como las siguientes: – La recogida y sistematización de información válida sobre la delincuencia, a partir de diversas fuentes, tales como cuestionarios de autoinforme, encuestas de victimización, datos policiales, judiciales, penitenciarios, etc. También para la obtención de información, paralela a la anterior, sobre miedo al delito y percepción pública sobre seguridad ciudadana. – El análisis matemático, numérico y gráfico, de las cifras de la delincuencia y de la percepción de inseguridad, y su presentación pública en términos técnicos coherentes, comprensibles e interpretables, más allá de la simplicidad y frecuentes errores de las tradicionales estadísticas burocráticas que sobre el delito ofrecen algunos organismos oficiales. – La interpretación de la prevalencia delictiva y de la evolución de las cifras de la delincuencia, a la luz de la investigación y teorías criminológicas vigentes. – La evaluación y descripción de los factores de riesgo que influyen sobre individuos y contextos concretos, incrementando la probabilidad de comisión de delitos.

O dicho de otro modo, la evaluación técnica del riesgo delictivo. – La explicación científica del inicio y desarrollo de las carreras delictivas individuales, a partir de considerar la confluencia en los sujetos de factores de riesgo, individuales, sociales y ambientales. – El análisis y la predicción del riesgo de repetición de los delitos, o reincidencia delictiva, lo que puede tener gran relevancia para la gestión más adecuada y eficiente de los riesgos asociados a las decisiones judiciales, para la administración de las instituciones juveniles, y para la organización y funcionamiento de las prisiones u otros sistemas de ejecución de penas y medidas judiciales. – La mejor comprensión y explicación, a través de las teorías criminológicas generales, de los fenómenos criminales a nivel de los vecindarios y barrios, ciudades, regiones o países. – Los análisis comparativos de la criminalidad (global, o bien la correspondientes a ciertas tipologías) entre diversos contextos, territorios o poblaciones. – La evaluación y emisión de informes técnicos sobre perfiles de categorías específicas de delincuentes, como puedan ser delincuentes violentos, agresores sexuales, maltratadores, traficantes de drogas, etc. – El análisis de lugares y contextos de alta

concentración de delitos, y, sobre la base de los conocimientos de la Criminología ambiental, la especificación de los factores sociales y situacionales que favorecen la delincuencia. – La creación, aplicación y evaluación de iniciativas y proyectos de prevención del comportamiento infractor y antisocial en los ámbitos de mayor influencia sobre los adolescentes y jóvenes, tales como las familias, las escuelas y otras instituciones formativas, los contextos vecinales, los marcos deportivos, los lugares de ocio, y el uso de las nuevas tecnologías de la información. – El diseño, aplicación y evaluación de programas innovadores de prevención de los delitos en contextos adultos, incluyendo el comercio y los negocios, las transacciones bancarias, las relaciones de pareja, las interacciones sexuales, los lugares de trabajo, las áreas de ocio, los contextos urbanos, etc. – La aplicación y evaluación de intervenciones y tratamientos sólidos (es decir, de eficacia contrastada) con delincuentes juveniles y adultos, tanto en instituciones como en la comunidad. Las competencias profesionales de los criminólogos, a las que se ha hecho referencia, pueden ser de gran utilidad en instituciones y contextos como los siguientes: – Organismos municipales de análisis y gestión de la seguridad urbana.

– Departamentos de interior o gobierno de las comunidades autónomas. – Policías locales, regionales y nacionales. – Ministerios del gobierno con competencias en materia de seguridad, educación, salud y prevención general. – Instituciones y programas juveniles. – Servicios sociales en relación con familias y barrios en riesgo. – Centros de internamiento de menores infractores y, en general, instituciones y programas conectados con el campo de la justicia juvenil. – Prisiones y otras instituciones de ejecución de penas y medidas de privación de libertad para sujetos adultos. – Servicios de tratamiento de delincuentes juveniles y adultos. – Servicios de atención, ayuda y tratamiento de víctimas de los delitos. – Organismos de preparación de las reformas legales en materia de prevención y represión del delito. Los conocimientos y competencias profesionales de la Criminología, a que se ha aludido, están teniendo una creciente proyección y aplicación en distintos países desarrollados, particularmente de Norteamérica y Europa, en las instituciones de la justicia y en la propia comunidad. Ello en absoluto significa que en tales países

exista un desarrollo ideal de la Criminología aplicada. Más aun, con frecuencia las aplicaciones criminológicas más innovadoras y progresivas, en términos de prevención del delito, rehabilitación de delincuentes, etc., han de convivir con iniciativas altamente retrógradas como, por ejemplo, en algunos estados Norteamericanos, los registros públicos en Internet del domicilio particular y otros datos identificativos de ex delincuentes sexuales, que hace tiempo que cumplieron sus condenas, y que por ello deberían ser a todos los efectos ciudadanos libres y anónimos. Las aplicaciones mencionadas más arriba constituyen ejemplos destacados de posibles utilidades de los conocimientos adquiridos por la Criminología. Pero estas iniciativas no agotan todos los supuestos de uso social del conocimiento criminológico. Otras muchas sugerencias se recogerán a lo largo del texto, en el apartado que se incluye al final de cada capítulo, titulado “Principios criminológicos y política criminal”. Dicho epígrafe incorpora, además de una síntesis de conocimientos de cada capítulo, diversas propuestas de innovación criminológica que podrían derivarse de dichos conocimientos. Por otro lado, nos gustaría animar encarecidamente a profesores y alumnos a reflexionar creativamente, a partir del estudio de cada capítulo, acerca de otras posibilidades y caminos para las aplicaciones

criminológicas. Hoy por hoy la Criminología cuenta con más resultados y conclusiones científicas que desarrollos tecnológicos y aplicaciones profesionales. Para las próximas décadas, la utilización sistemática e innovadora de los conocimientos alcanzados es, sin duda, el gran reto al que se enfrenta la ciencia criminológica. Este desafío práctico para el futuro tiene una indispensable condición en el presente: que los alumnos universitarios de Criminología alcancen una formación del máximo nivel y calidad, y adquieran un buen conocimiento de la disciplina en su conjunto, lo que pueda permitirles su posterior especialización y desempeño profesional. Sobre estas bases, los expertos, proponentes y gestores de las políticas criminales venideras, entre los que los criminólogos deberían ser un activo destacado, podrán renovar, enriquecer y mejorar las actuaciones sociales encaminadas a la prevención y reducción de los delitos. PRINCIPIOS CRIMINOLÓGICOS Y POLÍTICA CRIMINAL 1. La Criminología es la ciencia que estudia los comportamientos delictivos y las reacciones sociales frente a ellos. Según esto, el objeto de estudio y el espacio científico de la Criminología resulta de la intersección entre dos dimensiones: una de acción, o de conducta, y otra valorativa, de aceptación o rechazo social de ciertos comportamientos. 2. La Criminología comparte algunos conocimientos, términos e instrumentos de investigación con otras disciplinas próximas, como la sociología, la psicología, la educación, la medicina, la biología y el derecho.

3. El método científico, utilizado por la Criminología, se dirige a describir, explicar, predecir e intervenir sobre los fenómenos delictivos o sobre su control. 4. Los argumentos fundamentales que avalan el carácter científico de la Criminología son el uso de métodos e instrumentos válidos, la obtención de conocimientos fiables y verificables, y la relevancia social de su objeto de estudio. 5. Los criminólogos resultarán útiles a la sociedad en la medida en que logren aplicar sus conocimientos para una mejor comprensión de los fenómenos delictivos y para su prevención más eficaz. 6. La política criminal y las leyes penales pueden considerarse, de una forma realista, más que como producto exclusivo de un consenso colectivo o contrato social, como resultado también de un cierto conflicto, resuelto de manera pacífica y democrática, entre los intereses de los diferentes grupos de presión que conviven en la sociedad. 7. La denuncia pública de determinados comportamientos como delictivos juega un papel relevante en su persecución criminal. 8. El delito resulta de la interacción entre delincuentes, objetos o víctimas atractivas para el delito, y fallos en el control social, tanto informal como formal. Por ello, todos estos elementos constituyen las principales áreas del estudio criminológico. 9. Los mecanismos de control social informal, integrados por la generalidad de los ciudadanos (en las familias, escuelas, contextos laborales, de ocio, etc.), juegan el papel más importante en la prevención de la delincuencia, por encima de la relevancia que puedan tener los controles formales (policía, tribunales, prisiones, etc.). 10. La Criminología cuenta en la actualidad con múltiples conocimientos susceptibles de mejorar la descripción y explicación de los fenómenos criminales y, lo que es socialmente más importante, la predicción y prevención de las diversas formas de la delincuencia. Tales conocimientos deberían irradiarse cada vez más en la concepción y aplicación de las políticas criminales, a partir de una mayor intervención de los criminológicos en tales políticas y aplicaciones. CUESTIONES DE ESTUDIO 1. Busca en distintos libros de texto cómo es definida la Criminología. ¿En qué se parecen y se diferencian las definiciones que has encontrado? ¿Existe relación entre la definición de Criminología de cada manual y la estructura de sus capítulos o temario? 2. ¿Es la Criminología una ciencia interdisciplinaria? ¿Tiene un método propio o utiliza el mismo método que otras ciencias? ¿Comparte algunos instrumentos de estudio con otras disciplinas? Razona tus respuestas y valora sus implicaciones. 3. ¿Cuáles son las principales áreas de estudio criminológico? ¿Cuáles son las temáticas más relevantes en cada área? ¿Y sus dificultades de análisis científico? 4. ¿Qué es un delito? ¿Qué es la delincuencia? ¿Y la conducta antisocial? ¿Y la desviación social? ¿En qué resultan semejantes y en qué no todos estos conceptos?

5. Compara y relaciona la definición jurídica de delito y otras posibles definiciones “naturalistas” o criminológicas. 6. ¿Qué se entiende por “desviación de las élites”? 7. En relación con las víctimas, ¿de qué cuestiones de investigación y aplicadas puede ocuparse la victimología? 8. ¿Constituye el ajuste de cuentas dentro de una banda de narcotraficantes un ejemplo de control social? Razona tu respuesta. 9. ¿Cuáles son las funciones o roles profesionales de los criminólogos en la sociedad actual? ¿Se te ocurren otras posibilidades de actuación profesional?

1 Muchos manuales de Criminología suelen comenzar debatiendo si esta disciplina tiene o no entidad científica autónoma y, en su caso, cuál es su objeto de estudio. Respecto de la entidad científica de la Criminología, es frecuente caracterizarla como una ciencia interdisciplinaria (Walsh, 2012), o producto de la intersección de otras disciplinas, como el derecho, la sociología, la psicología, la psiquiatría, la antropología, o la medicina forense, entre otras. Cuando se afirma que la Criminología es una ciencia interdisciplinaria, a menudo se está sugiriendo que debido a ello no poseería entidad científica propia e independiente, sino que sería más bien resultado de la confluencia de conocimientos y metodologías provenientes de otras disciplinas. En lo concerniente a su objeto de estudio, los tratados suelen adoptar dos posturas extremas. Para algunos, de modo reduccionista, la Criminología tiene idéntico objeto que el derecho penal: el delito. Para otros, desde una visión fragmentadora, la Criminología tiene múltiples objetos de análisis, entre los que se mencionan, cuando menos, los siguientes: la delincuencia (como fenómeno social), el delito (como acción individual), los delincuentes (en cuanto actores de los delitos), los sistemas de control (como reacción frente al delito) y las víctimas (como sujetos pacientes del delito). Quienes aseveran que la Criminología tiene el mismo objeto de análisis que el derecho penal, en verdad están afirmando que la Criminología carece de objeto de estudio propio. En el extremo contrario, quienes proponen tanta variedad de objetos de análisis (delincuencia, delito, delincuentes, sistemas de control y víctimas) suelen concluir, también de modo pesimista, que no es posible construir una auténtica ciencia con pretensiones tan diversificadas. Aquí se propone un punto de vista diferente y alternativo a las anteriores concepciones, en la dirección ya apuntada por Redondo, 1998c. En

relación con el objeto de estudio de la Criminología, se considera que ni es tan plural y heterogéneo como a veces se afirma ni tampoco es el mismo objeto del derecho penal. También se afirma la plena identidad científica de la Criminología, pese a que, al igual que hacen todas las demás ciencias, coopere con otras disciplinas y comparta con ellas algunos de sus conocimientos y métodos. 2 Una definición cercana a ésta es la que considera que la Criminología es la ciencia que estudia la delincuencia y los sistemas sociales empleados para su control (Hassemer y Muñoz Conde, 2001). 3 Los restantes elementos que a veces son mencionados como objetos de la Criminología: delincuencia, delincuentes y víctimas, son en realidad componentes analíticos, o áreas de estudio, subordinados a la intersección de conductas delictivas y reacción social. 4 Calificar a la Criminología como ciencia interdisciplinaria, como suelen hacer la mayoría de manuales y tratados, es en la actualidad innecesario. Si ello pretende significar que la Criminología comparte ciertos conocimientos e instrumentos con otras disciplinas sociales colaterales, como la sociología o la psicología, el calificativo de interdisciplinariedad es una obviedad que no requiere mención o atención particular. Todas las ciencias modernas participan en mayor o menor grado de terminologías, conceptos y técnicas de otras ciencias afines. Además, compartir ciertos conceptos o instrumentos (como cuestionarios, entrevistas, análisis estadísticos, etc.) con otras ciencias afines no menoscaba la entidad científica de la Criminología, sino que antes bien la corrobora, ya que el método científico es esencialmente único. Su fundamento reside en el sometimiento a la realidad, a los hechos analizados, que son descritos mediante la observación y la experimentación. La Criminología intenta responder, a través de la investigación empírica, a preguntas acerca de qué factores sociales o individuales influyen sobre el comportamiento delictivo, qué personas se hallan en mayor riesgo de delinquir o de ser víctimas del delito, cómo evolucionan las carreras delictivas juveniles, qué papel juegan los medios de comunicación social en la amplificación artificial del fenómeno delictivo, cómo influyen los sistemas de control en la perpetuación de la conducta delictiva, o cómo puede prevenirse más eficazmente la delincuencia. 5 En metodología el término falsar hace referencia al proceso científico que

se sigue para intentar hallar evidencia contraria a una determinada hipótesis o teoría. Una teoría es falsada si aparecen diversos datos que la refutan, y en este supuesto debe ser rechazada. 6 En la República Democrática Alemana, antes de que el estado se derrumbara con el desmoronamiento de la Unión Soviética, existía toda una estructura para la investigación y la docencia del marxismo-leninismo científico. Al cambiar la valoración social de estos conocimientos, tras la caída del muro de Berlín, esa estructura se desprestigió como disciplina científica y acabó desapareciendo. Algo parecido ocurrió en España, después de la muerte de Franco, con la Formación del Espíritu Nacional, aunque el anterior régimen afortunadamente nunca la elevó a la categoría de ciencia. 7 A lo largo de la historia de la ciencia, no ha sido infrecuente que los proponentes de una innovación científica importante, que anulaba o cuestionaba el conocimiento precedente, hayan sufrido la incomprensión, el ostracismo o incluso la agresión de sus colegas más conservadores. Uno de los primeros ejemplos de ello ocurrió en la escuela del matemático griego Pitágoras, quien había establecido la existencia de una armonía perfecta entre proporciones geométricas, números y principios básicos de la música. Sin embargo, su discípulo Hippasos, en su afán inicial de corroborar y desarrollar la teoría del maestro, descubrió la existencia de los números irracionales (que entraban en aparente contradicción con el sistema pitagórico), y debido a este descubrimiento revolucionario fue asesinado por sus colegas (Koestler, 1959). En tiempos modernos, los científicos que discrepan demasiado de las teorías y métodos establecidos suelen conservar la vida, pero, con frecuencia, pueden tener problemas académicos. También es verdad que no todos aquellos científicos que pretenden romper los modelos establecidos acaban demostrando la veracidad de sus planteamientos. 8 Por un lado, si la sociedad no considera importante el objeto de estudio de una disciplina, los conocimientos obtenidos en ella pueden no ser suficientes para consolidarla como ciencia reconocida; pero, por otro, para que adquiera la entidad de ciencia es imprescindible que utilice procedimientos de investigación que puedan asegurar la fiabilidad y verificabilidad de los conocimientos logrados. 9 La visión más simple a este respecto fue la posible atención al concepto de

desviación estadística, que consideraría “desviado” todo aquello que se aleja excesivamente del promedio estadístico, que difiere de lo “común” o habitual. Otra perspectiva interpretaría la desviación como enfermedad, como algo esencialmente patológico, que revelaría la presencia de un “trastorno”, o “anomalía”. Sin embargo, en el terreno social no existe un criterio universal que permita delimitar con seguridad qué constituye una conducta “sana”. Por su parte, el funcionalismo estructural, en una analogía vinculada a la anterior, concibió también la sociedad como un organismo y analizó tanto los procesos que favorecerían la estabilidad de esa sociedad (“salud”), denominados “funcionales”, como aquellos otros que podrían romperla y, por lo tanto, resultarían “disfuncionales”, amenazando la estabilidad y la supervivencia de la sociedad (Parsons, 1988). En esta última aproximación la delincuencia sería concebida como un proceso desestabilizante que perturbaría la armonía de la comunidad. Sin embargo, en determinados sectores del comportamiento delictivo (no así en los comportamientos más graves, que se ubican en el núcleo del cuadro 1.2, y que se hallan penalizados en todas las sociedades) es complejo delimitar qué es funcional o disfuncional para una sociedad o grupo. Pueden existir concepciones muy distintas respecto de lo que resulta beneficioso para una sociedad. Dependiendo de los objetivos que un grupo persiga, determinados procesos sociales o comportamientos que lo alejan de sus metas serán valorados como disfuncionales, mientras que aquellos otros que lo acercan a ellas serán considerados funcionales. El consumo de drogas puede ser un ejemplo, ya que para unas personas y grupos sociales será una conducta completamente disfuncional, pero para otros será algo aceptable o conveniente. Por lo tanto, se constata que las normas sociales que califican ciertas conductas como desviadas, serían también una cuestión valorativa o de opción moral o “política”, algo que la perspectiva funcionalista ignora, limitando de esta manera su adecuada comprensión. 10 Véase el siguiente ejemplo antropológico, recogido por Becker (1971). Entre los trobiandeses (pueblo que habita unas islas en el Océano Pacífico y que fue estudiado por el antropólogo Malinowsky a principios del siglo XX), existían unas estrictas normas sobre el incesto, que prohibían mantener relaciones sexuales y de pareja entre parientes cercanos. No obstante, había una pareja de jóvenes formada por una chica y un chico

que eran primos, a pesar de lo cual no eran molestados por su relación. Aunque todos conocían su unión afectiva nadie actuaba para impedirla. Si alguien hubiese preguntado a los habitantes del pueblo sobre las normas existentes sobre las relaciones amorosas entre parientes, probablemente hubiesen respondido que estaban prohibidas. A pesar de lo cual, toleraban esa relación concreta ya que parecía no molestar a nadie y no producir ningún escándalo público. Sin embargo, la situación cambió cuando otro pretendiente de la chica se plantó en el centro del pueblo y denunció públicamente lo que sucedía, exigiendo la aplicación de la norma, que estaba de su parte. Con esta actuación obligó a los habitantes del pueblo a tomar partido a favor de la ley y contra la relación incestuosa descrita. El fin de esta historia, relatada por Malinowsky y también utilizada como ejemplo por Becker (1971), fue trágico: el primo y amante de la chica, al verse privado de su amor, se suicidó tirándose desde una palmera. 11 Un ejemplo: se han efectuado múltiples estudios sobre la personalidad de los violadores, generalmente basados en entrevistas y cuestionarios psicológicos aplicados a violadores que cumplen condena en prisión (Scully, 1990; Garrido, 1989; Garrido et al., 1995; Bueno García y Sánchez Rodríguez, 1995; Redondo et al., 2005; Redondo y MartínezCatena, 2011). Sin embargo, se sabe que existe una elevada “cifra negra” de delincuencia sexual. En muchas ocasiones las violaciones no son denunciadas, e incluso en algunos casos, cuando son denunciadas, el presunto autor no llega a ser condenado. De esta manera, los datos e informaciones obtenidos a partir de los violadores encarcelados probablemente no representan al conjunto de la población de violadores. De acuerdo con la investigación internacional, los violadores en prisión proceden de una clase social desfavorecida, poseen a menudo antecedentes penales, y obtienen puntuaciones de inteligencia inferiores al promedio. Sin embargo, estos factores no tienen por qué ser los causantes de su conducta delictiva, sino que más bien podrían vincularse al hecho de que hayan podido ser detenidos y condenados, mientras que otros violadores de clase media, sin antecedentes penales y con un nivel de inteligencia más elevado tendrían, tal vez, una menor probabilidad de ser detectados.

2. HISTORIA DE LA CRIMINOLOGÍA 2.1. CRIMINOLOGÍA RACIONAL: ILUSTRACIÓN Y ESCUELA CLÁSICA 78 2.1.1. Cesare Beccaria (1738-1794) 79 2.1.2. Jeremy Bentham (1748-1832) 82 2.1.3. La Escuela clásica en España 85 2.2. PRIMEROS ESTUDIOS SOBRE FACTORES SOCIALES Y DELINCUENCIA 86 2.3. COMIENZO DE LA CRIMINOLOGÍA CIENTÍFICA 91 2.3.1. Positivismo criminológico y método científico 91 2.3.2. El positivismo en España 99 2.3.3. Teorización criminológica de Rafael Salillas 101 2.4. ECOLOGÍA URBANA Y DESORGANIZACIÓN SOCIAL 103 2.5. IMITACIÓN Y DELITO 109 2.5.1. Leyes de la imitación 109 2.5.2. Teoría de la asociación diferencial 111 2.6. REACCIÓN SOCIAL, ECONOMÍA Y DELITO 113 2.7. LA CRIMINOLOGÍA ESPAÑOLA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA 117 2.7.1. Investigación 119 2.7.2. Enseñanza universitaria 121 2.7.3. Logros y retos 124 PRINCIPIOS CRIMINOLÓGICOS Y POLÍTICA CRIMINAL 126 CUESTIONES DE ESTUDIO 127

La Criminología nació como disciplina científica, al igual que otras ciencias sociales y biológicas, durante la segunda mitad del siglo XIX. Ello no significa que la infracción y el delito no hayan preocupado a los seres

humanos desde antiguo, pero siglos atrás estos comportamientos se interpretaban de forma precientífica, atribuyéndolos generalmente a la influencia de fuerzas mágicas, espirituales o cósmicas (Rodríguez Manzanera, 1996; Saldaña, 1914). Desde la eclosión de las ciencias modernas, a lo largo de los siglos XIX y XX, entre las que se halla también la Criminología, diversos pensadores e investigadores de múltiples países han debatido y analizado científicamente (es decir, a partir de causas y factores naturales) los problemas criminales y los esfuerzos sociales para erradicar los delitos. Como resultado de este empeño sucesivo y acumulativo, la Criminología dispone actualmente de conocimientos relevantes en diversos campos, teóricos y aplicados, que constituyen el objeto esencial de este texto. Pero las obras humanas son hasta cierto punto inseparables de quienes las hicieron y de las épocas en que se gestaron, a la vez que la conciencia de la propia historia confiere identidad a una ciencia y a quienes se dedican a ella. Por ello este capítulo prestará la atención debida a la historia de la Criminología, incluida también la criminología española.

2.1. CRIMINOLOGÍA RACIONAL: ILUSTRACIÓN Y ESCUELA CLÁSICA El origen de la Criminología y de la justicia penal moderna se fraguó en la Ilustración, desde finales del

siglo XVII y durante todo el siglo XVIII, y se concretó en la denominada escuela clásica (Siegel, 2010). A partir de las nuevas ideas de pensadores como Hobbes, Locke, Montesquieu, Voltaire, Rousseau y otros, comenzaron a ser conceptos clave del mundo moderno el imperio de la razón, la libertad e igualdad de todos los hombres, la justificación del contrato social en favor del bien común y de la convivencia pacífica entre las personas, la justicia sobre la base del respeto de las leyes, y la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos. Estas ideas dieron pie a grandes cambios sociales y políticos como la Revolución Francesa y los procesos de independencia de Estados Unidos y de los países Iberoamericanos (Walsh, 2012). Especialmente importante aquí es el concepto, acuñado entonces, del “contrato social”, que es inherente a la perspectiva criminológica denominada del consenso. Según este planteamiento, las leyes, que rigen los comportamientos individuales y las relaciones sociales, serían resultado del “contrato social”, o acuerdo implícito entre los ciudadanos acerca del bien común; resolverían las discrepancias que pudieran surgir entre los intereses generales, de la sociedad, y los intereses particulares, de los individuos. Tomando como base una propuesta previa del filósofo británico Thomas Hobbes (1588-1678) (Yar, 2010),

Rousseau (1712-1778) describió el “contrato social” del siguiente modo: Hay que “encontrar una forma de asociación que defienda y proteja de toda fuerza común a la persona y a los bienes de cada asociado, y gracias a la cual cada uno, en unión de todos los demás, solamente se obedezca a sí mismo y quede tan libre como antes. Este es el problema fundamental que resuelve el contrato social. (…) Estas cláusulas bien entendidas se reducen todas a una sola, a saber: la alienación total de cada asociado con todos sus derechos a toda la comunidad. Porque, en primer lugar, al entregarse cada uno por entero, la condición es igual para todos y, al ser la condición igual para todos, nadie tiene interés en hacerla onerosa para los demás” (Rousseau, 1993 [1762]: 14-15).

Las nuevas ideas de la Ilustración, a que se ha aludido, contribuyeron a una nueva concepción de las instituciones sociales y políticas y de la organización social en su conjunto. Y también, por lo que aquí nos incumbe, comportaron una manera diferente de interpretar y prevenir los delitos, y de castigar a los delincuentes. Los dos pensadores más destacados e influyentes fueron el italiano Cesare Beccaria y el británico Jeremy Bentham (García-Pablos, 1999). Además, pronto estas nuevas ideas impregnaron las leyes penales de los nuevos regímenes post-revolucionarios, como, por ejemplo, el Código Penal francés de 1791, tras la Revolución (Bernard, Snipes, y Gerould, 2010), y posteriormente otros códigos penales como el ruso o el español (Rodríguez Manzanera, 1998). La escuela clásica, surgida de la Ilustración, constituye todavía el principal fundamento conceptual de la mayoría

de las políticas criminales y sistemas jurídico-penales actuales, por lo que requiere la debida atención en este capítulo histórico de la Criminología.

2.1.1. Cesare Beccaria (1738-1794) Cesare Bonesana, Marqués de Beccaria (1738-1794). Nacido en Milán, cursó estudios de Derecho en la Universidad de Pavía. Era el mayor de cuatro hermanos y se educó en escuelas religiosas. Es la gran figura de la Escuela clásica de Criminología.

De los delitos y de las penas, la obra principal de Cesare Bonesana, Marqués de Beccaria, publicada en 1764 (cuando Beccaria contaba tan solo 26 años), fue un libro muy influyente en su tiempo, aunque al igual que otros libros destacados de la historia del pensamiento, fue pronto incluido por la Iglesia Católica en el Índice de Libros Prohibidos (Bernard et al., 2010), lo que ha acostumbrado a ser más un impulso para la difusión e influencia de las obras proscritas que no lo contrario. De los delitos y de las penas fue publicado en español diez años más tarde, en 1774, y también prohibido por un edicto de la Inquisición en 1782, no volviéndose a editar hasta 1820. La obra de Beccaria constituyó en su época una propuesta reformadora de la sociedad, en contra de la arbitrariedad, la ilegalidad y los abusos de poder que caracterizaban ampliamente a la justicia de su tiempo

(Siegel, 2010). Aunque De los delitos y de las penas no es un tratado teórico sobre las causas de la delincuencia, sino fundamentalmente un ensayo racional acerca de cómo prevenir los delitos mediante las penas, existe una concepción beccariana del delito, que puede entreverse a lo largo de la obra (Yar, 2010). Las principales ideas de Beccaria (1983 [1764]) sobre la delincuencia y la manera de prevenir los delitos son las siguientes: 1. El contrato social y la necesidad del castigo: Las leyes son la forma en que los hombres se unieron en sociedad, sacrificando una parte de su libertad individual en pro de la seguridad común. Las penas constituyen los motivos sensibles necesarios contra aquéllos que infringen las leyes. 2. La tendencia al placer como motivador del delito: Los hombres delinquen debido a la elocuencia de las pasiones, que los impulsan al logro del placer y a la evitación del dolor1. 3. La gravedad de los delitos: La naturaleza del delito reside en su nocividad social. “El daño de la sociedad es la verdadera medida de los delitos” (p. 66)2. 4. El estudio científico de los delitos: La sociedad debería estudiar, mediante las ciencias, las fuentes de los delitos y, antes de aplicar penas, utilizar los

medios necesarios para prevenirlos. 5. La libertad y la educación previenen la delincuencia: La tendencia a delinquir es inversamente proporcional a la libertad y a la educación de que disfrutan los hombres: hombres libres, que estudian y reflexionan sobre lo que les rodea, estarán menos inclinados a la voluptuosidad, al libertinaje y a la crueldad que los hombres esclavos. 6. El fin de las penas: Las penas tienen como objetivo “impedir que el reo ocasione nuevos males a los ciudadanos y retraer a los demás de cometer otros iguales” (p. 73). 7. Proporcionalidad entre delitos y penas: Para resultar más eficaz, la pena debe ser superior al bien que nace del delito y coherente con la propia naturaleza de éste: al robo debe oponerse la esclavitud temporal en obras públicas, al robo con violencia el trabajo común y además alguna pena corporal, y a las injurias, la infamia, que humille “el orgullo de los fanáticos con el orgullo de los espectadores” (p. 95). 8. Prontitud y certeza de la pena: Cuanto más segura, “más pronta y más próxima al delito cometido sea la pena, tanto más justa y más útil será” (p. 89)3. 9. Suavidad del sistema penal: La suavidad del sistema penal deberá ser directamente

proporcional al estado de desarrollo social que tiene una determinada comunidad4. 10. Rechazo de la pena de muerte: La pena más eficaz no es la pena de muerte, que no debería aplicarse, sino la pérdida de la libertad5. 11. Prevenir el delito no penalizando lo innecesario: Un modo de prevenir los delitos es no penalizar aquello que no es necesario, ya que “ampliar la esfera de los delitos equivale a aumentar la probabilidad de cometerlos”: las buenas leyes solo deberían castigar los verdaderos delitos y no un sinfín de “acciones indiferentes que las malas leyes llaman delitos” (p. 138). 12. Prevenir el delito mediante recompensas de su contrario: Las leyes deberían también prevenir los delitos recompensando las buenas acciones de los hombres. Aunque la obra de Beccaria esencialmente plasma una teoría sobre el control de los delitos mediante las penas, también puede vislumbrarse en ella una concepción hedonista de la motivación delictiva, probablemente adoptada de los filósofos utilitarios de la época, que, como Helvétius (1715-1771), consideraban que el egoísmo era el motivo principal del comportamiento6.

2.1.2. Jeremy Bentham (1748-1832)

Jeremy Bentham (1748-1832). Es uno de los grandes filósofos del utilitarismo, y el primero que escribió sobre los principios del fin de la pena con detalle (“An introduction to the principles of morals and legislation”, 1789). Tampoco hay que olvidar su contribución a la psicología aplicada a la sala de justicia en su obra de cinco volúmenes “Rationale of judicial evidence” (1827). Fue el creador del primer sistema penitenciario (“El panóptico”) que inspiró la primera prisión celular (donde los presos están aislados).

Transcurridos veinticinco años de la aparición del impactante libro de Beccaria, el británico Jeremy Bentham publicó, en 1789, su Introducción a los principios de la moral y la legislación, obra menos conocida que la primera, pero que constituyó otro de los fundamentos de la escuela clásica, especialmente en el contexto anglosajón (O’Malley, 2010; García-Pablos, 1999). Bentham establece los siguientes principios sobre la conducta humana y el control penal, a lo que Bentham se refirió como “cálculo moral” (Bentham, 1948; 1991; Horton, 2000): La obra de Jeremy Bentham y su utilitarismo fue necesaria para que la justicia se guiara por los principios de la razón ilustrada.

1. El placer y el dolor: El comportamiento de los hombres se halla sometido a dos dueños soberanos: la evitación del dolor y la obtención del placer. Ellos determinan lo que hacemos, lo que decimos y lo que pensamos, y constituyen la única medida de la correcto y lo incorrecto.

2. Condiciones de las que dependen el placer y el dolor: Los placeres y los dolores serán mayores o menores según su intensidad, su duración, su certeza o incerteza, su proximidad o lejanía, su fecundidad (o probabilidad de que a un placer o dolor le sigan otros del mismo signo), su pureza (o probabilidad de que les sucedan consecuencias de signo contrario), y su extensión (o número de personas a quienes afectan). 3. Principio de utilidad: Por ello, el principio básico que rige el comportamiento humano es la utilidad, que aprueba o desaprueba las acciones según que tiendan al logro de la felicidad o a la prevención de la infelicidad, ya sea de los individuos concretos o de la comunidad en su conjunto. El interés común no es otra cosa que la suma de los intereses individuales. 4. Fuentes de dolor y de placer: El placer y el dolor pueden ser suministrados a los hombres desde cuatro fuentes sancionadoras distintas: la física, fuente de placeres y dolores naturales, la moral o popular, en la que el papel básico lo juegan los otros ciudadanos, la religiosa, de la mano de un ser superior, y la política, administrada por el juez. Esta última es la única que pueden determinar las leyes, mediante las penas. 5. Finalidad de las leyes:

Todas las leyes tienen como objetivo principal prevenir el daño a los individuos o las comunidades, compensando dicho daño mediante la asignación de una pena, con los siguientes propósitos: – Prevenir, si fuera posible, la comisión de toda clase de delitos. – Si no se lograra prevenirlos, al menos inducir al delincuente a realizar un delito menos dañino. – Si el individuo decide cometer el delito, disponerle a no hacer más daño del necesario. – Efectuar la prevención del modo más barato posible. 6. Proporción entre los delitos y las penas: Para el logro de estos objetivos Bentham estableció las siguientes reglas de proporcionalidad entre los delitos y las penas: – Primera: El valor de la pena no debe ser en ningún caso menor que el suficiente para compensar el beneficio del delito. – Segunda: Cuanto mayor sea el daño del delito, mayor deberá ser la gravedad de la pena mediante la que sea compensado. – Tercera: Cuando dos delitos entran en competencia, la pena por el delito mayor deberá ser suficiente para inducir a un hombre a preferir el delito menor. – Cuarta: La pena se debería ajustar de tal manera a

cada delito concreto que, para cada parte del daño que el delito produce, debería haber un motivo que disuadiera al delincuente de realizar esa parte del daño. – Quinta: La pena no debería ser en ningún caso superior a lo necesario para el cumplimiento de las reglas aquí expuestas. LA REALIDAD CRIMINOLÓGICA: TEXTOS CLÁSICOS: Suavidad de las penas (Cesare Beccaria, De los delitos y de las penas, capítulo XXVII, pp. 101-103) “(…) Uno de los mayores frenos del delito no es la crueldad de las penas, sino su infalibilidad, y en consecuencia tanto la vigilancia de los magistrados como la severidad de un juez inexorable debe ir acompañada, para ser una virtud útil, de una legislación suave. La certidumbre de un castigo, aunque sea moderado, causará siempre mayor impresión que el temor de otro más terrible pero unido a la esperanza de la impunidad; porque cuando los males, aunque mínimos, son seguros, amedrentan siempre los ánimos humanos, mientras que la esperanza, don celeste que a menudo es el único que poseemos, aleja sin cesar la idea de los mayores, en especial cuando la impunidad, que la avaricia y la debilidad procuran muchas veces, aumenta su fuerza. La misma atrocidad de la pena hace que se ponga tanto más esfuerzo en esquivarla cuanto mayor es el mal hacia el que se corre; y provoca que se cometan varios delitos para escapar de la pena de uno solo. Los países y las épocas en que se practicaron los más atroces suplicios fueron siempre los de las más sanguinarias e inhumanas acciones, puesto que el mismo espíritu de ferocidad que guiaba la mano del legislador sostenía las del parricida y del asesino. Desde el trono dictaba leyes de hierro para ánimos atroces de esclavos, que obedecían. En la oscuridad privada estimulaba a inmolar tiranos para crear otros nuevos. Para que una pena alcance su efecto basta que el mal de la pena sea superior al bien que nace del delito, y en este exceso de mal deben considerarse incluidas la infalibilidad de la pena y la pérdida del bien que el delito produciría. Todo lo demás es superfluo, y por tanto tiránico. Los hombres se regulan por la repetida acción de los males que conocen, y no de los que ignoran”.

2.1.3. La Escuela clásica en España

Para la referencia a autores españoles que reflexionaron e investigaron en Criminología hasta mediados del siglo XX, se seguirá principalmente la obra erudita y magnífica del profesor Alfonso Serrano Gómez (con la colaboración de Serrano Maíllo) sobre Historia de la criminología en España, que recomendamos encarecidamente al lector (Serrano Gómez, 2007). La Escuela clásica tuvo como uno de sus principales representantes en España a Manuel de Lardizábal y Uribe (1739-1820), quien publicó en 1782 una obra titulada Discurso sobre las penas, que sigue en buena medida la obra de Beccaria aunque también realiza algunas aportaciones innovadoras. Durante el siglo XIX continúan difundiendo y desarrollando las ideas de la Ilustración y la Escuela clásica autores como Pacheco y Silvela. En términos penales, aunque como resultado de las nuevas ideas, el primer Código penal español, de 1822, incorporó algunas garantías jurídicas de los inculpados, pronto, con el nuevo periodo absolutista instaurado por Fernando VII, quedaron nuevamente abolidas hasta su definitiva reintroducción en el Código de 1848, que puede considerarse el cierre definitivo en España del antiguo régimen (Serrano Gómez, 2007). Como en otros países europeos, los planteamientos de la Escuela clásica incidieron también en la revisión del estado de las prisiones (Serrano Gómez, 2007). Así, en la

segunda mitad del siglo XIX, diversos informes, entre los que destacan los trabajos de Concepción Arenal y de Rafael Salillas, comienzan a hacerse eco de las malas condiciones de las cárceles españolas, relativas tanto a sus carencias materiales, sanitarias, etc., como a las crueldades y arbitrariedades a las que se hallaban sometidos los recluidos. Por otro lado, empieza a tomarse conciencia, cada vez con mayor fuerza, de la necesidad de orientar las penas y las prisiones hacia la educación y mejora de los encarcelados por encima de su mero castigo. En esta dirección, y tomando como base el pensamiento panteneísta y filantrópico del filósofo alemán Karl Christian Friedrich Krause (1985 [1811]), Sanz del Río, Concepción Arenal, Giner de los Ríos, Silvela y Dorado Montero desarrollaron en España el ideal correcionalista o rehabilitador para el contexto de las prisiones. El correccionalismo, o perspectiva de reforma y corrección de los delincuentes, frente al planteamiento de su puro castigo, había contado en los siglos XVI y XVII con precursores españoles como Cristóbal de Chaves, Bernardino de Sandoval, Cerdán de Tallada y, ya en la primera mitad del propio siglo XIX, con Manuel Montesinos, promotor en España del sistema progresivo, que asociaba los modos de cumplimiento de la pena a la mejora del comportamiento y a la disminución de la peligrosidad del reo.

Síntesis de las ideas de la escuela clásica Las ideas de la escuela clásica pueden resumirse en las siguientes propuestas principales: 1. Las acciones humanas —también las delictivas— tienden en esencia al logro del placer y a la evitación del dolor; en ello radica el principio de utilidad del comportamiento. 2. Todos los seres humanos cuentan, por naturaleza, con las capacidades suficientes para decidir sobre sus actos, incluidos los delictivos. 3. Cuando alguien realiza un delito es debido a los beneficios placenteros que espera obtener de ello. 4. La finalidad principal de la justicia penal es compensar, o contrarrestar, mediante un castigo, los beneficios que el delincuente espera obtener del delito. Por tanto, la pena debe implicar un perjuicio de mayor entidad que el beneficio del delito. 5. Procediendo de esta manera, es decir asociando al delito males mayores que los bienes que produce, se buscan dos resultados: primero, que el conjunto de los ciudadanos tenga motivos bastantes para no delinquir (prevención general) y, segundo, que los que ya han delinquido no vuelvan a hacerlo (prevención especial).

2.2. PRIMEROS FACTORES DELINCUENCIA

ESTUDIOS SOCIALES

SOBRE Y

Los primeros estudios estadísticos en Criminología fueron realizados por el jurista francés André Guerry (1802-1866) y por el matemático belga Adolphe Quetelet (1796-1874) en la primera mitad del siglo XIX y tuvieron como objeto de análisis la estadística criminal que Francia había comenzado a publicar a partir de 1827 (Le Compte générale de l’administration de la justice criminelle en France), que incluía datos sobre el número y tipos de condenas aplicadas a los delincuentes y sobre sus características personales y sociales (Amatrudo, 2010;

Hurwitz, 1956; Siegel, 2010). Guerry publicó en 1929 su Ensayo sobre la estadística moral de Francia, que es considerado por muchos el primer trabajo de criminología científica (Rafter, 2009). En esta obra Guerry efectuó un acercamiento ecológico a la criminalidad, sirviéndose para ello de mapas en los que sombreaba las distintas tasas de delincuencia en relación con diversos factores sociales (Bernard et al., 2010). Quetelet, que era matemático y astrónomo, buscó, a partir de las cifras francesas de delincuencia, factores que explicasen la criminalidad o se relacionasen con ella, a los que denominó —en analogía con las regularidades astronómicas halladas en los ‘mecanismos celestiales’— ‘mecanismos sociales’ (Amatrudo, 2010; Saldaña, 1914). Concluyó, en primer lugar, que la delincuencia era un fenómeno normal, presente en todas las sociedades, y regular, en el sentido de que se repetía año tras año con un número parecido de homicidios, agresiones o robos, a la vez que con unas proporciones semejantes de participación delictiva en función del sexo y la edad. Así lo escribía en 1831 (Amatrudo, 2010: 15): “Se pasa de un año al siguiente con la triste impresión de ver el mismo número de delitos, reproducidos en el mismo orden, con el resultado de las mismas penas en parecidas proporciones. ¡Triste condición de la especie humana! (…) Podemos cuantificar con antelación cuántos sujetos mancharán sus manos con la sangre de sus semejantes, cuántos serán ladrones o falsificadores, y cuántos acabarán en prisión, de igual manera que podemos anticipar cuántos

nacimientos o muertes van a producirse”. Adolphe Quetelet (1976-1874), matemático y astrónomo belga, quien tras la publicación en 1827 de las primeras estadísticas francesas sobre la delincuencia, relacionó por primera vez los dellitos con distintas variables y problemas sociales como la pobreza y la climatología.

Quetelet también dedujo que la pobreza no era, en general, la causa de la delincuencia (Amatrudo, 2010). Para ello estudió diferentes poblaciones de Francia y pudo comprobar que las regiones más pobres del país no tenían mayores tasas de criminalidad, sino que la delincuencia era superior en las ciudades. En opinión de Quetelet, los pobres estarían más expuestos a tentaciones delictivas en un entorno urbano, donde los contrastes sociales eran más notorios. De este modo, se formuló por primera vez la hipótesis criminológica de la privación relativa, según la cual las personas adquirirían conciencia de desigualdad al observar que otros disfrutan de mayores ventajas, lo que daría lugar a la aparición de sentimientos de injusticia y de resentimiento (Bernard et al., 2010). También encontró relación entre la delincuencia y otros factores personales y sociales como la menor edad, el desempleo, la mayor presencia de oportunidades para robar, la falta de educación moral o el carácter moral de moderación, en el sentido aristotélico. Tras analizar la secuencia de los delitos a lo largo del año, Quetelet propuso unas leyes térmicas de la

delincuencia, según las cuales el calor propio del verano (y de las zonas más cálidas del sur) incrementaría las tasas de homicidios, mientras que el clima frío del invierno (y de las áreas más frías del norte) propiciaría un aumento de los robos. Hoy se considera que las diferencias estacionales y contextuales en las tasas delictivas pueden explicarse sin necesidad de recurrir a unas leyes térmicas de los delitos. Sencillamente, en verano y en territorios más cálidos, suele producirse una mayor concentración de ciudadanos en lugares públicos (calles, plazas, bares, lugares de ocio…), lo que incrementaría las interacciones personales y, con ello, la probabilidad de posibles situaciones infractoras o de agresión entre individuos (Cohen y Felson, 1979; Vozmediano y San Juan, 2010). Como consecuencia de sus resultados científicos y conclusiones, que realzaban la influencia combinada sobre el delito de factores personales y sociales, las recomendaciones preventivas de Quetelet fueron, doblemente, el desarrollo de la educación moral de los ciudadanos y la mejora de sus condiciones sociales, propuestas de extrema modernidad y actualidad (Amatrudo, 2010)7. Una objeción que desde la Criminología actual puede hacerse a los estudios de Quetelet es que no consideró los posibles sesgos o errores de las estadísticas oficiales, que él analizaba como si fuesen un reflejo fiel de la realidad.

A pesar de ello, sus aportaciones supusieron un importante avance en el estudio científico de la delincuencia, y a partir de él muchos otros investigadores se mostraron interesados en el análisis de datos a la hora de estudiar la criminalidad. En la segunda mitad del siglo XIX, el sociólogo francés Gabriel Tarde (1843-1904) formuló en una obra homónima las llamadas leyes de la imitación, según las cuales las personas observan y reproducen los comportamientos de los que les rodean. Tarde explica, a partir de la imitación, que en las ciudades existan mayores índices de delincuencia que en zonas rurales, ya que en el mundo urbano hay más modelos para imitar y mayor variación en los estilos de vida. Por tanto, los individuos que buscan un modelo delictivo lo encuentran con mayor facilidad. A este mecanismo de imitación delictiva Tarde unía el proceso de ruptura con las normas tradicionales que se producía en las sociedades industriales de finales del siglo XIX, como así sucedía en Francia, y que, en su análisis, también era un factor que conducía a la delincuencia. Emile Durkheim (1858-1917) efectuó, a finales del siglo XIX, una de las mayores aportaciones teóricas al estudio sociológico de los fenómenos de la desviación y el control social, y es considerado el iniciador de la escuela funcionalista, especialmente a partir de sus obras Las

reglas del método sociológico, La división del trabajo en la sociedad, y El suicidio. Resaltó la influencia que tienen los valores sobre la conducta social, y argumentó que los individuos someten su comportamiento al grupo debido, sobre todo, a la existencia de un sistema de valores primarios y no a causa del temor (Wilkinson, 2010). Tal vez su propuesta más conocida es el concepto de anomia, que entendía como aquel estado de desorientación, de alienación, de ausencia de normas, en que se verían envueltos, en ciertas circunstancias, sociedad e individuos (Siegel, 2010). Esta situación produciría en las personas una fuerte presión y daría lugar a comportamientos contradictorios y, en situaciones extremas, al suicidio (Schoeck, 1977; Smelser y Warner, 1991). En esencia, Durkheim considera que la delincuencia es un fenómeno normal en los procesos sociales de modernización y transición de las sociedades, y se produce como resultado de la contraposición entre la diversidad individual y la presión colectiva para la conformidad (Wilkinson, 2010). En este contexto, la diversidad o desviación, que a menudo va contra las normas “colectivizantes”, sería el precio no deseado que las sociedades deben pagar para mantener abiertas sus posibilidades de innovación. También el castigo de los delincuentes jugaría un importante papel en el mantenimiento de la solidaridad social, ya que el castigo penal permitiría afirmar la “superioridad” de la sociedad establecida frente a la

“inferioridad” de los delincuentes (Bernard et al., 2010). Emile Durkheim (1858-1917). Sociólogo francés, es una de las figuras más sobresalientes de las ciencias sociales. Su visión de la delincuencia como un fenómeno normal y propio de toda sociedad revolucionó los círculos intelectuales de su época. Durkheim entiende que la delincuencia refleja los valores dominantes de la sociedad y la incapacidad de los delincuentes de adaptarse a ellos. Y aunque nunca llegó a justificar el delito, señaló su importante papel como elemento cohesionador de la sociedad.

En España Concepción Arenal (1820-1893) reflexionó acerca de diferentes problemas sociales de su tiempo, como la pobreza, la marginación y la delincuencia, y concluyó que éstos no pueden ser adecuadamente comprendidos si no es en relación con el cuerpo de normas que rigen una sociedad (Carmena, 1991). En diversos países europeos algunos autores publicaron obras analizando casos criminales célebres que habían sido juzgados en décadas o siglos anteriores (Serrano Gómez, 2007). En España fueron obras históricas a este respecto la titulada Causas célebres históricas españolas, del Conde de Fabraquer, publicada en 1858, El hombre lobo, de 1859, sobre un caso famoso de asesinatos seriales en Galicia, y Procesos célebres. Crónicas de Tribunales españoles, publicada a partir de 1883. Esta última incluía los procesos a La Mano Negra, organización de cariz anarquista que llegó a contar con decenas de miles de asociados, y actuó durante algunos años, a mediados del siglo XIX, extorsionando, robando o asesinando a

propietarios de tierras y sus colaboradores, en las provincias de Cádiz y Sevilla. Zugasti publicó a partir de 1879 (tres años después de la aparición de L’uomo delincuente, de Lombroso) una amplia obra sobre el bandolerismo (Zugasti, 1983), fenómeno que estuvo presente durante varios siglos en distintas regiones españolas (Serrano Gómez, 2007), y al que ya hace referencia Cervantes en el Quijote. Este tipo de análisis se prolongó hasta bien entrado el siglo XX, publicando Bernaldo de Quirós en 1933 una obra sobre El bandolerismo en Andalucía, en la que describía dos procedencias principales de los bandoleros (surgidos de ambientes ya criminales o bien segregados de medios sociales normales), sus perfiles criminales (orientados solamente al robo o bandoleros de cariz violento), sus edades más típicas (que oscilaban entre los veinte y los cuarenta años), y la duración de su actividad criminal, que situaba entre tres y cinco años, siendo frecuente que murieran como resultado de la venganza de las propias víctimas o a manos de la Guardia Civil (Serrano Gómez, 2007). Silió y Cortés (1865-1944), que llegó a ser diputado y ministro de Instrucción Pública, fue, en su obra La Crisis del Derecho penal (1891), un firme defensor, aunque crítico, del positivismo sociológico. A pesar de que admite que pueda haber jóvenes que a edades tempranas

muestren signos de intensas propensiones antisociales, considera que la mayor influencia sobre la criminalidad la jugarían los factores ambientales y sociales (Serrano Gómez, 2007). En un planteamiento que puede considerarse muy moderno y actual, analiza como posibles elementos criminogénicos, el influjo sobre la criminalidad del clima y la temperatura, en la línea de las previas conclusiones de Quetelet, las carencias económicas, y la falta de instrucción y cultura, amén de lamentarse (¡qué actualidad tiene también este aspecto de su obra!) de las enormes deficiencias de las estadísticas españolas sobre la delincuencia y la reincidencia delictiva. Constancio Bernaldo de Quirós (1873-1959) fue Discípulo de Giner de los Ríos, y se exilió tras la Guerra Civil, residiendo y enseñando criminología en la República Dominicana y en México. Su obra más importante fue Las nuevas teorías de la criminalidad (primera edición de 1898), en la que recoge y comenta críticamente los conocimientos y teorías sobre el delito acumulados hasta finales del siglo XIX, incluyendo el pensamiento de Quetelet, las teorías antropológicas y patológicas de los positivistas, y las teorías sociológicas (sobre todo de Ferri), junto a las cuales él mismo se posiciona. Además, en otras obras (La mala vida en Madrid, Criminología de los delitos de sangre en España, Figuras delincuentes…) analiza diversos factores que

contribuyen al delito como la vagancia, el desempleo, los suburbios urbanos, la falta de educación y cultura, el abandono infantil, la mendicidad, el clima y la temperatura, y el alcoholismo (Bernaldo de Quirós y Llanas Aguilaniedo, 2010 [1901]; Serrano Gómez, 2007). Bernaldo de Quirós probablemente contribuyó al desarrollo de la Criminología en Estados Unidos, ya que su obra central fue traducida y publicada en inglés en 1912 (Modern theories of criminality) cuando casi no existía tradición criminológica en aquel país. La lectura de su libro suscitó el interés de algunos sociólogos americanos por el problema criminal, y quizás constituyó uno de los antecedentes próximos de los teóricos de la escuela de Chicago. Los primeros estudios empíricos sobre los factores sociales del delito sentaron las bases para un cambio de rumbo en el método de la Criminología, que acabó siendo planteado, como se verá a continuación, por Lombroso y la escuela positivista.

2.3. COMIENZO DE LA CRIMINOLOGÍA CIENTÍFICA 2.3.1. Positivismo criminológico y método científico Charles Darwin (1809-1882). Estudió medicina en Edimburgo y Teología en Cambridge, lo que quizás influyó en su agnosticismo, enfrentado como estaba

a la ingente tarea de estudiar a los seres vivos y su origen. Su influencia en el nacimiento de la Criminología positiva es incontestable. Escribió en su “Autobiografía”: Con unas facultades tan ordinarias como las que poseo, es verdaderamente sorprendente que haya influenciado en grado considerable las creencias de los científicos respecto a algunos puntos importantes.

Antecedentes históricos del positivismo fueron la Fisionomía, que indagaba el carácter de los individuos a partir de sus rasgos faciales8 (García-Pablos, 1999; Rodríguez Manzanera, 1996), y la Frenología, que pretendía conocer las características y cualidades de las personas analizando las formas de su cráneo, deduciendo así la morfología de su cerebro y las funciones mentales y morales que podían estar más o menos desarrolladas9 (Montes, 1911; Saldaña, 1914; Walsh, 2012). Desde finales del siglo XVIII hasta la primera mitad del XIX, Franz Joseph Gall, Johann Gaspar Spurzheim, Charles Combe y Charles Caldwell habían investigado en el campo de la Frenología las relaciones existentes entre las distintas regiones del cerebro y la conducta (Curran y Renzetti, 2008). Cesare Lombroso (1835-1909), que fue profesor de medicina legal en la Universidad de Turín, Italia, y prolífico estudioso y escritor sobre la delincuencia y otros temas sociales y políticos, pasa por ser considerado el padre de la Criminología científica, a partir de su propuesta de aplicar el método científico —o positivo—

(vigente en las ciencias naturales, como Física, Botánica, Medicina o Biología) al estudio de la criminalidad (Bradley, 2010; Gibson y Rafter, 2006; Serrano Gómez y Serrano Maíllo, 2006). La recomendación de trasladar el método de las ciencias naturales a otras disciplinas no era nueva. En 1842 Auguste Comte había defendido, en su Cours de Philosophie Positive, que la sociología debía estudiar el comportamiento humano y la sociedad mediante la observación, la comparación y la experimentación, técnicas ya utilizadas en las ciencias naturales (Glick, 1995). Por su parte, el fisiólogo Claude Bernard había razonado, en su obra de 1865 Introduction à l'étude de la médicine expérimentale, que la medicina debía fundamentarse sobre la experimentación y el determinismo científicos. De forma análoga, Lombroso consideró que la observación y la medición debían constituir las herramientas básicas para el conocimiento criminológico, por encima de la racionalidad y especulación características de la escuela clásica y las disciplinas jurídicas (Siegel, 2010). Véase la esencia de este nuevo planteamiento en su prefacio a la primera edición de su obra principal, L’uomo delinquente: “(…) Los jueces suelen ignorar al delincuente y realzar el delito, pensando en él como si fuera una anécdota, un puro incidente en la vida del delincuente (…) pero aquellos que tienen contacto directo con los delincuentes… conocen que éstos son diferentes de las otras personas, con mentes débiles o enfermas que difícilmente pueden ser curadas (…) y aun así los legisladores siguen creyendo que la carencia

de libre albedrío es una rara excepción (…) Para reconciliar estas visiones opuestas, y determinar si el hombre criminal pertenece a la misma categoría que el hombre sano, o a la del enfermo, o a una clase diferente… y conocer así si hay una fuerza natural causante de la conducta criminal, tenemos que abandonar las sublimes esferas de la filosofía, y también dejar de lado la sensacionalidad de los hechos delictivos en sí, y en su lugar acometer el estudio físico y psicológico del delincuente, comparando los resultados que se obtengan con las características de los individuos sanos y de los enfermos” (Lombroso, 2006: 43). Cesare Lombroso. Nacido en Verona (Italia) en 1835 y muerto en 1909. Lombroso fue uno de los criminólogos más alabados y atacados de su época. Fue catedrático de psiquiatría y antropología criminal en la Universidad de Turín, y sus ideas dieron lugar al nacimiento de la escuela biológica de la criminología, a la que también se conoce como escuela italiana. Lombroso afirma que los criminales lo son ya desde su nacimiento, y que las tendencias delictivas son una enfermedad que se puede heredar, conjuntamente con factores sociales y antropológicos. Sus obras más importantes son El hombre delincuente (1876), La mujer delincuente (1895) y Delincuencia: causas y remedios (1912). La obra de Lombroso, en su cuarta edición. Lombroso hizo de la observación su principal herramienta de estudio: Tatuajes femeninos observados en delincuentes encarcelados y reproducidos en L'uomo delinquente.

Establecido el método científico que habría de seguir, Lombroso presentó sus análisis y conclusiones en su libro L’uomo delinquente, publicado por primera vez en 1876. En él expuso su teoría del atavismo degenerativo de los delincuentes, que consideró resultado de un desarrollo evolutivo incompleto, propuesta de la que posteriormente

Ferri derivaría su concepto de criminales natos (Gibson y Rafter, 2006). Esta obra inicia la escuela positiva o de antropología criminal. Lombroso dedujo su idea del atavismo degenerativo a partir de Darwin, quien en El origen de las especies (1859) presentaba algunos ejemplos de especies que “habían degenerado” a fases previas de su desarrollo evolutivo (Bradley, 2010; Walsh, 2012). En conexión con ello Lombroso creyó descubrir ciertas especificidades anatómicas características de los delincuentes natos o atávicos (Rafter, 2009), como frente huidiza y baja, gran desarrollo de las arcadas supraciliares, asimetrías craneales, altura anormal del cráneo, gran desarrollo de los pómulos, orejas en asa, gran pilosidad y braza superior a la correspondiente estatura (Lombroso, 2006; Rodríguez Manzanera, 1996; Bernard, et al., 2010). A partir de estos descubrimientos Lombroso rechazó frontalmente los planteamientos racionalistas de la escuela clásica, lo que produjo en aquellas décadas un amplio debate científico, que especialmente se concretó en los congresos internacionales de Antropología Criminal que se celebraron entre 1885 y 1911 (Rodríguez Manzanera, 1996), y un vaivén de agrias controversias entre positivistas y clasicistas (García-Pablos, 1999; Gibson y Rafter, 2006; Saldaña, 1914)10. Sin embargo, las conclusiones biológicas de Lombroso

no fueron en general sustentadas por los estudios desarrollados posteriormente, incluidos los trabajos de sus discípulos (Bradley, 2010; Hurwitz, 1956)11/12. Por ello, Lombroso se vio pronto forzado a modificar y matizar los enunciados de su primera obra, restando paulatinamente importancia a los factores biológicos a lo largo de las sucesivas ediciones de su libro, y concediendo creciente peso explicativo a los factores sociales y psicológicos13. En la cuarta y quinta ediciones de El hombre delincuente, Lombroso diversifica su clasificación de los delincuentes en los siguientes tipos: nato (o atávico), loco moral, epiléptico, loco, ocasional, y pasional (Lombroso, 2006; Rodríguez Manzanera, 1996). Incluso afirma que, bajo condiciones adecuadas, algunos delincuentes podrían ser rehabilitados a través de “un ambiente saludable, entrenamiento adecuado, hábitos laborales, la inculcación de sentimientos morales y humanos (…) siempre que (…) no surja en sus caminos una especial tentación” para delinquir (Brandt y Zlotnick, 1988: 108). Los dos discípulos más conocidos de Lombroso fueron Enrico Ferri y Raffaele Garófalo. Enrico Ferri (18561929) publicó en 1878 (tan solo dos años después de la primera edición del libro de Lombroso) su Sociología criminal, convirtiéndose en uno de los más destacados defensores de la perspectiva positivista, pero realzando los factores sociales, económicos y políticos en la

etiología de la delincuencia. Clasificó a los delincuentes en las siguientes categorías (Glick, 1995; Siegel, 2010): 1) delincuente nato o instintivo, que tendría una propensión delictiva heredada; 2) delincuente loco, mentalmente discapacitado; 3) delincuente pasional, como resultado de fuertes reacciones emocionales; 4) delincuente ocasional o situacional, la categoría más amplia de infractores; y 5) delincuente habitual, a partir de la influencia negativa de factores sociales diversos (abandono familiar, carencias educativas, pobreza, malas compañías, etc.). Para Ferri, la Criminología debería estudiar la delincuencia como conducta individual y como fenómeno social, para ayudar al estado a adoptar medidas prácticas para su control, tanto de naturaleza preventiva como represiva (Carney, 2010). Raffaele Garófalo (1851-1934) fue profesor de derecho penal de la Universidad de Nápoles, y publicó en 1885 su obra más conocida, titulada Criminología, que dio nombre a la nueva disciplina (Rafter, 2009). Su tesis principal fue que el origen de la delincuencia se hallaba en que algunos individuos presentaban una deficiencia hereditaria, de índole psíquica o moral, que les impedía el desarrollo de sentimientos altruistas y les incapacitaba para adaptarse a la vida social. Garófalo creía legítimo que la sociedad se defendiera de la delincuencia, incluso eliminando a sus miembros más dañinos y peligrosos,

para evitar que pudieran reproducirse y extender más aún su “raza” criminal (el término “raza” fue utilizado en esa época de forma poca precisa, haciendo referencia no a algo puramente biológico sino a un determinada “cultura”) (Glick, 1995)14. La escuela positivista o de antropología criminal tuvo también reflejo y acogida en Estados Unidos, especialmente a través de las obras pioneras tituladas El criminal, de Havelock Ellis (1890), y Criminología, de Arthur MacDonald (1983) (Horton, 2000). Asimismo, diversos autores del contexto anglosajón intentaron investigar las hipótesis originarias de Lombroso sobre un hombre “predestinado” a la delincuencia por su atavismo hereditario. Entre ellos destacó Charles Goring (18701919), médico británico de prisiones, quien durante más de ocho años obtuvo múltiples mediciones anatómicas (del cráneo, de la distancia entre los ojos, etc.) de unos 3.000 presos y de sujetos análogos no delincuentes, analizó sus datos mediante una metodología estadística sistemática, y publicó sus resultados en 1913, en un libro titulado The English Convict (Bernard et al., 2010). Goring concluyó que no existían diferencias físicas destacadas entre delincuentes y no delincuentes, y que no podía establecerse una fisonomía típica del delincuente (Conklin, 2012). Las dos únicas diferencias halladas por Goring entre los presos y los sujetos de comparación

fueron que los delincuentes tenían en promedio menor estatura y menor nivel de inteligencia (lo que Goring atribuyó a las diferencias experimentadas en su alimentación) (Brandt y Zlotnick, 1988). Goring concluyó que esta menor inteligencia podría ser causante del delito en mayor grado que otros factores biológicos. Años más tarde, el antropólogo norteamericano Ernest A. Hooton, en su libro Crime and the Man, contradecía las conclusiones de Goring, y nuevamente afirmaba la tesis de la inferioridad biológica de los delincuentes. Se basó en un estudio en el que se habían efectuado mediciones físicas de más de 17.000 sujetos, incluyendo unos 14.000 delincuentes encarcelados y grupos de estudiantes, pacientes hospitalarios, bomberos y policías (Bernard et al., 2010). Su principal resultado fue que los delincuentes eran “orgánicamente inferiores”. Sin embargo, la revisión posterior del estudio de Hooton puso de relieve importantes problemas metodológicos en sus análisis que pudieron llevarle a resultados y conclusiones erróneos (Akers, 1997)15. En Latinoamérica, el positivismo tuvo muy pronta e intensa acogida en países como Argentina, México, Colombia, Brasil, Chile, Cuba, Ecuador y otros. En Argentina se publicaron múltiples trabajos sobre antropología criminal y positivismo, y fueron destacados defensores de estos planteamientos autores como Pedro

Bourel, Luis María Drago, Francisco Veyga, y, especialmente, el psiquiatra, filósofo y político José Ingenieros (1877-1925), quien inició el estudio científico y el tratamiento de los delincuentes en las prisiones (Elbert, 2010). LA REALIDAD CRIMINOLÓGICA: La conexión entre el positivismo criminológico y las políticas criminales de principios del siglo XX Muchos positivistas de finales del siglo XIX y principios del XX dejaron un tanto de lado los derechos individuales en su afán de reformar la sociedad y construir un futuro sin pobreza y sin miseria humana. Esta visión de una sociedad ideal, fuera de carácter socialista o fascista, condujo a muchos planteamientos de defensa social a ultranza, incluyendo la posibilidad de eliminar a aquellos que pudieran poner en peligro dicho ideal. Las concepciones positivistas originarias fueron muy influidas por el gran desarrollo experimentado en las ciencias médicas. A partir del modelo médico muchos vinieron a considerar que la pena podría “curar” al delincuente. Estas ideas, arropadas por una aura de cientificidad, alentaron conceptos como el de “salud social” que, llegado el caso, podía justificar la eliminación de los delincuentes. En España no tuvieron inicialmente mucha influencia las ideas del derecho penal tutelar y de la defensa social, aunque sí que se promulgó durante la Segunda República una ley que respondía a esta perspectiva: la Ley de vagos y maleantes, que estipulaba el ingreso en instituciones correctivas (en la práctica equivalentes a cárceles) de personas que, aun sin haber cometido un delito concreto, eran declaradas peligrosas, o potenciales delincuentes, debido a su estilo de vida marginal (mendicidad, carencia de domicilio conocido, etc.). Esta legislación, después perpetuada durante el franquismo por la Ley de peligrosidad y rehabilitación social, planteaba la necesidad social de someter a los sujetos peligrosos a un proceso de reeducación y cambio de hábitos y valores, bajo la suposición de que era lo mejor para ellos. La creación de los sistemas tutelares de menores en las legislaciones occidentales se produjo también sobre la base de las ideas precedentes. Los menores no debían ir a la cárcel, pero sí acudir a centros donde pudieran ser reeducados por especialistas. También surgieron en este contexto ciertas leyes sobre delincuencia sexual con severas medidas dirigidas fundamentalmente al tratamiento. Se comenzó a castigar en base a predicciones de peligrosidad, que podían resultar más decisivas que los hechos delictivos cometidos.

Mientras tanto, las posiciones más conservadoras seguían defendiendo una política criminal propia de la escuela clásica, que establecía la reciprocidad entre el delito y la pena y no era favorable a las propuestas positivistas. Así, los conceptos de justicia que subyacían a la “defensa social” propugnada por los positivistas eran muy distintos a los que sustentaban la escuela clásica. A principios del siglo XX existió una gran polémica entre los defensores de la escuela clásica y los modernos positivistas, en lo que se conoce como la lucha de escuelas. De esta confrontación ninguna de estas perspectivas salió vencedora sino que mayoritariamente se aceptó una postura mixta que recogía aspectos de ambas. Triunfó como siempre el pragmatismo. Por ejemplo, se establecieron medidas especiales para menores pero unidas a ciertas garantías procesales. Se prescindió, en los códigos penales de la época, de las propuestas maximalistas del positivismo, que en su expresión última tendían a la búsqueda de las causas de la delincuencia y a “curar” a todos los delincuentes. En cambio, muchos países establecieron leyes y medidas especiales para ciertos grupos de riesgo, como los sujetos con trastornos mentales, los delincuentes sexuales, los alcohólicos y los delincuentes juveniles. Un aspecto que diferencia radicalmente el planteamiento positivista del de la escuela clásica es su fundamentación en una metodología científica. La escuela clásica, al enmarcarse en conceptos abstractos, como son la mayoría de los concernientes a la “justicia”, es poco accesible a que sus planteamientos puedan ser comprobados. En cambio los positivistas, al priorizar la localización de factores y causas de la delincuencia y someterlas a comprobación empírica facilitaron la labor de corroborar o refutar la veracidad de sus hipótesis. Si se sitúa, por ejemplo, la causa de la delincuencia en el fracaso de la educación, a continuación es más viable verificar, sobre la base de resultados empíricos, si dicha hipótesis puede afirmarse o debe ser rechazada. Sin embargo, pese al optimismo positivista de los primeros años, las medidas propuestas no obtuvieron los resultados esperados. El programa positivista de las primeras décadas del siglo XX no consiguió reducir la reincidencia en el delito, y tampoco logró establecer programas de predicción y de prevención efectivos. No se pudo afirmar que esta búsqueda de factores y causas hubiera proporcionado el remedio para “curar” a los criminales y evitar su reincidencia. Por ello, al no haberse encontrado las soluciones esperadas al problema delictivo, a largo plazo se produjo una vuelta a las posiciones clásicas, a partir entonces del denominado neoclasicismo. Volvieron a ser importantes las ideas de justicia, de equilibrio entre pena y delito, y el concepto de Estado de derecho.

2.3.2. El positivismo en España La traducción inglesa (en 2012) del libro Teorías modernas de la delincuencia, de Bernaldo de Quirós, contribuyó a desarrollar la criminología

en Estados Unidos, y particularmente influyó en algunos autores de la Escuela de Chicago.

En España, Cubí y Soler había construido en su obra Sistema completo de Frenolojía, publicada en 1843, un mapa cerebral en el que localizaba distintos centros nerviosos responsables de diferentes funciones fisiológicas y de comportamiento, entre ellas la agresividad. Se refirió, con bastante antelación a Lombroso, al criminal nato, demente, carente de voluntad, irresponsable e incorregible (Saldaña, 1914; Serrano Gómez, 2007)16/17. El libro de Lombroso L’uomo delinquente, que da comienzo a la escuela positiva, se publicó en 1876, aunque las primeras noticias escritas sobre la nueva escuela llegaron a España con cierto retraso, en 1881, inicialmente a partir de una cita a Ferri, y más ampliamente en 1888, con diversas referencias sobre la obra de Lombroso (Serrano Gómez, 2007). Sorprendentemente, L’uomo delinquente nunca se tradujo de forma completa al español, con la salvedad de una traducción parcial a cargo de Bernaldo de Quirós, publicada en 1902, con el título de El delito, sus causas y remedios. La antropología criminal italiana fue más directamente conocida, y luego divulgada en España, a través de sus propias obras, por Dorado Montero (La Antropología criminal en Italia, 1889), Bernaldo de

Quirós (Las nuevas teorías de la criminalidad, 1898), Silió Cortés (La crisis del Derecho penal, 1891), Andrade (Antropología criminal, 1899), y Giner de los Ríos.17 El nacimiento en España de la Criminología científica, con vocación de identidad y autonomía académica, puede vincularse a los dos acontecimientos siguientes (Serrano Gómez, 2007). El primero, la creación en 1899 por Giner de los Ríos, en la Universidad Central de Madrid, del denominado Laboratorio de Criminología, que impartió dos cursos sobre temáticas criminológicas, que incluían análisis de los conceptos de normalidad y anormalidad en relación con el delito, la relación entre edad y delincuencia, la pedagogía correccional, el estudio de la locura moral, y la revisión de las obras de Lombroso, Ferri, Garófalo, Durkheim, Tarde, etc. En segundo término, la fundación en 1903, bajo la influencia de Salillas, de la Escuela de Criminología, enmarcada en el Ministerio de Justicia y la Dirección General de Prisiones. Dicha escuela se orientó inicialmente a la formación del personal penitenciario, admitiéndose también un reducido número de estudiantes universitarios. Para ello, la Escuela de Criminología, que tuvo cierto reconocimiento internacional, contó entre sus docentes a prestigiosos profesores de la época, incluyendo a Salillas, que además fue su director, Giner de los Ríos, catedrático de Filosofía del Derecho, Oloriz, catedrático de Medicina, y Simarro,

catedrático de Psicología. Fueron sus materias principales Antrología y Antropometría, Etnología, Derecho penal, Psicología y Psicología anormal, Sociología criminal, Ciencia penitenciaria, Pedagogía y Pedagogía correccional. La Escuela de Criminología funcionó bajo tal denominación hasta 1927, en que a instancias de dos catedráticos de derecho, Jiménez de Asúa y Antón Oneca, fue clausurada y remplazada por un Instituto de Estudios Penales, nuevamente restablecida en 1935 y al poco, en 1936, de nuevo sustituida por el mencionado instituto penal, en este vaivén de afirmación utilitaria y negación sustantiva que parece constituir en España el sino maldito de la Criminología en su relación con el derecho. Ambas instituciones académicas acabaron siendo de facto vencidas por la Guerra Civil, y, en una especie de “ni para ti ni para mí”, definitivamente suplidas por la Escuela de Estudios Penitenciarios. Serrano Gómez (2007) considera que la Criminología nació en España como resultado de la confluencia de tres movimientos intelectuales interesados en la delincuencia y las penas: los penitenciaristas, preocupados por analizar el estado y la función de las prisiones, el movimiento correccionalista derivado de la tradición krausista, y el debate acerca del positivismo. Muchas de las polémicas habidas sobre las propuestas positivistas se centraron en el debate del “libre albedrío”, que negaban los positivistas

más extremos, al afirmar el determinismo, y defendían con vehemencia los teóricos del derecho y la justicia. Sin embargo, muchos pensadores, tanto positivistas como clasicistas, fueron paulatinamente virando hacia una posición intermedia, en la que de facto venían a confluir tanto aquellos positivistas que admitían un determinismo relativo como aquellos clasicistas que aceptaban un “libre albedrío” parcial y condicionado. Dorado Montero (1861-1919) fue, en Salamanca, un catedrático de Derecho penal abiertamente correccionalista. Tras su estancia, al inicio de su carrera académica, en la universidad de Bolonia, difunde, a su vuelta a España, el positivismo, lo que provocó la denuncia judicial de un grupo de alumnos, que se hallaban compungidos por las doctrinas erróneas y atentatorias contra la Religión Católica difundidas por Dorado Montero (Serrano Gómez, 2007, a partir de una cita de Berdugo y Hernández, 1984). Desde su perspectiva correccionalista defiende vehementemente la finalidad de prevención especial de las penas, por encima de su función represiva. Considera que la base de la justicia debe ser la recuperación social del delincuente. Llega a plantear que, más allá de la culpabilidad individual en los delitos, habría también una responsabilidad colectiva, en cuanto que es la sociedad quien en definitiva genera o permite que existan las causas que llevan al delito.

Considera que la Criminología debería orientarse en mayor grado hacia la psicología, y la justicia penal en dirección a una pedagogía correccional (Serrano Gómez, 2007).

2.3.3. Teorización criminológica de Rafael Salillas Rafael Salillas (1854-1923), médico como Lombroso, y experto de la Dirección General de Prisiones, puede ser considerado el mayor representante que hubo en España, aunque heterodoxo, de los planteamientos criminológicos positivistas y científicos. En 1906 fue nombrado director de la Prisión celular de Madrid y, también, Director de la Escuela de Criminología (Serrano Gómez, 2007). Salillas publicó numerosas obras en las que analiza múltiples casos criminales, y en las cuales fue forjando un pensamiento criminológico propio y, en buena medida, original (El cura Merino, 1892; La degeneración y el proceso de Willié, 1894; El capitán Clavijo, 1895; El lenguaje, 1896; Hampa, 1898; La celda de Ferrer, 1907; El tatuaje, 1908). Propuso que, por encima del estudio del sujeto delincuente, debía analizarse el entorno en el que aquél vivía, ya que el ambiente constituía la causa mediata de su delincuencia (Salillas, 1920). Salillas intentó, especialmente en sus obras Hampa y La teoría básica: Bio-sociología (1901) formular una teoría

propia de la delincuencia, de cariz biosocial, a la que se refirió como teoría básica. Serrano Gómez y Serrano Maíllo recogen y comentan con detalle las propuestas de Salillas a este respecto, que no fueron muy estructuradas y claras sino más bien fragmentarias y conceptualmente difíciles. Salillas basa su concepción criminológica en lo que llama la Psicología del nomadismo, que realza el influjo que tendría sobre el individuo el ambiente físico y social en el que se desenvuelve. El desarrollo personal de cada sujeto estaría condicionado por la base nutritiva sustentadora, o alimentación, de la que se dispone en el propio lugar de residencia, lo que afectaría sustancialmente a la conformación de la personalidad, a la manera de vivir y a la conducta. Así, la base nutritiva sustentadora determinaría estilos de vida opuestos como el sedentarismo y el nomadismo. El sedentarismo — asociado a la agricultura, la ganadería o la industria— implica una forma de vida y una alimentación estables. Por el contrario, el nomadismo supone un estilo de vida errante, despreocupado e imprevisor, y, en consecuencia, comporta una base nutritiva deficiente, insegura e inestable. Ello se vincula en mayor grado al parasitismo, la picaresca y la criminalidad, como modos de suministrarse el sustento a expensas de otros. El delito sería una manifestación de la lucha por la existencia, por granjearse el alimento, lo que a lo largo de la evolución habría condicionado la propia herencia de los seres vivos.

Serrano Gómez y Serrano Maíllo efectúan una hipótesis propia que intenta clarificar las ideas teóricas de Salillas. Tomando como fuentes las obras de Salillas Hampa y La teoría básica. Bio-sociología, los textos de Salillas recogidos por estos autores y la hipótesis explicativa que ellos formulan, a continuación se presenta una interpretación sobre cuáles podrían haber sido las ideas principales de Salillas sobre la etiología de la conducta criminal: – Los delincuentes no serían por lo general individuos atávicos, o delincuentes natos, sino sujetos normales que cometen delitos. – La herencia biológica recibida por un sujeto podría contribuir también a la conformación de sus características morales y de comportamiento (aunque lógicamente salillas desconocía, debido la época en que vivió, cómo tal heredabilidad podría operar). – Pero más importante que la biología sería el contexto en que se desarrolla el individuo, al que salillas consideraba capaz incluso de cambiar los posibles condicionantes biológicos. – La motivación básica para los delitos se hallaría en la necesidad de todos los individuos de periódica provisión de alimento, o base nutricional sustentadora. – Los grupos humanos practican diferentes sistemas de vida, algunos de los cuales son más eficientes que

otros para proveer regularmente alimentos de forma lícita. En concreto, los grupos e individuos sedentarios suelen contar con sistemas más estables y seguros de aporte regular del sustento (agricultura, ganadería, industria) y son más previsores del futuro. Por el contrario, los grupos y sujetos nómadas serían menos precavidos en el suministro periódico de su nutrición, lo que se relacionaría con hábitos de búsqueda improvisada de alimentos y, en consecuencia, con un mayor número de comportamientos parásitos, aprovechados y delictivos. – La generalidad de los delitos consistiría en conductas parásitas de aprovechamiento de alimentos y otros recursos ajenos. Es posible que Salillas le anduviera dando vueltas a una explicación del delito próxima a la interpretación que se acaba de realizar, aunque no pudo concretarla de un modo ordenado y coherente. Sirva en su descargo, el que una formulación como la expresada incluye elementos muy diversos sobre los que apenas existían conocimientos en su época (herencia genética, desarrollo individual bajo la influencia del propio contexto y grupo social, relación biología-ambiente educativo, adaptación para la supervivencia —siendo clave la búsqueda de alimento—, y relación entre rutinas de vida —sedentarismo vs. nomadismo— y delito). Sin embargo, parece haber

intuido, de forma pionera, que estos elementos podían jugar un papel decisivo en la propensión criminal, y hoy conocemos que, en efecto, todos estos aspectos son criminogénicamente relevantes. Cabe especular que el pensamiento de Salillas, como médico que era, se hallara imbuido de la teoría de la evolución de Darwin y de los descubrimientos de Mendel sobre la herencia, e intuyera que estos conocimientos generales necesariamente habían de tener implicaciones sobre la etiología del comportamiento delictivo, pero en su tiempo todavía era muy difícil concebir cómo. También pareció entrever que la relevancia que podrían tener los mecanismos evolutivos de adaptación y supervivencia, y de transmisión genética de las características paternas, no era incompatible con los procesos de influencia social y cultural, que darían lugar a hábitos y rutinas, y condicionarían así las conductas de los pueblos y los individuos. En esta conjunción de elementos había que buscar la explicación de las tendencias criminales. En síntesis, probablemente Salillas consideró que la propensión para el delito debía ser algo natural, orientado a la supervivencia mediante el suministro parasitario e ilícito de alimento, y que la conformación social del individuo podía controlar estas manifestaciones antisociales, mediante el sedentarismo, o bien promoverlas, a partir del nomadismo.

2.4. ECOLOGÍA URBANA DESORGANIZACIÓN SOCIAL

Y

En 1892 se creó el Departamento de Sociología de la Universidad de Chicago, que jugaría un papel decisivo en la consolidación del estudio científico de la delincuencia. Los autores de la escuela de Chicago (entre ellos Robert Park y Ernest Burguess, de la Universidad de Chicago, y posteriormente Clifford R. Shaw y Henry D. McKay, del Instituto de Investigación Juvenil de la ciudad de Chicago) pensaban que un contacto más directo con el objeto de estudio (los delincuentes y sus delitos), mediante el uso de entrevistas y de observación participante de los ambientes criminógenos, podía aportar mayor información sobre los factores socioculturales que conducen a la delincuencia (Bovenkerk, 2010). Su teoría podría considerarse en muchos aspectos una analogía de las nuevas teorías sobre la enfermedad surgidas a finales del siglo XIX, que postulaban el “contagio” como mecanismo de trasmisión de las enfermedades (Siegel, 2010). Con el trasfondo de ese referente, Shaw y McKay propusieron un modelo equivalente para la delincuencia (Gelsthorpe, 2010): las personas que habitan ambientes en los que han de convivir con robos, violencia y, en general, con normas distintas a las del conjunto de la sociedad, acaban “contagiándose” de esos comportamientos y valores criminógenos.

Los sociólogos de Chicago iniciaron una metodología más rigurosa y empírica, utilizando, para el conocimiento de la realidad social y urbana, instrumentos como las historias de vida, los análisis demográficos y los censos de datos (Walsh, 2012): “Frente al hombre primitivo analizado por los antropólogos, el hombre civilizado es aún más un objeto interesante de investigación, y al mismo tiempo, su vida está más abierta a la observación y al estudio. La vida urbana y cultural son más variadas (…) y complejas, pero los motivos fundamentales son, en las dos instancias, los mismos. Los mismos métodos de observación que los antropólogos (…) han divulgado para el estudio de las formas y hábitos de vida de los indios de Norteamérica, pueden resultar también fructíferos, incluso en mayor medida, si son empleados en la investigación de las costumbres, creencias, prácticas sociales y concepciones generales de vida prevalentes en los barrios de las grandes ciudades”. (Park, Burguess y McKenzie, 1915, The City-Scull, 1989: 671).

También Sutherland empleó una metodología de campo para conocer la descripción que un delincuente profesional efectuaba de su propia actividad delictiva, de las leyes y de la justicia. Esta información fue recogida en su obra de 1937, The Professional Thief: By a Professional Thief (publicado en la versión castellana como Ladrones profesionales —Sutherland, 1993a—), en la que, por primera vez, un delincuente era presentado abiertamente como una persona normal, con la sola diferencia de hallarse al margen de la ley (Martínez Fresneda, 1993; Sheptycki, 2010). Shaw y McKay, del Instituto de Investigación Juvenil de

Chicago, analizaron específicamente la delincuencia juvenil en la ciudad de Chicago, entre las décadas de los veinte y los cuarenta del siglo XX. Para ello emplearon tanto registros policiales y judiciales como “historias de vida” a partir de entrevistas con delincuentes. De esta manera pudieron crear una serie de mapas sobre los lugares de residencia de los jóvenes delincuentes, los porcentajes que éstos representaban sobre el total de la población juvenil y la distribución de la delincuencia en las distintas zonas de la ciudad (Gelsthorpe, 2010). La constatación de que la delincuencia seguía un patrón geográfico a lo largo de los sucesivos barrios de la ciudad les llevó a proponer una teoría de la ecología urbana (véase una más amplia presentación de la teoría en Cid y Larrauri, 2001: 81-90), en la que efectuaban una analogía entre la ciudad y las comunidades de plantas o animales (Akers, 1997; Bernard et al., 2010). Describieron la delincuencia en la ciudad a partir de una secuencia de áreas concéntricas (Shaw y McKay, 1997 [1942]; Walsh, 2012) (véase cuadro 2.1): la Zona I, la City, o distrito central dedicado a los negocios; la Zona II, o área de transición18, habitada por los emigrantes y por las clases más desfavorecidas; la Zona III, correspondiente al área de viviendas de aquellos trabajadores que han podido “escapar” de la deteriorada zona de transición; la Zona IV, o de residencia de la clase media, y la Zona V, o áreas

residenciales periféricas, habitadas por las clases más adineradas. Desde esta perspectiva los jóvenes delincuentes no se diferenciaban sustancialmente de los no delincuentes en sus características de personalidad, inteligencia, raza u otros rasgos individuales, sino fundamentalmente en el tipo de barrios en los que vivían (Curran y Renzetti, 2008; Lilly, Cullen y Ball, 2007). LA REALIDAD CRIMINOLÓGICA: Desorganización social y delincuencia en las ciudades modernas (elaboración de los autores) La escuela de Chicago había sugerido a principios del siglo XX una vinculación estrecha entre estructura urbana y delincuencia, proponiendo la existencia en la ciudad de una serie de áreas concéntricas asociadas a distintas tasas de criminalidad. Su hipótesis principal establecía una relación directa entre el nivel de “desorganización social” de los diferentes barrios de la ciudad y sus tasas delictivas. Shaw y McKay (1997 [1942]) analizaron específicamente esta relación en la ciudad de Chicago, estudiando la distribución urbana de los delincuentes juveniles entre los años 1900 y 1940. Tal y como propugnaba la escuela de Chicago observaron una concentración de población delictiva en el área II, denominada área de transición, habitada principalmente por los emigrantes y por las clases más desfavorecidas y caracterizada por un gran deterioro físico de las viviendas y los espacios urbanos y por la elevada presencia de problemáticas como el alcoholismo, la prostitución y la pobreza. Una buena pregunta de investigación criminológica es si los análisis urbanos de la escuela de Chicago continúan teniendo vigencia en nuestros días y se adaptan convenientemente a la estructura urbana y delictiva de una ciudad española moderna. A modo de mero ejercicio criminológico hemos aplicado la estructura en áreas concéntricas propuesta por la escuela de Chicago a la ciudad de Barcelona (tal y como se ilustra en el cuadro 2.1). Para someter a comprobación la hipótesis de la relación entre desorganización social (teóricamente asociada a los más bajos niveles socioeconómicos) y delincuencia hemos sobrepuesto las diversas áreas concéntricas sobre el plano de la ciudad, divido en distritos. Para cada distrito se consignan dos datos numéricos, que son indicadores, respectivamente, de su nivel de delincuencia juvenil y de su nivel socioeconómico. La tasa de delincuencia juvenil de cada distrito urbano refleja el número de sus jóvenes de 12 a 18 años que, de cada mil jóvenes residentes en el distrito, pasaron por la justicia de menores a lo largo de un periodo de

3 años (1994-1996)19. Como indicador socioeconómico de cada distrito hemos tomado el tamaño promedio (en metros cuadrados) de sus viviendas, que es consignado entre corchetes debajo o al lado de cada tasa delictiva. Si comparamos en primer lugar, distrito a distrito, los dos indicadores mencionados constatamos una cierta relación inversa entre ambos (aunque no significativa) que, en efecto, sugiere una asociación entre delincuencia y menor nivel económico (r = -.46). Por ejemplo, el distrito de Ciutat Vella, que tiene un tamaño promedio de sus viviendas de 68 metros cuadrados, presenta una tasa de 45 jóvenes delincuentes

19 (a lo largo de un periodo de 3 años) por cada mil jóvenes residentes. En el extremo contrario, el distrito Sarrià-Sant Gervasi, cuya vivienda promedio tiene 120 metros cuadrados, tan solo posee una tasa delictiva de 2,3. Más interesante todavía resulta el análisis de la relación entre zonas concéntricas y delincuencia. Tal y como ilustra el cuadro 2.1, el área II, que define la zona de transición y que incluye diversos barrios del centro de la ciudad, tiene una superior tasa promedio de jóvenes delincuentes (de 12,8) que la Zona I (7,1) y las zonas más periféricas (la tasa de la Zona III es 8,3 y la de la Zona IV 8,2). La tasa media global de jóvenes delincuentes de la ciudad de Barcelona es 10,1. Es evidente, pese a todo, que las diversas ciudades, y lógicamente la ciudad de Barcelona, tienen sus propios condicionantes orográficos e históricos que difícilmente permiten que el modelo en áreas concéntricas derivado del Chicago de principios del siglo XX se adapte de manera plena. En concreto, el desarrollo urbanístico de Barcelona se halla condicionado por su particular orografía que encajona la ciudad entre montañas y frente al mar Mediterráneo. Por otro lado, la evolución urbanística de las últimas décadas ha diluido la estructuración en áreas o zonas concéntricas, tal y como fue definida por los teóricos de Chicago hace ya más de ochenta años.

Cuadro 2.1. Aplicación de las áreas concéntricas descritas por la escuela de Chicago a la ciudad de Barcelona

Shaw y McKay dirigieron su atención al análisis de la patología social que se producía como resultado de la desorganización social propia de las áreas de transición (Gelsthorpe, 2010). Estas áreas se caracterizaban por un gran deterioro físico de los edificios y de los espacios urbanos, por la existencia de un gran número de familias desestructuradas, elevadas tasas de delincuencia, drogadicción, alcoholismo, pobreza y prostitución. Los residentes de las zonas de transición eran sujetos de clases bajas con grandes deficiencias educativas y laborales20. Todos los datos disponibles, tanto de observación

directa como relativos a las estadísticas oficiales, confirmaban esta concentración de problemáticas en las zonas de transición (Tibbetts, 2012). Desde el punto de vista teórico, la escuela de Chicago interpretó todas estas patologías sociales como resultado de la fragmentación y la desorganización social; eran, en síntesis, el producto de la falta de orden (Matza, 1981; Pfohl, 2009)21. En el cuadro 2.2 se esquematiza el proceso de desorganización social que conduciría a un decaimiento del control social y, subsiguientemente, al aumento de la delincuencia. CUADRO 2.2. Desorganización social

Fuente: Donald J. Shoemaker, (1990). Theories of delinquency: An examination of explanation of delinquent behavior. Nueva York: Oxford University Press, 119-129.

2.5. IMITACIÓN Y DELITO

2.5.1. Leyes de la imitación El sociólogo francés Gabriel Tarde (1843-1904), al que ya se ha hecho breve referencia, formuló en 1890 Las leyes de la imitación. Tarde rechazó la teoría lombrosiana del atavismo biológico y propuso, como alternativa, que los delincuentes eran sujetos normales que aprendían a delinquir como un modo de vida alternativo en ambientes proclives a la delincuencia. Tarde derivó esta conclusión a partir del estudio de la incipiente sociedad industrial que empezaba a desarrollarse en Francia durante la segunda mitad del siglo XIX. Observó que ciertos sujetos y grupos aprendían las diferentes conductas delictivas en contextos de gran masificación propios de las ciudades. A diferencia de la teoría aristotélica de que la asociación tenía lugar en la mente del individuo, Tarde propuso que lo que más bien se producía era una asociación entre individuos: unos sujetos aprenderían a cometer nuevos delitos imitando a otros que lo hacían con anterioridad (Rafter, 2009)22. Tarde estableció tres leyes básicas de la imitación (Bernard et al., 2010): Primera. Las personas imitan a otras en proporción al grado de contacto, o relación, que tienen con ellas. La imitación se produce con mayor intensidad en las ciudades (en donde hay más personas) que en las zonas rurales (en donde hay menos personas que imitar)23. La

presencia de tantas personas en la ciudad provoca una imitación rápida de modelos. Además, según Tarde, la imitación delictiva estaría sometida a las modas. Así, determinado grupo realiza actividades delictivas en la ciudad y otros lo imitan. Cuando la moda ya se ha establecido, acaba por convertirse en una costumbre. Segunda. Los inferiores imitan comúnmente a los superiores. Tarde analiza la historia de los delitos y llega a la conclusión de que muchos delitos fueron inicialmente llevados a cabo por las clases nobles (vagabundeo, bebida abusiva, violaciones, asesinatos, etc.), y después imitados por las clases más bajas. Por otro lado, muchos delitos se inician en las grandes ciudades y posteriormente se trasladan, por imitación, a las zonas rurales. Tercera. Las nuevas modas desplazan a las viejas, también en las costumbres y hábitos delictivos. Durante el siglo XIX, por ejemplo, los asesinatos mediante arma blanca cayeron en desuso y fueron remplazados por los asesinatos cometidos con armas de fuego, al ser éstas cada vez más comunes. En España, el escritor de la Generación del 98 José Martínez Ruiz, Azorín, publicó en 1899 un ensayo de Sociología criminal, que se inspiraba en Tarde para realzar la importancia criminógena de las condiciones sociales en las que se vive, en oposición a la concepción del delincuente nato de Lombroso.

2.5.2. Teoría de la asociación diferencial El planteamiento pionero del concepto de aprendizaje aplicado a la delincuencia fue formulado por Edwin H. Sutherland (1883-1950), durante los años treinta y cuarenta, en su conocida teoría de la asociación diferencial. Especialmente importantes para esta formulación fueron sus trabajos Principles of Criminology (cuya primera edición tuvo lugar en 1924 y la última en 1947) y Delincuencia de cuello blanco, publicado en 193924. Sutherland propuso que la delincuencia no sería el resultado de la inadaptación social de los sujetos de la clase baja, sino del aprendizaje que individuos de cualquier clase y cultura realizarían de conductas y valores criminales. Según Sutherland (1996 [1947]), la Criminología habría intentado explicar la conducta delictiva desde dos perspectivas diferentes. Las primera, a partir de lo que sucede cuando se produce el hecho delictivo, esto es, a partir de la propia situación (explicaciones mecanicistas, situacionales o dinámicas). La segunda modalidad de explicaciones se basaría en aquellos procesos que acontecieron en la historia previa del individuo (a las que denomina explicaciones históricas o genéticas, ya que recurren a la historia o génesis del individuo). Sutherland reconoce que ambos enfoques son necesarios

para explicar la conducta delictiva. Por un lado, la situación concreta ofrece a un individuo la oportunidad de delinquir. Pero lo más importante, según él, no es la situación objetiva que se produce en un momento dado, sino cómo las personas definen e interpretan esa situación. Una situación aparentemente idéntica puede ser muy diferente para dos individuos dependiendo de su historia personal: “Los acontecimientos en el complejo persona-situación en el momento en que ocurre un delito no pueden separarse de las experiencias vitales previas del delincuente” (Sutherland, 1996 [1947]: 170)25. En concreto, Sutherland describe del siguiente modo la adquisición de la conducta delictiva: 1) La conducta delictiva es aprendida, no heredada ni inventada; 2) se aprende en interacción con otras personas, en un proceso comunicativo, tanto verbal o gestual; 3) el aprendizaje delictivo tiene lugar en grupos íntimos, próximos al individuo; 4) incluye tanto la adquisición de las técnicas de comisión de los delitos como de los motivos, los impulsos, las actitudes y las racionalizaciones necesarias para delinquir; 5) los motivos y los impulsos para delinquir se aprenden a partir de las definiciones que ciertos grupos sociales hacen de los códigos legales26; 6) el principio fundamental de la teoría es el de asociación diferencial, según el cual los individuos devendrían delincuentes a partir del contacto excesivo con

definiciones favorables a la delincuencia, por encima de su conexión con definiciones contrarias a ella; 7) las asociaciones diferenciales serían más influyentes sobre los individuos en proporción a su mayor frecuencia, duración, prioridad (o aparición más temprana) e intensidad (o fuerza de la vinculación emocional); y 8) en el proceso de aprendizaje de la conducta delictiva estarían implicados todos los mecanismos de aprendizaje, incluyendo la asociación de estímulos y la imitación de modelos. La teoría de Sutherland no explica la criminalidad en su conjunto ni se plantea responder a preguntas globales del tipo de por qué hay más delitos en un país que en otro. Se centra en el proceso de conducta individual, buscando las razones concretas que hacen que unos individuos se impliquen en actividades delictivas mientras que otros no27. La criminalidad global sería una función del número de delincuentes que hay en una sociedad en un momento dado y del número de delitos que estos delincuentes llevan a cabo. Si no se comprende cómo un individuo concreto se convierte en delincuente tampoco sería posible entender el fenómeno delictivo a gran escala. Edwin H. Sutherland es, sin lugar a dudas, una de las principales figuras de la Criminología del siglo XX. Nacido en Nebraska, Estados Unidos, se doctoró en la Universidad de Chicago en 1913 y fue miembro de algunos de los departamentos de sociología de las universidades norteamericanas más prestigiosas (Illinois o Chicago), antes de ser nombrado catedrático en la

Universidad de Indiana. Sus teorías sobre la génesis de la delincuencia y su acotación del campo teórico y metodológico de la Criminología han tenido un profundo impacto sobre esta ciencia. Sus obras principales son Principios de Criminología (1924), Ladrones profesionales (1937) y Delincuentes de cuello blanco (1949).

Sutherland atiende en su teoría tanto al contenido de aquello que se aprende (las técnicas de comisión de los delitos, los motivos y actitudes para delinquir y las definiciones favorables a la delincuencia) como al proceso mediante el que se aprende (generalmente en asociación con grupos íntimos – Bernard et al., 2010).

2.6. REACCIÓN SOCIAL, ECONOMÍA Y DELITO A mediados del siglo XX se produjo en las ciencias sociales un movimiento intelectual de cariz crítico, que tuvo también gran impacto en la Criminología (Walsh, 2012). Diversos teóricos, desde la sociología del derecho, la psiquiatría, la psicología y otras disciplinas, pusieron en entredicho la supuesta objetividad de las denominadas conductas desviadas e infractoras (incluidos muchos delitos) y, también, de muchas de las patologías mentales que justificaban el internamiento y aislamiento de personas en instituciones penales o psiquiátricas. Durkheim hizo ya referencia a finales del siglo XIX a la “normalidad” de la delincuencia y a los procesos que

llevan a la construcción social de lo delictivo (Matza, 1981; Wilkinson, 2010)28: “Imaginemos una sociedad de santos, un claustro ejemplar y perfecto. Allí los crímenes propiamente dichos serán desconocidos, pero las faltas que parecen veniales al vulgo provocarán el mismo escándalo que un delito común en las conciencias ordinarias. Si esta sociedad posee el poder de juzgar y castigar, calificará esos actos de criminales y los tratará en consecuencia. Por la misma razón, el hombre perfectamente honrado juzga sus menores desfallecimientos morales con una severidad que la multitud reserva a los actos verdaderamente delictivos. Antes, los actos de violencia contra las personas eran más frecuentes que hoy porque el respeto hacia la dignidad individual era más débil. Como ha aumentado, estos crímenes se han hecho más raros; pero también muchos actos que herían ese sentimiento han penetrado en el derecho penal al que no pertenecían primitivamente —calumnias, injurias, difamación, dolo, etc.—” (Durkheim, 1986 [1895], Las reglas del método sociológico: 116).

En la última década del siglo XIX, el sociólogo norteamericano Edward Ross había acuñado la expresión y el concepto de control social (Rafter, 2009). En 1939 Frank Tannembaum publicó un libro titulado Crime and the Community en el que introdujo el término tagging (sinónimo de labeling, etiquetado) para referirse al proceso que acontecía cuando un delincuente era detenido y sentenciado. Según Tannembaum, el delito era el resultado de dos definiciones diferentes de cierto comportamiento, la definición del propio delincuente y la de la sociedad, de la siguiente manera (Schmalleger,

1996: 274): “Este conflicto (…) procede de una divergencia de valores. Cuando el problema [el delito] tiene lugar, la situación es redefinida gradualmente (…). Se produce un desplazamiento paulatino desde la definición de determinados actos como perversos hasta la definición de los individuos [que los realizan] como perversos, de manera que todos sus actos empiezan a ser vistos como sospechosos (…). Desde la perspectiva de la comunidad, el individuo que acostumbra a realizar conductas malvadas y dañinas es ahora un ser humano malvado e irrecuperable (…)”. Una de las obras de mayor influencia sobre los teóricos del etiquetado fue el libro de Erving Goffman, de 1961, Internados (Goffman, 1987). La pretensión de Goffman fue examinar el impacto de las instituciones totales (psiquiátricos, prisiones, etc.) sobre la vida de los internados en ellas. La institución total es, según Goffman, un ambiente que elimina la distinción entre el trabajo, el tiempo libre y el descanso. El ciudadano normal desarrolla estas actividades en distintos ámbitos y rodeado de personas y grupos diferentes: compañeros de trabajo, amigos, familia, etc. La institución total remplazaría a todos estos estamentos, imponiendo su propia cultura y cambiando el comportamiento y la personalidad de los internados29. Paralelamente, surgieron también las denominadas

criminologías críticas, que, desde perspectivas marxistas u otras, consideraron necesario analizar la delincuencia y su consiguiente control social en el marco de la lucha de clases, de la confrontación entre sectores y grupos sociales diversos, con intereses encontrados (Cid y Larrauri, 2001; Walsh, 2012). Así como la constatación del desequilibrio de poder, histórico y presente, existente en las sociedades, a favor de los estamentos más poderosos, que serían lo que definen y estructuran el funcionamiento social, frente a los más desvalidos, que deben someterse a él. Estos planteamientos críticos remitían el análisis criminológico a los macrofactores económicos, políticos y culturales que estructuran las sociedades industriales y neoliberales modernas, en las que unos pocos acumularían la mayor parte de los resortes económicos y la mayor influencia para la creación y aplicación de las leyes (Lea, 2010). En el extremo opuesto, la infraclase (Varela y Álvarez-Uría, 1989) carecería casi por entero de tal capacidad de influencia, y se convertiría en el objetivo preferente de las presiones sociales para la adaptación, y, también, de intervención de los aparatos e instrumentos de control (Walklate, 2011)30. Karl Marx (1818-1883) ¿Qué se puede añadir acerca de la ingente influencia social de Marx? A pesar de todo, sus referencias a la delincuencia son casi inexistentes, pero su perspectiva fue el fundamento de la “Criminología Radical” o “Nueva Criminología” de los años 70. En estos marcos

conceptuales, los delincuentes se tornan víctimas del capitalismo.

A principios del siglo XX algunos autores como Colajanni habían retomado la perspectiva, que según se vio fue pionera en los análisis criminológicos, de la relación entre economía delito. En la década de los setenta diversos autores norteamericanos y británicos (Chambliss, 1975; Quinney, 1972; Taylor, Walton y Young, 1973) estructuraron un pensamiento criminológico de cariz marxista. Entre sus premisas fundamentales estaba la consideración de que el poder utilizaría todos los recursos y mecanismos a su alcance, incluida la propia ley y la justicia, para afianzar y mantener su posición dominante en la sociedad. Ello implicaría, asimismo, que los grupos no dominantes constituirían el objetivo prioritario del control legal. Si, a largo plazo, se eliminaran la opresión y las diferencias de clase social, la delincuencia supuestamente debería desaparecer. Sin embargo, mientras tanto habría que reprimirla, porque los robos o la violencia indiscriminada distraerían a los obreros de la lucha contra su enemigo principal: el estado capitalista31. Criminólogos socialistas, como Ferri, Bonger y Colajanni, realizaron estudios sobre la influencia de factores económicos en la conducta criminal. Bonger (1916) llegó a la conclusión de que no era la pobreza en sí, sino la distribución desigual de la riqueza la que determinaba el nivel de la delincuencia. Consideró la

delincuencia como un acto egoísta, típico de una sociedad capitalista basada en el afán individual de enriquecerse a costa de otros. Colajanni escribió: “La condición económica tiene una acción directa innegable en la génesis de la delincuencia, en cuanto la deficiencia de medios para satisfacer las numerosas necesidades del hombre —más numerosas en los pueblos que alcanzaron un superior grado de civilización— es estímulo suficiente para procurárselos de todos los modos posibles: honrados y delincuentes” (en Saldaña, 1914; 428-429).

2.7. LA CRIMINOLOGÍA ESPAÑOLA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA Después de la Guerra Civil española se produjo un decaimiento de las investigaciones y reflexión criminológicas, en paralelo a lo sucedido en otras ciencias. Muchos científicos, profesores e investigadores relevantes del primer tercio del siglo XX se exiliaron, especialmente a países latinoamericanos, y para quienes se quedaron en España la censura disuadió de reflexionar públicamente en materias políticamente tan delicadas como el delito y la justicia. López-Rey y Arrojo continuó fuera de España la tradición criminológica española truncada por la Guerra Civil, investigando y enseñando sobre cuestiones criminales en diversos países latinoamericanos y en vinculación con Naciones Unidas y el Instituto de Criminología de la Universidad de Cambridge (Cerezo,

2012). Su legado científico principal se recoge en su obra Introducción al estudio de la criminología (publicada en 1945). Considera que los tres factores fundamentales que deben ser objeto de estudio criminológico son los siguientes (Serrano Gómez, 2007): 1) la disposición individual, de origen mixto genético-adquirido, que condicionaría el comportamiento delictivo aunque sin llegar a determinarlo; 2) los influjos del mundo circundante, que pueden incidir sobre el sujeto, en un sentido prosocial o antisocial, en función de sus propias características; y 3) la personalidad individual, dinámica y cambiante, como resultado sintético de las disposiciones individuales y de las influencias externas recibidas. Desarrollos aplicados que, según López-Rey, podrían derivarse de los conocimientos científicos sobre el delito son: el dictamen criminológico, a efectos de la consideración judicial de la imputabilidad, la libertad provisional o la asistencia social, y el diagnóstico y pronóstico criminológicos, para valorar la conexión entre los antecedentes criminales de un individuo y la probabilidad de que recaiga en el delito. En España, pasados tres lustros desde la Guerra Civil, surgieron de nuevo algunas iniciativas criminológicas. Distintos autores publicaron obras sobre criminología y delincuencia juvenil (Serrano Gómez, 2007): El niño abandonado y delincuente (1946), un estudio empírico

sobre los menores que habían pasado por el Tribunal Tutelar de Menores de Barcelona, de Piquer y Jover; Criminalidad de los menores (1953), de Ruiz-Funes, sobre la influencia en el delito de diversos factores como el medio familiar, el aislamiento propio de la vida urbana, la falta de escolarización y de trabajo, el cine o la literatura; Los delincuentes jóvenes (1967), de Sabater Tomás, resaltando los efectos prodelictivos del abandono, la miseria, la indisciplina, los problemas de vivienda, etc.; Sociedad alienadora y juventud delincuente (1973), de Castillo Castillo; Delincuencia juvenil: tratamiento, de Barbero Santos; y Criminología (1975), de López-Rey. En 1955 se creó en la facultad de derecho de la Universidad de Barcelona, por iniciativa del profesor Octavio Pérez Vitoria, la Escuela de Criminología, y lo mismo sucedió en la Universidad Complutense de Madrid en 1964, constituyéndose un Instituto de Criminología (Cerezo, 2012). A partir de entonces, se crearon secciones o institutos de criminología, y se ofrecieron títulos propios de Criminología, en las universidades de Valencia, País Vasco, Santiago de Compostela, Alicante, Córdoba, Las Palmas, Sevilla, Málaga, Granada, y Cádiz. Posteriormente también en La Laguna, Extremadura, Salamanca, Murcia y Oviedo. Las escasas reflexiones e investigaciones criminológicas existentes en aquellos años se publicaron en las revistas

oficiales, dependientes de ministerios y organismos públicos, destacando entre ellas la Revista de Estudios Penitenciarios. El primer reconocimiento profesional de los titulados en Criminología se produjo en el ámbito penitenciario, a partir de la creación del Cuerpo Técnico de Instituciones Penitenciarias, que incluyó, entre otras especialidades, la de Jurista-Criminólogo. Para desempeñar este puesto se exigía contar con doble titulación, la licenciatura en Derecho y la diplomatura en Criminología. Ya desde antes de la transición política, pero especialmente después de ella, el contexto penitenciario, que de modo creciente se había ido nutriendo de personal con formación universitaria, generó un ambiente de renovación científica y aplicada en los análisis del delito, la ejecución de las penas, y el tratamiento y la reinserción de los delincuentes. Estos nuevos planteamientos se plasmaron en múltiples jornadas y congresos penitenciarios, desarrollados en distintas comunidades autónomas y ciudades españolas durante las últimas décadas del siglo XX. En estos encuentros científicos confluyeron profesores e investigadores, nacionales e internacionales, con expertos penitenciarios y judiciales, y de ellos resultaron ricos debates y reflexiones, y surgieron las primeras investigaciones y estudios criminológicos de la España democrática, que fueron recogidos en diversos

libros de actas y otras publicaciones.

2.7.1. Investigación Una característica importante de la criminología española moderna ha sido su acelerado desarrollo en términos de investigación (Cerezo, 2012; San Juan, 2011), como puede constatarse por los múltiples estudios y publicaciones referenciadas en este manual. En origen, muchos de los estudios que se realizaron en España se vincularon, según ya se ha comentado, al ámbito penitenciario y en ellos tuvo un papel central la Escuela de Estudios Penitenciarios. A partir de mediados de los años ochenta, con la asignación de competencias de justicia juvenil y de prisiones a la Generalitat de Cataluña, jugó también un cometido decisivo para el desarrollo de la investigación criminológica española el Centre d’Estudis Jurídics, del Departamento de Justicia, que emprendió un amplio programa de investigación y publicaciones acerca del funcionamiento de la justicia juvenil y las prisiones, las reformas penales, las características personales y sociales de los delincuentes, la reincidencia, los procesos de reinserción, etc. Producto de ello fueron su colección de libros Justícia i Societat, y sus revistas periódicas y boletines estadísticos Papers d’Estudis i Formació, Invesbreu, Justifórum y Justidata, algunas de las cuales siguen publicándose actualmente.

En vinculación con la Universidad de Valencia, a finales de los años ochenta se publicaron tres números de la revista Delincuencia/Delinquency, que fue la primera revista criminológica en España con un formato científico internacional. En ella se incluyeron relevantes trabajos de investigadores españoles y extranjeros en temáticas como delincuencia juvenil, agresión sexual, educación y tratamiento de delincuentes, etc., aunque desgraciadamente esta publicación pronto se extinguió. A partir de los años noventa aparece en la escena de la investigación criminológica española el Instituto de Criminología de la Universidad de Málaga. Este centro desarrolla y publica diversos estudios sobre delincuencia económica, urbanística, emigración, ecología y análisis geográfico del delito, cifras de criminalidad en Andalucía y en el conjunto de España, etc. Su Boletín Criminológico, publicación periódica editada ininterrumpidamente desde 1994 (actualmente también en formato virtual), ha cooperado de forma relevante a la incentivación y difusión de la investigación en Criminología, y es un referente constante para estudiosos de esta disciplina. También han contribuido de forma expresa e importante a la investigación española en Criminología los centros universitarios siguientes: las universidades Autónoma de Barcelona y, más recientemente, Pompeu i Fabra y

Girona, cuyos respectivos equipos han investigado en materias como criminología crítica, impacto de las reformas penales, decisiones judiciales, inseguridad ciudadana, efectos del encarcelamiento, violencia de género y reinserción social; la Universidad de Castilla-La Mancha, cuyo Centro de Investigación en Criminología sobresale por sus estudios en delincuencia juvenil y prevalencia delictiva, especialmente a partir de la aplicación de instrumentos de autoinforme, y evaluaciones de la justicia de menores; la Universidad de Santiago de Compostela, con investigaciones acerca de la conexión entre consumo de drogas y delito, factores individuales de riesgo para la conducta antisocial, biología de la agresión y psicología judicial; la Universidad de Salamanca, con análisis sobre los efectos psicológicos de la victimización delictiva y sobre la teoría del aprendizaje social de Bandura; la Universidad del País Vasco, en conexión con su Instituto de Criminología, que fundó en 1976 el entrañable y admirado profesor Antonio Beristain (con cuyo prólogo a la primera edición esta obra se honra), con investigaciones en victimología, delincuencia juvenil, política criminal, miedo al delito, justicia restaurativa y tratamiento psicológico tanto de víctimas de maltrato de pareja y de agresión sexual como de agresores; la UNED, cuyo equipo de profesores e investigadores en Criminología ha publicado estudios sobre historia de la criminología, teoría criminológica y

delincuencia juvenil; la Universidad de Lleida, con estudios sobre victimología, acoso y penas alternativas; y la Universidad de Barcelona, especialmente a partir de equipos de investigación vinculados al Grupo de Estudios Avanzados en Violencia, que han realizado trabajos sobre evaluación y predicción de riesgo, delincuencia juvenil y factores de riesgo para el delito, maltrato familiar, agresión sexual, eficacia del tratamiento de delincuentes y de víctimas, psicología criminal y criminología teórica. Para el desarrollo y difusión de la investigación española en Criminología una iniciativa crucial de los últimos años fue la creación, a partir de 1998, de la Sociedad Española de Investigación Criminológica (SEIC), que aglutina a muchos de los investigadores y profesores españoles que trabajan en Criminología en distintas universidades y Centros de Investigación. La SEIC ha favorecido la investigación y la formación en Criminología, en primer lugar, mediante la celebración de un congreso anual de Criminología, que ha promovido la investigación sistemática y el intercambio de información científica en las diversas materias y áreas criminológicas (Cerezo, 2012). Además, en 2003 se creó la Revista Española de Investigación Criminológica (REIC), que es un anuario, en formato virtual, que publica artículos científicos con arreglo a los parámetros internacionales, incluyendo normas y criterios de calidad, metodológicos,

formales y de contenido, y previo proceso de revisión anónima por pares. La REIC, que cuenta con amplio reconocimiento, incluyendo su incorporación en diversos índices de impacto académico, ha sido decisiva para la homologación internacional de los estándares de calidad de artículos científicos publicados en la Criminología española (véase San Juan, 2011). Existen también otras revistas españolas que publican, aunque no exclusivamente, artículos de Criminología: la Revista de Derecho Penal y Criminología, que se edita en la UNED, y la Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, que se publica desde la Universidad de Granada, Cuadernos de Política Criminal, publicada en la Universidad Complutense de Madrid, y Eguzkilore, desde la Universidad del País Vasco.

2.7.2. Enseñanza universitaria Como continuación y desarrollo de los estudios de Criminología iniciados a mediados de los años cincuenta, durante las décadas de los ochenta y noventa del pasado siglo XX se impartieron estudios de diplomado en Criminología en las universidades de Barcelona, Madrid, País Vasco, Santiago de Compostela, Salamanca, Valencia, Alicante y Granada. Dichos estudios se hallaban adscritos a las facultades de Derecho y daban acceso a un título propio de la correspondiente universidad. En todo

caso, la diplomatura en Criminología no constituía per se un título universitario reglado, sino que en general era cursada, como especialización, por estudiantes que ya poseían una licenciatura anterior (derecho, psicología, pedagogía, sociología…), o bien por funcionarios policiales, penitenciarios, judiciales, etc., en cuyos currículos profesionales la Criminología era consideraba un mérito formativo. En paralelo a estos estudios de diplomatura, durante la década de los noventa, dos centros universitarios españoles, la Universidad Autónoma de Barcelona, en colaboración con el Centre d’Estudis Jurídics del Departamento de Justicia de Cataluña, y la Universidad de Castilla-La Mancha, desarrollaron sendos másters en Criminología, dirigidos, como especialización académica o profesional, a licenciados en previas titulaciones. A lo largo de esos años, los diplomados en Criminología en diferentes ámbitos territoriales habían ido creando asociaciones de criminólogos, que se acabaron vinculando en el seno de la Federación de Asociaciones de Criminólogos de España (FACE). La FACE emprendió diversas acciones administrativas orientadas al reconocimiento universitario pleno de los estudios de Criminología. Un hito importante para lograr dicho reconocimiento académico fue la unión de esfuerzos y acción por parte de la FACE, integrada por profesionales

y diplomados en Criminología, y la SEIC, constituida por profesores e investigadores españoles de Criminología. A partir de la propuesta y reivindicación conjuntas de ambas sociedades se logró la aprobación por parte del Gobierno, en 2004, de los estudios de Licenciatura en Criminología como titulación universitaria de segundo ciclo, es decir, requiriéndose para el acceso a la misma una previa titulación de primer ciclo. La Licenciatura en Criminología se impartió durante varios años en diversas universidades, dando como fruto varias promociones de licenciados, los primeros que contaron en España con un título universitario oficial en esta materia. En paralelo a lo anterior se produjo la reforma legal que instauraba el sistema universitario europeo acordado en la Declaración de Bolonia, que remplazaba las licenciaturas por las nuevas titulaciones universitarias de Grado. A instancias de la SEIC y la FACE, y con acuerdo de los responsables académicos de distintas universidades españolas, se creó un Libro Blanco sobre el título de Grado en Criminología, que definía un Plan de estudios marco, o de contenidos mínimos, que deberían incorporarse al Grado. El Libro Blanco sirvió también de base para la propuesta oficial de Grado de Criminología, que fue aprobada en 2008. Desde entonces hasta ahora se han puesto en marcha estudios de Grado de Criminología en trece universidades españolas. Se trata de una

titulación universitaria reglada, con un carga lectiva de 240 créditos que se imparten a lo largo de cuatro cursos académicos, y a la que se accede, como a cualquier otra carrera oficial, mediante la superación de las pruebas selectivas de acceso a la universidad. Aparte de los estudios de Grado de Criminología, algunas universidades imparten en la actualidad estudios de máster en criminología y también existe la posibilidad de realización de algunos estudios de doctorado (por ejemplo, en la Universidad de Barcelona, Autónoma de Barcelona, y Castilla-La Mancha). La experiencia habida hasta la fecha en el desarrollo de los nuevos estudios de criminología puede considerarse en general positiva. Sin embargo en el funcionamiento académico del Grado también se detectan algunas dificultades y elementos más cuestionables, constatados por profesores y alumnos. Uno de ellos, especialmente relevante, es el que los programas de diferentes asignaturas impartidas en el Grado resultan en exceso miméticos con los de las disciplinas que contribuyen en la actualidad a la docencia de la Criminología, tales como derecho, psicología, sociología, medicina, etc., escaseando más en contenidos sustantivos genuinos y propios de la ciencia criminológica. Es decir, parece existir cierta tendencia a que el profesorado que procede de las disciplinas mencionadas, que imparte asignaturas

en Criminología sin que en muchos casos la Criminología constituya su dedicación académica principal, meramente traslade a la enseñanza de la Criminología los mismos contenidos curriculares que dicta en su disciplina originaria, sin efectuar las imprescindibles adaptaciones, contextualizaciones y ajustes. Véanse algunos ejemplos de lo anterior. Aunque convengamos que los estudiantes de Criminología deben saber derecho penal, por razón de lo que es conveniente a su propia disciplina criminológica, el derecho penal que deben adquirir no puede ser el mismo, ni en extensión ni en profundidad, que el que deberá impartirse a los estudiantes de derecho. Es decir, el programa de derecho penal que se enseña en criminología debería ser adaptado, resumido y contextualizado para criminólogos, ya que éstos no van a ser abogados, ni pseudoabogados, sino criminólogos. Su interés principal, por definición de la propia disciplina, es la criminalidad, su descripción, su explicación científica, su predicción y su prevención, pero no prioritariamente su definición jurídica y su sanción penal. Y lo dicho acerca del derecho penal podría ser igualmente aplicado al derecho procesal, la psicología, la sociología o la medicina forense. Ni qué decir, al respecto, del derecho constitucional, administrativo, o romano, llegado el caso. Es más, sobre algunas de las materias que actualmente se imparten en los estudios de

Criminología debería hacerse la pregunta sustantiva de si realmente son las asignaturas más adecuadas para la formación en Criminología, por más que los departamentos universitarios correspondientes así puedan considerarlo y pretenderlo. Es opinión de los autores de este manual que, para resolver adecuadamente los problemas comentados y mejorar los currícula formativos de los futuros criminólogos, los programas de Criminología deberían incrementar, expandir y diversificar sus materias y ámbitos científicos sustantivos (por ejemplo, Investigación y explicación criminológica de…, Violencia en la familia, Delincuencia juvenil, Ciberdelincuencia, Criminología ambiental, Justicia reparadora, Prevención en la escuela, Tratamiento de delincuentes en la comunidad, Criminología comparada, etc.) y aminorar o suprimir las asignaturas puramente miméticas de otras disciplinas (Derecho penal, etc., Psicología de…, etc., Sociología de…, etc.). Lo anterior no significa que todas estas disciplinas no puedan efectuar contribuciones relevantes a la formación criminológica, sino que deberían hacerlo, no de modo automatizado y mimético, sino ubicándose convenientemente en los marcos conceptuales y aplicados de la propia Criminología.

Los profesores Farrington y Redondo fotografiados con alumnos de Criminología de las Universidades de Barcelona y de Murcia en el año 2013.

2.7.3. Logros y retos La Criminología cuenta ya con una historia dilatada, que ha permitido acumular un bagaje amplio de información y conocimientos acerca de las explicaciones científicas de la delincuencia y sobre las estrategias más eficientes para prevenir los delitos. Son muchas las investigaciones que se desarrollan constantemente en múltiples países acerca de variadas cuestiones criminológicas, las cuales se concretan en cientos de publicaciones anuales, en forma de artículos de revista, capítulos de libros, libros y

monografías especializadas. También reciben atención científica de parte de la Criminología, para buscar mejores explicaciones y soluciones a ellos, los nuevos problemas delictivos que resultan de los constantes cambios tecnológicos y sociales, que condicionan y replantean las relaciones familiares, laborales, comunitarias e internacionales. Todos estos conocimientos se estructuran y difunden en los múltiples foros criminológicos existentes, como cursos, seminarios y congresos, y particularmente, integran los contenidos formativos de los programas universitarios en Criminología existentes en distintos países. España no ha sido ajena a estos desarrollos científicos y académicos, tanto desde una perspectiva histórica como, especialmente, en la modernidad. Según se ha visto en este capítulo, España cuenta con una investigación criminológica creciente en cantidad y calidad, y con estudios universitarios reglados de Criminología. Sin embargo el futuro de una ciencia se construye tanto a partir del reconocimiento y la satisfacción por lo ya logrado como desde la conciencia de las dificultades y carencias todavía existentes. Probablemente los dos retos futuros más importantes a los que se enfrenta la Criminología sean la mejora y consolidación de una formación universitaria de calidad y,

paralelamente, el desarrollo profesional y aplicado de la disciplina. En relación con el afianzamiento académico, la Criminología debería adquirir en las universidades españolas su identidad y autonomía plenas, haciendo compatible la cooperación y el intercambio de conocimientos y métodos con otras disciplinas cercanas (como el derecho, la psicología o la sociología) con, a la vez, liberarse de antiguas filiaciones y servidumbres, particularmente en España en relación con las facultades de derecho. El derecho fue un buen padre histórico para la Criminología española, a la que dio vida en origen y de la que se ocupó durante muchos años, por todo lo cual la Criminología debe mostrar su sincera y afectuosa gratitud. Pero hoy la Criminología ha crecido y madurado y tiene su propia vida y aspiraciones de ciencia adulta, y es propio de los buenos padres y madres favorecer la autonomía, el desarrollo pleno y la felicidad de sus hijos, sin someterlos a vínculos patológicos y tutelas infantilizantes. Una aspiración relevante en este camino de autonomía necesariamente habrá de pasar por la creación en las universidades de departamentos de Criminología, cuyos integrantes tengan la Criminología como dedicación académica principal, docente e investigadora, y puedan sentirse abiertamente orgullosos de ello (algo que hoy no siempre les es posible). Además, la Criminología académica debería también alcanzar el debido rango y autonomía en el marco de las evaluaciones

de las agencias de calidad, como ANEP, ANECA, CNEAI, etc., que permita que los docentes e investigadores en Criminología sean valorados con mayor equidad y justicia desde el conocimiento de su propia disciplina, y no desde el prisma sesgado, como no pocas veces sucede en la actualidad, de perspectivas y marcos de trabajo ajenos (derecho, psicología, sociología, etc.). El segundo reto para el futuro, no menos importante, es el despliegue de la Criminología en términos aplicados. Hoy por hoy son muchos los conocimientos de los que dispone la Criminología que podrían tener implicaciones prácticas, pero dichos conocimientos son muy exiguamente utilizados en materias como la mejor comprensión e interpretación de los casos individuales de violencia y delincuencia, en los análisis globales y de evolución de las cifras de criminalidad, en la preparación de reformas penales, en la asignación más racional de medidas penales adecuadas a los condenados, en la predicción más ajustada y racional de la reincidencia delictiva de distintas tipologías de delincuentes, en la aplicación de medidas de control social informal en las familias, escuelas y barrios, en los programas preventivos de índole educativa, económica, sanitaria, social, etc. A la vez que la Criminología dispone de conocimientos de utilidad social en todas las anteriores materias, las políticas criminales funcionan en general de modo

acientífico, es decir con total ignorancia de los conocimientos disponibles, o, peor aún, contracientífico, o sea haciendo justo lo contrario de lo que el conocimiento criminológico prescribe. El desarrollo aplicado de la Criminología comportará seguramente recorrer un camino largo y difícil, ya que los inconvenientes son muchos, incluyendo desde la constante amplificación simbólica de los fenómenos delictivos y del miedo al delito hasta una fe ciega e ilimitada en el poder disuasorio del castigo penal. Pese a estas dificultades, en los próximos años deberán darse pasos firmes en dirección a que los conocimientos criminológicos puedan llegar a diferentes problemas y contextos criminales de la mano de profesionales de la Criminología cada vez mejor formados y entrenados para el desempeño de las tareas requeridas por unas políticas criminales más imaginativas, innovadoras y eficaces. PRINCIPIOS CRIMINOLÓGICOS Y POLÍTICA CRIMINAL 1. Como resultado de la globalidad del conocimiento criminológico y social acumulado, las normas y leyes que regulan la convivencia social, incluidas las leyes penales, podrían considerarse el producto mixto tanto de un cierto “consenso” entre individuos y grupos como de un cierto “conflicto” entre ellos. 2. Además de los objetivos disuasorios que tradicionalmente se atribuyen a las leyes penales, desde antiguo se ha señalado también la necesidad del estudio científico de los delitos, para conocer sus causas y mejorar su prevención, de prevenir los delitos recompensando su contrario, las conductas prosociales, y de no ampliar ilimitadamente la esfera de los delitos, sino limitarla a aquellas infracciones más graves y dañinas. 3. Los fenómenos criminales que tienen lugar en una sociedad, como robos,

homicidios, maltrato familiar, violaciones, etc., son acontecimientos “normales”, en el sentido de inherentes al propio funcionamiento social, por lo que a gran escala propenderán a cierta estabilidad a lo largo del tiempo, con oscilaciones naturales al alza y a la baja. En general, dada la multiplicidad de factores incursos en cada fenómeno infractor o criminal, resultarán irrealistas y probablemente abocados al fracaso los intentos de erradicarlo o controlarlo fundamentalmente a partir de reformas u endurecimientos penales. 4. Ya desde los primeros estudios científicos en Criminología se puso de relieve que la privación relativa, o conciencia de desigualdad social, incrementa los sentimientos de injusticia y resentimiento, que pueden ser en muchos casos precursores emocionales de la agresión y el delito. 5. La pobreza y privación relativa, la anomia, o desregulación social, que resulta de las transformaciones sociales rápidas y deja a los individuos sin referentes normativos para su conducta, y la desorganización social, que expone a los ciudadanos a frecuentes modelos y situaciones de marginación y delincuencia, constituyen antesalas frecuentes de la criminalidad. Aquellas áreas urbanas donde se concentran estos problemas son contextos de alta probabilidad de imitación y aprendizaje de conductas infractoras y delictivas, especialmente por parte de los jóvenes, por lo que dichas áreas deberían ser objetivos prioritarios para la prevención. 6. La herencia más importante del positivismo criminológico fue su propuesta de utilizar el método científico, basado en la observación y medida sistemática de las realidades sociales, para el estudio de la criminalidad. 7. Los estudios sobre imitación, aprendizaje y delincuencia constataron que la conducta delictiva generalmente se adquiere en vinculación afectiva o asociación diferencial con personas que previamente cometen delitos, de las que se imitan tanto las habilidades y hábitos delictivos como las definiciones y valores que amparan y justifican dichos comportamientos. 8. Desde planteamientos del interaccionismo simbólico y marxistas se puso de relieve cómo los grupos más poderosos de la sociedad utilizan su fuerza y poder para influir sobre las leyes y los mecanismos de control, lo que suele ir en detrimento de los clases bajas y menos favorecidas, cuyas conductas son más fácilmente etiquetadas como delictivas, y sus miembros más probablemente estigmatizados como delincuentes. 9. La Criminología en general, y la criminología española en particular, tienen ante sí dos importantes retos de futuro: mejorar y consolidar la calidad de su formación universitaria, y trasladar los conocimientos criminológicos a aplicaciones innovadoras que permitan políticas criminales más diversificadas, realistas, y eficientes. CUESTIONES DE ESTUDIO 1. ¿En qué época surgió la criminología científica? ¿Qué otras disciplinas naturales o

sociales aparecieron en las mismas décadas? ¿Qué similitudes tiene la Criminología con ciencias como la biología o la sociología? ¿En qué se diferencia de ellas? 2. ¿Cuándo comenzó la criminología científica en España? ¿Quiénes fueron sus principales representantes? 3. ¿Qué relación existe entre la Ilustración y la Escuela clásica? 4. ¿Qué significa “placer” y “dolor” en la teoría clásica del delito? 5. Resumen y comentario crítico de las principales ideas de Beccaria y de las de Bentham. 6. ¿Qué pensadores contribuyeron a la expansión de la Escuela clásica en España? 7. ¿Cuáles fueron las principales aportaciones de Lombroso al desarrollo de la Criminología? 8. ¿Cómo se concretó el positivismo criminológico en España? ¿Quiénes fueron sus autores principales? ¿Las ideas más destacadas? 9. ¿Cómo explica la escuela de Chicago la delincuencia urbana? ¿Sigue siendo útil el concepto de desorganización social en las ciudades de nuestro tiempo? 10. ¿Qué implicaciones criminológicas tiene el concepto de “desorganización social”? 11. Ejercicio sugerido para los estudiantes. Siguiendo el esquema propuesto en el recuadro La realidad criminológica: Desorganización social y delincuencia en las ciudades modernas, ¿podría el alumno aplicar el modelo de áreas concéntricas a la realidad social y delictiva de su ciudad de residencia? Para ello, deberían buscarse algunos indicadores, semejantes o distintos a los propuestos en el texto, que permitieran conocer los niveles socioeconómicos de los barrios de la ciudad y sus correspondientes tasas delictivas. 12. Enuncia o escribe, en tus propias palabras, las leyes de la imitación de Tarde. 13. ¿Cuáles son las principales propuestas de la teoría de la asociación diferencial de Sutherland? 14. ¿En qué consiste el principio de asociación diferencial? 15. ¿Qué implicaciones tuvo para la Criminología el movimiento crítico acontecido en las ciencias sociales desde mediados del siglo XX? 16. ¿Cuáles han sido los principales hitos y logros de la criminología española en la modernidad? ¿A qué retos de futuro se enfrenta?

1 Según Locke, todas las pasiones guardan relación con el placer y el dolor. El placer es “las saciada plenitud del ser; el dolor es la contradicción de la tendencia a la perfección del ser” (Saldaña, 1914: 133.134). 2 De acuerdo con la naturaleza humana existen dos tipos de delitos: los delitos atroces, que atentan contra la seguridad de la vida, y los delitos menores, que menoscaban la seguridad de los bienes, que son producto de

una convención social. Los hombres tienen menor inclinación para llevar a cabo los primeros que los segundos. 3 “Uno de los mayores frenos del delito no es la crueldad de las penas, sino su infalibilidad (…)” (p. 101). La probabilidad de delinquir disminuirá en la medida en que en el intelecto humano se establezcan mayores asociaciones entre los comportamientos de los hombres y las consecuencias que les sobrevienen. 4 “Más fuertes y sensibles deben ser las impresiones sobre los ánimos endurecidos de un pueblo recién salido del estado salvaje. (…) Pero a medida que los ánimos se amansan, en el estado de sociedad aumenta la sensibilidad y, al aumentar ésta, debe disminuir la fuerza de la pena (…)” (pp. 145-146). 5 El ladrón y el asesino experimentarán un menor temor por el momento final de la horca o la rueda para no infringir unas leyes frecuentemente injustas, que el temor que sentirán ante la idea de la esclavitud de la cárcel. “Quien teme el dolor obedece las leyes; pero la muerte extingue en el cuerpo todas las fuentes de dolor” (p. 121). Además, la aplicación de la pena de muerte puede constituir un ‘funesto’ ejemplo para los ciudadanos a quienes las leyes conminan a respetar la vida humana. La pena de muerte solamente debería aplicarse en casos extremos, como los delitos políticos. La cárcel, según Beccaria, no constituye una disuasión suficiente cuando la persona condenada “aun privada de libertad, siga teniendo tales relaciones y tal poder que comprometa la seguridad de la nación” (p. 104). 6 El origen histórico de esta idea puede situarse ya en la Grecia del siglo IV antes de Cristo, donde ya Epicuro había desarrollado una doctrina filosófica que consideraba que el logro del placer y la evitación del dolor constituían las motivaciones básicas de la vida humana y también las fuentes de su moralidad (Arrighetti, 1973; Gaarder, 1995). La doctrina epicúrea fue retomada y desarrollada en la modernidad por el matemático y filósofo francés Pierre Gassendi (1592-1655) quien, conjugando filosofía epicúrea y cristianismo, postuló que la felicidad residía en la paz del espíritu y en la ausencia de dolor corporal (The New Encyclopaedia Britannica, Vol. 5, 1993). 7 Llamamos la atención del lector sobre la modernidad de estas propuestas, efectuadas en un momento primigenio de la criminología científica, hace ahora casi doscientos años, pero que son de extraordinaria actualidad, ya

que, en términos generales, no distan mucho de las proposiciones contemporáneas acerca de la prevención de la delincuencia. 8 “Los más sensatos tratadistas de la antigüedad convienen en que algo que pasa en el corazón del hombre se revela en el semblante, y puede ser conocido con una atenta observación (…) Según los antiguos fisionomistas, el fundamento principal de su ciencia está en que la semejanza de cualidades físicas entre varias personas arguye semejanza en sus cualidades morales” (Montes, 1911: 49 y 54). 9 “El tamaño y forma de un órgano cerebral, siendo todo lo demás igual, es medida positiva de su potencia y se manifiesta por la superficie exterior del cráneo” (Gall, en Saldaña, 1914: 344-345). 10 Acerca de la capacidad de Lombroso para generar polémica, escribió Dorado Montero, quien probablemente lo conoció en Italia, que “donde ponía la mirada y la pluma introducía la inquietud” (cita tomada de Serrano Gómez, 2007, p. 148). 11 “En realidad, lo que Lombroso llama un criminal es un preso… Todos los presos se parecen en algo. El régimen que les es común, determina en ellos ciertas anomalías particulares, por las cuales se distinguen, a la larga, de los hombres libres; lo mismo que sucede con los sacerdotes y con los monjes…” (Anátole France, Les criminels, La vie littéraire, II; en Saldaña, 1914: 357). 12 El profesor Belga Xavier Francotte replicaba a Lombroso tan prematuramente como el año 1891, en su propia obra La Anthropologie Criminelle, en los siguientes términos: “El hombre honrado y el hombre criminal no forman dos categorías esencialmente separadas. El delincuente no es un ser aparte de la humanidad. Todo hombre lleva consigo las pasiones, las inclinaciones, los instintos que pueden llevarle al delito” (Saldaña, 1914, p. 358). 13 Entre éstos se refirió a aspectos tan variados como la influencia criminógena del clima, la lluvia, el precio del grano, las costumbres sexuales y matrimoniales, las leyes penales, las prácticas bancarias, la estructura del gobierno, y las creencias religiosas y sociales (Lombroso, 2006; Bernard et al., 2010). 14 Estas propuestas no eran consideradas reaccionarias en aquel momento histórico, sino incluso progresistas, suscitando la adhesión de muchos intelectuales y políticos no solo de derechas sino también de izquierdas.

15 En primer lugar, las diferencias físicas halladas entre los grupos de delincuentes y de no delincuentes fueron, en realidad, muy pequeñas, resultando incluso mayor la variabilidad observada dentro de la propia muestra de delincuentes que entre éstos y los sujetos de comparación. Además, Hooton incluyó en su muestra no delictiva una gran proporción de policías y bomberos, cuya selección profesional toma en cuenta sus mejores cualidades físicas, lo que constituye un sesgo evidente para su comparación con los presos. Muy probablemente este sesgo fue el origen de las diferencias físicas entre delincuentes y no delincuentes encontradas erróneamente por Hooton. 16 “La Frenología acaba de revelarnos que, sea cual fuere la naturaleza del alma, sus manifestaciones en este mundo, al menos, dependen de la organización cerebral, ya que si esta organización no se mejora en algunos seres, o se les permite reproducirse, el alma manifestará en ellos aquellas aberraciones que llamamos verdadero crimen; cuando el hombre es demente o criminal nato, si queremos servirnos de este último impropio término, cualquier castigo es injusto e inútil” (Cubí y Soler, en 1843, cita tomada de Saldaña, 1914: 346). 17 Antecedente más remoto de los intentos de construir una ciencia de los delitos fue, según se ha comentado, la Fisionomía, que también contó en España con defensores a lo largo de los siglos XVII y XVIII, tales como Miguel Medina, el Padre Tamayo, y Jerónimo Cortés (Montes, 1911). 18 La denominación área de transición hace directamente referencia a que se trata de una zona de tránsito de habitantes, ya que a ella suelen ir a vivir los recién llegados a la ciudad (el deterioro urbanístico existente propicia que las viviendas sean allí más baratas) hasta que logran instalarse en un barrio mejor, dando paso a que nuevos recién llegados la habiten (Cid y Larrauri, 2001). 19 Para el cálculo de cada tasa delictiva se procedió de la siguiente manera: (1) para calcular el número de jóvenes delincuentes por distritos tomamos como base la información que nos fue facilitada por la Dirección General de Medidas Penales Alternativas y Justicia Juvenil del Departamento de Justicia (y publicada en los Anuarios Estadísticos de la Ciudad de Barcelona) sobre el número de jóvenes de 12 a 18 años que había pasado por la jurisdicción penal juvenil en la ciudad de Barcelona; (2) esta información correspondía a la serie temporal de los años 1994, 1995 y

1996 y, en conjunto, incluía 2.409 casos; (3) las cifras estaban desglosadas según los distritos municipales en que se estructura la ciudad de Barcelona (1. Ciutat Vella; 2. Eixample; 3. Sants-Montjuic, 4. Les Corts; 5. SarriáSant Gervasi; 6. Grácia; 7. Horta-Guinardó; 8. Nou Barris; 9. Sant Andreu, y 10. Sant Martí); (4) para hallar las tasas de jóvenes delincuentes por cada mil jóvenes residentes en cada uno de los distritos se utilizó el censo de población de 0-14 años correspondiente al padrón de 1991 (datos tomados de la revista Barcelona Societat, n. 2, 1994, pág. 9); (5) por último, se ha calculado la tasa promedio de delincuencia de cada zona concéntrica a partir de la media delictiva de todos los barrios que la integran en todo o en parte (estas tasas promedio se reflejan en el pie del cuadro 6.1). 20 La conexión entre la conducta antisocial y el contexto social en que se producía resultaba evidente a los ojos de estos primeros teóricos de Chicago. Lattimore, en un informe de 1914 sobre las condiciones de Skunk Hollow, un suburbio de la ciudad de Pittsburgh, escribía (Matza, 1981: 33-34): “Si alguien quiere hacerse una idea del problema del tiempo libre, de la delincuencia juvenil, del problema racial, de los males sociales, de la violación de la ley seca, del desempleo y de la incapacidad debida a causas industriales, solo necesita darse una vuelta por el Hollow y ver cómo se afirman las fuerzas desintegradoras cuando las fuerzas de progreso han sido eliminadas por el letargo cívico y por el egoísmo”. 21 Sin embargo, la explicación dada por los teóricos de Chicago contradecía en buena medida sus propias observaciones. Hablaban de falta de orden pero, en cambio, sus estudios describían la presencia de distintos tipos de orden, de diferentes modos de organización social, aunque fueran minoritarios y opuestos a las pautas generales de los grupos prevalentes. De este modo, lo que verdaderamente puso de relieve la escuela de Chicago fue, en primer lugar, la existencia en la sociedad de grupos diferentes con valores y normas distintos y, también, que en algunos de esos grupos sociales —marginales y minoritarios— la desviación y la delincuencia eran procesos habituales (Scull, 1989). 22 La idea básica que subyace a las teorías del aprendizaje es que el comportamiento humano se aprende. La primera elaboración de esta idea en el pensamiento occidental fue realizada por Aristóteles (384-322 a.C.), quien propugnó que el conocimiento es el producto exclusivo de la

experiencia. Según Aristóteles las experiencias sensoriales que guardan alguna relación entre sí se asocian en nuestra mente, a partir de cuatro leyes de asociación (Vold y Bernard, 1986): la ley de la semejanza (los estímulos se asocian con mayor facilidad si son similares), la ley del contraste (la marcada diferencia entre estímulos facilita también su asociación en la mente), la ley de la sucesión en el tiempo (los estímulos se conectan más fácilmente si se siguen temporalmente el uno al otro) y la ley de la proximidad en el espacio (la contigüidad espacial de los estímulos facilita su vinculación mental). A partir de los postulados aristotélicos nació el asociacionismo, que ha sido una concepción omnipresente en la cultura occidental desde entonces hasta nuestros días. Los filósofos empiristas como Hume, Hobbes y Locke fundamentaron su pensamiento acerca del conocimiento humano sobre la misma idea de la asociación de sensaciones (Yar, 2010; O’Malley, 2010). Este enfoque dio lugar en los inicios de la psicología, a finales del siglo XIX, a la aparición de dos líneas de investigación paralelas. Una de ellas fue iniciada por el alemán Herman Ebbinghaus, quien llevó a cabo los primeros experimentos para conocer cómo se producía en la mente humana el proceso de asociación entre estímulos. La segunda línea fue desarrollada por el norteamericano Edward Lee Thorndike mediante experimentos sobre condicionamiento estimular en animales. 23 Las ciudades que conoció Tarde a finales del siglo XIX estaban inmersas en un proceso de rápidos cambios y de expansión, con continuas inmigraciones desde las zonas rurales. 24 La teoría de la asociación diferencial, tal y como la presentamos a continuación, quedó definitivamente diseñada por Sutherland en la última edición que éste realizó de su obra Principles of Criminology. En posteriores ediciones del libro los discípulos de Sutherland, Donal R. Cressey y David F. Luckenbill, comentaron las revisiones y modificaciones teóricas propuestas por otros autores pero preservaron la teoría de Sutherland en su forma original (Akers, 1997). 25 Este presupuesto de la teoría de Sutherland se fundamenta en el interaccionismo simbólico desarrollado por George Herbert Mead, W. I. Thomas y otros autores de la escuela de Chicago. El interaccionismo simbólico ha argumentado (Vold y Bernard, 1986: 211) que “las personas construyen ‘definiciones’ relativamente permanentes de las situaciones o

de los significados que derivan de sus propias experiencias. Esto es, deducen significados particulares a partir de experiencias específicas pero después los generalizan, de manera que tales interpretaciones se convierten en un modo personal y general de ver las cosas. A partir de estas definiciones individuales diversificadas, dos personas pueden comportarse de maneras muy diferentes frente a situaciones muy semejantes”. 26 Como en las ciudades modernas conviven, debido a los conflictos culturales, definiciones favorables y desfavorables a la delincuencia, ambos tipos de influencia pueden incidir sobre los individuos. 27 Sutherland sostiene que las teorías sociológicas que pretenden explicar la delincuencia en su conjunto, por ejemplo la teoría de la desorganización social de la escuela de Chicago, deberían ser consistentes con las teorías individuales de explicación de la conducta delictiva. 28 O como más tarde Matza (1981: 25), desde su perspectiva naturalista, matizaría: “Siendo, pues, la desviación un rasgo común a toda sociedad, por venir implicada por la organización social y moral, no necesita de una explicación extraordinaria. Extraviarse de un camino no es ni más comprensible ni más asombroso que mantenerse en él”. 29 Goffman utilizó como fuente primaria de información para sus análisis la observación en una sola institución hospitalaria, Santa Isabel en Washington, y a partir de esta observación particular extrajo conclusiones generales sobre diversas instituciones totales: las prisiones, los monasterios, las escuelas militares, los asilos de ancianos y los campos de concentración. Analizó los cambios y las reacciones de los sujetos internados como producto de los ambientes en los que se encontraban, más que como efectos de la propia enfermedad, de la patología que padecían. 30 A mediados del siglo pasado el pensamiento marxista sentaría las bases en las que después beberían los teóricos del conflicto. Escribe Marx (Schoeck, 1977: 213-214): “En la producción social de su vida los hombres se adentran en unas relaciones determinadas, necesarias, independientes de su voluntad (…). El conjunto de esas relaciones de producción constituye la estructura económica de la sociedad, la base real sobre la que se alza un edificio jurídico y político, y a la que responden unas determinadas formas de conciencia social. El tipo productivo de la

vida material condiciona en definitiva el proceso vital social, político y espiritual. No es la conciencia del hombre la que determina su ser, sino que, a la inversa, es su ser social el que condiciona su conciencia”. Según Marx, el conflicto social surgiría de la siguiente sucesión de acontecimientos: “En un determinado estadio de su evolución las fuerzas productivas materiales de la sociedad entran en contradicción con las relaciones (…) de propiedad (…). Y entonces aparece una época de la revolución social. Con el cambio de la situación económica se transforma también todo el monstruoso edificio (…). Hay que distinguir (…) entre el cambio material (…) y las formas jurídicas, políticas, religiosas, artísticas o filosóficas, en un palabra, las formas ideológicas, con que los hombres toman conciencia de ese conflicto y lo resuelven”. Pese a todo, ni Karl Marx ni Friedrich Engels desarrollaron una teoría propia sobre la delincuencia. Aluden a problemas delictivos varias veces en sus obras, pero sin tratarlos con profundidad, y tampoco presentan un programa de política criminal. 31 Una vez llegados al poder, los líderes marxistas tenían que enfrentarse directamente con el problema delictivo. En los primeros años de la Unión Soviética, se desarrollaron programas novedosos contra la delincuencia, descriminalizando comportamientos que antes eran delictivos, como por ejemplo la homosexualidad, y proponiéndose la reeducación y reincorporación de los delincuentes al seno de la clase obrera. Sin embargo, “las reminiscencias de la época capitalista” no desaparecieron y la represión estatal se consolidó. La sociedad rusa en la época de Stalin fue, probablemente, una de las más represivas que ha existido en la historia humana, con cientos de miles de personas ejecutadas, y millones de ciudadanos internados en campos de trabajos forzados en Siberia, en condiciones extremas de esclavitud y privaciones. La criminología oficial en los países comunistas asumió un rol de apoyo total al estado y a su política represiva, algo bastante alejado precisamente de los planteamientos de la criminología crítica.

3. MÉTODO E INVESTIGACIÓN CRIMINOLÓGICA 3.1. MÉTODO CIENTÍFICO Y CRIMINOLOGÍA 130 3.2. CÍRCULO DE LA INVESTIGACIÓN EMPÍRICA 133 3.2.1. Modelo conceptual 134 3.2.2. Hipótesis 135 3.2.3. Modelo operativo 136 3.2.4. Recogida de los datos 138 3.2.5. Análisis de los datos 140 3.2.6. Revisión de la hipótesis y del modelo conceptual de partida 143 3.3. MEDIDAS Y MUESTRAS 144 3.3.1. Las variables y su medida 146 3.3.2. Dispersión muestral 148 3.3.3. Universo/población y muestra 149 3.3.4. Procedimientos de muestreo 150 3.3.5. Tamaño muestral 154 3.4. ENCUESTAS Y CUESTIONARIOS 156 3.5. ENTREVISTA 161 3.5.1. Tipos de entrevista 162 3.5.2. Fases de la entrevista 164 3.6. OBSERVACIÓN 165 3.6.1. Observación documental 165 3.6.2. Observación sistemática o directa 166 3.6.3. Observación experimental 168 3.6.4. Observación participante 170 3.7. INVESTIGACIÓN EN LA ACCIÓN (ACTION RESEARCH) 171 3.8. LA RECONSTRUCCIÓN DEL PASADO: LA

INVESTIGACIÓN CRIMINALÍSTICA COMO CIENTÍFICO 172 3.9. INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 174 PRINCIPIOS CRIMINOLÓGICOS Y POLÍTICA CRIMINAL 177 CUESTIONES DE ESTUDIO 178

MÉTODO

El espíritu y el excepcional trabajo de nuestro colega PER STANGELAND, ya retirado de la vida académica, continúa bien presente en esta nueva edición de Principios de Criminología

Las investigaciones criminológicas tienen dos propósitos principales: el primero, describir los fenómenos criminales del modo más amplio y preciso posible; el segundo, establecer qué factores se hallan relacionados con la delincuencia, favoreciéndola o inhibiéndola. De una u otra forma, la generalidad de las investigaciones comentadas en este manual, y la mayoría de los estudios que puedan concebirse en Criminología, responden a uno u otro objetivo, o a ambos. En primer lugar, la delincuencia es un fenómeno individual y social complejo y cambiante, con múltiples topografías y definiciones (delincuencia juvenil, económica, violenta, sexual, organizada…), y que acontece en variados contextos y circunstancias de las interacciones humanas (familias, calles y barrios, lugares de ocio, instituciones sociales diversas…). De ahí que el primer objetivo científico de la Criminología deba ser la descripción sistemática de las diversas realidades delictivas, que permita conocer sus magnitudes,

frecuencias, evoluciones, comparaciones entre ámbitos y países distintos, etc. (Aebi, 2008). Pero, además, el comportamiento delictivo individual, y los fenómenos criminales a gran escala, son procesos multicausales, estimulados y mantenidos por muy diferentes factores de índole personal, social y situacional. Lo que requiere a la Criminología a ocuparse en sus estudios de explorar todas estas posibles influencias sobre los delincuentes y los delitos, y a delimitar poco a poco, y de la manera más certera posible, cuáles son los factores criminogénicos más importantes (Loeber, Farrington, y Redondo, 2011). En este ámbito de la investigación criminológica está incursa también la formulación de hipótesis y teorías sobre la delincuencia, así como su comprobación empírica. En coherencia con lo anterior, los estudiantes y profesionales de la Criminología deberían contar con una formación metodológica apropiada, que les capacite para interpretar correctamente aquellos estudios criminológicos que analicen, y, también, para poder idear y desarrollar investigaciones propias e innovadoras, que puedan contribuir al avance científico de la disciplina. Por todas estas razones, el presente capítulo se ocupará de los métodos utilizados por las investigaciones criminológicas a los efectos comentados, la descripción y explicación de los fenómenos criminales.

3.1. MÉTODO CRIMINOLOGÍA

CIENTÍFICO

Y

La metodología utilizada en las investigaciones criminológicas es semejante a la empleada en las ciencias sociales y naturales, como, por ejemplo, la sociología, la psicología o la biología. Todas estas disciplinas utilizan estrategias de análisis empírico, que tienen como pilar básico la observación de los fenómenos de que se ocupan, y el establecimiento de hipótesis, explicaciones y predicciones a partir de sus observaciones. Esta metodología es conocida también como método hipotético-inductivo. La inducción es el proceso que permite desarrollar una explicación o teoría sobre un fenómeno (la criminalidad, por ejemplo) a partir de un conjunto de observaciones sobre el mismo (Walker y Maddan, 2012)1. Este método supone en esencia el empleo de un procedimiento regular, explícito y repetible para analizar un problema. Para ello el investigador debe comenzar especificando sus cuestiones de estudio y los sistemas y pasos que seguirá para someterlas a análisis. La regularidad, explicitud y replicabilidad, requeridas por el método científico, permiten que cualquier investigador pueda volver sobre el problema analizado y verificar de esta manera los resultados obtenidos con anterioridad

(Echevarría, 1999, Fernández Villazala, 2008). La Criminología, como ciencia empírica que es, presta la atención a la enseñanza y reflexión sobre sus propios métodos de análisis e investigación. Para el lector ya familiarizado con otras ciencias empíricas, como la biología, psicología, o la sociología, algunos de estos métodos serán ya conocidos, y el texto de este capítulo podría parecerle demasiado esquemático y simple. En todo caso, en Criminología, una formación adecuada en métodos de investigación requiere asignaturas o cursos específicos, así como el uso de textos de referencia mucho más extensos2. Además de diversos métodos e instrumentos compartidos con otras disciplinas, la Criminología ha desarrollado, en función de sus propios objetos de análisis, la delincuencia y su control, algunos instrumentos de investigación propios. Los delitos son comportamientos que a menudo tienden a ocultarse. En general, resultará más fácil obtener información sobre el rendimiento académico de los adolescentes que sobre su posible implicación en pequeños hurtos. Por ello, quienes investigan en materias delictivas generalmente van a requerir un esfuerzo y tiempo extras para ganarse la confianza y la colaboración de los sujetos de sus estudios. Asimismo, muchos datos relativos a los delitos y a sus posibles autores han de tener, por su propia naturaleza,

una alta confidencialidad, por lo que habitualmente su obtención va a requerir la tramitación de las pertinentes autorizaciones, necesarias para acceder a informes administrativos sobre delincuentes juveniles, tasas delictivas, encarcelados, actuaciones de la policía en la lucha contra el crimen, cifras judiciales de los delitos, etc. Otra particularidad a la que se enfrenta el análisis criminológico es que las opiniones y valoraciones acerca de los fenómenos delictivos —en estudios orientados, por ejemplo, a la percepción de la inseguridad ciudadana— son muy inestables, e incluso contradictorias, dependiendo en buena medida del contexto de las preguntas y de qué persona o personas las contestan. Los ciudadanos encuestados o entrevistados pueden expresar opiniones sobre el delito en determinado sentido, y en cambio su conducta real ir en dirección contraria; incluida la posibilidad de reclamar públicamente que se endurezcan las sanciones para infracciones que ellos mismos cometen a menudo, como puedan ser pequeños hurtos, fraudes a la Hacienda Pública, conducción temeraria u otros (véanse más adelante las técnicas de neutralización y justificación de la propia conducta, que ayudan a razonarla y exculparla). Como resultado de estas discrepancias y dificultades, la medida de valores y opiniones suele tener menos relevancia en Criminología (como también es necesaria) que en los marcos de la

Sociología, las ciencias de la información y la política. En Criminología, las encuestas se utilizan primariamente para medir la magnitud de los delitos, a partir de estudios de victimización o de autoinculpación, y más esporádicamente para análisis de opinión ciudadana sobre seguridad u otros aspectos relacionados con la delincuencia. Finalmente, en la investigación criminológica se implican a menudo mayores problemas éticos que en otras ciencias. No es lo mismo un experimento controlado, o una entrevista clínica, en psicología o en medicina que en Criminología (Farrington y Welsh, 2005, 2006). El fin principal de la psicología y la medicina clínicas es el desarrollo de tratamientos que mejoren la salud y el bienestar de los pacientes. Sin embargo, la investigación criminológica se desarrolla en contextos donde hay grupos con intereses diversos e incluso opuestos, como pueden serlo las víctimas, los delincuentes, la opinión pública, o el propio aparato de justicia; y no está claro de antemano quién pueda beneficiarse de una investigación criminológica en particular, por lo que no será infrecuente que aparezcan incomprensiones y desconfianzas frente a algunos estudios en materias de alta sensibilidad social (por ejemplo, delincuencia juvenil, agresión sexual, violencia de género, delincuencia organizada y terrorismo, etc.).

Josep Xavier Hernández i Moreno, director del Centro; Berta Framis, técnica de Investigación; Marta Ferrer, jefa del Área de Investigación y Formación Social y Criminológica; y Manel Capdevila, responsable de Investigación. El Centro de Estudios Jurídicos y Formación Especializada (CEJFE) es un organismo que depende del Departamento de Justicia de la Generalitat de Catalunya y que tiene como principales tareas la formación de todo el personal que trabaja en dicho Departamento, fundamentalmente en dos ámbitos: el judicial (profesionales de las oficinas judiciales) y el de ejecución penal. La investigación social y criminológica que desarrolla el CEJFE está centrada prioritariamente en la mejora de los servicios de ejecución penal, aportando a sus profesionales datos y análisis específicos.

3.2. CÍRCULO DE LA INVESTIGACIÓN EMPÍRICA Como puede verse en el cuadro 3.1, la labor que se realiza al desarrollar un estudio empírico acerca de cualquier asunto científico es una actividad circular: inicialmente se sustenta en resultados previamente obtenidos sobre el tema, y a continuación intenta aumentar el conocimiento preexistente, de modo que esta acumulación o mejora del conocimiento pueda servir como punto de partida a futuros estudios en el mismo campo. Según lo comentado, la investigación científica debe partir de un cuadro de referencia, lo que significa que al concebir el análisis de un problema es imprescindible atender al conocimiento previamente obtenido sobre el mismo (Kuhn, 2006). Veamos a continuación las distintas fases que implica

este proceso recurrente (Blaxter, Hughes y Tight, 2010; Walker y Maddan, 2012). CUADRO 3.1. Fases principales de la investigación empírica

3.2.1. Modelo conceptual El primer paso de todo proyecto de investigación es la selección de un tema de estudio y modelo conceptual de partida (Blaxter et al., 2010). Se hace referencia en este punto a “modelo conceptual”, y no meramente a “tema de estudio”, porque lo habitual es que los investigadores en Criminología dirijan su atención a analizar cierto tema de interés (p. e., la delincuencia juvenil, los delitos económicos, la delincuencia organizada, el maltrato, los delitos sexuales, etc.), pero a la vez que tal interés no sea completamente aséptico o ateórico, sino imbuido de ciertas consideraciones conceptuales o teóricas preexistentes (p. e., el aprendizaje de la delincuencia juvenil, la influencia de los grupos poderosos sobre la legislación penal, la violencia interactiva en el seno de la pareja, el etiquetado o estigmatización de los delincuentes sexuales, etc.). Por ello, la elección de los temas no suele ser neutral, sino que sobre ella acostumbran a influir las preferencias e intereses científicos de cada investigador o equipo de investigadores, así como otros condicionantes posibles, como las líneas de investigación que puedan ser prioritarias en determinado ámbito, las disponibilidades presupuestarias, etc. Es completamente legítimo y ético elegir un tema de investigación que sea consonante con las preferencias

conceptuales o teóricas de cada investigador. Además, ello suele constituir, en toda ciencia, la premisa de partida imprescindible para el desarrollo de una investigación esforzada y experta. Sin embargo, lo anterior no justifica que un investigador pretenda lograr a toda costa aquellos resultados que se correspondan con sus propias preferencias o convicciones científicas o ideológicas. Lo éticamente correcto y esperable es que los resultados obtenidos en una investigación, sean cuales fueren, se recojan y presenten con objetividad a la comunidad científica, de modo que otros investigadores puedan, si lo desean, replicarlos y valorarlos críticamente.

3.2.2. Hipótesis La metodología científica hasta aquí razonada es un sistema o modo de proceder para el análisis sistemático de información, pero no incluye ni resuelve la contribución que debe efectuar a dicho análisis la imaginación y la curiosidad, que, ciertamente, quedan a la capacidad individual de cada investigador o equipo de investigadores. Trabajo concienzudo e imaginación son los ingredientes complementarios e insustituibles del avance científico. Esta interrelación entre ellos, a la vez que independencia, fue magníficamente referida por Max Weber en su obra El político y el científico: “La ocurrencia no puede sustituir al trabajo, como éste a su

vez no puede ni sustituir ni forzar la ocurrencia, como no puede hacerlo tampoco la pasión. Trabajo y pasión sí pueden, en cambio, provocarla, sobre todo cuando van unidos, pero ella [la ocurrencia] viene cuando quiere y no cuando queremos nosotros… Claro que jamás surgiría si uno no tuviera tras sí esas horas de penar en la mesa de trabajo y esa preocupación constante por las cuestiones abiertas” (Weber, 1992: 193-194). La ocurrencia, o imaginación investigadora, a la que se refiere Max Weber, tiene que ver fundamentalmente con el momento científico de la formulación de preguntas de investigación y de hipótesis, es decir con la fase del establecimiento de relaciones de influencia entre factores. En el trabajo científico, ésta es una actividad en general poco pautada y que fundamentalmente va a depender de la capacidad —y tal vez de la suerte (¿inspiración?)— de cada investigador. Cada modelo conceptual de partida permite concebir hipótesis acerca de la cuestión o cuestiones analizadas. La hipótesis suele constituir un razonamiento lógico previo a la realización de una investigación científica, es decir, una idea —o conjetura de relación entre variables— (Walker y Maddan, 2012), que en términos de lógica formal podría expresarse como: “Si A, entonces B”— (Ziman, 1986). Con dichas hipótesis se intentará ofrecer una explicación hasta cierto punto novedosa, susceptible de aportar

nuevos datos al conocimiento del tema analizado, o bien que permita replicar, tal vez con variantes, estudios ya desarrollados por otros investigadores y confirmar o no sus resultados. Los siguientes pasos en la tarea investigadora irán encaminados a comprobar empíricamente las hipótesis formuladas. Por ejemplo, un proyecto de investigación podría dirigirse a corroborar el modelo conceptual según el cual los malos tratos en la pareja tienen su origen fundamentalmente en las tradiciones y valores machistas, y en los roles asignados socialmente a las mujeres; de ser así —y esta podría ser la hipótesis de partida de un estudio— en regiones y países con mayor tradición y actitudes machistas sería esperable una mayor prevalencia de maltrato de mujeres que en poblaciones en que existan valores sociales que amparen la igualdad de derechos entre mujeres y hombres. A esta hipótesis inicial podría haberse llegado por diversos caminos: a partir de la revisión de estudios antropológicos o sociológicos sobre distintas sociedades y culturas, mediante la observación directa de distintas poblaciones, a partir de los datos recogidos en centros de asistencia a mujeres maltratadas, etc.

3.2.3. Modelo operativo Una vez especificadas la pregunta y la hipótesis de un

estudio, hay que determinar cómo llevarlo a cabo, establecer cómo se va a acceder a los datos, qué fuentes de información resultarán más adecuadas para ello, etc. En síntesis, se trata de hacer operativas la pregunta de investigación y la hipótesis planteadas, formulando una estrategia de obtención de la información debida para responder a ellas. Cuestiones claves en esta fase de la investigación serán: ¿Dónde y cómo podemos recoger los datos necesarios para confirmar o refutar la hipótesis?; ¿qué permisos se requieren para acceder a tales datos?; ¿qué otros problemas deben resolverse o pueden surgir en el desarrollo del estudio? Un aspecto muy relevante de este momento investigador es la adecuada “operacionalización” de los constructos y variables del estudio, lo que significa definirlos de manera que puedan ser medidos y evaluados (Walker y Maddan, 2012). En el ejemplo de investigación sugerido anteriormente, sobre violencia de género, podrían recogerse datos de las siguientes fuentes de información: a) denuncias de malos tratos presentadas por mujeres ante la policía; b) partes hospitalarios de lesiones de posibles mujeres maltratadas, que los médicos cumplimentan cuando atienden a personas que han sufrido lesiones físicas; c) información procedente de los centros de atención a la mujer; d) datos de servicios sociales; o bien e) encuestas a la población en general en que se incluyan preguntas de malos tratos.

Algo que debe tenerse en cuenta en cualquier estudio criminológico es que las fuentes de información que se utilicen, sean cuales fueren, van a presentar generalmente sesgos todas ellas, y serán, de una manera u otra, incompletas. Así, por ejemplo, las denuncias oficiales por maltrato no resultarían completamente válidas, si se utilizaran como fuente exclusiva de información, debido a que la mayoría de los casos de malos tratos no se denuncian. Por otro lado, los partes médicos de lesiones no siempre serán exhaustivos o completos en su información; en algunos casos podrían faltar datos relevantes como, por ejemplo, la antigüedad posible de la lesión, su causa probable, etc. Además, las denuncias oficiales suelen presentar otro sesgo frecuente, y es que muchas de ellas se refieren exclusivamente a maltrato físico, siendo muy infrecuentes las denuncias por malos tratos psíquicos o sexuales. Respecto a los datos recogidos por los centros de atención a la mujer, es fácil imaginar que tampoco todas las mujeres que sufren malos tratos acudirán a dichos centros, por falta de información sobre su existencia y sus funciones, por su localización preferente en zonas urbanas, por miedo o vergüenza, etc. Inconvenientes semejantes podrían mencionarse en relación a los datos existentes en los Servicios Sociales, al respecto de las encuestas poblacionales. Un problema añadido, en el ejemplo de investigación

que se ha sugerido, es cómo podría hacerse operativo el concepto global de “machismo”, la hipotética causa de los malos tratos en el estudio propuesto. Para ello podría ayudarnos consultar posibles encuestas ya realizadas, acerca de estereotipos machistas sobre la mujer en diferentes regiones del país. Podríamos utilizar tales encuestas para recoger nuestros datos, o bien adaptar un cuestionario específico a partir de ellas. Sin embargo, deberíamos preguntarnos también si es esperable que los maltratadores compartan tales opiniones de modo generalizado, o más bien habría que plantearse indagar directamente qué es lo que los diversos agresores piensan sobre las mujeres, cuáles son sus roles sociales de apoyo, etc. Dado que, como hemos visto, puede haber sesgos en las distintas fuentes de información sobre maltrato, una buena estrategia metodológica sería la “triangulación” de varias de ellas; es decir, el uso ideal de tres fuentes distintas, para indagar la misma información, y así lograr un acercamiento más completo y fiable a esa realidad. Igual que los navegantes consiguen definir mejor su posición en el mar si cuentan con dos faros de referencia, en vez de uno solo, en la ciencia empírica se deberían contrastar datos procedentes de diversas fuentes informativas, que en conjunto proporcionarían un mejor conocimiento del problema de que se trate.

Por último, durante la realización de estudios a una población, en nuestro ejemplo a posibles víctimas de malos tratos de pareja, es común que se produzca cierta “mortalidad” experimental, o pérdida de una parte de la muestra inicialmente prevista o evaluada. Podría ser que las mujeres que más sufren malos tratos fueran las que menos responden a la encuesta, debido a que tienen residencias provisionales y pueden ser, por ello, más difícilmente localizables; o bien ser más escépticas o temerosas cuando un entrevistador llama a su puerta para encuestarlas, etc. De este modo, la encuesta personal, usada de manera aislada, podría tener también sus problemas. Dadas las dificultades comentadas, los investigadores, que pretendían estudiar la relación a gran escala entre machismo y violencia de pareja, podrían llegar a la conclusión de que los datos requeridos para analizar su hipótesis no están a su alcance. Ante ello, una opción posible es reducir el objetivo y la hipótesis del estudio a algo más modesto y concreto, limitando el análisis, por ejemplo a un constructo más específico y restringido que el de machismo, o bien circunscribiendo el análisis a una muestra específica. De hecho, en el ejemplo referido también se pone de relieve un problema al que ya se ha hecho mención en el primer capítulo. Algunos de los métodos utilizados en

Criminología proceden de otras disciplinas, como la psicología o la sociología, pero aquí se aplican en general al estudio de cuestiones más delicadas y comprometidas, como son los delitos; ello puede comportar mayor riesgo de posible falseamiento u ocultación de datos por parte de las personas implicadas, mayor hermetismo administrativo, la necesidad de una mayor reserva de la información obtenida, etc., todo lo cual añade más dificultades al proceso de investigación.

3.2.4. Recogida de los datos Una vez seleccionadas la muestra y las fuentes de información sobre las que se quiere trabajar, viene la fase de recogida de datos (Blaxter et al., 2010). Antes de comenzar la obtención completa de la información suele ser conveniente realizar un “estudio piloto”, que consiste en “probar” inicialmente el modelo operativo concebido en una pequeña muestra, antes de realizarlo a gran escala. Esto permitiría efectuar las modificaciones convenientes, a fin de optimizar el modelo final de recogida de datos. Si se hubiera previsto, por ejemplo, encuestar a una muestra global de 2.000 mujeres, podría probarse primero el cuestionario, por ejemplo, con una submuestra de 50 mujeres, para verificar si funciona en la práctica tal y como se ha concebido. Esto supone un coste y esfuerzos reducidos, siendo, en cambio, su beneficio la posibilidad

de mejorar el cuestionario, a partir de la experiencia adquirida, reformulando aquellas preguntas que no sean bien comprendidas por la mayoría de las personas encuestadas, reduciendo tal vez el número de preguntas si el cuestionario resulta excesivamente largo, añadiendo sugerencias de interés para su aplicación, etc. De forma semejante, si se tratara de información que va a obtenerse en los juzgados, podría resultar más adecuado empezar con el estudio de unos pocos casos y ver cómo funciona la recogida de datos a pequeña escala, qué dificultades no previstas aparecen y qué soluciones pueden arbitrarse. Es necesario desmitificar el uso de las encuestas o cuestionarios como métodos principales en Criminología. De hecho, existen otros muchos instrumentos que, según los casos, pueden resultar más adecuados. Métodos como el análisis documental, o las entrevistas personales a interesados o a informantes-clave en determinado problema de estudio, pueden ser de gran utilidad. Realmente cabe un gran abanico de instrumentos que pueden ser empleados en cualquier estudio, y antes de decidirnos a utilizar uno u otro, debería considerarse cuál o cuáles podrían ser los más convenientes y eficaces. Supongamos que se entrevistase a 1.000 mujeres en Málaga, de las cuales 145 confirmasen que habían sufrido malos tratos, y a otras 1.000 mujeres en Barcelona, con 118 casos de maltrato. Si, además, se verificara, a través

de otras encuestas o informaciones, que el concepto de rol de la mujer es más tradicional entre la población masculina de Málaga que entre los varones barceloneses, podría haber indicios aparentes a favor de la hipótesis inicial, la relación entre machismo y maltrato; sin embargo, esta diferencia también podría ser debida a la pura composición muestral, es decir, al azar. En el ejemplo propuesto, por razones de representatividad estadística, no sería suficiente con evaluar a 1.000 mujeres en cada ciudad, sino que habría que entrevistar como mínimo a 2.000 en cada una de ellas, para poder pronunciarse sobre sus posibles diferencias en términos de prevalencia de maltrato. (Véanse, más adelante, los comentarios sobre “la muestra” y “homogeneidad de la muestra”).

3.2.5. Análisis de los datos Una vez obtenidos los datos, se han de codificar, introducir en la correspondiente hoja de cálculo o programa estadístico, y analizar. Desde luego, el análisis estadístico resulta fundamental cuando los datos recogidos son de carácter cuantitativo, tales como frecuencias de delitos violentos, tasas de encarcelados, jóvenes delincuentes, víctimas, etc. La estadística se integra por distintos procedimientos útiles para examinar los datos recogidos durante una investigación (Dodge,

2010). Tales métodos ayudan a los investigadores a razonar de manera lógica y ordenada sobre los datos analizados, con dos finalidades principales (Walker y Maddan, 2012): resumir e interpretar significativamente los datos en sí (estadística descriptiva); o bien, a partir de un número limitado de datos, una muestra, establecer o inferir conclusiones acerca del conjunto de una población (estadística inferencial). Así pues, existen algunos estadísticos como la media, la mediana, la moda, o la desviación típica, que sirven para describir y caracterizar la distribución de una variable en particular. Sin embargo, a menudo se requiere explorar la relación entre dos variables (por ejemplo, entre tener amigos delincuentes y cometer delitos, entre la edad y la frecuencia delictiva, entre el grado de impulsividad y la agresión de pareja, entre la adicción a drogas y la duración de la carrera criminal, etc.). El estadístico más usado para ello es el Coeficiente de correlación de Pearson (y otras pruebas derivadas de él), que es un índice numérico que oscila entre -1 y +1, y permite conocer si dos variables están asociadas entre sí (positiva o negativamente) y en qué grado (Dodge, 2010; Walker y Maddan, 2012). Es decir, si cuando una aumenta también la otra lo hace (correlación positiva) o, por el contrario, cuando una aumenta la otra disminuye (correlación negativa). En Criminología suelen hallarse correlaciones,

entre distintos factores y variables, de tamaño bajo a medio (es decir, coeficientes de correlación entre 0.10 y 0.50) (véase cuadro 3.2). Ello es probablemente debido a la multifactorialidad de influencias sobre la delincuencia, lo que implica que cada factor aislado suele tener sobre ella un efecto relativamente pequeño. CUADRO 3.2. Ejemplos de variables que correlacionan con el comportamiento delictivo Variables

R

Problemas de hiperactividad, impulsividad y atención 0.188* Fracaso escolar

0.139*

Depresión

0.149*

Supervisión paterna deficiente

0.245*

Reforzamiento paterno escaso

0.092*

Mala comunicación padres-hijos

0.211*

Baja implicación del joven en la actividad familiar

0.226*

Bajo nivel socioeconómico

0.079*

Hogar deteriorado

0.150*

Amigos delincuentes

0.513*

Fuente: Redondo y Martínez-Catena (2012), a partir de Farrington, Loeber, Yin y Anderson (2002). *p<0.01

En función de los objetivos de cada estudio y de la estructura y sistema de medida de los datos recogidos, así deberá ser el procedimiento o procedimientos de análisis utilizados. En la actualidad existen múltiples técnicas

estadísticas, que comportan un desarrollo matemático sofisticado, por lo que su utilización requiere un conocimiento especializado. Las más empleadas en los estudios criminológicos son las siguientes (Dodge, 2010; Rumsey, 2010; Walker y Maddan, 2012; Weisburd y Britt, 2007; Wright y London, 2009): las medidas de significación estadística (como la prueba t), para establecer si existen diferencias significativas o no entre dos distribuciones de datos; las medidas acerca de la fuerza de la relación que pueda haber entre dos variables; los procedimientos de regresión múltiple, que permiten determinar los efectos lineales de una variable independiente sobre una variable dependiente (controlando la influencia de otras posibles variables independientes), así como los efectos combinados que puedan tener diversas variables independientes; el análisis factorial y los modelos de ecuaciones estructurales, que permiten explorar modelos teóricos complejos que incluyen, respectivamente, diferentes variables independientes y dependientes (lo que es habitual en Criminología, dada la multiplicidad de influencias existentes sobre una gran diversidad de conductas antisociales y delictivas); las pruebas para el contraste de hipótesis (Z test, t-test, Chi-square test), que estiman el nivel de certeza, y de error, de los datos de un estudio; y el análisis de varianza (ANOVA), que permite comparar la equidad o desigualdad entre distintos grupos de sujetos

o conjuntos de datos. Existen programas estadísticos que ayudan a realizar con rapidez todos estos y otros muchos análisis de los datos, como el SPSS o el R Project for Statistical Computing. No obstante, tales programas informáticos deberían ser utilizados, no de forma mecánica, sino a partir de los conocimientos debidos sobre análisis de datos, de modo que se apliquen los procedimientos estadísticos apropiados, según los casos, y se eviten errores en los análisis. Dada la complejidad que suele comportar la investigación criminológica empírica, un camino muy conveniente es la cooperación entre expertos, que permita que en cada equipo investigador haya especialistas en el tema sustantivo que se estudia pero también expertos en metodología de investigación y estadística. Aunque los análisis estadísticos, particularmente de los datos cuantitativos de un estudio, son fundamentales, también es un mito muy extendido en la actualidad que cuantos más datos se incluyan en los análisis, cuanto más sofisticado y potente sea el programa estadístico, y cuanto más de moda estén los procedimientos estadísticos utilizados, mejor será una investigación y sus resultados. Frente a ello, según se verá a lo largo de este capítulo, una buena investigación no se genera solo, ni principalmente, con mucho datos y sofisticados análisis, sino a partir de

diversos ingredientes y procesos, que incluyen todos los siguientes (Blaxter et al., 2010): la revisión y síntesis apropiadas de la bibliografía existente en el campo estudiado, la formulación clara del problema de investigación, la consideración de un buen modelo teórico o hipótesis de partida, la selección de una muestra adecuada, un buen diseño de recogida de la información, el tratamiento apropiado de los datos, y la extracción de unas conclusiones lógicas y prudentes. En paralelo a los datos cuantitativos, la información criminológica también puede proceder de metodologías cualitativas, como podrían ser observación participante, autoinformes sobre vivencias de ira y agresividad, y relatos individuales o narrativas personales acerca de los factores de desistimiento delictivo (Cid Moliné y Martí Olivé, 2011). Dependiendo del método de trabajo que se haya elegido, se obtendrá un tipo de datos u otro, lo que a su vez se relacionará con los análisis requeridos. Los datos cuantitativos y cualitativos no son, per se, mejores o peores, sino que unos y otros, si se recogen y analizan de forma rigurosa y adecuada, pueden ofrecer información relevante sobre el fenómeno criminal estudiado. Las grandes ventajas de los datos cuantitativos suelen ser su mayor representatividad muestral y su más amplia generalizabilidad, y su mayor inconveniente su limitación contextual. Por el contrario, los datos cualitativos tendrían

como mérito su mayor riqueza de contenidos y significados, y como mayor limitación las dificultades de generalización.

3.2.6. Revisión de la hipótesis y del modelo conceptual de partida Por fin, la parte final de una investigación será la confirmación de la hipótesis y del modelo conceptual de partida, o bien su refutación y revisión, todo ello a la luz de los resultados logrados. Es decir, un estudio no puede quedarse en la pura presentación de los datos obtenidos, sino que, a partir de los resultados, se ha de dar respuesta a la pregunta e hipótesis iniciales, poniendo finalmente en relación los objetivos y presupuestos originarios del estudio con la información empírica hallada. Partir de una teoría o modelo conceptual resulta fundamental en la investigación criminológica, ya que ello puede servirnos de guía para conducir un estudio, y, posteriormente, ayudarnos a comprender e interpretar convenientemente sus resultados. De este modo, las investigaciones suelen finalizar conectando sus resultados y conclusiones con leyes o teorías científicas ya establecidas. Una ley científica define una asociación frecuente entre dos o más factores. Un ejemplo de ley científica en Criminología podría ser, en el marco de la teoría del

aprendizaje social, la ley del reforzamiento diferencial; según esta ley, el comportamiento delictivo se mantiene como resultado de la preponderancia de consecuencias gratificantes, frente a la que no lo son, que se derivan del mismo. Por su parte, una teoría es un conjunto de leyes científicas conectadas entre sí, que explica la relación entre diferentes hechos observados (Bothamley, 2002; Walker y Maddan, 2012). Continuando con el ejemplo de la teoría del aprendizaje social, la adquisición por algunos jóvenes de pautas de comportamiento delictivo se produciría a partir de cuatro procesos, o leyes científicas, interrelacionados que constituyen la teoría en sí (Akers, 2006): asociación diferencial preferente con personas con conductas y actitudes antisociales, definiciones o valoraciones pro-criminales adquiridas como resultado de la asociación con individuos antisociales, reforzamiento diferencial, u obtención de gratificaciones por la conducta delictiva, e imitación de modelos antisociales. Por último, en Criminología debe haber también una estrecha vinculación entre los conocimientos teóricos — que se adquieren mediante la investigación empírica y las teorías derivadas de ella— y las aplicaciones prácticas. Debe existir una íntima relación entre investigación, teoría y tecnología: la investigación permite comprobar hipótesis y suposiciones teóricas; las teorías organizan racionalmente los datos obtenidos en la investigación; y,

finalmente, las tecnologías aplican los conocimientos teóricos a problemas del mundo real. En Criminología tales aplicaciones podrán referirse a la prevención del delito, la investigación criminal, el tratamiento de delincuentes, la atención y el tratamiento de víctimas de violencia, etc.

3.3. MEDIDAS Y MUESTRAS Los métodos cuantitativos —a veces llamados procedimientos de investigación “duros”— se sustentan en aportaciones metodológicas de disciplinas bien establecidas como la física, la química, la biología, la sociología o la psicología. La información que ofrecen suele ser numérica (frecuencias, porcentajes, correlaciones) (Fernández Villazala, 200(). Quizá la pregunta más importante a la que intentan responder es: En qué grado o cuántas veces se produce cierto fenómeno? Resulta particularmente importante para la Criminología, como así también lo es para la psicología o la sociología, el empleo de la metodología estadística. Un ejemplo hipotético y sencillo de la utilidad que puede tener la estadística descriptiva es el siguiente: imaginemos que la policía de cierta comisaría quiere elaborar un sucinto informe, representativo de los trece detenidos que han pasado por dicha comisaría durante la última semana,

específicamente referido a su edad (una variable muy concreta, entre otras muchas cuyo análisis podría interesar). CUADRO 3.3. Ejemplo de estadística descriptiva: Trece personas con su respectiva edad I II Edades Edades sin ordenar ordenadas 32 25 18 32 16 16 21 19 23 20 18 16 21

16 16 16 18 18 19 20 21 21 23 25 32 32

III Edades categorizadas

Nº de personas 6 15-19 años Tanto por ciento 5 20-29 años 46,15 2 30-39 años 38,46 13 SUMA 15,38 21,31 Edad media: 100,00 5,47 Desviación típica

En la columna de la izquierda se presentan las edades, según la secuencia temporal en que los detenidos son registrados, pero sin haberlos ordenado todavía según su edad. Representados de este modo, a pesar de que el número de observaciones es limitado, resulta difícil extraer conclusiones globales sobre las edades del conjunto de los detenidos. Por ello, como un primer paso, en la segunda columna los registros se han ordenado por edades. Ahora resulta más fácil establecer la mediana, es decir, aquella puntuación de edad que se sitúa en la mitad

de dicha columna, dividiendo el número de observaciones en dos mitades iguales: en concreto, la persona con 20 años de edad tiene por debajo y por encima de ella un mismo número de sujetos, con edades inferiores y superiores, respectivamente. Sin embargo, todavía es posible sintetizar aún más los datos. Para ello, en la tercera columna se han agrupado las edades específicas en tres intervalos, lo que, además, facilita poder representarlas gráficamente. Asimismo, se ha calculado la media, a partir de sumar todas las puntuaciones de edad y dividir el resultado por el número de observaciones. Se constata que la media es 21,3 años, mientras que la mediana era 20. Estas dos puntuaciones de tendencia central no coinciden con exactitud, debido a que la media es más sensible que la mediana a la influencia de los valores extremos. Mientras que la mediana es una puntuación concreta de la distribución, cuya única condición es que deje por debajo y por encima de sí la mitad de las restantes puntuaciones, la media es un resultado nuevo, sobre cuyo cálculo inciden los diversos valores de una distribución, y particularmente las puntuaciones más dispersas, hacia arriba o hacia abajo. De ahí que la media sea preferible para representar poblaciones con distribuciones más equilibradas, donde los valores siguen una distribución aproximadamente normal, o simétrica, y la mediana sea

indicada para resumir, en el valor medio más típico, distribuciones más extremadas o desequilibradas. Considere el lector, como ejemplo de lo anterior, un posible estudio acerca de los ingresos y patrimonio propios con los que cuentan los presos recluidos en el módulo de una prisión. Si muchos de dichos reclusos carecieran en general de bienes, pero entre ellos se hallara también alguien con una gran fortuna económica (a veces puede suceder), la puntuación patrimonial media del módulo penitenciario podría alcanzar un nivel que realmente no se correspondiera con la del preso típico en dicha unidad. En este caso sería más adecuado representar el patrimonio de la muestra evaluada a través de su mediana, y no de su media. De modo parecido al anterior, si se realizara una encuesta de victimización sobre hurtos y robos experimentados por una muestra de ciudadanos, y se preguntara a las víctimas por el valor de los bienes que les fueron sustraídos, probablemente se hallaría que los datos no siguen una distribución normal: aunque a unos pocos podrían haberles robado bienes valiosos, la gran mayoría de víctimas probablemente habría sufrido sustracciones de escasa cuantía. Si fuera así, el puro cálculo de la media aritmética (que resultaría de agrupar estas puntuaciones extremas), no permitiría conocer el “coste típico” de los hurtos y robos experimentados por los ciudadanos,

información que estaría mejor representada por el valor de la mediana.

3.3.1. Las variables y su medida Una variable es un constructo (por ejemplo, prevalencia delictiva, impulsividad, o calidad de la educación familiar) que permite definir y asignar valores a ciertas observaciones. En Criminología pueden definirse múltiples variables relativas a los individuos y los grupos (por ejemplo, concernientes a su desarrollo, su comportamiento, factores cognitivos, emocionales, de la personalidad, etc.), y también variables de los contextos de los individuos (niveles educativos, culturales, económicos, etc.). En suma, las variables son todos aquellos aspectos de la realidad individual o social que pueden asumir diferentes valores, lo que se asocia a su vez a otros factores o variables relacionados con ellos. Según la funcionalidad que adoptan dentro del proceso de análisis científico, las variables pueden clasificarse en: – Variables independientes (VI), o factores antecedentes, cuya alteración o cambio guarda relación con otros cambios o resultados observados. Los valores asignados a las variables independientes, o antecedentes, sirven para predecir las puntuaciones (o valores) que se espera obtener en las variables dependientes, o consecuentes. Cuando las variables

independientes son estrictamente controladas y manipuladas en el marco de experimentos reciben la denominación de variables experimentales. – Variables dependientes (VD), o características cuyos cambios se observan, miden e interpretan como resultado de las variaciones producidas en las variables independientes. – Variables intermedias, organísmicas y moduladoras: suelen ser factores relacionadas con los sujetos, los grupos, las organizaciones, inherentes a ellos, que pueden diferenciarlos entre sí (sexo, edad, experiencias previas, ambiente familiar, etc.), y modulan las relaciones observadas entre variables independientes y dependientes. Muchas variables criminológicas, como las aludidas, se evalúan a través de indicadores que sean fácilmente observables y medibles. Indicador es “todo fenómeno” que “es testimonio de la existencia de otro” (Landsheere, 1985, p. 186), es la definición operativa de un concepto (Anguera y Redondo, 1991). Para la selección de un indicador de medida de una variable debe ser tenida en cuenta su validez, o grado en que realmente refleja los cambios que se intentan medir; su objetividad, o nivel en que permite obtener los mismos resultados cuando es empleado por distintos evaluadores; su sensibilidad, o capacidad de detección de las oscilaciones que se

producen en la variable estudiada; y su especificidad, o grado en que refleja exclusivamente los cambios operados en la variable analizada, y no otras variaciones posibles (Anguera y Redondo, 1991). Desde una perspectiva metodológica, “medir es asignar números a objetos o acontecimientos de acuerdo con ciertas reglas” (Stevens, 1951, p. 17). De una manera más amplia, no solo se mide cuando se compara algo (una característica individual como el rasgo impulsividad, o un comportamiento como el absentismo escolar) con una unidad de medida (por ejemplo, el promedio grupal de las anteriores variables), sino también cuando se diferencian y clasifican cosas distintas, y cuando se ordenan las características de los individuos. Las variables e indicadores habitualmente utilizados en la investigación criminológica pueden corresponder a alguno de los siguientes niveles o escalas de medida (Walker y Maddan, 2012; Weisburd y Britt, 2007): CUADRO 3.4. Posibles escalas de medida de los datos delictivos y otros Tipo

Tendencia central

Dispersión

Nominal Ordinal Intervalo

Moda Mediana Media

Rango Cuartiles Desviación típica

El nivel o escala nominal hace referencia a aquellas variables con las que no puede trabajarse de forma numérica y estadística, sino meramente descriptiva. La

escala nominal permite identificar casos iguales y casos distintos. Su representación lógica más simple podría enunciarse como: (A=B, B=C) (A=B), siendo A, B y C tres datos cualesquiera de la distribución. Variables nominales serían, por ejemplo, en una muestra de delincuentes, el sexo (varones, mujeres), las tipologías de los delitos cometidos por los sujetos de acuerdo con el Código penal (robo, hurto, homicidio, etc.), o sus respectivas nacionalidades. No es posible calcular un tipo de delito “medio”, a partir de las diferentes tipificaciones del Código penal, y tampoco puede computarse una nacionalidad “media” de los detenidos. Con la información cualitativa puede estimarse, eso sí, el valor más frecuente de una variable, que en terminología estadística se denomina moda (Walker y Maddan, 2012). Podría establecerse, por ejemplo, a partir de los “rangos” o listados de los diversos delitos y de las diferentes nacionalidades, que el delito más común en la muestra, o moda de la distribución, es el “robo”, y la principal nacionalidad de procedencia “Marruecos”. En el ejemplo del cuadro 3.4, la edad modal sería 16 años, ya que es la más frecuente o repetida. Sin embargo, como se ha dicho, las variables tipología delictiva y nacionalidad no permiten el cálculo de la media o la mediana, ni otras operaciones estadísticas relacionadas. El nivel o escala ordinal comporta que una distribución

de datos, como serían los relacionados con la gravedad de los delitos, puedan ser organizados en determinado orden, creciente o decreciente. Es decir, permite establecer si un caso se sitúa por debajo o por encima de otros casos, en función del criterio de clasificación elegido. Su representación lógica podría ser: (A
euros, coches, etc. (Walker y Maddan, 2012). Con carácter general y amplio, las escalas de razón pueden ser utilizadas en ciencias que permiten medidas exactas de sus variables (la física, la química, la biología, etc.), siendo más infrecuente su empleo en las ciencias sociales, incluida la Criminología. Muchas variables personales y sociales que forman parte de las investigaciones criminológicas (autocontrol, vinculación social, imitación de modelos, nivel cultural, etiquetado, marginación, oportunidades delictivas, etc.), no representan cantidades exactas, que permitan una operación matemática directa, de modo que dos medidas de 2 impliquen un resultado de 4, y una puntuación de 20 signifique el doble exacto de una de 10.

3.3.2. Dispersión muestral En ocasiones sería posible encontrar distribuciones de ciertas variables cuyos datos se agruparan en torno a valores muy limitados (p. e., aunque extraño, podría suceder que todos los detenidos en una fecha concreta tuviesen entre 18 y 21 años). Sin embargo, a menudo los valores de una variable se distribuyen en márgenes amplios (por ejemplo, en edades entre 16 y 75 años). Para el análisis de cualesquiera variables, tanto individuales como sociales (edades, rendimiento académico, impulsividad, agresividad, salario, frecuencia delictiva,

tiempo de condena, ingresos en prisión, etc.), es estadísticamente necesario conocer cuál es el margen de variabilidad o dispersión de su distribución. Este tipo de información es ofrecida por la desviación típica (generalmente representada por la letra griega sigma, σ, o por la latina s), que es un estadístico que pondera la dispersión de los valores de una distribución respecto a su media, es decir la fluctuación de los diversos datos sobre el eje del punto central. Este estadístico es parte integrante de muchos procedimientos estadísticos (Walker y Maddan, 2012). La desviación típica se obtiene a partir de la “varianza” de una distribución, que es el promedio de las diferencias, al cuadrado, entre las diversas puntuaciones específicas y su media. La desviación típica es la raíz cuadrada de la varianza. Para el supuesto de distribuciones normales (supuesto en el que se basa una gran parte de la estadística), los valores de una distribución que se sitúan entre una unidad de desviación típica por debajo y por encima de la media incluyen en torno a dos terceras partes de todas las puntuaciones de la distribución. Si en el ejemplo del cuadro 3.3, se obtiene una media aproximada de 21 años y una desviación típica de 5 años, alrededor de las 2/3 partes de los detenidos en la comisaría tendrán edades situadas en el intervalo entre 16 y 26 años (o sea, cinco años por debajo y cinco por encima de la media de 21

años).

3.3.3. Universo/población y muestra En metodología, los términos universo o población hacen referencia a la globalidad de casos o sujetos de los que trata un estudio. Ejemplos de universos o poblaciones de investigación pueden ser: • Los delitos de hurto denunciados en una ciudad o provincia en el periodo de un mes, dos meses, tres… un año, etc. • Los infractores juveniles internados en centros de menores a lo largo de un año. • Las multas impuestas por infracciones de tráfico en determinado territorio durante un periodo temporal definido. • Las mujeres que denunciaron violencia de pareja en una comunidad autónoma o en toda España a lo largo de la última década, etc. Según cuál sea el objetivo de una investigación, así será su universo de estudio. Si lo que interesa es conocer, pongamos, la globalidad de las infracciones de tráfico, no bastará con limitar la población de estudio a las multas impuestas, ya que éstas probablemente no representan todas las infracciones cometidas. Sin embargo, si el interés, en relación con este mismo tema, fuera analizar la

celeridad de los procedimientos administrativos para recaudar las multas impuestas, el universo de investigación se concretaría en los registros oficiales sobre sanciones. Generalmente, dada su magnitud, no es posible analizar directamente todo el conjunto poblacional en el que se tiene interés (p. e., todos los delitos de hurto cometidos en una ciudad, todas los casos de denuncias por maltrato, todos los delincuentes juveniles, etc.). De ahí que habitualmente tenga que seleccionarse una muestra representativa de la población estudiada. Con todo, en alguna ocasión, en función del propio objetivo de un estudio y de su número limitado de casos, sí que puede analizarse la globalidad de una población de interés científico, sin necesidad de reducirla a una muestra que la represente. Cerezo (1998), por ejemplo, estudió todos los homicidios en pareja cometidos en la provincia de Málaga a lo largo de una década, entre 1984 y 1994, que eran en total 53. Sin embargo, en general, el estudio exhaustivo de un universo de casos suele comportar grandes dificultades en términos de tiempo, coste económico, complejidad del proyecto de investigación, etc., por lo que lo indicado suele ser seleccionar una muestra representativa, que puede aportar información científica válida sobre el conjunto de la población en la que se tiene interés.

3.3.4. Procedimientos de muestreo

La muestra constituye, así pues, un subgrupo representativo del universo o población de estudio, lo que permitirá, si su representatividad es la adecuada, extrapolar y generalizar las conclusiones obtenidas al conjunto poblacional (Blaxter et al., 2010). Esta forma selectiva de estudiar las realidades criminales tiene sus ventajas e inconvenientes, como también pueden tenerlos los estudios exhaustivos. Por ejemplo, las estadísticas policiales y judiciales incluyen en principio la totalidad de las cifras oficiales de delincuencia, pudiendo ser consideradas, por tanto, la población o universo ideales de los delitos. Sin embargo, la información estadística recogida por la policía y los tribunales sobre cada caso particular suele ser muy incompleta. Por ello, una estrategia alternativa, de cariz intermedio o mixto, podría ser partir de las denuncias policiales o las cifras judiciales sobre los delitos, pero no conformarse sin más con los datos preexistentes al respecto, sino a continuación seleccionar una muestra representativa, y en relación con estos casos elegidos recoger nueva información sobre los hechos delictivos, sus autores, sus víctimas, etc. Existen diferentes métodos de muestreo, o de selección de los casos que van a ser estudiados, lo que da lugar a distintos tipos de muestras: Muestra aleatoria, o seleccionada al azar, que constituye, en principio, el grupo de estudio ideal para

cualquier investigación, la muestra que mejor representaría a la globalidad de una población. Al ser seleccionados de forma aleatoria, todos los casos del universo poblacional tienen idéntica probabilidad de ser elegidos. Ello reduce el sesgo de representatividad, y constituye el mejor fundamento de partida para después poder generalizar los datos obtenidos —dentro de un cierto margen de error estadístico— al conjunto de la población. Dos ejemplos criminológicos de intento de selección de una muestra aleatoria: – En una encuesta de victimización realizada por el Instituto de Criminología de Málaga durante 1993 y 1994 (Díez Ripollés et al., 1996), el universo de estudio fue definido como la población de residentes en la provincia de Málaga con nacionalidad española. Se planificó estratificar la muestra (véase a continuación) a partir de que el número de hogares seleccionados en cada municipio de la provincia guardara correspondencia con su número de habitantes. Tomando como base para la selección la guía telefónica, se estableció un sistema aleatorio, que posibilitaba que cualquier persona de apellido español incluida en el listín de teléfonos tuviera idéntica probabilidad de ser incorporada a la muestra. A continuación, se llamó a los domicilios

correspondientes, y en cada hogar se eligió aleatoriamente a uno de los miembros de la familia, volviendo a telefonear en otro momento, si era necesario, para hablar con la persona seleccionada (para evitar el sesgo que habría supuesto encuestar directamente a la primera persona que contestaba al teléfono). A pesar de todas estas precauciones para asegurar la aleatoriedad de la muestra, el sesgo principal de este procedimiento pudo venir del hecho de que no en todos los hogares se disponía, ni siquiera entonces, a principios de los años noventa, de un teléfono fijo, y, por tanto, probablemente no todos los domicilios de la provincia de Málaga tuvieron la misma oportunidad de ser incluidos en la muestra seleccionada. – En otro estudio sobre la delincuencia, también realizado en el Instituto de Criminología-IAIC de Málaga en 1994, que pretendía tener como fuente de información las diligencias o procedimientos judiciales (Stangeland, 1995b), se comenzó por establecer el universo de investigación: todas las diligencias penales incoadas en la provincia de Málaga durante el año 1992. La forma más sencilla y cómoda para realizar este estudio habría sido seleccionar, de entre los 40 Juzgados de Instrucción que entonces había en el conjunto de ese distrito judicial, unos

pocos, por ejemplo 10 juzgados, y estudiar en cada uno de ellos una muestra de las diligencias penales instruidas. Este procedimiento de muestreo se habría basado en la presunción de que todos los partidos judiciales de la provincia de Málaga fueran esencialmente equivalentes en términos del número de diligencias penales instruidas. Sin embargo, al no tener garantía de dicha equidad, se consideró más prudente elegir una muestra estratificada, que incluyera casos de todos y cada uno de los 40 juzgados. Para ello, en cada juzgado se seleccionó al azar un 1% de todas sus diligencias (el método aleatorio concreto consistió en elegir todas aquellas diligencias cuyo número de procedimiento terminaba en 27). Así, de un total de 140.000 diligencias incoadas en el conjunto de los juzgados provinciales a lo largo de un año, se seleccionó una muestra representativa integrada por 1.400 asuntos. Algunos resultados de estos dos estudios se mencionarán más adelante. Muestra accidental. En ella los sujetos o casos de un estudio entran a formar parte del mismo de forma accidental (hasta cierto punto, al azar), con tal de que cumplan determinada condición preestablecida. Un ejemplo de muestreo accidental sería preguntar a las personas que salen de determinado centro comercial, a

una hora u horas concretas, acerca de su temor a sufrir delitos, o sobre cualquier otra cuestión de seguridad pública. A diferencia de la muestra aleatoria, la muestra accidental no tiene por qué reflejar la realidad global de un fenómeno. En el ejemplo propuesto, las personas que salen del centro comercial, en el momento de realizar el cuestionario, en absoluto tienen por qué representar a la población general. Otro ejemplo relevante, que también podría ilustrar el sesgo a que puede dar lugar el muestreo accidental, sería el de ponderar las casuísticas criminales que llegan a la administración de justicia, seleccionando para ello exclusivamente los casos que arriban al Tribunal Supremo, sobre la base de conferir a éste, por su rango judicial, la máxima autoridad interpretativa sobre los casos criminales. Aquí, el problema metodológico consistiría en que, desde un punto de vista muestral o de representatividad de los problemas que se plantean a los tribunales, las sentencias penales dictadas por el Supremo no son casos típicos, que ilustren los problemas más comunes que acaban en la justicia criminal; constituyen más bien una muestra accidental de casuísticas penales, de gran relevancia económica, ideológica o política, o de cariz atípico (que son las que tienen mayor probabilidad de ir a parar al Tribunal Supremo). Según ello, y desde una perspectiva puramente metodológica, es muy difícil

que al común de los casos penales que se ven en instancias inferiores (hurtos, robos, lesiones, tráfico de drogas, homicidios…) puedan serles aplicables algunas de las conclusiones e interpretaciones efectuadas en la instancia judicial máxima. No obstante, el derecho y la justicia no se fundan, según es conocido, en la metodología científica sino en otras consideraciones normativas y doctrinales. Muestra intencional. Aquí se eligen varias personas (incluso podría ser una sola) que reúnen ciertas características “típicas” de la población que se desea estudiar. Un estudio clásico y pintoresco sobre los efectos psicosociales del desempleo de larga duración se basó, en su mayor parte, en entrevistas profundas con una muestra intencional de caso único, integrada exclusivamente por un vecino del investigador (Wadel, 1974). Sutherland (1993a) eligió una muestra intencional, integrada por ladrones de casas, a quienes evaluó mediante entrevistas prolongadas acerca de la elección de sus blancos delictivos, sus motivaciones para ello, los sistemas de cooperación con otros ladrones, etc. Gamella (1990) efectuó un estudio sobre la relación entre droga y delito a partir de un único caso. Las muestras intencionales tienen como ventaja el que pueden ofrecernos una información muy rica y llena de matices, pero su inconveniente más notorio es que las personas elegidas no serán realmente

representativas de la globalidad poblacional de ladrones de casas, consumidores de drogas, etc., por lo que habrá que ser muy prudentes y restrictivos con cualquier intento de generalización de los resultados. Muestra por cuotas. Para seleccionar una muestra mediante cuotas se comenzaría estableciendo, según los objetivos del estudio, un perfil de sujeto en función de diversas características de selección (p. e., edad, sexo, nivel económico, formación, etc.), y a continuación se buscarían las personas que cubran proporcionalmente todos los espectros de dichos criterios. Esta es una metodología muestral muy empleada para realizar encuestas de opinión de diversa índole, en donde se requiere que las muestras representen a ambos sexos, diferentes edades, niveles sociales, etc. Por ejemplo, para estudiar el miedo al delito, una muestra adecuada debería contar con cuotas de sujetos correspondientes a las diversas edades, sexos, grados de formación, ideologías, etc. Muestra estratificada. Se selecciona por estratos de la población, y comúnmente en relación con posibles diferencias geográficas entre los sujetos. Sería el caso de si, por ejemplo, se quisiera constituir una muestra representativa de los hogares de una provincia española, y se creyera que pueden existir diferencias de opinión, etc., entre las familias de lugares distintos (como, por ejemplo,

entre las personas que viven en las ciudades y las que habitan las zonas rurales). Aquí, en vez de extraer sin más una muestra del conjunto de la población, ésta debería estratificarse por municipios, de forma que incorporara determinadas proporciones de hogares de las ciudades y de los pueblos. De este modo, habría mayor seguridad de que la globalidad de los ciudadanos estuviera convenientemente representada en la muestra, en función de la distribución de población por zonas geográficas. Los dos métodos anteriores pueden combinarse, y, a partir de ello, seleccionar una muestra estratificada por cuotas. Por ejemplo, si quisiera conocerse la opinión de la población española acerca del coste económico de la seguridad y la justicia, podrían inicialmente seleccionarse 5 ciudades y 30 pueblos (método de estratificación) en representación del conjunto de las ciudades y zonas rurales del conjunto de la geografía española, y, a continuación, elegir, para la realización de las entrevistas o encuestas, a mujeres y hombre de distintos intervalos de edad, de 20 a 29 años, de 30 a 39, etc. (método de cuotas).

3.3.5. Tamaño muestral Una cuestión que frecuentemente se plantea en la investigación criminológica es cuál es el tamaño adecuado de una muestra, cuántos casos hay que estudiar para que una investigación científica resulte pertinente. Aunque no

existe a este respecto una regla clara, para ello debería atenderse, en primer lugar, tanto a la frecuencia como a la homogeneidad del fenómeno analizado. En términos generales, cuanto más frecuente y homogéneo sea en una población el problema o fenómeno de estudio, menor será la muestra necesaria para su análisis. Y, viceversa, cuando más infrecuente o diversificado sea el problema que se analiza, mayor será el tamaño muestral requerido para su investigación científica. Por ejemplo, haber experimentado un hurto será más habitual en cualquier muestra de ciudadanos que haber sufrido una agresión sexual o un intento de asesinato. Para analizar empíricamente los delitos de hurto se requerirá, por ello, una muestra más pequeña que para estudiar las agresiones sexuales o los homicidios, afortunadamente mucho más infrecuentes. En una encuesta a 1.500 personas, la mitad de ellas mujeres, lo más probable es que muy pocas hayan sufrido un delito sexual; particularmente si la pregunta se refiere al periodo del último año (como suele ser habitual). En una macroencuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), realizada 1996 a 15.000 personas, 6 manifestaron haber sufrido una agresión sexual el año precedente. Este número de casos delictivos es, metodológicamente hablando, todavía muy pequeño, e insuficiente para poder analizar fiablemente las

circunstancias de los delitos, los lugares y horas de ocurrencia de las agresiones, las reacciones de las víctimas, etc. En un estudio norteamericano sobre este mismo tema (Block, 1989), se tomó como fuente de información la base general de encuestas de victimización para un período de 7 años, lo que incluía casi dos millones de entrevistas. Para localizar los casos que podían ser de interés para el estudio, se comenzó seleccionando solo el millón de entrevistas realizadas a mujeres, descartándose las de los hombres. En este millón de casos, se identificó un total de 1.200 agresiones sexuales, que las encuestadas habían sufrido en el periodo de los seis últimos meses. Pero, como el interés de esta investigación eran las agresiones sexuales cometidas por agresores desconocidos, se descartaron las realizadas por familiares o amigos, lo que resultó en una muestra final de 503 casos. Los ejemplos propuestos pueden ilustrar bien la relación existente entre la complejidad y rareza estadística de un problema criminal y la amplitud de la muestra requerida para su análisis. Un segundo elemento importante que condiciona el tamaño que deberá tener una muestra es el referido a la confianza estadística. La confianza estadística es una medida numérica que indica el intervalo en el que podrían oscilar los resultados obtenidos acerca de cierto problema de estudio (hurtos, lesiones, características familiares de

los jóvenes delincuentes, etc.), si este mismo problema se evaluara en otras muestras semejantes. O, contrariamente, también señala la probabilidad que hay de que los resultados puedan resultar sesgados o erróneos, y, en definitiva, poco representativos del universo poblacional analizado. De entrada, cuanto más amplia sea una muestra, mayor será su confiabilidad estadística, y menor será la probabilidad de sesgo o error. Por ejemplo, si se obtuviera que un 1,6%, de 15.000 ciudadanos entrevistados, ha sufrido el robo de su vehículo a lo largo de un año, el análisis del nivel de confianza estadística permitiría concluir que la incidencia real del robo de vehículos probablemente se situara entre los márgenes del 1,3% y el 1,9%, pudiendo oscilar entre ellos en función de las muestras evaluades. Aunque esta estimación es ya bastante fiable, si, no obstante, se necesitara obtener mayor precisión de la aludida, entonces sería necesario ampliar el tamaño muestral del estudio. Otro ejemplo. En una investigación de Redondo, Funes y Luque (1994) sobre reincidencia delictiva de sujetos que habían cumplido una pena privativa de libertad, reincidencia que se midió oficialmente a partir del posible reingreso de los individuos en prisión por un nuevo delito, los delincuentes sexuales presentaron una reincidencia nula: ningún delincuente sexual excarcelado reingresó en la cárcel por un delito sexual posterior, a lo largo de un

periodo promedio de seguimiento de tres años y medio. La muestra total evaluada en este estudio fue de 485 sujetos, de los que, sin embargo, solo 16 eran delincuentes sexuales, número claramente insuficiente para poder extraer conclusiones fiables sobre la reincidencia de los delincuentes sexuales que han cumplido un condena. El cálculo estadístico de los márgenes de error tiene una serie de presupuestos metodológicos y prácticos, como que la muestra haya sido seleccionada de modo aleatorio y sea representativa de la población, que los entrevistadores hayan formulado adecuadamente las preguntas, y que no se hayan producido errores al introducir los datos en la base. Pero, en todo estudio pueden darse algunos de los anteriores problemas, lo que podría perjudicar a los resultados del estudio en mayor grado, incluso, que el que los niveles de confianza estadística sean bajos. Un tercer aspecto relacionado con el tamaño muestral es el posible sesgo de selección de las muestras. En principio, una muestra más pequeña, pero que refleje fielmente las características de la población a la que pretende representar, siempre va a proporcionar una información más próxima a la realidad que una muestra más amplia, pero sesgada, no representativa. Además, ello guarda también relación con la posible “mortalidad experimental” en la muestra. Por ejemplo, una muestra

inicial de 500 personas, de las cuales se ha podido evaluar a 470, producirá resultados más confiables que si se evaluara a 2.000 sujetos, pero correspondientes a una muestra inicial de 5.000. Ya de forma intuitiva podría fácilmente deducirse que las 470 respuestas encuestadas probablemente reflejen mejor su propio conjunto referencial que las 2.000 el suyo. En este último caso, los resultados obtenidos tienen un mayor riesgo de error, existiendo una probabilidad más elevada de que las 2.000 personas que han respondido en el segundo supuesto, puedan haberlo hecho en función de alguna circunstancia o característica que las haga diferentes a las 3.000 que no accedieron a ser evaluadas.

3.4. ENCUESTAS Y CUESTIONARIOS Aunque las encuestas no son la panacea en que muy frecuentemente se las convierte, constituyen, sin duda, un método útil de investigación que, en ocasiones, puede ofrecer una información inestimable: autoinformes de delincuencia juvenil, encuestas de victimización, cuestionarios de opinión sobre la justicia o la seguridad ciudadana, etc. Para obtener información válida y fiable a través del método de encuesta (y lograr idealmente una tasa de respuesta del 70-80%), deben seleccionarse convenientemente sus características más idóneas según

el objeto de estudio (Blaxter et al., 2010). Algunas posibilidades y alternativas a este respecto son las siguientes: • Formas de administración: encuesta mediante entrevista directa; envío por correo electrónico o postal; encuesta telefónica • Método de preguntas/respuestas: cerradas; categorizadas; semi-abiertas Cada una de estas opciones puede tener sus propias ventajas e inconvenientes. Por ejemplo, si se decidiera aplicar un cuestionario por correo postal o electrónico, probablemente se obtendría una muestra muy sesgada. En principio, el envío de un cuestionario junto a una carta en que se explique el objetivo de la investigación de la que forma parte, y se pida al destinatario su colaboración, parece una estrategia adecuada y probablemente eficaz. Sin embargo, también es posible que, debido a que esta petición puede recibirse en el buzón a la vez que diversos folletos publicitarios, muchas personas que van con prisa tiendan a tirar a la basura el conjunto de lo recibido, lo que podría hacer que solo se obtuviera respuesta de un porcentaje pequeño de personas más curiosas o desocupadas. Tal vez, si al envío postal se sumara una llamada telefónica al domicilio, se conseguiría incrementar la tasa de respuesta; y algo más si, además, se hiciera una visita personal inicial a la casa, y después se

fuera personalmente a recoger el cuestionario cumplimentado. ¿Pero hasta qué punto sería efectiva cada una de estas estrategias? El uso del teléfono fijo para efectuar encuestas telefónicas plantea en la actualidad un problema mayor, al dejar fuera de cualquier muestra a un elevado porcentaje de individuos, como residentes en zonas rurales apartadas, personas indigentes o sin domicilio fijo, o un número creciente de sujetos que no cuentan con teléfono fijo. Sin embargo, si una muestra pudiera circunscribirse a personas que disponen teléfono en casa, mediante éste se consiguen tasas muy elevadas de respuesta, de hasta un 80%. La realización de una encuesta a partir de entrevista personal ha sido un método tradicional y en general eficaz, pero económicamente costoso y de éxito irregular en función de las capacidades y características de los entrevistadores. Una de sus mayores ventajas es que permite dedicar el tiempo necesario para obtener respuestas más completas y contextualizadas, a la vez que posibilita resolver posibles confusiones a la hora de interpretar las preguntas. Un inconveniente grave puede ser el temor y la reticencia de muchas personas a recibir a desconocidos en su domicilio. En las encuestas o cuestionarios de preguntas cerradas suelen ofrecerse a los encuestados opciones de respuesta

fijas (si/no, u otros semejantes), y los sujetos sencillamente han de seleccionar la alternativa preferida. Las preguntas categorizadas acostumbran a presentar diferentes opciones definidas, de modo que los sujetos puedan incluirse en alguna de ellas. Véase, como ejemplo, la siguiente cuestión planteada en una encuesta realizada a turistas: – ¿Cuánto tiempo ha estado usted en España?: 1-2 semanas; 3-4 semanas; 1-12 meses; más de un año En las preguntas cerradas y de respuestas categorizadas debe tenerse mucho cuidado para formular con exhaustividad todas las posibles alternativas u opciones, ya que de otro modo podría disminuir la tasa de respuesta, aumentando la mortalidad experimental, o podrían incrementarse los errores. Por último, las preguntas semi-abiertas ofrecen al encuestado la posibilidad de añadir respuestas no previstas, o datos y comentarios que pueda considerar interesantes. Constituyen una opción que permite obtener información más detallada, precisa y matizada. En la actualidad existen múltiples instrumentos de autoinforme, cuestionarios, inventarios y escalas para la evaluación de conductas y problemas relacionados con el comportamiento delictivo. La mayoría de estos instrumentos procede del ámbito anglosajón y, en general, las escalas no está convenientemente adaptadas y

normalizadas para nuestros propios contextos y poblaciones. En el texto Measuring Violence-Related Attitudes, Behaviors, and Influences Among Youths: A Compendium of Assessment Tools (Second Edition), publicado por National Center for Injury Prevention and Control, Division of Violence Prevention, y disponible también online, se recogen ampliamente instrumentos, escalas y cuestionarios sobre creencias y actitudes, funcionamiento psicosocial y cognitivo, y otros factores y correlatos asociados a la conducta antisocial y violenta, algunas de las cuales se recogen en el cuadro 3.5, bajo sus denominaciones originales generalmente en inglés. Muchas de estas escalas, convenientemente traducidas, podrían ser de utilidad para diversos estudios criminológicos, incluidos los que puedan desarrollarse por alumnos universitarios de criminología, en el marco de distintas asignaturas. CUADRO 3.5. Selección de escalas para la evaluación de conductas violentas y delictivas y diversos factores asociados al comportamiento antisocial Áreas de evaluación

Subáreas

Escalas, cuestionarios, autoinformes:

Normative Beliefs about Aggression Beliefs Supporting Aggression Beliefs about Hitting Attitude Toward Violence about Aggression and Agresión/delincuencia Beliefs Alternatives Attitudes Toward Conflict

Attitude Violence

Toward

Interpersonal

Violencia de pareja

Acceptance of Couple Violence

Educación y escuela

Attitudes Toward School –Denver Youth Survey Commitment to School –Seattle Social Development Project Commitment to School –Rochester Youth Development Study Prosocial Involvement, Opportunities and Rewards Classroom Climate School

Empleo

Attitudes Toward Employment –Work Opinion Questionnaire

Bandas delictivas

Attitudes Toward Gangs

Roles de género

Estereotipos de género

Uso de armas

Attitudes Toward Guns and Violence

Fantasías sobre agresión

Fantasy Measures Aggressive Fantasies

Apego a modelos

Rutgers Teenage Risk and Prevention Questionnaire Attachment to Teacher –Rochester Youth Development Study

Sesgos atribucionales

Peer Relations Assessment Home Interview (Vignettes)

Escalas sobre actitudes y creencias

Escalas de evaluación psicosocial y Depresión cognitiva

DSM Screener Modified Depression Scale Depression –Rochester Development Study

Youth

Estrés y problemas emocionales y psicológicos

Distress –Weinberger Adjustment Investory Seattle Personality Questionnaire PTSD Interview

Identidad étnica

Multigroup Ethnic Identity Ethnic Identity

Ethnic Identity –Teen Conflict Survey Fatalismo

Fatalism

Future Aspirations –Peer Leader Survey Positive Outlook –Individual Aspiraciones de futuro Protective Factors Index Achievement Motivation –Denver Youth Survey

Escalas de comportamiento

Agresión y comportamiento violento

Aggression Scale Aggression/ Victimization Scale Peer-Nomination of Aggression Physical Fighting –Youth Risk Behaviour Survey Fighting To and From School –NYC Youth Violence Survey Aggression Towards Parents –High Risk Behavioural Assessment

Atención y concentración

Social Health Profile

Habilidades de resolución de problemas

Conflict Resolution –Individual Protective Factors Index Conflict Resolution Scale

Violencia de pareja y durante el noviazgo

Victimization in Dating Relationships Perpetration in Dating Ralationships Conflict Tactics Scales

Self-Reported Delinquency –Rochester Study Disciplinary and Delinquent Behaviour Delincuencia y control –SAGE Baseline Survey educativo Friend’s Delinquent Behaviour – Denver Youth Survey Delinquent Peers –Rochester Youth Development Study Drug & Alcohol Use –Youth Risk Behaviour Survey Consumo de drogas y alcohol

Drug & Alcohol Use–SAGE Baseline Survey

Drug & Alcohol Use –Teen Conflict Survey Contacto con bandas violentas

Exposure to Gangs –Houston School Cohort Survey

Impulsividad

Impulsivity –Teen Conflict Survey

Actividades de ocio

Leisure Survey

Control de los padres

Parental Control

Activity

–Teen

Conflict

Authoritative Parenting Index Consistency Discipline –Rochester Estilos educativos y Youth Development Study Escalas de evaluación prácticas de disciplina Positive Parenting Practices Chicago de contexto Youth Development Study Comunicación familiar

Reactivity in Family Communications

Conflicto familiar y hostilidad

Family Conflict and Discipline –Rochester Development Study

Calidad de vida

Stressful Urban Life Events Scale

Recursos en la comunidad

Community Resources Neighborhood –Chicago Development Study

Exposición a la violencia

Children’s Exposure to Community Violence

Miedo al delito

Fear of Crime –Chicago Development Study

Hostility Youth

in Youth

Youth

Fuente: Redondo y Martínez-Catena (2012), a partir de Measuring ViolenceRelated Attitudes, Behaviors, and Influences Among Youths: A Compendium of Assessment Tools - Second Edition (National Center for Injury Prevention and Control, Division of Violence Prevention) http://www.cdc.gov/ncipc/pubres/measure.htm

3.5. ENTREVISTA La entrevista es un proceso de comunicación verbal, en el que participan al menos un entrevistador y un entrevistado, por medio del cual se recoge información con una finalidad específica. Se trata de uno de los instrumentos de evaluación más utilizados en los ámbitos sociales y de la salud (Kleck, Tark y Bellows, 2006). Permite obtener información procedente de los individuos que son el objeto de determinado análisis (jóvenes delincuentes, agresores sexuales, víctimas de delitos, etc.), de sus familiares u otros posibles informantes, respecto de sus comportamientos infractores o antisociales, sus actividades cotidianas y modos de vida, su historia personal, sus pensamientos, actitudes, emociones, etc. La información extraída de las entrevistas suele constituir el cuerpo fundamental de los procesos de evaluación del comportamiento antisocial y de los agresores, y también de la valoración de las víctimas. El grado de estructuración y directividad de las entrevistas es variable, y en el desarrollo de las mismas suele incluirse la aplicación de otros instrumentos de evaluación como cuestionarios, registros de auto-observación, escalas de riesgo, etc. El uso de entrevistas será obligado en la mayoría de las evaluaciones realizadas en Criminología. Sin embargo, su utilización en solitario presenta el inconveniente de

posible subjetividad, por lo que es aconsejable el empleo de la entrevista en combinación con otros instrumentos evaluativos. Es difícil dar unos criterios estrictos sobre el modo más eficaz de efectuar una entrevista. La entrevista deberá moverse siempre entre la necesaria flexibilidad, que permita al individuo entrevistado relatar todo aquello que desee, y el imprescindible enfoque hacia los aspectos relevantes del problema analizado y de las circunstancias y factores que se asocian a él. Un buen entrenamiento junto a un juicio experto, y, después, la propia práctica serán las claves que modelarán a un buen entrevistador. Entre las principales ventajas de la entrevista están el que facilita la interacción personal y la observación directa de la conducta de los entrevistados, su mayor flexibilidad, y la amplitud de información que permite obtener; entre sus limitaciones, el mayor tiempo requerido (frente al mayor de otros instrumentos, como encuestas y cuestionarios) y la posible aparición de sesgos, como el efecto primacía, o la mayor influencia informativa que podría tener la primera impresión causada por el sujeto, o el efecto halo, o tendencia a centrarse en una sola característica destacable del individuo.

3.5.1. Tipos de entrevista Entrevista clínica. La entrevista clínica se utiliza en los ámbitos de la salud, tanto física como psicológica, al

servicio de los intereses de un paciente. En ella una persona tiene la ocasión de tratar con un médico, psicólogo, etc., cuestiones que afectan a su salud y bienestar, y a menudo también a su intimidad, y, recíprocamente, el experto clínico puede explorar más a fondo los problemas del paciente y aplicar el tratamiento terapéutico debido. Esta entrevista suele estar sometida al secreto profesional. Una variante de la entrevista clínica sería la entrevista pericial, en la que un psicólogo, psiquiatra o médico forense, como resultado de una petición judicial u otra, evalúa a un sujeto incurso en un procedimiento judicial (un presunto agresor, una víctima, testigos de un delito, etc.). Un aspecto que diferencia la entrevista pericial de la clínica es que la información resultante de ella podría tener usos externos al propio sujeto entrevistado, e incluso, en el caso de los delincuentes, acabar perjudicando sus intereses, algo sobre lo que los interesados deberían ser convenientemente advertidos. Entrevista profunda. En las entrevistas profundas se intenta obtener la mayor información posible sobre el caso o casos analizados. Para su realización suele combinarse un guión o esquema temático con una amplia flexibilidad en su desarrollo. Su objetivo principal es recoger las narraciones que realiza el sujeto para poder elaborar, de eso modo, su historia de vida, lo cual suele

requerir varias sesiones que permitan ir profundizando en la información facilitada. Constituyen buenos ejemplos de esta metodología para el estudio del delito y otros problemas asociados, dos trabajos ya aludidos: el estudio clásico de Sutherland (1993a), publicado en castellano bajo el título Ladrones profesionales, al se hará más amplia referencia con posterioridad, y también el libro La historia de Julián, de Juan Gamella (1990), sobre la vida de un joven heroinómano en el Madrid de los años ochenta. Entrevista focal o centrada. Mediante esta modalidad de entrevista el investigador dirige su atención hacia un problema o tema específico, evaluando a una o varias personas que cuentan con una experiencia relevante en el mismo. Es decir, se entrevista a algunos individuos que tienen algo que decir al respecto del tema estudiado, por ejemplo en relación con sus vivencias como víctimas de un delito, sus conocimientos profesionales como policías, sus experiencias como presos, etc. En la investigación criminológica muy a menudo se busca información que no es sencilla, frecuente, evidente, o fácilmente accesible. Puede referirse, por ejemplo, a costumbres de poblaciones marginales, que carecen de domicilio fijo, individuos que desconfían de personas desconocidas, o, sencillamente, a sujetos a quienes no les gusta rellenar cuestionarios. En ocasiones los entrevistado podrían incluso tener

problemas legales si la información que facilitan, por ejemplo acerca de delitos que han cometido, llegase a conocimiento de las autoridades competentes, como la policía o la justicia. Ejemplos de entrevistas focales con delincuentes en sus entornos naturales se recogen en los libros de Wright y Decker (1994 y 1996), sobre entrevistas realizadas a ladrones, y de Cohen (1994), quien entrevistó a usuarios de cocaína. Un informe del Plan Nacional de Drogas, sobre drogas de diseño, se basó en entrevistas focales y profundas con consumidores de éxtasis (Gamella y Roldán, 1997). Los autores de este estudio cuestionaron la distinción tópica entre métodos “duros”, a partir de observaciones sistemáticas o cuantitativas y cuestionarios cerrados, y los métodos “blandos”, basados en entrevistas cualitativas a muestras intencionales. Según estos autores, la gran encuesta sociológica, con una recogida masiva de datos y un exhaustivo análisis estadístico posterior, podría ofrecer, en ciertos problemas de interés, estimaciones menos validas y precisas que las aportadas mediante entrevistas etnográficas u orientadas. Un ejemplo de ello sería la investigación acerca de los usuarios de drogas de diseño. Las encuestas orientadas a la población general suelen alcanzar a muy pocas personas que consumen habitualmente drogas. Así, en una encuesta en Andalucía, en la que se realizaron 2.500 entrevistas, se llegó a

contactar solamente con 70 personas que habían utilizado drogas de diseño, y con 28 usuarios de heroína (EDIS, 1997:150). Por ello, determinados datos estadísticos de una investigación como ésta, relativos, por ejemplo, a los hábitos de consumo y la clase social de los usuarios de éxtasis, pueden ser menos relevantes, válidos y fiables que los que se obtuvieron en el estudio previamente mencionado, a partir de 418 entrevistas focales y profundas efectuadas dentro de 47 redes de usuarios de drogas. Para lograr la mejor representación muestral posible de una población de difícil acceso, como podrían ser los usuarios de ciertas drogas, o los ladrones de casas, suele utilizarse la técnica denominada de “bola de nieve”. En esencia consiste en comenzar por ganarse la confianza de una o más personas que sean de interés para el estudio, pedir a éstas su ayuda para contactar con otras personas semejantes, vinculadas a ellas, y así sucesivamente. Para obtener una representación muestral más amplia, es importante iniciar estas “bolas de nieve” en contextos sociales diversificados, evitando circunscribirse a un único círculo cerrado de amigos y conocidos. Entrevista de investigación. Esta expresión hace referencia aquí al uso de la entrevista como estrategia para obtener información sobre un tema de interés que, sin embargo, resulta bastante oculto o poco accesible. Se

actuaría aquí de modo semejante a como lo hacen un periodista o un policía que siguen pistas: un dato o una persona nos llevan a otras fuentes, que nos aportarán nueva información, que nos llevará a otros informadores, y así sucesivamente. Puede ser útil en este tipo de entrevista actuar con mucha cortesía, mostrar que se domina la jerga del asunto indagado, y evidenciar que ya se tiene la información principal sobre el tema, y que lo único que se pide al sujeto es complementar algunos datos. El interrogatorio de testigos en casos judiciales seguiría un modelo parecido al que aquí se propone para uso del estudio criminológico. Entrevista en grupos. Es una forma económica y rápida de obtener información de diferentes personas a la vez, y puede ser muy útil en sondeos de opinión a determinados colectivos, como podrían ser vecinos u otros. El entrevistador plantea algún tema o pregunta y escucha la discusión posterior en el seno del grupo, de la que recogerá los aspectos más relevantes. Puede ser útil para conocer la opinión de colectivos de vecinos sobre la seguridad del barrio, posibles mejoras al respecto, etc. No obstante, en algunas temáticas delicadas, la entrevista grupal resultará inadecuada, debido a que el grupo podría sesgar, distorsionar o inhibir las propias respuestas de los individuos.

3.5.2. Fases de la entrevista

Como fase previa a la puesta en marcha de una investigación basada en la metodología de entrevista, al igual que se sugería para las encuestas, se debería también realizar un proyecto piloto: comenzar por efectuar diversas entrevistas tipo, para saber de antemano cómo podrían funcionar las restantes, y poder así mejorar su planificación, y, tal vez, generar un protocolo que sirva de guía a quienes realizarán posteriormente las entrevistas. Los entrevistadores deberían cuidar particularmente los siguientes aspectos: • Conseguir la confianza de la persona a la que se va a entrevistar. • Informarla adecuadamente sobre los fines de la entrevista. • Llevar el control de la entrevista, pero sin intimidar y producir el rechazo del entrevistado. • Mantener una actitud de escucha, mostrando al interlocutor que se está atento e interesado en lo que cuenta. • Hacia el final de la entrevista, sintetizar la información recogida, para comprobar si se ha interpretado correctamente. • Preservar la confidencialidad de la información obtenida, guardando convenientemente las anotaciones realizadas, posibles grabaciones, etc.,

siempre separadas del nombre u otros datos identificativos de las personas reales, y destruyendo finalmente la información recogida cuando ya no sea necesaria.

3.6. OBSERVACIÓN La observación de conductas y contextos es una herramienta fundamental de la investigación criminológica. Aunque, por definición, observar determinada realidad debería implicar la visión y registro directos de la misma, también existen métodos de observación indirectos, basados en datos documentales, recogidos con antelación. Empezaremos por éstos.

3.6.1. Observación documental Existe gran cantidad de datos sobre la delincuencia y la justicia que son registrados y acumulados, año tras año, en estadísticas oficiales, sentencias, memorias oficiales, expedientes y dossiers policiales, informes de seguimiento de casos, reportajes periodísticos, etc. Un modo posible de efectuar una investigación es mediante una observación documental de muestras de tales datos, que resulten de interés. Múltiples estudios y análisis criminológicos se basan en la codificación y reelaboración de información sobre la delincuencia, previamente recogida. A partir de informes policiales y de memorias

anuales sobre encuestas de victimización, puede elaborarse, según se verá en el capítulo siguiente y en otros, las cifras de la evolución de los delitos. Los testimonios de sentencia, los expedientes judiciales, y los expedientes y protocolos penitenciarios, suelen contener amplia y variada información sobre los delitos y los delincuentes, que, con las debidas autorizaciones y garantías de confidencialidad, pueden servir como base informativa para estudios variados. También existen, en los servicios especializados correspondientes, protocolos sobre las víctimas de los delitos, en los que pueden fundamentarse investigaciones sobre abuso sexual infantil, maltrato de pareja, etc.

3.6.2. Observación sistemática o directa La observación directa o sistemática implica que el observador se desplace al contexto en el que habitualmente se produce determinada conducta o situación (peleas en un aula, consumo de drogas en un colegio, hurtos en un punto de la ciudad, robos en comercios, etc.), para examinarla y acotarla de manera precisa. Para ello suele confeccionarse un registro formal, que incluye los comportamientos o eventos que se estudiarán, el modo de medirlos y anotarlos, y los periodos de observación. En este tipo de registro de datos el observador intenta mantenerse al margen de la

situación analizada. Para elaborar un registro observacional suelen cubrirse los siguientes pasos (Anguera, 1985; Crespo y Larroy, 1998): 1) Formular el comportamiento que se desea observar (que muchas veces vendrá dado en forma muy global: “estos jóvenes son muy agresivos”, “en tal calle hay muchos hurtos”, “han aumentado los robos en los comercios”, etc.) a partir de comportamientos o hechos concretos; 2) preparar un listado, con las categorías de comportamientos o hechos que van a ser observados. Pueden asignarse números a dichas categorías (1, 2, 3, etc.) para facilitar la rapidez de las anotaciones del observador; 3) establecer si la conducta va a registrarse a partir de su frecuencia, su intensidad o su duración; 4) delimitar el lugar o lugares de observación; 5) por último, hay que establecer también el tiempo durante el cual se va a efectuar la observación: diario, semanal, mensual, etc. En términos metodológicos estrictos, de cara a la investigación, debería comprobarse la fiabilidad de las observaciones planificando (al menos temporalmente) la observación paralela de dos observadores. Ello permitirá calcular un índice de fiabilidad entre observadores distintos, dividiendo el número de acuerdos entre observadores por el número total de observaciones (acuerdos más desacuerdos). En general, suele establecerse como criterio que este índice no sea inferior a

0.80, para considerar que las observaciones cuentan con el nivel adecuado de fiabilidad. Cuando se han cumplimentado los registros según el plan previsto, los datos podrán elaborarse numéricamente, analizarse y transcribirse a gráficas que reflejen la evolución que sigue la frecuencia, duración o intensidad de ciertos comportamientos. La observación directa del comportamiento por observadores externos presenta a menudo dificultades de aplicabilidad, debido a que se trata de elementos internos, tales como ciertas emociones o pensamientos (por ejemplo, las justificaciones de los delitos). Por ello, un método alternativo es el uso de auto-observación y autoregistro de la conducta (Krohn, Thornberry, Gibson, y Baldwin, 2010). El procedimiento para la creación de un auto-registro de conducta sería el mismo que se ha descrito; lo único que varía es que es el propio individuo quien observa y registra su comportamiento. Del mismo modo que sucedía en las hetero-observaciones, en los auto-registros las conductas pueden medirse en términos de frecuencia, intensidad o duración. La observación directa y sistemática puede resultar adecuada para el análisis de infracciones relacionadas con el tráfico rodado, como el uso de cinturones de seguridad, cascos, controles de velocidad, etc. Sin embargo, muchos delitos, especialmente lo más graves, serán, por razones

obvias, muy difíciles de observar y registrar directamente. Un ejemplo de la utilización de observación directa: – En Málaga se realizó un estudio dirigido a conocer el efecto preventivo del robo de coches que podía tener el hecho de que el vehículo dispusiera o no de alarma. Para ello, lo primero que los investigadores necesitaban conocer era la proporción de coches que contaban con una alarma instalada. Tras varios intentos fallidos de conseguir datos sobre ventas de alarmas, de parte de las compañías que las montaban, o información oficial sobre importación y homologación de alarmas, se optó por efectuar una observación directa a partir de 500 vehículos estacionados en tres zonas de la ciudad, para ver si tenían o no alarma instalada. Para cada vehículo observado se anotaron las tres últimas letras de la matrícula, lo que permitía controlar su antigüedad. Esta observación, realizada en tan solo unas horas (menos de las que suelen requerirse para obtener datos oficiales sobre el delito), permitió constatar que un total del 27% de los coches tenía una alarma montada, variando desde un 7,5% en los vehículos con matrículas más antiguas, hasta un 51% en los vehículos más nuevos (Aliaga, Deza, Céspedes y Guerrero, 1996).

3.6.3. Observación experimental La complejidad de una observación puede aumentar si

se establecen preguntas e hipótesis de investigación más elaboradas, que impliquen la comparación entre distintas situaciones. Para estudiar, por ejemplo, la eficacia de un programa de rehabilitación de toxicómanos, no podemos conformarnos con conocer que dos de cada tres participantes han vuelto a consumir droga, ya que, sin más información, no sabemos si se trata de un buen o un mal resultado. Para poder determinarlo, generalmente necesitamos contar con un diseño de observación experimental que incluya un grupo de control, o grupo de características similares a aquél que recibe tratamiento, pero que no lo ha recibido (Blaxter et al., 2010). Un experimento trata de reproducir, de modo artificial, algunas de las condiciones naturales que pueden llevar a la criminalidad (Farrington y Welsh, 2006). Un ejemplo: en Sevilla se realizó en 1996 un experimento controlado para evaluar la eficacia de determinadas medidas para la prevención de los robos en comercios (Barberet y Castillo-Barragá, 1997). Este estudio se focalizó sobre comercios que ya habían sufrido un robo con fuerza (con rotura de la puerta de acceso, etc., generalmente durante la noche), debido a que se conoce que los locales que ya han experimentado un robo tienen mayor probabilidad de volver a sufrirlo. A partir de la información facilitada por la policía, se realizaron entrevistas a propietarios o encargados de 162 comercios que habían sido

previamente robados. Al azar la muestra se dividió, por mitades, en dos grupos, experimental y control. Los comercios integrantes del grupo experimental, recibieron asesoramiento técnico sobre cómo evitar una segunda victimización, y también se les regaló una pegatina reflectante, para que la adhirieran a la puerta, con el logotipo de la policía y el texto: “Proyecto de cooperación vecinal Verano ‘96: COMERCIO VIGILADO”. La otra mitad de los comercios, que integraba el grupo control, no recibió ningún asesoramiento especial para reducir la delincuencia ni la pegatina aludida. Posteriormente, se efectúo un seguimiento de los robos en todos estos comercios. A lo largo del verano, ocho comercios fueron robados una segunda vez, de los cuales seis pertenecían al grupo de control y dos al grupo experimental. En este ejemplo, los investigadores, al realizar una intervención preventiva diferencial, que se aplicó en unos casos sí y en otros no, generaron intencionalmente un “experimento controlado”. Esta estrategia permitió efectuar una observación experimental sobre la posible eficacia de la actuación preventiva aplicada. Sin embargo, en ocasiones también sería posible aprovechar, para la investigación criminológica, circunstancias inusuales que se producen en la realidad social y que pueden funcionar como una especie de “experimento natural”. En décadas precedentes sucedió

que en varios países, debido al cambio de sus regímenes políticos, o bien a causa del hacinamiento existente en las cárceles, un número importante de presos fue indultado. En España, por ejemplo, en 1983 se produjo una reforma procesal que supuso la excarcelación masiva de un gran número de presos preventivos. Ocasiones como ésta resultan muy propicias para estudiar los efectos reales de la privación de libertad sobre la magnitud de la delincuencia. Si se hubiera dispuesto de datos detallados sobre la delincuencia antes y después de esta reforma, se podrían haber evaluado sus efectos preventivos (o estimuladores del delito). Desgraciadamente, procesos de tan amplia magnitud social, como el aludido, se evalúan en muy pocas ocasiones. La metodología experimental, a pesar de sus grandes ventajas científicas, también puede comportar algunos problemas significativos, como los posibles inconvenientes éticos que puedan suscitarse (Blaxter et al., 2010; Farrington y Welsh, 2005). Son requerimientos éticos de la investigación criminológica la voluntariedad de los sujetos y la evitación de posibles daños a los mismos. No sería aceptable ni ética ni jurídicamente, por ejemplo, perjudicar a un grupo de condenados, prolongando su estancia en la cárcel durante 6 meses más, con la finalidad de conocer qué efectos disuasorios produce tal alargamiento de las condenas. Es decir, no

está justificado disminuir los derechos o la calidad de vida de un grupo de personas con exclusivos propósitos científicos. (Desgraciadamente, en materia de control penal, no es infrecuente que se perjudique a muchos, o a la globalidad de los ciudadanos, al endurecer las penas con finalidades disuasorias, no ya sobre la base de conocimientos científicos contrastados, sino a partir de la pura especulación intuitiva o del mero populismo punitivista.) Otros problemas prácticos y metodológicos que plantean los diseños experimentales en Criminología son los siguientes: • Para que las diferencias observadas entre dos grupos de comparación puedan resultar estadísticamente significativas suele requerirse que los grupos sean grandes. Esto es a veces difícil de lograr, dada la complejidad en algunos casos para “reclutar” una muestra cuantiosa (por ejemplo, de ciertos tipos de víctimas, de agresores sexuales que autoricen a ser entrevistados, de traficantes de drogas que acepten participar en un estudio, etc.), y también debido a la “mortalidad experimental”, o pérdida de muestra, que suele producirse con el paso del tiempo, a medida que se desarrolla un estudio. • Los estudios experimentales no dan mucho margen a la posibilidad de improvisación, o modificación sobre

la marcha, de un estudio, ya que los cambios no previstos disminuyen la comparabilidad de los resultados, al no poderse determinar si los efectos finales son debidos a las variables inicialmente consideradas o a otros factores sobrevenidos posteriormente.

3.6.4. Observación participante La observación participante es un método esencialmente cualitativo surgido en origen en la antropología. Para estudiar culturas primitivas, los antropólogos convivían en ellas, compartiendo sus actividades y formando parte, temporalmente, de esas comunidades. Fueron paradigmáticos a este respecto los estudios, hoy clásicos, desarrollados en Samoa y Nueva Guinea, respectivamente, por los antropólogos Mead (1928) y Malinowsky (1926). Una obra de mayor relevancia criminológica es el trabajo de campo llevado a cabo por el antropólogo británico Pitt-Rivers (1989) en el pueblo andaluz de Grazalema, acerca del control social ejercido en el mundo rural andaluz por el fenómeno social del cotilleo (véase más adelante). La observación participante es un método adecuado para abordar temas difíciles, contextualizar las observaciones y acercarse a realidades que resultan ajenas para el observador. El investigador ha de mantenerse, a mitad de

camino, entre el conveniente acercamiento e implicación para comprender lo que sucede ante él y el distanciamiento suficiente de la realidad que está observando. Este método exige una gran dedicación personal del investigador. Su principal inconveniente es que puede plantear problemas de validez y fiabilidad de los datos, de representatividad y objetividad de las observaciones. La Criminología fue pionera en trasladar este método a la observación de la delincuencia y otros comportamientos en el marco de la sociedad urbana. Décadas atrás se realizaron estudios sobre pandillas delictivas en barrios pobres (Whyte, 1993 [1943]), sobre tráfico callejero de heroína (Johnson et al., 1985), y sobre la vida en instituciones cerradas (Goffman, 1987 [1973]). La labor del investigador “participante” puede ser muy difícil en instituciones cerradas, como prisiones, psiquiátricos o centros de tratamiento de toxicómanos. Estas organizaciones, vistas desde la perspectiva de sus responsables o su personal, pueden ser muy distintas a como puedan verlas los internados y usuarios, y la información que un observador consiga va a depender del rol que adopte dentro de la institución. Se cita a continuación a un conocido etnógrafo y arqueólogo ruso, que escribía bajo el pseudónimo de Lev Samoilov (1990): “El mundo criminal es… una ‘cofradía’ cerrada, aunque poco solidaria, y a los extraños no se les permite estudiarlo u observarlo.

Hasta hace poco, las autoridades judiciales también vigilaban celosamente sus campos de trabajo contra observadores de fuera, y tampoco admitían periodistas. Este hermetismo existe todavía en realidad, con pocas excepciones. Así, me puedo considerar afortunado”.

Su “fortuna” consistió, en realidad, en un año y medio de condena, cumplida íntegramente, entre los años 1981 y 1982, en una cárcel y un campo de trabajos forzados cerca de Leningrado. Su recompensa académica fue que pudo escribir un artículo lúcido sobre el sistema jerárquico de castas dentro de la cárcel, comparándolo con sistemas de poder en tribus primitivas.

3.7. INVESTIGACIÓN EN LA ACCIÓN (ACTION RESEARCH) Se desarrolla una “investigación en la acción” cuando alguien es responsable de gestionar determinada actividad o institución, pero a la vez desea evaluar qué sucede a lo largo del proceso de funcionamiento (Blaxter et al., 2010). Resulta muy útil para analizar la actividad de la policía, los juzgados, las cárceles, o determinados fenómenos sociales o criminales. Un ejemplo ilustrativo puede ser un estudio sobre corrupción, llevado a cabo en Perú, por un equipo de sociólogos: iniciaron los trámites de apertura de una empresa real, un pequeños taller de confección que en total iba a contar con cuatro máquinas

de coser, intentando cumplir a rajatabla la legislación establecida para el desarrollo de actividades económicas, siendo asesorados para ello por un equipo experto en estos trámites, y documentando a continuación las trabas administrativas y corruptelas con las que se fueron encontrando. De este modo pudieron constatar que el establecimiento legal de una empresa pequeña, como la descrita, exigía en Perú una inversión en tiempo y dinero fuera del alcance de la gran mayoría de la población, y pusieron de relieve distintas situaciones en las que, para que la empresa pudiera salir adelante, era necesario utilizar medios ilegales como el soborno (De Soto, 1989). Se volverá sobre este estudio más adelante. Otro ejemplo más de investigación en la acción puede ser un estudio, promovido en España por la Organización de Consumidores y Usuarios, para conocer la honestidad o engaño a los clientes en el caso de reparaciones domésticas. Para ello se preparó una avería sencilla en un muestra de 47 televisores, que a continuación fueron llevados para su diagnóstico y reparación a diversos talleres, escogidos al azar, en siete grandes ciudades de toda España. De este modo se pudo documentar que dos de cada tres talleres intentaron engañar en la reparación, inflando la gravedad de la avería, inventando averías inexistentes, o cambiando innecesaria y fraudulentamente algunas piezas (El País, 28/6/95).

También podría llevarse a cabo una investigación en la acción en la vía pública, por ejemplo, dejando aparcado un coche con la ventanilla abierta, y con una radio u otras propiedades visibles en su interior, y controlando el tiempo que transcurre, u otras circunstancias asociadas, hasta que alguien entra en el coche y se lleva lo que contiene. En un estudio semejante a éste se fundamentó, según se verá, el desarrollo de la teoría de las ventanas rotas (Wilson y Kelling, 1982). Se han efectuado también algunas investigaciones criminológicas “abandonando” en la acera, como si se hubieran perdido, billeteros o sobres con dinero, observando seguidamente el comportamiento de las personas que los encuentran (Hagan, 1989; Farrington y Knight, 1979). Un estudio de estas características realizado en 20 ciudades europeas, dejando monederos “perdidos”, dio como resultado positivo y sorprendente que, por ejemplo, en la ciudad de Burgos, España, 7 de cada 10 billeteros fueron entregados a las autoridades con su contenido de cinco mil pesetas intacto3.

3.8. LA RECONSTRUCCIÓN DEL PASADO: LA INVESTIGACIÓN CRIMINALÍSTICA COMO MÉTODO CIENTÍFICO Los

procedimientos

criminalísticos

se

basan

generalmente en métodos y resultados tanto de las ciencias naturales como sociales (química, biología, medicina, toxicología, psicología, sociología, antropología social, etc.) (Osterburg y Ward, 1992; Saferstein, 1995). La criminalística recoge y combina, según sus necesidades, conocimientos de éstas y otras disciplinas, para sus aplicaciones en la investigación de los delitos (Barberá y de Luis, 2012). Dentro de la propia criminalística, también se han desarrollado métodos nuevos, como la dactiloscopia y la balística. La criminalística puede ser considerada una “técnica” dentro de la Criminología, no porque carezca de entidad científica, sino debido a que su finalidad es la aclaración de sucesos delictivos específicos, contribuyendo, a partir de sus observaciones, a la tarea más amplia y general de la ciencia criminológica. Pongamos un ejemplo: los técnicos de la brigada policial de robos son alertados para desplazarse a una casa particular, y comprueban que en efecto la ventana que da a un patio interior ha sido forzada. Observan que el salón está desordenado, que algunos cajones y ropas se encuentran tirados por el suelo; y toman declaración al propietario de la casa, quien testifica que le han robado joyas y dinero en efectivo, por un valor mínimo de 5.300 euros. En el marco de la ventana forzada localizan huellas dactilares incompletas de un pulgar. De esto deducen, y

así lo consignan en su atestado o informe, que se ha cometido un robo con fuerza en las cosas, y a continuación intentan identificar al autor o autores del hecho. Estos expertos policiales se enfrentan a parecidos problemas que los acometidos por la investigación científica. Por ejemplo, la cuestión de la fiabilidad: ¿Con qué margen de error puede afirmarse que la huella encontrada corresponda a un individuo concreto fichado en los registros policiales? ¿Podría pertenecer, no al ladrón fichado, sino a alguna persona que visitó anteriormente la casa, que puso su mano inadvertidamente en la ventana? También se suscitan problemas de validez: ¿Es creíble que al propietario le hayan robado joyas por un valor de 5.300 euros?; ¿no habrá inflado dicho valor para cobrar una cantidad mayor del seguro que tiene contratado? Además, para aclarar los delitos, no suele bastar a la policía científica su instrumental técnico, incluyendo lupa, pincel y polvo de talco, u otros ingenios actuales más sofisticados. La mayor parte de aquellos robos que se esclarecen (que son menos de la mitad de los que se producen), no es debido a las pruebas materiales recogidas en el lugar de los hechos, sino gracias a la colaboración ciudadana y las informaciones facilitadas por los testigos. Así pues, la policía también tiene que atender a la

resolución de problemas como los siguientes: • La fiabilidad de las pruebas materiales que puedan recogerse, y también la verosimilitud de las informaciones que puedan aportar los testigos, menguan muy rápidamente después del suceso delictivo. Los restos corporales se diluyen o se corrompen, y los recuerdos de los testigos rápidamente se desvanecen y alteran ¿Cómo podría mejorarse la organización policial para poder acudir a los escenarios de los delitos con gran rapidez, y evitar el deterioro de las pruebas? ¿Qué prioridad debería asignarse a las múltiples llamadas que suele recibir la policía en relación con un hecho delictivo grave? • La colaboración de los ciudadanos en la aclaración de hechos delictivos suele ser escasa. ¿Cómo podría motivarse a los testigos de los delitos para que, con inmediatez, informen a la policía? • Los delitos no se distribuyen de igual forma por todas las zonas urbanas, sino que suelen acumularse en áreas concretas, y también en franjas horarias delimitadas. Además, sucesos parecidos pueden repetirse; por ejemplo, vehículos de determinadas marcas son más fáciles de robar que otros, lo que facilitaría el que se roben más ciertos modelos de coches que otros. La policía también suele constatar otros sucesos que tienden a repetirse en los mismos lugares y de modos

semejantes: concentración de atracos callejeros en lugares específicos, secuencias de violaciones en ciertos contextos, mujeres maltratadas en sucesivas ocasiones, incluso por hombres distintos, etc. ¿Qué métodos tiene la policía para analizar, entender y prevenir el delito reiterado? La Criminología enriquece sus conocimientos mediante el acceso a los datos recogidos por la policía, a la vez que la policía necesita de resultados y explicaciones criminológicas para mejorar su funcionamiento. Según ello, entre la Criminología y la criminalística debe también existir una simbiosis que resultará fructífera para ambas partes.

3.9. INTERPRETACIÓN RESULTADOS

DE

LOS

Según todo lo visto en este capítulo, la Criminología necesita emplear diversos métodos de estudio y análisis para mejorar su comprensión de los fenómenos criminales, desde aquéllos más hermenéuticos y cualitativos a los más cuantitativos y precisos. Una vez recogidos los datos, los hechos que se establecen a través de encuestas, observaciones o entrevistas, pueden dar lugar a interpretaciones distintas (Blaxter et al., 2010). Aunque un fenómeno esté asociado

o correlacione con otro (como sucede, por ejemplo, entre el consumo de drogas y la conducta delictiva), ello no indica necesariamente que el primero sea la causa del segundo, o viceversa. Podría ser que los dos comportamientos covaríen, pero que ambos dependan de terceros factores, que no han sido adecuadamente identificados por la investigación. Un ejemplo clásico y pintoresco de lo anterior es que las tasas de natalidad suelen ser más elevadas en zonas con mayores poblaciones de cigüeñas. Una constatación frecuente ha sido que cuantas más cigüeñas hay por kilómetro cuadrado, más niños nacen en ese lugar. Sin duda, no debido a que las cigüeñas sean realmente las encargadas de traer los bebés al mundo, sino probablemente como resultado de que estas aves zancudas y bien consideradas suelen establecerse, por lo común, en zonas rurales, ricas en charcas y arroyos, donde encuentran su alimento, y, al mismo tiempo, en tales áreas rurales las tasas de natalidad han sido tradicionalmente más elevadas. En un ejemplo más criminológico, Sachs (1999) informó de la existencia de relaciones estadísticamente significativas entre los signos del Zodiaco y la conducta delictiva (y, también otros comportamientos). Tal afirmación fue rebatida por Eye, Lösel y Mayzer (2003) quienes, realizando los datos originales ofrecidos por Sachs, pusieron de relieve la

interdependencia circular entre todos los datos analizados, y, por tanto la falta de validez de dicho análisis. Una aspiración legítima y deseable de la investigación criminológica es establecer relaciones de causalidad o influencia entre factores, aunque ello sea realmente muy difícil, debido a que para demostrar tales relaciones causaefecto, en la ciencia se requieren imprescindiblemente dos condiciones: 1) Que los hechos analizados aparezcan en secuencia o sucesión temporal del tipo “dado A, aparece B (y no a la inversa)” (por ejemplo, entablar amistad con jóvenes delincuentes y, a continuación, comenzar a cometer delitos). 2) Que en el análisis pueda lograrse un razonable control metodológico de las variables implicadas, y determinar así que ninguna otra variable importante, distinta de “A” (hacer amistad con jóvenes delincuentes), como por ejemplo una alta impulsividad del individuo, problemas familiares, falta de empleo, etc., pueda ser la que en verdad determina el efecto “B” (inicio en el delito). En las ciencias naturales existe una clara diferenciación entre el objeto de estudio (la materia inanimada, las plantas, los animales…) y el investigador. Pero en las ciencias sociales, incluida la Criminología, a menudo los investigadores se enfrentan a cuestiones que en algún

grado les implican personalmente. El investigador social es una persona inmersa en el mismo mundo que él está estudiando, lo que puede conducirle a un mayor grado de subjetividad, en el sentido de ser más influido por sus preferencias u opiniones personales. Tales preferencias subjetivas pueden incidir a la hora de elegir los temas de estudio, de elaborar y analizar los datos, de interpretar los resultados, o de derivar posibles conclusiones. También el método de recogida de información que se emplee puede condicionar la posible subjetividad de un estudio. Investigadores que utilizan métodos de contacto directo con personas (víctimas, agresores, policías, etc.), pueden verse más afectados por sesgos de subjetividad que aquéllos cuya información se basa meramente en datos estadísticos, análisis documentales, etc. Un ejemplo de cómo pueden sesgarse los resultados obtenidos en un estudio es el siguiente: en Finlandia se realizaron dos encuestas distintas, a través de entrevistas a domicilio, para conocer la delincuencia sufrida por los ciudadanos. Los resultados de ambos estudios resultaron bastante distintos con respecto a la violencia sufrida por las mujeres en el ámbito doméstico. Mientras que en una encuesta se obtuvo una tasa de maltrato muy baja, la otra mostró un índice mucho mayor. En un intento de clarificar los motivos de esta discrepancia, los investigadores revisaron los procedimientos utilizados, en

cada estudio, para recoger los datos, e identificaron una diferencia notable entre ellos. En el primero se había contratado, como encuestadores, a estudiantes de derecho y económicas, en su mayoría varones, que cobraban por cada entrevista realizada. Esto llevó a que en general se efectuaran entrevistas breves, en las que probablemente no se lograba que muchas de las mujeres contactadas alcanzaran la tranquilidad y confianza suficientes para hablar de un tema tan delicado como los malos tratos. En cambio, en el segundo estudio, las entrevistas fueron realizadas por personas enviadas por el Instituto Nacional de Estadística, en su mayoría mujeres, que eran remuneradas, no por cada entrevista efectuada, sino por día de trabajo. En este segundo caso, las entrevistas se desarrollaron en un ambiente de mayor complicidad, y fueron en general más largas, lo que podría haber favorecido la obtención de información más personal (Aromaa, 1990: 86), y, como consecuencia de ello, una menor ocultación de los malos tratos. Así, en el ejemplo propuesto, las diferencias reflejadas por los resultados probablemente fueron debidas a algunas características del método de recogida de datos, que inicialmente no se habían considerado, tales como el sexo del encuestador y su forma de contratación, pero que resultaron a la postre ser decisivas. Se finalizará este capítulo poniendo énfasis en la

necesidad de prestar la atención debida a una interpretación lógica, razonable y prudente de los resultados de la investigación científica. Para ello, permítanos el lector traer a colación un relato del matemático y filósofo británico Bertrand Russell, acerca de un supuesto “pavo positivista”. Según Russell, el pavo de esta historia observaba que en la casa de sus dueños le daban de comer a las nueve de la mañana. Sin embargo, el pavo era meticuloso, se fiaba exclusivamente de datos cuantitativos y observables, y no quería sacar conclusiones precipitadas, antes de tener un número amplio de observaciones. Poco a poco, se fue percatando de que le daban de comer a las nueve de la mañana tanto los días que hacía sol como los de lluvia, e igualmente los días de frío y los de calor. Por fin se atrevió a formular un enunciado científico plausible: “¡Yo como a las nueve de la mañana todos los días!”. Desgraciadamente, cuando llegó a esta inferencia ya era la época navideña, y al día siguiente a las nueve, no solo no le dieron de comer, sino que lo convirtieron en asado de Navidad. Este pobre pavo, tras unas cuantas observaciones, podría haberse hecho una pregunta diferente, que quizá también le habría llevado a una conclusión distinta: “¿Cómo es que me dan de comer todos los días?”. Esta triste y frecuente historia ilustra, en tono y moraleja casi de fábula de La Fontaine o Samaniego, que sin una

hipótesis adecuada que guíe la investigación, la pura compilación de datos, por rigurosa y “científica” que en apariencia resulte, no necesariamente conduce a conclusiones plausibles y veraces. Cosa distinta, es si el pavo de este cuento (ya fuera pavo positivista, ganso antipositivista o filósofo escolástico), por más acertado que hubiera estado en sus conclusiones y predicciones científicas, realmente podría haber hecho algo para prevenir y cambiar su suerte funesta. No estaría muy lejano esto último de simbolizar lo que a menudo le sucede también a la propia Criminología, cuyos datos y conclusiones científicas sobre la delincuencia son frecuentemente ignorados por los usos y costumbres más contumaces e inefectivos de las políticas criminales que se aplican. PRINCIPIOS CRIMINOLÓGICOS Y POLÍTICA CRIMINAL 1. Las finalidades principales de las investigaciones criminológicas son describir los fenómenos delictivos y analizar los factores relacionados con la delincuencia, para mejorar las explicaciones y teorías existentes. 2. La investigación empírica en Criminología suele partir de un modelo conceptual, formular hipótesis, concebir un modelo operativo para la obtención de la información, recoger los datos de estudio, analizarlos y, en función de los resultados, revisar el modelo conceptual de partida. 3. En los estudios criminológicos, las variables e indicadores analizados pueden adoptar, como en la investigación científica en general, el rol de variables independientes, o de influencia, de variables dependientes, o resultado, y de variables moduladoras, que deben ser controladas. Todas ellas pueden estar formuladas en un nivel nominal, ordinal, de intervalo o de razón. 4. Los tipos fundamentales de muestras son: la muestra aleatoria, o elegida al azar en la población objetivo, la muestra accidental, seleccionada a partir de un contexto o situación casuales (p. e., pasar por un lugar); la muestra intencional, representativa

de cierta característica típica de una población (p. e., ser toxicómano); la muestra por cuotas, según un perfil de sujetos que reúnen ciertas condiciones (p. e., pertenecer a determinado sexo, tener cierta edad, nivel económico…); y la muestra estratificada, para incorporar a individuos correspondientes a diferentes contextos (p. e., residentes en ciudades y pueblos). 5. Cada sistema o instrumento de recogida de información (encuestas y cuestionarios, entrevista, y observación) puede tener sus ventajas e inconvenientes, lo que debe llevar a los investigadores a considerar y decidir con antelación cuáles resultarán más adecuados en función de la temática y objetivos de cada estudio. 6. La interpretación de los resultados de la investigación debe ser un proceso cuidadoso y prudente, que convenientemente debería estar guiado por algún modelo conceptual sólido y por los resultados de la investigación anterior en el mismo ámbito temático. 7. La Criminología científica cuenta con resultados de investigación sólidos y contrastados que deberían tomarse en cuenta cada vez más en el diseño de las políticas criminales. 8. Atendida la relevancia que tienen los fenómenos delictivos en la sociedades actuales, y los ingentes costes sociales y económicos de los delitos y su control, deberían destinarse mayores recursos, y no los muy escasos que se destinan en la actualidad, a la investigación criminológica. CUESTIONES DE ESTUDIO 1. ¿Qué es el método hipotético-inductivo? Explica su lógica. ¿Se basa en la deducción o en la inducción? 2. ¿Es cierto que todos los delitos tienden a ser ocultados, o unos más que otros? ¿Cuáles pueden ser las razones de los agresores y de las víctimas para ello? ¿Qué problemas se suscitan para la investigación criminológica como resultado de la ocultación de los comportamientos delictivos? ¿Qué métodos pueden usarse para hacer los delitos más accesibles a su estudio? 3. Buscar información sobre normas éticas de la investigación, en general o específicamente en otras disciplinas, y analizar su posible aplicación a la investigación en Criminología. 4. Definir los distintos conceptos implicados en el círculo de la investigación empírica, e idear proyectos esquemáticos de investigación que ejemplifiquen dichos pasos (sobre hurtos, robos, lesiones, delitos sexuales, etc.). Especificar cuáles serían las variables e indicadores independientes, dependientes y moduladores. ¿Son lo mismo las variables y los indicadores? 5. En función de las “leyes térmicas” de Quetelet (aludidas en el capítulo anterior), los delitos de agresión podrían aumentar en verano debido a la mayor temperatura existente. Busca hipótesis alternativas, que pudieran explicar el mismo fenómeno. Concibe posibles estudios para investigarlas.

6. ¿Qué significa “triangulación” en metodología? ¿Y el método de “bola de nieve”? 7. ¿Qué es un estudio piloto? Poner ejemplos de posibles estudios piloto. 8. ¿En qué se diferencian la estadística descriptiva y la inferencial? ¿Qué índices estadísticos pueden ser representativos de una y de otra? 9. Individualmente o por grupos, pedir a los alumnos que consulten un manual de estadística (preferiblemente especializado en Criminología), y se fijen detenidamente en un procedimiento estadístico que pueda utilizarse en estudios criminológicos, sintetizándolo y explicándolo al resto de compañeros de clase. 10. Revisar estudios criminológicos, y buscar ejemplos reales en que las variables se hayan definido en un nivel nominal, ordinal, de intervalos o de razón. 11. A partir de dichos estudios, analizar sus sistemas de muestreo, identificando el procedimiento técnico seguido, y el tamaño y representatividad de las muestras. Discutir en la clase las opciones adoptadas en cada estudio, y sus posibles ventajas e inconvenientes. 12. Comparar los diversos instrumentos de recogida de información (encuestas y cuestionarios, entrevista y observación) y comentar y debatir en qué tipos de estudios pueden ser más útiles y eficientes, y en cuáles no. 13. ¿Qué es la investigación en la acción, o action research?¿Qué utilidad puede tener la criminalística para la investigación criminológica? 14. ¿Qué moralejas pueden extraerse del relato de Bertrand Russel sobre el “pavo positivista”?

1 El derecho suele emplear, en cambio, un procedimiento hermenéutico y deductivo, consistente básicamente en la interpretación de enunciados normativos. Utilizando esta metodología, puede realizarse un dictamen jurídico o redactarse un informe o estudio sobre la pena privativa de libertad para mujeres, sin que estrictamente se requiera haber visitado nunca una cárcel de mujeres. Dicho informe podría basarse en el análisis de leyes y reglamentos, ponderando, por ejemplo, las coincidencias y discrepancias entre los derechos constitucionales, la legislación social y el reglamento penitenciario. Sin embargo, en Criminología, para pronunciarse sobre el mismo tema, deberían analizarse datos estadísticos sobre varones y mujeres en prisión, efectuarse entrevistas a mujeres encarceladas, revisar distintos expedientes penitenciarios, entrevistar a familiares de las presas, comparar los propios datos con los obtenidos anteriormente por otros investigadores, etc. Las diferencias aludidas, entre las metodologías utilizadas por la Criminología y el derecho, dan lugar también a maneras distintas de interpretar las realidades criminales y a propuestas diferentes acerca de sus posibles remedios. El derecho y la

justicia se plasman en valoraciones con arreglo a normas, mientras que la Criminología se basa en conocimientos empíricos, adquiridos mediante la investigación sistemática, y tiene por finalidad explicar, predecir y prevenir problemas criminales que han sido valorados como tales en consonancia con el derecho y la actuación de la justicia. 2 Aparte de la diversidad de sus métodos, la Criminología y el derecho se diferencian también en el modo de enseñar y reflexionar sobre su propia metodología. Los psicólogos y médicos dedican una parte sustancial de su carrera a materias de formación en metodología. Por el contrario, la formación jurisprudencial no suele conceder mucha atención y tiempo a la enseñanza de sus propios métodos de trabajo, o a cómo realizar una entrevista, una encuesta, o a interpretar adecuadamente las estadísticas. 3 Selecciones de Reader’s Digest, julio 1996, citado de El Mundo, 5/7 1996. Solamente tres ciudades europeas (Oslo, Odense y Lahti) mostraron mayor honradez ciudadana que Burgos, según este estudio. Sin embargo, con el reducido tamaño de la muestra evaluada en cada ciudad, las diferencias entre ellas bien pudieran ser aleatorias.

4. MEDIDA Y EVOLUCIÓN DE LA DELINCUENCIA 4.1. ¿CÓMO DEFINIR Y MEDIR LA DELINCUENCIA? 179 4.2. FUENTES DE INFORMACIÓN 183 4.3. MIEDO AL DELITO 187 4.4. ESTADÍSTICAS JUDICIALES 192 4.4.1. Incoherencias de la estadística general 194 4.4.2. Sentencias y condenas penales 196 4.5. ESTADÍSTICAS POLICIALES 198 4.5.1. Recogida de datos policiales 199 4.5.2. Tipos de delitos que llegan a conocimiento de la policía 202 4.5.3. Evolución de las cifras policiales de delincuencia 206 4.5.4. Variación estacional de los delitos 210 4.6. AUTOINFORMES SOBRE DELITOS COMETIDOS 212 4.7. ENCUESTAS VICTIMOLÓGICAS EN ESPAÑA 213 4.7.1. Encuestas nacionales 213 4.7.2. Encuestas regionales y urbanas 220 4.7.3. Evolución de la victimización 222 4.8. CRIMINALIDAD COMPARADA 225 4.8.1. La delincuencia en ciudades significativas del mundo 225 4.8.2. Comparación entre países 228 4.8.3. La delincuencia en el mundo 230 PRINCIPIOS CRIMINOLÓGICOS Y POLÍTICA CRIMINAL 232 CUESTIONES DE ESTUDIO 232

4.1. ¿CÓMO DEFINIR DELINCUENCIA?

Y

MEDIR

LA

CUADRO 4.1. Llamadas a la Policía Nacional en una ciudad española

“En los Jardines Picasso hay varios individuos con litronas y consumiendo droga”. “Dice que su vecina del piso de arriba está armando gran escándalo para no dejarles dormir, ya que, según manifiesta, lo hace para amargarles la vida”. “Informan que un grupo de chicos están apaleando a unos perros sueltos”. “El responsable del bar ‘la Giralda’ denuncia haber sufrido un atraco por parte de dos individuos con una escopeta recortada, que después se han dado a la fuga por la calle Granada”. “Detrás de la gasolinera en Ciudad Jardín hay un hombre mayor caído en el suelo”. “Comunican que en la plaza El Palo hay una pelea entre varios jóvenes”. “La empresa de seguridad ‘Bulldog’ informa que en la tienda de ropas ‘Greenfield’ ha saltado la alarma, por lo que el responsable se dirige al lugar”. “Frente a la Pizzería Roma, hay un vehículo marca Toyota, de color gris, modelo… matrícula…, con un cristal roto y apariencia de haber sido forzado para robar en su interior”. “Su hermana pequeña tenía que haber vuelto ya del colegio, hace más de dos horas, pero no ha sido así, y teme que se la haya llevado su padre, quien al parecer es muy violento”.

Estos extractos de anotaciones de llamadas recibidas por la Policía Nacional, en una ciudad española, muestran la gran variedad de asuntos que llegan diariamente a conocimiento policial. En muchos de estos casos, suele enviarse un coche patrulla para comprobar lo que realmente sucede, e intentar resolverlo si es posible. Solo los asuntos más graves llegan a formalizarse como denuncias policiales, y de éstas apenas una pequeña parte da lugar a un proceso judicial susceptible de llegar a juicio. Todas las personas pueden fácilmente interpretar, de forma intuitiva, qué conductas podrían ser delitos. Sin embargo, desde una perspectiva más exigente y objetiva,

la definición de los delitos y de la magnitud de la delincuencia va a depender de la fuente de la que proceda la información. ¿Cómo sabremos si la delincuencia ha aumentado o no?: ¿Por charlas con los vecinos? ¿Por la televisión? ¿Por las comunicaciones oficiales de la fiscalía? ¿Analizando las estadísticas judiciales? ¿A partir de datos policiales? El número de llamadas a la policía ha aumentado considerablemente durante los últimos años, en asociación a la propia expansión de los teléfonos móviles. Ahora, como la mayoría de las personas llevan un móvil encima, resulta más fácil avisar a la policía ante cualquier situación problemática; ello comporta un mayor número de llamadas a la policía por posibles delitos, pero no necesariamente un aumento real de éstos. De forma paralela, la multiplicación de seguros de hogar y de viaje se ha vinculado también a un aumento del número de denuncias criminales. Al ser la denuncia un requisito para poder cobrar una indemnización del seguro por bienes sustraídos, un aumento en el número de pólizas implica un incremento de la tendencia a denunciar posibles hurtos o robos en casas, coches, etc. De acuerdo con esta misma lógica, de estrecha relación entre determinadas variables sociales y económicas y la magnitud de la delincuencia conocida, no es improbable que el número de sentencias penales dictadas al año

dependa también del número de plazas de jueces existente, y que la magnitud de la población penitenciaria de un país guarde relación, a su vez, con las inversiones realizadas en años precedentes para la construcción de nuevas cárceles (Christie, 1993; Garland, 2005; Redondo, 2009). Es decir, todos los factores previamente comentados, y otros muchos que serán objeto de atención a lo largo de esta obra, que no son en sí origen directo de la delincuencia, sin embargo pueden acabar influyendo sobre diversas mediciones de los delitos, como las actuaciones de la policía, las diligencias judiciales, las sentencias penales, y el número de presos, mediciones que son habitualmente tomadas como magnitudes del fenómeno delictivo. Los criminólogos críticos y de labeling, algunos de los cuales pusieron en entredicho que el delito pudiera ser reducido a cifras, llamaron la atención sobre el aspecto interactivo de las situaciones infractoras y violentas. Como comentó Jock Young (1988), un puñetazo, dado con la misma fuerza y causando idéntica contusión, tomará un significado totalmente diferente según el contexto social en el que suceda. ¿Se da en una situación de juego entre dos adolescentes?, ¿es un marido que agrede a su mujer?, ¿es un policía que maltrata a un detenido?, o ¿un asaltante que lesiona a una señora mayor? La persona que recibe el

puñetazo puede sufrir una lesión parecida en las diversas situaciones referidas, pero la agresión tendrá distinto significado en cada caso, y parecerá más grave en unas circunstancias que en otras. Algunas víctimas presentarán una denuncia por agresión, mientras que otras no lo harán, lo que implica que los datos policiales sobre los delitos (y cualesquiera otras cifras al respecto) siempre ofrecerán una imagen relativa e incompleta de la realidad delictiva. Técnicamente, lo anterior podría estar indicando que las cifras de la delincuencia, cualesquiera que sean, podrían no ser del todo válidas, o veraces, y fiables, o repetibles a partir de distintas medidas. Sin embargo, la Criminología no es la única ciencia empírica con dificultades de validez y fiabilidad de sus fuentes de información. Algo parecido les sucede, por ejemplo, a las ciencias económicas: • ¿Qué significa, a la hora de computar el empleo, el término “trabajo”? ¿Debería considerarse que exclusivamente tiene trabajo quien está dado de alta en la Seguridad Social? Un inmigrante sin papeles que desarrolla actividades productivas o comerciales, debería ser computado en la estadística como trabajador? Y un ama de casa con tres niños pequeños de los que ocuparse diariamente, ¿es una trabajadora? • ¿Qué significa “desempleo”? ¿Hasta qué punto refleja el número de personas registradas en las oficinas del INEM, la cifra de las que están realmente sin empleo?

¿En qué grado identifican tales datos a los que están buscando activamente trabajo? Las cifras sobre el empleo y el desempleo, lo mismo que sucede con las de delincuencia, probablemente constituyen indicadores relevantes pero inexactos acerca de las personas que trabajan y las que no. Todas las ciencias sociales y empíricas se enfrentan a menudo a información llena de lagunas y errores, y la Criminología no constituye una excepción a ello. En Criminología, para intentar paliar las carencias e imprecisiones de los datos oficiales sobre los delitos, éstos pueden complementarse a partir de encuestas victimológicas. Para ello, suele preguntarse a un número amplio de personas, que compondrían una muestra representativa de la población, si han sufrido algún delito durante un periodo temporal anterior (un año, etc.). De forma paralela, en las encuestas de población activa (EPA), se pregunta a los ciudadanos si a lo largo de los últimos meses, años, etc., han tenido algún trabajo remunerado (ya sea con alta en la seguridad social o no). Tales encuestas, dirigidas a conocer la situación del empleo de manera más amplia, se realizan periódicamente en todos los países de la Unión Europea. No niegan la necesidad de las estadísticas oficiales, sino que las complementan. Ninguno de los indicadores sobre la economía de un

país es completo y autosuficiente, como tampoco lo son los diversos indicadores existentes sobre la delincuencia. Sin embargo, la recogida y comparación de información procedente de distintas fuentes de información es la clave para adquirir una visión más válida, fiable y completa sobre el problema delictivo. En el siguiente epígrafe se reflexiona acerca de la validez y fiabilidad de las distintas fuentes de información sobre la criminalidad en España (véase también Fernández Villazala, 2008).

4.2. FUENTES DE INFORMACIÓN CUADRO 4.2. El “Iceberg” de la delincuencia

(Fuente: elaboración propia)

En el cuadro 4.2. se representa la delincuencia a partir del símil de un ‘iceberg’, queriendo significar con ello que la mayor parte del fenómeno criminal sería “delincuencia oculta”, al igual que el mayor volumen de un iceberg se halla sumergido bajo el agua. Veamos los diversos niveles informativos de este iceberg metafórico del delito, desde arriba hacia abajo, desde lo que mejor se sabe a lo que se conoce menos, a partir de la información empírica disponible en cada nivel: 1) Miedo al delito. Lo primero que se muestra y aparece, al respecto del fenómeno criminal, es el temor de los ciudadanos a la delincuencia y su percepción de inseguridad. La inmensa mayoría de las personas que viven en un barrio, una ciudad o un país, no cuentan con información estadística sobre los delitos, cuántos realmente hay y de qué tipos, o si éstos han aumentado o disminuido. Aun así, la delincuencia y la preocupación ciudadana por los delitos suelen ser objeto de constante comentario público, y las personas generan percepciones y creencias sobre la magnitud y gravedad de la delincuencia, y sobre el riesgo que tienen de sufrir delitos (Serrano Gómez, Vázquez González, Serrano Tárraga, et al., 2007). 2) Encarcelados. En el nivel más estricto o duro de las cifras oficiales sobre la delincuencia se hallaría la tasa de

aquellos delincuentes que han sido condenados a privación de libertad, y que, efectivamente, están cumpliendo una condena de prisión. Los países se diferencian unos de otros en sus tasas de población penitenciaria, tasas que, en una primera apreciación, podrían constituir un indicador o medida de su magnitud delictiva, o al menos de su delincuencia más grave. 3) Condenas. A continuación, descendiendo un peldaño en las cifras oficiales de la figura 4.2, la estadística judicial nos informaría, de un modo más amplio, sobre el número de personas condenadas anualmente por los tribunales (a prisión y a otras penas, como multas, trabajos en beneficio de la comunidad, etc.). 4) Delitos esclarecidos. Una parte de la estadística policial haría referencia a los delitos esclarecidos o resueltos, aquéllos en que ha podido identificarse a un presunto autor, que ha podido ser puesto a disposición judicial. 5) Diligencias previas. Una vez conocido un posible hecho delictivo por el Juez correspondiente, éste abre la oportuna diligencia penal. La suma de todas las diligencias penales instruidas en España (o en cualquier otro país) se recogen en las Estadísticas Judiciales. En teoría, el sumatorio de todas las diligencias penales instruidas por los tribunales de justica a lo largo de un año debería reflejar el número total de presuntos delitos

cometidos durante ese periodo. Para que lo anterior, que aparentemente es obvio, sea cierto, un requisito imprescindible es que se sumen datos que representen de forma correcta las diversas realidades delictivas. Sin embargo, el problema en España es el siguiente: cada vez que una instancia judicial (p. e., el Juzgado de guardia) traslada un asunto a otras instancias judiciales (p. e., un Juzgado de instrucción), ambos organismos lo registran como si se tratara de un caso diferente y de una diligencia penal nueva; lo anterior supone que el número de diligencias penales incoadas en España indica en realidad el volumen de actividad procesal que aglutinan los diversos juzgados, pero no refleja en absoluto la magnitud real de la delincuencia. Algo parecido sucede también con los datos estadísticos recogidos por la Fiscalía General del Estado. 6) Denuncias. Las cifras oficiales sobre la delincuencia más amplias y divulgadas son las correspondientes a las denuncias que efectúan los ciudadanos ante la policía (Policía Nacional, Autonómica o Local, o bien la Guardia Civil). Una denuncia suele dar lugar a un atestado policial, remitido después a un juzgado. Si se ha presentado ante la Policía Nacional, la Guardia Civil, la Ertzaintza (en el País Vasco) o los Mossos d’Escuadra (en Cataluña), en las comisarías correspondientes suele cumplimentarse, asimismo, una aplicación estadística, con

datos sobre el hecho denunciado y sobre la víctima. A diferencia de lo que sucede en la mayoría de los países europeos, las estadísticas policiales resultantes no siempre se publican oficialmente, sino que a menudo son exclusivamente utilizadas (de forma total o parcial) para uso interno de los responsables gubernamentales. En la España democrática, la localización de cifras policiales sobre los delitos (incluidas algunas de las que se presentan en este capítulo y libro) ha sido, en general, un tarea ardua y de resultados inciertos. Aun así, ningún periodo de las últimas décadas es equiparable en su opacidad sobre las cifras policiales de los delitos al correspondiente a los años 2007-2011, en que las cifras de delincuencia fueron directamente retiradas de la página web del Ministerio del Interior, y esencialmente ocultadas durante cuatro años, a lo que Aebi y Linde (2010a) se han referido, a modo de título para un relato policiaco especular, como “El misterioso caso de la desaparición de las estadísticas policiales españolas”. 7) Avisos a la policía. En este punto nos adentraríamos en el primer peldaño de las cifras desconocidas u ocultas de la delincuencia (salvedad hecha de lo comentado en el párrafo precedente). Aquí, no se trata, evidentemente, de que la policía esconda los delitos, sino sencillamente de que los ciudadanos, que dan a la policía una primera noticia de ello, luego no llegan a formalizar las

correspondientes denuncias. Cualesquiera agentes de policía que patrullen a pie por las calles de una ciudad, probablemente recojan avisos, quejas o preguntas de distintas personas sobre sucesos que podrían constituir delitos. Asimismo, los distintos cuerpos de policía reciben una gran cantidad de llamadas telefónicas de aviso a este respecto. No obstante, pocas de estas notificaciones se plasman en una denuncia y en un posterior parte policial escrito. De ahí que estos avisos no suelan quedar reflejados en las cifras formales y públicas sobre la magnitud de la delincuencia. 8) Infracciones que la víctima considera que no vale la pena denunciar (encuestas de victimización). En estos casos, aunque exista una víctima que crea que ha sufrido un delito, no llega, sin embargo, a formalizar una denuncia. Las razones dadas para ello suelen ser, principalmente, que la policía no va a encontrar el objeto sustraído, o bien que el daño sufrido es irreparable, por lo que prefiere no presentar una denuncia o asistir al proceso penal. Para resolver el desconocimiento que tendríamos, en este nivel del “iceberg” de la delincuencia, acerca de todos aquellos delitos que las víctimas han experimentado pero que no denuncian, la Criminología utiliza encuestas de victimización. En ellas se pregunta a ciudadanos que conforman una muestra representativa de la población, si han sufrido algún delito o delitos a lo largo del último

año, y de qué tipo o tipos. También se le cuestiona acerca de si denunciaron el delito y, en caso contrario, los motivos para no haberlo hecho. De este modo, puede disponerse de información sobre las tasas más “reales” de delincuencia, de acuerdo con los informes de las propias víctimas. 9) Hechos que las víctimas no llegan a definir como actos delictivos. La bicicleta que falta del lugar en que estaba aparcada, ¿es un préstamo temporal (p. e., un amigo o conocido se la ha llevado sin avisar) o un robo? El marido que insulta a su esposa, ¿es un maltratador, o meramente alguien que se pone muy nervioso y se descontrola? Según estos ejemplos, en función de la gran cantidad de actos cuya calificación depende de la interpretación contextual que se haga, es muy difícil que puedan obtenerse cifras precisas sobre el volumen de la delincuencia oculta. 10) Delitos que nadie detecta. En el peldaño más profundo y oculto de la delincuencia se hallan muchos de los delitos que se cometen, no contra un persona en particular, sino contra colectividades u organismos, tales como fraudes a la Hacienda Pública, corrupción, delitos contra el medio ambiente, robos en grandes almacenes, tráfico de drogas y otros delitos en los que no hay una víctima específica, plenamente consciente de serlo y con voluntad de denunciar. Estos delitos suelen tener unas

tasas de denuncia y esclarecimiento muy bajas, y por ello son mayoritariamente desconocidos. Una vez descrito este ‘iceberg’ metafórico de la delincuencia, en lo que sigue se intentará especificar las diversas cifras de los delitos, a partir de los datos disponibles en cada caso. Para conocer los datos correspondientes al vértice superior, visible, del “iceberg” se dispone, en primer lugar, de las encuestas poblacionales sobre miedo al delito y percepción de inseguridad. Y, en segundo término, de las diversas fuentes oficiales sobre los delitos: tasas de encarcelados, condenados, procesados, y cifras policiales sobre denuncias, delitos resueltos, detenidos, etc. Hacia la mitad del “iceberg”, estaríamos en el nivel de aquellos sucesos infractores que, aunque no hayan sido denunciados oficialmente, pueden estimarse numéricamente o bien a través de encuestas de victimización, preguntando sobre los delitos sufridos, o bien mediante cuestionarios de autoinculpación, en que se indagan los posibles delitos cometidos por los encuestados, generalmente adolescentes y jóvenes. Sobre el fondo del “iceberg”, en el cuadro 4.2., no pueden aportarse datos precisos de delincuencia. La magnitud de los fraudes contra la Hacienda Pública, el volumen de drogas introducido en un país clandestinamente, los delitos contra el medio ambiente, y

otros de naturaleza colectiva, pueden estimarse, en el mejor de los casos, de forma global y aproximada, pero difícilmente computarse en forma de cifras suficientemente representativas y fiables.

4.3. MIEDO AL DELITO Aunque siempre existe cierta probabilidad (generalmente pequeña) de ser víctima de un delito, el miedo al delito y el grado en que se percibe inseguridad, no parecen guardar una relación directa y unívoca con la probabilidad real de delito (García España, Díez Ripollés, Pérez Jiménez, Benítez y Cerezo, 2010, Serrano Gómez et al., 2007). Por ejemplo, en una encuesta internacional de victimización, del año 2000, en que se analizaron, entre otros, distintos países europeos, se obtuvo la información que se presenta en el cuadro 4.3, en el que cada país está representado a partir de dos datos: porcentaje de personas victimizadas (habitualmente, cuando están fuera de casa), y porcentaje de quienes expresan sentirse inseguros fuera de su casa. Como puede verse, existen países que podrían denominarse “realistas” (Francia, Suiza e Inglaterra), en los que sus ciudadanos muestran un considerable equilibrio entre las tasas de victimización experimentadas (el riesgo real, podríamos decir) y sus percepciones de inseguridad; países calificables como “optimistas” (Suecia y Países Bajos), en que la percepción de inseguridad es

inferior al índice real de victimización; y países “pesimistas” (Portugal y, especialmente, España), en que la percepción de inseguridad es muy superior a sus índices fácticos de victimización. En el caso de España, aun teniendo una de las tasas de victimización más bajas de Europa (19%), su índice de inseguridad percibida casi doblaba a la cifra anterior (34%) (Redondo, Luque, Torres y Martínez, 2006). Cuadro 4.3. Tasa de victimización y de personas con percepción de inseguridad en diversos países europeos (año 2000)

(Fuente: Redondo et al., 2006)

¿Si no hay relación directa entre victimización delictiva y miedo al delito, de qué puede depender el mayor o menor sentimiento de inseguridad de los ciudadanos? En investigaciones desarrolladas en Estados Unidos, se halló una notoria relación entre miedo al delito y la mayor exposición de los ciudadanos, en horarios de máxima audiencia, a programación de alto dramatismo en torno a la violencia, especialmente cuando se trata de televisiones locales o regionales (que transmiten mayor proximidad al individuo); y esta relación violencia televisiva-miedo al delito se identificó con independencia de las características sociodemográficas de las poblaciones evaluadas (edad, sexo, etc.) y del nivel real de riesgo para el delito que exista en los barrios de residencia (Romer, May Jamieson y Aday, 2003). En un estudio de opinión pública desarrollado en Italia, Amerio y Roccato (2005) diferenciaron entre miedo al delito y percepción del delito como problema social. Se encontró que el miedo personal al delito dependería principalmente de la previa victimización de las personas encuestadas, así como también de algunas variables sociodemográficas, tales como que residan en zonas urbanas, tengan mayores problemas socioeconómicos, y experimenten cierta degradación socio-cultural y aislamiento social. En cambio, la percepción del delito

como problema social dependería mucho más del influjo de los medios de comunicación, así como de los estilos generales (tremendistas) mediante los que las personas se representan y valoran su mundo social. Parecidos efectos de relación entre exposición a programas televisivos sobre violencia e incremento del miedo al delito se hallaron también en estudios realizados en Finlandia (Smolej y Kivivouri, 2006), y en Australia (Fisher, Allan y Allan, 2004). En España, este miedo exagerado al delito suele evidenciarse también en estudios criminológicos específicos. Por ejemplo, Serrano Gómez et al. (2007) compararon, para el periodo 1998/2005, la evolución de los delitos conocidos por la policía, en el conjunto del Estado Español y en diferentes comunidades autónomas, y la preocupación de los ciudadanos por la delincuencia/inseguridad ciudadana, según datos de los barómetros del CIS. Su conclusión principal fue que, mientras que la delincuencia eperimentó una tendencia de estabilidad —ligero descenso— a lo largao del conjunto del periodo 1998/2005, tanto el miedo al delito como la percepción pública de inseguridad osiclaron y aumentaron sin relación aparente con la evolución de los delitos. Por otro lado, Fernández-Molina y Tarancón Gómez (2010) evaluaron, mediante cuestionario y entrevista, en una muestra de 250 sujetos de ambos sexos y diferentes

edades de la ciudad de Albacete, sus actitudes hacia la delincuencia juvenil, y hacia el tipo de estrategias, más educativas o más punitivas, que deberían utilizarse con los jóvenes infractores. Sus dos grandes conclusiones fueron las siguientes: la primera, que, contrariamente a lo que suele afirmarse, los ciudadanos encuestados, en relación con los delincuentes juveniles, se decantan más por la conveniencia de utilizar medidas educativas y rehabilitadoras (en la familia y la justicia juvenil), que no meramente punitivas; la segunda constatación, de cariz más negativo, fue que muchos ciudadanos tienen una percepción y preocupación distorsionada y exagerada acerca de la frecuencia, gravedad y empeoramiento de la delincuencia juvenil, y de un supuesto mal funcionamiento de la justicia juvenil (incluyendo policía, tribunales de menores…), todo lo cual no se corresponde con los datos reales al respecto. Por ejemplo, hasta un 79,5% de los sujetos de la muestra consideraban que los delitos juveniles habían aumentado durante los últimos años, particularmente los delitos violentos (34,1%), conclusión a la que decían haber llegado a partir de las “noticias de prensa/radio” (46,8%), o en función de “lo que otra gente habla de ello” (22,2%). Las creencias ciudadanas exageradas sobre la delincuencia fueron también evidenciadas en un estudio de Varona (2008), a partir de encuestar a una muestra de

813 estudiantes universitarios de Gerona. En este estudio, la mayoría de los sujetos (67,6%) opinaba que la delincuencia había aumentado durante los dos últimos años, algo más de la mitad (57%) creía que generalmente los delitos eran hechos violentos, y una mayoría (67,4%) consideraba que eran cometidos por delincuentes reincidentes. Creencias todas que no coinciden con los datos reales sobre la delincuencia en España (Díez Ripollés, 2007; García España y Pérez Jiménez, 2004, 2005; Redondo et al., 2006; Serrano Gómez, Vázquez, Serrano Tárraga et al., 2006; Varona, 2008a): la delincuencia permanece esencialmente estable o tiende a reducirse ligeramente, la mayoría de los delitos consiste en hurtos en vehículos (siendo muy minoritarios los delitos violentos), y un porcentaje considerable de ellos son cometidos por personas no fichadas por la policía o con escaso historial delictivo. En un estudio nacional de victimización, para el conjunto de España, al que se hará referencia detenida más adelante, García España et al. (2009, 2010) indagaron la percepción de seguridad o inseguridad que manifestaban los ciudadanos encuestados. Para ello analizaron dos aspectos distintos. En primer lugar, la percepción que tenían acerca del posible aumento de la delincuencia, a partir de la siguiente pregunta: “¿Cree que en los últimos años la delincuencia ha crecido?” La

perspectiva pública a este respeto se mostró decididamente pesimista: un 51% de los encuestados consideró que la delincuencia había crecido “mucho”, y un “37,4%” que “bastante”, frente a un 8,9% y un 2,3% que, respectivamente, afirmaron que había aumentado “poco” o “nada”. A pesar de ello, y contrariamente al estereotipo más común, las personas encuestadas afirmaron, en su mayoría, sentirse “muy seguras” (18%), o “bastante seguras” (47,9%) cuando caminaban solas en su barrio de noche, frente a quienes manifestaban sentirse en dicha circunstancia “muy inseguros” (1,6%) o ni siquiera “atreverse a caminar” solos de noche por su barrio (7,6%). ¿Suele ser generalmente exagerada la preocupación ciudadana por la delincuencia? Muchas personas dicen formarse una opinión al respecto basándose en reportajes de los medios de comunicación, los cuales suelen prestar gran atención a los delitos violentos y graves, y habitualmente en un tono alarmista. Los ciudadanos más pesimistas con respecto a la seguridad ciudadana, según la macroencuesta de 1996 (IEP, 1996; véase también García España et al., 2010) eran: • las mujeres, y, particularmente, las que manifestaban dedicarse a sus labores; • los que, en el ámbito político, se autoposicionan más a la derecha;

• los que tenían menor formación, de EGB o inferior; • los que habían sufrido algún delito a lo largo de su vida; • los que habían experimentado un tirón o un robo en su vivienda durante el último año; • aquéllos con malas experiencias en sus contactos con la policía o con opiniones negativas hacia la policía. Sin embargo, la preocupación por la delincuencia y la seguridad no constituye un sentimiento separado e independiente de los restantes problemas sociales, sino que todos ellos están interrelacionados, y, según las circunstancias del momento, unas preocupaciones pueden desplazar a otras. De este modo, a finales de 2012, en plena crisis económica y bajo el impacto de los problemas económicos y sociales de ella derivados, que afectan a millones de personas, la preocupación por el delito había pasado en España a un segundo plano. Cuando se preguntaba a una muestra representativa de los españoles cuáles eran los tres problemas principales en España, se obtiene una lista de inquietudes que varía parcialmente a lo largo del tiempo. En el cuadro que sigue se ofrecen datos para dos momentos temporales distintos, separados cinco años entre sí: diciembre de 2007 y diciembre de 2012. CUADRO 4.4. Los “tres problemas principales” en España, según las encuestas del CIS de diciembre de 2007 y de 2012

Como puede verse, durante los cinco años considerados, en los que se incluye el inicio y agravamiento de la gran recesión económica experimentada por España, las principales líneas de evolución de las preocupaciones ciudadanas son las siguientes: – Ha aumentado considerablemente la inquietud de los españoles por el paro, los problema económicos, los políticos, la corrupción y el fraude, la sanidad, la educación, los bancos y los desahucios, problemas todos que aparecen en cabeza de sus preocupaciones. – Han pasado a segundo plano, perdiendo relevancia entre las cavilaciones de los encuestados, problemas tradicionalmente más angustiosos como la cuestión general de la vivienda (contrarrestada ahora por la preocupación más acuciante por los desahucios), y otros que a menudo se asociaban a la intranquilidad por la delincuencia, tales como la inmigración, la inseguridad ciudadana, las drogas, la violencia contra la mujeres y el terrorismo. A diciembre de 2012 difícilmente podía sostenerse que la inseguridad ciudadana fuera una de las preocupaciones más relevantes de los españoles, ya que ocupaba el puesto número 12, con tan solo un 2,8% de ciudadanos que la incluían entre los tres principales problemas del país. Aun así, todos estos datos de opinión pública son

extremadamente lábiles y volátiles. Aunque durante la crisis económica se hayan acuciado, como es lógico, las ansiedades sobre las necesidades económicas y sociales más perentorias, ello no niega que la inseguridad ciudadana derivada de la delincuencia constituya una preocupación fundamental y constante de los ciudadanos, tal y como se ha puesto de relieve durante las últimas décadas.

4.4. ESTADÍSTICAS JUDICIALES Cuando una autoridad pública tiene que pronunciarse sobre la magnitud o la evolución de delincuencia, suele echar mano, para su argumentación, de los datos más importantes que tiene a su alcance, que generalmente son aquellos que se relacionan con su propia actividad. Así, por ejemplo, cuando un fiscal, o el Fiscal General del Estado, hablan sobre el problema del robo con violencia, si presentan cifras, lo más lógico es que éstas procedan de las propias Memorias de la Fiscalía. Un juez, o los miembros del Consejo General del Poder Judicial, utilizarán habitualmente las Memorias anuales sobre asuntos penales que realiza el propio Consejo, integrando datos de toda España. Un comisario jefe de la policía, u otras autoridades de la seguridad pública, probablemente se sirvan de datos de la Policía Nacional, de la Guardia Civil, o cifras integradas de varios cuerpos policiales.

Además, de los datos presentados en cada circunstancia, que suelen ser dispares y, a menudo, contradictorios, acostumbran a extraerse conclusiones favorables acerca de la buena gestión de la propia fuente que los emite. Por ejemplo, si es el Ministerio del Interior o la policía quienes los presentan, y los datos son propicios, podrían efectuarse afirmaciones como que “el crecimiento de la delincuencia se ha frenado, debido al reciente despliegue policial”. Pocos días después, tras un encuentro de fiscales para tratar determinado asunto de su competencia, la prensa podría hacerse eco, según las cifras allí manejadas, acerca de una “subida espectacular en la delincuencia callejera”, como resultado de tal y cual reforma legal, etc. Sorprendentemente, las instancias judiciales informan en sus estadísticas que reciben más causas por delito que las que registra la policía, lo cual es poco probable que se corresponda con la realidad. Y así otras múltiples incoherencias entre unas y otras cifras de delitos, contradicciones que, sin embargo, suelen recibir muy poca atención pública. ¿A qué se debe esta falta de consistencia entre las cifras de la delincuencia ofrecidas por distintos estamentos y organismos? CUADRO 4.5. Evolución de los asuntos penales registrados en España a partir de las estadísticas judiciales y policiales (1980-2010)

(Fuente: Consejo General del Poder Judicial: http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica_Judicial/Analisis_estadistico/Panor

Como puede verse en cuadro 4.5, el número de diligencias penales que refieren los juzgados siempre ha estado muy por encima del número de denuncias registradas por la policía, y esta diferencia se ha ido extremando con el paso del tiempo. En la actualidad hay casi cuatro diligencias penales incoadas por los tribunales por cada caso delictivo conocido por la policía. Sin embargo, ambas cifras deberían ser mucho más coincidentes, ya que en principio hacen referencia al mismo conjunto de hecho delictivos. A lo largo de las tres últimas décadas, las denuncias por hechos penales registradas por la policía (incluyendo delitos y faltas)

habrían aumentado desde alrededor de 375.000 (en 1980) a 1.745.313 (en 2010), lo que supone un incremento del 465%. En paralelo, los asuntos penales ingresados en los tribunales de justicia habrían ascendido desde unos 700.000 (en 1980) a 6.639.356 (en 2010), lo que significa un aumento del 948%.¿Cómo puede explicarse esta enorme discrepancia?

4.4.1. Incoherencias de la estadística general Stangeland (1995a) analizó específicamente esta cuestión, llegando a las siguientes conclusiones sobre la estadística judicial, en que se recogen los asuntos penales o diligencias previas que instruyen los tribunales de justicia: • La estadística judicial resulta de la suma trimestral del número de registros que aparecen en el protocolo general de los juzgados. Casi cualquier tema que se realiza en un juzgado se registra como un asunto nuevo. Incluso, se abren numerosas diligencias penales relativas a situaciones, como los accidentes, en que generalmente no hay delitos. • El mismo asunto puede reflejarse en la estadística judicial mediante dos o más ingresos, o diligencias previas, como resultado de que pueden realizarse distintas diligencias judiciales sobre un mismo hecho en diferentes juzgados (conocimiento del atestado

policial, parte médico, denuncia de la víctima, etc.). Además, hay muchos casos en los que los asuntos se remiten por parte de un juzgado a otras instancias judiciales, abriéndose en ellas, generalmente, una nueva diligencia por cualquier trámite que se añade al procedimiento. • Una explicación posible de la discrepancia entre datos policiales y judiciales podría hallarse en que muchos ciudadanos se dirigieran a formular sus denuncias, no a la policía, sino directamente a los tribunales. Sin embargo, ello no es así, ya que menos de un 2% de las denuncias delictivas se presentan directamente en los juzgados. Por otro lado, la discrepancia, en la estadística judicial, entre asuntos incoados y delitos juzgados y sentenciados es también muy elevada. En el año 2003, por ejemplo, de 4.001.902 diligencias previas instruidas solo resultaron 112.723 sentencias condenatorias1. Es poco probable que las tasas de esclarecimiento delictivo sean tan bajas, ya que, según estas cifras, solo 1 de cada 35 delitos denunciados llegaría a ser juzgado y condenado. Frente a ello, es más verosímil que la estadística policial sea mucho más certera, cuando permite concluir que 1 de cada 4 delitos denunciados se aclara o resuelve. Además de las discrepancias globales señaladas, otro ejemplo destacado de las incoherencias que se producen

en las estadísticas oficiales, tiene que ver con las cifras de los homicidios cometidos en España. La policía detuvo, en 2003, a 1.448 personas por presunto homicidio doloso (número parecido al de los detenidos por dicho delito en 2002). Pero ese mismo año 2003 solo fueron condenadas por homicidio 260 personas. ¿Qué fue de los 1.188 detenidos restantes? Obviamente, detención por un delito y sentencia por él no tienen que ocurrir en el mismo año, ya que los procesos pueden demorarse, pero la amplia discrepancia señalada, entre detenidos y sentenciados, es estructural, repitiéndose año tras año, lo que claramente indica que ambos datos no pueden ser correctos a la vez. Las estadísticas sobre asuntos incoados, utilizadas por el Consejo General del Poder Judicial y el Fiscal General del Estado en sus memorias, quizás sirvan como un indicador del volumen de trabajo que pesa sobre cada juzgado y cada fiscalía, pero son altamente engañosas como indicador del nivel de delincuencia. Una adecuada informatización de los órganos judiciales debería permitir que cuando se diera de “alta” un asunto en un juzgado, simultáneamente se diera de “baja” en otros juzgados de los que pueda proceder, evitando así las duplicidades aludidas. De los datos judiciales y policiales hasta aquí presentados, la estadística policial es, con toda probabilidad, como fuente de información sobre la

delincuencia, más fiable que la judicial. El número de delitos denunciados al año en España es de casi un millón de hechos (algo más de dos millones si se añaden las faltas) y no, como sugiere la estadística judicial, de seis millones y medio. La clasificación de los delitos por tipologías, en la estadística policial, y la información que ofrece, por ejemplo, sobre las víctimas, el lugar de los hechos y las armas utilizadas, la convierte, según veremos, en una fuente de información muy valiosa para el estudio criminológico. Por el contrario, las estadísticas judiciales carecen casi por completo de información suplementaria sobre los delitos y muestran, según se ha señalado, múltiples inconsistencias internas.

4.4.2. Sentencias y condenas penales Posiblemente la información judicial más válida y fiable sobre la delincuencia corresponde a las sentencias penales y las personas que son condenadas cada año como autoras de un delito, cuya evolución a lo largo de los últimos años se recoge en los cuadros 4.6 y 4.7. CUADRO 4.6. Evolución del total las de sentencias penales dictadas en España y del número de personas condenadas (2005-2011)

(Fuente: Instituto Nacional de Estadística)

En el cuadro 4.6 puede verse la evolución que ha seguido, entre 2005 y 2011, el total de las sentencias penales dictadas por los tribunales cada año, así como también las personas condenadas anualmente por cualquier tipo de delito. Como puede verse, a mediados de la década, entre 2005 y 2008, se produjo un aumento tanto de las sentencias como de los condenados. A primera vista, según la lógica más inmediata, los incrementos en cuestión podrían estar reflejando un aumento de la delincuencia. Esto sería sencillamente así, si un mayor número de delitos cometidos fuera la única causa posible de un mayor número de sentencias y de condenas. Sin embargo, a estas alturas de los capítulos de este manual, los alumnos ya comienzan a saber (particularmente, a partir de lo visto en los capítulos 1 y 2) que la relación conductas delictivas-control/condenas, no es tan sencilla como puede aparentar. La hipótesis más inmediata sería que la delincuencia en efecto hubiera aumentado a partir de la segunda mitad de la pasada década. De hecho, un fenómeno tan importante como el inicio de la crisis económica podría constituir una explicación razonable para ello. Sin embargo, ¿podría haber otras explicaciones alternativas a la hipótesis anterior?

Para intentar responder a ello, también podríamos preguntarnos: ¿Qué ha sucedido, en concreto por lo que se refiere a la evolución de los condenados por los delitos más habituales, como son los patrimoniales, y por otros más infrecuentes pero graves, como las lesiones, los delitos sexuales y los homicidios? Estos datos se presentan en el cuadro 4.7. CUADRO 4.7. Evolución del número de personas condenadas por diversos delitos seleccionados (2005-2011)

(Fuente: Instituto Nacional de Estadística)

Aquí Puede verse que, mientras que, según el cuadro 4.6, el número global de personas condenadas aumentaba

de modo relevante, los condenados por homicidio se incrementan muy ligeramente (desde 523 a 557), y de forma semejante los sentenciados por delitos sexuales. Por otro lado, el número de condenados por delitos de lesiones y contra el patrimonio ha permanecido esencialmente estable, e incluso algunos años se ha reducido moderadamente. Ante lo anterior, nuestras dudas sobre el aumento de sentencias y personas condenadas siguen abiertas, e incluso se hacen más profundas, lo que aconsejaría continuar la indagación. Si las condenas en general han aumentado, pero no así cuatro de los delitos más frecuentes o graves, ¿en qué otros delitos se habrían producido más sentencias condenatorias? Sin embargo, interrumpiremos tal indagación por ahora, en el contexto de este capítulo. En este punto confiamos haber despertado suficiente interés en el lector, y particularmente en los alumnos, para que sean ellos quienes continúen la búsqueda de información sobre la evolución reciente de los delitos y las sentencias en España, e intenten formular hipótesis y razonamientos plausibles para explicar las dudas generadas.

4.5. ESTADÍSTICAS POLICIALES LA REALIDAD CRIMINOLÓGICA: Instancias que admiten denuncias por delito en España

• Los Juzgados de instrucción (particularmente, los juzgados de guardia) y las Fiscalías. Sin embargo, menos del dos por ciento de los ciudadanos realizan sus denuncias directamente en estas instituciones judiciales o fiscales. • La mayoría de las denuncias se presentan en las comisarías de la Policía Nacional, que es el cuerpo estatal de policía con mayor despliegue en núcleos urbanos de más de 50.000 habitantes. Elabora sus propias estadísticas a partir de las denuncias recibidas. • La Guardia Civil, que es el cuerpo policial estatal con presencia preferente en ámbitos rurales, pero que también tiene a su cargo algunas competencias específicas, como la vigilancia y control del tráfico y transporte en carretera, y la custodia de costas, fronteras, puertos y aeropuertos. Asimismo elabora, al igual que la Policía Nacional, sus propias estadísticas delictivas, que se integran, junto con los datos de la Policía Nacional, en las cifras que ofrece el Ministerio del Interior bajo la denominación de “territorio MIR”. • Las policías autonómicas: en concreto, la Ertzaintza en el País Vasco, los Mossos d’Esquadra en Cataluña, y la Policía Foral en Navarra. La colaboración entre las policías autonómicas y los cuerpos de policía estatales (Policía Nacional y Guardia Civil) es diversa, según territorios; por lo que se refiere a las estadísticas policiales, los datos sobre denuncias recogidos por las policías autonómicas no siempre se envían para su inclusión en la estadística general de delitos del conjunto de España, lo que suscita graves problemas de validez e interpretación de las cifras de delincuencia. • La Policía Local, que depende de las autoridades municipales de cada pueblo o ciudad. Aunque los principales ámbitos de actuación de la Policía local suelen ser el control del tráfico rodado y la supervisión del cumplimiento de las ordenanzas municipales (que no son, precisamente, pocas, ni dejan de ser variopintas), en algunas ciudades la Guardia Urbana también recibe e investiga, inicialmente, denuncias sobre delitos. Sin embargo, lo habitual es que tales supuestos delictivos acaben siendo remitidos, para su completa investigación, a la Policía Nacional o la Guardia Civil, o, en sus respectivos territorios, a los Mossos d’Esquadra, la Ertzantza o la Policía Foral de Navarra, en cuyo caso se incluirán en las correspondientes estadísticas de estos cuerpos policiales.

4.5.1. Recogida de datos policiales Existe un procedimiento y formulario oficial para registrar las denuncias que presentan los ciudadanos en

las comisarías de policía, que especifica el tipo de delito denunciado, el lugar en que tuvo lugar, el valor de las propiedades sustraídas, los daños causados, y, si procede, el tipo de arma utilizada (Fernández Villazala, 2008). También se recogen algunos datos sobre la víctima del delito y relativos a la investigación y esclarecimiento del mismo. Tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil suelen emplear el mismo formulario para registrar las denuncias que reciben, por lo que, aunando los datos de ambos cuerpos policiales, puede obtenerse una imagen aproximada (aunque incompleta) de la delincuencia en España. Los delitos denunciados ante la policía autónoma vasca comenzaron a incluirse en el cómputo general de denuncias ofrecido por el Ministerio del Interior, a partir de 1998. No así los delitos denunciados ante la policía autónoma catalana. Sin embargo, a lo largo de los primeros años dos mil, y hasta ahora, se ha instaurado la costumbre de ofrecer separadamente las denuncias registradas, en las comunidades catalana, vasca y navarra, por sus respectivas policías autonómicas. De ahí la necesidad de sumar todas estas cifras para obtener una imagen global de la delincuencia en España, como así se ha hecho para sintetizar los datos presentados en este epígrafe. La calificación delictiva provisional que se requiere para

poder confeccionar la estadística policial, la efectúan inicialmente los agentes policiales correspondientes, a partir de la información sobre el delito de que se dispone en el momento de recibirse cada denuncia. Sin embargo, en un sentido jurídico estricto, la calificación definitiva de cada hecho como un delito específico, va a depender de su valoración posterior por parte de la Fiscalía, y, finalmente, de la decisión judicial al respecto. Según ello, la estadística policial debe interpretarse como una imagen aproximada, pero no exacta, de la magnitud y variedad de las conductas delictivas que se producen en determinado territorio a lo largo de cierto periodo de tiempo.

Equipo de investigación del Instituto de Criminología de la Universidad de Lausanne, Suiza (mayo de 2013). De arriba abajo y de izquierda a derecha: Marcelo Aebi, Patrice Villettaz, Julie Courvoisier, Natalia Delgrande, Manon Jendly, Yann Marguet, Stéphanie Loup, Antonia Linde y Claudia Campistol. Ausente: Pauline Volet.

Aebi y Linde (2010a) pusieron de relieve los múltiples problemas de las estadísticas policiales sobre los delitos en España, entre las que pueden destacarse los tres siguientes: – Graves carencias de información y precisión acerca de los diversos delitos. Con frecuencia, y particularmente a partir de 2007, los datos delictivos tienden a ofrecerse de forma acumulada, en tan solo cinco categorías globales (I. Delitos contra la vida, integridad y libertad de las personas; II. Delitos contra el patrimonio; III. Faltas de lesiones; IV. Faltas de hurto; Otras infracciones), lo que impide conocer la magnitud y evolución en España de tipos delictivos particulares (hurto, robo, violación, etc.), y, también, las comparaciones internacionales. – Problemas de validez, u objetividad, de muchas de las cifras ofrecidas, en dos sentidos distintos. El primero, concerniente a la dificultad para saber con claridad si los datos presentados hacen referencia a todo o solo parte del territorio nacional. Esto tiene especialmente que ver con la falta de integración, o integración

incompleta, de los datos correspondientes a las policías autonómicas, a lo que ya se ha aludido. En segundo lugar, el cómputo indiscriminado, en las estadísticas policiales, de tentativas de delito y delitos consumados. El ejemplo más ilustrativo y sorprendente de esta mezcolanza de intentos de delitos y delitos completos es el de los homicidios, al que Aebi y Linde (2010a) hacen especial referencia en su trabajo. Por ejemplo, en 2006, mientras que la cifra global de homicidios dolosos y asesinatos computados se situaba en 1.492 casos (lo que correspondería a una tasa de 3.45 homicidios por cien mil habitantes), los homicidios y asesinatos consumados eran 475, según Eurostat (lo que daría una tasa de 1.09 homicidios por cien mil habitantes). El problema obvio es que ambas cifras son muy diferentes, e informan de una magnitud delictiva muy distinta. Y, claro, lo anterior podría ser también aplicable al resto de los delitos. Según ello, las cifras de denuncias probablemente ofrezcan una imagen inflada y expansiva de las infracciones conocidas, muchas de las cuales habría consistido en intentos de delito que, afortunadamente, no llegaron a consumarse y producir los efectos que pretendían. – Problemas de fiabilidad, o estabilidad, de la información ofrecida. Ilustran Aebi y Linde (2010a) esta dificultad a partir de constatar cómo la propia

cifra de homicidios y asesinatos correspondientes al año 2003 varía de un informe ministerial a otro, oscilando nada menos que entre 1.085 y 1.366 casos. Si estas discrepancias suceden con el cómputo de los asesinatos, cuáles no podrían acontecer en relación con la cuenta de los hurtos, las estafas, las lesiones o los abusos sexuales, delitos mucho más numerosos y de valoración más relativa e incierta que los homicidios. Los problemas que se han señalado deberían ser resueltos, en la mayor medida posible, en el futuro, de forma que la estadística española de delincuencia fuera más exhaustiva, objetiva y fiable. De esta mejor información y transparencia se beneficiarían los ciudadanos, los propios poderes públicos, y los científicos e investigadores interesados en el conocimiento de los fenómenos criminales, a la vez que se facilitaría la comparación internacional de las cifras delictivas españolas, algo siempre deseable y necesario. Ningún gobierno, ministro o autoridad gubernativa debería considerar las cifras oficiales de la delincuencia como algo de su exclusiva competencia y propiedad, que solo concierne al interés de la gestión policial o de la seguridad, ya que los problemas criminales en las sociedades democráticas tienen, como la economía, la pobreza, el desempleo, etc., la plena naturaleza de

fenómenos sociales de interés general, que nadie debería apropiarse en función de sus propias responsabilidades e intereses políticos o particulares. Por otro lado, que en España, por razón de la organización del Estado de la Autonomías, haya distintos cuerpos policiales, en absoluto debería significar que los cuerpo policiales territoriales, o gobiernos autonómicos, puedan sustraer su propia información sobre los delitos, según su propia conveniencia, a una integración global de la información de la criminalidad para toda España. Hacerlo, como reiteradamente se ha hecho, solo introduce problemas y confusión a la hora de conocer, valorar y prevenir la delincuencia. En lo que sigue se han intentado soslayar los problemas señalados, efectuando las oportunas correcciones e integración de información, con la finalidad de ofrecer una imagen sobre la delincuencia en España, a partir de los datos policiales, lo más global y ajustada a la realidad posible.

4.5.2. Tipos de delitos que llegan a conocimiento de la policía Para comenzar esta presentación de cifras policiales, lo primero que se ha querido hacer es describir las tasas de los delitos que llegan a conocimiento de la policía, según las tipologías y delitos más importantes.

En función de las categorizaciones globales que instauró el Ministerio del Interior a partir de 2007, y atendiendo a que fuera posible incluir en ellas cifras globales para toda España (procedentes de cómputos semejantes de las policías autonómicas), ha sido posible obtener la siguiente información global para el periodo 2009-2011, tal y como se recoge en el cuadro 4.8. CUADRO 4.8. Infracciones penales registradas globalmente en España (por los distintos cuerpos policiales), según cinco grandes categorías delictivas 2009

2010

2011

I. Delitos contra la vida, integridad y libertad de las personas

135.622

132.642

136.907

II. Delitos contra el patrimonio

852.332

832.233

804.573

95.667

94.778

94.920

IV. Faltas de hurto

651.754

641.043

631.506

Otras infracciones penales: faltas de daños, amenazas y coacciones, contra intereses generales, contra el orden público. Y resto de delitos y otras faltas penales

603.721

596.657

615.608

III. Faltas de lesiones

TOTAL ESPAÑA

2.339.096 2.297.373 2.283.514

(Fuente: elaboración propia a partir de los anuarios estadísticos del Ministerio del Interior)

Puede verse que, durante el trienio 2009-2011, las cifras brutas de delitos contra la vida, integridad y libertad de las personas han permanecido bastante estables, en torno a 135.000 delitos, así como también las faltas de lesiones, alrededor de 95.000, mientras que habrían descendido

tanto las cifras de delitos contra el patrimonio, unos 800.000, como las faltas de hurto, en torno a 630.000. Sin embargo, estos datos tan globales e inespecíficos son escasamente informativos, ya que no puede verse en concreto cuántos son los robos violentos, los delitos de lesión, los malos tratos, las agresiones sexuales, los homicidios, etc. Así pues, dado este afán de síntesis y globalización desinformativa que impregnó las cifras ofrecidas por el Ministerio del Interior a partir de 2007, para poder obtener una imagen suficientemente específica sobre los principales delitos denunciados ante la policía (en principio, exclusivamente, los correspondientes a la Policía Nacional y la Guardia Civil, lo que recoge en torno al 80% del conjunto de las denuncias en España), por ahora tenemos que remontarnos a datos de 2006, tal y como se presentan en el cuadro 4.9. CUADRO 4.9. Delitos registrados por los cuerpos estatales de Policía (Policía Nacional y Guardia Civil) durante 2006 DENUNCIAS POR DELITO

% SOBRE EL CONJUNTO DE LOS DELITOS

TASA DE DELITOS/100.000 H. (la población española en 2006 era 44.708.964)

TOTAL DELITOS

856.594

100%

1.916

CONTRA EL PATRIMONIO

664.036

78%

1.485

Robos con fuerza en las cosas

353.414

41%

790

Robos con violencia/intimidación

71.919

8,4%

161

Sustrac. de vehículos

94.499

11%

211

Hurtos

84.781

9,9%

190

Estafas

19.356

2,3%

43

5.933

0,7%

13

34.435

4%

77

65.742

7,7%

147

1.121

0,13%

2,5

Lesiones

15.002

1,6%

34

Malos tratos en el ámbito familiar

48.766

5,7%

109

853

0,1%

2

8.172

0,95%

18

Agresión sexual

2.753

0,32%

6,2

Abuso sexual

2.173

0,25%

4,9

Resto

3.245

0,38%

7,3

118.644

13,8%

265

DENUNCIAS POR FALTAS

% SOBRE EL CONJUNTO DE LAS FALTAS

1.025.319

100%

2.293

193.891

19,9%

434

Lesiones

86.589

8,4%

194

Amenazas

70.823

6,9%

158

Propiedad intelectual/indus. Resto CONTRA PERSONAS

LAS

Homicidios

Resto CONTRA LIBERTAD SEXUAL

LA

OTROS DELITOS

TOTAL FALTAS CONTRA PERSONAS

LAS

TASA DE FALTAS/100.000 H.

Resto

36.479

3,6%

82

CONTRA EL PATRIMONIO

821.110

80%

1.837

Hurtos

509.410

50%

1.139

Daños

214.758

21%

480

Resto

96.942

9,5%

217

RESTO FALTAS

10.318

1%

23

TOTAL INFRACCIONES

1.881.913

100%

4.209

(Fuente: elaboración propia a partir del informe sobre La criminalidad en España en 2006, del Gabinete de Estudios de Seguridad Interior (GESI), Ministerio del Interior)

El cuadro 4.9 distingue entre delitos y faltas. En relación con los delitos, refleja un claro predominio de las infracciones contra la propiedad, ya que casi ocho de cada diez delitos denunciados a la policía son de este tipo. Ello supone que el perfil de la delincuencia española es bastante similar al de los demás países europeos, en que también la gran mayoría de los delitos se dirigen contra la propiedad, mientras que la delincuencia violenta claramente habría disminuido a lo largo del siglo XX. Muchos de los robos con fuerza en las cosas se refieren a robos en inmuebles y aproximadamente una cuarta parte a robos en viviendas. La mayoría de estos robos ocurren en establecimientos comerciales, industriales o de hostelería. Un robo rápido para conseguir dinero suele ser más exitoso si se realiza en un bar o una tienda que en un

domicilio. De cada diez delitos contra la propiedad denunciados, uno se comete utilizando violencia o intimidación. De acuerdo con las estadísticas policiales, España es uno de los países industrializados con más delitos de este tipo, aunque las cifras han descendido relativamente durante los últimos años. La Policía Nacional y la Guardia Civil registran conjuntamente unos mil cien homicidios (consumados y tentativos, o no consumados), a los que habría que adicionar unos 300 más informados por las policías autonómicas. Sin embargo, debe tenerse presente que, como ya se ha comentado, de estos 1.400 homicidios solo una tercera parte corresponde a homicidios consumados, con una víctima fallecida. Los delitos de lesiones han subido bastante en los últimos años, incluyendo en ellos el incremento de las denuncias por malos tratos en el ámbito familiar. En 2006, se denunciaron 2.753 agresiones sexuales, la mayoría de ellas violaciones, aunque, según estos datos globales, no puede saberse exactamente cuántas. Para ello hemos de recurrir a cifras de 2003 en que llegaron a conocimiento policial 1.439 violaciones, cifra que situaba a España por debajo de la media europea (European Sourcebook 2003: 39). Se estima que aproximadamente una de cada 150 mujeres denuncia una violación a la

policía a lo largo de su vida. En la parte inferior de la tabla puede verse cómo las denuncias por faltas, o infracciones de menor entidad y gravedad, superan en magnitud a las denuncias por delitos. Su distribución por tipologías sigue un patrón muy parecido al de los delitos, que se acaba de comentar.

4.5.3. Evolución de las cifras policiales de delincuencia Las mayores inquietudes de los poderes públicos y de los ciudadanos sobre el delito suelen corresponder a cuál ha sido la evolución de los delitos durante los últimos años, de modo que ello pueda ayudar a predecir y prevenir la delincuencia presente y futura. Como ya se ha comentado, en España existen distintos cuerpos policiales con competencias en materia criminal y que, en consecuencia, instruyen diligencias policiales por delitos, recogiendo y catalogando las correspondientes denuncias al efecto. El grueso de estas denuncias son registradas, para la mayor parte del territorio español, por los cuerpos policiales estatales, la Policía Nacional y la Guardia Civil, mientras que en Cataluña, País Vasco y Navarra, las correspondientes policías autonómicas han ido asumiendo progresivamente mayores competencias en materia de lucha contra el delito. Como resultado de ello, en la actualidad la mayoría de las denuncias por delito que

se producen en dichos territorios las recogen, respectivamente, los Mossos d’Esquadra, la Ertzantza y la Policía Foral de Navarra. En función de lo anterior, para obtener una imagen más completa y certera de las denuncias policiales por delito en el conjunto de España, se requiere sumar, como se ha hecho en el cuadro 4.9, los registros de denuncias de los diversos cuerpos policiales. El cuadro 4.10 recoge la evolución de la delincuencia en España durante el periodo 2000-2011. En las primeras cuatro filas pueden verse los registros por delitos emitidos por los diversos cuerpos de policía. Especialmente se constata que, a medida que los Mossos d’Escuadra se han ido haciendo cargo de las competencias policiales en Cataluña, y asumiendo y registrando la mayor parte de las denuncias en esa comunidad autónoma, la Policía Nacional y la Guardia Civil han ido computando, lógicamente, menos delitos en el conjunto de España (particularmente, a partir de 2003). Según ello, si, durante la década que aquí se analiza, solo se tomaran como fuente de información delictiva en España las cifras correspondientes a los cuerpos estatales, de Policía Nacional y Guardia Civil, como no es infrecuente que se haga, la información resultante sería claramente incompleta y sesgada. CUADRO 4.10. Infracciones penales registradas globalmente en España por los distintos cuerpos policiales

Policía nacional y Guardia Civil

Mossos d’Esquadra (Cataluña)

Ertzaintza (País Vasco)

Policía Foral (Navarra)

TOTAL ESPAÑA

2000

1.721.089

62.868

68.901

0

1.852.858

2001

1.905.118

76.087

71.287

0

2.052.492

2002

2.020.131

87.844

75.481

0

2.183.456

2003

1.955.902

117.058

71.202

0

2.144.162

2004

1.938.910

128.575

73.810

0

2.141.295

2005

1.985.315

167.188

75.208

3.195

2.230.906

2006

1.884.193

302.221

79.100

4.344

2.269.858

2007

1.882.642

346.848

80.369

5.977

2.315.836

2008

1.858.197

435.024

88.037

5.233

2.386.491

2009

1.777.465

461.539

92.883

6.325

2.338.212

2010

1.745.312

456.588

88.277

7.307

2.297.484

2011

1.743.108

446.871

85.756

7.780

2.283.514

(Fuente: elaboración propia a partir de los anuarios estadísticos del Ministerio del Interior)

Como puede verse en la columna derecha del cuadro 4.10, el número de denuncias ascendió paulatinamente entre 2000 y 2009, descendiendo suavemente a partir de 2010. La conclusión aparente de lo anterior es que, atendido el incremento que se ha producido en el número bruto de denuncias, la delincuencia habría aumentado durante la mayor parte del periodo analizado. Sin embargo, el número total de hechos delictivos y denuncias en un país es claramente dependiente de la magnitud de su población, y es conocido que la población

española experimentó un crecimiento notable durante la primera década del siglo XX, especialmente como resultado de un proceso intensivo de inmigración. ¿Qué sucedería, si se relativizaran las denuncias anuales en función de la población residente en el país cada año? En el cuadro 4.11 se recogen, en un diagrama lineal, ambos factores, para el mismo periodo 2000-2011: la evolución de las denuncias y la evolución de la población anual en España (en este caso, a efectos de poder representar convenientemente ambas variables en el mismo diagrama, la población se ha dividido por 15). CUADRO 4.11. Evolución en España (2000-2011) de las infracciones penales totales (según cifras policiales) y de magnitud de la población (dividida por 15)(Fuente: elaboración propia, a partir de los anuarios estadísticos del Ministerio del Interior)

El cuadro 4.11 refleja el gran paralelismo existente entre la evolución seguida por las denuncias y por la población, a lo largo del periodo analizado. Lógicamente, como resultado del fuerte incremento poblacional operado durante los últimos años (que ascendió de 40.499.791 habitantes en 2000 a 47.190.493 en 2011), se hace notorio que es imprescindible (siempre lo es en relación con cualquier fenómeno social) relativizar las denuncias anuales por la población española. Así se ha hecho en la figura 4.12, que ofrece la evolución de las tasas de denuncias por cada cien mil habitantes durante el periodo 2000-2011. CUADRO 4.12. Infracciones penales registradas por la policía en España

por cada 100.000 h.

(Fuente: elaboración propia, a partir de los anuarios estadísticos del Ministerio del Interior)

Como puede verse, la tasa de los delitos y faltas por cada cien mil habitantes aumentó entre 2000 y 2002, se redujo en 2003 y 2004, volvió a ascender hasta 2008, y nuevamente disminuyó a partir de 2009. Puede ser un buen objeto de discusión en clase el analizar posibles factores sociales, normativos, económicos, etc., que podrían guardar relación con las etapas de incremento o disminución de las tasas delictivas. Por ejemplo, ¿cómo se relacionan con dichas tendencias el incremento de la inmigración, los endurecimientos penales producidos, la mayor persecución de la violencia de género, la crisis económica, etc.? Para finalizar la presentación de cifras policiales de la delincuencia, en el cuadro 4.13 se ofrece una perspectiva amplia de la evolución de las tasas infractoras desde 1975 a 2010. La línea continua representa las tasas de delitos denunciados por cada cien mil habitantes, mientras que la línea discontinua informa sobre la tosas totales de infracciones penales, incluyendo también las faltas, o infracciones de menor gravedad. En relación con la evolución de los delitos en España desde la transición democrática hasta 2010, pueden verse dos tendencias principales: primera, que las cifras de denuncias aumentaron claramente entre 1975 y principios

de la década de los noventa, y, segundo, que desde entonces, y a lo largo de las décadas de los noventa y los primeros dos mil, las denuncias han experimentado una moderada tendencia a decrecer. Por el contrario, la curva en trazo discontinuo, como resultado de la inclusión de las faltas, ofrece una imagen algo más pesimista: las infracciones totales aumentaron decididamente hasta los años ochenta, después, aunque de un modo más moderado, siguieron creciendo hasta mediados de los dos mil, para, finalmente, haberse reducido ligeramente. Nuevamente, este cuadro podría estimular un buen ejercicio de análisis y debate, considerando para ello distintos factores sociales, políticos, económicos, jurídicos, etc., que podrían guardar relación con la evolución de las cifras globales de la delincuencia. CUADRO 4.13: Evolución en España (1975-2010) de las denuncias por delitos y por la globalidad de infracciones penales (incluyendo delitos y faltas)

(Fuente: elaboración propia, a partir de los anuarios estadísticos del Ministerio del Interior)

4.5.4. Variación estacional de los delitos Una hipótesis, formulada hace más de siglo y medio por Quetelet (véase capítulo 2), y hasta cierto punto todavía vigente en la Criminología contemporánea, es la relativa a las leyes térmicas de la delincuencia, o posible relación entre clima y delito. Quetelet, analizando la estadística judicial de Francia de mediados del siglo XIX, había observado que los delitos violentos eran más frecuentes en verano y los delitos contra la propiedad más numerosos en invierno. Esta diferencia la atribuyó al efecto del calor, que haría, según él, brotar las pasiones

durante el verano, exacerbando las explosiones violentas, mientras que, como resultado del frío del invierno, decrecerían las inclinaciones agresivas, y por ello primarían los hurtos y robos. Todavía es posible contrastar esta hipótesis a partir de datos policiales (de la Policía Nacional y la Guardia Civil) sobre denuncias, como se ha hecho en el cuadro 4.14. CUADRO 4.14. Variación estacional en la delincuencia

* Número total de delitos en los años 1996-1999, ponderado con el número de días que contiene cada mes

De acuerdo con la predicción de la hipótesis de Quetelet, en el cuadro 4.14 puede observarse cómo los delitos contra las personas serían más numerosos en los meses de verano, mientras que los delitos contra la propiedad lo serían durante el periodo estival. Dicha variación estacional, aunque es moderada, ya que las cifras oscilan solamente en torno a un 10% por encima o por debajo del promedio mensual, va en la dirección sugerida por Quetelet. Junio aparece como el mes con mayor incidencia de delitos violentos. Frente a una explicación directa de cariz “térmico” o climatológico, según la cual la mayor delincuencia violenta registrada en los meses de verano se debería a la mayor temperatura existente, puede ofrecerse una interpretación más moderna y plausible de la variación estacional de los delitos a partir de la teoría del estilo de vida (véase más adelante, en el capítulo 19). En los meses de verano, en España hay bastantes más actividades nocturnas y de ocio, en las cuales aumenta considerablemente el consumo de alcohol, lo cual también puede dar lugar a más crispaciones y peleas, que puedan resultar en un mayor número de delitos contra las personas. Por su parte, los delitos contra la propiedad mostrarían un mayor auge, según puede verse en el gráfico del cuadro 4.14, durante el invierno y en agosto/septiembre, periodos que coinciden con épocas de

vacaciones (navideñas y estivales, respectivamente), en que las oportunidades para los robos personales o en viviendas también pueden ser más favorables.

4.6. AUTOINFORMES SOBRE DELITOS COMETIDOS Mediante una encuesta de autoinforme, o autodenuncia, se pregunta a cada sujeto de una muestra, asegurándole la imprescindible confidencialidad, acerca de posibles actividades delictivas que haya llevado a cabo, así como su frecuencia y gravedad, y las circunstancias en que ocurrieron (Aebi, 2009). Esta metodología suele emplearse más a menudo con adolescentes y jóvenes que con adultos. Los datos que se obtienen, si se recogen periódicamente de una manera idéntica, pueden constituir un buen barómetro sobre la delincuencia juvenil. En distintos países europeos, como Finlandia, Suecia, Reino Unido, Alemania y Bélgica, comenzaron a realizarse autoinformes de delincuencia, particularmente con jóvenes, a partir de los años sesenta y setenta, incorporándose después, en los años ochenta y noventa, otros países como Italia, España y Francia (Aebi, 2009; Enzmann, Marshall, Killias, Junger-Tas, Steketee, y Gruszczyska, 2010). También en EEUU se realizan, desde 1982 (Bureau of Justice Statistics, 1994: 258), encuestas anuales de autoinculpación, entre la población escolar.

Los autoinformes de delincuencia también han permitido comparaciones entre países. El problema básico de los autoinformes es que muchas de la conductas analizadas y descritas en ellos no son realmente delitos, sino más bien infracciones menores de los adolescentes (Aebi, 2009; Fernández Molina, Bartolomé, Rechea y Megías, 2009), tales como consumir alcohol a una edad en que no les está permitido, colarse sin pagar en los transportes colectivos, o faltar reiteradamente al colegio. Otras infracciones podrían tener la naturaleza de faltas, como realizar pintadas en la vía pública o los transportes públicos (trenes, metro, autobuses), dañar mobiliario urbano, y hurtar pequeñas mercancías en tiendas. Muy pocas conductas de las que son autoinformadas en estos estudios pueden calificarse como infracciones verdaderamente graves. Aunque es esperable que los delitos graves constituyan realmente una parte pequeña del conjunto de las infracciones autoinformadas, también es posible que la resistencia de los sujetos a confesar posibles delitos aumente a medida que se incrementa la gravedad de tales conductas, lo que podría sesgar a la baja el resultado de los autoinformes. En los estudios de autoinforme realizados en España por el equipo del Centro de Investigación en Criminología de la U. de Castilla-La Mancha, se han encontrado tasas de prevalencia de conducta antisocial, es decir de jóvenes

que afirmaban haber cometido algún tipo de infracción, generalmente leve, en el año precedente, de hasta el 98% (Fernández Molina, Bartolomé, Rechea y Megías, 2009; Rechea, 2008). A pesar de esta gran prevalencia de infracciones en general, solo un 5% de los jóvenes encuestados admitió haber cometido algún delito violento o contra la propiedad. Tasas semejantes a estas se han encontrado también en estudios de autoinforme realizados en otros países, por ejemplo Dinamarca (Gudjonsson, Einarsson, Bragason y Sugurdsson, 2006). Se efectuará un análisis más detallado de los resultados de los estudios de autoinforme en el capítulo 21, en que se trata el sistema de justicia juvenil.

4.7. ENCUESTAS VICTIMOLÓGICAS EN ESPAÑA 4.7.1. Encuestas nacionales El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) llevó a cabo, entre los años 1978 y 19992, diversas encuestas nacionales que incluían algunas preguntas sobre victimización delictiva. Desgraciadamente, las sucesivas encuestas sociológicas realizadas a partir de 1999 no han vuelto a preguntar sobre los delitos concretos que puedan haber sufrido las personas encuestadas, sino sobre su temor y preocupación por el delito.

Equipo del Instituto Interuniversitario de Criminología del Málaga, dirigido por el Profesor José Luis Díez Ripollés. De pie, de izquierda a derecha: Deborah García Magna, Fátima Pérez Jiménez, Maríz José Benítez Jiménez, Araceli Aguilar Conde, Lorea Árenas García, José Becerra Muñoz. Sentados, de izquierda a derecha: Elisa García España, José Luis Díez Ripollés y Anabel Cerezo Domínguez. El equipo de investigación criminológica de la universidad de Málaga tiene como líneas de investigación principales el análisis de la política criminal y de la delincuencia, la corrupción urbanística, la violencia de género, la exclusión social y delito, la delincuencia juvenil y justicia juvenil, la prevención situaciones del delito, el sistema de penas y la ciberdelincuencia. En este centro universitario se imparte el Grao en Criminología, un título de experto universitario en Criminalidad y Seguridad pública (en vías de extinción) un título de experto universitario en detective privado, un máster en Criminalidad e Intervención con menores y un máster en Derecho penal y Política Criminal.

Aunque esta carencia resulte sorprendente, una razón probable para ello podría ser que el Centro de Investigaciones Sociológicas priorice informar al Gobierno (y a la opinión pública), no tanto sobre los problemas reales que experimentan los encuestados, como acerca de las preocupaciones más acuciantes de los españoles. De ahí que en las encuestas posteriores haya podido darse primacía al sondeo de las opiniones de los ciudadanos sobre la seguridad ciudadana, la justicia o la policía, por encima del conocimiento de la realidad factual de los delitos sufridos. Así parece corroborarse si se atiende al hecho de que el Ministerio del Interior, que a través de su Instituto de Estudios de la Policía (IEP) fue el promotor de las últimas encuestas aludidas, habría

compartido el mismo interés por indagar los sentimientos, opiniones y valoraciones de los ciudadanos, más que por conocer la victimización delictiva en sí (IEP, 1996, 2000). Posteriormente, en España se efectuaron dos encuestas de victimización a nivel nacional, una en 2005 (Van Dijk, Manchin, Van Kesteren et al., 2005) y otra en 2008 (García España, Pérez Jiménez, Benítez y Cerezo, 2009; García España et al., 2010). También se han realizado encuestas en ciudades y comunidades autónomas específicas. En el cuadro 4.15 se presenta una síntesis de las principales encuestas de victimización que se han llevado a cabo en España, tanto de ámbito nacional, como regional y urbano, incluyendo sus fechas de realización, organismos o instituciones que las promovieron y las ejecutaron, territorio de evaluación, muestra y modalidad de entrevista para la recogida de los datos. CUADRO 4.15. Resumen de las principales encuestas de victimización en España (a nivel nacional, regional y urbano) Año

Promoción/ financiación

Ejecución

Recogida Territorio Muestra de datos: entrevista

1978 CIS

CIS

3 muestras aleatorias, 15.901 España

1980 CIS

CIS

Madrid

2.500

Personal

CIS

Málaga, Madrid, Zamora

1.692

Personal

1982 CIS

Personal

1984- Ayuntamiento 2012 Barcelona 1989

Ministerio Justicia/CIS

1992

Universidad Complutense

de de

Ídem

Barcelona

7.200, Telefónica variable

Emopública

España

2.041

Telefónica/ Personal

Tabula-V

España

4.500

Personal

de Provincia de Málaga

3.424

Telefónica

CIS

España

3.919

Personal

CIS

Municipios 15.000 > 50.000 h.

Personal

1993- DGICYT, Ministerio de Universidad 1994 Educación Málaga 1995

IEP, Ministerio Interior

del

1996

IEP, Ministerio Interior

del

1997

Centro de Estudios Ídem Jurídicos, Barcelona

Cataluña

2.836

Telefónica

1997

Oficina de Usuarios y Ídem Consumidores

España

1.313

Personal

CIS

Zonas rurales, España

2.456

Personal

CIS

España

13.055

Personal

1998 Guardia Civil 1999

IEP, Ministerio Interior

del

1998Departamento de Generalitat de Catalunya Cataluña 2012 Interior

Variable Telefónica

Gallup Europe y otras Van Dijk et al. 2005 instituciones europeas España (2005) (método ICVS) Observatorio de 2008 Delincuencia Andalucía (ODA) 2009

Ayuntamiento Alcobendas

la Equipo de de Investigación España Sociológica S.A. de

Metroscopia

Telefónica

1.400

Alcobendas 800 (Madrid)

Telefónica

Telefónica

(Fuente: elaboración propia y García España et al., 2009)

De modo semejante a los estudios de autoinforme, las

encuestas de victimización también suelen preguntar acerca de los delitos sufridos por el encuestado a lo largo de un periodo anterior prolongado (incluso a lo largo de su vida), y, también, por los delitos experimentados durante el año que ha precedido a la propia realización de la encuesta. El cuadro 4.16 ofrece un resumen de datos de victimización correspondientes a esta última cuestión: delitos sufridos durante el último año, en diversos estudios nacionales, con especificación de las tasas victimológicas para una serie de delitos concretos. CUADRO 4.16. Encuestas nacionales entre 1978 y 2008 (del CIS3 y otras instituciones): porcentajes de ciudadanos que sufrieron durante el último año determinados delitos específicos. Delitos

1978 1989 1991 1992 1995 1999 2008 (Muestra: 2005 (2.041) (2.490) (2.498) (3.919) (12.999) (1.400) 15.901)

Robo en vivienda

2,3

2,1

2,4

3,0

2,3

2,4

1,6

1,7

Robo en comercio

-

-

2,4

-

-

-

-

-

Robo de vehículo

2,6

1,9

1,9

-

2,4

1,3

1,5

1,3

Robo de objetos dentro del coche

4,0

14

6,2

4,0

5,7

3,3

3,7

5,9

Agresión física/amenazas

2,0

6,2

1,0

0,9

0,9

0,8

2,8

3,5

Agresión sexual

0,3

3,5

0,2

0

0,1

0

2,2

0,5

Tirón en la calle

0,8

1,1

3,0

2,0

0,3

Atraco con intimidación/arma (robo con violencia)

0,2

2,4

2,0

2,5

1,2

4,4

1,7

1,5

Suma robo con violencia

1,0

-

3,5

5,0

4,5

1,5

-

1,1

Robo cartera/bolso

2,2

-

3,0

-

-

2,3

-

3,8

Hurto

-

6,5

-

-

-

-

2,2

4,6

Estafa

2,6

-

-

1,2

0,9

-

-

-

1,0

1,1

-

-

16%

-

17,4%

de

Abuso o coacción policial

-

-

-

Tasa global de victimización

-

-

18%

11,9% 17,6%

(Fuente: elaboración propia y a partir de García España, 2010)

Todos los datos precedentes hacen referencia al porcentaje de los encuestados que, para cada año evaluado, afirmaron haber sufrido un delito durante los 12 meses anteriores a la realización de cada encuesta. Sin embargo, las preguntas experimentaron algunos cambios de unas encuestas a otras, y por ello sus resultados no son del todo equiparables. Por ejemplo, el robo de coches y el hurto personal fueron omitidos en 1992, mientras que las preguntas sobre sucesos violentos son diferentes entre encuestas y la diferencia entre “atraco” y “tirón” no se especifica en ellas con claridad. La lista de delitos utilizada en cada caso también suscita algunos problemas para la clasificación jurídica de los diversos sucesos. En la mayoría, no se diferenció entre delitos consumados y tentativos, o intentos de delito pero no completados (algo que sí se hizo parcialmente en la encuesta de 2008), ni entre faltas y delitos de lesiones.

Analizando con más detalle los datos de la encuesta de 2008, se observa que a finales de la primera década del siglo XXI un 17,4% de la población española había sufrido algún delito a lo largo de un año. La gran mayoría de tales delitos era robos de pequeñas cantidades económicas o propiedades, siendo el delito más común la sustracción de objetos del interior de los vehículos. Se observa también que las cifras de robo con violencia han tendido a reducirse paulatinamente, a pesar de que este delito continúa siendo en España comparativamente más elevado que en otros países europeos. Lo anterior se compensaría, en cierto modo, con las cifras más moderadas de robo en domicilio, en comparación con otros estados de Europa (Stangeland, Díez Ripollés, y Durán, 1998). Menos de una de cada mil mujeres manifestó haber sufrido una violación durante el último año anterior a cada una de las encuestas. Aunque, probablemente, existe una relevante cifra negra de delincuencia sexual, integrada por aquellos delitos que ni siquiera las víctimas revelan en estas evaluaciones, por vergüenza u otras razones personales o sociales. Comparando las encuestas realizadas en España, entre 1978 y 2008, vemos que en general los resultados no varían mucho de unas a otras. Las diferencias existentes entre ellas probablemente se deban más a matices en los

modos de preguntar en cada una de las encuestas4, que no a cambios relevantes de las tendencias delictivas. Tampoco se aprecia en el diseño de muchos de estos cuestionarios, especialmente en los correspondientes a las encuestas más antiguas, gran interés por distinguir entre los diferentes tipos de delito. El entrevistador preguntaba sobre el delito del que se trataba y marcaba uno o más tipos de incidentes en una lista bastante rudimentaria. Según la experiencia del equipo que desarrolló originariamente las encuestas de victimización de Barcelona, esta técnica de encuesta tan restrictiva solo permitiría conocer hasta el 40% del conjunto de episodios delictivos acaecidos, cuyo recuerdo podría ser estimulado, en cambio, mediante preguntas más específicas (Alabart, Aragay y Sabaté, 1989: 35). Cuestiones más detalladas sobre cada posible tipo de delito ayudarían más a la memoria, y facilitarían el que los encuestados mencionaran más vivencias delictivas. Por ello, es probable que el modelo de encuesta que fue utilizado por el CIS ofreciera cifras delictivas un poco segadas a la baja, al no favorecer que los encuestados recordaran posibles sucesos infractores menos graves. El último estudio consignado en la tabla 4.16 corresponde a García España et al. (2009, 2010), y analizó tanto la victimización del año 2008 como, más ampliamente, del periodo de cinco años precedente (2004-

2008). En él se evaluaron las tasas de victimización correspondientes al conjunto de las 52 capitales de provincia españolas, y a los municipios de más de 50.000 habitantes, lo que englobaba un universo poblacional de veintitrés millones y medio de personas de más de 16 años, varones y mujeres por mitades aproximadas. Para el desarrollo de este estudio se utilizó el International Crime Victims Survey (ICVS), aplicado telefónicamente mediante el método CATI (Computer Assisted Telephone Interviews with random dialing) (puede verse una panorámica del uso internacional de este instrumento, desde 1989 hasta los años 2000, en Aebi y Linde, 2010b). En concreto, se evaluó a una muestra representativa de 1.400 personas (721 mujeres y 679 varones). En este estudio nacional se obtuvo, para 2008, una tasa de victimización anual del 17,4%, y, para el periodo de los cinco años anteriores (2004-2008), una tasa global del 47,2%. Por intervalos de edad, el mayor riesgo de victimización correspondió a personas entre 16-44 años, decreciendo dicho riesgo con la edad. Las encuestas de victimización también permiten conocer, por boca de las propias víctimas, la frecuencia con la que dicen haber presentado denuncia por los delitos experimentados. En el estudio de victimización de García España et al. (2009, 2010) se mostraron las siguientes propensiones de denuncia, según tipos de delitos, durante

el periodo de los cinco años anteriores (véase cuadro 4.17). CUADRO 4.17. La tendencia a denunciar los delitos sufridos (encuesta ODA, 2008)

(Fuente: García España et al., 2009, 2010)

Se observa que la tendencia a denunciar los hechos varía bastante según el tipo de delito. De acuerdo con la encuesta española de 2008, se denunciarían por encima del noventa por ciento de los robos de coche (en menor grado, los robos de objetos del interior de los coches, los daños a vehículos, y los robos de motos y bicicletas), en torno al setenta y cinco por ciento los robos en viviendas (bastante menos las tentativas), y más del cincuenta por

ciento los robos con violencia y los hurtos. García España et al. (2010) encontraron que los principales motivos aducidos por los ciudadanos para presentar una denuncia eran el propio deber de denunciar los delitos (40,3%), el hecho de contar con un seguro (25,9%), y el propósito de recuperar el objeto sustraído (24,80). Algunas razones frecuentes para no denunciar ciertos delitos, que aparecen por ejemplo en la encuesta de seguridad pública de Cataluña, son la escasa relevancia que pueda atribuirse al hecho, miedo, falta de confianza en la policía y la justicia, o el considerar que denunciar resulta complicado (Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya, 2011). Algunos delitos violentos (amenazas, agresiones físicas y sexuales) se denuncian en menor grado, en un cuarenta por ciento o menos. En estos casos, suelen ser motivos de no denuncia el temor a que el agresor pueda vengarse, así como los sentimientos de pudor y estigmatización que experimenta la víctima. Según las encuestas de victimización que se desarrollan anualmente en la ciudad de Barcelona, la tendencia a denunciar los hechos a la policía habría aumentado durante las últimas décadas. Los ciudadanos en Barcelona denunciaban en un 28% los delitos ocurridos en 1983, mientras que lo hacían en un 40,6% en 2011 (IERMP, 2012). También García España et al. (2010) han puesto de

relieve este incremento de la tendencia a denunciar los delitos en España, a partir de comparar, para nueve delitos seleccionados, las encuestas de victimización de 1989 (en que se denunciaron tales delitos en un 34%), 2005 (con una tasa de denuncia del 48%), y 2008 (con un 58,6% de hechos denunciados).

4.7.2. Encuestas regionales y urbanas El Ayuntamiento de Barcelona ha promovido encuestas anuales de victimización desde 1983, lo que permite contar con una valiosa información sobre la evolución de la delincuencia en dicha ciudad durante las últimas décadas. El equipo científico asesor de estos estudios (entre otros, Josep Maria Lahosa, Juli Sabaté, Josep Maria Aragay y Anna Alabart) desarrolló un modelo de encuesta propio, semejante al utilizado en el Internatinal Crime Survey-ICS, aunque incluyendo diversas preguntas que especifican mejor las tipologías de los posibles delitos experimentados; por ejemplo, se matiza entre el robo y el atraco en casa, y lo mismo en lo referido a los delitos que puedan haberse sufrido en el lugar de trabajo. Las entrevistas se realizan anualmente, por teléfono, a muestras estadísticamente representativas de la población. Habiendo mantenido el mismo procedimiento y cuestionario a lo largo del tiempo, ha sido posible disponer de una serie de datos que abarcan varias décadas,

y que pueden resultar inestimables para la planificación de la seguridad ciudadana. Gracias a este esfuerzo, Barcelona es la única ciudad en España que conoce con precisión y detalle la evolución de su delincuencia (IERMP, 2012; Sabaté et al., 1997). En paralelo, también se investigan y analizan, con resultados muy similares, las tasas de victimización correspondientes al conjunto del área metropolitana de Barcelona. El equipo de investigación del Instituto de Criminología y del Observatorio de la Delincuencia de Andalucía (ODA), de la Universidad de Málaga, ha desplegado, desde principios de los años noventa hasta la actualidad, una amplia investigación de las tasas de victimización delictiva, a partir del modelo de encuesta del International Crime Victimization Survey (ICVS), en las diversas capitales andaluzas, en el conjunto de Andalucía, y, posteriormente, en toda España (Stangeland, 1995b; Díez Ripollés et al., 1996; García España, 2007; García España et al., 2006, 2008, 2010). De acuerdo con sus resultados, la tasa anual de victimización en las capitales andaluzas se situaba, en el periodo 2006-2008, en torno al 26% (hallándose las ciudades de Granada, Jaén, Málaga y Almería algo por encima de la media andaluza, y Cádiz, Sevilla, Huelva y Córdoba, un poco por debajo del promedio). En relación con la percepción de seguridad por parte de los ciudadanos, al respecto de la pregunta

“¿Cómo se siente andando solo de noche por su barrio?”, tomando como referente la capital andaluza, Sevilla, casi dos tercios de los encuestados decían sentirse “muy seguros” (19,4%) o “bastante seguros” (42,9%), mientras que algo más de un tercio de ellos afirmaba sentirse “un poco inseguro” (25,8%), “muy inseguro” (7%), o “no atreverse” a salir de noche (5%). El mismo modelo de encuesta International Crime Victimization Survey (ICVS) fue también elegido para los estudios iniciales de victimización que se realizaron en Cataluña a finales de los noventa (Aebi y Linde, 2010b; Luque, 1998; van Kesteren et al., 2000). Posteriormente, la llamada Enquesta de Seguretat Pública analiza, para el conjunto del territorio catalán, la victimización delictiva, la percepción de seguridad/inseguridad y otros aspectos de percepción y valoración ciudadana acerca de la actuación de la policía (Departament d’Interior, Generalitat de Catalunya, 2011). Las tasas de victimización de Cataluña obtenidas mediante esta encuesta se incluyen, en el marco del siguiente epígrafe, juntamente con las correspondientes específicamente a la ciudad de Barcelona. En 2009, la ciudad de Alcobendas, próxima a Madrid, efectuó un estudio de victimización delictiva, a partir de una muestra de 800 personas, entrevistadas por teléfono (Departamento de Estudios y Evaluación del

Ayuntamiento de Alcobendas, 2010). En este análisis se obtuvo un índice global de victimización del 34% (con un 29,8% de victimización consumada). La mayor proporción de delitos puestos de relieve por las víctimas hacía referencia a hechos contra los vehículos (25,6%), y en menor grado a delitos contra la seguridad personal (7,6%), los domicilios (4,8%), y los negocios (2%). De todos los delitos experimentados, en un 37,9% de los casos las víctimas habían formalizado denuncia, siendo las mujeres, y en general las víctimas entre 35 y 44 años, quienes denunciaron con mayor frecuencia.

4.7.3. Evolución de la victimización Un problema importante de las encuestas de victimización realizadas globalmente en España es, según se vio, la falta de una coherencia plena entre ellas, de un año a otro, en su metodología, selección de muestras, etc. En general, al concebirse cada una de ellas, no parece que se haya prestado demasiada atención a la posibilidad de compararlas entre sí, de ahí que los diversos cuestionarios se confeccionaran según el gusto y preferencias de cada equipo investigador o gobierno de turno. Por estas razones, a pesar de los esfuerzos económicos y científicos realizados, que han permitido disponer de diversos datos nacionales de victimización para momentos específicos, es difícil obtener, sobre la base de los estudios nacionales

de victimización, una perspectiva longitudinal consistente de la evolución de la delincuencia en España. Si el diseño de las distintas encuestas en España hubiera seguido el mismo modelo todos los años, como se hace en otros países europeos, y también en los estudios realizados en la ciudad de Barcelona, podría conocerse mejor cómo ha evolucionado la delincuencia en el conjunto del Estado español. En ausencia de tales cifras longitudinales nacionales, en el cuadro 4.18 se presenta la evolución de la victimización delictiva que ha tenido lugar en Barcelona (y que podría resultar una estimación razonable de lo ocurrido en otras ciudades españolas de gran tamaño), entre 1983 y 2011 (IERMP, 2012; Sabaté et al., 1997: 62), así como, también, las tasas de victimización correspondientes al conjunto de Cataluña entre 2004 y 2010 (Departament d’Interior, Generalitat de Catalunya, 2011). CUADRO 4.18. Evolución de las tasas de victimización en Barcelona (19832011) y en Cataluña (2004-2010)

(Fuentes: Enquesta de victimització de Barcelona 2012, IERMP, Ajuntament de Barcelona, y Enquesta de Seguretat de Catalunya, 2011)

Como puede verse en el cuadro, las tendencias más destacadas de las tasas de victimización en Barcelona habrían sido las siguientes: – Partiendo de un índice global, a principios de los años ochenta, de en torno al 25%, la delincuencia descendió entre mediados de los ochenta y principios de los noventa, bajando hasta una tasa aproximada de un 14%. – Dicha tasa de alrededor del 14% se mantuvo esencialmente durante buena parte de los años noventa.

– Desde finales de los noventa se produce un paulatino ascenso de los delitos, que alcanza su nivel más elevado, nuevamente alrededor del 25%, en 2009, con un ligero descenso durante los dos años siguientes. Los datos de toda Cataluña, para el periodo 2004-2010, son paralelos, aunque de magnitud algo inferior (dado que se incorpora todo el territorio catalán, tanto urbano —que generalmente presenta mayor tasa delictiva— como rural —con menos delitos—) a los de la ciudad de Barcelona: relativo ascenso de la victimización hasta 2009 y posterior disminución. Al igual que sucedió en España, en los años 90 la delincuencia también disminuyó en múltiples países desarrollados, tanto si se atiende a datos victimológicos como policiales. La reducción fue más pronunciada en EEUU, mientras que las cifras de Europa occidental mostraron, en cambio, una estabilización relativa o suave descenso (Newman, 1999; Killias y Aebi, 2000; van Kersteren, Mayhew, Nieuwbeerta y Bruinsma, 2000). Para explicar estos cambios habría que explorar distintos factores macroestructurales (económicos, políticos, sociales, culturales, legales…), susceptibles de operar con semejante fuerza en diferentes países. La delincuencia es el resultado final de múltiples influencias combinadas, ente las que probablemente también se incluyan errores acumulativos en los diversos estamentos

sociales, y desde luego no aumenta o disminuye debido a una única causa sencilla y aislada. La sociedad española ha experimentado grandes transformaciones durante las últimas décadas, que podrían ser relevantes para una interpretación contextualizada de la evolución de la delincuencia (García España et al., 2009): – Ha variado la estructura social en lo tocante a las familias, particularmente debido a factores como el retraso temporal de la maternidad, el incremento de las separaciones matrimoniales y de pareja, y el aumento de la esperanza de vida, habiendo descendido también la proporción de parejas con hijos, y aumentado los hogares unipersonales. – Se ha producido un incremento considerable de la población, pasando de 39 millones en 1994 a casi 47 millones en 2012. El factor más relevante para ello fue el proceso intensivo de inmigración que aconteció durante la primera década del siglo XXI, que, además, tuvo también incidencia en una relativa alteración de la pirámide de edad de la población, en dirección al aumento del número de varones jóvenes (lo que suele asociarse a más delitos). – Se han operado importantes cambios relativos a los hábitos de consumo de drogas y por lo que se refiere a los perfiles de los consumidores. Se habría

evolucionado desde un consumo más amplio, por parte de individuos en muchos casos marginalizados, de heroína inyectada, en las décadas de los 80 y principios de los 90, a un uso preferente de cocaína y drogas de síntesis, que serían consumidas por jóvenes a una edad más temprana y por adultos normalizados, o no marginales.

4.8. CRIMINALIDAD COMPARADA Para finalizar la serie de radiografías sobre la delincuencia realizadas en este capítulo, a continuación se presentará información de la criminalidad en el plano internacional. A partir de ello podrá contrastarse la distribución y prevalencia de la delincuencia en distintas ciudades, países y áreas geográficas del mundo. A los efectos de esta perspectiva comparada, se echará mano, indistintamente, de diversas fuentes de información sobre los delitos, a las que se ha hecho mención en los epígrafes precedentes. Aebi (2008), por lo que se refiere a Europa, y Salazar Tobar (2011), en relación con América Latina, han puesto de relieve las dificultades y riesgos que comportan las comparaciones internacionales de la delincuencia, especialmente debido a los diferentes procedimientos de cómputo estadístico, a menudo dispares, que se emplean en los diversos países. Aun así, y advirtiendo encarecidamente al lector sobre estas

dificultades y posibles sesgos de la información, a continuación se resumen algunas comparaciones internacionales de la delincuencia.

4.8.1. La delincuencia en ciudades significativas del mundo Comenzaremos este análisis internacional por la delincuencia en las ciudades. El cuadro 4.19 recoge las tasas anuales de victimización, en diversas ciudades/capitales del mundo, categorizadas por continentes, obtenidas en alguno de los años del periodo 2002-2005, a partir del International Crime Victimization Survey (ICVS) (Van Dijk, Van Kesteren y Smit, 2007), acerca del conjunto de 10 delitos, y, de modo más específico, de los delitos de robo con violencia, hurto personal y amenazas/agresiones. En realidad el único continente representado de forma amplia es Europa, mientras que de los demás se ofrece información de un número muy reducido de ciudades. En la fila inferior de la tabla se presentan las puntuaciones promedio de victimización para cada tipo de delito, lo que puede ayudar a contrastar qué ciudades se hallan por encima o por debajo de la media, en cada delito específico. CUADRO 4.19. Tasas, o porcentajes, de victimización anual en grandes ciudades/capitales (2002-2005), para el conjunto de 10 delitos, y, específicamente, para los tres delitos siguientes: robo con violencia, hurto personal, y amenazas/agresiones

Europa occidental

10 delitos

Robo con violencia

Hurto personal

Amenazas/agresiones

Ámsterdam (Holanda)

27.0

1.1

4.4

5.9

Atenas (Grecia)

13.5

0.7

3.5

2.4

Belfast (Irlanda del Norte)

26.1

2.5

5.9

9.2

Berlín (Alemania)

19.3

1.2

5.2

4.1

Bruselas (Bélgica)

20.2

2.5

6.0

2.6

Budapest (Hungría)

12.6

1.1

5.5

1.6

Copenhague (Dinamarca)

22.9

1.2

4.6

3.6

Dublín (Irlanda)

25.7

1.8

6.8

3.9

Edimburgo (Escocia)

16.6

1.2

4.6

4.6

Estocolmo (Suecia)

22.6

0.7

4.0

3.2

Helsinki (Finlandia)

20.5

1.4

3.0

4.5

Estambul (Turquía)

17.9

0.9

3.2

0.6

9.7

1.9

2.4

1.3

Londres (Inglaterra)

32.0

2.6

10.2

8.6

Madrid (España)

13.7

1.5

4.4

2.9

Oslo (Noruega)

21.5

1.0

7.5

4.1

París (Francia)

17.8

1.2

4.8

3.1

Reikiavik (Islandia)

26.4

0.7

8.2

7.0

Roma (Italia)

16.6

0.7

3.2

1.2

Tallin (Estonia)

29.3

2.8

9.6

3.7

Viena (Austria)

17.2

0.8

5.7

2.5

Varsovia (Polonia)

21.9

2.8

5.3

2.6

Zúrich (Suiza)

20.1

1.7

7.7

3.5

Lisboa (Portugal)

América

10

Robo con

Hurto

Amenazas/agresiones

delitos Buenos (Argentina)

Aires

violencia

personal

31.2

10.0

6.6

3.2

-

7.4

12.3

-

Nueva York (EEUU) 23.3

2.3

7.7

5.1

Rio de (Brasil)

15.0

5.1

2.5

1.5

21.7

5.4

2.9

2.6

Lima (Perú) Janeiro

Sao Paolo (Brasil)

10 delitos

África

Robo con violencia

Hurto personal

Amenazas/agresiones

Johannesburgo (Sudáfrica)

23.5

5.5

6.9

11.2

Maputo (Mozambique)

37.7

7.6

9.9

6.2

10 delitos

Asia

Robo con violencia

Hurto personal

Amenazas/agresiones

Hong Kong (SAR 7.8 China)

0.4

3.6

1.2

Phnom (Camboya)

1.8

12.8

6.8

Penh

Oceanía

41.3 10 delitos

Robo con violencia

Hurto personal

Amenazas/agresiones

Sidney (Australia)

15.9

1.1

3.7

2.8

PROMEDIO

21.5

2.4

5.9

4.0

(Fuentes: Van Dijk et al., 2007; International Crime Victims Survey y 2005 EU ICS)

En el cuadro 4.20 se comparan, para las mismas ciudades anteriores, las tasas reales de victimización con el temor de los ciudadanos a la delincuencia. En concreto, para cada ciudad se ofrecen, en un diagrama de barras,

dos datos paralelos: el porcentaje de victimización anual en el conjunto de 10 delitos relevantes y frecuentes en el periodo 2002-2004 (la barra más oscura), y el porcentaje de población que, en cada ciudad, se siente insegura o muy insegura en la calle de noche (2004/2005) (la barra más clara) (Van Dijk et al., 2007). CUADRO 4.20. Porcentaje de victimización anual en grandes ciudades/capitales (2002/2004), para el conjunto de 10 delitos, y porcentaje de la población que en dichas ciudades se siente insegura o muy insegura en la calle de noche (2004/2005)

(Fuente: Van Dijk et al., 2007)

Como puede verse, en la inmensa mayoría de las ciudades se muestra una fuerte incoherencia entre las

tasas reales de delitos que las víctimas informan haber sufrido (que suelen más bajas) y las proporciones de ciudadanos que se sienten inseguros en la calle por la noche (que suelen ser más elevadas). Solo en algunas ciudades, las ubicadas en la zona inferior del diagrama, existe correspondencia entre realidad delictiva y miedo al delito. La información ofrecida en los cuadros 4.19 y 4.20 es susceptible de múltiples análisis, comentarios y razonamientos, por lo que se invita y anima a professores y alumnos a una reflexión a fondo acerca de la delincuencia y el miedo al delito que se producen en diferentes ciudades y países, así como acerca de los posibles factores relacionados con estos fenómenos.

4.8.2. Comparación entre países Por lo que se refiere a los países, en el cuadro 4.21 se presentan datos de victimización correspondientes a cinco aplicaciones del International Crime Victimization Survey (ICVS) (no todas realizadas en todos los países), entre 1989 y 2004/2005. Del conjunto de los 21 países acerca de los cuales se cuenta con datos evolutivos sobre la victimización, en 16 la delincuencia había disminuido a lo largo de las dos décadas evaluadas, mientras que en 4 había aumentado. CUADRO 4.21. Tasas, o porcentajes, de victimización en distintas regiones

mundiales y países 1989-2005, para 10 delitos (incluyendo delitos de daños y robos en vehículos, robos en casas, hurtos, robos con intimidación y violencia, amenazas y agresiones, y delitos sexuales) Europa occidental Alemania

1989 1992 16.6

13.9 13.4

15.2

17.5

Bulgaria 20.6 21.8 27.6 28.3 26.0 (1993) (1995)

Estonia Finlandia

13.0

Francia

16.4

17.2

Disminución

17.7

Aumento

18.8

Disminución

9.1

Disminución

20.2

Disminución

16.2

16.6

12.7

20.8

17.2

12.0

Grecia Holanda

11.6 14.1

Dinamarca España

2004/ 2005

13.1/12.3 Disminución

Austria Bélgica

1996 2000

21.9

25.7

26.0

20.2

19.7 10.0

Irlanda

21.9

Islandia

21.2 20.3

12.6

Luxemburgo 13.4

Polonia

24.6

Disminución

15.8

Aumento

19.1

15.0

Disminución

11.3

10.4

Estabilidad

24.5

21.6

21.0

Aumento

22.0

22.6

16.1

Disminución

21.6

15.6

18.1

Aumento

20.5

Portugal Reino Unido [2005: Inglaterra/Gales: 21.8; Escocia: 15.0 13,3; Irlanda del Norte: 20.4] Suecia

América (del Norte)

Disminución

12.7

Noruega

Suiza

Disminución

12.3

Hungría

Italia

Evolución de la delincuencia 1989-2005

18.7 13.0

Canadá

22.4

24.0

21.8

20.5

17.2

Disminución

Estados Unidos

25.0

22.2

21.5

17.6

17.5

Disminución

México

18.7

Asia Japón

11.9

9.9

Disminución

25.2

16.3

Disminución

21.5

Disminución

15.7

Disminución

Oceanía Australia

23.3

Nueva Zelanda PROMEDIOS

24.0 25.7

17.2

22.4

20.3

18.4

(Fuentes: International Crime Victims Survey y 2005 EU ICS)

Por último, por lo que se refiere a los países, el cuadro 4.22 ofrece, para diferentes países y algunas ciudades, las tasas de denuncia del conjunto de cinco tipos de delitos, entre los que se incluyen robo personal, robo o intento de robo en casa, y robo de coche o de bicicleta. Como puede verse, existen grandes diferencias entre los países por lo que se refiere a la propensión y hábitos de denuncia de los delitos, desde múltiples estados europeos en que se denuncian por encima del 50% de los delitos, hasta distintas ciudades y países, especialmente de Latinoamérica, en que se denuncian menos del 25% de los delitos sufridos. CUADRO 4.22. Tasa de denuncia ante la policía de cinco tipos de delitos (robo personal, robo e intento de robo en casa, robo de coche o bicicleta) en 2003/2004

(Fuente: Van Dijk et al., 2007)

En una perspectiva europea, el número de denuncias por delito en España es, como puede verse, más bien bajo (47%). La tasa de denuncias por delito parece reflejar, en parte, el nivel de bienestar general y la calidad atribuida por los ciudadanos de cada país al servicio policial. Ello sería coherente con el hecho de que los países en que se presentan más denuncias son los nórdicos y centroeuropeos mientras que en países más desarrollados se interponen menos denuncias.

4.8.3. La delincuencia en el mundo Para finalizar este repaso internacional sobre la magnitud de la delincuencia, a continuación se presentan dos últimas informaciones comparativas acerca de la criminalidad en el mundo. La primera, en el cuadro 4.23, se refiere a las tasas de victimización por delitos de robo y asalto, o agresión, en distintas regiones del planeta, según un estudio financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (Graham y Chaparro, 2011). CUADRO 4.23. Tasas de victimización de robo y de asalto en diferentes regiones del mundo

(Fuente: Graham y Chaparro, 2011)

Como puede verse en el cuadro 4.23, las tasas victimológicas tanto por asaltos o agresiones como por robos, dos delitos de alta prevalencia y alarma pública, son sustancialmente más elevadas en África Subsahariana y América Latina y el Caribe que en el resto de los continentes y regiones. Por último, el cuadro 4.24 recoge una comparativa, para distintos continentes, de las tasas de homicidios por cada cien mil habitantes, separadamente para hombres y mujeres. CUADRO 4.24. Tasas de homicidios de mujeres y varones, por 100.000 h.,

en distintas regiones del mundo (2008)

(Fuente: UNODC, 2011)

En el centro del diagrama se consignan las tasas mundiales globales o medias, que para el caso de los varones son de 14 homicidios por cada cien mil habitantes, y para las mujeres de 2,7 homicidios. Es decir, en promedio por cada mujer asesinada cinco varones mueren violentamente. Sobre estos promedios pueden verse, a la izquierda, los continentes que superan con creces estas tasas medias, ambas Américas y África, y, a la derecha, aquellos que quedan por debajo, Europa, Asia y Oceanía.

PRINCIPIOS CRIMINOLÓGICOS Y POLÍTICA CRIMINAL 1. La medida de los delitos puede verse condicionada por distintos factores sociales y estructurales, especialmente los relativos al control de la delincuencia (número de policías, jueces, fiscales, plazas penitenciarias, etc., con que cuenta un país), susceptibles de hacer que el fenómeno criminal aparente tener una mayor o menor magnitud, a pesar de que no se hayan producido variaciones “reales” en el número de los delitos. Lo anterior debe ser tenido en cuenta para valorar adecuadamente la evolución de las cifras de la delincuencia. 2. La delincuencia se puede estudiar en varios niveles, por ejemplo a través de datos judiciales, cifras policiales, y encuestas victimológicas. Es importante conocer los sesgos y errores de cada una de estas fuentes de información, y utilizar la más apropiada para cada tipo de análisis. 3. El miedo al delito y el grado percibido de inseguridad pública no parecen guardar una relación directa con el riesgo de ser víctima de un delito, sino que en las diversas sociedades ambos fenómenos resultan bastante independientes. El miedo al delito tendría mucho más que ver con el grado en que los ciudadanos son influidos por una mayor dramatización mediática de los sucesos delictivos, tal y como suele ser habitual. 4. El hecho de que los datos sobre la criminalidad sean incompletos y, a veces, sesgados, no es un problema exclusivo de la Criminología, sino que toda la investigación social y económica se enfrenta a problemas metodológicos similares. 5. La estadística judicial en España es muy incompleta, y sin mucha utilidad para conocer la evolución de la delincuencia. Sin embargo, ofrece información veraz y relevante sobre sentencias penales y personas condenadas según categorías delictivas. 6. La estadística policial suele ser más detallada, y aporta una información más precisa sobre los delitos denunciados, según tipo de delito, lugar y circunstancias de los hechos. Aun así, también presenta diversas carencias de información, problemas de validez y de fiabilidad. 7. Las encuestas de victimización incluyen información sobre los delitos que no han sido denunciados, siendo el instrumento más apropiado para evaluar la delincuencia común contra la propiedad. Sin embargo, no contienen información sobre delitos económicos más organizados, tráfico de drogas o delitos contra el medio ambiente. Tampoco son indicadores fiables de los delitos graves contra las personas o contra la libertad sexual. 8. La fuerte subida de la delincuencia en España en los años ochenta se frenó en los años noventa, y después se estabilizó en un nivel algo más elevado. Su magnitud actual es moderada dentro del contexto europeo, y muy moderada en comparación con la existente en otras regiones del mundo. 9. El análisis criminológico comparado de la delincuencia en distintos países y regiones del mundo requiere la consideración de múltiples factores de diverso

orden: sociales, culturales, económicos, legales, etc., todo lo cual será objeto de análisis a lo largo de esta obra. Como se verá más adelante, algunas teorías de la criminalidad pueden resultar útiles también para estos análisis del fenómeno criminal a gran escala. CUESTIONES DE ESTUDIO 1. ¿Con qué medidas puede contarse para determinar el volumen de la delincuencia? ¿Qué significa que la delincuencia pueda representarse como si se tratara de un “iceberg”? 2. ¿Qué ventajas e inconvenientes presenta la medida de la delincuencia a partir de los siguientes métodos?: • Las mediciones del miedo al delito o percepción de inseguridad • Las estadísticas penitenciarias • Las estadísticas judiciales/fiscales • Las estadística policiales • Las encuestas de autoinculpación • Las encuestas de victimización 3. ¿Cuál sería la medida más adecuada para cuantificar el número de robos de bicicletas? ¿Y el número de homicidios? En relación con años pasados, ¿ha aumentado o ha disminuido la preocupación por la delincuencia? 4. ¿Cuáles son en la actualidad los principales problemas en España, a partir de las encuestas del CIS u otras encuestas semejantes? 5. ¿A qué se debe que la estadística judicial sobre diligencias penales no refleje adecuadamente el número de delitos existente? ¿Cómo podrían resolverse estas dificultades? ¿Qué cambios habría que realizar en los modos de recoger y presentar la información judicial? 6. ¿Ante qué instancias oficiales puede presentarse en España una denuncia por delito? Buscar información al respecto, para poder conocer en qué proporciones se distribuyen las denuncias que se presentan en unos y otros organismos. 7. ¿Cuáles son los principales problemas de las estadísticas policiales? ¿Qué significa que carecen de información y precisión? ¿A qué se refieren los problemas de validez u objetividad? ¿Y los problemas de fiabilidad? 8. ¿Cuáles son los delitos más denunciados ante la policía, y en qué proporciones se denuncian? ¿Han variado estas proporciones durante los últimos años? 9. Buscar información actual sobre las cifras de denuncias recogidas por los diversos cuerpos de policía existentes en España y analizar su magnitud y proporción relativa sobre el conjunto de las denuncias. Contrastar también si existen mayores o menores ratios de delitos específicos (lesiones, hurtos, robos, etc.) en unas comunidades autónomas que en otras. 10. ¿Existen encuestas victimológicas recientes? ¿En qué grado han variado las tasas de victimización en relación con las encuestas precedentes?

11. Recoger cifras globales sobre la delincuencia durante los últimos años y compararlas con la evolución operada en la primera década del siglo XXI. En contraste con lo sucedido anteriormente, ¿en la actualidad la delincuencia está reduciéndose o aumentando? ¿Son confluyentes o discrepan al respecto las diversas fuentes de información? 12. ¿En qué ciudades, países y regiones del mundo se cometen más delitos? ¿Han variado dichas cifras durante los últimos años? Buscar información sobre los diversos países o regiones y, a partir de ella, debatir qué posibles factores podrían contribuir a las diferencias observadas en delincuencia entre países o longitudinalmente, a lo largo del tiempo.

1 Por la lentitud del proceso penal, las sentencias suelen reflejar más bien diligencias previas de años anteriores que diligencias del mismo año, pero la misma desproporcionalidad se repite año tras año. En el quinquenio 1990-1994, por ejemplo, se contabilizan 11 millones de asuntos incoados, y solamente 440 mil delitos apreciados 2 Estudios del CIS nº 1152, 1974, 2015 y 2152. Otros estudios que incluyen una pregunta sobre experiencia de victimización sin especificar qué delitos se sufrieron, son los nº 1453, 1714 y 1736. En 1980 se realizó un estudio en el área metropolitana de Madrid (nº 1251), y, en 1982, un estudio sobre victimización en tres ciudades españolas (encuesta nº 1313). 3 Compilado de Alvira 1982:36, CIS, 1978, tabla 14 y tablas no publicadas de estudios posteriores. Se ha corregido una aparente confusión entre los delitos callejeros con y sin violencia en los datos ofrecidos por Alvira Martín, utilizando los porcentajes originales del CIS, 1978, que se supone que son correctos. 4 Algunas de las encuestas realizadas preguntan por delitos sufridos por la familia entera, y otras solo por delitos sufridos por la persona entrevistada. También se puede preguntar por sucesos a lo largo de la vida, durante los últimos dos años o los últimos 12 meses. Además, preguntas específicas sobre cada tipo de delito aportan más respuestas positivas que preguntas generales. Sobre estos problemas metodológicos, véase Alabart y Sabaté (1989), La encuesta de seguridad ciudadana (Ayuntamiento de Barcelona, p. 35), y Stangeland (1995), The Crime Puzzle (Miguel Gómez Publicaciones, Málaga, capítulo 4). Asuntos penales (delitos y faltas) ingresados en los tribunales de justicia Denuncias policiales (presuntos delitos y faltas)

Parte II

EXPLICACIÓN CIENTÍFICA DEL DELITO 5. TEORÍAS Y PARADIGMAS CRIMINOLÓGICOS 5.1. INTRODUCCIÓN: ¿QUÉ ES UNA TEORÍA? 237 5.2. TEORÍAS CRIMINOLÓGICAS 240 5.2.1. Pugna científica entre teorías 241 5.2.2. Dificultades de la comparación teórica 243 5.2.3. Cuestiones prioritarias que requieren explicación 248 5.3. PARADIGMAS CRIMINOLÓGICOS 250 5.3.1. Libre albedrío y castigo 251 5.3.2. Paradigma científico 251 5.3.3. Conflicto social 252 5.4. GRUPOS TEÓRICOS PRINCIPALES 254 5.4.1. Tensión y control social 257

5.4.2. Criminología biosocial 257 5.4.3. Diferencias individuales y aprendizaje 258 5.4.4. Etiquetado y conflicto social 259 5.4.5. Elección racional y oportunidad delictiva 259 5.4.6. Desarrollo de las carreras delictivas 260 5.5. ESTRUCTURA DE LOS CAPÍTULOS TEÓRICOS 261 PRINCIPIOS CRIMINOLÓGICOS Y POLÍTICA CRIMINAL 263 CUESTIONES DE ESTUDIO 264

5.1. INTRODUCCIÓN: TEORÍA?

¿QUÉ

ES

UNA

Los estudiosos sobre criminalidad deben comenzar por efectuar observaciones empíricas de la delincuencia, aunque no pueden conformarse con meramente describir la realidad delictiva mediante datos, sino que los datos y cifras de la delincuencia deben ser interpretados y explicados (Curran y Renzetti, 2008). Para ayudar a formular explicaciones razonables y válidas de las realidades delictivas se cuenta con las teorías criminológicas. La teoría asume un doble papel en la labor científica: por un lado integra y resume los principales conocimientos acumulados en una materia, y, por otro, funciona como guía, marcando pautas para la investigación futura (Salvador y Pelegrina, 1993). En lenguaje llano, una teoría es una explicación de algo. De manera más técnica, una teoría, o un modelo teórico, es un conjunto, más o menos explícito, de hipótesis o

proposiciones dirigidas a explicar un fenómeno natural mediante su relación con otro u otros fenómenos naturales (Vold, Bernard y Snipes, 2002). Las teorías definen y estructuran el cuerpo conceptual que vincula entre sí las observaciones sobre cierto evento o proceso social, como pueda ser la delincuencia. Explican el problema analizado, sus causas, sus relaciones con otros fenómenos próximos, y sus evoluciones o ciclos periódicos. Según Schmalleger (1996: 15), las “teorías, al menos en su forma ideal, están integradas por proposiciones claramente establecidas que plantean relaciones, con frecuencia de carácter causal, entre sucesos y objetos estudiados”. Idealmente, una teoría criminológica tendría que contener los siguientes elementos característicos: 1. Debería definir un sistema de relaciones, en el que uno o más factores explicativos se asocien a la aparición o el incremento de la conducta delictiva (o de otros elementos del estudio criminológico, como las víctimas, los delincuentes o los sistemas de control). 2. Tanto los factores explicativos, propuestos por la teoría, como la propia conducta delictiva, que es explicada, deberían hallarse definidos de forma operacional, esto es, de manera que puedan ser observados y medidos. 3. La relación que la teoría establezca entre factores

teóricos explicativos (por ejemplo, la anomia, el control social, el aprendizaje, el etiquetado, etc.) y explicados (la conducta delictiva o el funcionamiento de los sistemas de control) debería ser, finalmente, avalada o refutada empíricamente, a partir de la observación estructurada y sistemática de la realidad delictiva. 4. Antes o después, una teoría científica debería contemplar alguna propuesta aplicada. Esto es, de ella tendrían que poderse derivar ciertas soluciones prácticas a los problemas delictivos. Es decir, las teorías criminológicas pueden y deben tener implicaciones para la política criminal, proponiendo maneras innovadoras de prevenir y controlar los delitos (Akers, 1997; Redondo, 2009). 5. Por último, las propuestas aplicadas de una teoría también deberían ser sometidas a comprobación empírica en la propia realidad criminal (Welsh y Farrington, 2011). Según Curran y Renzetti (2008), los científicos utilizan diversos criterios para evaluar la idoneidad de las teorías, entre los que se incluye, en primer lugar, el criterio de parsimonia o simplicidad. En general, si dos teorías explican el mismo fenómeno, se considera preferible aquélla que utiliza un menor número de elementos y proposiciones. No obstante, simplicidad no significa simplismo. Tal y como sugería Einstein, para hacer buena ciencia “las cosas deben hacerse tan simples como sea

posible, pero no más simples” (Einstein, citado en Felson, 2006). Un segundo criterio atendido, para ponderar la calidad de una teoría, es del generalizabilidad, o amplitud con que una teoría explica el fenómeno al que se refiere. Suelen preferirse aquellas teorías que explican un fenómeno de la manera más amplia posible. También es importante el criterio de precisión de la teoría, relativo a su capacidad para efectuar predicciones concretas acerca del fenómeno explicado. Como es lógico, suele optarse por las teorías que mejor predicen o anticipan la ocurrencia de los hechos analizados. Es importante señalar que las predicciones de las teorías científicas no pueden tener nunca un carácter absoluto, sino relativo o probabilístico (del tipo, por ejemplo, de si aumenta el fracaso escolar es muy probable que aumente también la delincuencia juvenil). Asimismo, la precisión o capacidad predictiva de una teoría, hace referencia a si de ella pueden derivarse determinadas estrategias y aplicaciones prácticas para “resolver” (al menos en parte) el problema social analizado. Más allá de los criterios anteriores, las dos condiciones básicas que deben cumplir las teorías científicas son su consistencia lógica y su verificabilidad empírica (Akers y Sellers, 2008; Curran y Renzetti, 2008; Tibbetts, 2012). Que una teoría posea consistencia lógica quiere significar que sus postulados deben hallarse vinculados entre sí de

una manera coherente. Mientras que la verificabilidad empírica de una teoría concierne a su imprescindible vinculación con la realidad a que hace referencia. Una teoría criminológica debe ser capaz de explicar los fenómenos delictivos que se observan en la realidad social y, paralelamente, sus proposiciones han de ser contrastables mediante la observación de dicha realidad (Akers, 1997; Bernard et al., 2010). De esta forma, si los datos recogidos fueran inconsistentes con las propuestas teóricas, la teoría sería falsada o falsificada (es decir, se demostraría que es incorrecta); si, por el contrario, las observaciones fueran coherentes con sus postulados, la teoría aumentaría su grado de validez o veracidad científica. En términos estrictos, las teorías científicas no llegan nunca a probarse de una manera absoluta, que permita afirmar que una teoría es completamente verdadera. Por el propio modo de proceder de la ciencia, toda teoría científica se halla siempre expuesta a la aparición de nuevas observaciones que puedan aconsejar su modificación, para acomodarla a los nuevos hechos descritos, o sencillamente demuestren que la teoría es errónea y, por ello, deba ser abandonada. Cuando se adoptan diferentes perspectivas teóricas acerca de una misma “realidad” social, dicha realidad puede ser descrita e interpretada de formas muy distintas. Estas compresiones diferenciadas o antagónicas de los

mismos hechos pueden dar lugar también a creencias y actitudes diversas y confrontadas frente al fenómeno analizado, y a desiguales modos de actuar sobre el mismo. En todas las disciplinas sociales existen diferentes teorías que compiten entre sí a la hora de explicar un mismo objeto de análisis. Por ejemplo, en sociología diversas perspectivas pugnan en relación con la explicación más adecuada de su objeto de estudio principal: los hechos sociales. En psicología sucede lo propio, y diversas escuelas teóricas, como las teorías del aprendizaje y los modelos cognitivos, entre otras perspectivas, proponen teorías divergentes sobre el comportamiento humano.

5.2. TEORÍAS CRIMINOLÓGICAS A lo largo de la historia del pensamiento humano se han dado explicaciones diversas sobre por qué los hombres se asocian en comunidad y por qué algunos rompen esa convivencia mediante la infracción y el delito. Casi todos los sistemas filosóficos han prestado gran atención a esta parte moral y política de la vida social. También se han formulado propuestas variadas para solucionar los problemas criminales. La mayoría de ellas han consistido en recomendar el castigo de los infractores mediante penas diversas, como la propia muerte, los castigos corporales, o, ya en la modernidad, la privación de libertad. Además, algunos pensadores han sugerido, en

distintas épocas, el empleo de medidas sociales y educativas, con la finalidad de prevenir la delincuencia. De este modo, los paradigmas y teorías criminológicas son también productos intelectuales del tiempo en que fueron formulados (Curran y Renzetti, 1994; Vold et al., 2002). Por lo que reflejan, al menos parcialmente, las inquietudes y los problemas sociales existentes en determinado momento, así como las soluciones que se consideraron más factibles y efectivas para solucionarlos. Como ejemplo que ilustre qué es una teoría científica en Criminología, nos referiremos ahora, brevemente, a la teoría de los vínculos sociales de Hirschi (1969). Esta formulación criminológica propuso que el principal elemento que disuade a los jóvenes de la delincuencia es su vinculación con personas bien integradas en la sociedad. Los cuatro mecanismos básicos mediante los que se establecería esta vinculación serían el apego emocional a otras personas, el compromiso con los objetivos sociales, la participación en actividades convencionales (familiares, educativas y otras), y las creencias favorables a los valores establecidos. Por último, según Hirschi, los ámbitos principales en que los jóvenes consolidarían tales vínculos, que les unirían a la sociedad, serían la familia, la escuela, los amigos, y los contextos de desarrollo de las propias actividades convencionales (educativas, deportivas, de ocio, etc.). La

ruptura de estos nexos sería, a decir de la teoría mencionada, el principal factor precipitante de conducta delictiva. Contrariamente, la mejora de los controles informales en la familia, en el ámbito escolar y en relación con los amigos, así como el aumento de la participación en actividades convencionales, constituirían los mejores métodos para prevenir la delincuencia de los jóvenes. Como puede verse, la teoría de Hirschi define y estructura una serie de elementos explicativos de la delincuencia que se interrelacionan entre sí. Además, sobre la base de los factores propuestos, estipula un camino para la prevención de la delincuencia. Se trata de una teoría científica en la medida en que tanto la veracidad de sus factores y procesos explicativos, que están claramente especificados, como la efectividad de sus aplicaciones, que también pueden ser concretadas, son susceptibles de validación empírica a partir de la observación e investigación de la realidad social. En el marco de las teorías sociales, un concepto importante es el de ley científica, que tiene un rango menor que el de teoría. En Criminología, una ley científica sería aquella formulación mediante la que se establece una relación simple entre determinado factor antecedente (individual, social o situacional) y un componente particular de la conducta delictiva. A partir

de la teoría de los vínculos sociales de Hirschi, a la que nos acabamos de referir, puede deducirse, a modo de ley científica, que la falta de apego a los padres constituye una de las principales variables explicativas de la conducta delictiva de los jóvenes. Un conjunto de leyes o principios científicos vinculados entre sí, formarían, según ya hemos visto, una teoría de la delincuencia. Siglos atrás, con anterioridad al inicio de la Criminología científica, con frecuencia se recurría a elementos espirituales y demoníacos para explicar la conducta delictiva y otras formas de desviación. Según estos planteamientos, los criminales e infractores serían seres poseídos, influidos por las fuerzas del mal, o abocados irremediablemente a la delincuencia por los designios del destino (García-Pablos de Molina, 2008; Saldaña, 1914). Contrariamente a ello, en esta obra prestaremos atención, como es lógico, a las propuestas teóricas de la Criminología científica, que parten del presupuesto de que los factores explicativos de la delincuencia se hallan exclusivamente en el mundo físico, material y social (Bernard et al., 2010).

5.2.1. Pugna científica entre teorías En Criminología existe, como también sucede en otras disciplinas, una gran diversidad de explicaciones y teorías. Debido a esta abundancia y dispersión teórica, el

estudio de las teorías criminológicas resulta a menudo un tanto confuso y decepcionante. Desde la escuela clásica, iniciada por Beccaria, hasta nuestros días, pasando por el positivismo lombrosiano, la escuela de Chicago, el funcionalismo, las subculturas, el aprendizaje, el labeling o etiquetado, el marxismo o el feminismo, hallamos una sucesión de propuestas conceptuales, muchas de ellas no ajenas a ciertos tópicos y lugares comunes, que se van repitiendo de unas a otras, aunque también destaquen en las diversas teorías distintos elementos particulares. Globalmente, algunas de estas perspectivas inciden en el libre albedrío humano como base de la delincuencia, otras en la importancia de los factores biológicos, otras realzan el papel de ciertos aspectos psicológicos como la inteligencia o la personalidad, mientras que la mayoría abunda en diversos factores sociales como explicación de la delincuencia (Serrano Maíllo, 2008c). En muchas ocasiones las teorías criminológicas son contradictorias entre ellas, por distintas razones. La primera razón es inherente al propio método y discurrir científico, al que resulta particularmente conveniente que diferentes teorías compitan entre sí para explicar, de modos distintos, un mismo problema u objeto de análisis. A partir de ello, las hipótesis y explicaciones alternativas se someten a comprobación y se depuran. Desde esta perspectiva, la variedad y diversidad teórica constituyen

un mérito y una riqueza de la correspondiente disciplina. Veamos un ejemplo de esta saludable pugna teórica, procedente de la astronomía. En esta disciplina cuatro teorías diferentes compiten en la explicación de un mismo problema científico: ¿Cómo se formó la Luna terrestre? (Hathaway, 1996). La hipótesis de la creación simultánea propone que la Luna y la Tierra se formaron a la vez, a partir del mismo conjunto de materia. La teoría de la fisión plantea que Tierra y Luna fueron en un principio un solo astro que, al girar sobre su eje a gran velocidad, experimentó un gran ensanchamiento del ecuador, y se produjo el desprendimiento de una gigantesca burbuja de material todavía derretido, que dio origen a la Luna. La hipótesis de la captura sugiere que la Luna se formó en otro lugar del sistema solar y, al ser desplazada de su órbita original, fue capturada por el campo gravitatorio terrestre. Por último, la hipótesis de la colisión aduce que la Luna se habría constituido a partir de un desprendimiento masivo de materia terrestre, debido al impacto de un asteroide o cometa de gran tamaño. La condición que hace competitivas entre sí a estas teorías es que su objeto de análisis es único: la génesis de la Luna, satélite del planeta Tierra. Sin embargo, no serían comparables entre sí diversas concepciones astronómicas que explicaran diferentes objetos de análisis: unas que describieran cómo se formó nuestra Luna, y otras cómo se

formaron todas las lunas planetarias, o cualesquiera objetos que rotan en torno a planetas. La comparación y la pugna entre sí de teorías sobre la génesis de objetos tan dispares conduciría a un auténtico diálogo de sordos. En la competencia entre teorías, una “teoría puede ganar mucha credibilidad cuando todas las teorías alternativas razonables muestran ser inconsistentes con el conjunto de los hechos observados” (Vold et al., 2002, p. 5)

5.2.2. Dificultades de la comparación teórica El ser humano evolucionó hasta nuestros días. La violencia y el crimen siempre le han acompañado. En buena medida los paradigmas de la Criminología han buscado enfatizar más los aspectos propios de la naturaleza humana o bien la cultura que ha creado en su desarrollo. Las teorías más modernas integran los hallazgos culturales con los propios de la genética, la biología y la neurociencia.

Lo dicho hasta aquí resulta bastante obvio: para que las teorías científicas sean comparables y competitivas entre sí deben hacer referencia al mismo objeto de estudio. Sin embargo, con frecuencia las teorías criminológicas no solo varían en los modos de explicar la realidad delictiva (como problema de interés principal), sino que también difieren entre ellas en los propios objetos de análisis que se pretenden describir y comprender. A menudo se proponen explicaciones, no sobre el mismo fenómeno, sino sobre problemas criminológicos distintos. Estas explicaciones o teorías no serían, en un sentido estricto,

comparables y competitivas entre sí, ya que no explican la misma realidad factual. Sutherland (Akers, 1997) atribuyó a la Criminología tres objetos de estudio principales: 1) el análisis de la creación de las leyes, 2) el de la infracción de las leyes por los individuos (o sea, la conducta delictiva), y 3) el de la aplicación de las leyes (es decir, el estudio del funcionamiento de los sistemas de control y justicia). Todos estos ámbitos de estudio diferentes pueden dar lugar a que los criminólogos se planteen problemas de investigación muy distintos, como, por ejemplo, los siguientes: ¿Cuáles son las causas de la delincuencia, en su sentido amplio?; desde una perspectiva más restringida, ¿cuáles son las causas de ciertos tipos de conducta delictiva en particular (violación, delincuencia marginal contra la propiedad, delincuencia de cuello blanco, etc.)?; ¿cómo y por qué priorizan y estructuran las sociedades y los sistemas legales ciertas definiciones de las conductas delictivas, y no otras?; ¿cuáles son los mecanismos que influyen en tales definiciones?; ¿cómo operan selectivamente los sistemas de justicia penal, dirigiendo su atención a algunos delitos más que a otros?; ¿cuáles son los efectos de este sesgo penal sobre la criminalización de la gente?; ¿cuál es la interacción entre conducta delictiva y sistemas de control?; ¿actúan las víctimas como elementos precipitantes de la conducta

delictiva?; ¿cómo puede controlarse o prevenirse la criminalidad? Como es lógico, problemas científicos tan diversos solo pueden dar lugar a respuestas o explicaciones igualmente variadas y, en muchos casos, divergentes entre sí. Así pues, existen variadas razones que contribuyen a la diversidad explicativa y teórica existente en Criminología, y que a menudo producen la contradicción y la incomprensión recíproca de unas y otras perspectivas. Una de estas razones es, según ya se ha comentado, el diferente objeto de análisis que pueden tener las teorías criminológicas: mientras que unas dirigen su atención a describir la conducta delictiva, otras pueden orientarse a explicar el comportamiento de las leyes y la justicia. La segunda razón reside en el enfoque metodológico distinto que podrían tener diferentes escuelas criminológicas: unas presuponen el libre albedrío como punto de partida para delinquir o no hacerlo, mientras que otras asumen el principio del determinismo científico, o condicionamiento del comportamiento humano a partir de distintos factores. En tercer lugar, la diferente aproximación metodológica que suele acompañar a cada teoría, guarda estrecha relación, a su vez, con la disciplina de procedencia de cada investigador o proponente de una teoría. La interdisciplinariedad que de facto se halla presente en el estudio criminológico, hace que de él se ocupen

investigadores y teóricos cuya base académica es frecuentemente heterogénea: psicólogos, abogados, sociólogos, médicos, antropólogos, economistas, periodistas, pedagogos, educadores, trabajadores sociales, policías, etc. Los diferentes currículos académicos con que cuentan todos estos profesionales condicionan, como es lógico, sus enfoques respectivos hacia objetos de análisis diferentes y mediante metodologías diversas. Otro factor de discrepancia teórica, no menos relevante en una materia que se ocupa del delito y de su control, hace referencia a las diversas ideologías que pueden tener distintos investigadores, susceptibles de traducirse en visiones dispares y opuestas en torno a los modos más convenientes de prevenir y luchar contra el delito. Por último, el creciente nivel de especialización, que cada vez es más necesario en la Criminología actual, obliga a los investigadores a dirigir su atención, casi en exclusiva, a aspectos particulares, a veces poco vinculados entre sí, de las complejas realidades criminales. De esta forma, con perspectivas e intereses tan distintos como pueden darse, la pugna teórica en Criminología se convierte, con frecuencia, más en una cuestión de discrepancias acerca de los problemas sociales y políticos, que en un auténtico debate científico en torno a cuáles son los principales factores explicativos del delito. Una dificultad añadida para la integración y el consenso

teórico en Criminología reside en el muy heterogéneo nivel de formalización que tienen unas y otras teorías. En primer lugar, existen algunas explicaciones criminológicas que presentan un mínimo grado de explicitud y desarrollo. Es decir, aquellos planteamientos que, aunque suelan considerarse teorías criminológicas, en realidad nunca fueron formulados como auténticas teorías de la criminalidad. Denominaremos a este grupo como teorías implícitas. Sería el caso de la interpretación de la delincuencia que se atribuye a la escuela clásica, cuyo mentor principal fue Cesare Beccaria, pero quien verdaderamente no constituyó una teoría explícita sobre la conducta delictiva. También es paradójica la situación respecto de las denominadas teorías marxistas, ya que el propio Marx no se ocupó específicamente en sus obras del problema de la delincuencia. Debido a ello, las formulaciones marxistas que se han propuesto en Criminología no dejan de ser meras derivaciones o proyecciones, aunque sean en algunos casos explícitas y ampliamente desarrolladas, de los presupuestos generales del marxismo acerca de la influencia prioritaria de lo económico sobre todas las manifestaciones del comportamiento social. Desde este punto de vista, la formulación marxistas originaria acerca del delito sería más implícita que concreta. Hay un segundo grupo de teorías, que llamaremos de

mínimo desarrollo, que consisten en interpretaciones incidentales del fenómeno delictivo, con motivo de alguna investigación específica, pero sin que exista una auténtica elaboración explicativa de la criminalidad o de alguna parte de ella. En este apartado podría ubicarse, por ejemplo, la teoría del control de Reiss (1951), quien consideró que la principal causa de la delincuencia juvenil se hallaría en el fracaso de los procesos de control “personal” (o internalizado) y “social” (o externo) (Akers, 1997). Sin embargo, Reiss no elaboró, a nuestro juicio, esta interpretación de manera suficientemente amplia e integrada. Por último, existen también en Criminología teorías explícitas. Algunos autores han desarrollado, de manera formal y elaborada, explicaciones detalladas sobre el origen y el funcionamiento de la conducta delictiva o el control social, o bien sobre algún otro aspecto relacionado con ellos. En este tercer grupo resultan paradigmáticas, por ejemplo, la teoría de los vínculos sociales de Hirschi (1969), la teoría del aprendizaje social de Burgess y Akers (1966; Akers, 1997), la teoría general de la tensión de Agnew (1992, 2006), la teoría de las actividades cotidianas, de Cohen y Felson (1979), y otras a las que se hará referencia en los capítulos siguientes. La mayoría de teorías criminológicas de las últimas décadas se han formulado y desarrollado en Estados

Unidos, de manera semejante a lo sucedido en otras disciplinas sociales como la psicología y la sociología. Esta preponderancia de la Criminología norteamericana resulta lógica hasta cierto punto, si tomamos en consideración el gran despliegue científico, académico y profesional que todas estas disciplinas han experimentado en aquel país (y también en Canadá y, en general, en los países anglosajones), en comparación con el menor desarrollo de la criminología científica existente en Europa y en otras regiones del mundo. (En este punto, debe matizarse la alabanza que se acaba de hacer sobre el desarrollo de la investigación criminológica en Estados Unidos, a partir contrastar dicho mérito con lo que sucede en el terreno de la política criminal: EEUU cuenta probablemente con la mejor investigación y desarrollo teórico en Criminología, pero tal vez con una de las peores y más rudimentarias políticas criminales de los países desarrollados. Baste recordar para argumentar esta afirmación, su desproporcionada tasa de presos, que multiplica por siete la media de los países europeos, la vigencia de la pena de muerte en múltiples estados norteamericanos, y algo quizá más próximo para todos los lectores que hayan viajado a EEUU, esa grotesca y expansiva parafernalia de la seguridad en los aeropuertos, basada en la sospecha generalizada hacia todo tipo de viajeros del mundo, como si cualquiera de ellos pudiera ser un candidato probable a terrorista. ¡Lástima que

quienes conciben y aplican tales políticas de seguridad en Estados Unidos —cuyos ritos se han irradiado como una plaga al conjunto de países desarrollados— no estén al tanto de los provechosos resultados de la investigación científica en Criminología, muchos de ellos producidos en su propio país, conocimientos que tan bien les irían para aplicar unas políticas preventivas más racionales, prudentes, eficaces, y algo que no es menor y baladí, más respetuosas de la dignidad y los derechos individuales de las personas!). Volviendo a las teorías criminológicas, el que las formulaciones más modernas hayan nacido a partir de investigaciones sobre la realidad social y delictiva de Norteamérica puede crear, con frecuencia, serios problemas de validación y extrapolación de algunas teorías (especialmente de aquéllas que se basan en factores culturales específicos) a realidades sociales diferentes. En ocasiones debemos razonar y trabajar a partir de conceptos que no se adecúan convenientemente a lo que sucede en los países europeos, latinoamericanos, etc. A este respecto, una dificultad notable del estudio de la delincuencia es que puede no existir una completa universalidad de los conocimientos adquiridos en unos contextos para ser aplicados otros, debido a la variabilidad del fenómeno delictivo tanto a lo largo del

tiempo como entre territorios diversos. Algunos enunciados sobre la delincuencia en determinada sociedad, y en un momento concreto, pueden no ser igualmente válidos para esa misma sociedad en un tiempo distinto, o pueden no serlo para una realidad social diferente. En Criminología no existen conocimientos ni acabados ni permanentes —tampoco en las demás ciencias sociales—, ni completamente extrapolables de unas sociedades a otras. Por ejemplo, las teorías sobre pandillas juveniles de la ciudad de Chicago en los años cincuenta pueden tener menor validez en la actualidad, ya que desde entonces han cambiado mucho los modos de asociación juvenil. De igual manera, ciertas interpretaciones y soluciones de política criminal, arbitradas en unas sociedades, como la norteamericana, la nórdica, etc., pueden no ser válidas en otros países, como el caso de España o los países latinoamericanos, donde las realidades sociales son bastante diferentes. La inmensa mayoría de las películas y de los reportajes televisivos que se emiten en España (y también en los demás países europeos, en Latinoamérica y en el resto del mundo) proceden de Estados Unidos. Una gran parte de este entretenimiento e información elige como tema principal la delincuencia Norteamericana. Sin embargo, la sociedad americana es bastante más violenta que la española (y que la de muchos otros países), y tiene unos

conflictos entre culturas que nosotros en buena medida desconocemos. Es decir, el concepto televisivo y cinematográfico de delincuencia al que estamos más habituados procede de una realidad social muy distinta a la nuestra. Los ciudadanos españoles, que en su mayoría nunca han asistido en persona a un juicio oral, han visto a lo largo de su vida miles de escenas televisivas de juicios (de ficción) en tribunales norteamericanos, que, sin embargo, guardan poquísima relación con lo que realmente sucede en el marco de nuestro sistema judicial, lo que sin duda puede confundir a este respecto a muchas personas. Del mismo modo, también puede constituir un error grave importar, de manera acrítica, los “remedios” a la delincuencia que aplican los norteamericanos (entre los que tienen gran popularidad los sistemas de vigilancia y seguridad de corte militaroide, el endurecimiento penal, las prisiones de choque o disciplinarias, la cadena perpetua, y la pena de muerte), para combatir la propia delincuencia. A pesar de todos estos condicionantes temporales y contextuales del fenómeno delictivo, ello no puede traducirse en una constante y categórica relativización de todo conocimiento criminológico. Como se verá a lo largo de los siguientes capítulos, existen conceptos, teorías y resultados de investigación que son plenamente válidos y útiles en diferentes momentos temporales y en distintos

contextos sociales. Los fundamentos comunes y generales de la racionalidad humana que están en la base de muchas elecciones delictivas, las deficiencias en el apoyo social, el control social, y las tensiones sociales, como bases frecuentes de la delincuencia, la ubicua mayor predisposición agresiva e infractora de los varones, la mayor prevalencia delictiva de los jóvenes, los déficits cognitivos y la menor inteligencia social que son frecuentes en muchos delincuentes, su mayor nivel de impulsividad, los mecanismos de aprendizaje (imitación, reforzamiento, etc.) mediante los cuales muchas personas adquieren las conductas y hábitos delictivos, la relevancia que las oportunidades tienen para el delito, los patrones sistemáticos de evolución de las carreras criminales, la mayor penalización y estigmatización criminal de los individuos y grupos sociales más desfavorecidos, la efectividad parcial pero significativa de algunos programas de prevención y tratamiento de la delincuencia, etc., son, entre otros, algunos de los conocimientos criminológicos que presentan gran universalidad a lo largo del tiempo y entre ámbitos diversos. Aun así, en el constante cuestionamiento y contraste de hipótesis que es inherente al quehacer científico, es imprescindible que todos los anteriores conocimientos sean permanentemente sometidos a investigación y re-análisis empírico, para su más adecuada validación y aplicación contextualizada.

5.2.3. Cuestiones prioritarias que requieren explicación Aunque, como ya se ha señalado, muchas teorías criminológicas aspiran a explicar la globalidad de los fenómenos delictivos (y también de los procesos del control social), en el estado actual de las preocupaciones y conocimientos criminológicos existentes, pueden seleccionarse diversas cuestiones y problemas que requerirán una atención científica prioritaria. Braithwaite (1989; Robinson y Beaver, 2009) especificó trece hechos o constataciones sobre la delincuencia, que las teorías criminológicas deberían comprender y explicar: 1. Los varones cometen un muy superior número de delitos que las mujeres. 2. Los jóvenes entre 15 y 25 años realizan muchos más delitos que los individuos del resto de edades. 3. Las personas solteras (o sin vínculos de pareja) cometen muchos más delitos (en comparación con quienes cuentan con nexos afectivos). 4. En las grandes ciudades se producen muchos más delitos (que en las ciudades pequeñas o el mundo rural). 5. Las personas que han experimentado movilidad social (emigración), o que viven en áreas de gran movilidad social (barrios con poblaciones cambiantes) suelen

tener una mayor implicación delictiva. 6. Los jóvenes con buen apego escolar tienen menor probabilidad de participar en la delincuencia. 7. Los jóvenes con altas aspiraciones académicas o laborales tienen asimismo menos probabilidad de cometer delitos. 8. Los jóvenes con bajo rendimiento escolar tienen mayor riesgo de delinquir. 9. Los jóvenes con fuerte apego a sus padres tienen menor riesgo de implicarse en actividades infractoras. 10. Los jóvenes que tienen amistad con delincuentes presentan también mayor probabilidad de cometer delitos. 11. Las personas que creen con firmeza en la necesidad de obedecer las leyes tienen menos probabilidad de quebrantarlas. 12. Tanto para varones como para mujeres, el hecho de estar ubicados en el extremo inferior de la estructura social (ya se mida como estatus económico personal, estatus económico del barrio de residencia, desempleo, o pertenencia a minorías raciales marginadas), incrementa las tasas de delincuencia de todo tipo, excepto para aquellas tipologías de delitos para los que no existen muchas oportunidades en dichos contextos (como la delincuencia de cuello blanco).

13. Las tasas de delincuencia aumentaron en las décadas que siguieron a la Segunda Guerra Mundial en la mayoría de países desarrollados y en vías de desarrollo. Aunque Braithwaite efectuó estas constataciones en 1989, y desde entonces hasta ahora las realidades criminales han evolucionado y variado en muchos sentidos (como, por ejemplo, que la delincuencia se ha reducido en muchos países durante las últimas décadas), gran parte de las cuestiones señaladas siguen constituyendo todavía hechos nucleares para la investigación y la explicación criminológica, que las teorías científicas en este campo deberían poder explicar. Más recientemente, Farrington (2008a) y Loeber, Farrington y Redondo (2011) han propuesto otro conjunto de cuestiones clave a las que las teorías del delito deben atender: 1) ¿Cuáles son los constructos claves que una teoría aduce para comprender la delincuencia?; 2) ¿según la teoría, qué factores promueven la actividad criminal?; 3) ¿qué elementos inhiben la actividad criminal?; 4) ¿se produce aprendizaje del delito?; 5) ¿prevé la teoría un proceso de toma de decisión delictiva?; 6) ¿cuál es la estructura de la teoría?; 7) ¿cuáles son las definiciones operativas de sus principales constructos teóricos?; 8) ¿qué es lo que puede explicar la teoría?; 9) ¿qué es lo que no puede explicar?; 10) ¿qué datos pueden cuestionar o

refutar la teoría? 11) ¿es posible someterla a comprobación empírica?; y 12) pruebas cruciales: ¿En qué grado la teoría efectúa predicciones distintas y mejores que otras interpretaciones precedentes?

5.3. PARADIGMAS CRIMINOLÓGICOS Aunque en Criminología existe, según se verá, una amplia variedad de teorías, es menor el número de paradigmas o presupuestos de partida en los que las diversas teorías se fundamentan. Los paradigmas criminológicos son modos de analizar e interpretar la realidad delictiva. Cada paradigma criminológico comporta un conjunto de asunciones y creencias sobre la delincuencia y, más ampliamente, sobre el funcionamiento de la sociedad en general (Felson, 2006). Además, la adscripción de cada autor o teoría a uno u otro paradigma criminológico encuadra su acercamiento al fenómeno delictivo, delimitando conceptos generales, lenguaje empleado para su descripción, objetivos de estudio y métodos de observación y análisis. “Un paradigma (…) es una escuela de pensamiento dentro de una disciplina. Provee al científico de un modelo de selección de problemas que deben analizarse, de métodos para analizarlos, y de presupuestos teóricos para explicarlos” (Curran y Renzetti, 1994: 5-6). Los paradigmas son necesarios para el trabajo científico,

porque sirven de guía y de marco de referencia. Sin embargo, a la vez, también pueden constreñir el campo de visión y acción de los investigadores. Existe amplio acuerdo sobre la existencia en Criminología de tres grandes paradigmas, o modos de pensar sobre la delincuencia, particularmente en relación a cuál debe ser el objeto principal del análisis criminológico y a cuál es la perspectiva más apropiada para su estudio (Curran y Renzetti, 2008; Vold y Bernard, 1986; Vold et al., 2002). Históricamente, el primer paradigma fue el que aquí se ha denominado del “libre albedrío” y castigo, que, aunque cuenta con una interpretación intuitiva y racional sobre la etiología de los delitos (la tendencia humana al placer y la propia utilidad), fundamentalmente se orienta a intentar mejorar la disuasión y el control del delito mediante la punición penal. En segundo término, el paradigma científico dirige su atención prioritariamente al análisis y a la explicación teórica de de la conducta delictiva. Un tercer paradigma es el del conflicto social, que prioriza el análisis del comportamiento y procesos de las propias leyes y de la justicia, más que el análisis de a conducta delictiva en sí, y de cómo las leyes y sus aplicaciones sesgadas pueden amplificar los fenómenos criminales. Dentro de cada uno de estos paradigmas existen diversas perspectivas teóricas que difieren entre ellas en

los factores explicativos utilizados. Siguiendo el esquema propuesto por Vold y Bernard (1986; Vold et al., 2002) veamos estos tres paradigmas criminológicos de manera resumida:

5.3.1. Libre albedrío y castigo En este modo de pensar sobre la delincuencia, un principio básico de partida es la atribución a los seres humanos de capacidad y libertad plenas para decidir acerca de su comportamiento, y, específicamente, para cometer delitos o no hacerlo (a lo cual se denomina el libre albedrío). Por otro lado, se considera que las personas son particularmente egoístas, por lo que su conducta tenderá a la propia utilidad y beneficio (principio de placer), para cuya obtención pueden utilizarse también comportamientos ilícitos y delictivos. Desde este planteamiento, el objetivo básico del análisis criminológico sería la indagación de los modos que puedan resultar más efectivos para inhibir esta tendencia utilitarista y disuadir a los ciudadanos de cometer delitos. La dimensión aplicada fundamental del paradigma del libro albedrío y castigo ha sido el establecimiento de sanciones (privación de libertad, multas, etc.) para prevenir los delitos, bajo el presupuesto de la amenaza penal, y el castigo efectivo de aquéllos que acaban infringiendo la ley. Este paradigma teórico domina amplia

y generosamente el terreno de la práxis de las políticas criminales de todos los países, que en buena medida se basan en el derecho penal y sancionador.

5.3.2. Paradigma científico El presupuesto de partida del paradigma científico en Criminología es el mismo de las ciencias naturales y sociales: el determinismo científico. Según ello, existirán factores individuales y sociales vinculados a la aparición y mantenimiento de la conducta delictiva. El objetivo básico de la Criminología será, así pues, la investigación sistemática de aquellos elementos y factores que están en la base de la delincuencia, que deberán constituir el fundamento de la prevención delictiva. Esta perspectiva fue el origen de la Criminología científica, desde mediados del siglo XIX, y en el presente es la base metodológica de la inmensa mayoría de las investigaciones criminológicas. Es decir, sus principales propuestas aplicadas se dirigen a profundizar, mediante la investigación empírica, en el conocimiento de las causas y factores determinantes de la delincuencia para, de este modo, poderlos prevenir y controlar más eficazmente. “La causalidad es un tipo de relación entre variables observables, y todas las teorías científicas en criminología efectúan argumentaciones causales de un tipo u otro (…) El punto central de las teorías causales es tener un mejor

control sobre el mundo en el que vivimos” (Vold et al., 2002, pp. 5, 6 y 8). No obstante, es necesario realizar algunas precisiones sobre los conceptos científicos de “causalidad” y “determinismo”. Tal y como señaló Akers (1997), en la ciencia actual, y también en la Criminología científica, los términos “causalidad” y “determinismo” no deben ser interpretados en un sentido formal y categórico, sino relativo y probabilístico. Cuando en la lógica formal tradicional se habla de causas y efectos, suele entenderse que para que A sea causa de B, A debe constituir una condición necesaria y suficiente de B. Esto es, cuando dado A, B se produce en todos los casos. Sin embargo, las ciencias naturales y sociales (entre ellas, la Criminología) no operan desde esta perspectiva de la lógica formal. En la ciencia, la causalidad posee un sentido relativo o probabilístico (Vold et al., 2002), que, en el mejor de los casos, permite efectuar predicciones del tipo: A favorece la presencia de B. “El concepto probabilístico de causalidad sugiere que la conducta humana ni se halla completamente determinada por fuerzas externas ni es el resultado exclusivo del incondicionado ejercicio de elecciones absolutamente libres” (Akers, 1997: 10-11).

5.3.3. Conflicto social A partir de los años sesenta (del siglo XX), surgió en

Criminología un nuevo paradigma criminológico que se ha denominado del “conflicto social”. En él pueden encuadrarse las teorías del labeling, la criminología crítica, las teorías marxistas y los planteamientos feministas. Su objeto de preocupación fundamental fue analizar, más que las causas del delito, los mecanismos sociales y simbólicos mediante los cuales ciertas conductas (generalmente más probables en las clases bajas) son definidas como delictivas, y ciertos individuos (mayoritariamente de sectores sociales más desvalidos) como delincuentes (Vold et al., 2002). Sus propuestas aplicadas sugerían la necesidad de erradicar, mediante las oportunas reformas sociales, económicas y legales, los mecanismos sociales y legales creadores de delincuencia y de marginación, y redefinir y disminuir de este modo los fenómenos criminales. Las perspectivas teóricas del conflicto tuvieron gran predicamento en Criminología a partir de los años sesenta, según ya se ha dicho, y lo continúan teniendo en la actualidad. Sin embargo, hasta el presente, dadas las dificultades que se derivan de la propia magnitud de sus propuestas de cambio social, han tenido una influencia mucho más limitada en el terreno de la práctica político-criminal. Los tres paradigmas criminológicos que se acaban de presentar constituyen los grandes fundamentos conceptuales de la criminología histórica y también

moderna. En el pasado, los partidarios de unos u otros entablaron firmes y agrias polémicas teóricas e ideológicas al respecto. Sin embargo, y afortunadamente en opinión de los autores de esta obra, en la actualidad tales confrontaciones paradigmáticas han decaído en buena medida, y los planteamientos conceptuales vigentes se han tornado en general menos puristas y más integradores. Pocos investigadores y pensadores de la criminología contemporánea negarán el papel ineludible que, como se señala en el paradigma del libro albedrío y castigo, unas buenas leyes y un eficaz funcionamiento de la justicia deberán jugar para el control de la delincuencia. Pero, a la vez, pocos dejarán de reconocer los excesos punitivistas que son habituales en muchos países, tal y como evidencian las teorías del conflicto, en cuanto a un control social y sancionador exacerbado de los individuos y los grupos sociales más desvalidos, mientras que quedan mucho más impunes las infracciones y delitos de los poderosos. Y, en paralelo, pocos pensadores y expertos en Criminología serán ajenos a la necesidad insoslayable de emplear la metodología científica como herramienta básica del estudio de los problemas delictivos y del control social del delito. A este respecto, Felson (2006) realzó la importancia que tiene para el desarrollo y progreso de cualquier disciplina el hecho de que el paradigma científico sea aceptado y

compartido como fundamento metodológico común, tal y como sucede en las ciencias naturales. En ellas, los científicos han aprendido a no cuestionar los métodos y presupuestos de partida (que incluyen los elementos esenciales de la ciencia: la observación, la medida, el experimento, etc.), sino que todas sus energías y sus debates se dirigen, no a discutir el método, sino a analizar la veracidad de los resultados obtenidos por unos y por otros. En Criminología se ha avanzado mucho, a lo largo de las últimas décadas, en esta dirección, y puede afirmarse que en la actualidad la inmensa mayoría de expertos y estudiosos de la Criminología, aunque se sitúen en perspectivas teóricas diferentes, consideran imprescindible el uso de una metodología científica común. Como han afirmado Vold et al. (2002), “desde una perspectiva de referencia [concreta], los criminólogos pueden hacer algo más que simplemente discrepar unos de otros. Todas las teorías [que explican la delincuencia y los mecanismos de control con referencia a factores naturales] son científicas, y efectúan afirmaciones sobre relaciones entre fenómenos observables. En consecuencia, los criminólogos pueden observar sistemáticamente el mundo y ver si las relaciones formuladas por ellos realmente existen —para lo que pueden realizar investigaciones—. Los resultados de la investigación

indicarán que algunas teorías son consistentes con las observaciones en el mundo real, mientras que otras son contradictorias con ellas. En eso consiste el proceso científico” (p. 12).

5.4. GRUPOS TEÓRICOS PRINCIPALES A la hora de presentar las teorías criminológicas, los manuales las agrupan de diferentes maneras. El modo más frecuente ha sido estructurarlas en teorías biológicas, psicológicas y sociológicas. El supuesto de partida de esa clasificación consideraría que cada teoría tiene una vinculación principal con factores de alguno de los sectores mencionados. Es decir, que existen teorías que explican la delincuencia a partir de elementos biológicos, otras desde factores psicológicos, y las últimas partiendo de variables sociales. En verdad, tal clasificación puede resultar poco justificable en la actualidad, ya que las formulaciones criminológicas más modernas interrelacionan en general diferentes elementos de carácter tanto biopsicológico como social. En realidad, actualmente la mayoría de las teorías de la delincuencia podrían ubicarse de facto en un nuevo paradigma que podemos denominar de la interacción. En la Criminología del presente predomina, según se comentó, la síntesis teórica, tomando en consideración los conocimientos adquiridos a lo largo del desarrollo de la

Criminología científica: tanto las teorías más clásicas como las más modernas toman en consideración, por un lado, factores explicativos inherentes a los propios individuos y, por otro, elementos del entorno social que reacciona frente al comportamiento delictivo. Hoy día existe un mayoritario acuerdo en que la conducta delictiva no puede ser adecuadamente comprendida si no se atiende a elementos diferentes, tanto de los sujetos como de su contexto social. Los planteamientos teóricos más modernos, aunque pongan énfasis en algún factor explicativo particular, reconocen que, si bien puede haber individuos más agresivos y vulnerables para inmiscuirse en actividades delictivas, existen a la vez múltiples problemas sociales que pueden acrecentar el delito, y además, que las sociedades pueden tratar de forma sesgada y discriminatoria a ciertos individuos y grupos, favoreciendo su marginación y posibles conductas infractoras. Así pues, dada la combinación de factores y paradigmas que pueden confluir en las teorías criminológicas, en esta obra hemos categorizado las principales explicaciones en una serie de grupos o bloques teóricos, que se presentarán sucesivamente en los capítulos 6 a 11. Las teorías compendiadas en cada grupo teórico se vinculan entre sí a partir de dos posibles elementos de conexión: o bien proceden de una línea conceptual común, de la que

constituyen reelaboraciones o desarrollos, o bien comparten, en mayor o menor grado, presupuestos y propuestas semejantes. Estas agrupaciones responden al esquema teórico que se recoge en el cuadro 5.1, que explicaremos ahora brevemente y que define la estructura de los capítulos de esta segunda parte. Aunqe el grupo teórico que aglutina las teorías de la elección racional y de la oportunidad aparece el primero en la figura que sigue, debido a la prioridad cronológica de la Escuela Clásica (elección racional), el capítulo que lo describe no se presentará al principio de esta parte teórica sino posteriormente, en correspondencia con la aparición más moderna e influyente de las teoría de la oportunidad. CUADRO 5.1. Principales paradigmas y grupos teóricos en Criminología: factores explicativos y objetos de análisis

5.4.1. Tensión y control social El grupo teórico denominado tensión y control social realza el papel que las influencias sociales negativas (mediante la presión ejercida sobre los individuos, o bien a partir de la ruptura de sus vinculaciones sociales) pueden tener en el origen de la conducta delictiva (capítulo 6). El elemento principal, que conecta estas propuestas entre sí, es que la delincuencia es el resultado de problemas en la estructura y el funcionamiento social, y especialmente de los desequilibrios existentes entre las metas sociales y los medios legítimos disponibles para su obtención. Esto es, entre los objetivos sociales que se proponen a los ciudadanos (poseer más dinero y más estatus social; ser más, en definitiva) y las posibilidades y recursos limitados de que disponen los individuos más frágiles de la sociedad (los que cuentan con menores potenciales educativos o económicos, o con menores capacidades y habilidades) para el logro de tales objetivos. Se considera que esa discrepancia, entre aspiraciones y posibilidades reales, generaría grave tensión en los individuos, que puede acabar propiciando la aparición de subculturas ajenas a los valores oficiales dominantes, y de reacciones de malestar social y de ira. Como resultado de estas respuestas personales, y también de la ausencia de los necesarios controles sociales para su

contención, algunos individuos podrían responder de manera violenta y delictiva.

5.4.2. Criminología biosocial Se ha definido un segundo sector de investigación y explicaciones criminológicas bajo la denominación, cada vez más frecuente, de Criminología biosocial (capítulo 7). Esta línea sería la heredera más directa de la criminología positivista, iniciada por Lombroso a finales del siglo XIX. Uno de sus objetivos prioritarios de análisis fue durante décadas intentar dilucidar la influencia relativa, sobre la delincuencia, de la herencia y el ambiente. Para ello se realizaron múltiples estudios con hermanos gemelos y con niños adoptados, tomando en cuenta las similitudes y diferencias genéticas y los parecidos y diferencias ambientales. Desde hace décadas y hasta la actualidad, esta perspectiva concibe la agresión, que acaba estando en la base de muchos comportamientos infractores, como una tendencia adaptativa de los seres humanos (y de otras muchas especies animales) a su entorno físico y social. Estas tendencias agresivas serían el resultado, de igual manera que el resto de características morfológicas o de comportamiento, de la selección natural operada a lo largo de la evolución de las especies. Según ello, la agresión cumpliría generalmente un papel adaptativo, mejorando las posibilidades de supervivencia frente a las dificultades

ambientales (Boyd y Silk, 2001; Wilson, 1997; Workman y Reader, 2008). Sin embargo, en algunas ocasiones, los individuos podrían excederse en sus manifestaciones agresivas, ya sea por razones biológicas o ambientales, y podrían acabar dañando gravemente a otros y cometiendo delitos. Desde estas perspectivas, los objetivos científicos principales serían explorar y describir las raíces evolutivas y biológicas de la agresión, y las condiciones individuales y sociales en que las respuestas de defensa y agresión pueden tornarse dañinas para otros seres humanos, dando lugar a distintas formas de conducta delictiva.

5.4.3. Diferencias individuales y aprendizaje Vinculado al anterior, el sector teórico que hemos denominado diferencias individuales y aprendizaje (capítulo 8) tiene una naturaleza más psicológica, y hace referencia a aquellas características personales y experienciales de los sujetos que pueden conferir a los individuos mayor o menor vulnerabilidad y riesgo para el inicio en el delito. El ámbito de las diferencias individuales pone énfasis en factores como la edad, el sexo, la inteligencia y la personalidad. Se sabe bien que todos estos elementos pueden jugar un papel decisivo en el riesgo de conducta delictiva. La variable edad aparece claramente relacionada con el desarrollo y la evolución de las carreras criminales de muchos delincuentes. Po otro

lado, es bien conocido que los varones delinquen más que las mujeres, y a este respecto la investigación psicobiológica actual ha puesto de relieve la existencia de diferencias neurológicas y hormonales, asociadas al sexo, que se relacionan con las propensiones agresivas e infractoras. Otro factor relevante, en términos de diferencias individuales, es que muchos delincuentes muestran diversos déficits en su inteligencia, particularmente en su inteligencia social o interpersonal. Por último, algunas teorías psicológicas han planteado también la existencia de ciertos rasgos de personalidad que, como la impulsividad, se vinculan de una manera significativa al comportamiento delictivo. Aunque muchos de los anteriores factores individuales y psicológicos tienen un fundamento claramente biológico, ello no significa que estas características personales no sean también influenciadas y moduladas, en su relación con la conducta delictiva, por elementos ambientales y sociales. Este influjo acontecería especialmente a partir de los procesos de aprendizaje del comportamiento antisocial, mediante la imitación de modelos y otros mecanismos psicológicos como el condicionamiento clásico y el aprendizaje operante, o sobre la base de las recompensas que siguen al comportamiento. La fundamentación teórica principal de este bloque la constituye la teoría del

aprendizaje, en su primera versión como teoría de la asociación diferencial, según la propuesta pionera de Sutherland, y en su vigente planteamiento como teoría del aprendizaje social, a partir de Burgess y Akers. La tesis principal es que la conducta delictiva, al igual que muchos otros comportamientos, se aprende en interacción comunicativa con otras personas.

5.4.4. Etiquetado y conflicto social Como ya se ha mencionado, a final de los años sesenta se produjo un cambio de paradigma en Criminología. Aparecieron las teorías del etiquetado y el conflicto social (capítulo 9). Este nuevo paradigma del conflicto sostenía que las leyes no eran, sin más, el resultado del consenso social entre el conjunto de los ciudadanos, algo que estaba implícito en la escuela clásica y en las perspectivas positivistas y sociológicas anteriores. Además, se consideraba que los factores individuales o sociales, aducidos en los precedentes grupos teóricos, no eran los más relevantes a la hora de comprender la delincuencia. Se vino a interpretar que el proceso fundamental para entender adecuadamente los procesos criminogénicos era el relativo a la definición, creación y aplicación de las propias normas sociales y legales, que suelen catalogar como comportamientos infractores muchas conductas que son características de los individuos y grupos más

desvalidos de la sociedad. De esta manera, las leyes y la reacción social frente al comportamiento de algunos sujetos y sectores sociales vulnerables, serían quienes, en realidad, definirían y crearían la delincuencia. Así pues, el foco de atención preferente de las perspectivas criminológicas del conflicto se orientó hacia los procesos de creación de las leyes y las reacciones sociales que siguen a los comportamientos infractores.

5.4.5. Elección racional y oportunidad delictiva Se han situado bajo un epígrafe común, debido a los numerosos elementos que comparten, las teorías clásicas y modernas de la elección racional, y, también, las nuevas teorías de la oportunidad delictiva (capítulo 5). Elección racional engloba aquí algunas perspectivas más antiguas, como las de la escuela clásica, a partir de Beccaria y Bentham, y también a otras formulaciones teóricas más modernas, como la propia teoría del delito como elección racional, que da nombre al grupo. Los presupuestos de partida de todas estas concepciones son la racionalidad humana y la “tendencia al placer” como base de la delincuencia. Según ello, los individuos valorarían, para delinquir o no hacerlo, las circunstancias de coste y beneficio que les comporta su conducta. Su explicación de la delincuencia sería, por tanto, la existencia de una decisión racional de comisión de un delito, debido a la

utilidad que se espera obtener de él. Consiguientemente, la sociedad debe disponer normas y sanciones penales que contrarresten esta inclinación al logro del propio beneficio mediante los delitos. Implícitamente, la afirmación de que existe una tendencia humana hacia la propia utilidad, o principio de placer, presupone, por un lado, una cierta naturaleza biológica en esa dirección, y, por otro, la existencia de un ambiente físico y social que ofrece oportunidades favorables para el delito. En este último punto, las perspectivas racionales se conectan de lleno con la más moderna criminología ambiental o de oportunidad delictiva, en la que se encuadran diversas teorías estrechamente interrelacionadas, como la de las actividades cotidianas, el patrón delictivo y las ventanas rotas. Todas estas explicaciones de la delincuencia presuponen también que los individuos toman decisiones respecto a posibles delitos (como proponen las teorías de la elección racional), pero ponen el énfasis en que un aspecto crítico de tales decisiones es la existencia de oportunidades favorables para los delitos, sin las cuales probablemente no podrían producirse.

5.4.6. Desarrollo de las carreras delictivas El último bloque teórico de esta segunda parte corresponde a la investigación y teorías sobre carreras

criminales (capítulo 11). Este es un sector criminológico en auge, cuyas unidades fundamentales de análisis son el propio concepto de carrera delictiva, o secuencia de delitos cometidos por un individuo a lo largo del tiempo, y las variaciones que pueden acontecer en las carreras delictivas (inicio, incremento, reducción, desistimiento) bajo la influencia de distintos factores de riesgo y de protección. Un aspecto destacado de estos planteamientos es la denominada curva de edad del delito, o constatación universal acerca de cómo las carreras delictivas están condicionadas, en primer término, por la propia evolución de la edad del individuo. Por lo común, el inicio de la conducta antisocial se produce en la adolescencia, la actividad delictiva se consolida y alcanza su mayor cota al inicio de la edad adulta, y frecuentemente decae entre las edades de 20 a 30 años. Aunque existen múltiples teorías del desarrollo, aquí se han seleccionado dos ejemplos destacados, que son la taxonomía o clasificación entre infractores adolescentes y delincuentes persistentes, de Moffit, y la teoría integradora del potencial antisocial cognitivo, de Farrington. Esta última incorpora el análisis de diversos factores y procesos de riesgo, teniendo como concepto nuclear el de potencial antisocial. Por último, en este capítulo teórico final, se ha resumido también, en una formulación actualizada, el modelo del triple riesgo delictivo, de Santiago Redondo, debido a que constituye una estructura meta-teórica más general, en la que pueden

ubicarse y conectarse entre sí las principales teorías criminológicas que se presentarán a lo largo de esta segunda parte.

5.5. ESTRUCTURA DE LOS CAPÍTULOS TEÓRICOS Las teorías criminológicas suelen constituir una de las parcelas más áridas del estudio de la Criminología. A ello contribuye el hecho de que, con frecuencia, las teorías son presentadas en los tratados y manuales como una sucesión histórica de autores y propuestas dispares, poco vinculadas entre sí, alejadas de la realidad delictiva presente, y distantes de los resultados y conclusiones de las investigaciones criminológicas. Este libro pretende ser, a pesar de su amplitud y complejidad, una obra didáctica y amable para estudiantes y profesores. Para ello, en cada uno de los capítulos de esta segunda parte sobre teorías criminológicas, se presentarán de manera sintética e integrada, y referida a la realidad criminológica actual, los principales conceptos y resultados de investigación correspondientes a cada conjunto teórico, y, de manera precisa, sus teorías más destacadas. Con esta finalidad, cada capítulo sobre teorías incorporará, en mayor o menor grado, los siguientes contenidos: 1) una breve referencia a sus antecedentes históricos y conceptuales, en conexión con lo visto en el capítulo 2

sobre historia de la criminología; 2) una síntesis de los conceptos fundamentales de cada bloque teórico; 3) algunas teorías características del grupo teórico correspondiente; y 4) un análisis de su validez empírica, esto es del grado en que las teorías han sido confirmadas o refutadas a partir de la investigación. De este modo, se pretende ofrecer al lector una visión panorámica del conjunto de cada bloque conceptual o teórico vigente en Criminología, y una presentación más concreta de algunas de sus las teorías más importantes y representativas. Con esta finalidad, se ha renunciado a exponer aquí con extensión y detalle los antecedentes más remotos de cada sector teórico (lo que en parte ya se hizo en el capítulo 2), y a efectuar una presentación exhaustiva de todas y cada una de las teorías criminológicas de cada bloque conceptual. Contrariamente a ello, en cada caso, se han seleccionado algunas teorías significativas, que en general se han presentado con cierta amplitud y precisión, de forma que el lector pueda obtener una imagen perfilada de los presupuestos e implicaciones de cada teoría para la comprensión de las realidades criminales. Aunque la amplitud de elementos explicativos que utilizan unas y otras teorías es muy variable, en general las teorías criminológicas planteadas décadas atrás pusieron énfasis en algún factor o factores específicos (p. e., fallos en el control formal, desorganización social,

anomia, ruptura de vínculos sociales, aprendizaje, predisposiciones agresivas, etiquetado, presencia de oportunidades, etc.), a los que se atribuyó el peso principal de la explicación delictiva. Según ya hemos señalado, la dificultad más importante de algunas de estas teorías esencialmente monofactoriales radica en que, del mismo modo que restringen el espectro de factores explicativos utilizados, su capacidad esclarecedora del fenómeno delictivo suele ser también más limitada. Por ejemplo, la teoría general de la tensión de Agnew vería acotadas sus posibilidades explicativas, por definición, a aquellos delitos que son precedidos de emociones de ira o frustración, ya que la ira es su concepto explicativo nuclear. Por su parte, la teoría del aprendizaje social detallaría ampliamente el proceso mediante el cual los individuos aprenden a delinquir, pero no explicaría el papel que jugarían los sistemas sociales en estos aprendizajes. Un tercer ejemplo de estas limitaciones explicativas puede ilustrarlo también la teoría del labeling o etiquetado, que dirige su atención hacia aquellos procesos de etiquetamiento y de estigmatización de los individuos que favorecen la desviación secundaria, pero ignora los mecanismos que conducen a la desviación primaria (es decir, a las primeras conductas delictivas, anteriores a la intervención de los mecanismos de control).

Recientemente, en Criminología se han desarrollado algunas teorías más comprensivas e integradoras, con la finalidad de explicar de un modo más amplio la delincuencia y sus interacciones con los mecanismos de control social. Para ello, los investigadores han compendiado en un único modelo teórico conceptos y presupuestos de distintas naturalezas (individuales, sociales, ambientales…), a menudo a partir de conceptos procedentes de teorías anteriores. Según Siegel (2010) se habrían desarrollado tres grupos principales de teorías integradoras. El primero, que denominó teorías multifactoriales, incluiría diversas perspectivas que consideran la influencia sobre la conducta delictiva de diferentes factores sociales, personales o económicos, procedentes de las teorías de la desorganización y la tensión social, del control, del aprendizaje, del conflicto, de la elección racional y de los rasgos. Un segundo grupo lo constituirían las teorías de los “rasgos latentes” (Rowe, Osgood y Nicewander, 1990), cuya hipótesis básica sería que algunas personas poseen una serie de características individuales (como una menor inteligencia o una personalidad impulsiva), que les confieren un mayor riesgo de comportamiento delictivo. Dada la estabilidad que se atribuye a estos rasgos latentes, se considera que las fluctuaciones delictivas de los sujetos a lo largo del tiempo son sobre todo debidas a los cambios

que se producen en las oportunidades para el delito. Es decir, aunque ciertas características o predisposiciones individuales no varíen, un joven se hallaría en principio más expuesto que un adulto, por razón del estilo de vida juvenil, a ciertas oportunidades delictivas. De ahí que los jóvenes delincan más que los adultos. Las explicaciones de los rasgos latentes integrarían conceptos de las teorías de las predisposiciones agresivas, de las diferencias individuales (personalidad e inteligencia o cognición), y de la elección racional y de la oportunidad. Un tercer grupo de perspectivas integradoras lo formarían las teorías de las etapas vitales (“life-course theories”). Éstas consideran que sobre la variabilidad observada en la conducta delictiva influirían diversos tipos de factores estructurales, como, por ejemplo, el nivel económico o el estatus social, los procesos de socialización, el apoyo social recibido, algunos factores biológicos y psicológicos, las oportunidades para el delito, y la evolución constante a lo largo del tiempo de los estilos de vida de los individuos. Como ya se comentó, en la presentación de las teorías criminológicas que se efectuará, a continuación se ha prescindido de incluir un capítulo específico sobre teorías integradoras, debido a que en la actualidad muchas teorías, particularmente las más modernas y renovadas, tienden a ser de una manera u otra teorías integradoras, lo

que haría a esta denominación en exceso amplia y poco precisa. Frente a ello, todas las teorías aquí descritas, más monofactoriales o más multifactoriales e integradoras, se incluirán correlativamente dentro de cada grupo o tronco conceptual al que se vinculan de manera preferente (control social, diferencias individuales, teorías de conflicto, oportunidades, etc.). Se considera que de este modo el lector podrá hacerse una idea más completa y, valga la redundancia, integrada, de las diversas líneas teóricas existentes en Criminología, representadas, en cada caso, tanto por teorías monofactoriales, generalmente más antiguas, como por los modelos integradores y multifactoriales más recientes. PRINCIPIOS CRIMINOLÓGICOS Y POLÍTICA CRIMINAL 1. Los principales aspectos que requiere una teoría criminológica para ser tal, son los siguientes: 1) debe definir la relación entre uno o más factores explicativos y un factor explicado; 2) tanto los factores explicativos como los explicados deben poder ser operacionalizables y observables; 3) las relaciones establecidas deben poderse confirmar a partir de la propia realidad delictiva; y 4) de una teoría deben poderse derivar propuestas de aplicación para mejorar la prevención y el control del delito. 2. Para que las teorías criminológicas sean comparables y competitivas entre sí deben hacer referencia al mismo objeto de estudio. Los dos principales objetos de análisis, a los que se refieren la mayoría de las teorías criminológicas, son la conducta delictiva y los mecanismos de control social. 3. Los paradigmas criminológicos suelen comportar un conjunto de asunciones y presupuestos sobre el funcionamiento de la sociedad en general, y de la delincuencia en particular. Los principales paradigmas criminológicos son el del «libre albedrío y castigo», el «científico» y el del «conflicto social». En la criminología actual existe una mayoritaria aceptación y combinación de presupuestos conceptuales de estos tres paradigmas, considerando sus respectivos

planteamientos como necesarios y compatibles entre sí. 4. Las teorías de la tensión y el control social apuntan en dirección a los esfuerzos que las sociedades deberían hacer para mejorar la integración social de sus miembros, y para erradicar todas aquellas tensiones individuales y sociales susceptibles de generar reacciones de agresión y violencia. 5. La Criminología biosocial nos recuerda que, pese a nuestro gran desarrollo social y cultural, los seres humanos tenemos una naturaleza biológica imbuida de características y condicionantes, que como nuestra capacidad de agresión, han sido conformados a lo largo del proceso de la evolución y se hallan presentes en cada uno de nosotros. Estas características naturales no deberían ser ignoradas, como tan a menudo se hace, sino debidamente tomadas en consideración, para modularlas y orientarlas más eficazmente en una dirección prosocial. 6. Los conocimientos psicológicos sobre diferencias individuales y aprendizaje pueden resultar especialmente útiles para la socialización de niños y jóvenes, la prevención del delito, y el diseño de programas de tratamiento con delincuentes. 7. De las perspectivas criminológicas del etiquetado y del conflicto hemos aprendido que los delitos no siempre constituyen un mero a priori, y que los controles sociales son una pura consecuencia, sino que lo contrario también es posible: que la delincuencia puede precipitarse o exacerbarse bajo una acción desmedida e imprudente de los mecanismos de control y de la justicia. Esto debería ser tomado mucho más en cuenta de lo que suele hacerse, antes de poner en marcha endurecimientos penales impulsivos y poco racionales, que más bien pueden estimular que no reducir el delito. 8. Las teorías de la elección racional y de la oportunidad llaman la atención sobre el hecho de que, pese a todos los condicionantes individuales y sociales con los que pueden contar los sujetos, finalmente son los individuos quienes toman sus propias decisiones y opciones de comportamiento. Aunque a la vez se reconoce que en tales decisiones juegan un papel muy importante las opciones de conducta disponibles, y particularmente, por lo que se refiere a los delitos, las oportunidades criminales. 9. La Criminología del desarrollo nos ha enseñado que la actividad delictiva no surge generalmente de forma repentina e imprevista, sino que suele comportar todo un proceso creciente de inicio, incremento y persistencia delictiva a lo largo de un tiempo. En este proceso va a resultar crítica la presencia de factores de riesgo y de protección a que se halle expuesto un individuo, lo que tiene importantes implicaciones preventivas. Otro resultado muy relevante, en el que se abundará en un capítulo posterior, es el conocimiento sólido acerca de que la inmensa mayoría de quienes han cometido delitos suelen abandonar pronto, y de forma natural, la actividad delictiva. La implicación de ello para la política criminal es que los sistemas de control deberían ser mucho más racionales y moderados, evitando en todo lo posible medidas punitivas prolongadas y estigmatizantes (especialmente a través del internamiento), ya que tales medidas podrían acabar teniendo efectos contraproducentes, contribuyendo, no a la erradicación de la actividad criminal,

sino a su prolongación. CUESTIONES DE ESTUDIO 1. ¿Qué es una ley científica? ¿Qué es una teoría? 2. ¿Cuáles son los principales criterios que suelen considerarse para valorar la idoneidad de una teoría científica? 3. ¿Qué significa que las teorías deben responder a los criterios de consistencia lógica y de verificabilidad empírica? ¿Cómo podría definirse la parsimonia científica? Buscar ejemplos de teorías del delito más o menos parsimoniosas. 4. ¿En qué sentido debe interpretarse la afirmación de que la teorías criminológica constituyan productos intelectuales del tiempo en que fueron formuladas? 5. ¿Qué características tenían las explicaciones del delito en la antigüedad? 6. ¿Por qué razones resulta complicada la comparación entre las teorías criminológicas? 7. ¿Existen distintos objetos de estudio criminológico? ¿En qué sentido puede ello afectar a la comparación entre teorías diversas? 8. ¿Qué es el determinismo científico? ¿Significa que la conducta delictiva está determinada de antemano? Razonar la respuesta y poner ejemplos. 9. ¿Qué son teorías criminológicas implícitas, de mínimo desarrollo y explícitas? Buscar ejemplos que permitan ilustrar estas categorías teóricas. 10. ¿Qué constataciones y hechos requieren ser atendidos y explicados por las teorías criminológicas? 11. ¿Cuáles son los principales paradigmas y grupos teóricos existentes en Criminología? ¿Cómo se relacionan unos y otros? 12. Leer en clase el capítulo XV del libro In-tolerancia cero, titulado “Diálogo sobre una nueva ciencia: criminología”, y debatir en grupos acerca de los argumentos favorables y desfavorables que los personajes del Diálogo dan en relación con diversos paradigmas y teorías criminológicas.

6. TENSIÓN Y CONTROL SOCIAL 6.1. INTRODUCCIÓN: CONCEPTOS FUNDAMENTALES 267 6.1.1. Derivados teóricos de la escuela de Chicago 268 6.1.2. Validez empírica de la relación entre desorganización social y delincuencia 269 6.2. TEORÍAS DE LA TENSIÓN 270 6.2.1. Anomia y tensión 270 6.2.2. Anomia institucional 274 6.2.3. Subculturas 275 A) Privación de estatus y subcultura delictiva 276 B) Oportunidad diferencial 277 6.2.4. Teoría general de la tensión 280 A) Relaciones sociales negativas y motivación para la delincuencia 280 B) Fuentes de tensión principales 281 C) Conexión entre tensión y delincuencia 284 D) Prevención de la delincuencia 286 E) Validez empírica 289 6.3. TEORÍAS DEL CONTROL SOCIAL INFORMAL 291 6.3.1. Primeras formulaciones teóricas 292 A) Teoría de la contención de Reckless 292 B) Teoría de la neutralización y la deriva de Sykes y Matza 294 6.3.2. Teoría del control social o de los vínculos sociales 297 A) Mecanismos de vinculación social 298 B) Contextos de la vinculación social 299 C) El apego a los padres 300 D) Validez empírica 301 6.3.3. Teoría del autocontrol 306 A) Encaje entre conducta delictiva y bajo autocontrol 307 B) Manifestaciones del autocontrol 308 C) Causas del bajo autocontrol 309

D) Validez empírica 310 6.3.4. El control social informal según edades 314 6.3.5. Teoría de la Acción Situacional del Delito 315 A) El delito como ruptura de prescripciones morales 315 B) Acción situacional 316 PRINCIPIOS CRIMINOLÓGICOS Y POLÍTICA CRIMINAL 319 CUESTIONES DE ESTUDIO 320

6.1. INTRODUCCIÓN: FUNDAMENTALES

CONCEPTOS

Bajo la denominación tensión y control social, en este capítulo se recogen diversas teorías a las que vinculan los elementos comunes siguientes (Siegel, 2010): 1. Realzan la importancia de los factores sociales en la explicación de la delincuencia. Más concretamente, consideran que la desorganización social y la falta de integración comunitaria son elementos cruciales en la aparición de la conducta delictiva. Estas disfunciones sociales facilitan o promueven que diferentes individuos y grupos —de índole racial, lingüística, cultural, pandillas juveniles, etc.— muestren objetivos, normas y posibilidades sociales distintos, y a veces confrontados. 2. De manera específica, estas teorías enfatizan la influencia en la conducta delictiva de las interacciones sociales negativas o problemáticas. Las relaciones interpersonales conflictivas explicarían la delincuencia en cuanto que generan en los individuos tensión y estrés que

podrían llevarles a ciertas reacciones agresivas o delictivas, o bien debido a que quiebran los nexos o vínculos interpersonales, disminuyendo de ese modo el control social informal (que ejercen la familia, la escuela o los amigos). 3. La principal propuesta aplicada de estas perspectivas es desarrollar programas juveniles, familiares o sociales de amplio espectro que reduzcan la marginación social, aumenten la integración, disminuyan la tensión social y, también, mejoren el control social informal. Todas estas estrategias pueden contribuir a que los ciudadanos acepten las normas y los valores colectivos, y se acaben implicando en las actividades convencionales de la comunidad (como la educación o el trabajo). De esta manera, se favorecería una mayor integración social de los ciudadanos y se reduciría el fenómeno delictivo.

6.1.1. Derivados teóricos de la escuela de Chicago Según ya se vio en el capítulo sobre historia de la Criminología, los sociólogos de la escuela de Chicago habían atribuido los altos índices de delincuencia existentes a principios del siglo XX, en Chicago y otras ciudades norteamericanas, a procesos de “patología social”. De esta idea originaria acabaron derivándose dos explicaciones criminológicas diferentes, que dieron lugar

al nacimiento de sendos grupos teóricos. La primera explicación se relacionaba con la idea de tensión o estrés (es decir, generadora de ansiedad). Los individuos experimentarían tensión como resultado de sus vivencias negativas en una sociedad conflictiva y carente de integración social (“anómica”). En ella se priorizan una serie de metas, como lograr más riqueza y un superior estatus social, pero no siempre están disponibles los medios legítimos para alcanzarlas. En consecuencia, son muchas las personas que no pueden cumplir las expectativas sociales y acaban sintiéndose incómodas dentro de la sociedad. Una de las respuestas posibles para afrontar la tensión experimentada es el uso de medios ilícitos, o delictivos, para el logro de las metas sociales que no pueden conseguirse de otro modo. Sobre la base de esta segunda interpretación nacieron las perspectivas teóricas denominadas de la tensión. La segunda de estas interpretaciones fue que la falta de integración comunitaria originaría un decaimiento de los vínculos sociales. Las comunidades rurales pequeñas, que favorecían un control eficaz de sus miembros, han sido en buena medida remplazadas por grandes urbes en las que casi han desaparecido los vínculos informales. La disminución o ruptura de los lazos afectivos en la familia, la escuela, el vecindario o el barrio ha producido una situación de desarraigo social, de forma que algunos

individuos carecen ahora de inhibiciones que les impidan delinquir. Esta segunda interpretación dio lugar en Criminología a las teorías del control, o de modo más preciso, del control social informal.

6.1.2. Validez empírica de la relación entre desorganización social y delincuencia Los criminólogos de Chicago llegaron a la conclusión de que, puesto que el origen de la delincuencia se hallaba en la patología social resultante de la falta de orden, para prevenir los delitos debían emprenderse programas que facilitasen la integración social y que resolviesen los problemas asociados a la pobreza y a la falta de empleo de las comunidades menos favorecidas, mejorando las condiciones de vida de las familias, eliminando las bolsas de marginación, extendiendo la escolarización, mejorando las ofertas laborales, recreativas, etc. (Siegel, 2010). Sobre la base de esta perspectiva se desarrolló el Proyecto Área de Chicago, y, posteriormente, un proyecto similar en Boston, a lo largo de veinticinco años (entre 1932 y 1957, año en que murió Shaw, teórico de la Escuela de Chicago, promotor de este programa preventivo). Sin embargo, cuando estos programas se llevaron a cabo a gran escala en Chicago y en otras ciudades norteamericanas, se comprobó que la delincuencia no decreció de modo uniforme y paralelo a su aplicación.

Resolver el desempleo, paliar las deficiencias sanitarias y aminorar la pobreza son sin duda objetivos deseables en cualquier sociedad, pero el progreso y mayor bienestar en estos campos no necesariamente va asociado a una disminución contingente de la delincuencia. En Estados Unidos, por ejemplo, el fuerte incremento del nivel de ingresos medios por habitante, que tuvo lugar durante los años sesenta, fue también acompañado de un crecimiento espectacular de las tasas de criminalidad (Cohen y Felson, 1979). (Algo parecido sucedió en España a principios de los ochenta: las mejoras económicas y sociales de esos años no se tradujeron en una reducción de la delincuencia, sino en un aumento de ésta.) Por tanto, las tesis derivadas de la Escuela de Chicago, según las cuales la aplicación de medidas sociales era el principal remedio contra la delincuencia, no se vieron confirmadas. Pese a todo, las propuestas teóricas de la Escuela de Chicago fueron y siguen siendo una auténtica “mina de oro que continúa enriqueciendo la criminología en la actualidad” (Vold, Bernard y Snipes, 2002, p. 133). Prueba de ello es el desarrollo de las variadas teorías e investigaciones criminológicas a que los planteamientos de la Escuela de Chicago han dado lugar durante todo el siglo XX y hasta nuestros días.

6.2. TEORÍAS DE LA TENSIÓN

6.2.1. Anomia y tensión Desde un punto de vista etimológico, Durkheim acuñó el neologismo “anomia” a partir de combinar el prefijo griego de negación “a-” y el término “nomos” (norma). Con esta nueva palabra caracterizó a aquellas situaciones en que se produce una “ausencia de norma” o “desregulación”, que serían, según la perspectiva del propio Durkheim y de los primeros teóricos de la Escuela de Chicago, el origen principal de la desviación social y el delito (Siegel, 2010; Smelser y Warner, 1991). Sin embargo, pronto se cuestionó que las conductas desviadas y los delitos se debiesen meramente a la falta de orden, y, por el contrario, en seguida se vino a considerar que más bien se trataría de comportamientos normales de individuos pertenecientes a ciertos sectores de la comunidad, como reacción ante los problemas sociales que experimentaban. Además, se propugnó que la delincuencia también tendría una función social positiva, sirviendo, paradójicamente, para mantener el orden y la cohesión social. Los comportamientos delictivos, y los delincuentes, cohesionarían a la comunidad al permitir a ésta delimitar mejor sus fronteras, relativas a la conducta adecuada y a la que no, permitiendo identificar más fácilmente a los que están fuera de ellas. Así, violadores, ladrones, traficantes de drogas, etc., servirían a la colectividad, como referentes antinormativos que, por

contraste, afianzarían a los ciudadanos corrientes en la necesidad de respectar las normas. El siguiente paso fue conectar las experiencias de anomia con la tensión individual y social. El sociólogo norteamericano Robert Merton (1910-2003) plasmó la hipótesis de relación entre anomia y tensión en un artículo, de 1938, titulado Social Structure and Anomie (Merton, 1980; Young, 2010). En un sentido general, tanto para Durkheim (que fue el creador del concepto de anomia, en su obra El suicidio, de 1897) como para Merton “la anomia surge de la discrepancia que existe entre las necesidades del hombre y los medios que ofrece una sociedad concreta para satisfacerlas” (Giner, 1993: 233; Siegel, 2010). Pero Merton especificó en mayor grado el concepto de anomia, definiéndolo como aquel proceso, propio de las sociedades modernas, que resultaría del cambio rápido de los valores sociales, sin que dé tiempo a remplazarlos por otros valores alternativos. Como resultado de ello, los individuos se quedarían sin valores y normas que les sirvan como referentes de su conducta (Young, 2010; Walsh, 2012). Robert Merton (1910-2003) ha sido uno de los sociólogos más relevantes e influyentes de todo el siglo XX. Autor de múltiples obras destacadas, entre las que sobresale El análisis estructural en la Sociología (1975). Es autor de la teoría de las funciones manifiestas y latentes. Su aportación más importante para el análisis criminológico fue su reelaboración del concepto de anomia, que consideró resultado de un conflicto fines-medios. Es autor, en paralelo a Parsons, de la teoría estructural-funcionalista, que prioriza un

análisis micro-sociológico de la sociedad, a partir de sus partes integrantes. Asimismo, efectuó aportaciones importantes a la sociología de la ciencia.

¿Cuáles son los valores prevalentes en las sociedades modernas, que podrían estar en el origen de la anomia? La sociedad norteamericana, y otras sociedades industriales actuales, propiciarían en muchos individuos un conflicto medios-fines, en dos sentidos relacionados (Merton, 1980). El primero, por la contradicción existente entre el fuerte énfasis cultural puesto en la competitividad y el logro del éxito, y el mucho más modesto conferido a la necesidad de utilizar para ello medios legítimos (es decir, se presupone que los ciudadanos tenderán al éxito empleando medios legítimos; sin embargo, los valores y las actitudes sociales realzan los fines a los que se debería aspirar y tender —dinero, propiedades, estatus social, etc. — y no tanto los medios por los que tales fines deberían lograrse). En segundo lugar, existiría también una incongruencia fines-medios relacionada con las diferencias entre clases sociales. “El sueño americano promueve el ideal de que todo el mundo dispone de iguales oportunidades para lograr el éxito. Pero en realidad los grupos minoritarios desfavorecidos y la clase baja no tienen un idéntico acceso a tales oportunidades legítimas” (Akers, 1997: 120)1. Además, la teoría de Merton distinguiría dos niveles paralelos de discrepancia entre medios y fines, uno social

y otro individual. En el plano social, la disconformidad de ciertos grupos con los valores y normas imperantes, sería el origen de su propio estado o situación de anomia y de los conflictos a que ésta pueda dar lugar. Mientras que en un nivel individual, la discrepancia con las pautas imperantes originaría tensión y sentimientos personales de incomodidad y rebeldía, que podrían traducirse en “soluciones” antisociales y delictivas. De este modo, según la interpretación que efectuó Cullen (1983; ver también Vold et al., 2002), Merton propondría en realidad dos hipótesis teóricas. La primera haría referencia a las características de una sociedad: la anomia se produciría cuando la estructura social es incapaz de ofrecer oportunidades legítimas para que los ciudadanos puedan lograr los objetivos y metas sociales. La segunda hipótesis tendría que ver con los sentimientos y emociones de frustración que, en esas circunstancias, pueden experimentar los individuos. Ambos procesos se interconectarían entre ellos, ya que, en situaciones de “tensión de la estructura social” (por la imposibilidad del logro de los objetivos sociales por medios normativos), los individuos pueden sentirse “tensionados” y más dispuestos a obtener dichos objetivos por medios no legítimos2. LA REALIDAD CRIMINOLÓGICA: TEXTOS CLÁSICOS: La tendencia a la anomia (Robert Merton, Teoría y estructura sociales, pp. 236-237) “La estructura social que hemos examinado produce una tendencia hacia la anomia

y la conducta divergente. La presión de semejante orden social se dirige a vencer a los competidores. Mientras los sentimientos que dan apoyo a este sistema competitivo estén distribuidos por todo el campo de actividades y no se limiten al resultado final del ‘éxito’, la elección de medios permanecerá en gran parte dentro del ámbito del control institucional. Pero cuando la importancia cultural pasa de las satisfacciones derivadas de la competencia misma a un interés casi exclusivo por el resultado, la tendencia resultante favorece la destrucción de la estructura reguladora. Con esta atenuación de los controles institucionales, tiene lugar una aproximación a la situación que los filósofos utilitarios consideran erróneamente típica de la sociedad, situación en la que los cálculos de la ventaja personal y el miedo al castigo son las únicas agencias reguladoras. Esta tendencia hacia la anomia no opera igualmente en toda la sociedad. En el presente análisis se han hecho algunos intentos para señalar los estratos más vulnerables a las presiones hacia la conducta divergente y descubrir algunos de los mecanismos que operan para producir esas presiones. A fin de simplificar el problema, se tomó el éxito monetario como el principal objetivo cultural, aunque hay, naturalmente, otros objetivos (…)”.

Ciertos paralelismos con la teoría mertoniana tiene la formulación teórica sobre la desviación y la delincuencia realizada por Talcott Parsons. Este autor concibe la desviación en relación con los conceptos de interacción y de expectativas normativas que regulan el comportamiento. Define la desviación como “los procesos por medio de los cuales se desarrollan resistencias a la conformidad con las expectativas sociales y los mecanismos en virtud de los cuales estas tendencias son o tienden a ser contrarrestadas en los sistemas sociales” (cita tomada de Smelser y Warner, 1991: 232). La teoría de la desviación de Parsons incluye cuatro conceptos centrales (Smelser y Warner, 1991): 1) la tensión, que se halla en el origen del comportamiento desviado y delictivo; 2) las direcciones de este

comportamiento, mediante las que pueden conocerse las tendencias desviadas; 3) la estructuración de las tendencias desviadas; y 4) el control social, o las reacciones que se suscitan frente a la desviación o la delincuencia. La confluencia combinada de estos procesos daría lugar, según los casos, a una serie de resultados o tipos de comportamiento desviado diferentes: predominio, ejecución compulsiva, sometimiento, observancia perfeccionista —el “ritualismo” de Merton—, agresividad social, incorregibilidad, independencia compulsiva, y evasión.

6.2.2. Anomia institucional Una aportación relevante a la perspectiva de la anomia fue la teoría de la anomia institucional, de Messner y Rosenfeld, propuesta en 1994 en su obra Crime and the American Dream. Estos autores convienen con Merton en que la cultura Norteamericana tiene, como su aspecto más relevante, el valor del éxito, a lo que ellos se refieren como the American Dream. El sueño americano sería alentado por un capitalismo feroz, que se concretaría tanto en una fuerte presión hacia la acumulación de bienes materiales como en una abierta competencia individual, con líderes míticos que simbolizarían la máxima expresión de estos valores (Bill Gates, creador de Microsoft, Warren Buffett, exitoso prohombre de las

finanzas, o Donald Trump, magnate de los negocios y estrella televisiva) (Siegel, 2010). La dimensión anómica del sueño americano se concretaría en una especie de mensaje de “todo vale” en dirección al logro de los propios objetivos, siempre mediatizado por un balance de los poderes institucionales sistemáticamente dominado por la economía, frente a otros aspectos y dimensiones de la vida social (Lilly et al., 2007; Messner y Rosenfeld, 2013). Más concretamente, la cultura e instituciones capitalistas producirían los siguientes procesos y efectos (Rosenfeld y Messner, 2013; Siegel, 2010): 1) determinarían una fuerte y constante presión hacia el éxito económico; 2) otras instituciones y culturas tradicionales, como la familia o la religión, habrían sido relegadas a un segundo plano, y ya no tendrían fuerza bastante para contrarrestar el empuje de lo económico; 3) como consecuencia de ello, ante situaciones de conflicto de roles y objetivos, los económicos primarían habitualmente sobre cualesquiera otras consideraciones o valores familiares o morales; y 4) los lenguajes, normas y estándares económicos acabarían invadiendo todos los ámbitos de la vida social, y redefiniendo todos los contextos y roles desempeñados por los individuos (en la familia, la escuela, la universidad, el trabajo, el deporte, etc.) en versiones adaptadas de las estructuras y dinámicas económicas.

Como resultado de todo lo anterior, y en coherencia con la propuesta originaria de Merton, el mito del sueño americano promoverá que muchas personas acaben desarrollando un firme impulso y deseo de bienes materiales que, sin embargo, en muchos casos no podrán satisfacer por medios legítimos, lo que, a la postre, redundará en unas altas tasas de delincuencia, como las que efectivamente se observan en Estados Unidos (Lilly et al., 2007).

La privación relativa, o diferencia percibida entre lo que poseen unos y aquello de los que carecen otros, es una fuente habitual de tensión y anomia en las sociedades modernas.

6.2.3. Subculturas La hipótesis según la cual existe vinculación entre tensión y delincuencia también forma parte de las teorías de las subculturas. Según éstas muchos individuos de la clase baja estarían sometidos a una discrepancia entre las aspiraciones sociales y los recursos personales disponibles para su logro. Este desajuste fines-medios les genera estados emocionales de tensión y de disconformidad con las pautas colectivas (Melde y Esbensen, 2011). Sobre esta base de partida, lo más innovador de las teorías subculturales fue proponer que la conducta delictiva, particularmente de los jóvenes, resulta de su asociación en grupos o pandillas subculturales que rechazan los medios o los fines sociales establecidos, y fijan como guía de su conducta nuevos objetivos o métodos (Tibbetts, 2012; Walsh, 2012)3. Dos de las perspectivas subculturales clásicas más conocidas fueron las planteadas a mediados del siglo XX por Cohen (1955) y por Cloward y Ohlin (1966).

A) Privación de estatus y subcultura delictiva Albert Cohen (1955) consideró globalmente adecuada la

propuesta de Merton en el sentido de que el conflicto fines-medios fuera el origen principal de las tensiones sociales y la conducta delictiva. Sin embargo, a la vez creyó en exceso restrictiva y racional la idea mertoniana de que la principal fuente de tensión fuera, al menos para el caso de los jóvenes, de cariz utilitario y económico. Aunque ocasionalmente los objetivos juveniles serían materiales, la prioridad de los jóvenes sería más bien la mejora del propio estatus y reconocimiento social, especialmente en los propios contextos juveniles de pandillas o grupos de amigos (Siegel, 2010). Así pues, Cohen realzó el papel que en la génesis de la tensión tendría la incapacidad de los jóvenes de la clase baja para lograr un mayor estatus y una aceptación adecuada en la sociedad convencional. Esta privación de estatus conduciría a muchos jóvenes de las clases bajas a una frustración de estatus. Frente a ello, la subcultura delictiva podría ofrecer a estos sujetos la aprobación y el reconocimiento social (aunque sea marginal o subcultural) que necesitan. Cohen concluyó que en todas las grandes ciudades existirían “barrios de delincuencia”, en los cuales la cultura de banda constituía una manera de vivir (Giddens, 2009). Las subculturas delictivas aflorarían entre aquellos jóvenes que se sienten ajenos a un sistema social —y particularmente al sistema educativo— que parece existir y funcionar contra ellos. En muchos casos

no contarían con las habilidades y las actitudes necesarias para triunfar en una institución que, como la escolar, parece concebida para permitir y favorecer el triunfo de las clases medias y altas. Por ello acabarían reaccionando contra dicho sistema (de ahí el nombre de teoría de la reactancia, como también se la conoce), e integrándose en una subcultura antisocial que exalta un sistema de vida contrario al preconizado por el sistema escolar. En palabras de Cohen, “la condición crucial para la emergencia de formas culturales nuevas es la existencia en interacción efectiva con otros de un número de actores con similares problemas de ajuste” (Cohen, 1955: 59).

B) Oportunidad diferencial Con posterioridad, Cloward y Ohlin (1966), en su otra Delinquency and Opportunity: A Theory of Delinquent Gangs, aceptaron también la hipótesis de Merton de que la tensión conduce a la desviación y a la delincuencia, como resultado de la situación de anomia. Incorporaron también algunas de las sugerencias de Cohen sobre los factores que propician la aparición de las subculturas juveniles y, como novedad, añadieron un nuevo elemento teórico: la noción de estructuras de oportunidad ilegítima. En este concepto propusieron que las bandas juveniles surgirían en contextos en los cuales las oportunidades legítimas de conseguir los objetivos sociales típicos —

dinero, bienestar o estatus— son escasas. De ahí que en aquellos barrios en los que la delincuencia profesionalizada se encuentra organizada, los miembros de las bandas juveniles acabarán enrolándose en los estamentos delincuenciales adultos, y perpetuando de este modo sus carreras delictivas (Siegel, 2010). En cambio, si no existen organizaciones delictivas adultas, la subcultura de la banda adoptará formas divergentes más blandas, y se manifestará en forma de conductas vandálicas o de peleas entre bandas. Finalmente, quienes, en tales contextos sociales, no se ubiquen ni en el orden social establecido ni en la subcultura delincuencial de la banda, acabarán, según Cloward y Ohlin, como sujetos refugiados en actividades marginales tales como el consumo de drogas (Clemente y Sancha, 1989; Giddens, 2009)4. En síntesis, las teorías subculturales, unidas a los postulados sobre la anomia y la tensión, propusieron que las discrepancias entre fines y medios, que se dan en la colectividad, especialmente entre las clases menos pudientes, producen estrés e incomodidad social, y que estas vivencias, a su vez, conducirían a la delincuencia (Siegel, 2010). Estos análisis también sostuvieron que un joven marginal que realice pequeñas actividades delictivas no necesariamente se convertirá en un delincuente de carrera, si no existen referentes delincuenciales adultos. La falta de modelos delictivos, de

recompensas sociales por el delito y de medios adecuados para llevarlo a cabo, puede sustraer al joven de la delincuencia, o, en el peor de los casos, reducirlo a una situación de marginalidad no delictiva. En el cuadro 6.1 se esquematiza el proceso de creación y funcionamiento de las subculturas delictivas entre los jóvenes, de acuerdo con las teorías subculturales. CUADRO 6.1. Esquema del proceso de generación de las subculturas delictivas, de acuerdo con las formulaciones teóricas de Cohen (1955) y Cloward y Ohlin (1966)

Fuente: adaptado a partir de D. J. Shoemaker (1990), pp. 119 y 129.

En todo caso, es muy frecuente que los jóvenes cometan delitos en compañía de otros (Melde y Esbensen, 2011). Melde y Esbensen (2011) exploraron, a partir del análisis empírico de 1.400 jóvenes, los mecanismos mediadores que podían facilitar el efecto criminógeno de la entrada de un joven como miembro de una banda juvenil. La incorporación a la banda favorecería en el individuo cambios emocionales, actitudinales y en sus rutinas vitales, los cuales incidirían directamente en el incremento de su actividad delictiva. Estos cambios podrían incluso tener efectos duraderos y no revertir pese al abandono posterior de la banda juvenil. Un análisis específico sobre las bandas delictivas juveniles en diversos países europeos, bajo el patrocinio del European Program, ha puesto de relieve dos datos relevantes (Klein, Weerman y Thornberry, 2006). El primero, que los jóvenes vinculados a bandas delinquen de forma más violenta que los delincuentes juveniles que actúan de modo aislado. El segundo, que, a pesar de todo, la violencia delictiva de las bandas juveniles en Europa es significativamente menor que la violencia de banda existente en Estados Unidos, apareciendo como razones principales para ello la menor disponibilidad de armas de fuego y los menores niveles de propensión a defensa de un territorio. Un aspecto vinculado a las subculturas es la observación

frecuente de que en barrios de concentración subcultural existiría una gran impunidad delictiva, de modo que muy pocos delitos llegan realmente a conocerse y ser perseguidos. Kirk y Matsuda (2011) han acuñado la expresión “cinismo normativo” para referirse al descreimiento de algunas personas y grupos sociales acerca de la legitimidad de la ley. Según estos autores, en muchos barrios de concentración de minorías de clase baja existiría un alto “cinismo normativo”, que se asociaría a una menor eficacia colectiva en dirección a la prevención del delito y, a la postre, a una menor cooperación para el control de los delitos cometidos, muchos de los cuales quedarían de este modo impunes. En la misma dirección, Slocum, Taylor, Brick y Esbensen (2010) han obtenido que la probabilidad autoinformada de denuncia de hechos delictivos se asocia inversamente al nivel de pobreza del barrio en que se vive, pero no de forma aislada, sino en interacción con variables individuales como las actitudes y experiencias de los sujetos en relación con la policía, el delito y sus percepciones de la comunidad.

6.2.4. Teoría general de la tensión

Robert Agnew es catedrático de Sociología y director del programa de Estudios de la Violencia en la Universidad Emory de Atlanta, estado de Georgia (USA). Uno de los grandes renovadores de las llamadas “teorías de la tensión”.

La teoría general de la tensión fue formulada por Robert Agnew, sintéticamente en 1992 y más extensamente en 2006, e intenta revitalizar las perspectivas de la tensión de Merton, Cohen, Cloward y Ohlin y otros autores, especialmente en la dimensión individual de estas propuestas (Bernard et al., 2010; Walsh, 2012). Según Agnew existe amplia investigación criminológica, psicológica y sociológica, que ampara la relación entre tensión y delincuencia por lo que se requiere una conceptualización teórica específica de dicha conexión tensión-delito.

A) Relaciones sociales negativas y motivación para la delincuencia Las teorías del control social de Hirschi, del aprendizaje social de Akers y de la tensión de Agnew comparten un elemento común: explican la delincuencia a partir de las relaciones que tienen los individuos con su entorno próximo. Sin embargo, Agnew (1992) establece dos diferencias fundamentales entre su teoría general de la tensión y las teorías del aprendizaje y del control social: la primera, el tipo de relaciones sociales que unas y otras

realzan como génesis de la delincuencia, y, en segundo término, la naturaleza de la motivación para el delito. En el modelo de la tensión de Agnew, las relaciones con otras personas que explican la delincuencia son de carácter negativo. Se trata de aquellas interacciones con otros que son susceptibles de producir frustración o tensión en el individuo, precipitando su conducta delictiva. Por contra, las teorías del control social o del aprendizaje social destacan las relaciones positivas que vinculan al individuo con elementos sociales próximos (familia, amigos, escuela, etc.), y le disuaden de la delincuencia (control social), o le entrenan y le motivan para delinquir (aprendizaje social). En lo relativo a la motivación para la delincuencia, según la teoría general de la tensión, los jóvenes son impelidos a la delincuencia por estados emocionales negativos, tales como la ira, la frustración o el resentimiento. De ello resultaría una mala relación con su entorno que podría conducirles a la ejecución de acciones correctivas contra las fuentes que les causan tensión emocional. Con esta finalidad pueden adoptar diferentes soluciones de comportamiento, como la utilización de medios ilegítimos para el logro de sus objetivos, el ataque directo a la fuente que les produce la tensión, o la evasión de la situación a través del uso de drogas. Incluso atendidas las anteriores diferencias de partida,

Agnew (2006) ha señalado que las mediciones de factores criminógenos específicos tales como abuso infantil, desempeño de un trabajo marginal o residencia en barrios desestructurados, constituyen indicadores comunes a estas tres grandes teorías (tensión, control y aprendizaje), y por ello la relación de tales factores con la delincuencia no puede tomarse como confirmación exclusiva de una sola de ellas.

B) Fuentes de tensión principales Para Merton y para los teóricos de las subculturas hay una fuente básica de tensión, que es la discrepancia existente entre los objetivos sociales a los que se debe aspirar y los medios disponibles para alcanzarlos. Agnew (2006), sin embargo, identifica tres fuentes distintas susceptibles de generar tensión en los individuos (Lilly et al., 2007): 1. La imposibilidad de alcanzar objetivos sociales positivos, tales como una mejor posición económica o un mayor estatus social. En esta categoría se encontraría, por ejemplo, la discrepancia entre las aspiraciones de la gente y sus logros reales (querer tener un mejor trabajo y no conseguirlo por falta de estudios, por ejemplo), o entre lo que uno considera que le corresponde por su esfuerzo y los resultados reales que obtiene. Esta podría ser la vivencia de cualquier experto o profesional especializado

que habiendo dedicado muchos años de su vida a su formación universitaria no lograse, sin embargo, obtener un empleo acorde con ella. Esta primera fuente de tensión coincide básicamente con la ya identificada por Merton y otros teóricos precedentes. 2. La tensión se produce también por la privación de aquellas gratificaciones que un individuo ya posee o que espera poseer. Éste sería, por ejemplo, el caso de aquella persona a la que hubiesen despedido del trabajo por reducción de plantilla, o también el de aquel chico que, por causa de su expulsión de la escuela, se sintiera apartado y excluido de sus amigos. Según Agnew, la bibliografía científica ha evidenciado con claridad que el bloqueo de las aspiraciones legítimas de un individuo puede ser un factor desencadenante de la agresión. 3. La tensión puede precipitarse, así mismo, cuando una persona es sometida a situaciones negativas o aversivas de las cuales no puede escapar. Ejemplos de estas experiencias podrían ser el abuso de menores, la victimización infantil o adulta, las mujeres que son maltratadas o vejadas reiteradamente por sus maridos pero permiten que esta situación se perpetúe debido a su dependencia económica o emocional, las experiencias escolares negativas como suspensos reiterados y expulsión del colegio, o la invasión por otros del propio espacio personal5. Todas estas situaciones conflictivas

son fuentes de tensión debido a que no se puede o no se sabe cómo evitarlas, aunque ocasionalmente la persona que las sufre intente eludirlas de diferentes maneras. Podría ser el caso de aquel joven que para acabar con el maltrato que le inflige su padre opta a veces por fugarse de casa, consumir alcohol o drogas, o reaccionar agresivamente contra su progenitor. Desde la formulación inicial de la teoría general de la tensión en 1992 se han desarrollado múltiples investigaciones que han intentado operativizar las variables implicadas en el modelo, y analizado la relación entre conducta delictiva y diversos tipos de tensión. Paternoster y Mazerolle (1994) definieron como posible factores de tensión diversos acontecimientos vitales negativos (divorcio, separación de los padres, muerte o lesión de un familiar cercano, desempleo de los padres, cambio de escuela, etc.), problemas en el barrio (vandalismo, hurtos y robos en casas, atracos, etc.), relaciones negativas con adultos (padres o maestros, en el caso de los jóvenes), rechazo por parte de los amigos y compañeros, e imposibilidad de aprobar el grado escolar deseado o de obtener un trabajo apetecido. Mazerolle y Piquero (1998) operativizaron la fuente de tensión “fracaso en obtener objetivos sociales positivos” a partir de la variable dificultad de los jóvenes para lograr grados académicos que deseaban en relación a los obtenidos por

sus compañeros; como fuente de tensión ser sometido a “estímulos aversivos” en el barrio, evaluaron aspectos como el vandalismo, la abundancia de alcohólicos y yonquis, la existencia de edificios ruinosos, la frecuencia de atracos, etc., y en el contexto de la familia, el divorcio o separación de los padres así como las idas y venidas de su padre a casa por reconcialización o ruptura con la madre; como “privación de estímulos positivos” midieron la ruptura reciente con una pareja o con un amigo. Por su parte, Aseltine, Gore y Gordon (2000) hallaron que eran factores precipitantes de tensión, que podían guardar relación con conducta antisocial, los siguientes: acontecimientos vitales estresantes (problemas escolares, monetarios, laborales, violación o victimización delictiva, embarazo, abandono del hogar, problemas de salud, problemas legales, separación o segundo matrimonio de los padres, o muerte de alguno de los padres), conflictos familiares (entre los padres, etc.) o conflictos con los amigos. Agnew (2006) resumió las fuentes de tensión más habituales en las sociedades occidentales, especialmente en lo referido a los jóvenes, en las siguientes: • rechazo paterno • supervisión/disciplina errática, excesiva o cruel • abandono o abuso infantil • experiencias negativas en la escuela secundaria

• relaciones problemáticas con los amigos y compañeros • trabajos marginales • desempleo crónico • problemas de pareja • fracaso en el logro de objetivos deseados (ocio, autonomía, pareja, dinero, bienes…) • victimización delictiva • residencia en barrios pobres y carentes de servicios • carencia de hogar • discriminación por razón de raza, género, etc.

C) Conexión entre tensión y delincuencia La teoría general de la tensión establece una secuencia de influencias negativas, que se inicia con las fuentes de tensión aludidas, y puede acabar produciendo una conducta delictiva. En el cuadro 6.2 se ha esquematizado esta sucesión de elementos teóricos, que se concretan en los siguientes: 1. Fuentes de tensión. Las ya descritas: impedir logros sociales positivos, privar al individuo de gratificaciones que ya posee o espera poseer, y administrarle estímulos aversivos. Los tipos de tensión que Agnew (2001) considera que pueden conducir más probablemente a la delincuencia son aquellos que: a) son percibidos como de alta magnitud, b) interpretados como injustos, c) se

asocian a un control social bajo, y d) generan una presión o incentivo para la acción delictiva. Agnew (2006) ha diferenciado las tensiones ‘objetivas’, que serían aquellos eventos que resultan estresantes para muchas o la mayoría de las personas, y las tensiones ‘subjetivas’, que pueden ser especialmente angustiosas y criminógenas, no para la mayoría, pero sí para algunas personas. 2. Emociones negativas. Las anteriores fuentes aversivas generan a las personas emociones negativas como disgusto, depresión o miedo. Desde el punto de vista criminológico, la emoción más importante sería la ira, que es un paso previo a muchos delitos, ya que la ira confiere energía a la acción. 3. Conductas correctivas de la situación. El individuo, frente a las tensiones productoras de emociones negativas, puede intentar corregir la situación desagradable mediante diferentes conductas, entre las cuales la infracción y el delito son posibles opciones. 4. Alivio de la tensión. La emisión de un comportamiento antisocial o delictivo —por ejemplo, que un joven golpee a su padre para impedir que éste lo maltrate, o que alguien sustraiga dinero de su trabajo para pagar una deuda apremiante— puede aliviar, aunque sea coyunturalmente, la tensión experimentada. CUADRO 6.2. Esquema de la teoría general de la tensión: proceso de conexión tensión-conducta delictiva

Fuente: elaboración propia a partir de R. Agnew (1992), Foundation for a General Strain Theory of Crime and Delinquency. Criminology, 32, 555-580, y R. Agnew (2006), Pressured into crime, Los Angeles, Ed. Roxbury.

Cada fuente de tensión específica puede ser un elemento situacional precipitante de una infracción o delitos concretos: robo, agresión, uso de drogas, etc. A los malos tratos se puede responder, por ejemplo, mediante la agresión física. En cambio, tras el despido de un trabajo, o ante una situación de desempleo prolongada unida a graves dificultades económicas, el robo podría constituir una “buena” opción. Las distintas tensiones que se derivan de las relaciones problemáticas entre los individuos afectan a muchas personas en el conjunto de la estructura social, la mayoría de las cuales, sin embargo, no reaccionan mediante el

delito. ¿Por qué, frente a las tensiones, algunos individuos actúan criminalmente y otros no? Según Agnew, diversos factores podrían mediatizar que los individuos, y particularmente los jóvenes, puedan afrontar y resolver las tensiones experimentadas a partir de comportamientos antisociales. Serían de dos tipos principales: factores impulsores, relacionados con la importancia que el joven atribuye a los objetivos que persigue, con sus recursos personales (como su inteligencia o sus habilidades), con el apoyo social con el que cuenta, con los constreñimientos que le impulsan al delito, o con variables de macro-nivel de tipo ambiental o cultural (énfasis en el logro de dinero o de estatus, pobreza, marginación, etc.); y los factores de predisposición, relacionados con variables temperamentales, creencias o experiencias delictivas previas. En una versión más reciente y actualizada de la teoría de la tensión, los factores principales, que condicionarían que las tensiones experimentadas se canalizaran mediante opciones delictivas, serían los siguientes (Agnew, 2006): 1) la carencia del sujeto de habilidades para afrontar las tensiones que experimenta, de una manera socialmente aceptable; 2) que sean bajos los costes esperables por el comportamiento ilegal; y 3) las características personales, tales como sus tendencias agresivas o sus creencias favorables al uso de la violencia.

El último elemento importante de la teoría de Agnew es su afirmación de que la tensión crónica —la experiencia continuada de diferentes fuentes de tensión— puede predisponer a los individuos para el inicio de carreras delictivas de larga duración. Según ello, un joven con permanentes problemas económicos, maltratado en su casa, expulsado de la escuela, rechazado por sus amigos y por las chicas, etc., tendría mayor probabilidad de convertirse en un delincuente de carrera que alguien que no experimenta una acumulación de tensiones de esa magnitud. Además, según Agnew, el incremento de las experiencias aversivas tenderá a producir un efecto multiplicativo sobre los comportamientos delictivos. Es decir, existiría una relación no lineal entre tensión y delincuencia, en el sentido de que las paulatinas experiencias de tensión se irían acumulando, e incrementando geométricamente la probabilidad de comportamiento delictivo (Agnew, 2006).

D) Prevención de la delincuencia En coherencia con su argumentación teórica central, que relaciona tensión y delito, Agnew (2006) consideró que para prevenir la criminalidad es necesario reducir la exposición de los individuos a tensiones, a través de medidas como las siguientes: • Eliminando aquellas tensiones que llevan a la

delincuencia, tales como los sistemas punitivos de crianza en la familia y en las escuelas, la discriminación social, laboral, etc. • Alterando ciertas tensiones (que no pueden ser eliminadas) para hacerlas menos conducentes al delito. Por ejemplo, los sistemas punitivos de justicia juvenil, ya que difícilmente pueden ser abolidos, deberían suavizarse, priorizando el uso de medidas comunitarias, de justicia reparadora, etc. • Sustrayendo a los sujetos de tensiones criminógenas, tales como, por ejemplo, retirando la patria potestad o custodia infantil a padres que son delincuentes persistentes, cambiando a ciertos niños y adolescentes de colegios problemáticos, etc. • Entrenando a los sujetos en mayor riesgo, en habilidades de afrontamiento de las tensiones, de modo que se hagan más resistentes a su influjo criminogénico. • Incrementando el apoyo social a jóvenes en situación de riesgo, lo que podría disminuir sus experiencias de tensión. • Aumentando el control social informal. • Reduciendo los contactos con amigos delincuentes y las creencias favorables a la conducta delictiva. LA REALIDAD CRIMINOLÓGICA: Teoría y práctica: la interpretación de la conducta de robar una motocicleta a la luz de la teoría general de la tensión

Para comprender cómo explica la teoría general de la tensión el comportamiento delictivo, considérese el siguiente ejemplo de delincuencia juvenil. Imagínese el caso de un joven de 16 años con pocos recursos económicos que ansía tener una motocicleta. ¿Cómo conseguirla? No dispone de demasiadas opciones. ¿Quizás robándola? Según la teoría de Agnew, los factores a que se ha aludido podrían precipitar el robo de la motocicleta. En primer lugar, el joven del ejemplo tiene un objetivo importante (poseer una moto) y no parece contar con muchas alternativas de conducta para el logro de ese objetivo. ¡Pero todos los chicos de su pandilla tienen una moto y él no! Además, puede que carezca de aquellos recursos personales que le podrían permitir un afrontamiento alternativo de esta situación. Entre éstos juegan un papel importante, según la teoría, la inteligencia, la creatividad y las habilidades de resolución de problemas interpersonales. Si dispusiera de las habilidades personales convenientes, podría, por ejemplo, buscar un trabajo para los fines de semana que le permita ganar el dinero necesario para comprar la moto apetecida, o bien plantearse comprar la moto a plazos. Podrían existir algunos elementos de apoyo social convencional susceptibles de disuadirle de robar la moto, si, por ejemplo, contase con la ayuda de otras personas para lograr su objetivo, o, por el contrario, para hacerle comprender que no es tan importante tener una motocicleta de manera inmediata, y que una opción sería esperar un tiempo para comprársela. Por lo que respecta al apoyo instrumental, la probabilidad de delincuencia ante esta situación disminuiría si el chico contara con alguien que le ayudase a buscar un empleo. Los constreñimientos para un afrontamiento delictivo de la situación podrían relacionarse, en este caso, con si el joven considera que puede sustraer una moto sin demasiados riesgos. Últimamente ha visto una moto nueva aparcada por las noches en una calle cercana. Llevársela sería estupendo para él —es un modelo magnífico y está casi nueva— y comportaría escaso riesgo, puesto que está fácilmente accesible de noche, cuando no cree que nadie la vigile o pueda darse cuenta. Los constreñimientos para el delito tienen que ver también con el grado de control social a que se halla sometido el joven, especialmente con la posible despreocupación paterna acerca de su conducta. Y, además, con la disponibilidad de medios ilegítimos para materializar el robo. En el ejemplo propuesto, sería tan sencillo como disponer de unos alicates apropiados para romper la cadena que bloquea la motocicleta, o bien contar con la furgoneta de un amigo para llevársela sin más. También existen, según Agnew, una serie de variables de macronivel, ambientales y culturales, que pueden influir sobre los valores y creencias del joven, dificultando o favoreciendo la conducta delictiva. Un factor reiteradamente señalado por las teorías de la tensión es el énfasis social puesto en ciertos valores como el dinero o el logro de

un mayor estatus. En el ejemplo propuesto, un joven de 16 años podría fácilmente llegar a conclusiones apremiantes como que todos los chicos de su edad tienen una moto y él no, o que si sus amigos tienen moto, cómo no va a tenerla él. Además, el sujeto podría haber generado diversas distorsiones cognitivas como resultado de la influencia de la publicidad sobre motos, motos de carreras, etc., o de los vistosos comercios en los que se venden estos vehículos. Imagínese la siguiente distorsión cognitiva, un tanto extrema, pero no imposible en un adolescente: “Vivir sin moto a mi edad no es vivir, me pierdo un montón de cosas”. En síntesis, en este joven comenzarían a confluir diversos elementos impulsores de la conducta delictiva como la imposibilidad de eludir la situación (la visión diaria de chicos con vistosas motos), la incapacidad de dominar su deseo de poseer una moto y la impotencia para conseguir un trabajo con el que ganar el dinero necesario para comprarla. Entre los factores de predisposición que podrían influir sobre el joven de nuestro ejemplo se hallan elementos como alta impulsividad, el aprendizaje previo de conductas de hurto o robo, o ciertas creencias neutralizadoras. El joven puede pensar: “Yo ya me he llevado otras cosas y no ha sucedido nada; una moto no la he robado nunca, pero no será diferente”. Si fuera así, el joven habría obtenido previamente consecuencias positivas por otras conductas ilícitas y efectuaría un cálculo optimista acerca del bajo riesgo de ser detenido. Podría facilitar su propia acción delictiva mediante alguna creencia como considerar que “quien puede permitirse un moto como esa seguro que puede comprarse otra”. Por último, habría que tener en cuenta el tipo de atribución que el individuo realiza sobre las causas de su propia adversidad. Si uno se dice: “La culpa de que yo no tenga moto es de la sociedad, de los ricos, que se quedan con todo”, el paso siguiente podría ser sustraer aquella moto nueva que se ha visto y que puede que pertenezca a alguien con más dinero. Para concluir, deberían tomarse en consideración también otros dos elementos que pueden facilitar el robo: tener amigos delincuentes (“mis amigos lo hacen y no pasa nada, por qué no lo voy a hacer yo”), o una experiencia continuada con la adversidad: “No es que no tenga moto, es que tampoco tengo equipo de música, no tengo nada. Quiero una motocicleta ya”.

E) Validez empírica De acuerdo con el propio Agnew (1992). si la teoría general de la tensión fuera cierta tendría que suceder que, al aumentar la tensión en los individuos, aumentarían paralelamente sus conductas delictivas. A la vez, los

factores explicativos propios de otras teorías de la delincuencia (como la ruptura de los vínculos sociales, según la teoría de Hirschi, o el aprendizaje de conductas delictivas, que postulan como explicación las teorías de Sutherland y de Akers) deberían permanecer invariables. Desde una perspectiva empírica, la relación entre ira y delincuencia violenta cuenta con un sólido aval empírico (Lilly et al., 2007; Wright, Gudjonsson y Young, 2008). Un estudio de Paternoster y Mazerolle (1994) evaluó empíricamente la teoría general de la tensión de Agnew y, tangencialmente, la teoría del control social de Hirschi, y la del aprendizaje social de Akers. La teoría general de la tensión propone, según se acaba de ver, que si se producen ciertos focos de tensión sobre los individuos, aumentarán sus conductas delictivas. La teoría del control social de Hirschi establece que la falta de apego a los padres y a otras instituciones sociales, como la escuela o los amigos, favorece la delincuencia. Por último, la teoría del aprendizaje social (a la que se hará referencia más adelante) afirma que la clave explicativa de la delincuencia reside en el aprendizaje de las conductas delictivas. Para valorar empíricamente estas teorías, Paternoster y Mazerolle (1994) definieron diversos indicadores de los anteriores constructos teóricos, que fueron evaluados en una muestra de 1.655 jóvenes norteamericanos de 11 a 17 años, a partir de información

procedente del Informe nacional sobre la juventud. Se establecieron medidas, para cada uno de los jóvenes estudiados, tanto de los elementos explicativos propuestos por la teoría como de la variable delincuencia, en dos momentos distintos con el intervalo de un año entre una y otra medición. Como medidas del constructo teórico tensión se evaluaron los siguientes aspectos: 1) la existencia de problemas en el barrio, que pudieran constituir una fuente de tensión para el joven: ambiente físico estresante, vandalismo juvenil, casas abandonadas o robos; 2) se valoró si los jóvenes habían experimentado acontecimientos vitales negativos, tales como divorcio de sus padres, muerte de un familiar, desempleo paterno o cambio de escuela; 3) se tomó en cuenta la existencia de posibles relaciones problemáticas con adultos, especialmente con los padres; 4) se constató si los jóvenes habían tenido peleas con los amigos o en la escuela; y 5) se ponderó si los sujetos percibían serias limitaciones sociales para el logro de sus objetivos personales. Como indicadores de la ruptura del apego social y del aprendizaje de conductas delictivas (constructos correspondientes a las teorías de Hirschi y de Akers, respectivamente) se tomaron las siguientes medidas: 1) el grado en que los jóvenes manifestaban rechazo de las conductas delictivas; 2) la proporción de amigos

delincuentes que tenían; 3) su predisposición delictiva, ponderada a partir de su mayor impulsividad y su más bajo autocontrol; 4) los grados académicos alcanzados, como medidor de la existencia o no de problemas en la escuela; y 5) su vinculación con la familia. Para verificar si los anteriores elementos teóricos mostraban relación con la conducta delictiva, se preguntó a los jóvenes sobre su participación a lo largo de un año en una serie de actividades ilícitas (robos de coches o de dinero, posesión de armas, utilización de drogas, actos vandálicos, etc.). Además, se creó un indicador global de delincuencia mediante el sumatorio de las diferentes actividades delictivas en que cada joven había participado. Cinco de las seis medidas del constructo tensión (problemas en el barrio, acontecimientos vitales negativos, relaciones problemáticas con adultos y peleas con los amigos o en la escuela) mostraron una asociación positiva y significativa con el comportamiento delictivo. Esta relación se produjo incluso cuando fueron controlados los efectos de las variables de control social y de aprendizaje. También se constató asociación entre algunos indicadores de control social o de aprendizaje y la conducta delictiva. Específicamente, los jóvenes con mayor proporción de amigos delincuentes también delinquieron en mayor medida. Por el contrario, los

jóvenes que manifestaban un mayor rechazo de la conducta delictiva y aquéllos que obtenían mejores logros académicos cometieron menos delitos. El estudio de Paternoster y Mazerolle (1994) apoya parcialmente tanto la teoría general de la tensión de Agnew como las teorías del control social de Hirschi y del aprendizaje social de Akers. Con independencia de los elementos teóricos ya comentados, en general los varones de la muestra y aquéllos que tenían un historial delictivo más prolongado, delinquieron con mayor frecuencia. Brezina, Piquero y Mazerolle (2001) y Warner y Fowler (2003) han sometido a comprobación empírica también la teoría general de la tensión por lo que se refiere a sus implicaciones, no individuales, sino de macro-nivel. Brezina et al. (2001) evaluaron una amplia muestra de 2.213 estudiantes varones de secundaria pertenecientes a 87 escuelas seleccionadas al azar, obteniendo una asociación parcial entre los niveles de tensión e ira informados por los estudiantes y la frecuencia y gravedad de los conflictos experimentados en las relaciones con sus compañeros. Warner y Fowler (2003) analizaron datos de 65 barrios de un estado norteamericano, y encontraron que las mayores carencias y privaciones existentes en los barrios guardaban relación con un aumento de los niveles de tensión en dichos barrios, y que dichas tensiones incrementadas se relacionaban a su vez con mayores

niveles de violencia. El presupuesto central de la teoría general de la tensión de Agnew (1992, 2006; Tibbetts, 2012) fue también evaluado, mediante un diseño experimental, en una muestra de estudiantes de ciencias sociales en sendas universidades norteamericanas (Rebellon, Piquero, Piquero, y Thaxton, 2009). Para ello los sujetos se asignaron al azar a un grupo experimental y a uno de control. Los del grupo experimental fueron expuestos, mediante viñetas diseñadas al efecto, a posibles situaciones de frustración de expectativas, como la de ver truncada una esperada promoción laboral, de la que se acababa beneficiando una persona de menor valía. Los resultados mostraron una asociación significativa entre mayores niveles de ira situacional y mayor probabilidad autoinformada de intención de conducta antisocial contra la fuente responsable de la tensión experimentada.

6.3. TEORÍAS DEL CONTROL SOCIAL INFORMAL Con el nombre de «Operación Nécora» la justicia intentó dar un golpe mortal al narcotráfico en Galicia a comienzos de los años noventa del siglo pasado. Pero la sentencia de septiembre de 1994 decepcionó a todos. Aquí vemos a madres de asociaciones antidroga protestando al conocer el contenido de la sentencia.

Las teorías del control social constituyen, de acuerdo con lo ya comentado, la segunda gran línea teórica derivada del pensamiento de la Escuela de Chicago. Mientras que muchas teorías del delito intentarían responder a las cuestiones de por qué y cómo algunos sujetos se convierten en delincuentes, las teorías del control se preguntarían, de entrada, lo contrario, qué mecanismos sociales facilitan que la mayoría de los ciudadanos no cometa delitos (Gottfredson y Hirschi, 1990; Vold et al., 2002). En realidad el cuestionamiento acerca de la conducta delictiva y sobre lo opuesto, la conducta conforme con las normas, serían las dos caras de la misma moneda, y la pregunta sobre una de ellas llevaría implícita la pregunta acerca de la otra (Akers, 1997). Las primeras formulaciones teóricas sobre el control social correspondieron, a mediados del siglo XX, a Albert J. Reiss y de Ivan F. Nye (véanse, entre otros, Akers, 1997; Vold y Bernard, 1986). Reiss (1951), a partir de un estudio sobre jóvenes delincuentes, atribuyó la etiología de la delincuencia al fracaso de dos tipos de controles: los personales (o internalizados) y los sociales (o externos). Nye (1958) por su parte identificó tres categorías de controles capaces de prevenir el comportamiento delictivo: los controles directos, que incluirían los premios y castigos administrados por los padres; los controles indirectos, que inhibirían la conducta delictiva,

debido al disgusto o pesar que ésta causaría a los padres o a otras personas a las que el joven se halla emocionalmente vinculado; y los controles internos, procedentes de la propia conciencia o sentimiento de culpa del joven. A continuación se presentan las teorías del control más relevantes en Criminología. Las dos más antiguas, la teoría de la contención de Reckless y la teoría de la neutralización y la deriva de Sykes y Matza, se comentarán de manera más breve. Se efectuará una descripción más detallada de la teoría de control o de los vínculos sociales de Hirschi, y de la teoría del autocontrol, de Gottfredson y Hirschi (1990), que fueron las teorías del control que recibieron mayor atención en las últimas décadas del siglo XX. También se hará mención a dos teorías más recientes, que pueden ser consideradas fundamentalmente teorías del control, a pesar de que, como la mayoría de teorías criminológicas actuales, integran elementos conceptuales diversos, no solo del control. Se trata de la teoría del control social informal según edades, de Sampson y Laub (2005, 2008), y la teoría de la acción situacional, de Wikström (2004, 2008).

6.3.1. Primeras formulaciones teóricas A) Teoría de la contención de Reckless

Reckless presentó su teoría de la contención en un artículo de 1961 titulado A New Theory of Delinquency and Crime. Reckless (1997 [1961]) afirma que los factores que explican la delincuencia son de dos tipos: las presiones que incitan a los individuos a la conducta delictiva y los controles que los retraen de ella. En el grupo de factores que propician la conducta delictiva se hallarían, en primer lugar, las presiones ambientales derivadas de las situaciones de pobreza, de conflicto y de represión social, o de la desigualdad de oportunidades (Tibbetts, 2012). En segundo lugar, existirían diversos incitadores ambientales de la delincuencia (“pulls of the environment”), tales como la presencia de objetos atractivos para el delito, las subculturas que refuerzan la delincuencia de sus miembros, o la influencia criminógena que puedan tener los medios de comunicación o la publicidad comercial. El tercer elemento que favorecería la conducta delictiva sería el correspondiente a los impulsos (“pushes”) del propio individuo, entre ellos sus frustraciones, sus enfados, sus rebeldías, su hostilidad, o sus sentimientos de inferioridad. El grupo de factores que “contienen” o retienen a las personas de la delincuencia comprendería los controles internos y los externos (Lilly et al., 2007). Los controles internos incluyen todos aquellos elementos personales

que actúan como reguladores de la propia conducta, entre los que estarían la capacidad para autocontrolarse, el buen autoconcepto, la fuerza del ego o de la propia personalidad, la alta tolerancia a la frustración, el sentido de responsabilidad, o la habilidad para encontrar satisfacciones que rebajen las propias tensiones sin necesidad de delinquir (Conklin, 2012). Entre los controles externos Reckless menciona diversos amortiguadores del ambiente social, o factores que operarían como limitadores de la conducta individual, tales como contar con una educación que dote a los individuos de una moral consistente, que las instituciones sociales les refuercen las normas, las actitudes y los objetivos que han interiorizado, o que posean un nivel razonable de expectativas sociales. Si se da una conjunción adecuada de ambos tipos de controles, internos y externos, los individuos tendrán una mejor protección contra la delincuencia. Dentro de los controles internos, Reckless considera que el factor fundamental que puede prevenir la conducta delictiva es el buen autoconcepto. En diversas investigaciones realizadas por el propio Reckless, con muestras de jóvenes que vivían en áreas urbanas de alto riesgo, se encontró que los jóvenes que a la edad de 12 años habían desarrollado un buen autoconcepto, tenían una menor probabilidad de conducta delictiva (Akers,

1997). En síntesis, según Reckless, la probabilidad del comportamiento delictivo dependería del equilibrio que se establezca en el individuo entre las presiones internas y ambientales para el delito y los controles internos y externos contra el delito. La principal dificultad de la teoría de la contención reside en que, aunque detalla una serie de factores que seguramente previenen la conducta delictiva (los diversos tipos de controles), no explica por qué unas personas poseen o adquieren dichos controles y otras no.

B) Teoría de la neutralización y la deriva de Sykes y Matza

Portada del libro de David Matza Delincuencia y Deriva

La teoría de Sykes y Matza (1957; Matza, 1981 [1964]), de la neutralización y la deriva, propone, como metáfora de partida, que los jóvenes se hallarían a menudo en una especie de estado de deriva, como un barco sin rumbo, sin anclaje firme en la sociedad, en una suerte de limbo entre la vida convencional y la conducta antisocial (Adler, Mueller y Laufer, 2009). Es decir, los adolescentes, hasta cierta edad, no tendrían una vinculación firme ni con las pautas de comportamiento y valores sociales convencionales ni con actividades infractoras y delictivas, sino que se encontrarían en medio (Tibbetts, 2012): ni son completamente empujados a la delincuencia, ni tampoco tienen una plena libertad para no delinquir. Comoquiera que los jóvenes tienen una gran tendencia a hacer cosas apetecibles —argumento que podría recordar el principio de placer de la escuela clásica (Conklin, 2012)—, en ocasiones se hallarían en situaciones proclives a la delincuencia, y, en efecto, algunos acabarían delinquiendo. Si sucediera lo contrario, esto es, si no se encontraran a menudo expuestos a tales situaciones favorecedoras del delito, lo más probable es que acabasen implicándose en actividades sociales convencionales que también les resultaran apetecibles. Mediante la imagen de la ‘deriva’, se apunta esencialmente a la desaparición o disminución de los

controles habituales a lo largo de la estructura social, lo que favorecería el influjo negativo de posibles factores criminógenos. Las causas de la delincuencia serían difíciles de predecir, ya que en muchos casos pueden ser azarosas, dependiendo de las circunstancias que inciden en la vida de una persona. De ahí que la teoría se centre en intentar comprender y describir, no las causas directas del comportamiento delictivo, sino las condiciones que hacen más probable que los jóvenes se encuentren en un estado de ‘deriva’, en el que pueden aparecer factores criminogénicos diversos (Vold et al., 2002). Dentro de la teoría de Sykes y Matza tienen gran importancia también las denominadas técnicas de neutralización (Bernard et al., 2010). Dado que la mayoría de los jóvenes no rechazan frontalmente las normas sociales convencionales, cuando las transgreden pueden recurrir a una serie de mecanismos de neutralización o exculpación. Estas estrategias las utilizan a veces todas las personas para justificar determinadas conductas inapropiadas o ilícitas. Las principales técnicas de neutralización son, según Sykes y Matza, las siguientes (véase cuadro 6.3): CUADRO 6.3. Técnicas de neutralización (Sykes y Matza, 1957) 1. Negación de la responsabilidad. 2. Negación del delito (ya sea de la ilicitud o del daño causado). 3. Negación de la víctima (descalificación). 4. Condena/rechazo de aquéllos que condenan la acción.

5. Apelación a lealtades debidas. 6. Defensa de la necesidad de la conducta. 7. Defensa de un valor. 8. Negación de la justicia o de la necesidad de la ley. 9. Argumento de “todo el mundo lo hace”. 10. Argumento de “tenía derecho a hacerlo”.

Fuente: a partir de Conklin (1995), Criminology. Needham Heights, Massachusetts: Allyn and Bacon, 214.

1. Negación de la responsabilidad, cuando, por ejemplo, se afirma la imposibilidad de realizar una conducta mejor (p.e., “no tengo más remedio que aparcar en la acera”, “solo será un momento”, etc.). 2. Negación de la ilicitud de la conducta o del daño causado. (p.e., “tampoco es tan grave”, “no daño a nadie con ello”, etc.). 3. Descalificación de la víctima (p.e., “no creo que sea para tanto si me llevo esto sin pagar; este centro comercial ya nos estafa todo lo que puede”, etc.). 4. Condena de los que condenan la acción delictiva (p.e., “los que más roban en este país no son las personas como yo, sino los políticos, los banqueros, los jueces y todos aquellos que hacen las leyes. Mi actuación no tiene importancia en comparación con las suyas”). 5. Lealtades superiores, o apelación, para justificar una conducta ilícita o inmoral, a la obediencia debida a otros, o a valores superiores como Dios, la patria, la revolución, la salvación eterna, etc.

Otras técnicas de neutralización, frecuentemente usadas, son la defensa de la necesidad de la conducta ilícita, la defensa de un valor supremo, la negación de la justicia o de la conveniencia de la ley, el razonamiento de que “todo el mundo lo hace”, y el argumento de que “tenía derecho a hacerlo”. Pueden encontrarse ejemplos claros del empleo de estrategias de neutralización en las entrevistas que se realizaron en una investigación sobre agresores sexuales de menores (Garrido, Beneyto y Gil, 1996). Un delincuente sexual, condenado por haber abusado de su propia hija de 6 años, razonaba: “Al encontrarme en el baño a la niña, le dije si quería que le hiciera cositas y la niña dijo que sí. (…) Si ella hubiera dicho que no, yo no le habría hecho nada. Le pregunté si le había gustado y ella dijo que sí. Siempre le preguntaba previamente si quería jugar a tocarse. Ella siempre decía que sí, si no la habría tocado”. Como puede constatarse, este individuo estaría neutralizando su propia responsabilidad y atribuyéndosela a la víctima, su hija de 6 años, a quien asigna, irracionalmente, el deseo del contacto sexual. Otro sujeto, violador de mujeres y de niñas, descalificaba a sus víctimas con la siguiente afirmación: “Las mujeres, y especialmente las niñas, son putas”. Otro más, que también mantenía relaciones sexuales con su hija de 6 años, atribuía la culpabilidad sobre la víctima, mediante el

siguiente razonamiento: “Yo no tenía relaciones con mi hija, era ella la que las tenía conmigo. No podía evitarlo, aunque sabía que no estaba bien”.

6.3.2. Teoría del control social o de los vínculos sociales La teoría de los vínculos sociales, o del control social, fue una de las teorías criminológicas más destacadas e investigadas durante las últimas décadas del siglo XX. Fue formulada por Travis Hirschi, en 1969, en su obra Causes of Delinquency. Su presupuesto central establece que el principal elemento que retiene a los jóvenes de implicarse en actividades delictivas es su vinculación afectiva con personas socialmente integradas. Y, contrariamente, la conducta delictiva sería el resultado de la inexistencia o ruptura de tales vínculos (Tibbets, 2012). Hirschi (1969) realizó un estudio sobre la delincuencia juvenil, basado en información proporcionada por los propios jóvenes sobre sus actividades en general (incluidas las delictivas, si las había), y acerca de sus relaciones con otras personas, especialmente con sus padres, sus amigos y el ámbito escolar. Los resultados mostraron que aquellos sujetos que tenían más vinculaciones sociales y que participaban en más actividades convencionales (educativas, recreativas, etc.) cometían menos delitos. Es decir, la inmersión del sujeto

en redes de contacto y apoyo social favorecía el control de sus actividades, e inhibía posibles conductas antisociales. A partir de estos resultados, Hirschi elaboró una teoría parsimoniosa, consistente y lógica. Aglutinó en ella, de forma lúcida, elementos de teorías del control previas, y propuso diversos indicadores y medidas empíricas de sus principales constructos teóricos (Akers, 1997). Según la teoría de los vínculos sociales. la conducta delictiva no es consecuencia de que el individuo cuente con determinadas creencias u otros factores que le lleven a delinquir, sino el producto de la ausencia de creencias, normas y vínculos sociales que le impidan delinquir (Siegel, 2010). Es decir, la génesis de la participación delictiva no se hallaría en la adquisición por un sujeto de valores y normas favorables al delito, sino en la inexistencia —o la ruptura— de vinculaciones sociales contrarias a la delincuencia: “Las acciones delictivas se producen cuando la vinculación de los individuos a la sociedad es débil o está rota” (Hirschi, 1969: 16). De modo parecido a la perspectiva de Sykes y Matza, se sugiere que los jóvenes se encuentran a la deriva y el que se vinculen o no a la delincuencia va a depender de si cuentan o no con controles que los retengan de ella (Conklin, 2012). Sin embargo, la teoría de Hirschi (1969) es más explícita y desarrollada, concretando cuáles serían los elementos del control social que alejarían al individuo

del delito y cuáles los contextos en los que tales vínculos sociales se establecerían.

Portada del libro clásico Causas de la Delincuencia, de Travis Hirschi

A) Mecanismos de vinculación social Hirschi (1969; Vold et al., 2002; Lilly et al., 2007) identificó cuatro procesos, estrechamente interrelacionados, mediante los que los jóvenes se vinculan a la sociedad, y se facilita así la inhibición de las conductas antisociales: 1. Apego, o conjunto de lazos emocionales que se establecen con otras personas, y que se traducen en afecto, admiración e identificación con ellas. En la medida que se posea un mayor apego afectivo a personas que participan en actividades sociales convencionales, se tendrán más frenos frente al delito. 2. Compromiso, o grado en que los individuos están ubicados, o encuentran su sitio, en la sociedad convencional, especialmente en relación con la escuela y otras ocupaciones juveniles habituales. A mayor compromiso social, aumentarían los costes por la posible implicación en actividades delictivas. Los sujetos que tengan más cosas que perder si delinquen (trabajo, posesiones, familia o amigos), tendrán más frenos que les impidan delinquir. 3. Participación, o nivel de implicación de los individuos en todas aquellas actividades convencionales (escolares, familiares, laborales, etc.) que les permiten

adquirir valores y técnicas que los alejan del delito. Cuanto mayor sea la participación en actividades sociales convencionales, menor será la probabilidad de implicarse en actividades delictivas. 4. Creencias, o conjunto de convicciones favorables a los valores establecidos. En la medida en que los individuos sean consonantes con el contexto social en el que se desenvuelven, y consideren, por ejemplo, que el respeto a la vida es un valor supremo, o que no es correcto sustraer propiedades ajenas, etc., tendrán menor probabilidad de comportarse contrariamente a dichos valores. Todas estas formas de control pueden operar, según Hirschi (1969), a través de los mismos mecanismos implicados en cualquier tipo de aprendizaje social, tales como los refuerzos y los castigos. Para el control de la conducta de los jóvenes, los refuerzos y castigos más efectivos son aquéllos que se aplican de manera inmediata y que proceden del propio medio del sujeto. Es decir, resultarían más útiles para controlar el comportamiento las pequeñas sanciones inmediatas por la conducta inapropiada, como por ejemplo el rechazo expresado por los amigos, etc., que los castigos más duros pero a largo plazo, como los previstos en la legislación penal.

B) Contextos de la vinculación social

Según Hirschi, la ruptura de los mecanismos o procesos de vinculación social descritos (apego, compromiso, participación y creencias) puede producirse esencialmente en cuatro contextos de la vida de las personas (véase cuadro 6.4): 1) ruptura de vínculos con los padres, 2) falta de vinculación a la escuela, 3) desapego del grupo de compañeros y amigos, 4) desconexión de las pautas de acción convencionales (especialmente la educación y el trabajo). En la medida en que sean más fuertes el apego, el compromiso, la participación y las creencias de los jóvenes, en conexión con los contextos sociales mencionados, menor será su probabilidad delictiva. Por el contrario, la ruptura de los anteriores vínculos hará más probable su conducta infractora. CUADRO 6.4. Modelo de delincuencia de Hirschi

Fuente: elaboración propia a partir de Conklin (1995), Criminology. Needham Heights, Massachusetts: Allyn and Bacon, 223.

C) El apego a los padres En la teoría del control social se atribuye especial relevancia al apego afectivo a los padres. Según Hirschi (1969), una de las evidencias criminológicas mejor documentadas en la investigación, es que los jóvenes delincuentes se hallan menos vinculados a sus padres que los jóvenes no delincuentes. Los vínculos emocionales entre padres e hijos vendrían a ser el vehículo que facilita los procesos de socialización, a través de los cuales los hijos reciben las ideas, las expectativas y los valores

paternos. Las teorías del control más antiguas, como la de Reiss (1951) y la de Reckless (1997 [1961]), habían atribuido la conducta delictiva a la falta de una adecuada “internalización”, por parte de los sujetos, de normas, actitudes o creencias sociales. Sin embargo, Hirschi (1969) evita referirse a estos procesos de “internalización”, o controles internos, como inhibidores de la delincuencia, ya que considera que dicha interpretación llevaría a una tautología o circularidad explicativa. Por ejemplo, si al observar que un joven comete delitos se adujera que ello es debido a una falta de “internalización” de las normas, y, a continuación, esta explicación fuera utilizada para explicar el propio comportamiento delictivo. Hirschi (1969) propone, por el contrario, que la explicación de la conducta delictiva debe situarse directamente en la ruptura de los vínculos con los padres y otros contextos sociales. En otras palabras, la falta de apego emocional, es, según Hirschi, la variable más relevante en la etiología de la conducta delictiva. Existen diversos mecanismos a través de los cuales el apego a los padres controla la conducta de los jóvenes. Puede tratarse sencillamente de que, al estar los jóvenes más unidos a sus padres, tengan menor disponibilidad espacio-temporal para llevar a cabo conductas delictivas: cuanto más tiempo pasan los niños en presencia de sus

padres, son menores las posibilidades de hallarse en situaciones proclives al delito. Sin embargo, Hirschi (1969) considera que el principal mecanismo de control paterno es psicológico, y guarda relación con el grado en que el apego afectivo a los padres determina que las opiniones y valoraciones de éstos sean consideradas por el niño a la hora de actuar. Es decir, La consideración importante es si los padres están psicológicamente presentes cuando surge la tentación de cometer un delito. (…) Asumimos que la supervisión es indirecta, que el niño tiene una menor probabilidad de cometer actos delictivos no porque sus padres restrinjan físicamente su conducta, sino debido a que él comparte sus actividades con ellos; no porque sus padres realmente conozcan donde está [y qué es lo que hace], sino porque él los percibe como sabedores de su localización [y de su conducta] (el texto entre corchetes es nuestro) (Hirschi, 1969: 222).

En síntesis, Hirschi considera que la identificación emocional constituye el elemento fundamental del vínculo con los padres que es susceptible de prevenir la conducta delictiva.

D) Validez empírica Desde su formulación originaria en 1969 se han llevado a cabo numerosos estudios para evaluar la teoría de del control social de Hirschi. Vold et al. (2002) concluyeron al respecto lo siguiente: • De los cuatro mecanismos de vinculación social propuestos por Hirschi, muchos resultados apoyan la

validez de los constructos ‘apego’, ‘compromiso’ y ‘creencias’, mientras que no quedaría claramente avalada como mecanismo de vinculación social la ‘participación’ en actividades comunitarias. • En muchas investigaciones (p.e., en muchos de los 71 estudios que fueron revisados por Kempf —1993—) se hallaron correlaciones entre conducta delictiva y algunas de las variables explicativas propuestas por la teoría de Hirschi. Sin embargo, tales variables habían sido operacionalizadas y medidas de maneras muy distintas, lo que dificulta la obtención de conclusiones inequívocas sobre la veracidad científica de los constructos nucleares de la teoría de Hirschi. La teoría de los vínculos sociales es competitiva. en muchos de sus términos, con la teoría del aprendizaje social del comportamiento delictivo, que se verá más adelante. La teoría de los vínculos sociales atribuye la génesis de la implicación delictiva de los jóvenes al hecho de su desvinculación social (de su familia, de sus amigos, etc.), mientras que la teoría del aprendizaje social establece que el comportamiento delictivo se aprende por vinculación social con familiares o amigos delincuentes. Se han desarrollado múltiples estudios que han evaluado y comparado la capacidad explicativa de los constructos principales de una y otra teoría. Sorprendentemente, algunos de estos análisis han hallado apoyo empírico para

ambas teorías, concluyendo que la implicación de los jóvenes en actividades delictivas es favorecida tanto por la ruptura de los vínculos sociales como por el aprendizaje que se produce en grupos próximos al individuo (p.e., Alarid, Burton y Cullen, 2000). Sería posible que ambas teorías, a pesar de su diferente construcción nominal, contuvieran en realidad dos maneras distintas de explicar procesos semejantes de desarrollo de las carreras delictivas juveniles. LA REALIDAD CRIMINOLÓGICA: El control informal de la delincuencia en las sociedades rurales y urbanas (elaboración de los autores) El “cotilleo” como sistema de control informal en los pueblos Un ejemplo sobre el funcionamiento del control social informal en el mundo rural ha sido documentado por un antropólogo social británico, Pitt-Rivers (1989), quien estudió durante los años 50 el fenómeno del “cotilleo” como mecanismo de control en el pueblo granadino de Grazalema. Para Pitt-Rivers una de las formas más eficaces que adopta el control informal en Grazalema es el “cotilleo”, que consiste en los comentarios que realiza un círculo reducido de personas sobre un individuo ausente. En el “cotilleo” se produce un distanciamiento de la persona que es objeto de comentarios y suelen emitirse juicios de valor acerca de su comportamiento. Estos grupos de “cotilleo” interpretan las normas sociales y califican a los otros según sus criterios. Uno de los pocos recursos de defensa con que cuenta el individuo que ha sido objeto de estas críticas, es incluirse a su vez en otros grupos donde pueda también emitir juicios sobre los demás. Sin embargo, el cotilleo como medio de control social, deja de ser eficaz en los extremos de la estructura social. Es decir, carece de interés cotillear sobre alguna de las prostitutas del pueblo, que ya han sido excluidas de la “buena sociedad”, o hacerlo sobre el terrateniente del lugar, que en cierto modo posee inmunidad social respecto de sus actividades. En cambio, sí que resulta eficaz el cotilleo sobre aquellas personas que quedan entre ambos polos, todos aquellos habitantes del pueblo a los que sí que les importa qué digan de ellos los demás y que no desean ser señalados o excluidos (Merry, 1984).

El control informal en la sociedad actual En la sociedad actual, para entender este cambio, debemos comparar las comunidades pequeñas, donde el control informal funciona de manera más eficaz, y las grandes urbes, donde dicho control no es tan poderoso. En las comunidades pequeñas las personas son una entidad única y no poseen diferentes roles que les permitan escapar de uno a otro, en función de su conveniencia. En el estudio sobre el pueblo de Grazalema, al que nos hemos referido, se observó que prácticamente ningún vecino era conocido por su nombre, sino que cada uno tenía un apodo que lo caracterizaba. Cada persona era etiquetada de determinada manera y no podía asumir diferentes papeles que permitiera matizar o relativizar tal etiqueta. A diferencia de esto, en las sociedades urbanas cada individuo actúa en diferentes papeles, en la familia, en el trabajo, entre los amigos. Son papeles distintos, por lo que las valoraciones negativas que puedan darse en uno de ellos no tienen por qué afectar a la vida del sujeto en su conjunto. De esta manera, cometer algún pequeño delito no preocupa en exceso a muchos individuos ya que ello no tiene por qué repercutir en otros ámbitos de su vida. Las consecuencias pueden ser más limitadas, debido al anonimato social. De este modo, la ampliación de la comunidad y la segmentación de los roles ha producido una debilitación del control informal. Quizá exista un número máximo de personas, del que pueda saberse casi todo, ya sea directamente ya sea a través de otras personas que a su vez las conocen. Este conocimiento facilita enormemente el control social. Por otro lado, el control sobre el comportamiento indeseable en un pueblo pequeño se halla vinculado al refuerzo y apoyo de la conducta deseada. Los márgenes de conducta aceptados pueden ser estrechos, pero también existe solidaridad y colaboración entre vecinos, generosidad y ayuda a personas con problemas. No obstante, las sociedades muy cerradas y pequeñas también generan su propias formas de desviación y de delincuencia, algunas de ellas como producto tal vez del exceso de control. Un ejemplo de ello pueden ser los esporádicos episodios de delincuencia violenta que a veces tienen lugar. Si dos vecinos de un pueblo mantienen un conflicto por las lindes de sus tierras, están obligados a aguantarse o a solucionar ese conflicto, sin que pueden escapar de él o evitarlo, ya que viven en los estrechos márgenes de un mismo pueblo. Estas sociedades cerradas pueden generar también miseria debido a que muchas personas son excluidas de la comunidad por razón de su comportamiento. Con la migración masiva desde los pueblos a las grandes ciudades, se cambian radicalmente las formas de control social. Una familia de campesinos, desplazada a un piso en la quinta planta de un bloque de viviendas, pierde muchos de sus contactos sociales. Una reacción típica es encerrarse y despreocuparse de la vida social urbana. La única lealtad social que sobrevive al desplazamiento es la solidaridad con la propia familia. Inmigrantes de los pueblos, que sabían perfectamente cómo organizar su vida

en el ámbito rural, muestran poco interés por el barrio urbano. Tampoco suelen participar en asociaciones de vecinos o de padres de alumnos, y ven la vida urbana como una selva donde cada uno se defiende por sí mismo. Sus hijos aprenden a conocer en la calle un mundo totalmente diferente al de sus padres. El espíritu de comunidad y solidaridad, fuertemente presente en la sociedad rural de hace dos generaciones, se pierde en el traslado a la ciudad. En la sociedad moderna lo típico es que no existan estos conflictos cerrados, hay más movilidad, los sujetos cambian de círculos sociales, de lugar de residencia, desaparece el control informal ejercido a través del cotilleo, ya que no existe tanta información sobre los otros. Sí parece que entra en juego un control más abstracto, lejano y formal, que resulta menos eficaz porque no está basado en unos niveles tan altos de información sobre el otro como los existentes en las sociedades pequeñas. De este modo, ante un hecho delictivo no es fácil encontrar testigos, la información obtenida es escasa, y la investigación policial y judicial sin ayuda de la población suele ser poco eficaz. Los datos que puedan ofrecer los mecanismos del control informal son vitales para que la policía y la justicia puedan actuar con eficacia. Sin ellos resulta muy difícil aclarar los delitos y tener conocimiento de todos aquellos que no se denuncian. Podría pensarse que una gran parte de la vida social del pueblo se canaliza ahora a través de la televisión. Los ciudadanos muestran gran interés por aquellos programas que les ofrecen cotilleo, luchas en familia, y tramas de poder o de amor. En cierto modo, estas representaciones televisivas podrían funcionar como un sistema compensatorio constituido por una realidad simulada que ofrece la oportunidad de hablar sobre los personajes en liza, y reemplazar de esta manera aquellos comentarios que antes se realizaban en la plaza del pueblo o en el mercado. Una diferencia fundamental estriba en que la realidad social que generalmente se muestra en la televisión no se corresponde a menudo con la sociedad que nos rodea, sino que puede reflejar una realidad bien distinta, como la de la sociedad norteamericana. Además, las películas y seriales de la pequeña pantalla están pensados para resultar atractivos y entretener, lo que hace que exageren y distorsionen la propia realidad. Todo ello dificulta el que puedan servir como sustituto que aporte información adecuada sobre nuestra realidad vital más cercana, aquélla en la que tenemos que desenvolver nuestras vidas. El anonimato y la gran ciudad han roto aquellos lazos de control informal que venían operando en las sociedades rurales. Si analizamos este cambio a partir de la teoría del control social de Hirschi podemos constatar que ahora los compromisos de los individuos son más sectoriales (laborales, educativos, etc.) y no lo son con la comunidad como un todo. Ello hace que nuestro comportamiento en uno de estos sectores de vinculación no influya necesariamente sobre nuestro desempeño en otros ámbitos distintos. En cuanto al apego familiar, se ha producido también una reducción de la familia tradicional, más amplia, que ha sido sustituida por una familia

más nuclear, con menores lazos exteriores. Pese a todo, la sociedad española se sigue caracterizando todavía por el mantenimiento en las familias de fuertes vínculos con otros familiares cercanos (padres, hermanos, tíos, primos), situación que podría compensar, al menos hasta ahora, la desaparición del control vecinal. La participación social también ha cambiado, habiendo disminuido la implicación en actividades que se desarrollan en el lugar de residencia. En las sociedades pequeñas, todas las actividades se desarrollan en un pequeño radio de acción que se podría recorrer caminando. Las distancias entre el lugar de residencia, el de trabajo y el de ocio son ahora mucho mayores. Se ha ampliado considerablemente el círculo donde nos movemos diariamente. Las distancias desde el domicilio hasta el lugar de trabajo pueden ser de 30 km., en Madrid o Barcelona, y hasta de 100 km. y más, en urbes como New York o Tokio. Las actividades sociales ya no tienen lugar en las inmediaciones del domicilio. Los vecinos solo pueden observar a sus convecinos cuando salen del domicilio o vuelven a él. Por ello, además de que los vecinos carecen de información sobre los otros para poder hablar de ellos, los posibles comentarios pierden importancia, ya que la mayoría —incluido el propio interesado — ni siquiera conocería los comentarios a que pueda haber dado lugar. La vida social, ya sea comprar, cometer delitos, o practicar actividades sexuales poco aceptables, se desarrolla en un ámbito muy poco controlable. Esta nueva situación, derivada de la movilidad y del anonimato, es muy posible que esté favoreciendo un aumento de los delitos. No obstante, no todos los miembros de la sociedad desarrollan sus vidas en este amplio espacio al que nos venimos refiriendo. Aquellos sujetos que no poseen medios de transporte (niños, adolescentes, ancianos, los más pobres) siguen viviendo con un horizonte cercano. Y en este reducido círculo en el que han de vivir probablemente existen menos actividades lícitas suficientemente atractivas que propicien el establecimiento de lazos emocionales, compromisos y creencias favorables a la conducta social y que fomenten su participación en círculos integradores. Ya que todos los que pueden salen fuera del barrio para trabajar, para estudiar o para divertirse, los jóvenes que crecen en ese único contexto no tienen la posibilidad de observar tantas actividades positivas, ni de aprender tantos roles de comportamiento legal: por el contrario, puede suceder que su aprendizaje social se empobrezca y no reciban una adecuada educación en las normas, valores y costumbres sociales convencionales. De esta manera, la sociedad urbana, que puede mejorar las oportunidades de enriquecimiento personal para los jóvenes y los adultos bien integrados, si la contraponemos a la sociedad rural, puede también tener efectos perniciosos para grupos marginales o que no disponen de la movilidad necesaria, y son obligados a vivir en un ámbito menos atractivo y culturalmente más empobrecido. De acuerdo con todo lo que hemos venido comentando, el anonimato, que es una

característica destacada de las modernas sociedades urbanas, podrían favorecer la comisión de delitos, al reducirse la operatividad de los mecanismos de control informal que funcionaban en las comunidades rurales. Esta constatación parece apoyar sustancialmente la teoría del control social de Hirschi. Sin embargo, también podemos vincular el análisis de estas nuevas realidades delictivas con otra de las teorías que se verá más adelante: la teoría de las actividades rutinarias de Cohen y Felson. Según esta teoría el delito requiere tres condiciones imprescindibles: la existencia de delincuentes motivados para delinquir, la presencia de objetos atractivos para el delito, y la ausencia de controles eficaces. Del análisis de la sociedad actual que hemos efectuado, cabe concluir que en las ciudades podría haber más sujetos dispuestos a delinquir debido a diferentes motivos (a causa de las inconsistentes estrategias de crianza utilizadas por sus padres, del aprendizaje de conductas delictivas o de las disfunciones sociales propias de la sociedad urbana). También en ellas es mucho mayor la presencia de objetos atractivos para el delito, a la vez que la vida urbana propicia, según hemos comentado, una vigilancia informal mucho menos eficaz (Felson, 1994).

6.3.3. Teoría del autocontrol

Michael Gottefredson y Travis Hirschi, ambos profesores de Sociología en la Universidad de Arizona (USA)

En un libro importante en Criminología, publicado en 1990 y titulado Una teoría general de la delincuencia, Michael R. Gottfredson y Travis Hirschi presentaron su teoría del bajo autocontrol que combina conceptos de las perspectivas biosociales, psicológicas, de las actividades rutinarias y de la elección racional. Ésta ha sido la teoría criminológica más de moda a lo largo de las dos últimas décadas (Hay, 2001; Pratt y Cullen, 2000; Serrano Maíllo, 2011; Tibbetts, 2012). Gottfredson y Hirschi (1990) consideran que, a la hora de explicar la delincuencia y sus posibles oscilaciones, es imprescindible diferenciar entre acciones delictivas (el “delito” como conducta) e individuos con tendencias delictivas (o “criminalidad” como propensión). Atendido lo anterior, en una sociedad dada, las tasas de delincuencia podrían variar debido a las fluctuaciones en las oportunidades delictivas, aunque el número de individuos con predisposiciones delictivas no variara. En esta teoría se asume, como punto de partida, que las restricciones que impiden que los sujetos delincan pueden tener tanto un carácter social como individual, aunque este planteamiento atribuye un gran peso explicativo al factor individual: las personas serían diferentes entre sí en su vulnerabilidad a las tentaciones delictivas. El concepto

clave de la teoría de Gottfredson y Hirschi es el bajo autocontrol. Estos autores consideran que esta característica, un autocontrol deficitario, que aumenta la probabilidad del delito, está presente desde la primera infancia, y constituye una condición bastante estable a lo largo de la vida (Bernard et al., 2010; Serrano Maíllo, 2011). No obstante, la falta de autocontrol puede también ser contrarrestada por otras características del propio sujeto, o por factores situacionales de su entorno.

A) Encaje entre conducta delictiva y bajo autocontrol En general, el comportamiento delictivo presenta las siguientes características típicas (Gottfredson y Hirschi, 1990; Lilly et al., 2007; Siegel, 2010): 1) produce una gratificación inmediata de los propios deseos (dinero, venganza, sexo, etc.), que se obtiene sin demasiado esfuerzo; 2) implica actividades excitantes y arriesgadas; 3) comporta escasos beneficios a largo plazo; 4) requiere poca habilidad y planificación; 5) a menudo supone dolor para las víctimas; 6) produce, más que un auténtico placer, el alivio de alguna tensión generada; y, además, 7) puede implicar un cierto riesgo de dolor físico para el propio delincuente, aunque la probabilidad de detención y castigo de los delitos sea por lo común baja. Pues bien, las personas con un elevado nivel de

autocontrol poseen, generalmente, características antagónicas con las condiciones del funcionamiento delictivo descritas (Gottdredson y Hirschi, 1990; Lilly et al., 2007; Siegel, 2010): saben diferir las gratificaciones y suelen ser esforzadas; tienden a ser prudentes con su conducta, más que arriesgadas; desean beneficios a largo plazo (como los derivados del trabajo, de la estabilidad afectiva, de la familia o de los amigos); suelen planificar sus acciones; se siente concernidas por el sufrimiento de otras personas; y sopesan los riesgos de su comportamiento. Todas estas características de funcionamiento personal (que son propias de un elevado autocontrol), no se acomodarían convenientemente a la vida delictiva. Por el contrario, los individuos con bajo autocontrol responden a menudo a las siguientes condiciones: tienden a apetecer recompensas inmediatas, de fácil obtención; gustan de la aventura; son inestables en sus relaciones humanas; carecen con frecuencia de las habilidades académicas y cognitivas necesarias para la planificación de su conducta; son egocéntricos e insensibles frente al sufrimiento tanto ajeno como propio; y no suelen considerar las consecuencias de su comportamiento. Todas estas características individuales (propias de la falta de autocontrol) se adaptarían más fácilmente al modo de vida y funcionamiento delictivos.

Gottfredson y Hirschi (1990: 90-91) resumieron su concepto de bajo autocontrol, integrado por los elementos mencionados, de la siguiente manera: “En síntesis, las personas que carecen de autocontrol tenderán a ser impulsivas, insensibles, físicas (en oposición a mentales), asumidoras de riesgo, imprevisoras, y no verbales, y tenderán por tanto a implicarse en actividades delictivas y similares. Como quiera que estos rasgos pueden identificarse con antelación a la edad de responsabilidad delictiva, debido a que existe una considerable tendencia a que estos rasgos aparezcan juntos en las mismas personas, y debido a que los rasgos tienden a persistir a lo largo de la vida, parece razonable considerarlos como un constructo comprensivo y estable de utilidad para la explicación de la delincuencia”.

B) Manifestaciones del autocontrol Es evidente que el delito no es una consecuencia automática de la falta de autocontrol, sino que éste puede manifestarse de formas diversas, tales como la bebida incontrolada, el consumo abusivo de sustancias tóxicas, el comportamiento arriesgado en la conducción de automóviles, etc. De este modo, Gottfredson y Hirschi valoran que la evidencia criminológica recogida durante décadas apoyaría la tesis de la versatilidad o variabilidad de los comportamientos delictivos (frente a la especialización delictiva): en general, los delincuentes cometerían una diversidad de delitos distintos, sin mostrar especiales inclinaciones excluyentes de unos u otros.

C) Causas del bajo autocontrol

Aunque Gottfredson y Hirschi consideran que se sabe muy poco acerca de las causas directas del bajo autocontrol, interpretan que este déficit no puede ser el producto del aprendizaje o de la socialización, tal y como proponen otras teorías criminológicas (de modo destacado, la teoría del aprendizaje social). Las características del bajo autocontrol se mostrarían “por sí mismas”, con anterioridad a los procesos de crianza y entrenamiento social de los niños. Es decir, la falta de autocontrol se manifestaría en ausencia de cualquier esfuerzo proactivo para generar a propósito individuos descontrolados. Afirman (pp. 95-96): “No se conoce grupo social alguno, ya sea delictivo o no, que activamente o intencionalmente intente reducir el autocontrol de sus miembros. La vida social no es mejorada por el bajo autocontrol y sus consecuencias. Por el contrario, la manifestación de estas tendencias socava las relaciones armoniosas de grupo y la capacidad para lograr fines colectivos [incluso en grupos delictivos]. Estos hechos niegan explícitamente que la delincuencia sea el producto de la socialización, de la cultura o del aprendizaje positivo de cualquier suerte” (el texto entre corchetes en nuestro).

Finalmente, la teoría del bajo autocontrol realza aquellos elementos que serían relevantes en la toma de decisiones que pueden llevar a la comisión de un delito. Los delitos suelen comportar, por un lado, un objetivo placentero y, por otro, determinado riesgo de castigo (ya sea informal o legal). Mientras que existiría escasa variabilidad interindividual en la percepción de las

consecuencias gratificantes del comportamiento, sería elevada la diversidad entre sujetos por lo que se refiere a su capacidad para calcular las consecuencias negativas. Es decir, aunque la mayoría de las personas desearía poseer más, ser más, etc., no todas temerían por igual las consecuencias aversivas que pudieran derivarse de los hurtos, robos, venganzas, etc. Entonces, si, como proponen Gottfredson y Hirschi, la tendencia delictiva, que se asocia a un bajo autocontrol, se halla presente en algunas personas desde el nacimiento, ¿cómo podría prevenirse la conducta delictiva? En este punto, los autores consideran que existen dos fuentes importantes de variación, susceptibles de condicionar el riesgo delictivo. En primer lugar, como ya se ha razonado, las diferencias individuales entre los niños, en cuanto al grado en que manifiestan rasgos característicos de la falta de autocontrol. Pero, también, las diferencias que existen entre los cuidadores o educadores de los niños y jóvenes, por lo que se refiere a su capacidad para reconocer y corregir temprana y eficazmente la carencia de autocontrol mostrada por los sujetos (DeLisi y Beaver, 2011). “Obviamente, no sugerimos que las personas sean delincuentes natos, que heredan un gen criminal o algo parecido, sino que, por el contrario, explícitamente rechazamos tales planteamientos. Lo que nosotros proponemos es que las diferencias individuales pueden tener un impacto sobre los planteamientos necesarios para lograr una socialización efectiva (o control adecuado). La socialización efectiva

es, pese a todo, siempre posible, con independencia de la configuración de los rasgos individuales” (p. 96).

De izquierda a derecha aparecen los profesores doctores Carlos Vázquez González (Universidad Nacional de Educación a Distancia), María Dolores Serrano Tárraga (UNED), María Fernanda Realpe Quintero (Universidad Europea) y Alfonso Serrano Maíllo (UNED). Entre sus líneas de investigación figuran la delincuencia juvenil, la teoría criminológica y género y delito. Algunos de sus libros más importantes son Derecho penal juvenil, 2.ª ed., 2007; Tendencias de la criminalidad y percepción social de la inseguridad ciudadana en España y la Unión Europea, 2007; y El problema de las contingencias en la teoría del autocontrol, 2.ª ed., 2013.

D) Validez empírica Desde su formulación en 1990, la teoría del autocontrol ha dado lugar a múltiples investigaciones sobre la validez de sus principales constructos. En general, según Siegel (1998), existe amplia evidencia científica que relaciona impulsividad (lo opuesto al autocontrol) y conducta delictiva. El rasgo impulsividad puede discriminar también entre delincuentes reincidentes y no reincidentes. Las medidas de bajo autocontrol han resultado también buenos predictores de la posible conducta delictiva de jóvenes de distintas culturas y grupos raciales. Por ejemplo, en una investigación con adolescentes afroamericanos (chicos y chicas), el bajo autocontrol fue un buen predictor de delincuencia posterior, dando cuenta de entre un 8.4 y un 13 por ciento de la varianza de la conducta antisocial de los varones, y entre un 4 y un 8.4 por ciento de la de las chicas (Vazsonyi y Crosswhite, 2004). Además, el bajo autocontrol, tal y como la teoría

había planteado, se ha mostrado también útil para predecir otras formas de conducta de riesgo, tales como la conducción temeraria de vehículos, el engaño en la escuela, las prácticas sexuales arriesgadas, y el juego patológico (Jones y Quisenberry, 2004). Dos de los asertos principales de la teoría —1) el hecho de que el bajo autocontrol esté integrado por seis dimensiones o elementos distintos (propensión a la recompensa inmediata, gusto por la aventura, inestabilidad en las relaciones, falta de planificación, insensibilidad ante el sufrimiento, y no consideración de consecuencias de la conducta), y 2) que el autocontrol constituya una característica estable en los individuos que la poseen— fueron evaluados por Arneklev, Grasmick y Bursik (1999), en sendas muestras de jóvenes adultos, de edades semejantes. Los resultados de este estudio confirmaron tanto la multidimensionalidad del constructo autocontrol como su invariabilidad a lo largo del tiempo. En España, Serrano Maíllo y sus colegas (Serrano Maíllo, 2011) evaluaron la teoría del autocontrol a partir de una muestra de 58 jóvenes internos, en centros de reforma de la Comunidad de Madrid, hallando una firme relación entre bajo autocontrol y conducta antisocial y delictiva. En síntesis, diversos estudios han obtenido resultados favorables a la teoría del autocontrol, conformando la

conexión entre bajo autocontrol y mayor probabilidad de delito (Ezinga, Weerman, Westenberg et al., 2008; Pauwels, 2011; Serrano Maíllo, 2011; Siegel, 2010), incluida alguna investigación transcultural, comparando muestras de países occidentales, orientales y africanos (Rebellon, Strauss y Medeiros, 2008). También avalan indirectamente el constructo autocontrol las investigaciones que han probado la relevancia criminógena de factores de riesgo como la impulsividad, necesidad de gratificación inmediata y el rasgo búsqueda de sensaciones, debido a sus paralelismos con el autocontrol (Pratt y Cullen, 2000; Romero, GómezFragela, Luengo, y Sobral, 2003). Una de las polémicas teóricas más persistentes en Criminología tiene que ver con si existe una preponderancia, como mecanismo desinhibidor de la conducta delictiva, del control externo (como se propone en la primera teoría de los vínculos sociales de Hirschi y en la teoría del control de Sampson y Laub, a la que se hará referencia a continuación), o más bien del control interno o autocontrol. La opinión de algunos autores (p.e., Cohen y Vila, 1996) es que probablemente ambos procesos son relevantes, y la preponderancia de uno u otro dependerá de las categorías y características de los delincuentes. Mientras que algunas personas que no muestran un alto riesgo delictivo, podrían cometer delitos

si se les presentan oportunidades favorables para ello (proceso en el que la falta de control externo jugaría un papel central), algunos delincuentes de alto riesgo, con perfiles más versátiles y sociopáticos, presentarían mayores déficits internos, como los elementos integrantes del bajo autocontrol. Una aportación meritoria del planteamiento de Gottfredson y Hirschi (1990) fue su distinción, y posterior recombinación entre sí, de los conceptos de criminalidad (como tendencia) y delito (como acción). Esta diferenciación permitiría comprender mejor el hecho de que algunas personas, a pesar de mostrar bajo autocontrol, no cometan delitos, si han experimentado el control adecuado, a partir de procesos educativos intensos, o debido a que carecen de las oportunidades para ello; y, paralelamente, también permitiría explicar que individuos con elevado autocontrol puedan, sin embargo, acabar delinquiendo, si se vieron expuestos a reiteradas oportunidades delictivas (Siegel, 1998). La teoría del autocontrol ha recibido también algunas críticas importantes (Bernard et al., 2010; Serrano Maíllo, 2011; Siegel, 2010): 1. La teoría puede resultar tautológica. Esta crítica se basa en la explicación circular que supone argumentar que quienes delinquen lo hacen porque carecen de autocontrol, y, a continuación, afirmar que quienes

carecen de autocontrol cometen actos delictivos. Es decir, aquí existe un problema metodológico que debe resolverse adecuadamente en las evaluaciones de la teoría, en el sentido de que deberían separarse con precisión las variables independientes (los elementos integrantes del bajo autocontrol) de las dependientes (las manifestaciones o resultados de conducta delictiva) (Lilly et al., 2007; Marcus, 2004; Stylianou, 2002). 2. Diferencias individuales/contextuales. La teoría ha prestado poca atención a la influencia que pueden tener sobre la delincuencia los elementos culturales, ambientales o económicos. Su perspectiva básica realza las diferencias individuales en las tendencias delictivas. ¿Quiere ello decir que las diferentes tasas delictivas de, por ejemplo, el ámbito rural y el urbano, son debidas a que los habitantes de las ciudades son más impulsivos que los de los pueblos? De modo paralelo, ¿puede afirmarse que los hombres son más impulsivos que las mujeres? 3. Creencias morales. La teoría del autocontrol ignora las influencias de las creencias individuales sobre la conducta, perspectiva que constituía, sin embargo, un elemento fundamental de la previa teoría de los vínculos sociales de Hirschi (1969). 4. La teoría presupone la estabilidad a lo largo del tiempo de ciertos rasgos individuales. Sin embargo, también existe abundante investigación sobre el desarrollo

evolutivo de las personas, que contradice esta supuesta estabilidad temporal. Muchos estudios que han documentado la posibilidad de desarrollar en distintas etapas de la vida, al menos parcialmente, la habilidad individual de autocontrol (Andrews y Bonta, 2010; Arneklev, Grasmick y Bursik, 1999). 5. Diferencias transculturales. La teoría asume una serie de estereotipos muy norteamericanos de lo que constituye o no una conducta de riesgo o ilícita. Por ejemplo, Gottfredson y Hirschi reiteradamente mencionan, como comportamientos inapropiados e ilícitos, fumar o mantener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Es evidente que esta perspectiva sesgada limita culturalmente la teoría, ya que el concepto de conductas de “riesgo” en ciertos ámbitos socioculturales no necesariamente coincide con el de otros. Gottfredson y Hirschi han considerado, en distintos trabajos sobre su teoría, que el “autocontrol” sería un constructo de naturaleza sociológica, que no se correspondería con el rasgo psicológico de idéntica denominación. Para la evaluación del dicho constructo teórico (el de la teoría de Gottfredson y Hirschi), durante los últimos años se han desarrollado diferentes escalas de auto-informe. Sin embargo, un equipo de investigadores españoles (Romero et al., 2003) aplicaron algunas de estas escalas a sendas muestras de adolescentes y jóvenes

estudiantes, obteniendo que, en realidad, los componentes del bajo autocontrol, tal y como son evaluados en la teoría de Gottfredson y Hirschi, guardan una estrecha correspondencia con cinco componentes bien conocidos y tradicionalmente evaluados en la psicología de la personalidad: Búsqueda impulsiva de riesgo, Temperamento volátil, Preferencia por tareas simples, Auto-centramiento, y Preferencia por actividades físicas. En función de estos resultados, Romero et al. (2003) consideraron que el constructo criminológico de bajo autocontrol, una vez operacionalizado, no constituiría un concepto nuevo y diferente, sino una variable análoga a otras bien conocidas en la psicología de la personalidad. Incluso, en estudios psicobiológicos más recientes, se ha obtenido una alta correlación entre pobre autocontrol y ciertos marcadores genéticos que se asocian a una baja producción orgánica de serotonina, neurotransmisor relacionado precisamente con la inhibición conductual (Walsh, 2012). También se ha considerado que la teoría del bajo autocontrol atiende en exclusividad a aspectos individuales y contextuales próximos, sin tomar en cuenta el influjo sobre la delincuencia de los grandes factores sociales (culturales, económicos, etcétera). Incluso en el plano individual, se ignorarían elementos tan importantes para la orientación de la conducta, como podrían ser las

creencias y valores propios. Distintos autores han concluido que la consideración exclusiva de variables individuales tempranas (en general las características y disposiciones infantiles pero en particular la falta de autocontrol), no permitiría comprender las trayectorias delictivas a largo plazo (Doherty, 2006; Sampson y Laub, 2003).

6.3.4. El control social informal según edades Una aportación reciente a las teorías del control corresponde a Sampson y Laub (2008), quienes formularon una teoría sobre el control social informal graduado por edades, que explica separadamente las etapas sucesivas de inicio, mantenimiento y desistencia del delito (Lilly et al., 2007). Robert Sampson y John Laub (en la foto) son, respectivamente, profesores de Ciencias Sociales y Criminología de las universidades norteamericanas de Harvard y Mangland. En los años noventa retomaron y dieron continuidad al primer estudio longitudinal en Criminología, denominado Unraveling Juvenile Delinquency, que habían iniciado Sheldon y Eleanor Gluck en los años cuarenta. Son autores de una teoría sobre el control social informal graduado por edades, y han investigado en relación con criminalidad y pobreza y eficacia colectiva (véase capítulo 24, sobre prevención).

Consideran que el inicio en la delincuencia juvenil sería resultado de los que denominan factores del “contexto familiar” (disciplina errática, falta de supervisión materna, rechazo paterno…), elementos que serían a su vez

influenciados por los factores “estructurales de base” (barrios masificados, familias rotas, bajos ingresos, alta movilidad residencial, madres trabajadoras que no se ocupan de los hijos, criminalidad paterna…). El mantenimiento en el delito se considera el resultado de la “continuidad acumulativa” del riesgo (Walsh, 2012), en la medida en que la conducta delictiva lleva al procesamiento del sujeto por el sistema de justicia, y ello a su vez al cierre de puertas sociales diversas: vínculos escolares, familiares, de amigos, vínculos laborales, y relaciones adultas en general. Por último, se valora que, a pesar de la frecuente apariencia en contrario, el cambio de conducta y el desistimiento del delito son procesos frecuentes, que van a depender del nuevo capital social que el individuo pueda ir adquiriendo, en forma de nuevas relaciones prosociales, trabajo, etc. (Siegel, 2010). Contrariamente a las teorías criminológicas del desarrollo, en este modelo teórico no se considera que las experiencias infantiles sean decisivas o indelebles a efectos de favorecer la continuidad delictiva.

6.3.5. Teoría de la Acción Situacional del Delito Per-Olof H. Wikström es Profesor de Criminología Ecológica y del Desarrollo en el Instituto de Criminología de la Universidad de Cambridge. Es el director del Peterborough Adolescent and Young Adult Development Study (PADS+), un relevante proyecto de investigación acerca de la etiología y la prevención de la delincuencia. Es autor de la Teoría de la Acción Situacional, que se presenta en este apartado. Sus obras recientes son las

tituladas Breaking Rules. The Social and Situational Dynamics of Young People’s Urban Crime (2012), The Explanation of Crime: Contexts, Mechanisms and Development (2006), and Adolescent Crime: Individual Differences and Lifestyles (2006).

El profesor noruego Per-Olof H. Wikström, que desarrolla su actividad en el Instituto de Criminología de la Universidad de Cambridge, formuló en 2004 una nueva teoría de la delincuencia que denominó teoría de la acción situacional. En sociología, Parsons propuso una teoría denominada “de la acción social”, que concibe la acción como resultado del sistema actor-situación, sistema que tendría un significado motivacional para el individuo y para la colectividad. De forma paralela, Wikström (2004, 2006) considera que para explicar adecuadamente los mecanismos de la conducta delictiva debe atenderse a la importancia simultánea del individuo y del contexto (algo que él considera que no habrían hecho ni los estudios y teorías de nivel individual, ni tampoco los del nivel sociológico).

A) El delito como ruptura de prescripciones morales Wikström (2006) interpreta el delito como un acto (no una propensión), que hace referencia a lo “moral”, ya que supone la ruptura, consciente e intencional, de determinadas prescripciones acerca de lo que es correcto o incorrecto. En coherencia con lo anterior, define el

delito como un acto de ruptura de una regla moral, cometido por un individuo en un contexto particular (Serrano Maíllo, 2011). Así, la explicación del comportamiento delictivo sería equiparable a la explicación de la conducta moral (afirmando, incluso, que la expresión “ruptura de normas morales” sería mejor y preferible a la de “conducta antisocial”). Tres serían los niveles de análisis criminológico que requerirían explicación teórica según Wikström (2008): 1) las características y experiencias individuales; 2) la propensión, o tendencia individual a percibir el delito como una posible opción de conducta; y 3) los hechos delictivos en sí.

B) Acción situacional Según lo anterior, la teoría de la acción situacional se dirige a describir los mecanismos específicos que conectan a los individuos con los contextos en los que se producen sus acciones criminales (véase cuadro 6.5). El “campo de acción” del individuo (individual’s activity field) es la configuración de contextos (incluyendo personas, objetos, y eventos en localizaciones específicas), a los que un sujeto se ve expuesto y reacciona. Mientras que un “contexto de acción” sería la intersección específica entre un individuo (con sus correspondientes características y experiencias

personales) y un tipo particular de contexto. Sujeto y contexto son interconectados mediante la percepción individual de alternativas y los procesos individuales de decisión, a lo Wiskström denomina mecanismo situacional. CUADRO 6.5. Factores y mecanismos clave de la teoría de la acción situacional

Fuente: elaboración propia a partir de Wikström (2008), p. 218.

Respecto de los individuos, las características individuales más relevantes en relación con su posible implicación en acciones delictivas, son dos: 1) los elementos morales (morals), integrados por valores y emociones, y que resultan en juicios morales acerca de la percepción o no del delito como una alternativa de conducta; y 2) las funciones ejecutivas, de las que la más relevante sería el auto-control —o manejo moral de tentaciones y provocaciones—, que controlan el proceso de elección individual. Wikström considera que la moralidad juega en papel más decisivo para la conducta delictiva que el auto-control. Por lo que se refiere al contexto de acción, las características y mecanismos que influenciarían en mayor grado el que un individuo pueda percibir el delito como una posible alternativa de acción, y pueda elegir o no llevarla a cabo, serían los siguientes (Wikström, 2008): A) En cuanto inhibidor de la conducta delictiva, la supervisión o vigilancia de un lugar, que se conectaría con el individuo a partir de un mecanismo de disuasión, o riesgo percibido de posible detección y sanción (Wikstöm, 2011). B) Como promotores de la conducta delictiva, las oportunidades delictivas estimularían un mecanismo

de tentación, u opción percibida de satisfacer un deseo de manera ilícita, y las fricciones ambientales con otros, que se conectarían al individuo a partir de un mecanismo de provocación, o ataque percibido ya sea hacia uno mismo o hacia otras personas significativas para el sujeto (al respeto de la seguridad, autorrespeto, propiedades…). La moralidad individual condicionaría, a través de los juicios morales emitidos, qué oportunidades y fricciones van a percibirse por un sujeto como tentaciones o provocaciones, y cuáles no. Sería el resultado de la adquisición de normas y valores a partir del proceso de socialización (muy dependiente de la vinculación y el cuidado recibidos), mediante la supervisión y el aprendizaje, que acabarían generalmente teniendo como resultado la capacidad personal de sentir culpa. Contextos comunitarios de baja eficacia colectiva (en relación con las familias, las escuelas y los barrios) se asociarían una peor socialización y más baja adquisición de moralidad individual (Wikström, 2012). Por su parte, las funciones ejecutivas, y en particular la capacidad de autorregulación y auto-control, también se adquirirían tempranamente a partir del proceso de crianza, siendo críticos para ello ciertos periodos del desarrollo neurológico del sujeto. Por último, respecto de la evolución de las carreras

criminales, Wikström (2008) interpreta que las modificaciones que puedan producirse en los patrones individuales de conducta delictiva (inicio delictivo, consolidación criminal, desistencia del delito) serían esencialmente debidas a los cambios operados en los contextos individuales de acción (en la intersección individuos x contextos). Más concretamente, habría dos fuentes interdependientes que afectarían al cambio de la conducta delictiva: 1) el desarrollo y cambio del propio individuo, en relación a cómo reacciona ante los contextos particulares; y 2) las modificaciones en el campo de actividad del sujeto, que provocarían variaciones en los contextos frente a los que el individuo reacciona. PRINCIPIOS CRIMINOLÓGICOS Y POLÍTICA CRIMINAL 1. Múltiples investigaciones criminológicas han puesto de relieve la conexión entre interacciones sociales negativas o problemáticas y delincuencia. De ahí que un principio general de política criminal sea la conveniencia de reducir, en el mayor grado posible, las situaciones y relaciones susceptibles de generar en los individuos estrés y tensión. 2. Cuando, como resultado de cambios sociales rápidos (emigración masiva, aumento del desempleo, marginación, etc.), se producen situaciones de anomia, o de falta de referentes estables para la conducta individual, puede incrementarse el riesgo de delincuencia. A ello contribuirían particularmente los conflictos medios-fines, a menudo institucionalmente estimulados, que puedan darse en el marco social. 3. Las subculturas aflorarán más probablemente, como una posible reacción frente a los sistemas y valores imperantes, en situaciones de marginación y exclusión social, particularmente de grupos de jóvenes (aislamiento del ámbito escolar, del mercado de trabajo, etc.). Estos grupos subculturales tenderán en mayor grado a transformarse en delictivos si, en los contextos en los que surgen, existen estructuras de oportunidad ilegítimas (como puedan ser organizaciones delictivas

adultas). Teorías de la tensión: 4. Las fuentes principales de tensión sobre los individuos, que pueden más fácilmente asociarse a la conducta delictiva, son las siguientes: 1) imposibilidad de alcanzar objetivos sociales positivos, como una mejor posición económica o un mayor estatus social; 2) privación de gratificaciones que ya se poseen o se esperan lograr (por expulsión de la escuela, pérdida del empleo, etc.); y 3) sometimiento a situaciones negativas o aversivas de las que no se puede escapar (maltrato familiar, victimización sexual, etc.). 5. Todas estas situaciones pueden producir estados emocionales negativos, tales como la ira, la frustración o el resentimiento, y propiciar la ejecución de acciones correctivas (entre ellas la delincuencia) contra las fuentes que se consideran responsables de la tensión. 6. La experiencia continuada de tensión puede predisponer a los individuos para el inicio de carreras delictivas persistentes. Teorías del control social informal: 7. La probabilidad de conducta delictiva dependerá también del balance que se produzca, en cada individuo, entre las presiones internas y ambientales que incitan al delito, y los controles internos y externos que alejan de él. 8. Los mecanismos de neutralización o justificación de la conducta infractora pueden facilitar la transgresión de las normas. 9. Principio de vinculación social: los vínculos afectivos y la mayor identificación emocional con personas socialmente integradas constituyen elementos esenciales de la prevención delictiva. La inexistencia o ruptura de estos vínculos, facilitará la comisión de delitos. 10. La vinculación social depende de cuatro elementos interrelacionados: el apego emocional a personas socialmente integradas, el compromiso con redes sociales convencionales, la participación en actividades sociales convencionales, y las creencias favorables a los valores sociales. 11. Los niños y jóvenes que muestran bajo autocontrol, o elevada impulsividad, deberían constituir un objetivo prioritario de la prevención secundaria, a partir del desarrollo de intervenciones tempranas especializadas. 12. Diferentes contextos y mecanismos sociales tendrían mayor influencia según distintas edades y etapas de las carreras delictivas: generalmente, el inicio en el delito, a partir de la infancia y la adolescencia, guardaría una relación más estrecha con los factores del “contexto familiar” (influidos, a su vez, por los macro-factores estructurales: barrio, nivel cultural, clase social, etc.); el mantenimiento de la conducta delictiva, en primera edad adulta, vendría condicionado por una “continuidad acumulativa” de los riesgos; y, finalmente, la desistencia delictiva dependería en mayor grado del nuevo capital social (formación, nuevas relaciones prosociales, acceso a un empleo, etc.) que cada

individuo pueda ir adquiriendo a lo largo de su vida.

CUESTIONES DE ESTUDIO 1. ¿Cuáles fueron los grupos teóricos principales que se derivaron de la Escuela de Chicago? ¿Bajo qué consideraciones conceptuales y teóricas surgieron? 2. ¿Qué fue el Proyecto Área de Chicago? ¿Tuvo éxito? ¿Por qué? 3. Buscar información sobre otros proyectos sociales parecidos, ya sea en España o en otros países. 4. ¿Es igual o diferente el concepto de anomia de Durkheim y de Merton? ¿Y el concepto de anomia institucional, de Messner y Rosenfeld? ¿En qué sentidos? ¿Es la anomia algo individual o también social? 5. ¿Resulta aplicable en la actualidad el concepto clásico de subcultura delictiva? ¿En qué se parecen y diferencian los grupos subculturales actuales y los descritos por los teóricos norteamericanos de las subculturas? 6. ¿Cómo explican Cloward y Ohlin la delincuencia a partir del concepto de oportunidad diferencial? 7. Según la teoría general de la tensión, ¿cuál sería la vinculación entre tensión y delincuencia? 8. ¿Cuáles son los principales factores impulsores y de predisposición que pueden modular el que los individuos afronten la tensión en forma delictiva? 9. ¿Qué papel juegan los mecanismos de neutralización en la conducta infractora? 10. ¿Qué significa, en términos criminológicos, según Sykes y Matza, que los jóvenes se hallan a la deriva? 11. ¿Cuáles son los principales mecanismos de vinculación social incluidos en la teoría de Hirschi? 12. ¿Cómo opera el apego a los padres en la prevención de la conducta delictiva? 13. ¿Cuál es el concepto criminológico de “bajo autocontrol”? ¿Cómo se asocia a la delincuencia? ¿Es igual o diferente al concepto psicológico de autocontrol? 14. ¿Cuál es la idea central de la teoría del control social informal según edades? 15. ¿Qué constructos principales incluye la teoría de la acción situacional? 16. Seleccionar alguna o algunas de las teorías presentadas en este capítulo (el mismo ejercicio podría hacerse también en relación con los capítulos teóricos posteriores), y, en grupos, analizarlas críticamente a la luz de los criterios que deben reunir las teorías criminológicas, según se vio en el capítulo 5.

1 Un problema que se ha apuntado en relación con el enfoque funcionalista es la duda sobre la supuesta entidad factual que se atribuye a las estadísticas oficiales, en las que se basan sus análisis. La crítica más importante en este punto ha consistido en afirmar que las estadísticas oficiales tienen la apariencia de cosas, con independencia de su significación, pero que su

entidad factual es espuria en muchos casos (Scull, 1989). Un análisis detenido de las estadísticas oficiales, por ejemplo de los suicidios, de la delincuencia o de otras formas de desviación, no puede ser realizado independientemente de sus significados o de las prácticas organizativas y rutinas existentes para recoger estos datos. Las estadísticas oficiales confirman el punto de vista mertoniano en el sentido de que la delincuencia es esencialmente un comportamiento propio de la clase baja. Sin embargo, según sabemos, las rutinas policiales tienden a focalizar su atención preferentemente sobre las clases bajas. De esta manera, detectan más delincuencia en estas clases, lo que a su vez parece confirmar el punto de vista de partida. 2 Las respuestas de adaptación a la tensión pueden ser distintas según se intenten cambiar los fines sociales o bien se pretenda alterar los medios para su logro. Merton categorizó en cinco tipos las posibles respuestas del individuo frente a este problema (Merton, 1980; Vold et al., 2002; Siegel, 2010): a) Conformidad, que es la respuesta adoptada por la mayoría. Aquí, los individuos, a pesar de no poder lograr, en su grado máximo, los objetivos sociales (es decir, conseguir el mayor estatus económico y social que desearían), aceptan, sin embargo, tanto los objetivos sociales establecidos como los medios que se consideran legítimos para su obtención (es decir, se admite el trabajo y el esfuerzo personal como base del éxito). b) Innovación, que tendría lugar cuando el sujeto acepta los fines sociales convencionales (mejorar su estatus económico y social), pero rechaza los medios más típicos para su consecución (por ejemplo, un trabajo asalariado), y busca nuevos instrumentos para el logro de sus metas (por ejemplo, a través de un negocio nuevo, más lucrativo). c) Ritualismo, cuando no se admiten sin más los objetivos sociales típicos (es decir, no se tiene como ideario de la vida poseer más o ser más), pero se acepta participar en las actividades sociales convencionales (el trabajo, la educación y una vida ordenada). Aunque no se valoren completamente los fines sociales imperantes, la conducta y la implicación social de lo sujetos son los esperables. d) Retraimiento, cuando ni se aceptan los objetivos sociales más típicos (propiedades, estatus social…) ni tampoco los medios habituales para su logro (trabajo, créditos bancarios…), pero el individuo se limita a

apartarse de la dinámica social y, de una u otra manera, se automargina. e) Rebelión, que se produce cuando los individuos rechazan, en todo en parte, fines sociales, medios legítimos para su logro, o ambos. Los procesos de rebelión puede dar lugar a muy distintos resultados, como el aislamiento respecto de la sociedad, los intentos reformadores o revolucionarios, o, particularmente por lo que aquí nos incumbe, el comportamiento delictivo. 3 Según Vold y Bernard (1986) en este punto las teorías subculturales mantienen estrechas vinculaciones con el concepto de organización social diferencial de la teoría de Sutherland, en la que éste constata la existencia en la sociedad de grupos distintos, unos favorables a las normas y otros contrarios a ellas (véase la teoría de Sutherland en un capítulo posterior). 4 Otra aproximación subcultural que tuvo vigencia en las décadas de los sesenta y los setenta fue la formulada por Walter B. Miller en 1958. La tesis principal de Miller es que las pandillas de clase baja en realidad reflejan los valores del sistema cultural (subcultural) del que forman parte, que incluye elementos como la “dureza”, la “frialdad”, la “búsqueda de excitación”, y la “falta de control sobre el destino” (Garrido, 1987). De este modo, según Miller, el comportamiento delictivo de los jóvenes no se explicaría tanto a partir de las barreras sociales que les impiden tener éxito cuanto sobre la base de la existencia de ciertos valores subculturales de los que también forman parte la violencia y la delincuencia. 5 En este tercer supuesto, otra fuente posible de estímulos aversivos es la aglomeración y la falta de espacio, que típicamente tiene lugar en las grandes ciudades o en determinados barrios. Según la investigación psicobiológica, los individuos de las diferentes especies animales necesitan un espacio territorial suficiente para vivir de manera equilibrada. En caso contrario aumenta el estrés individual y son frecuentes los episodios de agresión entre congéneres. Son muchas las investigaciones con animales y con humanos que han llegado a esta conclusión.

7. CRIMINOLOGÍA BIOSOCIAL 7.1. INTRODUCCIÓN: CONCEPTOS FUNDAMENTALES 321 7.1.1. Actualidad de la perspectiva biosocial en Criminología 324 7.2. LA BIOLOGÍA Y LA CRIMINOLOGÍA ACTUAL 326 7.2.1. Rasgos físicos y delincuencia: las biotipologías 327 7.2.2. Herencia 329 A) Estudios de familias de delincuentes 330 B) Estudios de gemelos y de niños adoptados 331 C) Estudios genéticos 335 7.2.3. Correlatos psicofisiológicos 337 7.4. LA INTERACCIÓN ENTRE LA BIOLOGÍA Y EL AMBIENTE 340 7.4.1. La genética 341 A) Interacción Gen por Ambiente 342 B) Correlación gen x ambiente y los efectos moderadores de las variables demográficas 342 7.4.2. Psicofisiología 343 A) El efecto moderador de los hogares benignos: la perspectiva del “empuje social” 343 B) Interacciones entre los factores de riesgo psicofisiológicos y sociales 344 C) Factores de protección 345 7.4.3. Factores de obstetricia 347 A) Anomalías físicas leves 347 B) Exposición a la nicotina 348 C) Complicaciones en el parto 348 7.4.4. Neuroimagen (escáner del cerebro) 349 A) La Tomografía de Emisión de Positrones (TEP) 349 B) Imagen por Resonancia Magnética Funcional (RMF) 350 7.4.5. Neuropsicología y Neurología 350 A) Estudios longitudinales 351

B) Efectos protectores de un hogar estable 351 C) Demandas sociales que superan la capacidad de los jóvenes 351 7.4.6. Hormonas, neurotransmisores y toxinas 352 A) Hormonas 352 B) Neurotransmisores y toxinas 353 7.5. SOCIOBIOLOGÍA, PSICOLOGÍA EVOLUCIONISTA Y AGRESIÓN 354 PRINCIPIOS CRIMINOLÓGICOS Y POLÍTICA CRIMINAL 360 CUESTIONES DE ESTUDIO 360

7.1. INTRODUCCIÓN: FUNDAMENTALES

CONCEPTOS

El estudio de la criminología biosocial incluye un amplio conjunto de investigaciones muy heterogéneas tales como el análisis de los rasgos físicos de los delincuentes, estudios de la delincuencia en determinadas familias, en muestras de hermanos gemelos y de hijos adoptivos, estudios genéticos, el análisis de la influencia de la alimentación sobre el comportamiento, o los modernos estudios de sociobiología y psicología evolucionista acerca de los fundamentos biológicos de la agresividad. Finalmente, hemos de incluir también en esta relación la prolífica investigación desarrollada en los últimos años en torno a la psiconeurología del cerebro, cuyas elaboraciones teóricas acerca de la violencia y de la psicopatía no dejan de ser apasionantes. Todas estas investigaciones comparten una serie de elementos

comunes: Una de las obras que fundamentó el mundo moderno: El Origen de las especies.

1. En su base se hallan los presupuestos de la teoría de la evolución de Darwin, algunos de cuyos postulados principales son los siguientes: • Todas las especies animales, incluida la especie humana, han evolucionado unas de otras, como resultado de los procesos de adaptación y selección natural. • El comportamiento animal, al igual que otras características orgánicas —como las estructuras ósea y muscular, el sistema hormonal o el cerebro— también ha ido evolucionado desde formas más simples hacia formas más complejas. El comportamiento emocional, que incluye entre otras manifestaciones la agresividad, no sería una excepción en este proceso evolutivo. • Todo comportamiento cumple, por tanto, una función adaptativa, en la medida en que mejora la relación de cada individuo y de la especie en su conjunto con el entorno. ¿Podría ser contrario al proceso adaptativo que regula la evolución un comportamiento como el agresivo, que es tan frecuente en todas las especies animales? La respuesta es no, ya que el proceso evolutivo ha ido seleccionando aquellas

características, tanto orgánicas como de comportamiento, que eran más adaptativas al medio ambiente, y las manifestaciones agresivas no pueden constituir una excepción. 2. Se ha encontrado relación entre algunos factores biológicos y la mayor o menor tendencia a la agresividad que tienen las personas. El rasgo agresividad no implica necesariamente que se cometan delitos, pero sí la constatación de que unas personas son más propensas que otras a conducirse violentamente1. El cerebro, la última frontera en la investigación de la Criminología Biosocial.

3. Estas tendencias o propensiones que muestran los seres humanos hacia la agresividad interaccionan con el ambiente social en el que viven y, como resultado de esta interacción, puede producirse o no la conducta agresiva o delictiva. En otras palabras, de acuerdo con la investigación biosocial actual, no existe una delincuencia ni genética ni biológicamente determinada. Se heredan ciertas tendencias agresivas que, dependiendo de la concreta interacción entre individuos que se produzca en un ambiente determinado, pueden manifestarse en forma de comportamiento violento. 4. No todas las perspectivas biosociales de la delincuencia dan lugar en la actualidad a intervenciones aplicadas. Las dificultades para su utilización aplicada son

debidas a dos razones principales: una de carácter práctico y otra de carácter ético. En el orden práctico, no cabe plantearse actuaciones que no son técnicamente posibles. Por ejemplo, no se puede mejorar genéticamente el comportamiento humano, ya que los conocimientos biológicos al respecto son todavía muy modestos. Pero además, aunque fuera técnicamente posible modular el comportamiento a partir de su manipulación genética, el hacerlo probablemente sería inaceptable desde un punto de vista ético. Ahora bien, lo anterior no significa que los conocimientos biológicos no tengan ninguna aplicabilidad para la criminología, sino que algunos de ellos podrían traducirse en aplicaciones interesantes. Por ejemplo, si la investigación nos permitiera concluir que ciertas dietas alimenticias favorecen las tendencias agresivas, las personas podrían evitar tales dietas, sin que ello implique, en principio, especiales problemas éticos. De la misma manera, puesto que sabemos que algunos individuos tienen mayor propensión a la violencia que otros, una detección precoz podría permitir una prevención más eficaz mediante una educación más intensiva. Que alguien muestre una mayor tendencia a la agresividad no quiere decir que no se pueda intervenir desde el punto de vista social y educativo. Finalmente, no debemos olvidar que determinadas condiciones psicobiológicas pueden

influirse mediante la administración de fármacos. Por ejemplo, actualmente es habitual que los niños con un trastorno de déficit por atención con hiperactividad —que es un correlato importante de la delincuencia juvenil— reciban compuestos anfetamínicos para el control de la impulsividad. Igualmente, los esquizofrénicos paranoides (el tipo de psicosis más vinculado con la violencia) muestran una mejora notable cuando consumen medicamentos antipsicóticos de última generación. La importancia de lo biológico en la actualidad es tan relevante que no sería exagerado decir que hay un reconocimiento amplio de que el fenómeno del delito requiere de una explicación biosocial, con independencia de que los teóricos pongan el énfasis en los aspectos biológicos o en los culturales. La Criminología Biosocial es la corriente teórica y empírica de la Criminología que se esfuerza por revelar la influencia de los diferentes mecanismos por los que la Biología influye en el comportamiento delictivo (agresivo/violento) humano, con el propósito de establecer hallazgos significativos en la comprensión de la violencia y las carreras delictivas así como principios preventivos relevantes. En tal esfuerzo un elemento clave es analizar cómo interacciona el sustrato somático de la persona con los estímulos ambientales en los que se desarrolla, de ahí que “biosocial” implique el reconocimiento de que la biología

solo se expresa y adquiere sentido en un determinado contexto social.

7.1.1. Actualidad de la perspectiva biosocial en Criminología Décadas atrás lo biológico fue denostado en Criminología. Se llegó a equiparar el estudio de los factores biológicos con el determinismo causal de la conducta delictiva. Cualquier referencia, al hablar de delincuencia, a los componentes biológicos del ser humano era con frecuencia peyorativamente calificada como lombrosiana e inadmisible. Una de las principales objeciones contra las perspectivas biológicas en Criminología tuvo que ver con la controversia acerca de la aplicabilidad práctica de sus resultados (Akers, 1997). Según las posturas antibiológicas más radicales, si los factores etiológicos de la delincuencia fueran de carácter genético o innato solo sería posible o modificar tales predisposiciones mediante procedimientos farmacológicos o quirúrgicos o, alternativamente, mediante el aislamiento de los delincuentes durante largos períodos de tiempo. Sin embargo, en la actualidad una perspectiva simplista, que niegue lo biológico, es a todas luces inaceptable en Criminología, lo mismo que lo sería en otras ciencias sociales como la psicología, la sociología o la pedagogía.

El comportamiento humano, prosocial o delictivo, no se halla fatalmente determinado por el substrato biológico de las personas, pero la biología que les es inherente no puede ser frontalmente rechazada como si en verdad no existiera. Por el contrario, en Criminología son imprescindibles los conocimientos actuales sobre neurociencia y psicofisiología humana. Especialmente necesaria resulta la investigación sobre el funcionamiento del sistema nervioso, que media en todos y cada uno de los procesos de la conducta, de las emociones, de las cogniciones y de los aprendizajes de las personas. Esta mayor aceptación hacia lo biológico en Criminología tiene muchos frentes, varios de los cuales se revisan en este libro, y algunos de ellos tienen una perspectiva claramente aplicada, como la división existente entre una violencia más impulsiva /temperamental versus más planificada (Bobadilla, Wampler y Taylor, 2012), o la actualidad de la discusión de la psicopatía como un constructo que, más allá de definir un trastorno de la personalidad con claros componentes genéticos, nos permite comprenden muchos de los condicionantes de la delincuencia violenta (Hart y Cook, 2012). Por otra parte, el libro clave de la ciencia del siglo XIX, el Origen de las Especies, de Darwin, viene siendo extensamente citado en muchos de los manuales y trabajos científicos de los criminólogos de todo el mundo

(Gabbidon y Collins, 2012). Wilson (1980) y Wilson y Herrnstein (1985) pusieron de relieve la íntima vinculación existente entre las dimensiones biológica, social y conductual de los seres humanos. Estos últimos autores (Wilson y Herrnstein, 1985: 103) concluyeron que “la delincuencia no puede ser comprendida sin tomar en consideración las predisposiciones individuales y sus raíces biológicas”. Ray Jeffery (1993), criminólogo norteamericano destacado en la aproximación biológica, señaló que se hallaría abocado al fracaso cualquier enfoque criminológico que prescindiera del hecho de que todo lo que hacemos, decimos, sentimos y pensamos transcurre ineludiblemente por nuestro cerebro. En un libro que tuvo gran éxito editorial (Inteligencia emocional), Goleman (1997) recogió la investigación desarrollada por LeDoux sobre el papel prominente que juegan en nuestro sistema de respuesta rápido y emocional partes del cerebro como la amígdala. Hasta no hace mucho se pensaba que todos los estímulos que percibimos eran enviados al neocórtex, la parte más genuinamente humana de nuestro cerebro, desde donde, tras su procesamiento y elaboración, era ordenada una respuesta a otras partes más primitivas del cerebro y, finalmente, a los músculos para la acción. A partir de la investigación de LeDoux y de otros muchos

investigadores se sabe que las cosas no funcionan exactamente así. Los estímulos ambientales que percibimos son recibidos en el tálamo, en el centro del cerebro, que efectivamente los enviará al neocórtex. Sin embargo, el tálamo mantiene también conexión directa con la amígdala, que funcionaría como una especie de “centinela emocional”, capaz de producir respuestas más rápidas, aunque también menos elaboradas, a situaciones comprometidas. Un gran número de conductas humanas corresponden a situaciones de riesgo, y entre ellas se encuentran también muchos comportamientos delictivos, en los que probablemente operaría la vía directa de la amígdala. Así pues, hoy sabemos que ese pequeño núcleo nervioso de nuestro cerebro llamado amígdala juega un importante papel en nuestras reacciones emocionales inmediatas, y que no todas ellas dependen de la parte “más racional” de nuestro cerebro. ¿Cuántas acciones humanas, que acaban siendo un delito, no habrán seguido este canal primitivo de respuesta?

7.2. LA BIOLOGÍA Y LA CRIMINOLOGÍA ACTUAL ¿Existe relación entre la biología humana y la delincuencia? La respuesta no puede ser más que afirmativa, y aunque de entrada esta aseveración puede sorprender a algunas personas, no podemos por menos

que confirmar que la relación entre Biología y delincuencia es uno de los nexos más claramente establecidos por la investigación criminológica moderna. Según Fishbein, para explicar adecuadamente el comportamiento delictivo, debe atenderse a tres elementos interrelacionados entre sí: • Los sistemas neurológicos, que son responsables de la inhibición de conductas y emociones extremas. • Los mecanismos necesarios para aprender, ya sea a partir de la imitación de otros seres humanos o a partir de la propia experiencia. • Los factores sociales, que se concretan en la estructura familiar de los individuos y en los recursos comunitarios o mecanismos de ayuda social. Así pues, la regulación del comportamiento se realizaría a partir de dos mecanismos biológicos y un mecanismo social o contextual, en el cual operan los dos primeros. Las posibles interacciones a que estos sistemas (biológicos y sociales) pueden dar lugar son las siguientes: 1. Que individuos biológicamente bien dotados, sin dificultades neurológicas o de aprendizaje, tengan unos ambientes socioculturales y familiares adecuados. Éste sería el supuesto ideal en el que existiría una menor probabilidad de agresión y de delincuencia.

2. Que los mecanismos biológicos sean los apropiados pero los mecanismos sociales sean inestables o inadecuados. Esto es, que el sujeto se desarrolle en contextos sociales desestructurados, proclives a producirle problemas de maduración emocional. En este supuesto la estabilidad biológica, y más concretamente una buena inteligencia y unas buenas capacidades de inhibición, pueden ayudar a minimizar el influjo negativo de los factores ambientales, incluso tratándose de ambientes muy problemáticos. 3. Que existan en los individuos dificultades biológicas, ya sean neurológicas o de aprendizaje, pero en cambio dispongan de sistemas sociales de crianza muy estables e intensivos. En tal caso, las dificultades biológicas podrían ser compensadas y el individuo tendría la oportunidad de desarrollarse adecuadamente en la sociedad (ver en otro capítulo el llamado fenómeno de la resiliencia). 4. Que ninguno de los dos sistemas funcione. En este caso, los sujetos tienen desventajas tanto de tipo neurológico o de aprendizaje como contextuales. Aquí, la probabilidad de conducta antisocial es alta. De acuerdo con Fishbein (1992: 103), “existen múltiples características individuales innatas que incrementan el riesgo de conducta agresiva, y que esta tendencia se manifieste o no es una función de las condiciones ambientales”. Como puede verse, la moderna formulación

de las perspectivas biosociales en Criminología no plantean ninguna suerte de fatalismo determinista. En ellas, como no podía ser de otro modo, características biológicas y factores ambientales entran en interacción recíproca, compensándose y determinando una variedad de resultados posibles.

7.2.1. Rasgos físicos biotipologías

y

delincuencia:

las

Desde siempre han existido estereotipos sociales en relación a las características de personalidad y físicas que poseen los delincuentes, como si fuese posible a simple vista distinguir a un delincuente de quien no lo es. GarcíaPablos (1988) relata el caso de un juez italiano del siglo XVIII quien, si no tenía claro cuál de dos sospechosos era culpable del delito que juzgaba, condenaba (literalmente) al más feo, suponiendo que era más probable que realmente hubiera cometido el delito (al ser la cara el espejo del alma) y solventando así el problema de posible ausencia de pruebas. En Criminología ha existido una línea de investigación que ha analizado la posible relación entre tipologías corporales (o biotipologías) y delincuencia. Una de la biotipologías más conocidas fue desarrollada en 1921 por el psiquiatra alemán Ernst Kretschmer, quien estableció, a partir del análisis de más de 4.000 sujetos,

tres tipos corporales vinculados a ciertas caracterologías (Curran y Renzetti, 2008; Schmalleger, 1996; Vold et al., 2002): el leptosomático o asténico, caracterizado por su delgadez y poca musculatura y por una tendencia a la introversión; el atlético, opuesto al primero, poseedor de un gran desarrollo esquelético y muscular; y el tipo pícnico, tendente a la obesidad y proclive a la sociabilidad. Según Kretschmer existiría una preponderancia de los delitos violentos y una mayor tendencia a la reincidencia entre los tipos constitucionales atléticos, de los delitos de hurto y estafas entre los leptosomáticos y de los fraudes entre los pícnicos. El norteamericano William Sheldon estableció en 1949 una biotipología, paralela a la de Krestchmer, que distinguía tres somatotipos o tipos corporales asociados a tres tipologías de personalidad, cuyas características se mantendrían a lo largo de la vida del individuo (Sheldon, 1949; Schmalleger, 1996): el ectomorfo, físicamente caracterizado por su delgadez y fragilidad y psicológicamente por su cerebrotonia, que le daría una tendencia al retraimiento y a la inhibición; el mesomorfo, individuo atlético en el que predominaría el tejido óseo, muscular y conjuntivo, y la somatotonia, en forma de fuerza y expresividad muscular; y el endomorfo, caracterizado por el predominio de cierta redondez corporal, y por la cualidad psicológica de la viscerotonia,

que le conferiría un tono relajado y sociable. Estudios posteriores realizados por el matrimonio Sheldon y Eleonor Glueck2 (Glueck y Glueck, 1956) y por Juan B. Cortés (Cortés, 1972) con diversas poblaciones (en colegios, reformatorios y cárceles) dieron cuenta de un porcentaje más elevado de personas pertenecientes al tipo muscular o mesomorfo entre las poblaciones de delincuentes tanto jóvenes como adultos. Sin embargo, no conocemos si ese predominio de mesomorfos se repite también en otras muestras no delictivas como policías, políticos o deportistas. Tal vez la única conclusión que pueda derivarse de la investigación biotipológica es que dado que los rasgos corporales correlacionan con ciertas características de la personalidad, puede que los individuos con mayores tendencias intelectuales y a la introversión (propias de los ectomorfos) y aquellos otros en los que predomina la laxitud y la benevolencia (los endomorfos) no se sientan tan atraídos por actividades impulsivas y potencialmente violentas, mientras que, por el contrario, el espíritu extravertido, menos inhibido y tal vez más agresivo de los mesomorfos favorezca sus ocasiones de verse inmiscuidos en actividades delictivas.

7.2.2. Herencia Los tres tipos de investigación mediante los que

tradicionalmente se intentó conocer la influencia de la herencia sobre la criminalidad fueron los estudios de familias de delincuentes, los estudios de gemelos y los estudios de hijos adoptivos. Todos ellos pretendieron delimitar y cuantificar cuáles eran los efectos diferenciales que la herencia, por un lado, y el ambiente de crianza de los jóvenes, por otro, tenían sobre su conducta delictiva. Más modernamente, el estudio de las influencias genéticas en el comportamiento y personalidad de la gente se conoce como genética de la conducta, y aquellos científicos que rastrean las influencias del código genético en el desarrollo, explicando de qué modo las prácticas culturales evolucionaron conjuntamente con las predisposiciones heredadas, reciben el nombre de sociobiólogos (véase más adelante) o psicólogos de la evolución. No hace falta mencionar que los genetistas de la conducta han desarrollado, igualmente, un enorme interés en el estudio del ADN como depositario de la base genética de los rasgos de personalidad (una revisión en Wright, 2000). Finalmente, la culminación del proyecto Genoma Humano ha descubierto que hay un horizonte muy vasto de lugares a los que mirar buscando las bases genéticas de la conducta. Más allá de los primitivos esfuerzos por hallar el origen de la delincuencia en determinadas anomalías cromosómicas —es el caso de la aberración

cromosómica XYY, con un gran impacto mediático en los años 60-70—, la investigación actual está más inclinada a encontrar “huellas”, o composiciones particulares de grupos de genes que pudieran actuar como facilitadores muy poderosos del comportamiento violento reincidente.

A) Estudios de familias de delincuentes Los estudios sobre familias de delincuentes se basaron en el presupuesto cierto de que los familiares en primer grado —abuelos, padres e hijos—, comparten una proporción de su dotación genética. Sobre esta base, para analizar la influencia de la herencia sobre la criminalidad, se analizaron muestras de delincuentes, por un lado, y de no delincuentes, por otro, en relación con sus respectivos familiares, para comprobar si los delincuentes contaban o no con una mayor proporción de delincuentes entre sus familiares que los no delincuentes. Estos estudios criminológicos partían de la idea de que al igual que en ciertas familias parecía haber una predisposición innata para diversas habilidades profesionales o artísticas, como había sucedido con la habilidad musical en las familias Bach o Mozart, en las que se habían sucedido varias generaciones de compositores famosos, podría suceder que también existiera una cierta predisposición genética en relación con la delincuencia. Así, estudiando actas policiales,

libros de nacimientos e historias personales, intentaron establecer el árbol genealógico de la familia de algunos conocidos delincuentes y vagabundos. El primer estudio de una familia de delincuentes —la familia Jukes— fue realizado por Robert Dugdale en 1877, hallando una dilatada historia de delincuencia en diversas generaciones de familiares consanguíneos (Walters y White, 1989). Uno de los estudios familiares más famosos fue publicado en 1912 por Goddard, quien trató de establecer la historia de los Kallikak a través de seis generaciones. Goddard relata que un antepasado de los Kallikak se casó en el siglo XVII con una respetable muchacha perteneciente a una buena familia. Sus descendientes siguieron siendo a través del tiempo una buena y respetable familia de clase media. Sin embargo, este antepasado tuvo otro hijo, fruto de una relación previa a su matrimonio, con una mujer de clase baja y probablemente con problemas mentales. El seguimiento de esta rama ilegítima de la familia Kallikak nos descubre un predominio de delincuentes entre sus miembros. De esta constatación se dedujo la influencia genética en la delincuencia: los genes positivos que aportó la esposa legítima dieron lugar a una honorable familia burguesa, mientras que los aportados por la otra mujer sirvieron para engendrar una pléyade de delincuentes. En estudios más próximos desarrollados entre finales de

los sesenta y finales de los setenta del pasado siglo, autores como Samuel B. Guze y Claude R. Cloninger encontraron fuertes conexiones intergeneracionales entre el rasgo psicopatía y la actividad delictiva entre delincuentes, tanto mujeres como hombres, y sus respectivos familiares. En general, los estudios de familias han mostrado que existe una elevada proporción de delincuentes y de personas con antecedentes penales entre sus miembros. En ciertas familias la delincuencia constituye una especie de tradición. A partir del estudio Cambridge, una investigación longitudinal de más de cuatrocientos jóvenes londinense (pertenecientes a 397 familias), desde la edad de 8 a 40 años, Farrington et al. (1996) pudieron comprobar la gran asociación existente entre la delincuencia de estos jóvenes y la de sus progenitores, hermanos y esposas. De los 2.203 integrantes de las 397 familias analizadas, 601 sujetos fueron condenados por delitos. Además, el 75% de los padres y madres con antecedentes penales tuvieron hijos que también fueron condenados. Sin embargo, a partir de los estudios de familias no se puede concluir un predominio de los factores genéticos sobre la delincuencia, ya que en estos estudios no se toma en consideración la posible influencia del ambiente que rodeó a las diversas líneas familiares. Es decir, probablemente estas ramas familiares no se diferenciaban

únicamente en su herencia genética, sino también en los factores sociales a los que se vieron enfrentados, mezclándose, por tanto, la influencia que corresponde a la herencia y la que proviene del ambiente.

B) Estudios de gemelos y de niños adoptados Los estudios de gemelos parten de un presupuesto doble: en primer lugar, del distinto grado de semejanza genética existente entre los gemelos univitelinos o monozigóticos —aquellos gemelos completos, que comparten la totalidad de su herencia genética, ya que proceden de la división de un único óvulo fecundado—, y los gemelos bivitelinos o dizigóticos —los mellizos, que solo tienen en común un 50% de su dotación genética—; el segundo presupuesto estriba en considerar que ambos tipos de hermanos nacidos a la vez serán criados (con independencia de su mayor o menor semejanza genética) de manera muy parecida. El factor ambiente quedaría de este modo neutralizado, ya que sería el mismo para ambos tipos de hermanos. De esta manera, si el ambiente de crianza es el mismo en ambos casos y, sin embargo, los monozigóticos poseen idéntica dotación genética, mientras que los dizigóticos comparten solamente la mitad de sus genes, existiría una razonable posibilidad de analizar cuál es el peso que tiene la herencia sobre la conducta.

Si la herencia influye sobre la conducta se debería esperar que, a igualdad de condiciones educativas, los gemelos monozigóticos presentaran un mayor grado de concordancia en su comportamiento que los dizigóticos. La concordancia refleja el grado en que, dado un comportamiento en uno de los gemelos (o mellizos), el mismo comportamiento aparece también en el otro (Akers, 1997; Conklin, 2012). Mediante este procedimiento se han analizado muestras de gemelos monozigóticos y dizigóticos, para comprobar si se parecen más unos u otros en términos de delincuencia. Por su parte, los estudios con niños adoptados parten del presupuesto de que, si el influjo de la herencia fuera más importante que el del ambiente, los niños adoptivos deberían parecerse más, en cuanto a su conducta delictiva o no delictiva se refiere, a los padres biológicos que a los padres de adopción. Por contra, si el ambiente fuera más importante, la influencia mayor la tendrían los padres adoptivos. El primer estudio criminológico de gemelos fue realizado durante los años veinte por Johannes Lange (Curran y Renzetti, 1994), mientras que el más ambicioso estudio de estas características fue desarrollado en Dinamarca por Karl O. Christiansen (1974, 1977), con una muestra de 3.586 parejas de gemelos nacidos entre 1870 y 1920. Primero se estableció si los pares de

hermanos eran monozigóticos o dizigóticos y después se analizaron sus antecedentes penales. De los más de 7.000 sujetos estudiados, 926 tenían antecedentes delictivos, proporción que resultó semejante al promedio de conducta delictiva de la población danesa. Los gemelos monozigóticos presentaron una concordancia delictiva del 50% y los dizigóticos del 21%, diferencia que permitió a Christiansen concluir que el factor genético influye decisivamente en la delincuencia. En el seguimiento de este estudio realizado más tarde por Cloninger y Gottesman (1987), la concordancia de los monozigóticos varones fue del 51% (con una correlación de 0,74), mientras que en los dizigóticos fue del 30% (r= 0,47). Los autores concluyeron que había más de un 50% de probabilidades de heredar la delincuencia. Walters y White (1989) revisaron los principales estudios criminológicos sobre gemelos realizados durante el siglo XX, comparando las concordancias delictivas de gemelos monozigóticos y dizigóticos del mismo sexo. Los autores tomaron esta precaución metodológica puesto que, pese a que existen estudios que incorporan en las muestras chicos y chicas, se sabe que las chicas delinquen mucho menos que los varones y, por ello, el factor sexo podría producir, en muestras mixtas, un sesgo importante. De ahí que Walters y White eliminaran de su análisis los estudios que mezclaban gemelos de ambos sexos. En su

revisión, que cubre estudios publicados desde 1920 hasta 1976, Walters y White concluyeron que los porcentajes de concordancia delictiva de los monozigóticos eran superiores, en todos los estudios de gemelos revisados, a la concordancia de los dizigóticos. Se han efectuado diversas críticas a los estudios de gemelos (Curran y Renzetti, 1994, 2008; Walters y White, 1989), y la principal ha señalado que los gemelos monozigóticos, debido a su mayor semejanza física (lo que hace que con frecuencia incluso sean confundidos), tendrían también una mayor probabilidad que los mellizos de ser tratados de idéntica manera por padres, familiares, amigos y maestros (véase, por ejemplo, Conklin, 2012). Es decir, los monozigóticos podrían tener un ambiente de crianza mucho más parecido que el de los dizigóticos y, por tanto, la mayor concordancia en conducta delictiva de los primeros no necesariamente sería debida a la influencia genética sino también, probablemente, a un idéntico proceso de socialización. Ahora bien, en la actualidad no parece que tal contaminación pueda influir de modo sustancial en las tasas de concordancia más elevadas que presentan los monozigóticos (Harris, 2000; Carey, 1992, citado en Lykken, 2000). La razón sería la siguiente: la influencia del ambiente en la personalidad opera, sobre todo, a través de las experiencias específicas que recibe cada individuo (ambiente específico), y no a

través de las experiencias familiares comunes (ambiente compartido), lo que descalifica la hipótesis de la socialización como causa de la mayor semejanza hallada en los gemelos monozigóticos. Walters y White (1989) revisaron también los estudios criminológicos de hijos adoptados correspondientes a épocas precedentes. Para ello analizaron aquellas investigaciones que habían utilizado muestras de niños adoptados tempranamente (entre 0 y 18 meses de edad), de tal manera que se controlara la posible influencia de los hábitos de crianza de los padres biológicos. En los estudios de adopción, los investigadores obtienen un índice de concordancia delictiva entre hijos adoptados y sus padres biológicos y comparan este índice con la concordancia que presenta un grupo de control semejante o, en la mayoría de los casos, con las tasas estándar de criminalidad en el país en que se realiza el análisis. Como criterio de propensión delictiva se han utilizado, según los diversos estudios, diferentes variables, tales como la detención policial, las condenas por delitos graves, los antecedentes delictivos, y, también, el diagnóstico clínico de personalidad antisocial. Al igual que lo que sucedió en los estudios con gemelos, los autores encontraron que la mayoría de las investigaciones sobre niños adoptados mostraban una mayor concordancia delictiva entre hijos y padres

biológicos (que oscilaba entre 3,1% y 31,5%) que la mostrada por los controles (que variaba entre 2,9% y 17,8%). El análisis europeo más amplio de este tipo fue realizado en Dinamarca por Sarnoff Mednick a principios de los ochenta (Conklin, 1995) con niños que habían sido adoptados a una edad muy temprana (1/4 parte de ellos inmediatamente después de nacer, 1/2 durante el primer año y el resto antes de cumplir los tres años). Para ello utilizó el registro de adopciones efectuadas en Dinamarca entre 1924 y 1947, que incluía 14.427 casos. Tras eliminar el 30% de los casos por falta de información y excluir del estudio a las niñas adoptivas, que suelen presentar una menor delincuencia, los resultados fueron los siguientes: 1) de aquellos niños cuyos padres biológicos y adoptivos no tenían historial delictivo, el 13,5% delinquieron; 2) de los niños uno de cuyos padres adoptivos —padre o madre— era delincuente (pero no así los biológicos), el 14,7% volvieron a cometer delitos; 3) cuando uno de los padres biológicos era delincuente (pero no así los adoptivos), el 20% de los hijos fueron también delincuentes; y, finalmente, 4) en el caso de que alguno de ambos tipos de padres (biológicos y adoptivos) tuvieran antecedentes delictivos, el 24,5% de los hijos acabaron también delinquiendo. Estos resultados llevaron a los autores a concluir que el

factor genético tiene un mayor peso explicativo en la delincuencia que el ambiental. Mientras que vivir en un ambiente desfavorable (al tener un padre adoptivo delincuente) solo hizo subir la tasa de delincuencia de los hijos del 13,5% al 14%, contar con un padre biológico delincuente se asoció a una tasa delictiva de los hijos del 20%. Comentando este estudio, Lykken (2000, p. 162) señalaba que cuando ambos padres (biológicos y adoptivos) eran delincuentes, se producía un efecto multiplicador sobre la delincuencia de los hijos, y concluye: De hecho, éste es el resultado (…) que establece que la conducta delictiva varía directamente en función de la fuerza total de las tendencias delictivas innatas e inversamente en función de la calidad de la conducta parental. Las tendencias delictivas conllevan o son promovidas por la agresividad, impulsividad, búsqueda de sensaciones, temeridad y demás [véase capítulo siguiente], y estos rasgos están determinados genéticamente. Por lo tanto, por razones genéticas, los hijos de delincuentes suelen ser más difíciles de socializar que los niños corrientes y el éxito de esta función parental es especialmente dudoso cuando el padre adoptivo es también delincuente.

Sin embargo, diversos investigadores fueron críticos con la metodología de los estudios de hijos adoptivos. Gottfrenson y Hirschi (1990), Walters y White (1989) y Walters (1992) y consideraron, en concreto, que la magnitud de la asociación entre tener un padre biológico delincuente y ser delincuente era demasiado pequeña para concederle un rol predominante en la génesis de la

delincuencia. Con todo, Lykken (2000, p. 163), comentando esta crítica concluye que la tesis de Mednick es correcta, “a saber, que la delincuencia es moderadamente heredable y que la mala socialización por parte de los padres adoptivos tiene unos efectos más nocivos en los chicos con un temperamento genético que les dificulta dicha socialización”. La moderna investigación no ha hecho sino confirmar esta afirmación. Si la revisión de Walters y White supuso una contribución relevante porque resumía los datos de los estudios genéticos más clásicos, la revisión realizada por Christopher Ferguson en 2010 tomó en consideración todos los trabajos publicados entre los años 1996 y 2006, un total de 36, que dieron lugar a 56 observaciones diferentes sobre la relación entre la herencia, el ambiente y el delito, mediante la metodología de gemelos o de adopciones. Los resultados mostraron, en conjunto, que la influencia genética explicaba el mayor porcentaje de varianza en la predicción de la conducta delictiva (con un 56%), seguido por el ambiente específico o no compartido (31%), y por el ambiente compartido (11%). Se halló que la edad tenía un efecto moderador sustancial: la influencia del factor genético y del ambiente compartido disminuía a medida que los niños se convertían en adultos, mientras que el ambiente específico propendía a ser más influyente, un hecho sin duda debido a que con la edad se van

acumulando en el sujeto influencias ambientales específicas, derivadas de sus experiencias únicas.

C) Estudios genéticos Durante los últimos años se están realizando importantes estudios genéticos que intentan relacionar la herencia cromosómica con la vulnerabilidad al cáncer y a otras enfermedades. En la actualidad, sin embargo, no hay muchas investigaciones cuyo propósito específico sea determinar la relación existente entre dotación genética y delincuencia, tal y como se pretendió hace dos décadas, cuando, paradójicamente, los conocimientos genéticos eran mucho más modestos de lo que lo son en la actualidad. En algunos estudios realizados en los años sesenta (el primero de ellos efectuado por Patricia Jacobs y sus colaboradores en un hospital de máxima seguridad de Escocia) se encontró que los delincuentes varones encarcelados presentaban una proporción de anormalidades cromosómicas superiores a las existentes en la población general. En concreto, se detectó en ellos la presencia de un cromosoma Y extra, que daba lugar a una trisomía del tipo XYY (lo que se conoce como el síndrome del super-macho genético), en una proporción superior (de entre el 1 y el 3%) a la hallada en la población general (que sería menor del 0,1%) (Akers,

1997; Curran y Renzetti, 1994, 2008). Algunos investigadores llegaron a pensar que esta malformación genética podría hallarse en la base de algunos tipos de delincuencia violenta, pero esta teoría en la actualidad está totalmente desacreditada, ya que incluso entre delincuentes encarcelados se ha encontrado una mayor proporción de otras anormalidades cromosómicas diferentes del síndrome XYY. LA REALIDAD CRIMINOLÓGICA: Muere “el Arropiero”, el mayor asesino en serie de España (El Periódico de Cataluña, miércoles 8 de abril de 1998, p. 25) Delgado Villegas, fallecido en Badalona, se inculpó de 48 crímenes Manuel Delgado Villegas, el Arropiero, considerado el mayor asesino en serie en la historia reciente de España, falleció el pasado 2 de febrero en el hospital de Can Ruti de Badalona, víctima de una afección pulmonar, informó ayer el rotativo La Vanguardia. El Arropiero, que tenía 55 años y cumplía condena en la Clínica Mental de Santa Coloma, murió en el hospital sin que nadie supiera de su horripilante historial. Ingresó en estado crítico con los pulmones muy afectados por un elevado consumo de tabaco. Había pasado por el centro seis veces en el último año, y los médicos y las enfermeras que lo atendieron no conocieron hasta ayer su pasado criminal. Delgado Villegas, un exlegionario nacido el 25 de enero de 1943 en Sevilla que había trabajado en la construcción y como mozo de cuadras, fue detenido el 18 de enero de 1971 en El Puerto de Santa María (Cádiz), como presunto autor del estrangulamiento de su novia, Antonia Rodríguez. Aunque en principio negó la autoría del crimen, acabó confesando ante la policía la muerte de la mujer y de otras 47 personas. La policía investigó 22 de los asesinatos que confesó y acabó por probar su participación en ocho de ellos. Pasó seis años en la cárcel sin que nadie le nombrara un abogado defensor. Bisexual y necrófilo, el Arropiero sufría una alteración genética que le hacía tener un cromosoma de más, a lo que se atribuyó su carácter violento, y fue uno de los personajes de la crónica negra que más tinta hizo correr en las páginas de sucesos.

En la actualidad se considera que estas malformaciones genéticas no poseen relevancia alguna para explicar el

fenómeno delictivo. Por ello tiene mucho más interés el estudio del comportamiento de genes específicos. Un ejemplo es el descubrimiento de que una variante de un gen específico eleva la probabilidad de desarrollar conducta antisocial en niños en riesgo. Anitha Thapar y sus colegas (2005) seleccionaron a 240 niños diagnosticados de TDAH (déficit de atención e hiperactividad) y evaluaron los síntomas de trastorno de conducta antisocial que presentaban. A continuación realizaron un estudio genético para determinar qué variantes de un gen particular (el catecol Ometiltransferasa, o gen COMT) poseía cada niño. Debido a que la conducta antisocial en los niños también está vinculada con un ambiente prenatal adverso, los investigadores obtuvieron datos del peso que los niños tenían al nacer. En una variante del gen COMT, se observó que la metionina estaba sustituida por la valina en una determinada sección. La investigación señala que los individuos que tienen dos variantes de valina en el gen realizan de forma pobre determinadas tareas que miden el funcionamiento del córtex prefrontal, en comparación con los sujetos que muestran la combinación metionina/valina o la que tiene dos variantes de metionina. La hipótesis de los investigadores fue la siguiente: “dada la relación que existe entre los déficit corticales

prefrontales y la conducta antisocial, por una parte, y por otra entre el gen COMT y el funcionamiento en esa área cerebral, planteamos la hipótesis de que la variante compuesta de la combinación valina/valina se relacionaría con la conducta antisocial”, y específicamente determinaron examinar “el subtipo de la conducta antisocial que tiene los orígenes genéticos y neurológicos más sólidos, esto es, el que reúne el inicio en la infancia del trastorno de conducta junto al TDAH” (p. 1276). La predicción resultó acertada: tanto el genotipo valina/valina como el bajo peso al nacer fueron factores de riesgo independientes que explicaban el trastorno de conducta en niños diagnosticados de TDAH. Los autores de la investigación concluyeron: “Estos resultados son de considerable interés, porque sugieren no solo que el genotipo COMT y el bajo peso al nacer influyen en la conducta antisocial en este grupo de alto riesgo en particular [niños diagnosticados de TDAH], sino que también los niños con el genotipo valina/valina son particularmente susceptibles a los efectos de un bajo peso al nacer” (p. 1277).

7.2.3. Correlatos psicofisiológicos Las variables psicofisiológicas son índices cuantificables del funcionamiento del sistema nervioso, e incluyen aspectos como la tasa cardíaca, la presión

sanguínea, la conductancia de la piel a los estímulos eléctricos (también llamada respuesta psicogalvánica), las ondas cerebrales y los niveles de atención y de activación del sistema nervioso. Estas medidas reflejan directamente los estados emocionales. En las líneas que siguen nos basamos con preferencia en la revisión efectuada por Fishbein (1996: 34-35), Lykeen (2000) y Moya (2010), así como en estudios de neuroimagen realizados por Raine (2000). El eminente psicólogo Adrian Raine, uno de los investigadores más destacado en el estudio de la relación entre biología y conducta antisocial.

Las investigaciones han hallado repetidamente la existencia de una perturbación en el funcionamiento del sistema nervioso central, la cual puede relacionarse con la conducta antisocial. Una parte de los estudios se ha centrado en el análisis diferencial de los psicópatas. Los psicópatas —caracterizados según los trabajos clásicos de Cleckley (1976), por ser poco emocionales, impulsivos, irresponsables y buscadores de sensaciones— han mostrado repetidamente que tienen unos bajos niveles de ansiedad cuando son sometidos a eventos estresantes (véase Lykken, 2000; Fowles y Dindo, 2006, y la obra fundamental de Hare y Schalling, 1978). En particular, los psicópatas difieren de los sujetos control (no psicópatas) en los siguientes parámetros fisiológicos: (a) diferencias

en el electroencefalograma (EEG), (b) desajustes cognitivos y neuropsicológicos, y (c) respuestas electrodérmicas, cardiovasculares y otras (la psicopatía se estudia más en profundidad en el capítulo 13). Por lo que respecta al análisis del EEG, los psicópatas manifiestan una mayor actividad de ondas cerebrales lentas, lo que puede estar relacionado con una serie de perturbaciones cognitivas, quizás un retraso madurativo en el funcionamiento cerebral, especialmente en aquellos sujetos cuya mayor actividad de ondas lentas coexiste con grandes dificultades para aprender de la experiencia. Esta peculiaridad en el ritmo de la estimulación cerebral evaluada por el EEG es consistente con los hallazgos que revelan que los psicópatas también manifiestan un sistema nervioso autónomo (SNA) menos estimulado que los no psicópatas, tal y como se mide por indicadores como la respuesta psicogalvánica y la presión arterial. En efecto, cuando el SNA tiene un bajo nivel de activación, aumenta la necesidad de recibir estimulación del exterior, lo que provoca el típico patrón de conducta de “búsqueda de sensaciones”, concretado en actos de riesgo, de aventura y de excitación, entre los que se halla el delito y el consumo de drogas. Esta condición se presenta en muchos niños diagnosticados de hiperactivos, lo que explica el que muchos psicópatas hayan sido diagnosticados de esta forma en su niñez (véase Wilson y Herrnstein, 1985).

El asunto se complica todavía más para los psicópatas, porque ese bajo nivel de activación del SNA impide que anticipen sentimientos de ansiedad frente a posibles estímulos aversivos que pueden recibir por cometer actos antisociales. La cuestión es que la activación del SNA provoca ansiedad, y si un sujeto ha experimentado una o varias veces un determinado castigo por haber realizado una transgresión, la activación condicionada del SNA tenderá a “avisarle” de que no debe de volver a realizarlo. Pero si los psicópatas tienen niveles bajos de activación del SNA, se desprende de esto que condicionarán mal, y en su toma de decisiones los beneficios derivados del delito serán superiores a los costos (es decir, la ansiedad derivada por la aprehensión). Como veremos más adelante, este es uno de los puntos centrales de la teoría de Eysenck. Finalmente resulta imprescindible incluir aquí la investigación de Adrian Raine (Raine, 2000, 2013; Raine y Yang, 2006) realizada con técnicas de neuroimagen, es decir, que efectúan escanogramas del cerebro para mostrar su funcionamiento ante determinados estímulos. Revisando los estudios anteriores de autores como Damasio (1994), Henry y Moffitt (1997) y sus propios trabajos (Raine, 1993), este autor concluye que un denominador común de todos ellos era postular la existencia de deficiencias funcionales y estructurales en

los lóbulos frontales y temporales de los agresores violentos y psicópatas. En particular, parece que una baja actividad del lóbulo frontal (o “prefrontal”) sería la responsable del funcionamiento anómalo de esa parte del cerebro. Ahora bien, ¿cuál sería el nexo causal entre este desorden y la delincuencia violenta? Dejemos hablar al mismo Adrian Raine (2000, p. 80): En primer lugar, los pacientes que tienen lesiones prefrontales no tienen respuestas anticipatorias de tipo autónomo cuando efectúan elecciones arriesgadas y, además, hacen malas elecciones aun sabiendo cuál es la opción más ventajosa. Probablemente, esta incapacidad de razonar y decidirse por las opciones ventajosas es algo que contribuye a la impulsividad, la transgresión de normas y la conducta imprudente e irresponsable… En segundo lugar, la corteza prefrontal es una parte fundamental del circuito neural clave para el condicionamiento del miedo y la capacidad de dar respuesta al estrés. Se considera que el condicionamiento pobre está relacionado con un desarrollo escaso de la conciencia, y que es difícil socializar en el castigo a aquellos individuos cuya capacidad de responder automáticamente a los estímulos aversivos es menor, por lo que estarán predispuestos a comportarse antisocialmente. Una serie de experimentos han confirmado reiteradamente que los grupos antisociales presentan un bajo condicionamiento del miedo. En tercer lugar, la corteza prefrontal está envuelta en la regulación de la activación, y se piensa que, precisamente, son deficiencias en la activación del sistema nervioso y central las que llevan a los sujetos antisociales a buscar estimulantes que compensen esa baja activación.

En vista de estos resultados valdría la pena ver la relación entre inteligencia y psicopatía desde una nueva perspectiva. Es claro que la inteligencia guarda una

relación estrecha con el funcionamiento de la corteza prefrontal, y aunque la atención de los seudocientíficos se pone normalmente en la regulación moral de la conducta, no cabe duda que la impulsividad y la “incapacidad para razonar” pueden considerarse ejemplos de una mala inteligencia. Esto es precisamente lo que hallaron DeLisi et al. (2009) en su análisis de 840 casos extraídos del Estudio de Valoración del Riesgo de Violencia liderado por la Fundación MacArthur: apareció una correlación inversa y negativa entre ocho de doce características de la psicopatía estudiadas y la inteligencia verbal. Los autores concluyeron que la imagen del psicópata como alguien brillante y culto, es decir, el icono de Hannibal Lecter, es un mito.

7.4. LA INTERACCIÓN ENTRE BIOLOGÍA Y EL AMBIENTE

LA

Es precisamente el neuropsicólogo Adrian Raine, al que acabamos de citar, el que ha revisado (1997, 2002, 2013) la evidencia empírica existente acerca de la interacción entre los factores biológicos y sociales en su influencia para que las personas cometan delitos, y en general para el comportamiento violento. Con tal fin analiza la investigación en diferentes áreas, que vamos a presentar brevemente: genética, psicofisiología, obstetricia, imagen cerebral, neuropsicología y neurología, hormonas,

neurotransmisores y toxinas ambientales. A modo de guía heurística, propone, como se recoge en el cuadro 7.3, un modelo biosocial de la violencia, donde se señalan las influencias centrales de los procesos genéticos y ambientales en la generación de los factores de riesgo biológicos y sociales que predisponen, en su interacción, a la conducta antisocial. El modelo también incluye los efectos de los factores de protección, es decir, de los factores que reducen la probabilidad de cometer actos antisociales. Raine nos advierte de que no siempre está del todo claro cuándo una variable es del todo biológica o del todo social, ya que “hay elementos sociales en las variables biológicas (por ejemplo, una lesión traumática en la cabeza está provocada por el ambiente), y elementos biológicas en las variables sociales (así, los factores genéticos y las predisposiciones biológicas contribuyen a mermar la capacidad de educación de los padres)” (p. 312). CUADRO 7.3. El modelo biosocial de Raine (2002).

La genética y el ambiente generan tanto los factores de riesgo como los factores de protección. Desde el principio, la relación entre la genética y el ambiente es estrecha, e interaccionan en múltiples niveles.

7.4.1. La genética Como hemos visto en páginas anteriores, en la

actualidad hay una evidencia clara de influencias genéticas en la conducta antisocial y agresiva. Esta conclusión procede tanto de los estudios con niños adoptados, niños gemelos criados de forma separada y conjunta, y análisis de genética molecular. El punto ahora más importante tiene que ver con el procedimiento en el que la influencia genética interactúa con el ambiente en la predisposición a la conducta antisocial. En realidad resulta obvio que los procesos genéticos precisan de un ambiente para que puedan expresarse. De este modo, los cambios ambientales producirán la activación y la desactivación de la influencia genética a lo largo de la vida del individuo.

A) Interacción Gen por Ambiente Uno de los ejemplos más reveladores de este tipo de interacción lo hallamos en el estudio de Cloninger et al. (1982), en el que 862 niños suizos adoptados fueron divididos en cuatro grupos, dependiendo de la posible presencia o ausencia de (a) predisposición genética (es decir, los padres biológicos eran delincuentes), y (b) de condicionante ambiental (el modo en el que los niños fueron criados por los padres adoptivos). Cuando estaban presentes tanto la predisposición biológica como ambiental, el 40% de los niños llegaron a convertirse en adultos delincuentes, comparados con el 12,1% de los

niños que tenían solo la influencia de la genética y el 6,7% que dispuso de una mala influencia ambiental. Cuando los niños no experimentaban ni la influencia de la predisposición genética ni de la ambiental, el porcentaje que desarrolló una carrera delictiva posterior fue de tan solo un 2,9%. Raine señala que el que la tasa del 40% de delincuencia, cuando ambos elementos de riesgo están presentes, supere con mucho a una del 18,8%, derivada de una combinación de solo la influencia ambiental o solo la influencia genética, pone de relieve que existe una clara interacción entre la genética y el ambiente. Con posterioridad, Cloninger y Gottestman (1987) analizaron los datos de la investigación para los hombres y las mujeres por separado. Hallaron, como era de esperar, que la tasa delictiva de las mujeres era muy inferior a la de los hombres, pero que se mantenía el mismo patrón de interacción que en los varones, en el sentido de que la influencia sobre el crimen era mucho mayor a partir de la interacción gen x ambiente que como resultado de la influencia del ambiente o de la herencia por separado.

B) Correlación gen x ambiente y los efectos moderadores de las variables demográficas Un concepto diferente pero relacionado es el de

correlación gen x ambiente, tal y como se manifiesta en el trabajo de Ge et al. (1996), quienes hallaron que los hijos de padres delincuentes y/o drogadictos, que habían sido adoptados, tenían una mayor probabilidad de mostrar conducta antisocial en la infancia que aquellos adoptados, hijos biológicos de padres que no eran delincuentes o consumidores de drogas. Por otra parte, se halló una asociación entre la conducta antisocial en los padres biológicos y las conductas de crianza de los padres adoptivos. Escribe Raine: “Esto puede explicarse por la existencia de un canal de transmisión, en el que el padre biológico contribuye mediante su transmisión genética a la conducta antisocial de su hijo. De este modo, el hijo antisocial tiende a su vez a provocar conductas negativas de crianza en sus padres adoptivos” (p. 314). Lo que tenemos, entonces, es lo que se denomina una correlación gen x ambiente “evocativa”, que sugiere que la asociación entre la crianza negativa en los padres adoptivos y la conducta antisocial en el niño está mediada por procesos genéticos: el padre adoptivo reacciona de manera incompetente frente a un hijo difícil de socializar; por ello se dice que el gen (es decir, la base genética de la conducta del niño) “evoca” la respuesta del ambiente (la respuesta de los padres). Una interacción de tipo diferente fue hallada por Christiansen (1977) en su análisis de los gemelos nacidos

en Dinamarca, al encontrar que la influencia de la genética sobre la delincuencia era mayor en los niños que procedían de un medio socioeconómico más elevado, y en aquellos que habían nacido en un ámbito rural; es decir, esas variables ambientales moderaban la herencia de la conducta antisocial. Esto sugiere que “se obtiene una influencia mayor de la biología en el crimen en los contextos sociales donde la influencia ambiental sobre la delincuencia está disminuida” (p. 314).

7.4.2. Psicofisiología Hasta ahora hemos visto que hay una transmisión genética de la predisposición a la delincuencia/violencia, pero ¿cuál es el mecanismo o senda de esa transmisión? Las características psicofisiológicas del individuo son un buen candidato a esa plaza, porque tienen también un importante sustrato genético, y es muy probable que en ellas pueda expresarse la fuerza biológica que fomenta el crimen.

A) El efecto moderador de los hogares benignos: la perspectiva del “empuje social” Aquí la cuestión de investigación que debatimos es si los delincuentes con buenos y malos ambientes difieren en su funcionamiento psicofisiológico. Diversos estudios han mostrado que el efecto de los

factores psicofisiológicos sobre el delito es mayor en los ambientes más benignos (es decir, menos socialmente deficitarios). Por ejemplo, aunque en general el nivel de la tasa cardiaca (en situaciones de reposo) es más bajo en delincuentes, la asociación es mucho más fuerte en sujetos antisociales de clase social elevada (Raine y Venables, 1984), y en delincuentes que provienen de hogares intactos (Wadsworth, 1976). De modo semejante, en relación con el condicionamiento clásico eletrodérmico, la conductibilidad eléctrica reducida de la piel caracteriza a los adolescentes antisociales de clase alta, pero no de clases desfavorecidas, así como también se observa con fuerza en delincuentes “privilegiados” que cometen crímenes de excitación y aventura (Buikhuisen et al., 1984). En otro estudio se halló que adultos delincuentes con una personalidad esquizoide que provenían de hogares intactos mostraban una conductibilidad de la piel menor que los sujetos que provenían de hogares rotos (Raine, 1987). ¿Por qué ocurre esto? La hipótesis del “empujón social” señala que en los chicos en los que no hay factores de riesgo sociales que les empujen hacia el delito, la expresión de la violencia se canalizaría por la biología (Mednick, 1977). Por contraste, cuando alguien ha crecido en un ambiente adverso las “causas” sociales

serían más prominentes: En tales situaciones —escribe Raine— el vínculo entre la conducta antisocial y los factores biológicos de riesgo será más débil que en los niños de ambientes benignos, porque las causas sociales del delito camuflan la contribución de la biología. Al contrario, en el caso de los niños antisociales de ambientes benignos el ‘ruido’ creado por las influencias sociales sobre el crimen casi desaparece, lo que permite sacar a la luz de modo diáfano la relación entre la biología y la delincuencia (p. 314).

B) Interacciones entre los factores de riesgo psicofisiológicos y sociales Si antes nos preguntábamos si los delincuentes con buenos y malos ambientes difieren en su funcionamiento psicofisiológico, ahora la cuestión es otra: ¿es mayor la delincuencia en aquellas personas que manifiestan tanto los factores de riesgo biológicos como los ambientales? Planteado de otro modo: ¿los factores psicofisiológicos interactúan con los ambientales para favorecer la aparición de la conducta delictiva? En esta área de la psicofisiología la investigación es escasa, pero Farrington (1997) halló que los chicos con una tasa cardiaca baja tenían una mayor probabilidad de llegar a ser delincuentes adultos violentos si, además, provenían de una familia numerosa y si se llevaban mal con ella. De modo semejante, los chicos con una baja tasa cardiaca tenían una mayor probabilidad de ser valorados como alumnos agresivos por sus profesores si se daba

alguna de estas condiciones: a) que su madre se hubiera quedado embarazada en la adolescencia, b) si provenían de una familia con pobres recursos socio-económicos, c) o si habían sido separados de uno de los padres antes de los diez años de edad3.

C) Factores de protección Hasta hace muy poco nada se sabía de cómo la biología podía proteger contra el inicio en la delincuencia. Sin embargo, ahora sabemos que una activación2 elevada del sistema nervioso autónomo puede constituir un importante factor de protección. Por ejemplo, Brennan et al. (1997) encontraron que los chicos daneses que tenían un padre delincuente pero que no llegaron a ser delincuentes de adultos, mostraban una respuesta electrodérmica y cardiaca mayor que sus compañeros de generación que sí llegaron a ser delincuentes y que tenían igualmente padres con antecedentes delictivos. Es importante señalar que estos jóvenes protegidos por su mayor capacidad de respuesta autonómica superaban en esas reacciones psicofisiológicas a los hijos no delincuentes de padres que tampoco lo fueron, lo que demuestra que aquellos “necesitaban” de esa protección extra para superar el hándicap de su herencia proclive al delito. ¿Por qué una actividad reducida del sistema nervioso

autónomo actuaría como un factor de riesgo para la delincuencia? Raine nos señala que hay al menos dos teorías principales para explicar este hecho: 1. La teoría de la ausencia de miedo. Esta teoría sugiere que una baja actividad autonómica es un marcador biológico de que el sujeto, en su psicología, no siente con intensidad el miedo. La ausencia de miedo facilitaría la violencia y la conducta antisocial, porque esa conducta (peleas, amenazas, etcétera) requiere un cierto grado de arrojo (entendido como no experimentar miedo) para ser puesta en práctica. Además, en la infancia, un niño que no vivencia el miedo de forma significativa tiene muchos más problemas para aprender las normas, ya que la asociación: trasgresión castigo miedo a una nueva trasgresión se establecería con mucha más dificultad que en otros niños, al ser menor el miedo que el joven experimentaría de repetir la conducta (miedo que es determinado por una mayor activación del sistema autónomo). Esta teoría recibe un apoyo sólido en el hecho de que esta baja activación del sistema autónomo también proporciona los fundamentos del temperamento desinhibido o “sin miedo” en los niños (Kagan, 2004). 2. La teoría de la búsqueda de estimulación. Este

planteamiento (Eysenck, 1977; Quay, 1965) mantiene que la baja activación representa un estado fisiológico displacentero, y que los sujetos antisociales buscan la estimulación con objeto de incrementar su nivel de activación y devolverlo a un nivel óptimo. Así pues, los delincuentes intentarían con sus delitos estimular su sistema nervioso (lógicamente, de forma no consciente). En realidad esta teoría es complementaria con la anterior: un bajo nivel de activación puede predisponer al delito porque produce un cierto grado de ausencia de miedo, y también porque facilita la búsqueda de estimulación antisocial. Las medidas de comportamiento de falta de miedo y de búsqueda de estimulación tomadas a los 3 años de edad predicen la conducta agresiva a los 11 años (Raine et al., 1998). En contraste con las conclusiones sobre los déficit de activación, existe otra corriente de investigación que se centra en la actividad de orientación reducida, es decir, en la capacidad disminuida de prestar atención (o de orientar la atención) hacia nuevos estímulos. Esta perspectiva se ha concretado en la teoría de la disfunción prefrontal y de la atención. Así, Raine y Venables (1984) han propuesto una hipótesis del déficit de atención en la que se sostiene que los delincuentes se caracterizan por un déficit fundamental en la capacidad para asignar recursos atencionales apropiados a los estímulos ambientales.

Fowles (1993), discutiendo esta teoría, amplió los déficit a dos: uno con respecto a la atención prestada a los estímulos neutrales, y otro con respecto a la anticipación de estímulos aversivos o dolorosos. ¿Qué es lo que dice, en resumen, la teoría de la disfunción prefrontal?: Que un daño o lesión en la región prefrontal del cerebro [la zona que está arriba de los ojos] produce una serie de alteraciones psicofisiológicas (entre las que se encuentran una reducción de la capacidad de orientar la atención y de la activación del sistema nervioso) que predisponen al sujeto a diversos rasgos y características (por ejemplo, que busque nuevas sensaciones, que no tema ante los posibles daños o castigos de su acción, que tenga problemas para asignar la atención) que hacen más probable la violencia y la delincuencia (Raine, 2002:316).

El trabajo del neurocientífico Antonio Damasio apoya esta teoría, al señalar que el córtex prefrontal interviene en la generación de las respuestas de orientación, así como en la regulación de la activación nerviosa y de la respuesta ante el estrés (Damasio, 1994). Investigaciones recientes confirman el efecto que estas alteraciones funcionales y estructurales de la región prefrontal del cerebro pueden tener en el comportamiento violento, junto al sistema límbico (que incluye a la amígdala) (Gao y Raine, 2010; Dolan, 2012).

7.4.3. Factores de obstetricia Bajo este epígrafe se recogen tres dominios de

investigación, referidos a las anormalidades físicas pequeñas, la exposición prenatal a la nicotina y las complicaciones en el parto. En todas ellas hay una amplia evidencia de interacción biosocial.

A) Anomalías físicas leves Al menos seis estudios existen que demuestran la relación entre las leves anomalías físicas y la conducta antisocial (Raine, 1993). ¿Cuál es la razón? Se piensa que estas anomalías (como la lengua con frenillo o los lóbulos de las orejas muy pegados) están asociadas con problemas en la gestación, y son un marcador de un desarrollo neural anormal en el feto, hacia el final del tercer mes de embarazo. Es decir, las leves anomalías físicas vendrían a ser un marcador indirecto de un desarrollo anómalo en el cerebro (aunque tales anomalías pueden tener una base genética, también pueden deberse a influencias ambientales negativas sobre el feto, como infecciones o anoxia). Los estudios señalan que este factor es un elemento predisponente a la conducta violenta, pero no a la delincuencia contra la propiedad. Así, y a modo de ejemplo, Mednick y Kandel (1988) evaluaron las pequeñas anomalías físicas existentes en 129 niños, y observaron que nueve años más tarde la presencia de dichas anomalías estaba asociada con la tasa de delitos

violentos que cometían esos niños. Sin embargo —aquí se halla la interacción biosocial— esa relación solo se daba si los niños habían crecido en un ambiente familiar inestable. Parece, entonces, que se precise de un factor social que “dispare” el efecto antisocial que señala la anomalía física (que, recordemos, es un marcador de una alteración en el desarrollo del cerebro).

B) Exposición a la nicotina El efecto que la exposición del feto al alcohol pueda tener sobre la conducta antisocial es bien conocido (por ejemplo, Fast, Conry y Look, 1999), así como también la incidencia negativa del consumo de tabaco por parte de la madre. Raine cita la investigación de Brennan, Grekin y Mednick (1999), en la que encontraron que cuando la madre fumaba por encima de 20 cigarrillos al día, sus hijos, en la edad adulta, tenían el doble de probabilidad de cometer delitos violentos. Ahora bien, ese riesgo era cinco veces mayor cuando el consumo de cigarrillos se asociaba a la presencia de complicaciones en el parto (nuevamente, la interacción biosocial). Por su parte, Rasanen et al. (1999) hallaron que la exposición fetal a la nicotina incrementaba dos veces el riesgo de delincuencia que se producía a la edad de 26 años, y que dicho riesgo se incrementaba en un 12% si de pequeño el delincuente había crecido sin su padre.

Raine interpreta que la acción de la nicotina sobre la delincuencia futura se explicaría por la alteración que provoca su consumo en el desarrollo del sistema de neurotransmisores de la noradrelanina, lo que a su vez perturbaría la actividad del sistema nervioso parasimpático, algo plenamente consistente con lo señalado con anterioridad, en el sentido de que hay en los delincuentes una clara evidencia de activación nerviosa reducida.

C) Complicaciones en el parto Diversos estudios han mostrado que los niños que sufren de complicaciones en el parto tienen una mayor probabilidad de desarrollar conductas antisociales, trastorno disocial y cometer delitos violentos en la edad adulta, cuando otros elementos de riesgo ambiental están también presentes. Por ejemplo, Raine et al. (1994) evaluaron la influencia de problemas en el parto y de posible rechazo por parte de la madre (evidenciado por el hecho de haber intentado abortar o por haber ingresado al niño en un orfanato) en una cohorte de 4.269 niños varones nacidos en Copenhague. La presencia de ambos elementos de riesgo se dio en tan solo el 4% de la muestra, a pesar de lo cual estos sujetos fueron responsables del 18% de todos los delitos violentos cometidos por la muestra total en su edad adulta (hasta la

edad de 34 años). Es importante señalar que esta interacción no apareció para las infracciones no violentas, así como tampoco para aquellos casos en los que la violencia se había manifestado tardíamente en la conducta de los sujetos, sino que afectaba a los individuos que manifestaban un comportamiento violento recurrente desde la infancia. Esta interacción se ha constatado en otros estudios llevados a cabo en diferentes países (Suiza, Finlandia, Canadá y Estados Unidos), donde se han observado diversos factores ambientales en interacción con los problemas en el parto: un ambiente familiar con graves carencias (USA y Canadá) y habilidades de crianza deficientes de los padres (Suiza). Raine (2002: 318) concluye: Las complicaciones en el parto como anoxia (falta de oxígeno), y nacimiento mediante fórceps se piensa que pueden dañar el cerebro, por lo que pueden ser solo una de las diferentes fuentes de disfunción cerebral observadas en grupos de niños y adultos antisociales. Por otra parte, como se ha señalado anteriormente, es posible que las dificultades en el parto no predispongan por sí mismas a la delincuencia, sino que requieran de la contribución de circunstancias ambientales negativas para provocar el delito violento en la edad adulta. Además, aunque dichas dificultades puedan dañar al córtex frontal, es posible que afecten a otras áreas, como por ejemplo el hipocampo. En este sentido, diversos estudios recientes que han empleado la neuroimagen han mostrado que el hipocampo presenta un funcionamiento anormal en asesinos (Raine et al., 1997), diferentes anomalías estructurales en psicópatas (Laakso et al., 2001), y es particularmente susceptible a la anoxia.

7.4.4. Neuroimagen (escáner del cerebro) A) La Tomografía de Emisión de Positrones (TEP) La investigación previa ha indicado que los delincuentes violentos muestran un funcionamiento reducido en el córtex prefrontal, como comentamos con anterioridad (Raine, 1993; Moya, 2010). Un estudio que ha empleado la TEP ha analizado la interacción entre la disfunción prefrontal y la violencia (Raine et al., 1998). Un grupo de convictos por asesinato fue dividido, según provinieran de un ambiente familiar bueno o malo, de acuerdo a variables como experiencia de abuso sexual y malos tratos, antecedentes penales de los padres o pobreza severa. Se observó que los asesinos que procedían de buena familia tenían una reducción del 14,2% en el funcionamiento del córtex prefrontal (la zona orbitofrontal, exactamente); esta disfunción está asociada a una menor capacidad de sentir miedo y al desarrollo de las características emocionales y de personalidad que caracterizan a los psicópatas. Este resultado encaja bien con la investigación acerca de la actividad alterada del sistema nervioso autonómico, revisada antes, que señalaba que ésta era más deficitaria en los delincuentes que provenían de un buen ambiente.

B)

Imagen

por

Resonancia

Magnética

Funcional (RMF) Aunque se ha establecido de modo sólido que la experiencia de ser maltratado en la infancia predispone a la conducta violenta en la edad adulta (Widom, 1997; Moya y Mesa, 2010), se ha estudiado muy poco por qué algunos sujetos que han sido maltratados se convierten en delincuentes violentos cuando son mayores, mientras que otros no. Raine et al. (2001) realizaron un estudio para contestar a esa pregunta, contando con cuatro grupos de sujetos: a) sujetos control no violentos que no habían sido maltratados; b) individuos que habían sufrido malos tratos pero que no eran violentos; c) sujetos violentos que no habían sufrido malos tratos; y d) individuos tanto maltratados como violentos. Todos ellos pasaron por la RMF mientras realizaban una tarea de memoria visual y verbal. Los resultados mostraron que los sujetos violentos que habían sufrido malos tratos infantiles mostraban un funcionamiento reducido en el hemisferio derecho, particularmente en la zona temporal. Por su parte, los sujetos maltratados que no eran violentos mostraron una activación relativamente baja en el lóbulo temporal izquierdo, pero una activación elevada en el lóbulo temporal derecho. Por último, los sujetos maltratados, violentos o no, mostraron una activación cortical reducida durante la realización de la tarea de memoria, particularmente en el hemisferio izquierdo.

Estos hallazgos indican que un factor de riesgo biológico (la disfunción en el hemisferio derecho), cuando se combina con un factor de riesgo ambiental (maltrato físico severo), predispone a cometer actos criminales violentos. También sugieren estos datos que un hemisferio cerebral derecho con un buen funcionamiento protege contra la violencia en adultos que de niños sufrieron malos tratos.

7.4.5. Neuropsicología y Neurología Los déficits neuropsicológicos y neurológicos, especialmente los asociados con las tareas ejecutivas (de análisis de la información y de toma de decisiones), constituyen un factor de riesgo bien consolidado para desarrollar actos violentos y delictivos en niños, jóvenes y adultos (Morgan y Lilienfeld, 2000; Raine, 1993).

A) Estudios longitudinales Hay varios estudios que reseñar aquí, pero citaremos solo los de Moffitt (1990) y Raine et al. (1996) a modo de ejemplo. Moffitt señaló que los con un funcionamiento neuropsicológico deficiente y que provenían de familias con graves carencias tenían cuatro veces más probabilidad de ser violentos que sus compañeros de edad que solo presentaban los déficit neurológicos. De modo semejante, Raine et al. encontraron que los niños que presentaban

esos dos riesgos, acumulaban, cuando eran adultos, el 70,2% de los delitos violentos cometidos por el conjunto de la muestra total.

B) Efectos protectores de un hogar estable Hay algunos trabajos que señalan que un hogar estable puede filtrar la influencia antisocial de los factores biológicos de riesgo. Por ejemplo, Streissguth et al. (1996) hallaron que un hogar adecuado protegía del delito a los niños que habían nacido con el síndrome de alcohol fetal. Y Mataró et al. (2001) explicaron que una persona que sufrió un terrible accidente que le destrozó el córtex prefrontal pudo funcionar perfectamente durante 60 años más, gracias a que su ambiente familiar fue muy protector.

C) Demandas sociales capacidad de los jóvenes

que

superan

la

Algunos neuropsicólogos han señalado que los adolescentes podrían tener dificultades para hacer frente a aquellas demandas sociales que exigen capacidades ejecutivas por encima de las disponibles en su córtex prefrontal, todavía inmaduro, lo que podría dar lugar a la disfunción de éste y a la carencia de control inhibitorio sobre la conducta antisocial y violenta que es tan prevalente en esa edad.

En efecto, en la infancia los niños viven sin tener que planificar gran cosa, en un ambiente estructurado; en la adolescencia, sin embargo, las cosas cambian y hay que tomar decisiones importantes acerca de problemas y cuestiones del mundo social (incluyendo a las chicas y a los compañeros de clase) y profesional/escolar. Así, el córtex prefrontal debe cargar con el peso de emplear sus funciones ejecutivas —lo que incluye nuevas exigencias en memoria de trabajo, atención sostenida, toma de decisiones, autocontrol, etcétera—en unos años en los que todavía está madurando, ya que la mielinización de esta parte del cerebro no termina hasta pasados los 20 años. Resultaría muy posible que los chicos que tuvieran una disfunción temprana de su córtex no pudieran con todo ese trabajo llegada la adolescencia, lo que resultaría en una pérdida importante del autocontrol y posible participación en una vida antisocial. Otros jóvenes, con un córtex prefrontal intacto, podrían acusar las exigencias de la edad juvenil, pero con la posterior maduración del córtex recuperarían el autocontrol y dejarían de realizar actos antisociales. Un tercer grupo lo constituían aquellos chicos que podrían experimentar una disfunción frontal, pero debido a que su ambiente es muy protector, o bien a que no deben hacer frente a muchas exigencias sociales, podrían estar protegidos de la conducta antisocial. Y finalmente, otro grupo de jóvenes, que cometen actos delictivos al final de su adolescencia, puede que no tengan

ni déficits frontales ni experiencia delictiva hasta que acaba la adolescencia o empieza la edad adulta, cuando los elementos de tensión y las dificultades de la vida superan la capacidad de un córtex prefrontal que presenta anomalías funcionales latentes. Esta perspectiva teórica, escribe Raine (2002, p. 321), llevaría a diferentes hipótesis que podrían ser investigadas con mucho provecho para conocer el modo en que biología y sociedad interaccionan en la producción de la delincuencia y la violencia. En primer término, además de esperar que los que tienen una disfunción frontal estaán más predispuestos a cometer delitos, tal conducta antisocial sería mayor en los que vivieran en un ambiente menos protector. En segundo lugar, sería esperable que aquellos sujetos que se resisten a delinquir tuvieran un buen ambiente protector, o bien una elevada inteligencia que minimizara el impacto de los déficits de las funciones ejecutivas del córtex prefrontal. Y, en tercer lugar, sería plausible que aquellos chicos que empiezan pronto a delinquir, pero que más tarde desisten de ese comportamiento, tuvieran al principio un funcionamiento pobre de las funciones ejecutivas, que iría corrigiéndose con el tiempo.

7.4.6. Hormonas, neurotransmisores y toxinas A) Hormonas

La investigación que une las hormonas y la conducta agresiva y antisocial ilustra la complejidad de la relación entre la biología y la conducta, y demuestra de modo muy claro la influencia del contexto social en el funcionamiento de la biología. Hoy disponemos de trabajos que observan la conducta agresiva incrementada como consecuencia de altos niveles de testosterona en adultos (Pope et al., 2000; Tobeña, 2008; Moya, Serrano y Martín, 2010), si bien en niños la evidencia es menos sólida. La razón para esta diferencia ilustra la importancia de la interacción biosocial. Se sabe que una testosterona elevada correlaciona con la experiencia subjetiva de dominio y de éxito. Los niños violentos suelen ser rechazados por sus compañeros de escuela, y acostumbran a sacar peores notas que los alumnos bien integrados. Estas experiencias de fracaso bajarían sus niveles de testosterona. Estos chicos, una vez fuera del sistema educativo, irían adquiriendo mayor autoestima a través de su comportamiento violento, lo que elevaría su nivel de testosterona a medida que fueran creciendo y consolidando su estilo de vida antisocial. Moya et al. (2010: 133-134) establecen la siguiente conclusión acerca de la relación entre agresión y las hormonas: “La relación entre hormonas y agresión es recíproca y bidireccional, dado que un determinado nivel

hormonal puede repercutir en la conducta agresiva y, a la inversa, el incremento de la agresión puede provocar cambios en los niveles hormonales. En este sentido, las hormonas pueden ser consideradas causas, efectos o mediadoras de la agresión”.

B) Neurotransmisores y toxinas Los estudios aquí todavía son escasos para proporcionar evidencia de la interacción biosocial, sin embargo ya hay algunos resultados que prueban dicha interacción. Por ejemplo, Moffitt et al. (1996) hallaron que, aunque los delincuentes violentos mostraban mayores niveles de serotonina en sangre que los sujetos no violentos, aquellos que a una alta tasa de serotonina sumaban un ambiente familiar adverso tenían tres veces más probabilidad de cometer un delito violento antes de cumplir los 21 años, en comparación a los sujetos que solo tenían un elevado nivel de serotonina o solo un ambiente familiar adverso. Por lo que respecta a las toxinas, un estudio empírico relevante fue el de Masters et al. (1998), quienes evaluaron las tasas de delitos violentos en 1.242 comarcas de los Estados Unidos. Hallaron que aquellas comarcas en las que se daba la interacción de tres factores distintos (alta densidad de población, exposición al plomo o al manganeso —dos toxinas— y alto consumo del alcohol), la delincuencia violenta registrada era mayor.

7.5. SOCIOBIOLOGÍA, PSICOLOGÍA EVOLUCIONISTA Y AGRESIÓN “Sociobiología” fue un término acuñado por Edward O. Wilson en un libro homónimo publicado originariamente en 1975, y en su edición castellana en 1980. En él compendiaba un conjunto amplísimo de investigaciones, realizadas durante décadas, que analizaban la relación existente, en diversas especies animales, y también en el hombre, entre Biología y conducta social, con especial atención al comportamiento agresivo. Wilson (1980) definió la sociobiología como el estudio de los fundamentos biológicos de la conducta social. Al poner en relación unas especies con otras se constata que muchos comportamientos presentan una cierta continuidad a lo largo de las distintas especies. El hombre ha evolucionado a partir de especies inferiores, de modo que su comportamiento también está claramente influido por su biología. Muchas teorías criminológicas parten del supuesto de que la agresión humana constituye una conducta no adaptativa o contraria a la naturaleza. Wilson (1980) afirma, sin embargo, que, desde una perspectiva biológica, el comportamiento agresivo es adaptativo: “Cuesta creer que cualquier característica tan extendida y fácilmente invocada en una especie como el comportamiento agresivo lo es en el hombre, pueda ser

neutra o negativa en cuanto a sus efectos sobre la supervivencia del individuo y sobre la reproducción” (p. 265), que son los dos principales motores de adaptación de las especies. Biológicamente son erróneas, según Wilson, las dos perspectivas opuestas que contemplan la agresividad humana en un sentido extremo. Una de ellas atribuiría a la agresión un cariz sanguinario, cuya máxima expresión serían las tendencias del hombre a matar a sus semejantes. La perspectiva contraria plantearía la agresividad humana solamente como la expresión de una especie de neurosis, o como una respuesta no adaptativa (patológica), propiciada por circunstancias anormales. Wilson descarta ambos extremos: los humanos no son seres sanguinarios, pero manifiestan conductas agresivas que van más allá de las manifestaciones patológicas. Él entiende que la agresividad es un comportamiento adaptativo, programado para aumentar la supervivencia y la reproducción de los individuos en situaciones de tensión. En condiciones ambientales adversas, la agresividad permite, por un lado, la supervivencia del individuo y, por otro, la continuación de la especie. Desde que apareciera el texto de Wilson, la sociobiología impactó profundamente en la psicología, dando lugar a la llamada “psicología de la evolución” o evolucionista (Buss, 2011; Liddle, Shackelford y

Shackelford, 2012), según la cual la teoría de la evolución puede aplicarse a todos los ámbitos de la psicología. Específicamente, los psicólogos evolucionistas establecen que el cerebro humano se compone de un gran número de mecanismos que procesan la información en una serie de dominios específicos (es decir, mecanismos psicológicamente evolucionados) que fueron seleccionados en la historia evolutiva como respuesta a los diversos problemas específicos adaptativos a los que hicieron frente los ancestros del ser humano, tales como hallar cobijo y alimento, defenderse de los depredadores, encontrar pareja y procurar la supervivencia de los descendientes (Tooby y Cosmides, 2005). ¿Cómo explica la violencia y el crimen la psicología evolucionista? ¿En qué sentido la evolución ha preservado esos actos que causan tanto sufrimiento a la humanidad? Para contestar a esta pregunta primero tenemos que comprender cómo funcionan esos mecanismos en la psicología del individuo. Tales mecanismos, psicológicamente evolucionados, registran tipos específicos de información o inputs (por ejemplo: estímulos ambientales, actividad fisiológica, etc.; por ejemplo, la amígdala se especializa en la percepción de estímulos amenazantes y por ello favorece la emoción de temor), posteriormente la procesan y generan un tipo igualmente específico de productos (output), entre los que

se hallan la conducta manifiesta, pero también la actividad fisiológica —una emoción, por ejemplo— o la información que resulta útil para otros mecanismos psicológicos, como por ejemplo la memoria. Una consecuencia de todo esto es que “tales mecanismos evolucionados pueden generar una conducta desadaptada en nuestra sociedad, ya que en ésta dominan los inputs novedosos” (Liddle et al, 2012: 24). Un caso muy claro es el siguiente: nuestro organismo todavía continua albergando la respuesta innata de temor ante serpientes y arañas, a pesar de que estos animales hace tiempo que dejaron de ser una amenaza relevante en nuestro escenario vital. Sin embargo nuestra historia evolutiva los incardinó en nuestro genoma, y el temor a ellos ahí permanece. Por el contrario, objetos amenazantes mucho más reales en la actualidad como enchufes y coches no suelen generarnos ese miedo instintivo, porque su aparición en la historia evolutiva de la humanidad es muy reciente, lo que ha impedido que forme parte de nuestra naturaleza instintiva (Liddle et al., 2012). Ahora bien, diversos comportamientos que, como la violencia, resultan desadaptados en la sociedad actual, probablemente continúan produciéndose debido a que en la historia evolutiva del ser humano sí que fueron adaptativos, es decir, confirieron ventaja a quienes los exhibían a la hora de transmitir sus propios genes. No

obstante, no se trata de conductas inevitables, determinadas genéticamente a producirse en la vida de las personas; son patrimonio del ser humano, pero éste dispone de su capacidad de control para llevarlas o no al acto. En resumen, negar la perspectiva de la psicología evolucionista de la violencia (la violación, el asesinato, la guerra) sería un comportamiento programado por la evolución para favorecer la reproducción del agresor, es decir, tendría la misión de asegurar el control del territorio y de los recursos para asegurar la máxima eficacia reproductiva, lo que en la práctica implicaría también ejercer control sobre las mujeres. Tomemos, por ejemplo, el caso de la violación. ¿Por qué violan algunos hombres? Desde el planteamiento evolucionista, la respuesta sería: porque, como resultado de la herencia ancestral, aquellos sujetos que no tienen modo de acceder a las mujeres más deseables (jóvenes, atractivas y saludables, que podrían asegurar la reproducción más exitosa), solo disponen de su fuerza física: “Los hombres convictos de violación son, típicamente, los de menos éxito en nuestra sociedad, son incluso los de menos éxito entre los propios delincuentes; sin embargo, el grupo de mujeres que son víctimas de este delito se corresponde con las más deseadas por todos los hombres en cualquier sociedad” (Ghiglieri, 2000: 86).

Esta misma línea de reflexión podría explicar las violaciones en masa en tiempos de guerra (Ghiglieri, 2000: 91): Durante la guerra, la mayoría de los soldados tienen su supervivencia como algo incierto. Además, son jóvenes y todavía no suelen tener hijos, su perspectiva de ser padres no puede ser muy halagüeña, en esas circunstancias. Ahora bien, lo cierto es que en sus batallas se encuentran con mujeres jóvenes, atractivas, fértiles y desprotegidas. A esto hay que añadir que la violación en la guerra no se suele castigar. ¿Qué sucede si una violación deja a la víctima embarazada? Pues que el violador no ha de preocuparse de mantener a su hijo, principalmente porque no está seguro de que ese hijo sea suyo. Y, finalmente, los soldados que son capaces de violar a las mujeres e hijas de sus enemigos, encuentran un trofeo más en su victoria. De tal modo que la violación es tanto una vindicación de la victoria como un premio por la misma. En síntesis, la violación en masa es una victoria reproductiva masiva.

Puede parecerle, amigo lector, sorprendente esta explicación. Sin embargo, aunque los argumentos de los psicólogos evolucionistas no son siempre satisfactorios, el estudio atento de sus fundamentos científicos no puede dejar a uno indiferente. Esta fundamentación se encuentra, sobre todo, en las investigaciones realizadas por zoólogos y antropólogos, como Diana Fossey4, Jane Goodall, Marvin Harris o Napoleón Chagnon. Es especialmente impresionante lo que hoy en día conocemos sobre los chimpancés y orangutanes. A diferencia del mito de que “los animales solo pelean para comer o en defensa propia”, se sabe que ambos son también capaces de

“asesinar” y “violar” sin ninguno de los anteriores propósitos inmediatos, sino con la pretensión de asegurar su control del territorio y la copulación con las hembras. Es decir, “el propósito” de estas conductas descansaría en la exigencia reproductiva de la selección natural: solo sobreviven los sujetos más diestros a la hora de asegurarse la comida y la propia reproducción. Y la agresión y la violencia serían mecanismos esenciales en esa lucha. Citemos de nuevo a Ghiglieri, cuya obra “El lado oscuro del hombre” (The dark side of man), es el compendio más celebrado de esta perspectiva psicológica: Toda la conducta ha sido modelada para fomentar el éxito de la supervivencia y reproducción de los genes del individuo y/o sus parientes cercanos (no de las especies). Y aunque la selección natural ha producido la belleza que admiramos en la naturaleza, no todo aquí es hermoso. Buena parte de ella es egoísta, fea o violenta, incluyendo algunos aspectos del género humano. Tratar de explicar la conducta humana sin los conocimientos de la biología darwinista es igual que explicar el sistema solar con la teoría de que la tierra está quieta y es el sol el que gira a su alrededor. Las explicaciones son sin duda posibles, y algunas de ellas serán poéticas, hermosas o atractivas de cualquier modo. Pero otra cosa es que nos aclaren adecuadamente qué es la realidad (p. 180).

En esta línea, los psicólogos evolucionistas señalan lo poco científico que resulta culpabilizar a los video-juegos o a la televisión de la violencia; más bien la clave está en analizar “los factores ambientales que han sido recurrentes a lo largo de nuestra historia evolutiva y los problemas que suponían un desafío para la supervivencia

de nuestros ancestros, en particular aquellos que pudieron ser solucionados mediante el empleo de la violencia” (Liddle et al., 2012: 28) En fin, son muchas y muy sugerentes las ideas de esta corriente, pero es curioso que haya sido el mismo Edward O. Wilson el que haya significado el punto más débil de sus aportaciones: la falta de confirmación experimental. Primero, no obstante —y como no podría ser de otra forma— Wilson reconoce que la hipótesis de la eficacia genética está razonablemente verificada por la evidencia. Esta hipótesis mantiene que los rasgos de la cultura más ampliamente distribuidos —como la violencia— confieren ventaja darwiniana a los genes que predisponen a ella. “Los rasgos —escribe— ampliamente distribuidos son por lo general adaptativos, y su existencia concuerda con los primeros principios de la evolución mediante selección natural”. Sin embargo, todavía falta obtener mucha información para apoyar sus postulados. No es que haya pruebas contradictorias, es que muchas de las cosas que se dicen son actualmente solo hipótesis. “Puesto que la genética del comportamiento humano se encuentra todavía en su infancia, hay una ausencia casi absoluta de conexiones directas entre determinados genes y el comportamiento que subyace a los rasgos universales de la cultura. El ajuste observado entre teoría y realidad se basa en gran parte en correlaciones estadísticas” (Wilson,

1999: 254-255). Y ocurre lo mismo con las normas epigenéticas que describen cómo se desarrolla el comportamiento humano (esto es, el cerebro) en su interacción con el medio (esto es, con la cultura). Este conocimiento es muy importante, porque nos ayudaría a comprender cuáles son las reglas por las cuales el cerebro se desarrolla a medida que se va abriendo al mundo, y determinar de este modo si comportamientos complejos como los violentos obedecen ciegamente a los presupuestos de la eficacia reproductiva —como dice Ghiglieri— o bien pueden considerarse como acciones mucho menos exigidas por el orden natural. Hasta que no se conozcan estas normas, será difícil determinar en qué medida la evolución de la sociedad es paralela —o no— al proceso de la eficacia genética por medio de la selección natural. Como dice Wilson, “La resolución de las dificultades espera la expansión futura de la biología y su coalescencia con la psicología y la antropología” (1999: 256). En síntesis, de acuerdo con la investigación sociobiológica el comportamiento agresivo no es una regla universal de conducta ni en los humanos ni en el resto de las especies animales. Se trataría más bien de una característica universal y heredada que prepara a los individuos para afrontar determinadas situaciones y que, en los humanos, requiere de un detonante externo para

precipitarse en forma de comportamiento delictivo. LA REALIDAD CRIMINOLÓGICA: TEXTOS CLÁSICOS: El “asesinato” en los animales y en el hombre (Wilson, 1980, Sociobiología, p. 256) Las pruebas relativas al asesinato y canibalismo en mamíferos y otros vertebrados se han acumulado en la actualidad hasta tal punto, que debemos invertir por completo las conclusiones avanzadas por Konrad Lorenz en su libro Sobre la Agresión, lo que han empezado a consolidar famosos escritores como parte de la sabiduría convencional. Lorenz escribió: “Aunque ocasionalmente en las peleas territoriales o de antagonismo, por azar un cuerno puede penetrar en un ojo o un diente en una arteria, nunca hemos llegado a la conclusión de que el ánimo de la agresión fuera el exterminio de los congéneres en cuestión”. Por el contrario, el asesinato es mucho más común, y por tanto “normal”, en muchas más especies de vertebrados que en el hombre. Estoy impresionado por cómo semejante comportamiento se hace más aparente cuando el tiempo de observación dedicado a la especie rebasa el límite de las mil horas. Pero solo un asesinato por mil horas y por observador sigue siendo un canon demasiado alto de violencia para las reglas humanas. De hecho, si algún biólogo marciano visitara la Tierra consideraría al hombre simplemente como una especie más durante un largo período de tiempo, y podría llegar a la conclusión de que nos hallamos entre los mamíferos más pacíficos, midiendo la cuestión con unidades de asaltos graves o asesinatos, por individuo y por unidad de tiempo, incluso en el caso de que nuestras guerras episódicas fueran incluidas en el promedio. Si los visitantes debieran limitarse a las 2.900 horas de George Schaller, y a una población humana elegida al azar comparable en cuanto a tamaño a la de leones del Serengeti, tomando uno de los estudios de campo más exhaustivos publicados hasta la fecha, probablemente no vería nada más que alguna lucha por mero juego, casi totalmente limitada a los jóvenes, y algún intercambio verbal enojado entre dos o más adultos. Incidentalmente, otra apreciada noción de nuestra malignidad que empieza a desmenuzarse, es que solo el hombre mata más presas de las que necesita para comer. Los leones del Serengeti, al igual que las hienas descritas por Hans Kruuk, matan a veces desenfrenadamente en el caso de que sea conveniente para ellos el hacerlo así. Schaller llega a la siguiente conclusión: “Los sistemas de caza y muerte de los leones pudieran funcionar independientemente de su apetito”. No existe una “regla universal de conducta” en cuanto a los comportamientos competitivos y depredadores, que no sea la existencia de un instinto universal agresivo, y por algún motivo. Las especies son totalmente oportunistas. Sus formas de conducta no se adaptan a ninguna restricción general innata, pero están guiadas, al igual que todos los demás rasgos biológicos, únicamente por lo que resulta ser ventajoso en el transcurso de un período de tiempo suficiente como para que haya evolución. Así pues, si para los individuos de una especie dada es temporalmente ventajoso el ser caníbales, existe al menos una posibilidad moderada de que la especie entera evolucione hacia el canibalismo.

PRINCIPIOS CRIMINOLÓGICOS Y POLÍTICA CRIMINAL 1. La historia de la criminología positivista nos recuerda que hemos de realizar un esfuerzo permanente por mantener el rigor en las preguntas que formulamos y en las respuestas que pretendemos encontrar. Las medidas para paliar la delincuencia deben basarse en el respeto a los hechos y en las necesidades de los hombres y de las mujeres en una cultura dada. 2. Las explicaciones simplistas suelen ser poco fiables, lo que no impide que intentemos, en la medida de lo posible, alcanzar un alto grado de parsimonia. Por ejemplo, está demostrado que hay un potencial agresivo innato en el ser humano, especialmente en el varón; no hay nada malo en reconocer que una de nuestras metas preferentes ha de ser canalizar esa energía hacia fines prosociales. La biología nos ayuda a comprender mejor cómo funciona una parte de este complejo proceso de agresión con el que nacemos y al que vamos orientando a través de nuestra cultura. 3. La investigación apoya la idea de que una parte de la predisposición a cometer delitos es heredada. Pero esto solo es un acicate para exigir mayores esfuerzos preventivos en personas que provienen de unos ambientes donde la herencia y (usualmente) el medio contenían dosis de violencia relevantes. Del mismo modo que ciertas personas sobre las que pesa un riesgo de desarrollar una patología han de ser sometidos a cuidados preventivos. Esta prevención, en delincuencia, no es una cuestión de “vigilar por si acaso”, sino de “educar y ayudar más y mejor por si acaso”. 4. La Criminología Biosocial pone el énfasis en la interacción entre los factores ambientales y los genético-biológicos. Una de las enseñanzas más importantes de toda esta investigación es que actividades tales como el cuidado de la salud y el tipo de crianza obtenido pueden generar resultados diversos de acuerdo con las vulnerabilidades que el sujeto presente en su sistema nervioso y endocrino. 5. La propia biología pone el énfasis en las mejoras sociales como principal estrategia preventiva del delito. En este sentido, diríamos que actualmente la criminología biosocial se aleja del modelo médico o patológico (donde una persona “diferente” o “enferma” comete los delitos) y se acerca al modelo de salud pública, donde se refuerzan los mecanismos preventivos en los diferentes ambientes que, a medida que el niño crece, van generando escenarios para la interacción social (familia, escuela, barrio). 6. Pero incluso los estudios biológicos nos enseñan caminos para la prevención de la violencia, sin necesidad de caer en imágenes truculentas de manipulaciones genéticas o cerebrales. Por ejemplo, el cuidado de la dieta de la madre puede tener un gran impacto en el cerebro del feto, como hemos visto. Otro ejemplo sería la medicación adecuada en niños con un trastorno por déficit de atención e hiperactividad.

CUESTIONES DE ESTUDIO 1. ¿Qué es la Criminología Biosocial? 2. ¿Cómo podemos entender los primeros estudios biológicos sobre la delincuencia? 3. ¿Por qué hasta mediados de los años 70 del pasado siglo era un tabú hablar del peso de la herencia o la biología en la delincuencia? 4. ¿Cuántos tipos hay de diseños para analizar la relación entre herencia y delincuencia? 5. ¿Dónde se encuentra el apoyo más firme a la tesis de que una cierta predisposición a la delincuencia se hereda? 6. Analiza, desde tu punto de vista, cuál es el peso que la biología puede tener de acuerdo con la violencia impulsiva / emocional versus premeditada / instrumental. 7. ¿Qué componentes de la dieta podrían relacionarse con la agresividad? Buscar información bibliográfica a este respecto. 8. ¿Cuáles son los principales correlatos psicofisiológicos de la delincuencia? 9. ¿Qué es lo que dice la hipótesis de la disfunción ejecutiva o prefrontal? 10. Resume la tesis de la sociobiología y de la psicología evolucionista. 11. ¿Podrías señalar alguna película que represente el modelo biosocial aplicado a la Criminología en alguno de sus aspectos, ya sea en su versión más clásica o más moderna? 12. ¿Qué elementos de prevención de la violencia podrían señalarse como eficaces o al menos prometedores atendiendo a los últimos desarrollos de la Criminología Biosocial?

1 En este capítulo empleamos el concepto de agresión y de violencia de forma intercambiable. En general se suele hablar de agresión para referirse al impulso que procede de nuestra estructura genética y que puede mostrarse de forma directa o indirecta como una capacidad para la defensa, mientras que violencia sería el uso ilegítimo o depredatorio de la misma, destinado a dañar a otra persona por motivos egoístas. Pero en este libro, salvo que se signifique la distinción, los usaremos de forma indistinta. 2 Los esposos Glueck llevaron a cabo un estudio longitudinal de 500 jóvenes del área de Boston hasta que cumplieron 32 años, que hoy en día se ha convertido en una contribución clásica, debido a que Sampson y Laub, en su obra “Crime in the making”, retomaron los datos originales de ese estudio y los sometieron a técnicas de análisis más modernos, poniendo así de relieve la importancia del trabajo iniciado en los años 40 por los

Glueck. 3 Hay que recordar que no es lo mismo lo “biológico” que lo genético. Una lesión en el feto es algo que tiene efectos biológicos, pero el origen puede ser ambiental (un accidente sufrido por la madre). El concepto de activación (arousal), como se entiende habitualmente en los trabajos de Eysenck y Gray, remite a un fenómeno biológico hereditario, y tiene su origen en los trabajos del ruso Paulov sobre la fuerza excitatoria del sistema nervioso. Muchos investigadores modernos han considerado la activación en términos del concepto de reactividad del sistema nervioso, es decir, de la relación entre la intensidad del estímulo y la amplitud de la respuesta. Se demuestra que estímulos de igual acción física suscitan un nivel de activación menor en sujetos de baja que de alta reactividad. El individuo de baja reactividad aumenta la estimulación, y el de reactividad alta la disminuye, con lo cual ambos tratan de mantener o restaurar un nivel de activación óptimo, genéticamente fijado. 4 Su vida aparece dramatizada en la película “Gorilas en la niebla”.

Factores Protectores Biológicos GENÉTICA Riesgos Biológicos VIOLENCIA Interacción Biosocial AMBIENTE Riesgos Sociales Protectores Sociales Factores

8. DIFERENCIAS INDIVIDUALES Y APRENDIZAJE 8.1. INTRODUCCIÓN 363 8.2. LA CRIANZA FAMILIAR 364 8.2.1. El afecto familiar 365 8.2.2. Las estrategias de control paterno 366 8.2.3. La interacción entre afecto familiar y estrategias paternas de control 367 8.3. EL FACTOR SEXO/GÉNERO 369 8.3.1. Las chicas delinquen menos 369 8.3.2. Factores relevantes asociados a la menor delincuencia de las chicas 370 8.3.3. La interacción entre sistemas biológicos y sociales 373 8.4. INTELIGENCIA Y DELINCUENCIA 377 8.4.1. La medida de la inteligencia en los delincuentes: el cociente intelectual (CI) 377 8.4.2. Inteligencia interpersonal, emocional y conducta delictiva 379 8.5. TEORÍA DE LA PERSONALIDAD DELICTIVA DE EYSENCK 383 8.6. LAS VARIABLES TEMPERAMENTALES DE LA PERSONALIDAD 388 8.6.1. La impulsividad 389 8.6.2. La búsqueda de sensaciones 391 8.7. INTRODUCCIÓN A LAS TEORÍAS DEL APRENDIZAJE 392 8.8. LA TEORÍA DE LA ASOCIACIÓN DIFERENCIAL DE SUTHERLAND 395 8.8.1. Génesis de la conducta delictiva 397 8.8.2. Asociación diferencial y organización social 400 8.9. LA TEORÍA DEL APRENDIZAJE SOCIAL DE AKERS 400

8.9.1. Conceptos teóricos fundamentales 402 8.9.2. El aprendizaje de la conducta delictiva 405 8.9.3. Estructura social y aprendizaje social 406 8.9.4. Validez empírica 407 8.10. LA TEORÍA DE LAS “LECCIONES DE LA VIDA” DE SIMON Y BURT 409 PRINCIPIOS CRIMINOLÓGICOS Y POLÍTICA CRIMINAL 413 CUESTIONES DE ESTUDIO 414

8.1. INTRODUCCIÓN En el capítulo que hemos denominado diferencias individuales y aprendizaje nos referiremos, en primer lugar, a un conjunto de factores característicos de los individuos, ya sean de carácter hereditario o adquirido, que les hacen distintos a unos de otros, y, en segundo término, a los mecanismos de aprendizaje del comportamiento, factores y procesos todos a los cuales la investigación criminológica actual atribuye un notable peso explicativo a la hora de comprender la conducta delictiva. Respecto de las diferencias individuales, centraremos nuestra atención en los siguientes factores principales: crianza familiar, sexo, inteligencia y personalidad. Esta selección de apartados está basada en la investigación: se cree que los orígenes de las variaciones más significativas a la hora de explicar la implicación de un sujeto en una carrera delictiva guardan una estrecha relación con el

modo en que éste es atendido y educado durante su infancia, el sexo con el que nace —y los efectos culturales que el sexo conlleva, es decir el género—, la inteligencia con la que procesa y responde a las situaciones que va encontrando en su vida y, finalmente, las variables que definen su personalidad, es decir, su modo habitual de adaptarse a las exigencias y retos de su desarrollo. Por lo anterior se comprenderá la obvia relación existente entre las diferencias individuales y el aprendizaje. Si se aprende a actuar de modo antisocial, es decir, si uno ha de disponer de unas habilidades e incentivos para transgredir la ley, tales capacidades y motivos estarán mediados por las diferencias individuales que le definan. En una familia respetuosa con la ley y atenta con los hijos, una niña con buena inteligencia y una personalidad reflexiva tiene muy pocas probabilidades de cometer delitos, y viceversa: en una familia donde los padres se desentienden de los hijos, un chico con pobres recursos cognitivos y una personalidad inestable e impulsiva presenta un riesgo mucho mayor para aprender cómo delinquir y las actitudes adecuadas con las que hacerlo, para así obtener lo que anhela. Las teorías del aprendizaje de la delincuencia son importantes porque aplican las leyes del aprendizaje de la psicología a la adquisición y mantenimiento de la carrera delictiva, y tales leyes, mientras que puede que no expliquen todo el

proceso de convertirse en un delincuente habitual, forman parte necesaria de esa explicación, porque el delinquir es un comportamiento tan humano como cualquier otro de naturaleza compleja.

8.2. LA CRIANZA FAMILIAR La familia es el más importante de cuantos sistemas ejercen influencia en los niños y en su conducta. Otra cuestión es si ella sigue siendo tan relevante cuando el niño es ya un adolescente, ya que actualmente la investigación señala que la influencia del grupo de coetáneos es muy superior en esos años a la de la familia (Harris, 2000). En concreto, la Criminología ha estudiado la relación entre el modo de funcionamiento de la familia y la delincuencia de los hijos. Para ello, se ha valido de dos técnicas investigadoras principales: los autoinformes y el registro observacional del funcionamiento familiar. Estas dos técnicas han permitido estudiar dos aspectos fundamentales de las transacciones familiares (Henggeler, 1989): 1) El funcionamiento del afecto en la familia; y 2) el funcionamiento de los estilos de control de los padres sobre los hijos (o las estrategias de control paterno).

8.2.1. El afecto familiar La expresión afecto familiar abarca aspectos como la aceptación que tiene el niño en su casa, el modo en que

responden afectivamente ante sus necesidades y la dedicación que le prestan (el grado en que los padres y otros familiares adultos se ocupan del bienestar del niño). Existen diversas investigaciones que han estudiado la relación entre el afecto familiar y la conducta delictiva. Por ejemplo, una investigación de Canter (1982) encontró que el sentimiento de los adolescentes de pertenencia a la familia, evaluado a partir de su grado de implicación en actividades familiares, se relacionaba negativamente con la conducta delictiva. El aumento de ese sentimiento de pertenencia familiar tenía una correlación inversa con la conducta delictiva. Es decir, cuanto mayor era la integración de los jóvenes dentro de la propia familia, había una menor probabilidad de delincuencia juvenil. Según Canter, estos sentimientos de pertenencia a la familia explicarían hasta un 19% de la varianza de la conducta delictiva1. En un estudio posterior, Henggeler y sus colaboradores (Henggeler, 1989) evaluaron 112 familias de jóvenes delincuentes varones y un grupo control2 integrado por 51 familias de jóvenes no delincuentes, seleccionadas de entre el mismo vecindario. Se observó, en la misma línea de Canter, que unas relaciones familiares inapropiadas (especialmente en lo referente a la falta de atención y ayuda materna) favorecía el inicio de carreras delictivas juveniles, en un grado explicativo (o varianza explicada)

del 20%. Pese a todo, encontraron que dos factores diferentes, el contacto con jóvenes delincuentes (grupo de coetáneos antisocial) y la edad de la primera detención, predecían en mayor medida la conducta delictiva que las propias relaciones familiares. En conclusión, la relación entre afecto familiar y delincuencia es evidente en toda la investigación. Así, los niños que reciben buen afecto familiar tienen una menor probabilidad de convertirse en delincuentes, mientras que los niños que tienen malas relaciones afectivas con los padres son más proclives a la conducta delictiva. Este resultado es confirmado en un estudio meta-analítico reciente (Hoeve et al., 2012), en el que los autores revisaron los resultados de 74 estudios, abarcando un total de 55.537 participantes. Su conclusión fue que un pobre apego de los hijos a los padres (lo que implica una escasa vinculación afectiva) se relaciona de modo significativo con la delincuencia, tanto en chicos como en chicas. Aun así, no está claro que la relación entre afecto familiar y conducta delictiva de los jóvenes tenga una direccionalidad unívoca. Con anterioridad se pensaba que la mala relación entre los padres y los jóvenes, y sus efectos perjudiciales favorecedores de delincuencia, tenía su origen exclusivo en los padres. En la actualidad se considera que esta mala interacción entre padres e hijos tiene un carácter recíproco y bidireccional. Aunque en

muchas ocasiones los padres puedan ser el origen inicial de esta relación inapropiada con sus hijos, puede suceder también lo contrario, que el comportamiento antisocial de los hijos sea detonante de dificultades y malas relaciones familiares, que fomenten el estrés y la desunión de los padres y, a la postre, estimulen el rechazo hacia el joven.

8.2.2. Las estrategias de control paterno Las estrategias de control paterno son aquellos estilos de funcionamiento que se relacionan con las demandas que se le hacen al niño y con el control que se ejerce sobre él. Son aquellos estilos que tienen los padres o quienes se encargan del niño de exigirle metas y de controlar su conducta. En un sentido amplio, sería el modo de educarlo. Tales estrategias incluyen la supervisión — saber qué hace el niño y con quién se relaciona— y las prácticas disciplinarias. Una amplia revisión realizada por Synder y Patterson (1987) analizó la relación existente entre estrategias familiares de control y conducta delictiva, tal y como ya antes habían hecho otros autores clásicos en Criminología (por ejemplo, Glueck y Glueck, en 1956, Hirschi, en 1969, y West y Farrington, en 1973). Estos autores llegaron a la conclusión de que las familias de delincuentes suelen emplear estrategias de disciplina inefectivas, que no logran controlar la conducta de los

jóvenes, ni con antelación a la realización de posibles conductas delictivas ni después de producirse éstas. Una adecuada supervisión de los hijos facilita, por el contrario, estar pendiente de ellos, corregir sus conductas inapropiadas e indicarles nuevos comportamientos más adecuados, todo ello obviando el desprecio, las amenazas y los castigos severos (particularmente de tipo físico). Cuando la familia utiliza una adecuada supervisión es más probable que los padres respondan de manera apropiada y coherente a las conductas antisociales de los hijos, esto es, que empleen mejores prácticas disciplinarias. No es infrecuente que los niños tengan algún problema en la propia familia o en la calle, que se vean envueltos en alguna pelea o que cometan algún pequeño hurto. Muchos niños y jóvenes han realizado conductas inapropiadas cuando tenían siete, diez, doce o catorce años, que generalmente no serán importantes y preocupantes excepto si se prolongan en el tiempo y aumentan progresivamente su gravedad. Ello podría suceder si no existe una adecuada supervisión paterna y los padres no son capaces de evitar el contacto de sus hijos con jóvenes delincuentes (Garrido, 2010). Estos estudios han llegado también a conclusiones interesantes acerca de la relación que existe entre los hábitos de crianza y la conducta agresiva que acaba en delincuencia. Por ejemplo, se ha observado que los chicos

que son agresivos en la calle suelen mostrar también altas tasas de conducta agresiva en su propia casa —berrinches, golpes, peleas entre hermanos—. Además, los padres de estos chicos suelen intentar controlar sus conductas antisociales mediante el uso frecuente del castigo. Cuando un chico se comporta violentamente, los padres tenderán a actuar también violentamente, pese a que comprueban reiteradamente que suele resultar poco efectivo. Muchos jóvenes aceleran su propia violencia a partir de la imitación de la violencia de sus padres (López-Romero, Romero y Villar, 2012).

8.2.3. La interacción entre afecto familiar y estrategias paternas de control Henggeler esquematizó las posibles interrelaciones entre las dimensiones afecto familiar y estrategias paternas de control, que podrían dar lugar a determinados estilos de desarrollo y de comportamiento infantil, con arreglo a la siguiente estructura de posibles combinaciones (véase cuadro 8.1): 1. Una situación ideal para el desarrollo infantil se produciría, según el esquema de Henggeler, en la combinación de un alto nivel de demandas y control paterno junto a un buen nivel de relación afectiva. Este ideal educativo se traduciría en unos padres implicados con sus hijos y con autoridad subsiguiente, y su probable

resultado serían hijos con una buena independencia, responsabilidad y autoestima, a la vez que con una agresividad controlada. CUADRO 8.1. Relación familiar-funcionamiento psicosocial juvenil DIMENSIÓN AFECTIVA: aceptación, responsividad, dedicación al niño Alta

CONDUCTA PATERNA: demandas/control

Padres implicados con autoridad: – Alta Alta independencia/responsabilidad – Baja Agresión – Alta autoestima

Baja Padres autoritarios: – Déficit en internalización moral – Baja competencia social – Baja autoestima

Padres indulgentes, permisivos: Padres indiferentes/no – Alta impulsividad implicados: Baja – Alta agresividad – Graves déficits en el – Baja desarrollo cognitivo y independencia/responsabilidad social

Fuente: elaboración propia a partir de Henggeler (1989): Delinquency in Adolescence. Newbury Park: Sage, 36-37.

2. Si las demandas y el control paterno son altos pero existe poca afectividad hacia el niño, nos encontraríamos con padres autoritarios pero que no educan adecuadamente a sus hijos. El resultado serían niños con importantes deficiencias en la internalización de las normas, a la vez que con una baja competencia social y una baja autoestima. Las normas son impuestas de manera rotunda y caprichosa por los padres. Al niño no se le requiere que tome decisiones personales, sino

sencillamente que cumpla aquello que se le ordena, a la vez que los incumplimientos son reprimidos con contundencia. 3. Cuando la dimensión afectiva es alta pero el control paterno de sus actividades es inexistente, nos hallaríamos ante padres protectores y permisivos. Los niños que se desarrollan en un ambiente familiar de estas características podrían manifestar una alta impulsividad y agresividad, a la vez que una baja independencia y responsabilidad personal. 4. Por último, si tanto el control paterno como el afecto son bajos, estaríamos ante padres indiferentes y poco implicados en la educación de sus hijos. El resultado más probable de esta situación sería niños con graves déficits en su desarrollo cognitivo y social y con problemas para la interacción humana. Esta sería la categoría que mayor incidencia tendría en la generación de jóvenes delincuentes, según el grueso de la investigación a este respecto.

8.3. EL FACTOR SEXO/GÉNERO 8.3.1. Las chicas delinquen menos La diferencia más destacada entre los que delinquen y quienes no lo hacen es el sexo al que pertenecen. Las estadísticas, tanto de autoinculpación (o autoinforme) y de

victimización como las cifras policiales, judiciales y penitenciarias evidencian esta diferencia radical entre las tasas de delincuencia masculina y femenina. En todos los países del mundo, en todas las épocas históricas, y con independencia de cuál sea el método de evaluación de la delincuencia utilizado —autoinforme, datos oficiales o encuestas de victimización—, los hombres delinquen mucho más que las mujeres a lo largo de las diferentes etapas de su vida, en especial si hablamos de delitos violentos (Redondo et al., 2011; Zimmerman y Messner, 2010). En este punto una cuestión previa es si esta preponderancia delictiva de los hombres es debida a diferencias reales en las tasas delictivas o más bien es el resultado de unas prácticas policiales y judiciales sesgadas. Podría tratarse sencillamente de que la policía detuviera, o que los jueces condenaran, a más hombres que mujeres. Esta posibilidad se recoge en la denominada como “teoría de los caballeros”, de Pollak (formulada en 1950), según la cual la sociedad consideraría la delincuencia femenina menos grave que la masculina. Según ello, para el mismo tipo de conductas se castigaría más a los hombres que a las mujeres. En España, según las encuestas de autoinculpación delictiva realizadas con jóvenes, los varones se confiesan autores de pequeños delitos en doble proporción que las mujeres (Montañés, Rechea y Barberet, 1997; Rechea,

2008; Rechea et al., 1995). En cuanto a los detenidos por la policía, son 10 los hombres por cada mujer. Respecto a los condenados, lo son 15 hombres por cada mujer, y en cuanto a los encarcelados, hay 10 hombres por cada mujer. Entre 2000 y 2008 no varía sustancialmente el reparto entre ambos sexos. En 2000, los hombres detenidos por delitos y faltas sumaban el 90,2% del total; y en 2008, el 90,4%. Es decir, que las conductas antisociales y delictivas de las mujeres han aumentado, pero en la misma proporción que las de los varones en términos generales (Granda, 2009). Los dos principales fenómenos que deben ser explicados son, en primer lugar, por qué delinquen más los hombres que las mujeres y, en segundo lugar, por qué desaparecen tantas mujeres delincuentes en cada escalón del proceso penal (es decir, por qué desisten del delito antes y en mayor grado las mujeres que los hombres). Esta desproporción delictiva entre mujeres y hombres se ve claramente en las condenas por los diferentes delitos para el año 2010 en España: homicidios: 578 hombres, 59 mujeres; contra la libertad sexual: 1.429 hombres, 29 mujeres; contra el patrimonio: 27.589 hombres, 4.940 mujeres; estafas y falsedades: 2.458 hombres, 497 mujeres (INE, 2010). Puede constatarse que los delitos más graves como el homicidio muestran una diferencia de 10 a 1 a favor (en detrimento) de los hombres; sin

embargo, en el apartado de los delitos contra la propiedad y las estafas, la diferencia baja significativamente: 5 a 1. ¿Quiénes reinciden más, los chicos o las chicas? La respuesta es que los varones. A la pregunta que hacíamos a propósito de si esta diferencia podría deberse a un sesgo de los órganos de la justicia, ya podemos responder con claridad que no, que según todos los estudios y los informes de victimización, los hombres realmente cometen más delitos que las mujeres. Se ha sugerido que un factor vinculado a las menores tasas de delincuencia femenina puede guardar relación con la mayor facilidad de las mujeres para obtener dinero rápido y “fácil” mediante conductas no delictivas como la prostitución, pero esta parece una respuesta bastante simple. Además, las chicas, cuando reinciden, suelen cometer menos delitos y de menor gravedad que los chicos.

8.3.2. Factores relevantes asociados a la menor delincuencia de las chicas A este respecto, una pregunta fundamental es en qué medida las carreras delictivas de mujeres y varones se asocian a factores semejantes o distintos, y, más concretamente, si las necesidades y problemas que llevan a las chicas al delito son equiparables a los que explican la delincuencia masculina. Algunos estudios han obtenido que muchos de los factores de riesgo habituales en los

varones (como tensión familiar, conductas y actitudes violentas en la familia, enfermedades mentales en los padres, amigos disociales, disfunciones cognitivas, atención selectiva a expresiones agresivas y atribución de hostilidad a otras personas) también son relevantes para las chicas (Ellis et al., 2009; Howell, 2009; Raymond, 2008; Rowe, Vazsonyi y Flannery, 1995; Warr, 2005). A pesar de ello, se desconocen los efectos criminógenos específicos que estos elementos podrían producir en las mujeres (Hipwell y Loeber, 2006). Otras investigaciones han concluido que algunos de los riesgos influirían de modo diferente en ambos sexos (Leenaars, 2005). Loeber y Hay (1997) hallaron en las chicas algunas variables de riesgo específicas como baja empatía, alta sensibilidad a ser rechazadas por otras personas, trastornos de personalidad, experimentar tempranamente pobreza y tener parejas violentas. Se ha observado que los conflictos familiares influirían más negativamentes sobre las chicas (Anderson, 1993; Ge, Lorenz, Conger, et al., 1994; Lee, Burkhan, Zimiles, et al., 1994). También que las chicas infractoras suelen proceder en mayor grado de familias conflictivas y neuróticas, han experimentado rupturas familiares más traumáticas, han sido víctimas de abusos sexuales, y tienen familiares, amigos y parejas antisociales (por ejemplo: Chanberlain y Red, 1994; Johansson y Kempf-

Leonard, 2009; Widom, 2001). En un estudio español realizado por Bartolomé et al. (2009) con una muestra de 642 jóvenes varones y mujeres, se pudo comprobar, en primer lugar, que las conductas infractoras de chicas y varones eran parcialmente distintas, especialmente en lo relativo al mayor empleo de la violencia por parte de los chicos. Las chicas contaban en general con un mayor número de factores protectores, tales como una mayor capacidad de resolución de problemas de manera comunicativa y pacífica, tener más amigos prosociales y concebir en mayor grado objetivos de futuro. No obstante, para aquellos varones que contaban con factores protectores tales como buena participación escolar, adecuada supervisión familiar, y buena relación con el padre, dichos factores parecían tener un efecto decisivo para ellos en la prevención de la conducta antisocial. Ramautar y Farrington (2006) analizaron qué correlatos de riesgo se asociaban en mujeres (N=93) y varones (N=118) encarcelados, atendiendo a dos niveles de análisis: en primer lugar, con la participación o implicación de la muestra en su totalidad en categorías específicas de delitos, y en segundo lugar, con la frecuencia o tasa individual de delitos cometidos en cada categoría. Efectuaron dicho análisis en referencia tanto a delitos violentos como contra la propiedad. Para ello

definieron 24 correlatos que incluían variables de aprendizaje y reforzamiento de la conducta disocial, agresión en el hogar, justificación paterna de la violencia, inapropiada disciplina familiar, victimización en el barrio, etiquetado informal y formal de los sujetos, y factores de personalidad como alta impulsividad o bajo autocontrol, falta de empatía, tendencia a la aventura o búsqueda de sensaciones, y egocentrismo. Para los varones, el predictor más importante de su participación en delitos contra la propiedad fue el reforzamiento psicológico de dicha conducta, mientras que los correlatos más destacados de su participación en delitos violentos fueron alta impulsividad y baja empatía. En relación con las mujeres, el etiquetado negativo por parte de los padres fue el predictor más relevante para su participación tanto en delitos violentos como contra la propiedad, a la vez que para estos últimos delitos también resultó relevante el reforzamiento externo. Factores de riesgo que son frecuentes en los varones, como impulsividad, tendencia a la aventura, baja empatía y egocentrismo, no se asociaron significativamente a la participación delictiva de las mujeres. Por último, la frecuencia o intensidad delictiva de los varones estuvo principalmente condicionada por el reforzamiento que hallaban sus conductas delictivas, mientras que la frecuencia o reincidencia delictiva de las mujeres se asoció exclusivamente al mayor sentimiento propio de control sobre su propia vida.

Ahora bien, es importante preguntarse en qué medida las diferencias encontradas en la actividad delictiva entre ambos sexos y la posible diferencia entre algunos de los factores de riesgo también pueden reflejar el efecto de los roles sociales asociados al género. Según Giddens (1993: 176) “muchas mujeres están socializadas para valorar diferentes cualidades de la vida social en mayor medida que los hombres”. Por ejemplo, cuidar a los demás, preocuparse por sus relaciones personales o ser más honesto, como en los ejemplos que acabamos de referir, resulta más prioritario, en general, para las mujeres que para los hombres. Estos aspectos juegan probablemente un papel importante en la prevención de la conducta delictiva: cuando uno es capaz de preocuparse de los demás y de cuidar sus relaciones humanas, es más improbable que se conduzca violenta o engañosamente con otros. Si las mujeres están más preparadas para eso, es posible que dimane de esta preparación mayor en sus relaciones humanas, una menor tendencia a delinquir o a ser agresivas. Ahora bien, tal disposición no parece provenir solo de unas expectativas asociadas al género, sino de una psicología innata condicionada ya para proveer de mayor cuidado a los hijos, cuya supervivencia en el desarrollo de la humanidad dependió mucho más de los cuidados de la madre que de los del padre. Además, la agresividad es más prevalente e intensa en los chicos,

como demuestran los estudios epidemiológicos. Otro factor que hay que considerar es las distintas oportunidades para delinquir que tienen los hombres y las mujeres. En nuestra sociedad, todavía, pese a la incorporación de la mujer a la vida social en todos los aspectos, las mujeres siguen estando globalmente menos expuestas a situaciones propensas a los delitos. Siguen estando más vinculadas al hogar. Cuando viven en pareja, en general las mujeres no están tan libres para delinquir como puedan estarlo los hombres. De hecho, cuando valoramos delitos que acontecen en lugares en que las mujeres están igual o más presentes que los hombres — por ejemplo, robos en los comercios—, ahí las tasas se equiparan o son más altas las de las mujeres. No obstante esto, la distancia que sigue separando a hombres y mujeres en la participación delictiva no se ha visto reducida en proporción a la mayor implicación laboral y social femenina que se ha producido durante las últimas décadas. Y en términos de delitos violentos, las mujeres siguen estando muy por detrás de los varones. Claramente sigue haciendo falta una explicación más compleja: de partida, probablemente lo que está en la base de la menor delincuencia de la mujer es un mayor autocontrol y una menor disposición innata a la infracción, que se ve después reforzada por valores y expectativas culturales. Veamos todo esto con más detalle

a continuación.

8.3.3. La interacción entre sistemas biológicos y sociales Durante décadas se sostuvo que la agresividad femenina era menor debido a las mayores restricciones sociales que existían en la sociedad hacia la violencia de las mujeres. Según esta interpretación, el cambio de roles sociales que se ha producido durante las últimas décadas debería haberse vinculado a un incremento sustancial de la delincuencia femenina. Sin embargo, aunque se ha incrementado la participación de las mujeres en delitos económicos y de tráfico de drogas, en general no ha aumentado su implicación en delitos violentos. Al buscar las razones para ello encontramos muchísimas investigaciones que documentan que los varones difieren de las mujeres en los siguientes aspectos fundamentales: • Los varones presentan una mayor agresión física desde la infancia hasta la edad adulta. Igualmente, se ha constatado que los varones muestran problemas de conducta en mayor grado y con mayor frecuencia que las chicas, ya desde los cinco años hasta la madurez (Kobac, Zajac y Smith, 2009; Rutter y Giller, 1988). • Los varones exhiben una mayor conducta exploratoria del entorno. Ya en las guarderías se observa cómo los niños, en general, efectúan un mayor número de

movimientos y desplazamientos que las niñas. • Los niños muestran también una mayor frecuencia de juego brusco y agresivo, incluidas las conductas agresivas atenuadas o desplazadas, como las agresiones imaginarias que tienen lugar en los juegos (McCoby y Jacklin, 1985). Muchas formas de agresión dependen en parte de procesos químicos que están parcialmente regulados por la acción hormonal, que es distinta en mujeres y en hombres, y en parte de factores contextuales y sociales. El estudio de la relación entre diferencias hormonales y conducta delictiva cuenta ya con una larga tradición científica (Vold y Bernard, 1986). Desde que en 1828 el químico alemán Frederich Wöhler lograra sintetizar urea (un componente típicamente orgánico) en el laboratorio, se ha venido investigando la interacción entre componentes químicos corporales, especialmente las hormonas, y el comportamiento. En 1928 apareció el primer manual de Criminología basado en la hipótesis de la relación entre hormonas y delincuencia (Max G. Schlapp y Edward H. Smith, The New Criminology, Nueva York, 1928). Con anterioridad, en 1921, Louis Berman había estudiado el funcionamiento glandular de un grupo de 250 delincuentes, encarcelados en la famosa prisión de Sing Sing, en comparación con un grupo de control compuesto por varones no delincuentes. Berman

halló una mayor proporción de defectos morfológicos y perturbaciones funcionales en el sistema endocrino de los presos. Sin embargo, otras investigaciones posteriores no pudieron confirmar estos mismos resultados. Pese a la complejidad de este tema de estudio, paulatinamente se ha ido poniendo de relieve la importancia que parece tener en su relación con la agresividad la principal hormona masculina, denominada testosterona. Diana Fishbein (1992) ha estudiado la influencia que tienen los procesos hormonales característicos de mujeres y hombres sobre la conducta delictiva (ver también Tobeña, 2008). Las diferencias entre sexos se producen en las primeras etapas del desarrollo. El nivel diferencial de hormonas masculinas o femeninas durante la gestación juega un papel arquitectónico en el diseño del sistema nervioso central. Determina, en parte, si el cerebro de un ser humano en gestación tendrá una estructura masculina o femenina. Durante las primeras semanas del desarrollo fetal, el cerebro, el conjunto del sistema nervioso central y el aspecto del feto —su fisiología y su constitución física — tienen apariencia femenina. Sobre la séptima semana se produce un cambio importante. La activación del cromosoma Y, propio de los varones, precipita que comience la producción de testosterona, que va a jugar un papel determinante en la diferenciación entre los sexos.

En la vigésima semana del embarazo, las diferencias entre fetos femeninos y masculinos son las siguientes: el córtex, que juega un papel fundamental en el pensamiento y en el lenguaje, está más desarrollado en las hembras que en los varones. En cuanto a los hemisferios cerebrales, el derecho, especializado en estímulos emocionales y espaciales, se desarrolla en ambos sexos más tempranamente. Por contra, el hemisferio izquierdo, especializado en habilidades de aprendizaje y en el lenguaje, que son dos factores clave de la vida social y de interacción, se desarrolla más tardíamente en los varones. Este desarrollo más lento del hemisferio izquierdo en los hombres, podría contribuir a explicar los mayores problemas que presentan los varones, desde la primera infancia, en el lenguaje y en el aprendizaje. Como acabamos de mencionar, las influencias hormonales tempranas, que se producen alrededor de la séptima semana, precipitan disparidades entre varones y hembras, en la concentración de hormonas y neurotransmisores, y en la presencia de receptores para unas y otros. Esta diferenciación inicial influye sobre el establecimiento de una serie de estructuras cerebrales y de una actividad bioquímica distinta para cada uno de los sexos. Según ello, podría afirmarse que las mujeres y los hombres poseen una estructura cerebral distinta. A partir de esta diferenciación, la intensidad de las respuestas

cerebrales ante determinados estímulos internos —como, por ejemplo, determinadas hormonas o neurotransmisores — o externos —el estrés o algunos acontecimientos traumáticos— será diferente en las chicas y en los chicos. Además, esta diferenciación de respuestas va a tener una influencia duradera sobre la conducta posterior. En general, ante situaciones de tensión y provocación, los varones manifestarán respuestas agresivas más intensas que las mujeres. En resumen, existe evidencia de que el ambiente hormonal específico que se produce en los fetos, masculiniza o feminiza el cerebro y todo el sistema nervioso central humano, tanto desde un punto de vista funcional (que se relaciona con el modo de respuesta frente a los estímulos) como estructural (que propicia el mayor o menor desarrollo de ciertos receptores neuroquímicos). Se ha comprobado que la administración de estrógenos —hormonas femeninas— a fetos animales machos, acaba produciendo características femeninas en los fetos, como por ejemplo una menor agresividad, un menor tamaño corporal y un menor desarrollo de la musculatura. Y a la inversa, la administración a fetos hembras de testosterona —que es la principal hormona masculina— produce efectos masculinizantes, como, por ejemplo, el aumento de la musculatura y una mayor agresividad.

Este proceso de masculinización o feminización que se produce durante la vida intrauterina, preparado por la estructura preferente de los receptores hormonales, se activa de nuevo durante la pubertad. Los chicos presentarán, en general, una mayor agresividad. Si a la mayor receptividad que los chicos tienen para la testosterona (que juega un importante papel en la precipitación de la agresión) se le añaden dificultades ambientales, familiares o de crianza, el resultado puede ser una mayor violencia. También puede suceder que algunas chicas, debido a razones médicas, que hayan comportado una excesiva exposición a hormonas masculinas durante la gestación, presenten en la pubertad y en la juventud una conducta más violenta. Walsh (1995) revisó la investigación sobre la relación entre la dimensión masculinidad-feminidad (tomada como un continuo, según la mayor presencia de hormonas típicamente masculinas o femeninas en el organismo) y la conducta delictiva. De acuerdo con esta investigación, el comportamiento delictivo aumenta a medida que se avanza en el continuo que va desde la feminidad extrema (que supone la ausencia total de andrógenos) hacia una masculinidad extrema (definida por el exceso de testosterona). Según Walsh, en Criminología debe ser descartada definitivamente la hipótesis de la supuesta neutralidad criminógena del sexo. Los hombres y las

mujeres difieren en sus tasas de criminalidad debido a que son distintos tanto hormonal como neurológicamente, y estas diferencias influyen en la probabilidad que tienen unos y otros de implicarse en actividades delictivas. Esta explicación es plenamente compatible con la idea de que, sobre la base de tales diferencias biológicas, las expectativas de rol social se sumen para reforzar la menor violencia de la mujer. Estas diferencias por razón de sexo y género se pusieron de relieve en una investigación reciente de van der Knaap et al. (2011), quienes estudiaron las diferencias existentes entre hombres y mujeres por lo que respecta a una serie de factores de riesgo de tipo dinámico (es decir, que cambian o se modifican, a diferencia de los factores de riesgo estáticos) en la predicción de la reincidencia. Los autores hallaron que, en una muestra amplia de delincuentes de ambos sexos (N = 16.239), los varones presentaron más factores de riesgo relacionados con la reincidencia, como no disponer de un lugar para vivir adecuado, no estar desempleado, tener amigos delincuentes o carecer de educación. Para las mujeres, sin embargo, las dificultades de índole emocional fueron más predictoras de la reincidencia, tanto general como violenta, que en los hombres. Ahora bien, tales diferencias no ocultaron el hecho de que había muchos predictores de reincidencia comunes

para ambos sexos, lo cual no debe sorprendernos porque la investigación ha señalado que los predictores de la delincuencia son semejantes para hombres y mujeres (Zimmerman y Messner, 2010). Es decir, las diferencias en la intensidad y frecuencia de la delincuencia en las chicas, con respecto a los chicos, no dependería tanto de que se expongan en lo fundamental a diferentes factores de riesgo, sino que está en función de cómo esos diferentes factores de riesgo afectan o influyen de modo diferencial en ellas. Por ejemplo, en una investigación realizada en Chicago sobre el delito violento en hombres y mujeres en los distintos barrios de la ciudad, se halló que la diferencia entre ambos sexos, por lo que respecta al delito violento (autoinformado), se hacía más pequeña en aquellos barrios que presentaban las mayores carencias sociales. La razón estaba en que en esos barrios la influencia de los amigos antisociales para cometer delitos era mayor; y eran las mujeres quienes se veían más afectadas por este factor de riesgo a causa de su mayor capacidad para establecer relaciones íntimas y de amistad (Zimmerman y Messner, 2010).

8.4. INTELIGENCIA Y DELINCUENCIA 8.4.1. La medida de la inteligencia en los delincuentes: el cociente intelectual (CI)

La inteligencia es un factor tradicional del análisis criminológico. La pregunta sobre si los delincuentes son menos inteligentes que los no delincuentes ha estado permanentemente presente en la investigación criminológica desde el siglo XIX. Ya los primeros criminólogos analizaron el problema de la inteligencia, como el propio Lombroso —quien vinculó este factor al atavismo biológico— y otros autores como Goring, Goddard y Hooton. Gran parte de la investigación más antigua que relacionaba la delincuencia con factores del pensamiento, se limitó durante décadas a poner de manifiesto la existencia de una cierta correlación entre baja inteligencia (como constructo global) y conducta delictiva (Rutter y Giller, 1988). Fueron estudiadas diversas poblaciones de delincuentes, tanto encarcelados como en libertad, a quienes se aplicaron pruebas de inteligencia, detectando cocientes intelectuales medios inferiores a los de la población general (Pérez y Ortet, 1993). Herrnstein y Murray (1994) revisaron la bibliografía precedente que analizaba la relación entre cociente intelectual (CI) y delincuencia. En promedio, los delincuentes presentarían un cociente intelectual de alrededor de 92 puntos, que se halla, por tanto, 8 puntos por debajo de la media poblacional (que se sitúa en 100). Un estudio de Chico (1997), en el que comparaba la inteligencia general de

300 presos de la cárcel de Tarragona con 300 soldados, mostró claramente la menor puntuación en esta variable por parte de los delincuentes, en concreto, una media de 6 puntos menos en el test de las Matrices Progresivas de Raven (una prueba de inteligencia “libre de cultura”). Además, los delincuentes crónicos o persistentes evidenciaron niveles de inteligencia todavía más bajos. La investigación más actual no ha hecho sino confirmar estos resultados: los delincuentes muestran, como promedio, menos inteligencia (Jolliffe y Farrington, 2009), y entre los chicos que viven en un ambiente de marginación o se hallan en situación de riesgo social, la inteligencia adecuada aparece como un claro factor de protección (Brackenreed, 2010). Esta menor inteligencia de las muestras de delincuentes aparece con independencia de otros factores como la clase social, la raza, las disfunciones familiares o los problemas de personalidad. Además, tampoco parece hallarse vinculada a su mayor facilidad para ser detenidos, tal y como se adujo por diversos autores. La concepción clásica de la inteligencia, que evalúan los tests, presenta dos factores distintos: el verbal (que tiene que ver con todas aquellas habilidades que se relacionan con el pensamiento y con el lenguaje) y el manipulativo (que se refiere a una inteligencia mecánica). Aunque se ha observado que los delincuentes generalmente no

presentan una menor inteligencia manipulativa, muestran, sin embargo, carencias importantes en el factor de inteligencia verbal. Henggeler (1989) formuló una hipótesis explicativa sobre la posible conexión indirecta entre dificultades intelectuales y conducta delictiva, a partir de tres caminos diferentes (véase cuadro 8.2). CUADRO 8.2. Hipótesis de conexión indirecta entre bajas habilidades intelectuales (especialmente verbales) y conducta delictiva.

Fuente: a partir de S. W. Henggeler (1989). Delinquency in Adolescence. Newbury Park: Sage, 23-35.

Según esta hipótesis, en primer lugar, las bajas habilidades intelectuales en inteligencia verbal darían

lugar a dificultades académicas en la escuela. Cuando los niños y jóvenes tienen problemas para expresarse en clase, para hacer los ejercicios, para examinarse y para contestar a las preguntas que se les hacen en el ámbito escolar, tendrán probablemente problemas académicos. Y según sabemos por la investigación criminológica, el fracaso escolar muestra una alta correlación con la conducta delictiva, siendo uno de sus mejores predictores. En segundo término, las bajas habilidades intelectuales se asociarían también a dificultades psicosociales en general, en las relaciones con otras personas. Cuando alguien es incapaz de expresar sus propios pensamientos, sentimientos y deseos, o de actuar socialmente de modo hábil, es más probable que surjan dificultades en su vida (con los amigos, la familia, la pareja, o en el trabajo). Y entre estas dificultades psicosociales se halla también la propia conducta delictiva. Por último, la pobreza de habilidades intelectuales, especialmente de inteligencia verbal, se relacionaría con retrasos en la adquisición de los procesos cognitivos necesarios para la interacción social, tales como el razonamiento moral, la empatía, o la habilidad para resolver cognitivamente los problemas. Y estas carencias cognitivas tienen una elevada correlación con el comportamiento infractor y antisocial (Lösel y Farrington, 2012).

Así pues, según Henggeler, podría existir una triple vía de relación de la baja inteligencia verbal con la delincuencia, a partir de procesos intermedios como las dificultades académicas, los deficits psicosociales en general, y el retraso en la adquisición de las habilidades cognitivas de interacción y de resolución de problemas, todos los cuales presentan una alta correlación con la conducta delictiva.

8.4.2. Inteligencia interpersonal, emocional y conducta delictiva El interés de la Criminología por analizar las habilidades de pensamiento de una manera más amplia y menos estática que el cociente intelectual (o CI) que evaluaban los tests, no es nuevo. Thorndike se refirió ya en 1920 a un concepto que llamó inteligencia social, y que definió como aquella habilidad que tienen las personas para entender a otras personas y actuar diestramente en las relaciones humanas, de acuerdo con esa comprensión. Más adelante, Gardner, en el libro Frames of mind (Estructuras de la mente), de 1983, sugirió que la inteligencia general que suele analizarse, contaría en realidad con al menos siete capacidades intelectuales distintas (o “inteligencias múltiples”), que son las que explicarían los logros o el éxito en la vida. Estas siete inteligencias serían, según Gardner, la

inteligencia verbal, la inteligencia lógico-matemática (ambas capacidades integran lo que habitualmente hemos llamado el cociente intelectual), la inteligencia espacial (nos permite comprender las relaciones del espacio), la inteligencia cinestésica (relativa a nuestras habilidades para percibir el movimiento o el estado de nuestros músculos y nuestro cuerpo en general; altamente presente en los deportistas), la inteligencia musical, y dos inteligencias de tipo personal, que son las que más nos interesan en Criminología: la inteligencia que él llama interpersonal y la que denomina intrapersonal. La inteligencia interpersonal es definida por Gardner como aquella capacidad para comprender a otras personas, reconociendo y respondiendo apropiadamente a sus estados de ánimo, no ya solo a su conducta. Se pone en funcionamiento, por ejemplo, cuando somos capaces de ver en la cara de un amigo e intuir que no se encuentra bien o que está deprimido. Esta inteligencia también nos ayudaría a comprender las motivaciones, los deseos y las maneras de actuar de otras personas. La capacidad o inteligencia intrapersonal sería aquella capacidad de comprensión “vuelta hacia dentro” (introspección), que nos permite hacernos una idea más o menos precisa y realista de nosotros mismos, capacitándonos para explorar nuestros sentimientos y aprovechar ese autoconocimiento para orientar más

adecuadamente nuestra propia conducta. La investigación criminológica asociada a la psicología cognitiva dirigió parte de sus esfuerzos a un doble objetivo: 1) el análisis de específicas habilidades cognitivas, de especial relevancia para la vida social, que serían deficitarias en algunos delincuentes; y 2) la creación de técnicas para enseñar tales habilidades a los delincuentes (Ross, 1987; Ross, Fabiano y Garrido, 1990). El programa más exitoso que se derivó de esta corriente de investigación liderada por el profesor Robert Ross se conoce como “Razonamiento y Rehabilitación” (Ross, Fabiano y Ross, 1986; y su versión actualizada: “R&R2”; Young y Ross, 2007), y en la actualidad se va extendiendo su uso a pacientes que presentan graves trastornos mentales y una historia de violencia y conducta antisocial (Young, Chick y Gudjonsson, 2010). Ross, Fabiano y Garrido (1991) distinguieron entre cognición impersonal e interpersonal. Definieron la cognición (o inteligencia) impersonal como aquel pensamiento que trata con el mundo físico, con el tiempo y con el espacio. Este constructo se hallaría próximo al concepto clásico de inteligencia. La cognición (o inteligencia) interpersonal se relacionaría con la anterior, pero tendría un carácter propio, abarcando aquellas facetas de la percepción y el pensamiento que nos permiten comprender y resolver los

problemas de relación con otras personas, capacitándonos para efectuar inferencias acerca de su conducta y de sus intenciones. Nos capacitaría también para comprender fenómenos sociales, políticos, económicos y legales que transcienden los intereses propios. Daniel Goleman acuñó el concepto de “inteligencia emocional” para referirse a esta misma inteligencia, y publicó un libro muy difundido con este mismo título (1995). Según la evidencia que nos ofrece la investigación criminológica, estas dos cogniciones —aunque están relacionadas— requieren la activación de una serie de mecanismos que son distintos. Es posible que quien esté bien dotado de una inteligencia, lo esté también de la otra. Pero los sistemas neuronales que se ponen en marcha para ambas inteligencias funcionan de manera diferente. Alguien podría comprender con facilidad conceptos matemáticos abstractos y complejos, pero a la vez tener dificultades para interpretar y resolver correctamente sus problemas de relación personal. Autores como Herrnstein y Murray (1994), por un lado, y Gardner (1995), por otro, pusieron de relieve cómo el cociente intelectual, que es la medida habitual de inteligencia, predecirá solo un 20% del éxito en la vida. Mientras que el 80% restante dependería de otros factores como la habilidad para motivarse, la habilidad para persistir ante las dificultades o las frustraciones, la

capacidad para controlar los impulsos y para demorar gratificaciones, la habilidad para empatizar, es decir, para comprender los sentimientos de otras personas, y, en general la habilidad para el control emocional. Las personas que no tienen control emocional suelen tener muchos problemas en las relaciones con otros. El término “cognición interpersonal” abarca una gran variedad de procesos, tales como: • Razonamiento moral, que son aquellos juicios de valor que hacemos sobre las cosas. Es cuando decimos “ayer cuando llegué a casa estaba cansado, me dolía la cabeza y le dije a mi madre que la sopa se la pusiera al gato. No estuvo bien. Mi madre no se merecía esto, me había hecho el caldo con todo su cariño”. • Habilidades sociales / Negociación. Es aquel proceso que llevamos a cabo cuando, antes de actuar en una situación concreta que nos puede representar alguna dificultad o problema, pensamos en los pasos concretos que vamos a dar. Generalmente se trata de problemas interpersonales, como la negociación con el jefe en el trabajo; la relación con un profesor de mal carácter; o cuando se planifica, con la propia pareja, la solución de algún problema familiar. Ante estas situaciones, cuando se cuenta con las habilidades necesarias, se piensa previamente en lo que se va a decir, en la respuesta del otro y en la propia réplica, y

en el final o resultado que se espera lograr. También es imprescindible realizar adecuadamente cada acción planificada. • Empatía. Supone ser capaz de ponerse en el lugar de los demás en un sentido cognitivo (comprenderle) pero también afectivo (sentir al menos parte de sus sentimientos). La empatía es importante, y muchos delincuentes son deficitarios en esta habilidad. Si un delincuente contara con mayor empatía probablemente no tendría tantos problemas con la justicia, ya que le costaría más y sopesaría en mayor grado dañar a una víctima3. • Autocontrol. La impulsividad es aquella falta de habilidad que implica conducirse de modo automático, sin reflexionar, actuar ante estímulos inmediatos sin pensar en las consecuencias de aquello que se va a hacer. Frente a ello tenemos el autocontrol, que es la capacidad opuesta, con la que cuentan la mayoría de las personas, que se han socializado adecuadamente, para pensar en las consecuencias de sus conductas antes de actuar. • Pensamiento crítico. Es aquella habilidad para plantear dudas o críticas acerca de la conducta propia y acerca de la ajena. Cuando uno ha actuado, ha dicho algo inapropiado o se ha equivocado, el pensamiento crítico supone recapacitar y decir “quizás me equivoqué”, “tal

vez había otras alternativas”. Frente al pensamiento crítico está el pensamiento rígido, que se da en aquellos individuos que, pase lo que pase o les digan lo que les digan, siempre piensan lo mismo y encuentran una única y estereotipada solución a sus problemas. Nunca se plantean que se estén equivocando y que la vía seguida no sea la correcta. • Razonamiento abstracto. Es aquella capacidad humana para elevarse desde lo concreto e inmediato, desde los propios problemas y necesidades, hacia aspectos más generales, fuera de ellos, de interés más global, pero que también deberían influir sobre su forma de decisiones y su vida. El razonamiento abstracto es indispensable para entender conceptos generales como la moralidad, la justicia, la ley, el castigo. La mejora de esta capacidad es algo muy relevante y necesario para muchos delincuentes. • Solución cognitiva de problemas. Se relaciona con aquellas habilidades que resultan imprescindibles para la toma de decisiones frente a diversas alternativas de conducta. Es muy importante para la vida social poder generar opciones diversas ante los problemas, poder prever las consecuencias de los actos, así como planificar el modo más adecuado y correcto de lograr los propios objetivos. La constatación que tenemos en Criminología hoy es

que muchos delincuentes tienen un notable retraso en la adquisición de estas destrezas cognitivas que resultan esenciales para el ajuste social. Por ejemplo, según se ha comentado, el razonamiento moral es una habilidad fundamental para comprender la justicia y las normas. A partir de los razonamientos morales, se realzan ciertos aspectos de la conducta, lo que contribuye a actuar de una manera o de otra. Ahora bien, no se considera que la falta de habilidades cognitivas sea una causa directa de la delincuencia, sino que más bien estas carencias pondrían en situación de desventaja a los individuos y les harían más susceptibles a las influencias criminógenas (Ross, 1987; Garrido, 2010). Las personas que carecen de estas habilidades cognitivas sociales estarían, de este modo, más expuestas a adquirir conductas delictivas.

8.5. TEORÍA DE LA PERSONALIDAD DELICTIVA DE EYSENCK La teoría de Eysenck es la primera teoría de la personalidad criminal basada en un programa sistemático de contrastación empírica, habiendo sido muy fructífera en estimular la investigación de este campo en la Criminología; de hecho es una teoría psicológica, con una clara fundamentación orgánica (concede una gran relevancia al funcionamiento del sistema nervioso), que fue formulada cuando plantear cuestiones biológicas era

todo un desafío ante el “establishment” dominante en Criuminología. Eysenck en 1964 en su libro Crime and personality desarrolló su propuesta. La teoría tiene dos elementos explicativos principales (Eysenck y Eysenck, 1985; Eysenck y Gudjonsson, 1989; Pérez, 1987; Forcadell, 1998): a) El proceso de adquisición de la conciencia moral en los niños mediante condicionamiento de evitación. Eysenck explica (al igual que había hecho antes Trasler, 1962) cómo aprenden los individuos a inhibir conductas de transgresión de las normas, a través de una secuencia en la cual se combinan dos mecanismos: el condicionamiento clásico aversivo y el reforzamiento negativo (véase cuadro 8.3): “Lo que yo he sugerido es que la conciencia es una respuesta condicionada adquirida a través de los principios desarrollados por Paulov” (Eysenck, 1996: 149). Veámoslo más en detalle: Según Eysenck, la conciencia moral en los niños se adquiere, en primer lugar, mediante un proceso de condicionamiento clásico, de tal manera que las conductas antisociales tempranas —como, por ejemplo desobedecer a los adultos, sustraer pequeñas cantidades de dinero o faltar al colegio— se asocian generalmente con pequeños estímulos aversivos, habituales en los proceso de crianza. Por ejemplo, cuando un niño es sorprendido “robando en casa” una pequeña cantidad de

dinero, el padre o la madre seguramente le reñirán o castigarán. Es decir, su conducta “antisocial” temprana se asociará con leves estímulos aversivos que le producirán sensaciones de dolor, miedo o ansiedad condicionada, por simple apareamiento estimular. En un segundo momento, la ansiedad condicionada que el niño experimenta ante la oportunidad de llevar a cabo conductas semejantes (por ejemplo, está a su alcance una pequeña cantidad de dinero), se verá reducida si el niño inhibe la realización del comportamiento “prohibido”. Así, la no realización de la conducta prohibida sería recompensada y mantenida en su repertorio de comportamiento a través de un proceso de reforzamiento negativo (o sea, por la evitación de la ansiedad que experimentaba ante la posibilidad de conducirse de modo inadecuado). CUADRO 8.3. Proceso de adquisición de la “conciencia moral” en los niños

Fuente: elaboración propia a partir de J. Pérez (1987). Algunas reflexiones sobre el comportamiento delictivo, su prevención y su tratamiento. Revista de Estudios Penitenciarios, 237, 89-97.

b) ¿Por qué difiere la gente en su capacidad para mostrar un comportamiento prosocial? Después de reconocer que deben tenerse en cuenta factores facilitadores del delito como la mayor permisividad de la sociedad actual —que fracasa a la hora de proporcionar adecuadas experiencias de condicionamiento— y la circunstancia de que los padres y adultos que rodean al niño pueden reforzar positivamente las conductas

antisociales, Eysenck considera más relevante, sin embargo, considerar las diferencias individuales en personalidad (Eysenck, 1996: 149): “Una activación escasa hace más difícil que se produzca el condicionamiento, de tal modo que personas altas en las dimensiones Extraversión y Psicoticismo, comparadas con aquéllas que puntúan bajo en esas dimensiones, tendrán más problemas para agregar esas experiencias a su conciencia. De ello se sigue que mostrarán un resistencia menor a las tendencias antisociales que todos poseemos derivadas de nuestra naturaleza animal”.

Es decir, Eysenck se fundamenta en la investigación que avala el hecho de que las personas tienen diferentes capacidades de condicionabilidad, que hacen que unas aprendan más rápidamente que otras (investigación reunida en su mayor parte en Raine, 1993, 2013; véase también capítulo anterior). Aquellos que presentan peor condicionabilidad, y por tanto aprenden con mayor lentitud a inhibir su comportamiento antisocial, tienen más posibilidades de convertirse en delincuentes. Eysenck señala que muchos delincuentes poseen las siguientes características (véase Eysenck y Gudjonsson, 1989): 1. Una baja activación cortical inespecífica o un bajo arousal cortical. Esta característica se relaciona con aquellos estados de consciencia asociados a diferentes actividades y personas. La actividad cortical varía en las personas a lo largo del día y a lo largo de situaciones: por

la mañana el grado de consciencia es bajo; es un momento en que las respuestas son lentas y la comprensión de mensajes baja. En cambio, el estado de consciencia aumenta ante situaciones problemáticas. Además, la consciencia o activación varía también de unos individuos a otros frente a las mismas situaciones. El fundamento de este proceso —y por consiguiente, de la dimensión extraversión, que se discute luego— radica en un mecanismo del tallo cerebral denominado sistema de activación reticular, “el cual se cree que actúa como un centinela que despierta y mantiene alerta al córtex cerebral” (Bartol, 1991: 44) Los delincuentes muestran, en general, un disminuido estado de consciencia —o una baja activación cortical o arousal—. Un nivel inferior de activación determina una menor “condicionabilidad”, lo que hace que los individuos posean una gran necesidad de estimulación y una gran tolerancia al castigo (Pérez, 1987). Este disminuido nivel de activación se manifiesta a través de la dimensión psicológica extraversión, que es alta en los delincuentes. Los individuos extravertidos son impulsivos, activos —no pueden permanecer mucho tiempo quietos, concentrados en algo— y amantes de los riesgos, porque necesitan aumentar su nivel basal de activación, que es bajo. Al respecto, Eysenck postuló que la relación extraversión y delincuencia sería particularmente sólida en el caso de los delincuentes jóvenes, siempre más deseosos de nuevas excitaciones y

de correr riesgos. 2. Una segunda dimensión psicológica que es alta en los delincuentes es la dimensión neuroticismo, relacionada con una alta excitabilidad autónoma. El neuroticismo se refleja en una gran inquietud y desajuste emocional. El individuo neurótico reacciona con gran facilidad frente a los estímulos ambientales. Los delincuentes mostrarían un mayor neuroticismo, lo que también dificultaría el proceso de condicionamiento: una persona alta en neuroticismo reacciona intensamente y durante largo tiempo ante las situaciones de estrés. Mientras que la dimensión extraversión-introversión encontraría su fundamento biológico en el sistema nervioso central, en el caso del neuroticismo tendríamos que ubicarlo en el sistema nervioso autónomo, tanto en su rama simpática o activadora ante las emergencias como en la parasimpática o restauradora del equilibrio. Para Eysenck, los neuróticos disponen de un sistema límbico (que incluye a la amígdala y al hipotálamo, entre otras estructuras neuronales) inusualmente sensibles, que hace que las emociones se activen antes y tarden más en disiparse. En esencia, los neuróticos presentarían una mayor dificultad para controlar el sistema simpático a través del parasimpático. 3. Posteriormente a la formulación originaria de la teoría en 1964, Eysenck introdujo una nueva dimensión a la que

llamó psicoticismo, y a la cual no asignó ningún mecanismo fisiológico específico, pero que se correspondería sustancialmente con la psicopatía examinada en el capítulo anterior (sin embargo, al final de su vida, Eysenck vinculó esta dimensión con el metabolismo de la serotonina, cuyo papel en la inhibición de la conducta se señaló anteriormente). Conductualmente, el psicoticismo se corresponde con las acciones crueles, la insensibilidad social, la falta de emociones auténticas, la búsqueda de emociones y de peligros, y el desprecio de los demás. (No hay que confundir esta dimensión con la enfermedad mental denominada genéricamente psicosis.) Eysenck (1983) relaciona un alto psicoticismo con los delitos más violentos y repetitivos. Según Eysenck, estas tres dimensiones —extraversión, neuroticismo y psicoticismo— tienen una importante base biológica de carácter hereditario. La principal proyección aplicada de esta teoría es que, consideradas estas predisposiciones genéticas, la mejor manera de intervenir sobre los individuos, para prevenir su conducta agresiva o antisocial en general, es actuar sobre el medio ambiente. El individuo que posee tendencias agresivas heredadas necesita procesos intensivos de entrenamiento, que le permitan establecer los necesarios aprendizajes inhibitorios4.

Por lo que respecta a su validez empírica, en su análisis de los resultados acerca de la contrastación de la teoría de Eysenck, Bartol (1991) repasó las diferentes dimensiones de personalidad y su relación con la delincuencia. En el caso del neuroticismo, la teoría no se comprueba. Hay un apoyo débil para la dimensión de extraversión, mientras que la evidencia empírica a favor del psicoticismo es más sólida (véase también Romero, Sobral y Luengo, 1999). Este fracaso en vincular la extraversión a la “personalidad delincuente” es especialmente preocupante para la teoría de Eysenck, ya que su núcleo descansa, precisamente, en esa falta de condicionabilidad de los delincuentes, que se asociaría a una alta puntuación en esta variable de personalidad. Quizás se trate de una perspectiva muy limitada: algunos delincuentes pueden ser malos “condicionadores”, pero otros pueden delinquir por otras razones. El rasgo de personalidad más claramente asociado con la delincuencia es el de búsqueda de sensaciones, que comparte elementos del psicoticismo y de la extraversión. Una interpretación plausible es que una baja activación cortical, presente en algunos individuos, precipitaría que buscasen una mayor estimulación, de tal manera que esa búsqueda de sensaciones nuevas, estimulantes y fuertes, propiciaría un mayor número de conductas de riesgo, entre ellas las delictivas. Estudios recientes también han

destacado el peso de la impulsividad en la conducta delictiva, apartir del análisis de los ítems de los inventarios de personalidad que emplea esta teoría (Farrington y Jolliffe, 2013). No cabe duda que la teoría de Eysenck ha contribuido a destacar la importancia de ambos rasgos de personalidad en la delincuencia, si bien ha sido superada por otros modelos más complejos. Pero la investigación con los dos rasgos mencionados, impulsividad y búsqueda de sensaciones, permanece como un frente constante de investigación en la psicología criminológica.

8.6. LAS TEMPERAMENTALES PERSONALIDAD

VARIABLES DE LA

Seguimos en este apartado principalmente la excelente revisión que realizaron Romero, Sobral y Luengo (1999), y más recientemente Farrington y Jolliffe (2013). Por “variables temperamentales de personalidad” hemos de entender aquéllas que tienen una fundamentación biológica y aparecen en las etapas tempranas del desarrollo del individuo, logrando un importante grado de estabilidad a lo largo de la vida. Andrés Pueyo y Gutiérrez (1994: 24, sobre una idea previa de Tous, 1990), señalan esta labor de “puente” que ejerce el temperamento entre lo biológico y la personalidad: “…si

el concepto de temperamento se halla profundamente enraizado en lo biológico, y puede entenderse como la expresión del genotipo en el fenotipo, el concepto de personalidad tiene además un sello distintivo psicológico, por cuanto supone la intervención del aprendizaje como agente integrador de los factores temperamentales y, junto con ellos, de los factores motivacionales y de la inteligencia”.

De izquierda a derecha: Jorge Sobral, Catedrático de Psicología Social, Beatriz González, Becaria de investigación, Paula Villar, Laura López, Becaria de investigación, Angeles Luengo, Catedrática de Personalidad, Estrella Romero, Profesora titular de Universidad, y J. Antonio G. Fraguela, Profesor Contratado Doctor. El equipo de Investigación en Delincuencia, que lideran los profesores Sobral y Luengo, trabaja prioritariamente en Personalidad y Delincuencia, con énfasis especial en adolescentes.

8.6.1. La impulsividad Como tantas veces ocurre en psicología, la definición de esta variable de personalidad ha incluido diferentes componentes, entre los que encontramos “la falta de inhibición conductual, la inmediatez y espontaneidad del comportamiento, la ausencia de reflexión previa a la conducta, la escasa resistencia a los impulsos internos o la falta de consideración de las consecuencias futuras de la propia acción” (Romero et al., 1999, p. 73). Su relevancia en el estudio de la delincuencia parece innegable, ya que son muchos los autores que han citado la falta de autocontrol como una de las causas fundamentales del hecho antisocial, y en especial, la incapacidad para resistir la tentación de realizar algo que se anticipa como placentero pero que lo prohíben las leyes (en otro apartado vemos el lugar central que ocupa también en la explicación del comportamiento del psicópata). Como acabamos de ver, una de las teorías psicológicas más influyentes acerca de la “personalidad criminal”, la de H. J. Eysenck (formulada por primera vez

en 1964), introduce como elemento central la impulsividad dentro del constructo psicoticismo. Pero ha sido J. A. Gray quien más contribuyó décadas atrás a iluminar la importancia de la impulsividad en relación con la delincuencia. Gray (1975, 1987) identificó la existencia en el cerebro de lo que denominó el “sistema de inhibición conductual” o SIC, el cual se activa mediante impulsos asociados al miedo o a las situaciones en que no se recibe una recompensa esperada (es decir, situaciones de frustración por no obtener algo valioso que se esperaba). Como resultado de la activación del SIC se produce una experiencia de ansiedad y la inhibición de la conducta en curso. El SIC es el encargado de dirigir la llamada evitación pasiva, de gran importancia en el aprendizaje, ya que tiene como misión producir la inhibición de las respuestas que han sido previamente castigadas (Lykken, 2000, p. 196). ¿Qué es lo que sucede si un sujeto dispone de un SIC débil? Sencillamente, el individuo tendrá dificultades para aprender que determinadas conductas no deben realizarse, ya que percibirá menos ansiedad —que las personas con un SIC fuerte— ante los castigos recibidos previamente por realizarlas. En otras palabras, su evitación pasiva será débil. Junto al SIC, Gray introdujo un “sistema de activación conductual” o SAC, ubicado en el hipotálamo, y

responsable de iniciar las conductas dirigidas hacia una recompensa o iniciadas en situaciones que no están asociadas a la amenaza de un castigo. Precisamente es el SAC el apoyo biológico de la impulsividad, al igual que el SIC es el fundamento de la experiencia de ansiedad: las personas impulsivas disponen de un SAC fuerte. La delincuencia, entonces, desde el punto de vista de los estudios de Gray, “se relaciona con una alta sensibilidad a la posibilidad de obtener estímulos reforzantes y con una susceptibilidad relativamente débil ante el castigo” (Romero et al., 1999, p. 77). El delincuente desearía con gran energía obtener el beneficio ilícito de su delito (SAC débil), y experimentaría poca ansiedad ante la expectativa del castigo que ello podría llevar acarreado (SIC débil). De este modo, la mayor impulsividad de los delincuentes les impediría prestar poca atención a las consecuencias positivas derivadas de respetar las leyes, ya que estas siempre son más difíciles de ver, por estar más distantes en el tiempo, mientras que los refuerzos del delito se perciben inmediatos a la realización de la conducta transgresora (Wilson y Herrnstein, 1985). Es decir, los sujetos impulsivos tendrán más dificultades para demorar la gratificación en el tiempo, querrán obtener cuanto antes el refuerzo, lo que les llevará a preferir la opción antisocial (que da beneficios inmediatos) a la prosocial, que siempre exige esfuerzo y paciencia para

saborear sus frutos. Jolliffe y Farrington (2009) realizaron una revisión sistemática acerca de la relación existente entre medidas tempranas de impulsividad (a partir de los cinco años de edad) y la conducta violenta posterior, usando únicamente datos derivados de estudios longitudinales prospectivos. Los resultados señalaron que tales medidas tempranas de impulsividad se asociaban de modo relevante con la violencia, incluso a edades tan tardías como los 40 años. De entre todas las variables vinculadas con la impulsividad, fueron las de “correr riesgos” y “vivir el peligro” las que mostraron una asociación más intensa. Los autores de la revisión sugirieron que, mientras estas variables se asociaban directamente con el delito (porque el tomar riesgos lleva a delinquir, ya que la delincuencia es una de las grandes formas de correr riesgos), otras variables del espectro de la impulsividad como una concentración deficiente se relacionarían con el delito de modo indirecto, por ejemplo a través del fracaso escolar. Diversos meta-análisis han mostrado el vínculo existente entre un mal autocontrol (Pratt y Cullen, 2000) y el trastorno de déficit de atención e hiperactividad y delincuencia (Pratt, Cullen, Blevins et al., 2002), variables que reflejan esta dificultad para concentrarse. De acuerdo a la revisión realizada por Romero et al., (1999), la impulsividad se ha unido a diferentes

indicadores biológicos, entre los que encontraríamos una predominancia de la actividad del hemisferio derecho sobre el izquierdo, una débil actividad de la monoaminoxidasa (enzima que regula los sistemas de neurotransmisión monoamínicos y especialmente el neurotransmisor serotonina), todo lo cual avala la validez de considerar la impulsividad como una de las variables más importantes en la explicación psicológica de la conducta delictiva5. Y de hecho la investigación empírica parece confirmar esta relación (entre muchos, Farrington y Jolliffe, 2013; Lykken, 2000; Romero et al., 1999).

8.6.2. La búsqueda de sensaciones Zuckerman (1994, p. 384) define la búsqueda de sensaciones como un rasgo que implica “la búsqueda de experiencias y sensaciones variadas, nuevas, complejas e intensas, y la disposición a asumir riesgos físicos, sociales, legales y financieros a fin de lograr tales experiencias”. Un individuo con una puntuación elevada en esta dimensión sería un “cazador”, atraído por el peligro, el cambio, un ambiente siempre mudable e impredecible, y centraría su atención en la aparición de nuevos estímulos (Romero et al., 1999, p. 91). La investigación (revisada en Romero et al., 1999, pp. 97102, y la posterior de Jolliffe y Farrington de 2009) ha señalado de modo sólido que los delincuentes tienden a

puntuar más alto en la variable “búsqueda de sensaciones” que los no delincuentes. Como hemos visto en el apartado anterior, esta necesidad de vivir emociones puede entenderse también como formando parte del espectro psicológico de una vida impulsiva, ya que si la impulsividad significa “actuar sin pensar”, o “responder de inmediato sin prever las consecuencias”, no cabe duda que la gente que quiere vivir situaciones excitantes o de riesgo difícilmente piensa de forma reflexiva y prudente. ¿Dónde descansa el sustrato biológico de esta variable? De acuerdo a lo revisado por Romero et al. (1999), junto a la necesidad del sujeto de vivir situaciones emocionantes para elevar el nivel de activación hasta su punto óptimo (como señalaba Eysenck), actualmente la investigación sitúa más el origen de la necesidad de estímulos en los sistemas bioquímicos que regulan los mecanismos motivacionales para actuar. Singularmente —y al igual que ocurriera con la impulsividad— parece que una disminución en los niveles de la monoaminoxidasa (enzima MAO) se correspondería con una búsqueda de sensaciones elevada, ya que la MAO se relaciona con un aumento de la dopamina (que se asocia al aumento de actividad) y una disminución de la serotonina (que se asocia al autocontrol). Y en el terreno de los registros psicofisiológicos, los sujetos “buscadores de sensaciones” presentan respuestas que indican gran atención e interés

hacia los estímulos novedosos y una alta capacidad para responder a estimulaciones intensas. Por otra parte, los estudios de gemelos —incluyendo a los univitelinos que fueron criados por familias diferentes — señalan la alta heredabilidad de esta variable de personalidad. “En síntesis —escriben Romero et al., (1999, p. 95)— el funcionamiento de los sistemas de neurotransmisión (elevada actividad de las vías de la dopamina, disfunciones en la actividad de la serotonina), que posee una fuerte fundamentación genética, determinaría la existencia de un perfil psicofisiológico que Zuckerman denomina ‘accesibilidad cortical’ (esto es, una alta capacidad para responder a elementos estimulares nuevos e intensos). Este patrón de respuestas, a su vez, daría lugar a los comportamientos de aproximación ante estimulaciones novedosas y a las conductas desinhibidas que caracterizan al buscador de sensaciones”. De esta manera hemos entrado en detalle sobre esas variables de personalidad a las que Lykken (2000) hacía responsables de ser las transmisoras genéticas de la delincuencia, toda vez que suponen un plus de dificultad para lograr la socialización del individuo.

8.7. INTRODUCCIÓN A LAS TEORÍAS DEL APRENDIZAJE

Las teorías sobre el aprendizaje de la conducta delictiva constituyen un conjunto de conocimientos de gran trascendencia para la Criminología actual, debido al importante apoyo empírico que han recibido de parte de la investigación y también por sus amplias implicaciones aplicadas. Su principal propuesta consiste en explicar el comportamiento delictivo a partir de una serie de mecanismos de aprendizaje. Los elementos que comparten estas perspectivas son los siguientes: 1. Los antecedentes teóricos, entre los que destaca la teoría de la asociación diferencial de Sutherland, que fue durante décadas una de las formulaciones teóricas más importantes en Criminología. 2. Su fundamento reside en la observación de la universal capacidad humana para aprender. Se constata que la mayor parte del comportamiento humano es aprendido, incluidos tanto el comportamiento prosocial (o que sigue las normas sociales) como el delictivo. 3. A partir de la investigación se han establecido los mecanismos básicos por los que se adquiere, se mantiene y se elimina el comportamiento, a saber: el aprendizaje por asociación estimular6, el aprendizaje por la influencia de las consecuencias que siguen a la conducta7 y el aprendizaje a través de la imitación de modelos. En la

medida en que la psicología se ha vuelto más cognitivista, es decir, ha puesto más el énfasis en la percepción e interpretación de los hechos, el aprendizaje vicario o de imitación de modelos ha devenido más importante8. 4. El derivado aplicado de estas teorías es que el comportamiento delictivo puede modificarse mediante los anteriores mecanismos de aprendizaje y que pueden enseñarse nuevos comportamientos sociales a los sujetos delincuentes. 5. Las modernas teorías del aprendizaje no excluyen la influencia relevante de los estilos y contenidos de pensamiento, más bien al contrario: las actitudes, creencias, expectativas y esquemas cognitivos (modos estructurados aprendidos de interpretar la realidad y de responder ante ella) son también susceptibles de ser aprendidas y reforzadas por los efectos que poseen en la conducta de los sujetos. En cierto sentido, todas las teorías de la Criminología — con excepción de las primeras teorías biológicas derivadas de la tesis de Lombroso— son teorías del aprendizaje, es decir, todas intentan explicar el modo en que una persona “aprende a ser un delincuente” (o a no serlo, dependiente del enfoque que tome la teoría). La diferencia se halla en los mecanismos o procesos por los que tal aprendizaje de produce, o bien en si se pone el énfasis en explicarlos o en analizar otros factores que se consideran más relevantes.

Por ejemplo, la teoría de la Oportunidad Diferencial de Cloward y Ohlin pone el acento en por qué los jóvenes recurren a la delincuencia cuando ven sus oportunidades legítimas para el éxito social bloqueadas, pero no explica el mecanismo efectivo por el que aquéllos aprenden a delinquir, y en todo caso los elementos estructurales y de clase tienen un papel mucho más preponderante que los elementos sociales inmediatos (familia y amigos) que rodean el crecimiento de un joven. Estos elementos sociales próximos al joven, por el contrario, son enfatizados por los teóricos del aprendizaje, quienes están interesados en contestar a la pregunta de quiénes son las personas que enseñan las actitudes y conductas sociales y cuál es el contenido de lo que enseñan. Si tales personas enseñan actitudes y conductas prosociales, y éstas se ven reforzadas por el medio social en que el joven vive, éste no delinquirá, o al menos no lo hará de un modo grave o persistente. Los teóricos del aprendizaje aplican los conocimientos de la psicología general al comportamiento delictivo: del mismo modo en que un joven aprende a interesarse por la medicina y a contribuir al bienestar de su comunidad, también pueden aprender a ser violento. Y destacan la importancia del aprender a no delinquir, o si se quiere, a respetar la ley y las normas morales, por encima de enfatizar el castigo de las infracciones9.

8.8. LA TEORÍA DE LA ASOCIACIÓN DIFERENCIAL DE SUTHERLAND El planteamiento pionero del concepto de aprendizaje, aplicado a la delincuencia, fue formulado por Edwin H. Sutherland (1883-1950) durante los años veinte, en su teoría de la asociación diferencial. Especialmente importantes en esta formulación fueron sus trabajos Principles of Criminology (cuya primera edición corresponde a 1924 y la última a 1947) y Delincuencia de cuello blanco, publicado en 1939. La teoría de la asociación diferencial, tal y como la presentamos a continuación, quedó definitivamente diseñada por Sutherland en la última edición que éste realizó de su obra Principles of Criminology. En posteriores ediciones del libro, los discípulos de Sutherland, Donal R. Cressey y David F. Luckenbill, comentaron las revisiones y modificaciones de la teoría propuestas por otros autores pero preservaron la teoría de Sutherland en su forma original (Akers, 1997). La obra señera de Sutherland, Principios de Criminología, sigue siendo un manual altamente influyente en la investigación actual. Un trabajo reciente de Gabbidon y Collins (2012) examinó la lista de los 20 libros de Criminología y de Justicia Criminal más citados en el dispositivo de búsqueda mediante internet “Google Scholar”, lo que implica conocer los libros más citados

por la comunidad científica en el ámbito anglosajón. En dicha lista, “Principles of Criminology”, a pesar de que su última edición actualizada es tan lejana como el año 1947, quedó en el puesto número 16, con más de 2.600 citas. Se comprenderá entonces la necesidad de exponer con cierto detalle el contenido de su teoría criminológica. Sutherland propone que la delincuencia no es el resultado de la inadaptación de los sujetos de la clase baja, sino del aprendizaje que individuos de cualquier clase y cultura realizan de conductas y valores criminales. Según Sutherland (1996 [1947]), la Criminología ha venido explicando la conducta delictiva desde dos tipos de perspectivas diferentes. Las primeras, a partir de los acontecimientos que tienen lugar cuando se produce el hecho delictivo, esto es, a partir de la situación (explicaciones mecanicistas, situacionales o dinámicas). El segundo tipo de explicaciones se basan en aquellos procesos que han acontecido en la historia previa del individuo (explicaciones históricas o genéticas, ya que recurren a la historia o la génesis del individuo). Sutherland reconoce que ambos enfoques son necesarios para explicar la conducta delictiva. Por un lado, la situación concreta ofrece a un individuo la oportunidad de delinquir. Pero lo más importante, según él, no es la situación objetiva que se produce en un momento dado, sino cómo las personas definen e interpretan esa

situación. Una situación aparentemente idéntica puede ser muy diferente para dos individuos, dependiendo de su historia personal: “Los acontecimientos en el complejo persona-situación en el momento en que ocurre un delito no pueden separarse de las experiencias vitales previas del delincuente” (Sutherland, 1996[1947]: 170). Este presupuesto de la teoría de Sutherland se fundamenta en el interaccionismo simbólico desarrollado por George Herbert Mead, W. I. Thomas y otros autores de la escuela de Chicago. El interaccionismo simbólico adujo (Vold y Bernard, 1986: 211) que “las personas construyen ‘definiciones’ relativamente permanentes de las situaciones o de los significados que derivan de sus propias experiencias. Esto es, obtienen significados particulares a partir de experiencias concretas pero después los generalizan de manera que se convierten en un modo personal de ver las cosas. A partir de estas definiciones individuales, dos personas pueden comportarse de maneras muy diferentes frente a situaciones muy semejantes”. La teoría de Sutherland no explica la criminalidad en su conjunto ni se plantea responder a preguntas globales del tipo de por qué hay más delitos en un país que en otro. Se centra en el proceso individual, buscando las razones concretas que hacen que unos individuos se impliquen en actividades delictivas y otros no. Sutherland sostiene que

las teorías sociológicas que pretenden explicar la delincuencia en su conjunto, por ejemplo la teoría de la desorganización social de la escuela de Chicago, deberían ser consistentes con las teorías individuales de explicación de la conducta delictiva. La criminalidad en su conjunto sería una función del número de delincuentes que existen en una sociedad en un momento dado y del número de delitos que estos delincuentes llevan a cabo. Si no comprendemos por qué un individuo concreto se convierte en delincuente no estaremos en condiciones de explicar globalmente el fenómeno delictivo. En la actualidad la teoría de la Asociación Diferencial sigue siendo un referente importante en la investigación sobre desarrollo de la delincuencia, particularmente de la delincuencia juvenil (Bosiakoh y Andoh, 2010), aunque, como es lógico, sus postulados han sido absorbidos y matizados en modelos teóricos más complejos, como los de Akers (ver más adelante) y otros de índole integradora.

8.8.1. Génesis de la conducta delictiva Sutherland desarrolla en su teoría dos elementos fundamentales del aprendizaje de la conducta delictiva (Vold y Bernard, 1986). El primer elemento identifica el contenido de aquello que se aprende: las técnicas de comisión de los delitos, los motivos y actitudes para delinquir y las definiciones favorables a la delincuencia.

El segundo elemento lo constituye el proceso mediante el que se aprende: en asociación con grupos íntimos. Más explícitamente, Sutherland describe la adquisición de la conducta delictiva de la siguiente manera (véase esquema en cuadro 8.4): CUADRO 8.4. Esquema de la teoría de la asociación diferencial 1. La conducta delictiva es aprendida. 2. Se aprende en interacción comunicativa con otros. 3. En grupos íntimos. 4. Incluye el aprendizaje de las técnicas y motivos para delinquir. 5. Los motivos se aprenden a partir de las definiciones de los otros favorables a la violación de las leyes. 6. Los individuos se convierten en delincuentes por asociación diferencial o contacto preferente con definiciones favorables a la delincuencia. 7. La asociación diferencial puede variar en frecuencia, duración, prioridad e intensidad. 8. La conducta delictiva se adquiere a través de los diversos mecanismos de aprendizaje. 9. Los motivos y necesidades generales (como la tendencia al placer o a la mejora de estatus) no explican la conducta delictiva.

Fuente: elaboración propia a partir de E. H. Sutherland (1996 [1947]). A Theory of Crime: Differential Association. En R. D. Crutchfield, G. S. Bridges, y J. G. Weis, J. G. (eds.): Crime: Readings. Vol. 1: Crime and society (pp. 170-172). Thousand Oaks, CA: Pine Forge Press.

1. La conducta delictiva es aprendida, no heredada ni inventada. Los sujetos no pueden inventar la delincuencia, como no pueden inventar la radio o la televisión, si no han recibido el entrenamiento adecuado para ello. La conducta delictiva no se produce de manera espontánea porque alguien decida un buen día delinquir; previamente esta persona ha debido recibir algún tipo de entrenamiento.

2. La conducta delictiva se aprende en interacción con otras personas, en un proceso de comunicación, ya sea verbal o gestual. Esta idea emana del interaccionismo simbólico de la escuela de Chicago: lo que prima en las relaciones humanas es la simbolización de las situaciones, las ideas que se transmiten de unos a otros y los contenidos connotativos del lenguaje. 3. El aprendizaje en general, y el aprendizaje de la conducta delictiva en particular, tienen lugar en grupos íntimos, próximos al individuo, mientras que tendrían una menor influencia sobre el aprendizaje del delito las agencias informales como el cine o los medios de comunicación. 4. El aprendizaje de la conducta delictiva incluye, por un lado, la adquisición de las técnicas de comisión de los delitos, y por otro, de los motivos, los impulsos, las actitudes y las racionalizaciones necesarias para delinquir. 5. Los motivos y los impulsos para delinquir se aprenden a partir de las definiciones que ciertos grupos sociales hacen de los códigos legales. Así, en las ciudades modernas conviven, debido a los conflictos culturales, definiciones favorables y desfavorables a la delincuencia, pudiendo unos y otros influir sobre los individuos. 6. El principio fundamental de la teoría es el de asociación diferencial, que establece que la causa de que los individuos se conviertan en delincuentes es el contacto

excesivo con definiciones favorables a la delincuencia, por encima del contacto que tienen con definiciones contrarias a ella. Pensemos, por ejemplo, en el contexto familiar y social de la mayoría de las personas: sus definiciones son, en general, favorables al respecto de las leyes. Si no fuera de este modo, según Sutherland, los individuos se convertirían en delincuentes. Así como existen asociaciones diferenciales negativas —contrarias a la ley— y positivas —favorables a la ley—, existen también asociaciones neutras, constituidas por todos aquellos aprendizajes y conductas que tan solo son medios indirectos a la hora de favorecer o dificultar la conducta delictiva. Por ejemplo, adquirir el hábito de cepillarse los dientes no es ni favorable ni contrario a la ley penal, como no lo son tampoco el vestirse a la moda o el ir de excursión. Sin embargo, según Sutherland, en la medida en que los individuos aumenta su contacto con asociaciones neutrales (es decir, ocupan su tiempo en actividades delictivamente innocuas) reducen sus posibilidades espacio-temporales de participar en actividades delictivas. De acuerdo con ello, la vinculación con asociaciones neutras (esto es, la participación en actividades sociales convencionales) jugará un papel positivo en la prevención de la delincuencia. 7. La asociación diferencial de los individuos con ciertas definiciones (favorables o contrarias a la delincuencia)

puede variar en frecuencia —número de veces—, en duración —tiempo de contacto—, en prioridad — asociación anterior en el tiempo— y en intensidad — dependiendo de la vinculación emocional del individuo con la fuente asociativa, y del prestigio que le atribuye—. Sutherland sugiere que las primeras asociaciones que se producen en la vida (las de mayor prioridad) son las más importantes e impactantes. Los contactos precoces con el delito en la infancia son más influyentes que los que se establecen en edades más tardías. A la inversa, una infancia en contacto con definiciones favorables a la ley incidirá de un modo más duradero en el sujeto que si los contactos favorables se producen después. En cuanto a la intensidad, nos influyen más las personas emocionalmente relevantes en nuestra vida que aquéllas que no lo son. Como resulta evidente, la mayor frecuencia y duración de las asociaciones diferenciales aumenta su fuerza. 8. En el proceso de aprendizaje de la conducta delictiva están implicados, según Sutherland, todos los mecanismos de aprendizaje. Aunque él no los explica, menciona dos: la asociación de estímulos y la imitación de modelos. 9. Contradiciendo previos constructos teóricos, Sutherland afirma que la conducta delictiva no puede explicarse como resultado de valores y necesidades generales. Un argumento común para explicar la

delincuencia es recurrir a la necesidad de ser felices que todos tenemos; lo que la escuela clásica llamaba “principio de placer”. Esta necesidad de felicidad no explicaría el comportamiento delictivo ya que tanto delincuentes como no delincuentes desean, probablemente, ser felices. La necesidad de estatus social también es común a todos los seres humanos, como lo es asimismo la experiencia de la frustración. Según Sutherland, todos estos motivos y necesidades (al igual que la necesidad de respirar) pueden ser generales para todos los seres humanos, pero no permiten diferenciar entre aquéllos que cometen conductas delictivas y quienes no lo hacen.

8.8.2. Asociación diferencial y organización social La asociación diferencial de los individuos con ambientes delictivos o no delictivos viene determinada por la organización social. Por ejemplo, que un joven atlético a quien le guste el esfuerzo físico se convierta o no en delincuente podría depender de que se asocie con jóvenes que compartan con él sus aficiones deportivas pero que, además, estén en una banda delictiva, o, por el contrario, de que se haga miembro de una agrupación de montañismo en la que participen jóvenes ajenos a la delincuencia. Por tanto, el resultado final (esto es, la

implicación o no en actividades ilícitas) va a depender en gran medida de cómo se orienten socialmente las asociaciones de los individuos. Para dar cuenta de este componente social que condiciona las asociaciones diferenciales de los individuos, en una dirección prosocial o delictiva, Sutherland propone sustituir el concepto de “desorganización social” (de la escuela de Chicago) por el de “organización social diferencial”. Él entiende que el delito no tiene su génesis en la falta de orden social, sino en la existencia de determinada organización social integrada por grupos distintos, unos favorables a los normas y otros contrarios a ellas. En la actualidad este concepto sigue plenamente vigente, y ha sido aplicado recientemente a nuevos campos de la delincuencia como el de la piratería informática (Décary-Hétu, Morselli y Leman-Langlois, 2012)

8.9. LA TEORÍA DEL SOCIAL DE AKERS

APRENDIZAJE

Los fundamentos psicológicos a los que nos hemos referido sirven de base a la teoría del aprendizaje social de la conducta delictiva, que fue formulada por Robert L. Burguess y Ronald L. Akers en 1966, y después desarrollada por Akers (Burguess y Akers, 1966; Akers, 1973, 1977, 1985, 1997; Akers y Jensen, 2003; Akers y

Sellers, 2008). El Profesor Ronald Akers es uno de los teóricos más destacados de la criminología del siglo XX, siendo el autor, junto a Robert Burgess, de la Teoría del aprendizaje social del delito (que toma su fundamento en la previa teoría de la asociación diferencial, de Sutherland). La fotografía corresponde a su participación en un seminario que tuvo lugar en Barcelona en 2006.

Sutherland había mencionado, en su teoría de la asociación diferencial, algunos de los mecanismos de aprendizaje mediante los cuales los sujetos adquieren los comportamientos delictivos, aunque no los había descrito. La teoría del aprendizaje social, que sus creadores consideran un desarrollo de la previa teoría de Sutherland, define, describe e integra los mecanismos del aprendizaje delictivo y los combina con el concepto de reforzamiento diferencial. De acuerdo con sus autores, esta teoría podría explicar distintos comportamientos delictivos tales como el consumo de drogas y alcohol, la desviación sexual, la delincuencia de cuello blanco, la delincuencia profesional, la delincuencia organizada y la delincuencia violenta.

8.9.1. Conceptos teóricos fundamentales La teoría del aprendizaje social incluye cuatro constructos principales (Akers, 1997): 1. Asociación diferencial: es aquel proceso “mediante el cual uno es expuesto a definiciones normativas favorables o desfavorables a la conducta ilegal” (p. 64).

Este proceso de asociación diferencial puede tener dos dimensiones o modos de plasmarse en la vida de la gente. Una dimensión es la interaccional que se traduce en la directa asociación o identificación con otras personas que actúan ilícitamente, ya sean próximas al individuo o distantes de él (por ejemplo, la identificación, a través de los medios de comunicación, con deportistas, actores, políticos, y otras personas famosas). Existe una segunda dimensión normativa según la cual una persona es expuesta, como producto de su asociación diferencial, a patrones normativos distintos de los habituales. Podría ser el caso de aquel adolescente que en su grupo de amigos recibe mensajes favorables al consumo de drogas o al robo. Las asociaciones diferenciales —favorables o contrarias a la conducta delictiva— pueden producirse tanto en los grupos primarios (familia o amigos) como en el marco de aquellos grupos secundarios y de referencia, como los vecinos, las iglesias, los profesores, las figuras de autoridad, o los medios de comunicación. Tendrían una mayor influencia sobre las personas aquellas asociaciones diferenciales que poseen mayor frecuencia, mayor duración, mayor prioridad —es decir, se producen antes en el tiempo— y mayor intensidad — las provenientes de las relaciones más importantes para el individuo—.

2. Definiciones: son “los propios significados o actitudes que una persona vincula a determinada conducta” (p. 64). Se trata de racionalizaciones y actitudes morales o evaluativas que orientan los comportamientos y los valoran como adecuados o inadecuados, como buenos o malos, como deseables o indeseables, como justificables o no justificables. Según Akers, estas definiciones pueden ser de dos tipos: generales o específicas. Las generales suelen consistir en creencias morales o religiosas, valores y normas, que acostumbran a ser favorables a la conducta prosocial y contrarias a la conducta delictiva. Entre ellas podrían encontrarse valoraciones como “es importante ir al colegio o a trabajar” o “no se debe robar”. Sin embargo, las creencias generales pueden tener escasa incidencia en la conducta concreta. Hay muchas personas que acuden regularmente a la iglesia o creen firmemente en los valores de la justicia social y, pese a todo, mantienen conductas no coincidentes con esos valores. El comportamiento humano guardaría, según Akers, una mayor relación con las definiciones específicas que con las generales. Las definiciones específicas orientan conductas concretas. Por ejemplo, puede haber personas que tengan firmes convicciones generales contrarias al tráfico y al

consumo de drogas, pero que en cambio consideren que el consumo esporádico de cocaína es un comportamiento aceptable. Esta creencia específica puede llevarles a consumir droga los sábados por la noche, cuando se reúnen con sus amigos, sin que este comportamiento interfiera con sus valores generales contrarios al tráfico y consumo de drogas. En otro orden de cosas, alguien que posea “fundados” valores religiosos y morales podría admitir, sin embargo, tener contactos sexuales esporádicos con menores de edad si se le presentara la ocasión propicia y “no causara daño a nadie” con ello. Así pues, según Akers, la conducta delictiva operaría, sobre todo, a partir de creencias específicas. Cuanto mayor sea el número de actitudes y definiciones —específicas— contrarias a ciertos actos menor será la probabilidad de realizarlos. Si uno es totalmente opuesto al consumo de drogas tiene una menor probabilidad de consumir drogas si es específicamente contrario a ello. Si una persona posee muchas definiciones negativas en torno a la conducta de robo, que hacen que considere que ese comportamiento es inapropiado, injusto, indigno, inmoral, etc., es muy improbable que robe. Generalmente, las definiciones convencionales de la sociedad suelen ser negativas o contrarias a la delincuencia. Pero en grupos o sectores sociales determinados existen creencias favorables a la conducta

delictiva, que pueden operar de dos modos diferentes. Uno, haciéndola más deseable o permisible. Podría ser el caso de aquella persona que roba en su trabajo, tras considerar que no le pagan lo que merece, pese a que se esfuerza mucho más que la mayoría de sus compañeros. Pero las creencias pueden ser también neutralizadoras, cuando justifican o excusan la conducta. Este mecanismo entraría en acción cuando, por ejemplo, una persona se dice a sí misma: “Todo el mundo defrauda a Hacienda, ¿por qué no voy a poder hacerlo?”. Éste puede constituir un buen ejemplo de la diferencia existente entre definiciones generales y específicas en lo que se refiere a su influencia sobre la conducta. La inmensa mayoría de los ciudadanos está en contra del robo, pero en lo que se refiere específicamente a Hacienda, mucha gente considera que no constituye una conducta demasiado grave defraudar al fisco un poquito. Las definiciones pueden influir sobre la conducta también de dos maneras distintas: cognitivamente (a través de ciertos valores, creencias o actitudes) o conductualmente (es decir, precipitando algunos comportamientos ilícitos). Desde el punto de vista cognitivo, ciertas definiciones pueden hacernos más complacientes y tolerantes ante las oportunidades delictivas que se presentan, con argumentos como “yo no he robado a nadie, sencillamente me he encontrado una

cartera que tenía dinero; para que se quede con él la policía, ya me lo quedo yo”. Desde una perspectiva conductual, las creencias o definiciones pueden precipitar el comportamiento delictivo, operando como estímulos discriminativos facilitadores. Si alguien tiene la firme creencia de que le están pagando una miseria en su trabajo y de que debería ganar mucho más, esta convicción podría precipitar que, si se le presentara la oportunidad de sustraer impunemente algún dinero, lo hiciera. Las creencias o definiciones se adquieren a través de la imitación (es decir, a partir de lo que uno ve y oye a su alrededor, de las actitudes generales de la sociedad, de los amigos, de los padres, etc.), o bien mediante el reforzamiento diferencial de ciertas conductas. 3. Reforzamiento diferencial: es aquel proceso de “balance entre los refuerzos y castigos anticipados o reales que siguen o son consecuencias de la conducta” (p. 66). Cuanto mayor cantidad, probabilidad y frecuencia de refuerzo obtiene una persona como resultado de su conducta delictiva, mayor probabilidad tiene de delinquir. Los refuerzos (y también los castigos) pueden ser de tres tipos: a) No sociales: aquéllos que provienen de estimulaciones físicas directas que producen sensaciones agradables. Por ejemplo, los efectos físicos “placenteros”

que experimenta una persona como resultado del consumo de drogas o alcohol. b) Aquéllos que son el resultado de características individuales que confieren a ciertos sujetos una mayor predisposición para determinadas conductas, que les resultan en sí mismas altamente apetecibles. Por ejemplo, para algunos jóvenes con un rasgo elevado de búsqueda de sensaciones, la actividad delictiva puede constituir una experiencia altamente estimulante y atractiva. Pese a ello, poseer un elevado nivel del rasgo búsqueda de sensaciones no implica la realización de actividades delictivas. Muchas personas que se sienten atraídas por el riesgo y la aventura, no se dedican precisamente a la delincuencia. c) Sin embargo, la inmensa mayoría de los refuerzos y castigos que experimentan los seres humanos, como resultado de su conducta, son producto del intercambio social. Consisten en palabras, en respuestas, en la presencia de otros y en la conducta de otros, consecuencias todas que pueden seguir al comportamiento y, en función de su naturaleza gratificante o aversiva, lo refuerzan o lo castigan. En resumen, el reforzamiento social abarca todas aquellas reacciones directas de otras personas que se hallan presentes cuando una conducta se lleva a cabo. Todos los presentes pueden influir en nuestra conducta

con gestos, palabras, opiniones o con cualquier estimulación, incluida la mirada. El reforzamiento social puede ser real o anticipado, tangible o intangible, y también puede tener un carácter simbólico (ideológico, religioso, político o moral). El autorreforzamiento incluye todos aquellos procesos en los que un sujeto ejerce control o autocontrol sobre su propia conducta, reforzándola o castigándola, para lo cual adopta el papel de los otros, incluso cuando éstos están ausentes. Sería el caso de situaciones en las que uno piensa: “Esto ha ido bien” o “esto otro debo cambiarlo porque no ha funcionado adecuadamente”. Los seres humanos somos capaces de, en ausencia de otros, irnos dando pautas para determinadas conductas y reforzárnoslas o castigárnoslas mediante la autocrítica. El autorreforzamiento y el autocastigo hacen que nuestra conducta se mantenga o disminuya, respectivamente. 4. Imitación: consiste en involucrarse en alguna “conducta tras la observación en otros de una conducta semejante” (p. 67).

8.9.2. El aprendizaje de la conducta delictiva El aprendizaje de la conducta delictiva es un proceso dinámico que se desarrolla en dos momentos distintos (tal y como se ilustra en el cuadro 8.5): CUADRO 8.5. Esquema del proceso de aprendizaje social de la conducta

delictiva: secuencia y efecto feedback

Fuente: elaboración propia a partir de R. L. Akers (1997). Criminological theories. Los Angeles, CA: Roxbury Publishing Company, 67-69.

a) El aprendizaje inicial de la conducta, que se produce como consecuencia del balance resultante para el sujeto entre sus definiciones aprendidas, la imitación de modelos y su ponderación anticipada de los refuerzos y los castigos esperables por su conducta. b) La repetición de la conducta, que sobre todo depende de los reforzadores y de los castigos reales obtenidos cuando el comportamiento se lleva a cabo. Imaginemos un joven que ha aprendido a robar bolsos mediante el procedimiento del tirón, observando a un amigo que lo hacía con pericia. Si pasa a la acción, y efectúa tres “tirones”, con el resultado negativo de que en las tres ocasiones acaba siendo detenido, es probable que no repita futuramente este comportamiento. Este sujeto será menos influido por los buenos resultados que observó en su amigo, a la hora de repetir o no la conducta delictiva,

que por los malos resultados obtenidos por él mismo en idéntica situación. Una previsión importante de la teoría del aprendizaje social es, según Akers, que los refuerzos y castigos reales que recibe el sujeto influyen sobre dos elementos diferentes, aunque interrelacionados: en primer lugar, sobre la repetición o no de cierta conducta; pero también sobre las definiciones aprendidas, es decir sobre los significados y actitudes que el individuo vincula a esa misma conducta. No se trata ya solo de que el comportamiento se repita o no, sino de que las actitudes varían también en función del resultado del comportamiento. Cuando un delincuente efectúa varios robos y nunca le va bien, sus opiniones y actitudes al respecto de la conducta de robar también cambian. Esto no significa que llegue a la conclusión de que robar es inmoral, sino tal vez sencillamente a la de que hacerlo no le merece la pena. Ese cambio de definiciones va a influir también sobre su comportamiento futuro.

8.9.3. Estructura social y aprendizaje social El último aspecto que plantea la teoría de Akers tiene que ver con la relación entre estructura social y aprendizaje social. La teoría de Akers no pretende explicar el fenómeno delictivo en su conjunto, sino que enfatiza los procesos mediante los cuales se aprenden las

conductas delictivas. No explica cómo se crean y aplican las leyes, cómo funciona la justicia criminal o cuáles son los factores sociales que influyen en que una sociedad sufra un índice de delincuencia más alto que otras. Pero sí que explica la manera en que la delincuencia se conforma dentro de una estructura social determinada. En este punto, en el que se vinculan la estructura social con el aprendizaje de conductas delictivas, Akers (1997: 69) se limita a comentar lo siguiente: “La sociedad y la comunidad, al igual que la clase social, la raza, el género, la religión y otras estructuras sociales, ofrecen los contextos generales de aprendizaje para los individuos. La familia, los grupos de amigos, las escuelas, las iglesias, y otros grupos ofrecen los contextos más inmediatos que promueven o dificultan la conducta delictiva o conforme con las normas. Las diferencias en las tasas sociales o grupales de conducta delictiva, son una función del grado en que las tradiciones culturales, las normas y los sistemas de control social ofrecen socialización, ambientes de aprendizaje y situaciones inmediatas conducentes a la conformidad o a la desviación”. En síntesis, la teoría reconoce que la estructura social concreta en la que viven los individuos es un elemento de influencia fundamental, ya que constituye el ambiente en el que tiene lugar el aprendizaje de la conducta.

8.9.4. Validez empírica

Para evaluar la validez empírica de las teorías que proponen que la conducta delictiva es un comportamiento aprendido, y que en este aprendizaje juegan un papel principal las habilidades cognitivas de los individuos, nos referiremos brevemente a tres sectores de la investigación criminológica. El primero tiene que ver con la validez de los fundamentos psicológicos en los que estas perspectivas se basan. Debido a la naturaleza introductoria de esta obra no podemos extendernos en detallar las investigaciones psicológicas que avalan estos fundamentos. Solo nos es posible comentar que, a la luz de la investigación actual, puede afirmarse con rotundidad que los modelos de aprendizaje respondiente, de aprendizaje operante y de aprendizaje por imitación han sido ampliamente confirmados por multitud de investigaciones desarrolladas durante décadas. En lo que concierne específicamente a la teoría del aprendizaje social de la conducta delictiva, que incluye tanto la primera formulación de Sutherland (1947) como la posterior de Burgess y Akers (Burgess y Akers, 1967; Akers, 1997), son también muy diversas las investigaciones que han probado la validez empírica de la mayor parte de sus conceptos. Por ejemplo, Bandura y Walters (1983), Bandura (1980; 1987), Matsueda (1997), Serrano Pintado (1996), Akers (1997), Alarid, Burton y

Cullen (2000), Jarjoura y May (2000) y Akers y Jensen (2003) han presentado amplia evidencia empírica sobre el modo en que los niños y los jóvenes aprenden, a través de la imitación y de otros mecanismos (definiciones, reforzamiento externo, auto-reforzamiento, etc.) vinculados a la teoría del aprendizaje, conductas agresivas en general y conductas delictivas en particular. Sin embargo, también existen posiciones críticas: “El test real de una teoría es si la estructura causal que propone se mantiene a partir del análisis empírico en diferentes ámbitos y contexto. A pesar de lo que pregona, la teoría del aprendizaje social no ha superado en buena medida esta prueba” (Tittle, 2004: 717). Albert Bandura es una de las grandes figuras de la psicología contemporánea. Sus obras “Aprendizaje social y desarrollo de la personalidad”, y “Teoría del aprendizaje social”, figuran entre las más citadas de las últimas décadas. Aquí le vemos en el acto de investidura del doctorado “honoris-causa” por la Universidad de Salamanca, en 1996.

Por último, una de las más consistentes evaluaciones de estas perspectivas teóricas se ha realizado a partir de la aplicación de programas de intervención diseñados sobre la base de la teoría del aprendizaje social. Los programas basados en los modelos de aprendizaje, aplicados con diferentes tipos de delincuentes (jóvenes y adultos, delincuentes violentos, sexuales, contra la propiedad y por tráfico de drogas) obtienen el doble de efectividad que el

promedio de las técnicas de tratamiento que son utilizadas. Mientras que el conjunto de los programas de tratamiento de la delincuencia obtiene una efectividad media del 10-12% (es decir, reducen la reincidencia delictiva en un 10-12%), los programas conductuales y cognitivo conductuales, que se fundamentan en los conceptos desarrollados en este capítulo, logran una efectividad promedio superior, de hasta un 27% (Andrews y Bonta, 2003; Koehler et al, 2012; Lipsey y Landeberger, 2006; McGuire, 2002; Redondo, Sánchez-Meca, y Garrido, 1999, 2002a, 2002b; Tong y Farrington, 2006). Además, la teoría de Akers, de Sutherland y de otras relacionadas siguen siendo fuente de inspiración para otros investigadores. Una de las últimas aportaciones que profundiza en el aprendizaje como mecanismo esencial del delito es la que presentamos a continuación.

8.10. LA TEORÍA DE LAS “LECCIONES DE LA VIDA” DE SIMON Y BURT Simon y Burt, en su teoría de las “lecciones de la vida” (2011) parten de un hecho demostrado: Los estudios indican que los delincuentes tienden a percibir sus acciones delictivas de modo aceptable y legítimo dadas las circunstancias en las que se hallan, es decir, no las consideran “malas” o inmorales, sino justificadas, necesarias o inevitables por las exigencias de la situación

a la que han de responder (ver el clásico trabajo sobre las técnicas de neutralización de Sykes y Matza, 1957). De este modo es frecuente que los delincuentes perciban sus acciones como un modo de restaurar un sentido de justicia que, de alguna forma, compensa una situación anterior considerada injusta para ellos. Después de que un delincuente haya sido detenido, éste suele considerar que la valoración pública que se hace de su delito es mucho más negativa que la imagen que tuvo de su acción en el momento de cometer los hechos (Baumeister, 1997). “Este hallazgo sugiere que el desafío con el que nos enfrentamos a la hora de explicar el delito es identificar los factores que provocan que ciertos individuos consideren que sus acciones (delictivas) están justificadas y fueron necesarias” (p. 554). Los autores, a continuación, han de precisar cómo se llega a generar ese tipo de pensamiento, y para ello necesitan especificar las circunstancias sociales y las “lecciones de la vida” que alimentan esta visión desviada de la realidad. En esta tarea es importante ver qué diferencias existen entre este planteamiento y la teoría de Akers, analizada anteriormente. Como hemos visto, para Akers el aprendizaje social se produce a través de la imitación de modelos y el reforzamiento. Los individuos desarrollan definiciones favorables o desfavorables a la comisión de un delito como consecuencia de los modelos

a los que imitar y los refuerzos existentes en su vida diaria. La diferencia, con respecto a esta última teoría, de la de las “lecciones de la vida” es que en ésta “se cambia el énfasis desde el aprendizaje operante hacia los mensajes o principios comunicados por las circunstancias persistentes y recurrentes que comprenden la existencia diaria del individuo. Antes que centrarse en los programas o esquemas de reforzamientos, nosotros ponemos el énfasis en las lecciones implícitas en los patrones repetitivos de interacción que ocurren dentro del espacio personal de un sujeto” (pp. 554-555). Así pues, ya tenemos los dos pilares de la teoría: por una parte, las lecciones que los sujetos aprenden en determinadas circunstancias vitales a las que se exponen de forma recurrente, como consecuencia de sus experiencias vitales. Por otra parte, los esquemas cognitivos o formas de pensar a que dan lugar esas lecciones. Analicemos en primer lugar estas lecciones y esquemas, y luego nos detendremos en los ambientes o circunstancias vitales que las propician (ver cuadro 8.6.) Basándose en las investigaciones de la psicología social y del desarrollo, así como de la sociología cultural, Simon y Burt definen los esquemas sociales como “representaciones internalizadas de los patrones inherentes derivados de las interacciones sociales pasadas que guían el procesamiento [la comprensión] de las

futuras claves sociales” (p. 555). En otras palabras, son principios abstractos y disposiciones que se activan cuando estamos percibiendo una situación determinada y estamos considerando qué línea de actuación vamos a desarrollar. Los esquemas se componen, entonces, de principios simplificadores por los que vemos qué claves son importantes para entender una situación determinada y las probables consecuencias de diferentes cursos de acción. Estos esquemas son duraderos, ya que resultan de las lecciones aprendidas durante muchos años, y son generalizables a muchas situaciones de la vida. Para los autores, esas lecciones dan lugar a los siguientes esquemas cognitivos que son, en última instancia, los responsables del delito: una visión hostil de las relaciones, una gran focalización en obtener gratificación inmediata, y una visión cínica de las normas y leyes sociales. Cada uno de estos esquemas cognitivos cuenta con una abundante bibliografía criminológica que lo vincula con la mayor propensión a delinquir. Por ejemplo, hoy en día sabemos a ciencia cierta que los individuos que poseen una visión optimista, cálida y confiada de las relaciones participan de forma cooperativa con la gente, mientras que los sujetos que desconfían y ven con hostilidad las relaciones con los otros son más proclives a la agresión y a responder violentamente a lo que ellos perciben como amenazas y desafíos. Los “otros”

son considerados como enemigos potenciales —lo que dificulta la aparición de la empatía en esa relación—, a los que hay que dominar y controlar. La investigación apoya este argumento: un meta-análisis realizado con más de 100 estudios informó de la existencia de una asociación robusta entre una visión hostil de los otros y la agresión entre los jóvenes (Olivera De Castro et al., 2002); y los adultos delincuentes también muestran ese sesgo cognitivo (Vitale et al., 2005). El segundo esquema es el deseo perenne de gratificación inmediata, es decir, hacer caso omiso del futuro, y en este punto resulta redundante señalar de nuevo todo lo que sabemos acerca de la importantísima relación entre un bajo autocontrol y la agresión y la delincuencia, una de las más sólidas que existe en el campo de la criminología, y presente en varias de las teorías que aparecen en este libro: ya que el autocontrol implica inhibir los impulsos inadecuados y ser capaz de demorar la gratificación para obtener una recompensa futura mayor, es claro que a menor autocontrol, habrá mayor riesgo de implicarse en actividades delictivas (Wilson y Herrnstein, 1985; Gottfredson y Hirschi, 1990). El tercer esquema o patrón de pensamiento es la visión despegada y cínica de las normas y leyes, es decir, la creencia de que uno puede seguir con sus objetivos sin necesidad de atenerse a aquéllas, algo que tanto Akers

(1997) como Hirschi (1969) dejaron claro que se asocia con una mayor probabilidad de cometer delitos. Para los autores de esta teoría, estas tres formas de pensar, esquemas o patrones cognitivos de pensamiento, están interrelacionados entre sí, y se alimentan mutuamente. La razón es que estos esquemas provienen de experimentar un mismo tipo de ambientes. ¿Cuáles son estos?: “La investigación acumulada nos enseña que la exposición a la desorganización comunitaria, una disciplina inadecuada, amigos desviados, discriminación racial y otras circunstancias adversas incrementa la oportunidad de implicarse en actos delictivos” (p. 555). En otras palabras, las comunidades donde existe una eficacia colectiva (solidaridad entre los miembros), padres que disciplinan correctamente, control sobre los jóvenes infractores y una menor discriminación tenderán a enseñar lecciones a sus miembros que les lleven a generar esquemas mentales que favorezcan el comportamiento prosocial, y viceversa. Los dos tipos de ambientes enseñan diferentes lecciones con respecto a la naturaleza de las relaciones, el valor de la gratificación demorada y la autoridad de las convenciones sociales. “Consecuentemente, la exposición persistente a esas circunstancias negativas, y la falta de exposición a las condiciones positivas, incrementan las oportunidades de desarrollar esquemas sociales del tipo

de una actitud hostil hacia los demás, una atención focalizada en las recompensas inmediatas y una visión cínica acerca del cumplimiento de las leyes” (p. 582). Finalmente, hemos de decir que esos tres esquemas cognitivos se integran en una estructura de conocimiento que conduce al delito porque, como hemos señalado antes, alimentan la definición negativa (hostil, centrada en lo inmediato, sin que las normas sean de mucha aplicación) de las situaciones por las que atraviesa el sujeto, lo que le lleva a cometer actos agresivos, oportunistas y delictivos. El cuadro siguiente ilustra el modelo de los autores. En este, las “lecciones que uno aprende” del lugar en el que vive desarrollan la estructura mental criminógena que, a la postre, es la responsable del delito del sujeto, porque promueve definiciones que, en la situación concreta, fomentan esa línea de acción. Los amigos desviados figuran de manera aislada en ese gráfico porque, dada su gran importancia como factor vinculado al delito, reconocida por gran número de teorías criminológicas, transmitirían al sujeto esas lecciones que generan finalmente los esquemas cognitivos antisociales. Simon y Burt (2011) pusieron a prueba su modelo mediante el empleo de las cuatro primeras oleadas de una investigación longitudinal desarrollada en Georgia e Iowa (Estados Unidos), que analiza la influencia de los factores

comunitarios y familiares en el desarrollo de la delincuencia de niños afroamericanos. Los autores analizaron el desarrollo de la delincuencia entre la edades de los 12 y los 18 años, desde 1997 hasta 2005. Los resultados confirmaron de modo sustancial la hipótesis central de los autores, esto es, que la exposición persistente a determinadas condiciones de desorganización social incrementa la participación de los jóvenes en los esquemas cognitivos y sociales interrelacionados que, a su vez, conforman una estructura cognitiva latente. El incremento en puntuaciones en esta estructura cognitiva criminógena predijo, así mismo, un aumento en las tasas delictivas de los sujetos. Una virtud de este modelo es que ayuda a comprender mejor y simplificar la contribución de teorías previas como las de Gottfredon y Hirschi (1990) y la de Akers (1997). Su principal debilidad desde el punto de vista de la comprobación de la teoría, es que no pudieron poner a prueba un elemento esencial de la teoría, a saber, que son las definiciones negativas de la situación (resultado de interpretar el sujeto su ambiente inmediato con su estructura cognitiva delictiva) las que causan el delito al fin. Pero sin duda es atractivo este modelo, porque establece el patrón cognitivo delictivo entre los factores ambientales y el delito consumado; en otras palabras, esta teoría

establece una especie de “mente criminal” que, enfrentada a una situación que le puede proveer beneficios, no duda en actuar de forma antisocial, gracias a que no le gusta demorar la gratificación, ve a los demás de forma hostil, y no cree en las leyes de la sociedad. Habrá que seguir con atención la investigación que genere este modelo en los próximos años. CUADRO 8.5. Esquema de la teoría de “las lecciones de la vida”, Simon y Burt (2011)

PRINCIPIOS CRIMINOLÓGICOS Y POLÍTICA CRIMINAL 1. Unas reglas firmes y un afecto demostrado día a día parecen ser la receta más eficaz para establecer un buen apego padres-hijos. Esto dificulta la aparición de la

delincuencia juvenil. 2. A pesar de algún ligero incremento delictivo en los últimos años, las chicas son mucho menos delincuentes que los chicos. Parece innegable que hay una interacción entre factores biológicos y ambientales para explicar este hecho. Parece lógico deducir de lo anterior que una cierta “feminización” en la socialización de los varones tendría consecuencias positivas para la reducción de la delincuencia; en especial parece sensato desarrollar más una “ética de cuidado y preocupación”, que es más característica de la sensibilidad de las mujeres, a diferencia de los procesos más abstractos sobre “justicia” y “bien común”, más típicos de los varones, los cuales en la práctica parece que se comprometen menos personalmente y permiten en mayor medida las situaciones de violencia que se producen en la vida diaria. 3. Algunas personas tienen más dificultades que otras en aprender de la experiencia; son más inquietas, necesitan “vivir las cosas con más intensidad” y en algunas ocasiones su control emocional es muy precario. En determinadas circunstancias ambientales, estas personas tendrán más probabilidades que otras de desarrollar una carrera delictiva. 4. La delincuencia es esencialmente el resultado del aprendizaje que individuos de cualquier clase y cultura realizan de comportamientos y valores delictivos, a través de los diversos mecanismos del aprendizaje. 5. Mediante condicionamiento respondiente (o por asociación de estímulos) las personas aprenden sobre todo comportamientos automáticos y emocionales. Estos procesos juegan un papel importante, por ejemplo, en la delincuencia sexual. 6. Ley empírica del efecto: las consecuencias de una conducta son un determinante decisivo de su probabilidad futura. Las consecuencias gratificantes, o de refuerzo, tienden a mantener el comportamiento delictivo, mientras que las punitivas, o de castigo, tenderán a suprimirlo. 7. La justicia penal resulta poco efectiva para reducir la conducta delictiva de los delincuentes, ya que ni los castigos que se aplican son inmediatos, ni son castigadas todas las conductas delictivas, ni se refuerzan otros comportamientos alternativos de carácter prosocial. Además, el castigo provoca serios trastornos emocionales a los individuos que lo sufren. 8. En el aprendizaje del comportamiento delictivo deben diferenciarse dos procesos sucesivos y concatenados: el aprendizaje inicial y la repetición de la conducta o, en términos criminológicos, la reincidencia. 9. El aprendizaje inicial de la conducta delictiva se produce a partir del balance entre (1) las definiciones aprendidas por el sujeto —favorables a la delincuencia—, (2) la imitación de modelos delictivos, y (3) la ponderación anticipada entre refuerzos y castigos esperables de la conducta ilícita. 10. Unas condiciones ambientales en el proceso de socialización facilitan el aprendizaje de esquemas cognitivos o sociales que, a su vez, facilitan la comisión

de actos delictivos al otorgar justificación al sujeto que delinque. CUESTIONES DE ESTUDIO 1. ¿Cómo se relaciona la educación de la familia y la delincuencia? 2. ¿Qué factores de riesgo podrían ser diferentes en el caso de la delincuencia femenina con respecto a la masculina? 3. ¿Cuántos tipos hay de inteligencia? 4. ¿En qué consiste la llamada “inteligencia interpersonal”? 5. ¿Cómo puede contribuir la falta de inteligencia general a la delincuencia? 6. ¿Qué es lo que origina la conducta delictiva, según Eysenck? 7. ¿Cuáles son los principales presupuestos criminológicos de la teoría de la asociación diferencial de Sutherland? 8. ¿En qué consiste el principio de asociación diferencial? 9. ¿Puedes poner algunos ejemplos de cómo los niños aprenden ciertas conductas mediante procesos de aprendizaje respondiente, operante y por imitación? 10. ¿Qué papel juegan las definiciones en el aprendizaje de la delincuencia? ¿Qué son definiciones generales y específicas? 11. ¿Qué son los refuerzos sociales? 12. ¿Qué añade la teoría de Akers a la teoría de Sutherland? 13. ¿Qué dice la teoría de “las lecciones de vida”? 14. ¿Qué teoría o modelo explicativo crees que podría aplicarse para la explicar la actividad delictiva de los personajes principales que aparecen en películas como El Padrino, Uno de los nuestros o Gomorra?

1 La varianza explicada es una medida estadística del grado en que una variable da cuenta de otra variable. En este caso, de la magnitud en que la variable integración en la familia explica la menor o mayor conducta delictiva de los jóvenes. 2 En todos los estudios con delincuentes generalmente se utilizan dos grupos; uno, de delincuentes, que es el que realmente se estudia, y otro al que se conoce como “de control” que permite la comparación a partir de una población no delictiva con características y condiciones semejantes a las del grupo de análisis. 3 La película de Woody Allen “Delitos y faltas” (1989) es un excelente análisis de los sufrimientos y remordimientos que una persona con buenas habilidades cognitivas ha de arrastrar cuando decide cometer un asesinato. 4 Una teoría de la delincuencia que guarda semejanzas con la teoría de Eysenck es la teoría de las tendencias delictivas heredadas de Sarnoff Mednick y colaboradores (Mednick y Christiansen, 1977; Mednick et al,

1987; Brennan et al, 1995). Esta teoría propone que los sujetos más susceptibles a las influencias criminógenas son aquéllos que poseen un sistema nervioso autónomo (SNA) más lento para ser estimulado y para responder a los estímulos (Akers, 1997). Ello hace que estos individuos aprendan con mayor lentitud a controlar sus comportamientos antisociales y, por tanto, que tengan una mayor probabilidad de convertirse en delincuentes. Al igual que Eysenck, Mednick considera que “la reducción de la ansiedad (que sigue de manera inmediata a la inhibición de la agresión) puede funcionar como un reforzador de esta inhibición y producir así el aprendizaje del control de las conductas agresivas” (Curran y Renzetti, 1994: 71). 5 Romero et al. (1999, p. 81) destacan que la impulsividad junto con la incapacidad para demorar la gratificación y la dificultad para focalizar la atención en el futuro (orientación temporal orientada al presente) podrían constituir un “estilo cognitivo-conductual de la impulsividad”. 6 El fisiólogo ruso Ivan Pavlov (1849-1936), que recibió el premio Nobel en 1904, fue el principal descubridor, a partir de previos trabajos de Sechenov, del denominado condicionamiento clásico o respondiente. Mientras estudiaba los procesos de digestión de los perros observó que la respuesta de salivación, que se producía “naturalmente” en el animal ante la presencia de comida, se acababa asociando a diversos estímulos auditivos (como el ruido que producía la puerta de la jaula al abrirse o el sonido de una campana) que precedían a la entrega del alimento. Estos estímulos auditivos, que no precipitaban la respuesta de salivación en un principio, la acababan produciendo como resultado de su repetido apareamiento con la comida. Nació el concepto de reflejos condicionados o de condicionamiento respondiente. Pavlov comprendió que asociando espacio-temporalmente el estímulo comida (estímulo incondicionado o EI para la respuesta de salivación) con diversos tipos de estímulos neutros (EN) como sonidos u olores, estos últimos adquirían la capacidad de producir una respuesta condicionada de salivación (RC), semejante a la respuesta salivar incondicionada (RI) producida por la propia comida. 7 Una segunda etapa de hallazgos sobre los procesos de aprendizaje se inició cuando se descubrió, especialmente a partir de los trabajos del conocido psicólogo norteamericano B. F. Skinner (1904-1990), el proceso de reforzamiento operante. Skinner y otros autores sostienen que, aunque

algunas conductas animales y humanas se adquieren mediante asociación estimular, la mayoría se aprenden por ensayo y error a partir de la exploración del ambiente. Las conductas que tienen para el individuo consecuencias positivas se instauran en su repertorio de comportamiento, mientras que aquéllas que no tienen consecuencias favorables se extinguen. Las personas llevan a cabo diferentes conductas que pueden tener consecuencias diversas. De acuerdo con los principios del aprendizaje, las consecuencias que siguen al comportamiento pueden ser de dos tipos: a) de refuerzo: son aquellas consecuencias, que, cuando siguen a la conducta, hacen que aumente la probabilidad futura de esa conducta. (Por ejemplo, es muy probable que un joven delincuente que acaba de robar una cartera que contiene diez mil pesetas lleve a cabo de nuevo conductas semejantes); b) de castigo: son aquellas consecuencias que si se producen después de una conducta determinan, en principio, que ésta no se repita en el futuro. La ley más importante del modelo de aprendizaje operante es la denominada ley empírica del efecto (formulada por Thorndike y Skinner). Establece que las consecuencias de una conducta son un determinante de la probabilidad futura de esa misma conducta. 8 El último modelo que fundamenta los principios psicológicos del aprendizaje es el denominado modelo de aprendizaje social o imitativo, o también llamado aprendizaje vicario. Fue desarrollado por Albert Bandura y Richard H. Walters, en 1963, en su conocida obra Social Learning and Personality Development (edición en español: Bandura y Walters, 1983, Aprendizaje social y desarrollo de la personalidad) y en otras obras posteriores de Bandura. La constatación inicial de la que parte el modelo de aprendizaje por imitación es la misma que a finales del siglo XIX había efectuado Gabriel Tarde en las Leyes de la imitación: los seres humanos aprendemos conductas, sobre todo, imitando a otras personas que las llevan a cabo. En definitiva, aprendemos a través de la mediación de los procesos cognitivos, que nos permiten observar, imaginar, pensar y ponernos en el papel de otras personas que efectúan determinadas conductas y obtienen consecuencias por ello. Este aprendizaje se produce sin necesidad de que nosotros realicemos las conductas del modelo en el preciso instante en que las observamos. 9 En teoría, desde la perspectiva del aprendizaje operante, si castigamos una

conducta, haciendo que sea seguida de un estímulo aversivo, la conducta se debería reducir. Según ello, si a un delito le sigue un castigo, por ejemplo una pena de privación de libertad, ese delito no debería repetirse. Sin embargo, sabemos que esto no ocurre siempre así. ¿Por qué? La primera razón es que el sistema penal suele funcionar, en relación con la delincuencia, de manera opuesta a los llamados principios de efectividad del castigo, que exigen que éste sea administrado de modo inmediato, cierto e intenso: en efecto, la condena cuando llega es mucho después de haberse cometido el delito, no se castigan con ella todas las conductas que se desean eliminar (el sujeto puede haber cometido otros muchos delitos no descubiertos), y su intensidad, aunque la condena sea muy dura, no siempre vence la adaptación del individuo al ambiente carcelario. Por otra parte, la condena penal tampoco suele reforzar conductas alternativas a las delictivas, o no lo hace con la frecuencia necesaria. El segundo tipo de inconvenientes del castigo se refiere a sus efectos perjudiciales sobre la conducta humana. Entre ellos destacan los siguientes (Skinner, 1977; Bayés, 1980; Redondo, 1993): la aplicación de estimulación aversiva o de castigo no enseña, per se, nuevas conductas sociales a los sujetos; el castigo solo reduce la conducta mientras es aplicado; provoca graves trastornos emocionales que dificultan el aprendizaje de nuevos comportamientos sociales; precipita respuestas agresivas en las personas que son castigadas; produce la evitación del agente punitivo, es decir de aquéllos que lo aplican; y aumenta la probabilidad de imitación de su uso por parte de otras personas. Edwin H. Sutherland

El clásico de Sutherland Principios de Criminología

El influyente libro de Akers donde retoma el legado de Sutherland

9. ETIQUETADO, CONFLICTO, Y CONDICIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 9.1. INTRODUCCIÓN: CONCEPTOS FUNDAMENTALES 415 9.2. ETIQUETADO Y CONTROL SOCIAL 416 9.2.1. Criminología oficial y análisis de la desviación 416 9.2.2. Desviación primaria y secundaria 418 9.2.3. Etiquetado y desviación 419 9.2.4. Valoración crítica y empírica 423 9.3. TEORÍA DE LA VERGÜENZA REINTEGRADORA 424 9.4. PERSPECTIVAS DEL CONFLICTO Y CRIMINOLOGÍAS CRÍTICAS 427 9.4.1. Valoración crítica y empírica 430 9.5. CONDICIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 433 9.5.1. Pobreza y delincuencia 433 9.5.2. ¿Pobreza o desigualdad? 435 9.5.3. Barrios y delito 436 9.5.4. Pobreza y victimización 437 9.5.5. Desempleo y criminalidad 437 9.5.6. Crisis económica y delincuencia 439 9.5.7. Dificultades de la investigación sobre carencias económicas y delito 442 9.6. PERSPECTIVAS FEMINISTAS 444 9.7. CRIMINOLOGÍA APLICADA Y REALISMO CRÍTICO 448 9.8. TEORÍA DEL APOYO SOCIAL 454 9.8.1. Delito y naturaleza humana 456 9.8.2. Aval en la investigación 456 9.8.3. Atractivo de la idea de apoyo social 458

9.8.4. Propuestas preventivas 460 A) Intervención temprana 460 B) Reafirmar el ideal de la rehabilitación de los delincuentes 461 C) Generar reformas sociales y culturales más amplias 461 9.9. POSTMODERNIDAD Y CRIMINOLOGÍA 462 PRINCIPIOS CRIMINOLÓGICOS Y POLÍTICA CRIMINAL 463 CUESTIONES DE ESTUDIO 463

9.1. INTRODUCCIÓN: FUNDAMENTALES

CONCEPTOS

En este capítulo se agrupan distintas perspectivas criminológicas desarrolladas desde los años sesenta hasta nuestros días, incluyendo la teoría del etiquetado, las teorías críticas o del conflicto, las investigaciones y modelos sobre condiciones sociales y económicas y delito, las teorías feministas, el realismo crítico, la teoría del apoyo social, y los planteamientos postmodernos. Cada uno de estos sectores teóricos presenta, como es lógico, especificidades y matices propios. Sin embargo, todos ellos comparten algunos elementos comunes (Bernard et al., 2010; Tibbetts, 2012; Walsh, 2012): 1. Suponen un cierto cuestionamiento y reacción contra la Criminología más tradicional, fundamentada en un paradigma de consenso normativo, cuyo presupuesto de partida es concebir la delincuencia como una realidad factual, como un problema social objetivo, que debe ser

explicado y atajado con medidas diversas. 2. El paradigma, o concepción de base, de las teorías aquí englobadas es, por el contrario, conflictual: se interpreta que la delincuencia, y los delincuentes, solo existen en la medida en que los mecanismos de control establecidos los definen y los tratan como tales. 3. Según ello, las leyes y la justicia no son una mera consecuencia resultante de la delincuencia objetiva existente en la sociedad. Las leyes son creadas para definir ciertos comportamientos, que generalmente son propios de los sujetos y grupos más frágiles (desde el punto de vista económico, cultural o racial), como indeseables y delictivos. Y a continuación, los instrumentos de control establecidos completan la tarea, condenando y segregando a tales individuos. Así pues, los mecanismos de control social son los que en realidad definen, crean y amplifican la delincuencia. 4. Las principales prescripciones programáticas y aplicadas, no son estudiar las características de los delincuentes o tratar sus conductas problemáticas, sino reivindicar los derechos de los grupos marginados y controlados, redefinir el significado de la delincuencia como construcción social, y mejorar las sociedades en términos de una mayor igualdad y justicia social.

9.2. ETIQUETADO Y CONTROL SOCIAL

9.2.1. Criminología oficial y análisis de la desviación Entre los principales autores de las teorías del etiquetado, o labeling, estuvieron Frank Tannembaum, Erving Goffman, Edwin Lemert y Howard S. Becker (DeLisi y Beaver, 2011), a los que Matza (1981) se refirió como la Nueva Escuela de Chicago. Al igual que para los primigenios autores de la Escuela de Chicago, su metodología fundamental fue la observación directa y el trabajo de campo. Dirigieron su atención hacia los procesos de conversión de los individuos en desviados, o mecanismos de creación de la desviación (Tibbetts, 2012). Para Matza (1981: 21-22), la definición más directa de desviación es la de “salirse fuera… de un camino o de una pauta”, lo que puede implicar salirse de “la claridad del camino, la distancia al camino, los auspicios bajo los cuales el camino se construye o recomienda, según que uno se salga del camino solo o en compañía de otros, según el castigo que se le inflija, según los motivos que se atribuyan a los que se salen (…); hay muchos tipos de desviación y… la desviación es, en cierta medida, una cuestión de grado”. Con anterioridad, el sociólogo Norbert Elias (1993 [1936]) había sugerido el proceso de etiquetado en los siguientes términos: “Hoy es tan fuerte el círculo de preceptos y regulaciones en torno a los seres humanos, es

tan fuerte la censura y la presión de la vida social que forman sus hábitos, que los niños no tienen más que una alternativa: o bien se someten a la conformación socialmente exigida del comportamiento, o bien quedan excluidos de la vida en la sociedad ‘moralizada’. El niño que no consigue alcanzar el grado de configuración emocional socialmente exigida es considerado como ‘enfermo’, ‘anormal’, ‘criminal’ o simplemente imposible en distintas gradaciones y siempre desde el punto de vista de un casta o clase determinadas de cuya vida, en consecuencia, queda excluido” (Elias, 1993, p. 182). La perspectiva del etiquetado fue muy influyente a partir de los años sesenta del pasado siglo XX, remplazando en el favor de los académicos a las teorías de la tensión (anomia y subculturas) en la explicación del fenómeno delictivo. Supuso, en las décadas de los sesenta y setenta, una reacción contra los presupuestos básicos de la Criminología oficial, de corte positivista extremo. Se consideró que la Criminología estaba ensimismada en pequeñas cuestiones de corte práctico (diagnóstico de los delincuentes, tratamientos, etc.), pero muy alejada de problemas fundamentales, como eran la propia definición y construcción de la delincuencia por parte de los mecanismos de control (Bergalli, 1983; Lilly et al., 2007; Rivera, 2004; Scull, 1989). Según Matza, la Criminología habría orientado sus esfuerzos esencialmente hacia el

estudio de los individuos desviados, poniendo el énfasis en la identificación de las circunstancias antecedentes que habían propiciado su desviación, y teniendo como propósito exclusivo su corrección. Sin embargo, la Criminología olvidaba analizar a los auténticos productores de desviación: el estado, los mecanismos de control, todos aquellos estamentos que definen a ciertos sujetos como desviados e instan a su control. Éstos fueron los temas fundamentales de que se ocuparon los teóricos del etiquetado. Para ello emplearon como metodologías básicas la observación naturalista y el trabajo de campo, con el objetivo de descubrir la significación de las interrelaciones entre el proceso de desviación y diversos elementos del control, como la prohibición de ciertos comportamientos, la detención de los infractores, el encasillamiento, la exclusión, y la construcción de la identidad de desviado. Un ejemplo para ilustrar lo que podría constituir una perspectiva criminológica clásica y una desestigmatizante: en el siglo XIX el infanticidio era muy frecuente y se consideraba, como también ahora, un delito muy grave. Se trataba, a menudo, de una chica joven y soltera que no se atrevía a decir a nadie que se había quedado embarazada, daba a luz sola y escondida, abandonando o dejando morir después al recién nacido. Los primeros criminólogos positivistas, como Lombroso

y otros, realizaron estudios sobre la personalidad de las autoras de estos delitos y sobre las patologías mentales que les impelían a tal atrocidad. No se tomaban en cuenta aspectos como la responsabilidad del padre del bebé, que tal vez había abandonado a la joven en ese trance difícil, ni su posible carencia de recursos para mantener al recién nacido, ni, por supuesto, menos aún, se entraba en la recomendación de métodos anticonceptivos o del aborto para prevenir estas graves situaciones y consecuencias. Sin embargo, con el tiempo, los análisis valorativos y científicos han invertido sus consideraciones y enfoques al respecto del fenómeno del infanticidio, y muy probablemente ha sido la generalización del empleo de métodos anticonceptivos, y también la utilización del aborto, lo que ha llevado a una casi completa erradicación del delito de infanticidio en las sociedades desarrolladas. El proceso que condujo con el tiempo a la prevención del infanticidio fue en conjunto algo natural, producto del desarrollo social, la cultura y el paulatino reconocimiento de los derechos de las mujeres, no siendo el resultado específico de un previo análisis basado en el etiquetado. Pese a todo, la realidad descrita puede ejemplificar bien lo que sería un análisis directo, poco matizado y aparente, de un fenómeno delictivo como el infanticidio, y una perspectiva más profunda y sutil, que se pregunta por las raíces y el trasfondo del mismo problema criminal. Una idea parecida, de variación de enfoque, podría trasladarse

a los análisis de otros problemas actuales de infracción y delincuencia.

9.2.2. Desviación primaria y secundaria Lemert (1973; 1981) introdujo, en el marco de la teoría del etiquetado, una distinción conceptual importante entre desviación primaria y desviación secundaria. La desviación primaria correspondería a la acción delictiva inicial de un sujeto (Tibbetts, 2012), cuya finalidad podría ser resolver alguna necesidad material o psicológica, o bien acomodar su conducta a las expectativas de un grupo subcultural o delictivo, como podría ser el caso de muchos delitos y agresiones juveniles. La desviación secundaria haría referencia a la repetición de los actos delictivos, especialmente a partir de la asociación forzada del individuo con otros sujetos delincuentes, como resultado de su detención, de su procesamiento y de su encarcelamiento (Lilly et al., 2007; Siegel, 2010). Este proceso probablemente explicaría algunos de los efectos criminógenos que puede tener el sistema de justicia sobre los propios delincuentes, especialmente los jóvenes (Liebling y Maruna, 2005; Maruna, LeBel, Mitchell y Naples, 2004; McAra y McVie, 2007).

9.2.3. Etiquetado y desviación Conklin (2012) esquematizó la teoría del etiquetado tal

y como aparece en el cuadro 9.1. La teoría señala que cuando se produce una desviación primaria, o infracción inicial, y el individuo es etiquetado como desviado/delincuente, a lo que suelen seguir consecuencias legales (prisión, etc.), se desencadenarían dos procesos interrelacionados: 1) se reforzaría el autoconcepto del sujeto como desviado/delincuente; y 2) aumentaría su exposición a contextos subculturales, por el contacto forzado con delincuentes, lo que incrementaría las oportunidades y modelos delictivos (Bernburg y Krohn, 2003; Lemert, 197?, 1981; Walsh, 2012). Dentro de la subcultura delictiva el autoconcepto del individuo podría cambiar a través de dos mecanismos principales: a partir de su asociación diferencial con sujetos infractores, y como resultado de la interiorización de la etiqueta de “desviado” o “delincuente”, que le asigna la sociedad cuando le detiene, procesa y condena. En ambos casos se hace relevante el interaccionismo simbólico, es decir, la adscripción al individuo por parte del sistema de justicia, mediante los oportunos símbolos verbales y de acción, de los ritos del “etiquetamiento”, proceso que pusiera de relieve George H. Mead en sus estudios antropológicos (Mead, 1934). Mediante todos estos mecanismos (cambio del autoconcepto, nuevas oportunidades antisociales, y marginación subcultural), el proceso de etiquetamiento puede favorecer nuevos

episodios de desviación secundaria, o repetición delictiva (DeLisi y Beaver, 2011). CUADRO 9.1. La perspectiva del etiquetado

Fuente: Conklin, J. E. (1995). Criminology. Needham Heights (EEUU): Collin and Bacon, p. 270.

En palabras de Howard Becker (Becker, 1971: 19), “los grupos sociales crean la desviación al hacer las reglas cuya infracción constituye la conducta desviada, y al aplicar tales reglas a ciertas personas en particular y calificarlas de marginales. Desde este punto de vista, la desviación no es una cualidad del acto cometido por la persona, sino una consecuencia de la aplicación que los otros hacen de las reglas y las sanciones para un ‘ofensor’. El desviado es una persona a quien se ha podido aplicar con éxito dicha calificación; la conducta desviada es la conducta así llamada por la gente”. Según Matza (1981: 24), “los fenómenos desviados son comunes y naturales (…) una parte normal e inevitable de la vida social, lo mismo que su denuncia, su regulación y su prohibición”. Se considera que los mecanismos de atribución de significado tendrían un gran peso en la explicación de la conducta delictiva, y de la posterior reincidencia, o desviación secundaria, de algunos individuos. Se interpreta la desviación como algo relativo, más o menos alejado de la norma, que no como una división absoluta entre lo desviado y lo no desviado; como algo construido y variable en el tiempo, en los lugares y contextos diversos. Cualquier concepción sobre lo que es o no

desviado comporta inevitablemente cierto nivel de ambigüedad, como así lo expresó Talcott Parsons (Matza, 1981: 23): “Existe cierta relatividad en las concepciones de la conformidad y la desviación… No es posible hacer un juicio sobre la desviación… sin referencia específica al sistema al que tal juicio se aplica. La estructura de las pautas normativas, en cualquier sistema que no sea el más simple, es siempre intrincada y, normalmente, dista mucho de estar completamente integrada; por consiguiente, singularizar una pauta cualquiera sin referencia a sus conexiones con un sistema de pautas, puede conducir al error…”. El etiquetamiento de los individuos podría favorecerse tanto a partir del sistema penal adulto como del de justicia juvenil. Por ejemplo, en un análisis sobre el sistema de justicia juvenil de Escocia, a partir de datos procedentes del Edimburg Study of Youth Transitions and Crime, McAra y McVie (2007) hallaron que los procesos de etiquetado que se producen en el seno de las culturas profesionales de la justicia juvenil, favorecerían un mayor control de algunas categorías juveniles, que reúnen ciertas características típicamente sospechosas (en el vestir, el modo de hablar, hábitos, etc.), mientras que jóvenes que no responden a dichas características, aunque puedan haber realizado infracciones más graves, serían más fácilmente pasados por alto. De ahí que una prescripción

importante de estos autores sea la intervención mínima del sistema de justicia juvenil, priorizando, por el contrario, los sistemas de derivación a la comunidad. Una vez adquirido el estatus de desviado/delincuente, este estigma sería muy difícil de cambiar, por dos razones: una, por la dificultad para que la comunidad acepte nuevamente al individuo etiquetado; y otra, porque la experiencia de ser considerado delincuente, y la publicidad que ello comporta, suelen culminar, según lo ya visto, un proceso de cambio del autoconcepto hacia la autopercepción como desviado/delincuente (DeLisi y Beaver, 2011). Por ejemplo, Aresti, Eatough y BrooksGordon (2010) analizaron los procesos de desistimiento del delito en una pequeña muestra de cinco sujetos, concluyendo que uno de los principales obstáculos que se encontraban al intentar incorporarse a la sociedad era su permanente etiquetamiento como “ex delincuentes”. Es decir, los mecanismos de conversión de alguien en desviado/delincuente podrían ser consumados por las propias instituciones que hipotéticamente tienen como finalidad erradicar la desviación, como hospitales psiquiátricos, reformatorios y cárceles (Giddens, 2009). Una explicación menos simbólica y más instrumental sobre la acción criminogénica del etiquetado la dieron Bernburg y Krohn (2003) al considerar que el riesgo de desviación secundaria, o delincuencia futura, aumentaría

en la medida en que a los sujetos controlados se les priva, en momentos clave de su vida, de posibles oportunidades de actividades convencionales (educativas, laborales, de vinculación afectiva, etc.). Es decir, según esta perspectiva, al segregar a individuos jóvenes de la comunidad, se les estaría poniendo en riesgo de desventajas estructurales para su futuro como adultos socialmente integrados, lo que incrementaría su riesgo delictivo. Tales desventajas pueden tener también una continuidad posterior. Por ejemplo, Hipp, Petersilia y Turner (2010) hallaron, a partir de una muestra de liberados condicionales en el estado norteamericano de California, una clara relación entre el tipo de barrios a los que los sujetos retornaban y su probabilidad de reincidencia delictiva. En concreto obtuvieron que la reincidencia se asoció tanto a la mayor concentración de problemas en el barrio como a una menor disponibilidad de servicios sociales. También Foucault interpretó la delincuencia como una categoría social producto de los diversos mecanismos de control social dirigidos al logro de una ciudadanía dócil y conformista (Foucault, 1991, 1992). Asimismo, Reiman (1979), quien adujo que, en las sociedades modernas, muchas definiciones de la delincuencia y de las estructuras de control serían la opción más fácil y contundente, adoptada por un sistema social altamente

competitivo y excluyente de muchos, constituyendo una solución represora que rehuiría la obligación de asegurar una vida digna al conjunto de los ciudadanos. Frente a ello, Reiman (1979) considera que el sistema de justicia debería invertir las presiones sistemáticas y las desigualdades del sistema económico capitalista del que forma parte, confrontando abiertamente a los sectores más ricos y poderosos de la sociedad. Sin embargo, la oposición para evitar tal confrontación limitaría constantemente la visión de los agentes de control, que acabarían luchando contra la criminalidad en una dirección inadecuada e insuficiente, regenerando la delincuencia contra la que supuestamente pelean. En direcciones semejantes reflexionaron autores como Greenberg, quien analizó la relación entre delincuencia y jerarquías de poder por razón de edad, clase social y raza, y Wallace y Humphrie, quienes estudiaron, mediante técnicas de análisis de regresión, el efecto que el incremento de la acumulación de capitales produciría en las tasas de delincuencia urbana (Pfohl, 2009). Un proceso que también contribuye al etiquetado es el de amplificación de la desviación, consistente en la magnificación artificial de un problema social, como el fenómeno delictivo global, o bien ciertos comportamientos delictivos específicos. La amplificación resulta del encadenamiento de acciones y reacciones, que

van desde la desviación primaria inicial de un individuo o grupo (a partir, por ejemplo, de la comisión de un pequeño hurto), pasando por la actuación firme de las agencias de control (por ejemplo, mediante la detención), hasta la publicitación de nuevos hechos semejantes, o desviación secundaria, que daría lugar a nuevas reacciones y controles sociales crecientes (Lemert, 1981). Diversos autores españoles han sugerido que muchas de las reformas penales que se producen en España, y que tipifican cada vez más conductas como delitos, rayarían en muchos casos en concepciones de política criminal autoritarias, e incluso totalitarias (Maqueda Abreu, 2003; Landrove Díaz, 2003). Díez Ripollés (2005) valoró que algunas de estas propuestas pueden suponer “una desaparición de actitudes tolerantes hacia conductas desviadas o simplemente no convencionales, inherentes a toda sociedad abierta y pluralista” (p. 28).

9.2.4. Valoración crítica y empírica Una crítica frecuente a la perspectiva del etiquetado ha sido considerarla un acercamiento en exceso vago y asistemático, como para merecer la consideración de teoría formal. Algunos la han reducido al estatus de teoría sensibilizadora sobre la desviación o sobre los desviados, más que auténtica visión analítica de estos problemas. También se ha censurado su falta de rigor metodológico

y conceptual al analizar las instituciones de control y los factores estructurales que constituyen sus principales objetivos. Los teóricos del etiquetado se defendieron de esta crítica aduciendo que tales limitaciones metodológicas eran irrelevantes, al no constituir el método científico estándar una prioridad instrumental en sus análisis (Scull, 1989). Es decir, los proponentes del etiquetado no pretenderían analizar, con la precisión de la metodología positiva, las situaciones y factores sociales inmersos en la desviación y el delito. Su propósito principal sería examinar específicas situaciones de interacción entre sujetos controlados y estamentos controladores, para ver sus efectos perjudiciales. Giddens (2009) señaló dos reproches fundamentales que podrían hacerse a la teoría del etiquetado o de la reacción social. El primero es que, al dirigir exclusivamente su atención al proceso de etiquetamiento de los individuos, se soslaya atender a los factores y mecanismos que podrían influir sobre la desviación primaria, antes de que se haya producido etiquetado alguno. Resultaría una pretensión a todas luces excesiva que el etiquetamiento de un sujeto fuera completamente autodeterminado por el sistema de justicia, sin dependencia alguna de factores como los problemas de socialización, sus actitudes y conductas antisociales, u bien las oportunidades delictivas que se le han presentado. En segundo lugar, no cuenta con

pleno aval empírico que el proceso de etiquetado tenga per se la capacidad, que le atribuye la teoría, de fomentar la futura conducta delictiva. Cuando un individuo es detenido y condenado por un delito, son muchos los factores implicados en el proceso subsiguiente —entre los que está el propio etiquetamiento, pero también el contacto forzado con otros delincuentes dentro de la prisión, las condiciones de cumplimiento de la condena, el truncamiento de sus relaciones sociales, etc.—, como para que puedan atribuirse a uno solo de estos factores, el etiquetado en sí, los efectos globales observados en el individuo. Además, la consideración de las conductas infractoras como una mera construcción social resultaría cuestionable, al menos para aquellos delitos que muestran sólida consistencia transcultural y temporal, tales como el homicidio, el robo, la violación o el secuestro. En estos, y otros hechos que universalmente se consideran delitos graves, su prohibición y castigo legal parecen más el resultado de exigencias reales de la convivencia social que de la pretensión sesgada de mantener el statu quo imperante. Por otro lado, muchas víctimas de delitos comunes, como los mencionados, pertenecen a los mismos sectores sociales que los delincuentes que los cometen, por lo que negar tales hechos, confiriéndoles la mera entidad de construcciones sociales, y cuestionando

así el derecho y la competencia del estado para su control, sería tanto como ignorar o negar el sufrimiento y los derechos de las víctimas. Pese a estas duras críticas, entre las que son importantes las de cariz metodológico, es necesario reconocer que la teoría del etiquetado supuso una aportación innovadora para los análisis de los procesos de desviación y de delincuencia. En particular, su constatación del efecto que los mecanismos de control podrían tener en la creación y amplificación de la desviación, constituye un avance de gran calado para la Criminología (Rock y McIntosh, 1974). Además, la teoría del etiquetado ha recibido apoyo empírico en diferentes estudios posteriores. Por ejemplo, Chiricos, Barrich y Bales (2007), analizando, en el Estado de Florida, una muestra de 95.919 condenados que habían recibido el calificativo público de delincuentes, hallaron que dicho etiquetado —que podría interpretarse como un estigma de exclusión comunitaria— se asoció a una mayor probabilidad de reincidencia, especialmente en el caso de las mujeres, los blancos y los delincuentes de inicio tardío. Cid (2009) comparó una muestra de 179 delincuentes condenados a prisión en Cataluña en 1998 con 304 a quienes se había dejado en suspenso la sentencia, lo que implica que no ingresaron en prisión, hallando una superior tasa de reincidencia de los que

fueron encarcelados frente a los que no.

9.3. TEORÍA DE LA REINTEGRADORA

VERGÜENZA

La teoría de la vergüenza reintegradora se ha situado aquí entre los desarrollos modernos de las teorías del etiquetado, debido a su conexión conceptual con estas perspectivas, aunque también guarda ciertas semejanzas con las teorías del control social informal (como la teoría de los vínculos sociales de Hirschi) y con otras teorías integradoras recientes. El libro de John Braihwaite “Crimen, vergüenza y reintegración” abrió nuevas fronteras para la comprensión de la rehabilitación de los delincuentes y la exclusión social.

La teoría de la vergüenza reintegradora fue formulada originalmente por el profesor australiano Braithwaite, en su libro Crime, Shame and Reintegration (1989), dando lugar a diversas referencias y análisis en publicaciones internacionales posteriores (Siegel, 2010). Según la teoría de la vergüenza reintegradora, múltiples circunstancias de la vida social civilizada incrementarían las oportunidades de los individuos de hallarse en situaciones de mayor interdependencia recíproca. Entre tales situaciones de mayor interdependencia mutua estarían algunas como las siguientes: contar con menos de 15 años (en que un joven

depende más de sus padres) o con más de 25 (en que las personas comienzan a vincularse a parejas y al mundo laboral), tener pareja, ser mujer, poseer altas aspiraciones educativas y laborales, etc. Las personas interdependientes presentarían una mayor susceptibilidad a sentir vergüenza por hechos reprobados en la sociedad (lo que incluye las conductas ilícitas y delictivas) (Siegel, 2010). Los individuos se hallarían en mayor interdependencia recíproca en sociedades más comunitarias, en las que se atribuye a las obligaciones hacia la comunidad mayor rango que el asignado a los derechos de los individuos. En tales sociedades comunitarias (como sucedería, por ejemplo en la sociedad japonesa y, en buena medida, en las sociedades europeas occidentales), el sentimiento de vergüenza sería mucho más prominente en la vida social. Por el contrario, el temor a sentir vergüenza disminuiría a medida que aumenta la movilidad residencial y la urbanización de la sociedad. Como ya antes había comentado Elias (1993), “la agresividad se ve hoy restringida y sujeta, gracias a una serie considerable de reglas y de convicciones que han acabado por convertirse en autocoacciones. La agresividad se ha transformado, ‘refinado’, ‘civilizado’, con todas las demás formas de placer y únicamente se manifiesta algo de su fuerza inmediata e irreprimible bien

sea en los sueños bien en explosiones aisladas que solemos tratar como manifestaciones patológicas” (p. 231). La vergüenza producida por la interdependencia y la vida comunitaria puede ser de dos tipos: la vergüenza que tiende a producir estigmatización (como se postula en la teoría del etiquetado) y aquella otra que produce efectos reintegrativos. Esta última, la vergüenza reintegradora, es más probable en las sociedades comunitarias, en las que el proceso de ‘avergonzar’ tiene una duración e intensidad limitadas, y se realiza al mismo tiempo que se mantienen los vínculos de respeto y aceptación del sujeto; es decir, se rechaza el acto, y no al individuo en cuanto tal. Una consecuencia de ello es que en las sociedades comunitarias debería esperarse, como en general así sucede, una menor tasa delictiva, ya que, a pesar del reproche por los delitos, no se le cierran al sujeto las oportunidades de reintegración a la comunidad. Por el contrario, en aquellas sociedades y situaciones en que el ‘avergonzar’ se ejerce con gran intensidad (p. e. mediante penas graves, internamientos prolongados, rituales mediáticos de exclusión, etc.), resultarían más atractivas para el individuo las subculturas delictivas, en la medida en que podrían ampararlo frente a la sociedad que lo excluye. En tales sociedades y contextos serían esperables mayores tasas delictivas y una mayor

continuidad de las carreras delictivas. Algunos estudios han analizado las conexiones entre sentimientos de vergüenza y de culpabilidad, y conducta delictiva. En general se ha considerado que la vergüenza y la culpabilidad, frente a los propios delitos, constituirían mecanismos emocionales distintos. Mientras que la culpabilidad comportaría una experiencia de auto reproche más directa, en relación con la conducta llevada a cabo, el sentimiento de vergüenza sería algo más profundo, comportando una evaluación negativa del propio yo (Tangney y Dearing, 2002). La teoría de la vergüenza reintegradora utiliza constructos de difícil operativización y medida, tales como los de ‘sociedad comunitaria’, ‘vergüenza’, y ‘reintegración’. Por ello, requerirá, sin duda, precisiones conceptuales y operativas ulteriores y el desarrollo de más investigaciones que puedan avalarla o refutarla. Aun así, la teoría de la vergüenza reintegradora contiene una idea pública atractiva (es decir, de sencilla comprensión y amplia aceptación), a saber: que un motivo fundamental de los seres humanos, para realizar ciertas conductas o dejar de hacerlas, es la posibilidad de que otros seres humanos lleguen a enterarse y puedan incomodarse por ellas. Como ilustración de esto, remitimos al lector al texto de la Realidad criminológica titulado El control informal de la delincuencia en las sociedades rurales y

urbanas (en el capítulo 6).

9.4. PERSPECTIVAS DEL CONFLICTO Y CRIMINOLOGÍAS CRÍTICAS La obra pionera de la criminología marxista correspondió al criminólogo holandés Willem Bonger, quien publicó en 1905 su influyente libro Criminality and Economic Conditions (Walsh, 2012). Posteriormente, a lo largo de todo el siglo XX, se efectuaron aportaciones relevantes en este ámbito, especialmente por parte de Vold, Turk, Chambliss, y Quinney, y, más modernamente, a cargo de Taylor, Walton y Young (1973), cuyo libro The New Criminology se consideró la obra central de la criminología crítica moderna (Lilly et al., 2007; Siegel, 2010). En este apartado se hará referencia a las perspectivas críticas o del conflicto, y no a una única teoría, ya que han sido diversos, siquiera parcialmente, los planteamientos al respecto (Tibbetts, 2012). Se han diferenciado, como mínimo, dos grandes líneas conceptuales: las teorías marxistas, y, en un sentido más amplio y abierto, las teorías del conflicto, que abarcarían también visiones criminológicas ultra-liberales y anarquistas. Unas y otras comparten un planteamiento contrario a la idea de consenso, según el cual la organización social estaría basada en una especie de

acuerdo implícito acerca de los valores y normas, que sería la base en que se sustentaría la defensa, a través de las leyes, del interés general (Cid y Larrauri, 2001). Frente a ello, las perspectivas conflictuales sostendrían que la sociedad estaría en realidad formada por grupos distintos, con valores e intereses contrapuestos, de manera que “no puede considerarse que la organización del estado represente los valores e intereses del conjunto de la sociedad”, sino más bien “los valores e intereses de grupos que tienen suficiente poder para controlar el funcionamiento del estado” (Vold y Bernard, 1986: 269; Lilly et al., 2007; Walklate, 2005). El materialismo histórico realza el factor económico como principal generador del conflicto social (Tibbetts, 2012). Según los marxistas resulta imposible imaginar las estructuras de poder y de conocimiento de la realidad social al margen de la influencia mediadora que tiene en la vida de las personas la necesidad constante de asegurarse la supervivencia económica y material (Lilly et al., 2007; Pfohl, 2009). Por su parte, las denominadas teorías dialécticas del conflicto consideran que, en la base de la rivalidad entre grupos, están elementos sociales y culturales diversos. Entre las perspectivas conflictuales más conocidas se encontrarían también los planteamientos anarquistas, según los cuales los rituales de autoridad transformarían las características artificiales de los

estamentos jerárquicos en supuestas realidades “naturales” y “permanentes”. Posteriormente, los movimientos feministas (Daly, 1989) y los críticos multiculturalistas pusieron el énfasis en el proceso de decodificación de las construcciones sociales en torno a las diferencias de género y raciales como supuestas realidades, pretendidamente universales y globalmente aceptadas. Elena Larrauri (1991) realizó, en su libro La herencia de la Criminología crítica una excelente síntesis de las perspectivas criminológicas críticas, por lo que remitimos a este libro a los estudiantes interesados en un conocimiento conceptual más amplio, y también histórico, de la criminología crítica. En la década de los sesenta del siglo XX las criminologías críticas cuestionaron los cimientos positivistas en que, hasta ese momento, se había sustentado la Criminología. Partiendo del legado rupturista de la teoría del etiquetado, en cuanto al objeto y el método del análisis criminológico, se consideró que la Criminología debía dirigir su atención al modo en que los órganos de definición y control del delito buscan perpetuar el sistema económico y de poder de las clases dominantes (Pavarini, 1988; Walklate, 2005). Ello suponía abandonar el paradigma causal y empírico de la criminología tradicional o “liberal” (mainstream

Criminology), en beneficio del análisis interpretativo, histórico y jurídico, como únicos métodos válidos para desenmascarar los verdaderos fines de la justicia penal (pueden verse análisis históricos desde esta perspectiva, para el caso de España y América Latina, en Bergalli — 1982—, Bergalli, Bustos y Miralles —1983—, Bergalli, Bustos y González Zorrilla —1983—, Bergalli, Rivera y Bombini (2008), Mapelli —1986— y Zaffaroni, 2005). Uno de los caballos de batalla preferentes de la criminología crítica fue su llamada permanente a analizar la ‘delincuencia de cuello blanco’, cuyos autores pertenecerían a los estamentos más elevados de las finanzas y el poder, y ante la cual los mecanismos del control y la justicia serían permisivos, cuando no encubridores. De este modo las criminologías críticas señalaron la contradicción frecuente entre la declaración estereotipada de una justicia “igual para todos” y el hecho común de que los delincuentes de cuello blanco escasamente acaben respondiendo ante la ley (Queralt Jiménez, 2007b). También fueron particularmente perspicaces en su denuncia de la influencia constante de los grupos de presión en la definición de las leyes y en el funcionamiento del sistema penal (Cid y Larrauri, 2001). Sin embargo, en los primeros años, el discurso impermeabilizado de las criminologías críticas frente a la

contrastación empírica de sus planteamientos, hizo que estas perspectivas resultaran poco útiles para arbitrar nuevas soluciones y medidas frente a la delincuencia. En Latinoamérica, tras el abandono de los planteamientos positivistas y de defensa social, que dominaron en general hasta la década de los setenta, la criminología crítica tuvo un impacto destacado en distintos países, que parcialmente se mantiene todavía vigente. Como origen de este nuevo planteamiento puede tomarse el Curso Internacional de Criminología, que tuvo lugar en Maracaibo en 1974, y la creación ese mismo año, a instancias de Lola Aniyar, del Centro Internacional de Criminología Comparada, en la Universidad de Zulia, Venezuela (Elbert, 2010). A partir de entonces diferentes autores, entre los que podría destacarse a la propia Lola Aniyar, Rosa del Olmo y Raul Zaffaroni, pusieron de relieve las evidentes relaciones que existían, en Latinoamérica, entre pobreza/marginación y delito, así como el firme sometimiento de los sectores más débiles de las sociedades latinoamericanas por los respectivos sistemas de control social, muy a menudo en favor de los intereses económicos de los países desarrollados (Rodríguez Manzanera, 1996). Durante las últimas décadas del siglo XX se han producido distintos encuentros y movimientos intelectuales en dirección a estos planteamiento, tales

como el Grupo Latinoamericano de Criminología Comparada, el grupo Criminólogos críticos latinoamericanos, y la iniciativa Criminología de la liberación (Elbert, 2010).

Investigadores latinoamericanos con motivo de una sesión sobre la prevención del delito, celebrada en el marco del Stockholm Criminology Symposium-2013. De izquierda a derecha: Marcela Smutt (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo), Lola Aniyar de Castro (Asociación Internacional para la Defensa Social, Venezuela), y Elías Carranza (ILANUD, Costa Rica).

9.4.1. Valoración crítica y empírica Uno de los mayores errores de las criminologías críticas fue su despreocupación inicial por la delincuencia común y sus víctimas. En la misma época en que se formularon estos planteamientos, se produjo un crecimiento notable de la conflictividad social, un aumento de los problemas vinculados a las drogas, un incremento de la inmigración desde el tercer mundo y, como consecuencia de ello, surgieron nuevos problemas sociales, incluida una fuerte avalancha de delincuencia contra la propiedad y contra las personas (McGovern, Demuth y Jacoby, 2009). Todos los índices disponibles sobre la evolución de los delitos en Europa occidental, incluida España, indican una tendencia al alza en los años setenta y ochenta. Este crecimiento de la delincuencia fue un hecho bien conocido por la población, asumido por políticos de izquierdas y de derechas, y también por jueces, fiscales y policías. Sin embargo, nunca fue admitido por los criminólogos críticos, lo que les llevó a autoexcluirse del debate sobre la política criminal orientada a buscar alternativas y soluciones. En Francia, por ejemplo, en donde

tradicionalmente habían existido importantes instituciones de investigación criminológica, a principios de los años setenta llegaron a ser dominadas por los discípulos de Michel Foucault. Como resultado de ello, mientras la sociedad francesa vivía alarmada por los problemas derivados del consumo de drogas, del racismo y de la delincuencia común, quienes debían reflexionar acerca de la delincuencia y su mejor prevención, se ocuparon preferentemente en estudios puramente teóricos e históricos. Asimismo, los criminólogos críticos lanzaron fuertes diatribas contra las cárceles, sin sugerir alternativas (Mathiesen, 1974; Foucault, 1992; Christie, 1993). El problema no era simplemente que los teóricos críticos no desarrollasen alternativas a la cárcel, sino que muchos de ellos dedicaron su mayor ingenio y energía a criticar las alternativas ya existentes. Su argumentación para ello era que las propuestas para reformar y mejorar el sistema penal, tales como la conmutación de penas de cárcel por libertad vigilada, o la introducción de mediación entre delincuente y víctima como alternativa al proceso penal, servían exclusivamente para expandir y fortalecer la red de control social. De hecho, muchos criminólogos críticos se manifestaron contrarios, no tanto al sistema carcelario en sí, como a los sistemas alternativos a la prisión, ya que consideraron que éstos, bajo una aparente flexibilización

y humanización de la justicia, suponían un aumento de las redes de control social (Black, 1984; Cohen, 1988). En relación con los análisis de las perspectivas críticas acerca de la delincuencia de cuello blanco, Serrano Maíllo (2004) puso de relieve que la investigación disponible no ampararía algunos de los mitos más típicos sugeridos al respecto, como el de que generalmente los delitos de cuello blanco entrañarían un elevado nivel de sofisticación. Aunque algunos sean sofisticados, muchos delitos de cuello blanco serían a menudo más primarios y mucho menos refinados de lo que suele presuponerse, y sus autores serían con mucha frecuencia delincuentes de características personales y sociales muy semejantes al resto de los delincuentes, aunque coyunturalmente puedan aprovecharse de cargos públicos o posiciones privilegiadas. Tampoco es cierto que en los países democráticos los delitos de cuello blanco, cuando las leyes prevén su persecución penal, sean tolerados o encubiertos por los órganos de la justicia. Aebi (2004) efectuó una fundamentada “Crítica de la Criminología Crítica” originaria, tomando como base la obra emblemática de Alessandro Baratta, Criminología crítica y crítica del derecho penal: Introducción a la Sociología jurídico-penal (primera edición en Italiano de 1982). Resumimos la crítica de Aebi, haciéndola aquí extensiva al conjunto del paradigma:

1) La criminología crítica tradicional elaboró, debido a su dogmatismo ideológico, una concepción infalsable (es decir, no susceptible de refutación a partir de la investigación científica), por lo que no puede ser considera una teoría científica. 2) La supuesta revolución epistemológica consistente en que la criminología crítica habría de reemplazar los objetivos tradicionales del estudio criminológico (delitos, delincuentes, víctimas, etc.) no ha sido tal. Los temas tradicionales de investigación continúan tan vigentes como antes. La criminología crítica enriqueció, eso sí, a la criminología mediante un nuevo paradigma que pone el énfasis en el análisis del control social y los mecanismos de la justicia. Bienvenido sea. 3) Es incoherente negar el ‘determinismo’ probabilístico defendido por la criminología científica (la conducta delictiva como resultado de la influencia de variados factores), y, a la vez, postular una explicación totalmente determinista de la delincuencia a partir de un solo factor explicativo: la pertenencia del autor del delito a una determinada clase social. 4) Se utiliza una metodología abiertamente sesgada y selectiva (es decir, que atiende solo a los hechos, investigaciones y teorías que apoyan sus propios puntos de vista), lo cual contraviene el método científico general, que requiere, por definición, la confrontación abierta de

una teoría con las observaciones (tanto las que puedan serle favorables como las que no). 5) No basta con afirmar el supuesto carácter discriminatorio del sistema de justicia en detrimento de los más desvalidos, sino que tal afirmación requiere investigación empírica que la pruebe o la refute. 6) La predicción realizada en su día de que las sociedades socialistas tendrían como resultado la abolición del sistema penal y la erradicación de la delincuencia no se ha mostrado muy acertada. [Por supuesto, que los países capitalistas tampoco han logrado ni de lejos tales objetivos.] 7) El ensimismamiento puramente teórico e idealista, propugnado por las criminologías críticas, ante los problemas criminales existentes, ha sido probablemente uno de los factores responsables directos de la carencia, durante las últimas décadas del siglo XX, de políticas criminales progresistas, distintas y alternativas a la pura represión penal. En tal sentido, creemos con Aebi que la criminología crítica ha sido la responsable indirecta de la generalización, por omisión de propuestas alternativas, de las políticas básicamente represivas que practican en los países occidentales tanto los gobiernos de derechas como los de izquierdas. Frente a lo anterior, Aebi (2004) considera que la “Criminología científica —es decir aquella que consigue

conciliar teoría y empirismo— puede aportar así un modesto, pero no menos importante, grano de arena para la construcción de un mundo mejor” (p. 53). En términos globales, sobre la criminología crítica siempre ha cabido la duda de si se trataba realmente de una teoría científica, o más bien de una declaración de principios, y, a la postre, de un programa político futurista para la justicia penal. En caso de considerar a la criminología crítica un programa político, debería ser evaluada por su praxis y sus resultados. Las respuestas políticas al aumento del problema delictivo en los años setenta y ochenta fueron bastante uniformes, tanto en Europa y en los Estados Unidos, pese a que en algunos periodos gobernaran los partidos de izquierda: en síntesis, más policías, endurecimiento de las penas, y construcción de más cárceles. El número de personas en la cárcel se multiplicó en pocos años en la mayoría de los países occidentales. Es evidente que no se puede culpabilizar directamente a los criminólogos críticos, por su lucha para la abolición de la cárcel, del giro a la derecha de las políticas de lucha contra el crimen. Sin embargo, sí que se les puede reprochar haber dejado a los partidos de izquierdas, como resultado de su inhibición en el terreno práctico, sin programas coherentes de política criminal. Estos partidos se vieron abocados, cuando gobernaron, a aplicar políticas tradicionales, prestando atención, es

cierto, a los derechos del individuo, pero careciendo por completo de medidas innovadoras y eficaces para mejorar la seguridad ciudadana que no fueran las consabidas políticas de mayor represión penal. Como programa electoral y praxis política, la criminología crítica fue rotundamente rechazada por unos y otros. Esta situación queda bien reflejada en las reflexiones que efectúa Sáez Valcárcel en relación con la gestación legislativa del Código penal español de 1995 (citado por Silva, 1999: 5152): “(…) cuando uno se enfrenta al código penal desde la perspectiva de los materiales legislativos previos, el proyecto del Gobierno, las enmiendas elaboradas por los grupos parlamentarios y las intervenciones de sus portavoces en la Comisión de Justicia, se sorprende ante la imposibilidad de identificar un discurso que permita calificarse, al menos, como liberal. La nota que distinguía las opciones en liza, no era que unas defendieran la intervención punitiva y otras se mostraran más propicias a su restricción, sino la diversa naturaleza de los comportamientos que pretendían castigar. Aquéllos incidieron en los valores tradicionales, ya representados con exceso en el código penal, mientras que las izquierdas intentaron criminalizar ofensas a los valores colectivos que estuvieron en ascenso durante la década de los ochenta: los derechos de los trabajadores y de las mujeres, la protección del medio ambiente, los intereses de las minorías, la discriminación, el racismo y los delitos de cuello blanco. Pero su espacio de debate es el mismo. Ninguna de esas opciones puso en cuestión la prisión ni la inflación del derecho penal”.

En caso de considerar a la criminología crítica una auténtica teoría científica, ésta debería ser evaluada a partir de sus aportaciones para un mejor conocimiento del

comportamiento delictivo y del control social. La capacidad de opinar sobre la delincuencia y la justicia la tiene todo el mundo. Lo que debería diferenciar al científico que reflexiona sobre la delincuencia de los demás “opinantes” al respecto, es que en su argumentación son imprescindibles los datos objetivos y las conclusiones verificables.

9.5. CONDICIONES ECONÓMICAS

SOCIALES

Y

Una de las consideraciones teóricas (explícitas o implícitas) más importantes de las teorías marxistas y del conflicto, ha sido que las desigualdades económicas estarían en la base del conjunto de los problemas sociales, incluidos también la delincuencia y su control (Tibbetts, 2012). El objetivo de este apartado es analizar la investigación criminológica sobre este relevante problema. Para ello utilizaremos como guía fundamental la magnífica revisión efectuada por Vold et al. (2002) y Bernard et al. (2010), además de otras investigaciones a las que se hará referencia.

9.5.1. Pobreza y delincuencia El primer y más frecuente acercamiento al análisis de la influencia de las condiciones económicas sobre el delito ha sido el estudio de la relación entre pobreza y

delincuencia, que, como ya se ha mencionado, fue iniciado en Francia, por Guerry y Quetelet, a principios del siglo XIX. La hipótesis de partida de estos primeros estudios fue que las crisis económicas darían como resultado mayores tasas de delincuencia, algo que no pudieron confirmar estos primeros investigadores. También el alemán Georg von Mayr analizó en su país, a finales del siglo XIX, según ya se vio, la relación entre factores como la mendicidad y la pobreza, y la criminalidad (von Mayr, 1917: 950). Pero él sí que constató que durante las épocas de crisis económica, en que se producía un incremento del precio del centeno (y, en consecuencia, del pan), aumentaba ligeramente la delincuencia, resultado que, sin embargo, tampoco se ha podido replicar en estudios posteriores. Desde entonces se han efectuado al respecto diversos estudios, muchos de los cuales (en la línea de los primeros hallazgos de Guerry y Quetelet) no han podido encontrar incrementos de la delincuencia en asociación a indicadores globales de crisis económica; hallándose incluso en algunos que el empeoramiento de las condiciones económicas podría asociarse a una reducción de las tasas delictivas. En un sentido complementario, se ha encontrado también que la prosperidad económica, a escala global, no se vincula necesariamente a un decremento de la delincuencia: en ciertos periodos de

crecimiento económico general la delincuencia aumenta (p.e., en España, durante los años ochenta), y, en otros, decrece (p.e., durante la primera mitad de la década de los noventa y, probablemente, para muchos delitos, durante la gran recesión iniciada a finales de la primera década del siglo XXI). No obstante la hipótesis, que en principio parece razonable, de conexión pobreza-delincuencia, también se ha evaluado a partir de medidas más directas del factor pobreza. Por ejemplo, el número de personas pobres en determinado lugar o periodo concreto, sí que parece guardar relación en algunos estudios (aunque no en todos) con mayores tasas delictivas en ese mismo lugar y tiempo. Asimismo, para algunos estudios se han elaborado medidas más sofisticadas y comprensivas de la variable pobreza, generando para ello índices de ‘pobreza estructural’, que incorporarían indicadores sobre mortalidad infantil, baja educación, familias monoparentales, y reducidos ingresos económicos. Así lo hicieron, por ejemplo, Loftin y Hill (1974) en EEUU, encontrando una elevada correlación entre dicha medida compuesta de ‘pobreza estructural’ y las tasas nacionales de homicidios. En México, el maestro Quiroz Cuarón (1910-1978), considerado el padre de la Criminología mexicana, efectuó relevantes estudios sobre factores económicos y

delito (Rodríguez Manzanera, 1996). Su tesis principal a este respecto, en el marco de la que denominó Teoría Económica de los Disturbios, era que la delincuencia de un país era directamente proporcional a su población e inversamente proporcional a los ingresos, siendo estos dos fenómenos interdependientes. También efectuó análisis pioneros en relación con los costes sociales y económicos de los delitos.

9.5.2. ¿Pobreza o desigualdad? Una revisión reciente de cuarenta y siete estudios transnacionales sobre indicadores económicos y delito ha constatado una asociación directa entre pobreza, en cuanto privación material absoluta, y tasa de homicidios (Pridemore, 2011). La pobreza, o falta absoluta de bienes, aunque sería uno de los componentes atendidos para generar los indicadores de desigualdad, constituiría en sí una medida socioeconómica más básica. La relación pobreza-homicidios se había observado en múltiples estudios norteamericanos (McGovern et al., 2009; Messner y Rosenfeld, 1999; Pratt y Cullen, 2005), aunque su nexo no había sido probado en la investigación transnacional, que había puesto mayor énfasis en la intersección desigualdad-homicidios (LaFree, 1999; Pridemore y Trent, 2010; Savage, Bennett y Danner, 2008). Sin embargo, Pridemore (2011) constata que la

práctica totalidad de los estudios transnacionales en realidad no habían incluido en sus análisis ningún indicador directo de pobreza, sino exclusivamente medidas de desigualdad. Pridemore (2011) replica dos estudios internacionales previos, acerca de la relación entre desigualdad y homicidio, incorporando a sus análisis una estimación directa de la variable pobreza. A partir de ello constata una clara asociación entre pobreza y mayores tasas de homicidio, relación que incluso posterga el impacto en los resultados del factor desigualdad, más elaborado e indirecto. En un plano más global, Nivette (2011) efectuó un meta-análisis internacional, o estudio cuantitativo, de la relación entre diversos predictores sociales y tasas de homicidio. Su muestra incorporó 54 evaluaciones transnacionales, realizadas y publicadas en el periodo 1960-2010. Como variables predictoras se establecieron diversos indicadores socieconómicos de privación absoluta y relativa, desorganización social, anomia, apoyo social, rutinas de vida, disuasión, estrutura política, cultura, y variables demográficas. Entre los principales predictores asociados a la mayor tasa de homicidios destacaron los siguientes: países latinoamericanos, desigualdad en términos de ingresos económicos, menor inversión en bienestar social, tasa de divorcios, crecimiento poblacional, diversidad étnica, integración

laboral de las mujeres, mortalidad infantil, y menor desarrollo. Así pues, la desigualdad (en términos de privación económica, desempleo y otros indicadores) se ha relacionado con las tasas delictivas especialmente de homicidios y otra delincuencia violenta (Savage et al., 2008). Sin embargo, incluso este factor criminogénico robusto —la grave desigualdad— puede ser amortiguado si los estados ofrecen a sus ciudadanos protección social frente a las puras fuerzas del mercado: de forma clara, los estados de bienestar tienen tasas de homicidio notablemente inferiores a los que no lo son (Savolainen, 2000). La desigualdad económica puede favorecer el delito a partir de procesos tales como promover la privación relativa e impedir que puedan surgir redes de apoyo comunitario.

9.5.3. Barrios y delito También se ha medido la ‘pobreza concentrada’ (en determinados barrios o zonas), y se ha concluido que la pobreza lleva a la delincuencia, no cuando se diluye en el marco de las clases medias, sino cuando mucha gente pobre vive en el mismo lugar. En relación con el plano más inmediato del barrio en el que los jóvenes viven y crecen, se han identificado diversos factores de riesgo para la conducta delictiva, como los siguientes (Ellis,

Beaver y Wright, 2009; Gibson, Sullivan, Jones y Piquero, 2010; Smith, 2006b): barrios de bajo nivel económico (o con privación socioeconómica relativa), elevado desempleo, deteriorados, con alta desorganización social, y en los que existen subculturas delictivas; barrios con alta heterogeneidad étnica, cultural o religiosa; con alta disponibilidad de drogas y armas; con elevada densidad y movilidad poblacional; carentes de servicios y con poco cohesión social. Weijters, Scheepers y Gerris (2007) analizaron en once ciudades holandesas la relación entre la conducta delictiva de jóvenes de 12 a 17 años y tres categorías de variables: las ciudades en que vivían, los barrios de residencia, y las características individuales de los jóvenes (sexo, etnia, nivel educativo, y situación familiar). Hallaron que la ciudad en que se vivía tenía una influencia criminógena importante, incluso, en contraste con muchos estudios norteamericanos, por encima del influjo del tipo de barrio de residencia, y de algunas variables individuales Tal y como vimos en el capítulo anterior, Simon y Burt (2011) propusieron un modelo de conexión entre la exposición persistente de los individuos a condiciones sociales adversas, tales como altas tasas delictivas y baja “eficacia colectiva” (véase más adelante) en los barrios de residencia, discriminación social, crueldad paterna, y tener amigos delincuentes, y su mayor riesgo de conducta

delictiva. Este modelo sugiere que dichas condiciones sociales negativas, que suelen concitarse en el nivel de los barrios, promoverían en el joven esquemas interpretativos con tres ingredientes interrelacionados: una percepción hostil de la gente, una preferencia por recompensas inmediatas, y una visión cínica y descreída sobre las normas sociales convencionales. A partir del estudio de una muestra de 700 adolescentes afroamericanos, Simons y Burt (2011) hallaron confirmación empírica para esta propuesta, encontrando que los tres anteriores esquemas interpretativos apuntaban en una misma dirección de influencia criminogénica, solapándose en una especie de constructo teórico latente que incluía a los tres.

9.5.4. Pobreza y victimización El estudio de la relación entre desigualdad social y delincuencia también se ha llevado al análisis de la incidencia que la segregación social podría tener en el riesgo de ser víctima de delitos. Nilsson y Estrada (2006) han mostrado que los ciudadanos de clases más bajas también tienen una mayor probabilidad de sufrir delitos. En un análisis realizado a partir de los datos recogidos en los Informes Estadísticos Suecos sobre Condiciones de Vida, para el periodo 1984-2001, que incluyó una muestra superior a veintisiete mil personas de entre 20 y 64 años, hallaron que la exposición, tanto a delitos violentos como

a robos personales y de viviendas, era significativamente superior para el caso de los ciudadanos pobres que para los ricos. Estrada y Nilsson (2008) analizaron en Suecia en qué grado la exposición a delitos contra la propiedad se asociaba a las condiciones sociales de los individuos, por ejemplo ser nativo o inmigrante, o tener o no dificultades económicas, y a los niveles de adecuación de las viviendas y los barrios de residencia. Sus resultados apoyaron parcialmente las proposiciones de las teorías de la desorganización social, actividades cotidianas y oportunidad diferencial, en cuanto que las peores condiciones económicas y sociales se vincularon en general a un mayor riesgo de victimización, aunque este resultado fue modulado por las características de los propios sujetos. Por otro lado, las mayores diferencias económicas, sociales, étnicas, etcétera, en el marco de un mismo barrio o territorio suelen vincularse a un aumento de los niveles de percepción de inseguridad por parte de sus habitantes (Kristjánsson, 2007).

9.5.5. Desempleo y criminalidad Es una creencia muy generalizada que el aumento del desempleo llevaría directamente a un aumento de las tasas de delincuencia (probablemente a través del implícito de

que acabaría produciendo una mayor pobreza en la gente). Así se ha mostrado, por ejemplo, en algunos estudios sobre delincuentes juveniles, en que las tasas de delincuencia correlacionaban con las de desempleo. Sin embargo, otros estudios con delincuentes adultos han encontrado que a mayor desempleo, menor delincuencia (p.e., Glaser y Rice, 1959; Kleck y Chiricos, 2002). En contraste de nuevo a lo anterior, Berk y sus colegas (Berk, Leniham y Rossi, 1980) hallaron que, al menos para el caso de los exdelincuentes estudiados por ellos, el mayor desempleo y la pobreza se asociaban a una mayor reincidencia. En una revisión de sesenta y tres estudios sobre este particular, efectuado por Chiricos (1987), se concluyó que la relación entre desempleo y delincuencia era generalmente positiva y significativa, especialmente en delitos contra la propiedad. Además, esta relación tendía a ser más elevada y consistente cuando se examinaban unidades de análisis pequeñas (como los barrios), que cuando se trataba de grandes estructuras sociales (como los países). En cambio, los estudios no han encontrado relación entre desempleo y delitos violentos. Rodríguez Andrés (2003) analizó la relación entre diversos factores disuasorios, económicos, sociales y educativos, y las tasas de delincuencia en las 16 comunidades autónomas españolas, a lo largo del periodo

1994-2001. Para ello, la distribución de los delitos denunciados, por comunidades autónomas y años, fue puesta en relación con las distribuciones de diversas variables. En concreto, los factores evaluados y relacionados entre sí fueron los siguientes: A) como variables independientes (o de posible influencia sobre el delito) se analizaron: 1) la probabilidad de captura de los delincuentes, medida a través de la tasa global de delitos esclarecidos sobre el total de los denunciados; 2) la renta per capita; 3) la tasa de desempleo; 4) la densidad poblacional a partir del número de habitantes por Km2; 5) la inmigración (legal), medida como la proporción de residentes legales extranjeros; 6) la proporción de jóvenes de 16 a 24 años; y 7) el nivel de estudios, ponderado a partir de la población activa que contaba al menos con estudios primarios; B) la variable dependiente de esta investigación fue lógicamente la tasa de delincuencia, que se midió a partir de todos los delitos denunciados ante los diversos cuerpos policiales existentes en España. En la dirección que cabía esperar, la probabilidad de captura o de delitos esclarecidos en un territorio correlacionó de modo inverso (aunque no significativo) con las tasas delictivas existentes: es decir, se observó una ligera tendencia (aunque no avalada estadísticamente) a que cuando la ratio de delitos esclarecidos en una comunidad era mayor se constataba también una menor

tasa delictiva. A menor renta per capita se observó (de manera estadísticamente significativa) una mayor tasa de delincuencia. La mayor tasa de desempleo (en contra de lo que se suele esperar) no mostró relación con la mayor prevalencia delictiva. Los mayores niveles educativos se asociaron (de modo estadísticamente significativo), como era esperable, a menores tasas delictivas. Y se asociaron a más delincuencia (de manera estadísticamente significativa) la mayor proporción de jóvenes de 16-24 años, las mayores tasas de inmigrantes, y la mayor densidad poblacional.

9.5.6. Crisis económica y delincuencia Diversas investigaciones han sugerido una relación directa entre situaciones de crisis o recesión económica y un incremento de los delitos contra la propiedad (Neustrom y Norton, 1995), e incluso una influencia indirecta de las crisis —a través de su estimulación de las necesidades materiales— con los delitos violentos (Rosenfeld, 2009; Rosenfeld y Messner, 2013). La gran recesión económica experimentada por muchos países a partir de 2008 propició una especie de experimento natural (de consecuencias penosas e indeseables, eso sí, para gran parte de la población), de cara a poder estudiar su posible incidencia sobre la criminalidad. Para el caso de España, Rodríguez y

Larrauri (2012) efectuaron un magnífico análisis a este respecto. En concreto, ponderaron la evolución de la delincuencia en España (en lo relativo a denuncias, tasas de encarcelados, y percepción pública de inseguridad) comparando los cambios en el periodo de tres años anterior a la crisis (2005-2007), con las variaciones durante el trienio posterior al inicio de la gran recesión (2008-2010). Grupo de Investigación en Criminología y Sistema de Justicia Penal de la Universitat Pompeu Fabra (UPF). De izquierda a derecha: Ester Blay, Jorge Rodríguez, Consuelo Murillo, Mathew Creighton, Elena Larrauri, Lorena Antón, Martí Rovira, Tania Reneaum, Ana Safranoff, Nahia Zorrilla, Cristina Sobrino. Las principales líneas de investigación son A) La aplicación y supervisión de penas comunitarias; B) Los antecedentes penales y obstáculos a la reinserción; y C) La violencia de género. Para más información: http://www.upf.edu/criminologia/es/ "

Por lo que se refiere a las denuncias, este estudio incluyó, a partir de los datos del Ministerio del Interior, información sobre los delitos correspondiente a la mayor parte de España, excluidos, como desgraciadamente suele ser frecuente en muchas estadísticas sobre la criminalidad, Cataluña, País Vasco, y Navarra. Sus resultados principales se recogen en el cuadro 9.2 que sigue: CUADRO 9.2. Tasas de delitos en España (no se incluyen las faltas), antes y durante la crisis económica Delitos seleccionados: tasa promedio del

% de cambio (disminución/aumento) durante el período 2005-

% de cambio (disminución/aumento) durante el período 2008-2010,

periodo 2005-2010

2007, antes de la crisis económica

a partir de la crisis económica

Conjunto de los delitos violentos (por 1.000 habitantes): 2,58

6,67%

-1,12%

Homicidio (por 100.000 h.): 2,55

-13,24%

-14,18%

Violencia doméstica (por 100.000 h.): 1,54

12,59%

0,61%

Mujeres asesinadas por sus parejas (por cada 100.000 adultos): 0,34

20%

-2,63%

Conjunto de los delitos contra la propiedad (por 1.000 h.): 16,51

-4,55%

-9,47%

Hurto (por 1.000 h.): 10,58

-3,6%

-9,09%

Robo con violencia (por 1.000 h.): 1,72

-12,56%

-16,57%

Tirones de bolsos (por 1.000 h.): 0,39

-13,04%

-5,41%

Robos en casas (por 1.000 h.): 3,58

-5,68%

6,47%

Robos de coches (por 1.000 h.): 2,54

-24,59%

-37,99%

Blanqueo de capitales (por 1.000.000 h.): 2,65

12,67%

65,18%

Fuente: elaboración propia a partir de Rodríguez y Larrauri (2012)

En el cuadro 9.2 pueden constatarse tres hechos fundamentales. El primero, que más de la mitad de los delitos analizados habría experimentado una evolución a la baja, tanto durante el periodo previo a la crisis económica como durante el periodo posterior a su inicio, incluyendo homicidios, hurtos, robos violentos, tirones de bolsos, y robos de vehículos. El segundo, que por encima de la mitad de los delitos evaluados habría tendido a disminuir más aceleradamente, o a no incrementarse tanto, durante el trienio de recesión económica que con anterioridad a ella, en concreto homicidios, violencia doméstica, asesinatos de pareja, hurtos, robos violentos, y robos de coches. Por último, que algunos delitos, como robos en casas, tirones de bolsos y blanqueo de capitales, habrían aumentado en mayor grado durante el período de crisis económica. Rodríguez y Larrauri (2012) consideran como posibles hipótesis explicativas de los anteriores datos, las siguientes: – La disminución que se observa de diversos delitos comunes (tanto antes como después de la crisis) podría guardar relación, en primer término, con la tendencia a la baja de la delincuencia que ya venía arrastrándose desde principios de la década de los dos mil (algo que evidencian los datos españoles, especialmente a partir de 2002, y que se encuadra en un marco internacional

más global, de decremento delictivo, tanto en Europa como en EEUU – Rosenfeld y Messner, 2009). Dada esta tendencia decreciente, la situación de crisis económica no habría derivado en un incremento delictivo generalizado debido esencialmente al estado de bienestar existente en España, que habría continuado todavía protegiendo, a pesar de la crisis, a ciudadanos y familias, mediante servicios tan importante como la educación y la sanidad universales y gratuitas para todos, y las prestaciones por desempleo. Otra hipótesis plausible para explicar la reducción/no-aumento de los delitos sería el que muchos jóvenes varones extranjeros, que habían venido a España en años anteriores, habrían comenzado a abandonar el país desde el inicio de la crisis económica (según parecen confirmar los datos de población). Las investigaciones criminológicas muestran que, en general, existe una relación significativa entre la proporción de varones jóvenes en un territorio (particularmente si estos jóvenes tienen dificultades socioeconómicas, de empleo, etc.) y las mayores tasas delictivas. – Por el contrario, el drástico aumento de los delitos conocidos de blanqueo de capitales podría guardar relación con la mayor presión policial ejercida, durante los últimos años, a partir de la crisis

económica, sobre esta forma de delincuencia de cuello blanco, especialmente dañina para las finanzas del país. Otro dato relevante, aportado por Rodríguez y Larrauri (2012), es que durante la crisis económica la percepción de inseguridad ciudadana, en relación con la delincuencia, también habría disminuido, en contraste con la preocupación generada por otros problemas sociales derivados de la propia crisis económica (véase también capítulo 4).

9.5.7. Dificultades de la investigación sobre carencias económicas y delito Vold, Bernad y Snipes (2002) y Bernard et al. (2010) señalan algunos problemas importantes en las investigaciones sobre delincuencia y condiciones económicas, que podrían lugar a algunos de los resultados contradictorios que se han señalado: 1. La pobreza (y, en ciertos sentidos, el desempleo) sería en parte una condición subjetiva, en función de lo que poseen los otros. Lo que una persona puede considerar pobreza (en un contexto de abundancia), otros pueden valorarlo como un estado confortable (en un contexto de privaciones). Tal subjetividad o relatividad ha conducido a que se hayan tomado muy distintas medidas de pobreza, en diferentes estudios, y, probablemente, a resultados

confusos y a veces opuestos. 2. Existen dos asunciones teóricas contradictorias: una, que a mayor pobreza en una sociedad más delincuencia (ya que aumentaría la motivación delictiva); otra, la opuesta, que a mayor riqueza más delincuencia (ya que aumentarían las oportunidades para el delito). De acuerdo con los resultados de diversas investigaciones, probablemente ambas asunciones obtienen apoyo empírico, pero en distintos momentos temporales. Es muy posible que el desempleo acabe aumentando la motivación delictiva, pero solo a medio plazo, ya que, en un primer periodo temporal, la persona que acaba de perder su empleo podría contar con sus propios ahorros, o bien con el apoyo familiar necesarios, para hacer frente a la situación. El problema vendría pasado un tiempo, si el desempleo se prolonga. Pero también es muy probable que las mejores condiciones económicas incrementen, de una manera bastante inmediata, las oportunidades para cometer delitos, al proveer una mayor cantidad de propiedades y objetivos atractivos. Ello podría producir un aumento rápido de las tasas delictivas. En general, lo anterior sería cierto para la delincuencia económica y no tanto para los delitos violentos, excepto en aquéllos que, como en el robo con violencia, se implican aspectos económicos. A este respecto, Kirkcaldy y Brown (2000) analizaron,

en un estudio transnacional sobre 37 países, la relación existente entre varios indicadores socioeconómicos y sus tasas de criminalidad. Para este estudio se tomaron datos de diversas bases que recogían información sobre alguno de estos aspectos en relación con los años 1994, 1995 o 1997. De los factores socioeconómicos medidos, se asociaron a mayores tasas delictivas, paradójicamente, diversos indicadores de bienestar tales como el mayor el producto interior bruto, el mayor índice de desarrollo, y el menor tamaño familiar. La explicación de los autores para este resultado inesperado es la siguiente: “Paradójicamente, muchos cambios sociales que son percibidos como progreso pueden ir seguidos de un aumento en la incidencia del delito, bajo la siguiente lógica: el progreso económico que produce mayor bienestar aumenta las oportunidades para el delito al proveer más bienes que pueden ser sustraídos y mayores posibilidades de fraude. A la vez, la mayor libertad individual puede tener efectos semejantes, ya que se reducen los precedentes constreñimientos de conducta. Es cambio la delincuencia suele ser menor en sociedades económicamente menos desarrolladas y más sujetas a restricciones de conducta de índole religiosa u otra” (p. 122). 3. En las investigaciones es más probable encontrar vinculación entre desempleo y aumento de la

delincuencia, cuando se analizan unidades pequeñas (como un barrio), que cuando se valoran grandes contextos (un país). Tal conclusión requeriría atención en la investigación futura, que permitiera delimitar en qué niveles y tamaños de las unidades sociales el desempleo resulta criminogénicamente relevante. 4. Además, los patrones de relación desempleodelincuencia pueden ser complejos y variados. Por ejemplo, el aumento del desempleo en un barrio puede fácilmente asociarse a una mayor oferta de trabajos ilegales, particularmente en el terreno de la venta de drogas. Estos ‘trabajos ilícitos’ serían recompensados por una alta rentabilidad económica, lo que aumentaría la motivación para que más jóvenes adoptaran opciones delictivas. Además, su interés temprano en la delincuencia, y su encarcelamiento precoz, podrían limitar sus oportunidades futuras de acceso a trabajos legales. (En contraste, los jóvenes que dispusieran de oportunidades tempranas para un trabajo legítimo se verían expuestos a muchas menos oportunidades delictivas.) A más largo plazo, la concentración en ciertos barrios de jóvenes legalmente desempleados, pero con ‘trabajos ilegales’, promoverían una autopercepción alienada, de contagio delictivo, e imbuida de definiciones y actitudes de menosprecio del trabajo legal, poco remunerado, y a una opción preferente por el uso de la

violencia como estrategia de resolución de conflictos. 5. Añade todavía mayor complejidad al análisis de la investigación sobre condiciones económicas y delincuencia, el hecho de que en los barrios con peores condiciones económicas suelen concitarse múltiples factores de riesgo: pobreza, desempleo, altas tasas de familias monoparentales, alta densidad poblacional, viviendas en mal estado, menor oferta escolar y de servicios sociales, permanente movilidad poblacional (la característica principal de las Áreas de transición, en el modelo de áreas concéntricas de la Escuela de Chicago), y concentración de minorías raciales. Todos estos elementos correlacionan con la delincuencia, por lo que es muy difícil determinar cuál o cuáles de ellos son los causantes en cada caso de las mayores tasas delictivas, o —más difícil todavía— qué secuencias causales de unos y otros factores entre sí pueden precipitar o amortiguar el aumento delictivo. En un análisis combinado de muchos de los anteriores factores, Land, McCall y Cohen (1990) encontraron en EEUU, para los años 1960, 1970 y 1980, una fuerte asociación entre un clúster o conjunto de factores que denominaron “privación de recursos/afluencia” (en que se incluían medidas de pobreza y desigualdad, proporción de población negra y porcentaje de niños que no vivían con ambos progenitores) y las mayores tasas de homicidio,

detectándose también una tendencia a que el efecto se incrementase con el transcurso del tiempo. 6. El último de los problemas de interpretación, apuntado por Vold et al. (2002), se refiere a la frecuente dificultad para diferenciar entre el concepto de ‘pobreza’ (carencia de un nivel mínimo de bienes materiales para vivir dignamente) y el de ‘desigualdad económica’ (que implica una comparación entre el nivel material de los que tienen más, en una sociedad, y otros grupos sociales). Uno de los resultados mejor establecidos en la investigación criminológica es la asociación entre desigualdad económica y tasas de homicidio (p. e., LaFree, 1999; Matthew y Bankston, 1999).

9.6. PERSPECTIVAS FEMINISTAS Los movimientos feministas han dado lugar, durante las últimas décadas del siglo XX, a un replanteamiento del papel de las mujeres en los distintos sectores de la vida social. Esta movilización femenina también llegó, especialmente en Estados Unidos, al ámbito de la reflexión criminológica, especialmente a partir de las publicaciones pioneras sobre feminismo y delincuencia, a mediados de la década de los setenta, a cargo de Freda Adler, Rita Simon y Carol Smart (Lilly et al., 2007), y del impactante libro escrito por Susan Browmiller titulado “Contra nuestra voluntad” (1975), donde analizaba las

violaciones de las mujeres en clave de estrategia de control del patriarcado. A partir de entonces fueron surgiendo con fuerza creciente las perspectivas feministas de la delincuencia y de la justicia (Chesney-Lind y Faith, 2000; Daly y Maher, 1998; Larrauri, 1994, 2007a; Larrauri y Varona, 1995; Miller, 1998). En realidad, no existe una única teoría feminista en Criminología, sino diferentes planteamientos que son denominados, en función de su propia orientación teórica, como feminismo liberal, feminismo radical, feminismo marxista, feminismo socialista, y feminismo postmoderno (Chesney-Lind y Faith, 2000; Simpson, 1989; Tibbetts, 2012). El conjunto de las perspectivas feministas comparte una visión crítica de las teorías criminológicas al uso, a las que se considera eminentemente androcéntricas (Daly y Chesney-Lind, 1988; Chesney-Lind y Shelden, 1998), ya que se basarían exclusivamente en la experiencia masculina y en la interpretación que los hombres han hecho del mundo social (Tibbetts, 2012; Vold et al., 2002), “sin tomar en consideración la experiencia de las mujeres, tanto en su condición de actoras del delito como en la de víctimas (…)” (Simpson, 1989: 605). Además, según este enfoque, las teorías criminológicas habrían sido construidas prescindiendo de una de las realidades más evidentes de la organización social: la estratificación

sexual que, sin embargo, sería tanto o más influyente en la definición de la estructura social que las propias clases sociales (Chesney-Lind, 1989). Así pues, desde estos planteamientos criminológicos, el género no debería ser considerado una variable más (del mismo nivel que la educación, la familia, la inteligencia, etc.) a la hora de estudiar la delincuencia (Chesney-Lind y Shelden, 1998). Más allá de ello, el género constituye un factor estructural, que divide la vida social en dos maneras distintas de afrontarla e interpretarla: la de las mujeres y la de los hombres. Las perspectivas feministas supusieron tanto una nueva visión sobre la organización social, que esencialmente se consideraba estructurada a partir de la división entre hombres y mujeres, como un movimiento social dirigido a mejorar la situación de las mujeres (Lilly et al., 2007; Simpson, 1989). En Criminología, sus ámbitos principales de estudio han sido la delincuencia femenina, la victimización de las mujeres, y el análisis del funcionamiento del sistema de justicia en relación con el género. Desde esta orientación, la delincuencia de las mujeres solo podría ser adecuadamente comprendida si se toman en consideración la vida, los problemas, los intereses y las expectativas de las jóvenes en nuestra sociedad. Se considera que muchos de los impedimentos y preocupaciones a que se enfrentan las chicas tendrían

que ver con las dificultades económicas que se derivan de su discriminación por su condición sexual. De igual modo, los análisis del funcionamiento de los sistemas de control social (policía, tribunales y prisiones) no deberían ignorar el análisis de todos aquellos mecanismos encaminados a perpetuar la marginación femenina en la estructura social (Chesney-Lind, 1989). Tanto las teorías feministas como las perspectivas ‘postmodernas’ han cuestionado las narrativas o relatos profesionales (en procesos, sentencias, etc.) de la justicia, señalando que, en ese contexto, ‘la verdad’ no sería sino una opinión más, entre otras posibles, que tendería a beneficiar a unos a expensas de otros (Wonders, 1998). Según Simpson (1989) y Chesney-Lind y Shelden (1998) las principales perspectivas feministas en Criminología serían las siguientes: 1. El feminismo liberal, que reconoce la existencia de desigualdades entre mujeres y hombres en las diferentes esferas de la vida social (educación, trabajo, política, etc.), pero considera que mujeres y hombres pueden y deben trabajar conjuntamente para erradicar tales discriminaciones. 2. El feminismo marxista, cuyo punto de partida es la existencia de una discriminación estructural de las mujeres como resultado de la combinación de la dominación de clase (propia de las sociedades

capitalistas) y la supremacía patriarcal de los hombres dentro de todas y cada una de las clases sociales. Su principal propuesta es que la discriminación que sufren las mujeres, que es un reflejo más de la organización del poder y de los privilegios en las sociedades capitalistas, solo puede ser resuelta mediante la estructuración de un sistema social diferente que elimine tanto la estratificación por clases sociales como por sexos (Lynch, Michalowski y Groves, 2000). 3. El feminismo radical, que considera que en el origen de la subordinación de las mujeres, propia de las sociedades patriarcales, se halla la agresión de los hombres en su intento de controlar la sexualidad femenina (Siegel, 2010). Los hombres, que son por naturaleza más agresivos, someten a las mujeres a lo largo de todo el proceso de crianza, preparándolas para su más fácil control y dominación. Se han interesado prioritariamente por los delitos contra las mujeres cometidos por los hombres: las agresiones sexuales, los malos tratos en la pareja, o el acoso sexual en el trabajo. Frente a un problema social que perjudica a las mujeres, por ejemplo la prostitución, han sugerido soluciones nuevas: en vez de castigar exclusivamente a la prostituta y al proxeneta que vive de sus ingresos, criminalizar también a los clientes que solicitan sus servicios (Høigård y Finstad, 1992). (Algo que realmente ha sucedido en muchas ciudades

españolas, en donde las ordenanzas municipales han prohibido el ejercicio público de la prostitución y establecido severas multas para prostitutas y clientes — Villacampa y Torres, en preparación). En el plano metodológico, las perspectivas feministas han planteado, en general, la necesidad de incorporar, para el estudio criminológico, metodologías subjetivas, interdisciplinarias e históricas, más allá del exclusivo empleo de métodos cuantitativos (Simpson, 1989; Tibbetts, 2012). También han aparecido perspectivas teóricas que combinan los planteamientos del feminismo y de la teoría de la asociación diferencial (o aprendizaje social) (Echeburúa y Redondo, 2010; Rodríguez-Franco, AntuñaBellerín, López-Cepero et al., 2012). Por ejemplo, Giordano y Rockwell (2000; también Heimer y De Coster, 1999) han propuesto que la mejor explicación del origen de muchas de las conductas delictivas cometidas por las chicas es el aprendizaje de las mismas, a partir de sus propios padres, familiares u otras personas afectivamente vinculadas, mediante procesos de definición, modelado y reforzamiento de conducta. Desde las perspectivas feministas se sugirió también la posibilidad de efectuar una inversión de la pregunta más típica, de “¿por qué delinquen menos las mujeres?”, a la contraria: “¿por qué delinquen más los hombres?”

(Heidensohn, 1996). Según Chesney-Lind y Faith (2000) esta inversión del problema vendría a poner las cosas en su sitio, al conferir, en la narrativa delictiva, ‘género’ a los hombres (y no solo, como es tradicional, a las mujeres); de esta forma se pondría de relieve que lo que debería ser considerado “anormal” y requeriría una explicación suplementaria sería, no la menor proporción delictiva de las mujeres, sino la muy superior tasa de delincuencia de los hombres. La reflexión feminista más reciente ha moderado sus primeros planteamientos, más intolerantes, y venido a considerar que a la hora de comprender, explicar y prevenir los fenómenos delictivos debe atenderse a diversos factores, y no solo al factor género (Lilly et al., 2007). Así, Sandra Walklate (2011) valora que, aunque el género puede aportar algunas claves acerca del problema delictivo, sería un error pensar que podrá aportar todas las respuestas al respecto. Incluso, más recientemente, Anne Campbell (1999; Walsh, 2012) ha desarrollado una teoría feminista desde la perspectiva evolucionista diferencial de hombres y mujeres, que ha denominado hipótesis sobre la necesidad de mantenerse vivas (“Staying Alive Hypothesis”). Según esta autora, los patrones diferenciales de agresión y dominación de varones y mujeres serían primariamente el resultado de los procesos de selección natural, que

habrían tenido lugar en épocas ancestrales. Sin embargo, las mayores propensiones agresivas y de dominación de los varones, y las menores de las mujeres, no tendrían tanto que ver directamente con el sexo en sí (ya que en otras especies, por ejemplo de pájaros, la situación es la contraria), como con la inversión parental diferencial que mujeres y varones “deben” realizar naturalmente por lo que se refiere al cuidado de la propia prole, para asegurar su supervivencia (y, finalmente, poder trasmitir, a través de los hijos, la propia genética). En un contexto ancestral, la supervivencia de los hijos habría tenido, a todas luces, una muy superior dependencia directa de las madres que de los varones progenitores. De ahí que cualesquiera comportamientos y situaciones que, como las interacciones agresivas y violentas desarrolladas en mayor grado por los varones, pusieran en riesgo la supervivencia de las mujeres, comprometerían así mismo la supervivencia de los hijos pequeños. Según lo anterior, sobre las mujeres se habría ejercicio una superior presión evolutiva (frente a los hombres), en dirección a la evitación de situaciones y comportamientos de riesgo (incluidos los correspondientes correlatos emocionales de miedo a tales situaciones), entre los que serían muy relevantes las conductas de violencia y dominación que acostumbran a desarrollar los varones. Por supuesto que las mujeres también habrían competido

(generalmente con otras mujeres) por los recursos disponibles en el ambiente, pudiendo emplear para ello infracciones y delitos. Pero incluso en estos casos, sus delitos tenderían a mostrar una clara finalidad instrumental, que evitaría en el mayor grado posible el riesgo de lesión física. Las mujeres pueden conducirse agresivamente y robar. Pero, frente a lo que es más habitual en los hombres, raras veces realizarían ambos comportamientos en combinación.

9.7. CRIMINOLOGÍA REALISMO CRÍTICO

APLICADA

Y

Los análisis y planteamientos de las criminologías críticas apenas tuvieron traslación en aplicaciones concretas de las políticas criminales de los estados desarrollados (prevención y control policial de los delitos, prisiones, justicia juvenil…), requeridas de la gestión del día a día (Lilly et al., 2007). Frente a ello, la investigación tecnocrática y oficialista siguió, lógicamente, su rumbo. La evolución del estado del bienestar necesitaba, no solo juicios críticos y orientaciones utópicas sobre el control social, sino también conocimientos aplicados susceptibles de mejorar su funcionamiento. Se crearon y desarrollaron nuevos modelos de actuación policial, sistemas de vigilancia postpenitenciaria y de tutela de menores, terapias para

drogadictos, delincuentes sexuales, etc., y, ante todo, un gran número de nuevas prisiones. Para ello, se requirieron múltiples análisis e investigaciones, ya que muchos gestores políticos de países europeos y americanos prefirieron no gastar el dinero alegremente, sin antes realizar estudios sobre gastos y eficacia de las nuevas alternativas, y sobre la mejor forma de gestionarlas. Si se echan cuentas, lo más caro realmente que puede hacerse con la delincuencia es construir más cárceles y aumentar la población reclusa, con decenas de miles de encarcelados que deben ser mantenidos día a día en las prisiones durante periodos considerables de sus vidas. Las alternativas a la cárcel requirieron nuevos equipos técnicos de investigación y gestión, y el desarrollo paulatino de estas nuevas actividades. En el Reino Unido y en el Norte de Europa, la criminología “institucional” inició otra tarea importante, a finales de los años setenta: la puesta en marcha de proyectos de prevención de la delincuencia. Esos fueron, por ejemplo, algunos de los programas estrella de la Home Office Research Unit, en Inglaterra. También se desarrollaron proyectos relevantes por parte del Brottsförebyggande rådet -Brå sueco (Consejo Nacional para la Prevención de la Criminalidad), bajo la iniciativa del Bundeskriminalamt alemán (Oficina de la Policía Federal), y a partir de distintas unidades ministeriales de

Holanda y Bélgica (Clarke, 1992, 1993, 1994). Mientras la criminología “tecnocrática” de los años sesenta se sustentaba principalmente en teorías sobre la personalidad del delincuente, la correspondiente a décadas posteriores utilizaba más bien teorías sobre el control social. Se acerca en mayor grado a la postura neoclásica, interpretando la delincuencia no como producto de una enfermedad o de una aberración individual, sino como resultado del ejercicio del libre albedrío en situaciones concretas, o de una elección racional ante una oportunidad favorable para el delito (Clarke, 1994; Ruidíaz, 1997). Aun sí muchos proyecto carecieron con frecuencia de un marco teórico explícito. Partieron de problemas concretos, como, por ejemplo, la necesidad de reducir el vandalismo en autobuses o cabinas telefónicas, mejorar la seguridad ciudadana en mercados al aire libre, o prevenir atracos a bancos. Muchas de estas experiencias resultaron parcialmente efectivas para resolver los problemas abordados, y, en algunos casos, incluso dieron lugar a nuevos modelos conceptuales. Por ejemplo, algunas teorías criminológicas ambientalistas (Brantingham y Brantingham, 1991), situacionales (Felson, 1994), y también la teoría denominada de las “ventanas rotas” (Wilson, 1988; Skogan, 1990), nacieron a partir de investigaciones muy sencillas que tenían usualmente finalidades aplicadas.

España, por su parte, carece de una tradición tecnocrática similar a la de otros países europeos, dirigida a preparar con tiempo, y sobre una base empírica, las reformas legales (Silva Sánchez, 2000). Las modificaciones de las leyes se hacen a menudo de forma precipitada, bajo una repentina y urgente presión mediática o política (García Arán y Peres-Neto, 2008), y su elaboración suele correr a cargo de un pequeño grupo de personas de confianza del ministerio o ministro correspondientes. En pocas ocasiones se realizan estudios previos o se da publicidad suficiente a los anteproyectos de ley en curso (Tamarit Sumalla, 2007). De este modo, el debate público al respecto, acostumbra a producirse después de que se aprueba una nueva norma y no, como debería ser, antes de su promulgación. Con este proceder impetuoso, no debe sorprender que, con frecuencia, las reformas legales fracasen de inmediato, o que las nuevas leyes resulten de difícil o imposible aplicación, o que, con bastante asiduidad, se emprendan sustanciales cambios legales, de signo contrario, al poco tiempo de haberse aprobado una nueva norma (sirva como ejemplo de ello el Código penal de 1995, que desde su aprobación ha venido experimentando múltiples reformas; Díez Ripollés, 2004, 2013; Queralt Jiménez, 2008). Del mismo modo que no se efectúan previsiones sosegadas del posible impacto que tendrían las leyes, tampoco suelen realizarse evaluaciones posteriores, para comprobar si las nuevas normas logran

sus teóricos objetivos. A resultas de las dificultades de aplicación de muchos de los planteamientos criminológicos críticos, a partir de la década de los ochenta, desde dentro de la propia criminología crítica, se inició una reflexión renovada que comenzó a tomar conciencia de las necesidades prácticas de las políticas criminales (Lilly et al., 2007). En 1984 J. Lea y J. Young, este último coautor de La nueva criminología (1973) —la obra que dio cuerpo a la Criminología crítica—, publicaron un libro con el título What’s to be done about Law and Order (Lea y Young, 1984; ver también una declaración de principios del realismo crítico de izquierdas en Matthews y Young, 1992). En este y otros trabajos posteriores, se intentaba dar respuesta al movimiento político-criminal derechista que estaba teniendo lugar en Inglaterra, y, concretamente, a aquellos políticos más conservadores que preconizaban, como solución fundamental del problema criminal, el incremento del número de policías y la construcción de más cárceles (Siegel, 2010). Lea y Young partían, en su argumentación, del reconocimiento de la delincuencia común como un problema social grave, y de la constatación de que la gran mayoría de las víctimas de los delitos cotidianos correspondían, al igual que los delincuentes que los llevaban a cabo, a la clase obrera y a los estratos sociales más humildes y marginales

(Carradine, Iganski, Lee et al., 2004). En función de ello, una política de solidaridad con los grupos más oprimidos de la sociedad capitalista no podía olvidarse de las víctimas de la delincuencia, que mayoritariamente pertenecían a esos mismos grupos dominados. Young (1997) consideró que un análisis completo del problema criminal requeriría atender a los cuatro vértices de lo que denominó el ‘cuadrado’ del delito: el estado (con su sistema político y sus instituciones de justicia), la sociedad como un todo (instituciones sociales, opinión pública, etc.), los delincuentes, y las víctimas (tanto individuales como colectivas). La criminología realista buscó también, al igual que había hecho ya el neoclasicismo, soluciones concretas a la delincuencia, y reconoció la necesidad de una policía al servicio de la comunidad, democráticamente controlada, que procurara la adecuada protección frente a los delitos más graves (Carradine, Iganski, Lee et al., 2004). Sin embargo, también se era consciente de que muchas de las medidas dirigidas a controlar la delincuencia acostumbran a tener otros efectos colaterales indeseables, particularmente en forma de limitaciones e incomodidades para la libertad individual y para la vida social (amenazas a la libertad y la privacidad personales, controles intrusivos en aeropuertos y otros transportes, expansión de las infracciones y sanciones en el mundo

urbano, etc. – Bernuz Beneitez y Pérez Cepeda, 2006; Redondo, 2009). Por ello, los criminólogos realistas advirtieron también acerca de los riesgos del posible establecimiento de estados cada vez más policiales. En su vertiente más “conservadora”, la criminología realista quizás adoleció de grandes conceptualizaciones teóricas, ya que sus planteamientos fueron esencialmente pragmáticos. Las estrategias que redujeran la delincuencia sin generalizar la represión social serían las más adecuadas para la sociedad. Habría que identificar medidas de protección eficaces para ciudadanos y comercios, sugerir mejoras en la actuación policial, y promover reformas legales que agilizasen los procesos judiciales. Para la prevención de los delitos, también debería extremarse el control de armas, favorecer el diseño de zonas residenciales más seguras, instaurar sistemas de fiscalización que disminuyeran las posibilidades de fraude, y concebir nuevas formas de venta y transacción económica que limitasen las oportunidades para los robos. Según ello, la criminología realista, que había tenido en su origen un planteamiento crítico, incorporó pronto otras perspectivas pragmáticas interrelacionadas, como las derivadas de las teorías de la oportunidad (Gottfredson y Hirschi, 1990; van Dijk, 1994), de los modelos situacionales (LaFree y Birkbeck, 1991), de la teoría de

las actividades rutinarias (Felson, 1994), y de la criminología ecológica o ambiental (Brantingham y Brantingham, 1994). Todos estos planteamientos constituyen pilares importantes de la criminología realista actual, en la medida en que sus indicaciones para controlar la delincuencia se dirigen a la realización de reformas posibilistas que, precisamente por eso, se pueden llevar a la práctica. En conjunto esta criminología se interesó más por el delito que por el delincuente. Se trataría, por tanto, de detectar aquellas situaciones que facilitan el delito, más que de identificar a personas dispuestas a delinquir. Este nuevo planteamiento criminológico, de cariz realista, heredó de la criminología crítica (en su vertiente más “progresista”), el interés por el análisis de los sistemas de control social, y la convicción de que las actuaciones de dichos sistemas pueden, en paralelo a reprimir la delincuencia, también fomentarla. Es decir, los fenómenos infractores se conciben, de forma semejante a las interpretaciones efectuadas por el interaccionismo simbólico o labeling, como resultado de la interrelación entre quienes establecen y aplican las normas y quienes las incumplen. De ahí que resulte imprescindible estudiar ambas partes de esta ecuación para poder comprender adecuadamente los procesos delictivos y de control del delito.

De la criminología clásica (o de la elección racional) recogió algunos de sus conceptos básicos sobre la delincuencia. Aunque se admite que muchos hechos delictivos son actos bastante impulsivos, con muy escasa premeditación, algunos delitos constituirían, según este enfoque, decisiones esencialmente racionales, basadas en el libre albedrío. Así, el objetivo fundamental del delito suele ser la obtención de ventajas personales de forma rápida, sin preocuparse de las repercusiones negativas ocasionadas a otras partes. La política clásica propondría el establecimiento de un sistema de obstáculos y sanciones, dirigidos a contrarrestar la tentación de cometer delitos. La criminología realista coincidiría en este punto con la escuela neoclásica, que plantea instaurar un mecanismo de “respuesta justa” (just desert) en proporción al daño social causado por el delito (von Hirsch, 1976; Cornish y Clarke, 1986). Por último, de la criminología positivista se recibió una firme convicción metodológica y empírica, bajo la consideración de que sean cuales fueren los objetos considerados para el estudio criminológico (delitos, delincuentes, víctimas, o controles sociales), la investigación criminológica debe emplear métodos sistemáticos de recogida y análisis de la información (tanto cuantitativos como cualitativos), de manera semejante a las restantes ciencias sociales y naturales.

En la actualidad, gran parte de las criminologías europea y norteamericana podrían calificarse como criminologías realistas y críticas, teniendo las siguientes características principales (Van Swaaningen, citado en Cid y Larrauri, 2002): un interés preferente por los problemas criminológicos concretos, para cuyo análisis se recurre a distintas teorías, de entre las disponibles en criminología; reflexión y análisis crítico del derecho penal, particularmente por lo que se refiere a su uso intensivo por parte de las sociedades y los gobiernos (a lo que algunos penalistas denominaron derecho penal del enemigo; véase Muñoz Conde, 2008); y análisis de nuevas formas y experiencias de posibles sanciones de cariz comunitario, tales como la mediación, la reparación, etc. Además, la criminología crítica realista se sigue caracterizando en la actualidad, como la criminología crítica se caracterizó en el pasado, por un cierto compromiso político con los grupos y sectores más débiles y desvalidos de la sociedad. En los últimos años, una de las aportaciones más destacadas a una reflexión criminológica crítico-realista ha sido la obra de David Garland (2005; primera edición en inglés de 2002) titulada La cultura del control (véase también Garland, 2007). Se trata de una aproximación socio-histórica al control social, en la que Garland repasa los grandes factores y planteamientos sociales,

económicos, culturales, penales y criminológicos, que han ido conduciendo el devenir de las políticas criminales (especialmente en EEUU y Gran Bretaña), desde la modernidad hasta nuestros días. La obra de Garland es compleja y comprensiva, y, por ello, difícil de resumir en unas pocas líneas. Uno de sus argumentos centrales es la actual dominancia del ‘populismo punitivo’ como base de las políticas criminales, a partir de un entramado de factores como la prioridad de las necesidades y deseos de las víctimas, la globalización de las comunicaciones, que permite irradiar de modo inmediato y amplificado la información sobre la violencia y la delincuencia, el aumento del miedo al delito, el declive del ideal de rehabilitación de los delincuentes, el tono altamente emocional de las demandas de punición, la idea de la protección pública como prioridad de las políticas criminales, la privatización creciente del control del delito, etc. En todo caso, el análisis de Garland resulta estimulante para la reflexión criminológica en la actualidad, y puede ayudar a comprender mejor la gran complejidad de interacciones entre factores que han conducido a la vigente situación de populismo punitivista (Matthews, 2005; Young, 2003). Otros trabajos internacionales reseñables a este respecto son Las cárceles de la miseria, de Loïc Wacquant (2000), y Castigo y civilización, de John Pratt (2006).

Por lo que se refiere al contexto español y latinoamericano, obras que incluyen análisis que podrían ser considerados crítico-realistas, serían las siguientes: La expansión del Derecho Penal (Silva Sánchez, 2006), La política criminal en la encrucijada (Díez Ripollés, 2007), Criminología crítica y violencia de género (Larrauri, 2007a), Adonde va el Derecho Penal (Quintero Olivares, 2004), Política criminal y reforma penal (Mir, Corcoy, y Gómez Martín, 2007), Mitologías y discursos sobre el castigo (Rivera Beiras, 2004), Violencia y sistema penal (Bergalli, Rivera y Bombini, 2008), Procesos de infracción de normas y de reacción a la infracción de normas: dos tradiciones criminológicas (Serrano Maíllo y Guzman Dálbora, 2008), Entre la educación y el castigo (Fernández Molina, 2008), Género, violencia y derecho (Laurenzo, Maqueda y Rubio, 2008), Violencia de género y sistema de justicia penal (Villacampa, 2008a), Malas noticias. Medios de comunicación, política criminal y garantías penales en España (García Arán, Botella, Rebollo et al., 2008), y La elección del castigo (Cid Moliné, 2009). Un texto que decididamente adopta también una perspectiva crítico-realista es el libro Intolerancia cero (Redondo, 2009). En él se compilan múltiples ejemplos actuales de la espiral de control y punición que recorre todos los estamentos y contextos sociales, desde las escuelas y la educación, a las calles y barrios de las ciudades, los transportes, o las normas

penales. Frente a ello, se plantea la necesidad de políticas criminales y de control más civilizadas y prudentes, que no expandan geométricamente la intolerancia social y la punición. En el “Diálogo sobre una nueva ciencia: criminología”, que cierra, a modo de conclusiones, este libro, sus personajes resumen de la siguiente forma la tesis principal de la obra (p. 199): Sagredo. Yo que expuse inicialmente el dilema querría proponeros también un compromiso sobre su solución, atendido todo lo aquí leído y oído. Mi propuesta es que en los estados democráticos modernos el planteamiento más comprensivo, racional y avanzado para el control de la delincuencia debería congeniar ambos sistemas, socializador y punitivo. Salviati. Solo le pongo una condición a tu proposición de concierto, y es que para que el sistema socializador y el punitivo puedan avenirse y congeniar, la punición no debería ser expansiva e intolerante sino restrictiva y moderada. Solo de ese modo este consorcio socializadorpunitivo que sugieres puede cumplir el segundo criterio que habíamos establecido de lo correcto y justo, que nunca suele resultar del actuar inflexible y extremado, sino del hacer suave y prudente. Simplicio. En contrapartida a lo que dices, que me parece bien, al sistema socializador se le debería pedir también, en razón del mismo criterio de corrección y justicia, que, atendidos los graves problemas incursos en los delitos y en los riesgos que de ellos pueden derivarse para los ciudadanos, se le debe pedir, digo, que no sea ingenuo y temerario sino realista y sensato. Hipatía. Convengo con vosotros en todo lo dicho. También yo creo que la defensa de la seguridad pública y el uso de los conocimientos científicos para prevenir el delito no son objetivos contradictorios, sino necesariamente complementarios y de resultado acumulativo. El sistema jurídico-penal de un país avanzado debería servir para, desde la justicia y la moderación, proteger a la sociedad de los delincuentes más violentos y peligrosos, a la vez que se aplican el mayor número

posible de programas preventivos y de tratamiento para inhibir el delito en los jóvenes y procurar la rehabilitación social de todo tipo de infractores. Sagredo. Así me lo parece a mí también, a la vez que creo que de ese modo, con una conciliación fundamentada y prudente de los sistemas socializador y punitivo, los países avanzan en el arte del buen gobierno de los ciudadanos.

9.8. TEORÍA DEL APOYO SOCIAL Francis Cullen formuló en 1994 (Cullen, 1994; Cullen, Wright y Chamlin, 1999) una teoría explicativa de la violencia y la delincuencia, denominada teoría del apoyo social. El profesor Cullen ha destacado la importancia del apoyo social como mecanismo de inclusión de las personas que han sido condenadas por haber delinquido, así como por ser uno de los factores fundamentales que define una cultura poco violenta.

Cullen et al. (1999) comienzan poniendo de relieve cómo la criminología liberal y la conservadora comparten una visión semejante: la delincuencia sería el producto de la falta de control, o al menos de la inexistencia del control adecuado. Ambas perspectivas (liberal y conservadora) difieren en su consideración de cuál sería el tipo de control apropiado: los conservadores creen que es el Estado el que no ejerce el suficiente control, de ahí que apelen a la política de sentido común consistente en solicitar “mano dura”. Por el contrario, los liberales piensan que el déficit se ubica en un funcionamiento

anómalo del sistema de control informal. Sin duda que el control, de una forma u otra, está relacionado con la etiología de la delincuencia. Sin embargo, Cullen considera tales explicaciones incompletas, ya que “dejan de lado la parte más moldeable de las relaciones humanas” (p. 189). Y, por otro lado, en su opinión, las teorías del control no parecen fructificar en programas sociales que resulten viables y progresistas. ¿Por qué? “Las teorías del control señalan que la prevención del delito requiere hacer algo a la persona antes que por la persona” (p. 189). El resultado son programas que pueden ser fácilmente convertidos en estrategias represivas (en las orientaciones más conservadoras), o bien prescripciones vagas, y de difícil consecución, como “lograr un control informal mayor en la comunidad” (en las teorías del control informal). En síntesis, Cullen considera que las propuestas de las criminologías del control son escasas e inconcretas. Por ello, considera que puede constituir una buena “idea pública”, no aumentar el control de los delitos, sino incrementar el apoyo social a los ciudadanos. Define el apoyo social como el proceso de transmitir a los individuos variadas formas de capital humano, cultural, social y material. El apoyo social puede ofrecerse en las relaciones íntimas o cercanas (familia, amigos, etc.), pero también puede dimanar de agencias e instituciones

sociales. La tesis central de la teoría del apoyo social es que la realización de actos antisociales se relaciona inversamente con el apoyo social que se recibe. Esta tesis tiene implicaciones tanto en el plano de los individuos como en el de los contextos.

9.8.1. Delito y naturaleza humana Las teorías del control se basarían en una concepción hedonista del hombre, según la cual éste busca la gratificación y huye del dolor. Ya que el delito da ‘satisfacciones’, entonces resultaría algo naturalmente atractivo. Cullen considera que es difícil rebatir este punto, a la vez que es importante también atender a las constricciones —tanto las externas como las internas— que pueden limitar el deseo de los individuos de obtener placer de forma ilegal. El problema está, según Cullen, en la idea implícita de que las personas son seres que solo se motivan por la búsqueda del placer. “Esta concepción estrecha de la naturaleza humana, si bien puede ser útil en el plano interpretativo, nos lleva a ignorar otros procesos que son potencialmente parte integral en la comprensión de la naturaleza humana” (p. 191), es decir, a ignorar el “pluralismo motivacional” de los seres humanos, que incluye las conductas altruistas (de ayuda a los otros) y el cambio y evolución de sus creencias a lo largo del tiempo (algo que incide también en sus cambios de

comportamiento). Frente a las teorías del control, la teoría del apoyo social asume que las relaciones de apoyo, desde el mismo nacimiento, son una parte integral del desarrollo humano. La necesidad de dar y recibir apoyo es una potencialidad central en la persona. Cuando este potencial se actualiza —cuando la persona crece y se implica en relaciones de apoyo recíproco— se reduce el riesgo de conducta delictiva y, así mismo, de otras patologías personales.

9.8.2. Aval en la investigación Diferentes líneas de investigación coinciden en remarcar la importancia del apoyo social en la etiología del delito. Por ejemplo, la investigación sobre desarrollo infantil señala que la falta de amor y cuidado se relaciona con muchos problemas cognitivos y emocionales en los niños, que son precursores de trastornos variados de conducta. Al contrario, el apoyo social se asociaría a la asunción de estados internos —incluyendo empatía y autocontrol— que protegen de la realización de conductas antisociales. También se ha demostrado que el apoyo social, proporcionado por los padres u otros cuidadores, promueve la resistencia entre los niños de alto riesgo, ayudándoles a desarrollarse de modo adaptado en ambientes llenos de adversidades (Pratt y Godsey, 2002; Wrigh y Cullen, 2001). Los programas de prevención

primaria, destinados a proporcionar un apoyo temprano a los niños y sus familias, han tenido un éxito notable en la prevención de la delincuencia. El apoyo social es más efectivo cuando se presta a niños pequeños, pero también resulta eficaz en la juventud. Dicha efectividad se vincula no solo a la reducción de la delincuencia, sino también de los trastornos psiquiátricos y del abuso de drogas. Así pues, los efectos del apoyo social tienden a ser globales, lo que es importante a la hora de buscar una teoría general de la desviación. Finalmente, una perspectiva de apoyo social se refuerza por el hecho de que existe una relación inversa entre el apoyo social que se detecta en los diferentes contextos sociales y su nivel de delincuencia (Pratt y Godsey, 2002; Wrigh y Cullen, 2001). Es lo que explicaría, según el sociólogo Elliot Currie, la alta delincuencia de EEUU, y especialmente en lo referido a los delitos violentos. De acuerdo con este autor, las sociedades industriales con una violencia escasa tienden a tener programas de empleo bien desarrollados y políticas sociales que protegen a los ciudadanos contra las inclemencias de las “fuerzas del mercado” (Dinamarca); o, como en el caso de Japón, poseen unas empresas privadas que cumplen esas mismas funciones, acompañadas de una ética de obligación social y responsabilidad mutuas. La evidencia empírica señala que el altruismo social (definido como “la voluntad de

una comunidad para comprometerse en la distribución de sus bienes escasos para ayudar y aliviar a sus miembros, al margen de la beneficencia del Estado”) reduce la delincuencia. Pratt y Godsey (2002) realizaron un estudio sobre cuarenta y seis países, de distintas regiones del mundo, en los que se analizaron, a lo largo del periodo 1989-1995, sus tasas de homicidios (en función de variable dependiente), en relación con dos indicadores estándar de apoyo social (en función de variable independiente): sus índices de gastos en salud y sus ratios de gastos en educación (tomando como base los datos publicados por la Organización Mundial de la Salud y la División de Estadística de Naciones Unidad). Mediante análisis de regresión, obtuvieron una correlación inversa y significativa (de â = -.399) entre los índices de apoyo social evaluados (salud y educación) y las tasas de homicidio de los diversos países. Es decir, los países con mayores inversiones en salud y en educación (muchos de los de Europa occidental) presentaban las menores ratios de homicidios, y, al contrario, los estados con menores gastos en salud y educación (algunos de América Latina) mostraban las cifras de homicidios más altas. “En síntesis, —dicen Cullen et al.— hay una amplia evidencia que apoya la conclusión de que el apoyo social fomenta un desarrollo humano saludable, protege a las familias y jóvenes en situación de riesgo, y convierte a la comunidad en un lugar menos proclive a la

delincuencia. También hemos visto, aunque de forma más especulativa, que esos hallazgos se sustentan en una visión del ser humano contemplado como alguien que en el curso de su desarrollo toma y presta apoyo social de la gente que le rodea” (pp. 194-195).

Lo anterior lleva a Cullen a concluir que en la medida en que una sociedad desarrolle contextos donde abunde el apoyo social, la delincuencia declinará. Al respecto de la relación entre apoyo y bienestar social y delincuencia, en los estudios empíricos se han formulado dos hipótesis opuestas: la más optimista, que los mayores gastos en bienestar social se asociarían a un decremento de las tasas delictivas; la pesimista, que mayores inversiones sociales en realidad producirían efectos criminogénicos, al promover en muchos individuos dependencia social, y, a la postre, mayor criminalidad (Savage et al., 2008). La mayoría de estudios han apoyado la primera de estas hipótesis (Cebula, 1991; DeFronzo y Hannon, 1998; Grant y Martínez, 1997; Messner y Rosenfeld, 1999; Savolainen, 2000), aunque algunos análisis también han sostenido la segunda perspectiva (Niskanen, 1996; Rosenfeld, 1986; Shihadeh y Ousey, 1996). Savage et al. (2009) analizaron una variada muestra, integrada por 52 países representativos de todas las regiones del mundo, a partir de evaluar múltiples indicadores comunitarios, políticos y económicos, a lo largo del periodo 1960 a 1984. Hallaron una clara

asociación entre el mayor gasto en bienestar por capita que realizan los países y sus menores tasas de robos y de homicidios. A primera vista, el control del delito a partir de la inversión en bienestar social resultó enormemente costoso: incrementos del 10% en gastos sociales se asociaron a reducciones modestas de los robos, de un promedio del 2,3%, y a disminuciones del 3,3% en las tasas de homicidios. Sin embargo, los autores matizan a este respecto que las inversiones en bienestar social no tienen como finalidad directa y primaria la reducción del delito, sino que se dirigen a otras muchas finalidades sociales positivas (mejora de la educación, salud pública, protección contra el desempleo, etc.), que per se justificarían dichas inversiones. Además, las anteriores mejoras son susceptibles de beneficiar, de forma indirecta y a largo plazo, la prevención del delito. Complementariamente, Savage et al. (2008) también obtuvieron algún apoyo empírico para la hipótesis más pesimista, de que los incrementos en bienestar social podrían favorecer la delincuencia, en lugar de reducirla. Hallaron que, en determinados casos, la existencia de generosos niveles de bienestar social podía haber producido mayor dependencia social, y, en algunas circunstancias, un aumento de las tasas delictivas.

9.8.3. Atractivo de la idea de apoyo social

Resulta claro que realizar una investigación de calidad no es suficiente para influir sobre la política criminal. Los políticos no consideran solo los resultados de la ciencia, sino también si las medidas que hay que tomar tienen sentido para la gente, es decir, si tienen puntos en común con la percepción existente en la comunidad acerca de “cómo funcionan las cosas”. Esto se ha podido comprobar en las últimas décadas, cuando la idea de los conservadores de que el delito era el resultado de una pérdida de disciplina y responsabilidad individuales ha llevado al desarrollo de políticas represivas (tanto por parte de conservadores como de liberales). En EEUU tales políticas se plasmaron en los denominados ‘campos de disciplina’ (boot camps), en los que los jóvenes reciben sesiones intensas de entrenamiento en la vida militar, y en la iniciativa de “a la tercera estás fuera de circulación” (Three strikes and you’re out) (se trata de una ley imperante en varios estados de EEUU, según la cual el tercer delito grave va seguido de modo automático por una sentencia de cadena perpetua). En España y en otros muchos países europeos y latinoamericanos, no somos ajenos a estas políticas abiertamente represivas y de populismo punitivo, que suelen traducirse en un recurrente endurecimiento del código penal, en función de la alarma pública causada por uno u otros delito (Varona, 2008a, 2008b; Vázquez González, 2006).

J. Simon emplea el concepto de “narración” para explicar la importancia de que una idea sea aceptada en el ámbito de la criminología. Para él, una narración aceptable para la gente ha de incluir tres componentes: una explicación del origen del delito, una medida de su grado o volumen, y una propuesta acerca de su control. Qué duda cabe que las narraciones represivas representan explicaciones sencillas sobre la delincuencia y sobre los remedios para atajarla. Cullen considera que la idea del ‘apoyo social’ podría competir con las ideas populares de los conservadores, por dos razones. En primer lugar, debido a que la relación del apoyo social con el delito apela al sentido común. La importancia de contar con apoyo es consistente con la experiencia personal de mucha gente que ha recibido ayuda en la vida. En segundo lugar, el ‘apoyo social’ apela también a la empatía o conmiseración de las personas corrientes, al hacerles pensar en las dificultades que han de arrostrar los niños que viven en situaciones de gran precariedad personal y social. Por último, muchas personas están cansadas de un individualismo utilitarista, irrelevante para el bien común. Lerner (p. 146) ha escrito en su influyente libro “The Politics of Meaning”: “La mayoría de los ciudadanos está hambrienta de hallar un sentido y un propósito a la vida. Sin embargo, estamos atrapados dentro de una red de cinismo que nos hace cuestionar si en realidad existe una

meta más elevada que el propio interés y el triunfo a cualquier precio. Vemos por doquier las consecuencias destructivas de la ética dominante basada en el egoísmo y el materialismo… La delincuencia se reducirá cuando la gente se sienta vinculada entre sí. Ese vínculo… es el producto acumulativo de una sociedad que aprueba las dimensiones espirituales y éticas de la realidad humana, que imprime en todas sus acciones un respeto para todo ser humano, y que fomenta y premia el reconocimiento y el cuidado de todos los miembros de la sociedad… Nosotros, sin embargo, vivimos en una sociedad que deshumaniza a la gente. Preocuparse por los otros, más allá de la familia cercana y de los amigos, llega a ser una rara excepción antes que la norma. La consecuencia es el crimen y la violencia”.

En síntesis, la narración o las historias que muestran cómo la falta de apoyo social daña a la gente, especialmente a los niños, podrían competir, según Cullen, con las narrativas de la represión, en las que los delincuentes aparecen como seres uniformemente violentos, como una amenaza constante a la sociedad.

9.8.4. Propuestas preventivas Finalmente, Cullen considera que del planteamiento del apoyo social, aquí recogido, pueden derivarse tres propuestas importantes, susceptibles de contribuir a la reducción de la delincuencia:

A) Intervención temprana Quizás la piedra angular de un programa de prevención de la delincuencia sea el fomentar las experiencias de

intervención temprana. Hay dos razones fundamentales para ello. En primer lugar, los programas de intervención temprana dirigidos a niños en riesgo y a sus familias, son viables políticamente. La lógica que subyace a ello es poderosa: no hay excusas válidas para no intervenir antes de que el problema se consolide. En relación con la delincuencia, la investigación muestra, de modo claro, que hay una continuidad sustancial entre la aparición de trastornos de conducta en la infancia y la delincuencia posterior, especialmente en el caso de los delincuentes reincidentes o crónicos. Iría en contra del sentido común no procurar evitar el desarrollo de delincuentes juveniles, cuando sabemos que surgen debido a determinadas condiciones vividas en la niñez. En este sentido, podría lograrse un amplio consenso, tanto entre los analistas sociales como en la propia opinión pública, a la hora de señalar la necesidad de proteger a los niños de las circunstancias negativas de ambientes criminógenos. En segundo lugar, múltiples evaluaciones empíricas han evidenciado que los programas de intervención temprana son eficaces en la prevención de la delincuencia y de otros problemas sociales, y ayudan a ahorrar dinero a los contribuyentes, frente al elevado coste de las medidas penales de encarcelamiento prolongado (Redondo, García, Blanco et al., 1997). Pero estos programas de intervención temprana no deben ser la única vía de la

prevención. Si bien parecen ser los más efectivos, trabajar con niños más allá de la primera infancia —los cinco primeros años— es también una exigencia que se apoya en la investigación.

B) Reafirmar el ideal de la rehabilitación de los delincuentes A pesar de la escasa confianza que tienen muchos estados en dotar a las prisiones y centros juveniles de personal y medios para la rehabilitación de los delincuentes, lo cierto es que es la única perspectiva que plantea algo tan sencillo como lo siguiente: invertir dinero para ayudar a los delincuentes hará que disminuya su reincidencia, y como consecuencia contribuirá a hacer más segura la vida en la comunidad. Esto contrasta claramente con la filosofía penal basada en el “no hacer daño” —que plantea asegurar una vida digna en reclusión sin desarrollar programas de tratamiento— y la corriente retribucionista, que fía todo a la severidad de la condena penal. Por otra parte, no hay que olvidar que la opinión pública tiene sentimientos mezclados sobre cómo tratar a los delincuentes; desea que se les castigue, pero también que se les ayude a escapar del círculo vicioso de la delincuencia. Apoyar el ideal de la rehabilitación puede permitir el desarrollo de un clima social favorecedor de nuevas y mejores estrategias para rehabilitar a los

delincuentes, juveniles o adultos. Hay otra razón de gran importancia: mientras que la investigación ha evidenciado con claridad que las medidas punitivas (aumento del castigo) no reducen la reincidencia —y en muchos casos la aumentan—, los programas de rehabilitación basados en estudios sobre la eficacia reducen la delincuencia en un promedio del 15%, llegando en algunos casos a reducciones de hasta el 50%.

C) Generar reformas sociales y culturales más amplias A diferencia de otros planteamientos, la perspectiva del apoyo social, aquí presentada, mantiene que cualquier política social que aumente la inversión económica en ayudar a los individuos, las familias y las comunidades reducirá la delincuencia. Ahora bien, “la correspondencia —dice Cullen— entre un programa concreto y la tasa delictiva no necesita ser directa o inmediata, sino que más bien los efectos, probablemente, serán pequeños, interactivos y acumulativos. Es decir, cuando numerosas fuerzas coinciden para crear un contexto de apoyo, se traspasa un umbral que hará más improbable que un sujeto cometa delitos, lo que contribuye a controlar la tasa general de delitos” (p. 202). Sin embargo, las reformas sociales no deberían limitarse a procurar mejores recursos a las personas, familias y

comunidades en riesgo; también será relevante atender a la cultura más general de una nación. Hay cada vez un mayor consenso sobre la idea de que los valores culturales generales pueden fomentar la delincuencia mediante la legitimación del individualismo que destaca por encima de todo el éxito económico conseguido por cualquier medio. En contraste, los valores que fomentan el altruismo contribuyen a disminuir la delincuencia.

9.9. POSTMODERNIDAD CRIMINOLOGÍA

Y

Últimamente, también ha llegado hasta el campo de la criminología el denominado ‘postmodernismo’. El pensamiento postmoderno plantea en general, por oposición al pensamiento ‘moderno’, encarnado por la ciencia y el desarrollo tecnológico, que el conocimiento científico, a pesar de su apariencia de objetividad y mayor validez, también estaría mediatizado por el lenguaje (Lilly et al., 2007). Es decir, la ciencia habría construido toda una estructura de presupuestos y ‘aprioris’ plasmados en el lenguaje y las expresiones sociales, que primarían el propio conocimiento científico por encima de otras formas de conocimiento, y en muchos casos se acabaría transformando en fuentes, no de liberación, sino de dominio y opresión (Matthews y Young, 1992). Este pensamiento ‘postmoderno’ se ha concretado en la

criminología en un análisis del discurso de los operadores y actores de la justicia: jueces y abogados, policía, víctimas y delincuentes. La asunción de todos estos roles estaría mediatizada por ‘lenguajes’ especiales (jurídicos, victimológicos, de género, etc.) que transferirían a sus propias nomenclaturas las vivencias auténticas de los sujetos, desfigurándolas en pro de la coherencia legal e institucional, pero alejándolas de su realidad. Ilustraría bien esta situación cuando, por ejemplo, una víctima de violación es interrogada en el juicio, y su experiencia de sufrimiento es ‘reconstruida’ en parafernalia jurídica destinada a los intereses de la propia justicia (que incluye también el dominio de la víctima), perdiéndose a menudo de vista las necesidades genuinas de la propia víctima. Frente a la anterior situación, el ‘postmodernismo’ propone una cultura plural que genere discursos alternativos, que promuevan un mayor respeto de la diversidad, una menor victimización de los otros por parte de los delincuentes, y, también, un menor castigo de los delincuentes por parte de la sociedad (Vold et al., 2002). PRINCIPIOS CRIMINOLÓGICOS Y POLÍTICA CRIMINAL 1. Las perspectivas del etiquetado y del conflicto supusieron una reacción contra la criminología oficial, o “administrativa”, a la que consideraron ensimismada en cuestiones prácticas de poca importancia, pero alejada del problema criminológico que estos planteamientos consideraban más importante: la influencia que tendrían los mecanismos de control en la génesis de la delincuencia. 2. El control social que suele seguir a la desviación primaria, o infracción inicial, podría ser origen de procesos de desviación secundaria, o delincuencia posterior.

3. Los comportamientos desviados, o que se apartan de la norma o de lo que es habitual, son frecuentes en todas las sociedades. Pero el etiquetamiento de estos comportamientos, y por extensión de los individuos que los llevan a cabo, podría contribuir a la consolidación y perpetuación de las conductas desviada y delictivas. 4. Los procesos de rechazo y avergonzamiento de los infractores, de cariz suave y reintegrador, resultarán más eficaces para la corrección de la conductas infractoras que no el avergonzamiento rígido, prolongado y estigmatizador y excluyente, que puede coadyuvar a mantener los delitos. 5. La desigualdad económica en una sociedad parece tener una influencia decisiva sobre sus tasas de violencia y delitos. Por otro lado, la concentración de desempleo y otros problemas sociales en los barrios guarda también una relación estrecha con las mayores tasas de delincuencia. De ahí que todas aquellas políticas dirigidas a reducir las desigualdades económicas en dichos contextos, y a mejorar la formación y el empleo, particularmente en los jóvenes, además de ser objetivos de evidente justicia social, pueden tener efectos reductores de la delincuencia. 6. Muchas víctimas de todo tipo de delitos pertenecen, al igual que muchos delincuentes, a sectores social y económicamente desprotegidos. 7. Las perspectivas feministas consideran que la criminología ha sido hasta el presente eminentemente androcéntrica (es decir, construida por hombres, que han reflexionado e investigado sobre la delincuencia masculina), y, por ello, las teorías criminológicas vigentes podrían no ser del todo apropiadas para explicar la participación delictiva de las mujeres. 8. El realismo crítico integra conocimientos y conclusiones de la criminología crítica —al considerar que, en buena medida, los estamentos más poderosos de la sociedad influyen sobre la creación de las leyes y el funcionamiento de los mecanismos de control, en beneficio propio—, de la escuela clásica —al interpretar que muchos delitos constituyen actos utilitarios, dirigidos a la obtención de beneficios, por lo que deben ser contrarrestados mediante castigos justos—, y de la criminología científica —ya que se acepta y aplica la investigación empírica como instrumento adecuado para el conocimiento criminológico—. 9. La teoría del apoyo social establece que la mejor protección y prevención de la delincuencia dimana del apoyo social que reciben los ciudadanos de sus respectivas comunidades. 10. El postmodernismo criminológico sugiere la necesidad de avanzar hacia culturas más plurales, no uniformes, que promuevan un mayor respeto a la diversidad, y redunden en una menor victimización y control. CUESTIONES DE ESTUDIO 1. ¿Qué perspectivas teóricas suelen agruparse bajo la denominación de teorías críticas y del conflicto? ¿Qué semejanzas y diferencias guardan entre ellas?

2. ¿Qué son la desviación primaria y secundaria? ¿Cómo se produce el proceso de etiquetamiento que conduce a la desviación? ¿En qué consiste el proceso de amplificación de la desviación? 3. ¿En qué se diferencian la vergüenza reintegradora y la estigmatizadora? 4. ¿Qué es la criminología crítica? ¿Cuándo se inició? 5. ¿Guarda relación la delincuencia con la pobreza? ¿Con la desigualdad? ¿Con el desempleo? ¿Con el tipo de barrios en que viven los individuos? Localizar y resumir información empírica, a favor y en contra, acerca de cada una de estas cuestiones. 6. ¿Qué problemas metodológicos presenta la investigación de la relación entre economía y delito? 7. ¿Qué plantean las perspectivas criminológicas feministas? 8. ¿Cuáles son las principales propuestas teóricas del nuevo realismo crítico? ¿Existe un realismo criminológico de “izquierdas” y otro de “derechas”? 9. ¿En qué se parece y diferencia la teoría del apoyo social de las teorías del control? 10. ¿Qué es el postmodernismo criminológico?

10. ELECCIÓN RACIONAL Y OPORTUNIDAD DELICTIVA 10.1. INTRODUCCIÓN: CONCEPTOS FUNDAMENTALES 465 10.2. DECISIÓN DELICTIVA Y DISUASIÓN 466 10.2.1. Teoría del delito como elección racional 469 A) La infracción como decisión 469 B) Valor o utilidad de la conducta 472 C) La elección del curso de acción preferible: recompensas y castigos 472 D) Factores que modulan la relación ganancias-pérdidas 473 E) Implicaciones para la práctica 474 10.2.2. Evaluación empírica de las tesis de la disuasión 475 A) Efectos preventivos de la estancia en la cárcel 476 B) Estudios realizados sobre la prevención general 479 C) ¿Produce la pena de muerte efectos disuasorios generales (sobre el conjunto de la ciudadanía)? 483 D) ¿Dureza o certeza de las penas? 484 E) ¿Disuasión o control informal? 485 F) ¿Disuasión o moralidad? 486 10.3. CRIMINOLOGÍA AMBIENTAL Y OPORTUNIDADES DELICTIVAS 487 10.3.1. Teoría de las actividades cotidianas 489 A) Mejorar las condiciones de vida no reduce la delincuencia 490 B) Los cambios en las actividades cotidianas incrementan las oportunidades para el delito 490 C) Confluencia de delincuentes, víctimas y ausencia de controles 491 D) Derivaciones aplicadas 492

E) La ecología de las actividades cotidianas: ‘ecosistema’ delictivo 494 F) La delincuencia como proceso vital 498 G) Evaluación empírica 500 H) ¿Existe una motivación individual de cariz situacional? 502 10.3.2. Situación y decisión: Teoría del patrón delictivo 504 10.3.3. ¿Prevención o desplazamiento del delito? 508 10.3.4. Teoría de las ventanas rotas 510 10.3.5. Actualidad y futuro de la Criminología ambiental 514 PRINCIPIOS CRIMINOLÓGICOS Y POLÍTICA CRIMINAL 516 CUESTIONES DE ESTUDIO 517

10.1. INTRODUCCIÓN: FUNDAMENTALES

CONCEPTOS

Bajo el epígrafe el delito como elección racional y oportunidad delictiva se incluyen aquellas perspectivas teóricas que, en conjunto, realzan como explicación de la conducta delictiva los procesos de decisión que se adoptan, en términos de beneficios y costes, frente a las oportunidades delictivas que se presentan. Estas teorías abarcan más de doscientos años de reflexión criminológica, desde la escuela clásica iniciada por Beccaria, ya referida en el capítulo 2 sobre historia de la Criminología, hasta nuestros días. Más concretamente, en este sector teórico se presentarán dos aproximaciones distintas pero estrechamente vinculadas: en primer lugar, la teoría vigente sobre el delito como elección racional, y también referida desde otros planteamientos como teoría

económica del delito; en segundo término, las teorías sobre estructuras de oportunidad para el delito, que incluyen la teoría de las actividades rutinarias de Cohen y Felson (1979), la teoría del patrón delictivo de Brantingham y Brantingham (1991), y la teoría de las ventanas rotas (Wilson y Kelling, 1982; Skogan, 1990; Kelling y Coles, 1996). Ambos grupos de teorías consideran, en su ecuación del delito, tanto las decisiones humanas como las situaciones de oportunidad que se ofrecen a los individuos (Walsh, 2012). Su diferencia principal reside en la prioridad concedida a uno y otro elemento: mientras que las teorías de la elección ponen énfasis en el primer factor, la decisión, las teorías de la oportunidad lo sitúan en el segundo, las situaciones ambientales que estimulan los delitos.

10.2. DECISIÓN DELICTIVA Y DISUASIÓN

El paradigma de la elección racional plantea que el ser humano siempre se halla ante el dilema de elegir el bien o el mal; que se decante por lo uno o por lo otro esencialmente dependería de lo que la razón le dicte acerca de cuales son los beneficios y castigos esperados.

La doctrina de la disuasión, derivada de los postulados de la escuela clásica, es el fundamento sobre el cual se asientan actualmente las leyes y la justicia penal de la inmensa mayoría de los países, tal vez por la gran adaptabilidad que tienen las ideas penales clásicas a la realidad social (Serrano Maíllo, 2008a). El esquema delito-pena permite estructurar un sistema simple, coherente y fácil de operar dentro de la enorme complejidad de las instituciones sociales. Las sociedades modernas necesitan políticas públicas que resulten lógicas

y comprensibles para los ciudadanos. El sistema de justicia penal está planteado como un encadenamiento intuitivo de causas y efectos. Ante los problemas sociales que se derivan de las amenazas y violencias a otros o a sus propiedades, se dictan leyes que prohíben ciertas conductas, definiéndolas como delitos, y, como una consecuencia lógica, se regulan sanciones legales para los infractores. La operativa de este sistema se hace recaer sobre la policía, que debe detener a los delincuentes, los tribunales, que han de juzgarlos y sancionarlos, y las prisiones y otros mecanismos de control, que aplicarían las sentencias y penas impuestas. A las sanciones y penas, suelen atribuírseles finalidades y efectos de prevención especial o individual, es decir de evitación de la reincidencia del delincuente que es castigado, y de prevención general, o de disuasión delictiva del conjunto de los ciudadanos. Estos dos tipos de efectos globales pueden perseguirse a través de diversos mecanismos, tal y como se ilustra en el cuadro 10.1. CUADRO 10.1 Las teorías de la prevención especial y general

Fuente: elaboración propia basada en Zimring (1973) y Andenaes (1974).

Prevención especial Según la doctrina penal, la prevención especial podría favorecerse, a partir de las penas privativas de libertad, mediante de los siguientes mecanismos: • Incapacitación o inocuización: la permanencia en prisión del sujeto le impediría la comisión de nuevos delitos en la sociedad, al menos durante el período que dure su encarcelamiento. • Maduración: tras su estancia en prisión el individuo saldría de ella con mayor edad y, en consecuencia, con menor menos energía para delinquir. • Mejoras personales: el individuo podría mejorar cualitativamente durante su estancia en prisión, como resultado de su tratamiento, escolarización, cambio de ambiente, desempeño de un trabajo, etc. Prevención general

La prevención general podría estimularse a través de tres sistemas: • Habituación: sugiere la idea de que, como resultado de la existencia de normas y sanciones penales, las personas acabarían automatizando aquellos comportamientos que se hallan dentro de la legalidad normativa. Un ejemplo de ello sería cómo los ciudadanos generalmente detienen su vehículo de forma automática ante un semáforo en rojo, sin tener que pensar y decidir en cada caso acerca de la conveniencia de esta conducta. • Formación normativa: haría referencia al efecto educativo que, a largo plazo, podrían tener las normas penales, a lo que Silva Sánchez (1992) se refirió como “prevención general positiva”. La idea implícita aquí es que las leyes penales, que suelen ser ampliamente publicitadas a partir de la gran atención mediática que reciben los delitos y las sentencias, podrían promover, a largo plazo, la “educación” penal de la población, acerca de qué conductas están prohibidas y pueden ser castigadas. Así podría suceder, por ejemplo, que la difusión de sentencias penales sobre el acoso sexual en el trabajo contribuyera a cambiar las costumbres sexistas en las relaciones laborales, o que ciertas condenas sobre delitos ecológicos fortalecieran la conciencia social sobre la protección del medio

ambiente. • Disuasión: este efecto, también denominado “prevención general negativa”, sería dependiente de tres parámetros, comentados con antelación, en el marco de la teoría clásica: certeza, prontitud o inmediatez, y dureza de la pena. La certeza y la inmediatez dependerían ante todo de la eficacia policial y de la rapidez del procedimiento penal, mientras que la dureza estaría directamente determinada por el código penal. Además de las precedentes consideraciones acerca de las finalidades teóricas del castigo penal, distintos autores han puesto de relieve un marcado seguidismo en las políticas criminales de las últimas décadas, incluido el caso de España, del alarmismo y las “soluciones” punitivistas dictaminadas por los medios de comunicación o que proceden de Estados Unidos (Corcoy Bidasolo, Mir Puig y Gómez Martín, 2007b; García Arán y Peres-Neto, 2008; Gómez Martín, 2007; Mir Puig, 2007a, 2007b; Queralt Jiménez, 2007a).

10.2.1. Teoría del delito como elección racional A) La infracción como decisión Una teoría relevante, que revitalizó las ideas de la escuela clásica, es la denominada teoría del delito como

elección racional, formulada por James Q. Wilson y Richard J. Herrnstein, en su difundida obra Crime and Human Nature, cuya primera edición corresponde a 1985 (Wilson y Herrnstein, 1998), y en una versión diferente por Donald V. Clarke y Derek B. Cornish (Clarke y Cornish, 1985; Cornish y Clarke, 1986). Todos estos autores interpretaron la acción delictiva, no como una reacción frente a la frustración, o como un producto de las influencias sociales o del aprendizaje de hábitos delictivos, sino, primariamente, como el resultado de una elección racional (Serrano Maíllo, 2008a; Tibbetts, 2012; Vozmediano y San Juan, 2010). Reconocían que, entre los antecedentes del comportamiento delictivo, podrían hallarse también factores psicológicos, sociales, y experiencias del individuo. Sin embargo, consideraban que la clave explicativa de la conducta delictiva residía en que ciertos sujetos poseerían una “mentalidad criminal”, al valorar que podrían beneficiarse de situaciones ilegales, aunque para ello debieran asumir un cierto riesgo de ser detenidos y castigados. Ronald Clarke es catedrático en la Escuela de Justicia Criminal en Rutgers University, New Jersey. De formación psicológica, se doctoró en la Universidad de Londres, y trabajó hasta su marcha a Estados Unidos con el Ministerio del Interior británico en el desarrollo de programas de prevención medio-ambiental del delito, así como en el diseño de las encuestas de victimación en ese país. Es uno de los criminólogos que más ha influido en la política criminal en Gran Bretaña y Estados Unidos.

En el cuadro 10.2 se presenta el modelo de inicio de la conducta delictiva que fue propuesto por Clark y Cornish (1985), aplicado a la conducta de robo. Como puede verse, la teoría contempla ocho constructos diferentes que podrían influir sobre la elección de la conducta delictiva. Estos constructos son: 1) los factores antecedentes, tanto psicológicos y de crianza de los sujetos como sociales; 2) las experiencias previas y el aprendizaje del sujeto; 3) sus necesidades generales (dinero, sexo, estatus, etc.); 4) la valoración de opciones; 5) las soluciones consideradas, tanto legales como ilegales; 6) la reacción del individuo ante la oportunidad de la conducta delictiva; 7) su disponibilidad para cometer el delito; y, finalmente, 8) la decisión de llevarlo a cabo. CUADRO 10.2. Teoría del delito como elección racional: modelo de inicio de la conducta delictiva de robo Fuente: R. Clarke y D. Cornish (1985). Modeling Offenders’ Decisions: A Framework for Research and Policy. En M. Tonry y N. Morris: Crime and Justice: An Annual Review of Research (147-185). Chicago: The University of Chicago Press: 168.

En términos generales, la teoría de la elección racional, que tiene sus antecedentes próximos en los trabajos previos de Becker (1968; Becker y Landes, 1974), Hineke (1978), y Cornish y Clarke (1986), explica la conducta delictiva a partir del concepto económico de utilidad esperada. Según ello, las personas se comportan de una

manera u otra dependiendo de las expectativas que tienen acerca de los beneficios y costes que pueden obtener de diferentes conductas. Estos beneficios y costes pueden ser tanto económicos como psicológicos. En sus formulaciones modernas, “la perspectiva criminológica de la elección racional asume que el delito puede ser comprendido considerando que las personas eligen delinquir utilizando los mismos principios de análisis coste-beneficio que usan al seleccionar conductas legales (…). Es decir, la decisión de delinquir es influida por las preferencias de las personas, sus actitudes hacia el riesgo y ahorro de tiempo, y sus estimaciones sobre las oportunidades delictivas disponibles incluidos sus costes y beneficios, frente a la disponibilidad de oportunidades legítimas (…) para lograr beneficios iguales o comparables” (McCarthey, 2004). Ahora bien, el que los delincuentes calculen los posibles costes y beneficios derivados del delito (como proponen las teorías de la elección racional) no significa, obviamente, que acierten con seguridad en sus estimaciones. Según Sullivan (referenciado en Vold y Bernard, 1986: 32), “el presupuesto principal de la teoría económica no afirma que las personas no cometan errores [en sus cálculos de costes y beneficios] sino más bien que actúan de acuerdo con su mejor interpretación acerca de sus posibilidades presentes y futuras, sobre la base de los

recursos de que disponen” (el texto entre corchetes es nuestro). Además, la teoría realza la idea de la especificidad delictiva, en cuanto que se considera que distintos delitos pueden producir diferentes beneficios para diversos tipos de delincuentes (Curran y Renzetti, 2008). En un trabajo más reciente, Cornish y Clarke (2008) sintetizaron su perspectiva de la elección racional a partir de los siguientes postulados fundamentales: 1. La conducta delictiva es intencional, influida por necesidades y deseos, y orientada, como el resto del comportamiento humano, al logro de objetivos particulares. 2. La conducta delictiva es racional, en el sentido de que los delincuentes intentan elegir los mejores medios de que pueden disponer para lograr sus propósitos. La presunción de racionalidad no asegura, claro, que las decisiones adoptadas por quienes cometen un delito sean racionalmente perfectas y efectivas, sino, que, como a menudo sucede, pueden ser erradas. 3. El proceso de toma de decisión delictiva es específico para cada delito concreto: los delincuentes no delinquen en un sentido genérico, sino que cometen delitos específicos, cada uno de los cuales tiene sus motivos, propósitos y beneficios particulares.

4. Las elecciones pro-delictivas son de dos tipos fundamentales: relativas a la implicación, o no, en un delito concreto (un robo, una agresión, un ataque terrorista); y concernientes al modo de llevarlo a cabo, planificándolo, ejecutándolo y finalizándolo. 5. La implicación en la actividad criminal pasa por tres etapas distintas, iniciación en el delito, habituación y abandono de la delincuencia, en cada una de las cuales serán diferentes los factores que influyen sobre la toma de decisiones que efectúan los delincuentes. 6. En el transcurso de cada evento delictivo específico existe una sucesión de estadios y decisiones vinculadas (selección del objetivo, elección del momento de actuación, de un arma o forma de intimidación, de responder ante las reacciones de la víctimas, etc.).

B) Valor o utilidad de la conducta Para una exposición más detallada de la teoría del delito como elección racional se seguirá aquí la formulación realizada por Wilson y Herrnstein (1998). Estos autores parten de la misma concepción de la acción humana que fue empleada por la escuela clásica y que, con diversa nomenclatura, se halla presente en distintas áreas del conocimiento: el hedonismo o utilitarismo recogidos en la filosofía, el valor o utilidad de la terminología

económica, o el reforzamiento o recompensa del lenguaje psicológico. En suma, todos estos conceptos se fundamentan en la idea de que la conducta se dirige al logro del “placer”, o beneficio propio a corto plazo, y a la evitación de sus contrarios, el “dolor”, o consecuencias desagradables. Wilson y Herrnstein (1998) emplean en la formulación de su teoría del delito como elección el lenguaje psicológico, aunque presuponen que sus conceptos son fácilmente trasladables a otras nomenclaturas.

C) La elección del curso de acción preferible: recompensas y castigos El presupuesto teórico de partida es que las personas que se hallan frente a una elección, eligen el curso de acción preferible. Ello no implica que en todos los casos se haga una elección consciente, sino simplemente que el comportamiento está determinado por las consecuencias que tiene para el individuo. Así pues, según Wilson y Herrnstein, la elección de un comportamiento no delictivo (por ejemplo, trabajar para obtener dinero) o de uno delictivo (robar para el mismo fin), dependerá de la valoración que el individuo haga de la relación entre recompensas y castigos de uno y otro comportamiento. “Cuanto mayor sea la razón de las recompensas (materiales y no materiales) de la no-delincuencia y las

recompensas (materiales y no materiales) del delito, menor será la tendencia a cometer delitos” (Wilson y Herrnstein, 1985: 61). Las recompensas (o los ‘placeres’, en la denominación clásica) asociadas al comportamiento delictivo pueden ser muy variadas, incluyendo las propias ganancias materiales, la gratificación emocional, la aprobación de los amigos, la satisfacción por el ajuste de cuentas con un enemigo, o el realce del propio sentido de la justicia. Lo mismo sucedería con los castigos o pérdidas, que pueden ser de tipo material, o bien tener un cariz emocional, como podrían ser la desaprobación de una acción por parte de los espectadores de la misma, el temor a la revancha de la víctima de un delito o, también, el propio remordimiento de conciencia. Las ganancias y pérdidas dependerán, en cada caso, del tipo de comportamiento delictivo de que se trate.

D) Factores que modulan la relación gananciaspérdidas Según Wilson y Herrnstein, existen dos elementos principales que influyen decisivamente en la valoración individual de la relación ganancias/pérdidas (o recompensas netas), a saber: su grado de inmediatez/demora y su certeza/incerteza. Estos dos elementos pueden favorecer que algunas personas opten

por la delincuencia, a partir del siguiente proceso. Sucede, en primer lugar, que las recompensas por los comportamientos no delictivos tienen con frecuencia un carácter demorado, es decir no son inmediatas (por ejemplo, para ahorrar cierta suma de dinero con la que comprar un coche nuevo, una persona debe trabajar durante largo tiempo, incluso años). Por el contrario, muchas recompensas asociadas al delito tienen un cariz más inmediato (el robo es la forma más rápida de ‘adquirir’ un coche apetecido). Según se sabe, la fuerza de los refuerzos o recompensas decrece a medida que se hacen más distantes en el tiempo. La inmediatez de las consecuencias podría favorecer, en algunas personas, el incremento de su conducta delictiva a la vez que la demora en la gratificación podría dificultar sus comportamientos no delictivos. En segundo término, en la valoración de las recompensas y castigos vinculados al comportamiento no delictivo o delictivo, juega también un papel fundamental su grado de certeza o incerteza. No es seguro que una conducta acarree ciertos beneficios, como tampoco lo es que comporte ciertos riesgos. En general, los comportamientos delictivos suelen ir acompañados con mayor certeza de beneficios que de castigos (al menos, a corto plazo). De esta manera, van a jugar un papel decisivo, a la hora

de optar por determinada conducta, las valoraciones que el individuo haga, en cada caso concreto, de todos los elementos mencionados: 1) de las ganancias y pérdidas esperables, 2) de su inmediatez o demora, y 3) de su certeza o incerteza.

E) Implicaciones para la práctica De acuerdo con todo lo anterior, Wilson y Herrnstein concluyen que la teoría tiene una implicación obvia para la práctica: la reducción de la demora y de la incerteza de las recompensas asociadas al comportamiento no delictivo, reducirá la probabilidad de cometer delitos (en la medida en que aumentaría la probabilidad de sus contrarios, los comportamientos prosociales). Sin embargo, el mero incremento de la severidad de los castigos asociados al delito (es decir, el aumento formal de las penas en la ley), pero sin tomar en consideración los elementos inmediatez y certeza, no garantizaría la reducción de la tendencia individual a cometer delitos. La teoría del delito como elección ha recibido diferentes críticas, especialmente dirigidas contra la idea de la absoluta racionalidad en la toma de decisiones que plantea como explicación de la conducta delictiva. Se ha cuestionado su postulado de que la mayoría de los delincuentes calculen racionalmente, con antelación a la comisión de un delito, cuáles son los beneficios que

pueden obtener y los riesgos que pueden correr. En realidad, antes o después, la mayoría de los delincuentes reincidentes acaban siendo detenidos y pasan largas temporadas en la cárcel, lo que quiere decir que sus supuestos “cálculos” yerran con frecuencia. Bennett y Wright (1984) refirieron, a partir de entrevistas realizadas con delincuentes contra la propiedad, que éstos informaron que tanto ellos como otros ladrones que conocían, simplemente no se paraban a pensar en las posibles consecuencias legales de sus acciones delictivas, antes de llevarlas a cabo. Según este estudio, no se trataría solo de que los delincuentes cometan errores al calcular los beneficios y costes de su comportamiento, sino que, sencillamente, no pensarían en las posibles consecuencias negativas de su conducta. La estructura de decisión que proponen las teorías de la elección racional no constituye probablemente una imagen certera del funcionamiento de las elecciones humanas (Tibbetts, 2012; Lilly et al., 2007). Ante una alternativa de conducta, no solemos analizar pros y contra de un modo prolongado y completamente ordenado. Muchas decisiones de comportamiento, lo que incluye las opciones delictivas, se toman en poco tiempo, de modo veloz, considerando aspectos parciales de las opciones en lid, sin valorar todos los condicionantes, y en muchos casos, principalmente a la luz de sus malos resultados

previos, sin contar con información suficiente. Pero, ¿cuándo la información es o no suficiente para efectuar una elección de conducta? Herber Simon sugirió en psicología, en 1957, el término escocés satisficing, que podría trasladarse al castellano mediante la construcción del neologismo “satisficiente”, para significar que el proceso de decisión se interrumpe, a efectos de adoptar una decisión, en el instante en que se localiza una opción “satisfactoria” de un elenco de alternativas, no ideal, sino “suficiente” (Wilson, 1999).

10.2.2. Evaluación empírica de las tesis de la disuasión La evaluación empírica de una teoría criminológica consiste en comprobar en qué medida sus postulados se confirman o no en la propia realidad social y delictiva. Así, para las teorías de la disuasión se trataría de verificar si se cumplen sus previsiones teóricas principales, que argumentan que la imposición de penas disuadirá a los delincuentes de cometer nuevos delitos (prevención especial), y, también, prevendrá la delincuencia en el conjunto de la ciudadanía (prevención general) (Barberet, 1997). Pese a la larga historia, de miles de años, con la que cuentan las prácticas penales disuasorias, son muy escasos los análisis empíricos, incluso en la modernidad,

orientados a verificar si la aplicación de penas más estrictas o de mayor duración verdaderamente produce una disminución de los delitos (Díez Ripollés, 2006). El derecho penal ha dirigido principalmente su actividad a crear, interpretar y aplicar las leyes, pero se ha interesado poco en conocer qué efectos producen. Sin embargo, a la Criminología, desde un planteamiento científico y empírico, le interesa en grado sumo comprobar qué efectos producen las diversas penas —y sus distintas durezas e intensidades— en el comportamiento de los delincuentes (Tamarit, 2007): ¿Disminuye o aumenta la reincidencia como resultado de la imposición de penas más largas o más cortas? ¿Se observan diferencias entre el comportamiento posterior de reclusos que han estado 6 meses en la cárcel y aquéllos que han cumplido 2 años de prisión? También interesa a la Criminología verificar los postulados de la teoría de la prevención general: ¿Cómo afecta a las personas con cierta disposición o motivación para cometer determinados delitos el riesgo existente de detención? ¿Es distinta su valoración y probabilidad de un delito, si la pena a éste asignada es de 6 meses o de 2 años?

Equipo de Profesores e Investigadores del Departamento de Derecho Penal y Ciencias penales de la Universidad de Barcelona con dedicación en Criminología. Los miembros del equipo son, de izquierda a derecha y de abajo a arriba: Joan Josep Queralt Jiménez; Santiago Mir Puig; Mirentxu Corcoy Bidasolo; Víctor Gómez Martin; José-Ignacio Gallego Soler; Silvia Fernández Bautista; Sergi Cardenal Montraveta; David Carpio Briz, y Carolina Bolea Bardon. También forma parte del equipo Juan Carlos Hortal Ibarra. La actividad docente e investigadora del equipo se desarrolla, fundamentalmente, en los siguientes ámbitos: Dogmática del Derecho penal (Parte General y Especial), Política criminal, Derecho penal juvenil, Delincuencia socioeconómica, Delincuencia Organizada, Delincuencia Sexual y de Género y Ejecución penitenciaria.

A) Efectos preventivos de la estancia en la cárcel Los

estudios

de

reincidencia

delictiva

permiten

aproximarse a la evaluación de las tesis disuasorias. En un trabajo de Redondo, Funes y Luque (1994) se evaluó, durante un período de seguimiento de tres años y medio, la reincidencia delictiva de una muestra de 485 delincuentes, que habían cumplido previamente penas de prisión. Se obtuvo una tasa promedio de reincidencia del 37,9%, que, además, se analizó en relación con diversas variables personales de los sujetos (edad, sexo y otros factores), y con distintas circunstancias jurídico penales y relativas al cumplimiento de las penas de prisión. La conclusión principal de este estudio, en lo que se refiere a la eventual capacidad disuasoria de las penas de prisión, fue que éstas, per se, no previenen la futura reincidencia. Esta conclusión se basó en distintos resultados específicos acerca de la relación penasreincidencia. En primer lugar, quienes más veces habían ingresado previamente en prisión —de quienes cabía esperar que reincidieran menos, puesto que, según la teoría de la disuasión, la experiencia de la cárcel debería haberles disuadido de futuras conductas delictivas— reincidieron, sin embargo, en mayor grado. En concreto, el 85% de los sujetos que resultaron ser reincidentes tenía ingresos previos en prisión, mientras que solo reincidió un 14,7% de quienes no contaban con anteriores ingresos carcelarios. La probabilidad de reincidir aumentó, según ello, en proporción al número de veces que los sujetos

habían ingresado en prisión con antelación. A conclusiones semejantes se llegó también en el estudio de reincidencia de Luque, Ferrer y Capdevila (2004, 2005), realizado, con una metodología análoga, sobre una muestra de excarcelados una década más tarde. Una segunda hipótesis que puede derivarse de los postulados de la teoría disuasoria es que cuanto mayor sea el tiempo que un individuo pase en prisión, mayor debería ser el efecto disuasorio de la pena y menor, por tanto, la probabilidad de reincidencia futura. Sin embargo, sucedió justamente lo contrario: la mayor probabilidad de reincidir se relacionó con la mayor duración de la estancia en prisión. Los 184 sujetos de la muestra que reincidieron, acumularon un promedio de 498 días pasados en prisión, mientras que para los restantes 301 sujetos no reincidentes, su estancia promedio en prisión fue de la mitad, 234 días. Por tanto, cuanto mayor era el tiempo de encarcelamiento experimentado por una persona, mayor era también su probabilidad de reincidir. Un tercer postulado que cabe deducir de las teorías de la disuasión es que cuanto más estricto sea el cumplimiento de una pena —en este caso, del encarcelamiento— mayor debería ser el efecto intimidatorio esperado, y, en consecuencia, menor la probabilidad de reincidencia. Para evaluar esa predicción de la teoría clásica, Redondo et al., (1994) crearon una variable denominada penosidad del

encarcelamiento. El presupuesto de partida para ello fue que, para una misma duración de la pena, su penosidad no sería la misma si ésta se cumplía en todo o en parte en régimen abierto, en régimen ordinario, o en régimen cerrado. En definitiva, dos años en prisión podrían ser muy distintos para un sujeto —y producir en él muy diferentes efectos intimidatorios u otros—, según el régimen carcelario en que el individuo se hallase. La penosidad del encarcelamiento fue calculada para cada persona en función del tiempo de reclusión pasado en cada uno de los posibles regímenes de cumplimiento de la condena. Sobre esta base se clasificó a los sujetos en tres posibles gradaciones de penosidad carcelaria: baja, media y alta. De los 161 sujetos cuyo cumplimiento fue calificado de baja penosidad reincidieron el 16,3%. De los 163 individuos catalogados con una penosidad media volvió a delinquir el 40,2%. Y de los sujetos cuyo cumplimiento de condena se calificó como de penosidad alta reincidió el 43,5%. Resulta obvio que tampoco la menor penosidad en el cumplimiento de las penas de prisión es, per se, garantía de mayor disuasión, sino que sucede justamente lo contrario: los encarcelamientos más estrictos se asocian a una mayor reincidencia. De idéntica manera sucedió en el estudio de reincidencia de Luque et al. (2005). Un último análisis de la investigación de Redondo et al.

(1994), que tampoco parece sustentar la hipótesis de la disuasión, se refiere a la relación existente entre forma de excarcelación y reincidencia. Según la teoría de la disuasión, hipotéticamente podría esperarse (como no es infrecuente oír a muchos tertulianos y demás “expertos”), que el cumplimiento íntegro de las penas, finalizándolas a término, sin acceder a ningún tipo de beneficios propios del sistema progresivo, como el régimen abierto o la libertad condicional, tendría mayores efectos disuasorios y reductores de la reincidencia delictiva que lo contrario. Sin embargo, también aquí los datos fueron contrarios a las perspectivas e intuiciones disuasorias: finalizar una condena de prisión en régimen cerrado (cumpliéndola íntegramente) aumentó la probabilidad de reincidir. De los 9 sujetos que acabaron su condena en este régimen, reincidieron 7 (el 78%), mientras que de los 37 que la terminaron en régimen abierto y en libertad condicional, solamente reincidieron 6 (un 16%). Un problema metodológico importante que dificulta la generalización y la validez de los resultados de este estudio, es que carece de un grupo de control o comparación. El que algunas personas hayan cumplido penas de cárcel más largas, es probablemente debido a que previamente habían cometido delitos más frecuentes y más graves, es decir, a que con antelación a la aplicación de las penas de prisión en sí, ya eran delincuentes multi-

reincidentes. En puridad metodológica, para poder pronunciarse con mayor garantía sobre los efectos que tiene la estancia en prisión sobre la conducta delictiva futura, deberían compararse grupos equivalentes de delincuentes (o sea, con perfiles personales y delictivos semejantes) que, sin embargo, hubieran recibido reacciones penales distintas. Existen varios proyectos de investigación de este tipo. Algunos han elaborado sistemas de predicción estadística de la probabilidad de reincidencia. Ello permite la comparación entre personas con un nivel de riesgo semejante, pero que han cumplido sentencias distintas. En países que otorgan un amplio poder discrecional al juez, o, como sucede en Estados Unidos, donde existe gran variación entre estados en la dureza de las condenas, estas diferencias pueden ser utilizadas para investigar el efecto de la prisión o del internamiento juvenil sobre la conducta futura. Ejemplos de este tipo de estudios son los de Gottfredson et al. (1973) y Bondesson (1989). También se han realizado algunos estudios experimentales en los que, por ejemplo, a un grupo de presos, elegido al azar, les ha sido concedida la libertad condicional con una antelación de seis meses a la fecha prevista, mientras que a otros reclusos no. Estos diseños de investigación han permitido estudiar la influencia que tendría el adelantamiento de la libertad condicional sobre

la futura reincidencia de los sujetos, en comparación a aquéllos que no obtuvieron la libertad condicional anticipadamente. Son notorios los reparos éticos que podrían ponerse a los estudios comentados. Por otro lado, la mayor parte de ellos fueron reevaluados con posterioridad por investigadores independientes, por ejemplo en las obras de Lipton, Martinson y Wilks (1975) y Brody (1976). La investigación indica que, en general, el efecto de la cárcel sobre la vida futura de los condenados, por lo que se refiere a su mayor o menor probabilidad de reincidencia, es mínimo (Nagin, Cullen y Jonson, 2009; Nagin, 2013). De hecho en los estudios comentados, quienes fueron liberados con antelación no delinquieron ni más ni menos que los sujetos del grupo de control, que permanecieron en prisión. Tampoco se apreciaron diferencias sustanciales en la conducta futura entre aquéllos que cumplieron penas de corta o larga duración. Como ha podido verse, los resultados de la investigación acerca de la eficacia de la prevención especial son ambivalentes, sin que pueda saberse a ciencia cierta si que la mayor dureza penal se asocia a una mayor reincidencia o, más bien, la mayor o menor dureza punitiva es irrelevante a efectos de la reincidencia delictiva. Por ello, se requiere que la investigación futura clarifique más y mejor dicha relación punición-

reincidencia. Por ahora, lo que es con toda seguridad cierto es que los incrementos de las penas de prisión producen un aumento constante de los gastos públicos en control y prisiones, que en toda circunstancia deberán sufragar los ciudadanos a partir de los impuestos que pagan.

B) Estudios realizados sobre la prevención general El efecto disuasorio general del sistema penal, en relación con el conjunto de los ciudadanos, y no solo de los delincuentes, es todavía más difícil de investigar. Sin embargo, existen situaciones donde, debido a alguna circunstancia histórica dramática, ha decaído temporalmente el sistema de control formal, lo que ha permitido estudiar su efecto sobre el delito. La más conocida de estas situaciones fue la denominada “historia de los siete meses”, cuando Dinamarca, bajo ocupación alemana, se quedó siete meses sin policía, debido a que ésta se negó a colaborar con las fuerzas alemanas, y los propios policías fueron detenidos. Ante ello los ciudadanos organizaron un sistema de vigilancia civil, pero la investigación policial de los delitos comunes cayó por completo. ¿Qué sucedió con la delincuencia? Para comenzar, durante las dos primeras semanas no se apreció ningún aumento en la delincuencia común. Sin embargo,

cuando la gente se hizo consciente de que la impunidad delictiva era casi total, empezaron a incrementarse los hurtos, los robos en tiendas y viviendas, y los atracos en la calle. En resumen, la delincuencia contra la propiedad se multiplicó por diez, mientras que otros tipos de delitos aumentaron de forma más moderada (Trolle, 1945, citado en Zimring, 1973: 167-168). Otros estudios, en situaciones menos dramáticas que la anterior, han evaluado también el efecto disuasorio que tendría el riesgo de detención por determinados delitos. Un ejemplo son los estudios realizados en Inglaterra sobre la introducción de nuevas leyes contra el consumo de alcohol por parte de conductores de vehículos. Una nueva ley de 1967 se acompañó de una intensa campaña de publicidad durante tres meses. En esta campaña se advertía a la ciudadanía sobre los controles de alcoholemia que se iban a realizar a la hora del cierre de los bares y sobre las elevadas multas que se iban a imponer a los infractores. Los efectos positivos de este plan se apreciaron claramente en el menor número de accidentes de tráfico. Durante los tres primeros meses de aplicación de la nueva norma, el número de accidentes con lesiones se redujo en un 16% y el número de muertes en un 23%. También se constató que el descenso de los accidentes fue mayor durante la noche, horario en el que seguramente había una mayor conexión entre abuso de

alcohol y accidentes de tráfico. Es muy probable que estos efectos positivos realmente se debieran a la nueva ley sancionadora aplicada y a la campaña publicitaria, de índole disuasoria, que se llevó a cabo. Sin embargo, estas mejoras fueran transitorias. Dos años después el número de accidentados había recuperado su nivel anterior. Es posible que, con el tiempo, algunos conductores, a medida que se dieron cuenta de que el número de controles policiales ya no era muy elevado, volvieran a conducir habiendo abusado del alcohol, como antes. Seguramente la publicidad que, como en el presente caso, acompaña a una ley sancionadora con el objetivo de potenciar sus efectos disuasorios, solamente resulta eficaz si es seguida de un aumento real en el riesgo de detección infractora, es decir, al aumentar la certeza del castigo (Ross, 1973, citado en Andenaes, 1974; Zimring y Hawkins, 1973). Existen también estudios experimentales sobre cómo la disuasión puede controlar la conducta en la vida diaria. Un buen ejemplo fue un estudio, ampliamente referenciado, de Tittle y Rowe (1973), en el contexto de la universidad. Estos investigadores, profesores de sociología, acompañaron sus clases universitarias con un pequeño examen semanal, de respuestas alternativas. Después de la primera evaluación, los profesores comunicaron a sus estudiantes, tras haberles informado de las respuestas correctas al examen, que les consideraban

suficientemente maduros y responsables como para confiar en ellos de cara a su propia autoevaluación: cada semana, en la sesión de clase siguiente a cada ejercicio, informarían en el aula de las respuestas correctas, y devolverían a cada alumno su propio examen para que él mismo lo corrigiera y calculara su nota. La evaluación global del curso sería la suma del conjunto de todas estas autoevaluaciones. Después de cuatro semanas de aplicar este procedimiento, les volvieron a recordar su confianza en la honradez de los alumnos, y que ellos tenían la obligación ética de evaluar correctamente sus propios resultados. A la séptima semana, los profesores explicaron que habían recibido quejas sobre la existencia de fraudes en las autoevaluaciones, y que, por eso, tendrían que realizar unas comprobaciones aleatorias para verificar la veracidad de las mismas. Antes de llevar a cabo el octavo y último examen, los profesores manifestaron que las comprobaciones efectuadas habían revelado un caso de fraude y que iban a tomar medidas contra el culpable. En realidad, los profesores habían evaluado personalmente todos los exámenes antes de devolverlos a los estudiantes para la autoevaluación. Los fraudes eran, desde el principio, generalizados. Solamente 5 de 107 alumnos se autoevaluaron correctamente en todas las ocasiones. El exhorto moral a la honradez y a la ética

personal no había tenido muchos efectos preventivos. Sin embargo, la amenaza de realizar comprobaciones aleatorias redujo fuertemente el número de fraudes. Y, posteriormente, la declaración de que habían identificado a un alumno deshonesto reforzó este efecto disuasorio. Además, se observó que las chicas eran más susceptibles a la disuasión que los chicos, y que los alumnos con malas calificaciones, más necesitados de una buena nota en la asignatura, estaban más dispuestos a correr el riesgo y seguir falsificando sus resultados. A estos estudios de “laboratorio” se unen también datos de encuesta, en que se preguntaba a muestras de jóvenes sobre cómo evaluaban el riesgo de ser detenidos, en el supuesto de que cometieran cierto delito (resumido en Zimring, 1973: 102-103). Resultó que los jóvenes que no habían cometido delitos eran más “pesimistas”: calculaban un mayor riesgo de detención que los jóvenes con experiencia delictiva. Los delincuentes eran, por el contrario, más “optimistas”, y valoraban el riesgo de detección como bajo. Resultaba que los “optimistas” en esta ocasión eran los “realistas”. Es decir, los delincuentes, basándose en experiencias propias, efectuaban una estimación más certera del nivel real de esclarecimiento policial de delitos, que era en general bajo. Existen a este respecto también estudios de campo, basados en el contacto diario con pandillas de

delincuentes. El estudio de Marry (1981a, 1981b), de un barrio marginado, concluyó que los delincuentes habituales son muy pragmáticos. Analizan, por ejemplo, muy detenidamente el lugar, antes de cometer un tirón. Prefieren sitios conocidos, con varias vías de escape. Distinguen entre aquellos vecinos que, si les ven, posiblemente llamarán a la policía y aquellos otros que probablemente no lo harán. Lo que verdaderamente parece disuadirles de cometer delitos es el riesgo real, o certeza, del castigo (más que otras consideraciones sobre la dureza de la pena, etc.). Es probable que quienes cometen delitos contra la propiedad o contra la seguridad vial, calculen más racionalmente los riesgos de su acción, que los que cometen delitos violentos o sexuales. Por ejemplo, en una investigación de Scully (1990), se observó que muchos violadores entrevistados no se habían planteado la posibilidad de ser identificados y castigados. Los estudios que documentan la eficacia de la disuasión se han centrado prioritariamente sobre el aspecto que sí que parece resultar efectivo, como se acaba de señalar: la certeza o la probabilidad de que el delito sea conocido y el delincuente sea detenido. Sin embargo, no se obtienen resultados favorables a la disuasión en los estudios que investigan la severidad de la reacción penal. En la ciudad de Filadelfia, Schwartz

(1968) estudió el efecto que había producido una nueva ley sobre agresiones sexuales, más severa que la anterior, implantada tras el escándalo y la alarma social suscitados por la noticia de la violación de tres mujeres de la misma familia. Los efectos de esta nueva ley sobre el número de violaciones fueron nulos, lo cual indica que los resultados empíricos no avalan que el incremento de la dureza de las penas sea un elemento eficaz por sí mismo en la lucha contra la delincuencia, si no se mejora paralelamente la eficacia policial. Por el contrario, en el caso de delitos económicos y contra el medio ambiente, sus posibles autores parecen calcular costes y beneficios de un modo más racional que en otros delitos. Braithwaite (1993) concluyó que el riesgo de detección sí que parecía influir en la conducta de un conjunto de corporaciones y empresas estudiadas por él, y que, además, los infractores solían conocer las penas a que se arriesgaban. En estos tipos de delitos, mientras que la amenaza de multa no parecía ser muy eficaz, la posibilidad de ir a prisión mostraba tener mayor capacidad disuasoria.

C) ¿Produce la pena de muerte efectos disuasorios generales (sobre el conjunto de la ciudadanía)? En algunos estados norteamericanos en que existe y se

aplica la pena de muerte, se han efectuado diversos estudios en torno a la efectividad disuasoria general que podría tener esta pena. Para ello, los investigadores han comparado estados que emplean la pena de muerte con otros que no la utilizan, con la finalidad de evaluar si la delincuencia violenta (que sería el objetivo principal de la pena de muerte) acaba siendo menor en los primeros que en los segundos. Otra metodología usada a este respecto ha sido comparar la tasa de asesinatos, antes y después de la abolición de la pena de muerte, en aquellos estados que previamente la tenían y posteriormente la suprimieron. Los resultados de estas investigaciones norteamericanas no han confirmado tampoco la predicción teórica de la disuasión: la existencia o no de pena de muerte parece no tener efecto alguno sobre las tasas de homicidios (Akers, 1997; Barberet, 1997). En España, aunque no existe ninguna investigación específica sobre los efectos disuasorios de la pena de muerte —abolida en 1978—, cabe deducir conclusiones semejantes a las norteamericanas, a partir de la comparación entre la situación previa y posterior a su abolición. Cuando estaba vigente la pena capital, durante la dictadura franquista, la tasa de homicidios no era sustancialmente inferior a la existente en la actualidad. Un caso paradigmático a este respecto es el terrorismo, cuya evolución, tanto en España como en otros países, no

parece tener relación alguna con la aplicación de la pena de muerte a los terroristas. Este tipo de castigo puede servir más bien como acicate y estímulo a determinados criminales, que acabarían mitificando a los ajusticiados como “mártires” y emulando sus conductas más violentas. Tres integristas egipcios ríen al conocer su sentencia de muerte. ¡Alá es grande! Es dudoso que la pena de muerte tenga un efecto disuasorio en personas que buscan precisamente el martirio.

D) ¿Dureza o certeza de las penas? Uno de los puntos nucleares de la eficacia del sistema punitivo tiene que ver, probablemente, con la cuestión de la dureza y la certeza de las penas. La dureza generalmente hace referencia a la duración de la pena, mientras que la certeza tendría que ver con la probabilidad (real o percibida) de castigo penal para determinado tipo de delito. Para analizar estas dimensiones deben generarse indicadores adecuados al efecto. Por ejemplo, en uno de los primeros estudios empíricos que se realizó acerca de la disuasión, Gibbs (1968, citado en Vold et al., 2002) evaluó la dureza de la penas, para un delito determinado, a partir del promedio de meses de prisión cumplidos por el conjunto de los delincuentes que habían cometido dicho delito, y ponderó la certeza del castigo, o probabilidad de detección, como la razón entre los ingresos en prisión que se producían anualmente por ese delito y el número de denuncias por el

mismo. Las investigaciones que han evaluado la disuasión penal vienen a señalar, de modo bastante general, que la eficacia disuasoria de una pena dependería más de su grado de certeza que de su severidad. Por ejemplo, Pauwels, Weerman, Brinsma y Bernasco (2011) concluyeron, a partir del análisis de una muestra de 843 adolescentes holandeses, que la disuasión resultaba eficaz si los sujetos tenían una elevada expectativa de certeza de castigo. En este estudio, el riesgo de sanción percibido por los sujetos se asoció claramente a su menor participación en conductas antisociales, independientemente de las variaciones en otras variables como sus niveles de autocontrol y de moralidad. Desde una perspectiva racional, podría afirmarse que lo que probablemente intimida más a los seres humanos, y tendría mayor probabilidad de ser considerado en sus cálculos de consecuencias, es si existe un riesgo alto o bajo de que determinada acción sea conocida y castigada (ya que cualquier castigo es indeseable), y no tanto cuánta sea la magnitud o dureza del castigo teórico que podría corresponderle (¿2, 3, 4 años de prisión?). La estimación de la certeza, que suele ser más “segura” o “veraz”, se realizaría habitualmente a partir de la experiencia real o vicaria que una persona pueda tener: de si habiendo cometido delitos, ha sido o no detectado, o bien conoce

las experiencias de otras personas a este respecto. Por el contrario, la estimación de la dureza de una pena, por ejemplo de prisión, debería ser generalmente más especulativa, ya que la mayoría de las personas no cuenta con vivencias específicas al respecto (es decir, no han pasado 4, 6, 8 o 12 años en prisión). Por ello, probablemente la estimación de la dureza sea más “insegura” e “incierta” en lo tocante a qué significa en realidad. En todo caso, todas estas cuestiones configuran problemas de estudio relevantes para futuras investigaciones empíricas. Pese a las consideraciones anteriores, que cuestionan la eficacia disuasoria de la mayor severidad sancionadora, en la práctica de la política criminal es mucho más fácil gestionar la dureza de las penas, a partir de asignarles distintas duraciones, que asegurar la certeza de los castigos. Para aumentar la certeza de las penas deberían mejorarse los sistemas de control, y en concreto la eficacia policial, la agilidad de los procesos penales, la colaboración ciudadana en la investigación de los delitos, etc. Todas esas mejoras son, a todas luces, complejas y de resultados probablemente inciertos y demorados en el tiempo. Por lo que, a corto plazo y en términos de costesbeneficios sociales y políticos, las dificultades y costos que representaría efectuar tales cambios, en dirección al logro de una mayor certeza punitiva, serían

probablemente muy superiores a sus ventajas inmediatas. En cambio, los incrementos de la dureza punitiva requieren tan solo, a corto plazo, la puesta en marcha de las correspondientes reformas legales para alargar las penas, pudiendo anunciarse en seguida, ante los ciudadanos que reclaman mayor seguridad, que se han tomado cartas en el asunto y que los delincuentes sufrirán mayores castigos (ni qué decir tiene, si son descubiertos y detenidos, y se prueba que son culpables, implícitos todos que no formarán parte del debate de la dureza). De este modo, la opción de endurecimiento de las penas se vería favorecida en la actuación de los gobiernos, a partir del mismo paradigma de la elección racional costesbeneficios bajo el cual la teoría clásica presupone que operan los propios delincuentes.

E) ¿Disuasión o control informal? Disuasión informal hace referencia a todas aquellas sanciones sociales y consecuencias negativas (crítica, etiquetado, exclusión social, etc.), tanto reales como percibidas, que a menudo irán parejas a las propias sanciones y castigos que siguen a los delitos. Tales penalidades informales podrían también tener efectos disuasorios que previnieran el comportamiento delictivo (Akers, 1997). Así, el encarcelamiento, que es una sanción formal, legalmente establecida, podría asociarse a

otras consecuencias negativas informales como la pérdida del empleo, la separación de la pareja, o el rechazo por parte de los hijos o de los amigos. Éstas son consecuencias sociales que pueden vincularse, con frecuencia, al castigo penal, y que, a pesar de no formar parte de las sanciones legales, también podrían tener efectos disuasorios. Es posible que algunas personas eviten cometer ciertos delitos como resultado de tomar en consideración los graves problemas familiares, laborales y sociales que ello podría acarrearles, más que debido a que piensen en el castigo penal en sí. En realidad, diversas investigaciones ha mostrado que las sanciones informales que acostumbran a seguir al castigo formal pueden tener, en muchos casos, un efecto disuasorio superior al de las propias sanciones formales (Barberet, 1997). Sin embargo, la eventual eficacia preventiva que pudiera tener el control informal no sería un aval directo de la teoría de la disuasión. El control informal es un sistema más básico y general de regulación de la conducta que las sanciones formales prescritas por la teoría penal clásica (Akers, 1997). Así, aunque las sanciones informales pudieran producir efectos disuasorios del delito, la pregunta seguiría siendo si las consecuencias formales atribuidas a los delitos —las penas— disuaden o no disuaden por sí mismas. De todo lo razonado se desprende que la práctica de la

disuasión, derivada de la teoría clásica y convertida en estrategia fundamental de la política criminal, no es avalada por los datos disponibles, especialmente en lo referente a la prevención especial, o sea, a aquella pretensión disuasoria que se dirige a los propios delincuentes, para que, como resultado de la imposición de castigos, no vuelvan a cometer delitos. Algo distinto podría ser el caso de la prevención general, orientada a la ciudadanía en general, donde los resultados disponibles sugieren que la mayor probabilidad de detección policial sería un elemento importante de disuasión delictiva. Es decir, los ciudadanos parecen considerar en mayor grado, para evitar cometer delitos, el riesgo que tienen de ser descubiertos, es decir, la certeza del castigo, que no la dureza de la pena que futuramente pudiera recaer sobre ellos. En conclusión, la duración y la dureza de las penas, que constituyen pilares básicos de la doctrina y la operativa del sistema penal, probablemente tienen escasa influencia sobre la disuasión delictiva. Este resultado es de gran relevancia para la política punitiva, informándonos de que el aumento de las penas, a pesar de los ingentes costes económicos y sociales que comporta (que deben pagar los sufridos contribuyentes), no contribuye a mejorar la disuasión penal.

F) ¿Disuasión o moralidad?

Más allá de la disuasión y el control, formal o informal, la conducta social de las personas también, o principalmente, se regula a partir de los valores morales, creencias, actitudes, destrezas, habilidades, etc., recibidos a lo largo del proceso de socialización. Así por ejemplo, Wikström, Tseloni y Karlis (2011), evaluando una muestra de adolescentes del Peterborough Adolescent and Young Development Study, desarrollado en Inglaterra a partir de una cohorte de 716 sujetos, no obtuvieron apoyo empírico global para la disuasión como constructo autónomo. Analizaron cuatro tipos de conductas infractoras: hurtos en tiendas, robos de objetos del interior de los vehículos, vandalismo y agresión. Hallaron que la mayoría de los jóvenes no evitaban cometer delitos porque tuvieran miedo de las consecuencias negativas para ellos, sino sencillamente debido a que no contemplaban el delito como una alternativa de comportamiento. Con todo, la amenaza percibida de castigo fue una consideración relevante para evitar el delito en aquellos adolescentes que mostraban con antelación una fuerte inclinación delictiva. Resultados parecidos obtuvieron también Kroneberg, Heintze y Mehlokop (2010), a partir de una muestra de 2.130 adultos en la ciudad alemana de Dresde. En conjunto se halló, contrariamente a la expectativa de las teorías de la elección racional y la disuasión, que la

mayoría de los sujetos con normas prosociales claramente internalizadas, no basaban sus elecciones de conducta en los eventuales beneficios y costes de los delitos. Tal tipo de elecciones racionales coste/beneficio del delito solo aparecían en aquellos sujetos que no se sentían vinculados con normas morales de índole prosocial. Chen y Howitt (2007) hallaron, a partir de una muestra de 330 delincuentes juveniles varones, internados en el sistema correccional juvenil de Taiwan, y de 114 jóvenes no delincuentes, que los infractores mostraban con claridad un menor desarrollo moral, en términos de los estadios de desarrollo moral de la teoría de Kohlberg (1984). Los estudios aquí referidos ampararían perspectivas teóricas que incluyen elementos de moralidad como factores inhibidores del delito, tal como la Teoría de la acción situacional (Wikström, 2008a; aludida en un capítulo anterior), por encima de teorías puras de elección racional.

10.3. CRIMINOLOGÍA AMBIENTAL OPORTUNIDADES DELICTIVAS

Y

La segunda parte de este capítulo dirige su atención hacia la Criminología ambiental o situacional, que se interesa especialmente por analizar los eventos delictivos y las características de los lugares en que se producen, bajo el presupuesto de que son dichas características

topográficas las que favorecen, o, contrariamente, pueden prevenir, la actividad criminal. “La Criminología Ambiental plantea que los elementos delictivos deben entenderse como una confluencia de infractores, víctimas u objetivos del delito, y normativas legales, en escenarios específicos, ocurriendo en un momento y lugar concretos. Esto significa que un análisis completo del delito tiene cuatro dimensiones: la dimensión legal, la dimensión del infractor, la dimensión de la víctima/objetivo, y una dimensión espacio-temporal. Lo que es más, esas dimensiones han de comprenderse e interpretarse sobre un telón de fondo histórico y situacional complejo, de características sociales, económicas, políticas, biológicas y físicas, que establecen el contexto en el que están contenidas las dimensiones del delito” (Brantingham y Brantingham, 1991, a partir de Vozmediano y San Juan, 2010, p. 35).

Inevitablemente, en un manual general de criminología como el presente, se efectuará, por limitaciones de espacio, un tratamiento muy resumido de este relevante y vasto campo de análisis criminológico. Por ello, se recomienda al lector interesado en él, el estudio de obras especializadas al respecto. En inglés, el libro editado por Wortley y Mazerolle (2008), titulado Environmental Criminology and Crime Analysis, que integra capítulos correspondientes a los autores más relevantes en este campo (algunos aquí referenciados), y en castellano, las obras de Serrano Maíllo (2009) Oportunidad y delito y de Vozmediano y San Juan (2010), Criminología ambiental. Ecología del delito y de la seguridad. La Criminología ambiental cuenta con antecedentes remotos, según se vio, en los análisis criminológicos

pioneros de Quetelet y Guerry, en la primera mitad del siglo XIX, acerca la distribución de la criminalidad en Francia, y, con los trabajos geográficos sobre delito, de la Escuela de Chicago, durante la segunda mitad del siglo XX (Vozmediano y San Juan, 2010). También Lombroso efectuó múltiples análisis territoriales de la criminalidad (algo que es más desconocido en su obra), como se ilustra a continuación.

Mapas del crimen en Italia elaborados por Lombroso. Construyó mapas semejantes sobre los delitos en España, Francia y otros países europeos.

Uno de los desarrollos modernos más conocidos acerca de la relación entre espacio físico y delincuencia correspondió a Newman, en su famosa teoría del espacio defendible (Newman, 1972). Para la presentación aquí de

sus principales conceptos se seguirá la revisión realizada por Reynald y Elffers (2009). El concepto de Newman de espacio defendible hace referencia a cómo el diseño físico de los ambientes residenciales podría hacerlos menos vulnerables para los delitos (Chang, 2011). Sus tres conceptos fundamentales son los de “territorialidad”, “vigilancia natural” e “imagen y entorno”. Territorialidad significa que el ambiente físico es susceptible de generar zonas de influencia sobre la conducta de las personas que las transitan. Newman (1972) sugiere que estas áreas pueden ser delimitadas mediante el empleo de barreras, tanto físicas —vallas, puertas, muros…— como simbólicas o psicológicas —setos alrededor de las casas, marcas o señales territoriales…—. A partir de la territorialización de una zona, cualquier comportamiento producido en ella, incluidas posibles actividades delictivas, podría detectarse con mayor facilidad. El concepto de vigilancia natural haría referencia al grado en que el diseño físico de un área residencial permite a sus residentes (o a sus agentes) poder supervisarla. El principal indicador de vigilancia natural sería la “observabilidad” de los distintos espacios desde los propios lugares de residencia o tránsito de los propietarios (puertas de las viviendas confrontadas unas con otras, ventanas y vidrieras que permiten la visibilidad de las zonas exteriores, etcétera). De ese modo el aumento

de la vigilancia natural reforzaría la territorialidad de un área. Algo más etéreo es el constructo imagen y contexto, concebido por Newman como la capacidad que tiene el diseño urbanístico para trasladar a los extraños una percepción de unicidad, aislamiento y estigma del espacio territorializado. Es decir, la apariencia de un lugar debe en cierto grado simbolizar el estilo de vida de sus residentes, trasladando a los extraños, entre ellos a eventuales delincuentes, que se trata de una zona ordenada y controlada, en que será más difícil realizar un delito.

10.3.1. Teoría de las actividades cotidianas La teoría situacional más importante y citada en Criminología es la denominada teoría de las actividades cotidianas o rutinarias, de Lawrence E. Cohen y Marcus Felson (1979), también conocida como teoría de la oportunidad (Cohen, Kluegel y Land, 1981; Serrano Maíllo, 2009; Walsh, 2012). Fue formulada en un artículo titulado Social Change and Crime Rate Trends: A Routine Activity Approach (Cohen y Felson, 1979), en el que se basará esencialmente la exposición que sigue, complementándola a partir de trabajos posteriores de Felson (2006, 2008). El profesor Marcus Felson, autor de la teoría de las actividades cotidianas,

fotografiado junto a Elisa García España, Profesora de Criminología de la Universidad de Málaga, y Nerea Marteache, Licenciada en Criminología en la Universidad de Barcelona, y actualmente profesora de Criminología en la Universidad de Texas.

A) Mejorar las condiciones de vida no reduce la delincuencia Cohen y Felson empezaron constatando, de cara a su propia reflexión teórica, que en las décadas que habían mediado entre la segunda Guerra Mundial y los años setenta se había evidenciado una paradoja sociológica importante: mientras que las condiciones económicas y de bienestar habían mejorado sustancialmente en los países desarrollados, la delincuencia no solo no había disminuido, como habría sido esperable, sino que en general había aumentado. Cohen y Felson consideraron que aunque la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos, que suponen eliminación de la pobreza, aumento de la escolarización y del empleo, etc., deba constituir un objetivo social y político en sí mismo, la relación entre tales mejoras y la delincuencia no será directa.

B) Los cambios en las actividades cotidianas incrementan las oportunidades para el delito En las sociedades modernas se estarían produciendo cambios importantes en las rutinas de la vida diaria, entre

las que se cuentan los permanentes desplazamientos de un lugar a otro y el aumento del tiempo que se pasa fuera de casa respecto a otras épocas anteriores. También habrían cambiado las actividades cotidianas que tienen que ver con el movimiento de propiedades, que habría aumentado considerablemente. Tal es el caso del dinero, que es objeto de continuas transacciones, de pagos, de ingresos y de reintegros bancarios. Se mueven también las propiedades visibles y materiales: los coches, los artículos de consumo, etc. La sociedad es un magnífico escaparate. Cada vez hay más objetos y más oportunidades para delinquir, lo que incrementará las tendencias predatorias, agresivas o delictivas en la comunidad, especialmente aquéllas que se dan en el contacto directo entre delincuentes y víctimas. Habrían aumentado también las situaciones de interacción directa entre individuos, al haber más personas en lugares públicos, lo que igualmente incrementaría la probabilidad de confrontaciones y delitos. Existiría, en definitiva, una interdependencia entre las actividades cotidianas no delictivas —movimientos bancarios, movimientos de propiedades, desplazamientos de las personas, salidas fuera de casa, presencia en lugares públicos— y las actividades y rutinas de los propios delincuentes (ver cuadro 10.3). La esencia de la teoría de las actividades cotidianas de

Cohen y Felson intentaría responder a la pregunta siguiente: ¿De qué forma la organización espaciotemporal de las actividades sociales en la vida moderna favorece que las personas con inclinaciones delictivas lleguen a cometer delitos? Los autores consideran que los cambios estructurales propios de la vida moderna, en lo relativo a las actividades cotidianas de las personas, incrementan las tasas de criminalidad. Las transformaciones que en los países modernos favorecen el desarrollo económico y el empleo, el trabajo fuera de casa y el bienestar general, habrían propiciado también un aumento paralelo de las posibilidades para los delitos.

C) Confluencia de delincuentes, víctimas y ausencia de controles Cohen y Felson explican el aumento de la delincuencia a partir de la convergencia en el espacio-tiempo de tres elementos interdependientes (ver esquema de la teoría en el cuadro 10.3): CUADRO 10.3. Teoría de las actividades rutinarias/de la oportunidad

Fuente: elaboración propia a partir de L. E. Cohen y M. Felson (1979). Social Change and Crime Rate Trends. A Routine Activity Approach. American Sociological Review, 44, 588-608.

1) La existencia de delincuentes motivados para el delito. Los delincuentes deben haber aprendido, además, las habilidades necesarias para delinquir. 2) La presencia de objetivos o víctimas apropiados: visibles, descuidados, descontrolados. 3) La ausencia de eficaces protectores. Los autores se refieren aquí, no solo, ni principalmente, a la policía (Felson, 1994), sino a cualquier ciudadano capaz de protegerse a sí mismo, de proteger a otros o de proteger las propiedades (tanto propias como ajenas). Podemos ser eficaces protectores nosotros mismos, y también pueden serlo nuestros familiares y amigos, y, asimismo, vigilantes y policías. Los autores consideran que si los anteriores elementos

(delincuentes motivados, objetivos o víctimas propicios y ausencia de protección) confluyen en el mismo espacio y momento, se producirá un aumento de las tasas de criminalidad, con independencia de que mejoren o empeoren las condiciones sociales (pobreza, desempleo, etc.) que podrían afectar a la motivación delictiva.

D) Derivaciones aplicadas Desde esta teoría se derivarían dos predicciones principales acerca de la conducta delictiva: a) La ausencia de uno solo de los elementos mencionados será suficiente para prevenir la comisión de un delito: si no existe un delincuente motivado, un objetivo atractivo o una víctima propicia, o no se carece del oportuno control, se elimina la posibilidad del delito. b) Contrario sensu, la convergencia de estos tres elementos producirá un aumento de las tasas de criminalidad. Si estas predicciones fueran certeras, deberían observarse dos efectos de las actividades cotidianas sobre la magnitud de la delincuencia. El primero sería que las rutinas que tienen lugar en el seno de la familia o cerca de ella, o en general dentro de los grupos primarios o afectivamente próximos, deberían suponer un menor riesgo de victimización, debido a la improbable presencia en ellos de delincuentes motivados (desconocidos, etc.), y

a la paralela presencia de eficaces protectores (familiares, amigos, vecinos…). Contrariamente, para aquellas propiedades o personas expuestas en lugares visibles o accesibles, aumentaría el riesgo de victimización. Cohen y Felson pusieron especial énfasis aplicado en el último elemento condicionante del delito, los eficaces protectores. Consideran muy difícil evitar, con finalidades preventivas, el primer y segundo elementos teóricos: la existencia de delincuentes motivados, y la posible presencia de víctimas propicias u objetos atractivos y valiosos. Por eso afirman que la criminalidad aumenta cuando se reduce el control ejercido por las personas sobre sí mismas o sobre sus propiedades. Eck (Eck y Wartell, 1998; Eck y Clarke, 2003) propuso un modelo integrador, que incorpora los elementos fundamentales de la teoría de las actividades rutinarias sobre la delincuencia y añade los elementos de control que les son parejos, en el que podría denominarse triángulo de la delincuencia y del control: CUADRO 10.4. Triángulo de la delincuencia y del control

Fuente: elaboración propia a partir de J. Eck y R. Clarke (2003), Classifying common police problems. En M. S. Smith y D. B. Cornish (Eds.), Theory for practice in situational crime prevention, Montsey (New York), Criminal Justice Press.

• Frente a los potenciales delincuentes, los cuidadores o monitores (tales como padres, maestros o, en general, cualesquiera personas que cuidan de otros) supervisan el bienestar de niños, escolares, clientes de instalaciones de recreo, etc. • Ante posibles objetivos o víctimas atractivos para el delito que pueda haber en un determinado lugar, los guardianes o vigilantes que se hallan en ese lugar observan dichos objetivos y lo que sucede a su alrededor, y de ese modo pueden disuadir de llevarse cierta propiedad o de asaltar a una posible víctima. Generalmente los guardianes son ciudadanos corrientes (vecinos, transeúntes, etc.), aunque también puede tratarse de policías o vigilantes privados. • Los administradores de negocios, fábricas, edificios,

oficinas, bares, etc., tales como personal de administración, gerentes (o incluso los vecinos), cuidan de dichos lugares intentando evitar que se produzcan en ellos delitos.

E) La ecología de las actividades cotidianas: ‘ecosistema’ delictivo En síntesis, Cohen y Felson establecieron que la probabilidad de delincuencia es una función multiplicativa de la existencia de delincuentes motivados, la presencia de víctimas propicias, y la ausencia de eficaces protectores o cuidadores (véase cuadro 10.3). La actividad delictiva tiene, de este modo, una naturaleza ecológica, de interacción de elementos en el espaciotiempo, una interdependencia entre delincuentes y víctimas. Actividades ilegales como el asalto a una farmacia, a una gasolinera o a un banco se nutren de otras actividades legales: la apertura de farmacias de guardia por las noches, o la existencia de bancos o de gasolineras. También juega un papel decisivo en la delincuencia la estructura espacial y temporal de las actividades legales cotidianas. Por ejemplo, influye sobre la menor o mayor probabilidad de que se produzcan concretas acciones delictivas por la noche, la manera como las farmacias expenden los medicamentos, o los mecanismos utilizados por las gasolineras para el cobro a los clientes. En

definitiva, la estructura de las actividades legales en una sociedad determina también cómo se organiza el delito en la sociedad y cuáles son los lugares donde se produce con mayor frecuencia. Dos son las principales vías de influencia de las actividades cotidianas sobre la criminalidad: a) Las actividades cotidianas facilitan a los delincuentes medios más efectivos para delinquir. La organización social actual, caracterizada por una amplia disponibilidad de tecnología —automóviles veloces, ordenadores ligeros, móviles, microcámaras, potentes herramientas, etc.—, suministra instrumental sofisticado y económico a los delincuentes, susceptible de ayudarles a cometer más eficazmente sus delitos. Es verdad que la tecnología también puede servir para evitar el delito (por ejemplo, mediante alarmas, cámaras de seguridad o GPS), pero no es infrecuente que los delincuentes tomen la delantera en lo referido al uso de las innovaciones tecnológicas para la realización de los delitos (véase, más adelante, el capítulo en que se trata la delincuencia organizada). b) Las actividades cotidianas ofrecen a los eventuales delincuentes nuevos objetivos y nuevas posibles víctimas. Es evidente que, si en vez de permanecer generalmente en casa o en sus proximidades, como hacían en mayor grado nuestros abuelos, salimos por la noche con más frecuencia, tenemos también mayor probabilidad de ser

atracados o agredidos. Felson y Cohen entienden por objetivos atractivos o víctimas propicias, aquéllos que tienen un elevado valor material (joyas, un banco, un coche) o simbólico (por ejemplo, personajes famosos). También son criminalmente atractivos aquellos objetivos fácilmente visibles y accesibles, como puedan ser escaparates no protegidos o muy llamativos, que exhiben lujos a los que muchos no pueden acceder. Asimismo, resultarían víctimas más probables aquellas personas que por su ocupación profesional o actividad —vigilantes nocturnos, taxistas, prostitutas que trabajan en la calle, vendedores de drogas, etc.—, o bien por su descuido personal, pueden verse más expuestas al delito. En el cuadro 10.5 recogen diversos ejemplos, en gran parte deducidos de la criminología ambiental, de posibles situaciones de oportunidad para delitos violentos, por un lado, y para delitos contra la propiedad, por otro (Aebi y Mapelli, 2003; Felson, 2002, 2006; Redondo, 2008a; San Juan, 2000; San Juan, Vergara y Germán, 2005; Serrano Maíllo, 2009; Stangeland et al., 1998; Wikström, 2009; Wikström, Ceccato, Hardie y Treiber, 2010). CUADRO 10.5. Correlatos situacionales de riesgo, o de oportunidad, para la conducta antisocial y delictiva CORRELATOS CON AMPLIA CONFIRMACIÓN EMPÍRICA Para delitos violentos Contingencias sociobiológicas de agresión: encuentros con extraños, defensa del alimento, aglomeración, cambios estacionales

Exposición a un incidente violento como modo de resolución de un problema de interacción Insulto o provocación Locales y contextos de ocio sin vigilancia (personal o física) Espacios públicos y anónimos (para la violencia por parte de desconocidos) Espacios privados (para la violencia por parte de familiares y conocidos) Proximidad temporal a una separación matrimonial traumática (para la agresión grave y el asesinato de pareja) Personas aisladas Calles y barrios escasamente iluminados En general, víctimas desprotegidas Para delitos contra la propiedad Propiedades descuidadas, desprotegidas o abandonadas Propiedades solitarias, apartadas o dispersas (casas, almacenes, coches, materiales valiosos, etc.) Propiedades de gran valor económico expuestas (un coche de lujo aparcado en la calle) Propiedades con valor simbólico o coleccionables (obras de arte, objetos históricos, símbolos de marcas automovilísticas: la estrella frontal de Mercedes, etc.) Propiedades de gran valor acumuladas (un camión cargado de coches nuevos, aparcado en un descampado) Invisibilidad, desde el exterior, de casas urbanas Casas independientes Bloques de pisos o apartamentos sin vigilancia o control de entrada Establecimientos comerciales (como supermercados o gasolineras) cuyo diseño dificulta el control de accesos y movimientos Pequeños productos (electrónicos, etc.) sin controles de seguridad Proximidad a calles y barrios de alta densidad delictiva (“Un delito crea un nicho para otros delitos”, Felson, 2006, p. 134) Proximidad a calles y barrios escasamente iluminados

Proximidad a zonas de ocio Proximidad a zonas degradadas Proximidad a zonas con actividades marginales (venta de drogas, prostitución, etc.) Aparcar el coche o la moto junto a zonas degradadas de la ciudad Turistas con apariencia de llevar encima dinero o propiedades de valor (cámaras fotográficas o de vídeo, regalos, etc.) Zonas turísticas y de juego Lugares de concentración de turistas (para actos terroristas) Mayor tiempo pasado en compañía de personas con comportamiento antisocial Mayor tiempo pasado en ocio desestructurado (sin realizar actividades prosociales, deportivas o culturales, etc.) Lugares carentes de controles (informales o formales) En general, el “diseño urbano” en cuanto generador de espacios “crimípetos” versus “crimífugos”, en terminología de San Juan (2000)

Como puede verse, las eventuales oportunidades estimuladoras de los delitos pueden ser elementos muy variados, incluyendo tanto objetivos directos del delito tales como propiedades y víctimas desprotegidas, como también otros aspectos más globales y diluidos como podrían ser ciertos contextos urbanos y determinadas interacciones grupales y sociales. Lo que conecta entre sí a todos estos elementos diversos, es que su consideración reorienta el foco del análisis criminológico “desde las historias personales de los delincuentes hacia la dependencia del delito de las oportunidades que ofrecen las actividades cotidianas en la vida diaria” (Osgood, Wilson, O’Malley, et al., 1996, p. 635).

Algunas situaciones pueden constituir opciones delictivas que resulten evidentes para cualquier persona, con experiencia delictiva o sin ella: por ejemplo, un coche abierto y con la llave de contacto a la vista. Incluso la mera proximidad geográfica a determinados ambientes o grupos criminógenos (de tráfico de drogas, de venta de objeto robados, etc.), podría desencadenar en algunas personas posibles elucubraciones sobre acciones ilícitas, que acabaran favoreciendo cometer determinados delitos (Fagan, Piper y Cheng, 1987). Sin embargo, muy a menudo las oportunidades delictivas no serían tan evidentes, sino que serían más bien construidas por los individuos a partir de las interacciones complejas que se producen en el binomio individuos-situaciones (Serrano Maíllo, 2009). Por ejemplo, Hochstetler (2001) analizó, en una muestra de 50 varones, que eran ladrones de casas y atracadores, el papel que las interacciones entre codelincuentes jugaban en la percepción de oportunidades delictivas. En este estudio se puso de relieve que tanto la percepción de las oportunidades infractoras como los procesos de decisión para la comisión de los delitos, estaban mediatizados por las interacciones comunicativas que se producían entre co-delincuentes que actuaban juntos, acerca de qué lugares y qué víctimas podían resultar más apropiados y rentables. Otro factor que favorece la existencia de víctimas

propicias es la movilidad. Cada día pasamos muchas horas fuera de nuestros contextos familiares, en compañía de extraños. Por supuesto que la inmensa mayoría no son delincuentes, pero cabe la posibilidad de que algunos de ellos lo sean. Además, las personas se separan cotidianamente de sus propiedades más valiosas —su casa, su coche u otras— que de ese modo se convierten en posibles objetivos del delito. Felson y Cohen sostienen que el nivel de criminalidad no está vinculado sistemática y únicamente a las condiciones económicas de la sociedad. De esta manera, la paradoja que produce la mejora de las condiciones de vida y el aumento paralelo de la delincuencia es solo aparente. Las mejoras sociales y económicas de una sociedad pueden efectivamente disminuir la delincuencia, aunque quizá solo la delincuencia de subsistencia, que constituye una mínima parte de la delincuencia de contacto directo entre delincuentes y víctimas. Es posible que tales mejoras en las condiciones de vida alteren, con carácter general, los objetivos del resto de la delincuencia, pero no parecen tener, per se, la capacidad de reducirla. En un capítulo posterior se prestará atención detenida a la cibercriminalidad, o delincuencia cometida en el contexto, o a partir del uso, de las nuevas tecnologías de la comunicación, particularmente a través de Internet (Vozmediano y San Juan, 2010). Aun así, es necesario

ahora, en el marco de la criminología situacional, un breve comentario y reflexión a este respecto. Los enormes desarrollos y cambios tecnológicos que se han producido, y continúan produciéndose, en las comunicaciones e interacciones sociales, probablemente requieren un replanteamiento a fondo de los conceptos de espacio y tiempo reales, que son tan relevantes en las teorías situacionales del delito (Miró, 2011). En la actualidad, muchos delitos (económicos, contra la libertad, sexuales, etc.) pueden realizarse más fácil y eficazmente a través de medios como Internet, que no directamente. Los delincuentes motivados y sus posibles víctimas pueden ser ubicuos en un ciberespacio global y en un tiempo inespecífico, que claramente transcienden la topografía e instantaneidad del espacio y del tiempo reales. Lo anterior probablemente anuncia un aumento y diversificación de la cibercriminalidad en consonancia con el desarrollo paulatino de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (Miró, 2011). REALIDAD CRIMINOLÓGICA: La policía alerta sobre dos nuevas formas de robo: la rueda pinchada y la mancha (El PAÍS, sábado 6 de junio de 1998, Cataluña, p. 4) El verano convierte el centro de las ciudades y los lugares de atracción turística en zonas propicias para un tipo de ratero que hace su agosto al socaire de la candidez con la que se comportan muchas personas. Se trata de delincuentes que utilizan dos modalidades concretas para conseguir el dinero ajeno: la trampa de la mancha en el vestido y la rueda pinchada. La Jefatura de Policía de Barcelona advierte de que estas maneras de robar se ceban en las personas que se mueven por el centro de Barcelona y en los turistas. Se trata de dos delitos que no son nuevos, y solo el año pasado las estadísticas de la

policía reflejan 209 denuncias en Barcelona motivadas por estos tipos de robo. Aunque las víctimas propiciatorias de estas acciones suelen ser extranjeros con toda la apariencia exterior de turistas, también los nacionales caen en las trampas que les ponen los rateros. Un experto inspector señala con socarronería: “Los nacionales piensan que estas cosas solo pasan a los turistas en las autopistas, y el día en que un distraído paseante, como por casualidad, les mancha con su helado y amablemente les ayuda a limpiarse, no desconfían. Solo después, cuando descubren que les han robado la cartera, recapacitan y descubren la treta”. “Por tanto, cuando un amable ciudadano nos advierta de una mancha o, directamente, nos manche y, además, pretenda limpiarnos, desconfiemos”, señala la policía. También hay que desconfiar cuando algún peatón nos advierte de que nuestro coche lleva una rueda pinchada o echa humo. Es otra treta para que el conductor o conductora para el coche y salga a comprobar el desperfecto. En ese momento descubrirá que unas manos hábiles se apropian de los objetos de valor —el bolso en el caso de las conductoras— depositados en los asientos. Para salir indemne de una situación parecida, la policía aconseja, en primer lugar, no dejar ningún objeto de valor a la vista en el interior del coche; en segundo lugar, llevar puestos los seguros de las puertas, y en tercer lugar, no abandonar el vehículo y circular unos metros para comprobar si la alarma es falsa.

F) La delincuencia como proceso vital Felson (2006) profundizó posteriormente en algunas de sus ideas teóricas sobre la ecología de la delincuencia, especialmente en el marco de las ciudades. Según esta perspectiva, la delincuencia es movimiento y acción, al igual que cualesquiera otros sistemas y procesos vitales, y presentaría una serie de características, que son comunes a todos estos sistemas: organización, adaptación, metabolismo, movimiento, desarrollo, reproducción, e irritabilidad o reactividad. Veamos el sentido que atribuye Felson a dichos procesos en la criminalidad: • La delincuencia se organiza (en un sentido

‘naturalista’) de muy diversas maneras: primitivas y elaboradas, informales y formales, a corto y largo plazo, de forma individual y colectiva, etc. • Los actores de la delincuencia (delincuentes, víctimas y sistemas de control) efectúan adaptaciones continuas a los cambios recíprocos y a las circunstancias de cada momento: los delincuentes exploran nuevas oportunidades delictivas (p. e., mediante el uso de las nuevas tecnologías para sus delitos: pornografía infantil, venta de drogas, hurtos mediante el acceso ilícito a cuentas bancarias o a tarjetas de crédito, etc.), a la vez que las eventuales víctimas y la policía intentan reducir dichas oportunidades. • En analogía con el metabolismo o ritmos vitales de los seres vivos, la delincuencia también está sometida a ciertos ritmos o ciclos periódicos: “La vida diaria de las ciudades provee y retira [en función de sus propios ritmos: horarios de tiendas, de comidas, días festivos, etc.] los objetivos para el delito” (Felson, 2006, p. 6). • Los delincuentes experimentan, asimismo, procesos de desarrollo, en la medida en que sus evoluciones vitales (llegar a la edad juvenil, madurar o envejecer) condicionan la incidencia y prevalencia delictivas, que son cambiantes en una comunidad. • La criminalidad presenta también procesos reproductivos o de renovación y permanencia: el

aumento de las tasas de natalidad acabará influyendo, pasados algunos años, en las tasas de delincuencia, ya que al haber más jóvenes en la comunidad habrá más posibles delincuentes juveniles, pero también más eventuales víctimas. • La irritabilidad hace referencia, en primera instancia, al hecho de que tanto los delincuentes como las víctimas responden a los estímulos externos, o aquello que los sucede, no necesariamente de un modo mecánico y automático, sino mediante conductas variadas que intentan adaptarse a las diversas circunstancias estimulares. En segundo término, la irritabilidad o reactividad de la delincuencia también implica que cuando confluyen determinadas condiciones, que pueden irse preparando a lo largo de un periodo prolongado de tiempo (p. e., una mayor disponibilidad de bienes, como pequeños electrodomésticos, que pueden ser más fácilmente robados; una mayor presencia —por diversas razones sociales— de familias monoparentales, con una menor supervisión sobre sus hijos, la apertura de un mayor número de tiendas de productos de pequeño tamaño en esos mismos barrios, etc.), las tasas de delincuencia pueden experimentar una ‘explosión repentina’. Es decir, la delincuencia ‘reacciona’ y se dispara de un modo desorbitado ante la confluencia de una serie de

factores, de muy distinta índole, pero que, en conjunto, acaban constituyendo potentes cadenas causales para el incremento delictivo. En definitiva, Felson (2006) propone que la delincuencia real es un sistema vivo, sometido a distintos cambios y variaciones a lo largo del día, semanas, meses y ciclos temporales más amplios, y su análisis científico del delito insta a prestar atención a todos esos cambios y dinámicas. Además, la concepción de la delincuencia como ecosistema supone estudiar los procesos e interrelaciones entre actividades criminales y no criminales. En sus propias palabras: “Un ecosistema dado de delincuencia toma en consideración sus interacciones con otros delitos y con los ambientes no delictivos que lo envuelven. Se trata de un sistema dinámico, vivo, que permite al delito pervivir y a veces florecer. Así, por ejemplo, el ecosistema del robo de coches debe tomar con consideración la interrelación entre el propietario del vehículo, el ladrón, los vendedores de coches y los talleres de reparación; y cómo en las rutinas legales de la vida cotidiana los coches quedan a menudo expuestos de manera descontrolada. La ecología de la delincuencia estudia los ecosistemas delictivos, tanto a gran escala como a pequeña” (Felson, 2006, p. 60).

Una implicación importante de lo anterior es que todos los procesos descritos en la ecología de la criminalidad deberían ser considerados también a la hora de prevenir la delincuencia.

G) Evaluación empírica

Las investigaciones que se ha desarrollado sobre la teoría de las actividades cotidianas, en general han centrado su atención sobre los lugares donde se producen los delitos y sobre las características y el comportamiento de las víctimas. Una de sus conclusiones más reiteradas, a la vez que obvia y esperable, ha sido establecer que pasar más tiempo fuera de casa aumentaría la probabilidad de ser víctima de un delito a manos de desconocidos, tal y como anticipa la propia teoría. Sherman et al. (1989) describieron la existencia en las ciudades de lugares o espacios calientes o de alto riesgo (hot spots) para los delitos, en los cuales acontecería el mayor número de acciones delictivas dentro de la ciudad, muy por encima del que se produce en otras localizaciones adyacentes (Vozmediano y San Juan, 2010). Por ejemplo, en un estudio realizado en la ciudad de Minneapolis se encontró que el 50% de las llamadas de denuncia recibidas por la policía procedían de tan solo el 3% de los espacios urbanos, a la vez que los robos violentos se concentraban en el 3,6% del conjunto la ciudad (Sherman, Gartin y Buerger, 1989: 27-55). De acuerdo con una investigación de Wikström sobre la ciudad de Estocolmo (Tonry y Farrington, 1995: 429-468) el 47% de los asaltos callejeros se producían en el 3% de las calles del centro de la ciudad, y en el Distrito Central de Negocios, pese a que éste ocupaba solamente el 1% del

espacio urbano, tenía lugar el 31% del total de los delitos. Tradicionalmente, la policía ha construido sus mapas de “puntos delictivos calientes” a partir de sus registros históricos de hechos delictivos, a pesar de que tales puntos a menudo no son estáticos, sino fluidos o cambiantes. Ello aconseja, idealmente, el empleo de técnicas estadísticas más sofisticadas (como la tabla de contingencia de Knox o la simulación de Monte Carlo), que permita estimar la fluidez o movilidad de tales puntos calientes del delito y sus posibles regularidades (Summers, 2007). En la investigación española, Sabaté y Aragay, y más recientemente el Institut d’Estudis Regionals i Metropolitants de Barcelona (IERMB), en sus diversos estudios sobre la victimización en Barcelona (véase, por ejemplo, Sabaté y Aragay, 1995, 1997; IERMB, 2012), han constatado que las mayores tasas de victimización delictiva se producen en los barrios centrales de la ciudad, en los más adinerados, y en los menos protegidos (por ejemplo, el mayor número de delitos contra los vehículos correspondía a barrios con menor proporción de parkings). Conclusiones semejantes fueron obtenidas por Stangeland y Garrido de los Santos (2004) al respecto de la ciudad de Málaga, en sus análisis del mapa del crimen, y por Hernando (2007) en su Atlas de la seguridad de Madrid. Las agresiones contra la seguridad personal son

más numerosas en los distritos centrales de la ciudad, que parecen ofrecer a los delincuentes mayor anonimato a la vez que abundancia de víctimas potenciales (Sabaté y Aragay, 1997; IERMB, 2012). Diversos estudios han puesto de relieve cómo la mayor oferta de oportunidades infractoras que se asocia a los desarrollos económicos, tecnológicos, etcétera, habidos en la modernidad, contribuyen a favorecer muchos delitos. Pese a ello, tal relación no siempre es unidireccional. Durante las últimas décadas del siglo veinte y las primeras del veintiuno se han producido ingentes cambios y avances sociales y tecnológicos que, según uno de los postulados centrales de la teoría de las actividades cotidianas, tendrían que llevar a una expansión de los delitos. Sin embargo, en un amplio estudio de Tseloni et al. (2010), se constató, a partir del análisis de la evolución de diferentes categorías delictivas en 26 países de diversas regiones del mundo, que desde mediados de los noventa se ha producido una reducción significativa de los hurtos en el interior de los vehículos, de robos de los propios vehículos, de robos de casas, y de hurtos y robos a personas. Por lo que se refiere a la delincuencia organizada, Kleemans y Poot (2008) analizaron en Holanda, a partir tanto de información cuantitativa como cualitativa, alrededor de 1.000 casos de delincuentes vinculados a

delitos organizados, hallando firme evidencia para la tesis de que la estructura de oportunidad social, es decir la disponibilidad de conexiones sociales susceptibles de ofrecer a los individuos ventajas delictivas provechosas, es clave para explicar la implicación en delincuencia organizada. Además de los avales empíricos con los que cuenta, desde una perspectiva formal, la teoría de las actividades cotidianas es una elaboración conceptual explícita y lógica, con proposiciones claramente definidas y coherentes entre sí. No obstante, como es lógico y sucede a todas las teorías, tampoco en este aspecto le han faltado críticas. Por ejemplo, Akers (1997), uno de los autores principales de la teoría del aprendizaje social, criticó su falta de definición del constructo “delincuentes motivados”. ¿Qué son o quiénes son los delincuentes motivados? ¿Todas la personas están motivadas para el delito? O, ¿en qué momento está presente en un lugar un delincuente motivado? ¿Qué características tiene? Para Akers (1997) la teoría de las actividades cotidianas, más que una teoría de la delincuencia, sería una teoría de la victimización. La teoría asume, como premisa de partida, que existen individuos motivados para el delito, pero no se explica tal presunción, sino indirectamente, al describirse algunas de las características más típicas de las personas o lugares donde se llevan a cabo los delitos.

Además, Akers (1997) afirma que es del puro sentido común el que la gente que menos se expone tiene menos posibilidades de ser víctima de un delito, y no considera que recordar esta obviedad constituya una gran aportación teórica.

H) ¿Existe una motivación individual de cariz situacional? En un intento de soslayar el concepto problemático de “delincuente motivado”, Osgood et al. (1996) generaron una versión individual de la teoría de las actividades cotidianas, introduciendo para ello el constructo “motivación situacional”. Desde entonces hasta ahora, la interpretación de la situación como motivador principal del delito ha sido un aspecto central de las perspectivas situacionales (Van der Laan, Blom y Kleemas, 2009). La idea de una motivación situacional correspondió originariamente a Briar y Piliavin (1965), quienes adujeron que “más que considerar los actos delictivos como resultado exclusivo de motivos a largo plazo derivados de conflictos o frustraciones cuyos orígenes están muy alejados de las situaciones en las que las conductas delictivas suceden” debería aceptarse “que tales actos son promovidos por experiencias apetecidas por todos los jóvenes que les son inducidas por las propias situaciones…” (p. 36; referenciado en Osgood et al.,

1996, p. 638). Para la definición del concepto motivación situacional, Osgood et al. (1996) tomaron en consideración algunas perspectivas teóricas precedentes. Una es la imagen de jóvenes a la “deriva”, de Matza, ya aludida en un capítulo anterior, que sugiere que la conducta desviada de los jóvenes sería el resultado de la mayor apertura que tienen los adolescentes hacia eventuales valores y comportamientos de riesgo e infractores, sin que ello suponga que abiertamente rechacen los valores y estilos de vida convencionales. También adoptaron la interpretación de Gottfredson y Hirschi (1990), en su teoría general de la delincuencia, de que “el motivo para el delito es inherente o limitado a las ganancias inmediatas que ofrece el acto en sí mismo” (p. 256; referenciado en Osgood et al., 1996, p. 638). Inspirándose en estas bases, Osgood et al. (1996) reemplazaron el concepto de “delincuente motivado” de Cohen y Felson (1979) por la noción de que “la motivación reside en el comportamiento infractor en sí (…): Cuanto más fácil sea la acción transgresora y cuanto más potentes sus refuerzos simbólicos y materiales, mayor será también la instigación hacia la desviación” (p. 639). Un indicador de que los adolescentes y jóvenes podrían experimentar tentaciones delictivas es el tiempo que pasan

con amigos, realizando actividades no estructuradas, en ausencia de figuras de autoridad (Hay y Forrest, 2008; Osgood et al., 1996). Según Osgood et al. (1996), las actividades juveniles no estructuradas se asociarían al incremento de las oportunidades delictivas por tres razones: en primer lugar, porque la carencia de estructura y de obligaciones formales sencillamente permite más tiempo disponible para posibles actividades antisociales; en segundo término, porque cuando se está con los amigos, los delitos pueden ser más fáciles, debido a la cooperación y ayuda mutua, y más reforzantes como resultado de la aprobación recíproca (Warr, 2005); y, finalmente, como consecuencia de que la ausencia de personas adultas suele dejar a los jóvenes sin referente de autoridad pro-normativa. Para analizar su hipótesis de conexión entre motivación situacional y tiempo pasado con los amigos en actividades no estructuradas, Osgood et al. (1996) estudiaron una muestra de casi 2.000 sujetos, que fueron evaluados en diferentes momentos, entre los 18 y 26 años. Se hallaron asociaciones consistentes entre cuatro actividades no estructuradas (subir a un coche por diversión, visitar a los amigos, ir a fiestas, y pasar noches fuera de casa) y cinco conductas problemáticas (comportamiento delictivo, abuso grave de alcohol, consumo de marihuana, consumo de otras drogas, y conducción temeraria). Las cuatro

actividades no estructuradas, que eran las variables predictoras, sustentaron entre el 1,2% y el 10,9% de la variación en la conducta antisocial de los jóvenes. Sin embargo, estas magnitudes de varianza explicada de la actividad delictiva fueron superadas por otros predictores como el hecho de que los jóvenes hubieran realizado previamente otras conductas infractoras, sus actitudes prodelictivas, y tener amigos delincuentes, variables que no corresponderían al concepto teórico de “motivación situacional”, sino a otras teorías de la delincuencia.

10.3.2. Situación y decisión: Teoría del patrón delictivo Sin descartar completamente la influencia de otros factores, los teóricos situacionales se interesaron principalmente por conocer cómo el entorno físico, las actividades sociales y el comportamiento de las víctimas aumentaban las oportunidades para el delito (Vozmediano y San Juan, 2010). Personas dispuestas a cometer un hurto, un homicidio o una violación, probablemente existirán siempre. Pero lo delitos también son facilitados o inhibidos por la mayor o menor disponibilidad de oportunidades. De ahí que la prevención más eficaz debe buscarse, entonces, en la reducción de dichas oportunidades1. Es decir, de acuerdo con las perspectivas situacionales, aunque los factores que motivan a los

individuos a cometer delitos no varíen, el número de delitos aumentará o disminuirá, si se presentan más blancos fáciles o menos, o si la vigilancia se debilita o se fortalece. Así, los análisis de las actividades cotidianas de cierta población —de cómo viven las personas, dónde trabajan, en qué actividades de ocio participan, etc.— resultarán decisivos para comprender el nivel delictivo existente. En función de todo lo anterior, las perspectivas situacionales coinciden con la teoría clásica, incluidos también sus desarrollos modernos, en su consideración de que la mayoría de los delitos son decisiones racionales, en el proceso de las cuales el delincuente podría haber optado por hacer una cosa diferente. A pesar de todos los condicionantes con los que pueda contar, un ladrón de coches siempre podría buscar otros medios, distintos del robo, para obtener el dinero que necesita para vivir. Su diferencia es que, mientras que la teoría clásica explica las decisiones delictivas a partir del principio de placer, el egoísmo y búsqueda del propio beneficio, etc., las perspectivas situacionales consideran que las oportunidades resultarán más decisivas a la hora de adoptar una u otra opción de comportamiento2. Existe gran similitud entre las teorías que se han denominado “teoría ecológica” (Park y Burgess, 1925), “teoría del estilo de vida” (Hindelang, 1978), “teoría

situacional” (LaFree y Birkbeck, 1991), “teoría de la oportunidad” (Gottfredson y Hirschi, 1990), “teoría de las actividades rutinarias o cotidianas” (Cohen y Felson, 1979), “teoría de la elección racional” (Cornish y Clarke, 1979), y “teoría medioambiental” (Brantingham y Brantingham, 1991). Estos últimos autores propusieron en 1994 una integración de teorías sobre el ambiente físico y la motivación del delincuente, que denominaron esta vez “teoría del patrón delictivo” (también en Brantingham y Brantingham, 2008). El cuadro 10.6 muestra los elementos principales que, según la teoría del patrón delictivo, e incluyendo algunas adaptaciones efectuadas por nosotros, conducirían al delito. CUADRO 10.6. Teoría del patrón delictivo

Fuente: elaboración propia.

Una primera condición necesaria para la actividad delictiva es la presencia de un individuo suficientemente motivado para llevarla a cabo, lo que se representa en la parte superior de la figura.

Lo siguiente son las actividades cotidianas del delincuente potencial. Su vida diaria podría ofrecerle oportunidades para los delitos, y tal vez le muestre y enseñe modos de llevarlos a cabo. Un delincuente que viva en determinado barrio céntrico de una gran ciudad llegará a conocer bien unas cuantas zonas, en las que habitualmente transcurre su vida. Podrá saber qué posibilidades existen de cometer un robo en esas mismas áreas, que le resultan familiares, mientras que constituirán territorios desconocidos para él las zonas residenciales periféricas, más distantes de su domicilio, lo que hará más improbable que robe en ellas, a pesar de que puedan constituir blancos teóricamente más lucrativos. La tercera condición para el delito sería algún suceso desencadenante; por ejemplo, escuchar una conversación sobre alguien que se ha marchado de vacaciones, u observar una casa que destaca entre las demás por su aspecto o colorido, y que, asimismo, parece tener una ventana abierta (Bennett y Wright, 1984; Cromwell, Olson y Avary, 1991). El método para la búsqueda de un blanco u objeto del delito vendría determinado por el previo esquema o “guión”, que se forma el delincuente en su mente, como resultado de la experiencia acumulada con anterioridad acerca de situaciones semejantes. Nuestra aportación al modelo de Brantingham y

Brantingham se encuentra en la parte inferior del gráfico. Se ha introducido el elemento obstáculos, o dificultades que pueden aparecer en el desarrollo de la acción delictiva y condicionar su curso posterior. Los obstáculos pueden dimanar de medidas de protección física, como por ejemplo la existencia de una persiana metálica en el escaparate de una tienda, o bien ser de índole social, como la presencia de vecinos observando la calle desde una ventana. En algunos casos estos impedimentos pueden ser suficientes para hacer que el delincuente abandone su plan delictivo, al menos temporalmente. Sin embargo, la experiencia negativa de una serie de intentos fracasados de delito, puede hacer también que el delincuente cambie su guión inicial y adopte un plan de comportamiento diferente. Es decir, los obstáculos podrían conducir o bien a la prevención del delito, cuando el intento delictivo es definitivamente abandonado, o bien al desplazamiento del delito hacia un blanco más fácil, o hacia un delito distinto. Algunas investigaciones han confirmado la proximidad, propuesta por la teoría del patrón delictivo, entre lugares de residencia de los delincuentes y espacios de comisión de sus delitos. Bernasco y Kooistra (2010) obtuvieron, en un estudio realizado en Holanda con una muestra de 352 sujetos con antecedentes de robos en comercios, una asociación estadísticamente significativa entre su propia

historia residencial (esto es, los domicilios en los que habían vivido sucesivamente) y los lugares de comisión de sus delitos. Bernasco (2010) halló un resultado parecido, en cuanto a la elección por los delincuentes de lugares próximos a su residencia actual o pasada, también para el caso de los delitos de robo con violencia, robos en vivencias y hurtos en el interior de los vehículos.

10.3.3. ¿Prevención o desplazamiento del delito? Un problema de la teoría del patrón delictivo que se acaba de presentar, que comparte con la mayoría de las perspectivas sobre oportunidad, factores situacionales, estilo de vida y actividades cotidianas, es que no se enfrenta directamente al problema del desplazamiento del delito, limitándose a explicar por qué en ciertos lugares se escogen algunos blancos delictivos y se desatienden otros. Sin embargo, la cuestión del desplazamiento de la delincuencia es vital para la prevención de los delitos: las medidas de prevención, ¿disuaden de cometer delitos o simplemente los desplazan de un lugar a otro? Si en un barrio se le presentaran a un delincuente más obstáculos para cometer sus delitos, ¿desistiría de llevarlos a cabo o los intentaría en otros lugares, o bien se plantearía otras metas delictivas? ¿Son la mayoría de los delitos realmente evitables, a partir de aumentar la vigilancia o de reducir el atractivo de los posibles objetivos? (En el capítulo 24

volveremos sobre este punto). En absoluto pueden afirmarse que todos los delincuentes estén predestinados a cometer cierto número de delitos al año y que, si encuentran obstáculos para ello, automáticamente buscarán otros “blancos” criminales. Pero tampoco es posible sostener radicalmente lo contrario, que los obstáculos y medidas de seguridad y vigilancia serán completamente eficaces en la prevención de los delitos. Lo más probable sería que la relación prevención/desplazamiento del delito, se situara en algún punto intermedio entre estos dos extremos: los obstáculos e impedimentos logran evitar definitivamente algunos delitos, aunque en otros casos los delitos obstaculizados se desplazan a otros lugares. Un hallazgo importante que se obtiene de las encuestas a víctimas es que la mayoría de los intentos de comisión de delitos resultan frustrados. De todos los conatos de homicidios, violaciones, robos en viviendas, robos con violencia, y hurtos diversos, en la mayoría de las ocasiones los delincuentes se ven obligados a abandonar el lugar del delito sin haber podido consumarlo de manera completa (Block, 1989; Hindelang, 1978; Van Dijk, 1994). Tales tentativas frustradas rara vez son comunicadas a la policía, e incluso son ignoradas en los estudios de víctimas, puesto que con frecuencia las propias víctimas los olvidan en seguida, al no haber

sufrido daños o pérdidas graves. De cualquier modo, el análisis de los intentos frustrados de delito podría ofrecer información crucial para la prevención delictiva, si pudiera conocerse con precisión en qué casos el delincuente desistió del delito que pretendía y en cuáles resolvió buscar un objetivo alternativo. Podría ser que los obstáculos que encontró en su camino hubieran evitado realmente el delito. Sin embargo, siempre cabe sospechar que el delincuente simplemente se haya desplazado a otro sitio, o que haya cambiado de estrategias delictiva. Este fue el caso cuando en Alemania, a principio de la década de los ochenta, las sucursales bancarias comenzaron a instalar cristales blindados y otras medidas técnicas de seguridad, y a continuación se produjo un aumento de los atracos a oficinas de correos y vehículos de transporte de dinero (Rengier, 1985). Sin embargo, los proyectos de prevención delictiva que, a la vez, han estudiado el posible desplazamiento del delito, suelen llegar a la conclusión de que solo alrededor de la mitad de los delitos se desplaza a otros lugares y objetivos, mientras que la otra mitad es realmente evitada (Hesseling, 1995). Van Dijk (1994) formuló un sugerente modelo teórico que interpreta los sucesos delictivos como interacciones entre la “demanda” de bienes ilícitos, que encarnarían los delincuentes, y la “oferta” de oportunidades delictivas,

que representarían las víctimas, como suministradoras involuntarias de posibilidades para los delitos. La “oferta” de oportunidades dependería, a gran escala, tanto del volumen de mercancías y bienes que son exhibidos como de los niveles de vigilancia existentes, informales y formales. La interacción entre ambos factores, “demanda” y “oferta” delictiva, presentaría cierta elasticidad, según tipos de delito y marcos culturales. Incrementos de la demanda, como resultado de una mayor pobreza, desigualdad o falta de opciones de subsistencia lícitas, podrían conducir a un incremento de los delitos. Sin embargo, conscientes de este incremento delictivo, los “suministradores”, o víctimas potenciales, tenderían a intensificar la protección de sus bienes y obstaculizar en mayor medida los delitos, lo que, en consecuencia, tendería a reducir el beneficio neto obtenido por los delincuentes en cada transacción delictiva. Ello podría revertir, a su vez, en un aumento de la propia demanda delictiva, que compensara los menores beneficios netos ahora logrados, mediante una intensificación de las actividades ilícitas. De esta forma, el volumen total de delincuencia tendería a mantenerse más o menos constante a partir del reequilibrio dinámico entre la oferta y la demanda. De forma paralela, también las oleadas, o variaciones

bruscas de la delincuencia, podrían tener su origen bien en aumentos de la oferta o bien en incrementos de la demanda. Por ejemplo, una sociedad con muchos equipos electrónicos ligeros, como es el caso actualmente del conjunto de las sociedades industrializadas, presentará más “ofertas” delictivas para el hurto y el robo. El televisor familiar de décadas atrás tenía un peso considerable, y, por ello, era más difícil de usurpar y transportar. Tampoco existían, hace años, equipos de CD y ordenadores portátiles, móviles, etc., cuya presencia creciente y ubicua en la actualidad estaría claramente asociada al incremento de su sustracción. Sin embargo, también habría oleadas de delincuencia causadas por aumentos de la demanda, cuando, por ejemplo, acontecen largas épocas de desempleo crónico, o se disparan las diferencias económicas entre clases sociales.

10.3.4. Teoría de las ventanas rotas La “teoría de las ventanas rotas” intentó explicar el círculo vicioso que parece producirse en las grandes ciudades entre, por un lado, la existencia de un control informal debilitado (algo ya señalado por la Escuela de Chicago, según se comentó), y, por otro, una delincuencia en aumento, tal y como se ilustra el cuadro 10.7: CUADRO 10.7. Teoría de las ventanas rotas

Fuente: elaboración propia a partir de Kelling y Coles, 1996.

Para los autores de esta teoría (Wilson y Kelling, 1982; Skogan, 1990; Kelling y Coles, 1996), en aquellos barrios en que existe un miedo excesivo al delito se instauraría en los ciudadanos una ansiedad generalizada, que traería consigo un decaimiento del control informal, en la medida en que muchas personas, amedrentadas por los tirones, robos, agresiones, venta y consumo de drogas, presencia de prostitutas en la calle, etc., comienzan a evitar la calle y los espacios comunes, como plazas, parques públicos y zonas de recreo. Esta inhibición ciudadana general, con unas calles y espacios comunes vacíos y a merced de los delincuentes, alentaría paulatinamente la expansión de todas aquellas formas de delincuencia callejera que precisamente se pretendían evitar. Los comportamientos marginales e ilícitos interaccionarían entre ellos y se estimularían recíprocamente. Actividades como la prostitución o el menudeo de drogas facilitarían actos de pillería, timo o robo, al aparecer en escena, como posibles víctimas, personas que como los toxicómanos, las prostitutas, o sus clientes, pueden llevar encima, y con escaso control, jugosas sumas de dinero. Según Sousa y Kelling (2006; Wagers, Sousa y Kelling, 2008) las ocho ideas centrales de la teoría de la ventanas rotas serían las siguientes:

1. Desorden y miedo al delito están estrechamente relacionados. 2. La policía (con sus actuaciones y prácticas) suele “negociar” las reglas que rigen el funcionamiento de la calle, “negociación” en la que también estarían implicadas las “personas asiduas de la calle” (ciudadanos corrientes, mendigos, prostitutas, vendedores de drogas…). 3. Barrios distintos se rigen por reglas de la calle diferentes. 4. Un desorden urbano desatendido e irresuelto suele llevar a la ruptura de los controles comunitarios. 5. Las áreas en que se quiebran los controles comunitarios son más vulnerables a ser invadidas por actividades delictivas y por delincuentes. 6. La esencia del rol policial para mantener el orden debe orientarse a reforzar los mecanismos comunitarios de control informal. 7. Los problemas en una calle, barrio, etc., no suelen ser tanto el resultado de personas problemáticas individuales cuanto del hecho de que se congreguen en un lugar múltiples individuos problemáticos. 8. Diferentes barrios cuentan con capacidades distintas para manejar el desorden. De esta teoría, que vincula entre sí comportamientos

como prostitución, venta y consumo de drogas, y diversos delitos contra la propiedad, se pueden deducir recomendaciones para la política criminal preventiva opuestas a las de la criminología crítica y las teorías del derecho penal minimalista, que se presentaron en el capítulo precedente. Estas últimas perspectivas recomiendan restringir el ámbito del derecho penal, reservándolo exclusivamente para aquellos comportamientos que atenten contra bienes jurídicos importantes, como la protección de la vida y la integridad de las personas, o los delitos graves contra la propiedad, y, paralelamente, descriminalizar o despreocuparse de problemas menos importantes, como los relacionados con la venta callejera, la droga, la pornografía o la prostitución. Por el contrario, desde la teoría de las “ventanas rotas” se derivarían políticas preventivas concentradas precisamente en el control de actividades marginales o de pequeña delincuencia como las anteriores, antes de que se conviertan en caldo de cultivo de delitos más graves. El descenso considerable de la delincuencia que se produjo en las grandes ciudades americanas durante los años noventa se atribuyó, al menos parcialmente, a políticas de esta naturaleza (Garland, 2005; Kelling y Coles, 1996). Un ejemplo español de este tipo de actuación preventiva es la que desarrolló en los años noventa el Ayuntamiento

de Marbella, y también fueron aplicadas en otras ciudades españolas, introduciendo notables mejoras físicas y estéticas en el casco urbano, especialmente en las zonas más deterioradas del centro de la ciudad, y estableciendo una vigilancia policial más estricta de las actividades de mendicidad, venta de droga, y prostitución en la calle. Estas actuaciones pudieron contribuir a reducir el miedo de los ciudadanos al delito y aumentar su satisfacción con la policía. Al igual que parece que sucedió en diversas ciudades norteamericanas donde se aplicaron las tesis de la teoría de las ventanas rotas, también en Marbella se produjo una disminución considerable de la delincuencia común (Stangeland et al., 1998). Sin embargo, en este y otros casos semejantes, sería bastante discutible si algunos de los remedios aplicados, como hostigar y perseguir la venta callejera, particularmente la ejercida como medio de subsistencia por muchos inmigrantes ilegales, el acoso municipal a las prostitutas y su clientela, y la persecución y sanción de las muchas, y a menudo inverosímiles, conductas incívicas sancionadas por las ordenanzas municipales de cada lugar, constituyen en sí soluciones a los problemas delictivos o, por el contrario, son productores iatrogénicos de nuevas infracciones y quebrantos de la convivencia (Redondo, 2009). Un último comentario acerca del fondo de la secuencia causal, que presupone la teoría de la ventanas rotas, entre

deterioro del espacio urbano, incremento de las actividades ilícitas y marginales, aumento del miedo al delito, decaimiento del control informal y, a la postre, explosión de la criminalidad a mayor escala. En dicho esquema se postula una línea de relación directa entre una mayor delincuencia real y un miedo al delito incrementado. Sin embargo, probablemente la conexión entre delincuencia y miedo al delito no sea tan lineal y sencilla como podría inicialmente pensarse. A este respecto, Vozmediano y San Juan (2006a; 2006b) evaluaron, en tres barrios de la ciudad de San Sebastián representativos de tres diferentes niveles socioeconómicos (alto, medio y bajo), la posible relación entre la distribución real de la delincuencia y la percepción ciudadana de miedo al delito. Para ello se entrevistó, en conjunto, a 504 sujetos, correspondientes en proporciones semejantes a varones y mujeres, y a los tres barrios/niveles económicos analizados. Mediante la tecnología SIG (Sistemas de Información Geográfica) se generaron mapas urbanos tanto de los delitos reales acontecidos en los diversos barrios (según los registros judiciales y la distribución geográfica de las víctimas) como de la percepción de inseguridad por parte de sus residentes. También se analizaron diversas variables personales (sexo, edad…), psicosociales (dinámica y cohesión vecinales, satisfacción residencial, apego al barrio…), y ambientales (estructura del espacio urbano,

degradación física, etc.). Vozmediano y San Juan (2006) encontraron, en consonancia con múltiples investigaciones anteriores, que las zonas céntricas de la ciudad (en que se ubicaban barrios de niveles socio-económicos medio y alto) aglutinaban la mayor densidad delictiva, pese a lo cual sus residentes no mostraron un miedo al delito elevado. En cambio, el mayor grado de miedo al delito se produjo en la zona que se evaluó como de nivel socio-económico bajo, a pesar de existir en ella una menor tasa de delitos. Es decir, quienes manifestaban haber sufrido, en promedio, menor victimización, mostraron, pese a todo, mayor miedo delictivo. En realidad, el mayor temor al delito manifestado por los residentes del barrio de nivel socio-económico bajo se asoció significativamente, no al nivel real de delitos que habían experimentado, sino a variables psico-socioambientales como menor satisfacción con los vecinos, mayor precepción del barrio como inseguro, y menor contento con las actuaciones judiciales y con la política del ayuntamiento. En conclusión, según los autores de este estudio, a menudo se produce, en expresión de Fattah (1993), la paradoja del miedo al delito, o falta de correspondencia entre la realidad de la delincuencia y la subjetividad del temor percibido que suscita, cuya explicación suele

requerir la consideración de factores variados: “La influencia de las características de los espacios dibujaría en cada contexto urbano estudiado un patrón de miedo al delito propio, coincidente, en unos casos con el delito objetivo, pero en otros no. Otro elemento que puede influir en la disparidad de resultado al respecto es el desplazamiento del fenómeno delictivo en la ciudad. Desde una perspectiva espacio-temporal, una zona que ha soportado altos índices de delito en el pasado podría mantener un mayor nivel de miedo al delito aun cuando el delito haya ‘migrado’ a otra zona de la ciudad como consecuencia, por ejemplo, de la intensificación puntual de la actividad policial. La percepción de ese espacio como peligroso podría perdurar más allá de la persistencia de elementos objetivos, una vez que se ha incorporado a la dinámica de la vida cotidiana en un vecindario concreto. Por otro lado, las variables psico-socioambientales incluidas en el estudio sugieren que la percepción del espacio físico por los vecinos, así como las creencias compartidas sobre la efectividad de la justicia y el papel del ayuntamiento en garantizar la seguridad, podrían estar jugando un papel en la génesis y mantenimiento del miedo al delito” (Vozmediano y San Juan, 2006a, pp. 3-4).

10.3.5. Actualidad y futuro de la Criminología ambiental

Grupo de investigación sobre Delincuencia, Marginalidad y Relaciones Sociales, de la Universidad del País Vasco (vinculado al Instituto Vasco de Criminología). De izquierda a derecha: Juan Aldaz, Doctor en Sociología; Nerea Martín, Doctoranda; Laura Vozmediano, Doctora en Psicología; Estefanía Ocáriz, Doctora en Psicología; Anabel Vergara, Profesora titular de Dep. de Psicología Social y Metodología; Natalia Alonso, Doctoranda; y César San Juan, Profesor titular del Dep. de Psicología Social y Metodología. Sus líneas de investigación son: Justicia juvenil (delincuencia de menores y evaluación de medidas educativas); inteligencia emocional y conducta antisocial; Criminología ambiental (espacios seguros y amigables); etiología multinivel de la agresión sexual; victimización y miedo al delito en contextos digitales.

En este epígrafe se han recogido los principales planteamientos de la Criminología ambiental para la explicación del delito y algunas de sus posibles aplicaciones preventivas. Como síntesis de estas perspectivas, se resumen a continuación los diez principios de las teorías de la oportunidad, que sugirieron Felson y Clarke (1998; según la síntesis de Vozmediano y San Juan, 2010): 1. La oportunidad juega un papel decisivo en la comisión de cualquier delito, tanto de los delitos económicos (donde resulta más evidente), como en cualesquiera otros. 2. Las oportunidades son específicas para cada delito (hurto de carteras, robo en un banco, agresión sexual, etc.), lo que debe ser atendido para el diseño de las correspondientes estrategias preventivas.

3. Las oportunidades delictivas tienden a concentrarse en lugares y tiempos concretos (calles, plazas, barrios; mañanas, tardes, noches, fines de semana). 4. Existe una estrecha correspondencia entre los patrones de actividad de la vida diaria (desplazamientos, aglomeraciones de gente, etc.) y las oportunidades delictivas. 5. Un delito específico puede promover las oportunidades para otros delitos. Por ejemplo, los robos en viviendas, coches, tiendas, etc., favorecen la compraventa de objetos robados, el hurto mediante tarjetas de crédito sustraídas, etc. 6. Algunos objetos (dependiendo de su valor, inercia o transportabilidad, visibilidad y accesibilidad) constituyen oportunidades más atractivas para los delitos que otros. 7. Los cambios sociales y tecnológicos (p. e., el desarrollo de móviles u ordenadores ligeros, acceso masivo a Internet, etc.) generan nuevas oportunidades para los delitos. 8. Los delitos pueden prevenirse a partir de reducir las oportunidades delictivas. 9. Reducir las oportunidades puede prevenir el delito de modo efectivo, sin que necesariamente tenga por qué producirse el desplazamiento de los delitos a otros lugares alternativos.

10. Disminuir las oportunidades delictivas para franjas horarias y lugares concretos puede producir efectos de generalización preventiva a otros momentos y contextos próximos, inicialmente no incluidos en las estrategias de prevención situacional. De los anteriores principios, relativamente probados en la investigación, se derivan diversas implicaciones para el desarrollo científico y aplicado de la Criminología ambiental, entre las que pueden mencionarse las siguientes (Vozmediano y San Juan, 2010): la creación de nuevas técnicas de mapeo de los delitos y de geografía delictiva (de barrios, ciudades, países, etc.), para su análisis en relación con diversas variables poblacionales, económicas, etc. (Anselin, Griffiths, y Tita, 2008; Rossmo y Rombouts, 2008); la representación de las actividades y eventos delictivos a partir de simulaciones por ordenador y mediante modelos matemáticos; la paulatina especificación de los análisis y las medidas preventivas, de índole situacional, para tipologías delictivas concretas (hurtos de bolsos, robos en casas, abuso sexual, etc.); el desarrollo de la prevención criminal a través del diseño ambiental (Cozens, 2008); la creación de productos contra los delitos (Ekblom, 2008); y el análisis y la prevención de los procesos de revictimización delictiva (Farrel y Pease, 2008).

PRINCIPIOS CRIMINOLÓGICOS Y POLÍTICA CRIMINAL 1. Las teorías del delito como elección racional y las teorías de la oportunidad se conectan entre sí a partir de que ambas realzan, a la hora de explicar el comportamiento delictivo, tanto los procesos de decisión sobre costes y beneficios de una conducta como la relevancia criminogénica de las oportunidades infractoras. 2. Según el principio de utilidad esperada, el comportamiento humano, incluido el delictivo, depende de las expectativas que tienen los individuos sobre los beneficios y costes (tanto materiales como psicológicos) que pueden obtener por diferentes conductas: “Cuanto mayor sea la razón de las recompensas (materiales y no materiales) de la no-delincuencia y las recompensas (materiales y no materiales) del delito, menor será la tendencia a cometer delitos” (Wilson y Herrnstein, 1985: 61). 3. Según la teoría de la elección racional, en el momento de decidir si se realiza o no una conducta delictiva, resultarán críticas las valoraciones que el individuo efectúe de los siguientes aspectos: 1) de las ganancias y pérdidas esperables por ella, 2) de la inmediatez/demora de tales ganancias o pérdidas, y 3) de su certeza o incerteza. 4. Las implicaciones más relevantes de lo anterior para la política criminal son las dos siguientes: 1) la reducción de la demora y de la incerteza de las recompensas que se asocian al comportamiento no delictivo, aumentarán la probabilidad de dicho comportamiento y, en consecuencia, reducirán la probabilidad de delito; 2) el mero incremento de la dureza de los castigos asociados al delito, sin asegurar su inmediatez y certeza (que son los elementos que en mayor grado se vinculan a la disuasión punitiva), no garantiza la reducción de la tendencia individual a cometer delitos. 5. Contrariamente a lo que suele esperarse desde una perspectiva puramente disuasoria, la probabilidad de reincidencia de un individuo es directamente proporcional al número de ingresos y tiempo pasado en prisión, a la mayor penosidad o dureza de su encarcelamiento, y a la finalización de su condena en regímenes más duros o estrictos, como el régimen cerrado. 6. El control y la disuasión informal (por el temor a pérdidas sociales en relación con la familia, el trabajo, los amigos, etc.), y el propio desarrollo moral de los individuos (a partir de creencias y actitudes prosociales y contrarias al delito), tendrán, en muchos casos, un mayor poder disuasorio de la delincuencia que las meras sanciones penales. 7. Según la teoría de la actividades cotidianas, la delincuencia aumenta cuando convergen en el espacio-tiempo tres elementos: 1) delincuentes motivados (y entrenados) para el delito, 2) objetivos o víctimas propicios (visibles, descuidados…), y 3) ausencia de protectores eficaces (propietarios, familiares, vecinos, vigilantes, policías…). 8. La ausencia de uno solo de los elementos anteriores es suficiente para prevenir la comisión de un delito. Sin embargo, ya que es muy difícil evitar que haya

personas motivadas para el delito y que puedan existir víctimas u objetivos atractivos, la clave de la prevención estará más bien en el aumento y mejora de la protección de posibles víctimas y propiedades. 9. Los delincuentes, las víctimas y objetivos delictivos, y los cuidadores o protectores, interaccionan de forma dinámica y permanente en los mismos contextos sociales, conformando “ecosistemas” delictivos. En dichos ecosistemas, las actividades ilícitas (hurtos de vehículos, robos en casas, estafas por Internet, lesiones, agresiones sexuales, etc.) se nutren y condicionan a partir de las actividades cotidianas lícitas que existen en la sociedad (comercio de coches, existencia de casas inseguras, transacciones económicas por Internet, personas que pasean, viajan solas, etc.). 10. Como ecosistema social, a la delincuencia pueden serle atribuidas también las características generales de todo sistema vivo: 1) la delincuencia se organiza de diversas formas (primitivas/elaboradas, individuales/colectivas…); 2) efectúa adaptaciones continuas a los cambios y circunstancias del momento; 3) cuenta con metabolismo, o ritmos y ciclos periódicos (p. e., en función de los horarios de la actividad comercial); 4) experimenta desarrollos y evoluciones vitales (inicio de los jóvenes en el delito, consolidación de su actividad criminal, desistimiento delictivo); 5) procesos de reproducción y renovación (incorporación, a un ecosistema criminal, de nuevos delincuentes o de nuevas víctimas); y 6) la delincuencia reacciona y se reajusta frente a los cambios que se producen en el contexto circundante. 11. Se comprueba que la mayor oferta y diversificación de las oportunidades infractoras, que suele asociarse al desarrollo económico y social, contribuye relativamente a favorecer nuevos delitos. 12. Frente al concepto de delincuente motivado, se ha considerado también que puede existir una motivación situacional para el delito: cuanto más fácil sea la acción transgresora y más potentes sus refuerzos, mayor será la instigación hacia el comportamiento infractor. 13. Un indicador frecuente de que los adolescentes y jóvenes podrían experimentar tentaciones delictivas es el tiempo que pasan, junto a sus amigos, en actividades no estructuradas, en ausencia de figuras de autoridad (generalmente, personas adultas). 14. Según la teoría del patrón delictivo, la mayor probabilidad de delito se producirá en aquellos lugares en que confluyan las rutas cotidianas de posibles delincuentes motivados (en sus desplazamientos habituales por la ciudad) con la presencia de oportunidades delictivas (turistas, comercios, casas, coches…). 15. Como resultado de la prevención situacional de los delitos (a partir del aumento de los obstáculos, del control informal y de la vigilancia) una parte de los delitos se previene definitivamente mientras que otros se desplazan a otros lugares más favorables.

16. Según la teoría de la ventanas rotas, para prevenir que en un lugar aflore y se consolide una delincuencia más frecuente y grave, como resultado del abandono de la calle por parte de los ciudadanos y del consiguiente decaimiento del control social informal, debe empezarse por controlar y evitar en ese mismo lugar las diversas actividades marginales y de pequeña delincuencia tales como la venta callejera, el menudeo de drogas, la prostitución, etc. CUESTIONES DE ESTUDIO 1. ¿En qué se parecen y en qué se diferencian las teorías de la elección racional y las de la oportunidad delictiva? ¿Se parecen más que se diferencian? ¿Tiene sentido aunarlas en un solo capítulo o sería mejor analizarlas de modo separado? 2. ¿Puedes definir los conceptos de disuasión, prevención especial y prevención general? ¿E inocuización? ¿Cuáles son los mecanismos principales a partir de los que podrían operar la prevención especial y la general? 3. ¿Hay una sola o varias teorías de la disuasión? Razona tu respuesta. 4. ¿Qué significa valor o utilidad de la conducta? ¿Y recompensas y castigos? ¿De qué factores dependen? 5. ¿Han confirmado las investigaciones la disuasión delictiva? ¿En qué supuestos? ¿Funciona la prevención especial disuasoria? ¿Y la prevención general? ¿Qué tiene mayor efecto disuasorio, la dureza o la certeza de las penas? ¿Puedes mencionar algunos estudios al respecto de estas diversas cuestiones? De acuerdo con lo explicado en el capítulo 2 (Método e investigación criminológica), qué metodologías han seguido los estudios sobre disuasión. 6. ¿Alguna vez se te ha pasado por la cabeza realizar una acción ilegal (obviamente, no tiene por qué ser un homicidio)? ¿Cuáles fueron las razones para desistir de llevarla a cabo? 7. Individualmente o en grupos, y repasando previamente el capítulo 2, preparar un proyecto esquemático de investigación para analizar el posible efecto disuasorio de la legislación contra las drogas, o al respecto de cualquier otra categoría de delitos. 8. Define los conceptos de “territorialidad”, “vigilancia natural” e “imagen y entorno”, de la teoría del espacio defendible. 9. ¿A partir de qué conceptos principales explica la teoría de las actividades cotidianas la delincuencia? Aplica dichos conceptos a diversos tipos de delitos (p. e., hurtos, robos en casas, lesiones, violencia de género, etc.), y reflexiona acerca de su adecuación y capacidad explicativa ¿Qué indicaciones para la prevención se derivarían, en cada delito analizado, del triángulo de la delincuencia y el control? 10. ¿A qué se refiere el concepto de “ecosistema delictivo”? ¿Qué significa que la delincuencia es un proceso vital? 11. Individualmente o en grupos, los alumnos pueden ir a distintos lugares de la ciudad y efectuar un observación sistemática sobre posibles oportunidades para el

delito en cada uno de ellos, presentándolo posteriormente al conjunto de la clase. 12. Según los resultados de investigación revisados en este capítulo, ¿puede afirmarse que exista una motivación situacional para el delito? Razona tu respuesta. 13. ¿En qué consiste la teoría del “patrón delictivo”? ¿Cuáles son sus elementos más importantes? ¿Y la teoría de las ventanas rotas? 14. La prevención situacional, ¿previene o desplaza la delincuencia? ¿Cómo pueden interaccionar la demanda y la oferta delictivas?

1 El diseño físico de una tienda puede influir en el número de hurtos que se cometen en ella (Farrington, 1992c). La mayor disponibilidad de armas de fuego tiene mucho que ver con el número de homicidios que se producen en un país (Killias, 1993; Lester, 1993). Al mismo tiempo que, bajo la influencia de diversas contingencias situacionales (vecinos que observan, personas que pasean por un parque, vehículos que se detienen en una calle, etc.), solo una pequeña parte de los intentos de violación en lugares públicos suele llegar a consumarse (Block, 1989). 2 La elección racional no implica que necesariamente los delitos sean premeditados (Cornish y Clarke, 1989). En realidad muchos delitos acontecen de manera rápida, fortuita, con una mínima preparación y con un resultado poco fructífero, en términos coste-beneficio, para el delincuente (Gottfredson y Hirschi, 1990). Sin embargo, el delincuente suele ser en general consciente de lo que está haciendo, y acostumbra a pensar en alternativas. Comete un delito porque, en un determinado momento, y según su propia percepción, esta conducta constituye la “mejor” solución a su problema (ya sea económico o personal).

11. DESARROLLO DE LAS CARRERAS DELICTIVAS 11.1. CRIMINOLOGÍA DEL DESARROLLO VITAL 519 11.2. CARRERAS DELICTIVAS 520 11.3. FACTORES DE RIESGO Y DE PROTECCIÓN 524 11.3.1. Predictores de riesgo individuales y sociales 524 11.3.2. Fuerza de los diversos predictores 528 11.3.3. Factores de protección 531 11.4. EVOLUCIÓN DESDE LA DELINCUENCIA JUVENIL A LA ADULTA 533 11.4.1. Curva de edad del delito 534 11.4.2. Persistencia y desistimiento de la conducta delictiva: procesos relevantes 536 11.4.4. Inicio adolescente y tardío en el delito 541 11.4.5. Conclusiones sobre continuidad delictiva 542 11.5. EXPLICACIONES CRIMINOLÓGICAS 543 11.5.1. Infractores adolescentes y delincuentes persistentes 544 A) Taxonomía sobre participación delictiva 545 B) Evaluación empírica 547 11.5.2. Teoría Integradora del Potencial Antisocial Cognitivo (ICAP) 548 A) Potencial antisocial 550 B) Decisión de cometer un delito 551 C) Inicio, persistencia y desistimiento de la delincuencia 552 D) Validación empírica 553 11.5.3. Modelo del Triple Riesgo Delictivo (TRD) 556 A) Riesgos personales, carencias sociales y oportunidades delictivas 557 B) Probabilidad de delito y motivación delictiva 559 C) El Modelo TRD como estructura meta-teórica 561 D) Riesgo social de delincuencia y prevención 563 E) Aplicaciones e investigación del Modelo TRD 566

PRINCIPIOS CRIMINOLÓGICOS Y POLÍTICA CRIMINAL 569 CUESTIONES DE ESTUDIO 569

11.1. CRIMINOLOGÍA DEL DESARROLLO VITAL Muchas de las teorías presentadas en los capítulos precedentes son esencialmente explicaciones estáticas, en cuanto que interpretan que uno o más elementos específicos (la ruptura de vínculos sociales, el aprendizaje de conductas antisociales, la falta de autocontrol, la pobreza, el etiquetado, las decisiones racionales, las oportunidades delictivas, etc.) favorecen la delincuencia con carácter general y a cualquier edad de los sujetos. Frente a ello, la Criminología del desarrollo vital ha planteado una interpretación más dinámica del comportamiento delictivo, considerando que la actividad criminal estaría fuertemente condicionada por la edad del individuo y por las características personales, ambientales y sociales que se vinculan a las diversas etapas de la vida. Del mismo modo que las personas cambian y maduran con el transcurso del tiempo, también varían los factores que influyen sobre su comportamiento. Durante la infancia probablemente jugarán un papel prominente las relaciones familiares, mientras que durante la adolescencia posiblemente primarán las influencias de los

amigos y la escuela, y posteriormente, en la edad adulta, las influencias laborales y los lazos afectivos de pareja. De modo paralelo, se considera que la participación en el delito constituye un proceso variable a lo largo del tiempo, al que se ha denominado carrera delictiva, que incluiría una secuencia de etapas. Así, la Criminología del desarrollo se interesaría principalmente por el inicio en el delito, la escalada o incremento de la gravedad de los delitos, la especialización o versatilidad delictivas, y el desistimiento o finalización de la actividad criminal. Para ello se ocuparía de tres aspectos principales de las carreras delictivas: la evolución de la conducta antisocial y delictiva a lo largo del tiempo, los factores de riesgo y protección más relevantes a diferentes edades, y, a partir de ello, la prescripción de propuestas aplicadas en orden a reducir el impacto de los factores de riesgo y prevenir así la delincuencia (Case y Haines, 2009). Estos planteamientos suponen la adopción de una perspectiva de análisis intra-sujetos, más interesada por los cambios que acontecen a lo largo de la vida del individuo, que por la comparación inter-sujetos, entre grupos de delincuentes y no delincuentes, que ha sido la opción más habitual en criminología (Farrington, 2008c). Debido a su visión innovadora acerca del delito, y también a su ingente producción científica a lo largo de los últimos años, la Criminología del desarrollo vital

puede ser legítimamente considerada un nuevo paradigma de la Criminología, y como tal es englobada y tratada en el presente capítulo.

11.2. CARRERAS DELICTIVAS La expresión “carrera delictiva” es ampliamente utilizada en la bibliografía criminológica actual, siendo cada vez más los autores que defienden su relevancia para el estudio del comportamiento delictivo (entre otros muchos: Blumstein, Cohen y Farrington, 1988a, 1988b; DeLisi y Beaver, 2011; Farrington, 2009b; Le Blanc, 1986; Loeber, Wei, Stouthamer-Loeber, et al., 1999; Smith, Visher y Jarjoura, 1991; Sampson y Laub, 1993, 2008; Soothill, Fitzpatrikc y Francis, 2009). El punto de arranque de esta perspectiva fue, a mediados del pasado siglo XX, el conocido estudio longitudinal Unraveling Juvenile Delinquency (1950), sobre 500 delincuentes juveniles, desarrollado por Sheldon y Eleanor Clueck en Washington (y reanalizado décadas después por Sampson y Laub, 1993). Posteriormente, a partir de otros estudios longitudinales subsiguientes se favoreció y consolidó el desarrollo de la perspectiva de carreras delictivas. Han sido particularmente relevantes los siguientes (Case y Haines, 2009): el Cambridge Study, de seguimiento, desde los años setenta hasta la actualidad, del comportamiento antisocial en una muestra de más de 400

varones londinenses, el Pittsburgh Youth Study (Estados Unidos), sobre más de 1.500 varones evaluados a partir de la edad de siete años, y el Dunedin Study acerca de 1.037 niños y niñas en Nueva Zelanda La carrera delictiva define la secuencia longitudinal de los delitos cometidos por un individuo a lo largo del tiempo, lo que requiere analizar la evolución de su actividad criminal a través de distintas etapas o estadios (Le Blanc, 1986). En esencia es un método de evaluación de la actividad criminal individual, que no prejuzga la frecuencia o intensidad delictivas particulares. En delincuencia, todas las casuísticas son posibles, desde individuos que solo cometen una infracción a aquellos otros que efectúan numerosos delitos a lo largo de un tiempo prolongado, a lo que se ha denominado “delincuentes de carrera” (Blumstein et al., 1988a, 1988b). Es una constatación universal que muchos jóvenes realizarían actividades antisociales de manera transitoria, durante la adolescencia y la juventud, abandonándolas pronto de modo ‘natural’, pero que un grupo reducido desarrollaría carreras delictivas crecientes y prolongadas, convirtiéndose en delincuentes “persistentes” (Bechtel, Lowenkamp, y Latessa, 2007; Henggeler, 1989, 2003; Loeber, Farrington, y Waschbusch, 1998; Lösel, 2000). Estos sujetos, que suelen tener un inicio precoz en el delito y que van a

cometer muchas y graves infracciones durante periodos prolongados de su vida, deberían constituir la prioridad científica de los análisis criminológicos (Howell, 2011; Moffitt, 1993; Piquero, 2001; Sigurdsson, Gudjonsson y Peersen, 2001; Walsh, 2012). Desde una perspectiva temporal, suelen distinguirse tres momentos o etapas fundamentales, típicas en muchos delincuentes (Benson, 2006): inicio del comportamiento infractor (frecuentemente al principio de la adolescencia), incremento y mantenimiento de las actividades delictivas (desde el final de la adolescencia hasta el principio de la edad adulta), y finalización de los comportamientos criminales (entre los 21 y 29 años). En el transcurso de estas etapas se describen e intentan comprender aspectos como la tasa o frecuencia de los delitos cometidos, el patrón o secuencia de los mismos, el posible incremento de su gravedad, y otras tendencias o factores que puedan identificarse. En paralelo, se analiza qué factores de riesgo y de protección (biológicos, psicológicos, sociales, económicos, etc.) se asocian prioritariamente a las distintas etapas y trayectorias delictivas (Case y Haines, 2009; Catalano y Hawkins, 1996; Ellis et al., 2009; Farrington, 1992, 1996; Farrington y Loeber, 2013; Lilly et al., 2007; Loeber et al., 1999; Sampson y Laub, 1993; Soothill et al., 2009). En unión a los factores de riesgo, más recientemente se ha incorporado también la

denominación de eventos o acontecimientos vitales que podrían influir sobre la participación delictiva. Mientras que los factores de riesgo podrían consistir en sucesos de efecto pernicioso más transitorio (p. e., el hecho de perder a un progenitor, una separación de pareja, etc.), los acontecimientos vitales harían referencia a influencias de mayor duración e impacto prolongado (p. e., una relación de pareja o matrimonial problemática, el desempeño de determinado empleo de especial riesgo delictivo, la amistad con delincuentes, etc.). Aun así, ambos tipos de influencias criminogénicas pueden subsumirse bajo la denominación de factores de riesgo, que será aquí la preferida y habitualmente utilizada. En los análisis de carreras delictivas son especialmente relevantes algunos conceptos como los siguientes. En primer lugar, los de prevalencia y frecuencia. La prevalencia, o participación, se refiere a la proporción de miembros de una población que son delincuentes activos en un tiempo dado; mientras que la incidencia, o frecuencia, define la tasa anual de delitos cometidos por delincuentes activos a lo largo de determinado periodo temporal (es decir, el número de delitos por delincuente). Así, el concepto prevalencia/participación distingue entre delincuentes y no delincuentes, entre quienes participan en el delito y quienes no lo hacen, y el de incidencia/frecuencia indica qué número de delitos

comete un delincuente activo a lo largo de un año, etc. (Blumstein et al., 1988b). También es relevante el concepto de persistencia, que define quiénes son delincuentes frecuentes o crónicos, y apunta a la indagación de aquellos factores que caracterizan a los individuos que continúan en el delito frente a quienes inhiben pronto su implicación en actividades delictivas (Smith et al., 1991). En conexión con el anterior, la estabilidad delictiva haría referencia a la permanencia del comportamiento infractor, los años a lo largo de los cuales un individuo comete delitos. La prevalencia delictiva, o proporción de individuos que cometen infracciones, es una medida social y global del delito. Distintas investigaciones han estimado que entre los adolescentes y jóvenes existe una elevada prevalencia delictiva, de hasta el 80% e incluso superior, pero circunscrita generalmente a conductas leves (Farrington, 2008b; Howell, 2011; Redondo y Garrido, 2001; Redondo, Martínez-Catena, y Andrés, 2011). La mayor prevalencia o participación juvenil en conductas antisociales tendría lugar en el intervalo de edad 16-17 años (Farrington, 1992, 2008b; Rechea, 2008; Sampson y Laub, 2005). Por su parte, la incidencia y la estabilidad delictivas constituirían los dos parámetros fundamentales de las carreras delictivas individuales (Rutter, Giller, y Hagell,

2000); es decir, con qué frecuencia los sujetos cometen delitos y durante cuánto tiempo. A pesar de la acogida mayoritaria que el concepto de “carrera delictiva” tiene en la criminología actual, su aceptación no es unánime. Particularmente, Hirschi y Gottfredson (1988:13) rechazaron su utilidad, al considerar que, al igual que sucede con el término delincuencia, tampoco permitiría distinguir entre los hechos delictivos y los delincuentes que los realizan. En su opinión, los investigadores de carreras delictivas estudiarían a los delincuentes a través de los delitos que van cometiendo, sin tomar en cuenta la “tendencia criminógena” (criminality) que puedan mostrar. Desde la idea de carrera delictiva, se consideraría que un sujeto es “más delincuente” si comete más delitos, y se supone que su capacidad criminógena disminuye a medida que sus delitos son menos frecuentes o graves. Contrariamente a ello, para Hirschi y Gottfredson, son los “delitos” los que decrecerían con la edad, mientras que la criminalidad, o tendencia delictiva, permanecería relativamente estable a lo largo de la vida. Los delitos que un sujeto pueda cometer dependerían de más cosas que de su propia tendencia criminal, interviniendo factores como la disponibilidad de herramientas o armas para la comisión de los delitos, o la facilitad de acceso a objetivos o víctimas.

Por otro lado, Case y Haines (2009) consideraron que la investigación sobre carreras delictivas habría sesgado en exceso los análisis del delito hacia factores de riesgo de cariz individual y psicológico, prioritariamente en la infancia, pero habría desatendido los factores sociales o ambientales que influirían en la vida adulta. También valoran negativamente que en este tipo de investigación se emplee una metodología puramente cuantitativa, que difícilmente permitiría conocer aspectos más profundos del desarrollo y funcionamiento de las personas. A pesar de las consideraciones críticas precedentes, el concepto de carrera delictiva cuenta con una aceptación mayoritaria en la criminología actual, habiendo mostrado gran capacidad heurística para la investigación criminológica, y una amplia utilidad teórica y aplicada, en dirección a la explicación del comportamiento delictivo y de su prevención y tratamiento.

Una imagen con muchos de los investigadores destacados de la Criminología del Desarrollo, en una reunión en Filadelfia en 2009, entre los que se encuentran David Farrington (U. de Cambridge, Reino Unido), Rolf Loeber (Pistsburg University, USA), David Hawkins (U. de Carleton, USA), James Howell (U.S. Department of Justicy), Lila Kazemian (John Jay College of Criminal Justice, New York), Martin Killias (U. de Zurich, Suiza), Mark W. Lipsey (Vanderbilt University, USA), Alex Piquero (U. de Texas, USA), Santiago Redondo (U. de Barcelona), Richar Rosenfeld (U. de Missouri-St. Louis, USA), Jerzy Sarnecki (Stockholm University, Suecia), Terence Thornbeny (U. of Maviland, USA), David Weisburg (Heliew University, Israel), y Brandon Wellh (Northeartern University, USA).

11.3. FACTORES PROTECCIÓN

DE

RIESGO

Y

DE

11.3.1. Predictores de riesgo individuales y sociales En múltiples investigaciones desarrolladas durante las últimas décadas se han identificado los principales factores de riesgo y de protección asociados al comportamiento delictivo (Ellis et al., 2009; Redondo y Martínez-Catena, 2012). La metodología principal para ello ha correspondido a los estudios longitudinales, cuyo objetivo es observar y medir, a partir de la infancia y la adolescencia, la aparición de conductas problemáticas y antisociales, analizando a la vez las circunstancias de riesgo que se vinculan a dichas conductas (Bergman y Andershed, 2009; Farrington, Ttofi, y Coid, 2009; Remschmidt y Walter, 2009; Sanercki, 2009). De ese

modo pueden explorarse cuáles de tales elementos (características del propio sujeto, de su familia, de su ambiente escolar o de barrio, etc.) constituyen factores de riesgo que hacen más probable sus actividades delictivas, y cuáles pueden constituir factores de protección, que hagan menos probable el comportamiento delictivo (Bock, 2000; Born, 2002; Farrignton y Loeber, 2013; Haas y Killias, 2003; Stenberg y Vagerö, 2006; Zara y Farrington, 2009). En general, se conoce bien la influencia criminogénica, como factores de riesgo, de las características familiares e individuales, sobresaliendo la alta impulsividad como uno de los mejores predictores personales de conducta disocial (Case y Haines, 2009; Soothill et al., 2009; DeLisi y Beaver, 2011). Sin embargo, se sabe mucho menos acerca del influjo antisocial de los factores biológicos, y de los relativos a los amigos, la escuela y el barrio (Farrington, 2008a). Por otro lado, son mucho mejor conocidos los factores que estimulan el inicio en el delito que aquellos otros que promueven la continuidad delictiva (Farrington, 2008a). Según Redondo (2008b) los factores de riesgo para el delito puede estructurarse exhaustivamente en tres categorías fundamentales: 1) riesgos personales, inherentes a un sujeto, 2) riesgos o carencias en el apoyo prosocial recibido, y 3) oportunidades delictivas a que se

ve expuesto. Esta categorización se simboliza y ejemplifica en el cuadro 11.1, a partir de una intersección entre conjuntos de factores de riesgo de estas diversas naturalezas. Según ello, cada individuo particular podría verse afectado exclusivamente por riesgos de un único tipo, de dos modalidades, o de las tres, lo que se considera que redundaría en la magnitud y cualidad de la influencia criminogénica que experimenta. CUADRO 11.1. Clasificación de los factores de riesgo delictivo en tres fuentes o categorías principales

Fuente: Redondo, Martínez-Catena y Andrés (2011)

Como quiera que las oportunidades delictivas ya se comentaron en un capítulo precedente, a continuación se

recogen los principales factores de riesgo, o predictores, de índole personal y los relativos a las carencias en apoyo prosocial que pueden experimentar los individuos (Redondo et al., 2011; Redondo y Martínez-Catena, 2012) (cuadro 11.2). Al principio del cuadro 11.2 se incluyen los predictores personales para la conducta infractora y antisocial, organizados a su vez en cinco categoría (Albretcht y Grundies, 2009; Caprara, Paciello, Gerbino, et al., 2007; Farrington y Loeber, 2013; Farrington, Loeber y Ttofi, 2012; Paciello, Frida, Tramontano, et al., 2008; Piquero y Brame, 2008; Stouthamer-Loeber, Loeber, Stallings, et al., 2008; Kazemian, Farrington y Le Blanc, 2009): 1) correlatos relativos a la genética y la constitución individual; 2) factores de personalidad; 3) predictores conductuales; 4) factores cognitivo-emocionales; y 6) dificultades en inteligencia y habilidades de aprendizaje. CUADRO 11.2. Factores de riesgo personales y sociales, para la conducta antisocial FACTORES DE RIESGO PERSONALES 1) Genética/Constitución

Ser varón Posibles problemas genéticos, complicaciones pre y perinatales Propensión al aburrimiento Dureza emocional Extraversión Psicoticismo Hostilidad e irritabilidad Impulsividad

constitucionales

y

Falta de confiabilidad Propensión a la búsqueda de nuevas experiencias y sensaciones, incluida precocidad y promiscuidad sexuales Tendencia al riesgo Problemas de atención e hiperactividad Egocentrismo Baja tolerancia a la frustración/ira Trastorno de estrés post-traumático Esquizofrenia Tendencias suicidas

2) Personalidad

3) Conducta

Mentir y engañar Agresión en la infancia Acoso a otros Consumo de alcohol y otras drogas Bajas habilidades interpersonales Juego patológico Desempleo frecuente/Muchos cambios de puesto de trabajo Conducción agresiva de vehículos

4) Cognición-emoción

Falta de compromiso genuino con la propia educación Déficit en aspiraciones laborales Déficit en empatía/ altruismo Dificultad para demorar la gratificación y para orientar la propia conducta considerando resultados futuros “Locus de control” externo (o atribución a otros o a las circunstancias de las causas de la propia conducta) Creencias y actitudes favorables al comportamiento antisocial (y de neutralización de la culpa) Déficit en razonamiento moral Emocionabilidad negativa Rebeldía desafiante Déficit en role-taking y role-playing (o en la capacidad para adoptar una perspectiva social) Baja autoestima/ autoconcepto

5) Inteligencia habilidades aprendizaje

Déficit en inteligencia general Déficit en inteligencia emocional Déficit en aprendizaje verbal y Dificultades generales de aprendizaje de Déficit en aprendizaje de disciplina Déficit en aprendizaje de evitación (del castigo) Déficit en habilidad lectora

Bajo rendimiento académico FACTORES DE RIESGO Y CARENCIAS SOCIALES

1) Barrio

Barrios deteriorados/ desorganización social/ privación relativa/ bajo nivel económico/ subculturas delictivas Barrios con alta heterogeneidad étnica/ cultural/ religiosa Barrios con alta disponibilidad de drogas/ armas Barrios con alta concentración de desempleo Alta densidad poblacional Inestabilidad/ movilidad residencial Déficit en control social informal en zonas urbanas (vs. rurales) Desvinculación social (de actividades convencionales: educativas, deportivas, de ocio…) Detenciones policiales e internamiento en centros de reforma juvenil

2) Familia

Bajos ingresos familiares/ dependencia social: desempleo, enfermedad de los padres, madre adolescente Familias monoparentales (unido a crianza inapropiada) Crianza inconsistente/ punitiva/ abandono/ rechazo Familias numerosas e incompetencia parental Ser el hijo más pequeño (o de los más pequeños) en el contexto de familias numerosas Niños adoptados Alcoholismo (o drogadicción) de los padres Trastornos mentales en miembros familiares (depresión, esquizofrenia, etc.) Tensión/ desacuerdo familiar/ conflicto entre padres e hijos Maltrato del niño Padres delincuentes

3) Escuela

Desvinculación/ fracaso escolar Absentismo escolar Falta de disciplina Abandono de la escuela secundaria

4) Amigos

Pocos amigos Amigos delincuentes Exposición a violencia grave, directa o a través de los medios de comunicación (especialmente fuera de la familia) Pertenencia a una banda juvenil

Tras los factores de riesgo personales, se presentan los correlatos de riesgo sociales, correspondientes a las carencias en apoyo prosocial, económico, etc., experimentadas por los individuos. Dichos factores se han estructurado también en cuatro categorías (DeLisi y Beaver, 2011; Farrington, Loeber y Ttofi, 2012; Gibson et al., 2010; Hoeve, Smeenk, Loeber, et al., 2006; Hollin, 2010; Kuppens, Grietens, Onghena, et al., 2009; Monahan, Steinberg y Cauffman, 2009; Schmidt, Esser, Ihle, et al., 2009; Weerman, 2010): los relativos al barrio en el que un niño vive, los correspondientes a los problemas en la familia, las dificultades relacionadas con la escuela, y los riesgos relativos a los amigos.

11.3.2. Fuerza de los diversos predictores En el apartado anterior meramente se han descrito los principales factores de riesgo personales y sociales identificados en múltiples investigaciones criminológicas. Sin embargo, con el objetivo de estudiar la fuerza de tales factores para predecir la delincuencia grave posterior, Lipsey y Derzon (1997) emplearon la técnica del metaanálisis2, integrando los resultados de múltiples estudios prospectivos que incluían índices de correlación entre diversos predictores de riesgo y la delincuencia grave1, incluyendo delitos contra las personas o robos con violencia). La predicción se efectuaba a dos edades

distintas, cuando los chicos tenían entre 6 y 11 años, o bien entre 12 y 14 años, y la variable criterio (la conducta delictiva) se medía en el intervalo de edad comprendido entre los 15 y los 25 años. En el cuadro 11.3 se presentan los valores de correlación, para ambos grupos de edad, entre los diversos predictores analizados y la conducta delictiva, categorizados en cinco niveles, según la correlación con la conducta delictiva vaya de 30 a 40 (nivel 1, o de mayor correlación) hasta 00 a 10 (nivel 5, o de menor correlación). CUADRO 11.3. Factores de riesgo, evaluados a las edades de 6-11 años y 12-14, que predicen la conducta delictiva grave cuando los sujetos tienen entre 15 y 25 años, categorizados según el tamaño de las correlaciones obtenidas. Predictores Edad 6-11 años

Predictores Edad 12-14 años Nivel 1

Delincuencia general (.38) Uso alcohol/drogas (.30)

Vínculos sociales (.39) Grupo de amigos antisociales (.37) Nivel 2

Género (varón) (.26) Nivel socio-económico de la familia (.24) Delincuencia general (.26) Padres antisociales (.23) Nivel 3

Agresión (.21) Etnia (.20)

Agresión (.19) Actitud/notas escuela (.19) Ajuste psicológico (.19) Relación con los padres (.19) Género (varón) (.29) Violencia física (.18) Nivel 4

Ajuste psicológico (.15) Relación con los padres (.15) Vínculos sociales (.15) Problemas de conducta (.13) Actitud/notas escuela (.13) Salud/condición física (.13) Cociente intelectual (.12) Otras características familiares (.12)

Padres antisociales (.16) Delitos contra personas (.14) Problemas de conducta (.12) Cociente intelectual (.11)

Nivel 5 Hogar roto (.09) Padres maltratadores (.07) Grupo de amigos antisociales (.04)

Hogar roto (.10) Nivel socio-económico familiar (.10) Padres maltratadores (.09) Otras características familiares (.08) Uso alcohol/drogas (.06) Etnia (.04)

Fuente: Lipsey y Derzon (1997).

Las principales conclusiones que pueden extraerse del cuadro 11.3 son las siguientes. En primer lugar, los mejores predictores difieren para cada grupo de edad a la que se efectúa la predicción. Así, haber cometido un delito (“delincuencia general”, no necesariamente violenta) en el período de los 6-11 años es el factor de riesgo más sólido de una delincuencia grave posterior. Todavía es un factor importante en la edad 12-14 años, aunque en este caso ocupa plaza en el segundo nivel, y no en el primero. Por otra parte, el abuso de sustancias tóxicas se halla también entre los mejores predictores en el primer grupo de edad (6-11 años), aunque no en el segundo (12-14 años). Es decir, el inicio temprano en la delincuencia y en las drogas son altamente predictivos de una posterior carrera delictiva grave, pero estos mismos

factores pierden capacidad predictiva cuando aparecen en una edad posterior, especialmente por lo que se refiere al consumo de alcohol/drogas. Los dos mejores predictores para el grupo de 12-14 años tienen que ver con las relaciones interpersonales, como es el caso de la falta de vínculos sociales y la compañía de amigos antisociales. Esto contrasta con lo que sucede en la edad de 6-11 años, donde ambos predictores son relativamente débiles. Los predictores de segundo y tercer nivel, para las edades 6-11 años, están dominados por características estáticas o personales relativamente estables (ser varón, nivel socioeconómico familiar, etnia, amigos antisociales), mientras que en el grupo 12-14 aparecen sobre todo características comportamentales, como son la delincuencia general, la agresión y el bajo rendimiento escolar. Los factores “hogar roto” y “padres maltratadores” están en el nivel más débil de capacidad predictiva en ambos grupos. Sin embargo, el abuso de drogas y los amigos antisociales muestran una relación inversa según grupos de edad: el primero está en el nivel más alto de predicción del riesgo para el grupo 6-11 años, pero el segundo está en el nivel 5 (el más bajo), justo lo contrario de lo que ocurre para el grupo 12-14 años. Estos resultados, sobre el peso variable de los

predictores de riesgo en distintos periodos de edad, avalarían, al menos parcialmente, uno de los planteamientos de partida de la Criminología del desarrollo, en el sentido de considerar que los factores de riesgo no tendrían una influencia uniforme a lo largo de la vida, sino que incluso podrían ser diferentes en distintos momentos, o, cuando menos, tener un impacto variable a diferentes edades.

11.3.3. Factores de protección Del mismo modo que hay factores de riesgo, también se ha postulado la existencia de factores de protección, los cuales amortiguarían el influjo de los factores de riesgo y se asociarían a una menor probabilidad de comportamiento delictivo. Se conoce mucho más sobre los factores de riesgo que sobre los factores de protección (Farrington, 2008a), tanto acerca de aquellos que se consideran meramente el lado opuesto de las influencias de riesgo como aquellos otros que se estiman exclusivamente aspectos favorables y, por tanto, de naturaleza distinta a los factores de riesgo (Farrington et al., 2012; Lösel y Bender, 2003, 2006). A continuación se consignan, de modo más breve y sintético, las principales características de los niños y jóvenes resistentes, o factores de protección, que se han identificado en diversos estudios (cuadro 11.4). Como

puede verse, existe una estrecha interrelación entre las precedentes tablas de factores de riesgo y la que ahora se presenta sobre características de los niños resistentes. Las anteriores y ésta incluyen aspectos (eso sí, con muy diferente nivel de detalle) que, en muchos casos, pueden ser considerados los polos negativo (riesgo) y positivo (protección) de las mismas dimensiones personales o sociales. En todo caso, si los factores de protección pueden subsumirse en los de riesgo, o forman entidades independientes, es un debate abierto en la Criminología actual; aunque muchos investigadores convienen que, en la mayoría de los casos, los factores de riesgo y de protección formarían parte de idénticas dimensiones o gradientes de posibles influencias antisociales/prosociales sobre los individuos (Farrington et al., 2012; Lösel y Bender, 2003, 2006; Redondo, 2008b). CUADRO 11.4. Características de los niños y jóvenes resistentes, o factores de protección de la conducta delictiva Mayor flexibilidad/ baja impulsividad INDIVIDUALES Realistas en sus planes futuros Personalidad Desarrollo cognitivo y sociabilidad (empatía) CogniciónSeguridad-autoestima Competencia Perseverantes/ no huyen de las dificultades (orientación a objetivos) social Poseen algún talento notable Obtienen satisfacción del hecho de recibir ayuda

FAMILIA Crianza

Buen apego Estilo educativo “autoritativo” (que combina una buena calidez emocional, una buena estructuración, y una alta expectativa de logro)

Buen estatus socioeconómico Cuentan con modelos próximos de su mismo sexo CONTEXTO AMPLIO Educación/ vinculación

Integración/ éxito escolar Vinculación a algún adulto no familiar (en el caso de familias de riesgo) Relación con otras instituciones

En conclusión, de acuerdo con los diversos resultados de investigación sobre factores de riesgo y protección que se han presentado hasta aquí, por lo general no debería esperarse que el delito sea originado por causas aisladas e independientes, sino que resulte de la interacción entre distintos factores etiológicos, en la medida en que es más probable que una causa incremente el riesgo delictivo, no en solitario, sino en presencia de otras influencias (Agnew, 2006). Sobral (2013) ha puesto de relieve la necesidad de ordenar y priorizar, de acuerdo con los resultados de la investigación, la relevancia explicativa, o “ideas fuertes”, de algunos factores de riesgo en cuanto posibles causas del delito. De otra manera, será muy difícil clasificar y avanzar en el conocimiento de la explicación criminológica, dándose lugar a una estereotipada y repetida retahíla de eventuales génesis del delito. En consonancia con la diversidad de influencias que contribuyen a la delincuencia, Hay y Forrest (2008) han planteado “la necesidad de crear teorías más comprensivas que conciban el delito, no como resultado de las características individuales o de las características

del ambiente social, sino justamente como un producto interactivo de ambos tipos de causas. Teorías comprensivas de esta índole son escasas” en el panorama actual (p. 1043). También Wikstrom y Sampson (2006) han insistido en la necesidad existente en la Criminología actual de una estructura teórica más general, susceptible de ser aceptada por el grueso de autores de este campo, y capaz de guiar la investigación integrativa sobre las causas de la delincuencia.

11.4. EVOLUCIÓN DESDE DELINCUENCIA JUVENIL A ADULTA

LA LA

El libro de Rolf Loeber y David Farrington “De la delincuencia juvenil al crimen adulto” representa bien la idea de la Criminología del Desarrollo o de las Etapas Vitales, donde ambos profesores son pioneros e investigadores destacados.

Aunque existe una gran prevalencia de infracciones adolescentes y juveniles (Gudjonsson et al., 2006; Rechea, 2008), esta participación delictiva disminuye drásticamente al aumentar la gravedad de los delitos. Solo un pequeño porcentaje de los jóvenes que han sido problemáticos en la infancia o la adolescencia va a convertirse en delincuentes de carrera en la edad adulta. En la mayoría de los casos, el desistimiento en un fenómeno natural que acontece después de los 18 años

(Walker, Browen y Brown, en prensa). En este marco de abandono generalizado del delito, las condenas, especialmente de prisión, que se producen en la primera etapa adulta (una vez cumplida la edad penal), pueden tener, paradójicamente, un efecto iatrogénico, y contribuir a retrasar los procesos de desistimiento natural, y a favorecer la continuidad delictiva. Desde la perspectiva de la Criminología del desarrollo la explicación del delito se enfrentaría a las cuatro casuísticas siguientes (véase cuadro 11.5): 1) personas que llevan a cabo delitos en las etapas adolescente y juvenil y continúan delinquiendo en la vida adulta; 2) sujetos que no cometen delitos juveniles, pero comienzan a delinquir cuando son adultos; 3) sujetos que realizan delitos en su etapas adolescente y juvenil pero no continúan delinquiendo en la edad adulta; y 4) personas que ni cometen delitos en la edad juvenil ni tampoco en la edad adulta (que es, afortunadamente, la circunstancia más general). CUADRO 11.5. La conducta delictiva en las etapas juvenil y adulta temprana No delincuente adulto No delincuente No delincuente juvenil Delincuente juvenil

Delincuente adulto Inicio adulto en el delito

Desistencia delictiva antes de Persistencia delictiva desde la edad adulta juventud a la edad adulta

Fuente: Loeber, Farrington y Redondo (2011)

la

Las distintas situaciones planteadas en el cuadro 11.5 posibilitan que en la investigación criminológica se efectúen análisis diversificados, susceptibles de ofrecer resultados mucho más precisos, no para explicar la globalidad de la delincuencia, sino para comprender diferentes aspectos del inicio y la continuidad de las carreras delictivas (Loeber et al., 2011).

11.4.1. Curva de edad del delito En el marco de la Criminología del desarrollo se ha prestado particular atención a la curva de edad del delito, o constatación universal de que la conducta delictiva sigue un patrón ascendente-descendente en función de la edad de los sujetos, a pesar de que pueda haber variaciones al respecto entre sociedades o en función de las diversas tipologías delictivas. En el cuadro 11.6 se representa un ejemplo de la curva de edad del delito, tomado de Loeber y Stallings (2011). A la hora de analizar una curva de edad, debe prestarse especial atención al sector derecho de la misma, como se señala en el cuadro, ya que la evolución seguida a esas edades informaría acerca de la persistencia/desistencia delictiva de las muestras a las que se refiere. CUADRO 11.6: Ejemplo de una curva de edad del delito

Fuente: Loeber y Stallings (2011)

Algunas características importantes de la curva de edad del delito son las siguientes (Loeber et al., 2011; Piquero et al., 2012): 1) En general, representa una asociación universal entre edad y conducta delictiva, que define, para una población determinada, las magnitudes de prevalencia o participación delictiva en función de las diversas edades. La curva/participación delictiva experimenta habitualmente un aumento desde finales de la infancia, y durante la adolescencia y la juventud. La mayor cota de delincuencia se sitúa entre los 17-19 años. Y la mayor frecuencia anual de delitos suele referirse a hechos no violentos.

2) Disminuye a partir de la edad de 20 años. Es decir, un amplio porcentaje de sujetos que habían comenzado a cometer delitos en la infancia y la adolescencia desisten al inicio de la edad adulta (entre el 40% y el 60%). 3) La delincuencia violenta muestra una curva de edad que aumenta más tardíamente, en contraste con la delincuencia contra la propiedad. 4) En edades paralelas a las de mayor prevalencia de comisión de delitos violentos, entre los 16 y los 24 años, también se produce el mayor riesgo de victimización violenta, especialmente de varones. 5) Suelen mostrar curvas de incidencia delictiva más ascendentes los varones pertenecientes a minorías, o que viven en barrios desfavorecidos, lo que probablemente apunta en dirección a la conexión entre privación social y delito. 6) Generalmente las curvas de edad que pueden elaborarse a partir de datos estadísticos son curvas grupales, no individuales, para cuya confección suelen integrarse datos transversales, habitualmente procedentes de muestras distintas de sujetos. Debe tenerse en cuenta que una curva grupal no informa de la persistencia o desistencia delictiva individual, la cual solo puede analizarse a partir de datos longitudinales sobre cada sujeto concreto. 7) La curva de edad del delito correspondiente a las

chicas suele tener una menor prevalencia y hacer referencia a delitos menos graves; sin embargo suele ascender a edad más temprana que la de los varones, particularmente si se atiende a datos de delincuencia autoinformada (probablemente debido a su previa maduración psicológica y conductual). Posteriormente, la prevalencia delictiva de las mujeres también desciende antes que la de los varones.

11.4.2. Persistencia y desistimiento de conducta delictiva: procesos relevantes

la

Existe una fuerte tendencia a la persistencia o continuidad delictiva, que algunos estudios han situado en torno al 50% (Le Blanc y Fréchete, 1989; Martín Solbes, 2008). Dicha persistencia es mayor si se analizan datos de autoinforme, ya que éstos suelen recoger también infracciones de menor entidad que los datos oficiales. Presentan mayor continuidad delictiva los jóvenes que se han iniciado antes en el delito, particularmente cuando se trata de inicios tempranos, anteriores a los 12 años (Loeber y Farrington, 2001). La mayor persistencia se asocia a previas conductas violentas graves desde la infancia (Le Blanc y Fréchette, 1989). Y muestran mayor continuidad algunos delitos que, como el tráfico de drogas, se acaban convirtiendo en un modo de vivir, que no otras conductas antisociales como vandalismo, hurto, o

robos de coches, que parecen decaer antes (Rosenfeld et al., 2012). Diversos predictores, analizados en muestras de adolescentes, que se asocian a la continuidad de la conducta delictiva, son los siguientes (Loeber et al., 2011): estilos de crianza paterna coercitiva, impulsividad alta y susceptibilidad al aburrimiento, déficits en atención sostenida, y baja inteligencia. Relacionado con ello, en España se dispone en la actualidad de información relevante acerca de la reincidencia delictiva de los jóvenes, sobre la cual se han efectuado algunos estudios en diversas comunidades autónomas (Redondo, MartínezCatena, y Andrés, 2011). En un meta-análisis sobre 17 estudios españoles de reincidencia juvenil, García et al. (2010) obtuvieron una tasa promedio de reincidencia del 26,12%, con una desviación típica, es decir, con una variación hacia arriba o hacia abajo, de 11,27. En estos estudios españoles puede establecerse asociación entre la reincidencia delictiva de los jóvenes y los siguientes predictores (Loeber et al., 2011; Redondo et al., 2011): • menor edad y el hecho de ser varón (25% de los varones reinciden frente al 12,7% de las chicas); • la presencia de un mayor número de factores de riesgo sociofamiliares (como antecedentes delictivos y patologías en la familia); • la experiencia de maltrato físico;

• no vivir con la familia ni tener domicilio fijo; • la existencia de trastorno mental, hiperactividad, impulsividad, o consumo de drogas; • el fracaso en la escuela, en general en los procesos formativos, o en el desempeño de un trabajo; • tener amigos o una pareja que sean delincuentes; • contar con más antecedentes por delitos violentos; • y haber experimentado medidas de internamiento juvenil. En relación con el desistimiento delictivo, el Modelo del Triple Riesgo Delictivo (TRD), al que se hace referencia más adelante, sugiere una cierta simetría entre continuidad y desistimiento del delito. Mientras que la aglomeración de riesgos delictivos en un individuo podría activar los procesos de inicio y permanencia en la actividad criminal, la dilución de dichos riesgos contribuiría a desactivarlos. Esta interpretación, acerca del paralelismo inverso entre el inicio y el desistimiento del delito, estaría próxima a la que efectúan en general las perspectivas criminológicas del desarrollo tratadas en este capítulo (Case y Haines, 2009; DeLisi y Beaver, 2011; Soothill et. al, 2009). Sin embargo, no existe unanimidad a este respecto. Según Serin y Lloyd (2009), el proceso de desistencia del delito requiere que se produzcan en los sujetos tanto

cambios externos como internos, implicando ello experiencias, pensamientos y evoluciones vitales. Desde su punto de vista, solo habría una simetría parcial entre las etapas de inicio/mantenimiento y desistimiento del delito. Podrían ser simétricos algunos factores de riesgo/protección relativos a edad, personalidad antisocial, actitudes infractoras, historia de conducta delictiva, abuso de sustancias y amigos delincuentes, en cuanto que dichos factores, en sus magnitudes más desfavorables, actuarían como incitadores del delito, y en sus manifestaciones más benignas operarían como protectores. Sin embargo, otros aspectos, en buena medida de cariz interno, como autoeficacia, atribuciones, expectativas de resultado, autoconcepto y cambio de creencias, podrían ser más genuinos y exclusivos de la evolución hacia el desistimiento del delito (Walker et al., en prensa). En síntesis, estos autores consideran, en consonancia con el previo trabajo de Laub, Nagin y Sampson (1998), que el desistimiento del delito no es un mero reflejo de la ausencia de riesgos para el delito. LeBel et al. (2008), en un estudio con 130 delincuentes contra la propiedad, a los que se entrevistó con antelación a su excarcelación, hallaron que el desistimiento del delito se vio favorecida por elementos subjetivos tales como sentirse a disgusto con el previo pasado delictivo, las creencias en la propia capacidad para “salir adelante”, y la

autoidentificación como uno hombre “de familia”. Aunque, finalmente, el desistimiento también requirió de oportunidades de vida prosocial. De forma análoga, Aresti et al. (2010), en un análisis fenomenológico del proceso de desistencia en cinco exdelincuentes, hallaron que el hecho clave para el abandono del delito era el cambio del sujeto hacia una nueva identidad prosocial, cambio que constituía una experiencia subjetiva gratificante. Contrariamente, la mayor barrera para el abandono de la actividad delictiva fue el conflicto que aparecía entre esta nueva autopercepción y el frecuente encasillamiento del individuo como “exdelincuente”. McGloin et al. (2011) evaluaron una amplia muestra de 4.000 delincuentes en Holanda, y encontraron que el hecho de contraer matrimonio se asociaba a una reducción de la versalilidad delictiva, probablemente debido al cambio de rutinas diarias del individuo y a la mayor limitación de sus oportunidades delictivas. Sin embargo, en mujeres jóvenes se ha observado que el proceso de maternidad sería un elemento más decisivo, en dirección a la desistencia delictiva y al abandono del consumo de drogas, que el hecho de contraer matrimonio. Kreager et al. (2010) pudieron confirmar dicha relación en el análisis cuantitativo longitudinal de una muestra de más de 500 mujeres procedentes de comunidades socialmente deprivadas en la ciudad de Denver, Estados Unidos.

Un estudio pionero en España sobre narrativas de desistimiento delictivo corresponde a Cid y Martí (2011, 2012), quienes evaluaron mediante entrevistas a 67 encarcelados que se hallaban en las últimas etapas del cumplimiento de penas de prisión, para conocer sus opiniones e interpretaciones acerca de los factores y circunstancias que podrían facilitar su desistimiento del delito. Los entrevistados consideraban que para su abandono del delito eran fundamentales los vínculos sociales de los que ya disponían con anterioridad, pero también las nuevas vinculaciones adquiridas durante su vida adulta (por ejemplo, una nueva pareja), así como aspectos tales como el desarrollo de una actividad laboral y la adquisición de nuevos valores positivos durante su estancia en prisión (por ejemplo, a partir de su participación en actividades y programas de tratamiento). El cuadro 11.7 recoge, en forma longitudinal, los procesos fundamentales a los que habría que atender para comprender tanto la continuidad como el desistimiento delictivos. Dichos procesos influirían sobre los individuos desde determinadas etapas de la vida, como la infancia (antes de los 12 años), la adolescencia (entre 13 y 17 años), o la adultez temprana (por encima de los 18 años), y generalmente sus efectos serían continuados, acumulativos e interactivos con los restantes mecanismos implicados. Los principales serían los siguientes (Loeber

et al., 2011) (véase cuadro 11.7): CUADRO 11.7: Procesos explicativos de la continuidad y el desistimiento por edades

Fuente: Loeber et al. (2011) Nota: en relación con cada proceso, se consignan (entre paréntesis) aquellas circunstancias que pueden resultar favorables y protectoras del delito.

Procesos de influencia desde el mismo origen de un individuo y de modo constante a lo largo de su vida: 1. Diferencias individuales tempranas, relativas al funcionamiento neurológico, impulsividad/autocontrol, habilidades de interacción, creencias prosociales/antisociales u otros. 2. Maduración cerebral, imprescindible para la regulación y el control de la propia conducta, siendo un proceso cronológicamente variable entre individuos, que puede consolidarse entre el final de la edad juvenil y las primeras etapas de la vida adulta. 3. Factores conductuales de riesgo, tales como posibles trastornos de conducta, y eventuales factores protectores, como la ansiedad social, que puede resultar, al menos temporalmente, inhibitoria de la conducta infractora gregaria o grupal. Mecanismos de influencia crítica a partir de la infancia media: 4. Cambios cognitivos, especialmente en lo referido a las decisiones que se adoptan sobre la variación de la propia conducta. 5. Factores sociales de riesgo y de protección, en el

marco de la familia, la escuela o el grupo de amigos. Factores de mayor relevancia desde el final de la infancia: 6. Los contextos y situaciones, que puede favorecer la delincuencia a partir de una mayor oferta de oportunidades delictivas. 7. La influencia del vecindario, pudiendo resultar particularmente criminogénico el vivir en barrios con graves carencias y con altas tasas de delincuencia. 8. La presencia de una posible enfermedad mental o de abuso de sustancias. Procesos de impacto a partir de la adolescencia, cuando comienza a ser viable la intervención formal de la justicia: 9. El tipo de respuestas que se den a los sujetos infractores por parte de las instituciones de justicia u otras, que pueden contribuir, según su orientación, dureza, etc., tanto a la continuidad delictiva como a el desistimiento. Elementos de mayor influencia desde la adolescencia tardía y durante la vida adulta: 10. Las circunstancias vitales del sujeto, en el sentido de si tiene o no una pareja, cuenta con un empleo, etc., experiencias todas que pueden tener un gran influjo en la vida de un individuo. Como ya se ha comentado, todos estos procesos tienen

una influencia sucesiva, acumulativa e interactiva, en cuanto que cada uno de ellos estaría condicionando, y sería a su vez modulado, por el posible impacto de los restantes mecanismos. Estas combinaciones producen una gran complejidad y dificultad a la hora de comprender adecuadamente los procesos de continuidad delictiva. Además, las carreras delictivas no son siempre secuencias lineales, que se inician en un punto, continúan durante un tiempo, y finalizan en un momento delimitado. A veces las carreras criminales pueden ser intermitentes, de forma que pueden interrumpirse temporalmente y después continuar, incluso pasado mucho tiempo, en algunos casos debido a determinados acontecimientos vitales (perder el trabajo, ruptura de pareja, recaída en la bebida, etc.) (Farrington, 2008a). De los anteriores procesos parecen especialmente relevantes para la desistencia delictiva los siguientes (Loeber et al., 2011; Walker et al., en prensa): – El hecho de que el sujeto cuente con características individuales favorables (una buena inteligencia, baja impulsividad, etc.). – Que los factores conductuales de riesgo sean pocos, y no se acumulen los comportamientos problemáticos (conducta antisocial, consumo de drogas, impulsividad, etc.). – Los cambios cognitivos, en la medida en que un

individuo comienza a sentirse disconforme con su propio comportamiento y estilo de vida delictivos. – Que se produzca una paulatina implicación del individuo en rutinas personales estructuradas (formativas, laborales, deportivas, de ocio, etc.), que hagan menos probable la presencia de oportunidades fáciles para el delito. – Que el sujeto logre reducir y controlar, de forma autónoma o mediante ayuda especializada, su posible consumo de drogas. – Y también algunas circunstancias vitales relevantes como el hecho de iniciar una relación de pareja, lograr un empleo o cambiar de barrio de residencia (Farrington, 2008a).

11.4.4. Inicio adolescente y tardío en el delito Rosenfeld et al. (2012) han sintetizado, a partir de diversos datos (sobre todo norteamericanos), que diversos delitos serían preferentemente de inicio adolescente, variando ligeramente por edades, entre los 13/14 y los 17 años: – La participación en pandillas delictivas sería generalmente una experiencia juvenil precoz y transitoria, que suele tener escasa continuidad. – El consumo de marihuana y otras sustancias se

iniciaría a una edad promedio de 16,5 años. – El tráfico de drogas, un poco después, en torno a los 17 años. – Los delitos de posesión de armas vendrían más tarde, en torno a los 17,3 años. – Y los delitos de consumo de drogas duras alrededor de los 17,5 años. Los delitos de tráfico de drogas y la posesión de armas tendrían comúnmente mayor persistencia, probablemente debido a que se acaban convirtiendo en actividades utilitarias y de delincuencia profesionalizada, en un modo de ganarse la vida. En cambio los delitos de homicidio suelen cometerse más tardíamente, entre los 19 y los 24 años, y generalmente son hechos individuales (los homicidios cometidos por una pandilla suelen corresponder a edades más tempranas). Según datos oficiales de delincuencia, entre el 10% y el 30% de quienes son delincuentes adultos habrían comenzado a delinquir tardíamente, en la primera edad adulta, desde los 18 o 20 años en adelante (Piquero et al., 2012; Zara y Farrington, 2010). En cambio, si se atiende a datos de autoinforme, la anterior proporción de inicio tardío se reduciría, ya que los datos de autoinforme incluirían, como ya se ha comentado, muchas más infracciones de pequeña entidad, y debido a ello menos sujetos aparecerían como delincuentes de claro inicio

tardío. Hasta donde se sabe en la actualidad, podría haber ciertos factores y características personales susceptibles de inhibir la conducta delictiva en la adolescencia, tales como el nerviosismo y ansiedad de un individuo, que pueden contribuir a su aislamiento e inhibición social; factores que, sin embargo, podrían no ser tan claramente inhibitorios en la edad adulta, en que los delitos tienden a ser menos gregarios y más individuales (Zara y Farrington, 2009). Suelen tener un inicio más tardío, al menos en función de los datos oficiales, los abusos sexuales a menores, a la vez que también acostumbran a presentar una mayor persistencia (Rosenfeld et al., 2012).

11.4.5. Conclusiones sobre continuidad delictiva Algunas conclusiones importantes que se derivan de la criminología del desarrollo, en relación con la transición desde la delincuencia juvenil a la delincuencia adulta, son las siguientes (Farrington, 2008a): 1) La mayor prevalencia de la actividad delictiva se produce en la adolescencia tardía (entre los 15 y los 19 años). 2) La edad más frecuente de inicio delictivo se sitúa entre los 8 y los 14 años, y la de desistencia entre los 20 y 29. 3) Un inicio temprano en el delito predice una mayor

duración de la carrera delictiva y una mayor frecuencia infractora. 4) Existe una marcada continuidad, o estabilidad, de la conducta antisocial y delictiva, desde la infancia a la adolescencia y a la edad adulta. Aun así, la prevalencia e incidencia en el delito disminuyen con la edad, y muchos jóvenes infractores devienen adultos socialmente integrados, a la vez que la conducta de quienes continúan delinquiendo también evoluciona a lo largo del tiempo, generalmente en dirección el abandono del delito. 5) Una pequeña proporción de “delincuentes crónicos” o persistentes comete un amplio porcentaje de delitos. 6) La actividad delictiva es más versátil, o diversificada, que no especializada. 7) Las diversas modalidades de conducta que suelen definirse como delitos pueden ser consideradas, en muchos casos, como elementos específicos de un síndrome más amplio de conducta antisocial, que incluye el abuso de alcohol, la conducción temeraria, la promiscuidad sexual irresponsable, el acoso a otras personas, y la vagancia. 8) Muchos delitos adolescentes se cometen en compañía de otros, mientras que la mayoría de la delincuencia adulta se realiza en solitario. 9) Las razones expresadas para la comisión de delitos hasta la adolescencia tardía pueden ser muy variadas,

incluyendo motivos utilitarios, pero también diversión y excitación, o explosiones de ira, para el caso de delitos violentos. Sin embargo, desde la edad de veinte años en adelante, la motivación utilitaria es la razón dominante para los delitos. 10) A diferentes edades suelen predominar distintos tipos de delitos, en una cierta escalada ascendente, que suele incluir primero el hurto, luego el robo con fuerza (en casas, etc.), y posteriormente el robo con violencia. Hasta la edad de veinte años suelen prevalecer procesos de diversificación delictiva, mientras que después progresivamente aumenta la especialización.

11.5. EXPLICACIONES CRIMINOLÓGICAS Los precedentes análisis también se han concretado en la formulación de algunas teorías del desarrollo o de las etapas vitales, que suelen ser planteamientos integradores de conceptos teóricos anteriores (Cullen, Daigle y Chapple, 2006; DeLisi y Beaver, 2011; Farrington, 2008b; Siegel, 2010; Van der Laan et al., 2009; Vázquez, 2003). Por ejemplo, la teoría interaccional de Thornberry (1987; Thornberry y Krohn, 2008) incorporó elementos de las teorías del aprendizaje social (asociación con amigos delincuentes, adopción de valores delictivos e implicación en conductas antisociales) y del control social (desvinculación de los padres, de la escuela y de los

valores convencionales). Según esta perspectiva, el delito requeriría dos condiciones imprescindibles: la primera, un decaimiento de los vínculos y controles sociales, y la segunda, un contexto interactivo en que la conducta delictiva se aprenda, se ejecute y se refuerce. En la adolescencia temprana (entre los 11 y 13 años) serían elementos críticos de riesgo la desvinculación de los padres y de la escuela; en la adolescencia media (15 a 16 años), o van a ser la asociación con amigos delincuentes y con valores delictivos; y en la adolescencia tardía, las carencias relacionadas con actividades convencionales (educativas, de formación laboral, etc.) o referidas a la familia adquirida (pareja e hijos). Las teorías criminológicas del desarrollo vital se orientan preferentemente a explicar la actividad delictiva de los individuos, más que la criminalidad global por barrios, áreas, países, etc. (Farrington, 2008a). Aunque existen diversas teorías criminológicas del desarrollo vital, a continuación se recogerán solo tres ejemplos de ellas. Los dos primeros, la taxonomía de Moffitt sobre delincuentes persistentes y limitados a la adolescencia, y la teoría integradora del potencial antisocial cognitivo (ICAP) de Farrington, porque son teorías del desarrollo destacadas en el plano internacional. La última, el modelo del triple riego delictivo, de Santiago Redondo, por tratarse de la única formulación teórica desarrollada a este

respecto en España.

11.5.1. Infractores adolescentes y delincuentes persistentes

La profesora Terry Moffitt, investigadora sobresaliente en psicología y neurociencia, autora de la conocida y controvertida taxonomía que distingue entre jóvenes que comenten delitos exclusivamente en la adolescencia y delincuentes persistentes. En la foto, junto a Aushalom Caspi, otro destacado profesor e investigador en el campo de la relación entre genética y conducta delictiva.

A) Taxonomía sobre participación delictiva Terry Moffit, del Instituto de Psiquiatría de la Universidad de Londres, propuso en 1993 una taxonomía que diferenciaba dos categorías fundamentales de delincuentes, a los que atribuía diferentes patrones de comportamiento infractor y, también, distinta etiología

delictiva: 1) delincuentes persistentes, y 2) jóvenes cuyas conductas infractoras se limitan a la adolescencia. Posteriormente esta clasificación originaria se amplió, sobre la base de diversos resultados empíricos, con la incorporación de otras dos categorías complementarias de sujetos, quedando esta taxonomía de la delincuencia integrada por cuatro grupos de sujetos tal y como se detalla a continuación (Piquero y Moffitt, 2008). 1) Delincuentes persistentes (“life-course persistent offenders”) Constituyen una pequeña proporción, de entre el 5 y el 8 por ciento, del total de quienes participan en la delincuencia. Estos jóvenes empiezan a cometer delitos muy tempranamente, realizando frecuentes infracciones y delitos variados, incluidos comportamientos violentos, que muy a menudo realizan autónomamente (sin que la influencia de otros sea determinante para la participación delictiva), y continúan delinquiendo en la vida adulta. Los principales factores de riesgo para la delincuencia persistente serían, según Moffitt, de naturaleza individual neuropsicológica, pudiendo tener tanto un origen hereditario como adquirido, y su influencia se manifestaría tempranamente en forma de déficits cognitivos difusos, problemas temperamentales, e hiperactividad. Estas dificultades personales pueden, además, ser exacerbadas por los riesgos que se hallen

presentes en el ambiente de desarrollo infantil y adolescente, tales como una crianza y educación inapropiadas, desvinculación familiar, pobreza, problemas en la escuela, relaciones de amistad con jóvenes delincuentes, etc. Las transacciones permanentes entre unos y otros factores de riesgo, neuropsicológicos y sociales, generarían paulatinamente, durante las dos primeras décadas de la vida, una personalidad problemática versátil, propensa a múltiples conductas antisociales, incluyendo agresión física, delincuencia persistente, problemas en el trabajo, y violencia en las relaciones de pareja. Dada la generalidad y amplitud de la conducta antisocial de estos jóvenes suscitarían un creciente rechazo social, y, en consecuencia, cada vez serían menores las oportunidades de que dispondrían para aprender y poner en práctica comportamientos prosociales, y desistir así del delito. 2) Jóvenes que cometen delitos exclusivamente en la adolescencia (“adolescent limited offenders”) Sería el grueso de quienes cometen algunas infracciones o delitos durante la adolescencia y la primera juventud. Estas conductas delictivas tendría un cariz eminentemente social, en vinculación con el propio grupo, y generalmente consistirían en infracciones leves, muchas de ellas calificables como tales debido a la minoría de edad de sus autores (consumir alcohol, ir a locales de

adultos, conducir sin poder tener el permiso todavía, etc.). En algunos casos también puede tratarse de conductas violentas o de extorsión, las cuales podrían ser frecuentes en delitos relacionados con drogas. Estos jóvenes contarían con un desarrollo neuropsicológico normal. Las causas principales de sus conductas se hallarían en la combinación resultante de la falta de maduración personal y el influjo del contexto social, particularmente de parte de los compañeros y amigos. Durante esta etapa los adolescentes y jóvenes experimentan una situación de paulatinos cambios biopsicológicos, en preparación para la vida adulta, pero a la vez una carencia de roles, responsabilidades y privilegios adultos. Los amigos, de su misma edad y con sus mismas aspiraciones y dificultades, constituyen el referente prioritario de su conducta. De ese modo, el comportamiento infractor y delictivo es fácilmente imitado y puede constituir una forma de expresión de autonomía frente al mundo adulto que nos les entiende. Sin embargo, a medida que estos jóvenes maduran y van paulatinamente accediendo a los roles adultos (trabajo, disponibilidad económica, relación de pareja, etc.) se incrementa la probabilidad de desistencia delictiva y de retorno a un estilo de vida convencional. Pese a todo, el desistimiento del delito puede verse retrasada como resultado de que se produzcan complicaciones o experiencias problemáticas (antecedentes penales, encarcelamiento, drogadicción,

truncamiento de la escolarización, o embarazo adolescente, en el caso de las chicas) que puedan comprometer el proceso normal de tránsito hacia la vida adulta. Las dos categorías complementarias, posteriormente añadidas a esta taxonomía, son las siguientes: 3) Jóvenes que no cometen delitos (“abstainers”) Se constata que un pequeño grupo de adolescentes y jóvenes no lleva a cabo actividades ilícitas y delictivas, ni siquiera durante la adolescencia. Según Moffitt podría haber cuatro razones para ello: 1) dichos jóvenes no experimentan los efectos de la falta de maduración, por lo que carecerían de motivación para la conducta antisocial juvenil; 2) se inician muy tempranamente en los roles sociales adultos (educación especializada, trabajo, relación de pareja, etc.); 3) tienen una baja exposición a modelos delictivos; o 4) poseen ciertas características personales (p. e., ansiedad social, fuerte temor a la violencia…) que los excluyen de la vinculación con posibles grupos de jóvenes delincuentes. 4) Delincuentes con problemas mentales Se trataría de una categoría muy reducida de sujetos que pueden cometer determinados delitos (hurto, agresión, abuso sexual…) como resultado de que padecen ciertos trastornos mentales (deficiencia mental, esquizofrenia, pedofilia…).

B) Evaluación empírica La taxonomía de Moffitt cuenta con diversos avales empíricos, especialmente procedentes del estudio longitudinal Dunedin, desarrollado en Nueva Zelanda, y en el que se ha analizado, desde el nacimiento, una muestra de 1.000 sujetos. Múltiples publicaciones, a partir de este estudio, han obtenido que la mejor predicción de la delincuencia persistente se obtiene a partir de distintos factores individuales de riesgo, tales como temperamento descontrolado, disfunciones neurológicas y retraso en el desarrollo motor infantil, bajas habilidades intelectuales, déficit de la capacidad lectora, hiperactividad, y basa tasa cardiaca. Sin embargo, también contribuyen a predecir dicha delincuencia persistente los riesgos que se producen en el cuidado de los hijos, como resultado de una paternidad adolescente, madres con patologías mentales, madres negligentes, disciplina infantil inconsistente, conflicto familiar grave, rotación en los referentes educativos del niño, y, también, rechazo por parte de los amigos (Moffitt y Caspi, 2001). También otros estudios han apoyado la validez de la categoría “delincuentes persistentes”, hallando una interacción significativa, tal y como dicha categoría sugiere, de la presencia de déficits biosociales con inicio temprano en el delito (no inicio tardío) y delincuencia violenta (no otros tipos), y de la existencia de déficits neuropsicológicos con inicio precoz

en el delito, y cronicidad y gravedad delictivas (Piquero, 2001). Se ha estudiado menos la categoría “delincuentes limitados a la adolescencia”, aunque la información disponible avala la conclusión de que este tipo de participación delictiva estaría muy asociada al contacto con amigos delincuentes (Moffitt y Caspy, 2001), y que estos jóvenes experimentarían, a medida que van madurando, una mayor internalización del estrés, lo que contribuiría a su pronta desistencia delictiva. Respecto de la primera de las dos categorías complementarias, Piquero, Brezina y Turner (2005) comprobaron, a partir de datos del Nacional Longitudinal Survey of Youth (NLSY), que la modalidad de “abstainers”, o jóvenes que no comenten ninguna infracción, correspondería a un grupo muy reducido de sujetos, y que su abstinencia delictiva estaría principalmente relacionada con factores sociales y situacionales, como el hecho de su no integración en un grupo juvenil o de no pasar mucho tiempo con amigos de su misma edad. Por último, Piquero et al. (2005) hallaron escasa evidencia de patologías mentales entre los jóvenes que cometen delitos, lo que no avalaría la última categoría complementaria propuesta por Moffitt.

11.5.2.

Teoría

Integradora

del

Potencial

Antisocial Cognitivo (ICAP) David Farrington, del Instituto de Criminología de la Universidad de Cambridge, presentó, en sendos trabajos de 1992 y 1996, una nueva teoría integradora del desarrollo vital. De inicio, Farrington (1996) consideraba también necesario diferenciar, según lo propuesto por Gottfredson y Hirschi (1990; véase en teoría del bajo auntocontrol, presentada en el capítulo 6), entre la posible tendencia antisocial de un individuo y la concreta comisión de delitos, ya que ambos procesos podrían ser el resultado de factores de riesgo y mecanismos causales distintos. Más recientemente, Farrington (2008; Farrington y Loeber, 2013) efectuó diversas especificaciones y cambios, tanto terminológicos como conceptuales, en su anterior formulación de la teoría, denominándola Teoría integradora del potencial antisocial cognitivo (ICAP). En la presentación que sigue se atiende tanto a la formulación originaria de esta teoría como a sus modificaciones más recientes. David Farrington es Catedrático emérito de Psicología criminológica del Instituto de Criminología de la Universidad de Cambridge. Es el director del Cambridge Study in Delinquency Development, uno de los estudios longitudinales en criminología que ha dado lugar a un mayor número de análisis y publicaciones durante las últimas décadas. También es autor de la Teoría integradora del potencial antisocial cognitivo (ICAP), que se comenta en este epígrafe. Recibió en 2013 el Stockholm Prize in Criminology, análogo al Premio Nobel en el campo criminológico.

La teoría ICAP intenta responder a las que Farrington considera dos cuestiones fundamentales que debe contestar toda teoría: ¿Por qué algunas personas muestran un alto potencial de comisión de delitos en distintas situaciones, mientras que otras no?; y ¿por qué una persona tiene mayor probabilidad de cometer delitos en algunas situaciones que en otras? La primera pregunta se refiere a las diferencias que se dan entre los individuos en sus tendencias criminales, mientras que la segunda concierne a las variaciones en la probabilidad delictiva de un individuo ante circunstancias distintas. Según lo ya expresado, la respuesta a una y otra cuestión no tienen por qué ser las mismas. El modelo ICAP dirigiría su atención principalmente a explicar el comportamiento delictivo que presentan los varones de clase baja (ya que la información en la que se basa su formulación corresponde a sujetos de estas características), aunque también se considera aplicable a la explicación de la delincuencia femenina. El comportamiento delictivo, que es objeto de explicación, se define por referencia a los delitos más habituales, tales como hurto, robo en domicilio, robo violento, agresión, vandalismo, fraude, uso de drogas, etc. En el modelo ICAP se integran conceptos y procesos correspondientes a teorías precedentes como las de la tensión, del control, del aprendizaje, del etiquetado, y de la elección racional.

El lector puede seguir la explicación de la teoría ICAP a partir del esquema presentado en el cuadro 11.8. Cuadro 11.8. Teoría Integradora del Potencial Antisocial Cognitivo (ICAP) POTENCIAL ANTISOCIAL PERSISTENTE O A LARGO PLAZO (cambiante según edad)

PROCESOS ENERGIZANTES (O MOTIVACIÓN) -Bienes y prestigio social -Deseo de estimulación -Frustración/estrés -Consumo de alcohol MODELOS ANTISOCIALES -Padres delincuentes -Amigos delincuentes -Escuela problemática -Barrio criminógeno POBRE FAMILIAR:

INICIO, DECISIÓN DE COMETER UN PERSISTENCIA DELITO: PROCESOS Y COGNITIVOS DESISTIMIENTO DELICTIVO

OPORTUNIDADES/VÍCTIMAS COSTES/BENEFICIOS ANTICIPADOS LA COMISIÓN DE DELITOS PUEDE DEBERSE A: -Un elevado potencial antisocial a largo plazo -Un alto potencial antisocial a

CRIANZA corto plazo no situacional)

(por

INCREMENTO DEL POTENCIAL ANTISOCIAL E INICIO DE LA CONDUCTA DELICTIVA (sobre todo, por la mayor influencia de los amigos a partir de la adolescencia): -Aumento de la motivación (para disponer de dinero) -Lograr mayor consideración grupal -Mayor estimulación -Mayor probabilidad de imitación, a resultas de un prolongado proceso de aprendizaje -Mayores oportunidades -Mayor utilidad

influencia esperada PERSISTENCIA

internalización de los -Como resultado de los procesos mecanismos inhibitorios de decisión ante determinadas -Familias problemáticas oportunidades -Escasa ansiedad/temor frente al riesgo -Alta impulsividad -Experiencias traumáticas

POTENCIAL ANTISOCIAL A CORTO PLAZO: específico y orientado a delitos concretos (estimulado por aburrimiento, ira, bebida, frustración, amigos, oportunidades fáciles)

DELICTIVA: -Estabilidad del potencial antisocial, a resultas de un prolongado proceso de aprendizaje -Consecuencias (refuerzos/castigos) del delito: pueden modificar el potencial o tendencia antisocial, y el cálculo de costes/beneficios -Posible efecto perjudicial del etiquetado y el aislamiento social, a partir de la intervención del sistema de justicia DESISTIMIENTO DEL DELITO: -Mejora de la habilidades lícitas -Aumento de vínculos afectivos con parejas no antisociales -Menores oportunidades -Menor utilidad esperada por la conducta ilícita

A) Potencial antisocial El concepto central de la teoría ICAP es el de “potencial antisocial” (PA), o capacidad que presenta un individuo

de realización de actos antisociales. Existiría un “potencial antisocial persistente o a largo plazo”, diverso entre individuos, en función de su impulsividad, tensión, procesos de socialización y modelado del comportamiento, y experiencias vitales. Este potencial antisocial a largo plazo, de cariz general, permitiría ordenar a los sujetos, para cada sector de edad, en un continuo, en el que la inmensa mayoría se situaría en sectores de bajo potencial antisocial y un pequeño grupo en potenciales antisociales elevados. Los individuos de alto potencial antisocial global o a largo plazo presentarían mayor probabilidad de cometer distintos tipos de conductas antisociales y delitos. Según Farrington, existirían tres tipos de factores y procesos de los que dependería que los jóvenes desarrollen altos potenciales antisociales a largo plazo. En primer lugar, de los procesos energizantes o motivadores de estas conductas, entre los que estarían el deseo de bienes materiales y de prestigio social, y los deseos de estimulación, que serían más intensos en chicos pertenecientes a familias más pobres (dadas las menores posibilidades con que cuentan para su obtención), así como el nivel de frustración y de estrés de un sujeto, y su posible consumo de alcohol. En segundo término se hallaría la influencia de modelos antisociales, que imprimiría al comportamiento una

direccionalidad antisocial. Ello se haría más probable cuando los padres son delincuentes, o bien el sujeto tiene amigos delincuentes, va a una escuela problemática o vive en un barrio criminógeno. En tercer lugar, el potencial delictivo a largo plazo se vería incrementado también cuando un joven ha experimentado una pobre crianza familiar, procede de familias problemáticas, o muestra escasa ansiedad y temor frente a situaciones de riesgo, todo lo cual haría más difícil la adquisición de los mecanismos inhibitorios internalizados (vinculación, creencias y actitudes prosociales, empatía, etc.). Dos aspectos relevantes, que pueden condicionar el potencial antisocial a largo plazo, son la alta impulsividad y las experiencias traumáticas, de impacto crítico en el desarrollo vital del individuo (pérdida de los padres, abandono de la escuela, maltrato infantil…). En paralelo, los individuos concretos experimentarían variaciones, en función de su edad, motivación y factores situacionales, en su propio “potencial antisocial a corto plazo”, que sería mucho más específico y orientado a delitos concretos. En particular, este potencial a corto plazo variaría en los individuos en consonancia con posibles factores próximos energizantes de la conducta antisocial, tales como estar aburrido, iracundo, bebido, o frustrado, o bien ser animado a la comisión de delitos por

parte de amigos o compañeros. También dicho potencial podría verse incrementado ante la presencia de oportunidades para el delito, y, viceversa, los incrementos en el potencial antisocial podrían llevar a la búsqueda de objetivos delictivos. Aunque, en función de cuál sea su “potencial antisocial a largo plazo”, podría efectuarse una ordenación relativa de las personas que sería bastante estable en el tiempo, en general los niveles absolutos de dicho “potencial antisocial” cambiarían con la edad, alcanzando sus mayores niveles al final de la adolescencia (especialmente debido a la creciente influencia de los amigos, frente a los padres) y decreciendo después.

B) Decisión de cometer un delito Según Farrington, la comisión de delitos y otras conductas antisociales sería dependiente de la interacción entre el sujeto (que cuenta con cierto nivel de “potencial antisocial”) y su ambiente social, y, específicamente, de los procesos cognitivos de decisión en relación con la disponibilidad de posibles oportunidades delictivas o víctimas, y de posibles beneficios y costes del delito (materiales, sociales…). Es decir, en paralelo a la tendencia antisocial, se considera que la ocurrencia o no de delitos tiene lugar en la interacción del individuo con la situación concreta. Así

pues, cuando se hallan presentes las tendencias antisociales mencionadas, el delito se producirá dependiendo de las oportunidades que se presenten y de la valoración de costes y beneficios anticipados del delito (materiales, castigos penales, etc.). Además, es menos probable que los individuos impulsivos tomen en consideración las consecuencias posibles de sus actos, especialmente aquellas que tienen un cariz demorado (como suele ser el caso de las sanciones penales).

C) Inicio, persistencia y desistimiento de la delincuencia El incremento del potencial antisocial de un individuo y el inicio de la conducta delictiva dependerían esencialmente de la mayor influencia que adquieren los amigos a partir de la etapa de la adolescencia. Este mayor influjo de los amigos, a la vez que el paulatino desarrollo del joven, quien cada vez tiene más necesidades y expectativas, condicionarían un aumento de su motivación para disponer de dinero, lograr mayor consideración dentro del grupo y conseguir mayores niveles de estimulación. Asimismo, se incrementaría la probabilidad de que, si sus amigos utilizan métodos ilegales para los anteriores objetivos, el joven pueda imitarlos. En compañía del grupo de amigos (y en ausencia de los padres, que en este periodo adolescente

pierden influencia sobre el joven), se harán más frecuentes las oportunidades infractoras, aumentando también, con la edad, la utilidad esperada por las acciones ilícitas. La persistencia delictiva va a depender esencialmente de la estabilización en el sujeto de su potencial antisocial, como resultado de un prolongado proceso de aprendizaje. Es decir, las consecuencias reales que acaban teniendo los delitos cometidos pueden, como resultado del aprendizaje, estimular la estabilización o el cambio tanto en los niveles del potencial antisocial a largo plazo como en los procesos cognitivos de toma de decisión. En principio, las consecuencias gratificantes o de refuerzo (aprobación social, beneficios materiales…) podrían incrementar el potencial antisocial, mientras que las de castigo (desaprobación paterna o sanciones legales) podrían, en algunos casos, disminuirlo. Si en dichas consecuencias se implicaran procesos de estigmatización, etiquetado y aislamiento social, al individuo podría hacérsele más difícil lograr sus objetivos personales y sociales (relaciones, vivienda, dinero, etc.) por medios lícitos (por ejemplo, mejorando su formación, vinculándose a compañeros y amigos no delincuentes, desempeñando un trabajo, estableciendo una relación de pareja, etc.), lo que podría redundar en un incremento de su potencial antisocial. No obstante, son escasos los

conocimientos precisos disponibles sobre los efectos que pueda producir en los individuos, respecto de la interrupción o continuación de sus carreras delictivas, la intervención de los sistema de justicia, a través de la policía, los tribunales, las prisiones, las medidas alternativas, etc., y acerca de los efectos criminógenos del etiquetado (Farrington, 2008a). En consonancia con todo lo anterior, algunos sujetos pueden cometer delitos debido esencialmente a que cuentan con un elevado potencial antisocial a largo plazo; mientras que otros pueden hacerlo como resultado de presentar un alto potencial antisocial a corto plazo en función de sus influencias situaciones; o, en otros casos, ser el producto de los procesos de toma de decisión que efectúan algunos sujetos cuando se ven expuestos a ciertas oportunidades delictivas. Se requeriría la realización de investigaciones específicas que clarificaran en qué casos y supuestos son más influyentes y decisivos unos factores de riesgo que otros. Por último, el desistimiento o abandono de la carrera delictiva se haría más probable en la medida en que el joven mejorara sus habilidades para la satisfacción de sus objetivos y deseos por medios legales, y aumentara sus vínculos afectivos con parejas no antisociales (lo que suele ocurrir al final de la adolescencia o en las primeras etapas de la vida adulta).

Farrington (1996: 264) sintetizaba estas etapas de la siguiente manera: “La prevalencia de la conducta delictiva puede aumentar al máximo entre los catorce y los veinte años debido a que los jóvenes (especialmente los de clase baja que fracasan en la escuela) tienen en esas edades una alta impulsividad, grandes deseos de actividades estimulantes, de poseer determinadas cosas y de mayor consideración social, pocas posibilidades de lograr sus deseos mediante medios legales, y poco que perder (en la medida en que las sanciones legales son suaves y sus amigos aprueban con frecuencia la conducta delictiva). Sin embargo, después de los veinte años, sus deseos se tornan menos imperiosos o más realistas, es más posible su logro legalmente, y los costes del delito son mayores (ya que los castigos legales son más severos) y, además, las personas más allegadas — esposas o novias— desaprueban el delito”.

D) Validación empírica Uno de los avales empíricos más directos de la teoría del Potencial Antisocial Cognitivo Integrado (ICAP) procede de un estudio realizado en Holanda por Van der Laan et al. (2009). El punto de partida de esta investigación fue analizar en qué grado los riesgos a largo plazo y los riesgos a corto plazo se vinculan, de manera aislada o en combinación, a la conducta delictiva grave. Para ello evaluaron una muestra de 292 adolescentes y jóvenes, en un 67,9% varones, en el rango de edad 10-17 años (edad media 14,2 años, DT 2.0). Se había recogido información sobre los sujetos, mediante autoinforme, acerca de su participación en quince tipos de conducta

infractora, incluyendo sexo forzado, lesiones, violencia o amenazas para imponerse a otros o robar, sustracción de carteras o bolsos, hurto en casas o en vehículos, hurto de bicicletas o ciclomotores, sustracción de objetos y propiedades, y vandalismo en transportes públicos, viviendas o vehículos. A partir de esta información se construyó una escala que ponderaba la frecuencia y gravedad de las infracciones cometidas por cada joven, lo que permitió dividir la muestra en dos grupos: uno, de delincuencia moderada (jóvenes que solo habían cometido una infracción leve y ningún delito grave), y un grupo de delincuencia grave (jóvenes autores de uno o más delitos graves en combinación con otras infracciones menores). Como factores de riesgo a largo plazo se definieron las siguientes variables (evaluadas a partir de distintas escalas estandarizadas): 1) individuales (nivel de conducta prosocial, trastornos de atención e hiperactividad, y problemas emocionales), 2) familiares (apoyo emocional, apertura hacia los padres, conocimiento paterno de las actividades del joven, y supervisión paterna), y 3) escolares (rendimiento escolar y vinculación a la escuela). Como factores de riesgo a corto plazo, se había recogido información situacional, en relación con los delitos auto informados, sobre los siguientes cuatro aspectos: 1) la posible presencia de co-delincuentes, 2) la percepción por el joven de bajo riesgo de detección, 3) la ausencia de

posibles vigilantes o guardianes, y 4) haber consumido alcohol o drogas antes del delito. Además, se controló la influencia que sobre los resultados podían tener las variables sexo, edad y ascendencia extranjera de los jóvenes (variables moderadoras). Para los análisis de resultados los autores combinaron diversos procedimientos estadísticos, incluyendo correlaciones, análisis de efectos marginales y regresión logística por pasos. El primer resultado general de este estudio es que la mayoría de los factores de riesgo analizados, tanto a largo plazo como a corto plazo (escasa conducta prosocial, limitado apoyo emocional, bajo interés paterno en las actividades del joven, inadecuada supervisión paterna, bajo rendimiento escolar y falta de vinculación a la escuela), correlacionaron significativamente con la gravedad delictiva. Para analizar la influencia combinada de factores de riesgo sobre la conducta delictiva se construyeron cinco modelos sucesivos de análisis. El Modelo 1 incluyó el análisis de las variables moderadoras (sexo, edad y ascendencia extranjera), permitiendo comprobar que los varones tenían una probabilidad superior (en un 15%) a las chicas de pertenecer al grupo de los delincuentes graves, y que los jóvenes en el intervalo 14-17 años tenían una probabilidad mayor en un 22% que los más jóvenes,

de 10 a 13 años, de pertenecer a dicho grupo de delincuentes graves. El Modelo 2 mostró que los factores de riesgo a largo plazo se asociaban a un notable incremento, del 40%, en la probabilidad de pertenencia de los sujetos al grupo de delincuencia grave, destacando entre estos factores la mala conducta previa, la supervisión parental inapropiada y la desvinculación de la escuela. El Modelo 3 analizó la contribución a la predicción delictiva de los factores de riesgo a corto plazo, o situacionales, y evidenció que en conjunto éstos mejoraban la predicción del riesgo de delincuencia grave en un 15%, sobresaliendo en ello las variables ausencia de vigilantes y el haber consumido alcohol o drogas antes del delito. El Modelo 4 comprobó si la acumulación de factores de riesgo a largo plazo, o históricos, permitía per se predecir la delincuencia grave, diluyendo el posible efecto predictivo de los factores situacionales. La acumulación de riesgos en el desarrollo se asociaba claramente a una probabilidad incrementada de conducta delictiva grave: la presencia de un factor incrementaba esta probabilidad en un 27%; dos lo hacían en un 32%; tres en un 41%, y 4-6 en un 45%. Sin embargo, los factores situacionales o a corto plazo, cuya interacción fue explorada por el Modelo 5, no mostraron efectos acumulativos, sino aislados, sobre

la predicción delictiva. Las principales conclusiones de Van der Laan et al. (2009) fueron las siguientes: 1) un solo factor de riesgo histórico (individual, familiar o escolar) tiene mucha menor relevancia que la acumulación de diversos factores de riesgo; 2) la incorporación de factores situacionales (ausencia de vigilantes y consumo de alcohol/drogas previo al delito) mejora la predicción de la delincuencia grave; 3) considerados uno a uno, la fuerza predictiva de un factor situacional puede incluso ser superior a la de un único factor histórico; sin embargo, la acumulación de factores de riesgo en el desarrollo (es decir, a largo plazo) muestra mayor capacidad predictiva de delincuencia grave que la que tendrían los factores situacionales per se. Estos resultados avalarían parcialmente la teoría ICAD de Farrington (2008c) y sus predicciones, en cuanto que la acumulación de riesgos a largo plazo es decisiva para la anticipación de las carreras delictivas, cuya probabilidad, además, se ve incrementada por la presencia de elementos situacionales. De modo semejante a como la interacción entre riesgos parece contribuir a la probabilidad delictiva en mayor cuantía que cada factor de riesgo en solitario, así sucede también en lo relativo a la reincidencia delictiva. LeBel, Bunett, Maruna y Bushway (2008) analizaron una muestra de 130 delincuentes contra la propiedad,

correspondientes al Oxford Recidivism Study, a quienes se entrevistó a su salida en libertad, tras cumplir una pena, y de los que se efectuó un seguimiento durante diez años. Los resultados obtenidos claramente apoyaron un modelo subjetivo-social, en el sentido de que la probabilidad de reincidencia se asoció tanto a los estados subjetivos de los sujetos con antelación a su excarcelación como a las circunstancias y condiciones sociales que posteriormente experimentaron.

11.5.3. Modelo del Triple Riesgo Delictivo (TRD) Santiago Redondo publicó en 2008 la primera versión de una nueva teoría de la delincuencia, de cariz integrador, denominada Modelo del Triple Riesgo Delictivo (TRD) (Redondo, 2008a, 2008b), actualmente en proceso de desarrollo y análisis empírico (Redondo, en preparación). Este modelo parte del análisis de los factores de riesgo para el delito, al igual que hacen las teorías del desarrollo vital (de ahí su ubicación en este capítulo), aunque su formulación es más amplia, pretendiendo definir una estructura meta-teórica global, susceptible de integrar, de forma compatible, distintos procesos y explicaciones de la etiología delictiva. Se presenta a continuación una síntesis de este nuevo modelo teórico.

Las esculturas La materia del tiempo, de Richard Serra, en el museo Gughemheim de Bilbao, trasladan al espectador la experiencia del movimiento y la progresión a lo largo del espacio y del tiempo, lo que puede constituir una analogía abstracta de las experiencias acumuladas en distintas etapas de la vida, susceptibles de incidir en el comportamiento delictivo.

A) Riesgos personales, carencias sociales y oportunidades delictivas Ante la diversidad de teorías y explicaciones criminológicas existentes, y ante la multiplicidad de factores a los que se atribuye la etiología del delito, la pregunta inicial que se halla en el trasfondo del Modelo TRD es la siguiente: a pesar de la complejidad de influencias y mecanismos que parecen llevar al delito, ¿podría haber algunos factores generales y comunes a las diversas explicaciones criminológicas? Redondo (2008a; en preparación) encuentra que, según los conocimientos disponibles, constituirían respuestas razonables a la anterior cuestión, las siguientes: • Para que los individuos se socialicen convenientemente y adquieran los controles inhibitorios de posibles conductas antisociales (como hurtar, robar, acosar, agredir…), que de otro modo resultarían mucho más frecuentes, suelen requerirse tres condiciones complementarias: 1) ciertas disposiciones y capacidades personales favorables (inteligencia, autocontrol, habilidades de

comunicación, etc.), de las que dispondrían por lo común la generalidad de los individuos; 2) recibir apoyo prosocial suficiente y continuado de parte de la propia familia y de otros estamentos de la sociedad, especialmente durante la infancia y la juventud, pero también a lo largo del conjunto de la vida; y 3) ser razonablemente protegido de frecuentes o intensas oportunidades delictivas (como podrían ser, para el caso de los jóvenes, el tiempo pasado en compañía de compañeros o amigos delincuentes, amenazas o provocaciones violentas, exposición frecuente a dinero u otros bienes ajenos desprotegidos, etc.). • En paralelo a los elementos precedentes de integración social, existirán también tres fuentes principales de influencia antisocial, susceptibles de aglutinar los diversos riesgos para el delito que identifican las teorías y los estudios criminológicos, a saber: A. Riesgos personales, o características individuales, congénitas y adquiridas, que dificultan los procesos ordinarios de desarrollo y socialización. Por ejemplo: déficits neurológicos/endocrinos, elevada impulsividad y propensión a la búsqueda de nuevas sensaciones, pobres habilidades interpersonales, creencias antisociales, dependencia a drogas, o victimización infantil. En relación con los riesgos personales, en el Modelo TRD se establecen dos

principios generales: • Acumulación de riesgos personales: los individuos que presenten más riesgos personales mostrarán también mayor vulnerabilidad para implicarse en actividades infractoras y delictivas. • Convergencia de riesgos personales: dado que en los seres humanos existe una consistencia personal relativa (es decir, las características de cada individuo propenden a confluir relativamente en torno a su propia personalidad o identidad), existirá una tendencia parcial a que, cuando se manifiesten ciertos factores personales de riesgo, otros riesgos personales también converjan relativamente con ellos en dirección antisocial. B. La segunda fuente de riesgo para el delito son las carencias en apoyo prosocial que experimentan los sujetos, y que dificultan o elentecen sus procesos de socialización. Por ejemplo, privaciones en la familia de origen (crianza infantil inapropiada, pobreza, conflictos graves), desvinculación escolar, amigos delincuentes, exposición a violencia simbólica y mediática, vivir en barrios carentes de servicios, estrés y conflicto en la pareja, o internamientos prolongados y estigmatizantes (en centros juveniles, prisiones, etc.). Por lo que se refiere a las carencias en apoyo prosocial, se establecen también dos

principios paralelos a los anteriores: • Acumulación de carencias prosociales: los sujetos que experimenten más carencias en apoyo prosocial mostrarán asimismo mayor vulnerabilidad para implicarse en actividades delictivas. • Convergencia de carencias prosociales: dado que los contextos sociales que se hallan relacionados entre sí (familia-vecindario-barrio, etc.) propenden a presentar entre ellos cierta consistencia relativa, distintas carencias específicas en el apoyo prosocial recibido por un individuo (en su familia, la escuela, el barrio, etc.) tenderán a confluir parcialmente en dirección a la promoción o facilitación de la conducta antisocial. C. La tercera y última fuente de riesgo propuesta por el Modelo TRD es la exposición de un individuo a oportunidades delictivas, o situaciones y estímulos, tanto físicos como sociales, facilitadores de conductas ilícitas e infractoras. Por ejemplo: provocaciones agresivas, diseño urbano criminogénico (vías públicas carentes de iluminación, alta densidad poblacional, contextos favorecedores del anonimato), contextos próximos a áreas degradadas o a zonas de ocio, abundancia de propiedades expuestas, o víctimas desprotegidas.

También se aplicarían aquí principios paralelos a los mencionados para las anteriores fuentes de riesgo: • Acumulación de oportunidades delictivas: la exposición incrementada de un individuo a objetivos y víctimas vulnerables aumentará su probabilidad de cometer delitos. • Convergencia de oportunidades delictivas: una oferta de oportunidades para el delito en determinado contexto (p. e., una amplia zona comercial, que pueda favorecer los delitos de hurtos/robos en tiendas) fomentará la aparición de otras oportunidades delictivas relacionadas (p. e., la mayor presencia, en dichas zonas, de posibles clientes o compradores, que podrían ser víctimas propicias para hurtos y robos). Desde la perspectiva del Modelo TRD se considera que los factores de riesgo para el delito, subsumibles en las fuentes etiológicas aludidas, son por lo común dimensionales, más que dicotómicos, lo que significa que cada factor de riesgo, según su propia magnitud y fuerza, puede influir sobre un individuo con intensidad criminogénica variable.

B) Probabilidad de delito y motivación delictiva Según lo ya expresado mediante los principios de acumulación y convergencia de riesgos, la coincidencia

en un individuo de múltiples riesgos de similar naturaleza o fuente etiológica, puede incrementar su vulnerabilidad para el delito: es decir, cuando confluyen en el mismo sujeto diversos riesgos personales (impulsividad, pobres habilidades interpersonales, creencias antisociales…); o se acumulan sobre él diferentes carencias sociales (crianza familiar inapropiada, pobreza, desvinculación escolar…); o bien se ve expuesto a distintas formas de oportunidad para el delito. Sin embargo, más allá de la acumulación y convergencia de riesgos de similar naturaleza, o riesgos intra-fuente, en el Modelo TRD se considera que la fuerza criminogénica principal, que favorece la participación delictiva de un individuo, resulta de la influencia combinada sobre él, o interacción, de riesgos correspondientes a fuentes criminógenas diversas. A partir de ello, el postulado central del Modelo TRD establece que la probabilidad individual de delito es dependiente de la combinación e interacción en un mismo sujeto de Riesgos personales, Carencias en apoyo prosocial, y exposición a Oportunidades delictivas (véase cuadro 11.9). CUADRO 11.9. Probabilidad individual de delito y Motivación delictiva, a partir de la influencia combinada de Riesgos personales (RP), Carencias en apoyo prosocial (CAS) y Oportunidades delictivas (OP)

Fuente: Redondo (en preparación)

Dos principios relativos a la interacción o combinación entre riesgos de distinta naturaleza o fuente, son los siguientes: • Convergencia de riesgos inter-fuentes: como resultado de la tendencia, científicamente constatada, a una relativa correlación persona-ambiente, diversos riesgos personales, carencias prosociales y oportunidades delictivas propenderán a converger parcialmente en el mismo individuo (ello implicaría, por ejemplo, que la presencia de ciertos riesgos personales, como una alta impulsividad, haría más probable que se presentaran también determinadas carencias sociales, como podría ser una crianza

paterna ineficiente, y viceversa; así como que una elevada impulsividad y una grave desatención familiar se asociaran, a su vez, a la mayor exposición de un adolescente a oportunidades delictivas, como resultado de faltar al colegio y pasar más horas en la calle, etc.). • Potenciación recíproca de los riesgos inter-fuentes: la confluencia en un mismo sujeto de riesgos de diferente naturaleza, o correspondientes a distintas fuentes (Riesgos personales, Carencias prosociales, y exposición a Oportunidades delictivas), potenciará sus efectos respectivos, e incrementará la probabilidad individual de conducta delictiva. Complementariamente a la definición de la probabilidad delictiva como resultado de la potenciación recíproca entre fuentes de riesgo, se considera también de utilidad teórica el concepto de Motivación delictiva. La motivación delictiva haría referencia al nivel de disposición individual para la comisión de conductas infractoras y delitos; se mostraría en las creencias, afectos o conductas de aproximación a objetivos delictivos que manifiesta un sujeto, con anterioridad a la realización de una infracción en sí. Este constructo guardaría semejanza con la noción “potencial antisocial” de la teoría de Farrington, y con conceptos análogos en otras teorías criminológicas. En el Modelo TRD la motivación delictiva se considera una función o resultado de la

interacción entre las dos primeras categorías de riesgo establecidas: Riesgos personales y Carencias en apoyo prosocial. Dado cierto nivel de motivación delictiva, se interpreta que la probabilidad de comisión de un delito concreto estaría estrechamente vinculada a la existencia de una oportunidad infractora favorable. No obstante, la motivación delictiva y las oportunidades para el delito se consideran, a su vez, relacionadas a través de un último principio, que se ha denominado de interdependencia. Dicho principio sugiere que los sujetos con una motivación delictiva elevada tendrán mayor probabilidad de verse expuestos a oportunidades delictivas, y viceversa, la frecuente exposición de un sujeto a oportunidades delictivas hará más probable que su motivación delictiva aumente. Mediante los principios de riesgo aquí expresados no se pretende, obviamente, que la probabilidad y la motivación delictivas de un individuo sean el resultado matemático exacto de la combinación en él de riesgos de las diversas fuentes, sino que la medida de dicha combinación constituya una estimación razonable de tal probabilidad o motivación delictiva.

C) El Modelo TRD como estructura metateórica En el Modelo TRD se considera que no existe un único

proceso causal de la conducta delictiva, sino que sus mecanismos etiológicos pueden ser diversos, según cuáles sean las intensidades y secuencias específicas en que se combinen los riesgos correspondientes a las tres fuentes establecidas. Desde esta perspectiva, el Modelo TRD se constituye en una estructura meta-teórica susceptible de acoger, interrelacionar y hacer compatibles entre sí a las grandes teorías criminológicas presentadas en este manual. Esta idea es ilustrada mediante el cuadro 11.10. CUADRO 11.10. El Modelo TRD como estructura meta-teórica

Fuente: Redondo (en preparación)

En el extremo de la flecha o dimensión correspondiente a los Riesgos personales, las teorías de rasgos, que realzan como elementos causales del delito aspectos como extraversión, psicopatía, bajo autocontrol, etc., podrían explicar, por sí mismas, un sector más bien reducido de la actividad delictiva, aquél en que fueran muy extremados algún o algunos riesgos personales (p. e., un elevado perfil psicopático). Por el contrario, en el extremo de la dimensión Carencias en apoyo prosocial cabría situar a aquellas teorías que priorizan aspectos etiológicos del delito tales como la pobreza, la desigualdad, la exclusión social, o también la anomia y la tensión social; estas perspectivas podrían dar cuenta, de forma autónoma, de un sector significativo de la delincuencia en el que dichas carencias son notorias (p. e., en barrios de concentración de pobreza, desempleo, falta de servicios, elevado consumo de drogas, etc.). Algo parecido sucedería al respecto de las teorías de la oportunidad, situadas a lo largo de la dimensión oportunidades delictivas, cuya capacidad explicativa independiente se ceñiría a aquellos casos en que claramente las oportunidades resultan, (casi) por sí solas, determinantes para los delitos (manejo en el trabajo de grandes sumas de dinero, bienes manifiestamente abandonados o desprotegidos, completo anonimato y falta de control en determinado lugar, etc.).

Otras teorías criminológicas, representadas en el cuadro 11.10 mediante elipses de intersección entre fuentes de riesgo, proponen mecanismos etiológicos de la delincuencia en que se combinan, en diversas formas, tanto elementos personales como sociales y de oportunidad (p. e., las teorías del control, del aprendizaje social, o las perspectivas del desarrollo vital presentadas en este capítulo), lo que generalmente amplia sus posibilidades explicativas a un mayor número de casuísticas delictivas. La propuesta del Modelo TRD en relación con los diferentes mecanismos causales del delito, que representarían las distintas teorías criminológicas aludidas, es que, sea cual sea en cada caso el proceso etiológico de la actividad criminal, su activación va a depender de que interseccionen en el mismo individuo ciertos Riesgos personales, Carencias en apoyo prosocial, y Oportunidades delictivas. La naturaleza, intensidad y secuencia de dicha intersección condicionaría el proceso, o mecanismo criminogénico principal, que pudiera precipitarse en cada sujeto (como aprendizaje social, ruptura de vínculos sociales, potencial antisocial, anomia, subculturas, exclusión social, bajo autocontrol, etc.). De hecho, podría considerarse que distintas teorías criminológicas vigentes realzarían, como procesos causales del delito, los que resultan de secuencias de

intersección frecuentes y típicas entre riesgos correspondientes a las diversas fuentes criminogénicas aquí propuestas (p. e., si un joven con alta impulsividad —riesgo personal— se relaciona con amigos delincuentes —carencia prosocial—, se hacen más probables los procesos de imitación de modelos delictivos y el aprendizaje social del delito; y así sucesivamente, en relación con los distintos mecanismos criminogénicos que podrían activarse a partir de la interacción entre determinados factores de riesgo).

D) Riesgo social de delincuencia y prevención Desde la perspectiva del Modelo TRD, según cuáles sean las magnitudes globales de las tres fuentes de riesgo propuestas, en su influencia sobre el conjunto de los individuos de una población, así serán los niveles globales de delincuencia que puedan esperarse en ella. Resulta razonable considerar que los Riesgos personales que son inherentes a los individuos (tales como posibles déficits intelectivos, alta impulsividad, baja empatía, etc.) se distribuyan, en origen, de modo aleatorio y parecido entre los sujetos de poblaciones distintas, y de entrada contribuyan en proporciones similares a la criminalidad global. Sin embargo, no es esperable que suceda lo mismo con las diversas Carencias que puedan experimentar los

individuos en apoyo prosocial (en relación con la familia, la escuela, y la comunidad como un todo), cuya magnitud va a depender de aspectos variados como riqueza, cultura, densidad poblacional, tasa de inmigración, nivel educativo global, cifra de desempleo, pobreza, marginalidad, etc. Y, ciertamente, estos aspectos no se distribuyen de modo aleatorio y parecido entre poblaciones, por lo que tampoco cabe esperar que se repartan análogamente sus efectos criminogénicos. Todos estos graves problemas sociales y económicos, cuando se manifiesten con intensidad en una comunidad, decrecerán el apoyo social que dicha comunidad pueda trasladar a cada uno de sus miembros, y probablemente favorecerán, a gran escala, mayores niveles globales de delincuencia. Además, las influencias perniciosas de los grandes factores sociales proyectarán también sus efectos sobre las características y el riesgo de los propios individuos. Es decir, en la estrecha y permanente interacción que es esperable que se produzca entre las fuentes de riesgo propuestas por el Modelo TRD, las carencias en apoyo prosocial también acabarán por exacerbar, a medio y largo plazo, aquellos Riesgos personales con mayor carga adquirida, tales como creencias y actitudes antisociales, drogadicción, trastornos mentales, etc., lo que, por efecto de la potenciación recíproca entre riesgos, redundará en un incremento de las magnitudes globales de delincuencia

en dicha población. En último lugar, por lo que concierte a las Oportunidades delictivas, éstas son inherentes, de un modo u otro, a todas las sociedades, en la medida en que en todas existen ocasiones tentadoras y favorables para los hurtos y los robos, los abusos y agresiones sexuales, la violencia de pareja, y las interacciones violentas y los homicidios. Sin embargo, es notorio también que las sociedades se diferencian unas de otras, según su densidad poblacional, perfil agrícola o industrializado, rural o urbano, más pobre o más rico, etc., en la topografía de las oportunidades infractoras que resultan en ellas más habituales y frecuentes, lo que claramente condicionará sus manifestaciones delictivas específicas. El cuadro 11.11 representa un cuadrante esquemático con tres flechas simbolizando las tres fuentes de riesgo aducidas por el Modelo TRD (personales, sociales y de oportunidad), que, según lo razonado, condicionarían la globalidad de la delincuencia esperable en una sociedad. Sobre el fondo de estas tres flechas/dimensiones de riesgo, la magnitud global de la criminalidad se ha representado mediante un círculo que adopta dos posiciones en el cuadrante. El círculo en posición superior, en línea continua, más desplazado en dirección a la cabecera de las flechas, que representan mayores magnitudes de los diversos riesgos, quiere simbolizar el

mayor nivel de delincuencia que sería previsible en una sociedad dada, en función de una mayor incidencia sobre sus habitantes de las tres fuentes de riesgo. El círculo en posición inferior, en línea discontinua, más alejado de las cabeceras de las flechas, quiere reflejar que una reducción de las magnitudes de los riesgos en dicha sociedad, a partir de la adopción de medidas de prevención relativas a las diversas fuentes de riesgo, podría redundar en una disminución global de su criminalidad. CUADRO 11.11. Riesgo social de delincuencia y prevención

Fuente: Redondo (en preparación)

Para finalizar, dada la variedad de los riesgos que contribuyen a la magnitud global de la delincuencia, también las estrategias para su prevención deberán ser diversificadas. En la lógica del Modelo TRD, para la prevención y reducción de los Riesgos personales se requerirán intervenciones dirigidas a favorecer en los individuos de mayor riesgo, incluidos los delincuentes activos, cambios personales relacionados con sus creencias, actitudes, valores, emociones, habilidades de comunicación e interacción, etc. Esto coincide en buena medida con las denominadas estrategias de prevención secundaria y terciaria, o de tratamiento, muchas de la cuales se desarrollan de facto en el marco de la justicia tanto juvenil como adulta. Por lo que se refiere a las Carencias en apoyo prosocial, que pueden afectar negativamente a muchos individuos, familias y comunidades en todas las sociedades, serán necesarias intervenciones de amplio espectro, o de prevención primaria, a partir de los sistemas de educación, empleo, servicios sociales, etc. Finalmente, en lo concerniente a la prevención y evitación de Oportunidades delictivas, se requerirán muy diversas mejoras en el control y prevención situacional de los delitos, tanto a cargo de los mecanismos formales de seguridad y control, la policía y otros estamentos, como, más ampliamente, de parte del

conjunto de los ciudadanos en dirección a una mejor autoprotección y cuidado de sus bienes y propiedades (comercios, contextos urbanos, viviendas, vehículos, etc.).

E) Aplicaciones e investigación del Modelo TRD

Desde su publicación en 2008, el Modelo del Triple Riesgo Delictivo ha sido objeto de algunos usos aplicados y varias investigaciones. En relación con la práctica, el Modelo TRD fue recogido como una de las teorías de base que sustentaría el Modelo de Rehabilitación Penitenciario en Cataluña (Dirección General de Serveis Penitenciaris, 2011; http://www20.gencat.cat/docs/Justicia/Documents/Publicacions/mod _rehabilitacio_presons_catalanes.pdf). También ha sido utilizado, a partir de una iniciativa conjunta de la Federación de Asociaciones de Criminólogos de España (FACE), de la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Alicante, y del Fiscal de Sala Coordinador de la Seguridad Vial (de la Fiscalía General del Estado), como estructura marco de evaluación del riesgo delictivo en los informes criminológicos que se han comenzado a efectuar en materia de delitos de tráfico (El País, 24/03/ 2011). Desde la perspectiva de la investigación, sobre la base del Modelo TRD, se han desarrollado varios estudios. Por ejemplo, Cuaresma (2009), Martínez Catena (2010) y

Redondo, Cuaresma y Losada (en preparación), han efectuado el análisis metodológico de uno de los presupuestos de partida del Modelo TRD, que afirma la conveniencia de tratar los factores de riesgo para el delito, así como los factores de protección, como variables continuas, en lugar de operarlos como variables dicotómicas, que es lo más habitual. Estos estudios pudieron comprobar que, en efecto, la dimensionalización de los factores de riesgo mejoraba, en general, su capacidad predictiva de la conducta antisocial. Albert (2010) evaluó una muestra de 100 delincuentes encarcelados (en un amplio rango de edades, de 24 a 65 años), usando para ello un instrumento de autoinforme diseñado al efecto, denominado Inventario de Riesgos Individuales y Sociales (IRIS) (Redondo, 2010). El resultado principal de este estudio fue que una mayor concentración en los sujetos de factores de riesgo de las diversas categorías previstas por el Modelo TRD, se asociaba a una mayor intensidad de sus actividades y carreras delictivas. En el Centro de Investigación en Criminología, de la Universidad de Castilla-La Mancha, se han desarrollado tres trabajos académicos tomando como base la estructura del Modelo TRD: el primero de ellos sobre seguridad vial (Álvarez Álvarez, 2012); el segundo sobre ciber-acoso entre jóvenes (González García, 2012), y el tercero una

tesis doctoral titulada “El grupo de amigos: riesgo de motivación y conducta delictiva” (Osorio Gutiérrez, en preparación). En la Universidad del País Vasco, Martín Fernández (2012) ha desarrollado un trabajo en el que se formula un modelo explicativo de la gravedad de la conducta de agresión sexual, concebido como una adaptación del Modelo de Triple Riesgo Delictivo. Con todo, el estudio más ambicioso realizado hasta ahora sobre el Modelo TRD corresponde a Meritxell Pérez, en el marco de su tesis doctoral. Pérez Ramírez (2012) evaluó los postulados centrales del modelo del triple riesgo delictivo a partir de una muestra de 5.815 varones de 16 años que habían formado parte del British Cohort Study, de las universidades de Londres y Bristol. A los efectos de la evaluación del Modelo TRD, a partir de la información existente sobre los sujetos de este estudio, se definieron 40 variables predictoras o independientes, categorizadas, de acuerdo con la estructura del Modelo, en 17 de Riesgo Personal (p. e., creencias antisociales, falta de control interno, etc.), 17 Carencias en apoyo prosocial (p. e., amigos antisociales, falta de supervisión paterna, etc.), y 6 indicadores de Oportunidad delictiva (p. e., tiempo pasado en la calle con amigos, vivir en un barrio criminógeno, etc.). Como variables de resultado, o dependientes, se definieron 12 medidas de conducta antisocial de creciente gravedad

(desde absentismo escolar a condenas por un tribunal), la última de ellas como medida ponderada de las diversas conductas antisociales. Para comprobar si la estructura de tres fuentes de riesgo, propuesta por el Modelo TRD, tenía o no entidad factual, las 40 variables predictivas se sometieron a análisis factorial exploratorio. A partir de ello, pudieron identificarse dos grandes factores latentes, uno que aglutinaba esencialmente los riesgos personales, y otro que agrupaba preferentemente las carencias en apoyo prosocial. Estos dos factores, en conjunto, explicaban el 54% de la varianza total de los delitos. Sin embargo, el análisis factorial no definió, sobre la base de los indicadores de oportunidad analizados, un factor latente que pudiera corresponder a la fuente de riesgo Oportunidades delictivas. Para analizar la veracidad del principio de potenciación recíproca entre riesgos de naturaleza diversa, Pérez Ramírez (2012) planteó varios modelos de ecuaciones estructurales. A partir de ello se constató, en primer lugar, que los factores latentes correspondientes a las tres fuentes de riesgo del Modelo TRD, quedaron factorialmente bien constituidos por sus variables observables. En segundo término, se analizó si dichos factores latentes operaban como predictores causales de la Motivación delictiva (a partir de la combinación de

Riesgo personal y Carencias en apoyo prosocial), y de la Probabilidad Individual de Delito (en este caso, añadiendo a lo anterior las Oportunidades delictivas). El modelo analítico compuesto por Riesgos personales y Carencias en apoyo prosocial se ajustó satisfactoriamente a los datos empíricos y explicó el 35% de la varianza de la Motivación delictiva. Pero mientras que el factor Carencias en apoyo prosocial se asoció en mayor grado y de forma directa a la Motivación delictiva, el factor definido por los Riesgos personales se vinculó a ella en menor grado y de forma indirecta, canalizando su influencia a través de las Carencias prosociales. Así mismo, el modelo analítico compuesto por Riesgo personal, Carencias en apoyo prosocial y Oportunidades delictivas, mostró un buen ajuste a los datos empíricos y explicó el 40% de la varianza de la conducta antisocial promediada. Por último, Pérez Ramírez (2012) ponderó también la capacidad del Modelo TRD para estimar el riesgo social de delincuencia, a partir de la evaluación de una muestra representativa de sujetos. Siguiendo, sucesivamente, la estructura de los constructos Motivación delictiva (Riesgo personal X Carencia prosocial) y Probabilidad de conducta antisocial (Motivación delictiva X Oportunidad para el delito), se evaluó en qué grado la ausencia de cualquier tipo de riesgo, la presencia de uno solo, de dos,

o de tres, predecían, respectivamente, la tentación antisocial y el comportamiento delictivo. Las variables predictivas seleccionadas para este análisis fueron las más potentes de cada categoría de riesgo: en representación del Riesgo personal, la variable “creencias antisociales”; como Carencia en el apoyo prosocial, el predictor “amigos delincuentes”; y como indicador de oportunidad delictiva, la variable “tiempo pasado en la calle con amigos”. Mientras que la ausencia de los tres riesgos aquí considerados se asoció a un probabilidad delictiva grupal baja (de entre 0,17-0,21), la presencia de un solo riesgo se vinculó a una probabilidad moderada (del 0,31 para el caso del Riesgo personal; y del 0,37 para Carencia en apoyo prosocial). Sin embargo, en consonancia con lo propuesto por el Modelo TRD, la presencia combinada de dos fuentes de riesgo se asoció a una probabilidad alta de motivación delictiva (de 0,66) y la interacción de las tres fuentes a una probabilidad, algo más elevada, de conducta antisocial (de 0,69). Aunque estos datos constituyen una primer acercamiento a la evaluación empírica del Modelo TRD, y validan parcialmente algunas de sus propuestas principales, una evaluación más completa requiere de nuevas investigaciones, particularmente alguna de cariz longitudinal, ya que esa es la perspectiva fundamental en que se concibe el Modelo TRD.

PRINCIPIOS CRIMINOLÓGICOS Y POLÍTICA CRIMINAL 1. El concepto “carrera delictiva” ha mostrado gran utilidad en Criminología como método de análisis de las trayectorias delictivas, y de los factores de riesgo que se asocian al inicio, la continuidad y el desistimiento del delito. 2. Los predictores o factores de riesgo delictivo muestran diferente intensidad según las edades de los sujetos, lo que, para caso o grupo, requerirá tomar en consideración la evolución y cambios que pueden operarse en la fuerza criminogénica de dichos factores. 3. Para el análisis tanto de la continuidad delictiva como del desistimiento del delito, debería atenderse al impacto y dinámica de los procesos relacionados con las diferencias individuales, la maduración cerebral, los trastornos de conducta, los cambios cognitivos, los factores de riesgo de índole social, los de cariz ambiental, el barrio, las posibles enfermedades mentales, las intervenciones realizadas por la justicia, y las circunstancias vitales (tales como el vínculo con una pareja, el desempeño de un puesto de trabajo, etc.). 4. Con los jóvenes-adultos en riesgo de continuar una carrera delictiva, deberían priorizarse sus necesidades de desarrollo frente a otras consideraciones punitivas (sin que a este respecto, la edad legal de 18 años deba ser una barrera insalvable). Ello significa que debería prevalecer la utilización con ellos de medidas educativas intensivas, a la vez que prevenir el empleo de castigos excesivos, lo que puede tener graves efectos iatrogénicos, o contraproducentes, sobre su conducta futura. 5. Lo anterior podría hacerse, fácilmente, extrapolando a los jóvenes-adultos, de forma discrecional según los casos, medidas juveniles que ya están disponibles para los menores (educativas, laborales, psicosociales, tratamientos, tiempo libre, intervenciones familiares, etc.), o bien, si ello es necesario, creando nuevas medidas y programas. 6. Comoquiera que existe una alta concentración de factores de riesgo para el delito en determinadas familias y ciertos barrios urbanos, deberían diseñarse intervenciones específicas dirigidas a estos contextos. 7. Habría que prestar una atención decidida a la prevención en los jóvenes de las transiciones vitales desordenadas (como abandono escolar prematuro, huida del hogar, paternidad adolescente, etc.), que a menudo constituyen acontecimientos vitales de alto impacto criminogénico. 8. En centros e instituciones para delincuentes, se deberían ofrecer programas e intervenciones que han mostrado ser “eficaces”, tales como la terapia multisistémica, los programas cognitivo-conductuales, la justicia restaurativa, el entrenamiento en habilidades para la interacción social, programas de empleo, etc. 9. El desistimiento delictiva debería favorecerse también previniendo el etiquetado y la estigmatización grave de quienes en un momento dado han cometido delitos, y facilitando el que sean nuevamente acogidos por la comunidad social, en las familias, el mundo laboral, etc.

CUESTIONES DE ESTUDIO 1. ¿Qué significa que las teorías tradicionales del delito son explicaciones estáticas mientras que las teorías relacionadas con la Criminología del desarrollo son explicaciones dinámicas? 2. ¿En qué consisten los estudios longitudinales? Localizar, en fuentes científicas (bases de datos, libros, artículos, etc.) los principales estudios longitudinales en Criminología, y construir una tabla comparativa a partir de sus características más relevantes. 3. Definir los conceptos de prevalencia delictiva, incidencia, persistencia y estabilidad, y, a partir de datos sobre una muestra de delincuentes juveniles o de alguna tipología específica, ver la aplicabilidad de dichos conceptos a los casos analizados. 4. Localizar información sobre los conceptos de “carrera delictiva” y de “tendencia criminogénica” (o criminality, según terminología de Gottfredson y Hirschi), y plantear una discusión de grupal/global en clase, acerca de cuál de ellos puede tener mayor utilidad para el análisis de casuísticas delictivas concretas. 5. Seleccionar factores de riesgo de índole individual, social y ambiental (o de oportunidad delictiva) que puedan hallarse relacionados entre sí (p. e., la impulsividad, la falta de control paterno, y pasar muchas horas en la calle), y reflexionar en clase acerca de los modos en que podrían interaccionar, o potenciarse unos a otros recíprocamente. Lo mismo puede hacerse con ejemplos de factores de protección. 6. Buscar, en artículos científicos, curvas de edad del delito relativas a diferentes tipologías de delincuentes, y a varones y mujeres. Comparar las características de las diferentes curvas, estudiando sus similitudes y diferencias. 7. Localizar, a través de la prensa, etc., casos de delincuentes que puedan ejemplificar la persistencia en el delito, y el desistimiento del delito. Profundizar en los casos y describir los factores principales (de riesgo o de protección) que puedan asociarse a tales procesos. ¿Existe relación entre los factores hallados en los casos y los procesos explicativos de la continuidad y el desistimiento, estudiados en este capítulo? 8. ¿En qué se parecen y diferencian los infractores adolescentes y los delincuentes persistentes? 9. ¿Qué es el potencial antisocial, en la teoría ICAP, y cómo se relaciona con los otros elementos de la teoría? ¿Es lo mismo que motivación delictiva? 10. ¿De qué condiciones dependería, según el Modelo TRD, la probabilidad individual de delito? ¿Guarda ello relación con la posibilidad de estimación del riesgo social de delincuencia?

1 Las variables predictoras fueron evaluadas en general mediante entrevistas

o cuestionarios, mientras que la conducta delictiva se midió a partir de registros oficiales de delincuencia (información policial o judicial).

Parte III

DELITOS, DELINCUENTES Y VÍCTIMAS 12. DELITOS Y DELINCUENTES CONTRA LA PROPIEDAD 12.1. INTRODUCCIÓN 573 12.2. EL HURTO 577 12.3. EL ROBO CON FUERZA EN LAS COSAS 580 12.3.1. Zonas urbanas de mayor riesgo 583 12.3.2. Entrevistas con ladrones 585 12.3.3. La receptación 589 12.3.4. El robo en segundas viviendas y zonas turísticas 590 12.3.5. Prevención del robo en casa 591 12.4. ROBOS CON VIOLENCIA 592

12.5. EL DELINCUENTE CONTRA LA PROPIEDAD 595 12.5.1. La carrera delictiva del delincuente común 596 12.5.2. El perfil del delincuente contra la propiedad 600 12.5.3. Psicología del delincuente contra la propiedad 601 12.5.4. El delincuente que emplea la violencia para robar 604 PRINCIPIOS CRIMINOLÓGICOS Y POLÍTICA CRIMINAL 605 CUESTIONES DE ESTUDIO 606

12.1. INTRODUCCIÓN Los medios de comunicación podrían dar la impresión de que la delincuencia es un asunto espectacular, morboso y violento. Un análisis del espacio que cinco periódicos españoles dedicaron a reportajes sobre la delincuencia, midiendo el tamaño de cada noticia, mostró que dominan los reportajes sobre delitos violentos. Dentro del espacio dedicado a sucesos, se encontró que un poco más de la mitad relataba sucesos dirigidos contra las personas, y una cuarta parte atendía a sucesos relacionados con el terrorismo. Solamente un 15% de las noticias se referían a delitos contra la propiedad, y la gran mayoría de estos reportajes comentaban hechos espectaculares, como estafas y atracos, y no el robo común (Fernández, Herreros, Saenz et al., 1995). Una investigación paralela analizó la programación de cinco cadenas de televisión durante una semana entera, y contabilizó 427 relatos de homicidios o asesinatos, pero solamente 67 sobre robos y hurtos (Medina Galera, Mesa, Reina et al., 1996).

Sin embargo, el delito por excelencia en España es el pequeño hurto o robo. En el año 2010, de 1.262.422 delitos y faltas denunciados a la Policía y a la Guardia Civil, más de 1.100.000 fueron contra la propiedad, mayoritariamente hurtos y robos (MIR, 2011).

Un ratero actuando en un dibujo del Siglo XIX, Francia.

Los documentos acumulados en las comisarías de Policía y en los Juzgados de lo penal tratan, básicamente, de sustracciones en vehículos y robos en tiendas, bares y domicilios. La investigación de estos sucesos es poco agradecida, porque no llega a esclarecerse más que uno de cada diez robos. La falta de éxito policial no es necesariamente el resultado de la baja prioridad dada a estos sucesos sino que, más bien, suele ser debida a la falta de pistas para la investigación. La víctima que denuncia un robo, normalmente no ha visto al ladrón. Por otro lado, estudios sobre la intensidad de la actividad delictiva de varios países1 indican que es relativamente normal que los adolescentes roben. Una encuesta de autoinforme, que se realizó a jóvenes de 14 a 21 años en 7 ciudades españolas, todas con una población superior a 50.000 habitantes, dio como resultado que un 25% de los chicos y un 15% de las chicas habían cometido uno o varios delitos contra la propiedad durante el último año (Rechea, Barberet, Montañés et al., 1995). El cuadro 12.1 muestra los resultados obtenidos en esta encuesta. CUADRO 12.1. Prevalencia de delitos contra la propiedad durante el último año. Jóvenes en ciudades españolas de más de 50.000 habitantes Hombre Mujer

Robo de cabina telefónica Robo de una tienda Robo del colegio Robo en casa Robo del trabajo Robo bicicleta/moto Robo de coche Sustracción en vehículo Carterista Tirón de bolso Allanamiento Robar otra cosa Comprar algo robado Vender algo robado Total % de los encuestados que han robado Nº de personas entrevistadas

0,7 8,0 2,9 3,8 1,7 0,7 0,2 0,7 0,0 0,0 9,2 1,4 7,9 2,3

0,3 5,1 1,3 3,0 0,3 0,2 0,1 0,2 0,0 0,2 4,6 0,8 3,8 0,2

24,7

15,3

1.072

1.079

Fuente: Rechea, et al. (1995: 79)

Con posterioridad los autores realizaron una nueva investigación mediante el uso del autoinforme (Rechea, 2008), si bien esta vez con dos variaciones importantes: por una parte, la muestra comprendió jóvenes de toda España (4.152 menores escolarizados, 2042 chicos, el 49,2 por ciento, y 2.103 chicas, el 50,7 por ciento), y por otra, la edad tuvo un rango más limitado, al comprender jóvenes de los 12 a los 17 años. Aunque esto hace que los dos estudios no puedan ser directamente comparables — tampoco lo es el cuestionario empleado—, en general la participación en los actos delictivos sigue mostrando el mismo patrón, con el añadido de la aparición relevante de las conductas delictivas derivadas del empleo ilegítimo de las nuevas tecnologías, como bajarse música o películas

de forma ilegal. La conclusión sigue siendo la misma: un pequeño porcentaje de chicos roba algo durante el año anterior al que es evaluado: el 8,3% del total robó en una tienda, el 1,3 robó una bicicleta o una moto, y el 0,81 sustrajo algo de un vehículo. Estas cifras españolas parecen más bien bajas comparadas con las cifras de otros países. Encuestas anuales de delincuencia juvenil en los Estados Unidos indican que uno de cada tres chicos y una de cada cuatro chicas roban en tiendas2. Sin embargo, hay una gran diferencia entre los chicos que cometen pequeños hurtos de vez en cuando y los que roban grandes cantidades y con mucha frecuencia. Estos últimos suelen tener más conflictos familiares desde la infancia, mayor fracaso escolar y más problemas con la policía. Son también aquéllos que persisten en una vida centrada en robos y consumo de drogas, y que se encuentran, unos años más tarde, en la cárcel. Vamos a presentar, de una manera más bien descriptiva, el “modus operandi” de las formas básicas de delinquir contra la propiedad: el hurto, el robo con fuerza en las cosas y el robo con violencia o intimidación. LA REALIDAD CRIMINOLÓGICA: Robo y hurto, según el Código Penal El hurto: “El que, con ánimo de lucro, tomare las cosas muebles ajenas sin la voluntad de su dueño, será castigado, como reo de hurto, con la pena de prisión de seis a dieciocho meses, si la cuantía de lo sustraído excede de 400 euros” (art. 234). Hurtos por menos cantidad se califican como faltas penales.

El robo tiene dos modalidades: 1. Se emplea fuerza en las cosas para acceder al lugar donde éstas se encuentran. Por fuerza en las cosas se entiende escalar o romper una pared, techo o suelo, fracturar la puerta o ventana, forzar las cerraduras, usar llaves falsas o inutilizar el sistema de alarma o guarda. Este delito se castiga con la pena de prisión de uno a tres años, y de dos a cinco si se comete en casa habitada, edificio o local abierto al público (art. 238). 2. Se utiliza violencia o intimidación contra las personas. La pena básica por esta conducta será de dos a cinco años de prisión (art. 242).

12.2. EL HURTO Lo que podríamos denominar hurto “profesional”, conocido al menos desde las ferias medievales, suele comportar tres pasos: la distracción, el golpe y la dispersión. En la actualidad es más conocido en boutiques o en joyerías, y su desarrollo es como sigue: mientras una o varias personas distraen al dependiente, otra se lleva la mercancía y la pasa rápidamente a una tercera, para que, en el caso de que las identifiquen y cacheen, la persona que sustrajo la mercancía no lleve nada encima. Esta técnica es también típica para carteristas que actúan en equipo (Sutherland, 1993a). En España el hurto ha descendido: aunque las estadísticas oficiales del Ministerio del Interior (Cuerpo Nacional de Policía y Guardia Civil) solo deslinda el hurto de los otros delitos contra la propiedad en su versión más leve, es decir como una falta, podemos deducir que tanto en esta modalidad como en la de delito (cuando lo

sustraído supera los 400 euros) ha descendido en el año 2010, siguiendo la tendencia general de la delincuencia contra la propiedad. En efecto, las faltas de hurto fueron en ese año 490.305, mientras que en 2009 hubo 495.146, y 524.489 en 2008. La tendencia general en los delitos contra la propiedad es la de una disminución suave que comienza en el año 20033. La descripción clásica de la actuación de los ladrones habituales puede encontrarse en el libro de Sutherland, original de 1937 (1993a), “Ladrones profesionales” (Professional thief), donde el creador de la teoría de la Asociación Diferencial lleva a cabo un estudio clásico, uno de los pioneros de las llamadas “historias de vida”, en este caso en torno al ladrón profesional Broadway Jones (alias Chic Conwell). Al esforzarse en comprender el mundo desde el punto de vista del delincuente, Sutherland hizo mucho más que analizar en detalle el lenguaje, habilidades para el robo y estilo de vida de los ladrones profesionales, ya que los presentó como seres humanos con deseos y necesidades normales, bien lejos del modelo patológico del delincuente, según el cual este y el “hombre honrado” estarían separados por el abismo de una psicología enferma e innata que caracterizaba al primero. En efecto, Sutherland detalla de modo vívido cómo el delincuente ha de cuidar con esmero las escenas de sus “golpes”. Así, el ladrón profesional que trabaja

solo, tiene, ante todo, que actuar de una forma que no levante sospechas. Tiene que ir bien vestido, parecer un cliente importante, y apoderarse de dinero o mercancía de una manera rápida y discreta. Sutherland (1993a) también aporta el ejemplo del ladrón que se hace pasar por empleado de banco; con la vestimenta correcta, se coloca un lápiz detrás de la oreja y circula por el banco con toda naturalidad. Sin embargo, la gran mayoría de los hurtos en comercios y oficinas los comete el “aficionado”, es decir, el cliente normal que, aprovechando la oportunidad, se lleva un poco de mercancía. Este tipo de ladrón es más fácil de identificar para el personal de seguridad de la tienda, ya que una serie de características lo delatan: está más nervioso, mira más a los demás clientes que a la mercancía y suele dar varias vueltas por la estantería antes de meter una prenda u otro objeto en su bolso o dentro de sus ropas (Murphy, 1986). Hay pocos datos fiables sobre la extensión de este fenómeno. En el cuadro 12.1 se observa, a partir de una encuesta a jóvenes españoles, que un 8% de los chicos y un 5,1% de las chicas habían robado en una tienda durante el último año. Otro método para investigar el fenómeno de hurto en tiendas y almacenes es vigilar discretamente a clientes elegidos al azar, con un equipo de observadores que

comprueban si se llevan mercancía sin pagarla en la caja. Un estudio de los Estados Unidos (citado en Murphy 1986: 50) indicaba que un cliente de cada 15 robaba algo. El valor medio del objeto robado era escaso. Solamente uno de los 109 ladrones detectados fue identificado por el personal de seguridad del establecimiento. Asimismo, dicho estudio indicó, al contrario de lo que resulta de las encuestas de autodenuncia, que las mujeres robaban más que los hombres en las tiendas. Un tercer método para conocer los robos y hurtos en tiendas es basarse en datos contables de los grandes almacenes, donde constan las cifras de pérdidas por hurto. De un resumen de estas estadísticas (López Bonilla 2001) resultaba una cifra de pérdidas, cuyo origen se desconocía, de alrededor del 1% en el comercio minorista español. Eso correspondía en 1995 a una suma de 811 millones de euros. Esta pérdida desconocida se desglosaba en tres grupos: 1. Hurtos externos que se refieren a sustracciones de los clientes, 2. Hurtos internos, cometidos por empleados y proveedores, 3. Errores contables donde no ha ocurrido ningún robo. Las cifras de pérdidas varían bastante según el tipo de comercio, siendo los grandes almacenes, las tiendas de apertura 24 horas y las tiendas de bricolaje las que más

pérdidas sufren. Una de las razones que explicarían este fenómeno podría ser la escasa inversión en medidas de seguridad. Tiendas de bricolaje y hogar, por ejemplo, según este estudio, invertían un 0,27% de su facturación total en seguridad, y perdían un 2,56% en hurtos. Seguramente sería rentable para estos negocios mejorar la seguridad y así conseguir reducir sus pérdidas. Es interesante que el nivel de hurtos en comercios varíe mucho entre empresas que venden las mismas mercancías, lo que sugiere determinadas circunstancias y modos de funcionamiento, pueden hacerlo más o menos probable. Es decir, aunque los hurtos no pueden eliminarse por completo, el número de hurtos se puede reducir. La actitud resignada, consistente en calcular un cierto volumen de hurtos como inevitable, hace que el costo del robo recaiga sobre los precios de la mercancía que pagan los clientes honrados, lo que es a todas luces inapropiado e injusto. A muchos negocios les falta un plan coherente sobre cómo reducir los hurtos. Este plan debe empezar con el diseño del local, las puertas, la colocación de estanterías y las cajas. También debe incluir una formación específica de los empleados: qué hacer con clientes sospechosos, cómo mantener un control sin abrumar a los clientes, etc. Es importante incentivar a los empleados para poder

reducir los hurtos; por ejemplo, dar un plus salarial si se consiguen reducir pérdidas de mercancía o convenir la contratación de más personal durante las horas y días en que los empleados se ven desbordados por avalanchas de clientes (en el capítulo 24 se trata el asunto de la prevención situacional o medioambiental, que afecta particularmente a los comercios y lugares abiertos al público). Al final, hay que establecer una colaboración sistemática con la Justicia. Por un lado, si hay gran impunidad, aumentarán los hurtos; por otro, la disuasión no afectará de igual forma al ladrón aficionado (para el que puede ser suficiente la vergüenza de ser llevado a la oficina de seguridad y abonar el precio de la mercancía) que al profesional (al que tal solución no disuadirá). Por todo ello, solo una rutina ágil de colaboración con la Policía y los Juzgados permitirá disuadir a los potenciales ladrones e identificar a aquéllos que puedan robar grandes cantidades.

12.3. EL ROBO CON FUERZA EN LAS COSAS

Un “butrón”, o boquete realizado en una pared para entrar a robar. No es muy sofisticado, pero puede ser efectivo.

Este tipo de robo tiene cuatro modalidades principales: 1. Sustracción en el interior de un vehículo. 2. Robo del vehículo mismo. 3. Robo en almacén, bar o comercio, fuera de las horas de apertura. 4. Robo en vivienda. Lo más común en España es la primera modalidad: el robo de equipaje del interior del coche, por el simple procedimiento de romper la ventana. Las encuestas de victimación indican que ése es el delito sufrido con más

frecuencia, así como el tipo de robo que menos se denuncia, por el escaso valor de los bienes robados y la exigua probabilidad de que se logre identificar al autor. Según la estadística policial, solo un 7,5% de estos robos son esclarecidos. Parece ser que este tipo de robo ha descendido bastante en España durante los últimos años, probablemente por su baja rentabilidad. Hoy día da más resultados, económicamente hablando, pedir dinero en la calle o pedir propina como aparcacoches, que dedicarse a la sustracción en vehículos. La segunda modalidad, el robo del vehículo, se puede realizar por varios motivos (Clarke y Harris, 1992). Las estadísticas policiales señalan también un descenso sostenido en España de esta actividad delictiva, a partir del año 2002 (con una tasa de 59.9 por cada 10.000 vehículos) en relación con 2010 (donde la tasa era de 14.2). Lo más común es el robo de moto o coche para su utilización como medio de transporte, abandonándolo a los pocos días u horas. El dueño normalmente recupera su vehículo, con o sin daños. Otros automóviles se roban para utilizarlos en la comisión de un delito, por ejemplo un atraco. Y, por último, existe el robo para desguazar o para la reventa del vehículo, normalmente en el extranjero. De cualquier manera, el robo de vehículos es un delito

peligroso para la sociedad. Los coches robados se ven involucrados frecuentemente en accidentes de circulación y causan todos los años la muerte a muchos peatones o pasajeros de otros vehículos. La tercera modalidad, el robo en un comercio, restaurante o bar, fuera de las horas de apertura, es más común que el robo en una vivienda. El cuadro 12.2 presenta datos de la estadística policial sobre estos delitos, diferenciando el lugar de su comisión. CUADRO 12.2. Robo con fuerza en las cosas según la naturaleza del lugar Espacios abiertos

36.677 Locales/Establecimientos 110.859

Cabina telefónica

695 Armería

Cámping

328 Banco

20 365

Explotación agrícola

1.405 Cajero de banco

1.986

Explotación ganadera

1.330 Centro docente

4.686

Instalación deportiva

1.059 Centro médico

1.468

Obra en construcción

7.540 Centro oficial

1.275

Vía pública

17.297 Centro religioso

Otros espacios abiertos

7.023 Discoteca/local juego

Transporte

3.790 Oficina

921 872 4.760

Estación

641 Espectáculo cerrado

Puerto/Aeropuerto

680 De alimentación

Autobús/avión

882 Comercial

26.064

1.587 De hostelería

32.704

Otros Vivienda

88.570 Fábrica/almacén

Casa campo/chalet

23.325 Framacia

186 4.070

17.942 566

Domicilio particular

53.517 Gasolinera

1.825

Garaje

4.843 Joyería

432

Patio/portal

1.953 Lotería/Estanco

806

Trastero

3.046 Museo/sala arte

52

Otras viviendas

1.886 Taller mecánico

2.325

TOTAL

239.896 Otros locales

7.534

Fuente: Ministerio del Interior, 1999:175.

En esta estadística, donde los robos contra vehículos están excluidos, se observa que casi la mitad de los robos con fuerza en las cosas se habían cometido en un establecimiento comercial, un bar o restaurante, una fábrica o un almacén. Según una encuesta realizada a 400 comercios en tres ciudades de Andalucía, cuyo objetivo era determinar el número de delitos sufridos por los comerciantes y las circunstancias en que éstos se habían producido, uno de cada cinco establecimientos había sufrido un robo durante los últimos 12 meses, a pesar de incluirse solo los robos con fuerza en las cosas y no los hurtos cometidos por los clientes (Stangeland, 1996b). Las cifras de robos en comercios no suelen ser, desde una perspectiva internacional, excesivamente elevadas. Sin embargo, en España hay más robos en establecimientos comerciales que en viviendas, contrariamente a lo que ocurre en los países anglosajones y en el norte de Europa. A pesar de ello, en el periodo

2008-2010 se ha producido en España un aumento de los robos en el hogar, de acuerdo con los datos del Ministerio del Interior, llegando a ser la tasa actual de 39.5 robos en viviendas por cada 10.000 viviendas. Pero en una perspectiva comparada, España, con una tasa de 163 robos por 100.000 habitantes, registra muchos menos robos en viviendas que muchos de los países más característicos de Europa como Francia (268), Alemania (220), Holanda (518), Suiza (327) e Inglaterra y Gales (519), de acuerdo a las estadísticas europeas correspondientes a 2007. Ahora bien, no todas las viviendas tienen el mismo riesgo de ser asaltadas, como se explica a continuación.

12.3.1. Zonas urbanas de mayor riesgo Una encuesta sobre la delincuencia en Inglaterra (Sampson y Wooldredge, 1987) incluyó unas cuantas preguntas orientadas a establecer las oportunidades de robo en el barrio tales como: “Cuando ud. sale a la calle, ¿cuánto dinero suele llevar encima?” o “¿Posee Ud. una cámara de video?”. Se halló que barrios distintos ofrecen oportunidades diferentes para el robo. En unas zonas, los peatones llevan cuatro o cinco veces más dinero en efectivo en el bolsillo que en otras. En unos barrios, hay bastantes más objetos atractivos en las casas que en otros barrios. Las zonas con mayor probabilidad para robos y

hurtos suelen ser las zonas céntricas de la ciudad, con más tiendas, zonas de ocio, más vacías por la noche, y con menos control por parte de los vecinos. Otras áreas atractivas serían aquellas zonas residenciales de clase media-alta, chalets, casas adosadas y preferentemente deshabitadas durante el día. (No obstante la llegada de grupos organizados de la Europa del Este a comienzos de este siglo hizo más habitual el asalto a la vivienda habitada, ya que estos delincuentes muestran un notable desprecio por la integridad de las víctimas.) Sin embargo, las oportunidades teóricas o aparentes ofrecidas por unas zonas y otras no coinciden con el número real de robos cometidos en ellas. Hay zonas sumamente pobres azotadas por los robos y, en cambio, puede haber zonas de alto estatus económico con tasas moderadas de delitos de este tipo. Esta supuesta contradicción podría explicarse según la teoría presentada por los geógrafos Paul y Patricia Brantingham (1991). Según dicha teoría los delincuentes, igual que los demás habitantes de la ciudad, están principalmente familiarizados con algunas zonas del espacio urbano. Conocen mejor el área más cercana a su propia casa, así como el camino hacia el instituto o centro de formación al que van habitualmente (si son jóvenes), las vías hacia su trabajo, hacia lugares de ocio o de compras, muchos de ellos normalmente en el centro de la ciudad. En dichas

zonas, recorridas con frecuencia a pie, en moto, coche o transporte público, los posibles infractores observan oportunidades de cometer robos o hurtos. Se dan cuenta, por ejemplo, de la existencia de un garaje donde la puerta suele estar mal cerrada, de una tienda con equipos de música en el escaparate, de una casa cuyos dueños parecen estar de vacaciones, etc. En este ámbito conocido también, les son familiares las rutas para escapar y esconderse después del golpe. En el momento de delinquir, suelen elegir uno de estos blancos conocidos, según se indica en este mapa hipotético: CUADRO 12.3. Zonas de oportunidad

Fuente: Elaboración propio a partir de Brantingham y Brantingham, 1991.

Ello puede explicar por qué los delitos no se distribuyen de forma homogénea sobre toda la hipotética “zona de oportunidad” (marcada en gris en el cuadro 12.3). En las zonas con altos índices de delitos (marcadas en negro) coinciden las oportunidades de delinquir con el camino frecuentemente recorrido por delincuentes potenciales. Esta variante de la teoría de las “actividades rutinarias”

y de la oportunidad (véase capítulo 10) tiene su base en el hecho, documentado en varios estudios de entrevista con delincuentes, de que éstos prefieren zonas conocidas, donde han comprobado que las circunstancias son favorables. Puede tratarse de un lugar próximo al domicilio, al trabajo o al local que frecuentan por la noche; puede tratarse también de un lugar que el sujeto llegó a conocer cuando tuvo allí una ocupación temporal. Es decir, que de las zonas con muchas oportunidades para el delito, sufrirán más delincuencia aquellas que sean limítrofes con los barrios altamente delictivos. Así se explica que, por ejemplo, que la colocación de viviendas sociales o de centros de tratamiento de drogadictos suelan ser decisiones muy polémicas y conflictivas, produciéndose con mucha frecuencia una fuerte resistencia a dicha instalación por parte de los vecinos. Aunque en este rechazo puede haber miedos irracionales por parte de los vecinos a tener personas marginadas en su barrio, en muchas ocasiones el hecho de que más infractores y delincuentes circulen por una zona realmente puede aumentar el riesgo de sufrir robos. Varios estudios han intentado delimitar las áreas habituales donde actúan los delincuentes, determinándose que la distancia típica entre la residencia habitual y el lugar del robo está entre uno y dos kilómetros (Bottoms, 1994; Hesseling, 1992). El típico autor de robos es un individuo joven, sin experiencia laboral y que necesita una pequeña cantidad

de dinero urgentemente. Usualmente comete el delito dentro de una zona a la que puede acceder andando desde donde vive (Wilson y Herrnstein, 1985; Gottfredson y Hirschi, 1990; Wikström, 1991).

12.3.2. Entrevistas con ladrones Los que más saben sobre el modus operandi del robo, el efecto de las medidas preventivas o la eficacia (o ineficacia) de la disuasión penal son los propios ladrones. Las entrevistas con ellos pueden ser bastante más informativas que la lectura de atestados policiales o de sentencias penales. La dificultad práctica para investigar en este campo consiste en contactar con ellos, en una situación en la que estén dispuestos a hablar tranquilamente. Por desgracia, en España no se ha realizado ningún trabajo de campo de este tipo desde que Bernaldo de Quirós se exilió a México en 1937, con la sola excepción del que se comenta más adelante. Dos estudios sobre ladrones “profesionales” fueron realizados por antropólogos norteamericanos que entrevistaron a personas que desvalijaban casas particulares (Cromwell et al., 1991; Wright y Decker, 1994). Los investigadores lograron contactar con dichas personas por medio de uno de los ladrones que les presentó a “colegas” que, a su vez, les recomendaron a otros “colegas”, etc. Dicho método se conoce con el

nombre de “bola de nieve”. Las entrevistas se pagaron y los antropólogos pidieron a los presuntos delincuentes que les explicasen el motivo que les llevaba a escoger unas casas y a rechazar otras. Además, los investigadores llevaron a sus informadores de paseo en coche por distintos barrios, para que evaluaran la atracción que ejercían sobre ellos, casas de distintos tipos. Muchos de los individuos entrevistados no eligieron sus blancos al azar, sino que se basaron en avisos de amigos o en la propia observación. Por ejemplo, uno de los entrevistados tenía un amigo que trabajaba en el aeropuerto. Este amigo apuntaba la dirección consignada en las maletas que salían en vuelos internacionales, una señal inequívoca de que los dueños se iban de vacaciones. Así, mientras los propietarios disfrutaban sus vacaciones, la casa era “limpiada” por el cómplice. Casi todos los ladrones evitaban casas con signos de estar habitadas, así como viviendas con medidas de seguridad, perros o alarmas. Sus preferencias estaban estrechamente relacionadas con la falta de visibilidad desde la calle o vía pública: mostraron preferencias por casas con setos altos y patios traseros. Así, se constata que muchas medidas anti-robo tienen el efecto contrario al deseado. Una verja alta, por ejemplo, se salta con mucha facilidad y, una vez dentro del jardín, protege al ladrón de ser observado desde la calle.

Se comprobó que, efectivamente, aquellas casas catalogadas por los ladrones como más accesibles, corrían más riesgo de ser robadas. También se puso de relieve que los ladrones, aunque casi todos consumían drogas, no robaban de manera diaria y compulsiva (lo que les podría haber puesto en mayor riesgo), gracias a que poseían otras fuentes de ingresos. Su consumo de drogas solía ajustarse a sus ingresos y no tanto al contrario. Una investigación más reciente que sigue los trabajos previos de Cromwell y su grupo en España, se debe a Agustina y Reales (2013), en lo que constituye el primer estudio de estas características realizado en nuestro país. Partiendo del modelo teórico de la teoría de las actividades rutinarias (véase en capítulo 10), establecieron la idea central de que “la probabilidad de que suceda un hecho delictivo en un lugar y un tiempo determinados se considera la función resultante de la convergencia de delincuentes motivados (y racionales) y de objetivos adecuados (a dicha motivación), ante la ausencia de guardianes capaces” (p. 11). Los autores entrevistaron, mediante una pauta de entrevista semiestructurada, a 15 sujetos encarcelados en la prisión de Ponent (Lleida), que eran reincidentes en robos, requiriéndose para su inclusión en dicho estudio que uno de los robos hubiera sido en casa habitada. Los principales resultados fueron los siguientes.

La motivación que les impulsó a delinquir, en su inmensa mayoría, residía en razones económicas, ya que dos tercios reconocieron ser adictos a la droga y por ello indicaron que necesitaban el dinero para abastecerse; junto a ello manifestaron además el beneficio emocional, con la “subida de adrenalina” que lleva consigo el entrar en un domicilio y la diversión que ello les provocaba. El gamberrismo como desencadenante del robo (es decir, el penetrar en un lugar solo para destrozar cosas o pasárselo bien) se descartó por completo. Todos coincidieron en preferir actuar solos, y así no tener que repartir lo robado, además de eliminar el riesgo de que el otro les delatara. En cuanto al trayecto recorrido, los asaltantes, que actuaban en un medio rural o en pequeños municipios, reconocieron recorrer un trayecto de media hora o una hora en coche desde su domicilio, dependiendo del tipo de transporte usado (que habitualmente era el coche). Los asaltantes preferían en general actuar en una localidad o al menos un barrio diferente a los propios, donde no se les pudiera reconocer. En cuanto a las características que llevaban a la selección del domicilio, casi todos coincidieron en el fácil acceso desde el exterior y a ser posible que no se encontrase nadie dentro: solo dos sujetos preferían entrar por la noche mientras dormían los habitantes porque así encontraban cosas de más valor como la cartera, relojes,

ordenador portátil o el móvil. El aspecto exterior de la casa, esto es, su aparente riqueza, no pareció una característica necesaria para ellos. El que hubiese alarma o perro no suponía problema alguno, ya que manifestaron que podían actuar con rapidez o manipular las alarmas, y saber cómo manejar a un perro para que no supusiera una dificultad. Un tercio de los entrevistados prefería actuar de noche para evitar ser vistos por los vecinos. Por lo que respecta a los aspectos concretos de la ejecución del robo, los delincuentes dijeron que entraban en el domicilio preferentemente por la puerta o por una ventana accesible; el robo duraba aproximadamente entre los tres y los cinco minutos, prolongándose a lo máximo en 15 minutos, y si encontraban lo que buscaban, se marchaban enseguida. Si eran descubiertos, la mayoría abandonaban el domicilio rápidamente. Casi todos aseguraban no haber llevado armas; algunos, no obstante, reconocieron llevar un destornillador para acceder al interior. Solían salir por el sitio que entraron, y no solían robar objetos de gran tamaño. Para evitar ser reconocidos usaban guantes o calcetines con los que evitar dejar huellas dactilares. Vendían los objetos robados, y siempre a la misma persona, si bien a veces los cambiaban por droga. Un tercio de ellos actuaba por encargo. No solían repetir el delito en el mismo domicilio. Al igual que hallaron autores como Cromwell et al.

(1991) y Chainey y Ratcliffe (2005), el trabajo de estos autores españoles muestra cómo tanto la oportunidad (el actuar siguiendo una situación que ha surgido de forma súbita y que ofrece un beneficio fácil) como el comportamiento más planificado y racional, tienen cabida en este tipo de delincuentes. Cromwell distinguió entre unos sujetos más oportunistas y otros más racionales, y lo mismo puede decirse de los sujetos entrevistados en esta investigación: “Ciertamente, algunos manifestaron aprovechar las oportunidades que se les presentan. Asimismo, al ser preguntados sobre si llevaban a cabo algún tipo de preparación para cometer el robo, la mitad afirmó emplear una preparación mínima, la cual consistía principalmente en una breve vigilancia del entorno, observar las actividades rutinarias de los habitantes de los domicilios, o esperar a que saliesen de casa” (p. 15). Esta planificación aumentaba, sin embargo, en el caso de que hubieran recibido información de que el domicilio contaba con un botín valioso. Es obvio que, como reconocen los autores, la muestra es muy pequeña. No obstante, los resultados son valiosos por su contenido cualitativo, describiendo la acción delictiva de delincuentes que roban en las casas. Es importante subrayar que se trata de sujetos que tendían a evitar la confrontación con los moradores y que generalmente actuaban en solitario, de ahí que no se puedan generalizar

los resultados a aquellos ladrones que emplean mayor violencia o forman parte de bandas organizadas para el robo. Ahora bien, no podemos olvidar tampoco el hecho de que, en los robos con fuerza en las cosas, en ocasiones se destruye más de lo que se roba. Aparte de las molestias causadas y de los problemas psíquicos que pueden producir en la víctima (Goethals y Peters, 1991), el robo es más bien un despilfarro de bienes que un simple “cambio de titularidad” del bien robado. Con mucha frecuencia se causa un destrozo muy grande para obtener muy poco dinero. El beneficio neto para el ladrón de un robo en una casa puede ser muy inferior al valor del objeto robado. A menudo, es menos rentable, desde su perspectiva, robar en casas que realizar un tirón en la calle. Por supuesto, esto no se aplica a aquellos robos en establecimientos bancarios, joyerías, o en viviendas donde se tiene constancia de que hay objetos de mucho valor o cantidades importantes de dinero. En estos casos, el beneficio esperado es muy elevado. La diferencia descansa en el tipo de botín; un tirón de bolso logra un botín más modesto, pero en metálico, mientras que un robo con fuerza en las cosas aporta un botín de más valor, pero en mercancía. La atracción de los robos con fuerza en las cosas depende, entonces, con excepción del dinero en metálico, de la posibilidad de poder vender el botín a

un receptor de bienes robados. Ahora nos ocupamos de este punto.

12.3.3. La receptación El mercado de reventa de objetos robados es fundamental para el ladrón. Video-cámaras, aparatos sofisticados de comunicación, joyas, ropas u otros objetos tienen que convertirse en dinero metálico. A estos efectos, existen varios canales de distribución, entre los cuales se pueden mencionar los siguientes: El receptor profesional. Es un contacto fijo, que compra cualquier objeto con discreción y agilidad. Puee ser un chatarrero, vendedor ambulante u otro que venda mercancías de segunda mano, pero pocos ladrones tienen acceso a un receptor profesionalizado de este tipo. Prestamistas. Regentan tiendas especializadas en la compra de joyas y oro. Con el control legal de las transacciones y la obligación de pedir documentación a la persona que vende un objeto de valor, este tipo de negocio se ha reducido. No obstante, en países con leyes más laxas o de escasa aplicación, algunos de estos negocios siguen siendo una buena salida para el fruto del robo (ver cuadro siguiente sobre La Realidad Criminológica). Traficantes. A los que venden drogas, algunos consumidores con frecuencia les ofrecen, como pago por

la droga, mercancía robada, en vez de dinero en efectivo. De este modo algunos traficantes podían expandir su negocio, convirtiéndose también en receptores de objetos robados. Amigos. También existe el robo “a medida”, a partir del encargo de amigos u otros contactos. Transeúntes en la calle. Lo menos profesional (y más arriesgado) en esta materia parece el ofrecimiento de objetos robados a la primera persona que el ladrón se encuentra en la calle, lo que comportará escasas posibilidades de realizar un buen negocio. Los objetos de segunda mano tienen difícil salida en países saturados de bienes de consumo, aunque pueden ser objetos codiciados en otros países. LA REALIDAD CRIMINOLÓGICA Comercio con objetos robados en Durango, México La Voz de Durango, 12 de febrero de 2012 Muchos de los artículos que son robados en domicilios particulares de la ciudad, aparecen exhibidos en las casas de empeño, aseguró la regidora Patricia Jiménez Delgado, quien pide a las autoridades revisar estos negocios, ya que están aceptando aparatos de dudosa procedencia, lo que alienta a los amantes de lo ajeno a seguir cometiendo sus fechorías. A pesar de que en el 2009 fue aprobada la “Ley que regula las Casas de Empeño en el Estado de Durango”, en la práctica, solo constituye como muchas otras, un buen intento por establecer normatividad sobre un tema de impacto social, pero no es otra cosa más que letra muerta. En un posicionamiento que realizó la regidora en la sesión del pleno del cabildo el día de ayer, refirió que de acuerdo a las estadísticas, los robos a casa habitación se han incrementado considerablemente y muchas de las víctimas de este delito han externado que sus pertenencias las han observado en negocios que prestan dinero a

cambio del empeño. De acuerdo a ley en referencia, las Casas de Empeño están obligadas a solicitar una identificación y comprobante de domicilio al pignorante [el que entrega en préstamo] para la formalización del contrato que se efectúa para recibir el artículo de valor, pero en muchas ocasiones estos requisitos no se solicitan. Además, cuando los dueños de los establecimientos tengan sospecha sobre la procedencia de los objetos ofrecidos en prenda, deben solicitar la factura de los mismos. Efectivamente, la mayoría de las personas no tienen la cultura de pedir y guardar las facturas de los artículos que adquieren en las tiendas, sin embargo, los dueños de Casas de Empeño a criterio, deben solicitarlas. La edil pidió a las autoridades estatales revisar estos negocios por ser de su competencia. “Entre más apliquemos el reglamento, se puede ir inhibiendo el delito del robo, porque si los ladrones que roban en domicilios, sustraen objetos del interior de los vehículos y asaltan negocios, tienen donde llevar estos artículos, pues es como seguir alentándolos, porque finalmente lo que buscan es obtener dinero aunque sea poco por lo robado”.

12.3.4. El robo en segundas viviendas y zonas turísticas Existen mejores oportunidades para el robo en viviendas para aquellos ladrones que se trasladen a las zonas turísticas. Los apartamentos turísticos y las villas suelen estar vacías por periodos prolongados y en ellos puede haber objetos de valor para llevarse. Pero esto puede conllevar más tiempo de planificación que el robo en la ciudad. El ladrón en zonas turísticas necesita un coche para transportar sus herramientas (por ejemplo, un gato de coche o un soldador para forzar rejas) y para llevarse el botín. Además, requiere saber cómo evitar perros y alarmas, y si prefiere hoteles y apartamentos turísticos, cómo aparentar ser respetable y evitar sospechas, algo

difícil para un ladrón joven e inexperto. Los ladrones especializados en zonas turísticas suelen estar mejor organizados, trabajan en equipos de dos o más y tienen más movilidad, operando a veces en regiones turísticas de toda España. En encuestas realizadas a la población residente en la Costa del Sol, se halló que la zona costera tenía más robos en casas que Málaga capital. Además, los resultados de la encuesta que se realizó a turistas extranjeros (Stangeland et al., 1998) mostraron que la mayor parte de la delincuencia en la costa estaba dirigida contra los transeúntes y turistas. La mayoría de los ladrones en esa zona tampoco eran del lugar, sino que solían ser ellos mismos transeúntes y extranjeros. Como se comentó con anterioridad, hace unos años aparecieron en nuestro país bandas organizadas muy violentas, que secuestran a los propietarios y les extraen los códigos de la caja fuerte o de sus tarjetas de crédito. Estas bandas operan también en las zonas residenciales de la costa y de las ciudades.

12.3.5. Prevención del robo en casa Comentábamos antes que los robos en viviendas dominan más en el norte de Europa que en el sur. Esto es parcialmente debido a las diferencias arquitectónicas por lo que concierne a las viviendas más típicas. Los bloques de viviendas en el norte de Europa suelen tener áticos y

sótanos, blancos fáciles para el robo. La carencia de estos anexos a las viviendas en España, las convierten en objetivos menos atractivos para el ladrón. Varios informes sobre seguridad en el vecindario concluyen que, a estos efectos, la vigilancia personal suele ser más eficaz que las medidas de protección técnicas, tales como los interfonos, monitores de televisión y alarmas (Bright, Maloney, Pettersen et al., 1985; Poyner, 1982; Medina, 2011). Casi todos los estudios sobre robos en casas coinciden en que el ladrón intenta en general evitar encontrarse con alguien. Cohen y Felson (1979), en su pretensión de explicar la fuerte subida de los robos en casas en los EEUU, en los años sesenta y setenta, presentaron datos que indicaban que los hogares norteamericanos quedaban deshabitados durante más horas de lo que lo estaban una generación antes. La familia es cada vez más pequeña, y los residentes en un domicilio trabajan más de día y salen más de noche. En cambio, en un país donde la mayoría de los pisos están ocupados durante el día, es esperable que haya menos robos. Puede ser que España tenga un nivel moderado de robos en casas debido a que siempre suele quedar alguien en casa. Mientras que el tamaño medio de una familia escandinava era de 2.7 personas, la media española era de 3.7, o sea, una persona más en cada familia4. Las

probabilidades de que alguien estuviera en su casa eran mayores en España. La mayoría de las familias españolas tienen uno o varios miembros sin actividad ocupacional o laboral (y más con motivo del enorme desempleo generado por la crisis económica), por lo cual las viviendas estarían más habitadas durante el día y la noche. Es decir, el número de robos en viviendas durante el día puede estar directamente relacionado con el número de residentes en un domicilio que trabajan fuera de casa. En otras palabras, alguien en el hogar durante el día constituye una sólida protección contra los robos. Por todo esto, los bloques de apartamentos suelen ofrecer más seguridad que los chalets y las casas adosadas (Díez Ripollés et al., 1996; Bennett y Wright, 1984). Algunos edificios de apartamentos en España tienen un portero durante el día, que supervisa las entradas y salids, haciendo más improbable el robo, pero que además a menudo posee su propia vivienda en el edificio, lo que, también ofrece una cierta vigilancia durante la noche.

12.4. ROBOS CON VIOLENCIA En el capítulo 4 presentábamos datos de las encuestas de victimación sobre robos violentos en varios países del mundo. España sufre, por desgracia, unas elevadas tasas de robo con violencia, ocupando un lugar elevado en este ranking estadístico. Concretamente, un 2,9% de la

población, es decir, una persona de cada treinta y cinco, ha sufrido un robo con violencia a lo largo de un año. En la comparación europea que sigue, España destacaba por tener un nivel muy moderado de robos en general. Sin embargo, como se observa en el cuadro 12.4, los robos con violencia eran más frecuentes aquí que en los países vecinos, ya que un 10% de los robos denunciados a la policía eran perpetrados con violencia. CUADRO 12.4. Robos con violencia por cada 100 000 habitantes en países europeos, año 2000

Fuente: Elaboración propia a base de European Sourcebook of Crime and Criminal Justice Statistics, 2003, table 1.2.1.8. Las cifras son del año 2000, en algunos casos de 1999. Las zonas más oscuras corresponden a países con tasas más elevadas de robos violentos (las zonas señaladas mediante un tramado son estados en los que no se disponía de datos).

Los únicos países que entonces superaban las cifras españolas eran Estonia y algunos países africanos y suramericanos. Los tirones y los atracos a establecimientos se han visto reducidos durante la última década, pero las cifras de robo con violencia en España se mantienen altas. Los datos para el año 2007 —último recogido en el European Sourcebook of Crime— siguen esta misma línea: España es el país de Europa donde se dan más robos con violencia, aunque se observa una tendencia decreciente a partir de 2003. El arma más usada es la navaja, mientras que la utilización de armas de fuego es muy escasa. El robo con violencia más común ocurre en la vía pública, a partir de la amenaza con un arma blanca. No es habitual que, por ejemplo, un ladrón que entre en un domicilio lleve una pistola. En toda España, según la estadística policial de 1996, se llegó a utilizar o amenazar con un arma de fuego en el domicilio en dos de cada mil robos5. Hay dos tipos básicos de robos en los que se emplea violencia. En el primero, la violencia es el modus operandi, es decir, el delincuente sabe que solamente puede conseguir su objetivo de esta manera. Un ejemplo

de éste son los atracos o secuestros donde se fuerza a la víctima a sacar dinero de cajeros bancarios. En el segundo tipo de robo violento, el delincuente es sorprendido mientras comete un robo “pacífico” y utiliza la violencia para salir de esta situación comprometida. Un ejemplo puede ser el ladrón que entra en una casa, supuestamente vacía, es sorprendido por el dueño y saca una pistola, que llevaba “por si acaso”. Por norma general es conveniente, en los robos a punta de pistola, no oponer resistencia. El atracador utiliza la fuerza para intimidar y mantener el control de la situación. Se puede intentar hablar con él, pero nunca se debe oponer resistencia de una forma violenta, para evitar jugarse la propia vida. Hay que tener en cuenta que el agresor suele estar muy nervioso, y con mucha frecuencia bajo la influencia de drogas o el alcohol, lo que puede dificultarle evaluar la situación objetivamente, aumentando el riesgo de que tome una decisión precipitada. En el siguiente cuadro de La Realidad Criminológica puede observarse una conducta contraria a la que se recomienda aquí, que excepcionalmente salió bien. LA REALIDAD CRIMINOLÓGICA: LA VÍCTIMA DEVUELVE EL GOLPE Ricard Gallego, Levante, 6 de enero de 2006 Dos atracadores perdieron anoche la vida al ser abatidos por dos disparos de pistola cuando asaltaban el chalé de la familia del industrial Vicente Ferri en Canals (provincia de Valencia). Los disparos fueron efectuados por F. R., uno de los yernos del patriarca de este clan textil, quien a su vez resultó herido por arma blanca en una

pierna en el forcejeo con los asaltantes. El asalto se produjo sobre las 20.30 horas de ayer, cuando una banda de ocho encapuchados armados con pistolas y armas blancas penetró en el interior de la finca. En un primer momento, los atracadores tomaron como rehén al casero de la finca, R. V., al que encañonaron y maniataron. Tras atarlo a una cama de su vivienda, le robaron todas sus pertenencias y le golpearon en varias ocasiones. En esos momentos, el hijo de R. V. entró en la casa y los asaltantes lo encañonaron y lo llevaron a la misma habitación en donde se encontraba su padre. Los atracadores, a pesar de las dimensiones de la vivienda residencial, consiguieron localizar a las dos personas que en ese momento se encontraban en la casa, una de las hijas del industrial desaparecido y su marido. Cuando encontraron a la hija del empresario, la ataron y amenazaron con matarla si su marido no accedía a abrir la caja fuerte de la vivienda. Parece ser que en un descuido de los asaltantes el yerno pudo hacerse con una pistola que tenía escondida en su despacho y comenzó a disparar contra los secuestradores, alcanzando mortalmente a dos de ellos. Uno de los tiroteados falleció al instante, cayendo sobre la cristalera del despacho y precipitándose al exterior. El otro herido consiguió huir, pero posteriormente fue hallado sin vida en el jardín por los efectivos de la Guardia Civil que acudieron al lugar del suceso tras sonar la alarma6. 6

En los robos violentos juega un papel muy importante el consumo de sustancias estupefacientes. Hay varios estudios basados en entrevistas profundas con delincuentes que describen esta relación (ver apartado anterior sobre el robo en viviendas), pero a pesar de que los delincuentes entrevistados refieren que robaban para consumir, en muchos casos no se puede dilucidar si el consumo de droga es una causa de la actuación violenta o, simplemente, un síntoma del estilo de vida del sujeto, en el que destacan los placeres fáciles (la droga) y los

ingresos rápidos (el robo). Esta relación se discute con mayor profundidad en el capítulo 14.

12.5. EL DELINCUENTE CONTRA LA PROPIEDAD En buena medida, la actividad delictiva de los delincuentes contra la propiedad puede considerarse la propia de los llamados delincuentes “comunes”, porque anteriormente vimos que la delincuencia más habitual suele ir dirigida contra la propiedad y la salud pública (tráfico y consumo de drogas); por ello es la delincuencia más representativa, aquélla que más explica la presencia de los presos en las cárceles y, en definitiva, la que llena de información las estadísticas delictivas. A pesar de que los delincuentes contra la propiedad pueden ser también violentos, como cuando perpetran un robo a un viandante (robo con violencia o intimidación) o un atraco a un banco, lo cierto es que el objetivo de la acción antisocial es lograr dinero u otros objetos valiosos. La violencia aquí es un medio, no el fin de la transgresión penal. Esto es justamente lo opuesto de lo que pretende alguien que maltrata a su esposa, o que mata a su vecino en su pueblo por una venganza pendiente que se remonta a muchos años. Es justo reconocer, sin embargo, que a veces la distinción dista de ser clara. Es el caso del ladrón de bancos que no duda en matar a los testigos para que no

puedan identificarlo, cuando quizás esa circunstancia podía haberse evitado. De ahí que en este capítulo empleemos el concepto de “común”, para subrayar el carácter no profesional de la violencia, su empleo como mera asistencia a un acto delictivo, sin que alcance nunca el papel protagonista de la escena del crimen. Tal escena, usualmente, implica delitos como el hurto, el robo con violencia o intimidación y el robo con fuerza en las cosas. Las víctimas generalmente son los propietarios de coches, los supermercados y tiendas, los bancos y farmacias, y los viandantes sin suerte (¡al menos en el momento de ser robados!).

12.5.1. La carrera delictiva del delincuente común El concepto de “carrera delictiva” está siendo utilizado con profusión en la bibliografía criminológica actual y aglutina una corriente de investigación muy amplia que se ocupa de los orígenes, desarrollo y finalización de la actividad delictiva de los sujetos. La carrera delictiva se refiere a la secuencia longitudinal de los delitos cometidos por un delincuente durante un período determinado; por eso requiere la verificación de la existencia de una progresión de la actividad criminal a través de diferentes estadio. Un capítulo anterior de este libro se ocupó ampliamente

de este tema, así que no vamos a insistir aquí; simplemente recordemos que, en un extremo, se halla el delincuente que solo comete un delito, mientras que en el otro se encuentran los delincuentes de carrera o crónicos, es decir, los delincuentes que cometen numerosos delitos, algunos de ellos ciertamente graves. Ya que la carrera delictiva por definición implica una progresión en el tiempo, no cabe duda de que los estudios longitudinales están particularmente recomendados para su estudio. Conviene no confundir los conceptos de carrera delictiva y delincuente de carrera. El primero solo pretende describir la secuencia de delitos durante una parte de la vida de un sujeto, y no sugiere que éste sea, necesariamente, un delincuente crónico o persistente. Las carreras delictivas se caracterizan por un comienzo de la actividad delictiva, el final de la misma, y la duración entre ambos puntos. En el transcurso de la carrera, los criminólogos se interesan por comprender varios factores, como la tasa de delitos, el patrón de los tipos de delitos cometidos, los factores asociados a los distintos momentos de comienzo de la actividad delictiva así como a su desistimiento, y otras tendencias identificables. En este sentido, varios términos adquieren especial relevancia. Por un lado, los de prevalencia y frecuencia. La prevalencia o participación, se refiere a la proporción de miembros de una población que son delincuentes

activos en un tiempo dado, y el de incidencia o frecuencia, considera la tasa anual en la que estos delincuentes activos cometen delitos, es decir, caracteriza la intensidad o la tasa de la actividad delictiva de los delincuentes en un tiempo dado (número de delitos por delincuente). Así, el primer término distingue entre delincuentes y no delincuentes, o lo que es lo mismo, cuántos individuos de una población están involucrados en actividades delictivas, y el segundo nos indica qué número de delitos comete un delincuente activo en una unidad de tiempo. Mediante el estudio de las carreras delictivas averiguamos por consiguiente quiénes son delincuentes ocasionales y quiénes frecuentes o crónicos, y por qué ciertos individuos persisten en el delito mientras otros inhiben su implicación en actividades delictivas (Smith et al., 1991). Lo que interesa saber, por lo tanto, es cómo se inician, continúan y finalizan las carreras delictivas (aquí adquieren sentido los conceptos de inicio, “escalación” o incremento en la gravedad de los delitos, especialización delictiva y desistimiento), porque puede ocurrir que en cada una de estas fases estén interviniendo factores causales distintos; es decir, las causas que pueden estar influyendo en la iniciación de un individuo en la actividad delictiva, pueden ser diferentes de las que afectan a la frecuencia con la que delinque, los tipos de delitos que

realiza, o el abandono de sus actividades. En la medida que estas dimensiones de la carrera delictiva sean diferenciadas, se podrán mejorar y profundizar las explicaciones sobre el delito y la delincuencia, ofreciendo líneas preventivas que actúen sobre las constantes identificadas. Dos de los grandes autores en la investigación sobre carreras delictivas son Robert J. Sampson y J.H. Laub, quienes empezaron a colaborar a raíz del descubrimiento en la Universidad de Harvard del archivo perteneciente a la famosa investigación desarrollada por los esposos Glueck en los años 50 del pasado siglo, y que implicó a 500 delincuentes y no delincuentes pertenecientes al área de Boston (ver capítulos 2 y 7). Ambos quedaron fascinados por los datos que encontraron, los cuales incluían una valiosa información de los sujetos hasta los 32 años de edad, así que se dispusieron a reanalizar la investigación de los Glueck mediante el empleo de las modernas técnicas estadísticas. El resultado de esa investigación apareció en el muy influyente libro de Sampson y Laub Crime in the Making (1993), en el que ambos avanzan lo que denominan una “teoría del control social informal según edades” que examina a la vez la continuidad y el cambio en la conducta delictiva a lo largo del tiempo en la muestra originaria de Boston de los Glueck. Mediante el empleo

de los términos “senderos” (pathways) y “puntos de inflexión” (turning points) afirman que a medida que van creciendo los jóvenes así lo hacen sus experiencias con el control social informal, de modo tal que acontecimientos como contraer matrimonio, obtener un empleo estable o entrar en el ejército pueden considerarse, tomados aisladamente o en combinación, como frecuentes elementos decisivos (o “puntos de inflexión”) para la finalización de una actividad delictiva. En el nuevo libro escrito diez años después, Shared Beginnings, Divergent Lives (“Comienzos compartidos, vidas divergentes”), Laub y Sampson (2003) desarrollan las ideas contenidas en Crime in the Making (“Cómo se desarrolla el delito”), apoyándose en nuevos datos obtenidos a partir de los sujetos de Boston seguidos desde su infancia hasta unos impresionantes setenta años de edad. Estos nuevos datos incluyeron entrevistas en profundidad con 52 individuos de la muestra original. Algunas de sus conclusiones todavía hoy son de enorme calado, como su afirmación de que es imposible identificar a los delincuentes de carrera antisocial longeva empleando una aproximación basada en los factores de riesgo, dado que esta no toma en consideración el cambio que acontece a lo largo de la vida. Arguyen que el desistimiento ocurre para todos los tipos de delincuentes en diferentes edades, pero de manera especial en respuesta

a una serie de “puntos de inflexión” o “decisivos” que son responsables de cambios de comportamiento duraderos en el sujeto, como los anteriormente reseñados. Por otra parte señalan que las teorías que intentan explicar el final de la carrera delictiva mediante conceptos como la maduración no son tan ajustadas a los datos como la perspectiva del desarrollo vital (life-course approach), porque esta es sensible al cambio que se opera dentro del individuo en respuesta a un determinado contexto social. Esta idea es una novedad con respecto a su teoría del control social informal graduado por edades, expuesta en Crime in the Making, y añade un énfasis en la toma de decisiones de la persona así como en sus actividades rutinarias, las cuales deberían considerarse junto a los puntos de inflexión explicitados en aquel libro. En resumen, la importante obra de estos autores nos muestra la gran variedad existente en las vidas de los jóvenes que cometían delitos cuando llegaron a vivir su vida adulta, y cómo también las carreras delictivas de aquellos que persistieron en la adultez recorrieron caminos muy diferentes. En su obra seminal Crime in the Making, desarrollan la teoría del control social informal para explicar la conducta delictiva como parte de un trayecto vital (life course). Y mostraron cómo transiciones tan relevantes en el desarrollo vital como obtener un empleo, entrar en el ejército o contraer matrimonio

afectaron para bien el curso del delito, incluso en el caso de los delincuentes juveniles. Otros trabajos posteriores contribuyeron al conocimiento del proceso de desistimiento como un fenómeno gradual, y reafirmaron la importancia de los vínculos sociales. Este énfasis en los controles sociales informales por parte de esta corriente de la investigación —es decir, sobre las convenciones sociales que unen al individuo a la conducta prosocial— ha contrastado con muchas de las políticas contemporáneas focalizadas en la potenciación del control formal y la línea dura de la “ley y orden”. Es aquí donde entra en relación el estudio del desistimiento con los principios de la “justicia de la restauración”. Como han sugerido autores como Bazemore y Erbe (2004), la intervención basada en ella pretende, por encima de todo, acelerar el proceso natural del desistimiento mediante la creación de nuevas relaciones que construyen el capital humano en los delincuentes y el capital social en las comunidades donde éstos hayan de reintegrarse. El resultado final es el cambio del individuo mediante la asunción de una nueva identidad, pasando de verse como un “delincuente” a alguien respetuoso con la leyes, como ha destacado el criminólogo Shad Maruna (2001; Maruna, LeBel, Mitchell et al., 2004). Nuestro punto de vista es que el planteamiento de los

factores de riesgo y la búsqueda de programas eficaces de tratamiento pueden beneficiarse de la investigación cualitativa (o si se quiere menos ortodoxa), que ilustra el análisis del progreso delictivo y su desistimiento, puesto de relieve por estos autores, así como del conocimiento de los efectos en las víctimas, delincuentes y comunidades sacados a la luz por los modelos de trabajo de la justicia de la restauración. Otro ejemplo relevante de esta integración es la propuesta de Robert Agnew (2005) de estudiar las ‘historias’ o ‘argumentos’ (storylines), en la trayectoria vital de los delincuentes, como causas del delito.

12.5.2. El perfil del delincuente contra la propiedad Una manera de dividir los robos es atendiendo a si son de naturaleza personal o comercial. En los robos personales, como su nombre indica, las víctimas son asaltadas por cuanto ellas poseen la propiedad que desea el delincuente. Generalmente son delitos poco planeados, muchas veces realizados para aprovechar una oportunidad, y con frecuencia implican a jóvenes delincuentes que actúan por un botín ciertamente escaso. Por el contrario, los robos a establecimientos o comercios suelen ser más planificados y la ganancia más elevada, lo que provoca más la ambición de ladrones experimentados.

Ahora bien, más allá de esta división básica, podríamos preguntarnos si existen diferentes tipos de autores de robo que pueden ser identificados a partir de la forma en que cometen los delitos. Estudiando a ladrones que emplearon armas (armed robbery), Alison et al. (2000) señalaron que los ladrones tienen roles consistentes, que son parte de su funcionamiento social cotidiano, roles que de algún modo se manifiestan durante la comisión de los delitos. Los autores examinaron las explicaciones dadas por ladrones convictos en entrevistas en profundidad, y encontraron que esos roles se expresaban en los delitos en el grado de planificación (con las categorías proactivo o planificado vs. reactivo o no planificado) y la impulsividad (impulsivo vs. racional) que mostraban en la ejecución de los delitos, lo que, a juicio de Alison et al. (2000), era a su vez reflejo del autoconcepto de los sujetos. Esta idea de que las características de una persona (su psicología, su conducta, el modo de ser y comportarse en la vida) se reflejan en su forma de cometer delitos, es uno de los fundamentos esenciales de la metodología del perfil criminológico, técnica forense que consiste en describir aspectos de la personalidad y del estilo de vida de un autor desconocido de una serie de delitos, fundamentalmente de tipo violento (ver una revisión en Garrido, 2012). Esto es conocido como la asunción homológica, esto es, la idea de que hay una similitud en el modo en que una persona “es” o “vive” y la forma en que

comete sus delitos o crímenes (modus operandi). Woodhams y Toye (2007) quisieron poner a prueba esa hipótesis, y para ello estudiaron a 80 ladrones reincidentes y convictos, cada uno de los cuales fue valorado en dos delitos seleccionados al azar de los cometidos en el periodo 1998-2003 en Inglaterra. Se diseñó una lista de 71 conductas que realizaban en la comisión de los delitos, a partir de la información existente en los informes policiales, conductas que se agruparon en cuatro categorías: selección del objetivo, control, planificación y propiedad. También se registraron características de los delincuentes como edad, etnia, situación laboral, historia delictiva, y distancia viajada desde su casa al lugar del objetivo del robo. Su estudio no confirmó la hipótesis de que esas características, en sus diferentes variaciones, pudieran determinarse a partir de las conductas registradas en el modus operandi. Sin embargo, sí que se observó que existían patrones consistentes en la actuación de los delincuentes, es decir, éstos tendían a reproducir una serie de repertorios, a través de los delitos, que identifican el modus operandi de cada cual. La conclusión, por consiguiente, es que la policía puede tener razón cuando atribuye, en base a su experiencia, ciertos “golpes” a la labor de determinados sujetos o bandas de ladrones, porque en ellos dejan un patrón consistente de actuación.

12.5.3. Psicología del delincuente contra la

propiedad El delincuente común no solo comete delitos contra la propiedad, sino que suele menudear con las drogas, y amenazar con la violencia a sus víctimas si se resisten. Pero su objetivo no es dañar a las víctimas. De ahí que resulte legítimo valorar la psicología del delincuente común en relación a los estudios que se han ocupado de analizar a los delincuentes que, en lo fundamental, han atentado contra los bienes ajenos. Los delitos contra la propiedad suponen generalmente la adquisición ilegal de dinero o de bienes materiales, o bien la destrucción de la propiedad. Si atendemos al modus operandi, los delitos contra la propiedad son semejantes a los delitos violentos en un aspecto psicológico importante: la mayoría de las veces suponen la despersonalización de la víctima, si bien en un sentido diferente. En los primeros, como en el caso del robo en una vivienda, por ejemplo, los delincuentes evitan en lo posible la confrontación con la víctima, de lo que podemos deducir que no se solazan observando el daño psicológico que sufre la persona objeto de su delito. Desde luego, es más sencillo cometer este delito en ausencia de la víctima, ya que el proceso psicológico de la justificación o neutralización del hecho resulta muy facilitado (véase la teoría de D. Matza en el capítulo 6); el delincuente no tiene oportunidad de comprobar los efectos de su conducta en la vida de su víctima, a quien

generalmente ni siquiera la conoce. Y en aquellos casos, como en el robo con violencia o intimidación, en los que sí hay contacto físico con la víctima, la relación es meramente instrumental, para conseguir sin contratiempos el botín del robo. Además del beneficio económico, Sykes (1956) señala que un motivo habitual es el deseo de satisfacer un agravio, y para ello emplea el concepto de privación relativa (véase este concepto también en capítulo 6). La idea es sencilla: para evaluar la motivación económica, no debemos únicamente considerar lo que una persona tiene, sino la discrepancia entre eso que tiene y lo que le gustaría tener. Específicamente, la privación relativa es la distancia psicológica entre lo que la gente percibe que tiene ahora y aquello que, de forma realista, podría llegar a alcanzar. Un elemento clave en la fijación de estas miras económicas es el nivel observado dentro del grupo de referencia del sujeto, con el que se compara. Pero desde el punto de vista psicológico, hace falta un mayor contenido explicativo. El delincuente contra la propiedad, en efecto, dispone también de importantes motivadores cognitivos, los cuales, en forma de expectativas sobre los resultados que se quieren alcanzar con el delito, y sobre la predicción de las consecuencias de sus actos, influyen poderosamente en la toma de decisiones final. El paradigma de la elección racional

presenta a los sujetos como capaces de tomar decisiones racionales a la hora de asumir o no llevar a cabo una acción de riesgo, es decir, destaca la utilidad subjetiva esperada que el actor otorga a cada una de las opciones a tomar. Es común, en esta aproximación teórica, señalar que en esa toma de decisiones intervienen estos factores: la importancia o el valor de los bienes o beneficios que se espera conseguir del delito, la importancia de los costos o riesgos que dicha acción conlleva, y finalmente una estimación de la probabilidad de que sucedan tanto las recompensas como los castigos o costos (por ejemplo, Gruber, 2001). Mediante estrategias de decisión compensadas los sujetos llegan a sopesar toda la información disponible y toman así una decisión sobre si participar o no en una acción de riesgo como es el cometer un delito. Ya vimos en otro capítulo anterior de este libro (capítulo 10), que este modelo fue propuesto por criminólogos como Clarke y Felson para explicar el por qué hay sujetos que se implican en actividades delictivas. Por ejemplo, en un estudio inicial, dentro de esta corriente, realizado en 1986 con gente que robaba en tiendas se constató que, para decidir si cometían los delitos, los ladrones consideraban tácticas, riesgos y posibles costos asociados con los objetos deseados, así como elementos de atracción de los objetos como lo mucho que les gustaban o la necesidad que tenían de ellos (Carroll y Weaver, 1986).

Ahora bien, existen diversos autores que puntualizan que la racionalidad de la gente se halla limitada por constricciones externas tales como tiempo, recursos e información escasos, así como por constricciones internas como un procesamiento cognitivo de la situación deficiente y las emociones que cada sujeto posee (por ejemplo, Kahneman, 2003). Desde esta perspectiva, los individuos emplearían estrategias descompensadas en el momento de tomar una decisión de riesgo como delinquir, en el sentido de que no incluirían información relevante a su alcance. Se trata de una versión de la elección racional más restringida o limitada, que cuenta también con un cierto aval empírico. Por ejemplo, en otro estudio realizado en 1986, Fenney encontró que la mayoría de los responsables de robo a los que investigó dijeron que les motivaba un deseo por obtener dinero, pero también la sensación de excitación que conllevaba el delito, así como, en otras ocasiones, un sentimiento de ira o irritación. Aproximadamente la mitad aseguró que el robo fue producto de un impulso, sin que hubiera una planificación previa, y casi dos terceras partes dijeron que no habían pensado en los riesgos que se derivaban de esa acción, como el ser capturados. Trabajos más recientes han establecido que delincuentes responsables de robos en casas o tiendas emplean muchas veces estrategias de decisión rápidas y poco complejas, basadas generalmente

en un solo elemento o aspecto, como si la casa está vacía, antes de decidirse a cometer el robo (García-Retamero y Dhami, 2009). Otras investigaciones realizadas con jóvenes responsables de actos antisociales o irresponsables, como uso de alcohol y drogas o el sexo sin protección, han añadido más peso a esta visión restringida de la toma de decisiones racional, al señalar que aquéllos prestan atención a los resultados positivos del comportamiento que esperan obtener, y muy poca a los posibles costos implicados en dichos actos (por ejemplo, Parsons et al., 2000). Con objeto de investigar esta cuestión, es decir, si los jóvenes toman en consideración tanto los beneficios y los costos implicados en la decisión de riesgo de cometer un delito, como las probabilidades asociadas a estos resultados (modelo amplio de la toma de decisiones racional), o bien emplean solo unos pocos de estos factores (modelo restringido), Dhami y Mandel (2012) realizaron un estudio en el que pidieron a estudiantes universitarios que explicaran sus decisiones mientras contestaban a una serie de preguntas relativas a unas situaciones hipotéticas que suponían la comisión de un delito. Los resultados apoyaron la perspectiva restringida del modelo de la elección racional, ya que las decisiones acerca de cometer o no el delito (como conducir bajo los

efectos del alcohol, robar un objeto o falsificar una firma en un documento) fueron predichas por el valor percibido de los beneficios que esperaban obtener, sin que fueran importantes en esa toma de decisiones las probabilidades existentes de que tuvieran éxito en salirse con la suya o en evitar de los costos implicados en las mismas. Se desprende de lo anterior que la autorregulación, incluyendo aquí tanto los refuerzos como los castigos que el sujeto se administra a sí mismo, en forma de expectativas de resultado autogeneradas, puede jugar un papel de primer orden en muchos delitos contra la propiedad. En otras palabras: la capacidad que tenga un sujeto de pensar en las consecuencias de sus actos puede marcar la diferencia entre decidir cometer un delito o abstenerse de hacerlo. Y por supuesto, el pensamiento es lo que permite justificar o racionalizar el delito, lo que claramente contribuye al mantenimiento de esa conducta (Dhami y Mandel, 2012).

12.5.4. El delincuente que emplea la violencia para robar ¿Difiere el delincuente contra la propiedad que rehúsa la violencia en la medida de lo posible, de aquél que la emplea como una herramienta necesaria para cometer el delito? La imagen más frecuente de este tipo delictivo es la del atracador, ya sea de un establecimiento o de una

persona en la calle. Para Walsh y Ellis, los atracadores son “los más atrevidos y peligrosos de todos los delincuentes”. Y más adelante: “Las entrevistas con estos sujetos muestran que son los menos educados, temerosos, y los más impulsivos y hedonistas de los delincuentes” (2007: 304). En su opinión el robo con violencia es un medio idóneo para alcanzar un alto estatus en la cultura marginal de la calle y entre los propios compañeros de delito. Por otra parte, el uso de la violencia disminuye la necesidad de realizar una planificación cuidadosa para evitar un posible enfrentamiento agresivo con la víctima; bien al contrario, aquí el individuo puede confiar en la ventaja que proporciona el arma para lograr la rápida aquiescencia de la víctima a sus deseos. En muchos aspectos podríamos decir que el delincuente violento contra la propiedad comparte características tanto del deseo hedonista típico de todos los delincuentes contra la propiedad como de la peculiar psicología de los delincuentes violentos, donde el sentido de arrogancia y la actitud de lograr el respeto de los demás mediante la violencia juegan un papel relevante (Fox y Farrington, 2012; Fisher, 2010). Estos individuos tienen una menor capacidad de empatía y unos valores más antisociales que los convictos por robos donde la violencia no era una opción, quienes parece que establecen unos límites que no están dispuestos a traspasar por conseguir un beneficio

ilegítimo (una discusión sobre el grado de violencia y la empatía aparece en de Waal, 2011). Fox y Farrington (2012) realizaron una investigación sobre 405 ladrones de casas o establecimientos que habían sido condenados en el Estado de Florida (EE.UU) en los años 2008 y 2009. Hallaron, en línea con lo reseñado hasta ahora, que existía un grupo claramente más violento que el resto, donde la ira formaba parte de la motivación para irrumpir en el hogar, estando éste muchas veces ocupado por sus moradores en el momento de la intromisión: “podemos asumir que los ladrones que emplean la violencia interpersonal son agresivos y tienen deseos de enfrentarse a los moradores, lo que sumado a su sentimiento de que van a quedar impunes explica que lleven a cabo este tipo de conductas de riesgo” (2012: 1604). También hemos de tomar en consideración que parte de esta delincuencia se lleva a cabo en bandas, juveniles y adultas, lo que añade a las características de la psicología individual facilitadoras de estos hechos los efectos de la presión de grupo y la identificación con una subcultura delictiva, donde determinados hechos delictivos violentos pueden tener el carácter de un rito o condición de pertenencia (por ejemplo, en las bandas delictivas juveniles que se han estudiado en el capítulo 6 de este libro).

Finalmente es importante recordar que la adicción a las drogas y el consumo abusivo de alcohol son facilitadores de la violencia. Por ello, un delincuente que participe en tales adicciones tiene más facilidad para recurrir a la violencia como forma de obtener un beneficio ilegítimo mediante el robo violento. Además, el alcohol y la droga generan delincuentes incompetentes para los robos “pulcros”, en que la violencia no aparezca como una opción, debido a la situación de deterioro cognitivo que producen y a la necesidad más apremiante para disfrutar del dinero robado. PRINCIPIOS CRIMINOLÓGICOS Y POLÍTICA CRIMINAL 1. Muchos jóvenes cometen hurtos, pero la mayoría no se implica en robos ni continúa con esta actividad delictiva cuando abandona la adolescencia. Solo los que cuentan con importantes factores de riesgo seguirán delinquiendo en la edad adulta, actuando con mayor persistencia y gravedad. 2. Muchos de los hurtos en tiendas y comercios son cometidos por sujetos aficionados, o por jóvenes que luego no se dedicarán a delinquir. Esto implica que, en esos escenarios, las medidas preventivas ambientales, es decir, que desaniman la comisión del delito al dificultar su realización, son las más efectivas para los aficionados. En el caso de los profesionales, estas medidas han de combinarse con las de tipo penal. 3. Si bien ciertos sujetos mantienen un alto potencial delictógeno hasta bien entrada la madurez, lo cierto es que la gran mayoría de los delincuentes adultos abandonan el delito en el decenio de los 30 años. Hay un proceso de desistimiento natural de la carrera delictiva, que puede obedecer a factores psicológicos y sociales, es decir, al establecimiento de vínculos convencionales como el matrimonio o la obtención de un empleo (Sampson y Laub), o bien a factores legales (el efecto de los castigos sucesivos). Estos efectos han de ser potenciados. En el caso de las penas, es preferible y más efectivo —como ya dijera Beccaria— que éstas sean más ciertas pero de corta duración. 4. De lo anterior se desprende que una política de prevención eficaz debería orientarse a fortalecer los vínculos positivos que un joven mantiene con la comunidad: apoyar su integración en la escuela y su autoconcepto como alguien

respetuoso con la ley aparecen como elementos claves en evitar una implicación en el delito en la edad adulta. 5. Los delincuentes comunes emplean técnicas de justificación (neutralización) del delito; ello, juntamente con los beneficios económicos y sociales derivados de la conducta delictiva, explica que la delincuencia se mantenga en el tiempo, y por qué la acción penal no es una respuesta suficiente para terminar la carrera delictiva. 6. Junto a esto hay que recordar que los delincuentes no siempre son tan racionales como el modelo de la Elección Racional sugiere. La investigación señala que hay una enorme variabilidad en este punto: algunos delincuentes profesionales pueden ser muy calculadores de los beneficios y costos de implicarse en un delito, pero para muchos delincuentes parece que la toma de decisiones está sesgada en favor de un modelo limitado o simplificado, donde el interés parece ponerse solo en los resultados (beneficios) positivos esperados, y no en la probabilidad real de que tales beneficios se produzcan o en los costos implicados. CUESTIONES DE ESTUDIO 1. ¿Cuál es el delito por excelencia en España? 2. ¿Qué métodos existen para estudiar el fenómeno del robo en tiendas y almacenes? 3. ¿Cuáles son las zonas urbanas de mayor riesgo de sufrir robos y hurtos? 4. ¿Qué conclusiones pueden extraerse de las entrevistas realizadas a ladrones profesionales? 5. ¿En qué consiste la llamada “toma de decisiones racional limitada o simplificada”? 6. ¿Qué podrías concluir acerca del perfil del delincuente contra la propiedad? 7. ¿Qué puede resumirse sobre la psicología del delincuente contra la propiedad? 8. Extrae las principales conclusiones relativas a las motivaciones de los delincuentes que roban en tiendas y a las características de los que emplean la violencia en los robos. 9. ¿Puedes pensar en algunos ejemplos de la ficción (películas o novelas) donde los delincuentes contra la propiedad actuaran de un modo muy racional, y otros donde actuaran desafiando a la razón, es decir, sin meditar nada sobre riesgos y beneficios?

1 Klein (1989) y Junger-Tas (ed.) (1994), presentan datos de varios países comparables con los de España. Una encuesta más cualitativa, con más detalle sobre la delincuencia en un contexto cultural, puede encontrarse en Gold (1970). 2 Véanse, por ejemplo, las encuestas anuales de EE UU sobre la delincuencia y la justicia, resumidas en Sourcebook of Criminal Justice Statistics, 1994:

263. 3 Ver Ministerio del Interior, Evolución de la Criminalidad 2010. www.mir.es 4 Datos basados en encuestas de victimación en ambos países (Stangeland, 1995: 95). El censo oficial de personas y hogares presenta cifras más bajas para España, pero también para países del norte, así que se mantiene la diferencia. 5 Anuario Estadístico del Ministerio del Interior 1996: 93. En los últimos años no se han facilitado datos sobre el uso de armas según tipo de atracos. 6 Juzgado años después de los hechos debido a la acción promovida por la acusación particular que representaba a los dos asaltantes fallecidos, el hombre que les disparó fue declarado inocente al haber actuado en legítima defensa.

13. DELITOS Y DELINCUENTES VIOLENTOS 13.1. ¿ES ESPAÑA UN PAÍS VIOLENTO? 609 13.2. MODALIDADES DE LA VIOLENCIA 612 13.2.1. Las lesiones 612 13.2.2. Los homicidios 614 13.2.3. El asesinato 616 13.2.4. Asesinos Múltiples 617 A) Tipos de Asesinos en Serie 622 B) Asesinos en serie psicópatas y psicóticos 623 C) Los tiradores de la autopista (beltway snipers) 624 D) Entre la psicopatía y la psicosis: Jeffrey Dahmer 626 13.3. VIOLENCIA Y CULTURA 628 13.3.1. La violencia en la cultura española 628 13.4. LOS DELINCUENTES JUVENILES VIOLENTOS 632 13.4.1. “Grupos desviados de jóvenes” o bandas juveniles 634 13.4.2. Las bandas juveniles en España 636 13.4.3. Un futuro incierto 638 13.5. UN CASO PECULIAR DE DELINCUENCIA VIOLENTA: LA PSICOPATÍA 639 13.5.1. El delincuente psicópata 640 13.5.2. Los dominios del psicópata 644 13.5.3. Psicópatas: ¿agresores únicos? 646 13.5.4. Psicopatía y violencia contra uno mismo y contra los otros 648 13.5.5. Psicópatas primarios y secundarios 650 13.5.6. La tríada oscura 652 13.5.7. Tratamiento del psicópata 654 PRINCIPIOS CRIMINOLÓGICOS Y POLÍTICA CRIMINAL 655

CUESTIONES DE ESTUDIO 656

El código penal español define muchas actividades que en la vida diaria se consideran violentas, por ejemplo: • Homicidio (matar a otro) art. 138. • Asesinato (homicidio cometido con circunstancias agravantes, art. 139). • Homicidio imprudente (causar la muerte por imprudencia, art. 142). • Lesión corporal (daño que requiere tratamiento médico, art. 147). • Falta de lesión (lesión que no requiere más que una asistencia médica temporal, art. 617. • Lesión imprudente, por ejemplo, en accidentes de tráfico (art. 621). • Amenazas y coacciones (arts. 169-171 y 620).

El Grupo de Estudios Avanzados en Violencia (GEAV) de la Universidad de Barcelona, que lideran los profesores Antonio Andrés Pueyo y Santiago Rendondo, desarrolla y promueve la investigación en predicción, prevención y tratamiento de la delincuencia. De izquierda a derecha, Karin Arbach (Investigadora, y actualmente Profesora de Criminología en la Universidad de Córdoba, Argentina), David Gallardo (Profesor de Psicología), Marian Martínez (Profesora de Criminología), Esther Álvarez, Meritxell Pérez (actualmente Profesora de Criminología en la Universidad Europea de Madrid), Antonio Andrés Pueyo (Catedrático de Psicología de la Personalidad y Director del GEAV), Mónica Antequera y Santiago Redondo (Profesor de Criminología e Investigador Principal del GEAV). También forman parte del GEAV los siguientes investigadores y profesores que no aparecen en esta foto: Ana Martínez Catena, David Cuaresma, David Férez, Lucía Columba y Nina Frerich.

Una distinción tradicional en criminología relacionada con la violencia es la que separa la violencia reactiva de la violencia proactiva o instrumental. La violencia instrumental se refiere a aquella que se emplea como medio para conseguir otra meta, como la venganza, dinero o el control de la víctima para abusar de ella (por ejemplo, en términos sexuales). En cambio, la violencia reactiva se ejerce como respuesta a una amenaza percibida o una provocación (en inglés se denomina como “hot violence”, en comparación con la proactiva, que se designaría como “cool violence”). Se ha señalado que esta distinción — aunque cuenta con detractores habida cuenta de que los sujetos pueden incurrir en una u otra de acuerdo con la situación— puede ser de utilidad en diferentes sectores de la criminología aplicada como el perfil criminológico, el

tratamiento de delincuentes violentos, y la predicción del riesgo de reincidencia. En este capítulo nos ocupamos de la delincuencia violenta en cuanto realidad social de los países, pero también en cuanto a la tipología delictiva, prestando especial atención a los asesinos múltiples, psicópatas y delincuentes juveniles, tanto en un sentido individual como en su manifestación en forma de bandas delictivas.

13.1. ¿ES ESPAÑA UN PAÍS VIOLENTO? Comparado con otros países, ¿es España un país violento? Probablemente el delito que mejor represente el concepto de violencia en una sociedad es el homicidio, aunque la percepción de seguridad ciudadana se relacione también con el delito menos grave, el cual es más visible y frecuente. Los datos sobre homicidios en el mundo proceden de tres fuentes. Los datos policiales los compila INTERPOL. Sin embargo, esta estadística, aparte de ser confidencial, está llena de errores y omisiones. La segunda fuente es la ONU, que integra los datos procedentes de la policía y de la justicia de sus estados miembros. A pesar de que éstos utilizan un cuestionario con categorías bien precisas, hay muchos países que no participan, y los datos llegan con mucho retraso. Desafortunadamente, España se encuentra entre los países que no aporta la información requerida.

La tercera fuente es la Organización Mundial de Salud, que aglutina estadísticas mundiales sobre causas de muerte, incluyendo la muerte violenta1. Estos datos proceden de los certificados de defunción firmados por los médicos, y reflejan la realidad de la violencia, independientemente de cómo funcionen la policía y los juzgados. La información resultante confirma que los continentes de África y América son los más violentos, con cifras tres veces más altas que las de Asia y Europa (OMS, 2002). Si nos limitamos a estudiar a los países europeos, encontramos una fuente de información muy fiable en el “European Sourcebook of Crime and Criminal Justice Statistics” (2010). Sus autores han dedicado mucho tiempo a establecer categorías comparables y hallar datos de cada país, e incluyen a España. La última edición publicada, correspondiente a 2010, analiza los delitos hasta el año 2007. Atendiendo a los homicidios que resultan en el fallecimiento de la víctima —dado que la definición de una tentativa de homicidio puede variar en las diversas naciones, mientras que los homicidios consumados en Europa normalmente tienen un registro muy fiable—, vemos que España se encuentra entre los países con menos homicidios. En el año 2007, España presentaba una tasa de 1,1 homicidios por 100.000 habitantes. Solo Noruega (0,6), Austria (0,6), Suiza (0,7),

Islandia (0,7) y Alemania (1,0) tenían índices más bajos. En la parte alta de este ranking estaban Estonia (7,1) y Lituania (7,4) (no hay datos de Rusia). Finlandia, país ubicado en la zona geográfica de más alto bienestar de Europa, presentaba 2,9, siendo seguido de Turquía (2,5). El Reino Unido con Gales registraba 1,4, Irlanda 1,7 y Escocia 2.3. Francia tenía un índice de homicidios consumados de 1,6 por 100.000 habitantes. Italia, por su parte, ostentaba el mismo índice que España, aunque no aparecía su valor para 2007: tanto en 2005 como en 2006 era de 1,1. En el cuadro 13.1 puede verse la estabilidad de las cifras de los homicidios en España en el periodo 2007-2011, en cuatro comunidades autónomas. Después de un pico moderado en 2010, los valores volvieron a descender en 2011. Es interesante constatar que la crisis económica que vive el mundo y España de modo notable no parece haber afectado la incidencia de los homicidios: los valores de 2011 son muy parecidos a los de 2007, un año antes que comenzara dicha crisis. CUADRO 13.1. Homicidios en España entre 2007 y 2011

Fuente: Ministerio del Interior y El País, 17-6-2012

Existen también datos policiales comparativos sobre los delitos de lesiones, más frecuentes que los homicidios y, quizás por ello, al margen de la percepción pública, más indicativos del nivel de violencia del país. Esta comparación también indica una posición favorable para España; y ocurre lo mismo si recurrimos a los datos tomados de encuestas a la población. Analizando las respuestas a la pregunta sobre las agresiones físicas, España se encuentra otra vez en una posición intermedia. Los delitos violentos más graves (homicidios, violaciones y agresiones físicas con daños corporales) no se pueden registrar con precisión por medio de entrevistas, por lo cual hay que fiarse de las estadísticas policiales y judiciales. Sin embargo, da igual si nos apoyamos en encuestas o en datos policiales, porque la conclusión es la misma: España no es un país más violento que sus vecinos. Las dos fuentes de información (datos policiales y entrevistas a la población) también coinciden en que la composición de la violencia es distinta en nuestro país: España tiene tasas muy bajas en homicidios y otros delitos contra las personas, comparables con los países más pacíficos del mundo. Sin embargo, las cifras de violencia instrumental, especialmente el robo con violencia, son muy elevadas.

13.2. MODALIDADES DE LA VIOLENCIA 13.2.1. Las lesiones La utilización consciente de la fuerza física contra el cuerpo de otra persona puede producirse en varios tipos de situaciones, y con consecuencias variadas. Presentamos unos ejemplos procedentes de encuestas sobre agresiones físicas2: “El encuestado, sin querer, tiró la cerveza a otro chico y éste último empezó a golpearle y a empujarle”. “Discutió con el dueño de la pensión donde se alojaba por el ruido que hizo al llegar. El dueño le golpeó rompiéndole el tabique nasal”. “La encuestada iba con otras dos personas por la calle y su exmarido las atacó por la espalda, golpeándola a ella con un hierro e hiriéndola en el labio”.

Estos ejemplos ilustran la diversidad de sucesos en que pueden producirse las lesiones. Algunos son peleas nocturnas: la víctima y el agresor acostumbran a ser varones jóvenes, suele haber mucho alcohol por medio y a veces resulta muy difícil dilucidar quién es realmente el agresor y quién la víctima. Otros son conflictos donde la víctima es una mujer y el agresor su marido, ex-marido o compañero. Un estudio de la ciudad de Valencia La primera investigación española que intentó analizar las distintas modalidades de la violencia fue realizada por

Montoro, Garrido, Carbonell y Luque (1987) en la ciudad de Valencia. Con tal fin se analizaron todos los casos de lesiones, de los que la Policía Nacional tuvo conocimiento, ocurridos en Valencia desde febrero hasta octubre de 1984. El procedimiento fue el siguiente. Por cada denuncia de lesiones presentada en cualquier comisaría, que incluía partes enviados por centros asistenciales y, como es lógico, las pesquisas originadas por la propia labor policial, sin que mediara una denuncia anterior, el grupo de homicidios de la brigada regional de la policía judicial, cumplimentaba un cuestionario creado ad hoc. Por tanto, una buena parte de los datos, sobre todo descriptivos, fueron proporcionados por el propio denunciante y por el agresor. Estos datos se cumplimentaban conforme la investigación sobre el hecho iba avanzando; realizándose, cuando era necesario, consultas a los archivos policiales. También se tuvieron en cuenta otros tipos de delitos en los que, de forma intencional, los autores habían causado lesiones a sus víctimas como medio para obtener otro fin, que en principio no era el de causar una lesión, la llamada violencia instrumental (robo con lesiones, etc.). Durante estos nueve meses se registraron un total de 566 hechos violentos de los cuales en 561 la víctima resultó lesionada y en los 5 restantes falleció. El número total de víctimas ascendió a 628 y el de agresores a 779.

En cuanto a los resultados, algunos de los más sobresalientes fueron los siguientes. En relación al hecho violento, la discusión aparece como motivo principal para lesionar, ya que el 68% de las lesiones nacieron de una disputa. En la vivienda la discusión es, por excelencia, el origen de las peleas, y las mujeres suelen ser sus víctimas. Nada menos que el 93% de los hechos acaecidos en la vivienda tienen como móvil una disputa. Y las víctimas, en el 78% de los casos, son mujeres, en contraste con un 22% de víctimas femeninas en lugares públicos. En la actualidad muchos de esos hechos estarían incluidos en la categoría de la violencia de género. Con respecto al agresor del delito violento, es generalmente varón (90%), joven, soltero (82%), con pocos estudios y escasos recursos económicos. Los jóvenes solteros menores de 21 años de edad agreden prioritariamente en los lugares públicos (76%), en los fines de semana, y utilizan armas. Sin embargo, el agresor en la vivienda es de más edad y suele ser casado (66%). La mayor parte de los agresores no tienen antecedentes (73%), pero los que sí tienen, causan lesiones de más gravedad y participan fundamentalmente en hechos motivados por el lucro. El cuadro 13.2 muestra los tres escenarios, identificados en este estudio de Valencia, de violencia física: • La vivienda, donde destacan las peleas entre parientes,

y donde la víctima, en tres de cada cuatro casos, es una mujer. • Bares y discotecas, donde conocidos o desconocidos disputan y se agreden. • La vía pública, donde hay más sucesos entre extraños que entre conocidos. Se observa que la relación entre las partes es distinta en estos tres ámbitos. En todos los casos, el consumo de alcohol tiene un efecto importante como desencadenante de la violencia. CUADRO 13.2. Relación agresor-víctima en casos de lesiones

13.2.2. Los homicidios

¿Quiénes son los que matan? Antes de entrar a analizar este punto, debemos llamar la atención sobre el suicidio, cuyas cifras suelen ser superiores a las que presentan los homicidios. Aunque las cifras de suicidios en España también son bajas comparadas con las de otros países europeos, es notable señalar que aproximadamente hay seis suicidios por cada homicidio, de lo que se concluye que el peligro más grave para la propia vida se encuentra muy cerca de uno mismo. En el año 2011 hubo 1.238 homicidios, de los cuales 441 se consumaron y 797 quedaron solo en intento (INE, 2012). En los homicidios, la violencia suele dirigirse prioritariamente contra las personas más cercanas: la pareja, los padres o los íntimos amigos. A continuación se sitúan los vecinos y conocidos, y después los desconocidos. La violencia “inexplicable”, procedente de un desconocido, es poco frecuente (Walsh y Ellis, 2007). En la gran mayoría de las situaciones, los implicados se conocen, y la violencia surge como forma de “resolver” un conflicto entre ellos (Cerezo, 1998). Es difícil llegar a un perfil criminológico que distinga los casos de homicidio de los demás casos violentos. Muchos de los condenados por homicidio consumen alcohol en exceso, son impulsivos, proceden de una familia violenta, o tienen antecedentes penales. Sin

embargo, este perfil genérico podría servir para clasificar a todas las personas que suelen meterse en riñas y peleas, cuyo resultado suelen ser lesiones de gravedad variada y no el fallecimiento de la víctima. Por tanto el desenlace fatal en ocasiones depende de factores poco vinculados a la personalidad del autor. Para entender los homicidios hace falta integrar las teorías sobre la personalidad del agresor y las teorías situacionales. Quizás todos hemos tenido ganas de matar a alguien alguna vez; sin embargo, para la mayoría de nosotros nuestro autocontrol ha sido suficiente para reprimir esa acción, pero para otros, ¡los “problemas prácticos” de llevarlo a cabo les han hecho desistir! Por eso, aparte del estudio de la personalidad del autor y la actuación de la víctima, también hay que estudiar la situación concreta donde se desarrolló el hecho. Un factor situacional importante es, sin duda, la disponibilidad de un instrumento que pueda acabar con la vida: cuchillo, arma de fuego, navaja, etc. Así, en Norteamérica, donde la disponibilidad de pistolas y otras armas de fuego está muy generalizada, los homicidios son más frecuentes, mientras que en España, donde escasamente circulan armas cortas (fuera del ámbito militar y del mercado negro) el número de muertes por homicidio es mucho más reducido. En efecto, en España lo más común es el homicidio con

arma blanca. La existencia de un arma de fuego multiplica el riesgo de que la víctima fallezca. Así, en aquellos lugares donde existe mayor oportunidad para el tráfico de drogas o para actividades delictivas vinculadas con el crimen organizado, las armas de fuego tienen una mayor presencia en los homicidios. Es el caso de Málaga, donde los homicidios con armas de fuego suman el doble que el resto de España, llegando a constituir un tercio del total, una tasa muy superior a la media nacional (Ramos, 2011). Escultura representando la lucha encarnizada entre dos seres humanos.

Todo lo visto anteriormente (ámbito familiar, sexo de agresor y víctima, ausencia de armas de fuego) viene a ratificar la hipótesis de que en la mayoría de los homicidios se actúa sin premeditación y alevosía. Son actos espontáneos, motivados por celos, riñas, etc., es decir, actos de violencia reactiva o emocional.

13.2.3. El asesinato Aunque no dominan numéricamente, también se producen asesinatos y homicidios donde el autor actuó con premeditación. Se pueden clasificar los asesinatos en varias subcategorías: Causas políticas o religiosas. Aquí se incluyen los actos de terrorismo, fenómeno al que dedicaremos un capítulo

más adelante. Asesinos múltiples en un solo acto (mass murderers). Aunque el autor de matanzas pueda ser calificado de enfermo mental, su actuación tiene cierta “lógica”. Con mucha frecuencia se trata de una venganza contra su familia, su pueblo, o sus colegas o amigos. La acción suele ser premeditada, y suele buscarse que muera el mayor número de personas posible. Es frecuente que termine con el suicidio del autor. “Spree killers”. Este término americano, de difícil traducción —pero que en ocasiones se transcribe como “asesino en cadena” o “itinerante”—, abarca situaciones donde un crimen, por ejemplo un atraco a un banco, ha acabado mal, los autores del atraco han utilizado las armas para poder escapar, y en su desesperación siguen matando en su fuga posterior. Un asesinato más o menos importa poco en una situación donde todo ya está perdido. Ahora bien, tal denominación se aplica generalmente a los individuos que matan por el hecho de hacerlo, sin necesidad de que haya un móvil material o que tal acción homicida sea el resultado inesperado de un delito anterior. La idea general es que alguien mata a varias personas en una misma secuencia temporal, aunque dicha secuencia pueda tener ciertas interrupciones, y acontezca en diversos lugares. Es decir, el asesino se desplaza matando. Asesinos en serie. En la gran mayoría de los casos de

homicidio, parricidio y asesinato, la policía puede identificar al autor sin grandes investigaciones. Por la cercanía entre víctima y autor, y la existencia de testigos y pruebas materiales, no suelen existir dudas fundadas sobre quién lo ha hecho, por lo que aproximadamente un 90% de los homicidios se aclara. Los casos de película no tienen mucha relación con los casos que la brigada policial de homicidios encuentra. Sin embargo, quedan por resolver un 10%. Estos homicidios no necesariamente han sido cometidos con más profesionalidad, sino que puede que la investigación judicial se realizara de forma inadecuada debido a varios motivos: por empezar demasiado tarde, por no precintar el lugar del hecho hasta que se realizó la inspección ocular, por centrarse demasiado en una línea de investigación sin atender debidamente a otras alternativas, etc. En unos pocos casos ocurre que una persona, por motivos sádicos, sexuales, o por alcanzar el éxtasis emocional que algunos individuos podrían pretender como resultado del hecho de matar, asesina a un desconocido y logra no ser identificada. El éxito obtenido al salir impune de su crimen, da lugar a ilusiones de grandeza y sentimientos de plenitud, y el autor repite. Tradicionalmente, suele requerirse la existencia de tres víctimas para que el individuo entre en ese grupo “selecto” de asesino serial, pero en los últimos años

algunos autores apoyan la idea de que dos sería un número ya suficiente (Garrido, 2012). En estos casos, el autor puede tener una inteligencia por encima de lo normal, pero son los menos; en contra del estereotipo, los casos más recientes de asesinato serial en España (El cuidador de Olot, Remedios Sánchez, el Asesino de la baraja, Tony King, etc.) no evidenciaron una inteligencia sobresaliente, aunque sí una fría determinación de seguir con los planes (un estudio de estos asesinos aparece en Garrido y López Lucio, 2006). Son mucho más comunes otros rasgos como una personalidad trastornada (típicamente una psicopatía), preparar los asesinatos con cierta premeditación, tener algo de conocimiento de las pesquisas policiales y cómo evitarlas, y saber permanecer bastante tiempo sin despertar sospechas (ver más adelante). Sin embargo, ocurren poco casi quinientos homicidios consumados al año en España y solo unos pocos se pueden atribuir a este perfil de autor. Vamos a ocuparnos con mayor detenimiento de estos asesinos, bajo el epígrafe general de “asesinos múltiples”.

13.2.4. Asesinos Múltiples A pesar de que no siempre es fácil discriminar entre los diferentes tipos de asesinos múltiples, para propósitos didácticos y de investigación criminal hay que señalar que el asesino en serie es solo un tipo de asesino múltiple. La

mayoría de las definiciones del asesinato serial incluyen tres elementos: el número de víctimas, el tiempo y la motivación (Keeney y Heide, 1995). El número de víctimas requerido ha variado según diferentes autores, nada menos desde las dos hasta las diez víctimas. Así, la definición original del FBI planteaba dos o más homicidios separados, cometidos por el mismo delincuente (FBI, 1994). A partir de 1998, el FBI ha cambiado ese criterio, y ahora exige tres homicidios. No obstante, ciertos autores mantienen la idea de que dos homicidios deberían bastar para cualificar a alguien como asesino en serie; Turvey (2002) es de esa opinión, sin embargo, la definición más extendida incluye “tres o más víctimas”, como señalábamos anteriormente. Por lo que respecta al elemento temporal, se distingue, en primer lugar, entre homicidio múltiple de grupo u homicidio múltiple en un solo acto (mass murder), que define el hecho de varias muertes ocurridas en una misma unidad de tiempo y de espacio, el homicidio en serie, en segundo lugar y, en tercer lugar, el homicidio “itinerante” o “frenético” (spree homicide), en ambos de los cuales el criminal mata a lo largo del tiempo, en diferentes lugares. Estos dos últimos tipos de homicidio suelen distinguirse en función de si el delincuente ha experimentado un “enfriamiento emocional” (emotional cooling-off) entre los delitos. El asesino en serie experimenta ese periodo de

cadencia, esa frialdad emocional, mientras que el asesino itinerante o “frenético” no la sufre (Greswell y Hollin, 1994). En todo caso, parece obvio que el asesino en serie puede actuar en tiempos muy separados entre sí, mientras que el asesino itinerante, si tiene que mantener el “tono emocional” adecuado para matar, no puede demorarse mucho. De ahí el término “frenesí” (spree): se entiende que hay una ligazón de unidad temporal entre las diferentes muertes, aunque haya un tiempo de separación entre ellas. El cuadro 13.3 ilustra esas diferencias. En relación con la motivación, se ha solido argüir, para el caso del asesinato serial, la gratificación sexual o la gratificación psicológica interna (Egger, 1998), pero en buena medida se trata de algo que todavía ha sido estudiado de manera muy escasa, y no siempre resulta claro lo que motiva a este homicida, al homicida múltiple de grupo o en un solo acto y al homicida itinerante o “frenético”. La mayoría de las definiciones del asesinato serial excluyen homicidios cometidos en conexión con el servicio militar, el terrorismo político o el crimen organizado (Keeney y Heide, 1994). Cuadro 13.3. La clasificación de los asesinos múltiples, en función del tiempo, el lugar, y el “enfriamiento emocional” entre los crímenes (cooling-off)

El homicida múltiple en un solo acto parece más claro en su separación del asesino en serie. Su definición es la de alguien que mata a tres/cuatro o más víctimas durante un único episodio. Las noticias, generalmente provenientes de Estados Unidos, nos han familiarizado con la imagen de este homicida, que saca un revólver y dispara en una escuela o un restaurante. No obstante, de nuevo el tipo habitual de homicida de grupo que se representa en los medios de comunicación no coincide en muchos aspectos con la realidad. Por ejemplo, más habitual que el caso del solitario que tirotea a un grupo de gente desconocida son otros escenarios de homicidio

grupal, como por ejemplo el empleado resentido que dispara a su jefe y compañeros de oficina, el ex esposo que mata a su familia y luego se suicida, y los estudiantes que tirotean a profesores y compañeros (o excompañeros) de instituto o universidad (singularmente en Estados Unidos). De este modo, los motivos para el homicidio múltiple varían, y en muchas ocasiones aparecen la venganza y el odio, aunque también la codicia tiene su lugar. Las víctimas pueden ser seleccionadas individualmente, como miembros de una categoría o grupo particular (por ejemplo, “empleados de tal empresa”, “hombres de tal raza”, etcétera) o de modo enteramente al azar. Contrariamente a la creencia popular, los homicidas de grupo no suelen atacar generalmente a extraños que tuvieron la desgracia de estar en “el sitio equivocado en el momento equivocado”, sino que, en un 50% de los casos, entre los afectados por la masacre están familiares, amigos o compañeros de estudio o de trabajo del homicida. De acuerdo a Fox y Levin (2003), los siguientes factores parecen contribuir al homicidio múltiple en un solo acto (ver también, Levin, 2008): 1. La frustración. Este homicida padece de una larga historia de frustración, generalmente desde la infancia, conjuntamente con una incapacidad creciente para hacer frente a los problemas y al concepto de sí mismo

negativo. Como consecuencia de ello, este tipo de persona puede desarrollar una condición de depresión profunda y permanente, lo que explicaría que muchos de estos homicidas se encuentren en una edad media, cuando ya han tenido la oportunidad de saborear muchos momentos amargos. 2. Externalización de la responsabilidad. Muchas personas que se suicidan se castigan a sí mismas por sus desgracias o frustraciones, pero si uno cree que la culpa está en los otros, el resultado puede ser desear matar a otros por las injusticias recibidas. 3. Una pérdida catastrófica. En muchas ocasiones estos sujetos sufren una pérdida repentina, o temen sufrirla, que a sus ojos adquiere el nivel de catástrofe. El caso habitual es la separación de una mujer o la pérdida de un empleo. El hecho de que la mayoría de estos homicidas sean hombres, destaca este fenómeno, ya que suelen ser éstos los que se ven expulsados de su hogar o los que más ven mermada su imagen personal cuando son despedidos de un empleo. 4. Contagio. En ocasiones el homicidio grupal es el resultado de un fenómeno de imitación o contagio de anteriores homicidios múltiples, algo que se ha comprobado en sucesos de tiroteos en los institutos de enseñanza. Por ejemplo, el famoso tiroteo en Columbine, Colorado, parece que fue inspirado por

otro anterior acaecido en el Instituto Frontera del Lago Moses, en el estado de Washington, en el que un adolescente de 14 años sacó un rifle de debajo de su abrigo y disparó a su profesor y a sus compañeros de aula. 5. Aislamiento social. Es cierto también que muchos homicidas múltiples viven solos, sin apoyo emocional y muchas veces sin recursos para llevar una vida confortable (no decimos que vivan en situaciones de indigencia), lo que podría aumentar su sentimiento de frustración, injusticia y, consecuentemente, de venganza. Es evidente que la presencia de armas de fuego en la sociedad facilita este tipo de crimen; es difícil ser un asesino múltiple de grupo con un cuchillo o un bate de béisbol como arma, lo que explica su mayor presencia en los Estados Unidos. Sin embargo, en ocasiones no es necesario disponer de armas de fuego o de explosivos. Es el caso de Juan M. Álvarez, que en enero de 2005 causó la muerte de once personas al descarrilar un tren cuando dejó su coche en medio de la vía, en un intento fallido de suicidio, en Los Ángeles. El fiscal del caso declaró que “once personas murieron debido a la acción egoísta de este hombre angustiado”3.

Estado en que quedó el tren descarrilado por Álvarez y un eje de su coche.

De acuerdo a los investigadores, Álvarez era un trabajador sin domicilio fijo desde que se separó de su esposa, Carmelita. Ella había obtenido una orden de alejamiento hacía dos meses, porque el fallido suicida la había amenazado con secuestrar a sus dos hijos. Además, contaba con antecedentes por consumo de drogas y conducta violenta. Su idea de suicidio se había incrementado en las últimas semanas. El día de la masacre, se había cortado en los brazos y luego se había acuchillado en el pecho, pero las heridas fueron superficiales y permaneció consciente. Entonces, condujo hacia el ferrocarril, deseando morir bajo las ruedas del tren. Sin embargo, parece que al final se arrepintió, y cuando vio que las ruedas del coche se habían atorado en las vías del tren, saltó rápidamente, y dejo su auto —un todo Jeep terreno— a merced de la embestida del tren. Pocos días después se produjo otro intento de suicidio por contagio, en el mismo Estado. Un sujeto de 25 años cruzó su coche en diagonal, esperando morir a consecuencia del choque con el tren. Afortunadamente, la policía lo pudo ver antes y lo capturó. Aquí tenemos varios de los factores reseñados anteriormente. Tanto en este último intento como en el de

Álvarez, los suicidas quieren morir matando. Que Álvarez se arrepintiera al final no cambia nada. Era obvio que sabía que podía matar a mucha gente como consecuencia del choque, pero su frustración, su situación económica precaria, su aislamiento emocional y su forma de responsabilizar a los demás, le hicieron un asesino profundamente egoísta, hasta tal punto que ni siquiera tuvo valor para acompañar a sus propias víctimas en el destino de la muerte que él les había trazado.

A) Tipos de Asesinos en Serie Ya hemos dicho antes que el estereotipo del asesino en serie como un hombre blanco, en sus veinte o primeros treinta años, que mata con sadismo a mujeres o niños, aunque claramente existe en la realidad, no cubre todos los casos, ni mucho menos. Las llamadas “viudas negras”, mujeres que asesinan a sus maridos para cobrar seguros o herencias, o los “ángeles de la muerte” —enfermeras o cuidadores que matan “por compasión” a sus pacientes— no son varones, ni actúan con sadismo sexual, pero no por ello son menos asesinas seriales. El doctor Harold Shipman, quizás el mayor asesino en serie de la historia en Inglaterra (no se sabe el número real de víctimas, pero al menos incluye varias decenas), mataba con dosis elevadas de morfina a sus ancianas pacientes, y aunque parece que el dinero jugaba un papel en todo esto al final

(ya que se comprobó, en su último homicidio, que había falseado el testamento de la anciana para beneficiarse), lo cierto es que el poder de sentir cómo podía administrar la muerte era su móvil fundamental. Durante años ejerció esa forma sistemática de matar, sin que su apariencia y modales dejaran relucir ese lado tan siniestro. En los casos de mujeres asesinas la violencia directa brilla por su ausencia; es el veneno el arma elegida con abrumadora frecuencia, pero no solo ellas lo emplean, como revela el caso del médico inglés. Por ello, tal y como señala Hickey, la definición de asesino en serie debe de atenerse a lo esencial: es el homicidio de dos (tres, según la idea más extendida hoy) o más personas, cometido en tiempos diferentes. Normalmente es posible encontrar un patrón en los tipos de víctimas elegidos, o en los métodos (modus operandi) empleados, o en los motivos para cometer esos crímenes. No obstante, en todos los casos podríamos encontrar un móvil esencial que uniría a todos los asesinos en serie, y quizás a los asesinos múltiples: la necesidad de control y poder, es decir, que su acción influye de manera crítica, extrema, en su ambiente inmediato, lo que les confiere una gran sensación subjetiva de dominio (Garrido, 2012).

B) Asesinos en serie psicópatas y psicóticos No parece que una persona que cometa varios asesinatos

sea alguien “normal”, en especial si, como es el caso del asesino en serie, realiza sus crímenes con el tiempo suficiente para planificar y ver las consecuencias de sus actos. Y en efecto, ni los psicópatas ni los psicóticos son “normales”, aunque las características de las patologías sean bien diferentes. En la práctica, un asesino en serie ha de ser o bien un psicópata o bien un psicótico. Lo que separa a ambos es el contacto con la realidad. El psicópata razona con lógica —al menos de acuerdo con sus metas—, no tiene problemas de alucinaciones (percibir cosas que no existen) o delirios (tener creencias inamovibles que son absurdas, sin ninguna base real, como la de que alguien me espía y busca la mejor oportunidad para matarme). Lo que falla en el psicópata (ver más adelante) es su capacidad para implicarse emocionalmente con los demás, para sentir y expresar afecto de un modo auténtico. Por ello, dado que carece de la capacidad de sentirse realmente ligado a alguien, no siente remordimientos por lo que pueda hacer. Y sin remordimientos no puede haber sentimiento de culpa, y si no hay culpa, no hay conciencia. Hay —eso sí— conocimiento de lo que está bien o mal, pero es un saber que no se traslada a la moral, es decir, es un conocimiento que no tiene implicaciones morales. El psicópata, entonces, es una persona que obra sin atadura moral alguna, que comprende que está

dañando, pero que obtiene un beneficio por ello, y esa es la razón suficiente para justificar sus actos. El caso de los francotiradores de Washington (o de la autopista) es un buen ejemplo.

C) Los tiradores de la autopista (beltway snipers) El 24 de octubre de 2002 finalizaron 22 días de terror en el estado de Washington y otros colindantes. Los que resultaron ser los “asesinos de la autopista”, John Allen Williams, de 41 años, y John Lee Malvo, de 17, fueron arrestados mientras dormían en su coche. Habían matado durante esas tres semanas a 13 personas, y otras tres habían resultado gravemente heridas (Deal y Hickey, 2003). Williams había crecido en la ciudad de Baton Rouge, en el estado de Louisiana, en compañía de su abuela y de sus tías. En 1988 se convirtió a la religión del Islam y cambió su nombre de Williams a Mohamed. Se casó con su novia del instituto en 1982, y tuvieron un hijo. Seis años más tarde se divorciaron, y Williams se casó por segunda vez ese mismo año. Este nuevo matrimonio duró hasta el año 2000, y se acompañó de tres nuevos hijos. Los dos divorcios fueron conflictivos. La segunda mujer temía por su seguridad y por la de sus hijos, y manifestó que los niños sufrían un grave abuso por parte de su padre.

Williams sirvió en la Guardia Nacional de Louisiana desde 1978 hasta 1985, y en dos ocasiones se le abrió un expediente por faltas graves disciplinarias. La más grave de las dos consistió en golpear en la cabeza a un superior. Posteriormente estuvo en el ejército hasta 1993, sirviendo como ingeniero de combate y otros trabajos de intendencia. No tuvo preparación específica como francotirador, pero obtuvo una distinción en el manejo del rifle de reglamento. A pesar de su tendencia violenta, sus antecedentes no iban más allá de ser arrestado por conducir sin tener carné, y otro arresto como sospechoso de un robo a una tienda, pero no fue condenado. Sin embargo como hombre de negocios fue un fracaso, ya que tanto un gimnasio de karate como una tienda de reparación de automóviles fueron empresas montadas por él pero que no salieron a flote y las tuvo que cerrar. John Allen Williams

Así las cosas, en marzo de 2000 Williams tomó a sus tres hijos de su segunda esposa y se los llevó a Guatemala, donde conoció a una mujer con la que convivió un tiempo. También conoció al hijo de esta mujer, John Lee Malvo. Los tres volvieron a Estados Unidos de forma ilegal en 2001, y se pusieron a vivir en

el estado de Washington. Pronto Williams y el chico empezaron a viajar por ahí, sin que la madre tuviera que decir mucho al respecto. Podían vivir un tiempo durmiendo en el auto, o en un refugio para los sin techo. En febrero de 2002 dejaron Washington y fueron al estado de Alabama, donde se iniciaron los tiroteos, luego pasaron a Louisiana y finalmente a la capital del país, Washington D.C. Malvo era un niño sin padre, y debido a que su madre pasaba mucho tiempo fuera de casa (incluso del país) en trabajos transitorios, desde pequeño se tenía que cuidar solo. Cuando entró Williams en su vida, Malvo halló la primera relación cercana con alguien parecido a un padre que había tenido en su vida. El ex soldado le entrenó en el manejo del rifle, y finalmente presentaba el chico a sus amigos como su “francotirador”. Como en tantos otros casos de asesinos en serie que actúan en parejas, uno es el líder y el otro el seguidor. El modus operandi de los asesinos se puede apreciar en el relato de algunos de sus crímenes. La serie de homicidios empezó el 21 de septiembre de 2002. Kellie Adams estaba cerrando una tienda de licores en Montgomery (Alabama), cuando recibió un disparo en la cabeza, aunque milagrosamente sobrevivió. Un momento más tarde, su compañera de trabajo, Claudine, fue tiroteada en la espalda y murió de inmediato. Malvo

estaba registrando su bolso, pero huyó cuando se acercó la policía. Dos días más tarde, en Baton Rouge (Louisiana), una mujer que salía de una tienda de belleza fue tiroteada y muerta. Malvo sí que pudo robar esta vez el bolso de la víctima, y escapó a través de un bosque cercano. Los asesinos huyeron hacia la capital de Estados Unidos, Washington D.C. El 2 de octubre dispararon a un ciudadano que andaba por la calle, pero fallaron, pero minutos después acertaron con un hombre que estaba en el aparcamiento de un supermercado. El 3 de octubre siguiente mataron a cinco personas, de un modo siempre idéntico: un disparo certero de rifle. Y las víctimas siempre eran personas que se ocupaban de sus cosas, víctimas del azar. Al día siguiente alcanzaron a otra víctima, pero logró sobrevivir. El 5 y 6 de octubre no se cometieron más crímenes, pero el 7 un chico de 13 años fue tiroteado cuando entraba en la escuela, aunque pudo recuperarse posteriormente. Cuando la policía buscó por los alrededores, halló una carta de Tarot donde estaba escrito el siguiente mensaje: “Querida policía, yo soy Dios”. Williams estaba intentando establecer una relación con la policía, al igual que había hecho el asesino del Zodíaco4 de San Francisco (todavía sin descubrir) y David Berkowitz, el “hijo de

Sam”5, que aterrorizó con su revólver a los neoyorkinos en el decenio de 1970.

D) Entre la psicopatía y la psicosis: Jeffrey Dahmer Jeffrey Dahmer, arrestado a la edad de 31 años, es un caso que dejó sin palabras y con muchas dudas a muchos expertos en patología forense. Nunca se pudo demostrar que este joven de Milwaukee padeciera psicosis alguna, y él mismo negó que nadie tuviera la culpa de lo que hizo, ni sus padres, ni la sociedad ni la pornografía. En sus crímenes se mezcla canibalismo, asesinato, violación homosexual y otras conductas aberrantes, pero no se pudo demostrar que estuviera “loco”. Dahmer representa un fenómeno criminal, a medio camino entre la psicopatía y la psicosis; su pensamiento parece distorsionado, pero no hay ideas delirantes ni alucinaciones de ningún tipo. Sabemos que su cabeza estaba llena de ideas aberrantes por lo que hizo, pero no porque sepamos que presentara los síntomas típicos de la psicosis. El “caníbal de Milwaukee”

A los ocho años de edad se cree que fue objeto de abusos sexuales por parte de un vecino. Fue un mal estudiante, bebía mucho, y desde la adolescencia estaba fascinado por la muerte. En 1978, cuando tenía 18 años,

mató y desmembró a su primera víctima, un chico de 17 años. Esto coincidió con el divorcio de sus padres. Dahmer se quedó a vivir con su padre, se alistó en el ejército pero fue separado del servicio por abuso de alcohol. Entró a trabajar en una fábrica de chocolates, y en 1986 recibió una condena de un año de libertad a prueba por haberse exhibido sexualmente ante menores de edad varones. Lo que sigue es un relato escalofriante de crímenes, contra los que Dahmer siempre dijo que intentaba luchar, pero que al fin su compulsión alimentada por fantasías sexuales le urgía a realizar. Dahmer parecía muy sociable a sus víctimas. Vivía en un apartamento de Milwaukee, solo. A veces alquilaba habitaciones baratas para llevar a sus conquistas homosexuales (la mayoría jóvenes vagabundos sin nadie que les echara de menos) y luego, drogadas, las llevaba a su apartamento. Otras veces los llevaba allí directamente. Una vez en su apartamento, tenía relaciones sexuales con ellos, luego les daba alcohol mezclado con somníferos. Una vez controlados les esposaba en su dormitorio, les estrangulaba y finalmente descuartizaba sus cadáveres. Hickey (2003, pp. 119-120) escribe lo siguiente: Mientras algunas de sus víctimas estaban inconscientes, Dahmer practicó agujeros en sus cráneos con el propósito de convertirles en zombis. Él fantaseaba que entonces se convertirían en sus esclavos sexuales y nunca le abandonarían. Dahmer también se comió a

algunas de sus víctimas (…) Imaginaba que, al comerse a sus víctimas, éstas se convertirían en parte de él y le harían más poderoso6. Fantaseaba al disponer los esqueletos de sus dos víctimas favoritas con él: Dahmer se sentaba en un sillón negro, parecido al que tenía el villano de la película La guerra de las galaxias, mientras que detrás estaban los dos esqueletos y, encima de un estante, varias calaveras pertenecientes a sus víctimas.

Dahmer fue apresado porque una de sus víctimas escapó en el último momento, todavía llevando en una de sus muñecas las esposas que el asesino intentaba ponerle. Cuando entró la policía en su dormitorio vieron un espectáculo inenarrable: al menos 11 calaveras lo adornaban; tres de ellas habían sido pintadas con spray negro y de color plata. Había una cabeza humana dentro del refrigerador… Al día siguiente Dahmer confesó haber matado entre 15 y 17 hombres jóvenes. Dahmer admitía que no debería salir nunca de la cárcel, porque estaba seguro de que volvería a matar. El 28 de noviembre de 1994 fue asesinado por otro preso que cumplía condena por asesinato. Sus restos fueron incinerados, a pesar de los esfuerzos de su madre para donar su cerebro a la ciencia.

13.3. VIOLENCIA Y CULTURA 13.3.1. La violencia en la cultura española España ha vivido en los últimos 50 años una serie de

cambios económicos que han supuesto una importante elevación de su nivel de vida, equiparándose al europeo. Esta transformación económica ha conllevado un cambio brusco del estilo de vida, una migración de los pueblos hacia las ciudades, una ruptura con normas tradicionales, y una fuerte influencia extranjera en su cultura y costumbres. Se ha reducido la pobreza tradicional, mientras otros grupos, básicamente los jóvenes, se han encontrado con la pobreza moderna: el paro estructural y permanente. Esta modernización, a su vez evaluada por la mayoría de los españoles como positiva, también supuso una subida importante de la delincuencia. Desde el pasado siglo se ha podido observar que aquellos países en vía de transición y cambios sociales fuertes suelen sufrir un incremento de la delincuencia. La vida urbana ofrece mayor anonimato, menos control informal, más ambiciones, frustraciones y fracasos. Un ejemplo muy actual de la relación entre los delitos violentos y los cambios sociales es el desarrollo producido en la Europa Central y del Este después del derrumbamiento del sistema socialista (véase capítulo 17). Sin embargo, en la época de la transición española, el incremento delictivo en España fue más notable en los delitos contra la salud pública y contra la propiedad que en los delitos violentos graves.

Hay países pobres que son muy violentos, por ejemplo los centroamericanos, en contraste con otros países pobres poco violentos, por ejemplo India. También existen países ricos con mucha violencia (EEUU) y países ricos con poca violencia, por ejemplo Japón o Noruega. Un análisis profundo sobre estos temas sobrepasaría los límites de estas páginas. Así pues, los elementos estructurales y los cambios en la sociedad, más que el nivel de pobreza de un país, son los que guardan mayor relación con la violencia. Dicho esto, ¿por qué España es un país poco violento? La relación entre el consumo de alcohol y la delincuencia violenta está bien documentada (Collins, 1982; Snare, 1990; Walsh y Ellis, 2007). Sin embargo, a pesar de que en España la bebida forma parte de nuestras tradiciones no parece que produzca un número grande de homicidios7. Quizás la clave se encuentre en la presencia todavía notable de una red familiar de apoyo que filtra el estrés que puede conducir al delito, así como en el estricto control de armas de fuego existente. Después de la guerra civil, en España el Estado se incautó de casi todas las armas de fuego. La posesión de armas ilegales era un delito grave, y miles de rifles y pistolas fueron entregados o confiscados. Una generación después de que se acabara la guerra, España era un país con pocas armas de fuego en manos de particulares. Es decir: en el país había muchas armas, pero en manos de

unos pocos. Las asociaciones norteamericanas a favor del libre acceso a las armas para cualquier ciudadano prefieren hablar del efecto disuasivo de un arma de fuego y de su uso para la autodefensa. Éstas insisten en que las armas usadas en los homicidios no suelen ser armas legítimamente adquiridas, sino armas de contrabando. Sin embargo, las armas legítimas se roban, se desvían y se venden en el mercado negro. La erradicación de las armas en manos de particulares en España fue propiciada por motivos militares. Parece lógico concluir que uno de sus efectos puede haber sido la reducción de los conflictos violentos en general. Por otra parte, las recientes matanzas en Estados Unidos, en un cine de Denver, Colorado (12 víctimas) y en una escuela de Newton, en Connecticut (27 víctimas, la mayoría niños de primaria), en las cuales los asesinos tuvieron acceso a armas conseguidas de forma legal, no han hecho sino reavivar la polémica sobre la relación existente entre el acceso a las armas de fuego y los homicidios indiscriminados. El gobierno de Obama se ha comprometido, cuando escribimos estas líneas, a establecer controles más férreos para su adquisición. A pesar de que está bien establecido que un mayor número de armas de fuego implica un mayor número de homicidios (Hepburn y Hemenway, 2004), la relación entre armas de fuego y delitos violentos no es, sin

embargo, simple o lineal. En el cuadro 13.4 figura la distribución de los países de acuerdo con la tenencia de armas en la población civil. La difusión de armas de fuego entre la población indica una mayor posibilidad de que, en una crispación o pelea, un arma esté presente, y que la riña acabe en un homicidio. La diferencia entre una lesión leve y un homicidio puede ser la presencia de un arma de fuego. Por eso, los países con un control relajado de las armas de fuego suelen también ser los países con las tasas más altas de delitos violentos, como en el caso de EEUU, Centroamérica y los países de la órbita de Rusia. Sin embargo, hay países que tienen pocos homicidios, es el caso de Islandia o Alemania, y sin embargo las armas de fuego son ciertamente numerosas. Dos aspectos tendrían que considerarse para explicar estos datos. En primer lugar, el gráfico nos dice cuántas armas de fuego hay, pero no en qué manos están. Esto explicaría que países como Colombia y El salvador, que se hallan a la cabeza en el número de homicidios, tengan muchas menos armas que otros países mucho más pacíficos. El segundo aspecto se relaciona con la cultura de esa nación, es decir, con el hecho psicológico de cómo perciben los ciudadanos esas armas en su disposición a emplearlas. En efecto, hay que tener en cuenta que las armas son utilizadas por las personas, y éstas pertenecen a una

cultura. En Suiza muchos hogares guardan un arma de fuego, ya que ese país no tiene ejército, y la Constitución obliga a la defensa y movilización popular en caso de que la patria lo reclame. Sin embargo, Suiza tiene muy poca delincuencia violenta. ¿Por qué? La mayoría de los ciudadanos no se siente atemorizada; el fusil de la época de prácticas militares no se incluye en el imaginario de la sociedad como un instrumento necesario y que conviene tener preparado. Esto es muy diferente de lo que sucede en la Europa del Este o en Estados Unidos, donde la tenencia de armas se dirige a su empleo si el poseedor lo considera apropiado, es decir, la pistola es siempre “una posibilidad” bien real, al alcance de la mano si las circunstancias lo requieren.

Existe una clara asociación entre la disposición de armas de fuego y violencia letal. CUADRO 13.4. Las armas de fuego en el mundo.

13.4. LOS DELINCUENTES JUVENILES VIOLENTOS Los delitos violentos ocurren generalmente en las grandes ciudades, en zonas caracterizadas por bajos ingresos, desorganización social, concentración de minorías raciales, bajo nivel educativo, desempleo, casas de alquiler y hacinamiento (Walhs y Ellis, 2007); la mayor parte —casi el 50%— de los robos envuelven a coautores jóvenes mientras que las violaciones y los asaltos son generalmente realizados por criminales en solitario. Se acepta, por lo tanto, que una gran proporción de delitos ocurre entre la gente joven. Los jóvenes son responsables de un buen número de arrestos por actos violentos, pero solo unos pocos son detenidos en su adolescencia por un delito violento (Lösel, 1994). La investigación hoy en día clásica de Hamparian (1987) confirma este hecho. La autora analizó los datos del estudio sobre jóvenes arrestados, al menos una vez, por delitos violentos, de la cohorte nacida entre 1956 y 1960 (un total de 1.222 sujetos). Iniciada en 1976 y con un seguimiento hasta 1984, la investigación contempló la transición hasta los primeros años de vida adulta (de 23 a 27 años), concluyendo que el grupo de jóvenes delincuentes violentos y crónicos (más de cuatro detenciones, generalmente por delitos contra la

propiedad), suponía una pequeña fracción del total de jóvenes, pero era responsable de la mayoría de los arrestos. En líneas generales, estos jóvenes no evolucionaron desde delitos menos graves a más graves y tampoco se especializaron en el tipo de delitos cometidos: en realidad solo un pequeño porcentaje reincidió en la comisión de nuevos delitos violentos (un 8.1% de la muestra). Por lo tanto, los resultados indicaron que no todos los delincuentes juveniles violentos tenían la misma probabilidad de transición al sistema de justicia criminal adulto (un 59.1% de la cohorte); dicha probabilidad se incrementaba en la medida que confluían las siguientes variables: ser hombre, primera detención a la edad de 12 años o menor, ser de nuevo detnido a los 16 o 17 años, haber sido delincuente juvenil crónico y violento, y haber sido institucionalizado (ver también capítulo 11 sobre las carreras delictivas). Los datos más recientes, provenientes de estudios longitudinales como el Estudio Cambridge liderado por David Farrington (en el que 411 sujetos fueron seguidos desde los ocho años hasta, por ahora, ¡los 48 años!), y el estudio Pittsburgh, en el que 1.500 niños son evaluados prospectivamente desde los siete hasta los treinta años, confirman estos datos más antiguos. Así, Farrington (2010) ha destacado los factores de riesgo más importantes, evaluados cuando los niños tenían entre los

ocho y los diez años, para predecir la delincuencia juvenil violenta en el periodo de edad entre los 10 y los 20 años, de acuerdo con los resultados obtenidos en el Estudio Cambridge. Por delitos violentos consideró los homicidios, agresiones sexuales, delitos de lesiones graves y robos con violencia. Algunos de los predictores más sobresalientes aparecen en el cuadro 13.5. CUADRO 13.5. Predicción de la violencia en el Cambridge Study. PREDICTORES A LA EDAD DE 8-10 AÑOS OR** CONDUCTUALES Deshonesto

4.8*

Conducta disruptiva

2.4*

Difícil de disciplinar

3.1*

INDIVIDUALES Temerario

4.4*

Pobre concentración

2.9*

Nervioso

0.7

Pocos amigos

0.5

No popular

1.8

Bajo CI no verbal Bajo CI verbal

3.0* 1.4

Pobre rendimiento escolar

2.1*

FAMILIA Padre con antecedentes penales

3.1*

Hermano delincuente

3.0*

Disciplina severa

3.4*

Supervisión deficiente

3.6*

Hogar roto

3.7*

Mala relación entre los padres

2.8*

Familia Numerosa

2.5*

Madre muy joven

1.4

DATOS SOCIOECONÓMICOS Bajo Nivel SE

1.5

Bajos ingresos familiares

2.7*

Vivienda deficiente

2.1*

**Valores de Odds Ratio (OR) o número de veces que los niños que presentaban el factor tenían mayor probabilidad de cometer un delito violento en comparación con los que no lo presentaban, cuando tenían una edad situada entre los 10 y los 20 años. El * indica que la diferencia es estadísticamente significativa.

Estos predictores son bien reveladores de las áreas deficitarias que albergan importantes factores de riesgo, tanto desde el individuo, como de su ambiente más inmediato. Una familia deficiente y unas condiciones económicas precarias parecen sumarse para aumentar la vulnerabilidad frente al delito de un sujeto con lagunas cognitivas, emocionales y de conducta. De nuevo esto parece confirmarse si atendemos a la carrera delictiva de los jóvenes que resultan condenados por cometer un homicidio. Farrington, Loeber y Berg (2012), empleando datos del estudio longitudinal de Pittsburgh (Pittsburgh Youth Study), concluyeron que variables ambientales socioeconómicas como pertenecer a un hogar roto, tener una madre muy joven, crecer en un barrio desestructurado o ser auxiliado por la asistencia

social, predecían de modo significativo la comisión del homicidio juvenil en 38 jóvenes de edades comprendidas entre los 15 y los 29 años. Junto a estos factores, otros de tipo conductual fueron igualmente relevantes en esa predicción: los más importantes fueron ser expulsado de la escuela, mostrar actitudes antisociales y presentar un diagnóstico de “trastorno de conducta”. Finalmente, en términos de actividad delictiva, la comisión de delitos con anterioridad se relacionó fuertemente con el homicidio, y en especial la delincuencia de tipo violento, ya que hasta el 95% de los jóvenes homicidas tenían registros anteriores de delincuencia violenta, particularmente de agresiones y de portar un arma (no obstante, también la delincuencia contra la propiedad y la venta de drogas se relacionaron con estos antecedentes). Ahora bien, los autores nos advierten de un problema usual con la predicción de hechos tan poco frecuentes como el homicidio a manos de jóvenes: aunque se observó que existía una relación entre el número de factores de riesgo que presentaba el sujeto y la probabilidad de cometer un homicidio, el número de falsos positivos era extraordinariamente elevado (92%). La conclusión a extraer de esto es que deberíamos promover políticas preventivas de amplio espectro de la delincuencia y la violencia, en la seguridad de que el homicidio también podrá ser reducido, dado que el

homicidio juvenil no es sino una manifestación más de la delincuencia violenta.

13.4.1. “Grupos Desviados de Jóvenes” o Bandas Juveniles El término “banda juvenil” tiene una denotación de grupo sólido, bien estructurado, preparado para delinquir. Sería casi lo que en inglés se denomina “gang” en Estados Unidos, pero lo cierto es que muchas veces tal estructura es mucho más endeble, razón por la cual en Europa, recientemente, los investigadores prefieren emplear la expresión “Grupo de jóvenes desviados” para referirse a aquellos grupos de chicos que: a) se mantiene nal menos por tres meses; b) realizan actos delictivos aceptados por el grupo; c) pasan mucho tiempo en la calle, y d) dicho grupo se considera a sí mismo una “banda”. Precisamente este fue la definición que adoptó la investigación realizada en la segunda fase del “International Self-Report Delinquency Study” (ISDS), el cual, entre noviembre de 2005 y febrero de 2007, analizó las respuestas autoinformadas de más de 40.000 jóvenes de entre 12 y 15 años de edad que vivían en ciudades de tamaño medio o grande en un total de 30 países industrializados (Gatti, Haymoz y Schadee, 2011). Un estudio de esta naturaleza es muy importante, puesto que uno de los predictores más importantes de la

delincuencia juvenil es la pertenencia a un grupo antisocial o banda juvenil (Gatti et al., 2011). En torno al 4,4 por ciento de los 40.678 jóvenes evaluados por el ISDS cumplieron los requisitos mencionados (N= 1.720), encuadrándose por consiguiente en la siguiente definición: “un grupo estable compuesto por jóvenes que realizan muchas actividades en la calle y cuya identidad incluye la realización de delitos”. La tasa de prevalencia en porcentajes de pertenencia a un grupo desviado fue de 5,9% para los chicos y de 3,0% para las chicas. En términos de inmigración, los nativos del país tuvieron una tasa de 4,0%, la primera generación de inmigrantes de 4,8% y la segunda generación de 5,8%, respectivamente. Por países, la tasa de prevalencia (en porcentajes) más elevada de existencia de grupos desviados correspondió a Irlanda (16,8%), mientras que la menor correspondió a Islandia (0,7%). España y Portugal, con una tasa de 2,4% estaban entre los países con menor presencia de grupos desviados juveniles de los 30 países, y definitivamente de Europa, ya que solo Bosnia, Lituania y Finlandia obtuvieron tasas más bajas en el continente. La importancia de la pertenencia al grupo desviado en relación con la delincuencia quedó manifiesta cuando se compararon los jóvenes que formaban parte de estos grupos con los que declararon no pertenecer a los

mismos: el 71,5% de los primeros cometieron uno o más delitos, el 57,3% uno o más delitos violentos, y un 36,8% realizaron tres o más delitos de tipología diferente. Además, el 63,1% de estos jóvenes informaron beber alcohol, y un 20,6% consumir marihuana. Los valores correspondientes a estas variables de los jóvenes que no pertenecían a grupos delincuentes fueron los siguientes: 20% (delincuencia); 14,5% (delincuencia violenta); 3,6% (tres o más delitos); 26% (consumo de alcohol) y 2,9% (consumo de marihuana). En términos de probabilidad, tales valores significan que los jóvenes integrados en bandas tienen una probabilidad nueve veces mayor de implicarse en actividades delictivas, siete veces mayor de hacerlo en delitos violentos y trece veces mayor de cometer una tipología variada de tres o más delitos (Gatt et al., 2011). Una conclusión importante de los autores fue que ese efecto facilitador de la delincuencia general, la delincuencia violenta y la versatilidad delictiva se observó de forma generalizada en los países evaluados. Ahora bien, dado que el estudio fue de corte transversal y no longitudinal, no se puede deducir de los datos que la inclusión en un grupo desviado precede a la delincuencia (el llamado proceso o modelo de facilitación); bien pudiera ser al revés, es decir, que los jóvenes ya proclives al delito (por cualquier razón) son igualmente más

tendentes a asociarse con otros para constituir un grupo desviado (esto se llama modelo de selección). A pesar de esto, Gatti et al. (2011) señalan que, basándose en la investigación longitudinal existente, es muy probable que ambos procesos —la facilitación y la selección— se vean implicados en este fenómeno, con un mayor peso quizás del modelo de la facilitación.

13.4.2. Las bandas juveniles en España En el año 2006 se realizó un informe elaborado por los servicios de información del Cuerpo Nacional de Policía sobre las bandas latinas, donde se revisaba su situación en España. El informe de la policía reveló que los Latin Kings, la banda con mayor presencia entre nosotros, es “una de las organizaciones con mayor implantación internacional en países como EEUU y Ecuador, con miles de individuos integrados”. Creada inicialmente “como una hermandad de apoyo a los latinos para su protección frente a agresiones de otras bandas, ha derivado con el paso del tiempo en una organización criminal, como un grupo clandestino, poderoso y altamente jerarquizado y de estructura de mando piramidal”. Surgen los Latin Kings con la profunda inmigración acaecida en los últimos años en España. Sus miembros se unen para tener un sentido de pertenencia a sus costumbres y cultura, y “para reafirmar su personalidad y reconocimiento al margen del éxito

académico o laboral”8. Los Latin Kings tienen sus propias leyes, su Constitución o Biblia, que hay que conocer y acatar perfectamente para progresar en su jerarquía. Según el informe de la policía, se trata de normas que reflejan “un sentimiento claramente racista, machista y xenófobo hacia todo lo que no sea latino”, con constantes alusiones “a la falta de respeto de la sociedad” hacia ellos y que “predispone a los miembros hacia una indisciplina hacia las normas sociales y a un respeto total a la Biblia”. Los Latin Kings proceden de Estados Unidos, donde nacieron en el decenio de 1940, primero para afirmar la identidad y el territorio de los inmigrantes hispanohablantes en aquél país, y luego como vehículo casi necesario para desarrollar el crimen organizado (drogas) tan extraordinariamente lucrativo que se iba a cernir sobre las grandes ciudades en el último tercio del pasado siglo. De este modo, como ocurre con las bandas o ‘maras’ de Centroamérica, los Latin Kings y bandas rivales (los Ñetas sobre todo), cumplen dos funciones esenciales. La primera es proporcionar un sentido de pertenencia, de ‘calor de hogar’, un refugio para jóvenes desheredados, débiles de carácter o simplemente ávidos de practicar una violencia en la que se reconocen y que aceptan sin tapujos. La segunda es crear una organización criminal que asegure el resultado de sus actos antisociales. Gracias a la primera función —la de ser un sucedáneo de

familia— pueden nutrir sus filas sin sentir de modo crítico el menoscabo del hostigamiento policial o la acción de la justicia. La policía ha descabezado en los últimos años a una parte de la cúpula de los Latin Kings en España, si bien esta “organización criminal” mantiene aún “activos y operativos” en Madrid “a unos 100” de los 400 miembros que ha llegado a tener desde que se creó en el año 2000. El documento califica a los Latin Kings de “banda muy peligrosa de matones”. La mitad de sus miembros son menores y podrían ser utilizados por la delincuencia organizada como sicarios, advierte la policía. El informe de la policía señala: “Hasta el momento, las acciones de esta banda se han centrado en agresiones a miembros de bandas rivales, con dos muertes, y a robos con violencia, pero no se descarta que en un futuro puedan ampliar su actividad al control de tráfico de drogas, la prostitución, la extorsión y el atraco”. Los Latin Kings se asientan sobre todo en Madrid y Barcelona, aunque disponen de “delegaciones” en Murcia, Alicante y Torrevieja, entre otras ciudades. El nombre internacional de los Latin Kings es Almimighty Latin King and Queens Nation (Nación Todopoderosa de Reyes y Reinas Latinos). Las otras bandas que operan en España son los Ñetas, los Latinos de Fuego, los Dominican Don’t Play y los Dark Latin Globbers, que tienen una estructura

similar a los Latin Kings, aunque menos desarrollada. La procedencia mayoritaria de los pandilleros es Ecuador (65,5%), seguido de República Dominicana y Colombia. El 46% de los detenidos en 2005 era menor de 18 años. La máxima de la banda, que ofrece “protección a sus miembros”, es que “se entra pero no se sale”. Sus miembros juran obedecer una férrea disciplina y una obediencia ciega a sus líderes, y tienen la misión de captar adeptos. Los líderes hacen una importante labor de captación entre jóvenes inmigrantes, a los que se les convence de la necesidad de que estén protegidos de miembros de bandas rivales. En ocasiones los líderes les incitan a fugarse de casa para ser adoptados por la organización (de Blas, 2006). Al principio se les prohíbe fumar, faltar a clase o drogarse, y los nuevos miembros pronto son animados a pelear con miembros de bandas rivales. Con el tiempo, sin embargo, es habitual el consumo de drogas entre los miembros de la banda, lo que facilita la obediencia a la jerarquía y la incitación a los actos violentos (de Blas, 2006). Si incumplen las normas son sometidos a un trato muy duro, que incluye humillaciones, palizas y ejercicios extenuantes. De estos castigos solo se puede salir escalando puestos en la jerarquía, donde se tiene el privilegio de castigar a otros. Precisamente, los delitos más frecuentes de estas bandas latinas son las peleas con

las bandas rivales, por cuestiones de dominio en sus “territorios”. También son notables los robos y actos de violencia en que participan como consecuencia de los ritos de iniciación a los que son sometidos los aspirantes. Los robos y hurtos también provienen de la necesidad que tienen los miembros de aportar un dinero para el mantenimiento de la banda (de Blas, 2006). La estructura de la banda está formada por los llamados “capítulos” o grupos de unos 20 miembros en cada barrio, y el “reino” o conjunto de capítulos. Las chicas ocupan un lugar secundario, y en ocasiones jóvenes españolas se integran como compañeras de los miembros de la banda. Existe una versión femenina de los Latin Kings, llamada las Latin Queens. En esta relación de bandas no podemos olvidar a las formadas generalmente por españoles, encuadrados en grupos de extrema derecha y extrema izquierda (skinheads, grupos Okupa y movimientos antisistema). Los primeros son xenófobos, han protagonizado delitos violentos e incluso homicidios en los últimos años, y buscan pelea con los segundos, aunque también se dejan sentir en los estadios de fútbol con sus cantos racistas y agresiones ocasionales a miembros de clubes rivales. Los grupos de extrema izquierda se dedican a destruir el mobiliario urbano y a saquear las tiendas cada vez que tienen oportunidad como consecuencia de actos de

concentración masivos, donde ven en el anonimato una forma de delinquir impunemente.

13.4.3. Un futuro incierto ¿Qué podemos concluir de lo anterior? La delincuencia violenta en España parece ser más moderada que en la mayoría de los países europeos. El número de homicidios por cada cien mil habitantes es más bajo que, por ejemplo, en Suecia. La fuerte transición de la sociedad española durante la última generación se ha hecho notar más en una subida de los delitos contra la propiedad que en los delitos contra las personas y contra la libertad sexual. En este capítulo se exponen algunos rasgos de la cultura española que tal vez han contribuido a mantener una sociedad básicamente pacífica durante las dos últimas generaciones. La violencia está vinculada a la cultura en general. Teniendo una cultura poco violenta, la estrategia para evitar un empeoramiento en el futuro sería la defensiva, evitar que las particularidades culturales españolas no desaparezcan por el deseo de imitar a los demás. La falta de integración de los jóvenes en la sociedad española puede ser la tendencia más preocupante. Hasta ahora, los padres han evitado su marginación y expulsión social a pesar de que cientos de miles de jóvenes se encuentran sin trabajo. ¿Qué pasará si una gran parte de esta generación

se queda sin trabajo para toda la vida? ¿En qué tipo de familia van a criarse sus hijos? ¿Qué tipo de crispaciones existirán entre los privilegiados con su trabajo y la parte de la población que carece de utilidad en la sociedad postindustrial? España es uno de los países de Europa con más jóvenes de 18 a 24 años que ni estudian ni trabajan. Con un 23,1% en 2011, es el quinto país del continente con el porcentaje más alto: solo la superan Bulgaria, Grecia, Italia e Irlanda, mientras que la media europea es 16,7%, según los datos de la oficina estadística de la UE (Eurostat)9. Estas cifras suponen una clara llamada de atención al futuro de la política criminal de estos países. Un control estricto de las armas, especialmente el mercado de armas de contrabando, y una política más consciente sobre el consumo de alcohol entre los jóvenes, son medidas claramente recomendables. Sin embargo, la clave para evitar un desarrollo violento está en medidas laborales que eviten la marginación permanente de una gran parte de la población. Las sociedades con gran crispación entre pobres y ricos o entre etnias enfrentadas son las más violentas.

13.5. UN CASO DELINCUENCIA PSICOPATÍA

PECULIAR VIOLENTA:

DE LA

La psicopatía se estudia en este libro en este capítulo y el siguiente. En este, entramos en sus orígenes diagnósticos y pergeñamos diversas hipótesis explicativas. En el siguiente nos centraremos en la relación existente con el Trastorno Antisocial de la Personalidad (TAP) y el abuso del alcohol y las drogas En los estudios criminológicos aparecen reflejados, prácticamente desde siempre, determinados delincuentes que disponen de una gran capacidad de agresión, tanto en un sentido físico como en el trato personal, que se torna hostil y manipulador. Cuando nos encontramos con sujetos (que pueden ser o no delincuentes) que son responsables de agresiones sistemáticas, en muchas ocasiones con grave daño para sus víctimas, y que se caracterizan por ser crueles, impulsivos, ávidos de excitación permanente, irresponsables y sin una vida emocional real, sin la existencia de síntomas característicos de la enfermedad mental, podemos hallarnos en presencia de una psicopatía. Un apartado de este tema se ocupa de este asunto, apuntando como tesis fundamental que el psicópata puede estar mostrando una adicción a la violencia. Finalmente nos centramos en la psicopatía juvenil, y exploramos la posibilidad de que exista una psicopatía primaria y otra secundaria.

13.5.1. El delincuente psicópata

En 1835, el psiquiatra J.C. Prichard definió el concepto de “locura moral” (moral insanity), de la siguiente forma: “Los principios activos y morales de la mente se han depravado o pervertido en gran medida; el poder de autogobierno se ha perdido o ha resultado muy dañado, y el individuo es incapaz, no de razonar a propósito de cualquier asunto que se le proponga, sino de comportarse con decencia y propiedad en la vida” (citado por Lykken, 1984: 165). La misma idea parece resumirse en el concepto de “manie sans délire”, propuesto por Phillipe Pinel en 1812, o puede atribuirse a los sujetos definidos, ese mismo año, por el psiquiatra norteamericano Benjamin Rush como disponiendo de una “depravación moral innata”. A finales de ese siglo, los grandes psiquiatras germanos, vinieron a sistematizar un conjunto de personas extravagantes, de conducta perversa y en ocasiones antisocial, pero no alejada del contacto con la realidad, con el rótulo de “inferioridades psicopáticas”, debido a Koch. En las sucesivas ediciones del clásico de Emil Kraepelin “Psiquiatría”, aparecido por vez primera en 1883, estos términos fueron respetados, pero ya en la séptima edición (1903) este autor introdujo el término que todavía hoy se conserva: personalidad psicopática. Sin embargo, otro autor importante, Kurt Schneider, en su influyente libro “La personalidad psicopática”,

publicado por vez primera en 1923, separaba el término psicopatía de la delincuencia (es decir, un sujeto con psicopatía no tenía necesariamente que ser delincuente), huyendo de la definición sociológica funcional de sus colegas anteriores. Todo lo contrario de G. E. Partridge, quien empleó la expresión personalidad sociopática para designar, precisamente, la incapacidad o falta de voluntad de estos sujetos para sujetarse a las leyes de la sociedad. Tuvo éxito el nuevo término de Partridge, ya que fue adoptado por la Sociedad Psiquiátrica Americana en la primera edición del Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (DSM-I), perdurando en la edición de 1980, año en el que el DSM-III emplea el término de “personalidad antisocial” para referirse al psicópata, esta vez cerca del concepto originalmente empleado por Prichard. Las posteriores ediciones del DSM-IIIR y el actual DSM-IV siguen respetando el término “trastorno antisocial de la personalidad”, si bien esta última edición incluye, de modo consultivo, las características de la psicopatía debidas a la obra de Cleckley (1976) y de Hare (1991,2003), quienes explícitamente asientan la fuerza de la definición en una serie de rasgos de personalidad, asegurando que la definición de trastorno antisocial de la personalidad, al poner el énfasis en los aspectos conductuales antisociales, en la práctica lo que consigue es incluir a los delincuentes comunes reincidentes, con un

historial delictivo largo, pero prescinde de muchos sujetos realmente psicópatas que no mostrarían esa actividad tan marcadamente antisocial. Los rasgos que describió Cleckley, origen de la obra de Hare, son los siguientes: 1. Inexistencia de alucinaciones o de otras manifestaciones de pensamiento irracional. 2. Ausencia de nerviosismo o de manifestaciones neuróticas. 3. Encanto externo y notable inteligencia. 4. Egocentrismo patológico e incapacidad de amar. 5. Gran pobreza de reacciones afectivas básicas. 6. Sexualidad impersonal, trivial y poco integrada. 7. Falta de sentimientos de culpa y vergüenza. 8. Indigno de confianza. 9. Mentiras e insinceridad. 10. Pérdida específica de intuición. 11. Incapacidad para seguir cualquier plan de vida. 12. Conducta antisocial sin aparente remordimiento. 13. Amenazas de suicidio raramente cumplidas. 14. Razonamiento insuficiente o falta de capacidad para aprender de la experiencia vivida. 15. Irresponsabilidad en las relaciones interpersonales. 16. Comportamiento fantástico y abuso del alcohol.

Robert Hare crea en 1991 el Psychopathy Checklist Revised (PCL-R), una escala de estimación de 20 ítems que deviene el instrumento más empleado en el mundo, así como el más fiable y válido, en la valoración de la psicopatía (Hare y Newman, 2008). Esta prueba consta de dos factores. El factor I se corresponde con las dimensiones de personalidad estudiadas por Cleckley, núcleo del trastorno, mientras que el factor II abarca los aspectos relacionados con la impulsividad y la conducta antisocial. En España, los profesores Torrubia y Moltó han adaptado la escala de Hare empleando muestras de presos de Barcelona y Castellón (Moltó, Poy y Torrubia, 2000), confirmando la validez de la prueba. Los ítems aparecen en el cuadro 13.6. CUADRO 13.6. Ítems en el PCL-R de Hare Factor I: personalidad 1. 2. 4. 5. 6. 7. 8. 16.

II: desviación social

Locuacidad/Encanto superficial 3. Grandioso sentido de autovalía 9. Mentira patológica 10. Manipulador 12. Falta de remordimiento/culpa 13. Afecto superficial 14. Crueldad/falta de empatía 15. No acepta la responsabilidad de sus 18. actos 19.

Necesidad de estimulación Estilo de vida parásito Escaso autocontrol Precocidad en mala conducta Sin metas realistas Impulsividad Irresponsabilidad Delincuencia juvenil Revocación de la libertad condicional

Ítemes adicionales, que no pertenecen a los factores 11. Conducta sexual promiscua 17. Muchas relaciones maritales breves 20. Versatilidad delictiva

Fuente: R. Hare (1991; 2003), The Hare Psychopathy Checklist Revised. Toronto: Ontario, Multi-Health Systems.

En la actualización de la PCL-R (Hare, 2003), estos dos factores se subdividen a su vez en otros dos, o si se quiere, cada uno de ellos engloba dos facetas: el factor I se compone de la faceta Afectiva y la Interpersonal, mientras que el factor II incluye las facetas Impulsividad y Conducta Antisocial. No obstante, Hare insiste repetidamente en que existe un síndrome aglutinador de todas ellas, o si se quiere un constructo que corresponde a una entidad única, y ese es el síndrome o la personalidad psicopática (Hare y Newman, 2008, 2010). Un hecho que singulariza de manera importante a este grupo de sujetos es su cualidad emocional. Aquí solo podemos anotar la idea esencial, muy bien reflejada por Meloy (1988) utilizando la analogía de los estados reptilianos10. Su fundamento es que los mamíferos, a través del sistema límbico (un grupo diverso de estructuras cerebrales, como el hipocampo y la amígdala, ubicado en el telencéfalo) tienen la capacidad de relacionarse entre sí de manera significativa, “emotiva”, haciendo de la vida afectiva consciente un aspecto singular en sus pautas de crianza e interacción diarias. Los reptiles, a diferencia de los mamíferos, no cuentan con un sistema parecido, estando ausente de su cerebro la respuesta emotiva hacia sus crías, así como la conducta de

acumular para hacer frente a períodos de escasez y la conducta social. Estos tres aspectos son bien característicos de los mamíferos. En primer lugar, almacenar implica la capacidad de proyectar en el futuro, y anticipar consecuencias aversivas. El psicópata anticipa de forma deficiente las situaciones aversivas, como ha enseñado la biología (ver capítulo 7). En segundo lugar, el impulso paterno de los mamíferos, desconocido en la mayoría de los reptiles, nos recuerda esta ausencia de cuidado hacia la prole típico de los psicópatas, así como la historia de abuso en muchas de sus biografías. Finalmente, los psicópatas “comparten con los reptiles la incapacidad para socializar de un modo afectivo y genuinamente expresivo” (Meloy, 1988: 68), recordándonos la proverbial ausencia de empatía y de vínculos significativos en aquellos sujetos. Meloy asegura: “Aunque no existe una investigación neuroanatómica o neurofisiologíca que apoye una correlación entre la conducta psicopática y la prevalencia funcional del cerebrotipo reptiliano, los paralelismos conceptuales son chocantes. Formularé la hipótesis de que el término estado reptiliano describe la psicobiología funcional de ciertos caracteres psicopáticos primarios” (1988: 69). Los procesos psicopáticos permiten la experiencia

consciente de la emoción, pero tal emoción se estructura en relación al propio yo, es decir, como una extensión del sentimiento grandioso del yo del sujeto (lo cual nos recuerda el marcado carácter narcisista que el autor confiere a la psicopatía).

13.5.2. Los dominios del psicópata La asociación entre la psicopatía y el delito y la violencia se conoce desde hace 200 años, ya que fueron los alienistas (médicos de enfermos mentales) que tenían que informar a los tribunales los que primero describieron los síntomas de este síndrome. En la actualidad existe una investigación amplia y sólida (incluyendo varios metaanálisis) que confirma la personalidad psicopática como un predictor significativo de la violencia y la delincuencia graves (Leistico et al., 2008; Yang y Wong, 2010). Pero si bien pocos discuten que los síntomas de la psicopatía están vinculados al crimen, existe no obstante una confusión acerca del nombre. ¿Es lo mismo el trastorno antisocial de la personalidad que la psicopatía, o que la sociopatía? Mientras que algunos autores se esfuerzan por diferenciar estos conceptos, Hart y Cook (2012) afirman que tales términos no son sino diferentes formas de referirse a lo mismo, “el resultado de confundir lo que está siendo medido (es decir, un concepto con aspectos centrales que lo definen) con el modo de llevar a

cabo esa medición (es decir, una operación o método basado en unos criterios específicos de identificación). En otras palabras, un conjunto de criterios diagnósticos para un trastorno mental no es lo mismo que la definición de ese trastorno, al igual que un mapa no es la misma cosa que el terreno que representa” (p. 498). Un paso adelante importante en la explicación del constructo y sus características patológicas lo han dado recientemente Cook et al. (2012; Hart y Cook, 2012) con su creación de un mapa conceptual —denominado La Evaluación Comprensiva de la Personalidad Psicopática — de los principales rasgos del psicópata sobre la base de la revisión de la literatura especializada. De acuerdo a dicho mapa, la personalidad psicopática comprende seis ámbitos o dominios de síntomas, que pasamos a describir. 1. El ámbito del apego: refleja los vínculos del sujeto en sus relaciones interpersonales e incluye los siguientes síntomas: desapego, no comprometido, desatento y con falta de empatía por los otros. 2. El ámbito del comportamiento: se refiere a la organización de actividades orientadas a una meta y aglutina los siguientes síntomas: falta de perseverancia, temeridad, poco fiable, inquieto y agresivo. 3. El ámbito cognitivo: refiere la organización de las actividades mentales y recoge los siguientes síntomas:

intolerancia, suspicacia, inflexibilidad y falta de planificación y concentración. 4. El ámbito de la dominancia: refleja el estatus en las relaciones personales e incluye los siguientes síntomas: antagonismo, dominador, arrogancia, falsedad, manipulación y deshonestidad. 5. El ámbito de las emociones: muestra la experiencia y expresión de los afectos y comprendía los siguientes síntomas: falta de ansiedad, de sentimiento de culpa, de sentimiento de placer, de profundidad emocional y ausencia de estabilidad emocional. 6. El ámbito del autodominio: refleja la organización del autoconcepto y las relaciones de uno mismo con los demás e incluye los siguientes síntomas: egocentrismo, justifica sus acciones, sentimiento de grandiosidad y de sentirse invulnerable, especial, único y con privilegios a hacer cosas que otros no tienen. La investigación acumulada hasta la fecha con este mapa conceptual —que ha sido trasladado a diferentes lenguas— señala que los síntomas o rasgos que presenta son relativamente estables tanto en hombres com en mujeres de diferentes culturas, lo que avala su utilidad como instrumento de investigación y de explicación de la psicopatía. Sin embargo, la prevalencia de las mujeres es inferior a la de los hombres: tres a uno, del mismo modo

que en diferentes culturas la prevalencia de estos rasgos de la psicopatía también parece diferir, sin que se sepa muy bien la causa de esto. Los síntomas de la psicopatía, en general, se ha observado que tienen una aparición espontánea en algún momento entre la infancia (6-11 años) y la adolescencia tardía o primera edad adulta, en torno a los 16-20 años. Los síntomas más habituales en la infancia son los problemas de conducta, y en realidad el DSM-IV exige actualmente que el adulto diagnosticado con trastorno antisocial de la personalidad haya presentado antes de los 15 años evidencias de un trastorno disocial, que no es sino una etiqueta que se otorga a los niños que plantean numerosos problemas de desafío, agresividad y rebelión ante las normas. En el periodo de vida entre la edad adulta media y madura, el curso de esta personalidad es estable, aunque los síntomas fluctúan con respecto a su disfunción o intensidad; pero es un hecho que hay un riesgo durante toda la vida adulta del individuo de desarrollar otros tipos de trastornos y en presentar mayores tasas de fallecimiento. Existe una relación entre el uso de criterios más estrictos para evaluar la psicopatía y el hallazgo de resultados más sólidos con respecto a la etiología de los síntomas. Por ejemplo, comparados con los delincuentes que se ajustan a los criterios del DSM-IV para la psicopatía (es decir,

que cumplen los criterios para el trastorno antisocial de la personalidad), los que son evaluados mediante los criterios más exigentes de la PCL-R muestran una reducción del volumen de la materia gris en áreas del cerebro asociadas con la empatía, el razonamiento moral, y el procesamiento de emociones morales como la culpa y la turbación (embarrassment), según se puso de relieve en una investigación realizada con resognancia magnética funcional (Gregory et al., 2012).

13.5.3. Psicópatas: ¿agresores únicos? El coronel Russell Williams, jefe de la base de la OTAN en Trento (Canadá), es el militar de mayor graduación de la historia que se convirtió en un asesino en serie. Como final de una carrera de actos de fetichismo y violaciones, acabó torturando y asesinando a dos mujeres en el decenio pasado. Un perfecto psicópata integrado.

¿Son los psicópatas delincuentes cualitativamente diferentes del resto? Su conducta asusta porque es muchas veces inexplicable, sin beneficio aparente; desconcertante porque ofende las convenciones más básicas de la relación interpersonal. Cuando Ted Bundy —uno de los mayores psicópatas del siglo XX— señalaba que, en el momento en que cometía cada violación, sentía que poseía a la víctima “como uno podría poseer una maceta, un cuadro o un Porsche”, parece ir más allá de los sentimientos que conocemos, precisamente porque revela una ausencia absoluta de los mismos. Es el desprecio

definitivo y último a la víctima: ni siquiera se esgrime el odio ciego, detonado por un deseo de venganza provocado por una humillación, ya sea ésta real o imaginaria. La víctima no existe como persona, es un mero objeto. En este sentido es en el que decimos que los psicópatas difieren de los delincuentes comunes. Ahora bien, es nuestra tesis que tales procesos de razonar y sentir no son sino el extremo de un continuo que ya opera en la generalidad de los delincuentes habituales. Éstos, cuando agreden a alguien, amenazando su integridad física o psicológica, robándole sus pertenencias o invadiendo su morada, están, de facto, sometiendo a la víctima a una humillación, están empleando motivos que precisarán de racionalización exculpatoria, antes y después de la comisión del delito. La diferenciación entre unos y otros es un problema, a nuestro modo de ver, de límites, de extensión, de frecuencia y profundidad en la intrusión en la vida de sus semejantes: solo unos pocos parecen poder acercarse al terreno de lo grotesco por la misma violencia que encierra, por el desprecio absoluto de toda ley, humana o divina. El delincuente común ha de pelear con sus escrúpulos, con su conciencia, aun cuando esa pelea haya perdido mucha de su virulencia inicial por la habituación de las transgresiones. El psicópata, en cambio, no puede acceder al mundo de los actos morales, de lo justo e

injusto; sencillamente, porque no tiene el bagaje cognitivo y —fundamentalmente— emocional para hacerlo. Por ello, no precisa emplear distorsiones o racionalizaciones para justificar los delitos; si las emplea es para mejorar su imagen ante los demás, no porque las necesite para proteger su autoestima. En un ensayo de un filósofo español (Bilbeny, 1993) se califica al psicópata, homologado con el genocida, como un idiota moral. Su perversidad, dice él, no es buscada deliberadamente, ya que esto implicaría todavía el esfuerzo por vulnerar una conciencia, unos escrúpulos morales, sino que es el resultado directo de una incapacidad para sentir la vinculación moral con ser alguno de la sociedad. Estamos de acuerdo con esta tesis, con tal de que hagamos dos precisiones. En primer lugar, no se trata de que el psicópata no pueda contemplar intelectualmente el problema moral que suscita su comportamiento, sino que, literalmente, éste es un asunto que le trae sin cuidado. La idiocia moral lo es, no por falta de empatía cognitiva —el psicópata sí puede comprender el punto de vista de las otras personas— sino por incapacidad de asumir que lo que le sucede al otro es algo importante para él; se trataría, entonces, de una falta de empatía emocional. En cualquier caso, entendemos que el psicópata no recurra usualmente a ponerse en el punto de vista de las otras

personas, siquiera en ese plano exclusivamente cognitivo —en cuanto significa una realidad compartida menos profunda—, ya que ello supondría un ejercicio molesto para su estilo de vida egocéntrico. Una segunda puntualización que sería importante introducir se refiere a los posibilitadores psicológicos de esa continua usurpación de los derechos ajenos. Precisamente, la agresividad continua o sistemática, no necesariamente de índole delictiva precisa de estrategias cognitivas y emocionales que “taponen” la humanidad de sus percepciones y de sus comportamientos. El hecho de que esa violencia no siempre es delictiva le confiere un cariz, si cabe, más aterrador, ya que impregna toda la vida del sujeto, conformando un “estilo de vida”, esto es, un “proyecto de vida” que se define por violar sistemáticamente el bienestar de los demás, más allá de que tales actos rutinarios quebranten o no la ley. Aunque no sepamos si desde el nacimiento se hizo imposible esa vinculación moral con el resto de la especie humana, o si tal lazo se produjo, solo para caer rápidamente en desuso en el contexto de un ambiente favorable a ello, es bien cierto que estudiosos de la psicopatía como Samenow (1984), Hare (2003) y Walters (1990), han insistido en que la agresividad persistente precisa de formas de pensar peculiares, de razonamientos que justifiquen dicha agresión y eviten el sentimiento

desazonador de la culpa. Puede observarse la interrelación clara entre aspectos cognitivos y afectivos. Hart (1997) resume las posibles razones que vinculan la psicopatía a la violencia. Primero tendríamos los elementos cognitivos. Es posible que los psicópatas tengan mayor probabilidad que otros sujetos para generar pensamientos (fantasías, ideas, etc.) antisociales, como sugerían los autores anteriores. Más específicamente, es posible que los psicópatas tengan unos patrones cognitivos que les fuercen a percibir en la conducta de los demás elementos hostiles; o bien que presenten déficit cognitivos y atencionales que lleven a que evalúen los actos violentos como claramente reforzantes. En relación al afecto, hay muchas pruebas que indican que tienen grandes dificultades para sentir emociones; su incapacidad de sentir miedo o culpa puede impedir la existencia de los frenos que los otros sujetos tienen antes de cometer un delito o una agresión. Junto a estos dos aspectos se halla el elemento comportamental de la impulsividad y la conducta antisocial. Todo lo anterior conforma un conjunto peculiar de percibir la realidad y a uno mismo dentro de esa realidad. La agresividad persistente se mantiene, entonces, porque el psicópata no puede vivir sin ella, porque no ser agresivo en su estilo de vida exigiría de un sistema de pensamiento y de emociones que él no posee.

Y porque el patrón de refuerzos que se obtiene actuando, mejor comportándose (pensando, sintiendo, haciendo) de esa forma, le atrae de manera extraordinaria. El fin de la carrera delictiva de un agresor sistemático o persistente no significa que haya acabado su incapacidad de vivir de modo satisfactorio. En los casos de auténtica psicopatía un proceso de adaptación externo —aunque muy valioso para el conjunto de la sociedad— no puede ocultar el abismo que media hasta una vida socialmente competente.

13.5.4. Psicopatía y violencia contra uno mismo y contra los otros Entre los pacientes psiquiátricos se ha observado una tasa elevada tanto de violencia dirigida hacia uno mismo como de violencia hacia otras personas, de tal modo que sugiere la existencia de unos fundamentos comunes que podrían estar detrás de ambos tipos de comportamiento violento. ¿Cómo se relaciona la psicopatía con esas formas de violencia en pacientes psiquiátricos? Antes hemos visto que la psicopatía tiene una clara capacidad predictiva en cuanto a la violencia hacia los otros, sin embargo cuando nos referimos a la violencia contra uno mismo (en particular los intentos de suicidio) hemos de tener en cuenta los dos factores que componen la psicopatía, porque el factor 1 no guarda relación o ésta es inversa con aquélla, mientras que el factor 2, y en

particular la faceta Antisocial, sí que predice el intento de suicidio en pacientes internados en psiquiátricos (Swogger et al., 2009). Por otra parte, es importante comprobar en qué medida la psicopatía muestra una relación con estos dos tipos de violencia diferente de la ira, una emoción cuya asociación con la violencia interpersonal está fuera de toda duda, tanto en sujetos sin patología mental como con pacientes psiquiátricos. Sin embargo, los datos en el caso de la violencia autodirigida son equívocos, porque la investigación no ha mostrado esa relación en el caso de delincuentes, aunque sí con los intentos de suicidio de pacientes psiquiátricos adultos y jóvenes (Swogger et al., 2012). Con objeto de analizar este asunto, Swogger et al. (2012) estudiaron el papel que la psicopatía desempeñaba en la predicción de ambas formas de violencia, evaluada un año después de haber sido medida, así como la emoción de la ira, y para ello emplearon los datos de la investigación derivados del Estudio MacArthur de Evaluación del Riesgo, que es uno de los más importantes en el campo de la enfermedad mental y su relación con la violencia, una de cuyas virtudes es su diseño longitudinal prospectivo. Los participantes fueron 851 pacientes civiles psiquiátricos con edades comprendidas entre los 18 y los 40 años, que presentaban un amplio rango de

trastornos mentales (depresión, esquizofrenia, trastorno bipolar, abuso de sustancias, etc.). Los resultados mostraron que las facetas Interpersonal y Antisocial de la PCL-R predijeron tanto a los sujetos que manifestaron una violencia dirigida hacia los otros como aquellos que realizaron ambos tipos de violencia; sin embargo ninguna faceta de la psicopatía predijo la autoagresión; es decir, la psicopatía no predijo la violencia de aquellos sujetos que únicamente cometían actos de violencia contra sí mismos. Por otra parte, la emoción de la ira (evaluada como una disposición o rasgo) se relacionó con todos los sujetos que realizaron actos de violencia, incluyendo a los que únicamente cometieron autolesiones e intentos de suicidio, y no ejercieron la violencia interpersonal. Estos resultados son importantes porque nos permiten avanzar en la comprensión de la tipología reactiva /emocional versus proactiva /instrumental, ya presentada anteriormente. La primera es espontánea, dirigida a satisfacer una reacción difícil de controlar impulsada por la ira, mientras que la segunda es más premeditada, y su uso es un instrumento para conseguir una meta subsidiaria (Walsh et al., 2009). Aunque los estudios no arrojan todavía resultados definitivos, hay una clara tendencia en el sentido de que la faceta Impulsividad y Antisocial (del factor 2 de la PCL-R) de la psicopatía se relacionen con la violencia expresiva, mientras que particularmente la

faceta Interpersonal (del factor 1 de la PCL-R) predeciría la violencia instrumental (Walsh et al., 2009). La violencia reactiva previa es un factor de riesgo para el suicidio (Conner et al., 2009), ya que implica una activación emocional desequilibrada por parte de quien la manifiesta debido a la confluencia de la ira y la ansiedad y una pérdida del autocontrol. El estudio de Swogger et al. (2012) comentado es, por consiguiente, consistente con el modelo dual de la violencia, en el que la violencia instrumental deriva de un estilo de personalidad calculador y manipulativo, mientras que el historial de conducta antisocial y un pobre autocontrol se relaciona con la violencia expresiva.

13.5.5. Psicópatas primarios y secundarios Aunque la creencia general es que la psicopatía constituye un síndrome o tipo unitario, existe un creciente sector de la investigación que apoya su disgregación en dos variedades, compuestas por el psicópata primario y secundario (Kimonis et al., 2011). En la medida en que concebimos la psicopatía como una condición dimensional (es decir, que varía a lo largo de un continuo) y no como una categoría discreta, la expresión de “variante” o “variedad” resulta más apropiada que la de subtipo, toda vez que esta palabra remite a taxones o categorías diferentes, compuestas por rasgos distintivos,

lo que no sería el caso hablando de la psicopatía. La división entre la psicopatía primaria y secundaria se debe a Karpman (1941, 1948a, 1948b), quien propuso que el psicópata secundario era el producto de un conflicto emocional no resuelto que ha derivado en una gran hostilidad, como resultado de haber sido expuesto el sujeto a un estilo de crianza deficiente, como el dominado por los malos tratos, el rechazo o una gran indulgencia. Esa hostilidad perturba el funcionamiento de una conciencia que en realidad está bien constituida, y dota al sujeto de una “fachada psicopática”; Karpman, 1948b, p. 523). En contraste, el psicópata primario deriva de un déficit constitucional, con la falta de conciencia como su elemento más distintivo. Este, entonces, respondería sobre todo a factores genéticos, mientras que el psicópata secundario obedecería sobre todo a una etiología psicosocial. La moderna investigación ha destacado que el rasgo de la ansiedad también podría ser una marca distintiva del psicópata secundario; este, a diferencia del primario, sería un delincuente ansioso y socialmente introvertido, mientras que el psicópata primario presentaría una ansiedad baja y una clara dominancia social (por ejemplo, Blackburn, 1979). La investigación empírica realizada con adultos ha hallado datos que apoyan esta separación: los psicópatas primarios muestran menos miedo, ansiedad

y reacción al estrés que los secundarios (Hicks et al., 2004); estos son más impulsivos, ansiosos, hostiles y con mayores problemas emocionales y mentales que los primarios. Sobre la base de lo anterior, podría aventurarse que los psicópatas secundarios, más impulsivos y emocionalmente perturbados, podrían ser más agresivos y violentos que los primarios. A pesar de que hay cierto apoyo para esto, en el sentido de que los psicópatas primarios exhibirían una mayor violencia instrumental (es decir, no emocional) y los secundarios una mayor violencia reactiva o emocional, todavía la investigación no ha sido concluyente. Otra cuestión importante es si esa división entre la psicopatía primaria y secundaria podría aplicarse a los delincuentes juveniles, algo que podría tener importantes implicaciones prácticas. Así, si existen psicópatas juveniles primarios y secundarios, sería una posibilidad que los segundos tuvieran más opciones de responder favorablemente a los programas de intervención o a los elementos facilitadores del desistimiento (debido a que son capaces de sentir miedo y culpa), impidiendo de este modo que progresaran hacia una psicopatía en la edad adulta. Por ahora, la investigación realizada acerca de si el avance hacia la psicopatía adulta depende de si el joven presenta una psicopatía primaria o secundaria no es

concluyente, aunque hay datos crecientes que señalan la existencia de esos dos tipos de psicopatía entre los jóvenes. Así, en un estudio realizado con 132 sujetos, Vaughn et al. (2009) hallaron que los jóvenes con la variante de psicopatía secundaria (autoinformada) presentaban un mayor número de síntomas psiquiátricos (ansiedad, depresión, historia de trauma, TDAH11), así como mayor uso de drogas y conductas delictivas que los jóvenes con la variante primaria. Del mismo modo, Kimonis et al. (2011) evaluaron a 116 delincuentes juveniles a los que la puntuación en la versión juvenil de la PCL:R (PCL:YV) había catalogado de psicópatas, y encontraron esas dos variantes: una primaria donde las puntuaciones en ansiedad eran bajas, y otra secundaria, donde eran altas. Comparados con los jóvenes primarios, los secundarios manifestaron una mayor violencia dentro de la institución, mayor inmadurez psicológica y social y una historia de abuso cuando eran niños más frecuente. En resumen, dentro de la delincuencia juvenil, la psicopatía es un factor de riesgo muy relevante en el sentido de que profundiza la incapacidad de aprender de la experiencia y lleva a una mayor delincuencia y una vida desordenada. Sin embargo es importante, en el actual estado de conocimiento de la psicopatía, determinar si un joven que presenta una puntuación alta en psicopatía tiene rasgos propios de la variante primaria o secundaria.

Aunque la investigación todavía está poco avanzada, es más probable, al menos a priori, que los jóvenes con la variante secundaria puedan responder mejor a los programas de intervención, dado que estos tienen una capacidad de conciencia (sentimiento de culpa, lo cual está vinculado con la habilidad para establecer vínculos interpersonales significativos) mayor. Ahora bien, estos jóvenes pueden requerir una intervención profunda, porque no olvidemos que obtienen puntuaciones elevadas en psicopatía, aunque también sean ansiosos y emocionalmente inestables, todo lo cual puede llevarles a ser más hostiles y violentos que los jóvenes con la variedad primaria.

13.5.6. La tríada oscura Hay personas que, aun siendo del todo responsables ante la justicia, tienen personalidades distintivas o especiales, entendiendo por esto que en su forma de interpretar la vida y de comportarse presentan unos rasgos diferentes, que la mayoría de la gente no muestra, al menos con esa intensidad. La psicopatía, comentada en páginas anteriores, sería una de esas personalidades “especiales”, cuya manifestación plena solo se daría en el uno por ciento de la población. Los psicópatas criminales son los que exhiben los rasgos comentados con mayor frecuencia e intensidad, y sin duda constituyen el principal interés de

la Criminología. Pero por otra parte, existen los llamados psicópatas integrados, mucho más numerosos, porque no cometen crímenes o son capaces de ocultarlos con mayor astucia y determinación. Estos sujetos destacan en los rasgos de la insensibilidad afectiva (afecto superficial, falta de empatía, ausencia de sentimiento de culpa) y la relación interpersonal manipuladora (que engloba rasgos como la mentira, hipocresía, dar una imagen falsa positiva y ego inflado o narcisismo). Es decir, obtienen puntuaciones elevadas en el llamado “factor 1” de la PCLR de Hare, en sus facetas Afectividad e Interpersonal. Estos sujetos tienen una mayor capacidad de autocontrol y probablemente son más inteligentes que los psicópatas que están en las cárceles, en parte porque han tenido más oportunidades para estudiar y relacionarse con gente con vidas convencionales y productivas. De lo dicho hasta ahora, es claro que la psicopatía incluye en su concepción componentes narcisistas y manipuladores. De hecho, existe una importante investigación que señala que hay una parte de la sociedad que manifiesta la denominada “triada oscura”, compuesta por la psicopatía integrada, fuertes rasgos narcisistas y un estilo de comportamiento manipulador o “maquiavélico”12. La psicopatía aportaría a esta tríada, sobre todo, la ausencia de conciencia: la falta de empatía, la crueldad, los afectos superficiales, el pobre sentimiento

de culpa. Por su parte, el narcisismo pondría el acento en el hecho de atribuirse prerrogativas que no debería, la necesidad de ser considerado poderoso o admirable, la arrogancia y la voluntad de someter o explotar a los otros (Mouilso y Calhoun, 2012). Finalmente, el maquiavelismo aporta un modo de relación que persigue mediante el engaño y la manipulación el propio beneficio del individuo. Se denomina la “tríada oscura” de la personalidad porque existe un común denominador, que podríamos denominar “carácter malévolo”, donde primaría en el individuo que lo sustenta la consecución de los deseos personales a costa de la explotación o perjuicio de las personas con las que se relaciona, exhibiendo en ese comportamiento falta de empatía, capacidad de manipulación y agresividad más o menos velada (Jakobwitz y Egan, 2006). Otra forma de denominar a esta tríada oscura es la de considerarla compuesta por “rasgos propios del espectro de la falta de conciencia” o del “espectro narcisista” (Stone, 2009). Lo que queremos destacar en este punto es que el narcisismo como variable o dimensión de personalidad tiene una relevancia notable en el campo de la criminalidad, particularmente si se asocia con rasgos propios del trastorno antisocial de la personalidad y de la psicopatía. La razón se halla en el hecho de que “el

delincuente reincidente es egocéntrico (self-centered) e indiferente a los sentimientos de las víctimas” (Stone, 2009:195). Dentro de los criterios que el DSM-IV adjudica al diagnóstico del trastorno narcisista de personalidad, hay cinco de ellos que facilitan la comisión de actos violentos o delictivos: un gran sentimiento de importancia personal, la creencia de que uno es “especial”, un sentimiento de que uno tiene privilegios únicos (entitlement), la actitud de explotación y la falta de empatía (Stone, 2009). De ahí que anteriormente el narcisismo apareciera como uno de los ámbitos o dominios propios de la psicopatía dentro de La Evaluación Comprensiva de la Personalidad Psicopática, presentada anteriormente. Ahora bien, es importante señalar que el narcisismo, en palabras, de Stone (2009: 195), cobra todo su potencial criminógeno cuando se asocia con los rasgos de la psicopatía, de tal manera que “la mayoría de las personas que presentan un trastorno narcisista de la personalidad no participan en actos delictivos”.

13.5.7. Tratamiento del psicópata Los psicópatas constituyen el conjunto de delincuentes más complejo de tratar, de eso no cabe duda (Thornton y Blud, 2007). Sus características de personalidad y su capacidad para la manipulación hacen difícil y poco

atractiva para el profesional la empresa de atenderlos. No obstante, parece hoy en día más evidente que nunca que las mejores oportunidades para el tratamiento se hallan cuando estamos ante jóvenes que no han conformado todavía una personalidad psicopática sólida, en particular si puede calificárseles de psicópatas secundarios, en lugar de psicópatas primarios. En la actualidad hay resultados prometedores con programas de tratamiento aplicados a delincuentes juveniles con una puntuación elevada en psicopatía (Morales, 2011). Esta lógica debería poder extenderse a etapas anteriores, lo que sería propio de una intervención temprana con niños que presentaran síntomas relacionados con la psicopatía adulta, en particular la insensibilidad emocional (McDonald, Dodson, Rosenfield et al., 2011). Esta vía apunta a la intervención con familias, ya que sabemos que los estilos educativos basados en un uso excesivo del castigo, o con pautas inconsistentes y erráticas de disciplina, pueden favorecer el desarrollo de síntomas predecesores de la psicopatía (Bayliss, Miller y Henderson, 2010; López-Romero, Romero y Villar, 2012)13. Para el resto de los delincuentes violentos los conocimientos criminológicos señalan claros caminos para la prevención en la consideración, como objetivos, de los factores de riesgo más sobresalientes, sin olvidar

los componentes culturales de cada país que, como el consumo del alcohol y drogas y la disponibilidad de armas, pueden influir de modo significativo en el desarrollo de determinadas formas de comportamiento violento, particularmente las más agravadas como los asaltos y los homicidios. PRINCIPIOS CRIMINOLÓGICOS Y POLÍTICA CRIMINAL 1. Los delitos violentos son poco frecuentes, menos de lo que uno podría deducir de los reportajes en los medios de comunicación. Un ciudadano español promedio denunciaría un delito violento cada 200 años (si pudiera vivirlos). 2. España tiene cifras moderadas de delincuencia violenta, comparada con otros países europeos. Las elevadas cifras de robo con violencia suponen una excepción. 3. La gran mayoría de los delitos violentos transcurren entre personas que se conocen: familiares y amigos. 4. Los factores situacionales influyen fuertemente en el resultado final de una acción violenta. La diferencia entre una lesión leve y un homicidio puede estar en la presencia de un arma de fuego. La escasez de armas de fuego, la todavía consistente red de apoyo social derivada de la familia y la baja agresividad vinculada con el consumo de alcohol pueden explicar las moderadas cifras de violencia en España. 5. Los grupos juveniles desviados, y aquéllos que están más estructurados (las bandas), suponen una facilitación importante para la comisión de actos delictivos variados y violentos, así como para el consumo de alcohol y de marihuana. 6. Los asesinos múltiples comportan una realidad particularmente dramática de la delincuencia violenta; por fortuna su número es escaso. No obstante, es importante investigar los factores predisponentes (como la psicopatía) y situacionales que pueden propiciar ese tipo de crímenes. Sabemos, en particular, que los asesinos múltiples en un solo acto (o de grupo) son personas aisladas, socialmente incompetentes, que pueden arrastrar patologías mentales. Una buena atención en el ámbito de la salud mental de naturaleza preventiva podría evitar algunos de esos actos de extrema violencia. 7. Un número muy importante de delitos violentos (especialmente los más graves) son responsabilidad de un pequeño número de sujetos, crónicamente violentos; si bien nuestra capacidad de predicción es solo moderada en los casos individuales, el conocimiento que tenemos de los factores que incitan a la actividad violenta cualifica ya para crear programas de prevención, especialmente de nivel secundario, es decir, afectando a los jóvenes que han mostrado una actividad

antisocial precoz, repetida y violenta. 8. Hay investigaciones prometedoras que muestran la influencia de factores educativos familiares tempranos y los síntomas de psicopatía en los niños. Este campo merece ser desarrollado, ya que podría evitarse la aparición de carreras delictivas en esos niños al llegar a la adolescencia. 9. Los delincuentes con un trastorno de psicopatía constituyen el grupo más proclive a cometer actos delictivos variados y violentos. La división entre psicópatas primarios y secundarios es importante porque señala diferentes factores de riesgo que pueden ser objeto de programas de prevención diferentes. 10. La psicopatía también afecta a la violencia autodirigida en personas aquejadas también por otros trastornos mentales. Por ello la evaluación de este síndrome es importante en la prevención de este hecho. 11. Existen psicópatas integrados, personas que por su inteligencia y nivel social actúan de manera ilegal y no son detectados. Un campo particularmente idóneo para estos sujetos es el mundo de las finanzas y las empresas. No cabe duda que se hace necesario tomar conciencia de este problema con objeto de generar más controles en estos ámbitos profesionales, dado que el daño y los costos sociales pueden ser muy elevados. CUESTIONES DE ESTUDIO 1. Busca información sobre la delincuencia violenta en España en el siglo XX. ¿Había más o menos violencia hace veinte o treinta años? 2. Si la disponibilidad de armas de fuego influye en el número de homicidios, también debe de ser apreciable su impacto en otros tipos de sucesos, particularmente en el número de suicidios. Investiga la relación entre suicidios y homicidios. 3. ¿Qué puedes concluir del gráfico que muestra la distribución de la presencia de armas de fuego en los diversos países y los niveles de violencia que poseen? 4. ¿Cómo se dividen los asesinos múltiples? 5. Busca un caso de asesinato serial o múltiple en internet o en la bibliografía especializada y resume los aspectos esenciales del caso. Pon el énfasis en lo que podría entenderse como factores etiológicos (personales y situacionales) del mismo. 6. Enumera las características más relevantes de la psicopatía. 7. ¿Qué relación hay entre la psicopatía, la emoción de la ira y la violencia autodirigida? 8. ¿Cómo se relacionan los diferentes factores de la PCL-R y la violencia? 9. ¿Qué diferencia hay entre los psicópatas primarios y secundarios? 10. ¿Qué es la “tríada oscura”? 11. ¿Qué relación o influencia posee el rasgo del narcisismo en la violencia? 12. ¿Qué se puede concluir en relación al tratamiento de los psicópatas?

1 http://www.unodc.org/unodc/crime_cicp_surveys.html 2 Fuente: Material inédito de las encuestas en Málaga (Díez Ripollés et al., 1996). 3 The New York Times, 28 de enero de 2005. 4 Este asesino operó entre 1966 y 1974, y nunca fue capturado. Escribió 21 cartas a la policía y a los periódicos. Dejaba su firma consistente en una cruz rodeada de un círculo. 5 David Berkowitz, conocido como el “Hijo de Sam”, y como el “asesino del calibre 44”, porque ésta era el tipo de arma que empleaba en sus asesinatos. A diferencia del asesino del zodíaco, Berkowitz solo escribió dos cartas, dirigida una a los periódicos, y otra a la policía. Años después de ser condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional tuvo una conversión religiosa y llegó a ser Pastor de una Iglesia protestante (ver Garrido, 2012). 6 Curiosamente, esta idea está detrás del canibalismo practicado por muchas tribus primitivas: si los guerreros se comen a su enemigo, su fuerza pasará a los vencedores. 7 No queremos decir que no tenga incidencia en los homicidios (que la tiene), sino que el número de estos es pequeño en comparación con otros países de Europa, como antes señalamos. 8 Ver un resumen del Informe en El País, de 30 de enero de 2006. 9 El País, 11 de junio de 2012. 10 Rogamos al lector que no considere que nosotros apoyamos sin reservas un origen biológico pleno de la psicopatía (véase Garrido, 1993). Más bien la referencia a Meloy tiene el valor de la expresividad con que este autor refiere sus estudios de la emoción de los psicópatas. 11 Trastorno por déficit de atención e hiperactividad. 12 Término que procede de la obra de Nicolás Maquiavelo “El Príncipe” (1511), donde se aconseja el uso de cualquier medio de manipulación al alcance del Príncipe para obtener y conservar el poder. 13 No obstante, como apuntan los propios autores (López Romero et al., 2012), es posible que la investigación que relaciona los estilos educativos de los padres y la psicopatía se vean afectados por un doble proceso: por una parte, por la herencia compartida entre hijos y padres, de tal modo que

tales síntomas en los niños responderían a características heredadas de los padres; y por otra, que los niños difíciles de educar podrían evocar unas respuestas más autoritarias en los padres, las cuales no se producirían si los niños no tuvieran conductas aversivas en el trato con sus padres.

14. ENFERMEDAD MENTAL, ALCOHOL, DROGAS Y VIOLENCIA 14.1. INTRODUCCIÓN 657 14.2. ENFERMEDAD MENTAL Y VIOLENCIA 658 14.3. TRASTORNO ANTISOCIAL, PSICOPATÍA Y ABUSO DE SUSTANCIAS 663 14.3.1. Trastorno antisocial de la personalidad y abuso de sustancias 664 14.3.2. La transmisión de una asociación 668 14.3.3. ¿Qué es lo que se transmite? 671 14.3.4. La precocidad como precursor de riesgo 672 14.3.5. Los psicópatas 673 14.4. INCENDIOS INTENCIONADOS 679 14.4.1. Tipología de incendiarios 681 A) Por beneficio o lucro 681 B) Por animosidad o venganza 681 C) Por vandalismo / excitación 682 D) Para ocultar un crimen 682 E) Por razones políticas 682 F) Piromanía 683 14.4.2. Patologías mentales asociadas 683 14.4.3. Conclusión incendiarios 685 14.5. CONCLUSIONES 685 PRINCIPIOS CRIMINOLÓGICOS Y POLÍTICA CRIMINAL 688 CUESTIONES DE ESTUDIO 688

14.1. INTRODUCCIÓN

Los trastornos mentales y la violencia son viejos compañeros de viaje. Ya en la literatura y el teatro de la Antigüedad hallamos numerosos ejemplos de cómo el vino y la locura acompañaban actos de venganza o crímenes, los cuales a su vez eran explicados por la acción de esas fuerzas externas e internas sobre el hombre. Es decir, través de la historia la sociedad ha tendido a creer que la enfermedad mental y la violencia son dos fenómenos muy vinculados. El mismo Shakespeare lo reflejó así en varias de sus obras, como “Enrique IV” o “La fierecilla domada”. Esta visión es importante porque mediatiza la relación de la gente con los enfermos mentales y la política de salud mental de las autoridades. Pero, en el siglo XXI, ¿qué hay de cierto en ello? Como veremos en este capítulo, la existencia de esa asociación hoy en día parece demostrada, si bien cuantificarla es una cuestión más compleja. Dentro de los trastornos mentales nos vamos a detener en dos tipos, los que sin duda tienen mayor relevancia en la Criminología: las enfermedades mentales graves conocidas como psicosis, y los trastornos de personalidad del grupo B del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales DSM-IV, y más en concreto del Trastorno Antisocial de Personalidad (TAP en adelante) —y por extensión de la psicopatía—, por ser el diagnóstico por excelencia del delincuente multirreincidente y violento

(Garrido, 2003). Así pues, en esta primera parte nos ocuparemos de las psicosis y la violencia, y en la segunda de la asociación entre el diagnóstico de TAP / Psicopatía y el abuso de sustancias, lo que se conoce como Patología Dual. La tercera parte de este capítulo dirige su atención a los incendiarios, responsables de delitos de enorme gravedad para toda la sociedad, por el incalculable daño que causan al medio ambiente, así como a la economía del país y de los afectados, sin contar las pérdidas en vidas humanas que en ocasiones también se producen. Hemos incluido el incendio intencionado en este capítulo por tres razones: la primera es que una patología mental (la piromanía) consiste justamente en la compulsión de incendiar, si bien es cierto que solo una pequeña parte de los incendiarios son pirómanos; la segunda es que el abuso de sustancias y otras patologías mentales suelen verse implicados en tales actos.

14.2. ENFERMEDAD VIOLENCIA

MENTAL

Y

La influencia del alcohol (y en menor medida de las drogas) en exacerbar la violencia en los sujetos aquejados de psicosis está sólidamente demostrada (Mulvey et al., 2006). Sencillamente, el alcohol deteriora más el precario

equilibrio en el que se mantiene el enfermo mental por poder vivir integrado en la sociedad, por no hablar de su efecto extremadamente perjudicial que se deriva si se consume junto a determinados fármacos antipsicóticos. Es decir, el alcohol (y las drogas) afectarían a los sujetos psicóticos agudizando su violencia. Sin embargo, aunque este hecho es cierto, tenemos que preguntarnos si los psicóticos, debido a su enfermedad, están ya predispuestos a ser más violentos, sin que sea preciso que beban alcohol o tomen drogas. Este es un punto muy importante de la discusión criminológica actual, del que nos vamos a ocupar a continuación. La psicosis es un síndrome que se aplica a diagnósticos tales como la esquizofrenia, los trastornos delirantes, el trastorno bipolar y la depresión profunda. Los síntomas de la psicosis reflejan profundas perturbaciones en el pensamiento, la percepción y la conducta. Con respecto al pensamiento, los síntomas incluyen delirios (creencias extrañas irrebatibles aun en presencia de la evidencia contraria) y la comunicación alterada (habla ilógica y desorganizada). Las perturbaciones del pensamiento incluyen alucinaciones (percibir cosas que no existen), desrrealización (el sentimiento de que el mundo no es real) y despersonalización (el sentimiento de que el sujeto no es ya una persona real). Por su parte, los trastornos de la conducta agrupan síntomas como perturbaciones en el

nivel de actividad (muy excitada versus letárgica), su organización y propósito (actos ilógicos y erráticos, posturas extrañas, hábitos de higiene deficiente y retirada de la interacción social). Finalmente hemos de decir que los psicóticos suelen presentar también perturbaciones en el estado de ánimo y en la motivación. La posición de los investigadores acerca de si la violencia y la enfermedad mental (psicosis) están relacionadas ha cambiado con el tiempo. Antes del decenio de 1990 la visión convencional era que tal asociación no existía, o al menos que no se había podido demostrar. A partir de los años noventa, sin embargo, se hizo más frecuente encontrar conclusiones en las publicaciones científicas en el sentido de que, aunque la relación no era grande, sí era estadísticamente significativa, lo cual tenía importantes consecuencias prácticas. Por ejemplo, Silver (2006: 685) concluía lo siguiente: “Aunque la mayor parte de los enfermos mentales no cometen actos de violencia, sí que tienen una mayor probabilidad de llevarla a cabo en comparación con las personas que no presentan una enfermedad mental”. Por su parte, uno de los grandes investigadores en este ámbito, John Monahan (1996), comentando este cambio, explicó que hasta el comienzo de la década de los noventa la investigación sobre esta cuestión se realizaba

exclusivamente con sujetos institucionalizados, bien en hospitales bien en prisiones, pero que con posterioridad los estudios se llevaron a cabo en el seno de la población en general, lo que permitió tener una idea más exacta del fenómeno. La conclusión extraída de éstos es que “existe una relación significativa entre la enfermedad mental y la violencia, pero que en términos absolutos se trata de una relación modesta (…) Un estudio halló que el tres por cien de la varianza en conducta violenta en los Estados Unidos es atribuible a la enfermedad mental, y otros estudios han mostrado que los enfermos mentales tienen más probabilidad de ser víctimas de la violencia que perpetradores de la misma. De modo más específico, se ha encontrado que la relación entre enfermedad mental y violencia no se basa en el diagnóstico de esa enfermedad, sino en la presencia de los síntomas psicóticos” (1996: 1). No obstante, siguen apareciendo resultados contradictorios en la investigación acerca de esta relación. ¿Cuál puede ser la causa de esto? Una posibilidad es la gran variedad metodológica de los estudios, por lo que respecta, entre otros, a factores como la definición de violencia y de enfermedad mental empleadas, o su medición. Otra posibilidad es que entren en juego diversas variables que incrementaran el riesgo de la violencia por estar asociadas a la enfermedad mental, como son la edad, el abuso de sustancias o diversos

trastornos de personalidad, tal y como veremos a continuación. Existen tres hipótesis acerca de por qué la psicosis y la violencia podrían estar relacionadas. Se enuncian a continuación: a) La psicosis es una causa de la violencia. Aquí los síntomas de la psicosis podrían generar un motivo para el acto criminal (un delirio de que uno está siendo perseguido, por ejemplo), o bien interferir con la capacidad del individuo para manejar un conflicto interpersonal. Esta hipótesis requiere demostrar que la psicosis precede a la violencia en el tiempo. b) La psicosis es una consecuencia de la violencia. Quizás el estrés derivado de cometer un acto de violencia puede provocar la aparición de la enfermedad mental en individuos que están predispuestos a ella. c) La psicosis es un correlato de la violencia. En esta explicación la asociación entre ambos fenómenos (psicosis y violencia) es solo de naturaleza estadística, no causal, y por ello ambos se relacionan con una tercera variable que es en verdad la que tiene ese efecto causal de provocar actos de violencia. Este tercer factor podría ser un conjunto de eventos muy estresantes (divorcio y pérdida de trabajo, por ejemplo, lo que en una persona vulnerable podría

provocar tanto la aparición de una psicosis como la comisión de actos de violencia), determinados rasgos de personalidad, abuso de sustancias, experiencias de haber sido víctima del delito, etc. Si esta explicación fuera cierta, entonces, una vez controlado en el diseño estadístico el efecto de estas posibles variables, la relación entre psicosis y violencia desaparecía o al menos disminuiría de modo sustancial. Aunque no se puede descartar ninguna de estas hipótesis, es claro que la primera ha capturado mucho más el interés de los investigadores y de la opinión pública. Si la psicosis causa la violencia, hay tres mecanismos o estrategias por los que tal efecto podría aparecer: a) Mediante la acción de focalización, es decir, organizando la toma de decisiones y la conducta, proporcionando al sujeto un motivo para la violencia: muchos psicóticos dan explicaciones claras y elaboradas de su comportamiento y lo llevan a cabo con premeditación y planificación. Este modo de proceder ha sido descrito como “el principio de la racionalidad dentro de la irracionalidad” (Link y Stueve, 1994: 143). Aquí juegan un papel destacado los síntomas positivos como los delirios y las alucinaciones (“positivos” significa que están presentes). b) Ciertas psicosis pueden desestabilizar la toma de

decisiones y los comportamientos, interfiriendo con la habilidad del sujeto de manejar los conflictos interpersonales. Así, perturbaciones en el estado afectivo, pensamiento, percepción y en la conducta (lo que se conocen como síntomas de desorganización, caso del afecto y comunicación inapropiados) pueden frustrar a los psicóticos o a la gente con la que éstos se relacionan, lo que aumentarían las opciones para responder de modo violento. Baxter (1997) ha planteado la hipótesis de que este tipo de psicosis puede llevar a delitos “desorganizados” e impulsivos. c) Mediante la acción de la desinhibición: mientras que los síntomas positivos motivan la conducta violenta y los síntomas de desorganización desestabilizan la conducta, los síntomas negativos —es decir, aquellos síntomas que muestran la carencia de emociones, cogniciones o actos bien adaptados— interfieren con la conducta orientada a la meta. Se cree que su influencia en la violencia es menor, pero aun así se da en determinadas circunstancias. Por ejemplo, si los sujetos tienen síndromes comórbidos como abuso de sustancias o un trastorno de personalidad, entonces los síntomas o las consecuencias del trastorno asociado a la psicosis (sustancias / Trastorno personalidad) pueden dar lugar a los motivos para actuar de manera violenta, y los síntomas negativos pueden resultar en

una falta de inhibición de ésta al alterar la capacidad de estos individuos de sentir empatía, ansiedad o remordimientos. Además, estos síntomas negativos pueden facilitar la depresión y los deseos de suicidarse, lo que puede poner en peligro la vida de otros si ese suicidio se amplía e incluye a los seres queridos. Un trabajo reciente ha intentado arrojar luz sobre la relación entre psicosis y violencia. Douglas, Guy y Hart (2009) llevaron a cabo una revisión cuantitativa mediante la técnica del meta-análisis aplicado a 204 estudios recogidos hasta agosto de 2006. Sus resultados mostraron que “la psicosis y la violencia son dos fenómenos asociados, aunque con un pequeño tamaño del efecto que varía considerablemente a través de los diversos estudios en función de ciertas características de éstos, así como de características de la propia psicosis y de la conducta violenta” (Douglas et al, 2009: 692). Veamos estos resultados en más detalle. Por lo que respecta a la importancia de la relación hallada, el tamaño del efecto promedio del meta-análisis efectuado (r = 0.120.16) de la psicosis como predictor de la violencia es comparable al de otros muchos factores de riesgo, aunque ciertamente es menor que el valor promedio detectado en la psicopatía, que diversos meta-análisis sitúan en el rango 0.25-0.30 (por ejemplo, Walters, 2003). En

conclusión, entonces, la psicosis antecede a la violencia (la hipótesis primera en la relación anterior), la provoca, pero en un grado pequeño aunque significativo. Ahora bien, hay determinadas variables que ejercen una función moderadora notable en esa relación. Los resultados más interesantes en este punto fueron los siguientes: a) La relación entre la psicosis y la violencia fue estadísticamente significativa cuando la primera fue medida mediante el diagnóstico de esquizofrenia o cuando se evaluó mediante los síntomas que presentaba. Es decir, cuando se juntaba todo tipo de diagnóstico (trastorno bipolar, depresión, trastornos delirantes y la esquizofrenia) para predecir la violencia, la relación no era potente y no alcanzaba significación estadística. b) Los síntomas positivos mostraron la mayor relación con la violencia, pero no los negativos. Los síntomas de desorganización también se relacionaron, aunque en segundo lugar. Ello implica que la presencia de delirios y alucinaciones genera motivos para que el paciente aquejado de psicosis actúe de modo violento hacia los demás. Por su parte, los síntomas de desorganización probablemente actúan perturbando el funcionamiento adecuado de la toma de decisiones. c) Entre los síntomas positivos, los que mejor predijeron violencia fueron las alucinaciones y los delirios en los que

el sujeto se siente perseguido o amenazado de algún modo. d) La capacidad predictiva de la psicosis resultaba mayor cuanto más cerca en el tiempo se estudiaba al individuo con respecto a la realización del acto violento, sobre todo si tanto el diagnóstico de psicosis como la clasificación de los síntomas ocurrían poco antes de que se registrara la conducta violenta. En conclusión, los sujetos con esquizofrenia y con síntomas positivos son más violentos que otros pacientes o gente que no presente otros factores de riesgo para la violencia significativos (como antecedentes delictivos, fracaso escolar, etc.). No obstante, dado que la investigación escasas veces documenta el desarrollo de la enfermedad mental y la violencia conjuntamente a lo largo de la vida, es difícil concluir con rotundidad que es esa enfermedad la que precede y causa esa violencia. Los datos apuntan en esa dirección, ya que en el meta-análisis la psicosis predice la violencia futura, pero todavía falta una investigación más solida en este punto. En todo caso, los autores del meta-análisis señalan la siguiente conclusión para la práctica criminológica (Douglas et al., 2009: 697): En nuestra opinión, la evidencia del presente meta-análisis es suficiente para concluir que la psicosis puede elevar el riesgo de que una persona cometa actos de violencia… [Ahora bien] la presencia de la psicosis no debería considerarse como una condición necesaria ni

suficiente para la determinación de que el sujeto está en un riesgo alto de cometer un acto violento. Esto se basa en el hecho de que la relación encontrada entre psicosis y violencia es pequeña: la mayoría de los psicóticos no son violentos, y la mayoría de los violentos no son psicóticos. Esto significa que los profesionales que realicen una evaluación del riesgo de violencia deberían considerar el papel que la psicosis puede haber jugado en el pasado violento del sujeto (de acuerdo con la historia de éste) y cuál podría jugar en la violencia futura, por ejemplo como un factor organizador o desorganizador. Solo en los casos en los que la psicosis parece lógicamente vinculada con la violencia futura debería considerarse a aquella como un importante factor de riesgo. Desde luego, pueden estar presentes también otros factores que puedan incrementar (por ejemplo, abuso de sustancias, psicopatía) o disminuir (por ejemplo, apoyo social, un hogar estable) el riesgo de violencia. Así pues, la psicosis nunca debe ser el único factor a determinar para establecer el riesgo de violencia de una persona.

14.3. TRASTORNO PSICOPATÍA Y SUSTANCIAS

ANTISOCIAL, ABUSO DE

De entre todos los trastornos mentales, el consumo abusivo de sustancias destaca por su fuerte asociación con el delito, y en particular el delito violento. Por ejemplo, los individuos con este único diagnóstico cometen de 12 a 16 veces más actos de violencia que los sujetos diagnosticados de esquizofrenia o de trastorno bipolar (Swanson et al., 1990). Sin embargo, lo habitual es que el abuso de sustancias vinculado con la violencia aparezca junto a otros diagnósticos, en particular con el grupo B de

los trastornos de personalidad, y dentro de éste, con el trastorno antisocial de la personalidad. De hecho el trastorno antisocial de la personalidad y su precursor en la infancia —el trastorno disocial o conduct disorder— muestran una correlación muy fuerte con el consumo de sustancias, particularmente con el alcohol (Heltzer y Pryzbeck, 1988). Otros dos cuadros que también suelen asociarse al consumo de sustancias y al trastorno antisocial de la personalidad son la ansiedad y los trastornos depresivos (pero no con la psicopatía, ver más adelante) (O`connor et al., 1998). En este apartado pretendemos estudiar la relación existente entre el trastorno antisocial de la personalidad (TAP) y las adicciones, tanto en lo referente a la naturaleza de su asociación como a los efectos en el desarrollo vital de los sujetos que tienen este diagnóstico dual, incluyendo la prognosis derivada del tratamiento. Otro apartado posterior se centrará en comentar los resultados anteriores bajo el prisma del diagnóstico de la psicopatía, dada la estrecha relación que guardan el trastorno antisocial de la personalidad y la psicopatía. Foto donde actuaba el asesino en serie conocido como El Torso, en Cleveland (EE.UU) en los años treinta del pasado siglo. Los factores sociales de una extrema marginación producidos por la Gran Depresión (la mayoría de las víctimas eran vagabundos) y la posible patología mental del asesino produjeron un ejemplo de la multiplicidad de factores con los que ha de trabajar la Criminología para desarrollar su investigación. Eliot Ness, famoso por haber liderado años antes a Los Intocables, pagó muy cara su implicación

en el caso (ver Garrido, 2012).

14.3.1. Trastorno Antisocial de la Personalidad y Abuso de Sustancias En efecto, se trata de una relación bien consolidada. Una investigación reciente realizada con una muestra representativa de los adultos de Estados Unidos (Compton et al., 2005), determinó una prevalencia para el trastorno antisocial de la personalidad del 3,6%; de 30,3% para el abuso de alcohol y de 10,3% para el abuso de drogas. En sus diferentes análisis acerca de la relación existente entre el consumo de drogas y el trastorno antisocial de la personalidad vieron que existía una asociación estadísticamente significativa entre muchas de las variables estudiadas (p < 05). Dado que el diagnóstico de TAP implica la comisión de delitos, no puede extrañar a nadie que ese matrimonio, entre este diagnóstico de personalidad y el abuso de drogas, implique también invitar a la conducta delictiva y violenta. Y, en efecto, el delito y el abuso de drogas se asocian de manera muy sólida en las estadísticas de los sistemas de justicia de todos los países. Los consumidores de drogas tienen mucha más relación con el delito y la violencia que los no consumidores, y viceversa: los delincuentes habituales son consumidores frecuentes de todo tipo de sustancias. Igualmente, es ya vieja la

asociación que el consumo de alcohol manifiesta con los delitos violentos. Como antes señalábamos: dado que la conducta antisocial y el estilo de vida irresponsable son marcadores comportamentales de los que abusan del alcohol y las drogas, a nadie extrañará que el diagnóstico de personalidad antisocial —que se fundamenta precisamente en esas dos características— se asocie a su vez con el consumo de drogas. No obstante, la capacidad predictiva del TAP acerca de la comisión de futuros delitos en sujetos que abusan de las drogas todavía está por concretar, ya que resulta difícil separar los efectos del trastorno de personalidad de la vida derivada del abuso de las drogas, de ahí que la investigación de Fridell et al. (2008) sea particularmente relevante en dilucidar esta cuestión. Estos autores llevaron a cabo un estudio longitudinal en una muestra de 1052 consumidores abusivos de drogas, seleccionados en una unidad de desintoxicación de Lund, en Suecia, que habían ingresado en el periodo 1977-1995. Los sujetos fueron seguidos en los archivos delictivos desde su primer programa de tratamiento hasta su muerte, o bien alternativamente hasta el año 2004, con un promedio de observación de 17.5 años por individuo. Los resultados mostraron que los sujetos con diagnóstico dual (TAP y abuso de drogas) tenían una probabilidad 2,16 mayor de ser condenados por un delito de hurto o robo sin

violencia, y una probabilidad 2,44 veces mayor de ser condenados por diferentes tipos de delitos, en cualesquiera de los años sometidos a observación durante el seguimiento. Otros predictores de riesgo significativos fueron ser varón, joven, y emplear drogas estimulantes, todo lo cual coincide con el perfil del delincuente habitual. Esta investigación probó que las drogas no bastan para generar el estilo de vida antisocial característico de muchos de los consumidores, puesto que entre ellos los sujetos con rasgos antisociales marcaron claramente una diferencia en su implicación delictiva. Otro trabajo relevante que incide en la importancia del trastorno antisocial de la personalidad como generador de una vida desviada en pacientes que consumen drogas es el de Westermeyer y Thuras (2005). Estos autores examinaron si los sujetos que tenían un trastorno de abuso de sustancias más un diagnóstico de TAP mostraban mayores índices de desadaptación en diversas variables. La muestra estudiada consistió en 606 pacientes, y fue extraída de dos centros médicos de los Estados Unidos. Los evaluadores recogieron los datos sin conocer cuáles de los individuos estudiados presentaban el diagnostico dual. Los resultados revelaron que los pacientes diagnosticados de abuso de drogas y TAP tenían más familiares con abuso de sustancias; estos pacientes también mostraron mayor consumo de tabaco y drogas

ilegales a lo largo de la vida, así como un inicio más temprano en el consumo de alcohol y tabaco, aunque no en otras drogas. Tampoco hubo diferencias en otros indicadores como años de abuso, días de consumo en el último año, o duración de los periodos de abstinencia. Sin embargo, todos los indicadores de tratamiento (número de admisiones en hospitales por el consumo de drogas, días de asistencia recibidos, modalidades de asistencia aplicadas, etc.) eran más altos en el grupo con TAP. Finalmente, un análisis de regresión reveló que los problemas familiares y legales mostraban una gran asociación con este grupo diagnóstico. Otros investigadores han buscado analizar la relación abuso de drogas – trastorno antisocial de personalidad, en estudios de seguimiento de programas terapéuticos. Así, Fridell et al. (2006) evaluaron durante cinco años a 125 pacientes de una unidad de desintoxicación en Suiza. Se anotaron los delitos que habían cometido, y se entrevistó a tres cuartes partes de la muestra. Se pudo observar que el diagnóstico de trastorno antisocial de la personalidad realizado en el momento del ingreso en la unidad de desintoxicación estaba asociado con un posterior ingreso en la cárcel, consumo de drogas, dependencia de los servicios sociales, y continuidad en el tiempo de ese mismo trastorno de personalidad. Si bien se apreció un descenso general en los delitos vinculados con las drogas,

los sujetos con TAP seguían cometiendo de manera abundante otro tipo de actos delictivos. El diagnóstico de trastorno antisocial de personalidad también genera consecuencias negativas para las mujeres. Así, en la investigación de Grella, Joshi y Hser (2003), que siguió a lo largo de cinco años a 453 clientes que habían sido tratados por dependencia a la cocaína, se observó que el diagnóstico de TAP estaba asociado, en los hombres, con un mayor abuso del alcohol y una mayor asistencia a programas de tratamiento para el consumo de drogas; mientras que las mujeres con este diagnóstico presentaban mayores problemas psicológicos y una asistencia incrementada a tratamiento clínico que aquellas mujeres que no lo presentaban. La relevancia del trastorno antisocial de personalidad también se ha puesto en evidencia entre los jugadores compulsivos. Pietrzak y Petry (2005) analizaron a 237 sujetos que habían ingresado en un tratamiento ambulatorio para jugadores compulsivos en un estado norteamericano. 39 de ellos (el 16,5%) tenían un diagnóstico de TAP. Comparados con los jugadores sin TAP, aquéllos presentaron mayores problemas médicos y un mayor consumo de drogas, además de un comienzo más temprano en el juego. También se observó que el abuso de drogas ilegales fue una de las variables que, en un análisis de regresión logística, mostró tener una

capacidad relevante para predecir el diagnóstico de TAP en los jugadores. Finalmente, la violencia, el diagnóstico de trastorno antisocial de la personalidad y el consumo de drogas vuelven a aparecer en la investigación que Putkonen y sus colegas (2004) realizaron con 90 homicidas que presentaban una enfermedad mental, un 78% de los cuales eran esquizofrénicos. En torno al 70% de estos sujetos evidenciaban abuso de alcohol y drogas de manera habitual en sus vidas, y del 51 por ciento que mostraban un trastorno de personalidad, la inmensa mayoría (el 47% de la muestra total) era de tipo antisocial. Por otra parte, todos los sujetos que tenían un trastorno de personalidad también eran sujetos que abusaban de sustancias. Lo cierto es que el abuso de sustancias puede incrementar el riesgo de violencia a través de diferentes mecanismos, tal y como se ve en el cuadro 14.1. El primer mecanismo es directo: el consumo de sustancias provoca desajustes en la capacidad que tiene el individuo de controlar sus emociones y su impulsividad. Son los efectos químicos de la droga (por ejemplo, depresores del Sistema Nervioso Central), por consiguiente, los que inducen al sujeto a la violencia al alterar su competencia social en el enfrentamiento ante las dificultades o los conflictos interpersonales. El segundo mecanismo sería indirecto, a través de la potenciación de los síntomas

característicos de otros trastornos, como el trastorno antisocial de la personalidad o el trastorno límite de la personalidad. CUADRO 14.1. Dos caminos del abuso de sustancias hacia el comportamiento violento

14.3.2. La transmisión de una asociación En el apartado anterior hemos visto que el abuso de sustancias y el trastorno antisocial de la personalidad están sólidamente asociados, pero nada hemos dicho acerca del porqué de esa relación. Lo cierto es que ambos trastornos se presentan de manera conjunta en muchas familias, lo que sugeriría la existencia de un riesgo genético común latente (Young et al., 2000). Sakai et al. (2005) han planteado que las mujeres y los hombres con rasgos antisociales podrían mostrar una mayor tendencia a tener descendencia juntos, lo que explicaría la fuerte asociación existente entre drogas y conducta antisocial, ya que se sumaría el efecto del riesgo genético al efecto del riesgo ambiental en la crianza de su prole. Para dilucidar en parte esta cuestión McGue y Iacono (2005) realizaron un importante estudio longitudinal, partiendo de la siguiente base teórica. Hay diversas líneas de evidencia que sugieren que la relación existente entre los problemas de conducta en la niñez y la patología adulta son el resultado de mecanismos de riesgo generales, en lugar de mecanismos específicos. En primer lugar, existe una fuerte concurrencia de indicadores múltiples de problemas de conducta en la adolescencia, lo que implicaría la existencia de una dimensión subyacente genérica de “problemas de conducta”. De modo

semejante, hay una evidencia creciente de que la fuerte comorbidad existente entre numerosos trastornos psiquiátricos y el abuso de drogas puede ser el resultado de una o más dimensiones subyacentes de la salud mental. Y finalmente, al menos un indicador de problema de conducta en la adolescencia (uso precoz del alcohol, antes de los 15 años) está asociado con muchos problemas en la edad adulta, es decir, es un factor general de riesgo para problemas como trastorno antisocial de la personalidad, alcoholismo y abuso de drogas (McGue et al., 2001). En esta investigación, los autores examinan si la asociación entre los problemas de conducta en la adolescencia y el uso de sustancias en la edad adulta y otros trastornos se debe a un mecanismo de riesgo general, de modo tal que los problemas de conducta en la adolescencia elevan también el riesgo para diferentes trastornos en la edad adulta, o por el contrario se trata de un mecanismo específico, de modo tal que un problema de conducta se asocia con un trastorno que está relacionado clínicamente con esa conducta (lo que sucedería si, por ejemplo, el consumo de alcohol en la adolescencia se asociara al consumo de alcohol en la edad adulta). McGue y Iacono entrevistaron a 578 varones y 674 mujeres que tenían 17 años (gemelos idénticos, aunque en esta investigación no se evaluó el posible carácter hereditario de las conductas medidas), preguntándoles su

grado de participación y edad de inicio (antes y después de los 15 años) en las siguientes cinco conductas antisociales o problemas de conducta: (1) consumo de alcohol, (2) consumo de drogas, (3) consumo de tabaco, (4) contactos con la policía, y (5) relaciones sexuales1. Igualmente, los participantes también completaron una entrevista clínica estructurada a esa misma edad de los 17 años, y posteriormente a los 20 años (seguimiento de tres años). Los autores hallaron que los problemas de conducta en la adolescencia, especialmente cuando aparecen antes de cumplir 15 años, están asociados con un riesgo incrementado de presentar dependencia del tabaco, abuso y dependencia del alcohol y abuso y dependencia de las drogas, en la edad adulta. Por otra parte, además de estos cuadros relacionados específicamente con los predictores en la adolescencia, se observó también un riesgo mayor de desarrollar dos trastornos diferentes, como son el trastorno antisocial de personalidad y una depresión mayor, cuando los jóvenes tenían 20 años. Por consiguiente, cada uno de los cinco problemas de conducta evaluados en la adolescencia se relacionó con cada uno de los cinco diagnósticos investigados tres años después. Esta asociación fue especialmente importante en el caso de los diagnósticos de abuso de sustancias y trastorno

antisocial de la personalidad, con valores de odds ratio2 que superaban generalmente el valor de 4.0. Así, entre los hombres que informaron haber participado en cuatro de los cinco problemas o conductas antisociales antes de cumplir 15 años, las tasas de diagnóstico de abuso de sustancias y de trastorno antisocial de la personalidad excedieron el 80% cuando cumplieron 20 años, mientras que solo se llegó a un 30% en el caso del trastorno depresivo. Como conclusión, los autores aportaron una importante evidencia de que los problemas de conducta en los jóvenes obedecen a mecanismos de riesgo generales que se concretan en diagnósticos diversos en la edad adulta. La existencia del “riesgo genético común latente” encontró un fundamento muy sólido en la reciente investigación de Dean et al. (2012). Estos autores decidieron analizar en qué medida los niños que tenían padres (uno o los dos) con trastornos mentales, tenían mayor probabilidad de cometer delitos que los niños cuyos padres no presentaban dichos trastornos. El estudio realizado fue modélico: a partir de una muestra representativa de la población de Dinamarca, se siguió a una cohorte de 412.117 niños menores de 15 años, desde enero de 1981 hasta diciembre de 2006 (logrando así un total de 25 años de análisis longitudinal). Los resultados encontrados revelaron que los sujetos cuyos padres

presentaban un historial de trastorno mental (esquizofrenia, trastorno bipolar, trastornos afectivos, trastornos de ansiedad y somatoformes, trastornos de personalidad y abuso de sustancias) cometieron más delitos que los sujetos cuyos padres no presentaron tales trastornos. Ese riesgo de delincuencia fue más elevado cuando los dos padres tenían el trastorno mental (valor obtenido: 3,39 veces más probabilidad de delincuencia). Dicha asociación entre trastorno mental de los padres y delincuencia de los hijos se mantuvo con independencia del sexo de padres e hijos, así como para los diferentes tipos de trastorno mental diagnosticados (salvo el trastorno bipolar). Ahora bien, las chicas mostraron una tasa absoluta de delincuencia más baja pero una tasa relativa más alta que los chicos, cuando sus padres tenían ambos un trastorno mental (tasa relativa de delincuencia de las chicas: 4.52; tasa relativa de los chicos: 3.26). La solidez de los datos hallados se manifestó en que la relación con el trastorno mental paterno persistió tanto para el caso de la delincuencia general como para el de los delitos graves. ¿Qué se puede concluir de esta investigación? En primer lugar, que los trastornos mentales en los padres constituyen un elemento de riesgo para que sus hijos cometan delitos, creando así una familia vulnerable. Dicha vulnerabilidad o mayor propensión familiar al delito reflejaría tanto una tendencia

genética como ambiental, lo que se puso de manifiesto en otros dos resultados obtenidos: primero, que las familias de un nivel socioeconómico mayor presentaran un mayor riesgo de delincuencia y, segundo, que tal riesgo se incrementara también cuando los padres, además del trastorno mental, tuvieron añadido un historial delictivo. Ya que tanto la delincuencia como el nivel socioeconómico reflejan influencias ambientales, hemos de considerar que éstas se sumaron al riesgo genético del trastorno mental y de la delincuencia. La segunda conclusión apuntaba a la necesidad de una política preventiva que tomara en cuenta estos resultados (Dean et al., 2012: 580): Desde una perspectiva clínica, los hallazgos indican que los terapeutas y otros profesionales que trabajan con personas diagnosticadas con un trastorno mental harían bien en recordar que muy probablemente tales personas también serán padres, lo que supone extender la atención a sus hijos. Este estudio, finalmente, se añade a otros existentes para recomendar que se tomen medidas para la prevención intergeneracional de la adversidad.

14.3.3. ¿Qué es lo que se transmite? Ahora bien, en términos de comportamiento o de mecanismo psicológico, ¿qué es lo que puede incluirse en ese ‘mecanismo de riesgo general’ o, en palabras de Young et al. (2000), “un riesgo genético común latente”? Probablemente el candidato más firme sea la desinhibición conductual o, lo que es lo mismo, la

impulsividad. En efecto, no cabe duda de que la impulsividad es un elemento crítico en muchos de los trastornos de conducta de niños y adolecentes (trastorno disocial, trastorno de déficit de atención/ hiperactividad), así como en diversas patologías adultas, incluyendo el trastorno antisocial de la personalidad y la personalidad límite. Asimismo, los sujetos que consumen drogas muestran una notable impulsividad, y ésta parece estar presente también en sujetos violentos y delincuentes habituales (Garrido, 2003). La impulsividad es un constructo de rango amplio, que incluye aspectos cognitivos y conductuales, y que afecta al inicio del comportamiento en muchos diferentes tipos de escenarios. Las definiciones varían, pero los usos más comunes del término se refieren a lo siguiente: a) una respuesta rápida, sin prestar atención al contexto; b) una respuesta sin consideración de sus posibles (o probables) consecuencias, y c) la incapacidad para demorar la gratificación (Thompson et al., 2006). Resulta obvio que los drogodependientes manifiestan un estilo de vida caracterizado por esos rasgos impulsivos, como lo es en el caso de los diagnósticos arriba señalados. La influencia de la genética en la impulsividad es manifiesta, y este hecho podría explicar, junto al riesgo ambiental, que tanto el abuso de drogas como la conducta y personalidad antisocial tiendan a asociarse de modo tan estrecho.

El otro candidato a incluirse en este rasgo latente sería la insensibilidad emocional, uno de los atributos esenciales de los psicópatas que se manifiesta en la falta de empatía y en la ausencia de remordimientos por las fechorías realizadas. La importancia de este factor puede observarse en una investigación de Goldstein et al (2006a), quienes estudiaron a los integrantes de la Encuesta Nacional Epidemiológica sobre Alcohol y Condiciones Relacionadas (Estados Unidos) y hallaron que de los 1422 sujetos que presentaban el diagnóstico de TAP, 728 (el 51%) presentaban el síntoma de falta de remordimientos. Estos sujetos eran más jóvenes y tenían una familia con mayor prevalencia de problemas de drogas que los sujetos que no presentaban ese síntoma, e igualmente eran autores de conductas más violentas que los que sí tenían remordimientos.

14.3.4. La precocidad como precursor de riesgo El estudio de McGue y Iacono revisado anteriormente ya nos anunciaba la importancia de la aparición temprana de los problemas de conducta en el desarrollo posterior de una personalidad antisocial vinculada con el abuso de sustancias. Existe hoy en día una investigación abundante que soporta esta conclusión. Y lo que es más importante, si son los rasgos que definen la personalidad antisocial en su sentido más duro (impulsividad e insensibilidad

emocional) los causantes de la desviación posterior en múltiples ámbitos de la vida, el consumo de drogas ha de verse como un invitado posterior, es decir, como un potenciador de los efectos destructivos de los rasgos antisociales. En particular la violencia posterior estaría muy relacionada con el inicio precoz en la manifestación de la falta de autocontrol y la dureza emocional. Por ejemplo, en otra investigación realizada por Goldstein et al. (2006b), los sujetos con diagnóstico de TAP que, de acuerdo con los criterios del DSM-IV, presentaban un comienzo en la infancia (< 10 años) mostraron una mayor dependencia a las drogas en el transcurso de sus vidas que los que tuvieron un comienzo en la adolescencia (> 10 años), si bien la prevalencia de la dependencia del tabaco era menor. Este tema fue objeto de análisis en otro interesante trabajo realizado por Mueser et al. (2006) con pacientes duales. Estos autores dividieron a 178 clientes que vivían en dos áreas urbanas de Estados Unidos en cuatro grupos: No TD3/ TAP; solo TD; solo TAP; y TD / TAP. A continuación compararon esos cuatro grupos en diversas variables sociodemográficas, clínicas y legales. Los resultados mostraron que el grupo de solo TAP tenía el mayor índice de consumo de drogas, de vivir en la indigencia y de mayor inestabilidad/promiscuidad en las relaciones sexuales, seguido por el grupo de TD y TAP;

ambos diferían significativamente en estas variables de los otros dos grupos. Ahora bien, era el grupo de TD y TAP quien presentaba mayor número de delitos violentos y de condenas. Los autores concluyeron que una parte sustancial de la conducta delictiva de los sujetos con diagnóstico dual drogas/TAP puede deberse al comienzo temprano del TAP (evidenciado por la presencia del trastorno disocial en la infancia), y no tanto a los efectos del consumo de drogas.

14.3.5. Los psicópatas En base a lo mostrado en el capítulo anterior, podemos entender que la psicopatía no es lo mismo que el diagnóstico de trastorno antisocial de la personalidad, ya que éste repara muy poco en las variables interpersonales y emocionales que son características de la personalidad psicopática (Hare, 1993; Garrido, 2003). El cuadro 2 ilustra este hecho: si bien muchos sujetos encarcelados serán también diagnosticados con el trastorno antisocial de la personalidad, existirán en la cárcel personas psicópatas que, debido a la ausencia de un trastorno disocial en la infancia —exigencia para el diagnóstico de trastorno antisocial de la personalidad— no podrán ser cualificados de este modo. Es el caso de sujetos bien integrados que, en un momento determinado, cometen un hecho delictivo, o finalmente —después de una carrera

delictiva oculta— son detectados por la justicia y encarcelados. De hecho, la mayoría de los delincuentes habituales pueden ser diagnosticados de un trastorno antisocial de la personalidad; solo una parte de ellos dispondrá de los rasgos que definen a un psicópata. Fuera de la cárcel, desde luego, hay psicópatas, simplemente no son detectados. El cuadro 14.3 reúne las características más usuales que clínicos e investigadores han empleado para definir los rasgos del psicópata (tomado de Walsh y Wu, 2008). Obsérvese, en su contraste con los criterios del trastorno antisocial de personalidad del DSM-IV (cuadro 14.4) como muchas de esas características — singularmente las de naturaleza interpersonal y afectiva— se hayan ausentes o no se encuentran convenientemente recogidas en el diagnóstico de TAP. CUADRO 14.2. El Trastorno antisocial de la personalidad y la Psicopatía en la cárcel

CUADRO 14.3. Rasgos típicos de la psicopatía en la investigación Insensibilidad ante las emociones ajenas / falta Egocéntrico de empatía Falta de profundidad emocional o conciencia

Grandioso sentido de autovalía (narcisismo)

Historia de mentira patológica y engaños

Relativamente sin miedo

Impulsividad e irresponsabilidad

Buena inteligencia

Echar la culpa a los demás

Encanto superficial /carismático

Incapacidad para aprender de las experiencias Manipula a los otros adversas Estilo de vida parásito

Falta de metas realistas a largo plazo

Incapacidad para amar y para otras relaciones Vida sexual promiscua emocionales Alta necesidad de estimulación

Tendencia al aburrimiento

Las características en cursiva del cuadro 3 no aparecen representadas o no lo están convenientemente entre los

criterios de TAP que aparecen en el cuadro 4. CUADRO 14.4. Trastorno antisocial de la personalidad (DSM-IV) A. Un patrón general de desprecio y violación de los derechos de los demás que se presenta desde la edad de 15 años, como lo indican tres (o más) de los siguientes ítems: (1) fracaso para adaptarse a las normas sociales en lo que respecta al comportamiento legal, como lo indica el perpetrar repetidamente actos que son motivo de detención (2) deshonestidad, indicada por mentir repetidamente, utilizar un alias, estafar a otros para obtener un beneficio personal o por placer (3) impulsividad o incapacidad para planificar el futuro (4) irritabilidad y agresividad, indicados por peleas físicas repetidas o agresiones (5) despreocupación imprudente por su seguridad o la de los demás (6) irresponsabilidad persistente, indicada por la incapacidad de mantener un trabajo con constancia o de hacerse cargo de obligaciones económicas (7) falta de remordimientos, como lo indica la indiferencia o la justificación del haber dañado, maltratado o robado a otros. B. El sujeto tiene al menos 18 años. C. Existen pruebas de un trastorno disocial que comienza antes de la edad de 15 años. D. El comportamiento antisocial no aparece exclusivamente en el transcurso de una esquizofrenia o un episodio maníaco.

La capacidad para predecir el desarrollo de estilos de conducta delictivos y violentos ha hecho que la psicopatía empezara a ser un constructo de creciente interés en los medios científicos, clínicos y profesionales de diversos ámbitos, adquiriendo una importancia cada vez mayor en los últimos años en los sistemas de justicia. Hoy día se acepta ampliamente que el síndrome psicopático consiste en un conjunto estable de rasgos de personalidad, actitudes y comportamientos desadaptativos que tienen su origen en la infancia y que se agrupan alrededor de dos ejes básicos: una personalidad caracterizada por la

insensibilidad emocional y una conducta claramente antisocial. De este modo, los investigadores han trabajado sobre la posibilidad de identificar a un grupo de jóvenes delincuentes que, si puntúan alto en psicopatía, es de esperar que mantendrán comportamientos antisociales graves y frecuentes en la edad adulta (Forth y Burke, 1998). Algunos autores han rastreado el inicio de síntomas a edades tan precoces como los 6-10 años (Widinger et al.,1996). Tal vez sea cierto que, “para encontrar al adulto antisocial de mañana debemos mirar al niño antisocial de hoy” (Lynam, 1996, p. 210). El consumo de drogas y de alcohol es un comportamiento habitual en estos jóvenes, y posteriormente permanece en la edad adulta (Forth y Maillous, 2000). Las tres dimensiones que mejor definen la psicopatía son (Cooke, Michie, Hart et al., 2004), en primer lugar, un estilo interpersonal arrogante y manipulador que caracteriza a un sujeto con encanto superficial y con un auto-concepto desmesurado que sabe engañar y manipular a los demás. En segundo lugar, su capacidad para experimentar una vida afectiva plena es deficiente, no tiene remordimientos o sentimiento de culpa, no consigue experimentar empatía, es insensible emocionalmente y, si demuestra afecto, éste es siempre superficial. Finalmente, la tercera dimensión comprende un comportamiento que es irresponsable e impulsivo; el sujeto busca

constantemente sensaciones novedosas que le hacen “vivir al límite”. Estos tres factores desarrollan el modelo de los dos factores establecido por Hare en la prueba más válida y célebre en la medición de este trastorno: El Psychopathic Checklist Revised (PCL-R), de la cual se ha derivado la versión para jóvenes (PCL-YV) entre los 14 y los 18 años. Podemos, pues, hacernos una idea de la importancia de evaluar la psicopatía en los jóvenes que toman un primer contacto con el sistema de justicia y de su relevancia en decisiones del ámbito legal y en las políticas públicas. La esperanza reside en poder identificar a un subgrupo de individuos con los que es fundamental intervenir precoz e intensivamente (Andershed, Kerr, Stattin, y Levander, 2002; Forth y Mailloux, 2000; Frick, 2002; Lynam, 2002). La importancia de detectar la psicopatía en el joven delincuente es reafirmada por los resultados empíricos que detectan formas particularmente persistentes de delincuencia que ocasionan un daño grave a las víctimas, a cargo de sujetos adultos con rasgos psicopáticos (Forth y Maillous, 2000; Gretton, Hare y Catchpole, 2004; Hare, 1998; Lalumiére, Harris y Rice, 2001), confirmándose que estos individuos suelen tener un historial de comportamiento antisocial grave ya en la infancia (Frick, Barry y Bodin, 2000).

Cuando los estudios se realizan en jóvenes la evidencia nos dice que la psicopatía se asocia con la edad de la primera detención, con delitos violentos previos, comportamiento violento dentro de la institución y reincidencia violenta (Edens, Poythress y Lilienfeld, 1999; Forth, Hart y Hare, 1990; Kosson Suchy, Mayer y Libby, 2002; Murdoch, Hicks, Rogers y Cashel, 2000), así como con la edad de primer delito violento, con el número total de delitos cometidos (Forth, 1996; Kosson, et al., 2002; Myers, Burket y Harris, 1995; Stafford y Cornell, 2003) y con la utilización de armas (Kosson et al., 2002). La PCL:YV ha demostrado su gran utilidad en predecir la tipología delictiva, la utilización de armas durante la comisión del delito y el número de víctimas implicadas (Gretton, McBride, Hare, O´Shaughnessy, y Kumba. 2001; Ridenour, Marchant y Dean, 2001) así como la agresión a figuras de autoridad y altercados dentro de la institución en que se cumple la medida judicial (Brandt, Wallace, Patrick y Curtin, 1997). En particular, en cuanto a la reincidencia, las investigaciones reiteran una y otra vez la conclusión de que la psicopatía se relaciona con el fracaso del cumplimiento de la libertad condicional, con la reincidencia violenta y con la ineficacia de la aplicación de tratamientos (Brandt et al., 1997; Gretton et al., 2001; Hemphill, Hare y Wong, 1998; Rice y Harris, 1992;

Serin, 1996). La importancia de la psicopatía en su influencia sobre el consumo de alcohol y drogas se ha puesto de relieve recientemente en un estudio realizado en España por Silva (2009). Esta autora estudió a 238 delincuentes juveniles pertenecientes a la Comunidad Autónoma de Madrid y a la Comunidad Autónoma de Murcia. Todos habían sido ya sentenciados en al menos una ocasión por el juzgado de menores, y en el momento de realizarse el estudio cumplían una medida de internamiento (Madrid) o una medida comunitaria, como libertad vigilada o prestación de servicios en beneficio de la comunidad (Murcia). La psicopatía fue evaluada mediante la PCL-YV, y el consumo de sustancias a través de los datos que constaban en los expedientes psicosociales existentes. Los resultados muestran que los contrastes resultan significativos para las preguntas relativas a la “actualidad”, es decir cuando se recoge información del consumo reciente. Las puntuaciones altas y bajas en psicopatía no diferencian entre los sujetos que han consumido/ no han consumido sustancias aditivas alguna vez en sus vidas (el dato se recoge preguntando si el individuo “ha consumido alguna vez…”), pero el consumo en la “actualidad” es mayor entre aquellos que puntúan alto en psicopatía. Esta afirmación es verdadera para todas las sustancias preguntadas, desde el tabaco

hasta el alcohol, pasando por el cannabis y las denominadas “drogas duras” como la cocaína o la heroína (cuadro 5). El análisis se realizó sobre el total de casos válidos, dado que para algunos jóvenes no se pudo disponer de tal información (de ahí la diferencia entre unos valores muestrales y otros)4. CUADRO 5. Asociación entre variables de consumo de drogas y la puntuación de psicopatía PCL:YV

Total

Variables consumo drogas

n

%

Bajo n

%

Alto n

Signif.

%

No 63 26,9 48 20,5 15 6,4 ¿Consume (n=234)

tabaco?

De vez en 19 cuando

15

6,4

4

1,7

8,029*

Habitualmente 151 64,5 92 39,3 59 25,2 No contesta

¿Ha consumido alguna vez cannabinoides? (n=235)

8,1

1

0,4

0

-

1

0,4

No 41 17,4 33 14,0 8

3,4

Sí 185 78,7 16 49,4 69 29,4 No consta

9

3,8

6

2,6

3

n.s.

1,3

No 66 35,7 43 23,2 23 12,4 De vez en ¿En la actualidad toma 87 47,0 69 37,3 18 9,7 cuando cannabinoides? 14,491*** (n=185) Habitualmente 32 17,3 4 2,2 28 15,1 No contesta ¿Alguna vez ha tomado drogas duras? (n=232)

0

-

-

-

-

-

No 121 52,2 92 39,7 29 12,5 Sí 95 40,9 53 22,8 42 18,1 10,562**

No consta 16

¿En la actualidad toma drogas duras? (n=95)

7

3,0

No 14 18,8 10 10,5 4

4,2

9

3,9

De vez en 60 63,1 37 38,9 23 24,2 cuando Habitualmente 21 22,1 No contesta

¿Ha tomado alguna vez bebidas alcohólicas? (n=235)

6,9

0

No 18

6

6,3 15 15,8

-

-

-

-

-

7,7

9

3,8

9

3,8

Sí 210 89,4 143 60,9 67 28,5 No consta

7

3,0

3

8,446*

1,3

4

n.s.

1,7

No 50 23,8 35 16,7 15 7,1 De vez en ¿En la actualidad toma 74 35,2 64 30,5 10 4,8 cuando bebidas alcohólicas? (n=210) Habitualmente 80 38,1 41 19,5 39 18,6 No contesta

6

2,9

3

1,4

3

7,830**

1,4

* p < 0.05 / ** p < 0.01 / *** p < 0.001

Al valorar el tamaño del efecto observamos que, para muchas de las sustancias, el consumo ocasional no es significativamente diferente pues el intervalo de confianza contiene el valor 1 (es decir, existe una prevalencia igual entre los que puntúan alto y los que puntúan bajo en la PCL:YV). El valor de la asociación es estadísticamente significativo entre aquellos que consumen habitualmente, tal y como ya habíamos hecho notar anteriormente. En el cuadro 6 puede verse cómo los delincuentes juveniles altos en psicopatía consumen habitualmente 1,64 veces más tabaco, 2,51 veces más cannabis, y han tenido una probabilidad 2,51 veces superior de haber probado alguna

vez drogas duras. También vemos que ganan en probabilidad de 2,50 a 1 en consumir actualmente drogas duras y que beben alcohol habitualmente con una probabilidad 1.63 veces superior. CUADRO 6. Odds Ratio de las variables de consumo de drogas que demuestran asociación con la psicopatía OR

IC 95%

No 1,00 Actualmente consume tabaco

De vez en cuando 0,88 0,33 - 2,34 Habitualmente 1,64 1,01 - 2,66 No 1,00

Actualmente consume cannabinoides

De vez en cuando 0,59 0,35 - 1,01 Habitualmente 2,51 1,76 - 3,58

Ha consumido alguna vez drogas “duras”

No 1,00 Sí 2,51 1,41 - 4,50 No 1,00

Actualmente consume Drogas “duras”

De vez en cuando 1,34 0,55 - 3,26 Habitualmente 2,50 1,04 - 5,98 No 1,00

Actualmente consume bebidas alcohólicas De vez en cuando 0,45 0,22 - 0,92 Habitualmente 1,63 1,01 - 2,62

De todo lo anterior se deducen dos conclusiones. La primera es la importancia de prestar atención a la psicopatía aun cuando no se tenga constancia de una conducta antisocial precoz, como exige el diagnóstico de TAP, por cuanto que es posible que los rasgos de

insensibilidad emocional e interpersonales de la psicopatía estén bien presentes en el individuo, lo que sin duda será relevante para tener en cuenta en su tratamiento de la adicción y en general en toda la supervisión clínica. La segunda es que un sujeto con TAP no psicópata y otro con TAP y el diagnóstico de psicópata son sujetos marcadamente distintos; este segundo será mucho más reacio a seguir las instrucciones terapéuticas y con mayor capacidad para la violencia. El efecto del abuso de sustancias en una personalidad con poca capacidad para las emociones morales puede ser todavía más acusado por lo que respecta al fomento de la violencia. Ya vimos anteriormente en la investigación de Goldstein que los sujetos diagnosticados de trastorno antisocial de la personalidad con la presencia del síntoma “ausencia de remordimientos” (que es un marcador de la psicopatía) eran más jóvenes y tenían una familia con mayor prevalencia de problemas de drogas que los sujetos que no presentaban ese síntoma, y eran responsables de conductas más violentas que los que sí tenían remordimientos. Finalmente, la importancia de la psicopatía puede ya atisbarse entre los jóvenes, particularmente entre los que ingresan en el sistema de justicia juvenil (ver capítulo anterior). Un diagnóstico de esta índole guarda una relación estrecha con una delincuencia más persistente y

variada, así como con un mayor consumo de drogas.

14.4. INCENDIOS INTENCIONADOS Apenas un 2% de los causantes de los incendios forestales son detenidos y, cuando son condenados, las penas acostumbran a ser muy leves. Mientras esa situación no se corrija, si se tiene en cuenta que el factor humano está detrás del origen del 91% de las llamas, parece evidente concluir que será muy difícil acabar con la plaga de fuego que cada verano arrasa los bosques españoles. Anualmente España sufre una media de 20.000 incendios forestales al año. A pesar de que han mejorado mucho los medios empleados para la extinción de los incendios, este delito constituye una verdadera catástrofe ecológica, que destruye una enorme riqueza biológica, y que se cobra también un elevado tributo en vidas humanas y pérdidas económicas. Las diversas administraciones han invertido grandes recursos para ello, pero en cambio se ha trabajado menos en una adecuada gestión forestal para reducir la vulnerabilidad de los bosques. Pero, aunque así se hiciera, no sería suficiente para acabar con la plaga de incendios que sufre el país. Por encima de todo hay que atacar las causas del fuego, que están en acciones negligentes o intencionadas de los ciudadanos. Es un error pensar que la mayoría de incendios

forestales son provocados por pirómanos, ya que estos enfermos mentales son un porcentaje muy pequeño de la población. En este apartado nos centramos en personas que se dedican a prender fuego de forma no accidental, con frecuencia repitiendo la acción numerosas veces. En esta definición se incluye cualquier motivación para producir el incendio, ya sean actos de venganza o por motivos económicos, además de la patología conocida como piromanía, y se excluye el fuego accidental. Sin embargo, las negligencias o accidentes también están en buena parte del inicio de los fuegos forestales, bien por tirar colillas encendidas, por las quemas de basura, por las quemas para la regeneración de pastos o por las quemas de rastrojos y restos agrícolas, que son la causa más frecuente de las llamas. Otros factores humanos que provocan los incendios derivan del mal estado de las líneas eléctricas, del ferrocarril, de maniobras militares, del uso de maquinaria, y de barbacoas y fuegos campestres. Téngase presente que el Manual Descriptivo y Estadístico de los Trastornos Mentales, versión IV (DSMIV), define a los pirómanos en atención a la satisfacción emocional que acción les comporta, y por ello el diagnóstico excluye cualquier otra motivación de tipo económico, por venganza, provocado para encubrir otro crimen, producto de una idea delirante o una alucinación,

o como resultado de una alteración en el juicio debido a condiciones como demencia, retraso mental o intoxicación por sustancias. Por consiguiente no es correcto denominar a toda persona que ocasiona incendios en más de una ocasión como pirómano, ya que tienen que darse estos aspectos en la psicología del sujeto, de acuerdo al DSM-IV: – Tensión o activación emocional antes del acto (criterio B) – Fascinación o atracción por el fuego y su contexto situacional (parafernalia, usos, consecuencias) (criterio C) – Bienestar, sentimiento de liberación cuando se inicia el fuego, o se le observa o se participa en sus consecuencias (criterio D) – La provocación del incendio no se explica por la presencia de un trastorno disocial, un episodio maníaco, o un trastorno antisocial de la personalidad (criterio F)

14.4.1. Tipología de incendiarios Resulta más difícil elaborar tipos o perfiles en este delito que en otros, debido a que la tasa de resolución de casos es notablemente inferior a, por ejemplo, los delitos sexuales o asesinatos, lo que dificulta examinar el suficiente número de convictos para derivar perfiles

sólidos en los diferentes tipos. No obstante, el FBI ha contribuido a la investigación y bibliografía sobre el profiling de los incendios provocados mediante un apartado del libro Crime Classification Manual.

A) Por beneficio o lucro El motivo aquí es un beneficio económico. Y tal deseo de ganancia provee al investigador generalmente de una relación directa o indirecta con el responsable del incendio. ¿Por qué? Un hecho distintivo de este delito es que el delincuente es también una pseudo-víctima, y tiene un interés en la propiedad destruida. El ejemplo típico es el del dueño de un negocio que, harto ya de sufrir pérdidas, decide incendiarlo para cobrar el dinero de la póliza de seguros. Ahora bien, esta categoría no solo incluye el deseo de cobrar un seguro. Hay otras razones, como quemar la propiedad para superar restricciones impuestas por las autoridades de medio ambiente o patrimonio (caso de edificios protegidos), o provocar el incendio de la vivienda para exigir a las autoridades una reubicación en mejores condiciones (en las sociedades donde tal servicio se provea). Un ejemplo de vínculo indirecto es el siguiente: un propietario de un negocio prende fuego al local de otro que le hace la competencia. Aquí el interés es indirecto,

en el sentido de que el beneficio se obtiene por la retirada forzada del competidor en el negocio, no por el beneficio directo que se deriva de la quema del local.

B) Por animosidad o venganza Hay muchas posibilidades para mostrar resentimiento o ánimo de venganza, y el fuego intencionado es una de ellas, y no de las menos habituales. Un incendio provocado evita la confrontación física, y con ello la posibilidad de que el ofensor resulte dañado o haya de temer una agresión posterior (aunque esto no siempre es seguro, si la persona afectada por el incendio concluye quién es el incendiario). Son muchos los motivos que pueden suscitar un incendio por animosidad: vengarse de los padres de la novia, que no lo aprueban como yerno, de la nueva pareja de quien era nuestra mujer, agravios pendientes entre conocidos o vecinos, etc. Obsérvese que no siempre se trata de actos de venganza que relacionan directamente a un ofensor con la víctima, debido a que hay veces en que no existe un vínculo entre la propiedad quemada y el ofensor. Sería el caso de lo que conocemos como agresión desplazada: así, alguien resentido con su jefe puede quemar una propiedad pública para ventilar sus emociones de ira y resentimiento.

C) Por vandalismo / excitación El vandalismo supone la destrucción maliciosa de una propiedad pública, y se trata como todos sabemos de una conducta característica de la delincuencia juvenil, que en ocasiones adopta la modalidad del incendio provocado. ¿Cuál es la razón de un acto así? ¡Quién sabe! Quizás ritos de iniciación para formar parte de una banda, otras veces puro aburrimiento que es combatido mediante la realización de “algo emocionante”… por eso podemos hablar también de incendiarios en busca de la excitación, es decir de jóvenes que prenden fuego por la estimulación psicológica resultante. De acuerdo al FBI, con mucha frecuencia nos hallamos ante jóvenes que presentan deseos fetichistas, delirios psicóticos o trastornos de personalidad, generalmente de tipo histriónico (ver más adelante la psicopatología de los incendiarios).

D) Para ocultar un crimen El motivo aquí es ocultar un crimen o, más exactamente, destrozar la evidencia que revele que se ha cometido ese crimen, o al menos la evidencia que pueda servir para señalar al autor de los hechos. Es decir, aquí el incendio es algo secundario, un medio para perseguir una meta prioritaria (generalmente matar a alguien).

E) Por razones políticas

Es obvio que el incendio puede estar también al servicio de acciones políticas, como ocurre en revueltas motivadas por disputas sociales (racismo, sentimiento de opresión, tensión social…). Los acontecimientos en Grecia con motivo de las protestas generalizadas contra la política de recortes económicos del gobierno acaecidas en 2011 y 2012 involucraron muchos actos de incendios provocados, que en ese caso fueron expresión de un gran resentimiento social hacia múltiples problemas de esa sociedad. Finalmente los incendios pueden ser también un arma en manos de terroristas.

F) Piromanía Muchas veces cree la gente que los incendiarios “están mal de la cabeza”. Como señalamos en la introducción, esto dista mucho de ser verdad, y en parte se debe a la confusión, de la que ya nos hemos hecho eco, entre “incendiario” y pirómano. De hecho, a pesar de que la piromanía aparece como una enfermedad acreditada en el DSM-IV, en el epígrafe de “trastornos por control de los impulsos”, los investigadores no las tienen todas consigo. Es decir, todavía hay autores que discuten en realidad su propia definición y contenido sintomático, y mientras que unos destacan esa ausencia de control de los impulsos —que lo relacionaría con comportamientos como la cleptomanía

—, otros enfatizan el efecto de “placer” o “liberación” que produce el contemplar las llamas. Y todavía unos terceros ponen el acento en el carácter sexual de la satisfacción que provee. Es decir, según esas percepciones diferenciadas de la piromanía, en el primer caso dominaría el descontrol del impulso, pero en los otros estaríamos ante una obsesión y una desviación sexual, respectivamente. Recientemente el profesor Shea (2002) ha llamado la atención sobre un hecho inquietante: el empleo de la categoría de piromanía en el DSM-IV como un diagnóstico “por defecto”, es decir, que se aplicaría solo cuando en el caso concreto no existen indicios que permitan ubicarlo en una de las categorías anteriores (por beneficio, animosidad, vandalismo, etc.). No obstante, y al margen de la piromanía, lo cierto es que hay diversas investigaciones que han revelado la asociación entre los trastornos mentales y de la personalidad y los incendios provocados. Vamos a ocuparnos de esta cuestión en el apartado siguiente.

14.4.2. Patologías mentales asociadas Uno de los trabajos científicos más actuales sobre la relación existente entre patología psíquica y los incendios provocados se debe a la doctora Jasmin Enayati y otros colegas (2008), quienes investigaron la presencia de

patologías mentales en 214 incendiarios que habían sido derivados para su evaluación psiquiátrica con motivo de su inculpación en tales hechos. Se trata de una muestra muy importante, y que comprende a una gran parte de los sujetos encausados en Suecia por este delito en el periodo 1997-2001. Otro aspecto interesante del estudio es que compararon la presencia de patología mental de los incendiarios con la que presentaron todos los demás sujetos que fueron evaluados por las unidades psiquiátricas forenses suecas en ese mismo periodo, en número de 2.395. De estos 214 sujetos, 155 (72%) eran hombres y 59 (28%) mujeres. La clasificación de los trastornos mentales se realizó de acuerdo con los criterios existentes en el DSM. La edad media de los sujetos fue de 34 años para los varones, y de 40 años para las mujeres (diferencia estadísticamente significativa). El 15% de los encausados no había nacido en Suecia. Entre los sujetos que sirvieron de comparación con los acusados de incendio dominaban los que habían cometido agresiones graves, agresiones comunes (common assault), homicidios, robos con violencia y agresiones sexuales. Tanto los hombres como las mujeres de estos delitos tenían una media de edad semejante, en torno a los 35 años. En el capítulo de resultados tenemos lo siguiente. Los diagnósticos más frecuentes entre los incendiarios

hombres fueron los trastornos de personalidad (48,4%), abuso de sustancias —como diagnóstico principal o secundario— (46,5%) y un trastorno psicótico (25,1%). Entre las mujeres fueron más comunes los diagnósticos de abuso de sustancias (47,5%), el trastorno de personalidad (40,7%) y un trastorno psicótico (37,3%). Cuando se compararon estos datos con los trastornos más prevalentes entre los sujetos no acusados de incendio provocado no se observaron diferencias significativas, salvo algunas excepciones: un 10% de los incendiarios hombres habían presentado un diagnóstico de deficiencia en el aprendizaje / retraso mental, mientras que el otro grupo solo registró un 3,4% de sujetos con este diagnóstico. Igualmente, los incendiarios también presentaron una mayor frecuencia de diagnóstico del Síndrome de Asperger (una condición más leve del autismo): 7,1% versus 2,5% en los otros pacientes. Entre las mujeres se mantuvo la superioridad de los trastornos del aprendizaje (8,5% versus 2,6%), y destacaron a su vez en el diagnóstico de abuso del alcohol (25,4% versus 14,4% las otras pacientes). Cuando se compararon hombres y mujeres incendiarios entre sí no se reveló diferencia significativa alguna en las categorías diagnósticas, aunque en dos se alcanzó casi la significación estadística: las mujeres presentaban un mayor porcentaje de psicosis (37,3% versus 25,1%) y de

abuso del alcohol (no se dan los porcentajes en el estudio).

14.4.3. Conclusión incendiarios ¿Qué podemos concluir de este estudio? Se desprende del mismo que, considerando los valores globales, un número importante de los incendiarios condenados y enviados a que se les realice un examen forense presentan patologías, singularmente abuso del alcohol, trastornos de personalidad, psicosis y deficiencias en el aprendizaje. Pero, tal y como señalamos al principio, la inmensa mayoría de los incendiarios no son detenidos o, si lo son, muchas veces no se puede probar su participación en los hechos. La patología mental está presente en un número importante de los detenidos y examinados por los forenses, pero probablemente en la gran mayoría de los casos esas patologías son solo factores coadyuvantes en la comisión de los delitos, como aparecen también otros delitos como los examinados en este capítulo. La lucha contra el fuego requiere de una actuación más coordinada e integral de las administraciones, de las fuerzas del orden y de la justicia. No basta con programas preventivos consistentes en “concienciar” a la población. Hay que establecer mayor vigilancia capaz de dar una respuesta rápida al inicio del incendio, limpiar los montes, mejorar las técnicas de investigación para hallar a los

culpables y ser más eficaces en la persecución de las conductas gravemente temerarias o negligentes, incluyendo, desde luego, a las que incendian de modo intencionado.

14.5. CONCLUSIONES La relación entre violencia y enfermedad mental (psicosis) puede plantearse con dos interrogantes: ¿Hay una relación entre la enfermedad mental y la violencia? Si esta relación existe, ¿puede predecirse quiénes de entre estos enfermos llegarán a comportarse violentamente? Las respuestas a estas preguntas aparecen en la primera parte de este capítulo: en efecto, hay una relación entre ambos fenómenos; la enfermedad mental aumenta el riesgo de ser violento. Y la psicosis esquizofrénica, pero particularmente los síntomas positivos de la esquizofrenia (delirios de amenaza, persecución, control), parece que son los mejores índices predictivos del surgimiento de respuestas violentas. Por otro parte, el abuso de sustancias y el alcohol (patología dual) incrementa más la violencia de los enfermos mentales. Sin embargo, la violencia resulta más probable si el sujeto tiene un trastorno de personalidad antisocial o una psicopatía que una psicosis. Y, desde luego, la presencia de la patología dual, es decir, el hecho de que estos sujetos abusen del alcohol o las drogas, hace las cosas

más difíciles, porque los pacientes duales con un trastorno antisocial de personalidad tienen muchas más limitaciones a la hora de llevar una vida socialmente competente. Esto incluye tener un trabajo estable, una relación familiar armoniosa y una vida alejada del sistema de justicia penal. En este capítulo hemos visto cómo, invariablemente, el diagnóstico de este trastorno complicaba las cosas. Además, tenemos muchas razones para pensar que la personalidad antisocial puede ser un constructo que refleje un ‘rasgo genético latente’ donde tendrían asiento muchos diferentes problemas de integración social, entre los que se incluirían la delincuencia y la violencia, la irresponsabilidad social y el consumo abusivo de sustancias. Las investigaciones apuntan a que en el ‘núcleo duro’ de la personalidad antisocial se encontrarían dos dimensiones principales. En primer lugar la desinhibición conductual o impulsividad, ya que la ausencia de autocontrol aparece como un elemento clave en multitud de comportamientos irresponsables y antisociales. En segundo lugar, la ausencia de sensibilidad emocional o de sentimientos de culpa, lo que se refleja en una pobre vinculación emocional con los otros y en una capacidad importante para desconectarse moralmente de las repercusiones de los actos que uno comete. Estos dos componentes constituyen los pilares sobre los

que se erige el diagnóstico de la personalidad psicopática. Los psicópatas pueden tener también un diagnóstico de trastorno antisocial de la personalidad, pero muchos de los que tienen tal diagnóstico no son psicópatas, ya que les faltan los rasgos de dureza emocional y manipulación narcisista típicos de aquéllos. De esto se deduce que es importante que prestemos atención a la aparición de la psicopatía en sujetos diagnosticados de TAP, porque se derivan importantes implicaciones en el campo del tratamiento. En efecto, sabemos que los adictos que además tienen un TAP tienen un peor pronóstico de rehabilitación: vuelven a consumir drogas en mayor proporción y se implican en más actos antisociales y delictivos. Pues bien, creemos que sería muy útil prestar atención a la presencia de rasgos psicopáticos, por cuanto que habríamos de tener en cuenta su capacidad para el engaño y la manipulación, y el efecto que eso pueda tener en el tipo de instrucciones y recomendaciones terapéuticas que les proporcionamos. Esto es igualmente cierto cuando trabajamos con jóvenes adictos, donde la presencia de los rasgos de la psicopatía añaden una información muy valiosa que no está presente en la mera constatación de que el joven tiene un trastorno disocial. Los jóvenes con características psicopáticas suelen formar parte del grupo de los delincuentes con carreras delictivas crónicas y violentas. La evaluación del

tratamiento con esta población también resulta crítica, dado que representan el extremo del comportamiento delictivo en adolescentes. ¿Cómo puede servirnos el diagnóstico de personalidad antisocial y en particular el de psicopatía para programar el tratamiento? Loving (2002), por ejemplo, entiende que la psicopatía, tal y como es evaluada mediante la PCL-R permite ya ser de utilidad para el tratamiento de los delincuentes, y afirma: “Si introducimos a la PCL dentro de un protocolo de evaluación, nos puede ayudar a la hora de realizar tareas de selección, implementación de programas de intervención y en la toma de decisiones a través de todo el curso del tratamiento” (281). Loving en particular destaca la importancia de saber definir programas de tratamiento que descansen en estrategias que busquen como meta que el delincuente descubra aquello “que puede obtener de beneficio” si participa en el programa, al tiempo que le ayude a no meterse en problemas. Esta aproximación ha sido denominada por Young et al. (2000) “egoísmo ilustrado” (enlightened self interest). La idea de una filosofía de tratamiento basada en este razonamiento sería la siguiente: en lugar de intentar modificar los aspectos interpersonales y afectivos que predisponen al psicópata a actuar de modo antisocial y ventajista, como la empatía o el sentimiento de culpa —cuya modificación hasta la

fecha no se ha revelado posible— deberíamos emplear un modelo de regulación de la conducta que destacara la contención de las conductas disruptivas y la promoción de conductas positivas que le resulten atractivas, esto es, que incidan en el desarrollo de una autoestima no relacionada con la ejecución de actos dañinos. Por otra parte, la planificación del tratamiento puede verse beneficiada no solo por la consideración de la puntuación total, sino atendiendo también a las puntuaciones derivadas de los factores, así como por el estudio individualizado de los items. Por ejemplo, un joven que obtenga una puntuación de 2 en impulsividad y un 0 en manipulación es evidente que no presenta las mismas necesidades de intervención que alguien que obtiene justo lo contrario. Por otra parte, un chico que obtenga una puntuación moderadamente alta pero que destaque en el factor 2 (estilo de vida asocial) tiene un perfil diferente al que presenta un factor 1 (ámbito de personalidad) elevado pero un bajo factor 2. Es evidente que el consumo de drogas amplifica muchos de los rasgos de irresponsabilidad y de desconexión emocional que presentan los sujetos con una personalidad antisocial. Sin embargo, por ello mismo resulta crucial que los programas de tratamiento atiendan de modo especial a la capacidad que tienen estos sujetos de fingir y adulterar la realidad en la presentación de los hechos que

hacen a los clínicos y a los familiares. Esto es incluso más importante si el paciente está cumpliendo una condena por haber delinquido, ya que su falta de recuperación puede tener nefastas consecuencias para sus futuras víctimas. Finalmente, en el caso de los incendios provocados, aunque la patología mental y el abuso de sustancias también están involucrados, la baja tasa de arrestos y condenas obliga a poner el énfasis en la prevención situacional del delito: mejores mecanismos de prevención y de respuesta rápida ante el inicio de un fuego parecen ser las mejores estrategias a aplicarse. PRINCIPIOS CRIMINOLÓGICOS Y POLÍTICA CRIMINAL 1. La enfermedad mental supone un elemento de riesgo para la conducta delictiva. Aunque solo una pequeña parte de los enfermos mentales cometen actos violentos, determinada sintomatología como los delirios de persecución aumentan la probabilidad de violencia. 2. Los trastornos de personalidad, en particular el TAP y la psicopatía, son diagnósticos muy vinculados al delito en general y al delito violento en particular. El consumo de alcohol y drogas aumenta esa vinculación. 3. En general, la patología dual (el abuso de sustancias y otro diagnóstico psiquiátrico) aumenta el riesgo de cometer actos violentos. 4. La patología mental tiende a formar parte de una vulnerabilidad general más amplia, donde se incluirían actos antisociales, abuso de sustancias y conductas problemáticas diversas. En dicha vulnerabilidad intervienen factores genéticos y ambientales, de ahí la importancia de la intervención temprana. 5. La impulsividad y la insensibilidad emocional son las variables psicológicas que parecen ser más relevantes en la explicación de por qué la patología mental se asocia con el delito, en particular en el caso de los trastornos del personalidad y el abusos de sustancias. 6. Los incendiarios delinquen por una variedad de razones, incluyendo la venganza o despecho, el lucro o el vandalismo. Dado que un solo sujeto basta para provocar una catástrofe ecológica y el bajo número de condenados por estos hechos, la

prevención situacional parecer ser la mejor respuesta disponible. CUESTIONES DE ESTUDIO 1. ¿Crees que en la actualidad los enfermos mentales están bien atendidos en nuestra sociedad? 2. ¿Por qué la esquizofrenia paranoide parecer ser la enfermedad mental que más se relaciona con la violencia? 3. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de una “vulnerabilidad latente” ante la violencia? 4. ¿Qué hipótesis existen que relacionen los trastornos mentales con la violencia? 5. ¿Qué es la patología dual? 6. ¿Por qué la psicopatía no es lo mismo que un diagnóstico de TAP? 7. ¿Cuántos tipos hay de incendiarios? 8. ¿Qué es un pirómano?

1 Las relaciones sexuales se incluyeron porque hay una relación entre desadaptación e inicio precoz de las relaciones sexuales. 2 El valor de “odds ratio” se refiere a la probabilidad de que un evento se produzca en comparación con otro evento. Así, un valor de 4.0 significa que la probabilidad es cuatro veces mayor. Es decir, en esta investigación ha de entenderse que cuando aparecían esos predictores en la adolescencia, la probabilidad de tener cualesquiera de esos diagnósticos (abuso sustancias y TAP) en la edad adulta era cuatro veces superior a la que existía en el caso de no aparecer esos predictores en la adolescencia. 3 TD por trastorno de conducta, el predecesor del TAP en la infancia/adolescencia. 4 Por otro lado, las preguntas sobre el consumo actual solo se refieren a los casos en los que se sabe que el joven ha consumido alguna vez la sustancia y que resulta diferente para cada una de las sustancias.

Abuso de sustancias VÍA INDIRECTA: T. ANTISOCIAL, T. LÍMITE, ANSIEDAD, DEPRESIÓN, PSICOSIS VÍA DIRECTA: ALTERACIÓN DE LA REGULACIÓN EMOCIONAL Y EL CONTROL DEL COMPORTAMIENTO VIOLENCIA

15. DELINCUENCIA SEXUAL 15.1. DELITOS CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL 689 15.1.1. Delincuencia sexual y sociedad 689 15.1.2. Magnitud y evolución de los delitos sexuales 692 15.2. ABUSO SEXUAL INFANTIL 697 15.2.1. Frecuencia y topografía 697 15.2.2. Víctimas 701 15.2.3. Daños 703 15.3. AGRESIÓN SEXUAL Y VIOLACIÓN 708 15.3.1. Víctimas y agresores 708 15.3.2. Tipologías y motivos de la violación 711 15.4. ETIOLOGÍA Y DESARROLLO DE LA DELINCUENCIA SEXUAL 714 15.4.1. Factores y experiencias de riesgo 715 A) Socialización sexual 715 B) Inicio en la agresión sexual 716 C) Infractores sexuales juveniles 718 D) Correlatos etiológicos y de mantenimiento de la agresión sexual 719 15.4.2. Análisis funcional del caso concreto 724 15.4.3. ¿Especialización o versatilidad delictiva de los agresores sexuales? 725 15.5. PREVENCIÓN Y DESISTIMIENTO DELICTIVO 727 15.6. REINCIDENCIA Y PREDICCIÓN 730 PRINCIPIOS CRIMINOLÓGICOS Y POLÍTICA CRIMINAL 733 CUESTIONES DE ESTUDIO 733

15.1. DELITOS CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL

15.1.1. Delincuencia sexual y sociedad Los delitos sexuales constituyen, en términos cuantitativos, una mínima parte del conjunto de la delincuencia oficial de un país. Pese a su reducida frecuencia oficial, se estima que existe una mayor proporción de delincuencia sexual oculta. Además, los delitos sexuales graves, como las violaciones y los abusos sexuales a menores, pueden producir graves daños a las víctimas (especialmente, mujeres, niñas y niños), de ahí que susciten tanta alarma pública. Por otra parte, tanto desde una perspectiva teórica como aplicada, la agresión sexual y los agresores sexuales constituyen uno de los retos más complejos y difíciles a que se enfrenta la criminología. En el plano teórico, porque en el proceso de desarrollo de los jóvenes que acaban convirtiéndose en agresores sexuales confluyen, con frecuencia, diversas problemáticas estrechamente interrelacionadas (ciertas características individuales — como baja autoestima y alta impulsividad—, socialización inapropiada, experiencias de abuso infantil o abandono, fantasías sexuales desviadas, etc.), que se traducen en dificultades en tres ámbitos personales interrelacionados: el del comportamiento sexual en sí, el de las relaciones sociales más amplias, y el de las cogniciones y emociones, que están implicadas tanto en las conductas sociales como sexuales. Esta complejidad teórica se

traslada también a una gran dificultad práctica, en lo que concierne a la prevención de los delitos sexuales y el tratamiento de los delincuentes sexuales. Por todo ello, la criminología se ha ocupado detenidamente de este problema delictivo, y así lo haremos, en consecuencia, en este capítulo. En un sentido amplio, al igual que para entender los delitos violentos en una sociedad, es necesario tomar en consideración la violencia globalmente existente en ella, para una mejor comprensión de los abusos y las agresiones sexuales, también debería considerarse el marco global de las relaciones entre mujeres y hombres, y de las interacciones problemáticas que pueden producirse en el seno de las familias. Según las perspectivas culturales, el temor a las agresiones sexuales habría constituido una pieza clave en el sistema de control social informal de las mujeres (Brownmiller, 1975; Terradas Saborit, 2002). Las precauciones y restricciones de comportamiento que suelen imponerse a las niñas, desde una edad muy temprana, continúan siendo mucho mayores que las impuestas a los varones. En seguida, a las chicas se les enseña que los hombres, fuera del círculo familiar, son potencialmente peligrosos. Ya en la primera adolescencia, muchas mujeres han integrado y asumido que no deben hablar con personas desconocidas, que es mejor que salgan a la calle acompañadas, que la noche

puede ser especialmente peligrosa para ellas, etc. Se trata de un sistema elaborado de restricciones e inhibiciones sociales que mantiene a la mujer en un papel más pasivo, sumiso y temeroso que el correspondiente a los varones de la misma edad. Como lo expresó la socióloga Kate Painter, evaluando datos sobre el miedo al delito entre hombres y mujeres: “Las mujeres no tienen miedo al delito, sino a los hombres, y ello constituye un miedo real: Un riesgo que restringe la libertad de movimiento, a dónde pueden ir, cómo pueden ir y con quién” (Painter, 1992).

La violación y los demás delitos contra la libertad sexual tendrían, por tanto, repercusiones sociales perniciosas y restrictivas más allá de las directamente ocasionadas a las víctimas concretas de las agresiones. Además, este es un problema que no solamente preocupa a las mujeres, sino que, en un sentido más amplio, influye negativamente en las relaciones entre mujeres y hombres en general. No obstante, hablar de “delincuencia sexual” comporta, no meramente un rechazo moral a este tipo de comportamientos, sino la referencia ineludible a lo normativo y lo prohibido por las leyes. En nuestra sociedad, la “libertad sexual” se ha constituido en un valor fundamental, que la Ley penal intenta salvaguardar. También es un bien jurídico principal la protección de la “indemnidad sexual de menores e incapaces”, es decir, la

pretensión de evitar a los menores de edad, y a quienes se hallan mentalmente incapacitados, los posibles daños que podrían derivarse de las interacciones sexuales con ellos (Díez Ripollés, 2002). Los delitos sexuales recogidos por la legislación penal española son los siguientes: • Agresión sexual, que define el atentado contra la libertad sexual de otra persona, usando para ello violencia o intimidación. • Violación, referida a si una agresión sexual comporta el acceso carnal a la víctima, por vía vaginal, anal o bucal, o bien la introducción de objetos por la vagina o por el ano. • Abuso sexual, si se atenta contra la libertad sexual de otra persona, sin su consentimiento, pero sin utilizar para ello violencia o intimidación, sino a menudo prevaliéndose de algún tipo de superioridad sobre la víctima. También cuando la víctima es menor de trece años o padece algún trastorno mental que le impide dar su consentimiento para el contacto sexual; o bien cuando la víctima tiene entre 13 y 16 años, pero es engañada. • Acoso sexual, cuando se pretenden favores sexuales en el marco de una relación laboral, docente o de prestación de servicios, produciendo con ello a la víctima intimidación o humillación.

• Exhibicionismo obsceno ante menores o incapaces. • Provocación sexual a menores o incapaces mediante material pornográfico. • Inducción al ejercicio de la prostitución de una persona menor de edad o incapaz, o bien, mediante violencia, intimidación o engaño, de una persona mayor de edad. La violencia puede surgir muchas veces en las relaciones amorosas. Esta pintura podría sugerir la cercanía de los conflictos y la violencia en el encuentro íntimo.

• Corrupción de menores o incapaces mediante su utilización en espectáculos exhibicionistas o pornográficos. • Producción, distribución o posesión de material pornográfico en que participen menores.

15.1.2. Magnitud y evolución de los delitos sexuales En el capítulo 4 se presentaron las cifras generales de la delincuencia, y las posibilidades de la Criminología para llegar a conocer su magnitud, a través del empleo del símil de un “iceberg” del delito. Al igual que sucede con un iceberg, cuyo mayor volumen permanece oculto bajo el agua, también en la delincuencia existen zonas escondidas, que no pueden verse con claridad, mientras

que solo una parte reducida quedaría plenamente al descubierto. No sería diferente lo que sucede con las cifras de la delincuencia sexual, de ahí que, para conocer esta realidad criminal del modo más exhaustivo y veraz posible, sea recomendable utilizar varias fuentes de información (Serrano Maíllo y Fernández Villazala, 2009). En la figura que sigue se representa, a modo de iceberg o pirámide del delito, una aproximación a la magnitud de la delincuencia sexual en España, sustancialmente diversa según cuáles sean las fuentes de información que se consideren, desde las tasas más amplias, consignadas en la parte inferior, hasta las más restrictivas, representadas en el vértice superior del iceberg. En el margen derecho del cuadro se pondera qué proporción representaría, cada una de las cifras de delitos ofrecidas, con relación a una población general de cien mil mujeres (mayores de catorce años), ya que éstas suelen ser las víctimas más frecuentes de los delitos sexuales. Debajo de la figura, se recoge la tasa promedio de mujeres que serían victimizadas, en como mínimo un delito sexual, a lo largo de su vida. A partir de estudios de victimización retrospectivos, se estima que un promedio del 22,5% de las mujeres experimentarían un episodio de abuso o agresión sexual en algún momento de su vida (esto equivaldría a unas 22.500 mujeres por cada 100.000

mayores de catorce años en la población). A continuación, en la base de la pirámide, los estudios de victimización anual sugieren que un promedio del 1% de las mujeres sufriría un delito sexual a lo largo del período de un año (lo que equivaldría aproximadamente a unas 1.000 mujeres por cada 100.000 mayores de catorce años)1. Entre los datos precedentes y los delitos denunciados, que siguen hacia arriba en la gráfica, se hallaría un gran volumen de cifra negra, o delitos no conocidos o denunciados. En los países europeos podemos estimar que las violaciones comportan un índice de denuncia de en torno al 50%, mientras que los abusos a menores de tan solo un 10%. Las denuncias anuales y los procedimientos judiciales ascenderían en España a casi 9.000 delitos sexuales (lo que llevado a parámetros de población femenina, representaría una proporción de 40 mujeres por cada 100.000). Por último, la población de delincuentes sexuales encarcelados es de unos 4.000 sujetos (lo que equivaldría, a partir de la razón poblacional utilizada, a unos 12 encarcelados por cada 100.000 mujeres). CUADRO 15.1. Prevalencia anual de abusos y agresiones sexuales en España por 100.000 mujeres mayores de catorce años

Fuente: Echeburúa y Redondo, 2010

La información presentada en el cuadro 15.1, a la que se acaba de hacer referencia, permite hacerse una idea de la disparidad que puede existir entre las cifras de la delincuencia sexual en función de cuál sea la fuente, no oficial u oficial, de las que procedan. Aunque las cifras comentadas permiten concluir que los delitos sexuales no constituyen las infracciones más frecuentes, sus magnitudes se muestran, como es lógico, mucho más elevadas cuando se pregunta directamente a las víctimas, que cuando se atiende las denuncias (que muchas víctimas no efectúan), a los procedimientos judiciales, o a las condenas de prisión. A continuación, para hacernos una idea más precisa de las categorías más relevantes de la delincuencia sexual, en la figura que sigue se recogen los principales tipos de delitos sexuales denunciados anualmente en España. Cuadro 13.2. Principales delitos sexuales denunciados (2009)

Fuente: elaboración propia a partir del Instituto de la Mujer y del Ministerio del Interior. Nota: no se incluyen las denuncias de Cataluña, País Vasco y Navarra.

Como puede verse, del conjunto de los delitos sexuales aquí consignados, la mayor proporción la constituyen los abusos sexuales sin penetración (39%), seguidos de las agresiones sexuales (32%), es decir aquellos delitos que han implicado fuerza o violencia pero no han incluido penetración, las violaciones (20%), el acoso sexual (5%), y los abusos con penetración (4%). Por otro lado, en el cuadro 15.3 se presenta la evolución

que han seguido en España, a lo largo de un decenio, las denuncias por delitos sexuales, y en particular por abusos sexuales y violaciones. CUADRO 15.3. Evolución de las denuncias por delitos sexuales, abuso sexual y violación: España (1997-2009)

Fuente: elaboración propia a partir del Instituto de la Mujer y del Ministerio del Interior. Nota: no se incluyen las denuncias de Cataluña, País Vasco y Navarra.

Entre 1997 y 2009 se constata tanto un moderado aumento de las denuncias globales por delitos sexuales como, específicamente, un incremento de las denuncias de abuso sexual y violación. Sin embargo, es bien conocido en Criminología que un incremento de la tasa de denuncias por determinado tipo de delitos no implica necesariamente que tal modalidad delictiva haya aumentado realmente, sino que lo que puede haber ascendido es la tendencia a denunciar los hechos (lo que, en función de los datos de victimización de los que se dispone, podría haber sido el caso). Además, como ya se comentó en el capítulo 4 sobre cifras delictivas generales, en España la población global aumentó sustancialmente durante el periodo temporal considerado como resultado del proceso de inmigración masiva operado desde finales de los noventa y durante la primera década de los dos mil. Este aumento poblacional guardaría asimismo una relación lógica con el incremento de las denuncias globales por todo tipo de delitos, y también por delitos sexuales. Por último, desde una perspectiva internacional comparada, en el cuadro que sigue puede verse un listado de países, ordenados de forma decreciente en función de

sus respectivas prevalencias de agresiones sexuales a mujeres, de acuerdo con la evaluación más reciente de que se dispone, que se consigna en la columna de la derecha (2003/2004). CUADRO 15.4. Prevalencia anual (%) de agresiones sexuales a mujeres en distintos países, para el periodo 1989-2003/2004. PAÍSES EEUU

1988 1991 1995 1999 2003/2004 1,4

0,6

1,2

0,4

Islandia

1,4

Suecia

0,5

Irlanda del Norte

0,3

Noruega

0,3

Inglaterra/Gales

0,3

Suiza

0,6

1,5

1,1

1,3

0,5

0,1

1,2 0,9

0,7

0,4

0,9

0,9

1,2

0,6

0,9

0,1

0,8

Japón Irlanda Canadá

1,4

0,8 1,2

Nueva Zelanda

1,6

0,9

0,8

1,3

Escocia

0,6

Holanda

0,6

Polonia

0,8 0,7

0,2

0,3

0,6

0,7

0,8

0,8

0,6

1,5

0,6

0,2

0,5

0,4

0,5

Dinamarca Luxemburgo

0,4

Grecia

0,4

Austria Alemania

1,2 1,1

0,4 0,4

Finlandia

0,3

1,5

Bélgica

0,5

0,9

Italia

0,6

Estonia

1,4

Francia

0,4

1,0

0,4

0,3

0,4 0,3

1,0

1,9

0,3

0,4

0,7

0,3

0,2

0,2

Portugal España

1,1

0,6

0,1

Bulgaria

0,1

Hungría

0,0

México

0,0

PROMEDIO

0,6

1,0

0,8

0,6

0,6

Fuente: elaboración propia, a partir de Van Dijk, Kesteren y Smit, 2007

Tomando en consideración esta última evaluación victimológica, Estados Unidos presentaría, en el marco de los países incluidos, la prevalencia más elevada de agresiones sexuales a mujeres, con una proporción de 1,4%. Siguen a continuación diversos estados europeos como Islandia, Suecia, Noruega, Inglaterra/Gales, y Suiza, o de otras regiones geográficas del mundo, como el caso de Japón, Canadá, y Nueva Zelanda, con tasas de agresión sexual entre 0,5% y 1,4%. España, con una tasa de agresiones de 0,1%, se sitúa en los puestos más bajos de este ranking indeseable, un poco por detrás de países como Alemania, Bélgica, Francia y Portugal. Vistos los datos de la tabla 15.4 en conjunto, en muchos países se habría operado un decremento de la victimización sexual

durante las últimas décadas, tendencia a la baja que se ha documentado particularmente en Estados Unidos (Planty, Langton, Krebs et al., 2013). A continuación nos ocuparemos de las dos modalidades de delincuencia sexual que comportan un mayor riesgo para las víctimas y que, en consecuencia, suscitan mayor preocupación social: el abuso sexual infantil y las agresiones sexuales y violaciones.

15.2. ABUSO SEXUAL INFANTIL 15.2.1. Frecuencia y topografía Las expresiones “abuso sexual infantil” o “de menores” suelen referirse a cualquier conducta sexual que realiza un adulto, o persona de mayor edad, en relación con un menor. Según la definición propuesta por el National Center of Child Abuse and Neglect en 1978 (en López, 1995: 30, y Tamarit, 2000: 21): “[existe abuso sexual infantil] en los contactos e interacciones entre un niño y un adulto, cuando el adulto (agresor) usa al niño para estimularse sexualmente él mismo, al niño o a otra persona. El abuso sexual también puede ser cometido por una persona menor de 18 años, cuando ésta es significativamente mayor que el niño (la víctima) o cuando el agresor está en una posición de poder o control sobre otro menor”. La mayoría de los expertos proponen

como criterio de edad máxima de la víctima, para considerar la existencia de abuso sexual infantil, que ésta tenga hasta 15/17 años. La perspectiva de López sobre el concepto de abuso sexual es la siguiente (1995, pp. 28-29): “Desde nuestro punto de vista, los abusos sexuales deben ser definidos a partir de dos grandes conceptos, el de coerción y el de asimetría de edad. La coerción (con fuerza física, presión o engaño) debe de ser considerada, por sí misma, criterio suficiente para que una conducta sea etiquetada de abuso sexual de un menor, independientemente de la edad del agresor. La asimetría de edad impide la verdadera libertad de decisión y hace imposible una actividad sexual común, ya que los participantes tienen experiencias, grado de madurez biológica y expectativas muy diferentes. Esta asimetría supone, en sí misma, un poder que vicia toda posibilidad de relación igualitaria. Por consiguiente, consideramos que siempre que exista coerción o asimetría de edad (o ambas cosas a la vez) en el sentido propuesto, entre una persona menor y cualquier otra, las conductas sexuales deben de ser consideradas abusivas. Este concepto tiene la ventaja de incluir también las agresiones sexuales que cometen unos menores sobre otros. Aspecto que es muy importante tener en consideración, porque en algunas sociedades se ha podido comprobar que el 20% de las violaciones las realizan menores de edad y que casi el 50% de los agresores cometen su primer abuso antes de los 16 años”.

Los abusos sexuales infantiles pueden incluir tanto conductas físicas (violación vaginal, anal o bucal; penetración digital; exhibicionismo; caricias, frotamiento y masturbación; obligar a tener contacto sexual con animales) como la explotación o corrupción de un menor (usándolo para una grabación pornografía; promoviendo

su prostitución; obligándolo a ver actividades sexuales de otras personas, etc.). Muchos abusos sexuales infantiles se producen sin recurso directo a la violencia física, sino que los abusadores suelen priorizar la influencia, la seducción o el temor que pueden inducir al menor (Echeburúa y Redondo, 2010). El abuso sexual en la infancia es con frecuencia continuado, suponiendo ello un riesgo mayor de que el menor sufra problemas psicopatológicos. Muchas situaciones de abuso sexual infantil tienen lugar en el ámbito privado de la familia, de ahí que sean pocos los casos (se ha llegado a estimar que en torno a un 2%) que llegan a conocerse con proximidad temporal a su ocurrencia, lo que comporta un gran obstáculo para su prevención y control. También pueden producirse abusos sexuales, fuera del marco familiar, en lugares y transportes públicos, o en contextos laborales. Sus autores son con cierta frecuencia adolescentes y jóvenes que se sirven de otros menores para su propia satisfacción sexual (Barbaree y Marshall, 2006; Becker y Johnson, 2001; Sigurdsson, Gudjonsson, Asgeirsdottir, y Sigfusdottir, 2010). Según Finkelhor y su equipo (Finkelhor, 1986; Finkelhor, Hotaling, Lewis, y Smith, 1990), y López (2005), quienes revisaron múltiples estudios retrospectivos sobre esta materia, entre el 20% y el 27% (rango 6-62%) de las mujeres, y entre el 10% y el 16%

(rango 3-31%) de los hombres, reconocían haber sufrido algún episodio de victimización sexual en la infancia (véanse también Echeburúa y Redondo, 2010). Se ha estimado que de éstos, alrededor de un 4% serían casos graves, con complicaciones clínicas o psicopatológicas. Un estudio pionero en España sobre abuso sexual infantil fue el realizado por López (1995) a partir de una muestra de 2.000 sujetos, a los que se evaluó, mediante autoinforme, acerca de los posibles abusos sufridos a lo largo de su vida. Sus resultados fueron acordes con los promedios internacionales a los que se acaba de hacer referencia, hallando que un 22,5% de las mujeres y un 15,2% de los varones relataban haber sido víctimas, en alguna ocasión, de abuso sexual infantil. Por otro lado, en un estudio de autoinforme con una muestra de 1.033 estudiantes universitarios en Cataluña (Pereda y Forns, 2007), mediante el Traumatic Life Events Questionnaire (TLEQ; Kubany y Haynes, 2001), se obtuvo una prevalencia global de algún tipo de abuso o coerción sexual (generalmente con antelación a la edad de 13 años, pero en algunos casos hasta los 18 años) del 17,9%, que se desglosó por sexos en una tasa del 19% de las mujeres y del 15,5% a los hombres. Además, en este estudio una alta proporción de abusos incluyeron penetración en una edad previa a los 13 años, tanto en el caso de las chicas (42%) como de los chicos (26,7%), lo

que contrasta con el resultado más común en la investigación internacional, en que la penetración es una conducta infrecuente (Murray, 2000). Un estudio de victimización más reciente en Argentina, realizado a partir de una muestra de 2.750 estudiantes de la Universidad de Buenos Aires, obtuvo tasas de abuso sexual más bajas que las anteriores, con un promedio global del 9%, y una proporción del 11,9% para el caso de las mujeres y del 6,1% para los varones (Bringiotti y Raffo, 2010). De los abusos sexuales infantiles que acontecen en el ámbito familiar o en contextos próximos a la niña o el niño —entre un 65% y un 85% de los casos—, suelen ser autores familiares (padres, hermanos mayores, etc.) o bien personas relacionadas con la víctima, como podrían ser vecinos, profesores, entrenadores, etc. Estos abusos acostumbran a ser las situaciones que se prolongan más en el tiempo, no implicando generalmente conductas violentas asociadas (Echeburúa y Redondo, 2010). Entre ellos, los más traumáticos son los realizados por padres (o padrastros) en relación con las hijas, aunque son también los que más se denuncian. También pueden producirse abusos cuyos autores sean hermanos, tíos, hermanastros, abuelos, o novios que viven en el mismo hogar que la víctima. Es mucho más infrecuente el incesto madre-hijo, asociándose, cuando se produce, al hecho de que la madre

carezca de una relación de pareja, presente una adicción al alcohol o a las drogas, o ella misma haya sido víctima de abusos sexuales en la infancia. La topografía más frecuente de abuso sexual incestuoso comienza con caricias, dando paso posterior a la masturbación y al contacto bucogenital, y, solo en los casos más graves, evolucionaría al coito vaginal. En otras ocasiones, los abusadores son jóvenes o adultos desconocidos para las víctimas, que se aprovechan de la inferioridad física o psicológica de los menores. Estos abusos suelen ser más esporádicos que los anteriores, aunque, a diferencia de ellos, es más probable que comporten amenazas o violencia hacia las víctimas. En relación con el sexo de las víctimas, lo más frecuente es que se trate de niñas (en un 58,9% de los casos) en mayor proporción que niños (40,1%), generalmente en la franja de edad entre 6 y 12 años (Echeburúa y Redondo, 2010). Los varones suelen ser más reacios a revelar lo ocurrido que las chicas. Según Echeburúa y Garricaechevarría (2000), las niñas suelen experimentar los abusos preferentemente en el contexto familiar y a una edad más temprana (6-8 años) que los niños, quienes tendrían mayor riesgo de abuso sexual fuera del marco familiar y generalmente a una edad algo posterior (11-12 años). En el estudio de López (1995) hubo, en conjunto, una

frecuencia importante de repetición de los abusos: el 44,2% de los casos se efectuaron entre 1 y 25 veces. Los tipos de abuso se distribuyeron del siguiente modo (se señala solo la conducta más grave sufrida por la víctima): caricias por debajo de la cintura (39,75%); caricias por encima de la cintura (11,87%); exhibicionismo (15,73%); masturbación (9,79%); sexo oral (6,23%); coito anal (1,78%); y coito vaginal (4,93%). Por lo demás, en el estudio de López volvió a aparecer la evidente superioridad de los varones como autores del abuso sexual infantil (86,6%), aunque el porcentaje de mujeres no sea despreciable (13,9%). Las víctimas preferentes de los agresores varones fueron niñas (el 68,04%) y en una proporción menor niños (31,96%); inversamente, el 91,1% de las mujeres infractoras abusaron de niños y el 8,9% de niñas. La edad del agresor mostró ser muy variable: casi un 12% del total tenía menos de 20 años, un 30% estaba entre 21 y 30 años, y casi el 45% en el rango de 31 a 50 años.

15.2.2. Víctimas A partir de encuestas y entrevistas de victimización pueden conocerse también las experiencias de abuso sexual sufridas por las víctimas y, asimismo, las reacciones y circunstancias naturales en que, en algunos casos, lograron evitar los delitos (lo que puede tener

implicaciones relevantes para la prevención). A continuación se presentan algunos ejemplos de abusos sexuales, extraídos de las encuestas de victimización de Málaga: “La encuestada estaba pasando el día en el campo con la familia. Bajó al río a tomar el sol y al poco rato, un hermano de su tío fue donde ella estaba y empezó a tocarla. Logró escaparse. No ha denunciado el delito porque su familia no la cree”. “Se disponía a cruzar la carretera cuando llegó un individuo que no la dejaba pasar y, a su vez, no dejaba de tocarla”. “Cuando volvía de trabajar, en la escalera de su casa, un sujeto empezó a forcejear con ella. La tiró al suelo pero, ante los gritos de ésta, huyó. La encuestada piensa que los fines del individuo eran sexuales. Además, ello pareció confirmarse cuando, esa misma semana, le ocurrió algo semejante a otra chica del mismo bloque pero, esta vez, el agresor manifestó su intención de violarla. Ambas señoras denunciaron el caso y la descripción del individuo coincidía”. “Un borracho, socio de la discoteca donde trabajaba, se introdujo detrás de la barra, donde ésta se encontraba, y empezó a tocarla de manera ofensiva e, incluso, le dio un beso forzado en la boca”. Fuente: material inédito de la encuesta de victimización de Málaga (Stangeland, 1995b; Díez Ripollés et al., 1996).

Aquí pueden verse ejemplos de cuatro tipos de infracciones sexuales frecuentes: sexo forzado en el ámbito familiar, tocamientos callejeros, intento de violación, y acoso sexual en el lugar de trabajo. Mar Calle (1995) desarrolló una investigación con víctimas de abuso sexual grave, incluyendo 16 casos sentenciados en los juzgados de Madrid, 8 víctimas

mujeres y 8 varones, con edades comprendidas entre 3 y 19 años (en un estudio de Redondo y Luque —2011— sobre una amplia muestra de agresores sexuales encarcelados, al que se hará referencia más adelante, la edad media de las víctimas de todo tipo de delitos sexuales, no solo de abuso, era 19,7 años, con una amplia deviación típica de edades de 14,8 años). Calle (1995) encontró que, en la investigación internacional, eran factores que correlacionan significativamente con la gravedad de las secuelas a largo plazo los siguientes: 1) que el agresor fuera el padre o padrastro; 2) que el abuso se hubiera prolongado en el tiempo; 3) que hubiera existido violencia en el delito; 4) que la víctima no contara con apoyo familiar; 5) que como resultado del delito la víctima hubiera tenido que abandonar el hogar familiar. Los principales resultados descriptivos obtenidos en este estudio fueron los siguientes. En primer lugar, el abuso comenzaría primero en las niñas (edad media de inicio de 7,8 años) que en los niños (11,5 años). Respecto a las variables relativas al agresor, destacaba el abuso por parte del padre biológico (25% de los casos) sobre el resto de los familiares. En el abuso extrafamiliar predominaba el realizado por parte de un educador o monitor (37,5% de los casos). Solo en el 6,2% de los supuestos el agresor era desconocido para la víctima.

En relación a las estrategias empleadas por el agresor, hubo variaciones también en función del sexo de las víctimas: con los niños se daba más el camuflaje por juegos (57%) y el recurrir a pactos secretos (42,9%). En el caso de las niñas resaltaba el empleo de la violencia física (33,3%) sobre el resto de las estrategias utilizadas. Las conductas que especificaban el abuso eran, fundamentalmente, los tocamientos al niño bajo la ropa (43,8%), mientras que el coito anal afectó al 12,5% (solo chicos), el mismo porcentaje que mostraron las niñas que sufrieron el coito vaginal (12,5%). En cuanto a la frecuencia, el 56,3% fueron abusos crónicos, sin que hubiera diferencias significativas en términos del sexo de las víctimas. Respecto de los lugares en que se habían producido los abusos sexuales, el contexto más frecuente fue el hogar de las víctimas (75%), seguido de lugares como la calle o la montaña (43,73%), y el domicilio del abusador (31,25%). La mayor parte de las víctimas había cedido pronto ante los abusos (43,75%), y destacaba poderosamente el número tan importante de menores que tomaban la postura de la indiferencia (25%) como modo psicológico de protección frente a la agresión, es decir, la disociación de la víctima frente a una realidad que la supera. También se observó que una gran proporción de las víctimas esperaban meses (25%) o años (31,25%) hasta

que comunicaban lo que les estaba ocurriendo, e incluso cerca del 40% de los varones y un 20% de las chicas no lo revelaban nunca, descubriéndose el abuso por otros medios. Por lo que respecta a los efectos del abuso, a corto plazo, tanto niños como niñas puntuaban muy alto en ítems que suponían olvido del hecho o disociación emocional. Las niñas sobresalían más que los niños en ítems que reflejan la existencia de secuelas emocionales y cognitivas, como pensamientos recurrentes o pesadillas. Un Cuestionario de Creencias Irracionales administrado a las víctimas evidenció que el 86% de los niños y el 67% de las niñas pensaban que debieron haber revelado el abuso en seguida, y todas las víctimas afirmaron tener “miedo de lo que vaya a suceder a partir de ahora”. En el Inventario de Depresión de Beck, el 28% de los niños y el 50% de las niñas tuvieron alguna vez la idea de suicidarse. Las niñas plantearon mayores síntomas de cansancio, descontento, dificultad en la toma de decisiones y problemas en el apetito. Finalmente en un test que medía adaptación de los sujetos al medio, los déficits que aparecieron como más significativos fueron la inadaptación personal, la insatisfacción con los hermanos y la insatisfacción familiar. Hernández, Blanch y de la Fuente (1998) analizaron en Barcelona una muestra de 103 menores que habían

sufrido abuso sexual. Entre los resultados más relevantes destacaron los siguientes (Hernández, Blanch y De la Fuente, 1998). – Con respecto al tipo de delito, mayoritariamente se trató de casos de abuso sexual (no violación) y exhibicionismo, y en un 25% los abusos habían sido crónicos. – Con respecto al abusador, en todos los supuestos se trató de varones entre 30 y 50 años, mayoritariamente sin antecedentes penales. En un 60% de las casuísticas analizadas, los agresores conocían a la víctima, y un 25% eran familiares. De éstos, la mayoría eran padres o ejercían dicho rol (parejas de la madre). Un aspecto que resultó especialmente preocupante fue que el 10% de los agresores eran profesionales de la educción (maestros, educadores) que conocían a los menores a razón de su trabajo. – Con respecto a la víctima, en el 66% de los casos se trató de niñas, con una edad media de 11 años, y no aparecieron datos significativos de psicopatología o retraso evolutivo.

15.2.3. Daños La mayor parte de la investigación suele concluir que las víctimas experimentarían importantes efectos patológicos posteriores, como consecuencia de haber

sufrido abusos sexuales en la infancia. Entre estos efectos, consumo de drogas, depresión, ansiedad, trastornos de personalidad (en particular trastorno de personalidad límite), promiscuidad sexual, disfunción sexual y una mayor probabilidad, cuando la víctima es adulta, de ser autora de abusos sexuales con otros niños (Avery, Hutchinson y Whitaker, 2002; véase también el estudio que se acaba de comentar de Calle, 1995). Una de las consecuencias más graves y estudiadas del abuso sexual infantil es la manifestación de un conjunto de síntomas que recibe el nombre de trastorno de estrés postraumático (en adelante, TEP), diagnosticado a partir de la presencia de sentimientos de miedo, pensamientos y sensaciones recurrentes vinculados al abuso, y activación fisiológica intensa (dificultad para dormir, concentrarse, etc.). Sin embargo, actualmente los investigadores están en desacuerdo acerca de si verdaderamente existe una asociación relevante entre el trastorno de estrés postraumático y el abuso sexual infantil. Aunque los estudios varían de modo muy notable a la hora de establecer la tasa de prevalencia, muchos investigadores creen que los síntomas del TEP ocurren con una alta frecuencia, y constituyen el núcleo del trauma del abuso sexual en los niños. La disparidad de los resultados hallados podría explicarse por diferencias en las muestras evaluadas, la diversidad de los instrumentos empleados, o

la inexactitud de los diagnósticos de abuso. Por otra parte, existen igualmente resultados contradictorios en relación a si el TEP está vinculado con la intensidad (gravedad) y la duración del abuso. Con objeto de clarificar esta cuestión, Dubner y Motta (1999), evaluaron a 50 niños que habían sufrido abuso sexual, a 50 que habían sufrido maltrato físico, y a 50 que no habían sido abusados ni maltratados, pero todos los cuales tenían el común denominador de que estaban acogidos temporalmente en hogares distintos del suyo propio. De ellos, 40 niños eran preadolescentes (8-12 años), 72 adolescentes (de 13 a 15 años), y 38 adolescentes-adultos (16-19 años). El abuso, en todos los casos, se había producido, como máximo, con una antelación de dos años a la realización del estudio. Los niños fueron evaluados mediante diferentes pruebas, entre ellas una entrevista semiestructurada y una escala tipo Likert de 20 ítems, para diagnosticar un posible TEP. Dubner y Motta hallaron que los niños sexualmente abusados presentaban el TEP en el 64% de los casos, por un 42% para los niños con experiencias de maltrato físico, y un 18% para supuestos de aquellos niños que no habían sufrido ni abuso y maltrato. En todas las comparaciones las diferencias fueron significativas. La relativa alta tasa de TEP en los niños sin ningún tipo de abuso pudo deberse, según los autores, a que podrían

haber existido casos de abusos/malos tratos ocultos, o bien que hubieran sido testigos de otros hechos inductores del trastorno de estrés postraumático, tales como actos de violencia conyugal o delitos violentos. Por otra parte, los resultados de este estudio no evidenciaron relación entre la duración y gravedad del abuso y la presencia de TEP, lo que coincide con lo también hallado por otros autores. Aunque quizás el relato de los episodios de abuso por parte de los niños, en cuanto a su duración e intensidad, pudo ser distorsionado — señalan los autores del estudio—, lo que podría haber encubierto tal asociación. En tercer lugar, los datos señalaron que los niños preadolescentes (8-12 años) presentaban más casos de TEP que los adolescentes (13-15 años), lo cual sorprendió dado que distintos autores habían considerado que la adolescencia constituiría un periodo especialmente proclive a experimentar este trastorno. Finalmente, como se esperaba, las chicas evidenciaron más TEP que los chicos. Ahora bien, ¿son siempre devastadores en la vida de las víctimas los efectos del abuso sexual infantil? Para responder a esta cuestión, Rind, Bauserman y Tromovitch (1998) evaluaron específicamente el impacto a largo plazo del abuso sexual infantil (en adelante, ASI). Para ello realizaron un meta-análisis de 59 estudios publicados

sobre ASI que habían tenido como objeto de evaluación la población de estudiantes de college (equivalente a tres años de estudios universitarios). Estos análisis correspondían a 70 muestras independientes (grupos experimentales y controles), que en conjunto incluían a 35.703 sujetos (13.704 hombres y 21.999 mujeres), aunque no en todas las muestras pudieron evaluarse todos los efectos y resultados que se presentan a continuación (cuadro 15.5). Los efectos autopercibidos del abuso se dividieron en dos categorías: los recuerdos que tenían los sujetos acerca del periodo pasado de su vida en que sufrieron el abuso (posibles recuerdos negativos, neutros o positivos); y la percepción o valoración actual del abuso. También se incluía una apreciación global de los individuos en cuanto a si ellos creían que el abuso experimentado había afectado a sus vidas, y en qué forma. CUADRO 15.5. Correlatos psicológicos evaluados en las muestras de los estudios meta-analizados 1. Abuso de alcohol 2. Ansiedad 3. Depresión 4. Disociación 5. Trastornos alimenticios 6. Hostilidad 7. Sensibilidad interpersonal 8. Locus de control 9. Sintomatología obsesivo-compulsiva

10. Paranoia 11. Fobias 12. Síntomas psicóticos 13. Auto-estima 14. Ajuste sexual 15. Ajuste social 16. Somatización 17. Ideas y conductas de suicidio 18. Ajuste (bienestar) general

Por lo que respecta a los resultados, las muestras de

estudiantes de college evaluadas en esta investigación habían experimentado abusos sexuales graves en una proporción semejante a la población general; lo que se concluyó a partir de comparar los porcentajes de abusos en los que había habido penetración (que en promedio eran el 17% en la muestra de college y el 15% en la muestra nacional). El total de sujetos sobre los que se pudieron evaluar los efectos psicológicos del ASI fue de 15.912 participantes (54 muestras). El valor medio en cuanto a la gravedad de los síntomas del ASI fue de r=.09, que es de magnitud limitada, si bien estadísticamente significativa, lo que implica que los sujetos con ASI tuvieron un ajuste psicológico ligeramente menor que los que no vivieron la experiencia del abuso, aunque en promedio no experimentaron un daño intenso. Por lo que se refiere a los síntomas psicológicos específicos que se derivaron de la experiencia del abuso, los autores hallaron tamaños del efecto que oscilaban en el rango r=.04/0.13. Esto suponía que, para la globalidad de los 18 factores psicológicos evaluados (excepto uno: locus de control), los sujetos que habían sufrido ASI mostraban síntomas ligeramente menos “normales” (psicológicamente menos ajustados) que los sujetos control. Los hombres sufrieron más psicológicamente que las mujeres cuando la experiencia del abuso fue involuntaria.

Por lo que respecta a las reacciones inmediatas al abuso (tal y como se recordaban por los sujetos), el 72% de las experiencias de las mujeres, y el 33% de las pertenecientes a los varones, fueron calificadas de negativas. Otros investigadores habían hallado con anterioridad datos parecidos. Los resultados fueron paralelos en lo tocante a los sentimientos actuales respecto del abuso sexual experimentado: el 59% de las mujeres expresaban sentimientos negativos y un 16% positivos (el resto, sentimientos neutros). En los hombres los porcentajes fueron: en un 26% mostraron sentimientos negativos y en un 42% positivos. Finalmente, en 11 muestras diferentes se había preguntado a los sujetos en qué medida consideraban que sus experiencias de abuso les habían afectado negativamente en relación con su vida sexual, mayor estrés, y otros efectos perjudiciales. Para los hombres, los efectos negativos percibidos sobre la vida sexual posterior fueron escasos, con una media del 8,5% de varones que los reconocieron, siendo algo más elevada dicha proporción en el caso de las mujeres (13,1%). Considerando ahora si las víctimas pensaban que, como resultado del abuso, se habían derivado “efectos generales negativos” en sus vidas, en el caso de los hombres la respuesta mayoritaria fue que no, siendo algo más elevada (aunque aún minoritaria) la proporción de mujeres que

percibió dichos efectos negativos generales. Finalmente, a la pregunta de “si ellos pensaban que el abuso sexual infantil les había afectado de modo transitorio”, aquí las mujeres sí que señalaron en mayor medida que sí, que en su momento les afectó negativamente; por su parte, los hombres siguieron contestando mayoritariamente que no. De todo esto se puede concluir que el abuso sexual parece impactar diferentemente en varones y mujeres, al menos tal y como ellos y ellas lo perciben. Las mujeres valoran en conjunto haber sufrido más como consecuencia de los abusos experimentados en la infancia que los hombres. En general, quienes habían sufrido abuso sexual procedían de familias más problemáticas (en términos de maltrato físico y abandono, conflicto o patología, y estructura familiar), que los que no habían sufrido abuso (con una asociación promedio entre familias problemáticas y abuso de r = 0.13). Ello podía sugerir que el ASI no fuera en realidad el principal factor causal en el desajuste del individuo, sino solo un correlato más de un contexto familiar disfuncional. Resultó, en efecto, que la correlación media entre los problemas familiares y los síntomas de desajuste de las víctimas fue de r= 0.29, lo cual significa, en términos estadísticos, que las disfunciones familiares tuvieron un mayor peso para predecir el desajuste psicológico de los sujetos que la

propia experiencia de ASI. A juicio de Rind et al. (1998), no parece que se puedan mantener las conclusiones que se dan por ciertas en muchas investigaciones a este respecto: que el abuso sexual infantil cause siempre un daño psicológico intenso; que tal daño perdure a lo largo del tiempo; y que dichos efectos nocivos sean equivalentes en chicos y en chicas. Según Rind et al. (1998), aunque es cierto que el abuso sexual infantil se asocia a un peor ajuste psicológico de las víctimas, no parece que dicho efecto sea en promedio muy intenso (r=0.09), y, además, parece deberse en mayor grado a características problemáticas generales de las familias en las que acontece el abuso sexual. Los resultados también señalaron que los efectos del abuso sexual son más intensos en las mujeres que en los hombres, y, afortunadamente, tienden a irse diluyendo con el paso del tiempo. Ahora bien, los autores señalan claramente que estos datos “no deben obscurecer el hecho de que el abuso sexual puede causar un daño intenso en hombres o mujeres —como señala la bibliografía clínica—, únicamente muestran que se ha exagerado el potencial efecto negativo que puede causar en la mayoría de los individuos” (pp. 41-42).

15.3. AGRESIÓN SEXUAL Y VIOLACIÓN

15.3.1. Víctimas y agresores En España, un estudio relevante, especialmente debido a su descripción de las características de víctimas y agresores sexuales, fue el llevado a cabo por Pulido et al. (1988), quienes analizaron 193 casos de violación (mayoritariamente —un 80%— de mujeres mayores de 14 años), incluyendo a 202 agresores y 196 víctimas. En esta muestra, un 70% de las víctimas y un 66% de los autores tenían menos de 21 años. Un 50% de los violadores eran desconocidos, un 28% conocidos, y un 20% parientes de la víctima. Los lugares más frecuentes de la violación fueron descampados (en un 27,5% de los delitos), la casa del agresor (19,5%), la casa de la víctima (17,3%), vehículos (8,8%), u otros lugares (26,9%). Las víctimas más jóvenes fueron violadas, con mayor frecuencia, en casa del agresor (correspondiendo muchas de ellas a agresiones cometidas por familiares). Entre las víctimas algo más mayores, en edad de salir autónomamente de noche, los lugares más típicos de violación fueron vehículos, descampados y otros espacios públicos. Por último, las mujeres de mayor edad fueron violadas más a menudo en su propia casa. Otros resultados destacables fueron los siguientes: la mayor parte de las violaciones ocurrió durante la noche; en un 30% de los casos hubo más de un agresor; en el 48% el violador no utilizó ningún tipo de arma; el coito vaginal

fue el acto sexual realizado con mayor frecuencia (44% de los casos); en un 37% de los supuestos, la víctima sufrió alguna lesión (aunque ninguna víctima falleció); y en algo más de la mitad de los incidentes la mujer presentó resistencia. Los anteriores suelen ser los casos más graves que pueden llegar a una sentencia condenatoria. En cambio, los casos más leves y quizá más ambiguos, en que las partes se conocen, y aquéllos que tienen lugar entre desconocidos, pero donde la víctima consigue huir o hacer desistir al agresor, no suelen llegar a denunciarse, o, si se denuncian, es menos probable que lleguen a una sentencia firme. En un 70% de los episodios estudiados por Pulido et al. (1988) el agresor actuó en solitario, y tan solo en el 3,5% hubo dos víctimas. En cerca de la mitad de las agresiones, las manos fueron las únicas armas empleadas, utilizándose armas u otros objetos punzantes en el 20% de las ocasiones. La gravedad de los actos cometidos aumentaba con la edad del agresor, y la duración del episodio de agresión era mayor en aquellos casos en los que habían intervenido varios agresores (mientras que el 76,8% de los delitos de violación cometidos por un solo agresor tenía una duración que oscilaba de unos minutos a una hora, el 73,4% de las violaciones llevadas a cabo por más de un agresor, comportó una duración que iba desde

1/2 hora hasta 24 horas). Por lo que respecta a las variables descriptivas del agresor, destacaron las siguientes. El grueso de los agresores se situaba en la franja de edad de 21 a 30 años (31%) y por encima de 30 años (35%). Los solteros constituyeron el grupo más numeroso (65%), seguido de los casados (un 30%), siendo minoritaria la representación muestral de separados y divorciados. En su mayoría los agresores no tenían hijos (78%). Más del 75% contaban con escasos estudios: un 68% tenía estudios primarios, y un 8% no tenía estudios de ninguna clase. Profesionalmente, un 3% no tenía profesión alguna, un 24% era peón, y un 47% tenía la ocupación de obrero especializado. El 40% de los agresores tenía antecedentes penales, destacando los antecedentes por robo (en un 37% de los sujetos), seguido de la violación/abusos deshonestos (un 10%), y del delito de lesiones (en un 3,6% de la muestra). En un 6% de las infracciones se constató que los agresores habían consumido alcohol o drogas con antelación a realizar el delito, aunque el porcentaje de casos en los que no constaba información a este respecto rondaba el 35%. Merece también atención el dato relativo a la motivación para escoger a la víctima. Abrumadoramente, la razón fundamental manifestada por los agresores radicó en la indefensión (oportunidad) que el agresor percibió en

la víctima, alcanzando dicho motivo al 86% de las agresiones, siguiéndole el atractivo y deseo sexual que suscitó en él (7,6%). Finalmente, en cuanto a la relación agresor y víctima, en el 50% de los supuestos había una relación previa, que se dividió del siguiente modo: en un 20,51% de los casos eran parientes —22% padres e hijos — y en un 28% eran conocidos. Garrido et al. (1995) analizaron una muestra de 29 agresores sexuales de mujeres adultas, que estaban internos en prisiones de Cataluña. La muestra tenía una edad media de 23 años cuando se produjo la primera detención y condena por violación. Dicha edad es coherente con los datos obtenidos en el estudio de Pulido et al (1988), aunque en investigaciones posteriores se han hallado promedios de edad algo más elevados, de en torno a 30 años (por ejemplo, en Redondo, Luque, Navarro y Martínez, 2005). En coincidencia con la investigación internacional, cerca de un 40% de esta muestra tenía antecedentes delictivos, aunque generalmente de cariz no sexual. Por lo que respecta a la descripción de la agresión, se confirma en este estudio la gran frecuencia de las víctimas únicas, de los agresores actuando también solos, y de las armas blancas como instrumentos de agresión prioritarios. Quienes han abusado sexualmente de otras personas, o las han agredido sexualmente, suelen presentar problemas

básicos en varias facetas interrelacionadas (Redondo, 2002; Sigurdsson et al., 2010): en las propias conductas sexuales, en su conducta social más amplia con otras personas, en las expresiones de sus emociones y sentimientos, y en su pensamiento, que suele estar plagado de múltiples “distorsiones cognitivas” en relación con la consideración de las mujeres, los niños, y la justificación del uso de la violencia en las interacciones sociales. Problemas todos que se incrementarán si, además, un sujeto tiene dificultades para entablar relaciones sexuales consentidas y normalizadas. La falta de relaciones sexuales consentidas puede deberse a que un individuo tenga menores competencias y habilidades de interacción social, las cuales son imprescindibles para las relaciones afectivas y de intimidad con otras personas. Por otro lado, muchos abusadores y agresores sexuales muestran también menor empatía con el daño que puedan experimentar otras personas (Brown, Harkins y Beech, 2012; Martínez et al., 2008; Rich, 2009), y mayor ansiedad ante las situaciones sociales. Todos estos déficits pueden producirles un mayor aislamiento social, en relación con la familia, los amigos, el trabajo, etc. (Salat, 2009). Asimismo, algunos abusadores pueden manifestar una fuerte preferencia sexual por menores. Estas conductas podrían verse favorecidas y justificadas a partir de

distorsiones cognitivas que interpretarían a los menores como parejas sexuales viables (Brown, 2005). Por otra parte, cuando se trata de relaciones entre adultos, los procesos de relación interpersonal que pueden preceder a la excitación y el deseo sexual por otra persona, suelen ser complejos y sutiles; comportan una secuencia elaborada de interacciones visuales, gestuales, verbales y emocionales, y la sucesiva y recíproca elaboración cognitiva del significado que puedan tener las reacciones y conductas del otro, al respecto de su posible deseo y aceptación de una relación de intimidad o sexual. De ahí la relevancia que en este proceso pueden tener, como elementos de riesgo, las interpretaciones distorsionadas de las expresiones y emociones ajenas, y también las posibles justificaciones sobre el uso de la fuerza o violencia en el marco de las interacciones sexuales (Redondo, 2004). Algunos agresores sexuales pueden mostrar actitudes devaluadoras de las mujeres, que nieguen a éstas los mismos derechos y autonomía de decisión que tendrían los varones, o justifiquen o disculpen el uso del engaño, la fuerza y la agresión para el logro de contactos sexuales. También se ha hallado que muchos abusadores y agresores sexuales presentan niveles más altos de ansiedad social, menores capacidades asertivas para expresar sus sentimientos y deseos, y unas habilidades

sociales más limitadas para las relaciones de intimidad. Estos déficits, que pueden dificultar el logro competente de algunas metas personales relevantes (como serían las propias relaciones emocionales y sexuales), pueden dar paso a la utilización, para las mismas finalidades, de conductas desadaptativas e ilícitas. Por último, un factor de riesgo importante para el desarrollo de conductas de abuso o agresión sexual es el déficit en empatía en relación con las víctimas (Brown et al., 2012). La empatía se refiere a la capacidad de un individuo para identificar estados cognitivos y afectivos en los demás, ponerse en su lugar, compartir sus sentimientos y pensamientos y responder a sus demandas en coherencia con ello. Aunque no se considera que los delincuentes sexuales carezcan de empatía de forma global, sí que carecerían de ella en relación con sus propias víctimas, mostrando dificultades para reconocer en ellas sufrimiento y daño (Fernández, Marshall, Lightbody, y O’Sullivan, 1999; Robinson, 2005). La empatía sería, en parte, una característica individual propia de la personalidad de un individuo, y, a la vez, una pauta adquirida de comportamiento, en función de la educación y experiencias habidas. En relación con esto último, algunos estudios han hallado que individuos que habían experimentado en su infancia victimización sexual y exposición a pornografía

infantil mostraban menores niveles de empatía con niños víctimas de abuso sexual, a la vez que referían haber cometido más delitos de abuso infantil. Del mismo modo, aquellos sujetos que habían sido víctimas infantiles de agresión física y sexual manifestaban una menor empatía por mujeres en situaciones de agresión, y confesaban haber cometido un mayor número de delitos de agresión contra víctimas adultas.

15.3.2. Tipologías y motivos de la violación Las tipologías son clasificaciones de los delincuentes, atendiendo a su diferenciación en características relevantes de su individualidad o de su conducta. Aunque las tipologías de delincuentes no han resultado en general satisfactorias para comprender la etiología de la agresión, pueden ayudar, al menos inicialmente, a identificar mejor los aspectos fundamentales de cada caso analizado. Una de las tipologías de violadores más divulgadas es la que se elaboró en el Centro de Tratamiento Bridgewater, de Massachusetts, debida a Cohen y su equipo (Cohen, Garofalo, Boucher y Seghorn, 1971; Cohen, Seghorn y Calmas, 1969), en la que se diferenciaban cuatro grupos: 1) El violador de agresión desplazada, que no presentaría excitación sexual inicial, ya que la violación tendría para él el sentido de agraviar y humillar a la víctima (quien no habría jugado ningún rol directo en el desencadenamiento

de la agresión), empleando para ello con frecuencia el sadismo (Seto, Harris, Lalumière y Chivers, 2012); 2) el violador compensatorio sería aquél motivado por el deseo de demostrar a su víctima su propia competencia sexual, en un intento de compensar su falta de adecuación para una vida socialmente ajustada; 3) el violador sexualagresivo, que necesitaría infligir daño físico para sentir excitación sexual, y se parecería al categorizado como “violador hostil” en una tipología previa de Groth; por último, 4) el violador impulsivo, cuya acción delictiva sería el resultado de aprovechar “una buena oportunidad”, usualmente presente en el transcurso de otros hechos delictivos como el robo (Pedneault, Harris y Knight, 2012). Ronald Holmes (1989) completó, mediante técnicas de entrevista, una tipología anteriormente desarrollada por Knight y Prentky (1987), en la que se distinguían cuatro tipos básicos de agresores, un tanto diferentes de los anteriores: 1. El violador de afirmación de poder se correspondería esencialmente con el compensatorio precedente, y sería el menos violento de los violadores, así como el menos competente desde el punto de vista social. De un bajo nivel académico, tendería a permanecer soltero y a vivir más tiempo con sus padres. Tendría pocos amigos, carencia de pareja sexual, y usualmente se mostraría como

una persona pasiva. Sería asiduo de sex-shops y material pornográfico diverso, y podría presentar otras desviaciones sexuales como travestismo, exhibicionismo, fetichismo o voyeurismo. Por lo que respecta al proceso de violación, la motivación tendría un cariz básicamente sexual, buscando elevar su autoestima. Su agresión sexual sería una materialización de sus fantasías, y actuaría bajo la idea de que sus víctimas realmente disfrutan de su acción, razón por la que podría conservar un diario de sus delitos. Éstos podrían continuar periódicamente hasta ser detenido. 2. El violador por venganza estaría más movido por un intento de desquitarse, mediante su agresión, de todas las injusticias, reales o imaginarias, que ha padecido en su vida. Aunque pueda ser considerado socialmente competente, su infancia habría sido complicada, incluyendo a menudo malos tratos, separación de los padres, etc. La percepción de sí mismo sería la de “macho” y atlético, siendo frecuente que esté casado, y sea descrito por sus amigos como impulsivo y violento. En general, la violación podría ser el resultado de una discusión anterior con una mujer significativa en su vida, como su madre o esposa, produciéndose de forma impremeditada y con el fin de dañar a la víctima. 3. El violador depredador intentaría expresar en su agresión su virilidad. Su infancia guardaría parecido con

la del violador por venganza, pero su vida familiar actual sería más tormentosa que la de éste. Tendería a vestir de forma llamativa, y a frecuentar locales de exhibición sexual o prostitución. La víctima podría ser azarosa u oportunista. Emplearía la violencia conveniente para dominarla, y podría someterla a múltiples agresiones. La agresión constituiría un acto de depredación, cuya violencia podría ir aumentando con el tiempo. 4. Por último, el violador sádico pretendería expresar sus fantasías agresivas y sexuales, de las que habría dado muestras en su adolescencia o juventud. Se trataría de una persona inteligente, que planificaría los ataques con cuidado. Su agresión estaría dirigida a disfrutar horrorizando a la víctima, de ahí que pueda utilizar parafernalia variada y rituales de agresión. Su violencia tendería a incrementarse con el tiempo, con riesgo de que se produzca algún asesinato, o el individuo se convierta en un asesino serial. En este caso habría que explorar un posible perfil psicopático. Posteriormente, Scully (1990) analizó, a partir de entrevistas profundas con 114 violadores condenados y un grupo de control de 75 presos sentenciados por otros delitos, los motivos más típicos de los violadores, y diferenció entre cinco tipos de situaciones: 1. La violación satisface el deseo del sujeto de vengarse o castigar a la víctima. Tal animadversión puede ir

dirigida hacia una mujer concreta, o contra las mujeres en general. Un ejemplo ofrecido por Scully es el de aquel individuo que ha ido a casa de un conocido, para cobrar el dinero que él le debía, y al encontrar a su mujer sola en casa y discutir con ella acerca de la deuda, la ha acabado violando para vengarse de su marido, y para al menos “cobrarse” algo. 2. La violación es un “valor añadido”, una oportunidad que se presenta mientras se comete otro delito. Un ejemplo dado en el libro de Scully es el atracador que va a robar la caja de una tienda abierta de noche. Cuando se da cuenta de que la dependienta está sola, aprovecha para agredirla sexualmente. “Ella estaba allí. Podría haber sido cualquiera”.

3. La violación es un método para conseguir el acto sexual pretendido cuando, en una situación hipotéticamente favorable, la mujer no consiente. Lo anterior estaría muy a menudo vinculado al mito de que las mujeres dicen inicialmente que no, pero que, con un poco de insistencia, acabarán cediendo: “Con una tía dominante, tenía que utilizar la fuerza. Si ella era pasiva, también tendría que insistir, pero no tanto. La fuerza sirve para agilizar las cosas”.

4. La violación también puede constituir una oportunidad favorable para gozar de poder, de control absoluto sobre el cuerpo de una mujer. Un ejemplo:

“Mirándolas así, indefensas, tenía la confianza de que podría hacerlo… Violando sentía que yo dominaba. Soy vergonzoso, tímido. Cuando una mujer me llevaba la delantera, yo me sentía acobardado. En las violaciones era yo el que dominaba, y ella estaba totalmente sumisa”.

5. Por último, la violación podría ser para algunos sujetos una especie de actividad recreativa y de aventura. Un agresor explicó que empezó a participar en violaciones de pandilla, junto con compañeros suyos, porque las autoridades le habían retirado su carnet de conducir, así que no podía salir solo para alternar e intentar ligar. Todos estos ejemplos no pretenden ser clasificaciones de tipos de personalidad de violadores, sino una categorización de situaciones donde un eventual autor se encuentra con una víctima potencial, él interpreta la situación como de impunidad, y actúa según sus impulsos. La mitad de los condenados por violación, en el marco del estudio de Scully, negaban el hecho; opinaban que la mujer, aunque se resistió un poco al principio, acabó disfrutando del acto sexual, y que fueron otros factores posteriores los que la llevaron a denunciar lo sucedido. En una dirección parecida, una investigación española, sobre sujetos condenados en prisión por violación, concluyó que un 70% negaban los delitos, que la gran mayoría eran individuos clínicamente normales, con menos antecedentes penales y más participación laboral que otros

tipos de presos (Bueno García y Sánchez Rodríguez, 1995). Muchos de ellos opinaban que estaban en su derecho de forzar a una mujer para conseguir sexo, y les sorprendía haber sido detenidos y condenados por ello. Un factor importante para explicar la violación sería, según Scully, que un número significativo de víctimas no denuncien los delitos sufridos. Algunos sujetos de la muestra evaluada por Scully habían cometido hasta 20 violaciones antes de ser detenidos y condenados. Por eso, Scully caracteriza la violación como un delito de “bajo riesgo y alto rendimiento”: la probabilidad de detención y condena sería, según ella, más baja para un violador que para alguien que comete un robo.

15.4. ETIOLOGÍA Y DESARROLLO DE LA DELINCUENCIA SEXUAL Hasta aquí se ha efectuado una descripción de la frecuencia, topografía y otras características del abuso y la agresión sexual. En lo que sigue se atenderá a la cuestión sustancial de la explicación del origen y consolidación de los comportamientos de agresión sexual.

El profesor Redondo y unas alumnas de criminología en un congreso celebrado en Murcia en 2013.

15.4.1. Factores y experiencias de riesgo A) Socialización sexual Nadie nace ni crece sabiendo de un modo completo y definitivo cómo van a expresarse sus deseos sexuales y cómo deben transcurrir exactamente sus conductas a este respecto. Contrariamente a ello, los adolescentes suelen despertar a la sexualidad en la pubertad de un modo bastante repentino y con una información y educación previas a menudo escasas. A partir de ese momento, recabando más información de otras personas — frecuentemente de amigos tan inexpertos como ellos mismos—, y a menudo mediante experiencias de ensayo y error, van a iniciar una exploración paulatina de su sexualidad y un ajuste progresivo de sus comportamientos sexuales. Generalmente, el proceso anterior va a dar lugar, en la inmensa mayoría de las personas, a una correcta socialización sexual. Ello implica también que se van a adquirir las inhibiciones convenientes para evitar en el sexo cualquier amenaza o fuerza, y excluir radicalmente las interacciones sexuales con menores. Sin embargo, en algunos casos el proceso de socialización sexual adolescente puede verse alterado por experiencias y deseos atípicos y en ocasiones ilícitos (Marshall y

Marshall, 2002; Hart-Kerkhoffs, Dereleijers, Jansen, et al., 2009). Un resultado de esto puede ser el inicio por algunos individuos de conductas de abuso sexual infantil o de agresión sexual.

B) Inicio en la agresión sexual El proceso a partir del cual se iniciarían y desarrollarían las conductas de abuso y agresión sexual puede situarse, por lo común, en el decurso de la pubertad y adolescencia, según se ilustra en el cuadro 15.6 (Redondo, Pérez Ramírez, Martínez García, et al., 2012). En estas etapas algunos varones podrían ser más vulnerables para adquirir conductas de abuso o agresión sexual a raíz de haber sufrido experiencias traumáticas de abandono familiar, rechazo afectivo o victimización sexual (Hamby, Finkelhor y Turner, 2012; Zurbriggen, Gobin y Freyd, 2010). Estas experiencias tenderían a favorecer en los jóvenes una baja autoestima, déficits de comunicación y de habilidades de relación interpersonal, y una fuerte necesidad de obtener el afecto de otras personas, lo que claramente guarda relación con una mayor riesgo de ser víctimas de abusos sexuales por parte de otros jóvenes o de adultos. CUADRO 15.6. Proceso de inicio y desarrollo de la agresión sexual

Fuente: adaptado a partir de Echeburúa y Redondo, 2010

Tanto si dichos abusos se producen como si no, en este marco de graves carencias comunicativas y afectivas, es probable que estos adolescentes experimenten una hipersexualización de su emocionabilidad y conducta (inicialmente a través de la masturbación), como un mecanismo general de compensación y de afrontamiento de su aislamiento y sus problemas cotidianos (no tan solo de sus necesidades específicamente sexuales). Cada vez se hará más probable que a esta decidida sexualidad adolescente, aunque todavía incipiente y tentativa, se incorporen experiencias de observación de modelos sexuales diversos (en vivo o simbólicos, mediante el uso de pornografía), participación directa en distintas

experiencias sexuales, y utilización de fantasías sexuales procedentes de las propias observaciones y prácticas. Y no será improbable que, dada las condiciones de aislamiento y de vulnerabilidad aludidas, algunas experiencias o fantasías puedan implicar situaciones y conductas de humillación y agresión sexual, o bien incluyan la interacción sexual entre adultos y menores. Desde una perspectiva psicológica individual, la asociación repetida entre experiencias o fantasías sexuales de abuso infantil o de agresión, y la excitación y placer sexuales resultantes, desencadenarán un proceso de condicionamiento clásico, a partir del cual los estímulos relacionados con “abuso de niños” o “agresión sexual”, según los casos, pueden convertirse en estímulos condicionados de deseo sexual. Asimismo, la exposición repetida a estos comportamientos sexuales altamente excitantes, puede contribuir a su paulatina aceptación y justificación. Este sería el momento en que un joven podría hallarse suficientemente motivado para poner en práctica abusos o agresiones reales, parecidos a aquéllos que han resultado tan excitantes en sus fantasías sexuales previas. Para que un delito se produzca, ya solo haría falta que se rompan las últimas barreras que todavía puedan retener al sujeto, ya sean internas o externas. Las inhibiciones internas pueden superarse mediante el consumo de

alcohol u otras drogas (algo no infrecuente en materia de episodios delictivos sexuales), de estados emocionales negativos (ya sean deprimidos o iracundos), o de firmes distorsiones cognitivas justificadoras de las agresiones. Las barreras o controles externos pueden quebrarse en el momento en que se presente al individuo una oportunidad delictiva favorable (una niña o niño, una mujer sola y vulnerable, etc.). Además, aquellos individuos altamente motivados para el abuso o la agresión sexual buscarán y promoverán activamente las ocasiones favorables para satisfacer sus deseos. En relación con el abuso sexual infantil, Finkelhor (1986) propuso un modelo etiológico integrado por cuatro procesos complementarios, coherentes con lo comentado, que podrían contribuir a propiciar el interés sexual por los niños: I) Congruencia emocional: los niños podrían satisfacer diversas necesidades emocionales, no solo sexuales, de los adultos que abusan de ellos. Algunos varones habrían sido socializados para ser personas dominantes, por lo que los niños, debido a su escasa capacidad de dominación, podrían resultarles sumamente atractivos. Este proceso se relacionaría a su vez con disfunciones de los sujetos como inmadurez, baja autoestima y agresividad. II) Excitación sexual: el niño podría ser percibido como una fuente potencial de gratificación sexual, a partir de los

modelos y experiencias sexuales habidos, así como resultado de la utilización frecuente de material pornográfico relativo a menores. III) Bloqueo: el niño puede resultar sexualmente más satisfactorio y constituir una alternativa más fácil, particularmente para aquellos sujetos que tienen dificultades para establecer relaciones sexuales adultas. En el plano personal de los abusadores, este proceso se relacionaría con su mayor ansiedad e incompetencia social. IV) Desinhibición: para consumar el abuso sexual, los agresores deben salvar ciertos obstáculos e inhibidores internos, lo que puede facilitarse a partir del consumo de alcohol y otras drogas, y también como resultado de firmes distorsiones cognitivas y justificaciones del abuso.

C) Infractores sexuales juveniles Como ya se ha comentado, no es infrecuente que las actividades delictivas de cariz sexual se inicien ya en la adolescencia y, en consecuencia, que los autores de algunos delitos de abuso o agresión sexual sean adolescentes y jóvenes, algunos de los cuales pueden reincidir en nuevos delitos. A este respecto, Caldwell (2010) efectuó un meta-análisis de 63 estudios que en conjunto incluían más de once mil delincuentes sexuales juveniles, de los que se había efectuado un seguimiento de

casi cinco años, obteniéndose una tasa promedio de reincidencia sexual de 7,08%, frente a una muy superior reincidencia general (en delitos no sexuales) del 43,4%. Salat y Fairleigh (2009) encontraron que cuatro factores principales se asociaban a un mayor riesgo de abuso y agresión sexual juvenil: una historia personal de falta de cuidados en la infancia, haber sufrido abuso sexual, menor edad, y pobres relaciones de amistad. En España, Redondo et al. (2012) realizaron un estudio sobre 20 agresores sexuales juveniles en la Comunidad de Madrid, a partir de información sobre los sujetos procedente de expedientes e informes judiciales, y la aplicación de tests y cuestionarios psicológicos. Las principales características de estos infractores sexuales juveniles fueron las siguientes (Redondo et al., 2012): la mayoría (60%) eran sujetos primarios, sin antecedentes delictivos previos; un 50% estaban internados por agresión sexual a una mujer adulta, un 25% por agresión sexual o abusos a una chica menor, y el otro 25% a un menor varón (en un 40% de los casos las víctimas tenían menos de 14 años en el momento del delito); en un 70% de los delitos, había conocimiento previo entre agresor y víctima y, en consecuencia, en el 30% restante los agresores eran desconocidos para las víctimas; la edad media de los jóvenes cuando cometieron el delito sexual era de 15 años (DT= 1 año); el 75% de los infractores no

empleó ningún tipo de arma para realizar el hecho; un 45% de las agresiones se cometió en pareja o por un grupo de agresores; y el 45% de los agresores habían consumido alcohol o drogas con antelación a la comisión del delito.

D) Correlatos etiológicos y de mantenimiento de la agresión sexual Son muchas las investigaciones, particularmente a partir de delincuentes encarcelados, que han analizado los correlatos y factores que suelen asociarse tanto al inicio (a lo que ya se hecho referencia) como a la continuidad y persistencia de la delincuencia sexual (Abbey, JacquesTiura y LeBreton, 2011; Barbaree y Marshall, 2006; Bijleveld y Hendriks, 2003; Carpentier y Proulx, 2011; Craig, 2010; DeGue, DiLillo y Scalora, 2010; Echeburúa y Guerricaechevarría, 2000, 2006; Bueno García y Sánchez Rodríguez, 1995; Echeburúa y Redondo, 2010; Freeman et al., 2005; Garrido, Redondo, Gil, et al., 1995; Hunter et al., 2003; Poirier, 2008; Pulido, Arcos, Pascual, et al., 1988; Redondo y Luque, 2011; Redondo et al., 2006, 2012; Rich, 2009; Salat, 2009; Shi y Nicol, 2007; Hart-Kerkhoffs et al., 2009; Wakeling, Freemantle, Beech, et al., 2011; Wolf, 2009; Woodhams et al., 2008; Zankman y Bonomo, 2004). A continuación se resumen dichos factores, algunos ya aludidos:

– La mayoría de los agresores sexuales condenados son varones (alrededor del 90%) y tienen como víctimas a niñas y a mujeres (en torno al 80%). – Suelen tener mayor edad que los delincuentes comunes, no sexuales, con una media de en torno a 30 años cuando inician el cumplimiento de una condena y de más de 40 cuando la finalizan. – Muchos proceden de familias problemáticas, y experimentaron en su infancia maltrato, desatención familiar o abuso sexual, o bien fueron testigos de violencia en la familia. En la muestra evaluada por Redondo y Luque (2011), de 678 agresores sexuales encarcelados en España, el 18,7% habían sido víctimas de malos tratos y el 9% de abusos sexuales. – Su nivel de estudios es generalmente bajo: entre la mitad y dos terceras partes abandonaron la escuela prematuramente y no llegaron más que a la enseñanza primaria. Asimismo, suelen contar con escasa cualificación laboral, y un porcentaje elevado de agresores (del 24% en Redondo y Luque, 2011) estaban desempleados cuando cometieron los delitos. – Muchos pueden haber tenido experiencias sexuales infantiles y adolescentes más amplias y variadas de lo habitual, haber estado expuestos a la visualización frecuente de pornografía violenta o con menores, y haber tenido fantasías recurrentes a este respecto

(Mancini, Reckdenwald y Beauregard, 2012). Según se comentó, se ha documentado una relación elevada entre estas experiencias y los comportamientos de abuso y agresión sexual. – Suelen presentar múltiples distorsiones cognitivas y déficits en empatía (carencias más intensas en quienes sufrieron maltrato infantil), que les dificultan una adecuada interpretación y reconocimiento de las emociones, deseos, necesidades e intenciones de otras personas (Brown et al., 2012). Al respecto de la violación, una distorsión frecuente es percibir el sexo como una forma de poder y control sobre otra persona, o como una manera de expresarle su ira, y de vejarla o castigarla. En relación con los abusos de menores, Abel et al. (1984) identificaron algunas de las distorsiones o interpretaciones erróneas más frecuentes en ellos: su valoración de que las caricias sexuales no forman parte de la relación sexual; que los niños no se resisten físicamente ni dicen nada porque les gusta la experiencia; que el contacto sexual directo podría mejorar la relación con un niño; que la sociedad llegará a aceptar las relaciones sexuales entre adultos y niños; que cuando los niños preguntan sobre el sexo significa que desean experimentarlo; y que una buena manera de instruir a los niños sobre el sexo es practicarlo. También Pollock y Hashmall (1991,

citados por Murray, 2000) llegaron a identificar, en una muestra de 86 abusadores sexuales de niños de la ciudad de Toronto, hasta 250 justificaciones del comportamiento de abuso. Las justificaciones más frecuentes fueron que la víctima había consentido (dada por el 29% de los sujetos de la muestra), que su propio comportamiento era debido a la privación de contactos sexuales normalizados (el 24% de los sujetos), a causa de una intoxicación etílica (un 23% de los casos), o debido a que la víctima había iniciado la actividad sexual (el 22%). Mediante estas distorsiones se atribuirían a los niños características, deseos y conductas impropias para su nivel de desarrollo físico y psicológico (Hayashino, Wurtele y Klebe, 1995; Helmus et al., 2013; Stermac y Segal, 1989), lo que permitiría al abusador neutralizar o minimizar su propia responsabilidad (Marshall y Eccles, 1991; Webster y Beech, 2000). Ward (2000) formuló la hipótesis de que las distorsiones cognitivas de los agresores sexuales serían el resultado de sus “teorías implícitas”, explicativas o predictivas, acerca del comportamiento, costumbres, deseos, etc., de sus víctimas. – Muchos infractores sexuales presentan déficits en competencia y habilidades sociales, y en lo relativo a sus relaciones interpersonales, lo que a menudo les

comporta un gran aislamiento social. Segal y Marshall (1985) señalaron que los abusadores de menores serían a este respecto más deficitarios que los violadores, se valorarían a sí mismos como más ansiosos, menos hábiles en las relaciones heterosexuales, y menos asertivos o competentes a la hora de recibir y aceptar feedback positivo de parte de otras personas. Una consecuencia de ello es que muchos delincuentes sexuales carecían de una pareja estable cuando sucedió el delito (69% en el estudio de Redondo et al., 2006, y un 45% en Redondo y Luque, 2011). – Muchos agresores sexuales adultos comenzaron a cometer abusos o agresiones sexuales en su adolescencia o juventud, lo que apunta a la necesidad de intervenir tempranamente para impedir que tales comportamientos se consoliden. – Entre una tercera parte y la mitad de los sujetos suelen tener antecedentes penales, ya sea por delitos sexuales o bien por delitos contra la propiedad o violentos. – Algunos agresores sexuales son generalistas, es decir realizan también otros delitos no sexuales, lo que significa que presentan también factores de riesgo semejantes a los delincuentes comunes, no sexuales (Harris, Knight, Samllbone, et al., 2011; Howell, 2009; Varios autores, 2009; Redondo, Martínez-

Catena y Andrés, 2011). No obstante, otros muchos serían infractores “especializados” exclusivamente en delitos sexuales. Por ejemplo, la muestra de 123 delincuentes sexuales encarcelados evaluada por Redondo et al. (2006), presentaba un promedio de 4 delitos condenados (2,33 delitos sexuales y 1,84 no sexuales de media), lo que permitió estimar una “tasa de especialización delictiva”, dividiendo para cada sujeto el número de delitos sexuales condenados, de 0,79% (en una escala de entre 0-1). – En relación con la salud, una proporción relevante de los agresores sexuales (de hasta 1/3) habría sufrido algún accidente, o presentaría alguna enfermedad orgánica (VIH, Hepatitis…), o bien trastornos psicopatológicos, especialmente relacionados con el consumo abusivo de alcohol y otras drogas (Davis, 2010; Leue, Borchard y Hoyer, 2004) (más del 50% en Redondo y Luque, 2011), así como diagnósticos de deficiencias neurológicas e intelectuales, elevada impulsividad e incontinencia de los impulsos, y trastornos esquizoides, evitativos y dependientes. También se ha evidenciado en algunos casos la presencia de perfiles psicopáticos (Hawes, Boccaccini y Murrie, 2013). Redondo et al. (2006) aplicaron en su estudio la Escala de Psicopatía de Hare, en su versión abreviada de 12 ítems (PCL-SV), constatándose

elevadas prevalencias en “mentira patológica”, “ausencia de remordimiento”, “falta de empatía”, “no aceptación de responsabilidades” e “impulsividad”. En Redondo y Luque (2011), el 34% de los sujetos no reconocía haber cometido el delito. – Respecto del hecho delictivo por el que estaban encarcelados, en la muestra de Redondo y Luque (2011), algunos datos relevantes fueron los siguientes: • la edad media del abusador/violador en el momento de la comisión del delito era de 32,43 años. • la mayoría procedían de ambientes urbanos, más que rurales • en el caso de los violadores de mujeres adultas, el delito incluyó diversos actos sexuales (53,5%), o bien exclusivamente penetración vaginal (27,9%) o tocamientos (13,8%). • en el caso de los abusadores de menores, el 61,7% realizó varios actos sexuales, el 19,1% tocamientos, el 8,5%, penetración vaginal. • un 93% cometió el delito en solitario. • en un 29,7% de los casos el delito se consumó en el domicilio familiar y en un 11,6% en el domicilio de la víctima. – A pesar de las características generales precedentes, los individuos que han abusado o agredido

sexualmente forman un grupo muy heterogéneo en términos de las tipologías y condiciones del delito cometido, las posibles vivencias de maltrato, su conocimiento y sus experiencias sexuales, su ajuste y rendimiento escolar, su funcionamiento cognitivo y su salud mental (Andrade, Vincent y Saleh, 2006; Woodhams y Hatcher, 2010). Por ello, tales características específicas deberán ser exploradas en cada caso. Marshall y Barbaree (1989) propusieron un modelo comprensivo de la violación y el abuso sexual a niños, que recoge e integra los aspectos más relevantes de la investigación en este ámbito y de las teorías anteriormente existentes (véase también Marshall y Marshall, 2002; y Redondo, 2002). Este modelo incorpora siete grandes parcelas de análisis que pueden contribuir al mantenimiento de la agresión sexual, y, por ello, deberían ser consideradas en cada caso: 1. Elementos biológicos. En nuestra constitución biológica existen dos elementos que tienen relevancia para comprender la agresión sexual. El primero radica en la semejanza de los mediadores neuronales y hormonales responsables de la conducta sexual y de la agresiva; esto es, los varones tendrán que enfrentarse a la difícil tarea de aprender, especialmente durante el período de la pubertad, a inhibir la agresión dentro de un contexto sexual. En los

mecanismos biológicos implicados en la agresión y también en el comportamiento sexual de los varones juega un papel decisivo la testosterona (Jordan, Fromberger, Stolpmann, y Müller, 2011). El segundo hecho biológico relevante para nuestro tema es la relativa inespecificidad del impulso sexual innato, que obliga a aprender a seleccionar las parejas sexuales apropiadas, lo que en el caso de los adultos ha de implicar siempre otro adulto que consienta en la relación sexual. 2. Fracaso de la inhibición. ¿Qué es lo que haría que determinados sujetos sucumban ante ciertas oportunidades delictivas e incluso las busquen, mientras que otros no? Para los autores de este modelo teórico, la respuesta se halla en la investigación básica de la psicología criminal, donde se revelan una serie de factores que explican el menor aprendizaje inhibitorio de los violadores: pobres modelos educativos paternos, disciplina severa e inconsistente, padres agresivos y alcohólicos, y abuso físico y sexual sufrido en la niñez. 3. Actitudes socio-culturales. Los jóvenes que han vivido una infancia deficiente tienen que enfrentarse, además, a normas culturales que en algunos casos apoyan la violencia como un cauce adecuado de expresión. Como afirmaba Sanday (1981), los estudios transculturales indican que las sociedades facilitadoras de la violencia y de las actitudes negativas hacia las mujeres tienen las

tasas más altas de violación. Sendos estudios de Burt (1980) y de Pascual, Pulido, Arcos y Garrido (1989) evidenciaron la vinculación que existe entre las actitudes proclives hacia la violencia a la mujer y el sostenimiento de los llamados “mitos” de la violación (en los que se contempla a la mujer “pidiendo” ser violada y disfrutando con ello). 4. Pornografía. La exposición a pornografía puede desinhibir, en individuos motivados para una agresión sexual, la actividad conducente a la violación. Aunque no todos los delincuentes sexuales emplean material pornográfico para instigar sus agresiones, es muy probable que los jóvenes que han padecido una socialización deficiente tengan una menor resistencia ante sus efectos, especialmente si consideramos que uno de los mensajes más importantes transmitidos por los “guiones” de este entretenimiento es el de otorgar un cierto sentido de poder y de dominio sobre mujeres débiles y deseosas. En el caso de los adultos que abusan sexualmente de los niños, la investigación revela que en su infancia muchos de ellos además de haber sido víctimas, a su vez, de abuso sexual, fueron expuestos a pornografía para que se suscitara su interés sexual en beneficio del agresor (Marshall y Barbaree, 1989). 5. Circunstancias próximas. Hace referencia a aquellos elementos previos que, tales como una intoxicación

etílica, una reacción de cólera (ambos aspectos, además, pueden desinhibir el deseo sexual de varones normales), el sostenimiento prolongado de una situación de estrés o una activación sexual previa, se asocian a menudo a la agresión sexual. 6. Distorsiones cognitivas. Ayudan a superar los controles internos de la agresión sexual. Por ejemplo, el padre que abusa de su hija puede pensar que la está educando sobre la sexualidad, y el violador de mujeres percibirá a su víctima como deseosa de ser violada, pese a su “fingimiento en contrario”. 7. Circunstancias oportunas, o disponibilidad favorable de una mujer o de un niño que pueda ser un objetivo delictivo atractivo y fácil, sin riesgos evidentes de detección y castigo. Marshall y Barbaree sugieren que, una vez que se hayan producido las primeras agresiones, los delitos subsiguientes se cometerán con mayor facilidad, especialmente si las experiencias del individuo fueron reforzantes, y no hubo castigo. Igualmente es importante señalar que de forma creciente se iría operando un proceso de desensibilización, lo que podría traducirse en una mayor violencia con las víctimas.

15.4.2. Análisis funcional del caso concreto En el marco de la psicología del aprendizaje, diversos

autores (por ejemplo, Perkins, 1991; Redondo, 2008) han propuesto la utilización del análisis funcional del comportamiento para indagar los factores asociados en cada caso específico a la infracción sexual, y efectuar hipótesis acerca de cómo podría haberse adquirido y mantenerse la conducta infractora, ya que los determinantes de ambos procesos pueden ser diferentes. Por lo que respecta a la adquisición, los factores más típicos suelen ser, según lo mencionado, incidentes sexuales que suponen la sexualización de estímulos no sexuales, como los contextos con niños, o el empleo de la violencia en situaciones de intimidad. Aun así, aunque muchas personas pueden experimentar episodios sexuales atípicos y problemáticos (de hecho todos los varones que sufren, como víctimas, abuso sexual en la infancia o adolescencia), la inmensa mayoría no emprenden una carrera delictiva sexual. ¿Qué hace que el tener experiencias infantiles problemáticas parecidas, en unos casos dé lugar al desarrollo de individuos que llegan a ser agresores sexuales, y en otros no? Según Perkins (1991), “al igual que ocurre con otras conductas deseables (…) la respuesta parece estar en una mezcla compleja de experiencias iniciales, las cuales, en combinación con factores de azar y los círculos viciosos de causa y efecto que se siguen, empujan al individuo a un flujo de circunstancias sobre

las que el sujeto no parece tener mucho control” (1991: 154). En todo caso, podrían existir, según se vio, ciertos patrones de adquisición de pautas de abuso o agresión sexual típicos para muchos delincuentes sexuales, que se iniciarían a partir de experiencias tempranas (quizá azarosas), experimentaciones subsiguientes con conductas sexuales atípicas (que podrían resultar gratificantes o reforzadoras), y la posterior utilización del comportamiento sexual desviado como un mecanismo general de afrontamiento de situaciones estresantes o frustrantes. Más allá de la anterior estructura habitual y frecuente, para efectuar el análisis funcional concreto del inicio y mantenimiento de la conducta de abuso o agresión sexual en un sujeto particular, deberían identificarse los probables antecedentes funcionales de las agresiones (que pueden consistir en hábitos, pensamientos y emociones del propio sujeto, o bien en diversos estímulos ambientales) y las consecuencias de refuerzo (emocional, cognitivo, social, etc.) que siguen típicamente a las conductas que conforman el abuso o la agresión. El implícito psicológico de este tipo de análisis es que toda conducta es promovida o facilitada por los estímulos que la anteceden, e incrementada o mantenida por las consecuencias gratificantes que la siguen. Así pues, tales estímulos antecedentes y tales consecuencias posteriores

tienen que ser explorados para cada caso.

15.4.3. ¿Especialización o versatilidad delictiva de los agresores sexuales? Butler y Seto (2002) consideran importante atender a la cuestión de la versatilidad o especialización delictiva de los delincuentes sexuales. Comparando a los agresores únicamente sexuales, es decir, especializados, con aquellos otros que, además del delito sexual, habían cometido otros tipos de infracciones, encontraron que los especializados habían tenido menos problemas conductuales en la infancia, y presentaban mejor ajuste psicológico, actitudes más prosociales, y menor riesgo de delinquir (Redondo et al., 2012). Desde una perspectiva preventiva, los agresores sexuales especializados probablemente van a requerir una intervención más específica y dirigida a la desviación sexual en sí. Por su parte los delincuentes generalistas van a necesitar una intervención más amplia y diversificada, que atienda a distintas problemáticas conductuales, de valores y actitudes pro-delictivas genéricas, y a un mayor riesgo global de reincidencia (Craig, 2010; Vess y Skelton, 2010; Wolf, 2009). Los abusadores sexuales de menores tienden en mayor grado a ser infractores especializados, mientras que los agresores y violadores serían más probablemente

generalistas o versátiles (Harris et al., 2011). Algunos estudios que han comparado agresores con abusadores ponen de relieve algunas diferencias entre ellos, como por ejemplo que los abusadores muestran un comportamiento social más inadecuado y están socialmente más aislados (Ford y Linney, 1995; Hendriks y Bijleveld, 2004; Katz, 1990; Salat, 2009; Van Wijk, 1999). Otra diferencia relevante es que los abusadores mostrarían en general una mayor internalización de los factores asociados a su comportamiento infractor que los violadores, cuya conducta antisocial estaría más condicionada por elementos externos, como puedan ser la influencia de amigos o la disponibilidad de oportunidades. Por otro lado, en una revisión de Van Wijk et al. (2006) sobre 17 estudios, publicados entre 1995 y 2005, acerca de las posibles similitudes y diferencias entre infractores sexuales y no sexuales, los agresores sexuales presentaban en efecto una mayor internalización de la problemática delictiva que los no sexuales. Asimismo esta característica, como se ha dicho, prevalecía más en abusadores. Los agresores sexuales especializados mostraban menor frecuencia de otros problemas de conducta que los delincuentes más generalistas. Los delincuentes sexuales con delitos menos graves presentaban niveles más bajos de “tendencia antisocial” que aquellos otros con delitos más severos, cuya

“tendencia antisocial” era más elevada y manifestaban un mayor rango de conductas infractoras de tipo no sexual (Loeber y Farrington, 1998). Los agresores sexuales contaban en general con más antecedentes de haber sufrido abuso sexual en la infancia que los agresores no sexuales (Barbaree y Lagton, 2006; Hendriks y Bijleveld, 2004). Otro factor importante a este respecto es si los abusadores de menores pueden ser considerados en general pedófilos o no (Echeburúa y Redondo, 2010). La pedofilia, referida a los que se han denominado abusadores primarios o preferenciales, sería un trastorno psicopatológico, o parafilia, caracterizado por una fuerte excitación y placer sexual derivados de actividades o fantasías sexuales repetidas o exclusivas con menores prepúberes. Por su lado, el abuso sexual infantil tendría un significado más amplio, abarcando también a individuos que son abusadores secundarios o situacionales, es decir, que, aunque pueden tener una orientación sexual en general dirigida hacia personas adultas, pueden abusar de algún menor en situaciones particulares de aislamiento, estrés o ira (Seto, 2012).

15.5. PREVENCIÓN Y DESISTIMIENTO DELICTIVO Existe un amplio acuerdo en ciudadanos y poderes

públicos sobre la necesidad de controlar y castigar a los delincuentes sexuales. ¿Pero, desde una perspectiva criminológica, es posible también la prevención de estos delitos, a partir de la educación infantil y juvenil? ¿Existen conocimientos científicos al respecto, y técnicas apropiadas para llevarla a cabo? Según ya se comentó, en la adolescencia pueden producirse algunas interacciones sexuales juveniles que pueden hallarse en el límite de lo antinormativo, en cuanto a que pueden implicar a adolescentes y jóvenes en contacto sexual con niñas/os más pequeños, o bien relaciones en que sea dudoso que exista consentimiento de alguno de los participantes (Redondo et al., 2012). Un análisis científico de este proceso etiológico que se asocia al desarrollo individual puede encontrarse en Marshall y Marshall (2002; véase también, Craig, 2010). CUADRO 15.7. Incremento del riesgo de agresión sexual con la edad y prevención en diferentes etapas de la vida

Fuente: Echeburúa y Redondo, 2010

El cuadro 15.7 quiere representar la secuencia de procesos que podrían llevar, en los jóvenes, a un incremento del riesgo de agresión sexual y qué medidas preventivas serían aconsejables en cada caso (Echeburúa y Redondo, 2010). Durante el periodo de la pubertad y la adolescencia, los jóvenes comienzan a explorar la sexualidad adulta, e inician sus primeras interacciones sexuales; a lo largo de este proceso tienen que aprender qué comportamientos sexuales son socialmente correctos y viables, y cuáles están legalmente impedidos (a nuestros efectos, especialmente el sexo con niños y el sexo forzado). En esta etapa de socialización sexual juvenil van a ser decisivas la educación familiar y escolar recibidas, las cuales deberían transmitir a los jóvenes los valores y pautas de conducta apropiados para sus posibles interacciones sexuales con otras personas. Todo este gran ámbito de socialización sexual, que implicará actuaciones generales de educación en actitudes y valores, educación sexual, control de conducta, etc., concierne a la denominada prevención primaria. A pesar de lo anterior, puede haber adolescentes que realicen y repitan ciertas conductas de abuso o fuerza como algo excitante y gratificante. Desde el punto de vista preventivo, aquí nos hallaríamos en el territorio de la denominada prevención secundaria. Esta debería dirigirse

a aquellos casos en que ya se han manifestado los primeros episodios de comportamiento antisocial, antes de que dicho comportamiento se concrete en una motivación elevada para la agresión sexual y en una carrera delictiva prolongada (Farrington, 1992; Loeber, Farrington y Waschbusch, 1998). La prevención secundaria va a requerir una detección precoz, generalmente en los contextos familiar y escolar, a la vez que una decidida intervención educativa y, en los casos más graves, una atención especializada. Finalmente, en esta secuencia de creciente agravación, se producirán algunos abusos o agresiones sexuales severos (abusos infantiles reiterados, o bien agresiones sexuales y violaciones) que requerirán, en primera instancia, la intervención de la justicia, y, en segunda, la realización de los oportunos tratamientos de agresores. Estos supuestos estarían en el marco de la prevención terciaria, que se orienta a las casuísticas más graves, para evitar su repetición. Un programa, pionero en España con menores infractores sexuales, denominado Programa de Desarrollo Integral para Agresores Sexuales —DIAS—), se inició en el año 2005 en centros de jóvenes dependientes de la Comunidad de Madrid. Es un programa de intervención psicológica, tanto grupal como individual, cuyos objetivos terapéuticos son los

siguientes: lograr que el joven asuma la autoría y responsabilidad por el delito; que identifique aquellas situaciones y decisiones de riesgo que con mayor frecuencia le han llevado (o pueden llevarle) a cometer un delito sexual; desarrollar su capacidad de empatía hacia la víctima; erradicar, en la medida de los posible, aquellas distorsiones cognitivas que han contribuido a facilitar la agresión; educación sexual integral; mejora de la autoestima y de la capacidad de resolución de problemas y situaciones conflictivas; aumento de su competencia social y familiar; y cambio en el estilo de vida, orientado a prevenir posibles recaídas o reincidencias en la conducta infractora. Posteriormente, Redondo et al. (2012) diseñaron, por encargo de la misma Comunidad de Madrid, un programa educativo y terapéutico, más amplio y sistemático, para menores infractores sexuales. Este programa consta de los siete módulos de intervención siguientes: 1) Afianzando tu autoestima puedes mejorarte a ti mismo; 2) Conocer mejor la sexualidad; 3) Aumenta tus habilidades para las relaciones afectivas y sexuales; 4) Aprende a no distorsionar y justificar el abuso; 5) Autocontrol emocional para evitar conflictos; 6) Sentir solidaridad y empatía con las víctimas; 7) Prepárate para prevenir que los abusos puedan repetirse. Cada uno de estos módulos incorpora un mínimo de 5 actividades/sesiones de

entrenamiento. Ello supone en torno a 35 actividades de una duración aproximada de 1 hora y media. Lo que se traduce en que la intensidad total del programa puede estimarse en un mínimo de 52 horas de intervención, a las que deben añadirse entre 10 y 15 horas destinadas a la evaluación. Es decir, el conjunto debería aplicarse en un tiempo aproximado de 65 horas. Para el desarrollo del programa se contempla el uso de los siguientes instrumentos: Manual del terapeuta, que recoge las actividades que deben implementarse, sus objetivos, materiales, estructura y dinámica, así como las recomendaciones específicas para su aplicación tanto global como de cada actividad en particular; Anexo de actividades, o libro de ejercicios destinado a los jóvenes participantes en el programa; y Cuaderno personal de terapia, que recoge todos aquellos materiales (tales como auto-registros de observación, hojas de respuesta, cuadros para anotar tareas, resúmenes de las sesiones, etcétera) que cada sujeto habrá de cumplimentar durante el tratamiento. La previsión existente es que este programa se aplique en los centros de internamiento de menores de la Comunidad de Madrid, y también pueda ser utilizado por parte de cualesquiera otras instituciones (otras comunidades autónomas, etc.) que deseen emplearlo en sus propios centros y sistemas de intervención con

jóvenes delincuentes (este programa puede obtenerse en: http://www.observatoriodelainfancia.msssi.gob.es/productos/home.h Como resultado de las diversas intervenciones preventivas mencionadas, es esperable que la inmensa mayoría de los jóvenes adquiera con normalidad las pautas de conducta sexual correctas, lo que incluye también las necesarias inhibiciones, especialmente en lo que hace referencia a la evitación de toda violencia sexual y de contactos sexuales con menores.

15.6. REINCIDENCIA Y PREDICCIÓN Aun así, aquellos individuos que cometen delitos sexuales graves serán objeto de la intervención de la justicia penal y acabarán siendo condenados a penas de prisión prolongadas. Durante su cumplimiento muchos de ellos tendrán la oportunidad de participar en un tratamiento adulto especializado (a lo que se hará referencia en un capítulo ulterior). Con posterioridad, en un periodo próximo a su excarcelación condicional o definitiva, deberá efectuarse una predicción de su riesgo de reincidencia, con la finalidad de adoptar las medidas más adecuadas, legales y psicosociales, para prevenirla. Con carácter general, la reincidencia oficial promedio de los delincuentes sexuales condenados es reducida (Lösel, 2002; Lösel y Schmucker, 2005; Soler y García Díez, 2009; Vess y Skelton, 2010; Waite, Keller et al.,

2005; Worling y Langström, 2006), de alrededor del 20%, menor que la mostrada por otras categorías delictivas (delitos violentos, contra la propiedad, por tráfico de drogas, etc.), cuyas reincidencias promedio pueden oscilar entre el 20% y el 60% (Caldwell, 2010; Vess y Skelton, 2010). Incluso los propios delincuentes sexuales (tanto adultos como jóvenes) pueden reincidir en mayor medida en delitos no sexuales que infracciones sexuales. En una evaluación realizada en España sobre una muestra de agresores sexuales adultos (Redondo et al., 2005), de 123 sujetos evaluados (entre tratados y controles), el 31,8% reincidió en delitos no sexuales, frente al 6,1% que lo hizo en delitos sexuales. En una muestra de 261 agresores sexuales juveniles evaluados por Waite et al. (2005), la reincidencia en delitos no sexuales osciló entre el 31% y el 47%, mientras que la tasa de reincidencia sexual fue inferior al 5%. A partir de un grupo de 114 infractores sexuales juveniles tratados, el 27% cometió un nuevo delito no sexual durante un periodo promedio de seguimiento de nueve años, mientras que el 11% llevó a cabo una nueva infracción sexual (Hendriks y Bijlaveld, 2008). En un reciente meta-análisis que integró 63 estudios sobre la reincidencia oficial (nuevas detenciones y medidas judiciales) de 11.219 delincuentes sexuales juveniles, evaluados durante un periodo promedio de 59,4 meses (casi cinco año), se obtuvieron las siguientes tasas de reincidencia: reincidió en delitos sexuales un 7,08%

(con una desviación típica, o variabilidad entre estudios, del 3,9%), y en delitos no sexuales un 43,4% (desviación típica del 18,9%) (Caldwell, 2010). Una monografía sobre reincidencia juvenil, para el caso de la Comunidad Autónoma de Cataluña, es el estudio de Capdevila, Ferrer y Luque (2006), estudio en el que la reincidencia sexual es inferior a la reincidencia no sexual. Sin embargo, las bajas tasas de reincidencia promedio pueden ser ampliamente superadas por un reducido grupo de delincuentes sexuales persistentes (de en torno al 5% de quienes han cometido algún delito sexual), cuyos porcentajes de repetición delictiva pueden situarse en un rango de entre el 35% y el 81% (Langevin y Curnoe, 2012; Lösel, 2002; Marshall y Eccles, 1991; Redondo, 2002). Lo anterior significa que, por encima de la cifra promedio de reincidencia, los delincuentes sexuales presentan una gran variabilidad en sus específicas incidencias delictivas, con una mayoría que o no comete más delitos o comete muy pocos nuevos delitos, y un reducido grupo de sujetos con elevado riesgo de repetición criminal (Lussier et al., 2010; Singh et al., 2012). En general, muestran mayor riesgo de reincidencia los infractores sexuales extrafamiliares que los intrafamiliares (Hendriks y Bijleveld, 2008). Muchos de los abusadores o agresores sexuales que reinciden lo

hacen relativamente pronto, a lo largo del periodo de dos a tres años siguientes a haber cumplido una pena privativa de libertad. Dada esta amplia variabilidad individual, la predicción científica del riesgo de reincidencia sexual para cada caso concreto es una necesidad imperiosa en el ámbito de la justicia criminal, especialmente en aquellos momentos y situaciones en que deben tomarse decisiones relativas a la aplicación de medidas de internamiento o libertad vigilada, de posible liberación condicional, de protección para las víctimas, etc. (Andrés-Pueyo y Echeburúa, 2010; Campbell, 1995; Campbell et al., 2003; Echeburúa, Fernández-Montalvo y De Corral, 2009; Jiménez y Peña, 2010). El profesor Antonio Andrés Pueyo, que lidera, junto con Santiago Redondo, el Grupo de Estudios sobre la Violencia en la Universidad de Barcelona.

Como ayuda para la predicción del riesgo de reincidencia sexual, se han desarrollado algunas guías de valoración del riesgo y sistemas de predicción estructurados, que permiten efectuar predicciones más precisas y confiables que las meras estimaciones profesionales no estructuradas (Andrés-Pueyo, 2009; Andrés-Pueyo y Redondo, 2004; Hanson y Bussière, 1998; Hanson y Morton-Bourgon, 2009; Quenzer, 2011; Viljoen, Mordell y Beneteau, 2012).

En el ámbito de la agresión sexual, la más divulgada y utilizada tanto internacionalmente como en España es la SVR-20 (Sexual Violence Risk) (Boer, Hart, Kropp, y Webster, 1997), que fue traducida y adaptada al castellano, bajo la denominación de “Manual de valoración del riesgo de violencia sexual”, en el marco del Grupo de Estudios Avanzados en Violencia (GEAV) de la Universidad de Barcelona (Hilterman y Andrés, 2005). Constituye una guía de decisión profesional estructurada e incluye la valoración sobre 20 factores de riesgo concernientes al funcionamiento psicosocial del sujeto, sus antecedentes delictivos y sus proyectos de futuro. Cada uno de los 20 elementos de riesgo es valorado en cuanto a su presencia o ausencia y en relación a si ha variado o no recientemente (es decir, si, para cada factor considerado, el riesgo ha aumentado o ha disminuido). Finalmente, el evaluador ha de formular un juicio global sobre el caso y decidir si el sujeto presenta un “riesgo bajo” (que no requiere intervención), “moderado” (que requiere una intervención reductora del riesgo o una pronta re-evaluación) o “alto” (en cuyo caso sería necesario intervenir con urgencia). Pérez, Redondo, Martínez, García Forero y Andrés (2008) analizaron, mediante un procedimiento de regresión logística, la capacidad del SVR-20 para predecir la reincidencia de los agresores sexuales, a partir de un

estudio retrospectivo con un grupo de 163 agresores sexuales que habían cumplido condenas de prisión y habían sido excarcelados. A partir de las valoraciones de los individuos en el SVR-20 se obtuvo un 79,9% de clasificaciones correctas de los sujetos no-reincidentes y un 70,8% de clasificaciones correctas de los reincidentes. La conclusión principal de este estudio fue que el Manual de valoración del riesgo de conducta sexual (SVR-20) puede constituir una buena ayuda técnica para predecir el riesgo de reincidencia sexual. También en un estudio realizado en Colombia con la guía SVR-20 se obtuvieron resultados predictivos prometedores (Tapias-Saldaña, 2011). Asimismo, un estudio al respecto en Austria (Rettenberger, Boer y Eher, 2011) y una revisión sistemática de 43 estudios correspondientes a distintos países han permitido comprobar que el SVR-20 presenta una buena capacidad predictiva del riesgo de reincidencia en delitos sexuales, por encima de otros instrumentos alternativos (Tully, Chou y Browne, 2013). Otras escalas de valoración del riesgo, en este caso de utilidad para los agresores sexuales juveniles, son el STATIC-99, el Juvenile Sex Ofender Assessment Protocol-II (J-SOAP-II), el ERASOR, el Psychopathic Personality Inventory (PPI), el Sexualized Violence Questionnaire (SVQ), (Hersant, 2007; Parks, 2004; Prentky, Cavanaugh y Righthand, 2009; McCoy, 2008;

Righthand, Pretky et al., 2005; Williams, 2007). También se han empleado al efecto instrumentos generalistas de predicción de violencia juvenil, tales como la Psychopathy Checklist: Youth Versión (PCL: YV) y el Structured Assessment of Violence Risk in Youth (SAVRI), aunque éstos han mostrado mayor utilidad en términos de agresión general que no específicamente sexual (Borum, Lodewijks, Bartel y Forth, 2010). PRINCIPIOS CRIMINOLÓGICOS Y POLÍTICA CRIMINAL 1. La delincuencia sexual es un fenómeno criminal de magnitud muy variable según cuales sean las fuentes de información consultadas, oscilando las cifras entre porcentajes victimológicos muy amplios, de hasta el 27% de las mujeres, hasta magnitudes delictiva muy reducidas, inferiores al 1% del total de las infracciones denunciadas. 2. Las actitudes sociales pueden jugar un papel relevante en la motivación de algunos individuos en dirección al abuso o la agresión sexual. Mensajes públicos tendenciosos o ambiguos, que ponen en entredicho la igualdad, libertad y dignidad de la mujer (en la publicidad, medios de comunicación, redes sociales, etc.), podrían ser “reciclados” en la mente de los agresores como legitimación para convertir en realidad sus propios deseos desviados. 3. El abuso sexual es un problema social y criminal muy amplio, particularmente en el ámbito de la familia, afectando gravemente a múltiples niñas y niños, que de forma inmediata puede experimentar consecuencias muy negativas en su propio equilibrio y desarrollo personal. Afortunadamente, en muchos casos los efectos negativos del abuso son transitorios y las víctimas pueden superar, de modo natural o con ayuda especializada, los trastornos psicológicos experimentados. 4. La agresión sexual y la violación suelen ser mucho más intromisivas y traumáticas para las víctimas, quienes pueden sufrir lesiones físicas y daños psicológicos más intensos. 5. La socialización sexual, en el periodo de la adolescencia, es un etapa crítica en la que pueden concitarse diversos elementos de riesgo que faciliten que algunos jóvenes sean más vulnerables para desarrollar conductas de abuso o agresión sexual. Entre estos elementos típicos se encontrarían posibles experiencias de abandono o abuso sexual, pobres habilidades de comunicación, aislamiento, déficits en autoestima, experiencias directas o bien observación en otros de sexo infantil o agresivo, fantasías recurrentes a este respecto, fuertes distorsiones

cognitivas, abuso de alcohol, y exposición a oportunidades fáciles para el delito. 6. En muchos casos, los primeros episodios de abuso o agresión sexual tienen lugar en la adolescencia y posteriormente pueden intensificarse y cronificarse, plasmándose en una carrera criminal adulta. De ahí lo importante que resulta una detección precoz de posibles conductas infractoras, especialmente en el seno de la familia y la escuela, para que pueda prevenirse con tiempo una evolución ascendente en estas conductas delictivas. 7. Más allá de los factores de riesgo generales y típicos, que suelen hallarse presentes en muchos supuestos de abuso o agresión sexual, es necesario el análisis funcional de cada caso concreto. Dicho análisis tiene como objetivo explorar la etiología y el mantenimiento de la agresión sexual, a partir de identificar qué condiciones y estímulos antecedentes (pensamientos, emociones, estímulos ambientales, etc.) pueden operar como precipitadores del comportamiento de abuso, y qué gratificaciones o refuerzos (social, sexual, emocional, de control y dominio, etc.) pueden contribuir a mantener la conducta infractora. 8. Aunque la reincidencia promedio de los agresores sexuales es baja (en comparación con otras tipologías delictivas), algunos casos pueden ser especialmente graves y peligrosos, de ahí que es recomendable efectuar predicciones técnicas del riesgo, para lo que pueden utilizarse las guías disponibles, como el SRV-20. CUESTIONES DE ESTUDIO 1. ¿Qué significa que la delincuencia sexual constituye un fenómeno criminal particularmente complejo? 2. ¿Cuáles son y en qué consisten los delitos sexuales más frecuentes y graves? 3. ¿Cuál ha sido la evolución de la delincuencia sexual durante los últimos años? Buscar información reciente al respecto, y actualizar las cifras sobre delitos sexuales que aparecen en el capítulo. 4. ¿Qué posición ocupa España en materia de delitos sexuales en relación con otros países? 5. ¿Cómo puede definirse desde distintas perspectivas (descriptiva, legal…) el abuso sexual de menores? Debatir en grupo y consensuar una definición criminológica integradora. 6. Buscar y resumir información científica actualizada sobre los efectos y daños que el abuso sexual infantil podría producir a las víctimas. Contrastar dicha información y conclusiones con la información consignada a este respecto en el capítulo. 7. ¿En qué aspectos se parecen y diferencian (topografía del comportamiento, características, consecuencias, riesgo futuro, etc.) las agresiones sexuales en que el agresor es conocido o desconocido para la víctima? 8. ¿Qué son las tipologías de violadores? Buscar información sobre alguna tipología

nueva y compararla con las consignadas en el capítulo. 9. ¿Qué características individuales y experiencias podrían contribuir al inicio de un joven en la agresión o el abuso sexuales? 10. ¿Qué papel juegan en la agresión sexual las distorsiones cognitivas? 11. De acuerdo con Marshall y Barbaree (1989), ¿qué áreas deben ser evaluadas en los delincuentes sexuales? 12. En relación con la prevención de la agresión sexual en adolescentes, elaborar, por grupos, posibles propuestas esquemáticas de programas y planes preventivos, para aplicar en escuelas, familias u otros contextos comunitarios. 13. Trabajo en grupo: repasar las características principales de los delincuentes sexuales encarcelados y, a la luz de los conocimientos criminológicos generales (teóricos y empíricos) que se han estudiado, analizar factores y explicaciones que puedan condicionar dichas características. 14. ¿Cuáles son las tasas de reincidencia de los delincuentes sexuales? Buscar y sintetizar información científica reciente al respecto.

1 Ambos datos resultarían bastante coherentes entre ellos, en cuanto que una victimización anual del 1% equivaldría a una victimización acumulada del 22,5% a o largo de 22,5 años, periodo temporal aproximado al que harían referencia las respuestas de muchas de las mujeres encuestadas, cuyas edades mayoritariamente oscilarían entre los 25 y 35 años.

16. VIOLENCIA EN LA FAMILIA 16.1. EL CONTEXTO SOCIO-HISTÓRICO 736 16.2. TEORÍAS DE LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER 737 16.2.1. Perspectivas psicológicas 738 16.2.2. La perspectiva sociológica 741 A) La teoría general de sistemas 741 B) Teoría del intercambio social 742 C) Explicaciones estructurales (feministas) sobre la violencia a la mujer 742 16.3. LA RELACIÓN ENTRE VIOLENCIA FAMILIAR Y LA VIOLENCIA COMUNITARIA 742 16.3.1. El desamparo aprendido 743 16.3.2. Otras perspectivas alternativas 743 16.4. EL MALTRATO A LA MUJER 745 16.4.1. La investigación en España 745 A) La investigación del IAC de Sevilla 745 B) La investigación del grupo de Echeburúa 750 C) La investigación de la Universidad de Valencia 751 16.5. PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DOMÉSTICA EN EL SISTEMA DE JUSTICIA Y EN LA SOCIEDAD 754 16.5.1. El sistema de justicia 754 16.5.2. El homicidio en la pareja y su prevención 758 16.5.3. La prevención en la sociedad 763 16.6. MALTRATO INFANTIL 767 16.6.1. Maltrato infantil: definiciones 768 16.6.2. La familia y el maltrato: una relación oscura 769 16.6.3. Características de las familias según los modelos explicativos del maltrato 772 16.6.4. Líneas para la prevención 775 16.7. MALTRATO A LOS ANCIANOS 778 PRINCIPIOS CRIMINOLÓGICOS Y POLÍTICA CRIMINAL 781

CUESTIONES DE ESTUDIO 781

Pocos hubieran podido prever, al comienzo de la era del progreso en Occidente allá a finales del siglo XIX, que la institución familiar iba a tener que soportar la terrible presión del crimen oculto, de la vergüenza hecha escándalo por mor del conocimiento lacerante cada vez más presente en los informes científicos y en los medios de comunicación. Pero así es. La vieja promesa de crear una sociedad próspera, libre y democrática, donde la familia constituyera el lugar universal de socialización, no se ha cumplido. Son muchas las ventajas y los logros alcanzados en el siglo pasado, incluyendo las conquistas para la democracia de muchas sociedades renuentes, pero ahora, en los inicios del nuevo siglo, miramos perplejos a las cifras del delito y comprobamos que una parte muy importante de la violencia procede de allí. Gelles y Strauss (1979) fueron de los primeros en asegurar que la familia es el grupo social más violento (con la excepción de la policía y el ejército), y el hogar el escenario donde se produce más violencia en nuestra sociedad (Echeburúa y Redondo, 2010; Garrido, 2001; Ruidíaz, 1996). En España el número de mujeres asesinadas supera en promedio, la tasa de una por semana. Aun así, como se comenta más adelante, nuestro país ocupa una posición baja en Europa, y mucho más baja si se considera el

conjunto de países del mundo, en este tipo de homicidio, pero esto no puede ser un consuelo. Una de las cuestiones que se dirime en este capítulo es si la actual política de respuesta penal y social ante la violencia de género y el asesinato de mujeres es la adecuada. La violencia familiar puede darse entre cualquiera de los miembros que integran la familia, y es una característica de riesgo muy frecuente que la víctima se encuentre en una situación de dependencia con respecto al agresor; suele ser el caso de la mujer en relación con su marido o pareja, de los hijos con respecto a los padres, o de los ancianos en relación a sus hijos o cuidadores. Sin embargo, la explicación del maltrato familiar dista mucho de ser algo simple, existiendo una gran controversia en relación a su etiología, incidencia, y las características de los perpetradores (Websdale, 2010). En este capítulo vamos a ocuparnos de estas tres formas de violencia familiar: contra la mujer, contra los hijos y contra los ancianos, si bien en este último caso sólo lo haremos a título introductorio.

16.1. EL CONTEXTO SOCIO-HISTÓRICO No fue hasta finales del siglo XIX cuando comenzó el estudio científico del maltrato en las familias, debido al desarrollo de las profesiones sanitarias y sociales relacionadas con el análisis y la atención a las familias. Se

puso el énfasis en este despertar de la ciencia aplicada a los seres humanos en el concepto del “yo social” (esto es, en el proceso de socialización, a partir del cual se internalizan los valores y creencias de la sociedad), según el cual ciertas condiciones ambientales deficientes, propiciadas por la pertenencia a clases sociales bajas, grupos inmigrantes y étnicos, pueden menoscabar de forma significativa el desarrollo social de las familias, mediante la incultura, el abuso del alcohol o el desequilibrio mental. En esta primera aproximación, los científicos sociales ayudaron a establecer dos ideas que, aunque no exentas de debate, se han mostrado particularmente resistentes en el devenir del tiempo. En primer lugar, la idea de que los agresores son personas diferentes, seres patológicos que no pueden confundirse con el ciudadano normal. En segundo lugar, la creencia en la víctima como propiciadora del maltrato, tan culpable al menos como su maltratador, por haber provocado —con su conducta rebelde o descuidada, caso de esposas poco hacendosas o de niños desobedientes— esa violencia (Jenkins, Hampton y Gullotta, 1996). Como resultado de lo anterior, se preservó la fe en que la familia era un lugar seguro; podía haber maltrato, pero se daba en familias y sujetos desadaptados, no era algo que debía preocupar a la gente normal. Esta idea, sin embargo, fue seriamente puesta en entredicho en los

decenios de 1960 y 1970. A comienzos de los años 60 del pasado siglo, Kempe et al. (1962) describieron el hoy famoso síndrome del niño golpeado. En los 70 fueron sacados por primera vez a la luz los casos de mujeres maltratadas (Schechter, 1982), y a finales de esa misma década empezaron a publicarse informes científicos sobre el maltrato en ancianos (Conner, 1992).

16.2. TEORÍAS DE LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER Hay muchas teorías sobre la violencia familiar, propiciadas en parte por la diferente perspectiva empleada (psiquiátrica, sociológica, psicológica, etc.), y en parte por la inconsistencia que aparece en la integración de diferentes informaciones reunidas sobre el maltrato en la familia.

El grupo de investigación del profesor Echeburúa, de la Universidad del País Vasco, trabaja en el ámbito de la criminología (tratamiento de maltratadores; evaluación del riesgo de violencia en la pareja) y de la victimología (tratamiento de víctimas de agresiones sexuales, de abuso sexual en la infancia y de violencia contra la pareja). De pie, de izquierda a derecha: Rocío Polo-López, Enrique Echeburúa, Paz de Corral y Belén Sarasua. Sentadas, de izquierda a derecha: Karmele Salaberría, Irene Zubizarreta y Marisol Cruz-Sáez.

16.2.1. Perspectivas psicológicas Aquí la atención se sitúa prioritariamente en los procesos internos de pensamiento y en los estados emocionales, estableciendo en muchas ocasiones que el sujeto agresor tiene graves deficiencias, como una incapacidad para manejar situaciones de tensión o de frustración (Garrido, 2001). También se señalan en las víctimas características de personalidad que las hacen más vulnerables hacia su maltrato. Los psicólogos plantean con frecuencia que agresores y víctimas comparten patrones de personalidad y de comportamiento comunes, lo cual conduce con cierta frecuencia a que muchas víctimas sean al mismo tiempo o posteriormente agresoras de otras personas. En estos casos resulta difícil separar el fenómeno de aprendizaje común que se da al convivir, en el que un sujeto modela al otro, y la contribución de las propias características que las personas llevan a esa interacción. Las teorías más recientes han intentado relacionar ciertas características psicológicas con la agresión y la conducta violenta que pueden predecir el maltrato de la esposa y de los hijos. Las explicaciones psicológicas establecen de este modo que puede identificarse un patrón de comportamiento abusivo antes de que aparezca, lo que da lugar a que se inicien pautas preventivas. Un ejemplo representativo de esta perspectiva lo

tenemos en el trabajo reciente de Theobald y Farrington (2012). Estos autores analizaron cuáles eran los factores de riesgo en la infancia y la adolescencia que se relacionaban con la violencia física hacia la mujer en la edad adulta. Para ello examinaron a cerca de 400 hombres y sus parejas y les preguntaron, cuando los sujetos tenían 32 y 48 años, qué violencia habían ejercido contra sus parejas así como la violencia recibida de ellas, respectivamente. Estos sujetos provenían del célebre estudio longitudinal Cambridge, reseñado ya varias veces en este libro. Los resultados mostraron que diversos factores medidos en la infancia y la adolescencia podían predecir la violencia contra las mujeres en la edad adulta: “Los hombres en el estudio Cambridge que fueron violentos contra sus parejas presentaban una mayor probabilidad de haber vivido infancias difíciles, en las que fueron testigos de un clima familiar conflictivo y poco atento a sus necesidades; eran de niños agresivos y poco populares en la escuela, lo que les llevó a un pobre rendimiento escolar y a cifras altas de empleo precario o desempleo” (pág 1245). Además, había una relación entre estos factores de riesgo y una propensión a la delincuencia, manifestada en actitudes hostiles a la policía, actos delictivos, amigos antisociales y condenas en una edad temprana. El estudio Cambridge, en estas conclusiones, adopta una postura amplia, y no meramente psicológica, ya que asegura que tanto los factores

temperamentales —de base genética— como los ambientes sociales que influencian los estilos educativos de la familia tienen una parte en el resultado final de la violencia de género. Ahora bien, los psicólogos también se han interesado por estudiar el proceso mismo de la relación violenta entre la pareja. Leonore Walker (1989), una de las primeras estudiosas del maltrato a la mujer desde la óptica de la psicología social, desarrolló su teoría de las tres etapas del ciclo de la violencia para contestar a la pregunta de por qué permanecen en el hogar las mujeres que están siendo maltratadas por sus parejas. En la primera etapa de este ciclo (de generación de la tensión), se produce un gradual escalamiento de la tensión, manifestada por actos específicos que causan una fricción in crescendo. La segunda etapa (el incidente de violencia) ocurre cuando los esfuerzos de la mujer por aliviar la situación fracasan y, de acuerdo a la autora, ella precipita la explosión de violencia para controlar dónde y cómo ocurre, tomando precauciones para disminuir las heridas y el dolor de la paliza. La tercera etapa (luna de miel) sigue a la violencia, en la que el agresor se muestra arrepentido, y la mujer quiere creer en la sinceridad de su pareja. A partir de este punto el ciclo vuelve a repetirse. La naturaleza cíclica de la violencia, y la respuesta pasiva de la mujer golpeada (lo que se conoce como el

síndrome de la mujer maltratada), es un intento de explicar la violencia y los efectos que produce en la mujer. Caracteriza a las víctimas del maltrato conyugal como personas que sufren de una condición reactiva producida por la violencia en la que viven y por la historia de su desarrollo personal. En la perspectiva de Walker, las mujeres están atrapadas, rehenes de su propia percepción de la situación. La teoría del aprendizaje social (ya comentada en este libro) considera el desarrollo del individuo como el conjunto acumulativo de las experiencias de aprendizaje que se integran a lo largo del tiempo para conformar su personalidad (Garrido, 2001). Se presta una gran atención al modo en que los adultos fueron tratados cuando niños, y cómo este legado influye en el trato que dan a sus propios hijos. Se considera que los niños que vivieron un clima de violencia tenderán a ser adultos violentos con mayor probabilidad que los que crecieron en un ambiente sin malos tratos. Esto se conoce como teoría intergeneracional de la violencia, y tiene el corolario de que estos niños tenderán también a ser con mayor probabilidad víctimas de la violencia (Garrido, 2001; Gelles y Strauss, 1988; Widom, 1992). Esta asimilación de la violencia puede ocurrir a través de dos mecanismos de aprendizaje: los refuerzos y el modelado. En relación con la violencia en la familia, estos teóricos plantean que

la agresión suele ser una respuesta aprendida para enfrentarse a los sentimientos de frustración. Un ejemplo de investigación en esta perspectiva teórica lo encontramos en la obra de Pagelow (1981), quien analizó el modo en que las respuestas de las instituciones influyen en las decisiones que toman las mujeres a la hora de abandonar o no a sus parejas. El trabajo de Pagelow distingue entre las respuestas institucionales (como las de la policía), los recursos externos (p.ej., dinero) e internos (autoestima) de las mujeres, y su sistema de creencias en torno a los roles de género que les corresponden. Pagelow planteó que cuantos más recursos externos e internos tenga una mujer, creerá menos en los roles tradicionales asociados a las mujeres (pasividad, dependencia del hombre), logrará obtener una menor ayuda por parte de las instituciones, y es más probable que abandone a su marido, siendo cierto también lo contrario. Por consiguiente, este autor nos hace ver que la cuestión de la permanencia de las mujeres en sus hogares violentos es una cuestión más compleja de lo que parece, resultando la explicación en términos de sentimientos de “atrapamiento” o de “dependencia” muy simplista. Habría que señalar que diferentes mujeres permanecen en una relación así por razones diferentes, entre las que podemos citar las siguientes: el deseo y la esperanza de que el agresor al fin cambie; el amor que todavía le profesa la

mujer; el miedo a su reacción; la dificultad para vivir de modo autónomo, y la presión de familiares y amigos. Sin embargo, la investigación ha señalado que la teoría del aprendizaje social no siempre encaja de modo completo con los datos empíricos de que disponemos. Por ejemplo, Okun (1986) mostró que las mujeres de su estudio que fueron testigos de violencia en su infancia no tenían con más frecuencia relaciones violentas con sus maridos que las mujeres que no habían sufrido de niñas esa condición. La investigación de Widow (1992), a pesar de que halló que tanto el abuso físico como el abandono estaban claramente presentes en el historial de su muestra de delincuentes juveniles (15.8% y 12.5%, respectivamente), y puso de relieve que los malos tratos en la infancia son un factor importante para generar un comportamiento violento en la edad adulta, también evidenció que estos factores no constituyen toda la explicación (ver también Theobald y Farrington, 2012). En la actualidad las perspectivas psicológicas se conectan también con planteamientos de cariz psicobiológico y evolucionista. En éstos se considera que para una mejor comprensión de la violencia de pareja, y también de otras expresiones de la violencia familiar (por ejemplo, contra los hijos), debería atenderse también a las diferencias neuroendocrinas que existen entre los varones y las mujeres (biológicas, hormonales y cerebrales) y en

lo relativo a ciertos patrones de su comportamiento (pautas diferenciales de selección de parejas sexuales, diversificación de roles familiares y sociales, etc.), características que tuvieron su base en la adaptación y evolución ancestral de nuestra especie (Workman y Reader, 2008; véanse también capítulos 7 y 8). El entendimiento de estas diferencias psicobiológicas y conductuales, que en algunos casos pueden contribuir a la violencia familiar y de pareja, no se dirige, naturalmente, a justificar o tolerar suerte alguna de violencia contra las mujeres, sino a ayudar a su mejor predicción y prevención (Echeburúa y Redondo, 2010).

16.2.2. La perspectiva sociológica Los sociólogos han ayudado de manera extraordinaria a revelar la extensión de la violencia familiar en la sociedad actual. Por ejemplo, Straus y Gelles (1990), quienes hicieron un estudio sobre la violencia en la familia en Estados Unidos, concluyeron que la mujer toma una parte activa en su maltrato, y que cualquiera de los miembros de la pareja puede ser violento en el hogar. Crearon mucha discusión porque plantearon una perspectiva neutral desde el punto de vista del género, a lo que se oponen los grupos feministas, partidarios de comprender estos hechos como una expresión de la violencia y el dominio del hombre (véase Dobash y Dobash, 1992). En

todo caso, cuando se trata de analizar la violencia del hombre contra la mujer en la relación afectiva, los estudios sociológicos han demostrado consistentemente —al menos por lo que respecta a la violencia física— que existe una prevalencia más elevada en las poblaciones caracterizadas por pobres ingresos o desempleo, bajo nivel educativo y en general dificultades de integración social (Theobald y Farrington, 2012).

A) La teoría general de sistemas Los teóricos sistémicos expanden los factores que pueden influir en la conducta violenta. Utilizan, cuando hablan de las familias, diferentes términos peculiares. Uno de ellos es “límites”, (boundaries). Los límites definen un sistema al establecer los elementos que le pertenecen. Así, una familia con “límites abiertos” es un sistema abierto al exterior, con amigos y contacto amplio con la comunidad, siendo lo opuesto en el caso de una familia con “límites cerrados”. Aquí se considera a la familia como un sistema que procesa los estímulos que penetran en él (inputs), emitiendo una respuesta u output. La teoría general de sistemas aplicada a la familia sugiere que se puede comprender el uso que hace una familia en particular de la violencia atendiendo al modo en que ella se ajusta a las conductas violentas. En otras palabras, el uso de la violencia constituye una parte del conjunto general de

“datos de entrada” que son elaborados dentro de una familia de un modo particular.

B) Teoría del intercambio social Otra teoría sociológica que ayuda a comprender la violencia en la familia es la teoría del intercambio social, que mantiene que los individuos negocian dentro y fuera de las familias —como en un mercado— emociones por otras emociones. Gelles (1993) afirma que tanto el maltrato a la mujer como al niño pueden comprenderse dentro de un sistema de costos y beneficios. La violencia se emplea cuando el balance de costos/beneficios que proporciona sobrepasa al obtenido por abstenerse de utilizarla.

C) Explicaciones estructurales (feministas) sobre la violencia a la mujer Otros autores han estudiado el maltrato a la mujer desde la denominada perspectiva feminista. Dobash y Dobash (1992), por ejemplo, relacionaron la violencia hacia la mujer con las estructuras sociales y culturales que califican de “patriarcado”; el maltrato a la mujer es una consecuencia de la posición de sumisión en la que ella se encuentra con respecto al hombre en nuestra sociedad. Lejos de caracterizar a las mujeres como seres pasivos y deprimidos, en sus estudios encuentran que ellas están en

un proceso dinámico y permanente de búsqueda de soluciones. Si no abandonan a sus maridos, no es por causa de sus limitaciones o deficiencias personales, sino por el proceso de coacción y de violencia al que han de hacer frente, y sobre todo por las múltiples barreras que les impone la sociedad, entre las que se incluyen la falta de protección de la justicia y las pocas ayudas que reciben para que puedan valerse por sí mismas.

16.3. LA RELACIÓN ENTRE VIOLENCIA FAMILIAR Y LA VIOLENCIA COMUNITARIA Pamela Jenkins (1996) elaboró un interesante trabajo en el que buscaba relacionar dos tipos de violencia: la violencia familiar y la violencia comunitaria. La primera acontece entre miembros de una familia o personas que viven dentro del hogar en una relación semejante a la familiar. Por la segunda entiende “aquélla que ocurre entre personas conocidas o extrañas dentro de un vecindario” (p. 34). Su planteamiento es que existen factores comunes en ambos tipos de violencia que merecen ser examinados. Hay pocos estudios que se preocupen por estudiar la relación existente entre ambos tipos de violencia; sin embargo, tanto la una como la otra coinciden en la vida de

muchas personas. Por ejemplo, un padre puede abusar de sus hijos sexualmente, pero también de otros niños. Una mujer puede sufrir malos tratos en su hogar, y ser la víctima de una agresión sexual en la calle. O un joven puede golpear a miembros de su familia y a otros chicos del barrio.

16.3.1. El desamparo aprendido Jenkins cree que la teoría del aprendizaje social, ya presentada anteriormente, es una de las más aplicables a la comprensión del modo en que ambas violencias están unidas. Pero también destaca la contribución de otra teoría encuadrable dentro de este marco, la que deriva de los trabajos de Seligman con el concepto de desamparo aprendido (learned helplessness). En relación con el tópico que aquí nos ocupa, esta teoría vendría a mantener que la víctima de la violencia aprendería que hay poco que ella puede hacer para cambiar las cosas, es decir, que no puede detener la violencia. Bernard (1993), en relación con la violencia en vecindarios pobres, señala que un individuo puede sentir lo que él denomina “agresión colérica”, que se contiene durante mucho tiempo y eventualmente explota. Un ejemplo de esto ocurrió en Los Ángeles en 1992, cuando se produjo un levantamiento popular de jóvenes de raza negra al conocer que se había absuelto a los policías que habían dado una brutal paliza a

un chico negro, Rodney King. Bernard compara esta situación con la propia del desamparo aprendido, en la que la gente de un barrio aprende que no hay alternativa posible a la violencia en la que están inmersos cada día, y abandona los comportamientos colectivos de interacción social y participación que estructuran el control social informal de su vecindad. En opinión de la autora, el enfoque del aprendizaje social debe de complementarse con explicaciones que destaquen la influencia de factores estructurales, los cuales no suelen considerarse en los teóricos del aprendizaje social.

16.3.2. Otras perspectivas alternativas La cuestión es que la violencia comunitaria y la familiar pueden tener otros elementos en común además de unos procesos de aprendizaje que se transfieren a otras personas y escenarios. En concreto, aquí examinamos las siguientes semejanzas: la identificación de los perpetradores por razón de género, las relaciones entre agresores y víctimas, la existencia de una historia previa entre víctimas y agresores, y el acceso frecuente que tienen los agresores a sus víctimas, lo que contribuye a la escalada de la violencia. Por lo que respecta al dominio del género masculino, poco hay que decir, ya que es un hallazgo consolidado en

la Criminología comparativa. Como ya ha quedado patente en diversos capítulos de este libro, el varón domina claramente en nuestra cultura tanto en el papel de agresor como de víctima, incluyendo la violencia familiar y la comunitaria. Por ejemplo, las estadísticas delictivas en Estados Unidos para 2009 señalan que los hombres tienen mucha mayor probabilidad que las mujeres de ser víctimas de asesinato (81% versus 19%); la mayoría de los hombres son asesinados por otros hombres (el 90%), y 9 de cada 10 víctimas femeninas son asesinadas por hombres. Aunque existe un debate sobre el papel de la mujer en el maltrato infantil, la mayor parte de la investigación indica que los hombres son los responsables de los casos más graves de abuso. Y sin duda los hombres hieren gravemente o matan con más frecuencia a sus parejas de lo que lo hacen las mujeres. En muchos actos violentos hay una relación previa entre agresor y víctima. En ocasiones esa relación procede de vivir en un mismo barrio, o por actividades previas delictivas en común, lo que aumenta el riesgo de victimación. En este punto el lector debe recordar la teoría de las actividades cotidianas, presentada en el capítulo 10, ya que ésta explica convenientemente el modo en que agresores y víctimas interaccionan en sus vidas diarias, con el argumento de que “la probabilidad de victimización se incrementa con la convergencia en el

espacio y en el tiempo de delincuentes motivados, objetivos disponibles y la ausencia de guardianes capaces de prevenir el delito (...) Los individuos que llevan un estilo de vida peligroso, en zonas peligrosas, incrementan su probabilidad de ser víctimas de un delito” (Kennedy y Baron, 1993, p. 94; también Walsh y Ellis, 2006). Ahora bien, ello no puede ocultar que el proceso que produce una víctima adolescente o un agresor adolescente puede ser completamente diferente. Se precisa de una mayor investigación que atienda a los factores situacionales y contextuales de la violencia, que complemente los datos estadísticos que ya poseemos de determinados barrios (ver sobre este punto el capítulo 19 sobre Victimología). Además del conocimiento previo entre agresor y víctima, hay generalmente una historia de interacción con un componente de coacción y control. Esta historia de la relación contribuye a dotar de significado a un acto violento. Es decir, se trata de averiguar más sobre lo que acontece en la interacción cara a cara, acerca del hecho violento y su significado para los actores (Horowitz, 1987, p. 447). Entre agresores y víctimas que se conocen y tienen una historia de interacción, los actos violentos repetidos son algo posible y probable. En la violencia familiar el agresor suele atacar a la víctima de modo sistemático,

aumentando la agresión a lo largo del tiempo. Pero de modo semejante, los agresores en la comunidad con frecuencia encuentran a las mismas o semejantes víctimas, produciéndose también una escalada en la violencia empleada si el acceso a la víctima continúa el tiempo suficiente. Block (1993) destaca cómo las confrontaciones violentas en la comunidad comienzan como una discusión, la cual se ha producido muchas veces en el pasado, implicando a los mismos o a parecidos participantes.

16.4. EL MALTRATO A LA MUJER El maltrato de las mujeres por parte de sus parejas es un fenómeno de alta prevalencia social. De acuerdo con el Informe Mundial sobre la Violencia y la Salud, realizado por la Organización Mundial de la Salud en 2002, entre un 2,1% y un 30% de las mujeres de distintos países y regiones del mundo manifestaban haber sido víctimas de agresión física por parte de sus parejas masculinas durante el año inmediatamente anterior a la evaluación, y entre un 19,8% y un 46% haber sido agredidas alguna vez a lo largo de su vida (Echeburúa y Redondo, 2010). Veamos a continuación algunas investigaciones realizadas en España, que pueden ayudarnos a describir las claves empíricas de este fenómeno.

16.4.1. La investigación en España A) La investigación del IAC de Sevilla Nos ocupamos en primer lugar del estudio empírico del Instituto Andaluz de Criminología, en la sede de Sevilla. Este trabajo, dirigido por el profesor Borja Mapelli, contó con investigadores muy cualificados en criminología, entonces investigadores de esa universidad, como Rosemary Barberet o Juan José Medina (IAC, 2000). En este estudio se realizó una encuesta de ámbito nacional a una muestra de 2.000 mujeres mayores de 16 años, representativas de la población española femenina urbana (en ciudades con una población superior a 100.000 habitantes), casadas o que convivían con una pareja (más de un año), o bien separadas o divorciadas (menos de un año). La técnica de recogida de información fue la entrevista personal en el domicilio de la entrevistada, a solas la mujer con una entrevistadora. Como instrumentos para obtener la información requerida por el estudio se emplearon un cuestionario amplio y general, uno más específico y detallado, y la escala CTS-II (Conflict Tactic Scale-II, de Strauss). Si la mujer entrevistada admitía inicialmente, en unas preguntas filtro contenidas en el cuestionario general, haber sido maltratada, física o psicológicamente, por parte de su pareja actual o anterior, o informaba de que haber

sido acosada por su expareja, a continuación se le administraba el cuestionario detallado. Las mujeres y la narración del maltrato. La investigación de cariz cualitativo, en torno al maltrato, suele documentar que las mujeres generalmente ofrecen narraciones más detalladas y extensas que los hombres acerca de los malos tratos, ubican el comienzo de éstos en un momento más temprano y llevan el análisis del impacto del incidente violento más allá que los hombres (Dobash et al., 1998, p. 15). Además, los hombres habitualmente reconocen menos violencia y producción de lesiones que las que sus mujeres denuncian. Ahora bien, no todas las mujeres que sufren violencia en el hogar reconocen su situación, incluso aun cuando se trate de violencia física. Así, en este estudio el 80% de las mujeres que eran víctimas de malos tratos físicos frecuentes se reconocieron, en efecto, como mujeres maltratadas. Contrariamente, 20 de cada 100 mujeres, a pesar de recibir golpes de modo frecuente, valoraron que esto podía ser era algo “normal” en una relación de pareja. Además, el porcentaje de reconocimiento de maltrato por parte de las mujeres víctimas fue mucho menor si los malos tratos no eran frecuentes, aunque fueran severos; cuando el maltrato era esporádico, sólo el 48% de las mujeres reconocía ser una víctima de la violencia en el hogar. Y algo que también coincide con lo obtenido en

otros estudios: los abusos psicológicos, es decir, la manipulación psíquica, la humillación y el dominio de las emociones de la mujer, no se contemplan por parte de muchas mujeres como una violencia ilegítima: sólo el 65% de las que padecían abusos frecuentes de este tipo se reconocían como víctimas. Finalmente, el reconocimiento por las mujeres del hecho de ser víctimas de maltrato llegó a su valor más bajo en el caso de haber sufrido una violación en el seno del matrimonio o pareja: sólo el 27% de las mujeres agredidas sexualmente por sus maridos o parejas creyeron que esa era una acción ilegítima (IAC, p. 92). Esto es especialmente preocupante, porque la evidencia que tenemos señala que los efectos de la violación marital pueden ser tan destructivos, en algunos casos, como los perpetrados por hombres fuera de la relación de pareja (IAC, p. 95). En relación con otras formas de victimización sexual generalmente fuera de la pareja: un 4,4% de las mujeres de la muestra reconoció acoso sexual laboral leve; un 1,2%, acoso sexual laboral grave (entre aquellas mujeres que trabajaban fuera de casa); un 8,8% acoso sexual telefónico; un 1% tentativa de violación, y un 0,7% una violación consumada. De acuerdo con datos internacionales, la prevalencia de la violación marital o de pareja es realmente significativa: hasta un 4,4% de las mujeres entrevistadas suelen

reconocer que sus maridos o parejas han empleado la fuerza o amenazas para obligarlas a tener sexo vaginal, oral o anal. Este es uno de los resultados obtenidos mediante la CTS-II de Straus et al. (1995), escala que también fue utilizada en el estudio aquí referido. Otros resultados (pp. 66 y ss.), que en buena medida coinciden con los datos autoinformados por las mujeres en otros estudios, son los siguientes: CUADRO 16.1. Prevalencia de diferentes medidas de abuso marital durante los últimos doce meses de acuerdo a la prueba CTS-II Abuso psicológico/verbal total

41,1%

Abuso físico o psicológico grave 14,6% Abuso físico

7,6%

Abuso físico grave

4,7%

Coacciones sexuales

10,8%

Violación marital

4,4%

Lesiones (total)

5,5%

Lesiones grave

2,1%

Autodefinición mujer maltratada

4,3%

CUADRO 16.2. Frecuencia de abuso físico y psicológico en la relación de acuerdo con el cuestionario autoinformado Nunca Raramente

A veces

Frecuentemente

Muy frecuentemente

Abuso Físico

91,8%

4,7%

1,9%

0,7%

0,3%

Abuso Psicológico

88,4%

5,3%

2,6%

1,6%

1,1%

El acoso por parte del ex marido a mujeres divorciadas

o separadas no es algo infrecuente, sino que, contrariamente, supone una dura realidad para muchas de ellas. En la investigación del Instituto de Criminología de Sevilla se constató que, en un rango de valores que iban del 20 al 30%, las mujeres reconocían que sus anteriores parejas las perseguían o espiaban, las llamaban por teléfono a pesar de que les decían que no lo hicieran, se presentaban sin ninguna razón cuando ellas salían de su casa, escuela o lugar de trabajo, o bien aparecían en lugares donde estaba la mujer (como bares, tiendas, etc.). Un 34% de las mujeres contestaron “sí” al enunciado “ha intentado comunicarse con usted, aunque usted no quería”. Y el 14% declaró que su ex marido había “destrozado o dañado cosas” que ella apreciaba. Otro aspecto que evaluó el equipo de investigación sevillano fue la frecuencia de diferentes formas de conductas de control. De entre algunos de los datos más significativos, las mujeres dijeron que “con mucha frecuencia” o “con frecuencia”, sus parejas realizaban los siguientes hechos: “intenta que usted tenga menos contactos con familia y amigos/as” (5%); “le dice cosas que le hacen sentir mal” (7,5%); “insiste todo el rato en saber con quién está y dónde está” (6,5%); “es celoso y no le gusta que hable con otros hombres” (8,5%), y “no quiere que usted trabaje fuera de casa” (10%). Con aquellas mujeres que reconocieron haber sufrido

una agresión física o psicológica, o bien haber sido víctimas de acoso por parte de sus ex maridos, se pasó a explorar el último de los incidentes que vivieron (desgraciadamente, de las 284 mujeres que reunieron estas características, sólo 90 consintieron en participar en esta segunda fase del estudio, lo que limita la solidez de los resultados. No obstante, siguen siendo enormemente interesantes). Las mujeres declararon que, a su juicio, “tener ganas él de discutir” (43 entrevistadas) y “la bebida” (34 entrevistadas) eran las causas que provocan generalmente los incidentes de malos tratos. De especial importancia fue el hecho de que con el paso del tiempo, la relación de pareja tendía a empeorar, como señalaba el 43% de las mujeres, con un 32% respondiendo que “había seguido igual”, y un 20% que “había mejorado”. En más de una tercera parte de los casos (37%) la mujer había sufrido heridas o lesiones derivadas de los malos tratos. Al preguntar si pensaban que la policía “debía haber sido más dura con su pareja” el 33% de las mujeres opinaron positivamente, el 24% negativamente, y el 43% no sabían o no contestaron. Sólo el 0,3% de las 90 mujeres habían ido a juicio en los juzgados de lo penal por los problemas con su pareja La probabilidad de reincidencia, según las mujeres víctimas, en una escala del 1 al 10, era de 4. Sin embargo,

cerca del 7% declaró que la probabilidad de que ocurriera la agresión física o psicológica durante el año siguiente era muy elevada (un valor de 10) (IAC 2000: 74) Como medidas de protección más adoptadas, destacaban “evitar ciertos temas” (69,5%) y “tratar de convencerlo” (67,9%). “Amenazar con el divorcio” fue utilizada por el 49% de las víctimas. Las medidas menos adoptadas eran “pegarle en defensa propia” (10%) y “amenazar con llamar a la policía” (21%). Estas tres últimas: “amenazar con el divorcio”, con “llamar a la policía” y “pegarle en defensa propia” fueron las que cosecharon más opiniones en el sentido de que hacían que las cosas fueran a peor (p. 75). Correlatos del maltrato. Existe en la investigación de Sevilla una relación positiva entre frecuencia de consumo de alcohol o drogas por parte de los varones y el maltrato (esta relación no se da para las mujeres). A mayor consumo de estas sustancias mayor es el riesgo de que la relación se vuelva violenta. Esto es especialmente cierto en el consumo de drogas. Sin embargo, la correlación está lejos de ser perfecta. La mayoría de los maltratadores, por ejemplo, no consumen drogas y la mayoría de los sujetos que las consumen no maltratan a sus mujeres. Existe una relación negativa entre ingresos y malos tratos. Aunque el maltrato se da en todas las clases sociales, el riesgo de que una relación sea violenta

(abusos físicos) es mayor en los grupos sociales con menos recursos económicos. El maltrato también es más habitual entre las mujeres que viven en barrios en los que hay menos contacto con los vecinos, hay más problemas sociales y los vecinos se apoyan menos. ¿Habían sufrido esas mujeres malos tratos de niñas? Su respuesta fue: “frecuentemente”, 4%; “a veces”, 23%; “muy frecuentemente”, 1%. El 17% de las entrevistadas recuerdan que “su padre o padrastro le pegó una bofetada a su madre o madrastra” (p. 65). De ahí que los autores del informe concluyan que “a pesar del estereotipo, la mayoría de las mujeres maltratadas no proceden de familias violentas y la mayoría de las mujeres que provienen de familias violentas no acaban emparejadas con hombres violentos” (p. 77). Apareció también una relación muy fuerte entre violencia contra la pareja y agresividad hacia otras personas. El 93% de los varones que frecuentemente maltratan físicamente a la mujer también exteriorizan su agresividad contra otras personas. Frente a esto —y como señalábamos al principio—, muchas mujeres tienen serias dudas sobre cómo obrar. “Aunque muchos se preguntan por qué estas mujeres no abandonan a sus parejas, lo cierto es que la ruptura de la relación o la búsqueda de ayuda externa puede acarrear

consecuencias negativas para ellas. Aproximadamente 20 de cada cien mujeres que se divorcian o se separan de sus maridos son acosadas por éstos hasta el punto de que sienten mucho miedo o temen daños a su integridad física” (p. 77). Finalmente, se exploró la relación entre la violencia contra la mujer y la violencia contra los hijos. Los porcentajes relativos a la existencia de alguna forma de abuso físico o psicológico hacia los hijos por parte de la pareja o ex pareja de la mujer maltratada (N= 72; maltratadas con hijos) fueron 30,6% para el maltrato físico (14% en la forma de maltrato severo) y 26,4% para el maltrato psicológico. En ambos tipos de malos tratos los agresores, en un porcentaje superior a la mitad, consumían alcohol a diario.

B) La investigación del grupo de Echeburúa1 Echeburúa, Del Corral y Amor adoptaron un objetivo de investigación más clínico, y compararon a víctimas de agresión familiar, terrorismo y agresiones sexuales, encontrando que, en general, “las tasas de prevalencia del trastorno de estrés postraumático en los diferentes tipos de víctimas son altas en todos los casos (el 54,5% del total de la muestra), pero hay diferencias significativas entre ellas (Cuadro 16.3). En concreto, entre el 65% y el 70% de las víctimas de agresiones sexuales y de terrorismo presentan

el cuadro clínico, sin apenas diferencias entre unas y otras. Sin embargo, las víctimas de violencia familiar lo sufren en menor medida (un 46% de la muestra)”. CUADRO 16.3. Comparaciones intergrupales en función de la gravedad del trastorno de estrés postraumático GRUPOS DE VÍCTIMAS Nº SUJETOS MEDIA

DT

F 12,38

1. Maltratado doméstico

212

20,27

9,04

2. Agresión sexual

103

26,02

11,24

15

25,20

11,67

3. Víctimas de terrorismo

2>1

(p<0,001) Fuente: Echeburúa, Del Corral y Amor (2002).

Sin embargo, casi el 50% de la muestra de mujeres maltratadas es un porcentaje muy importante. El trastorno de estrés postraumático constituye el cuadro clínico que representa con mayor entidad los efectos negativos de la exposición a situaciones amenazantes y, en muchos casos, vividas de modo muy persistente en el tiempo. Es muy valiosa la contribución de Echeburúa y su equipo, porque revela que, a pesar de que la gravedad de los efectos —en cuanto al trastorno del que hablamos— es menor comparada con las otras víctimas, ésta sigue siendo muy relevante. Y todavía hemos de preocuparnos más cuando comparamos los efectos del abuso físico con los efectos del abuso emocional. En su investigación (cuadro 16.4) aparecieron los siguientes datos: CUADRO 16.4. Gravedad del trastorno de estrés postraumático en víctimas de maltrato doméstico físico y psicológico

TRASTORNO DE ESTRÉS POSTRAUMÁTICO

MALTRATO FÍSICO (N=137)

MALTRATO PSICOLÓGICO (N=137)

t

MEDIA

(DT)

MEDIA

(DT)

NIVEL DE GRAVEDAD GLOBAL (Rango: 0-51

20,31

(8,97)

20,20

(9,23)

0,08 (n.s.)

Reexperimentación (Rango: 015)

6,14

(2,95)

5,80

(3,20)

0,77 (n.s.)

Evitación (Rango: 0-21)

6,58

(3,69)

7,16

(4,09)

-1,04 (n.s.)

Activación psicofisiológica (Rango: 0-15)

7,70

(4,38)

7,20

(4,14)

0,81 (n.s.)

(n.s.) no significativo Fuente: Echeburúa, Del Corral y Amor (2002)

Es decir, los efectos fueron igualmente importantes, ya que no aparecieron diferencias significativas entre unas víctimas y otras. Esto debe hacernos reflexionar sobre la escasa protección que reciben las mujeres, sujetas a una vida de maltrato emocional. Porque es cierto que la ley castiga este tipo de violencia, pero, ¿cómo probarlo ante los tribunales? Y ello sin contar que, como reveló la investigación del IAC de Sevilla, muchas mujeres sujetas a esta forma de violencia no se reconocen como víctimas.

C) La investigación de la Universidad de Valencia Aunque la investigación antes analizada del Instituto de Criminología de Sevilla ya había recogido algunos datos en este sentido, lo cierto es que existe escasa evidencia

empírica acerca de la posible concurrencia de los tres tipos de violencia contra la mujer en las relaciones de pareja: física, psicológica y sexual. Es importante tener en cuenta que las mujeres no son un grupo homogéneo en su experiencia como víctimas de la violencia doméstica, por ello es necesario explorar de modo más detallado el impacto que tienen en la salud de la mujer estos tipos de agresiones. Este fue precisamente el objetivo de la investigación del grupo que dirige Manuela Martínez, profesora de la Universidad de Valencia (García Linares et al., 2005). Como parte de un estudio amplio desarrollado por las autoras acerca del efecto del maltrato ocurrido en la relación amorosa sobre la salud de las víctimas, 182 mujeres provenientes de diferentes lugares de la Comunidad Valenciana fueron entrevistadas durante unas 3 horas, a lo largo de dos encuentros, siguiendo una pauta estructurada. Las mujeres se distribuyeron en tres grupos: 52 mujeres no maltratadas (MNM), 75 mujeres maltratadas físicamente (MMF) y 52 mujeres maltratadas psicológicamente (MMP). En estos dos últimos grupos se estudió con especial atención en qué medida aparecía también la agresión sexual, definida ésta de modo muy exhaustivo, incluyendo desde el sexo forzado hasta la coacción y amenazas para mantener relaciones sexuales o visionar pornografía. Algunos de los resultados más

relevantes obtenidos se describen a continuación (cuadro 16.5). Las autoras señalan que la duración, la frecuencia, la regularidad y la intensidad de la violencia experimentada por la víctima son factores de gran importancia a la hora de considerar el impacto de ésta en la salud de la mujer. Y añaden: “El hecho de que en más del 50% de los casos la violencia empiece en los tres primeros años de la relación, sin que haya ningún acontecimiento desencadenante relevante, es algo importante de mencionar, porque uno de los mitos de la violencia doméstica es que comienza porque el agresor ha sufrido una situación particular de estrés, o bien se ha debido a que haya empezado a consumir drogas o alcohol. Por otra parte, también es digno de señalar que la frecuencia de la violencia está muy relacionada con el tipo de que se trate: la violencia más frecuente es la psicológica (se da más de una vez a la semana en el 75% de los casos), seguida de la sexual y la física” (p. 118). Otra cuestión relevante que queremos destacar de su estudio es la violencia sufrida después de la separación de la pareja. Se obtuvo la siguiente información: el 71,8% de las MMF y el 90,9% de las MMP informaron de nuevas agresiones después de la separación. En las MMF, un 14,3% informaron de nuevas agresiones físicas, el 100% de nuevas agresiones psicológicas, y ningún caso de

agresión sexual. Por su parte, las MMP informaron que en todos los casos se dio de nuevo la agresión psíquica, y además un 5% reveló una nueva agresión sexual. Finalmente, es importante constatar también que un alto porcentaje de las MMF sintieron que su vida peligraba mientras vivían el asalto a cargo de su pareja, y que un tercio de ese grupo de mujeres tuvo esa misma sensación durante una agresión sexual. Si tomamos en consideración las mujeres que sufrieron una agresión psíquica y un asalto sexual, un tercio de ellas creyeron que su vida estaba en juego. Concluyen las autoras: “Además, la capacidad de predecir los ataques variaba entre las víctimas, desde un 50% de las ocasiones en las víctimas de asaltos físicos hasta un 33% cuando el asalto era sexual. Esto nos indica que muchas mujeres no tienen la oportunidad de tomar precauciones con objeto de prevenir o hacer frente al ataque” (p. 120). CUADRO 16.5. Los resultados del estudio de la Comunidad Valenciana de Linares et al. (2005) ÁMBITO DE EXPLORACIÓN

RESULTADOS OBTENIDOS

Perfil sociodemográfico

Las MMF y MMP tendían más a vivir sin pareja que las MNM, pero no existían diferencias significativas en edad (M= 44), nivel cultural (escuela primaria) o empleo.

En la mayoría de las MM (cualquiera de los tipos) el agresor era el marido, y en más del 60% de los casos la relación se extendía más allá de los 10 años. El 52% de las MMF y el 40% de las MMP Relaciones con el dejaron a su pareja; sin embargo regresaron un 21.3% y 14.5%, maltratador/pareja respectivamente. El número de mujeres que dependía

económicamente de sus parejas era mayor en el caso de las MM que en las MNM. Un mayor número de MMF (48%) que de MMP (30%) denunciaron a la policía su situación.

Violencia agresor

Todas las mujeres que resultaron físicamente maltratadas también lo fueron psicológicamente, pero no al contrario. En más del 80% de las MM la violencia comenzó durante la convivencia, y en más del 50% durante los tres primeros años, sin que las mujeres pudieran determinar ninguna causa o razón particular. El acto de agresión más frecuente era de tipo verbal (insultos y del humillaciones), seguido por conductas de dominio (aislamiento social, dejarla sin capacidad de decidir), chantaje emocional y privación económica. En el 70% de las MMF, el agresor amenazó las vidas de su mujer y familia, y en el 75% la violencia fue algo regular y periódico. Comparadas con las MMP, el abuso psicológico de las MMF comenzó antes e incluyó más insultos y amenazas para sus vidas.

No hay un patrón de respuesta típico, sea el maltrato físico, psíquico o sexual. Ahora bien, mientras las MMF pueden llegar a Conducta de la contraatacar (lo hizo el 37.5% de ellas) cuando sufren agresiones, mujer mientras ni éstas ni las MMP contraatacan cuando son asaltadas sexualsufre la agresión mente. De hecho, las MMF y las MMP apenas difieren en sus respuestas cuando el asalto es sexual o psicológico. Historia victimación

Los dos grupos de MM diferían de las MNM en su mayor experiencia de abuso físico y sexual en su infancia, pero no en el de abuso psicológico. También presenciaron en mayor medida violencia entre sus padres (MMF= 29,3%; MMP= 36,4%; MNM= 13,5%).

Según datos del Instituto de la Mujer correspondientes a 2006, a partir de una muestra superior a 32.000 mujeres encuestadas, un 3,6% de las mujeres mayores de 18 años consideraban ser maltratadas (lo que equivalía a unas 680.000 mujeres), pero en conjunto un 9,6% (en torno a 1.800.000), se auto-consideraran maltratadas o no, sufrían conductas vejatorias que manifiestamente son inaceptables en el contexto de una relación de pareja

(Echeburúa y Redondo, 2010).

16.5. PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DOMÉSTICA EN EL SISTEMA DE JUSTICIA Y EN LA SOCIEDAD 16.5.1. El sistema de justicia El aparato judicial se encuentra en un estado de colapso permanente. Los juicios penales van más rápidos que los civiles, y sin embargo la respuesta a la delincuencia común es excesivamente lenta. Los Juzgados de menores pueden dictar una sentencia entre diez y dieciocho meses después de la infracción (Pérez, 2004). En los juicios por tráfico de drogas, el promedio entre la detención y la sentencia en primera instancia es de alrededor de nueve meses, mientras que las apelaciones pueden durar un promedio de un año o más (Muñoz y Díez Ripollés 2004:150). Casos importantes de corrupción pública pueden llegar a los tribunales diez o quince años después de los hechos2. La reforma más importante para agilizar la justicia penal durante los últimos años ha sido la relativa a los juicios rápidos. Por este camino, en algunas faltas y delitos comunes se puede dictar sentencia en menos de quince días. Sin embargo, esta importante reforma ha servido para poco más que afrontar una avalancha de nuevos

casos por malos tratos domésticos, sin ofrecer gran alivio para otros asuntos penales. Nuestra tesis es que las iniciativas penales durante los últimos años no resuelven de forma importante estos graves problemas de dilación judicial. Al contrario, muchas iniciativas legislativas más bien parecen arrojar al sistema de justicia a una especie de constante salto al vacío, encargándole más trámites y tareas de las que tenía antes la reforma supuestamente destinada a promover su agilización. Uno de los eslóganes de eco futbolístico, con los que se intenta concienciar a la sociedad del delito de la violencia contra las mujeres.

La Ley Orgánica 14/1999 define la violencia psíquica como un delito a la par de la violencia física. A esta le siguió la Ley orgánica 11/2002, que entró en vigor el 1 de octubre de 2003, conteniendo un abanico de nuevas penas y nuevos delitos en estas materias3. Las amenazas, menoscabos psíquicos y las faltas de lesión pasaron a ser delitos, castigados con prisión de tres meses a un año. Un “trato degradante, menoscabando gravemente” la “integridad moral” se castigaba con cárcel de entre 6 meses a dos años. (art. 173.2). Si ocurría habitualmente o en presencia de menores, la pena podía elevarse a tres años de cárcel. A partir de ese momento la coacción, injuria o vejación injusta de carácter leve en el ámbito familiar era una falta penal (art. 620 2.º del Código

Penal). Otra ampliación importante fue la inclusión en este tipo penal de cualquier tipo de convivencia, y la inclusión en las casuísticas de descendientes y ascendientes. Una bofetada a un hijo de quince años, dada por su padre o madre en presencia de hermanos menores, podría resultar en tres años de cárcel. (art. 57.2, 48.2, 173.2, 468, 620 2.º) Con esta ampliación importante de tipos penales en las reformas legislativas que se produjeron entre 1995 y 2003, y la exhortación pública a favor de denunciar cualquier tipo de maltrato, el número de casos de denuncia por maltrato se multiplicó geométricamente4. La nueva Ley Integral contra la Violencia de Género, aprobada unánimemente por el Congreso el 22 de diciembre de 2004, creó inicialmente más de veinte juzgados penales especializados en la violencia contra la mujer, o de género, que nacieron ya colapsados antes de empezar a funcionar. Con esta ley España se habría puesto a la cabeza, prácticamente en solitario, del que ha sido denominado por Maqueda Abreu (2006) como derecho penal sexuado, en que las conductas infractores o sus penas pueden ser distintos si los cometen hombres o mujeres (Acale Sánchez, 2006; Quintero Olivares, 2008; Torres Rosell, 2008; Villacampa, 2007, 2008; Zaffaroni, 2000). En España, la violencia doméstica entró en la agenda

política en 1998, bastante tarde en comparación con los países del norte de Europa y América, que empezaron 30 años antes, los cuales también introdujeron medidas penales y policiales contra la violencia doméstica varias décadas antes que España. En los años 1960 y 1970 el debate en estos países se concentró en hacer llegar el Código Penal al ámbito familiar. Los delitos de amenaza, coacción y lesión física deberían de ser procesados aunque ocurrieran entre cónyuges. Además, países como Suecia y Noruega han endurecido sus códigos penales recientemente, tipificando delitos nuevos y aumentando las penas para delitos que ocurren en la familia5. Sin embargo, a diferencia de España, las tendencias en otros países occidentales van más dirigidas a reforzar las medidas de protección a la mujer. Estas medidas se encuentran en el ámbito administrativo y en el orden público. Amplían la definición de lo que constituye un delito, pero también buscan medidas de carácter preventivo. Para poner en marcha estas en acción no precisan de la denuncia al infractor: se busca una protección inmediata a la mujer, una protección de corta duración que pueda librar a la víctima de un peligro inminente. Este tipo de medida —“Protection Orders” en los EEUU, “Restraint Orders” en Australia, “Einstweilige Verfügung” en Alemania y Austria, “Besöksförbud” en

Suecia y “Polititilhold” en Dinamarca— se ha introducido en España como órdenes de protección, que incluyen también a las órdenes de alejamiento. Una diferencia importante es que en todos los demás países esta medida tiene un carácter civil y no penal. Es una medida preventiva para evitar que se repitan los hechos, y se puede dictar con independencia de un proceso penal. Una mujer que se siente amenazada por un ex-amigo, o que ha llamado a la policía para pedir ayuda contra un marido violento, puede pedir una orden de protección. Se evalúa la situación actual, y no se vincula ni al trámite de separación ni al proceso penal. En España es necesario presentar una denuncia por malos tratos para conseguir una protección policial. Así, la necesidad de reforzar las medidas preventivas conlleva una avalancha de casos penales cuya investigación y condena muchas veces ni protege ni ayuda a la víctima. Una política de reducción de riesgos concentraría los recursos en torno a medidas de seguridad y apoyo a la víctima, pero el sistema penal español va por otros rumbos. ¿Por qué se da esta criminalización progresiva en la legislación española? Una explicación podría ser que los hogares españoles son más violentos que los países de nuestro entorno, o que la violencia doméstica está aumentando en una forma alarmante. Sin embargo, los datos del estudio del IAC de Sevilla y una encuesta

realizada por el Instituto de la Mujer revelan cifras parecidas a las encontradas en otros países occidentales, quizás con la excepción de revelar un mayor nivel de abusos sexuales en la pareja. Ambos estudios realizados en España coinciden en que un 4% de todas las mujeres se consideran maltratadas, mientras que un 8-10% han vivido cosas que según las últimas reformas del código penal se pueden clasificar como maltrato psíquico o físico a lo largo del último año. Estas cifras se encuentran en el mismo nivel que otros países occidentales. En virtud de la relación existente entre la violencia general y la familiar comentada al comienzo de este capítulo, se constata que los países pobres con un alto nivel de violencia en general muestran también niveles más altos de violencia contra la mujer. En África y Sudamérica los malos tratos físicos pueden ocurrir a una mujer de cada tres. Muchos opinan que la violencia en la pareja siempre va a peor. La vulgarización de la teoría de Walker expuesta anteriormente acerca del ciclo de la violencia implica ver este proceso como un proceso inevitable, como un ciclo vicioso de escalonamiento de la violencia hasta que la mujer o se separa de su marido o muere a manos de él. El error consiste en basarse únicamente en historias de mujeres que han llegado a una casa de acogida, que han denunciado los malos tratos a la policía o que han sido asesinadas por su pareja. Así, se llega a analizar

solamente los casos que han acabado mal, y no nos percatamos de que existen familias que nunca progresan en este ciclo de violencia. Esto se observa a través de un seguimiento a familias donde ha ocurrido un solo episodio de violencia, o a través de estudios longitudinales de una muestra representativa de parejas. Esta evolución favorable ocurre con más frecuencia que el espiral irreversible de violencia (Medina 2002 pp. 192-202). Es la violencia recurrente la que ha de ser interrumpida de modo prioritario. Parece ser que la pareja puede en muchos casos solventar episodios únicos de una violencia no grave sin que intervenga el sistema de justicia.

16.5.2. El homicidio en la pareja y su prevención Mientras el fenómeno de malos tratos es ambiguo, y difícil de medir, el homicidio consumado es un hecho contundente, y en teoría de fácil cómputo. El concepto de lo que es una amenaza puede variar entre culturas, pero un homicidio debe llegar a la atención de las autoridades y resultar en cifras comparables. Sin embargo, esto no es así. En muchos países del mundo no se realizan investigaciones policiales ni autopsias en casos de fallecimientos sospechosos. Quien quema a su esposa viva, en países con poca investigación de los hechos, puede fácilmente camuflar este hecho como un accidente en la cocina (Torres Falcón 2001:201) Los datos en este

cuadro proceden de un estudio de la Organización Mundial de Salud sobre causas de muerte, basado en la clasificación internacional de certificados de defunción. CUADRO 16.6. La pareja – una comparación europea

Fuente: Centro Reina Sofía (2002). Los datos muestran las mujeres mayores de 14 años por millón de mujeres fallecidas por violencia de sus parejas.

En este tema estamos limitados a utilizar datos de países occidentales, donde existen estadísticas policiales fiables sobre homicidios consumados según la relación familiar entre víctima y agresor. Los datos del cuadro 16.6 son inquietantes. Uno podría pensar que, cuanto más se rechaza en la sociedad la

violencia en la pareja, menos casos debería haber. También podríamos pensar que, cuanto más igualdad exista en la sociedad en general, menos casos de homicidio contra la mujer deberían producirse. Sin embargo, las cifras parecen evidenciar lo contrario. Los países escandinavos muestran cifras más altas de homicidios en la pareja que las que tiene España. Suecia, con 9 millones de habitantes, suele presentar unos 30 homicidios anuales de este tipo, comparados con unos 60 en España, con sus casi 47 millones. En concreto, desde el año 2000 en adelante, en España se han contabilizado los siguientes asesinatos de mujeres en la pareja: año 2000: 63; 2001: 50; 2002: 54; 2003: 70; 2004: 72; 2005: 60; 2006: 68; 2007: 74; 2008: 73; 2009: 55; 2010: 78; 2011: 66; 2012: 61. Es decir que, según la comparación efectuada en el cuadro 16.6, en proporción, los homicidios son dos veces más frecuentes en Suecia que en España6. Anabel Cerezo, profesora del Instituto Andaluz de Criminología (IAC) de Málaga, analizó 53 homicidios entre parejas cometidos en la provincia de Málaga en el periodo 1984-1994; 30 fueron consumados (56,6%) y 23 intentados (43,4%). De todos los homicidios acaecidos en la provincia de Málaga en ese período, el homicidio entre parejas constituyó el 12,3% del total, y el 50,5% de los acontecidos en la familia. Sólo un 17,1% del total de los

432 homicidios ocurridos en ese periodo de tiempo implicó a desconocidos, algo que coincide con la investigación empírica. La media nacional de homicidios entre parejas es del 13,2% del total de los homicidios que se producen. De los 17 casos en los que se obtuvo información, la mayoría se cometieron en lugares muy densamente poblados, “donde habitan personas de clase trabajadora, un considerable número de ellas en paro y con frecuentes problemas de alcohol y drogas” (p. 328). Otro estudio realizado por el IAC, en Málaga también, señaló una mayor incidencia en esa zona de las llamadas de urgencia solicitando la intervención policial para agresiones en el hogar (Cerezo et al, 1995; Cerezo, 2000). La mayor parte de los homicidios entre parejas tuvieron lugar en el domicilio de ambos miembros (49,1%), seguido de la vía pública (24,5%) y del domicilio de la víctima (15,1%). El arma empleada era, sobre todo, el cuchillo o similar, con cerca del 60% de los casos. “Sólo en un 22,5% de los homicidios entre parejas en los que se cometió el delito con arma blanca el agresor asestó una sola puñalada a la víctima, mientras que en el resto de los homicidios” el agresor propendió a ensañarse con la víctima (58%)” (p. 334). Esta mayor violencia en los crímenes dentro del matrimonio cuenta con abundante apoyo empírico recabado en otros muchos países.

Cerezo también estudió el suicidio de los homicidas. Un total de 10 sujetos cometieron suicidio o lo intentaron (cinco en cada caso), lo que supone el 19% de los homicidas de pareja. ¿Cuál es la razón? Todos los casos, salvo uno, eran varones; además, una proporción mayor de suicidas poseía un arma de fuego, con la que habían matado a su pareja y posteriormente se había suicidado. Los suicidas abundaban más en las parejas que vivían juntas (25,8% de un total de 31) que en las que se habían separado (9,1% de un total de 22). La mayoría atentó contra su propia vida minutos después del homicidio. ¿Hubo premeditación? La mayor parte de los homicidios entre parejas tuvo lugar en el transcurso de una discusión o riña (54,7%), aunque hubo un 11,3% sin determinar y un 34,0% sin una disputa previa. Como conclusiones acerca de los malos tratos y homicidios podemos señalar lo siguiente: 1. Las cifras de homicidios en la pareja en España no son más elevados que los de otros países europeos. España se encuentra más bien entre los países con cifras más moderadas. 2. Países con mucha pobreza y muchos homicidios en general son países donde también existe más violencia contra la mujer. 3. Dentro de los países desarrollados no se puede verificar la hipótesis sobre una supuesta relación entre

homicidios en la pareja y una cultura machista. Algunos países que han avanzado bastante más que España en igualdad de la mujer, por ejemplo Suecia y EEUU, muestran cifras más altas de homicidios en la pareja. Tampoco queda claro que, por ejemplo, la integración de la mujer en el mercado de trabajo reduzca los homicidios. 4. No todos los casos de homicidio en la pareja pueden tener su origen en los malos tratos. En un caso de cada tres de los homicidios ocurridos, no constan malos tratos antes del desenlace fatal (Cerezo, 2000). Algunos de estos asesinatos podrían ser atribuibles a depresiones clínicas, esquizofrenias o tendencias suicidas, donde no ha existido ningún aviso previo en forma de amenaza o maltrato. 5. Alrededor de una mujer por cada trescientas mil mujeres en la población muere a manos de su pareja al año7. Esta tasa, como probabilidad de riesgo en general, es bastante moderada comparada con el riesgo que hay de morir en un accidente: una de cada siete mil mujeres fallece anualmente por causa de un accidente. Ello no significa que 50 ó 60 mujeres asesinadas sean pocas, ya que cualquier asesinato de una mujer, aunque fuera uno solo, es intolerable y debería evitarse a toda costa. Pero aquí reside precisamente la dificultad: ¿cómo evitar que entre 50 y

70 hombres cada año asesinen a su propia pareja? 6. El riesgo de homicidio en la pareja aumenta si la mujer convive con un maltratador celoso y violento, e intenta separarse de él. El aviso previo en forma de malos tratos hay que tomarlo muy en serio, porque aumenta el riesgo considerablemente. Sin embargo, afortunadamente sólo uno de cada veinte mil maltratadores acaba matando a su mujer8. Es decir, si solamente un maltratador entre veinte mil asesina a su mujer, lo que, aunque humanamente sea muy grave, en términos probabilísticos es una tasa muy baja; ¿cómo se pueden predecir y prevenir científicamente estos sucesos? Para ello probablemente es necesaria una hipótesis específica sobre los homicidios en pareja, y no simplemente el verlos como una consecuencia directa y automática del machismo o de los malos tratos. Sin duda, varones que poseen una personalidad impulsiva, violenta y celosa, entre los que se encuentran muchos de los hombres que asesinan a sus parejas, existen en todo tipo de culturas, y este hecho, que contribuye al mayor riesgo de asesinato, es poco modificable por vía penal. Probablemente ninguna campaña para erradicar los malos tratos podrá tener un gran impacto directo en la disminución drástica del número de homicidios. Si los asesinatos de mujeres fueran en aumento (lo que no sucede), o se mantuvieran más o menos estables a lo largo

del tiempo, cómo así parece que ocurre, una hipótesis alternativa podría ser que tal mantenimiento guardara relación (entre otros factores) con el gran número de de separaciones y divorcios existente en la sociedad española (al igual que en otras sociedades desarrolladas), y que la relación entre separación y riesgo de asesinato de pareja pudiera ser mayor cuando es la mujer quien toma la iniciativa de la separación conyugal. De este modo, una mayor frecuencia de rupturas de pareja, algunas de ellas problemáticas, podría estar condicionando el riesgo de agresión grave y, en algunos supuestos, de asesinato. Es decir, mientras que en sociedades más tradicionales, con menor número de separaciones matrimoniales, el número de situaciones de riesgo para la agresión y el asesinato puede ser menor, en una sociedad como la española en la actualidad, caracterizada en muchos casos por una monogamia sucesiva, los riesgos podrían ser tal vez mayores. Tampoco se puede descartar la hipótesis de que el enfado y la ira que surgen cuando se detiene o se da una orden de alejamiento al marido resulten en algunos casos muy peligrosos para la vida de la mujer. Así, si se aplican mal, las medidas que se ponen en marcha para erradicar los malos tratos, podrían conducir paradójicamente a aumentar el número de homicidios, en vez de a reducirlos. Si a un hombre acusado de malos tratos a su mujer o

pareja, además de ordenarle el alejamiento de la misma, también se le niega la posibilidad de visitar a sus hijos, el peligro de actos vengativos desesperados podría aumentar. La expansión del código penal hacia el ámbito familiar ha sido aceptada sin debate no solamente en España (Cerezo, 2010), sino también en otros países. Nuestra hipótesis es que esta expansión penal ha sido coyuntural. No corresponde a los intereses de todas las mujeres, ni siquiera a las necesidades de reprimir de forma efectiva los malos tratos o los homicidios. Los legisladores probablemente se vieron arrastrados en su momento por críticas fundadas sobre la deficiente falta de protección judicial que existía para aquellas mujeres que estaban amenazadas por sus ex parejas. Pero después el legalismo, como siempre excesivo, supo diseñar un sistema de protección a las mujeres en riesgo sin, al mismo tiempo, ubicar todas estas problemáticas en el seno de la gran maquinaria jurídico-penal, pasando en su lugar a definir como delitos de maltrato casi todas las incidencias de agresión verbal o física que pueden ocurrir, esporádicamente, en familias normales, que no necesariamente deban ser calificadas como violentas. Este “bienestarismo autoritario” (Díez Ripollés, 2004) condena muchas prácticas que pueden estar bastante extendidas en familias españolas (y en las familias de

todos los países). Por lo menos un millón de varones españoles podrían ser condenados en el caso hipotético de que sus mujeres denunciaran algún insulto o empujón recibido. Claro que, en una lógica paralela, muchos de estos varones podrían ser también acompañados a prisión por una no pequeña cantidad de mujeres que podrían haber cometido faltas de injurias, vejaciones o malos tratos psicológicos o físicos contra sus maridos o parejas, y, también, por los responsables de de peleas entre hermanos, entre padres e hijos, y con los abuelos. Podrían haberse proveído las mismas concesiones sociales y laborales para mujeres maltratadas sin endurecer el Código Penal, como se ha hecho. Sin embargo, ningún político, por temor a ser estigmatizado como machista, se ha atrevido a sugerir alternativas que no fueran de naturaleza penal. Como comentaba en su día la juez decana de Barcelona, María Sanahuja: “Se está juzgando a padres que le han pegado una bofetada a su hijo porque éste les empujó. Y se les condena por un delito de violencia doméstica. Las riñas entre novios adolescentes están acabando en los juzgados de guardia. No sé si tantos recursos del Estado deben dedicarse a estas cosas” (El País, 12/12/04).

16.5.3. La prevención en la sociedad Con respecto a la pura lucha del sistema penal contra la

violencia hacia la mujer, entonces, el futuro no parece demasiado halagüeño y prometedor. Sin duda que son necesarios los diferentes esfuerzos que la administración de justicia realiza para responder con mayor eficacia ante las denuncias presentadas por las mujeres, así como disponer de mayores recursos asistenciales para atender a las víctimas que precisan refugio y apoyo económico después de su separación, pero todo esto es muy insuficiente, por lo mencionado arriba: la justicia sólo es una máquina lenta y torpe de prestar auxilio. En efecto, estas acciones son a posteriori; se toman en ocasiones mucho tiempo después de que el abuso se ha instalado en la relación sentimental. Criminalizar a todos los varones no supone que los agresores peligrosos van a estar más controlados. ¿Qué hacer? Nuestro punto de vista es que sólo hay dos maneras eficaces de luchar contra la violencia de pareja: o bien enseñamos a las jóvenes a no tolerar, desde la adolescencia, actitudes y actos que se relacionan fuertemente con el abuso en el compromiso afectivo, o bien intentamos que los jóvenes varones desarrollen unas actitudes menos violentas hacia las mujeres. Esto último, a nuestro parecer, debería ser siempre un objetivo de toda sociedad: disminuir la violencia en cualquier país siempre supone reducir el número de jóvenes violentos, ya que la agresión es casi siempre una conducta del sexo

masculino, aproximadamente en una proporción de 10 a 1. Debido a la interrelación existente entre violencia contra la mujer y violencia y fracaso en la sociedad, toda acción que suponga luchar contra la delincuencia y violencia en general supone una ayuda para evitar que existan más hombres iracundos y propensos hacia la violencia como forma de controlar a las mujeres. En particular es vital luchar contra el fracaso escolar y el desempleo juvenil, que están en el núcleo del origen de las carreras delictivas más persistentes. Como hemos dicho, otra estrategia, claramente compatible con la anterior, consiste en insistir en el presente en educar a las jóvenes ante el fenómeno de la violencia de pareja. Cuando pensamos en el futuro sentimental de nuestras hijas, solemos creer que una educación escolar adecuada es la mejor garantía de que sabrá elegir una pareja y, en todo caso, que le permitirá explorar con cierta seguridad el complejo mundo de las relaciones afectivas. Sin embargo, la investigación sobre abuso emocional y físico de las mujeres revela que muchas jóvenes y mujeres adultas plenamente normales y con una sólida educación entran, ante la desesperación de los familiares, en un proceso de degradación personal y social que va unido a un hombre que, sin saber cómo, ha conseguido imponer su voluntad y convertir su vida en una pesadilla (Casas, 2013). Por ello, un programa de

educación ambicioso debe presentar por vez primera lo que los padres y las chicas jóvenes deben conocer para evitar implicarse en esas relaciones. Porque no es cierto que la educación convencional sea suficiente para poder discriminar y prevenir ese tortuoso camino. Por el contrario, se hace necesario conocer cuáles son las actitudes erróneas que las mujeres sostienen para negar la evidencia del inicio de una relación peligrosa, así como los indicadores en el comportamiento de sus parejas que avisan de ese peligro. Además, una posible consecuencia es la existencia de un efecto de contagio en relación con los chicos: serán las propias jóvenes quienes irán moldeando el tipo de comportamientos que los chicos exhibirán para relacionarse con ellas, so pena de quedar marginados de los círculos de relación (tal y como ya pasa con muchos jóvenes que son abiertamente antisociales en los institutos). Por supuesto, tampoco deberíamos despreciar el tratamiento de los agresores de mujeres. Todo ladrillo hace pared. Sin embargo, pretender actuar de modo eficaz en un sentido amplio contra la violencia de pareja mediante el tratamiento de los agresores es como desarrollar una política criminal general confiando exclusivamente en el tratamiento de los delincuentes adultos. Pero, dicho esto, nos apresuramos a decir que existen programas que reducen las tasas de reincidencia

en comparación con grupos de agresores no tratados. Diversos programas de tratamiento con maltratadores, aplicados entre los años ochenta y la actualidad, han mostrado en general mejorías significativas en los sujetos, tanto en la reducción de los factores de riesgo personales más relevantes para los malos tratos (distorsiones cognitivas y justificación del maltrato, actitudes posesivas, ira descontrolada, etc.) como en la disminución de la propia reincidencia del maltrato (Echeburúa y Redondo, 2010). Por ejemplo, Scott y Wolfe (2000) identificaron diferentes variables relacionadas con el cambio de la conducta de maltrato a través de análisis cualitativos de entrevistas realizadas con nueve agresores reformados. Estos hombres habían asistido a una media de 35 sesiones en un grupo de tratamiento “feminist oriented”, y fueron identificados por sus consejeros y sus parejas como hombres que ya no eran maltratadores9. Después de entrevistas de una hora de duración, y de codificar 28 variables, cuatro de éstas aparecieron nombradas por al menos el 75 por ciento de los sujetos un mínimo de dos ocasiones: a) una mayor responsabilidad en la asunción de su conducta pasada de maltrato, b) el incremento de la empatía hacia el dolor causado a su pareja, c) una reducción de la dependencia hacia su pareja, y

d) una mayor capacidad para la comunicación interpersonal, que incluía aprendizaje en técnicas de solución de conflictos, como la detección precoz de la pérdida de control. La dependencia exclusiva del agresor de su pareja se reveló como un importante predictor del maltrato. La investigación sobre este punto deriva de la teoría del apego, que plantea que la violencia es el producto de no poseer un modelo interno seguro que permita tener una relación íntima (Dutton et al., 1994). Así, Bartholomew y Horowitz (1991) sugirieron que los sujetos con un patrón de apego inseguro tenían una alta probabilidad de ser celosos, posesivos y maltratadores, debido a su deseo por el contacto social e intimidad con alguien, y al mismo tiempo su perenne disgusto y miedo de ser rechazados. En España, Enrique Echeburúa y su equipo vienen desarrollando una labor pionera y destacada en este campo, implementando programas avalados empíricamente. Sus resultados, que incluyen la evaluación de 52 hombres encarcelados, señalan que después del tratamiento se produce en los maltratadores una reducción significativa en pensamientos irracionales, ira y hostilidad (Echeburúa, Fernández-Montalvo y Amor, 2006; también, Echeburúa y Fernández-Montalvo, 2009; Echeburúa, Sarasua, Zubizarreta y De Corral, 2009). Mucha gente confiaba en las órdenes de protección

como una respuesta de alta eficacia para evitar las agresiones a mujeres, en particular los homicidios. El problema es que esas órdenes precisan del sistema de justicia para funcionar, y en España la justicia suele estar en una situación de gran saturación de procedimientos de casi colapso. En vez de generar recursos directos para atender de un modo ágil a las mujeres que lo precisan, todas la intervenciones se hacen depender de previas actuaciones de la justicia, cuya característica más destacada no es precisamente la rapidez. Los años transcurridos desde la implantación de la Ley Integral contra la Violencia de Género muestran que las expectativas de eficacia que se pusieron en ella para resolver este problema, en buena medida no se han cumplido. Por ello, más allá de una estricta perspectiva legal, la prevención más eficaz y a largo plazo de la violencia de pareja requerirá la adopción de medidas e intervenciones en los diferentes frentes etiológicos y de riesgo de este complejo problema social y criminal (Echeburúa y Redondo, 2010): 1) prevención general sobre varones adolescentes y jóvenes, incluyendo múltiples iniciativas y pautas educativas relativas a la igualdad de mujeres y hombres, prevención de la agresividad, educación emocional, etc.; 2) prevención específica sobre varones en riesgo de maltrato de pareja, que ya han dado signos de

alerta, particularmente en las primera etapas de noviazgo y de relación de pareja, tales como conductas posesivas, celotipia, alta impulsividad o abuso de alcohol; y 3) prevención, tanto general como específica, con mujeres en riesgo de ser víctimas de violencia de pareja, particularmente de aquellas jóvenes o mujeres adultas en que puedan concurrir diversos factores de vulnerabilidad (chicas muy jóvenes e inexpertas, fuerte dependencia emocional o económica, discapacidad, aislamiento social, etc.).

16.6. MALTRATO INFANTIL Como se dijo al principio de este capítulo, no fue hasta los años 70 del siglo XX cuando, en líneas generales, se pudo apreciar un interés destacado en las desventuras de los niños objeto de malos tratos. Algunas de las razones fueron la violencia propia del decenio de 1960, que “despertó” la conciencia social acerca de sus efectos en niños y mujeres (Gelles y Straus, 1979), así como el trabajo pionero del pediatra C. H. Kempe, quién llevó a cabo un simposio interdisciplinar en 1960 organizado por la Academia Americana de Pediatría, cuyas conclusiones ayudaron mucho a reestructurar las actitudes de los poderes públicos hacia el tratamiento de los niños. Poco después los trabajadores sociales se sumaron al esfuerzo de pedir medidas para hacer frente a este problema. En

1962, Kempe y sus colaboradores acuñaron el término «síndrome del niño maltratado» (battered child syndrome). La problemática del maltrato infantil (en sus distintas variedades, cuyos detalles serán objeto de posterior estudio) puede extenderse a la misma historia de la humanidad, aun cuando no sabemos con exactitud la magnitud que tomó el maltrato en las distintas épocas de su desarrollo. Lo cierto es que las variaciones culturales inciden notablemente en la forma efectiva que toma el maltrato (Obikeze, 1984), lo cual también afecta, como es lógico, a la propia definición legal existente sobre el particular. Por ejemplo, y para resaltar con una situación extrema este punto, Erchack (1984) analizó la violencia familiar en el África rural occidental, y mostró que si bien no podía considerarse un problema notorio el maltrato infantil en esas comunidades, existían sin embargo ciertas prácticas consuetudinarias y rituales que podían calificarse de prácticas crueles con respecto a los niños; era el caso de someter a los niños entre los 7 y 16 años a situaciones de terror en las actividades de iniciación para ciertos ritos, o los castigos violentos ejecutados con las manos o con látigos. En Occidente, la ablación genital a las niñas por parte de ciertas familias es una práctica que produce horror y consternación. En sociedades occidentales avanzadas, es evidente que

el maltrato cubre un rango de actividades mucho más amplio, donde los aspectos psíquicos se integran junto a los físicos a la hora de considerar qué actos han de estudiarse como maltrato. Sin embargo, es posible encontrar patrones comunes en las características asociadas al maltrato infantil en diferentes sociedades y culturas, tanto por lo que respecta a los elementos que cualifican a los grupos de riesgo, como a los efectos del mismo en los niños y en el sistema familiar.

16.6.1. Maltrato infantil: definiciones El interesante trabajo realizado por Finkelhor y Korbin (1988) para la UNICEF, asumiendo la perspectiva internacional que inspiró la Convención de los Derechos del Niño (promulagada por Naciones Unidas en 1989) ofrece una serie de definiciones dignas de tenerse en cuenta, que se presentan en el recuadro siguiente. LA REALIDAD CRIMINOLÓGICA: Tipos de Maltrato (Finkelhor y Korbin, 1988) Maltrato físico: “se define como la violencia y otras acciones humanas no accidentales, proscritas, que ocasionan sufrimiento en el niño y que son capaces de causar heridas o lesiones permanentes para el desarrollo o el funcionamiento”. Dentro de esta categoría, el maltrato físico puede adoptar diversas formas: niño golpeado por sus padres, niño golpeado en instituciones, homicidio infantil, niños víctimas de hostilidades grupales, y niños lesionados permanentemente a causa de rituales culturales o de prácticas de crianza infantil. Negligencia física: ”se define como la privación o ausencia de provisión de los recursos necesarios y socialmente disponibles debido a acciones humanas proscritas de los padres o responsables que suponen la aparición de daños permanentes en el desarrollo o el funcionamiento”. Las modalidades que pueden ser expresión de negligencia física son: negligencia paterna, negligencia institucional y la negligencia

selectiva y discriminatoria. Abuso sexual: “cualquier contacto sexual entre un adulto y un niño sexualmente inmaduro (definida esta madurez sexual tanto social como psicológicamente), con el fin de la gratificación sexual del adulto; o bien, cualquier contacto sexual con un niño realizado a través del uso de la fuerza, amenaza, o el engaño para asegurar la participación del niño; o también, el contacto sexual para el que el niño es incapaz de ofrecer su consentimiento en virtud de la edad o de la disparidad de poder y la naturaleza de las relaciones con el adulto”. El abuso sexual puede manifestarse, según estos autores, de diversas maneras: relaciones sexuales entre padres e hijos, explotación sexual por otros miembros familiares o tutores, violación infantil, prostitución y pornografía infantil. Maltrato y negligencia emocional o psicológica: se trata del concepto sobre el que existe un menor acuerdo en la definición de sus elementos. Garbarino y sus colaboradores lo han definido como “la intención destructiva o el daño significativo ocasionado en la competencia del niño a través de actos tales como el castigo de la conducta de apego, el castigo de la autoestima, y el castigo de las conductas necesarias para una interacción social normal”. Las conductas propias del maltrato emocional incluirían el rechazo, el aislamiento, el aterramiento, la indiferencia, la corrupción y el manejo del niño como un adulto.

Este capítulo no trata del abuso sexual, ya que fue examinado en otra parte de este libro.

16.6.2. La familia y el maltrato: una relación oscura La violencia entre los miembros de la familia, particularmente en la forma de maltrato infantil, aun siendo una constante en todas las épocas y culturas, emerge como problema social grave en las últimas décadas. ¿Cuál es la verdadera incidencia y amplitud del maltrato? ¿Nos encontramos, hasta la fecha, ante la punta de un profundo iceberg, que progresivamente emerge?

¿Aumentan o decrecen los malos tratos a la infancia? Para responder a estos y otros interrogantes, y antes de ofrecer algunas estadísticas orientativas del panorama mundial de la incidencia de este problema, será conveniente saber que son muchas las dificultades a las que se enfrentan los estudios epidemiológicos sobre el maltrato infantil. En un importante trabajo de evaluación de la literatura especializada en este tema hasta principios de los años ochenta, Plotkin el al. (1981) mostraron, sobre la base de 270 artículos revisados, el discutible valor científico de los mismos debido a la escasez de estadísticas disponibles para el conocimiento de la incidencia y prevalencia de los malos tratos, y por la falta de fiabilidad en la medición del maltrato. Parece evidente esta cuestión si pensamos que son pocas las estadísticas oficiales fiables y homologables de que disponemos sobre el fenómeno de los malos tratos, si exceptuamos los países del ámbito anglosajón. La metodología introducida por las agencias encargadas de la detección de los malos tratos condujo a propagar diversos «mitos» y sesgos a la hora de considerar la incidencia real del maltrato. Uno de ellos —como señalaban Kempe y Kempe (1979)— era la consideración social de que el maltrato era un fenómeno infrecuente y raro. Por otra parte, la creencia que definía la violencia en la familia y el maltrato infantil como un fenómeno de clase parecía

también discutible, si bien la literatura internacional apoyaba una mayor incidencia de los malos tratos en las clases desfavorecidas (Wolfe, 1987). Diversos autores han señalado en este sentido, que la relación causal entre clase social baja y maltrato familiar puede acusar el evidente etiquetado de que son objeto las familias más desfavorecidas y marginadas por parte de las instituciones oficiales. Según Gelles (1982), la profesión del padre influiría el parecer del médico sobre la sospecha de malos tratos. Otros factores relacionados con este problema son la renuencia que muchas personas tienen a la hora de inmiscuirse en la vida privada de otras familias, y la natural tendencia que tienen los niños cuestionados a revelar los malos tratos sufridos por temor a ser castigados o disgustar a sus padres. Es de justicia, sin embargo, señalar que en los últimos años los profesionales que atienden a los chicos están mucho más alerta, en los exámenes médicos o en las revisiones escolares, ante la posibilidad de que un niño pueda haber sido víctima de malos tratos. Teniendo en cuenta las limitaciones que la investigación sobre la incidencia del maltrato presenta, podemos ofrecer, de forma orientativa y resumida, algunos datos sobre el fenómeno, que fueron recogidos en estudios diversos. Las dificultades expuestas sobre la fiabilidad en

el conocimiento real del maltrato aparecen en primer lugar en Estados Unidos, país pionero en la investigación al respecto. Mientras el clásico estudio del Gil (1970) recogiendo datos sobre los años 1965-1969 afirmó que el maltrato infantil no constituía un grave problema social en la infancia de EE UU, por otra parte Kempe y Kempe (1979) consideraron equivocada tal percepción, ya que en el estudio de Gil sólo se habían registrado casos de maltrato físico denunciados ante la ley. Straus, Gelles y Steinmetz (1980) —resaltando el alto nivel de violencia sobre la infancia en aquel país— situaron entonces entre 1.4 y 1.9 millones (140 por 1.000) los niños en riesgo de ser víctimas de malos tratos (citado en Wolfe, 1985). En cuanto a la incidencia en países europeos, las estadísticas sobre el problema son escasas y poco fiables, si exceptuamos algunos estudios realizados en Gran Bretaña por la National Society for the Prevention of Cruelty to Children. Así, en la evaluación de su estudio epidemiológico realizado en los años 1977-1982 en el Reino Unido, Creighton (1985) señaló cómo en este país se había producido en los años anteriores a su investigación un descenso de las muertes y lesiones muy graves en niños maltratados, a la vez que había aumentado notablemente el número de niños que presentaban lesiones físicas leves. Esta autora constataba además que los niños recién nacidos de bajo peso, los

niños de poca edad en general y los adolescentes constituían la población más afectada por el maltrato físico, el abandono y el retraso en el crecimiento de origen no orgánico, siendo las niñas entre 10 y 14 años las más afectadas por el abuso sexual. Grupos todos ellos con padres muy jóvenes, inestables en su matrimonio, con alta tasa de hijos, desempleados, con antecedentes penales, etc. Por lo que respecta a España, Fernández del Valle y Bravo (2002) revisaron los trabajos publicados en España en las últimas décadas del siglo XX, que abordaban el problema de saber cuál era la incidencia del maltrato infantil en nuestro país. En primer lugar, los autores comentaron los resultados encontrados en el estudio de Saldaña y cols. (1995), basado en el examen de los expedientes abiertos en los servicios de protección a la infancia de toda España durante los años 1991 y 1992. En conjunto, el número de expedientes analizados ascendió a 32.483, los cuales correspondían a un total de 34.751 niños y adolescentes (el número de expedientes es menor al de víctimas debido a la organización de algunos de ellos por familias). En un total de 8.565 casos se detectó la presencia de algún tipo de maltrato, cifra que supone el 24,6% de los expedientes abiertos y una media anual del 0,44 por mil, respecto a la población infantil española (cuadro 16.7)

CUADRO 16.7. Casos de maltrato detectados por cada tipología Tipología

Frecuencia

Negligencia 6.774 Maltrato emocional 3.643 Maltrato físico 2.579 Mendicidad 800 Maltrato prenatal 431 Explotación laboral 361 Corrupción 361 Abuso sexual 359

Porcentaje 79,1 42,5 30,1 9,3 5,0 4,2 4,2 4,2

Fuente: Saldaña et al. (1995), citado en Fernández del Valle y Bravo (2002).

Comentan los autores que “los datos muestran que la tipología de maltrato más frecuente es la negligencia, presente en el 79% de los niños maltratados durante el período que duró el estudio. Este dato contrasta con la imagen social del maltrato, centrada en las situaciones de maltrato físico, que como se aprecia en los datos, afecta a un porcentaje mucho menor (30%). De hecho, el maltrato emocional también aparece con más frecuencia, en la mayoría de los casos acompañado de otro tipo de maltrato. Como se puede advertir al sumar los porcentajes de cada categoría, el total es superior al 100%; ello se debe a que el 55% de los casos padecían más de un tipo de maltrato, siendo la combinación más frecuente negligencia y maltrato emocional (16%)” (Fernández del Valle y Bravo, 2002). Por otra parte, mencionan un estudio algo más reciente basado en los expedientes de la población que causó baja

en residencias de protección del Principado de Asturias entre los años 1990 y 1995 (Fernández del Valle, ÁlvarezBaz y Fernández, 1999). Dicho estudio ofrece datos similares sobre las causas que motivaron el ingreso de estos niños y jóvenes en centros (N=272). Véase el cuadro 16.8. CUADRO 16.8. Motivos de ingreso en residencias de protección del Principado de Asturias Tipología Negligencia Abandono (incumplimiento) Maltrato emocional Maltrato físico Imposible cumplimiento Problemas de comportamiento Abuso sexual Explotación laboral

Frecuencia Porcentaje 164 139 112 109 101 30 26 15

60,3 51,1 41,2 40,1 37,1 11,0 9,6 5,5

Fuente: Fernández et al., 1999. Citado en Fernández del Valle y Bravo, en prensa.

Los autores a continuación destacan la importancia de la edad (cuadro 16.3). Hay un alto número de expedientes abiertos por maltrato en los más pequeños, especialmente en los menores de un año (supone el 9% del total de la muestra de niños y adolescentes que han sufrido malos tratos); la tasa disminuye notablemente a partir de los 13 años. Como se analiza en el estudio de Saldaña et al. (1995), la negligencia es la categoría más frecuente en todos los grupos de edad, pero especialmente en los más pequeños; en el resto de tipologías (a excepción de los

casos de mendicidad), la incidencia aumenta con la edad. CUADRO 16.9. Tipologías de maltrato en función de la edad Tipología Negligencia Maltrato emocional Maltrato físico Abuso sexual Explotación laboral Corrupción Mendicidad

% de los niños maltratados menores de 2 años

80,0 % 42,8 % 20,7 % 0,6 % 0,5 % 1,8 % 14,8 %

% de los adolescentes maltratados mayores de 13 años

63,1 % 60,9 % 43,6 % 14,2 % 10,9 % 8,3 % 7,5 %

Fuente: Saldaña et al., (1995). Citado en Fernández del Valle y Bravo, en prensa.

16.6.3. Características de las familias según los modelos explicativos del maltrato El preámbulo y el artículo 18 de la Convención de los Derechos del Niño han reconocido que la familia es el lugar natural para el crecimiento y bienestar del niño. El núcleo familiar sería de este modo el ambiente primordial en el cual el niño experimentaría el reconocimiento de sus derechos. Sin embargo, la investigación sobre la violencia familiar ha señalado que la familia es también el lugar más inmediato para la experiencia del riesgo en la infancia, ya sea a través de la victimación o a causa del aprendizaje de conductas antisociales en la misma.

La literatura sobre etiología e intervención en el maltrato infantil se ha servido de tres modelos o teorías para explicar la interacción de los factores individuales, los estilos de crianza y las condiciones ambientales en las familias en riesgo de malos tratos. Cada uno de estos modelos subraya algunos de los déficit peculiares de estas familias, por lo que la síntesis de los mismos nos permite una aproximación ecológica a las situaciones de riesgo familiar (Belsky, 1980; Belsky y Vondra, 1987). El modelo psiquiátrico, pionero en cuanto a las teorías explicativas, centró su interés en las variables individuales de la desviación familiar (Steele y Pollock, 1968). El origen de las conductas violentas encontraría su explicación en los graves trastornos de personalidad de los padres, que les impedirían el control de los impulsos agresivos. La investigación clínica y de carácter retrospectivo en la que se ha basado este modelo, indicó también que las características más importantes de estos padres serían psicopatología, depresión, baja autoestima, historia de malos tratos, rigidez e impulsividad, inmadurez emocional, alcoholismo y drogadicción, retraso mental, inversión de roles, frustración y agresividad crónica. Por otra parte, según este modelo, las estrategias de intervención para el tratamiento de estas familias incluirían la psicoterapia individual o de grupo, la separación del niño de su familia y la atención

institucional. Según la orientación psiquiátrica cualquier tipo de malos tratos podría beneficiarse de estas estrategias. Sin embargo, los límites de este modelo fueron señalados pronto debido a insuficiencias metodológicas y a la ausencia de variables explicativas ambientales y familiares que la literatura posterior asoció más estrechamente con el riesgo de malos tratos (Wolfe, 1985). Las características sociodemográficas y culturales de las familias en riesgo fueron subrayadas en la década siguiente por el modelo socio-cultural. La premisa básica de esta perspectiva se apoya en la idea de que el contexto social y económico de marginación y pobreza, junto a los valores culturales permisivos del castigo corporal, constituirían las variables determinantes de las prácticas educativas agresivas o negligentes (Garbarino y Stocking, 1980). De acuerdo con la explicación sociológica, las características de las familias en riesgo vendrían definidas por las siguientes condiciones de estrés social: pobreza, aislamiento y ausencia de apoyo social, desempleo, insatisfacción laboral, paternidad prematura, elevado número de hijos, hacinamiento y precariedad del hogar, divorcio/separación, paternidad en solitario, tolerancia social del castigo, rol de la mujer en la familia y en la sociedad, etc. Los modelos de intervención basados en el diagnóstico sociocultural han acentuado algunas

estrategias en particular, tales como programas de acción comunitaria, campañas dirigidas a la opinión pública, programas de empleo, y reformas globales de los servicios de bienestar, sanitarios y educativos. Estos servicios parecen ser efectivos fundamentalmente con las familias en riesgo de negligencia de las tareas propias de la paternidad, lo cual es importante porque estas familias que son negligentes con sus hijos parecen elevar de modo importante el que sus hijos se conviertan en delincuentes juveniles (Kazemian et al., 2011). Finalmente, la explicación que ha obtenido un consenso más amplio en la literatura es la ofrecida por el modelo social-interaccional (Burgess, 1979; Parke y Collmer, 1975; Wolfe, 1987). Basado en el estudio empírico de las interacciones familiares y en la teoría del aprendizaje social, este modelo explica la etiología de los malos tratos a través del análisis de los procesos psicológicos (percepciones, atribuciones, afrontamiento del estrés, la expresión del afecto y la ira, la activación emocional excesiva e inadecuada), que condicionan las interacciones entre padres e hijos, y que sirven de mediación entre las variables individuales y los factores ambientales. El estudio de las características conductuales, cognitivas y afectivas de los padres y niños de las familias en riesgo ha permitido conocer una serie de déficits específicos de estas familias. Los más significativos son los siguientes:

pobres habilidades de manejo del estrés y de los conflictos maritales, conocimiento insuficiente de métodos alternativos de disciplina, pobres habilidades para el cuidado del niño (ej. supervisión, nutrición, cuidados médicos), escaso conocimiento de las etapas evolutivas del niño, atribuciones y expectativas distorsionadas de la conducta infantil, pobre comprensión de las formas adecuadas de manifestación del afecto, y mayores tasas de activación emocional (LaRose y Wolfe, 1987). De acuerdo con estos déficit, los programas de intervención basados en este modelo han acentuado los métodos educativos para mejorar la competencia de los padres y los niños, los programas desarrollados en el hogar, los grupos de apoyo, y los servicios comunitarios necesarios (guarderías, programas recreativos, atención en los períodos de crisis), para aliviar las situaciones de estrés familiar (Wolfe, Kaufman, Aragona y Sandler, 1981). La literatura ha señalado, además, la adecuación y efectividad de estas estrategias con aquellas familias que experimentan el maltrato físico y emocional. Ahora bien, Widom (2003) hizo una llamada de alerta en la lucha contra el maltrato infantil que es importante recordar: si bien es necesario identificar de forma temprana aquellas familias donde se produce el maltrato, resulta crítico tener en cuenta también los posibles efectos estigmatizadores de etiquetar a un niño como

“maltratado·” y exponerlo a servicios de atención que puedan dañar sus expectativas de crecer como un niño “normal”. Este peligro se puso de relieve en una reciente investigación de Kazemian et al. (2011), quienes hallaron en el análisis de la muestra longitudinal del estudio Cambridge que el haber sufrido maltrato infantil en forma de negligencia predecía un registro delictivo durante la adolescencia, pero no la delincuencia autoinformada por los propios jóvenes, lo que implicaba que, de algún modo, la atención otorgada a los menores maltratados tenía una relación con el hecho de que luego fueran considerados delincuentes juveniles.

16.6.4. Líneas para la prevención A pesar de todas las dificultades, la investigación realizada sobre el maltrato ha destacado suficientes indicadores para diseñar programas preventivos y terapéuticos. Por ejemplo, sabemos: 1. Que el riesgo de maltrato está asociado a variables de personalidad, sociodemográficas y de la situación familiar. Con respecto a las primeras, los padres suelen ser personas frustradas, autoritarias, impulsivas, poco asertivas, con baja tolerancia a la frustración, escasas habilidades para manejar eventos estresantes, dificultad para expresar afecto y ofrecer protección, inestables emocionalmente, con baja autoestima1, y muchos de ellos,

cuando niños, estuvieron expuestos a una disciplina rígida y fueron víctimas de maltrato; por su parte, los niños suelen presentar algún tipo de retraso psicomotor, agresividad incontrolada y carácter explosivo (Flórez, 1987; Wolfe, 1992; De Paúl, 1994). Las variables sociodemográficas más importantes son los bajos ingresos, la pobreza, la ausencia de apoyos sociales, y el hacinamiento (Flórez, 1987; Garrido y Marín, 1991). El maltrato suele atribuirse a grupos minoritarios con escasos recursos económicos, pero en realidad es un fenómeno que no discrimina entre clases sociales: se da en todos los grupos, aunque en aquéllos donde las carencias sociales y materiales son un mal endémico, el riesgo puede ser mayor dada la cantidad de problemas a los que se enfrentan diariamente (Flórez, 1987; Garrido y Marín, 1991). Finalmente, la situación familiar suele caracterizarse por una fuerte presencia de eventos estresantes, aislamiento, falta de apoyo familiar, bajo nivel educativo, desavenencias conyugales, embarazos no deseados, madres adolescentes, consumo de alcohol, e historias de desempleo o empleo provisional (Christensen et al., 1994; Flórez Lozano, 1987; Meier, 1989; Hotaling, Straus y Lincoln, 1989; De Paúl, 1994). Un trabajo significativo sobre las características de las familias donde ha habido maltrato infantil es el realizado

por Fernández del Valle et al. (1999; citado en Fernández del Valle y Bravo, 2002), que analizó las residencias de protección infantil de Asturias. CUADRO 16.10. Factores familiares en el momento del ingreso Problemática familiar Conducta violenta Desorganización doméstica Dificultades económicas Toxicomanías Desempleo Prostitución Fallecido uno o ambos padres Prisión

Frecuencia (N=272) Porcentaje 205 178 177 154 112 81 61 34

75,4 65,4 65,1 56,6 41,2 29,8 22,4 12,5

Fuente: Fernández del Valle et al., (1999), citado en Fernández del Valle y Bravo (2002)

Aquí vemos —señalan los autores— que es muy alta la incidencia de problemas de violencia en el hogar, unido a una pobre organización y dificultades económicas, siendo elevada la tasa de desempleo en esta población. La presencia de toxicomanías alude principalmente a problemas de alcoholismo en el padre (29% de los casos), aunque también es alta la incidencia de este tipo de dependencia en ambos padres (8%). 2. Que una dinámica familiar poco afectiva y autoritaria, con relaciones agresivas entre sus componentes y prácticas de crianza inconsistentes y erráticas, inciden en el bajo autocontrol de los niños y en su desobediencia; esto a su vez conlleva un incremento de la hostilidad y un

modelado de la agresión como recurso eficaz y válido para hacer frente a los conflictos interpersonales y las tensiones diarias (Wolfe, 1992; Sarasua, Zubizarreta, Echeburúa, y De Corral, 1994). De hecho, existen familias que aceptan que el castigo físico severo, en ciertas circunstancias, es una medida disciplinaria acertada para controlar y educar a los hijos (Flórez, 1987; Meier, 1989). En la medida que se experimenta la violencia como parte de la socialización familiar, el riesgo de convertirse en una futura persona con conducta violenta antisocial se incrementa. Feshbach (1980), por ejemplo, mantiene que “el mejor predictor de la violencia juvenil es la socialización en una familia donde la violencia… es un hecho común” (p. 56). Parece lógico, si la agresividad forma parte de los patrones de conducta habituales en la familia, el niño no sólo carece de modelos prosociales de los que aprender, sino que tiene más oportunidades de imitar las respuestas violentas predominantes de su entorno y adaptarlas a su repertorio conductual. 3. Que el maltrato psíquico o emocional recurrente (insultos, humillaciones, burlas, amenazas, hostilidad verbal, etc.), puede tener efectos incluso más perjudiciales que el maltrato físico por sí mismo (Wolfe, 1992). No obstante, el maltrato verbal suele concluir en maltrato físico (Flórez, 1987).

4. Que los efectos del maltrato no sólo son perceptibles a corto plazo (patologías emocionales y alteraciones nerviosas, trastornos del sueño, del lenguaje y bajo rendimiento escolar), sino que sus consecuencias se mantienen a largo plazo afectando a tres dimensiones básicas del desarrollo del ser humano: la dimensión conductual (v.g., agresividad, pobre autocontrol, hostilidad, desobediencia), la dimensión socioemocional (v.g., pobres vínculos interpersonales, problemas de empatía, dificultad en expresar los sentimientos, retraimiento), y la dimensión social y cognitiva (v.g., pensamiento egocéntrico, aislamiento, soledad, bajo rendimiento escolar) (Flórez, 1987; Wolfe, 1992). Por otra parte, la investigación reciente señala la influencia de los malos tratos en la infancia en el desarrollo de diversas patologías mentales en la edad adulta (Keyes et al, 2011). 5. Y que existe una creciente aceptación de que las experiencias infantiles de negligencia y abuso (físico, psíquico y sexual) pueden desencadenar posteriormente un comportamiento antisocial, violento o delincuente, o al menos ser un indicador de riesgo importante para que esto ocurra (Wolfe, 1992; Florez, 1987; Gray, 1988; Lewis, Mallouh y Webb, 1989; ver Silva et al., 2012, para una discusión de los resultados contradictorios hallados). Es cierto que muchos niños que fueron abusados no se han convertido en delincuentes; pero también lo es, que una

considerable proporción de delincuentes, especialmente los más violentos, fueron gravemente maltratados. Por ejemplo, en un estudio de seguimiento de 4.000 niños que habían sufrido maltrato, se reveló que más de un 20% había sido objeto de procesamiento penal en el plazo de 20 años cubierto por el estudio; un porcentaje probablemente inferior al que verdaderamente se produjo (Newberger, 1982). Por ello, todo esfuerzo preventivo que se haga en esta dirección es importante, al menos por dos razones (Nietzel y Himelein, 1986). La primera, porque el maltrato de la mujer o los hijos es un delito en sí mismo, y especialmente oneroso para la sociedad. La segunda, porque aunque los resultados todavía no son concluyentes en relación a la dirección que sigue el curso desde un hogar abusivo hacia la delincuencia (Wilson y Herrnstein, 1985), lo cierto es que los niños que sufren maltrato presentan una mayor gama de problemas de conducta y de desajustes sociales que los niños sin maltrato, y tienen más probabilidades de convertirse en personas adultas maltratadoras (Besharov, 1987; Lane y Davis, 1987; Flórez, 1987; Hotaling et al., 1989). Para Wolfe (1992: 271) los objetivos básicos de toda intervención, “deben incluir diferentes acciones dirigidas no sólo a interrumpir los patrones de relación familiar desviados, sino también a proporcionar recursos

personales o sociales que aumenten la competencia de los padres en su familia y comunidad”. Algunas de estas acciones podrían ser: enseñar a los padres habilidades de relación interpersonal; técnicas de relajación y de autocontrol de la impulsividad y la cólera, de resolución de problemas, y de enfrentamiento al estrés y a situaciones de conflicto; métodos de crianza y disciplina basados en la comprensión, la seguridad y el afecto; medios de contactar con los servicios de apoyo social existentes; y, programas de estimulación infantil que se centraran en las áreas relacionadas con el lenguaje y las relaciones sociales (Wolfe, 1992).

16.7. MALTRATO A LOS ANCIANOS Tal vez la forma de violencia familiar que fue reconocida con mayor retraso fue el maltrato a los ancianos, fenómeno que dio lugar a la realización de diversos estudios criminológicos y victimológicos en las dos últimas décadas del siglo XX (De Paul y Larrión, 2006). Uno de los primeros acercamientos integrales a este tema en España tuvo lugar en el marco de un curso de verano organizado a mediados de la pasada década por el Instituto Vasco de Criminología (De la Cuesta Arzamendi, 2006). La Organización Mundial de la Salud definió, en su Declaración de Toronto, el maltrato de que son objeto las

personas mayores indefensas por parte de aquellas otras que se encargan de sus cuidado como “aquellos actos, sean únicos, reiterativos, o por omisión, que se produzcan en cualquier relación sobre la base de una expectativa de confianza por parte de una persona mayor, que le ocasionen dolor o sufrimiento” (Acale Sánchez, 2010: 90). Palazón y Oliva (2012) han estudiado desde la perspectiva victimológica el problema de los malos tratos a los ancianos. En su estudio, señalan estos diferentes tipos de malos tratos existentes: Malos tratos físicos. Es el uso de la fuerza física que ocasiona heridas, dolor o lesiones corporales. También pertenecen a esta categoría de abuso las restricciones y confinamientos no pertinentes con medios no apropiados, como por ejemplo, las ataduras realizadas sin las medidas de sujeción recomendadas, o el inadecuado uso de fármacos sin control médico. La alimentación forzada y cualquier tipo de castigo físico. Malos tratos psicológicos/emocionales. Es infligir angustia, pena o estrés a través de actos o palabras. Se pueden reconocer cuando hay agresiones verbales repetidas (gritos e insultos), intimidaciones o amenazas. También acciones denigrantes que hieran o atenten contra la autoestima o la dignidad, como pueden ser el aislamiento, la privación o la infantilización.

Malos tratos de tipo sexual. Incluye todo acto sexual sin consentimiento, la violación, los tocamientos, los atentados contra el pudor, como por ejemplo, el acoso y la realización de pornografía. También cualquier contacto sexual con una persona mayor que sea incapaz de poder dar su consentimiento explícito. Malos tratos económicos/financieros. Es el uso ilegal o indebido de propiedades o finanzas pertenecientes a una persona mayor. Negar el derecho al acceso y control de los fondos personales. Los fraudes, robos o hurtos cometidos por una persona de confianza del anciano. La modificación forzada, coercida o engañosa del testamento u otros documentos jurídicos. Negligencia. Es no atender las necesidades básicas de una persona mayor como son la salud, la alimentación, el vestir, la higiene personal y la vivienda. La negligencia puede ser no intencionada o intencionada, según la conciencia o conocimiento que tenga el que la ejerce. Puede ser activa o pasiva (omisión, cuando se deja de hacer o de actuar en un momento en que se debería). Abandono. Se considera abandono a la deserción completa por parte de la persona que ejerce como cuidador o responsable. Se puede reconocer cuando una persona que depende de otros es dejada en una institución, lugar público o en el propio domicilio, sin supervisión ni apoyo.

No debe confundirse el concepto abandono con el de negligencia ya que en muchos casos hay una confusión semántica al usarse la expresión “está muy abandonado” para expresar descuido o negligencia. Autonegligencia. Cuando el comportamiento de una persona mayor amenaza su propia vida, salud o bienestar, por ejemplo, cuando rechaza una vivienda, comer, lavarse o vestirse. Se reconocen por ser personas que han perdido su capacidad para garantizar su propio bienestar. Quedan excluidas del concepto de autonegligencia las actuaciones voluntarias por parte de una persona mayor competente que realiza conscientemente y por decisión propia estos tipos de comportamientos, aunque sea para llamar la atención; en definitiva, si se trata de una forma de vida que puede parecer negligente a los demás pero de la cual el anciano es plenamente consciente. Vulneración de los derechos. Comprende la pérdida del derecho a la intimidad o privacidad o pertenencias. La negación del derecho a decidir sobre aspectos de la vida privada como casarse, divorciarse, recibir visitas o relacionarse con amigos. Incluye también forzar el ingreso en una residencia o institución así como el desalojo del domicilio propio (acoso inmobiliario). Todas las formas de malos tratos llevan implícita una vulneración de los derechos de las personas mayores y por tanto en este apartado se incluyen solo los aspectos no

contemplados en las demás tipologías y que suponen un maltrato per se. Tal y como indican estos autores, el maltrato a los ancianos ha sido el último delito en ser reconocido como importante, debido a que sus víctimas son grupos vulnerables y con escaso poder social. Pero recientemente las cosas están cambiando: “Prueba de ello es el impulso que Naciones Unidas a través de la OMS viene desarrollando desde 2002, con motivo de la celebración de la II Asamblea Mundial del Envejecimiento. En coordinación con este organismo, la Red Internacional para la prevención del maltrato hacia las Personas Mayores (INPEA), hace público el informe «Voces ausentes» que se ha convertido en referente para la puesta en marcha de procesos de investigación-acción en muchos países del mundo” (Palazón y Oliva, 2012: 5-6). Por desgracia cuestiones de espacio nos impiden ocuparnos con más extensión de este ámbito, el cual no obstante está ahora en sus comienzos por lo que respecta a la investigación. Pero no cabe duda de que el envejecimiento de la población mundial, con un número creciente de personas longevas10, hace del maltrato a los ancianos un tema de gran importancia para victimología de los próximos años. PRINCIPIOS CRIMINOLÓGICOS Y POLÍTICA CRIMINAL

la

1. El hogar es uno de los lugares más violentos en nuestra sociedad. Los investigadores han de afinar sus métodos para comprender mejor la agresión conyugal y de pareja, pero la justicia ha de vencer muchos de sus prejuicios y sus procedimientos obsoletos para responder adecuadamente ante situaciones que, muchas veces, quedan impunes. 2. Los estudios sobre el síndrome de la mujer maltratada nos indican que la mujer permanece largo tiempo en una situación de maltrato por una serie de circunstancias psicológicas y sociales que hacen que se sienta atrapada; en todo caso ella no es la culpable. La intervención del sistema de justicia y de los servicios sociales ha de comprender adecuadamente este fenómeno para intervenir antes de que sea demasiado tarde. 3. Como demuestra la teoría intergeneracional de la violencia, se torna una exigencia de los próximos años prevenir los malos tratos de pareja; no se puede olvidar que muchos agresores y víctimas de malos tratos aprendieron ese estilo de relación en sus hogares, cuando eran niños. Educar en actitudes contrarias al control como sinónimo de amor y a la violencia es una necesidad. La ley por sí sola no parece que pueda acabar con este problema. 4. La criminalidad en la comunidad y en el hogar están relacionadas. Un barrio violento suele tener más hogares violentos que otro con una menor tasa de delincuencia. Ello demuestra que los problemas tienden a asociarse: cuando las personas con un estilo de vida violento se agrupan en mayor medida en una zona determinada, la violencia aumentará dentro y fuera de casa. Las políticas de prevención del delito deberían recordar este hecho. 5. La Ley de Protección Integral contra la violencia de género castiga con mucha severidad a los agresores. Sin embargo, apenas facilita la “neutralización” de los hombres que matarán a sus parejas, mientras que convierte a muchos agresores, de forma indiscriminada, en potenciales sospechosos de lo peor. 6. Los malos tratos a los niños permanecen, en muchos casos, ocultos ante la sociedad y la justicia. A pesar de que en los malos tratos físicos ha habido adelantos importantes en los últimos años en su detección y atención, todavía sólo una pequeña parte responde ante la ley. Además de profundizar en su persecución, es obvio que se trata, sobre todo, de un fenómeno que ha de ser prevenido en su primera manifestación. 7. Sigue siendo una asignatura pendiente en nuestro país la inexistencia de programas de tratamiento para padres que abusan o maltratan a sus hijos. Las condenas a prisión —cuando se producen— no suelen ser respuestas eficaces. Podrían emplearse medidas sustitutivas a la prisión, o cuando menos, emplearse la libertad condicional, como medios para que los agresores tuvieran opción de modificar ese estilo de relación con sus hijos. 8. Los malos tratos y la delincuencia están relacionados; muchos delincuentes sufrieron malos tratos en su infancia. Prevenir los malos tratos es una forma de prevenir la delincuencia. 9. La violencia a los ancianos es un tema que solo recientemente empieza a ser

estudiado por la Criminología. Sin embargo, las personas mayores aumentan cada vez más en la población, y la expectativa es ascendente en los dos próximos decenios. Al alargarse la vida, las oportunidades para que se encuentren aquellos en situación de vulnerabilidad también aumentan, lo que nos obliga a ser vigilantes en la prevención de estos abusos. CUESTIONES DE ESTUDIO 1. ¿Cuál era la perspectiva tradicional acerca de la violencia en la familia? 2. Resume las principales características de los modelos teóricos que han explicado el maltrato a la mujer. 3. ¿En qué consiste la teoría de las tres etapas de L. Walker? 4. ¿Cuáles son los elementos comunes que existen entre la violencia familiar y la comunitaria? 5. ¿Cuáles son las ideas más importantes para la prevención del maltrato a la mujer? 6. ¿Qué se puede concluir de los modernos estudios desarrollados en España? 7. ¿Cuántos tipos hay de maltrato infantil? 8. ¿Qué factores de riesgo se asocian con el maltrato, tanto en las familias como en los niños? 9. ¿Puedes hacer un perfil del sujeto que maltrata a los niños? 10. ¿Qué teoría parece explicar mejor el fenómeno de los malos tratos? 11. ¿Cuáles son las líneas fundamentales para la prevención de los malos tratos? 12. ¿Qué tipos de malos tratos pueden aplicarse a los ancianos?

1 En su libro Manual de violencia familiar (1998, Siglo XXI), Echeburúa y Paz del Corral presentan de forma rigurosa y sencilla los conocimientos más recientes para los especialistas en el tratamiento de agresores y víctimas de este delito. 2 La formidable corrupción urbanística en Marbella, cuyo expediente judicial empezó a instruirse en 1991, no llegó a los tribunales hasta 2005. 3 Entre otras cosas, esta Ley resuelve el problema procesal de averiguar lo que son los malos tratos habituales. Antes, entre 1995 y 2003, habría que probar la existencia de una serie de episodios de violencia física. Cada uno de estos constituían una mera falta, mientras la habitualidad lo convertía en un delito, que podría dar lugar a decretar prisión provisional y penas de cárcel. Sin embargo no era nada fácil documentar una serie de episodios violentos. Una bofetada, por ejemplo, no deja huellas visibles si uno no acude al médico inmediatamente. La Ley 11/2002 resuelve este problema de una forma radical.

4 Los órganos judiciales tramitaron 76.267 denuncias por malos tratos familiares en el año 2003. Estos casos desbordan los juzgados de instrucción. 5 Suecia: Brottsbalken 4. kapittel 4a §, introducido el 1 de julio de 1998. Noruega introdujo un reforzamiento de su CP el 21 de diciembre de 2005, en su artículo (§) 219. Ambas reformas tipifican la violencia habitual, incluyen la violencia psíquica y endurecen los castigos. Para la situación anterior véase La violencia en el entorno doméstico: un análisis de derecho comparado en Europa / Miguel Domingo Olmedo Cardenete En: Estudios penales sobre violencia doméstica / Coord. por Lorenzo Morillas Cueva, 2002, ISBN 84-8494-051-9, pp. 609-658. 6 El otro extremo es Islandia, un país con 290.000 habitantes, donde puede pasar un año sin un solo homicidio. La única forma de incluirlo en la tabla es utilizar datos sobre una década entera. Han ocurrido dos homicidios en la pareja en Islandia durante los últimos 10 años. En ambos casos, la víctima fue un varón y la autora una mujer. 7 En total viven 23,7 millones de mujeres en España, de las cuales entre 50 y 70 mueren al año asesinadas por su pareja o expareja, es decir alrededor de una de cada 400.000 mujeres en la población. 8 Este cálculo está basado en el caso español, a partir de un número estimado de unos 13 millones de matrimonios y parejas de hecho. El razonamiento es el siguiente: ocurren malos tratos en algo más de un millón de parejas, de las cuales unas 60 acaban anualmente en un homicidio de la mujer, es decir que la probabilidad de asesinato en parejas con historia previa de maltrato puede ser de 1:20.000. Los restantes 20 homicidios de la pareja que pueden producirse suelen ocurrir sin aviso previo en forma de malos tratos. Véase también cálculos sobre la certeza de las amenazas de matar a la mujer en Sherman, 1991:87. 9 Es interesante señalar que el programa, desarrollado en la Agencia “Change Ways”, de Londres, en Canadá (no Inglaterra), tenía dos fases: la básica (de 20 semanas) y la avanzada (14-20 semanas). Sólo del 20 al 30 por ciento de los sujetos que asistían al curso (voluntarios y enviados por el tribunal), pasaban a la segunda etapa. 10 En la actualidad el 16.7% de la población española tiene más de 65 años, y según las expectativas demográficas del Instituto Nacional de Estadística (INE), la proporción llegará al 27% en 2039. Ver:

http://www.ine.es/inebmenu/mnu_cifraspob.htm#4.

17. DELINCUENCIA ECONÓMICA Y CRIMEN ORGANIZADO 17.1. LA DELINCUENCIA ECONÓMICA O DE CUELLO BLANCO 783 17.1.1. Definición y tipos 785 17.1.2. Teorías de la delincuencia de cuello blanco 787 17.1.3. Los delincuentes y su psicología 789 17.1.4. El fraude telemático 794 A) Un círculo más amplio de víctimas potenciales 798 B) Conclusiones a la delincuencia telemática o ‘cibercrimen’ 800 17.1.5. Corrupción en la administración pública 800 17.1.6. Modalidades de la corrupción 801 17.1.7. Las explicaciones de la corrupción 803 17.1.8. La prevención y respuesta ante el delito de cuello blanco o económico 807 17.2. CRIMEN ORGANIZADO 808 17.2.1. Un mercado internacional 814 17.2.2. Los integrantes de los grupos mafiosos 816 17.2.3. La respuesta ante el crimen organizado 818 17.2.4. ¿Se puede acabar con el crimen organizado? El caso de México 820 17.3. CONCLUSIONES 823 PRINCIPIOS CRIMINOLÓGICOS Y POLÍTICA CRIMINAL 824 CUESTIONES DE ESTUDIO 825

En este capítulo nos ocupamos de dos modalidades de delincuencia que, desgraciadamente, en este segundo

decenio del siglo XXI gozan de excelente salud: la delincuencia económica, financiera, o de cuello blanco, y el crimen organizado. Debido a la progresiva expansión de este último, parte de su actividad ilegal se auxilia del concurso de políticos y empresarios, quienes colaboran en el lavado de dinero resultante del tráfico ilícito de drogas, mercancías o personas. Es decir, en la actualidad hay crecientes conexiones entre el delito económico y el crimen organizado, y la suma de ambas amenazas constituye un gravísimo problema para la estabilidad y prosperidad de todas las naciones del mundo, en mayor o menor medida, así como una causa poderosa para el sufrimiento humano.

17.1. LA DELINCUENCIA ECONÓMICA O DE CUELLO BLANCO Muchos consideran al derecho penal como un instrumento para controlar a los pobres y marginados, mientras que a las infracciones cometidas por personas poderosas y con buen nivel social se responde de una forma más suave y discreta. Por desgracia la crisis económica en la que está inmersa el mundo occidental desde el año 2008 está ofreciendo muchos ejemplos de la gran dificultad que tienen los estados para combatir la corrupción y las prácticas delictivas en el mundo de la economía y la práctica financiera. En parte esa dificultad

viene dada porque algunas de esas prácticas son inmorales, pero no delictivas. Por ejemplo, todos hemos sido testigos de cómo ejecutivos que llevaron a diversos bancos a la ruina se retiraron de sus cargos cobrando unas indemnizaciones millonarias. Y no cabe duda de que las personas que ostentan un lugar prominente tienen mayor facilidad para quedar libres de cargo, aunque solo sea porque representan estilos de vida aceptados por muchos de los que comparten su esfera laboral: el anterior presidente del Tribunal Supremo de España, Carlos Dívar, fue forzado a dimitir cuando fue incapaz de explicar en qué estaba trabajando cuando gastaba cuantiosas sumas de dinero en un hotel de lujo en Marbella a cargo del erario público, pero la acusación penal no prosperó Por otra parte, sobre la delincuencia económica existe menos documentación pública en forma de estadísticas y sentencias, por la propia naturaleza compleja de los delitos que se cometen. Es mucho más fácil entrevistar a un grupo de delincuentes comunes en la cárcel y complementar la información que tiene la policía sobre su forma de delinquir que a un grupo de delincuentes económicos. Los implicados suelen estar poco dispuestos a abrir sus archivos a la ciencia, o a participar en entrevistas o encuestas. Junto a esto, las actividades realizadas en entramados financieros y políticos también son más arduas de estudiar. No obstante, hay que decir

que nuestro conocimiento de estos delitos han aumentado de modo importante en los últimos años, porque ha ido creciendo la comprensión de los graves daños que causa esta delincuencia a la sociedad.

17.1.1. Definición y tipos La investigación criminológica del mundo empresarial empezó cuando Edwin Sutherland lanzó el concepto de “La delincuencia de cuello blanco” en un artículo publicado en el año 1939. Utilizó el concepto en una forma poco precisa refiriéndose a la delincuencia de: “Personas respetables o, en último término, respetadas, hombres de negocios y profesionales… La delincuencia de cuello blanco en el mundo de los negocios se manifiesta sobre todo bajo la forma de manipulación de los informes financieros de compañías, la falsa declaración de los stocks de mercancías, los sobornos comerciales, la corrupción de funcionarios realizada directa e indirectamente para conseguir contratos y leyes favorables, la tergiversación de los anuncios y del arte de vender, los desfalcos y la malversación de fondos, los trucajes de pesos y medidas, la catalogación errónea de las mercancías, los fraudes fiscales y la desviación de fondos realizada por funcionarios y consignatarios” (Sutherland, 1993b: 219 y 222).

En este artículo, y con más profundidad en un libro posterior (1949), Sutherland aplicó su teoría de la asociación diferencial (véase capítulo 8) sobre la delincuencia económica. Las prácticas delictivas de representantes de grandes empresas eran, según él, aprendidas, directa o indirectamente de quienes ya las

ejercían. En este libro define el delito de cuello blanco como un “delito que es cometido por una persona de consideración y elevado estatus social en el desarrollo de su profesión”. Esta definición incluye un amplio abanico de actividades, matizado y dividido en varias subcategorías por autores posteriores. Esta definición de Sutherland fue criticada por ser poco específica y por centrarse demasiado en la figura del delincuente y poco en los delitos. Una definición más actual sería la siguiente: “El delito de cuello blanco es un acto ilegal o una serie de actos ilegales cometidos con ocultamiento y engaño, con objeto de obtener dinero y propiedades, evitar perder dinero o propiedades, o para obtener una ganancia para uno mismo o para su empresa” (Brody y Khiele, 2010: 351-352). Aquí vemos que el énfasis ya no se pone en la característica de ser alguien importante, director o ejecutivo, porque se reconoce el hecho de que el autor puede ser también un individuo en una posición subordinada dentro de una empresa. Otra cuestión que aparece en esta definición es que el beneficiario de la acción delictiva puede ser el sujeto o la empresa para la que trabaja o posee. Esta división da lugar en realidad a dos tipos de delincuencia económica o de cuello blanco, recogidos por Clinard y Quinney (1994), quienes distinguen entre la “delincuencia corporativa”, para abarcar delitos cometidos por representantes de

grandes empresas para mejorar la situación económica de éstas, y la “delincuencia ocupacional”, que comprende los delitos cometidos por individuos en su interés particular, aprovechándose de su posición en la empresa, y con frecuencia dirigidos contra la empresa misma. Por ejemplo, un sujeto puede vender tecnología desarrollada en su organización o información privilegiada sobre sus próximas operaciones a empresas de la competencia. O de un modo más tradicional y sencillo, trabajadores y proveedores pueden sustraer de las empresas para las que trabajan productos para su venta y obtener así un beneficio económico extra. El Código penal español distingue entre la apropiación indebida de caudales públicos y privados. Si la actividad se dirige contra una persona o una compañía privada, se tipifica como hurto o apropiación indebida, según las circunstancias. Si se trata de autoridades o funcionarios públicos que desvían fondos públicos, el delito es el de malversación de caudales. Bajo la rúbrica de delincuencia de cuello blanco o delincuencia económica se incluye entonces una lista muy amplia de acciones delictivas, tales como violaciones de las leyes de la competencia, fraudes bancarios, quiebras fraudulentas, sobornos, fraude a los consumidores, estafas mediante internet, estafas mediante el uso ilegítimo telemático de cuentas bancarias y tarjetas de crédito,

espionaje industrial, corrupción política, chantaje y extorsión, estafas económicas (por ejemplo el famoso “esquema o pirámide de Ponzi”), etc. Todos estos actos ilegales tienen como común denominador que el autor obtiene una ganancia a partir de una víctima que no sospecha que está siendo engañada (otra cuestión es si tal víctima debiera haber sido más diligente en sus acciones, lo cual es obviamente otro asunto). Por su parte, Pickett y Pickett (2002) describieron el delito financiero como el uso del engaño para obtener una ganancia ilegítima, normalmente abusando de la confianza de los demás y ocultando la naturaleza verdadera de sus intenciones. Ellos usan los términos delito financiero, delito de cuello blanco y fraude como sinónimos. El delito financiero suele implicar algún tipo de fraude, además de otras actividades como estafas, lavado de dinero, robo de identidad, evasión de impuestos, ataques cibernéticos y sobornos. Una cuestión importante es que el delito financiero puede a su vez acompañarse de delitos más tradicionales como agresión, robo e incluso asesinato. Las víctimas son muy numerosas, desde individuos a instituciones, corporaciones, gobiernos e incluso la economía total de un país (Gottschalk, 2010). Se entiende así la extraordinaria importancia de la delincuencia de cuello blanco, que puede afectar a todos

los niveles e instituciones de la sociedad. Michel (2008) señala que esta delincuencia está motivada o impulsada por la oportunidad, actuando de forma flexible de acuerdo con el tipo de delincuentes implicados: la oportunidad emerge cuando gente sin escrúpulos se puede aprovechar de una debilidad o fallo del sistema. Por ejemplo, en un periodo reciente en España determinados bancos se dedicaron a estafar a clientes poco alertados del riesgo que corrían mediante la venta de activos financieros de alto riesgo. Cuando los bancos se hundieron, el clamor de los afectados puso de relieve las prácticas engañosas de los bancos, y la justicia tuvo que intervenir, al igual que el Estado, quien legisló para impedir que esa práctica de venta de activos pudiera realizarse del modo en que se había llevado a cabo hasta esos momentos. La delincuencia de cuello blanco contiene los siguientes componentes (Pickett y Pickett, 2002): 1. Emplea el engaño: la mentira, el ocultamiento, la manipulación de la verdad. 2. Es intencional: el fraude no es el resultado de una negligencia o un error, sino que es el resultado de un plan premeditado para obtener un beneficio ilegal. 3. Supone la quiebra de la confianza, que es el elemento fundamental que está implícito en la práctica comercial o pública honestas. 4. Supone pérdidas, tanto de dinero, propiedades u otro

tipo de ventajas o ganancias. 5. Puede quedar oculto: el delito de cuello blanco puede quedar oculto de forma indefinida. La realidad y la apariencia no siempre coinciden; por consiguiente, cada transacción de negocios, contrato o acuerdo puede ser alterado para dar una apariencia de regularidad, lo que puede resultar en que el delito continúe durante años.

17.1.2. Teorías de la delincuencia de cuello blanco Clinard y Quinney (1994) resumen y aplican varias teorías criminológicas a la delincuencia de cuello blanco. Aparte de la teoría de la asociación diferencial de Sutherland, es también de utilidad la teoría de oportunidad diferencial de Cloward y Ohlin (véase capítulo 6). Una empresa persigue un fin claramente definido y socialmente aceptable: el beneficio. Si los ingresos son menos elevados que los gastos, la empresa se hunde. Si la empresa no puede ganar dinero en una forma legítima, lo conseguirá con fraudes o subvenciones públicas fraudulentas, falsificaciones o adulteración de productos. Igual que la delincuencia juvenil puede considerarse una forma ilegítima de conseguir bienes que no se obtienen en una forma legal, la delincuencia corporativa puede ser considerada una forma ilegítima de

conseguir el beneficio empresarial. También se pueden aplicar a este sector delictivo las teorías sobre subculturas (capítulo 6) de manera que cabe decir que se desarrollan unas normas éticas dentro de la empresa que contrastan con los valores dominantes en la sociedad. Además, se pueden utilizar también las teorías sobre el delito como elección (capítulo 10), y ver la infracción de normas que regulan la actividad económica como algo lógico. El enfoque, según esta perspectiva, no está en la explicación de la conducta delictiva, sino en un análisis del sistema de control que puede refrenar la actividad empresarial ilícita. En el apartado siguiente presentaremos una teoría integrada que emplea el concepto de “oportunidad para el delito”, concepto destacado dentro del paradigma del delito como elección racional. Debido a que pone el énfasis en el componente cognitivo de la acción delictiva, la pasamos a exponer en el siguiente apartado donde nos ocupamos de la psicología de este tipo de delincuente. ¿Hay más delincuencia de cuello blanco en épocas de crisis económica? Una postura se basa en considerar que las normas éticas de la profesión tienden a derrumbarse en situaciones de crisis económica. Shaw y Szwajkowsky (1975) estudiaron 500 empresas durante un período de 5 años, y concluyeron que las que tuvieron dificultades económicas fueron las que más infracciones cometieron.

Clinard y Yeager (1980) y Sally Simpson (1987) introdujeron más matices. En su estudio constataron que todas las compañías podían cometer infracciones, pero que las infracciones eran más graves cuando se producían en un contexto de crisis de crisis económica. Ahora bien, esta opinión tiene sus detractores, porque en épocas de bonanza muchos sujetos pueden hacer uso de recursos económicos para corromper y obtener cuantiosos beneficios económicos al calor de la prosperidad de muchos negocios rápidos. España ha sido un buen ejemplo en años recientes. Stangeland (1980) opina que las empresas grandes y poderosas tienen muchas más posibilidades de ejercer presión política y conseguir leyes, decretos y reglamentos que les favorezcan. No tienen que violar la ley con tanta frecuencia, porque la normativa suele estar hecha a su gusto, es decir, a favor de las grandes entidades y en detrimento de la pequeña empresa. Por desarrollarse en los EEUU, donde el sector público interviene menos en actividades económicas, la investigación criminológica se ha concentrado generalmente en la empresa privada, especialmente en las grandes corporaciones. Las prácticas corruptas en el sector público han sido vistas como un tema aparte. En España, donde una parte más considerable del producto nacional se gestiona por el Estado, debe tomarse más en

consideración el entramado entre políticos, funcionarios públicos y las empresas privadas en el desarrollo de los delitos económicos. Cuando, por ejemplo, una compañía constructora paga una cantidad en efectivo a un político que le ha facilitado un contrato de obra, estamos frente a un delito de cohecho, una figura delictiva en la que incurren ambas partes. Además, puede ser que el político cobre esta comisión ilegal en nombre de un partido político, mientras que en realidad solamente una pequeña parte se destine a actividades políticas, y él se quede con el resto. Estamos hablando de un solo hecho que constituye corrupción política, delincuencia corporativa y delincuencia ocupacional a la vez. No se pueden analizar estos fenómenos por separado si verdaderamente forman un conjunto.

17.1.3. Los delincuentes y su psicología Un cambio importante acerca de la percepción del delincuente de cuello blanco tiene que ver con el nivel social económico que ostenta. Como señalamos anteriormente, ciertos tipos de delitos como fraude telemático, robo de identidad, fraude por correo y otros no han de ser cometidos por grandes ejecutivos o empresarios. Brody y Kiehl (2010) dicen que estos delincuentes se pueden diferenciar poco de los delincuentes comunes, salvo por el hecho de que pueden

disponer de una mayor educación y son mucho más difíciles de rastrear porque pueden estar cometiendo los delitos a miles de kilómetros de donde reside la víctima. Otro punto de interés se relaciona con la aparente no violencia de tales delitos. Actualmente sabemos que en esta delincuencia puede haber mucha más violencia de la esperada. Por ejemplo, en una investigación desarrollada por Weisburd y Waring (2001) que examinó a una muestra de delincuentes de cuello blanco sentenciados por tribunales federales, halló que el 9.3% de los reincidentes habían sido arrestados por vez primera por haber cometido un delito violento. Además, otro 24.5% tenía antecedentes por delitos violentos. La razón de esos actos violentos varía, pero es muy habitual emplear la agresión e incluso el asesinato cuando se tiene miedo de que se le descubra; es decir, se golpea y se mata para seguir manteniendo el fraude y el engaño. Perri y Lichtenwald (2007: 18) han acuñado la expresión “delito de cuello rojo” (red-collar crime) para señalar a los delincuentes de cuello blanco que no dudan en emplear la violencia para proteger sus acciones ilegales y evitar ser detenidos por la justicia: “Este subgrupo lo denominamos como delincuentes de cuello rojo porque se mueven en el ámbito del delito de cuello blanco y, con el tiempo, caen en el delito violento. En aquellas circunstancias donde se sienten amenazados y temen ser

descubiertos, los delincuentes de cuello rojo cometen actos brutales de violencia para silenciar a la gente que han detectado sus engaños, en prevención de que sean descubiertos”. Estos delincuentes, a juicio de estos autores, recurren a la violencia porque perciben “la detección del fraude como una amenaza existencial, un golpe a su autoestima y, consecuentemente, actúan para protegerse” (2007: 24). Pero no solo esto: también resulta una buena razón para optar por el crimen las enormes pérdidas que conlleva su detección como delincuente de cuello blanco: ruina económica, quizás pena de prisión, pérdida del estatus social, etc. El tránsito del fraude al crimen actuaría como una huida hacia delante: frente a las posibles pérdidas que el delincuente contempla con creciente obsesión, las racionalizaciones para justificar el acto violento (ejecutado o encargado por él) cada vez son menos necesarias, porque llega un momento en que está convencido de que solo tiene esa posibilidad. Aunque la personalidad del delincuente de cuello blanco ha sido menos estudiada que la de los delincuentes comunes, en los últimos años ha habido un mayor interés por comprenderla. En la cultura actual la prosperidad económica está tan relacionada con el bienestar personal que nadie está libre de sufrir los conflictos que provoca el manejo del dinero y de las propiedades que comporta. Con frecuencia esos conflictos evocan nuestras

ansiedades en torno a cuestiones como autonomía, responsabilidad, orgullo y rechazo. El dinero es “un símbolo de las aspiraciones, fantasías y deseos del individuo” (Wachtel, 2003: 107). Para algunas personas, sin embargo, esas aspiraciones incluyen adquirir bienes y/o poder a toda costa, o al menos transgrediendo las normas y las leyes. ¿Cómo son capaces de engañar y traspasar esos límites? Para responder a esa pregunta Kieffer y Sloan III (2009) plantearon la hipótesis de que los delincuentes de cuello blanco, como los comunes, emplean las técnicas de neutralización descritas por Sykes y Matzda (1957) como uno de los factores esenciales en la decisión de delinquir. Tales neutralizaciones (también denominadas racionalizaciones y justificaciones) permiten al individuo superar el escrúpulo moral asociado al acto ilícito mediante la minimización de la culpa y la protección de la autoestima; básicamente el delincuente de cuello blanco tiene que decirse que “no hay nada realmente malo en lo que estoy haciendo”. En su estudio de las técnicas de neutralización, Kieffer y Sloan III (2009) utilizan el modelo teórico desarrollado por Cressey (1953), según el cual era necesaria la presencia de tres elementos para que un sujeto cometiera una estafa (embezzlement): un problema financiero personal, el conocimiento y la oportunidad para realizar el

delito y la capacidad para racionalizar sus acciones. Posteriormente, los investigadores de fraudes recogieron estas ideas para desarrollar lo que es comúnmente conocido como el “triángulo del fraude” en su objetivo de entrenar a los policías especializados en los delitos de cuello blanco (ver cuadro 1). CUADRO 17.1. El triángulo del fraude (Fuente: Kieffer y Sloan III, 2009).

Siguiendo la aportación de Cressey, Coleman (2001) desarrolló una teoría integrada del delito de cuello blanco. Tal y como se lee en el cuadro adjunto, se necesitan tres elementos para que ocurra este delito. La motivación hace referencia a la razón que alguien tiene para emplear una actividad ilegal, e incluye el influjo de una sociedad que fomenta la cultura de la competición, donde puede llegar

a tolerarse (o al menos a no reprobarse con dureza) el uso de cualquier medio para llegar a ser un triunfador. Aquí vemos el valor simbólico del dinero (estatus) al que antes hacíamos referencia: cuando el bienestar personal se asocia a los resultados que el dinero puede proporcionar, la presión o la “necesidad” de acumular dinero y bienes puede ser algo muy tangible para muchas personas. Junto a la motivación debe existir la oportunidad dentro de la estructura de las organizaciones para que tales actos se lleven a cabo, conjuntamente con un fracaso del sistema legal para impedirlos. Finalmente, el delincuente de cuello blanco ha de ser capaz de neutralizar o justificar sus actos, eludiendo la recriminación moral que se asocia a la obtención de beneficios ilegítimos. Se desprende de lo anterior, que si la sociedad fracasa a través de sus controles informales (la presión o condena social) y formales (la ley) en la represión del fraude, la estafa o la corrupción, y si existen oportunidades para que tales delitos se produzcan, lo único que queda para no cometerlo es la integridad del sujeto, es decir, su capacidad para no hacer uso de las técnicas de neutralización ante la oportunidad de cometer el delito. Las técnicas de neutralización empleadas por los delincuentes de cuello blanco difieren de las empleadas por los delincuentes juveniles (la población usada por Sykes y Matza para elaborarlas) no en sus tipos, sino en el

grado de su elaboración: ya que los profesionales tienen más edad, experiencia y educación que los jóvenes delincuentes, necesitan construir justificaciones más complejas para neutralizar el reproche moral de los delitos a cometer. Vamos a revisar dichas técnicas de neutralización en el caso de este tipo de delincuentes. Mediante el empleo de la negación de la responsabilidad, el delincuente de cuello blanco se exonera de la culpa apelando a la ignorancia, atribuyendo el hecho a un accidente o como el resultado directo de que estaba cumpliendo una orden. Estas excusas se ven facilitadas con frecuencia por la existencia de unas leyes ambiguas o difíciles de cumplir de modo íntegro. En otras ocasiones se niega la responsabilidad aduciendo que se tienen graves problemas personales, como ser consumidor abusivo de alcohol o drogas, o por necesidades financieras urgentes e inesperadas, como una enfermedad grave de un familiar. También se niega la responsabilidad al hacer algo ilegal porque se trata de una práctica muy extendida, como la evasión de impuestos o el fraude fiscal. En la negación del daño o perjuicio se argumenta que en realidad el acto ilegal no ha tenido repercusiones negativas para nadie; es decir, que nadie ha salido perjudicado (por cierto, algo que también suelen decir los ladrones de bancos a punta de pistola, cuando aseguran

que el dinero sustraído no es en realidad de nadie o que no hay ninguna víctima que resulte afectada por el robo). Esta técnica también puede incluir la minimización de la acción y de su resultado. Por ejemplo, un sujeto puede decir que “él solo cometió una ilegalidad técnica” como la de fijación de precios (un delito que implica ponerse de acuerdo varias empresas para controlar el mercado), pero no un acto inmoral o delictivo, señalando que nadie en realidad perdió dinero. Minimizar el efecto de un acto implica también negar que exista una víctima, pero en la técnica de neutralización de la negación del estatus de víctima se trata de señalar que la entidad o empresa afectada realmente “merecía” ese trato, quizás porque pagaba muy poco en relación a lo que exigía de sus empleados. Así, el delincuente de cuello blanco percibe su acto como “de justicia”, por haber recibido previamente un maltrato de la corporación a la que ahora hace objeto de sus iras. Estos delitos se ven facilitados también por el carácter abstracto de muchas víctimas como una multinacional o el gobierno. En la condenación de los condenadores el delincuente de cuello blanco se revela contra las instituciones y el orden legal que quebrantan con sus actos: desconfían de la justicia de reglamentos o normas que le obliga a pagar determinados impuestos o que le fuerza a cumplir con

controles por los que no desea pasar. Así, se produce una condena moral de los que le condenan a él, y de este modo el sujeto se siente legitimado o “con derecho” para infringir la ley. Finalmente el delincuente de cuello blanco puede apelar al hecho de que sus actos respondían a un deseo de cumplir con su obligación de hacer que su empresa subsista, o que pueda prosperar en medio de un mundo difícil y competitivo como el actual (apelar a más altos ideales). Se diría que el delincuente de cuello blanco tendrá más dificultades a la hora de justificar el delito si sus valores morales están bien asentados. En efecto, la investigación psicológica ha mostrado que hay diferencias individuales muy importantes en cuanto a los valores, más allá de las presiones que puedan derivarse de una situación determinada. Una de esas diferencias concierne a la importancia que la gente pone en las cosas materiales y en vivir una “buena vida”. Los que dan mucho valor al lujo y al disfrute de los placeres mundanos se denominan hedonistas, algo que resulta muy alentado en la sociedad actual, donde el concepto de “triunfo” está muy asociado a la posesión de objetos materiales y a los privilegios que el estatus social otorga. Por consiguiente, puede esperarse que los profesionales y hombres de negocios que sean más hedonistas tiendan más a cometer delitos de cuello

blanco. Por otra parte, existen autores que han señalado que el delincuente de cuello blanco es una persona fuertemente narcisista, necesitado de la admiración por sus triunfos, y poco propenso a la empatía debido a su deseo de lograr sus propósitos a toda costa (Bromberg, 1965; Hogan y Hogan, 2001). Esta autoexigencia de ser admirados y de tener poder y dinero a toda costa se asocia, siguiendo la lógica de la psicología, con un pobre autocontrol (Gottfredson y Hirschi, 1990), ya que el autocontrol implica el dominio de los impulsos y la capacidad de renunciar a metas que contravienen las normas morales a pesar de que gratifiquen necesidades importantes como el éxito y el placer. Finalmente, también podemos esperar que el delincuente de cuello blanco tenga una baja puntuación en el rasgo de personalidad conocido como “responsabilidad” (conscientiousness), toda vez que incluye cualidades como disciplina, escrupulosidad y orden, lo que en principio tendrían que dificultar la comisión de delitos económicos. Unos investigadores alemanes (Blickle et al., 2006) evaluaron a 76 delincuentes de cuello blanco encarcelados en 14 cárceles alemanas con objeto de valorar si la relación señalada entre este tipo de delincuente y las variables psicológicas hedonismo, narcisismo, autocontrol y conciencia social aparecía en su muestra de estudio. Se

trataba de sujetos que habían ocupado puestos de responsabilidad en la vida civil, y que en promedio cada uno de ellos había causado pérdidas por valor de dos millones de euros. El tiempo medio de duración de la condena era de cuatro años, y la media de edad de la muestra (solo seis eran mujeres) de 46,8 años. Los resultados obtenidos replicaron en lo esencial una investigación anterior realizada en Estados Unidos por Collins y Schmidt (1993). Comparados con una muestra compuesta por 150 hombres de negocios honrados de parecido nivel al que tenían los condenados, estos presentaban de modo significativo un mayor hedonismo, más tendencias narcisistas (evaluadas mediante los criterios del DSM-III) y un menor autocontrol, pero en contra de lo esperado los delincuentes mostraron una mayor “responsabilidad” que los no delincuentes. Los autores razonaron esta aparente anomalía diciendo que, en realidad, podría ocurrir que un delincuente de cuello blanco tuviera que necesitar de mucho orden, formación y disciplina para mantener con éxito un esquema fraudulento durante años sin ser detectado, y estaba además el hecho de que parte de estos delincuentes habían cometido los delitos para beneficiar a la organización en la que trabajaban, no en beneficio propio, lo que podría entenderse como un hecho denotador de una “responsabilidad” o lealtad a la empresa.

En todo caso, y al margen del significado que pudiera tener este resultado, podemos concluir que en la actualidad tenemos buenas razones para describir al delincuente de cuello blanco como alguien con fuertes valores hedonistas, narcisista y con escaso autocontrol (en el sentido de pobre control de los impulsos y necesidad de vivir situaciones de riesgo), lo que facilita sin duda que emplee técnicas de neutralización para inhibir el reproche moral asociado a los delitos que comete.

17.1.4. El fraude telemático La telemática consiste en conectar los ordenadores en una red de comunicaciones. Esta revolución tecnológica crea nuevas oportunidades de acceder a la información, realizar trabajos desde la propia casa, chatear y entretenerse, con ventajas evidentes para la civilización moderna. Sin embargo, también han causado mucha preocupación las actividades ilícitas que se pueden cometer a través de Internet.

En la foto aparecen algunos de los investigadores y profesores del Centro Crímina para el estudio y prevención de la delincuencia de la Universidad Miguel Hernández de Elche. El Centro imparte formación a través de dos másteres oficiales en materia criminológica, además de cinco títulos de experto universitario en disciplinas relacionadas. En la actualidad, algunas de sus principales líneas de investigación son las de cibercriminalidad, delincuencia contra la seguridad vial, evaluación de normas y políticas de seguridad, delincuencia económica, análisis y prevención situacional del crimen, o la delincuencia relacionada con menores. De izquierda a derecha, Elena Beatriz Fernández, José Eugenio Medina, Fernando Miró (Director del centro y Decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas), Zora Esteve, Mar Ruiz, Natalia García y Francisco Bernabéu.

Antes de analizar éstas, hay que reconocer que la revolución telemática no solo crea nuevas oportunidades delictivas; también las elimina, reduciendo la oportunidad de cometer una serie de delitos comunes. Por ejemplo, en un trámite administrativo clásico donde la informática brilla por su ausencia, cuando los ciudadanos forman cola ante una ventanilla para pagar una contribución urbana, existen varias oportunidades para cometer infracciones. En primer lugar, sin ordenadores es más fácil evitar los impuestos. La información sobre quién tiene la obligación de contribuir, y la cantidad que le corresponde, suele contener más errores y es más difícil de actualizar en un registro manual. Segundo, la oportunidad para la malversación de fondos y la corrupción de funcionarios públicos es también más elevada, dado que el cajero recibe contribuciones en metálico y podría poner algunas de ellas en su propio bolsillo. Y, tercero, la acumulación

de dinero en efectivo suscita una fuerte atracción para robos y atracos. Cuando este mismo proceso de recaudación se informatiza, se pueden reducir los impagos y eliminar muchos delitos tradicionales. Sin embargo, la informática también genera nuevas oportunidades delictivas. No se trata de que el mundo de la informática esté particularmente lleno de delincuentes. Lo que sucedería es que, cuando actividades rutinarias como compra de bienes de consumo, consultas bancarias, búsqueda de empleo u de pareja se realizan a través de Internet, se modifica lo que se ha denominado la “estructura de oportunidad” (ver cap. 11.2). La hipótesis a este respecto es que los delitos ocurren más frecuentemente donde existan más oportunidades. Cuando las actividades cotidianas de ocio, negocio y gestión se trasladan a Internet, es de esperar que las estafas que siempre se han aprovechado de estas actividades también se trasladen allí. Miró ha escrito una excelente monografía sobre el delito en el mundo cibernético (2013: 39-40). Él es partidario de emplear el término ‘cibercrimen’: “…Podemos utilizar el término ‘cibercrimen’ para referirnos a un comportamiento concreto que reúne una serie de características criminológicas relacionadas con el ciberespacio (sentido tipológico), o para tratar de identificar un tipo penal concreto (…) que pretende

prevenir la realización de conductas en el ciberespacio que afectan a bienes jurídicos dignos de protección (sentido normativo). En el primer caso, el término cibercrimen describiría conductas como la consistente en acceder ilícitamente a un sistema informático ajeno, o la del adulto que propone a través de Internet un contacto con un menor con la intención de consumar posteriormente un abuso sexual. En el segundo, el término describiría tipos penales como el del nuevo art. 197.3 que sanciona el acceso informático ilícito, o el del art. 183 bis que castiga el denominado online child grooming [seducción del niño online o a través de la red].” El fraude realizado a través de Internet y otras redes informatizadas, aunque creciente, tiene todavía menor extensión que otros tipos de fraudes, por ejemplo a través de la falsificación de documentos, estafas cometidas por teléfono etc. Los fraudes que más se perciben por las instituciones financieras, y los fraudes que más se denuncian a la policía son los de falsificación o robo de tarjetas de crédito. No obstante, las actividades telemáticas que más se denuncian en conjunto son las que están relacionadas con el contenido de las páginas, especialmente la pornografía infantil. En los primeros años de la telemática, los abusos de los sistemas eran poco graves. Primaron las bromas infantiles y las venganzas personales. Dominaba la curiosidad y

ganas de mostrar conocimientos, y el desafío personal de poder asaltar los sistemas. Se distinguió entre los que se llamaban “hackers”, que se metían en sistemas ajenas sin causar daños, y los “crackers”, que causaban destrozos. El “hackeo” exigía altos conocimientos de informática, y estas personas tenían una carrera profesional bien renumerada por adelante, de ahí que la utilización de estas técnicas para fines ilícitos les habría bloqueado las oportunidades de ganancias legales como analistas de sistemas en compañías prestigiosas. Por eso, en su infancia se limitaron a mostrar excelencia y a gastar bromas, sin fines lucrativos. Este panorama ha cambiado a partir del nuevo milenio. La fase de la adolescencia se acabó. Fuera de Internet, un 90% de la delincuencia se dirige hacia bienes materiales. Los delitos contra la propiedad son los que más se cometen en el mundo (Graeme Newman, 1999), y es probable que también sean los delitos que más se cometan a través de Internet. Las bromas y los destrozos infantiles van a seguir existiendo, junto con redes de distribución de pornografía y otros usos ilegales de la red, pero quedarán en segundo plano comparados con las formas de enriquecimiento ilegítimo. Una causa de este cambio en la ética profesional de los piratas informáticos es la amplia divulgación de conocimientos informáticos. Los algoritmos y los trucos

son ya conocidos y están al alcance de más personas. Los códigos fuente para crear un virus troyano o un gusano están disponibles en múltiples sitios. El umbral para los que quieren ser intrusos es más bajo y requiere menos conocimientos. Una vez inventado un truco, se copia fácilmente, y las herramientas de robo son más accesibles. Por otra parte se están desarrollando ambientes de programación bastante potentes en países menos desarrollados: Bulgaria, India, China y Tailandia, por ejemplo. En estos países se diseñan sistemas con menos costes que en los países ricos. Sin embargo, los profesionales de la informática en estos países tienen posibilidades laborales más precarias. Las situaciones económicas frustrantes pueden convertir a algunos informáticos en delincuentes profesionales. Una tercera tendencia que puede alterar la ética profesional de los informáticos es el aislamiento social de muchos niños aficionados a la informática. Existen muchos adolescentes que se enganchan adictivamente a la pantalla, mantienen contactos sociales en exclusiva a través de chateo y correo electrónico, pero sin conocer personalmente a nadie. Ello puede constituir un caldo de cultivo de individuos solitarios, o personas perturbadas, con grandes conocimientos en un campo técnico limitado pero que, sin embargo, estén totalmente desconectados de la realidad social y sean indiferentes al daño que pueda

causar su comportamiento.

A) Un círculo más amplio de víctimas potenciales El número de usuarios de Internet se cuenta en miles de millones, y es el mercado más grande de robos y estafas jamás concebido. Una estafa clásica, antes realizada por correo, es el ofrecimiento de participación en una herencia o una gran fortuna, previo pago de unos gastos necesarios. El timo lleva más de un siglo de existencia. Fue realizado masivamente en EEUU, después de la guerra contra Cuba de España en 1898, cuando un presunto noble español, prisionero de guerra en tierras americanas, ofreció participación en su gran fortuna a quien le ayudase con un poco de dinero para poder sobornar a las autoridades y salir de la cárcel. Sin embargo, habría que escribir muchas cartas a mano para conseguir una sola víctima de este timo. Con Internet, el envío de correo masivo es gratis, y ofertas poco plausibles de este tipo se pueden enviar a cientos de miles de personas. Si uno de cada diez mil receptores es suficientemente inocente para creerse la historia, el negocio puede ser rentable. Ahora se acercan a la jubilación millones de europeos de origen humilde, sin grandes conocimientos de mercados financieros e inversiones, pero con fondos suficientes para asegurar su jubilación. Pueden ser presas

fáciles para estafas informáticas y bancarias, como así sucede con frecuencia. Un componente importante en los fraudes informáticos es la captación de datos sobre personas: números de tarjeta de crédito y de documentos de identidad, números de cuentas bancarias y contraseñas para manejarlas; todos estos son datos que suelen residir en ordenadores personales que están conectados a la red. En muchas ocasiones se puede conseguir que el usuario mismo facilite esta información. Un ejemplo de estafa de este tipo consistió en el envío de un mail, presuntamente de una asociación de consumidores dedicada a mejorar la seguridad bancaria, invitando a los usuarios a conectarse a su banco para realizar una averiguación. Ofrecieron en el mail un enlace a varios bancos españoles. Sin embargo, un clic en esta dirección llevó a los usuarios a otro lugar. Los usuarios, creyendo que estaban conectados a la página web de su banco, abrieron un formulario y lo rellenaron con sus datos, incluyendo, en muchos casos, su contraseña secreta. Existen muchas variantes de este procedimiento, llamado “phishing”, ofreciendo empleos, ventas a precio de ganga, etc., con la única finalidad de acumular datos para estafas posteriores. Este tipo de estafa no es nada nuevo, pero los elementos que facilitan su comisión son propios de las nuevas tecnologías:

• El anonimato. El olfato del empleado del banco tradicional desaparece cuando nunca se ve al cliente en persona y todas las transacciones se realizan de forma electrónica. El anonimato también elimina las barreras psicológicas que previenen las estafas en transacciones comerciales tradicionales. La víctima queda igualmente en el anonimato, y el estafador no tiene que verle la cara, lo que reduce su remordimiento de conciencia. • Tecnología de falsificación. La falsificación o robo de identidades se puede realizar con más facilidad y en mayor cantidad que antes. Los equipos técnicos de falsificación son más avanzados y están al alcance de todos; con escáneres, buenas impresoras y una máquina plastificadora se pueden producir tarjetas de crédito, pasaportes o bonos que pasan cualquier inspección normal. Además, se comprueba menos la documentación en los sistemas impersonales de distribución y venta, hay menos contacto personal entre vendedores y compradores, y entre bancos y clientes. • La extensión global. El delincuente es más difícil de localizar. Una estafa se puede realizar, por ejemplo, en España residiendo el estafador en Venezuela, o al revés. • La impunidad. La identificación y persecución penal

del estafador es más complicada, y en casos de menos gravedad, los bancos implicados prefieren pagar a los perjudicados y mantener la discreción, dado que el que se conozca su vulnerabilidad a los fraudes telemáticos podría darles muy mala publicidad. LA REALIDAD CRIMINOLÓGICA El ataque cibernético (por Lluís Visa, para El País, de 8 de febrero de 2006) S. G., de 28 años y natural de La Coruña, fue condenado a pagar una multa de 1,8 millones de euros y a dos años de prisión por haber actuado contra un servidor informático de Lleida provocando un colapso de millones de ordenadores tanto en Europa como en Asia, sobre todo en China. G. ha dicho que actuó irritado tras haber sido expulsado de un chat por no respetar los códigos de conducta. G. inventó un sistema similar al que en el espionaje de la guerra fría se conoció como “durmientes”. Entonces eran personas con la voluntad supuestamente controlada a distancia que actuaban cuando recibían una orden para ello. En este caso, en vez de personas G. preparó un ejército de gusanitos que se activaran a una orden suya y atacaran la red española desde cualquier parte del mundo. Ideó un virus con el que infectar un sinfín de ordenadores de diversos países. Pero estos virus, como los durmientes, no actuaban hasta recibir la orden de su creador, orden que consistía en atacar el servidor de Lleida IRC Hispano (…). El 24 y 25 de diciembre de 2002, G. creyó que su ejército era suficientemente numeroso como para poner en jaque al servidor que no le había tratado como él quería. Dio la orden y se inició el asalto a IRC Hispano desde miles y miles de ordenadores que colapsaron también otros servidores. El ataque se mantuvo activo hasta febrero y los atacados presentaron la correspondiente querella. Mientras los investigadores iban acotando las posibles fuentes del ataque, G. decidió emprender una segunda ofensiva (…) y se prolongó hasta mayo, durante 20 días. […] Fuentes jurídicas consultadas han indicado que es una de las primeras sentencias dictadas en Europa contra autores de ataques informáticos.

B) Conclusiones a la delincuencia telemática o

‘cibercrimen’ Cuando las actividades cotidianas de trabajo o de ocio se desplazan desde la calle al ordenador, es de esperar que los intentos de timar o robar también se desplacen hasta allí. Hasta ahora, las infracciones más destacadas de Internet ha sido las que tienen que ver con el contenido ofensivo de las páginas web: pornografía infantil, incitación al racismo o la violencia, etc. En los últimos años se han generalizado los delitos con fines de lucro: el robo y la estafa a través de Internet. Varios factores coinciden para facilitar estos delitos: los conocimientos suficientes de informática se extienden a círculos más amplios, Internet ofrece un anonimato idóneo para estafas, y la seguridad en redes telemáticas sigue sin ser convincente. Las tecnologías seguras existen y pueden sacar a la era informática de su caótica infancia. Se puede identificar perfectamente a los usuarios de Internet, a los portadores de tarjetas de pago y a los empleados que trabajan desde su propia casa. Lo que es preciso es una apuesta clara y generalizada por una tecnología segura, a un precio accesible y sin dejar a un solo proveedor en una situación de monopolio.

17.1.5. Corrupción en la administración pública Antes del siglo XVII difícilmente se podía hablar de

corrupción en la administración pública, porque era visto como normal y aceptable que un representante del Estado se alimentara a base de los ingresos que recaudaba, siempre que repartiera con sus superiores. Las grandes obras públicas en el imperio romano no fueron construidas con dinero público, sino como regalos a los ciudadanos, pagados por el bolsillo de personas poderosas (Theobald, 1990; MacMullen, 1988). Hasta el tiempo de la Ilustración no se solía distinguir entre las finanzas personales del monarca y otros gastos públicos. Los conceptos de malversación y cohecho en la administración pública solamente tienen sentido con el desarrollo de los sistemas modernos de contabilidad, y con la legislación y los decretos formulados por escrito.

17.1.6. Modalidades de la corrupción CUADRO 17.2. Tipificación penal de la corrupción PREVARICACIÓN: • El funcionario o cargo político que dicte una resolución arbitraria, a sabiendas de su injusticia (art. 404) COHECHO: • El funcionario público que realiza, en el ejercicio de su cargo, una acción u omisión constitutiva de delito, en provecho propio o a favor de un tercero (art. 419). • La realización, en las mismas circunstancias, de un acto injusto, sin que éste constituya un delito. (Ej.: conceder un permiso de obras en 2 días, mientras otros solicitantes esperan meses) (art. 420). • El ofrecimiento o solicitud de dádivas, presentes etc. para corromper a autoridades o funcionarios (arts. 419 y 423). TRÁFICO DE INFLUENCIAS: • Utilización de autoridad pública para conseguir una resolución que le pueda generar un beneficio económico (art. 428). MALVERSACIÓN:

• Sustracción de caudales o efectos públicos por parte de funcionarios (art. 432). FRAUDE O EXACCIONES ILEGALES: • Exigir derechos, aranceles, etc., que no son debidos (art. 437).

Es difícil formarse una imagen cabal de la extensión del problema de la corrupción por los titulares de los periódicos. Sin embargo, lo que antes circulaba como rumores, vehementemente negados por los implicados, ha sido en los últimos años en España confirmado a través de sentencias penales firmes, generando un clima de malestar e indignación popular (Serrano Gómez, 2013). Incluso la monarquía española se ha visto salpicada por sospechas fundadas de corrupción de un yerno del Rey. Sencillamente, la conclusión que el ciudadano extrae de los escándalos de corrupción en España es que la clase política, en su conjunto, es poco digna de confianza, hecho que se traduce en la valoración claramente negativa que otorga a los políticos en las encuentras. Se trata de tramas de corrupción política: el cobro de comisiones ilegales de obras públicas, la asignación a dedo de encargos que tendrían que haberse abierto a concurso público, el desvío de fondos de empresas públicas… (ver cuadro 17.2, para los tipos penales de la corrupción). De todas formas se trata de un fenómeno generalizado en todo el mundo: ocho de cada diez ciudadanos encuestados para elaborar el Barómetro Global de la Corrupción señalaron a los partidos políticos como la institución más corrompida de todas, seguida por el funcionariado, el

poder judicial, el congreso y la policía1. Ahora bien, felizmente esa epidemia vivida en los últimos años en España no se ha extendido a todo el tejido social. Una alianza mundial contra la corrupción, “Transparencia Internacional”, publica anualmente un índice sobre la corrupción percibida. Este índice se basa en encuestas realizadas en compañías internacionales, preguntando si consideran que la administración pública es corruptible. También utilizan análisis financieros sobre riesgos a la inversión, y encuestas tipo Gallup a la población en general. En esta clasificación mundial, una “nota” de 10 significa que la administración es prácticamente incorruptible, y un 0 que todo se puede comprar. El país con mejor nota es Finlandia, con 10.0, y el peor es Somalia, con 1. A pesar de que se observa que España se encuentra en la cuarta parte del mundo menos corrupta, en el puesto número 31 y con una “nota” de 6.2, la posición de España ha empeorado en el último decenio, ya que en el índice de 2001 se hallaba en el puesto número 20 con una nota de 72. Veamos a continuación algunas de las modalidades más habituales de la corrupción. En la “mordida”, el empresario que consigue un contrato de suministro de bienes o servicios con un ayuntamiento, el gobierno

autonómico o con el Estado, puede verse obligado a pagar una comisión a la parte que le ha facilitado el contrato. La comisión puede realizarse de varias formas; una contribución al partido político, una piscina construida por un precio simbólico en el jardín del concejal, o un maletín en efectivo. Este sistema de “mordidas” se apoya en una tradición de amiguismo, de favores y contraprestaciones entre el patrón y sus clientes, de fuerte arraigo en culturas latinas, africanas y asiáticas. Por otra parte, tenemos la división entre los “herbívoros” y los “carnívoros”. Estos términos tienen su origen en la jerga policial americana, donde un “herbívoro” (grass eater) caracteriza al funcionario público que cobra lo que le caiga de dádivas o comisiones ilegales, manteniendo silencio y discreción. Un ejemplo puede ser cuando la policía detiene a un pequeño traficante de drogas, y en el registro de su vehículo encuentran 20.000 euros en efectivo. Entregan al juez 10.000, y reparten el resto entre ellos. El traficante no va a protestar, porque cuanto más elevada sea la cantidad de droga y la cantidad de dinero intervenida, más grave será la condena que se imponga. El “carnívoro” (meat eater) pretende activamente extender las redes de pequeñas corruptelas habituales, recaudar más cantidades y en situaciones donde antes no era habitual. El acusado Luis Roldán (quien fue Director

General de la Guardia Civil a principios de los años noventa, y posteriormente procesado, fugado de la justicia, extraditado a España y condenado a 28 años de prisión por los delitos de malversación, cohecho, fraude fiscal y estafa) alegó en su defensa que “se ha hecho lo mismo que se hacía siempre”, aunque las pruebas existentes y las condenas que le fueron impuestas demostraron que su comportamiento delictivo trascendió con creces ese supuesto “lo que se hacía siempre”. Las comisiones recaudadas con el presunto fin de mejorar las finanzas de un partido político, también pueden considerarse prácticas carnívoras. Los principales perjudicados en este tipo de cohecho son los contribuyentes, que tienen que pagar cantidades excesivas por los bienes y servicios públicos, como puedan ser una autovía o línea de tren que ha costado ilícitamente más de lo debido. Según destacó la prensa de la época, solamente por la suma gastada en el tren AVE entre Sevilla y Madrid, se podían haber construido trenes de cercanías como transporte público rápido en todas las capitales de provincia de España. Nieto (1997) opinaba, y lo que posteriormente se ha conocido en múltiples casos judiciales parece darle en buena medida la razón, que la corrupción es una de las causas del endeudamiento y pésimo estado de muchos ayuntamientos en España. De este modo, el sector público puede costar lo mismo que en

un país más honrado, pero los contribuyentes recibir peores servicios. Un resumen de estudios sobre los efectos de la corrupción en menoscabo de la calidad del servicio público identifica varias deficiencias. Los países corruptos gestionan peor el medio ambiente y sus recursos naturales, gastan más dinero público en proyectos de prestigio, y menos en asuntos que no dan tanta oportunidad para “mordidas”. Un ejemplo concreto de lo último es la enseñanza pública y la ciencia: países corruptos acostumbran a invertir menos dinero en enseñanza e investigación (Lambsdorff, 1999, 2001).

17.1.7. Las explicaciones de la corrupción Las factores culturales son, sin lugar a dudas, muy importantes. En muchas sociedades tradicionales, las relaciones personales son las claves para conseguir recursos, trabajo, ayuda y protección. Las relaciones familiares y con miembros del mismo clan, tribu o pueblo son más duraderas que la relación anónima con los contactos oficiales. Este amiguismo puede ser visto como algo inofensivo, una forma de agilizar y personalizar una burocracia rígida e ineficaz (Friedrich, 1966). Heidenheimer (1978) distingue entre cuatro tipos de lealtades típicas en las culturas humanas: • La familiar: Se daría en una sociedad tradicional donde

no se cree en la lealtad, ni se confía en nadie fuera del círculo familiar. • Patrón-Cliente: el patrón, un hombre con poder e influencia, da apoyo y protección a un círculo de clientes, que le prestan lealtad. Este sistema dominaba en el Imperio Romano (MacMullen, 1988), y puede ser la raíz histórica del feudalismo. Uno de los libros clásicos de la antropología social describe formas de lealtad y “amistad” entre campesinos y poderosos en un pueblo andaluz de los años 1950 (Pitt-Rivers, 1989). Este sistema puede ser más típico para sociedades con un Estado débil, donde el patrón es la única fuerza pública presente. • Liderazgo político: constituye una variante más moderna del sistema de apadrinamiento, donde la lealtad no se presta a un “jefe” o “patrón” físico, sino a una maquinaria política. Los fieles dan su voto al partido, y reciben contraprestaciones en forma de subsidios, empleo público o viviendas públicas. Este sistema, bien documentado en EEUU y México (Theobald, 1990; Morris, 1991; DeLeon, 1993), también tiene sus sanciones: el empresario que no está dispuesto a colaborar, puede verse inmediatamente expuesto a una inspección laboral y fiscal rigurosas. El sistema tampoco es desconocido en España. En el medio rural andaluz la lealtad de algunos ciudadanos a

un partido político puede ir asociada a que el alcalde, como contraprestación, les firme peonadas del Plan de Empleo Rural. El reparto de subvenciones de la Unión Europea también podría depender en algunos casos de las afiliaciones políticas (Nelken, 2001). • La cultura cívica: ya no hace falta obrar a través de intermediarios para conseguir favores políticos. La presión se ejerce directamente sobre los funcionarios o políticos que toman las decisiones. Los ciudadanos tienen intereses múltiples, de modo que no se ven atados de por vida a un gran patrón o un gran partido. Pueden cambiar sus lealtades políticas con facilidad cuando les disgusta la gestión del partido gobernante. Cabe destacar que la corrupción también existe en la cultura cívica, pero se ve reducida a un nivel más modesto, ya que los múltiples grupos de interés se vigilan mutuamente, y los abusos de poder suelen ser revelados antes de llegar a corromper a toda la administración pública. España se encuentra, en nuestra opinión, a caballo entre una sociedad donde la familia y los amigos son los recursos más importantes para resolver problemas, y una forma de sociedad más anónima, “moderna” y “cívica”. Es evidente que la evolución hacia un sistema “cívico” de modelo anglosajón dependerá de cómo funcione el aparato administrativo. Cuanto más lenta, despótica y

secreta es la gestión pública, más se acude a intermediarios para resolver problemas. Las probabilidades de corrupción aumentan. Otros autores destacan las causas externas de la corrupción, por ejemplo, el poder económico de las grandes corporaciones internacionales, que son capaces de sobornar a los funcionarios o políticos en países pobres para conseguir sus resultados (Tortosa, 1995). Efectivamente, parece que los países subdesarrollados están más plagados de corrupción que los países desarrollados. Tortosa (1995:40) citaba una lista de países muy corruptos, moderadamente corruptos y menos corruptos, y encontraba una correlación clara entre la clasificación en esta lista, la clasificación de los mismos países según ingresos, y también con la clasificación de las Naciones Unidas según el nivel de desarrollo humano. Una excepción la constituían los países exportadores de combustibles, como Arabia Saudita; corrupta sin ser pobre, aunque existen profundas desigualdades sociales. En un país subdesarrollado, el Estado se encuentra con problemas graves para financiar su propia actividad, pagar la deuda pública, mantener el suministro de agua, luz y teléfonos y, además, pagar el salario a los funcionarios. Es probable que la lealtad de los funcionarios dependa, ante todo, del cobro del sueldo a finales de cada mes. De otro modo, sin un dinero suficiente para los gastos del hogar,

sin seguridad en el empleo y sin garantía de pensión, algunos funcionarios, para asegurar su porvenir, podrían tender a buscar ingresos adicionales. Se podrían cobrar tasas por servicios que deben ser públicos y gratuitos, o se podrían montar un negocio aparte, dedicando menos tiempo al despacho oficial. España se ha caracterizado hasta ahora por una alta estabilidad en el empleo público y, debido a ello, niveles bajos de corrupción funcionarial. La época de recesión que está sufriendo el mundo en la actualidad quizá cambie esto, pero hoy por hoy el funcionario es poco dado a arriesgar su empleo estable por conseguir ingresos adicionales, siempre que la detección de prácticas corruptas efectivamente resulte en su despido. Klitgard (1991:71) presentó un modelo económico sencillo para explicar cuándo se haría más probable que un funcionario público se dejara corromper. Esencialmente, ello dependería de la satisfacción moral que consiguiera al no aceptar sobornos, la cantidad ofrecida en soborno, la probabilidad de detección y, en caso de detección, la severidad de la pena impuesta. Este modelo coincide con los conceptos criminológicos del delito como elección racional (véase capítulo 5). Otra visión explicativa de la corrupción la aporta el control formal. Las teorías sobre la disuasión (presentadas en el capítulo 10) no se concentran en la explicación del

delito, sino en los factores que pueden inhibirlo. La corrupción, según esta perspectiva, sería una consecuencia lógica de normas contradictorias y confusas, y de la falta de control eficaz en la gestión pública (Nieto, 1984, 1997). España lleva décadas con un nuevo régimen político y ha experimentado una avalancha de nuevas leyes bien intencionadas, pero hasta ahora no se ha realizado una reforma profunda de la administración pública, y se han dejado amplias oportunidades para burlar las normas. Este grave error se está intentando corregir a marchas forzadas, al comprobarse de manera repetida en qué medida la pequeña corruptela en la Administración estaba viciando el trabajo de muchos servidores públicos. Este hecho, en una época profunda de recesión, ha dado lugar a reiteradas normas que intentan cortar el dispendio de las diferentes parcelas de gestión pública, mediante el control de las tarjetas de crédito institucionales, el uso de vehículos oficiales y otras. Quizá la principal sea la obligación que tienen ayuntamientos y regiones de no contratar nada que no pueda pagarse con el dinero que se posee, impidiendo el endeudamiento sine die. Junto a ello es exigible una mayor transparencia en la gestión pública. Muchos equipos de gobierno de ayuntamiento y Comunidades Autónomas se niegan a entregar facturas o documentos a la oposición por miedo a

que la opinión pública descubra el proceder poco ético con el que han actuado, y eso en muchas ocasiones es legal. La posibilidad de tener acceso extenso a los archivos públicos para periodistas y ciudadanos, en general, destapa muchos casos de corrupción. Cuanto más secreta y encerrada en sí misma esté la gestión pública, más facilidad se da para el favoritismo y la corrupción. En muchos países, todos los documentos que se acumulan en la administración pública son, en principio, accesibles, siempre que no hayan sido declarados exentos, por vulnerar, por ejemplo, el derecho a la intimidad del ciudadano. Con este límite, cualquier periodista o curioso debe de tener el derecho de poder repasar, por ejemplo, facturas de gastos y la correspondencia ordinaria de casi cualquier entidad pública. Los datos contables y todos los documentos importantes para la gestión pública se publican en Internet. Es probable que la publicación en periódicos tenga un fuerte efecto disuasivo para los funcionarios o políticos tentados de cometer cohecho o malversación. Ni siquiera las pequeñas trampas escapan de ser detectadas, y las trampas grandes se hacen casi imposibles, dado que siempre alguien se puede enterar y avisar a un medio de comunicación. La gestión pública de ayuntamientos, regiones autonómicas y entidades estatales en España es más hermética que en el norte de Europa, y, como resultado de esto, ofrece más oportunidades para la corrupción política.

Ahora bien, como destaca Nieto (1997), no se puede esperar que los políticos implicados en pequeñas y grandes corruptelas agilicen y apliquen el control sobre sí mismos si no hay una fuerte presión en esa dirección. El control principal, en un país democrático, lo llevan a cabo los ciudadanos mismos a través de sus votos. De este modo; si los políticos corruptos se presentan a la próxima elección y la ganan, las cosas no van a cambiar. Se percibe en la actualidad, a caballo de la actual época de recesión, una mayor crítica social hacia estos comportamientos intolerables. Solo el paso del tiempo nos dirá si el mayor control del gasto público, que se está estableciendo a raíz de los escándalos habidos por corrupción y por la presente penuria económica, fructificará en unos nuevos hábitos más honrados en la gestión de la cosa pública.

17.1.8. La prevención y respuesta ante el delito de cuello blanco o económico La delincuencia económica halla con frecuencia una respuesta suave por parte de la justicia (Queralt Jiménez, 2007b), a lo que contribuye el propio delincuente cuando evita ir a la cárcel ofreciéndose a colaborar con los jueces. Por otra parte no es inusual que el Estado intente enjugar los déficits producidos por los fraudes mediante la ayuda de la organización interesada en que el escándalo no sea

excesivamente perjudicial, de resultas de lo cual el caso se procesa en la jurisdicción civil y todo acaba en una multa más o menos ejemplarizante (Hansen, 2009). La experiencia de los últimos años, tanto en Europa como en Estados Unidos, nos ha demostrado que las empresas tienen grandes dificultades en autorregularse, es decir, en atenerse escrupulosamente a las normas éticas del negocio, cuando ven la oportunidad de obtener unos buenos beneficios traspasando ciertos límites (a lo que ayudan las técnicas de neutralización que los transgresores utilizan para que tales actos sean aceptables: “todos lo hacen”; “en realidad nadie saldrá perjudicado”, etc.). El problema se complica más cuando las instituciones encargadas de regular a las empresas también resultan inoperantes. Y en muchas ocasiones tales actividades ni siquiera son consideradas ilegales, porque el estado no las incluyó dentro de un tipo penal. Un ejemplo particularmente relevante de esto último es el de Goldman Sachs. Este es uno de los mayores bancos de inversión mundial, fuertemente implicado en la generación de la crisis actual, y uno de sus mayores beneficiarios. En 2007 ganó cuatro mil millones de dólares en operaciones que desembocaron en el desastre actual. ¿Cómo lo hicieron? Animaron a los inversores a invertir en bonos sub-prime que sabían que eran productos basura, y al mismo tiempo se dedicaron a

“apostar” en bolsa por el fracaso de los mismos. Un editorial del periódico New York Times reflexionó amargamente a propósito de la justicia en los delitos económicos del siguiente modo: “Cuando el Departamento de Justicia recientemente cerró su investigación penal de Goldman Sachs, quedó meridianamente claro que ningún gran banco americano o cualesquiera de sus importantes ejecutivos iba nunca a afrontar responsabilidades por su papel en la crisis actual. Funcionarios de Justicia e incluso el Presidente Obama han defendido este resultado, es decir, la ausencia de un proceso penal en este caso, al decir que aunque se hizo evidente un comportamiento codicioso e inmoral en la gestión de la crisis, tal conducta no era ilegal”3. Esto nos marca un camino: mientras las corporaciones gocen de facilidades para delinquir, lo seguirán haciendo. Podemos reclamar un cambio en la atmósfera social que alienta esos comportamientos, que las universidades y escuelas de negocios enseñen ética y fomenten la competencia honrada y al servicio de la sociedad, pero si desde las instituciones del gobierno no se envía un mensaje claro de que esas conductas no van a ser toleradas, y ponen los medios legislativos y de control necesarios para que tal hecho sea una realidad, veremos decepcionados que la justicia no es igual para todos.

17.2. CRIMEN ORGANIZADO El concepto de “crimen organizado” fue acuñado por vez primera en Estados Unidos durante los años 20 del siglo XX. Fue visto desde el principio como sinónimo de la Mafia italiana, con su organización jerárquica y cerrada, sus relaciones particulares de patronazgo y clientelismo, y sus formas de extorsionar y controlar ciertos grupos de la sociedad. Es decir, que “crimen organizado” no era realmente un tipo de delito, sino una forma de actuar delictivamente. Pero lo cierto es que existe un “submundo” de organizaciones criminales implicadas en delitos como fraude, robo, extorsión, secuestros y asesinatos. En todo el mundo, la principal fuente de ingresos para estos grupos la constituyen los productos y servicios que son ilegales (como las drogas), pero que tienen una gran demanda en la población. Además del narcotráfico, el crimen organizado se encarga, entre otros negocios ilícitos, de la “trata de blancas” o redes de prostitución (Villacampa y Torres, 2012), del tráfico de personas (inmigrantes para ser empleados en condiciones laborales de esclavitud y niños para ser adoptados), de controlar el juego o de organizar negocios de préstamos a un gran interés (y por supuesto ilegales) y de la distribución de productos falsificados, sin olvidar a los que trafican con productos legales pero mediante el contrabando, como el alcohol o

el tabaco. Aunque el mundo cada vez es más consciente de la gravedad de la amenaza del crimen organizado transnacional, el problema continúa creciendo, y hasta la fecha no podemos decir que la comunidad internacional tenga un plan eficaz para combatirlo. Algunas cifras pueden dar una idea de lo que estamos hablando. El comercio ilícito mundial supuso unas ganancias en el año 2011 por valor de 1.6 trillones de dólares. Algunos ejemplos destacados: las falsificaciones de productos y la piratería intelectual produjeron un beneficio de 300 billones a 1 trillón de dólares; el tráfico de drogas generó 404 billones, y el tráfico de personas y la prostitución 220 billones. Esas cifras no incluyen otras igualmente perturbadoras: el Banco Mundial estima que todos los años son abonadas sumas por valor total de 1 trillón de dólares en concepto de sobornos, y se estima que del orden de 1.5 a 6.5 trillones de dólares son blanqueados mediante su inversión en negocios lícitos. En resumen, aproximadamente 3 trillones de dólares anuales —si contamos los sobornos— son producto del crimen organizado, una cantidad que casi no se puede imaginar, y que supone el doble del presupuesto militar de todos los países del mundo (Gleen, 2011). En general, las mafias o grupos criminales organizados incluyen coaliciones locales, nacionales y, como hemos

mencionado, progresivamente más redes internacionales que dan cobijo a los mafiosos o gánsteres propiamente dichos, y a todos aquellos que colaboran con sus proyectos, como políticos, hombres de negocios o representantes de diferentes organizaciones. Se comprende entonces que muchos de los que colaboran con las mafias sean personas que tienen negocios legales. La actividad mafiosa se amolda a las circunstancias de cada país. Por ejemplo, en el Reino Unido y España la existencia de una regulación en el consumo de opiáceos, el juego y la prostitución hace que los grupos organizados sean de un carácter distinto al de Japón, donde las mafias que se dedican al control del vicio y la extorsión tienen una gran visibilidad y prominencia. En muchos países del tercer mundo, además del negocio de la droga, la principal forma de crimen organizado se estructura alrededor del mercado negro, que se extiende a la corrupción de funcionarios y políticos para ganar mucho dinero en la obtención de licencias de importación y exportación. Sin restar importancia a los robos en gran escala, tráfico de inmigrantes, piratería marítima y fraudes. En 1969 Donald Cressey publicó un libro de gran impacto en Estados Unidos: “El robo de una nación” (Theft of the Nation), donde explicaba los orígenes de la mafia americana a partir de la exportación de la mafia italiana (o “Cosa Nostra”, como se conoce entre los

miembros) al nuevo mundo. En su estudio, señalaba que las familias se estructuran jerárquicamente y son controladas por una “comisión”, compuesta de los representantes de cada una de esas familias. Sin embargo, el modelo de organización mafiosa con una estructura rígida y jerárquica, como en las películas de El Padrino, no corresponde siempre a la realidad actual. Por ejemplo, las redes que se dedican a importar drogas ilegales a España son más bien un conjunto de grupos pequeños que colaboran esporádicamente pero que no están avalados por ninguna estructura jerárquica. Ahora bien, tampoco se puede descartar que en ocasiones, en la realidad sin fronteras de la actual Comunidad Económica Europea, se generen auténticos grupos de crimen organizado que no estén lejos del estereotipo tradicional. Por ejemplo, en marzo de 2006 la policía española, en colaboración con la rumana, asestó un golpe formidable a los grupos organizados procedentes de Rumanía, que en los últimos años han estado asolando diversos hogares y negocios de los españoles. Esa mafia rumana era una ramificación de una red internacional dirigida desde Bucarest y, como suele pasar en las películas, los dirigentes máximos de esa organización pudieron escapar del cerco de la policía rumana (ver recuadro la realidad criminológica) LA REALIDAD CRIMINOLÓGICA 297 detenidos en una operación contra el crimen organizado (El País, 18 de marzo de 2006)

Una operación lanzada en septiembre pasado (2005) contra el crimen organizado internacional ha culminado con la detención de 297 personas (…). Los detenidos, todos ellos de nacionalidad rumana, operaban en 11 provincias españolas, y formaban una mafia dedicada a la falsificación de tarjetas de crédito, tráfico de drogas, prostitución y robos en viviendas. Según Interior, se trata de “la mayor operación contra una organización de delincuentes extranjeros”. La operación ha sido realizada en cooperación con la policía rumana y 14 de los 297 detenidos han sido detenidos en aquél país. Según fuentes policiales, tres personas han huido de la policía en Rumanía, y sus datos ya están en poder de Interpol. La red operaba en Valencia, Almería, Barcelona, Sevilla, Zaragoza, Castellón, Palma de Mallorca, Madrid, Santander, Málaga y Toledo (…). La especialidad de este grupo, con una estructura mafiosa clásica como en una película de gánsteres, era el robo y la falsificación de tarjetas de crédito, con las que posteriormente sacaban dinero en cajeros o realizaban grandes compras. Según fuentes policiales, en algunos casos estaban compinchados con comercios para hacer los gastos. Los delitos que se le imputan son robo con fuerza en domicilios, fraude con medios de pago, tráfico de estupefacientes, falsificación de documentos, delitos relativos a la prostitución, contra los derechos de los trabajadores y asociación ilícita. La organización criminal estaba dirigida desde Rumanía, y toda la trama española no era sino una más de sus ramificaciones por Europa, interconectadas entre ellas. Francia, Italia y Alemania son otros países donde opera la organización. El líder de esta mafia en España era Iorgu I., alias Talanu. Éste fue detenido en la cárcel de Valdemoro, donde ya estaba preso por delitos anteriores relacionados con fraude en tarjetas y robos en viviendas. Al más puro estilo mafioso, por debajo de Talanu actuaban su lugarteniente, Mimorian I., alias Cosmos, y otros dos jefes de grupos con numerosos subordinados y divididos en especialidades delictivas. Entre los objetos intervenidos en los 51 registros efectuados por toda España como parte de la operación se encuentran miles de tarjetas, lectores de tarjetas, ordenadores, importantes cantidades de dinero, una escopeta de cañones recortados, una pistola de gas, cuatro kilos y medio de joyas, diversas herramientas utilizadas para robar en viviendas, coches de lujo como BMW o Jaguar, placas de coches y documentación falsificada de varios países.

La

definición

de la Policía Federal alemana (Bundeskriminalamt)4 del crimen organizado incluye los siguientes requisitos:

a) asociación duradera, estable y persistente de una pluralidad de personas que aspira a la obtención de ganancias b) estructura organizada, disciplinada y jerárquica c) actuación planificada y con división de trabajo d) realización de negocios legales o ilegales e) una tecnología muy flexible al servicio del delito y variedad de los medios para delinquir f) aprovechamiento de infraestructuras g) internacionalidad y movilidad. En el caso descrito en el recuadro de “la realidad criminológica” se cumplen todos ellos (invitamos al lector a que lo confirme). Sin embargo, en otros casos es mucho más difícil que se den en su totalidad. Por otra parte, si consideramos como crimen organizado cualquier delito cometido por más de dos personas —como sugiere la definición alemana antes presentada—, estamos incluyendo en el concepto muchos delitos comunes y además una parte considerable de los delitos económicos. El Código Penal español no define lo que es crimen organizado. El legislador lo hace de una forma indirecta, autorizando en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LEC art. 282 bis 4) el uso de medidas policiales especiales frente a actos de delincuencia organizada. Aquí5 se define como la asociación de tres o más personas para realizar,

de forma permanente o reiterada, alguno de los siguientes delitos: secuestros, prostitución, delitos patrimoniales, contra el derecho de los trabajadores, tráfico de especies de flora, armas, material nuclear y droga, y además terrorismo, falsificación de moneda y delitos contra el Patrimonio Histórico. Es decir que se autoriza el uso de medidas policiales especiales, por ejemplo el uso de agentes encubiertos, frente a casi cualquier delito que incluye más que dos sospechosos. Las Naciones Unidas en su llamada “Convención de Palermo”, dirigida a enfrentarse a la delincuencia organizada transnacional (ver más adelante), define el crimen organizado del siguiente modo: Por “grupo delictivo organizado” se entenderá un grupo estructurado de tres o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves [penados con cuatro o más años de cárcel] o delitos tipificados con arreglo a la presente Convención6 con miras a obtener, directa o indirectamente, “un beneficio económico u otro beneficio de orden material”. Giménez-Salinas Framis, De la Corte, Requena y De Juan (2009) exploraron las posibilidades y dificultades de medición de la criminalidad organizada en España. En concreto evaluaron empíricamente, a partir de datos policiales, la delincuencia organizada durante el periodo

1998-2006, a partir de tres indicadores de medida: las organizaciones o grupos criminales identificados, los mercados principales de delincuencia organizada, y las actividades instrumentales que eran necesarias para el desarrollo del crimen organizado. Según los datos policiales evaluados en este estudio, los grupos criminales que aparecían como identificados por la policía aumentaron sustancialmente entre 1998 (169 grupos identificados) y 2002 (594 grupos identificados), decreciendo ligeramente en los años sucesivos (en que los grupos que constaban como identificados por la policía oscilaron entre 542 y 482). Siguió un patrón paralelo, lógicamente, el número global de miembros que constaban como integrantes de los grupos delictivos organizados, que aumentó entre 1998 (en que aparecían 2.381 sospechosos de formar parte de la delincuencia organizada) y 2001 (en que dicho número había ascendido a 5.132), y aumentó sustantivamente en los años siguientes (oscilando entre 9.984 y 11.475 sujetos). En paralelo a lo anterior, también se produjo un incremento paulatino de la tasa de detenidos por delincuencia organizada, que pasó de constituir el 4,88% del total de los detenidos en España en 1999, al 11,11% en 2007. Por último, Giménez-Salinas Framis et al. (2009) también identificaron las actividades delictivas principales que llevan a cabo los grupos de delincuencia organizada

que operan en España (tráfico de bienes ilícitos: drogas, vehículos robados, armas, moneda falsificada…; tráfico de servicios ilícitos: trata con fines de explotación sexual, tráfico de inmigrantes, fraudes y estafas organizadas; e infiltración en la economía legal); así como aquellas otras actividades infractoras de cariz instrumental, o al servicio de los delitos principales, que resultan más frecuentes (violencia instrumental: coacciones, extorsiones, amenazas, homicidios, secuestros, lesiones, agresiones; corrupción: tráfico de influencias, sobornos, estafas y falsificación de documentos; y blanqueo de capitales: delitos fiscales y propiamente blanqueo de capitales).

17.2.1. Un mercado internacional Como antes adelantábamos, hoy en día el crimen organizado ha logrado un estatus claramente internacional, especialmente en lo referente al contrabando de drogas. Las actuales condiciones económicas del mercado mundial permiten que importantes cantidades de dinero provenientes del crimen organizado se disuelvan en complicadas transferencias y escrupulosos “blanqueos”, que en muchas ocasiones alimentan el imperio de las mafias y entorpecen la persecución policial de sus responsables. Ese incremento se puede observar en el cuadro 17.3. CUADRO 17.3. Evolución de los delitos de blanqueo de capitales en España

En general hay una línea ascendente desde el año 2000 hasta el 2010, con un incremento notable a partir de 2006, donde aparecen 125 delitos, luego un descenso transitorio en los dos años siguientes, hasta alcanzar los 175 delitos en el último año de la gráfica. Ante tanto dinero, la corrupción de muchos funcionarios es casi inevitable, y cuando éstos están en situaciones de poder ayudan a entorpecer la acción de la ley. El recuadro siguiente ilustra bien este problema. LA REALIDAD CRIMINOLÓGICA La operación “Mármol Rojo” (El País 4 de junio de 2005) La Guardia Civil ha desarticulado una red ucraniana que supuestamente había blanqueado en España más de 100 millones de euros procedentes del crimen y la extorsión mediante la construcción y venta de inmuebles, incluidos hoteles. El dinero salía de Ucrania mediante tres circuitos diferentes. Uno partía de cuentas corrientes abiertas en países del Este, que fluían hacia sociedades constituidas en paraísos fiscales como Antillas Holandesas, Belice, Bahamas o Islas Vírgenes. El dinero llegaba desde estos países a “entidades de crédito andorranas”. El otro circuito pasaba por territorios off shore (libres de impuestos), para que el dinero llegara a Antillas Holandesas, saltara a Holanda y entrara en España “en forma de créditos y aportaciones de capital ficticio”. En el tercer método, el dinero llegaba bajo los conceptos de remesas de inmigrantes, viajes y turismo. La red invertía el dinero en el sector inmobiliario y en la construcción de grandes hoteles en las costas de Tarragona y Almería. De hecho, durante la operación ha sido embargado el Aparthotel Reina, sito en Vera (Almería), de cuatro estrellas y 400 habitaciones. La red ya tenía prevista la venta de este negocio. Además, han sido intervenidos 50 pisos, que aún estaban sin vender, de una gran promoción en Ametlla de Mar llevada a cabo por inmobiliarias de la red.

Hobbs (1994) también se hacía eco de la dimensión mundial del crimen organizado al reflexionar que “un criminal profesional solo puede aspirar a tener éxito si

entra en el juego de la economía en la sombra, la cual, como su contraparte en el mundo legal, es especialmente vulnerable a los deseos de las corporaciones multinacionales con sedes rectoras en Europa, Asia y América” (p. 461). Se trata, ahora más que nunca, de considerar que el crimen organizado funciona mediante las reglas de mercado, como cualquier otro negocio en la vida civil. Este proceso se ha visto con una claridad meridiana en la nueva Rusia, donde la caída del viejo régimen ha propiciado una mafia post-soviética implicada en multiplicidad de negocios que incluyen, además del contrabando de drogas y de armas, los negocios inmobiliarios y el comercio de materiales estratégicos. Sin embargo, un informe preparado por Adamoli et al. (1998: 11) se hacía eco de esta “flexibilidad de mercado” como mecanismo básico de supervivencia del crimen organizado, la cual parece exigir una mayor autonomía de las corporaciones regionales o sectoriales de las grandes mafias o “empresas”: Las grandes estructuras, rígidas y monolíticas, son objetivos relativamente fáciles para las agencias policiales. Como resultado, las empresas criminales están en la actualidad sustituyendo la estructura centralizada por otras más flexibles y descentralizadas. De este modo, la tendencia actual se orienta hacia la creación de pequeñas organizaciones basadas en acuerdos tácitos y recíprocos y con pocos procedimientos operativos, ajustándolos a las nuevas características de los mercados, de tal manera que puedan maximizar los beneficios que se derivan de esas nuevas oportunidades de los mercados, disminuyendo así su vulnerabilidad ante las instituciones del sistema

de justicia criminal.

Los años transcurridos desde la realización de este informe no han hecho sino darle la razón, con los acontecimientos que se suceden con el paso del tiempo.

17.2.2. Los integrantes de los grupos mafiosos Sin embargo, lo anterior no significa que se hayan roto los puentes entre el crimen organizado y los bajos fondos, sino que sus interacciones son más bien cuestión de oportunidad. Muchos gángsteres serían delincuentes comunes, contra la propiedad o violentos, si no existieran grupos organizados que operaran en su medio. En el plano del asesinato o de la extorsión, es el criminal profesional el que opera; en el plano de la gestión es donde aparecen los “hombres de negocios” que solo manejan organizaciones ilegales o que combinan éstas con otros negocios legales. El criminal profesional al servicio de las mafias, empero, sí que ha evolucionado con el devenir del tiempo. Si en la clásica descripción de Sutherland (1993a [1937]), su retrato nos presenta alguien experto en su “oficio”, buscador de un estatus que no le confiere su lugar de nacimiento, el asalariado de los sindicatos del crimen ya no precisa más habilidad que la de una violencia contundente y demostrativa de que “hay que cumplir las reglas”: “Para establecer y mantener un puesto en el

actual mercado, la violencia es un requisito clave. Su utilidad es particularmente importante en los mercados de la droga orientados a los jóvenes y de carácter recreativo, como clubes y discotecas, donde se puede producir tanto el tráfico como el consumo. Se requiere un control total sobre esos ambientes, y en la medida en que los grupos organizados se desplacen a un lugar nuevo, hay que emplear una violencia sin contemplaciones para demostrar su dominio” (Hobbs, 1994, pp. 460-461). De este modo, en los grupos organizados o mafias, y aunque rara vez se puede ubicar a las personas en tipos perfectamente definidos, podemos arriesgarnos a describir tres tipos de delincuentes siguientes. Los primeros incluyen a personas cercanas a lo que hemos visto en el apartado anterior relativo a la delincuencia de cuello blanco. Son funcionarios, hombres de negocios y empleados de una cierta responsabilidad que hacen dejación de sus funciones o colaboran más activamente para el sostenimiento del negocio delictivo. Es el caso de funcionarios que venden licencias, aduaneros que admiten sobornos o responsables de bancos que acceden a blanquear dinero. Son colaboradores de las mafias, comprados por su ambición. Un segundo grupo consta de delincuentes que reciben una socialización en la cultura de una mafia. Aquí incluimos a las mafias más organizadas como la Cosa

Nostra o los Yakuza japoneses. Estos sujetos, cuando ostenten en su edad adulta cargos de responsabilidad, llevarán negocios legales e ilegales, y defenderán con la violencia su poder (como hacía Al Capone). El núcleo relacional de estos jóvenes define los negocios criminales como los padres honrados hablan a sus hijos en la confianza de que prosperen en un bufete de abogados o una cadena de cafeterías. Un tercer grupo se nutre de chicos o adultos marginales, cuya pertenencia a las mafias es una aspiración para alcanzar un mayor estatus (como los chicos desheredados que ven las mafias de las favelas brasileñas o los carteles de la droga colombianos como metas deseables). La mayoría de estos últimos serían delincuentes comunes si no existieran las organizaciones criminales organizadas. Los acontecimientos de los últimos 25 años en Rusia han permitido comprobar el modo en que la criminalidad organizada se ha desarrollado y transformado en un lapso de tiempo extraordinariamente corto. En primer lugar, se comprueba la dependencia y adaptabilidad del crimen organizado a las condiciones económicas y políticas de la zona. Mientras existía el régimen comunista, las organizaciones criminales estaban lideradas por funcionarios o protegidos del partido, quienes además de su trabajo legal disponían de sus negocios ilegales. El desmoronamiento del poder hegemónico soviético hace

temblar los cimientos de la sociedad, y huérfana como estaba Rusia de una mafia al estilo norteamericano, italiano o japonés, descubre una rápida carrera de los más aptos para hacerse con el control. ¿Quiénes son los vencedores? “El retrato robot del nuevo dirigente mafioso indica que éste es joven, sin antecedentes, con capacidad organizativa, conexiones en el mundo policial y la Administración, así como en el mundo del hampa y, además, con relaciones internacionales”, afirma un coronel de la policía moscovita experto en este tipo de delincuencia7. Junto a estos nuevos capos, ambiciosos y sin escrúpulos en su ansia de ostentar la mayor ración de poder, proliferan asesinos profesionales, pistoleros y matones captados al mejor postor en el mercado abundante del desempleo y la confusión. Con razón se ha comparado al Moscú de los 90 con el Chicago de los años 30. Este cambio generacional lo ilustra perfectamente el mencionado policía moscovita, cuando transmite sus impresiones después de haber contactado con antiguos líderes del crimen organizado: “Sus interlocutores creían que los tiroteos diarios y los ajustes de cuentas son el resultado de la ‘falta de autoridad de un líder en el mundo del hampa’. La mafia de América e Italia tiene ‘líderes serios’, y eso hace que la policía ‘pueda estar tranquila hasta cierto punto, porque la mafia se autorregula’, dijo el

policía al periódico Izvestia”8.

17.2.3. La respuesta ante el crimen organizado La dificultad de llevar ante la justicia a los responsables de delitos propios de grupos organizados se puede observar en un estudio realizado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos (NCJ, 2006), en el que comparó la probabilidad de recibir una condena de cárcel de todos los sujetos declarados culpables por delitos graves en los 75 condados o provincias más pobladas de ese país, a lo largo de 2002. Aunque ciertamente en esas estadísticas habría sujetos que actuarían fuera del marco de un grupo organizado, lo cierto es que los delitos característicos de esta figura criminal, tales como tráfico de drogas y de personas, estafas, fraudes y delitos económicos no superaban el 25% de probabilidad de ser sentenciados a una pena privativa de libertad. Esto contrastaba fuertemente con otros tipos delictivos, donde la probabilidad de ir a la cárcel era mucho más elevada, caso de asesinato (un 70%), o robo con violencia (40%). ¿Qué se puede hacer, entonces, para mejorar la eficacia de la ley ante este tipo de delincuencia? Es evidente que la mayor dificultad estriba en poder probar los hechos y, una vez obtenidas esas pruebas de cargo, detener a los responsables. Por ello, la Convención de Palermo (Resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas

55/25, de diciembre de 2000, firmada también por España en la ciudad de Palermo) introducía diversas líneas de actuación dirigidas, entre otras cosas, a promover una mayor agilidad de los países miembros en la captura y condena de los delincuentes mafiosos: Los Estados Parte considerarán la posibilidad de celebrar acuerdos o arreglos bilaterales o multilaterales en virtud de los cuales, en relación con cuestiones que son objeto de investigaciones, procesos o actuaciones judiciales en uno o más Estados, las autoridades competentes puedan establecer órganos mixtos de investigación. A falta de acuerdos o arreglos de esa índole, las investigaciones conjuntas podrán llevarse a cabo mediante acuerdos concertados caso por caso (un ejemplo de esto fue la actuación conjunta entre las policías española y rumanas comentada al comienzo de este capítulo). (Art. 19).

También se hacía eco de la necesidad de proteger a los denunciantes de las mafias. Así: Cada Estado Parte adoptará medidas apropiadas dentro de sus posibilidades para proteger de manera eficaz contra eventuales actos de represalia o intimidación a los testigos que participen en actuaciones penales y que presten testimonio sobre delitos comprendidos en la presente Convención, así como, cuando proceda, a sus familiares y demás personas cercanas (Art. 24.1)

Finalmente mencionaremos por su interés una serie de medidas que debería tomar cada nación, de acuerdo a la Convención de Palermo, con un propósito preventivo. Aquí se incluyen, entre otras, las siguientes: 1. La sensibilización de la conciencia pública y la movilización del apoyo popular; se trata de informar y

educar a la comunidad, requiriendo el apoyo de los medios de comunicación social. 2. El desarrollo de las investigaciones sobre la estructura de la delincuencia organizada y la evaluación de la eficacia de las medidas adoptadas para combatirla: “Por ejemplo, las investigaciones sobre la corrupción administrativa, sus causas, naturaleza y efectos y sus vínculos con la delincuencia organizada y sobre las medidas de lucha contra la corrupción, son un requisito previo para la elaboración de esquemas preventivos” (p. 189). 3. Deben promoverse programas detallados con objeto de poner obstáculos a los delincuentes en potencia, reducir las oportunidades de delinquir y hacer más visible el delito, así como crear y dotar organismos que tengan como fin la lucha contra la corrupción. 4. El aumento de la eficiencia de los mecanismos de represión y de la justicia penal, haciendo hincapié en la coordinación entre las distintas agencias implicadas. 5. La mejora de la capacitación de los policías y del personal de la administración de justicia, en especial en nuevas tecnologías y nuevos hallazgos acerca del desarrollo de la delincuencia organizada. En resumen, Naciones Unidas instaba a la unión de políticas de apoyo a las economías donde la droga se halla sólidamente instalada y la creación de medidas

preventivas nacionales, con los mecanismos de acción judicial y policial, enfatizando el concurso de las nuevas tecnologías y la legislación que dificulte el “blanqueo de dinero”. En la medida en que dichas líneas de actuación se vayan consolidando en los diferentes países firmantes, hemos de esperar que aumente la efectividad de la justicia en su lucha contra el crimen organizado.

17.2.4. ¿Se puede acabar con el crimen organizado? El caso de México El crimen organizado emplea su gran capacidad económica para disponer de los medios más modernos con los que conseguir sus fines. El siguiente cuadro de la Realidad Criminológica es un buen ejemplo de ello: LA REALIDAD CRIMINOLÓGICA Para introducir la droga los traficantes van debajo del agua (The New York Times; Schmidt y Shanker, 2012) El navío al que perseguía la policía llevaba toneladas de cocaína. Pero después de que la tripulación del sumergible abandonara la nave, la Guardia Costera solo pudo recuperar dos paquetes de drogas que pesaba cada uno 66 libras. Este es el nuevo desafío al que se enfrentan Estados Unidos y los países latinoamericanos: de modo creciente las organizaciones de la droga están disponiendo de todo lo necesario para fabricar en lo profundo de las selvas de Sudamérica submarinos con energía diesel que podrían ser la envidia de la mayoría de las naciones […] Las autoridades de Estados Unidos han descubierto al menos tres modelos de un submarino nuevo y sofisticado capaz de viajar completamente sumergido desde Sudamérica hasta la costa de Norteamérica. Estos tres nuevos submarinos capturados son capaces de albergar 10 toneladas de cocaína cada uno. Dado que pueden avanzar por la noche en la superficie disponen de tiempo para recargar las baterías con las que alimentar el motor diesel, y luego continuar bajo la superficie todo el trayecto desde Ecuador a Los Ángeles.

Con el uso creciente de los submarinos, las autoridades americanas tienen razones para preocuparse, porque eso significa que los traficantes irán abandonando las poderosas lanchas fuera borda, más fácilmente detectables, y con capacidad de carga mucho menor, de hasta una tonelada. A esto se añade una nueva inquietud: los traficantes de drogas, tradicionalmente, combinaban las tareas de producción, transporte y distribución, y tenían pocas razones para cooperar con grupos terroristas. Pero estos submarinos son construidos muchas veces por contratistas independientes que pueden pretender vender estos navíos a cualquiera que ofrezca el precio adecuado.

Este ejemplo nos demuestra que en relación con el crimen organizado, existe una sensación generalizada de que la policía va siempre muy por detrás de los delincuentes (algo, por otra parte, también aplicable al delito en general, pero de un modo menos acusado). Esta imagen se concreta de modo irónico pero muy real en las persecuciones que en ocasiones tienen que realizar las fuerzas del orden ante la mirada atónita de los ciudadanos, cuando se puede ver a un vehículo policial convencional en pos de un potente coche de lujo que esconde a tratantes de personas o narcotraficantes El crimen organizado se expande como una mancha de aceite en el mundo actual, y utiliza cualquier medio y mercancía que le reporte impunidad y ganancias, tal es la naturaleza humana. Que cualquier medio sirve lo tenemos con el moderno desarrollo de Internet. Su uso permite acciones delictivas que sin su recurso hubieran sido imposibles. Quizá un ejemplo notable de esto sea la pornografía infantil. En febrero de 2006 la policía de 19 países actuó de manera coordinada para detener a 108

personas en total, acusadas de compartir —a través de redes de intercambio de archivos “peer to peer” (P2P)— más de 11.000 fotos e imágenes de violaciones de niños menores de 10 años. La operación fue posible gracias al buscador Hispalis, diseñado para localizar y datar imágenes de pornografía con menores, ya colgadas en la red, para poder seguirlas y conocer cuáles son los usuarios que las descargan o intercambian9. Aunque aquí no había un propósito económico, no cabe duda de que esas personas crearon una red organizada para su satisfacción sexual perversa. Por otra parte, en los últimos años se observan relaciones mercantiles entre bandas de mafiosos y de terroristas, unidas como están en su misión de obtener fondos ilegítimos, y en ocasiones armas. Desgraciadamente, en los comienzos del siglo XXI, ambas modalidades criminales gozan de buena salud. El imperio de la ley parece tambalearse ante estos gigantes del crimen, ya que muchas veces los intereses políticos parecen ser predominantes ante el bienestar de los ciudadanos que dicen proteger. Por ejemplo, por una parte México se esfuerza en luchar contra las mafias del crimen organizado, pero por otra parte, es uno de los países con mayor corrupción entre los funcionarios del Estado, incluyendo a políticos, jueces y policías. López Flores (2010), en su análisis del cártel del

Golfo, plantea la hipótesis de que la creciente violencia por causa del narcotráfico sea el producto de la pérdida del control que el gobierno federal ejercía sobre el crimen organizado, al cual tutelaba: “La contraposición de intereses políticos entre las fuerzas gobernantes federal y locales, su incapacidad para establecer políticas de Estado contra la delincuencia y los altos niveles de corrupción persistentes han determinado la insubordinación creciente de los grupos criminales ante sus antiguos patrones y su creciente búsqueda de expansión hegemónica territorial” (Flores Pérez, 2010: 2). En estas circunstancias no es extraño que la guerra decretada contra los cárteles por parte del estado mejicano no consiga lograr los resultados esperados. En el mes de mayo de 2012 la policía encontró los cuerpos de 49 personas gravemente mutilados, arrojados en varios lugares de una autovía cerca de la ciudad de Monterrey. Fue difícil reconocer la identidad de las víctimas (seis mujeres y 43 hombres) porque sus cabezas, manos y piernas habían sido cercenados. El presidente de México, Felipe Calderón comenzó a enviar tropas del ejército a luchar contra las mafias del crimen organizado en varios puntos del país cuando tomó posesión de su cargo en el año 2006. Desde esa fecha los fallecidos por actos de homicidio debido al control por el tráfico de drogas suman la impresionante cifra de 50.000, la mayoría en

estados como Nuevo león, cerca de la frontera con Estados Unidos. Con el tiempo los cárteles de la droga han ido diversificando sus actuaciones para incluir la extorsión, el lavado de dinero y el tráfico de personas. Por ello ahora operan en muchos puntos del tránsito procedente de América Central y Sudamérica por México en su camino hacia Norteamérica, controlando el flujo de emigrantes y obteniendo pingües beneficios (Zabludovsky, 2012). Quizás por ello este país oculta el secreto de lo que parece ser un caso de crimen organizado sin precedentes: el asesinato masivo de chicas jóvenes en Ciudad Juárez, cerca de la frontera con Estados Unidos. Desde hace más de 18 años vienen desapareciendo y muriendo chicas con un perfil similar: delgadas, jóvenes, obreras (muchas de ellas como maquiladoras), de pelo largo, también hay un número elevado de estudiantes. Hasta ahora se han confirmado cerca de 400 asesinatos, y hay un número indeterminado de desaparecidas. Muchas de las mujeres fueron violadas y mutiladas, y sus cuerpos aparecieron tirados en zanjas o en terrenos baldíos. Las hipótesis han sido muchas, pero hasta la fecha no hay nada probado. Se habla de que podrían estar actuando varios asesinos en serie, y se sabe que los pocos arrestados por todo este suceso no pueden de ningún modo ser considerados los culpables de la mayoría de estos crímenes. Lo que sí que

queda patente es la incapacidad del gobierno mejicano para resolver este enigma. Un informe presentado por Amnistía Internacional en julio de 200310 denunciaba de modo concluyente tremendos errores y negligencias del sistema judicial mexicano en la investigación de los crímenes, y acusaba al gobierno de aquel entonces presidido por Vicente Fox de “tolerar estos crímenes, y a las autoridades estatales y municipales de hostigar a las familias de las víctimas y actuar con indiferencia”11. Los años van pasando pero nada cambia; es más, va a peor. Solo en 2010 hubo 304 homicidios de mujeres, y en los primeros seis meses de 2012, 60 mujeres adultas y chicas jóvenes habían sido asesinadas, y en los dos años anteriores a esa fecha había más de 100 desaparecidas. Un comité del gobierno, creado para analizar las muertes de los últimos años, llegó a conclusiones parecidas a las del primer comité creado tras los primeros años de la matanza: en torno a la mitad de las mujeres fallecieron como resultado de disputas entre carteles de drogas, violencia doméstica y robos, y un poco más de una tercera parte fue víctima de agresiones sexuales con homicidio (Cave, 2012). Se ha especulado mucho a lo largo de todo este tiempo: junto a esas causas se ha señalado también otras como los asesinatos rituales, tráfico de órganos… Ciudad Juárez constituye el caso de asesinato en masa más importante

del crimen contemporáneo, e ilustra a las claras que la delincuencia organizada no tiene límites, pues, ¿cómo se puede cometer tantos asesinatos en una zona bien delimitada a lo largo de tantos años sin que opere toda una red de asesinos y secuaces?

17.3. CONCLUSIONES El delito económico y la corrupción constituyen auténticos riesgos para la estabilidad social y la prosperidad de las naciones. Los delincuentes de cuello blanco aprenden a violar las normas y leyes si encuentran un caldo de cultivo en sus empresas e instituciones para creer que esas acciones son esperables por parte de los demás. De este modo se facilita la justificación del delito, y se aprovecharán las oportunidades para lograr el beneficio ilegítimo para uno mismo o para la empresa o institución (partido político, por ejemplo) en la que trabaje. La experiencia de estos últimos años ha sido una buena muestra de que es muy difícil que los sujetos con poder y responsabilidad se autorregulen. A pesar de que en la actualidad existen más sujetos capaces de cometer delitos económicos que no tienen por qué ser gente de gran influencia y estatus (como definió Sutherland al delincuente de cuello blanco), especialmente por la expansión de internet y la telemática, sigue siendo verdad

que la gente en puestos claves de empresas e instituciones pueden causar graves pérdidas patrimoniales a la sociedad, además de erosionar la credibilidad en el estado y sus instituciones. Por ello se hace imprescindible una apuesta fuerte por generar normas y actividades preventivas, apoyadas en suficientes recursos para vigilar su aplicación. El crimen organizado se ha extendido y diversificado en los últimos años. Junto al tradicional tráfico de drogas ahora las mafias tienen otros objetivos como son los productos falsificados y el tráfico de seres humanos con fines de explotación sexual, laboral, para la adopción de niños e incluso para el trasplante de órganos. La comunidad internacional intenta responder con acuerdos y tratados, pero parece que la ley siempre va por detrás de los delincuentes. En buena parte su poder viene de su enorme capacidad de corromper y comprar voluntades, y de la existencia de países enteros que actúan casi como santuarios para sus actividades, bien por connivencia de sus líderes y dirigentes, bien por pura impotencia. Frente al crimen organizado, como frente al terrorismo, el gran desafío de la justicia es ganar en eficacia mientras al tiempo se respetan las leyes relativas a los derechos civiles y libertades fundamentales del conjunto de los ciudadanos. Por ahora va ganando el crimen organizado.

PRINCIPIOS CRIMINOLÓGICOS Y POLÍTICA CRIMINAL 1. El comportamiento delictivo empresarial y administrativo no constituye un campo aparte para la Criminología, sino que se puede analizar en el marco de sus teorías generales: las teorías del aprendizaje, de las subculturas, de la oportunidad diferencial y del control social resultan relevantes. 2. El delincuente de cuello blanco se perfila como una persona con valores hedonistas y una personalidad narcisista con escaso autocontrol ante las oportunidades de obtener un beneficio ilegítimo. 3. Un número relevante de delincuentes de cuello blanco cometerán también delitos comunes como extorsiones, agresiones e incluso homicidios para preservar su anonimato ante la justicia. Es lo que se ha denominado más recientemente como “delincuentes de cuello rojo”. 4. Los casos sobre apropiación indebida en las empresas privadas y la malversación de fondos en el sector público, aunque cada vez salen a la luz con más frecuencia, siguen siendo a menudo casos desconocidos, así que los datos policiales y judiciales dan poca indicación de la envergadura total del problema. 5. El fraude telemático y otros tipos de cibercrimen son modalidades delictivas crecientes que pueden dejar obsoletas otras prácticas tradicionales del robo y de la estafa. El delincuente profesional siempre adopta la tecnología de su tiempo. Es imprescindible que tanto los propios consumidores como el Estado desarrollen unos hábitos y normas de actuación que frenen el avance del delito en la red. 6. La delincuencia económica y la corrupción precisan de leyes eficaces que puedan disuadir a los delincuentes de sus propósitos. Hasta la fecha los diferentes estados han mostrado ser bastante deficientes al respecto. 7. Las mafias se parecen cada vez más a corporaciones multinacionales, al tiempo que algunos políticos y hombres de negocios adoptan métodos mafiosos o se integran en estas organizaciones criminales. El enorme desarrollo de esta forma delictiva exige que los gobiernos presten una gran atención a su limitación y erradicación. 8. El que en países en descomposición (como la extinta Unión Soviética) florezcan rápidamente las mafias, y empleen a delincuentes comunes como miembros de número, ilustra que toda forma de criminalidad tiende a alimentarse mutuamente. Los gobiernos deben recordar que no solo el delincuente común es un problema, y harían bien en considerar los graves perjuicios económicos y de erosión de la convivencia que se desprenden de la delincuencia organizada. 9. El crimen organizado se expande y difumina debido a la mayor relación existente entre las diferentes mafias internacionales y a la mayor posibilidad que el mundo globalizado ofrece para el tráfico de drogas y de seres humanos. La telemática también facilita la generación de estas prácticas ilícitas y el cobro de sus beneficios. 10. La existencia de personas en todo el mundo en situación de grave necesidad y los déficits de control democrático de muchos estados constituyen también elementos

esenciales para la consolidación de esta actividad delictiva. CUESTIONES DE ESTUDIO 1. Define la delincuencia de cuello blanco y sus tipos. 2. ¿Qué teorías explican esta actividad delictiva? 3. ¿Cuáles son los rasgos generales del delincuente de cuello blanco? 4. ¿Qué formas de delincuencia están al alcance de los que emplean la telemática? 5. ¿Qué puedes decir de la corrupción en España? ¿Qué formas toma? 6. ¿Cómo operan en la actualidad las mafias del crimen organizado? 7. ¿Qué evolución han experimentado tales mafias en los últimos años? 8. ¿Qué dice la Convención de Palermo acerca del control de esta delincuencia? 9. ¿Qué explicación se puede dar al caso de la violencia del crimen organizado en México? 10. ¿Puedes señalar alguna película o libro de ficción donde el cibercrimen tenga un lugar destacado? ¿Cómo se explicaría desde lo planteado en este capítulo?

1

Ver: http://www.transparencia.org.es/BAROMETRO_GLOBAL/BAROMETRO%20GLOB 2 Ver: http://www.transparencia.org.es/ ÍNDICES_DE_PERCEPCIÓN/INDICE%20DE%20PERCEPCION%202011/TABLA_ 3 The New York Times, 25 de agosto de 2012: “No crime, no punishment”. 4 Citado de Olivé y Borrallo (1999) p. 23. 5 LEC Art. 282 bis 4. 6 El artículo 6 establece esos delitos del siguiente modo: a) i) La conversión o la transferencia de bienes, a sabiendas de que esos bienes son producto del delito, con el propósito de ocultar o disimular el origen ilícito de los bienes o ayudar a cualquier persona involucrada en la comisión del delito determinante a eludir las consecuencias jurídicas de sus actos; ii) La ocultación o disimulación de la verdadera naturaleza, origen, ubicación, disposición, movimiento o propiedad de bienes o del legítimo derecho a éstos, a sabiendas de que dichos bienes son producto del delito; b) Con sujeción a los conceptos básicos de su ordenamiento jurídico [del país que suscribe la Resolución]: i) La adquisición, posesión o utilización de bienes, a sabiendas, en el momento de su recepción, de que son producto del delito; ii) La participación en la comisión de cualesquiera de los delitos tipificados con arreglo al presente artículo, así como la asociación y la confabulación

para cometerlos, el intento de cometerlos, y la ayuda, ayuda, la incitación, la facilitación y el asesoramiento en aras de su comisión. 7 El País, 8 de agosto de 1993. 8 El País, 8 de agosto de 1993. 9 El País, 25 de febrero de 2006. 10 Informe de AI presentado por su secretaria general, Irene Khan, titulado: “México: muertes intolerables. Diez años de desapariciones y asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez y Chihuahua”. 11 Ver www.elpasotimes.com/borderdeath/español

La Profesora Rosemary Barberet, quien trabajó en las universidades españolas de Castilla-La Mancha, Sevilla y Carlos III, es actualmente la Directora del Máster en Delincuencia y Justicia Internacional, en el John Jay College of Criminal Justice, New York.

FRAUDE

18. EL TERRORISMO 18.1. ORÍGENES Y DEFINICIÓN 828 18.2. CAUSAS 833 18.2.1. ¿Por qué mataban los etarras? 833 18.2.2. ¿Por qué se inmolan matando los terroristas islámicos? 836 18.3. ¿QUIÉNES SON LOS TERRORISTAS? 838 18.4. RESPUESTAS AL TERRORISMO 843 18.4.1. ¿Son los terroristas racionales en su actividad criminal? 845 18.4.2. Una tipología de terroristas 850 18.4.3. Un mayor control sobre la inmigración y las prácticas religiosas 852 18.5. ESTUDIOS EMPÍRICOS DE LAS MEDIDAS CONTRA EL TERRORISMO 854 18.6. CONCLUSIONES 856 PRINCIPIOS CRIMINOLÓGICOS Y POLÍTICA CRIMINAL 857 CUESTIONES DE ESTUDIO 858

Pocas veces un tipo de actividad criminal ha cambiado tanto su forma de proceder y el modo en que el mundo lo percibe a raíz de un hecho singular, como en el caso que nos ocupa. El terrorismo no volvió a ser lo mismo después del 11 de septiembre de 2001, cuando Al Qaeda a través del comando Atta (véase más adelante) atacó las Torres Gemelas de Nueva York y el Pentágono en Washington. Esas 3.000 víctimas no solo fueron el acto terrorista más brutal perpetrado en Estados Unidos, sino que iniciaron un movimiento de acciones bélicas y de iniciativas diplomáticas cuyas consecuencias todavía las

estamos experimentando, y será así probablemente por mucho tiempo. Con el 11-S apareció frente a las pantallas de todo el mundo la nueva cara del terrorismo: el globalizado, difuso y escurridizo terrorismo islámico, encarnado en la confesión radical salafista, y dispuesto a declarar la guerra santa o “yihad” a Estados Unidos y sus aliados, y en general por extensión a todo Occidente que no respete sus exigencias. Hoy en día, este es el terrorismo por excelencia, y frente a la carnicería de sus ataques (Nueva York, Bali, Madrid, Londres) los grupos tradicionales, pegados a una tierra y a una causa muy definida, parecen contraerse en su grado de amenaza y alcance. No obstante, la realidad de España no puede dibujarse completa sin el terrorismo de ETA, por más que esta banda terrorista no se haya atrevido a matar en los últimos años, consciente de que el pueblo español está ya —hace tiempo en verdad— ahíto de la vileza de la sangre y la muerte de personas inocentes (Beristain, 2004), y haya anunciado que está dispuesta a abandonar definitivamente las armas. Eso sí, aunque acosada por la policía y ya sin el apoyo popular de otras épocas, queda la incógnita de cómo se va a resolver el espinoso asunto de su disolución, por cuanto que, en el momento de escribir estas líneas, la situación parece estar estancada.

18.1. ORÍGENES Y DEFINICIÓN La primera vez que se utilizó el término terrorismo en un sentido político fue en 1793, en la época del periodo del Terror impuesto por los jacobinos en Francia, donde en julio de 1794 ya habían ejecutado a 2.400 personas en París y a 30.000 en todo el país. El cerebro de esa época fue Robespierre, quien explicó que “los resortes del gobierno popular en la revolución son la virtud y el terror”. Los dos han de trabajar en armonía, porque sin la virtud el terror es destructivo, y sin éste la virtud no tiene poder. Ya es historia, sin embargo, que Robespierre amplió cada vez más la extensión del terror —sin compañía de la virtud— y que eso le costó la vida, ejecutado por la misma Asamblea Nacional que le había aupado al poder (Freedman, 2005, p. 164). El terrorismo floreció en el siglo XIX como estrategia de los revolucionarios en su lucha contra el Estado, con el propósito de inspirar a las masas a rebelarse contra su maquinaria de opresión. Así, el Congreso Internacional Anarquista celebrado en Londres en 1881, describió el terrorismo como un deber de todos los comités anarquistas nacionales con objeto de explorar todos los medios para la “aniquilación de todos los gobernantes, ministros de estado, la nobleza, el clero, los más prominentes capitalistas y otros explotadores”, prestando gran atención “al estudio de la química y la preparación

de explosivos” (Freedman, 2005, p. 165). Durante buena parte del siglo XX la ideología que ha inspirado a las bandas terroristas ha sido una extrapolación de las luchas de liberación de los pueblos contra sus colonizadores. Un trabajo clásico es el de Frantz Fanon, cuyo libro “Los desheredados de la tierra” (The Wretched of the Earth) tenía un prólogo de Jean Paul Sartre, en el que se expresaba que con esa lucha “se destruía al opresor y al hombre oprimido al mismo tiempo”. Pero esa visión propia del siglo XIX y de la primera parte del XX parece ser el único bagaje ideológico del terrorista, junto con ciertas ideas anarquistas (tomadas de Mikhail Bakunin, político y filósofo ruso, 1814-1876) y marxistasleninistas. El terrorismo islámico ha bebido de sus propias fuentes integristas, pero como veremos persiste en lo sustancial el sustrato de unas ideas rígidas insertas en un credo monolítico de tipo religioso Pero todo esto es ya Historia. Un vistazo a la evolución del terrorismo en los últimos años, revela que los atentados terroristas han ido aumentando en gravedad, sin duda debido a la mayor eficacia destructiva de las armas de fuego y explosivos, y al desarrollo de los medios de comunicación que permiten una gran facilidad para la planificación, ejecución y difusión de los atentados. Sin embargo, antes del nuevo siglo las cosas parecían ir un poco mejor. Así, el Departamento de Estado del gobierno

de los Estados Unidos contabilizó el número de ataques terroristas internacionales en el mundo, y concluyó que el terrorismo había entrado en una nueva etapa de expansión a partir de finales de los años 90, después de un largo periodo iniciado en 1986 en el que los ataques disminuían cada año (Tilly, 2004). En el año 2010 ocurrieron 11.500 ataques terroristas en el mundo, afectando a 50.000 víctimas y contabilizando 13.200 muertes. Aunque ese número de incidentes supuso un incremento del 5 por ciento con respecto al año 2009 (que registró 10.969 ataques), las muertes disminuyeron un 12 por ciento. Más del 75 por ciento de los ataques terroristas y de las muertes producidas por esta causa tienen lugar en el sur de Asia y en Oriente próximo, lo que se corresponde con los principales focos existentes hoy en día de naturaleza bélica (Afganistán, Pakistán, Somalia, Irak)1. No obstante, existen problemas a la hora de separar el terrorismo de otras formas de violencia política; en parte porque el terrorismo hoy es un fenómeno de comunicación de masas, y ésta emplea el término de un modo indiscriminado. Además, una vez que un grupo ha sido calificado de “terrorista”, cualquier delito que cometa será incluido en esa categoría, aunque realmente no sea de esa naturaleza. Este problema es muy visible cuando se trata de aplicar las leyes de extradición existentes entre

dos países. Comúnmente figura en estos tratados la cláusula que prohíbe la extradición si el delincuente es acusado por el país de origen de un “delito político”. Frecuentemente, los sujetos perseguidos intentan acogerse a esta cláusula para evitar ser entregados, mientras que los reclamantes alegan que se trata de “terroristas”, y en modo alguno de “delincuentes políticos”. A pesar de ello, los elementos centrales del terrorismo parecen ser los siguientes: el uso o amenaza de usar la violencia; una motivación política; y la creación de una presión psicológica mediante el terror para lograr un propósito determinado. Esto último supone que además del agresor y la víctima, hay un tercer elemento que juega un papel relevante: la audiencia formada por el público en general y por los miembros del gobierno y de los otros poderes. Cuando finalmente Bin Laden fue encontrado y ejecutado por comandos del ejército norteamericano, el 1 de mayo de 2011, se tuvo acceso a la documentación que guardaba el líder de Al Qaeda. Una de sus notas enviada a un lugarteniente suyo decía lo siguiente: “Se acerca el décimo aniversario de los atentados del 11-S, y debido a la importancia de esta fecha, ha llegado el momento de empezar a prepararse. Por favor, envíame tus sugerencias (…) Sería estupendo si pudieras darme el nombre de algunos hermanos bien preparados para llevar a cabo una operación a gran escala contra los Estados Unidos”2.

Por otra parte, también parece relevante señalar que los estados pueden emplear métodos terroristas para preservar el orden establecido, siendo el problema particularmente grave cuando todo el Estado en sí, debido a su origen ilegítimo e impuesto, emplea de modo genérico el terrorismo para perpetuarse en el poder. Tilly (2004) ofrece la siguiente definición: “Es el empleo asimétrico de amenazas y de violencia contra los enemigos usando medios que caen fuera del sistema de lucha política que opera dentro de un país determinado”. Esta definición tiene la ventaja de no considerar terroristas a los que se oponen con las armas a un estado tiránico (ya que este Estado sí emplea el terror como “sistema de lucha política”), al tiempo que incluiría a todos aquellos que se enfrentan mediante actos de violencia a gobiernos legítimamente constituidos. Tradicionalmente —y dejando aparte el caso de los estados terroristas como el Chile de Pinochet o la Argentina de la dictadura militar— se distinguían dos tipos de grupos terroristas: los grupos étnicos y los revolucionarios. Los primeros suelen pretender transferir el control del gobierno de una etnia a otra (véase la masacre ocurrida en Ruanda en los años 90 del siglo XX, que enfrentó a los Hutus y los Tutsis); los segundos pretenden derribar el sistema político imperante en su propio territorio para sustituirlo por otro (lo que buscaba

ETA o el IRA). En la actualidad, sin embargo, tenemos que sumar una nueva categoría: el moderno terrorismo transnacional islámico, un terrorismo que busca atacar a los países occidentales (y a aquéllos que les apoyan) para conseguir la lunática meta de imponer la fe del Islam en los territorios del Oriente, al tiempo que debilitan y castigan la influencia de Estados Unidos y sus aliados en el mundo. Ya vimos antes que el uso actual del término nace con la propia época contemporánea, la Revolución Francesa. No obstante, el terrorismo, en el sentido de estructurarse como una banda armada con el propósito de coaccionar a un gobierno, parece ser un fenómeno recurrente en la historia, hallándose precedentes en la Grecia y Roma clásicas, así como en la Edad Media. El hecho, sin embargo, de que nos parezca “nuevo” se debe a factores característicos de nuestra época, como son la gran facilidad de objetivos terroristas que permite el tránsito fluido entre los países, la ingeniería letal de que hoy día se puede disponer en los “mercados terroristas” y, especialmente, el tremendo e inmediato impacto mundial que cualquier fenómeno de esta índole es capaz de alcanzar, gracias al despliegue sin precedente de los mass media. Por otra parte, en la proliferación del terrorismo contemporáneo no debemos olvidar la importancia de los

cambios culturales y políticos acaecidos, entre los que podemos mencionar las situaciones explosivas heredadas de antiguos colonialismos o de la hegemonía soviética, el furor bélico de la rama integrista del Islam o los deseos expansionistas de países que aspiran a imponer la fuerza de su etnia mayoritaria. Ni siquiera países tradicionalmente seguros como Estados Unidos o Japón pueden ahora librarse de esta amenaza, como demostraron primero las masacres de Oklahoma y del metro de Tokio (véase el recuadro siguiente), y luego el magno y desolador episodio del 11-S. LA REALIDAD CRIMINOLÓGICA: El terrorismo EL 19 DE ABRIL DE 1995 UNA BOMBA HIZO VOLAR NUEVE PISOS DEL EDIFICIO DEL FBI DE OKLAHOMA, MATANDO A 200 PERSONAS (Vicente Verdú para El País, 30-5-95) “Los europeos odian y aman al Estado. No pueden vivir sin él. Los norteamericanos aborrecen al Estado. Viven a regañadientes con él. En el alma fundacional de Estados Unidos, los Estados fueron congregaciones de parroquias, archipiélagos que día a día se ven todavía impelidos a clavar la bandera nacional por todas partes para asegurar las costuras de la unión. La independencia del país se logró con la esforzada colaboración de las milicias populares relacionadas ahora con el atentado de Oklahoma City (…) Los milicianos se declaran patriotas porque su contribución fue decisiva en la batalla contra Inglaterra, pero se declaran también antiestatales porque el individualismo está impreso en los ideales constitucionales por los que combatieron (…) No son repudiados ni se ocultan. Son americanos puros. Es coherente que su ideología atraiga a fundamentalistas cristianos y antifederales. También a paranoicos que al aliento de sus proclamas pueden alcanzar la temperatura de la última explosión. Pero, ¿por qué ahora y no antes? (…) El Estado, en opinión de una amplia masa de norteamericanos, debe ser lo menos intervencionista posible. Pero el Estado ha crecido mucho y ha multiplicado sus normas, los impuestos, las prohibiciones (…) Los blancos anglosajones de clase media se sienten relegados…”. UN ATAQUE CON GAS TÓXICO A LA HORA PUNTA EN 16 ESTACIONES DEL METRO SIEMBRA EL PÁNICO EN TOKIO (El País, 21-3-95) “Un misterioso atentado con sarín, un gas nervioso letal descubierto por los

alemanes en la II guerra mundial sembró ayer el pánico en el metro de Tokio durante la hora punta matinal y se cobró seis vidas. Seiscientas personas más permanecen hospitalizadas y unas 3.200 han recibido tratamiento médico (…). La policía, sin emplear explícitamente la palabra ‘terrorismo’, afirmó que se trata de una ‘acción premeditada para causar el mayor número posible de muertos’. [Días después se conoce que los responsables son los miembros de una secta que se denomina “La Verdad Suprema”, cuyo líder es Shoko Asahara, quien resulta capturado. Antes de ser apresados cometerán otros crímenes]”.

La masacre de Oklahoma ya probó de modo extremo el hecho de que las acciones de los terroristas no suelen dirigirse contra objetivos militares, porque estos son más difíciles de alcanzar. Suelen ser golpes contra objetivos y personas más indefensas. También suelen abundar las equivocaciones y los asesinatos a personas totalmente ajenas al conflicto. Dado que el objetivo principal de la actividad terrorista es mostrar fuerza, poner en cuestión la autoridad del “enemigo” y sembrar miedo, no importa tanto quiénes son las víctimas de sus acciones, siempre que éstas les den fama. Hay varios tipos de organizaciones que emplean técnicas terroristas, desde el terrorista solitario que manda cartas bomba a enemigos imaginados, pasando por movimientos de fanatismo religioso y ejércitos irregulares. Las teorías de la revolución armada lo consideran una fase inicial, previa a la insurrección en gran escala. Unos avisan de que el terrorismo es indiscriminado e ineficaz, y “destruye vidas que pueden ser de valor para la revolución” (según dijo el Che

Guevara). Otros ven su eficacia en que “inmoviliza a miles de soldados enemigos en tareas poco fructíferas de protección” (Debray, 1968). Históricamente, los movimientos terroristas cuentan con pocos éxitos y con muchos fracasos. Hay que reconocer que hasta los movimientos más exitosos y admirados de su época, como el movimiento nacional argelino contra el gobierno francés en los años 50, o la guerra de liberación del Vietnam en los años 70, provocaron, con sus acciones violentas, el hundimiento de su país en una miseria profunda, con heridas sin curar medio siglo después del conflicto. Los resultados del terrorismo de Al Qaeda están por ver, pero resulta difícil imaginar que como resultado de sus acciones consigan gobernar países o arrojar a los occidentales de sus lugares de influencia en Oriente.

18.2. CAUSAS Es posible que la pérdida de influencia de la religión, la familia, y de otras instituciones culturales y sociales, junto con los cambios desestabilizadores provocados por las corrientes post-industriales (y sus efectos en el mercado de trabajo y en la creación de bolsas de pobreza que se comparan con gran disgusto con las clases pudientes) hayan llevado a algunos hombres y mujeres a la alienación y a la violencia. Al mismo tiempo, determinados segmentos de la población de algunos

países se muestran reacios a identificarse con la mayoría, y se refugian en sus identidades étnicas o religiosas. Estos descontentos en la vida política y social son explotados por los grupos terroristas para lograr sus propios fines. Sin embargo, como discutiremos luego, el terrorista islámico está lejos en muchos casos de ser un marginado. Adolf Tobeña, un profesor e investigador de las bases biológicas de la agresividad humana, ha elaborado un importante trabajo en el que intenta buscar los elementos comunes de todo terrorismo, adoptando una perspectiva multifactorial, que incluye desde las bases biológicas del comportamiento del terrorista, hasta los fenómenos del contexto político y cultural en el que toma cuerpo el desarrollo del terrorismo (Tobeña, 2005). Tobeña explica en su libro las bases biológicas de la agresión terrorista, así como los fundamentos antropológicos de la agresión de un grupo hacia otro, cuando éste es considerado distinto y enemigo. Sobre ello no hablaremos aquí, ya que excedería el propósito de este capítulo. Sin embargo sí que procede considerar los cuatro requisitos que establece el autor como elementos necesarios para entender por qué hay personas que se convierten en terroristas. Así, éstos se caracterizan por ser (1) jóvenes varones que se ofrecen para el crimen, (2) que buscan obtener determinados beneficios a corto y a la largo plazo, (3) con el objetivo de derribar el poder del

territorio y sustituirlo por el que representan, y (4) que se instalan en un contexto ideologizado totalizante.

18.2.1. ¿Por qué mataban los etarras? Partiendo de los presupuestos anteriores, Tobeña realiza un análisis del terrorismo etarra y del islamista. Para contestar a la pregunta de por qué matan los etarras, realiza un análisis a través de los cuatro elementos antes señalados, auxiliándose para ello de las entrevistas que realizó el sociólogo Fernando Reinares a 47 exmilitantes de ETA, y los datos de 600 condenados por pertenecer a esta organización en el periodo 1970-1995 que reunió este mismo autor. Estos apartados son los siguientes. En primer lugar figura “la tropa autorreclutada” de varones jóvenes en “alianza agonística” (es decir, para combatir). Tenemos, por una parte, que en esta banda dominan los varones jóvenes en una proporción de nueve a uno, y esa dominancia se extiende desde las jerarquías hasta la militancia de base. Por otra parte, respecto al autorreclutamiento o deseo del sujeto de implicarse en la organización terrorista para practicar la extorsión y el crimen, Tobeña lo atribuye a los atributos temperamentales del sujeto; en particular los define como “impulsivos, aventureros, temerarios y dominantes”, asumiendo un papel muy relevante “la necesidad de emociones fuertes, de afición por el riesgo y de

aventurerismo extremo, junto al desprecio por las actitudes sumisas o conciliatorias” (p. 220). El marco temperamental se complementa con la falta de compasión, la falta de simpatía para con el sufrimiento ajeno. Esta falta de compasión, sin embargo, sin perjuicio de que “pueda formar parte del cóctel temperamental de base de los candidatos a pistoleros, acompañando a los rasgos anteriores, puede adquirirse también mediante el endurecimiento que proporciona el haberse curtido en acciones mortíferas. Y puede asimismo obliterarse [extirparse] por la penetración doctrinal (mediante los procesos cognitivos de cosificación del adversario)” (2005: 221-222). En segundo lugar figuran las ganancias individuales a corto y a largo plazo, que clasifica en dos tipos: prestigio social y promoción profesional: “El primero es mucho más determinante que el segundo, porque hay que tener en cuenta que el terrorismo es un ámbito profesional de alto riesgo, con bastantes posibilidades de acabar tendido en la cuneta o en prisión. Pero en las entrevistas [las realizadas por Reinares que examina el autor] aparecen testimonios no solo del atractivo que ejerce esa opción vital sino del orgullo que puede llegar a infundir el pertenecer a la empresa etarra” (p. 224). Y así, uno de ellos dice: “ingresar en ETA es como fichar por el Athletic de Bilbao”. Este deseo de prestigio se ve

favorecido por el convencimiento de que cuentan con un amplio respaldo social. Las ganancias a largo plazo se atisban en la promoción dentro de la banda, donde los roles de líderes cuentan con grandes poderes y recursos. De entre los terroristas, sin embargo, no todos están preparados para mandar; aquí intervienen de nuevo las variables de personalidad (en particular rasgos de psicopatía como el maquiavelismo), para diferenciar “entre líderes, lugartenientes y gregarios más o menos disciplinados o leales. Los primeros mandan y los segundos obedecen, como es de rigor, aunque para todos hay ganancias (desiguales)” (p. 225). El tercer elemento de análisis de Tobeña es el objetivo de recambio de la élite gobernante. Es el determinante fundamental de todo terrorismo: desplazar a una élite que manda para sustituirla por otra en el dominio de una comunidad. Con ironía Tobeña apunta que es algo muy estudiado en los “primates subhumanos”, y en efecto, numerosas veces el espectador de documentales ha tenido la oportunidad de ver cómo el macho “alfa” ha de rechazar el asalto de un competidor si quiere conservar su poder… Pero en el mundo del terrorismo de ETA, esta lucha tiene su peculiaridad, ya que la meta es “la sustitución de un entramado de linajes que ha venido gobernando las provincias vascongadas, desde hace centurias, bajo la tutela de poderosos aliados instalados en

la altiplanicie castellana”. El nuevo linaje que pugna por llegar al poder es el que hunde sus raíces en el nacionalismo vasco, el que se identifica con los mitos y rituales más diferenciadores del grupo: “Es obvio que en caso de éxito las posibles ganancias para la nueva élite local serían más que suculentas” (p. 226). Para lograr ese fin ETA emplea una guerra de desgaste, con criterios de actuación muy calculados y racionales. Un desafío que se ha sustentado “sobre la base de ir colocando cadáveres, altercados, extorsiones y amedrentamiento social encima de las sucesivas mesas, escenarios, treguas o planes que va deparando el devenir político”, recalca Tobeña (p. 227). Finalmente figura el papel de la doctrina abertzale o independentista. Tobeña es concluyente al respecto: “Se requiere muy poco esfuerzo de elaboración doctrinal para que se ponga en marcha, entre los vascos, la enfervorización automática del etnocentrismo y la xenofobia” (p. 228). ¿Por qué esa facilidad? Porque en la comunidad vasca aparecen con gran intensidad los indicadores de la “etnicidad combativa”. El argumento es el siguiente. El sueño de los ideólogos de la ilustración de construir sociedades basadas en conceptos universales de igualdad y justicia, sin que las adscripciones de etnia o cultura pudieran ser obstáculos relevantes al respecto, no se ha cumplido, ya que “siempre se ha acabado por

constatar que los lazos de la comunión étnica reaparecen, bajo formas y denominaciones muy distintas, para frustrar o atenuar el sueño de la sociedad abierta. Y, muy a menudo, esa deriva hacia el nicho político de lindes identitarios resurge con gran combatividad en el propio núcleo de las sociedades más cosmopolitas y acogedoras para acabar dinamitando el tinglado del conjunto” (p. 160). Se trata de un etnocentrismo aglutinador, “cuyos cimientos se asientan sobre los señuelos de la semejanza biológica y los signos de la proximidad cultural” (p. 161). Dicho etnocentrismo responde a una tendencia de la especie humana ciertamente antigua, detectable ya en las coaliciones intertribales que se desarrollaron en el neolítico. Y esto es justamente lo que el autor constata en las provincias vascongadas, a saber, la existencia de todos los requisitos que definen a los etnocentrismos y nacionalismos más excluyentes: “Lengua autóctona altamente diferenciada, deriva endogámica sustentada incluso en perfiles genéticos diferenciables, rituales seculares en múltiples ámbitos (música, danza, juegos, etc.); religiosidad acentuada y fuerte implantación de movimientos de comunicación grupal. De ahí, quizás, que la producción doctrinal del nacionalismo vasco sea tan rudimentaria. Se trata de un grupo humano tan proclive al adoctrinamiento automático que cualquier soflama

identitaria mal que bien pertrechada que propone un paraíso común (…) ya sirve para hacer saltar la chispa de la bandosidad” (p. 228).

18.2.2. ¿Por qué se inmolan matando los terroristas islámicos? Desde la óptica biopsicológica —el autor señala que no va a entrar en consideraciones históricas y políticas que bien tendrían que tenerse en cuenta—, Tobeña busca para su análisis hallar los elementos genéricos y fundamentales que puedan explicar la actuación de este terrorismo en sus diferentes variaciones y territorios de origen (Palestina, Argelia, Afganistán, etc.). Un vector esencial es que el “islamismo radical ha tendido a propiciar un enfrentamiento genérico con Occidente como enemigo común de la civilización musulmana” (2005: 229), de ahí que muchas de sus acciones violentas tengan un ámbito transnacional, cuyos epítomes serían, por ahora, Nueva York (2001), Madrid (2004) y Londres (2005). Algunos de los factores que explican la integración en ETA sirven para explicar la inclusión en Al Qaeda y organizaciones afines; sin embargo, hay una diferencia esencial que hay que explicar: los terroristas islámicos no dudan en inmolarse cuando cometen sus crímenes, mientras que los etarras hicieron gala de una cobardía harto conocida (la bomba activada a distancia, el tiro en la

nuca sin opción alguna de defensa para la víctima)3. ¿A qué se debe esta diferencia? A través del ejemplo del “comando Atta” (el que perpetró el ataque a Nueva York) Tobeña nos propone que revisemos los cuatro apartados discutidos con anterioridad en el caso del terrorismo etarra, y de este modo poder tener un análisis de las diferencias y semejanzas. En cuanto al reclutamiento voluntario de varones jóvenes, todos los miembros de ese comando eran jóvenes varones, solteros, alistados de forma voluntaria, en los que “pueden descartarse los factores de marginación económica, de desesperación o desequilibrio personal, o de incultura y analfabetismo fácilmente manipulable” (p. 213). Más bien al contrario, eran jóvenes cosmopolitas, instruidos, seguros de sí mismos, con abundante dinero. “Nada que ver, por consiguiente, con las caracterizaciones de sujetos marginales e instalados en una desesperación social y económica insufrible” (p. 231). Por sus actos, se desprende que el aventurerismo, la afición al riesgo y la falta de compasión son rasgos que les describían, mientras que el adoctrinamiento y el compromiso intragrupal les habían proporcionado meticulosidad y disciplina. Esto dio como resultado “soldados de élite mezclados entre la sociedad civil y dispuestos al máximo sacrificio ante una orden taxativa” (p. 232). Las diferencias importantes con los etarras y los

terroristas occidentales se hallan cuando examinamos el apartado de las ganancias esperables a corto y largo plazo. En el caso de los suicidas las ganancias a corto plazo, es decir, el disfrute del prestigio y de una vida de aventura, no puede ser algo determinante, puesto que su duración es muy efímera, si es que llega a experimentarse, pues “hay un fracaso biológico radical: muerte temprana y con pocas o nulas oportunidades de dejar descendencia” (p. 234). Quizás la diferencia esencial se halle en las ganancias a largo plazo, esto es, en el ingreso del mártir en el paraíso “poblado de vírgenes dedicadas a rociarles con las fragancias más sutiles y a saciarle, perpetuamente, con placeres sublimes” (p. 234). Sin dejar de reconocer que este puede ser un factor, Tobeña plantea una hipótesis diferente, un elemento que suele pasarse por alto, pero que constituye, a su juicio, la ganancia emotiva fundamental, de naturaleza autosuministrada: “Se trata de la gloria terrenal. Del motor vanidoso que impulsa a hacer algo grande en la vida. A dejar huella. Por un instante de gloria, por obtener la devoción aunque sea efímera de los demás, hay mucha gente dispuesta a los dispendios y exageraciones más descabellados (…). La vida culminada en un sacrificio extremo por el prójimo garantiza ese reconocimiento admirativo en su punto máximo (…). Aunque el recuerdo tienda a difuminarse con el tiempo, el instante de gloria ya se ha conseguido. Si hay suerte y la acción supone un escalón relevante en la estrategia que

conduce al éxito grupal los memoriales dedicados al héroe perduran por mucho tiempo” (pp. 234-235). El tercer apartado tenía que ver con el objetivo de las acciones terroristas: cambiar a los que gobiernan ahora por los auspiciados por el terror. ¿Qué sentido tiene esto en el caso de los islamistas radicales? ¿Acaso van a derribar el gobierno de Washington, Londres o Madrid? La respuesta es, sin embargo, sencilla: se trata de “debilitar y, si es posible, doblegar al gigante enemigo”, y aunque parezca algo inconcebible, “este tipo de escepticismo tiende a olvidar que en la mente excepcional —pero no necesariamente anómala o patológica— de algunos individuos anidan sueños de dominio absoluto” (p. 236). La cuestión es que los terroristas, sabedores de que sus huestes (que viven en países humillados por la presencia y jerarquía mundial de Occidente, con su moral y costumbres “blasfemas”) no pueden competir mediante la guerra convencional, toman el camino que les resta por recorrer para infligir el mayor daño posible al enemigo: la propia muerte para matar a muchos. Luego, aunque parezca un sueño imposible, también estos asesinos de masas buscan sustituir a una elite gobernante por otra. Finalmente, por lo que respecta al papel de las doctrinas totalizantes y excluyentes, es evidente que en este terrorismo aparecen sobradamente las condiciones que lo posibilitan (a pesar de los enfrentamientos que puedan

existir entre diferentes versiones del islamismo): una religión omnipresente, una lengua común, una base de asentamiento territorial (aunque sea transnacional), unos gradientes de proximidad física en la conformación de los tipos corporales y unos modos de señalización e identificación social muy distintivos. Por otra parte, en este terrorismo se añade el carisma de los líderes mesiánicos, que garantizan la obediencia social, y que, según ellos mismos, expresan las doctrinas del mismo Alá. La diferencia de visión entre Oriente —en esta versión terrorista— y Occidente se hace diáfana en esa contemplación del líder: mientras que para muchos analistas y público occidental en general el personaje de Bin Laden parece extraído del rol de villano que usualmente colorea las películas de James Bond, para los mártires suicidas en casi un profeta y, desde luego, un caudillo liberador. Quizás por ello el comando de operaciones especiales que finalmente capturó y dio muerte a Bin Laden en 2011, mientras este estaba refugiado en Pakistán, tuvo la precaución de guardar ciertos ritos seguidos por los islamistas a la hora de lanzar su cadáver al mar… Se quería así acabar con el gran responsable de los atentados de Nueva York, pero no aumentar las iras de sus devotos seguidores.

18.3. ¿QUIÉNES SON LOS TERRORISTAS?

Como antes se señaló, de modo general se trata de jóvenes, entre 20 y 30 años, si bien los líderes suelen ser mayores, siendo variable la implicación de los miembros femeninos. En los análisis de los grupos terroristas funcionando en Latino-América en los años 80 se contabilizaba un 16% de mujeres, mientras que las célebres bandas alemanas de los 70 —la ‘BaaderMeinhof’ y la Dos De Junio— alcanzaban el 30% de cuota femenina. Su extracción social también es variable; aunque predominan las clases medias y una escolaridad elevada —especialmente los líderes—, a medida que va ocurriendo un proceso de deslegitimización de su “lucha” en el seno de la sociedad en la que actúan, van ingresando miembros más marginales, jóvenes atraídos por la violencia y cuyo futuro de integración social resulta dudoso, dando pábulo a la violencia nacida del resentimiento y de la frustración. El fin último llega a ser el sentimiento de poder.

Atentado terrorista en la estación de Atocha de Madrid, el 11 de marzo de 2004.

Sin embargo, hay variables culturales importantes. Y en el terrorismo islámico actual, la marginación no parece ser un factor esencial. Así, el estudioso del terrorismo Ariel Merari (2002, citado en Tobeña, 2005) investigó a 34 kamikazes (de un total de 36) que se inmolaron durante el transcurso de la Primera Intifada (levantamiento) en Palestina contra Israel, que aconteció entre los años 1993 y 1998. Solo 11 (un 32%) eran “pobres” o “muy pobres”, el resto era de clase medio baja, media, o alta (estas dos últimas sumaban un 41%). En cuanto al nivel educativo, solo cuatro tenían únicamente los estudios elementales, y más del 40% tenían completados el curso preuniversitario o diversos cursos de universidad. Los análisis de los suicidas de la Segunda Intifada parecen confirmar estos datos, si bien se aprecia la presencia mayor de las mujeres entre los palestinos dispuestos al suicidio para matar, en torno al 10% (Tobeña, 2005). Desde el punto de vista psicológico, los análisis no tienden a coincidir. Algunos autores plantean la semejanza entre el terrorista y los que sufren ideas paranoides, mientras que otros no han hallado indicio alguno de psicosis (Jenkins, 1979). Alonso-Fernández (1994) se alinea en la tesis de la enfermedad del terrorista, cuando habla de él como de una persona que sufre de una

“enfermedad de la voluntad”, a modo de “espasmo”, “… prisionero de su ilusoria convicción de producir una conmoción de la realidad (…) Es la voluntad del fanático…” (p. 5). Otras explicaciones se han centrado en el elemento motivacional de la implicación en un grupo terrorista, señalando cómo esa pertenencia puede dar un sentido de auto-respeto y de valía personal; por otra parte esa filiación le proporciona el “calor” de sentirse arropado en un grupo, al tiempo que le libera a uno de tener que emplear su libertad y responsabilidad individual; habría pues un “miedo a la libertad” en el terrorista (Kaplan, 1977). Las explicaciones sociológicas, además de señalar el caldo de cultivo que pueden constituir las injusticias sociales y políticas para la aparición de grupos terroristas, también han acudido a la imagen de un mundo en cambio y cada vez más sofisticado como un reto para el que determinadas personas no encuentran más respuesta que el regreso a ideologías donde se legitima la violencia (Toffler, 1970). Pero otros autores han intentado aunar diversas perspectivas, indicando que en los grupos terroristas se dan cita diferentes tipos de personalidades, con diferentes motivaciones. Por ejemplo, Hacker (1980) distingue entre “los cruzados”, “los criminales” y “los locos”. Los primeros son idealistas que persiguen un ideal con la práctica de la violencia, mientras que los criminales

se involucran en el terrorismo para obtener un beneficio personal. Finalmente, los locos actúan por motivaciones que son claramente irracionales ante los ojos de la sociedad. No obstante, el mismo autor reconoce que es difícil encontrar tipos puros, hallándose sujetos que combinan dos o incluso las tres categorías. Así por ejemplo, los miembros de la “Verdad Suprema”, que atentaron con gas letal en el metro de Tokio podrían incluirse en la tercera categoría, pero no es descabellado presumir que entre los miembros de ETA se encuentran sujetos de la primera y la segunda categoría. La cuestión de los ideales se ve complicada, por otra parte, por un fenómeno psicológico de extraordinaria importancia, y que ya se comentó en el análisis de las distorsiones cognitivas de los delincuentes sexuales y violentos. A saber, muchas personas se niegan a sí mismos el derecho a rectificar, y a pesar de que los ideales han dejado de estar vigentes, el esfuerzo que supondría renunciar a los crímenes y aceptar que “todo ha acabado” resulta muy costoso de hacer. La consecuencia es el atrincherarse en la distorsión cognitiva (principalmente condenar a los condenadores, despersonalizar a las víctimas, negar los efectos destructivos de las acciones terroristas o minimizarlos) como medio de subsistencia de un autoconcepto positivo. De este modo, las vidas cobradas en los atentados no dejan de ser sino elementos de un balance; una vez que el sujeto despersonaliza a las

víctimas, lo moral queda sustituido por la rentabilidad: si es bueno para la causa, es algo legítimo. Cuando lo que sostiene el acto terrorista no es una ideología, sino un dogma, una fe, como en el caso de los terroristas islámicos, las creencias aún pueden ser más impenetrables. La despersonalización queda patente en dos ejemplos tomados del libro de Fernando Reinares en el que entrevista a ex miembros de ETA (Reinares, 2001). En el primero, el asesino cuenta como “ejecutó” a su rehén: “Bueno, aquello sí fue un poco fuerte (…) Hablábamos de todo, porque el hombre era encima muy campechano. En fin, un hombre muy corriente. Nos hablaba de todo, nos contaba sus películas, no sé. Me acuerdo hasta de habernos abrazado y todo (…) Habíamos hecho planes para después de la liberación, para vernos alguna vez y tal. No sé… Fue una relación con él muy normal (…) Entonces, un día me llamaron y me dijeron: ‘¡Le tenéis que pegar un tiro’ (…) Pues nada, lo metimos en un coche, lo llevamos a un descampado, le sacamos… ¡pum! Le pegamos un tiro, nos metimos todos en el coche (…) No, no me acuerdo de ningún sentimiento ni de pena por la persona ni… nada de eso. Encima… ¡si no se le mata a la persona! Eso es muy curioso, igual es un poco difícil de entender, ¿no? Pero nosotros, por ejemplo, entonces estábamos matando al empresario. Incluso hoy uno de ETA, o lo que sea, cuando mata a un guardia civil no le mata a la persona. Yo nunca vi allí un hombre tampoco, así… no sé, de carne y hueso (…) Yo creo que no eres capaz de ver la persona, ¿no? Y si no la ves, no sufres, claro”.

En el segundo ejemplo, el odio se convierte en la fuerza motriz que proporciona la posibilidad de asesinar a sangre fría:

“Joder, fue algo… no sé, inexplicable o no sé. Actué de una manera que digo, bueno, pues luego digo: ‘¿Pero cómo puedo ser yo?’ O sea, fuimos a por una persona, un conocido además, y en vez de dispararle desde donde estaba yo (…) salí corriendo hacia él (…) Le odiaba tanto a esa persona, le odiaba tanto, le odiaba… era tanto el odio que tenía contra él, que digo: ‘¡Dios, no se me escapa!’. No se me escapa y fui. Ése era un confidente. En aquel momento, o sea, el odio era el que mandaba. O sea, tenía las cosas bastante claras. Yo, después de hacer lo que hacía, me quedaba como un señor y dormía como un rey”.

Ahora bien, la investigación no suscribe en general la idea de que el terrorista sea un enfermo mental, o una persona con un deterioro importante de su personalidad. En una revisión sobre esta cuestión, Silke (1998) aseguraba que los diferentes intentos de ofrecer una perspectiva psicopatológica de la personalidad del terrorista (por ejemplo Hassel, 1977; Johnson y Feldmann, 1992) obedecen a lo que él denomina “la lógica del gato de Alicia”, cuyo sentido se comprende a partir del extracto siguiente de “Alicia en el país de las Maravillas”, de Lewis Carroll. “En esa dirección”, dijo el Gato, moviendo su zarpa derecha, “vive un sombrerero, y en esa dirección”, moviendo la otra zarpa, “vive una liebre. Visita a quien prefieras: ambos están locos”. “Pero no quiero estar entre locos”, señaló Alicia. “¡Oh!, eso no lo vas a poder evitar”, dijo el Gato: “todos estamos locos aquí. Yo estoy loco. Tú estás loca”. “¿Cómo sabes que yo estoy loca?”, dijo Alicia. “Debes estarlo”, dijo el Gato, “o no hubieras venido a este lugar”.

Silke lo explica de este modo: “El gato cree que solo la

gente loca puede vivir en el país de las maravillas, por consiguiente cualquiera que se encuentre allí debe estar loco. La teoría de la atribución ha mostrado que tendemos a ver nuestra propia conducta como el producto de fuerzas situacionales o ambientales, mientras que consideramos que la conducta de los demás es el resultado de sus rasgos de personalidad. El pensamiento del gato de Alicia es un tipo de error de atribución consistente en desarrollar unas expectativas en torno a la personalidad de un individuo en función de lo que éste hace o, como en el caso de Alicia, del lugar en el que se halla (…) Este tipo de pensamiento lo podemos encontrar en el modo en el que la sociedad percibe a los terroristas” (1998: 52). La idea es que alguien que comete crímenes tan brutales, muchas veces sin un beneficio racional aparente, “debe” estar loco. Una vez instalados en ese caos de terror y muerte, “cualquiera que se halle allí” debe ser un enfermo. Sin embargo, ni la anterior revisión de Corrado (1981), ni la de Silke (1998) permiten confirmar tal argumento. En particular, no hay pruebas de que los terroristas destaquen, en general, por ser psicópatas, individuos paranoides o presentar una personalidad narcisista, al menos no en mayor medida que los delincuentes comunes; existen estos sujetos entre los terroristas, pero no son habituales. El problema es que los autores que apoyan la tesis de la anormalidad de los

terroristas se fundamentan en fuentes secundarias (entrevistas publicadas, noticias de los medios de comunicación, relatos de víctimas, etc.), mientras que cuando el investigador ha realizado su trabajo mediante entrevistas personales con los delincuentes, el resultado ha sido el opuesto. Así, ni Rasch (1979) —quien evaluó a la famosa banda terrorista alemana de los 70 “BaaderMeinhof”— ni Heskin (1994) —quien estudió a miembros del IRA— hallaron signos de patología mental. En la actualidad son pocos los investigadores que apoyan sin ambages la anormalidad de los terroristas, pero esto no es obstáculo para reconocer que no todo el mundo está preparado para matar a inocentes ni, mucho menos, para suicidarse con tal de lograr ese empeño. El análisis descrito anteriormente realizado por Adolf Tobeña muestra que la personalidad es importante, dentro de un contexto explicativo más amplio: Hay algunos atributos muy regulares entre los que eligen esa opción [el terrorismo]: la juventud, la ambición y la afición al riesgo extremo. Esos caracteres suelen ser uniformes entre los cabecillas y los seguidores en el inicio de la andadura agonística y todos ellos tienen un firme anclaje biológico (…). En cualquiera de esas aventuras combativas de un grupo de humanos, además de la inmediata división y jerarquización de funciones, entra en juego una doctrina (…). Las diferencias en dominancia, arrojo y crueldad contribuyen a ir deslindando los papeles [jefes y soldados de a pie] a medida que los tanteos primerizos o los envites serios permiten ir sellando la hermandad de armas y generando pautas de supremacía y obediencia internas (…).

Cuando se maneja una doctrina energizadora intervienen asimismo rasgos de radicalismo, dogmatismo y credulidad. Esos vectores de la personalidad humana también pueden ser referidos a diferencias de conformación neurocognitiva (2005, pp. 140).

En resumen, Tobeña señala que aptitudes individuales como la inteligencia maquiavélica, el mesianismo y el autoengaño, así como la crueldad y el arrojo, pueden ser esenciales para encumbrar a determinados sujetos a la cúspide de la jerarquía terrorista. Y esas aptitudes y rasgos de personalidad se fundamentan en procesos neurocognitivos que tienen lugar en el cerebro de los individuos. Así pues, además del contexto histórico, de la realidad política, social y económica, hay que contar también con la psicología del terrorista.

18.4. RESPUESTAS AL TERRORISMO Un aspecto especialmente relevante de la moderna criminología es la transformación sutil del control social en las sociedades occidentales. Hace un tiempo no lejano, la policía de un país se encargaba de la seguridad interior, mientras que el ejército tenía a su cargo la seguridad exterior. En la actualidad hay ejemplos repetidos que muestran cómo, después de que un ejército ha ganado una batalla, ha tenido que retirarse porque ha sido incapaz de mantener el control en la zona conquistada (es decir, ha sido incapaz de realizar una labor policial). Por otra parte,

las tácticas militares se cruzan en el camino de la policía cuando se trata de responder a un atentado terrorista en el propio suelo, cada vez que se lanza un ataque “preventivo” a otro país o se llevan a cabo acciones de registro y de seguridad que, al dejar en suspenso determinadas garantías civiles, se asemejan a la acción de los ejércitos en territorio hostil. ¿Cómo podemos valorar este proceso? La transformación del control social en los países occidentales no puede entenderse si no reconocemos que el terrorismo es tanto un crimen como una acción militar destinada a influir en la toma de decisiones del país objetivo. Los grupos locales, inspirados o vinculados organizativamente con Al Qaeda pretenden causar el pánico y obligar a los gobiernos de los países afectados a sobre-reaccionar, tanto en el interior de la nación — mediante medidas que criminalicen a los musulmanes o los hagan objeto de trato discriminatorio— como en el exterior —al ejecutar acciones de “castigo”, por ejemplo, en países sospechosos de cobijar a los terroristas—. Esto, como es lógico, encaja perfectamente con lo que desean los terroristas, quienes desaprueban que los musulmanes se integren con los occidentales, porque, tal y como está escrito en el Corán (Sura 5:51): “Los que tienen fe [en Alá] no deben tener amigos cristianos o judíos. Ellos ya son amigos entre sí. Cualquiera de vosotros que busque su

amistad se convertirá en uno de ellos”. A los terroristas islámicos les mueve el fanatismo más exacerbado, cuando no un sistema de creencias que raya en la paranoia: creen que Occidente pretende destruir el Islam, por ello han de defenderse atacando a los enemigos de Alá, en la espera de unir a todos los musulmanes bajo la fe del profeta, y sin contaminación alguna del mundo de los infieles. La llamada “crisis de las viñetas”, ocurrida a comienzos de 2006, cuando unas caricaturas publicadas en un diario danés levantaron oleadas de indignación y actos de violencia en muchos países islámicos (convenientemente instigados los exaltados por los imanes extremistas), con el resultado de varias docenas de muertos, ilustra bien la profundidad ideológica de la crisis en la que actualmente estamos inmersos. Lo que en Occidente es un ejercicio de libertad de expresión, un derecho ganado después de millones de vida perdidas y varios siglos de lucha, en Oriente se vio como una afrenta intolerable: ¿Cómo osan los infieles a reproducir el rostro de Alá, algo que prohíbe taxativamente el Corán —según dicen los intérpretes que se alinean con esa tesis?—. ¿Cómo, además, se atreven a ser sátira del profeta?… Por ello la comunidad internacional busca defender las libertades conquistadas a lo largo de los siglos con la práctica de una lucha eficaz contra el terrorismo. Algo, por supuesto, que excluye el llamado terrorismo de

estado. Detrás de éste se halla la venganza: devolviendo golpe por golpe. Israel ha ejercitado esta política desde el inicio de la segunda intifada. Los comandos israelíes asesinan selectivamente —cuando pueden— a los líderes de Hamás, y destruyen las casas de donde han salido los terroristas suicidas. El resultado es, según un estudio realizado por un psiquiatra que vive en Gaza, que el 35% de todos los varones y el 14% de todas las chicas adolescentes quieren ser “mártires suicidas” cuando se conviertan en adultos4. Scott Atran, de la Universidad de Michigan, es uno de los investigadores más relevantes sobre terrorismo. En un artículo (Atran, 2003) señaló que los terroristas suicidas realizaban con sus actos de destrucción algo muy parecido a la agresión maternal. Cuando entrevistó a los terroristas observó que, en su mayoría, no eran sujetos brutales, y que se sentían como si su familia estuviera amenazada de muerte. Ellos entendían su sacrificio como un acto de valentía, ya que estaban protegiendo a su familia. Por ello Atran sostiene que los terroristas, cuando deciden inmolarse para matar, semejan a la agresión de las madres para proteger a sus hijos (citado en Martínez y Blasco-Ros, 2005). Así pues, hemos visto que los contra-ataques suelen generar más odio entre los ciudadanos que residen en los países que exportan a los terroristas. Un factor no pequeño es que, con frecuencia, además de terroristas

perecen civiles como consecuencia de las acciones de represalia, incluso en esta época de armas “inteligentes”.

18.4.1. ¿Son los terroristas racionales en su actividad criminal? La Unión Europea desarrolló una estrategia contraterrorista en 2005, en la que se establecían una serie de recomendaciones a los estados miembros con la finalidad de aumentar la eficacia de las medidas antiterroristas en cuatro ámbitos: la prevención, la persecución de los delincuentes, la respuesta ante los atentados y la protección5. La primera de estas áreas (la prevención) se centra en las causas de la radicalización entre los ciudadanos o residentes en los distintos países, y discute determinadas medidas tendentes a evitar la captación de individuos en las organizaciones terroristas. Se llama a la acción a diferentes grupos en la comunidad y organizaciones no gubernamentales, con el objetivo de que ayuden a socializar a las personas más vulnerables en los valores democráticos (por ejemplo, minorías con pocas expectativas de progreso social), con el apoyo de medidas sociales, laborales y educativas. En la persecución de los delincuentes hay una doble tarea: la identificación y captura de los individuos antes de que puedan llevar a cabo sus actos criminales, y la entrega a la justicia de aquellos que ya han realizado un atentado.

Como es lógico, esta labor descansa en la policía, así como en los servicios de inteligencia de los diferentes países. La respuesta a los atentados tiene que ver con la ayuda a las víctimas de los actos terroristas, reparación de infraestructuras, etc., mientras que por protección ha de entenderse el aseguramiento de las fronteras para evitar la entrada de terroristas y la evitación de ataques físicos o bien mediante el uso de internet. Una preocupación presente en todo ese documento es que el uso de las técnicas especiales de investigación tales como escuchas, intercepción de correos electrónicos, grabación mediante cámaras de sospechosos y vigilancia en hoteles y hogares ha de ser autorizado solo en los casos en que “exista suficiente razón para creer que se ha cometido un delito grave o esté en vías de preparación por una o más personas particulares o un individuo o grupo todavía no identificados” (Recomendación 10). De este modo la Unión Europea busca preservar los derechos civiles al tiempo que pretende apoyar la lucha contra el terrorismo. Ahora bien, ¿qué modelo se ha de seguir cuando se elabora esa estrategia antiterrorista? Esa pregunta es importante, particularmente cuando se trata de asegurar los medios de prevención más idóneos, porque según pensemos que van a actuar los terroristas emplearemos unas medidas u otras.

El profesor de la Universidad de East London Pete Fussey (2011) se ha opuesto a lo que parece ser una tendencia en Europa y en otros muchos países; hablamos de la creencia de que los terroristas siguen una toma de decisiones racional en la comisión de sus crímenes. Fussey considera que el modelo de la Elección Racional, ya comentado en este libro, presenta deficiencias cuando se examina a la luz de los conocimientos existentes en la criminología general, deficiencias que, a su juicio, se incrementan cuando se trata de aplicar las medidas sugeridas por ese modelo para prevenir la acción delictiva de los terroristas. El modelo de la Elección Racional contra el terrorismo se desarrolla en detalle en el influyente libro escrito por Ronald Clarke y G. Newman (2006) titulado “Ganando en inteligencia a los terroristas” (Outsmarting the terrorists), donde en esencia se recomienda el empleo de medidas ambientales para reducir el atractivo y las oportunidades físicas para acceder a los objetivos de los terroristas, al tiempo que se toman medidas para aumentar la probabilidad de su captura, haciendo que el sujeto desista de su acción por considerarla de un riesgo excesivo. En suma, se trata de que la parte de la ecuación del delincuente “motivado” llegue a quedar inoperante por la ausencia de un objetivo desprotegido, confiando en que el sujeto “racional” comprenda que no va a lograr lo que

pretende o va a morir en el intento. Así, podemos leer: Existe con frecuencia un alto grado de solapamiento entre los motivos de los delincuentes “ordinarios” y los terroristas: la presión del grupo, un sentido de pertenencia y de vivir situaciones excitantes… Las supuestas diferencias entre la delincuencia en general y el terrorismo, por consiguiente, no existen en verdad, y desde la perspectiva de la prevención situacional son de importancia marginal (2006, pp. 5-6).

¿Es eso cierto? Si en la delincuencia en general el modelo preventivo basado en aumentar los costos del delito presenta problemas (como vimos en un capítulo previo de este libro), en el caso del terrorismo, donde los crímenes tienen un carácter muchas veces “expresivo” (es decir, que persiguen unos objetivos emocionales y simbólicos, no tanto de eficacia en el logro de una meta concreta), las dudas aumentan, como opina Fussey. Por ejemplo, un terrorista podría ver bloqueado su camino para atentar contra un dirigente, pero avergonzado de su fracaso, podría hacer estallar la bomba que portaba para el dirigente contra un grupo de turistas o en otro objetivo menos protegido, lo que se conoce como el fenómeno del desplazamiento. Y justamente ese desplazamiento está justificado porque el terrorista está altamente motivado, ese aspecto que el modelo Racional considera solo ser un producto de los costos y beneficios en la comisión del delito. Está claro que cuando un sujeto está dispuesto a morir por su causa la prevención ambiental se encuentra con mayores problemas.

Estas dificultades en buena medida se derivan del hecho cierto de que existen sustanciales diferencias entre el delito común y el terrorismo, en contra de lo que opinan Clarke y Newman. Por ejemplo, mientras que un delincuente común podría desistir de atacar un edificio muy protegido por los enormes costos de detección y fracaso que tal acción conllevaría, para un terrorista ese hecho podría hacerlo más atractivo, como probaron los terroristas del ataque al Pentágono en el 11 de septiembre. Así pues, esta primera diferencia destaca el componente simbólico e ideológico de los actos terroristas, con la vista puesta siempre en el logro de la mayor propaganda posible para sus tesis. Claro está, los delincuentes convencionales no tienen ningún interés en que sus actos salgan en televisión ni en servir a ninguna ideología en particular. La paradoja es que un edificio muy protegido podría así ser más apetecible para un terrorista, con lo que su riesgo de ser atacado aumentaría. Otra diferencia muy importante radica en la preparación de los atentados terroristas, lo que requiere un tiempo muy superior a la realización de los delitos comunes, y hace que, por ejemplo, se planifiquen diversos ataques como ensayos previos a la comisión de un atentado preferente. Por ejemplo, hay evidencias de que los ataques del 11 de septiembre fueron empezados a diseñarse en 1995 (Horgan, 2005), y que determinados terroristas

“durmientes” (esto es, integrados en la vida normal de la población en la que habitan) pueden estar durante años recogiendo información para ayudar a planificar atentados futuros o bien ser de asistencia a otros aspectos logísticos como la captación de posibles terroristas (ver cuadro siguiente de La Realidad Criminológica). LA REALIDAD CRIMINOLÓGICA Un marido ejemplar Publicado en Las Provincias, 28-3-2012 Julia no abre la puerta de su casa. Con gran educación, ruega que la dejen tranquila. Y no es para menos. La mujer de Mudhar Almalki tiene ante sí dos duros retos: asumir las graves acusaciones que sitúan a su esposo como miembro de la red de Al Qaida y ser fuerte para que el tremendo giro que ha dado su vida afecte lo menos posible a su hija de 15 años, una buena estudiante en plena juventud. Las Provincias ha podido recabar sus primeras impresiones a través de Marcelino Díaz, un vecino que estuvo con ella por la tarde, horas después de la operación de la Guardia Civil y de un registro que ha dejado su casa «patas arriba». Julia, asegura el hombre, está «hecha polvo». Son muchos los vecinos de la finca que le han brindado «todo el apoyo que necesita», con intención de arroparla tras el mal trago y conscientes de que es «una muy buena mujer». (…) Nadie entre las Fuerzas de Seguridad contactó con Julia y todo se llevó a cabo con la máxima discreción. Mientras una decena de agentes de élite tumbaba la puerta de su casa y arrestaba a Mudhar, ella estaba en su trabajo como administrativa en una empresa de Manises y su hija asistía a clase con normalidad. (…) Según explicó la mujer a su vecino, «me enteré por unas compañeras de trabajo». Estas amigas escucharon en la radio las noticias y avisaron a la mujer de Mudhar. Operación policial en la avenida Juan XIII, un hombre de origen jordano detenido, casado con una española y padre de una hija… Julia lo tuvo claro. Los informativos hablaban de su casa y de su esposo. Sobre las tres de la tarde, madre e hija llegaron, bajo protección policial, a un hogar absolutamente revuelto y centro de todas las miradas. Las dos se quedaron solas. La mujer, sin su marido. La joven, sin su padre. Y con un buen puñado de preguntas sin respuesta. Julia llevaba unos 15 años casada con Mudhar. Antes hubo otros 6 de noviazgo. En

ese tiempo no tuvo conocimiento de la supuesta actividad de su esposo, acusado de ser propagandista de Al Qaida y recluta de terroristas. A sus ojos era solo un buen árabe sin radicalidad. Un hombre digno de confianza.

Tom Sorell (2011) ha comparado el crimen común con el terrorismo, y ha establecido las siguientes diferencias (ver cuadro siguiente): CUADRO 18.1. Diferencias entre el terrorismo y el crimen común (Sorell, 2011, adaptado). TERRORISMO

CRIMEN COMÚN

En general, víctimas indiscriminadas

Víctimas seleccionadas

Se pretende causar el mal mayor

Se busca un resultado ajustado al móvil

El éxito depende del miedo que genera

No se busca asustar a la población

En general son crímenes basados en el odio (hate Solo algunos crímenes comunes lo crimes) son En general se opone a la democracia y sus No hay motivación política libertades

En suma, el crimen común y el terrorismo difieren en asuntos muy importantes. Parece obvio concluir de esto que las estrategias de prevención aplicables a este último han de tomar esas diferencias en cuenta, aunque no debemos subestimar la posible conexión entre ambos tipos de delincuencia, razón por la que podemos aplicar a la prevencion del terrorismo algunas de las lecciones aprendidas en la lucha contra el delito común. Por ejemplo, se pueden prevenir delitos importantes mediante el control riguroso de delitos e infracciones menos graves,

algo que tiene ya una base empírica demostrable en la Criminología actual (por ejemplo, Kelling y Coles, 1996; Clarke, 1997), y que, por consiguiente, puede generalizarse también al delito terrorista. Una semana después de los atentados de Madrid del 11 de marzo, una furgoneta procedente de España y que llevaba 1.100 kilos de explosivos fue interceptada por la policía en Portugal. Según dijeron los conductores, la carga iba destinada a la industria pirotécnica de Lisboa. Probablemente era cierto, pero el recuerdo de lo fácil que resultó para los terroristas del 11-M conseguir dinamita de las minas de Asturias debería concienciarnos de que establecer controles rigurosos en el procedimiento para fabricar y transportar explosivos es una necesidad en la actualidad, así como disponer de la mayor penetración policial posible en el mercado negro de armas y explosivos. Esto, conjuntamente con un mayor control en la economía sumergida y en la población inmigrante ilegal, debería transmitir el mensaje a los terroristas (y a los aspirantes a serlo) de que la sociedad libre no va a confiar en que solo la fortuna la libre de una nueva masacre.

18.4.2. Una tipología de terroristas Precisamente el profesor de Oslo Tore Bjorgo destaca la importancia de estudiar las motivaciones de los terroristas como el método más idóneo para prevenir el desarrollo de

individuos que, por diferentes razones, entran a formar parte de este tipo de organizaciones, lo que supone una clara alternativa al modelo de la Elección Racional. En su opinión los sujetos implicados en acciones terroristas suelen variar en su procedencia social así como en el proceso que les llevó a afiliarse al terrorismo. Desaprueba el empleo de los perfiles como demasiado simplista a la hora de establecer métodos eficaces de prevención, ya que no existe un único perfil de terrorista, ni este se mantiene estable a lo largo del tiempo. Su propuesta consiste, no en establecer una tipología variada de terroristas, ya que “un problema con las tipologías o los perfiles basados en tipos ideales es que muchos activistas no encajan en ninguno de ellos, o bien se ubican entre los tipos ideales y no pueden identificarse” (Bjorgo, 2011, p. 278), sino emplear “una perspectiva más dinámica en la que se pueda describir a los terroristas a lo largo de varias dimensiones o continuos” (p. 279). Esas dimensiones (a las que se pueden añadir otras como edad, sexo o altruismo/egoísmo), aparecen en el cuadro siguiente: CUADRO 18.2. Las dimensiones de los terroristas (Bjorgo, 2011)

De este modo, algunos sujetos se radicalizan y son captados por grupos terroristas porque tienen una alta motivación política y aspiran a ser líderes, mientras otros necesitan sentirse miembros de un grupo que les confiera un sentimiento de utilidad y pertenencia (primera fila del cuadro), por lo que su falta de entusiasmo ideológico y político se compensa con un deseo de encontrar calor y directrices claras como seguidor devoto de su líder (segunda fila del cuadro). Además, su bajo estatus puede hacer que les resulte atractiva la vida del terrorista, donde se les asiste con bienes y recursos que de otro modo no podrían tener (tercera fila). Incluso en algunos casos el sujeto cuenta ya con una historia de fuerte fracaso social y marginación, lo que puede ser de gran utilidad a la organización si se precisa de habilidades y de caracteres más antisociales. Finalmente, los terroristas pueden variar en su necesidad de vivir “peligrosamente”, algo que sin duda está garantizado si uno se dedica a estas actividades, aunque en ocasiones el tedio de las esperas y la vida discreta pueden poner a prueba la templanza de más de uno (cuarta fila).

Un punto de gran interés en esta perspectiva es que “estas diversas dimensiones pueden ayudarnos a señalar varios puntos de intervención con objeto de inducir a diferentes tipos de activistas a romper con su proceso de radicalización o de implicación en el terrorismo. Así, diferentes tipos de estrategias de prevención o de intervención tendrán diferentes efectos en los activistas porque éstos poseen diferentes necesidades y puntos vulnerables” (2011: 280). Por ejemplo, tomemos la dimensión de la ideología. Aquellos muy politizados y con gran necesidad ideológica pueden decepcionarse al observar que sus acciones violentas no sirven para mejorar al pueblo en cuyo beneficio dicen que están actuando. Un caso podría ser el hecho de que los atentados de Al-Qaida matan ocho veces más a los musulmanes que a los occidentales, según señalan varios estudios. También podrían estar en tensión al ver la muerte de tanta gente inocente, o verse desafiados en su liderazgo, lo que podría aumentar su desapego a la causa a la que sirven. Fomentar el abandono de la causa de estos líderes sería muy valioso, porque ello enviaría un mensaje desmotivador a los jóvenes que aspiran a ocupar un papel parecido, desanimándoles a seguir ese camino. Por otra parte, los sujetos con una escasa motivación ideológica podrían ser alentados a abandonar la organización si descubren que su necesidad de pertenencia, camaradería y de estatus no se corresponde con lo que finalmente

encuentran al integrarse en dicho grupo, al observar que predomina muchas veces el engaño y la coacción como forma de militar en él, ydonde los líderes suelen gozar de privilegios que la “tropa” en modo alguno disfruta. En fin, no cabe duda que esas dimensiones elaboradas por el profesor Bjorgo son interesantes, y que nos ayudan a comprender mejor que hay una variedad importante de sujetos que aspiran a ser terroristas. Está claro que los que mejor conocen a los islamistas radicales son otros islamistas, y éstos también son los que más tienen que perder si se producen atentados atribuidos a Al Qaeda. La mayoría de los inmigrantes están integrados en la sociedad occidental, quieren beneficiarse de los logros de Occidente, y no apoyan una visión extrema del Corán. Se ganaría mucho si pudieran ser movilizados para combatir los argumentos radicales de los que apoyan la “guerra santa”, y así ayudar a que la comunidad inmigrante sea menos receptiva ante la petición de ayuda económica y de reclutas para favorecer las acciones terroristas. Si esa comunidad integrada presionara a sus miembros más vulnerables y los vigilara, desalentando su radicalización, podría producirse un gran avance en términos de prevención de futuras carreras terroristas. Otra utilidad de este tipo de trabajo se relaciona con la labor de infiltración de agentes especializados en el contraterrorismo, en la tarea de estudiar cómo influir

sobre determinadas personas para evitar acciones terroristas e identificar a los líderes u a otras personas relevantes, en la esperanza que el conocimiento de la psicología de las personas contactadas ayude a establecer relaciones de confianza y, con ello, se posibilite dar golpes efectivos a las tramas terroristas.

18.4.3. Un mayor control sobre la inmigración y las prácticas religiosas Se cree que en España viven aproximadamente un millón de residentes ilegales, aunque el proceso de deterioro económico que comenzó en 2008 puede haber rebajado esa cifra. Muchos de ellos han recibido la orden de expulsión, pero dado que nadie la ejecuta, los “expulsados” deben vagar por las calles sin posibilidad alguna de tener un empleo legal. Aunque muchos de los terroristas que perpetraron el atentado del 11-M en Madrid eran sujetos integrados en la sociedad española de entonces, no cabe duda de que cuanto mayor sea el número de personas de religión islámica forzados a no tener una identidad ante el Estado, más fácil será para los dirigentes de las células terroristas el poder reclutar entre ellos a los que consideren los más preparados para cometer atentados. A diferencia de lo hecho en Estados Unidos, que ha cerrado mucho sus puertas a los inmigrantes tras el 11-S, en España se ha procurado más

la integración que el aislamiento, y eso en principio debería de ser una ayuda para luchar contra el reclutamiento terrorista de inmigrantes desesperados. Por supuesto, el control de inmigrantes también debe de tener como prioridad no renovar el permiso y expulsar de modo efectivo a los sujetos sospechosos de formar parte de grupos terroristas, o de alentar su ideología, y esto debería incluir no ser tan permisivos con la labor apologética y recaudatoria de las mezquitas que apoyan la causa radical del Islam. Se trata, como se puede observar, de aplicar la ley con un propósito claro de prevención. No se necesitan leyes especiales, a modo de la “Patriot Act” promulgada por Estados Unidos, una ley que, por cierto, ha levantado duras críticas por el recorte de libertades civiles que supone6. El problema en España no es de falta de leyes, sino de su aplicación negligente por falta de recursos y de voluntad decidida. Así por ejemplo, el artículo 54 de la Ley de Inmigración establece que la residencia puede denegarse si el que la solicita participa en actividades que van en contra de la seguridad del Estado. Y en su apartado c señala que también será motivo de denegación cuando el solicitante “lleve a cabo actos discriminatorios por motivos racistas, étnicos, nacionalistas o religiosos”. Igualmente, la concesión de la nacionalidad española a los extranjeros que viven en España podría ser algo más que

un proceso automático si el artículo 22-4 del Código Civil fuera tomado más en serio. Este artículo requiere de “una buena conducta cívica y un grado suficiente de integración en la sociedad española” para que se conceda la nacionalidad. Por otra parte no deberíamos olvidar la aplicación del Código Penal allí donde las circunstancias lo exigieran, pero con un grado mayor de celeridad y eficiencia, como una herramienta preventiva para luchar contra los grupos terroristas. Este sería el caso si se mirara con detenimiento lo que se enseña en determinadas mezquitas o colegios. Y así, el artículo 18 señala que es punible incitar a cometer delitos mediante la enseñanza y exaltación pública de doctrinas que los exaltan, lo que muy probablemente puede estar ocurriendo de forma rutinaria en muchos lugares de España donde se pregona la guerra contra el infiel. No obstante, debemos favorecer las medidas civiles y administrativas sobre las penales cuando se trata de prevención del terrorismo. La maquinaria penal siempre es pesada y —por el imperio de la Ley— sometida a garantías procesales que exigen tiempo y a las que no podemos renunciar de modo esencial, por ello cuando España recibió de Marruecos una lista de 400 ex combatientes en Afganistán cuyo paradero era desconocido7, la seguridad española podría mejorar

quizás en un grado mayor al controlar a estos individuos si aparecen en España, lo que constituye una acción preventiva fuera del alcance del derecho penal. Controlar las prácticas religiosas de los inmigrantes islámicos suena poco “progresista”, pero del mismo modo que nos escandalizaríamos si permitiéramos que una escuela o una iglesia enseñara con toda libertad el ideario de Adolf Hitler expresado en la “Biblia” nacionalsocialista titulada “Mi lucha”, no debería alarmarnos si impedimos que determinados imanes recolecten dinero para costear actos terroristas que no sabemos donde tendrán lugar, o que pregonen el ideario de Bin Laden, persona de santidad más que discutible. La libertad de expresión no puede ocultar la incitación al crimen. El problema es que en España nadie quiere ocuparse de esa cuestión por temor a levantar críticas y odios, y ya se sabe cuánto deprime a los políticos meterse en avisperos que le supongan quebraderos de cabeza donde hay una renta política escasa. Pero lo cierto es que varios de los participantes en el 11-M fueron “convertidos” por predicadores del Islam radical, y como hemos leído con anterioridad, el reclutamiento desde España para participar en la yihad es una realidad. La necesidad de no fomentar ese adoctrinamiento ya la había reconocido el profesor Antonio Beristain en 1989, y luego en 2005 (p. 35), cuando escribió con una claridad

meridiana que “La insistencia en los dogmas religiosos, supuestamente indiscutibles, aunque parezcan (y en cierto grado sean) absurdos, aboca en muchos fieles a despreciar la ciencia que tanto aprueba la discusión y la discrepancia… Aboca, sobre todo, a un fanatismo y a una obediencia ciega”.

18.5. ESTUDIOS EMPÍRICOS DE LAS MEDIDAS CONTRA EL TERRORISMO Las ideas anteriores se basan en la comprensión de la realidad del terrorismo a la luz de la Criminología científica. Tal y como señala una amplia revisión sistemática realizada en torno a las medidas que resultan eficaces en la lucha contra el terrorismo, apenas tenemos información empírica contrastada que nos permita afirmar con confianza qué es lo que realmente es eficaz en este ámbito. En efecto, esta es la conclusión más destacable que se desprende del estudio realizado por Lum, Kennedy y Sherley (2005), quienes de los 14.000 textos que revisaron desde 1971 hasta 20038 que versaban sobre terrorismo, solo siete de ellos tuvieron la suficiente calidad metodológica para ser considerados estudios empíricamente relevantes. Esos siete estudios (todos realizados antes del año 2001) evaluaban una o varias estrategias contra-terroristas, así

que los autores analizaron esos estudios de acuerdo a las siguientes seis categorías de estrategias o de intervención para prevenir el terrorismo: 1. Intervenciones dirigidas a dar mayor seguridad en los aeropuertos, mediante detectores de metales y otros procesos de incremento de la seguridad. 2. Intervenciones que tenían como propósito incrementar la seguridad de edificios como embajadas, o bien personal diplomático. 3. Intervenciones que se basaban en aumentar la severidad del castigo para los sujetos aprehendidos por delitos terroristas. 4. Intervenciones que se basaban en Resoluciones dictadas por las Naciones Unidas contra el terrorismo. 5. Intervenciones militares y/o acciones de represalia; específicamente se examinó el efecto de los ataques israelíes contra la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) y los ataques que realizó la fuerza área norteamericana sobre Libia en 1986. 6. Cambios en la política de gobierno y en el modelo de gobierno, tales como subir un partido político al poder de un país afectado por el terrorismo, o bien la conversión de gobiernos dictatoriales en democracias, tal y como ocurrió en Europa con el fin de la Guerra Fría. Los resultados fueron los siguientes. Con respecto a los

detectores de metales y otras medidas de seguridad en los aeropuertos, parece que, en efecto, son medidas eficaces para prevenir los secuestros aéreos, ya que los estudios analizados probaron reducir las acciones terroristas de modo estadísticamente significativo. Ahora bien, la mala noticia fue que tales estrategias produjeron un importante desplazamiento hacia el incremento de otras acciones terroristas como toma de rehenes y ataques armados (amén de los múltiples inconvenientes y restricciones de libertad que han de sufrir continuamente los pasajeros que transitan los aeropuertos). No hubo resultados positivos en las intervenciones orientadas a incrementar la seguridad de edificios como embajadas, o bien del personal diplomático, así como tampoco las que castigaban más severamente a los terroristas convictos (si bien en esta última categoría solo existía un único estudio). Por lo que respecta a la intervención de las Resoluciones de Naciones Unidas, se concluyó que solo un estudio que contaba con una resolución contra el secuestro aéreo y se acompañaba también con medidas para el empleo de detectores de metales en los aeropuertos mostró que estas medidas resultaron eficaces en la reducción de la piratería aérea. Otro estudio que evaluó otra resolución de Naciones Unidas contra el secuestro aéreo pero que no imponía medidas de detección de metales no probó que

dicha intervención fuera efectiva. Los Estados Unidos decidieron dar un “escarmiento” al dictador de Libia Gadaffi cuando éste participó en un atentado terrorista acaecido en la discoteca LaBelle en Alemania Occidental en 1986, donde perecieron muchos soldados norteamericanos. El Presidente Reagan aprobó un “raid” por sorpresa, y varios aviones de combate bombardearon lugares seleccionados de Trípoli, entre ellos el propio palacio de Gadaffi, a resultas de lo cual murió una de sus hijas. Sin embargo, tanto este ataque de represalia como los realizados por Israel contra la OLP no demostraron ser efectivos, más bien al contrario: aumentaron los atentados terroristas contra EEUU e Israel, si bien este aumento fue limitado a objetivos y métodos menos graves, que generalmente no implicaron muertes. La última categoría evaluada es particularmente relevante para los españoles, ya que incluyó un estudio de Barros (2003) que buscó averiguar si la llegada del partido socialista al poder en 1982 había contribuido a disminuir la violencia de ETA. También incluyó otra investigación destinada a evaluar el efecto del fin de la Guerra Fría sobre el terrorismo. Por desgracia, ambos estudios mostraron que el resultado de estos cambios en los gobiernos (en España y en otros países) fue un aumento de los actos terroristas que culminaron en

asesinatos, si bien disminuyó el número de actos donde no se produjeron muertes.

18.6. CONCLUSIONES El terrorismo es un tipo de delito que, a pesar de existir desde el mismo origen de la sociedad ilustrada del siglo XVIII (revolución francesa), ha adquirido en estos inicios del siglo XXI una entidad globalizada y difusa, en forma de Islamismo Radical, que supone una grave amenaza para muchos países, en particular los occidentales, objeto de las iras de los seguidores de Al-Qaeda. La brutalidad de atentados como los perpetrados en Nueva York, Madrid o Londres es una declaración de principios diáfana. En el análisis de las causas aparecen factores sociales, culturales, religiosos, económicos y psicológicos. Tal y como se comentó anteriormente, resulta muy perturbador que muchos de los terroristas (en particular entre los yihadistas) sean personas cultas, con una buena integración social en sus países de acogida. Aunque como es lógico los dirigentes intenten seleccionar a los “mejores” entre todos los que aspiran a ser bombas humanas, lo anterior no deja de ser una dificultad añadida en términos de prevención, porque la integración de los inmigrantes puede resultar una vía menos eficaz de lo esperable para evitar los atentados. Junto a nuevos

análisis que permiten valorar la vulnerabilidad de lugares estratégicos de un país para mejorar su protección frente al terrorismo (cfr. Apostolakis y Lemon, 2005), sugerimos el desarrollo de estrategias de prevención que, aun pareciendo de perfil bajo, constituyen quizás formas más eficaces de evitar los atentados. Esas estrategias se basan en políticas de inteligencia y de práctica policial, y deben ir acompañadas por medidas administrativas y penales decididas. Sin embargo, considerar la lucha contra el terrorismo como una “guerra” puede ser una política global ineficaz, dado que no se dan los criterios convencionales que la definen (un enemigo específico declarado, unas fronteras delimitadas, el respeto a unos mínimos principios que se ajusten a la noción de “guerra justa” de Waltzer, 1977), y, peor aún, puede provocar la expansión de las células terroristas al sentirse ultrajada la población que recibe las bombas. Como escribe Joseph Margolis: “América está haciendo realidad los sueños más salvajes de Al Qaeda, a una velocidad que nunca esta podría haber imaginado” (Margolis, 2004, p. 405). Han pasado años desede que se realizó esta afirmación. Es cierto que Al Qaeda no ha vuelto a hacer en Europa un gran atentado desde Londres en 2005, y desde luego en Estados Unidos desde el 11/S, pero es evidente a día de hoy que el terrorismo islámico no va a ser derrotado mediante una guerra, sino mediante buenos servicios de inteligencia y políticas eficaces de prevención.

PRINCIPIOS CRIMINOLÓGICOS Y POLÍTICA CRIMINAL 1. En buena medida, el terrorismo se alimenta de una indoctrinación que genera en los jóvenes sentimientos de odio y distorsiones cognitivas; ello posibilitó asesinatos como el de Tomás y Valiente (prestigioso jurista) y el de Miguel Ángel Blanco (concejal del partido popular). Como en la delincuencia común, la educación orientada a que los menores desarrollen su competencia social y la conducta de ayuda a los demás parece ser algo ineludible. En qué medida el contexto político permita eso, es otra cuestión. 2. En los terroristas no existe una mayor presencia de enfermedades mentales que en otros delincuentes. En los casos en los que la legitimidad otorgada por el pueblo es mínima, la necesidad de conservar una auto-imagen positiva, junto al mantenimiento de un estilo de vida peculiar, explican su persistencia en el crimen. Es difícil ver cómo un estado democrático puede acabar con un problema así; perdido un fin político, los motivos de conservación del grupo terrorista adquieren la mayor prioridad. 3. La situación se complica por la existencia de variadas personalidades en los grupos terroristas. La distribución del poder entre ellas puede dar orientaciones distintas a sus acciones y a su relación con los poderes públicos. 4. Entre las medidas posibles que pueden poner en práctica los gobiernos para combatir el terrorismo, la asistencia a las víctimas, la profundización de los valores democráticos, la coordinación de la justicia internacional y cortar las fuentes de financiación, parecen ser opciones necesarias, tal y como señala Naciones Unidas.

CUESTIONES DE ESTUDIO 1. ¿Qué es un grupo terrorista? 2. ¿Por qué ha pasado a ser el terrorismo un problema tan relevante en la Criminología actual? 3. ¿Cómo se podría describir a un terrorista? 4. ¿En qué consiste el argumento del “gato de Alicia”? 5. ¿Qué tipologías pueden establecerse con respecto a los terroristas? 6. ¿Cuáles son los cuatro elementos que utiliza el profesor Tobeña para describir el origen de la violencia terrorista tanto de ETA como de Al Qaeda? 7. ¿Qué medidas de prevención pueden realizar los estados democráticos frente al terrorismo?

1 National Counterterrorism Center: Annex of statistical information: http://www.state.gov/j/ct/rls/crt/2010/170266.htm

2 TIME, 7 de mayo de 2012, p. 22. 3 No queremos decir con esto que los islamistas sean unos asesinos “valientes”; la valentía como virtud es incompatible con esos actos de homicidio de masas, pero al menos reconozcamos que no tienen miedo a morir. 4 El País, 16 de enero de 2004. 5 The European Union Counter-Terrorism Strategy: Prevent, protect, pursue, respond. Bruselas, 1 de diciembre de 2005. Disponible en: http//www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/jha/87257.pdf 6 Meiselsl (2005) señala que en la medida en que el terrorismo penetra en las democracias occidentales debemos preguntarnos hasta qué punto la lucha eficaz contra éste justifica el recorte de las libertades civiles. 7 El País, 25 de julio de 2004. 8 La revisión fue ampliada hasta 2009, sin que hubiera nuevos estudios que añadir.

19. LA VICTIMOLOGÍA Y LA ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS 19.1. LA VICTIMOLOGÍA COMO DISCIPLINA 859 19.2. ESTUDIOS EMPÍRICOS SOBRE LA VICTIMIZACIÓN 865 19.3. TEORÍAS SOBRE LA VICTIMIZACIÓN 867 19.3.1. ¿Víctimas ideales? 867 19.3.2. El riesgo de sufrir delitos y el fenómeno de la multivictimización 868 19.3.3. La victimización en América Latina 872 19.3.4. Resiliencia y victimización 873 19.4. LA VÍCTIMA Y EL SISTEMA JUDICIAL 876 19.4.1. El olvido de la víctima 876 19.5. LA VÍCTIMA DEL DELITO EN EL PROCESO PENAL 878 19.6. LA JUSTICIA REPARADORA Y LA MEDIACIÓN PENAL 887 19.7. UNA VISIÓN SISTÉMICA DE LA VICTIMOLOGÍA 892 19.7.1. Una visión sistémica 892 19.7.2. El ejemplo de la violencia contra la mujer 895 19.7. CONCLUSIÓN 896 PRINCIPIOS CRIMINOLÓGICOS Y POLÍTICA CRIMINAL 898 CUESTIONES DE ESTUDIO 898

19.1. LA VICTIMOLOGÍA DISCIPLINA

COMO

La Criminología ha estado en general dominada por teorías globales o de “rango medio”, por ejemplo sobre

factores económicos, sociales y culturales que determinan o condicionan el nivel de delincuencia en la sociedad. Sin embargo, este tipo de explicaciones globales no suelen colmar las expectativas de las víctimas del delito. La víctima nos presenta dos preguntas mucho más concretas: ¿por qué tuvo que tocarme a mí?, y ¿cómo evito que esto vuelva a pasar? En noviembre de 1985 la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó una declaración de Principios Básicos sobre las Víctimas de los Delitos, enunciados con motivo de celebrarse en agosto de ese mismo año el séptimo congreso sobre prevención y tratamiento de los delincuentes. Su punto primero dice así: “La palabra víctima se refiere a las personas que, ya sea de forma individual o colectiva, han sufrido algún daño, incluyendo las lesiones físicas o mentales, el sufrimiento emocional, la pérdida económica o una violación de sus derechos fundamentales, a través de actos u omisiones que conculcan las leyes penales”. Y en el punto segundo: “Una persona puede ser considerada víctima, según esta declaración, con independencia de si el delincuente es identificado, arrestado, procesado o condenado, o de si hay una relación familiar entre él y su víctima. El término ‘víctima’ también incluye, si resulta apropiado, la familia inmediata o las personas dependientes de la víctima

directa, así como las personas que han resultado dañadas al intentar asistir a las víctimas o que han intervenido para prevenir la victimización”. La declaración de Naciones Unidas no hizo sino recoger de forma oficial la preocupación que las víctimas del delito han venido suscitando en los últimos treinta años, tanto entre los poderes públicos (si bien de forma siempre rezagada con respecto a las necesidades de la sociedad), como entre los criminólogos. Hoy en día podemos decir, sin temor a equivocarnos, que estamos asistiendo al desarrollo de un área de aplicación profesional de primera magnitud, ante la cual es necesario que los estudiantes y profesionales reaccionen con presteza para dar una respuesta cumplida y urgente. Existe una Sociedad Mundial de Victimología, que celebra un simposio cada tres años. Estos encuentros entre profesionales de varias disciplinas han sido importantes para desarrollar la perspectiva de la víctima. Aunque desde los años 40 del pasado siglo se constató ya un incipiente interés por las víctimas del delito (Baca, 2010), no es sino hasta la celebración del Primer Simposio Internacional de Victimología, celebrado en Noviembre de 1973 en Jerusalén, cuando se obtuvo el reconocimiento internacional para la Victimología. Así mismo, dio origen a la organización de otros simposios cada tres años: El cuadro 19.1. muestra los diferentes simposios

acontecidos y los hitos que desarrollaron: Cuadro 19.1. Simposios de Victimología Boston (1976)

Alentó la investigación comparada y abrió nuevos campos de trabajo científico

Münster (Alemania) (1979)

Permitió la organización de la Sociedad Mundial de Victimología (WSV).

Tokio-Kioto (Japón) Fortaleció la sociedad y amplió la comunicación internacional. (1982) Zagreb Redacción final de la “Declaración de principios básico de justicia para (Yugoslavia) las víctimas”. (1985) Jerusalén (1988) Río Janeiro (1991)

Centró la atención en las diversas victimologías. de Planteó la problemática latinoamericana.

Adelaide (Australia) (1994)

Presentó abundante información comparada.

Amsterdam (Holanda) (1997)

Analiza muy interesantes aspectos críticos.

Montreal (Canadá) (2000)

Celebró el XV aniversario de la Declaración de la ONU y planteó la problemática victimológica para el tercer milenio.

Stellenbosch (Sudáfrica) Se ocupó de los nuevos horizontes de la victimología. (2003) Florida California (2006)

Tuvo como lema: “Realzando la Misión”, y analizó los siguientes aspectos: servicios a la víctima, educación y estándares de atención, investigaciones en torno al crimen trasnacional, la trata de personas, narcotráfico, la influencia de la tecnología en los delitos, el terrorismo y tráfico, entre otros.

Mito (Japón) Versó sobre la Victimología y la seguridad humana, así como la trata de (2009) personas y las víctimas del abuso del poder.

Tomado de: http://leyva1130.blogspot.com.es/2012/11/simposios-devictimologia.html, quien cita la siguiente fuente a su vez: RODRÍGUEZ Manzanera, Luís. (2004). La situación actual de la Victimología en México. Retos y perspectivas. Gaceta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Número 65. (Enero/Febrero).

Se puede, en la actualidad, distinguir entre cuatro tendencias dentro de esta sociedad de victimología, que se corresponden con las diferentes áreas de investigación y aplicación de esta disciplina. Son las siguientes. La primera se concentra en la atención a la persona victimizada, especialmente en la ayuda psicológica y psiquiátrica a la víctima de un delito violento o sexual. La agresión puede tener efectos tardíos, en forma de depresiones, ansiedad, alteraciones del sueño y otros problemas psíquicos (véanse resúmenes en Katz y Mazur, 1979; Fattah, 1991; Maguire, 1980; Goethals y Peters, 1991; Echeburúa y Redondo, 2010). Dichos trastornos se resumen bajo la etiqueta “Trastorno de estrés posttraumático”. Estos estudios clínicos han sido importantes para entender y mejorar la atención a la víctima del delito. La segunda es la investigación empírica sobre el fenómeno de la victimización. Se han realizado encuestas en más de 50 países del mundo para establecer la frecuencia del delito y las circunstancias que lo rodean (UNICRI, 1993). Estos estudios han sido importantes para

elaborar teorías sobre la victimización, y políticas para prevenirla. Recientemente se vienen desarrollando estudios que buscan también definir cuáles son los factores que promueven la resiliencia a la victimización, tal y como se llevan a cabo en el ámbito de la resiliencia frente al delito. La tercera es la preocupación sobre la suerte de la víctima en el proceso penal. El Estado ha asumido el papel de la víctima durante el proceso penal, para después olvidarse de ella (véase un análisis de esta problemática en Bustos y Larrauri, 1993; Tamarit, 2010). Los sentimientos y perspectiva de la víctima sobre el suceso vivido y lo que espera de la intervención de la justicia son aspectos importantes de análisis (Baca, 2010 y 2012). La presunción de inocencia y el derecho a un abogado de oficio garantizan los derechos del autor frente al juicio penal. Posteriormente, en el cumplimiento de la condena, el juez de vigilancia penitenciaria tutela que no se conculquen sus derechos mientras está preso. En contraste, los derechos de la víctima se encuentran en un segundo plano. La Sociedad de Victimología ha sido un impulsor importante para la elaboración de “La declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de las víctimas del delito” (1985). Sin embargo, esta declaración, con sus exigencias mínimas, está todavía lejos de ser una realidad

en muchos países; entre ellos España (Bueno Arús, 1992; Beristáin, 1996). Esta declaración1 recomienda, por ejemplo: • Que las víctimas de delitos deben de ser informadas sobre el procedimiento; • Que deben tener una oportunidad para presentar su punto de vista y sus preocupaciones durante el procedimiento judicial; • Que se deben utilizar mecanismos informales para resolver conflictos, incluyendo sistemas de mediación y arbitraje. Estos derechos tienen poco peso en el procedimiento penal español, tan sólo en el derecho penal de menores, aunque tímidamente se vienen abriendo camino las experiencias en la mediación entre delincuentes y víctimas adultos. Más adelante volveremos sobre este punto. La cuarta es el movimiento político a favor de un tipo de víctima en particular. En varios países los movimientos feministas reivindicaron hace ya muchos años la necesidad de que el código y el procedimiento penal reconocieran el derecho de las mujeres a pasear por la calle, a cualquier hora, sin sufrir acosos sexuales, así como a no sufrir acoso sexual en el trabajo. También lograron que se alcanzaran cambios importantes en el

ámbito del maltrato a la mujer. Además, existen otros grupos eficaces de presión: grupos de apoyo a las víctimas del terrorismo, a víctimas de crímenes de guerra y a víctimas colectivas de delitos contra el medio ambiente. Estos grupos han presentado documentación importante sobre el impacto de estos delitos en las víctimas, y han conseguido, en muchos países, mejorar su situación legal y social. La convivencia entre estas diferentes tendencias a veces ha sido fructífera, pero nunca fácil. ¿Se puede llamar al conjunto de estas perspectivas “Victimología”? La idea de los primeros autores que utilizaron este concepto, Mendelsohn (1974) y Hans von Hentig (1948), de formar una nueva ciencia autónoma llamada Victimología, distinta del Derecho Penal y también de la Criminología, ha sido descartada por la gran mayoría de los autores2. El penalista español Jiménez de Asúa era uno de ellos: “Si algo puede dañar a estos estudios es la exageración: el querer hacer de ellos una ciencia nueva, independiente de la Criminología y del Derecho Penal, con el título de Victimología” (Jiménez de Asúa, 1961).

El criminólogo Donald Cressey en una ocasión caracterizó la victimología como: “Un programa no académico bajo cuyo techo una mezcla de ideas, intereses, ideologías y métodos de investigación han sido agrupados arbitrariamente” (Cressey 1982).

Sin embargo, es evidente que en los años transcurridos desde estas afirmaciones los estudios y el interés acerca de la víctima del delito han progresado de modo sustancial (Kirchhoff, 2008; van Djik, 1999; Jaishankar, 2008). Algunos autores reconocen a la victimología un estatuto independiente de la criminología: “La victimología ha madurado, desde un campo relativamente nuevo de la criminología, hasta constituirse en la ciencia social de las víctimas, la victimización y las reacciones hacia ambos, constituyendo las reacciones e interacciones el tema de estudio más importante. Con ello queremos referirnos a las reacciones de las víctimas, así como, por una parte, a las reacciones informales del ambiente social que llevan a la victimización secundaria, y a la reacción del sistema de justicia criminal como mecanismo de control formal, por la otra” (Kirchhoff, 2008: xi).

En este sentido, el profesor Tamarit (2006)—uno de los autores más relevantes en este ámbito en España— definió a la Victimología del siguiente modo: La victimología puede ser definida hoy como una ciencia multidisciplinar que se ocupa del conocimiento relativo a los procesos de victimización y desvictimización. Concierne pues a la victimología el estudio del modo en que una persona deviene víctima, de las diversas dimensiones de la victimización (primaria, secundaria y terciaria) y de las estrategias de prevención y reducción de la misma, así como del conjunto de respuestas sociales, jurídicas y asistenciales tendientes a la reparación y reintegración social de la víctima.

Ahora bien, en nuestra opinión, precisamente por su interés en la interacción entre delincuente y víctima, así como en la prevención del delito, es imposible separar el

estudio de la victimización del estudio del delito. ¿Cómo se puede, por ejemplo, asesorar a vecinos preocupados por el robo, sin saber qué técnicas utilizan los ladrones para entrar en las casas? Parece más fructífero considerar la victimología como un conjunto de perspectivas importantes para la Criminología como ciencia, e igualmente importantes para el proceso y el derecho penal (ver más adelante). En todo caso hemos de celebrar la vitalidad de la victimología en nuestro país: existe una Sociedad Española de Victimología que en 2012 celebró su cuarto congreso nacional, y la Fundación Instituto de Victimología (FIVE); ambos organismos, entre otras instituciones regionales y locales, realizan una importante labor en el desarrollo de los estudios victimológicos y su aplicación en el ámbito profesional. En el presente capítulo vamos a presentar las contribuciones más destacadas de los estudios sobre las víctimas, la victimización y el proceso penal, mientras otros capítulos de esta obra tratan más en detalle la situación de las víctimas de malos tratos y abusos sexuales.

Miembros del Grupo de Derecho Penal y Criminología de la Universidad de Lérida, impulsores del Master en Criminología: Dra. Nuria Torres Rosell (Profesora de Derecho Penal UdL), Dr. José María Tamarit Sumalla (Catedrático de Derecho Penal de la UdL), Dra. Carolina Villacampa Estiarte (Profesora de Derecho Penal de la UdL) y Dra. María Jesús Guardiola Lago (Profesora de Derecho Penal UdL).

19.2. ESTUDIOS EMPÍRICOS SOBRE LA VICTIMIZACIÓN La primera encuesta realizada sobre las víctimas del delito se llevó a cabo en Aarhus, Dinamarca, en el año 1730. Parece que el motivo de este estudio fueron las quejas de los ciudadanos sobre el incremento del robo. El Ayuntamiento designó a seis personas para que visitaran todos los domicilios y preguntaran a los ciudadanos si habían sufrido algún robo en su casa en los últimos tres o cuatro años. Los encuestadores iban en parejas y llevaban una acreditación del Ayuntamiento y una libreta donde los encuestados podían anotar qué les habían robado y de quién sospechaban. En aquella época, dos siglos antes de la invención del ordenador, la investigación iba más deprisa que en la actualidad. Todas las entrevistas se realizaron en una semana, y el informe con los resultados del estudio fue presentado al alcalde seis semanas después. La ciudad tenía alrededor de 3.500 habitantes. Los ciudadanos

declararon haber sufrido 188 robos, lo cual ha permitido estimar un riesgo de victimización anual en delitos de robo del 1 al 2% (Balvig, 1987). La idea de preguntar a la población sobre su exposición al delito reapareció en los años 60 del siglo pasado, después de los primeros estudios de autoinforme llevados a cabo en los años 40 y 50 (Porterfield, 1946; Short y Nye, 1957). Esos estudios de autoinforme mostraron que se podía preguntar sobre los delitos que la gente había cometido y obtener respuestas bastante veraces. Parecía más fácil preguntar acerca de la experiencia personal como víctima que sobre la experiencia personal como delincuente. La criminóloga finlandesa Inkkeri Antilla parece haber sido la primera en sugerir el uso de los métodos Gallup para estudiar a las víctimas del delito (Antilla, 1966). El objetivo era calcular el riesgo de ser robado o atracado, independientemente de las estadísticas policiales. La primera en poner en práctica la idea fue una Comisión Presidencial en EEUU, como parte del extenso informe sobre el delito presentado por la Administración del presidente Johnson: “El reto del delito en una sociedad libre”. Diez mil hogares participaron en este primer estudio de un país entero, con información sobre 33.000 personas. El Congreso estableció un organismo independiente dentro de la Administración de Justicia: La Administración para

Asistencia para la Aplicación de la Ley (LEAA) en 1968, y una de sus tareas fue mejorar el conocimiento sobre la delincuencia. Se realizaron una serie de encuestas de campo para mejorar el cuestionario, para comprobar la validez de los datos de censo utilizados y para comprobar la validez de las respuestas3. El resultado fue la Encuesta Nacional sobre Victimización Delictiva (siglas NCVS en inglés), la cual se publica anualmente desde 1972. En 1990, se incluyeron en la muestra 62.600 hogares y respondieron 95.000 personas. La tasa de respuesta obtenida fue sorprendentemente alta: el 97% de los hogares elegidos participaron en el estudio4. La contribución de estas encuestas a la Criminología ha sido muy importante. Primero, porque los datos recogidos permiten un análisis de la delincuencia independientemente del sistema policial y judicial. Las encuestas realizadas en España, resumidas en otro capítulo de esta obra, han dado un fuerte impulso a nuevas teorías sobre el delito. La importancia para la victimología ha sido, sobre todo, conocer el riesgo de sufrir distintos tipos de delitos, poder valorar los factores de riesgo más relevantes y la eficacia de las medidas de prevención.

19.3. TEORÍAS VICTIMIZACIÓN

SOBRE

LA

19.3.1. ¿Víctimas ideales? Aquí no se trata propiamente de una teoría, sino de una perspectiva teórica —emparentada con la Criminología Crítica— que destaca el papel de los medios de comunicación y de las instituciones de control del Estado en la creación de unos estereotipos “claros y limpios” de lo que constituye un delincuente y una víctima. El criminólogo Nils Christie (1982), uno de los paladines de esta corriente crítica, se pregunta cuál sería la víctima ideal, y llega a la siguiente conclusión: “Una señora mayor regresa a su casa a mediodía después de haber visitado a su hermana enferma. Le obstruye el camino un hombre fuerte y brutal, que le golpea sobre la cabeza y le quita su bolso de mano. El bolso contiene todo su dinero (la mensualidad de la seguridad social) y él lo roba para comprarse drogas”.

Así tenemos la víctima más adecuada para despertar nuestra compasión y simpatía. El caso tiene, según Christie, las cinco características siguientes: 1. Da lástima. Personas vulnerables, como niños, mujeres y mayores, son más aptos para el papel de víctima. 2. La víctima realizó una tarea honorable (cuidar a su hermana).

3. Estaba en un lugar irreprochable: en la calle a plena luz del día. Por la noche ya no es tan ideal. 4. El delincuente era fuerte y malo. 5. No se conocían mutuamente. La víctima ideal nos ayuda a obtener la correspondiente visión del delincuente también ideal, en el sentido de arquetípico: lo bueno y lo malo se oponen nítidamente y podemos sentirnos más tranquilos porque separamos sin dudas la virtud y el vicio5. Sin embargo, las víctimas ideales, aunque existen, no son los casos más frecuentes. Una víctima más típica puede ser una prostituta (Barberet, 1996), o más bien un varón, joven, borracho, que llega a pelearse con sus compañeros a la salida de un bar, y ellos le quitan el dinero. Este joven corre más riesgo de sufrir delitos. De hecho, existe una importante investigación que revela hasta qué punto la delincuencia y la victimización se solapan en muchas personas (Frederick et al., 2013). De ello nos ocupamos a continuación.

19.3.2. El riesgo de sufrir delitos y el fenómeno de la multi-victimización Si los delincuentes eligieran a sus víctimas totalmente al azar, el riesgo de sufrir un delito estaría repartido de forma parecida entre toda la población. Sin embargo, el

riesgo de experimentar delitos no es azaroso —en su mayor parte— ni, desde luego, equitativo. Este riesgo medio, según encuestas realizadas en España sobre la victimización, puede estimarse en las siguientes magnitudes: CUADRO 19.2. El riesgo medio de sufrir delitos6 Un atraco con violencia Robo en vivienda o local Robo de vehículo Sustracción de objetos en vehículo Estafa o timo Agresión física Violación (solo mujeres) Homicidio

cada 83 años cada 42 años cada 77 años cada 30 años cada 111 años cada 125 años cada 500 años cada 30.000 años

Un ejemplo que ilustra la anterior estimación es el siguiente. Cuando el 1,2% de la población manifiesta haber sufrido un atraco durante un año, ello corresponde a una probabilidad de que tal hecho ocurra una vez de cada 83 años. Con la misma lógica, cuando ocurren en torno a 1.200 homicidios al año en España, eso quiere decir que el riesgo de morir a manos de otra persona es aproximadamente de una por 30.000 años. Sin embargo, una persona joven que vive en una ciudad puede tener un riesgo real diez veces superior al riesgo medio. Efectivamente, unas personas sufren más delitos que otras. En estas encuestas victimológicas encontramos personas que no solamente han experimentado un robo en casa, sino cinco, y que además han sufrido un atraco,

varias amenazas, etc. Un análisis de las denuncias presentadas a la policía confirma lo mismo: algunas pocas personas sufren muchos delitos que otras. Un estudio meticuloso de robos en casa en una ciudad holandesa (Kleemans, 1997) indicó que, en un período de 6 años, un 9,2% de las viviendas sufrieron un robo. Sin embargo, los robos se acumulaban en determinadas zonas. Una cuarta parte de todos los robos ocurrieron en solamente el 1,2% de todas las viviendas de la ciudad. Así, si una casa ha sido robada, el riesgo de que le vaya a tocar una segunda vez es bastante elevado. El período de más alto riesgo es durante el mes posterior al primer suceso. La explicación más lógica de este hecho es que el mismo ladrón vuelve a la misma casa para llevarse lo que tuvo que dejar atrás la primera vez. También existen áreas y barrios de más riesgo dentro de la ciudad. Este riesgo elevado se compensa, lógicamente, con un riesgo muy reducido en otros lugares. ¿A qué se debe esta distribución desigual de las probabilidades de ser víctima de un delito? Uno de los primeros investigadores que se planteó este problema fue Wolfgang (1958), quien estableció que las víctimas y los autores de homicidios suelen tener mucho en común: ambos son jóvenes, viven en el mismo barrio, son de la misma raza y clase social y, además, se conocen mutuamente. Tan sólo en un 14% de los casos analizados

por Wolfgang el autor del homicidio no había tenido amistad o parentesco con la víctima antes del hecho. Con mucha frecuencia víctima y agresor han vivido juntos como pareja y, en este caso, es más probable que sea el hombre quien mate a la mujer. Hindelang (1978) amplió este razonamiento al estudio de más tipos de delitos, y lo llamó la teoría del estilo de vida. Esta teoría, resumida en el cuadro 19.3, indica que el riesgo de sufrir un delito depende de cómo vive cada persona. Los factores socio-demográficos contribuyen a las expectativas de rol: no extrañará a nadie que una chica joven vaya asiduamente a la discoteca, mientras que se considerará fuera de lugar la presencia frecuente en ella de una señora muy mayor. Los factores sociales y económicos también imponen restricciones estructurales en la vida: uno no vive necesariamente en el barrio de su gusto, sino en aquél donde puede asumir los costes de su vivienda. Dentro de este marco de condicionamientos, cada uno tiene sus gustos y preferencias individuales o de su subcultura, una adaptación a su rol, en definitiva, un conjunto de hábitos y conductas llamado “estilo de vida”. Este estilo de vida determina las afiliaciones, es decir, las amistades o relaciones sociales, la exposición al riesgo y, a la postre, la probabilidad de ser víctima de un delito. CUADRO 19.3. La teoría del “estilo de vida”

Fuente: Elaboración propia a partir de Hindelang, 1978

Los datos de las encuestas de victimización apoyan esta teoría. En todas las encuestas realizadas se observa que la victimización es más elevada en los jóvenes que en las personas de mayor edad. Los jóvenes tienen un estilo de vida más activo, y corren más riesgos. Las personas de mediana edad tienen más bienes, así que, desde un punto de vista económico, sería más rentable robarles a ellos que a una persona joven. Por otra parte, se roba con menos frecuencia a los mayores, probablemente porque no se mueven en ámbitos de riesgo. En la encuesta de victimización realizada en Málaga en 1993/94 (Stangeland, 1995b; Díez Ripollés et al., 1996), se incluyó una pregunta general a todos los encuestados: “¿Con qué frecuencia sale ud. de noche? Por ejemplo, para ir a un

bar, un restaurante, al cine o a visitar amigos.”

Las respuestas a esta pregunta se resumen en el cuadro 19.4. CUADRO 19.4. Victimación según costumbre de salir de noche7 (Delitos sufridos en porcentajes)

En el cuadro se ve la contestación a la pregunta sobre actividades nocturnas, aquí resumida en tres categorías: mucho (“casi a diario”), medio (“por lo menos una vez la semana”) y poco (“una vez al mes; con menos frecuencia”). La altura de las barras indica la frecuencia de los delitos sufridos. Las barras del fondo de la figura resumen toda la victimización, y se observa una

correlación clara con las actividades nocturnas: entre los que salieron “mucho”, un 39,2% sufrieron delitos, en contraste con los que salieron “poco”, donde la victimización no ascendió a más que el 19,3%. Las barras inferiores dan los detalles según el tipo de delitos: “Domicilio” significa robo en casa, “Seguridad” representa tirones, hurtos y agresiones, y “Vehículo”, los robos y sustracciones en el vehículo. Cuando se sale de noche, es más probable que alguien mientras tanto robe la casa; es más probable que el vehículo esté aparcado en un sitio donde se abren coches, y es más probable que se sufra una agresión o un atraco en la calle. Felson (1994) presentó la denominada teoría de las actividades cotidianas o rutinarias: una persona dispuesta a cometer un delito se cruza en su camino con una tentación u oportunidad, sin que exista una vigilancia disuasoria (véase el capítulo 10). Los delitos tienen su ritmo y su ciclo, coincidiendo con el ciclo de vida normal de la ciudad. Esta teoría es plenamente compatible con la teoría del estilo de vida de Hindelang: las personas con un estilo de vida desviado tienen más probabilidades de encontrarse en situaciones donde se encuentren desprotegidos ante delincuentes motivados. En este sentido, Jensen y Brownfield (1986) argumentaron que la actividad delictiva puede considerarse como un estilo de vida o actividad rutinaria, lo que pone a los sujetos que

participan en ella en riesgo de sufrir, a su vez, actos delictivos, sin que exista muchas veces la posibilidad de que tales personas acudan a la policía para denunciar esta situación. En los últimos años se ha comprobado que la actividad delictiva es el predictor más consistente del riesgo de victimización (Jennings et al., 2012). Por otra parte, conductas habituales como el abuso de drogas o de alcohol pueden contribuir también de forma significativa al riesgo de sufrir delitos, al incrementar su imagen y su exposición ante los delincuentes como víctimas propiciatorias (Zaykowski y Gunter, 2013). El riesgo más elevado de sufrir delitos lo corren personas jóvenes, que viven en ciudades, con una vida nocturna activa. También existen profesiones con un riesgo elevado (taxistas, policías, mendigos, prostitutas). Los delincuentes mismos también corren un riesgo alto de ser víctimas de los otros. Además, el riesgo está distribuido en forma desigual entre hombres y mujeres (Zaykowski y Gunter, 2013). Aparte de lo obvio, que las mujeres están más expuestas a sufrir delitos sexuales y malos tratos domésticos, también es destacable que las mujeres padecen más tirones en la calle y más hurtos. Los hombres están más expuestos a delitos relacionados con el vehículo, y a delitos violentos en general.

19.3.3. La victimización en América Latina

Anna Alvazzi es una investigadora del Instituto Interregional del Crimen de Naciones Unidas. En uno de sus trabajos revisó la victimización criminal en Latinoamérica, y a éste nos vamos a referir brevemente en este apartado (Alvazzi, 2003). La autora se basó en los resultados de la Encuesta Internacional de Víctimas del Crimen (ICVS) aplicada en diversos países como Argentina, Bolivia, Brasil y Colombia, desde el año 1992 hasta el año 2000. Lo primero que observamos es que la victimización en América Latina es muy alta para todo tipo de delitos, con un máximo de 13% de personas afectadas por delitos de hurto y tasas en promedio entre el 5% y el 8% en el caso de robo en viviendas, robo y robo con agresión sexual. No obstante, algunos países destacan por tener índices notables: es el caso de Brasil (11,3%) y Colombia (10,6%) en el delito de robo, y Brasil para la agresión sexual (8%). Mención aparte merece el apartado de delitos de corrupción, donde los entrevistados reflejaron bien sus padecimientos a la hora de bregar con la administración de sus respectivos países: “Los países latinoamericanos muestran el más alto índice de soborno por funcionario público (18% en promedio), con Argentina (29%) y Bolivia (26%) ocupando el primer y segundo lugar en esta modalidad delictiva. Entre los funcionarios públicos implicados en sobornos, los más frecuentemente

mencionados son los funcionarios de policía, particularmente en Argentina, Brasil y Bolivia” (pág. 5). De modo similar, los ciudadanos también experimentan con mucha frecuencia el delito del fraude al consumidor, ya que con la excepción de Panamá, con una tasa del 11,4%, el resto de los países se sitúa en el rango que va desde una prevalencia del 17% (Brasil) hasta el 35,6% de Argentina. La encuesta valoraba también el grado en que las víctimas de los delitos se sentían satisfechas con la atención recibida por la policía y la eficacia con la que ésta era capaz de controlar el crimen. Menos del 50% de las víctimas que denunciaron a la policía dijeron sentirse satisfechas con el trato recibido. “Y en general, la satisfacción en cuanto al control del crimen por parte de la policía fue muy baja” (Alvazzi, 2003: 15).

19.3.4. Resiliencia y victimización En los últimos años la Criminología ha prestado mucha atención a los factores que protegen de convertirse en delincuente (resiliencia), pero se ha estudiado poco este ámbito por lo que respecta a los factores que protegen de la victimización delictiva; no obstante, algunos trabajos se han llevado a cabo a este respecto que resultan prometedores. Por ejemplo, Lauritsen et al. (1992) hallaron que un vínculo sólido a la escuela y a la familia

reducía las probabilidades de ser víctima de una agresión, mientras que implicarse en actividades sociales convencionales tenía un efecto escaso. También se ha analizado el papel de los factores individuales en su capacidad de prevenir la victimización; la investigación ha mostrado que factores como la asertividad, la amabilidad y la capacidad de tener amigos se asocian a un riesgo menor de ser víctima de un delito (Daigle et al., 2011). No obstante, los estudios de esta índole no se han ocupado de los sujetos que se encuentran en una situación de alto riesgo de victimización, ni han tenido en cuenta la interacción existente entre los factores de riesgo y los de protección. Para paliar estas lagunas, Daigle et al. (2011) desarrollaron una investigación con una muestra que presentaba un riesgo alto de victimización, pero que todavía no había sido víctima de un delito, y la comparó con una muestra que no presentaba un riesgo elevado de victimización. A continuación seleccionaron diferentes factores de protección que la literatura sobre resiliencia frente a la delincuencia había identificado previamente, y crearon un índice que representaba el impacto acumulativo de tales factores, ya que los estudios sobre delincuencia habían señalado que era la suma de los factores de protección que presentaba el sujeto más que el efecto aislado de algunos de ellos, lo que resultaba eficaz

en la evitación de desarrollar una carrera delictiva. La investigación de Daigle et al. (2011) tuvo un diseño longitudinal, por lo que primero se procedió a medir los factores de protección frente a la victimización que presentaba la muestra mediante el uso de una entrevista estructurada, y luego se procedió, un año y medio después, a medir la victimización sufrida, así como, en una tercera etapa, siete años después. En la oleada primera —cuando se medían los factores de riesgo y protección que presentaban los estudiantes de ambos sexos— participaron 20.745 adolescentes y 17.700 padres; en la segunda oleada —cuando se evaluó por vez primera la victimización— participaron 14.738 jóvenes, y en la tercera, cuando ya los sujetos eran adultos, un total de más de 15.000 individuos. Los factores de protección evaluados fueron los siguientes: compromiso con la escuela; religiosidad; apoyo social recibido de sus padres, profesores y amigos; coeficiente de inteligencia, y finalmente se extrajo un “índice de protección”, que tomaba en cuenta el efecto acumulativo de los anteriores factores. En la realización de los análisis los investigadores controlaron el efecto sobre los resultados de tres variables demográficas (edad, sexo y raza) y una de tipo clínico: la depresión, ya que se piensa que las personas deprimidas son más susceptibles de ser víctimas de un delito.

Los resultados revelaron lo siguiente. En primer lugar, confirmando lo hallado previamente por la investigación en el caso de la resiliencia frente al delito, los investigadores observaron que “la probabilidad que presenta un individuo de ser víctima de un delito está directamente relacionada con el número de los factores de riesgo que ésta presenta” (pág. 334). Los sujetos que se encuadraban en la muestra de alto riesgo eran los que presentaron una mayor tasa de victimización. En segundo lugar se vio que, en esa muestra de alto riesgo, sólo el factor de “compromiso con la escuela” moderaba los efectos del riesgo e incrementaba la probabilidad de resiliencia de los individuos. En tercer lugar, para la muestra de bajo riesgo de victimización, este factor de protección se sumó a una lista que también incluyó el coeficiente de inteligencia y el apoyo social percibido como componentes de la resiliencia a largo plazo, es decir, hasta la medición realizada en la etapa de siete años después. Y en cuarto lugar —de nuevo al igual que lo mostrado por la investigación de la resiliencia frente al delito—, “la medida de la acumulación de los factores de protección influyó de manera positiva y consistente en la probabilidad de resiliencia a la victimización (…) fue también notable el hecho de que tal hallazgo apareció tanto en la muestra de individuos de bajo riesgo como de riesgo elevado” (pág. 334).

Los autores de esta investigación extrajeron conclusiones importantes. 1. Se puede afirmar que, en efecto, hay personas que son resilientes con respecto al fenómeno de la victimización, y que tal resiliencia aumenta en la medida en que éstas presentan menores factores de riesgo, y viceversa: tres cuartas partes de los sujetos con siete factores de riesgo fueron victimizados, comparados con sólo una quinta parte de los que presentaban un solo factor de riesgo. Ahora bien, es necesario señalar también que no todos los sujetos que mostraron factores de riesgo fueron victimizados; en realidad hubo chicos que incluso ante la presencia de muchos factores de riesgo no lo fueron. 2. En los jóvenes de alto riesgo, el factor “compromiso con la escuela” probó su efecto protector de la victimización a lo largo de las diferentes oleadas, lo que refuerza su importancia, por cuanto que también ha mostrado ser un factor protector frente a la implicación en el delito. 3. De acuerdo con el modelo de riesgo-protección de resiliencia, los factores de riesgo y de protección interaccionan de tal modo que, cuando el riesgo es alto, los factores de protección incrementan la resiliencia, mientras que el efecto de éstos es muy escaso cuando el riesgo es bajo. Sin embargo, en el

estudio de los autores los factores de protección también sirvieron par aumentar la resiliencia en la muestra de bajo riesgo, lo que no coincide con la hipótesis del modelo, y es algo necesariamente importante de seguir investigando. Además, si esto se confirmara en otros estudios sería una base empírica importante para el apoyo de programas de prevención amplios, dirigidos al fortalecimiento de esos factores de protección —por ejemplo, el compromiso con la escuela— en capas muy amplias de la sociedad. 4. El hallazgo de que los factores de protección, tanto de forma aislada como acumulativa, incrementaron la probabilidad de resiliencia frente a la victimización, apoya la idea de que la victimización y la delincuencia, aunque son hechos que ocurren de modo simultáneo y que comparten etiologías similares —y que, como vimos, en un apartado anterior, muchas veces coinciden en los mismos individuos—, son al menos en parte únicos, presentando cada uno factores de protección específicos. Por ello, deben seguir siendo estudiados en la búsqueda de diferencias y semejanzas.

19.4. LA VÍCTIMA JUDICIAL

Y

EL

SISTEMA

19.4.1. El olvido de la víctima La clave para entender el ostracismo de la víctima del proceso penal es el desarrollo histórico del Estado. En sociedades primitivas y tribales, la víctima o su familia buscaban vengarse de la otra parte. La justicia era un sistema de arreglos particulares. Platón explica el concepto tradicional griego de justicia como la actuación para “producir beneficios a los amigos y daño a los enemigos” (Platón, República, 332d). Esta justicia penal privada sobrevive en muchas sociedades hasta el siglo XIX, con el duelo a pistola como la última reminiscencia en la sociedad española. Una justicia en manos de la familia de la víctima puede ir dirigida a la familia del agresor en general, por ejemplo, matando a un primo del culpable, para ajustar cuentas. La familia del primo se siente entonces agredida, busca vengarle, y vendettas de este tipo pueden durar más de un siglo (ejemplos de agravios históricos que dan lugar a actos violentos en la isla de Córcega se encuentran en Wilson, 1988:53). Para evitar estas venganzas largas y crueles, las sociedades primitivas suelen tener un sistema de indemnización por homicidio u otros delitos. El pago de esta indemnización restablece la paz entre las familias enfrentadas. Los sabios de la tribu o representantes religiosos pueden mediar entre las familias para acabar con cadenas interminables de ajustes de cuentas.

LA REALIDAD CRIMINOLÓGICA: La venganza a manos de la familia de la víctima (Mills, 1976: 526 cit. en Cohen, 1995) Japón mantenía un sistema privado de justicia penal bajo un cierto control estatal hasta tiempos recientes. Un caso del año 1820 ilustra esto: Takizawa Kyuemon mató a un hombre llamado Yagobe, dejando a sus dos gemelos huérfanos. El gobierno prestó ayuda a la familia, pero no hizo nada para castigar al culpable, éste era el deber de la familia del fallecido. Once años después, los hijos eran mayores de edad, y solicitaron permiso oficial para vengar a su padre. Recibieron la siguiente autorización: “Con respecto a su solicitud de que a ud. y a su hermano Seitaro se les concediera permiso para buscar y matar a Takizawa Kyuemon, el enemigo de su padre fallecido Yagobe, se han dado instrucciones de aprobar su petición... Si todo sale bien y Uds. logran matar a su enemigo, habrá que cumplir con el reglamento y presentar el informe pertinente a las autoridades locales sobre las circunstancias del suceso... La ayuda alimenticia de arroz a su familia se mantendrá, así no tendrán preocupaciones que les distraigan de su objetivo”. El hermano mayor, Kume Kotaro, dedicó su vida a la búsqueda de venganza, y logró vengar el asesinato de su padre, cuarenta años después del suceso.

Al lado de estos sistemas primitivos de venganza privada o tribal, ha existido desde la antigüedad el concepto del Estado tutelar, que asume la responsabilidad por la suerte de la víctima. El ejemplo más antiguo de este sistema público de indemnización a la víctima se encuentra en el código de Hammurabi, diecisiete siglos A.C. En sus secciones 22-24 especifica que: “Si un hombre ha cometido un robo y es atrapado, tal hombre ha de morir; si el ladrón no es atrapado, la víctima del robo debe formalmente declarar lo que perdió... y la Ciudad... debe rembolsarle lo que haya perdido. Si la víctima pierde la vida, la Ciudad o el alcalde debe pagar un “maneh” de plata a su pariente.” (Citado de Rodríguez Manzanera, 1990: 6).

El derecho romano se encuentra a caballo entre un sistema de persecución privado y público. El “delictum” es un asunto entre particulares, perseguido por la víctima en forma de querella. Al otro lado existe el “crimen”, que afecta a la sociedad en sí, y es perseguido de oficio. “Como es sabido, poco a poco más delicta se fueron convirtiendo en crimina, hasta que se optó por el monopolio de la acción penal por parte del Estado; con esto la víctima pasaba a un plano muy secundario.” (Rodríguez Manzanera, 1990, págs. 6-7).

Hay que ser consciente de que el Estado o el poder judicial no es un mediador desinteresado, sino que el monopolio de solucionar conflictos también cumple objetivos propios de quien lo ejerce. Para entender el establecimiento de un sistema público de justicia, hay que tener en cuenta las ventajas para quien lo aplica. Primero, se trata de instaurar un monopolio en la utilización de la fuerza física, suprimiendo los disturbios vinculados a constantes venganzas y reyertas. Esto estabiliza y fortalece al Estado. Segundo, la administración de justicia en sí era una fuente importante de recaudación hasta el siglo XIX. Cuando el Duque o Rey asume el papel de la víctima, a él o a sus representantes también les corresponde cobrar las multas. De los libros de contabilidad de señores feudales en la Europa medieval se deduce que ésta podía ser una actividad bastante rentable.

Tercero, y más relevante para la justicia moderna, los procesos públicos potencian el poder de determinadas profesiones: abogados, policías, jueces y fiscales, con sus intereses propios. Éstos tienden a desconsiderar y relegar a los que no manejan la jerga y las formas con la misma facilidad que ellos mismos, y cualquier interferencia de personas legas, de la víctima, su familia, o incluso del jurado, puede ser vista como una intrusión en su propio terreno. En palabras del criminólogo Nils Christie (1992) —quien siempre gustó de provocar con sus aseveraciones —, los juristas son los que han arrebatado el conflicto a las partes mismas. Cuanto más se complica un proceso, más honorarios puede cobrar el abogado. Esta situación es propia de los sistema modernos, estructurados sobre la base de intermediarios. Las partes se convierten en comparsas o testigos en su propia causa, y los profesionales que saben manejar los formulismos técnicos son los expertos. Si los conflictos pudieran ser solucionados a través de sistemas de mediación, alejando dicha resolución de conflictos del derecho penal, o por medio de un proceso simplificado, la función de estos profesionales quedaría desdibujada. Sin embargo, aunque el actual sistema español tiene sus defectos, entre ellos la lentitud y la falta de sentido común (Carmena, 1997), un sistema de retribución privada puede ser todavía más lento y bastante menos justo. Además,

pocos estarían dispuestos a renunciar al monopolio estatal para aplicar el código penal. Se trata de buscar soluciones intermedias, conseguir una mejor atención a la víctima sin perder las garantías procesales del acusado. En la siguiente sección vamos a discutir algunas formas de participación de la víctima en la resolución del conflicto planteado.

19.5. LA VÍCTIMA DEL DELITO EN EL PROCESO PENAL ¿Cuál es el lugar que ocupa la víctima de los delitos en el sistema penal? El cuadro 19.5. muestra las disposiciones tanto del vigente Código Penal como de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que tienen relevancia para la víctima , realizado por Carlos Climent (2013), e incluimos igualmente sus comentarios a dicha tabla8. Los preceptos que a continuación se mencionan son de aplicación diaria en los tribunales penales, exceptuado el artículo 200 de la LECR, relativo al derecho a reclamar por dilaciones injustificadas de los plazos judiciales, que no suele ser muy invocado, y quizá también los relativos a la información que debe darse a las víctimas de solicitar las ayudas económicas que conforme a la legislación vigente puedan corresponderle (arts. 109, 761, 771 y 776 LECR).

Además, debe recalcarse que aún no se da decididamente a la víctima el tratamiento preferencial que se establece en la ley, haciéndole cuantas notificaciones, comunicaciones e informaciones se previenen en la legislación penal sustantiva y procesal, o procurando que su asistencia al acto del juicio oral se realice de una manera digna, separando a la víctima del acusado y del resto de los testigos, o procurando que la víctima reciba la ayuda de las entidades encargadas de su asistencia a través de los correspondientes psicólogos o trabajadores sociales. Falta una conciencia generalizada de que la víctima es una persona a proteger al máximo, aunque no sea parte personada en el proceso penal. Si la legislación penal ha tratado de respetar al máximo los derechos de los imputados, debería de conferirse a las víctimas un estatus jurídico tan relevante como el ya existente para los imputados. Probablemente es esta la finalidad que persigue la Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos, y por la que se sustituye la Decisión marco 2001/220/JAI del Consejo9, cuya transposición al derecho interno español deberá hacerse antes del 16 de noviembre de 2015.

En breves palabras, la finalidad de dicha Directiva es garantizar que las víctimas de delitos reciban información, apoyo y protección adecuados y que puedan participar en procesos penales. Se regula, entre otros muchos particulares, el derecho a recibir información desde el primer contacto con una autoridad competente, los derechos de las víctimas cuando interpongan una denuncia, el derecho a recibir información sobre su causa, el derecho de acceso a los servicios de apoyo a las víctimas, el derecho a ser oído, los derechos en caso de que se adopte una decisión de no continuar el procesamiento, los derechos a no sufrir una victimización secundaria o reiterada o represalias, los derechos a justicia gratuita, a reembolso de gastos, a la restitución de bienes, el derecho a su protección y a evitar el contacto entre víctima e infractor. El gobierno español, en un informe emitido en Octubre de 2012, se hizo eco de la mencionada directiva y anunció la promulgación de un Estatuto de las Víctimas del Delito que recogiera las propuestas emitidas por Europa10 LA REALIDAD CRIMINOLÓGICA: LA VÍCTIMA EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO PENAL ESPAÑOL Por Carlos Climent Durán ASPECTO SUSTANTIVO Agravación de la pena: a) Circunstancias agravantes: – alevosía (arts. 22.1ª y 139.1ª CP) – abuso de superioridad, disfraz, ayuda de otras personas, aprovechamiento de

las circunstancias de lugar o tiempo (art. 22.2ª CP) – discriminación de la víctima por motivos racistas, antisemitas u otra clase de discriminación referente a la ideología, religión o creencias de la víctima, la etnia, raza o nación a la que pertenezca, su sexo, orientación o identidad sexual, la enfermedad que padezca o su discapacidad (art. 22.4ª CP) – ensañamiento, aumentando deliberada e inhumanamente el dolor de la víctima, causándole padecimientos innecesarios (arts. 22.5ª y 139.3ª CP) – parentesco con la víctima (según los casos) (art. 23 CP) b) Delito continuado: agravación de la pena en caso de una pluralidad de infracciones contra el patrimonio cuando haya sido perjudicada una generalidad de personas (delito masa) (art. 74.2 CP) c) Cuando la víctima es menor o incapaz: – delito de lesiones (art. 148.3º CP) – delito de mutilación genital (art. 149.2 CP) – delito de detención ilegal o secuestro (art. 165 CP) – trata de seres humanos (art. 177 bis CP) – abusos sexuales a menores de 13 años (art. 183 CP) – prostitución de menores (art. 187 CP) – actividades pornográficas o exhibicionistas (art. 189 CP) – descubrimiento y revelación de secretos (art. 197 CP) – delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros (art. 318 bis CP) – dopaje (art. 361 bis CP) d) Cuando la víctima está vinculada afectivamente con el delincuente: – delito de lesiones (art. 148.4º CP) – violencia de género (art. 153 CP) – amenazas (art. 171.5 CP) – coacciones (art. 172.2 CP) – violación (arts. 179 y 180.1.4ª CP) – agresión sexual (arts. 178 y 180.1.4ª CP) – abusos sexuales a menores de 13 años (art. 183 CP) – actividades pornográficas o exhibicionistas (art. 189 CP) e) Cuando la víctima es especialmente vulnerable (por razón de la edad, enfermedad, discapacidad o situación): – delito de lesiones (art. 148.5º CP) – violencia de género (art. 153 CP) – amenazas (art. 171.4 CP) – trata de seres humanos (art. 177 bis CP) – violación (arts. 179 y 180.1.3ª CP) – agresión sexual (arts. 178 y 180.1.3ª CP) – acoso sexual (art. 184 CP) – prostitución (art. 188 CP)

– delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros (art. 318 bis CP) f) Cuando el delito se ha cometido en el domicilio de la víctima: – amenazas (art. 171.5 CP) – coacciones (art. 172.2 CP) – violencia de género (art. 173.2 CP) g) Cuando la víctima queda en grave situación económica: – hurto (art. 235.4º CP) – estafa o apropiación indebida (arts. 249 y 250.1.4º CP) – daños (art. 263 CP) h) Cuando se abusa de la superioridad sobre la víctima: – acoso laboral o inmobiliario (art. 173.1 CP) – trata de seres humanos (art. 177 bis CP) – abusos sexuales sobre personas privadas de sentido o de razón (art. 181.2 CP) – abusos sexuales prevaliéndose de su superioridad manifiesta (art. 181.3 CP) – acoso sexual (art. 184 CP) – hurto cometido abusando de las circunstancias personales de la víctima (art. 235.4º CP) – estafa o apropiación indebida cometidas con abuso de las relaciones personales (art. 250.1.6º CP) – delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros (art. 318 bis CP) – dopaje (art. 361 bis CP) – delitos de lesa humanidad (ataque generalizado o sistemático contra la población civil o contra una parte de ella) (art. 607 bis CP) Atenuación de la pena: a) Atenuante: – reparación del daño causado a la víctima (21.5ª CP) – parentesco con la víctima (según los casos) (art. 23 CP) b) Lesiones causadas con el consentimiento de la víctima (si no es menor o incapaz) (art. 155 CP) c) Retractación de calumnias o injurias: entrega del escrito de retractación a la víctima y, en su caso, publicación del escrito en el medio de comunicación donde se produjeron (art. 214 CP) Penas: a) Clases: – Privativas de derechos: prohibición de aproximarse a la víctima o a aquellos de sus familiares u otras personas que determine el juez o tribunal (arts. 33, 39, 40 y 48 CP) – Privativas de derechos: prohibición de comunicarse con la víctima o con

aquellos de sus familiares u otras personas que determine el juez o tribunal (arts. 33, 39, 40 y 48 CP) – Privativa de libertad: pena de prisión superior a cinco años, en delitos de prostitución y corrupción de menores, cuando la víctima sea menor de 13 años, la clasificación del condenado en el tercer grado de tratamiento penitenciario no podrá efectuarse hasta el cumplimiento de la mitad de la misma (art. 36.2 CP) – Trabajos en beneficio de la comunidad: Obligación del condenado de prestar su cooperación no retribuida, entre otras cosas, en labores de reparación de los daños causados o de apoyo o asistencia a las víctimas (art. 49 CP) b) Suspensión de la pena de prisión: – Audiencia previa de la víctima en ciertos supuestos (arts. 81.3ª y 86 CP) – Condición de no aproximarse a la víctima o de no comunicar con ella, o con algún familiar, para no perder el beneficio de la suspensión del cumplimiento de la pena de prisión (art. 83.1.2ª CP) c) Sustitución de la pena de prisión: posibilidad de sustituir, previa audiencia de la víctima, la pena de prisión que no exceda de un año, y excepcionalmente la pena de prisión que no exceda de dos años, por una pena de multa o de trabajos en beneficio de la comunidad (art. 88 CP) d) Libertad condicional: – Delitos de terrorismo: posibilidad de obtenerla cuando, entre otros requisitos, exista una petición expresa de perdón hecha a las víctimas del delito cometido (art. 90.1 CP) – Delitos diferentes a los de terrorismo: posibilidad de obtenerla anticipadamente cuando, entre otros requisitos, el condenado haya participado en programas de reparación a las víctimas (art. 91.2 CP) Medidas de seguridad: – Posibilidad de oír a la víctima del delito cuando se trate del mantenimiento, cese, sustitución o suspensión de una medida de seguridad (art. 98 CP) – Libertad vigilada: sometimiento del condenado a control judicial a través del cumplimiento de la medida de prohibición de aproximarse o de comunicar con la víctima o con los familiares que determine el juez o tribunal (art. 106 CP). Responsabilidad civil: – Posibilidad de que la víctima decida reclamar la responsabilidad civil nacida de un delito ante un tribunal civil y no penal (art. 109.2 CP) – La responsabilidad civil derivada de un delito comprende también los daños causados a los familiares de la víctima (art. 113 CP) – Si la víctima ha contribuido con su propia conducta a la causación del daño o perjuicio producido por el delito, cabe moderar proporcionalmente el importe de la responsabilidad civil (art. 114 CP)

– Audiencia previa de la víctima para fraccionar en plazos el pago de la responsabilidad civil (art. 125 CP) ASPECTO PROCESAL Protección de la víctima dentro del proceso penal: a) Primeras diligencias policiales: protección a los ofendidos o perjudicados por el mismo, a sus familiares o a otras personas, entre otras (arts. 13 y 770 LECR) b) Ministerio Fiscal: velará por la protección de los derechos de la víctima y de los perjudicados por el delito (art. 773 LECR) c) Prisión provisional del imputado: – La prisión preventiva tiene como fin, entre otros, evitar que el imputado pueda actuar contra bienes jurídicos de la víctima (art. 503 LECR) – Comunicación de los autos relativos a la situación personal del imputado a los directamente ofendidos y perjudicados por el delito cuya seguridad pudiera verse afectada por la resolución (art. 506 LECR) – Posibilidad de acordar excepcionalmente la detención o prisión incomunicadas para evitar que la persona imputada pueda actuar contra bienes jurídicos de la víctima (art. 509 LECR) d) Prohibición impuesta al imputado de residir o de acudir a ciertos lugares: – Alejamiento del imputado con respecto a la víctima, con el fin de protegerla, cuando se investiguen delitos de homicidio, aborto, lesiones, contra la libertad, de torturas y contra la integridad moral, la libertad e indemnidad sexuales, la intimidad, el derecho a la propia imagen y la inviolabilidad del domicilio, el honor, el patrimonio y el orden socioeconómico (arts. 57 CP y 544 bis LECR) – Alejamiento del imputado con respecto a la víctima, con el fin de protegerla, en casos de violencia doméstica (art. 544 ter LECR) e) Celebración del juicio oral a puerta cerrada: cuando así lo exija el respeto debido a la persona ofendida por el delito o a su familia (art. 680 LECR) f) Pago de pensión provisional a favor de la víctima o de su familia: durante la tramitación de los procesos sobre hechos derivados del uso y circulación de vehículos de motor (art. 765 LECR) g) Comunicación a la víctima de las resoluciones judiciales sobre el imputado que puedan afectar a su seguridad (art. 990 LECR) – Posibilidad de mostrarse parte en la causa si lo hiciera antes del trámite de calificación del delito, ejercitando las acciones civiles y penales que procedan (art. 110 LECR) – Derecho a reclamar por dilaciones injustificadas de los plazos judiciales (art. 200 LECR) – Derecho a no prestar fianza con ocasión de la interposición de una querella

por un delito de asesinato u homicidio, si se trata de la víctima o de familiares (art. 281 LECR) – Derecho a leer la propia declaración (art. 443 LECR) – Posibilidad de acusar aunque el Ministerio Fiscal no lo haga (arts. 642 y 782 LECR) Informaciones y comunicaciones a la víctima: – Instrucción del derecho que le asiste para mostrarse parte en el proceso y para renunciar o no a la restitución de la cosa, reparación del daño e indemnización del perjuicio causado por el hecho punible (arts. 109, 761, 771 y 776 LECR) – Información de la posibilidad de solicitar las ayudas económicas que conforme a la legislación vigente puedan corresponderle (arts. 109, 761, 771 y 776 LECR) – Audiencia previa de la víctima para la valoración de los bienes sustraídos (arts. 364 y 365 LECR) – Información a la víctima de la fecha y del lugar de celebración del juicio, aunque no sea parte en el proceso (arts. 659, 785 y 791 LECR) – Notificación a la víctima de la sentencia, aunque no sea parte (arts. 742, 789, 792, 973 y 976 LECR) – Publicación de las sentencias con protección de la intimidad de la víctima, en casos de delitos contra la libertad sexual o contra el honor (art. 906 LECR)

Como antes se comentó, el derecho penal y procesal no presta una atención adecuada a las víctimas. Es claro que ésta es importante a la hora de cualificar un delito, toda vez que la ley, recogiendo los sentimientos morales de la sociedad y en realidad de la psicología humana, reserva un tratamiento especial a aquellas acciones que suponen un plus de intencionalidad dañina en el delito cometido (por ejemplo, distinguiendo el homicidio del asesinato), o bien afectan a personas particularmente vulnerables (como los niños) (Kleinfeld, 2010). Pero en el ámbito del proceso penal la víctima del delito queda reducida a un mero testigo de su propia causa, con la obligación de declarar, pero con escasos derechos. Lo mismo puede decirse de su presencia en la ejecución penal. Muchos ven

como una “segunda victimización” las experiencias traumáticas que sufre la víctima en sus encuentros con la justicia penal. Existen, sin duda, algunos elementos positivos, por ejemplo, las medidas contempladas en la Ley de ayuda y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual (35/95), y los casos donde la víctima recibe protección según la Ley de Protección de Testigos, así como las medidas de protección contempladas por la Ley 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. No obstante, ni la policía, ni los fiscales, ni los juzgados son responsables de la asistencia e información a la víctima del delito, algo que se deja en manos de Oficinas o Servicios creados al efecto. El art. 16 de la Ley 35/95 dispuso la apertura de nuevas oficinas de ayuda a la víctima (OAVD) a través de las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos. La principal tarea de estas oficinas es la atención a la persona que presenta una denuncia. Realizan tareas de información y asesoramiento, presentan solicitudes de ayuda, y acompañan, con mucha frecuencia, a la víctima en comparecencias en el juzgado, en ruedas de reconocimiento, etc. En algunas oficinas también se realiza mediación entre las partes (González Vidosa. 2001). Quizás el efecto más importante de la OAVD es la influencia constante en los juzgados, las comisarías de

policía y los hospitales para que mejoren el trato, la actitud y el comportamiento hacia las víctimas. Sin embargo, el sistema judicial, cuyos problemas básicos, desde el punto de vista de las víctimas de los delitos, son la lentitud, el formalismo y la frialdad, no se cambia con el establecimiento de una oficina dedicada a información y asesoramiento. Lo que necesita la víctima es, más bien, una organización que defienda los intereses de los perjudicados de la delincuencia, e insista en reformas profundas de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. La primera prioridad para las víctimas de los delitos es que el aparato judicial y policial funcione adecuadamente. Una oficina de asistencia a la víctima del delito, por bien que trabaje, no puede compensar las deficiencias del sistema en su conjunto. Los intereses de la víctima incluyen, por ejemplo: • Una política criminal que prevenga los delitos. • Una atención humana, empática y receptiva a los ciudadanos que denuncian un delito. • Una protección judicial inmediata a la víctima en casos graves. • Un servicio de primeras necesidades, que debería quedar incluido en las pólizas del hogar de las compañías de seguro. • Una ayuda psicológica o psiquiátrica inmediata en

situaciones de crisis, con especial atención a víctimas de agresiones sexuales, delitos violentos o accidentes de tráfico. • La posibilidad de resolver conflictos interpersonales por vías extrajudiciales: mediación y arbitraje. • Un proceso judicial que informe a la víctima sobre decisiones que le afecten. • Un sistema público de seguridad social que garantice un nivel digno de prestaciones para todas aquellas personas afectadas de incapacidad e invalidez, fuera cual fuera la causa. De esta manera se reduciría la necesidad de presentar demandas o denuncias en situaciones de victimización (Stangeland, 1996a; González Vidosa y Stangeland, 1996). Si atendemos a la declaración de intenciones del gobierno, el Estatuto de la Víctima responderá a muchas de estas inquietudes (ver cuadro Realidad Criminológica). LA REALIDAD CRIMINOLÓGICA Informe sobre el estatuto de la víctima Fuente: Consejo de Ministros http://www.lamoncloa.gob.es/ConsejodeMinistros/Enlaces/111012enlaceestatutovictimadeldelito.htm La intención es que sea un catálogo general de los derechos procesales y extraprocesales de todas las víctimas de delito, entendiendo por tales no sólo a las directas, sino también a las indirectas, como son las familias. La principal novedad que incluye consiste en que las víctimas, aunque no estén personadas en un procedimiento judicial, podrán recurrir las resoluciones de sobreseimiento y archivo que se dicten en un plazo amplio que les permita disponer de tiempo suficiente para valorar si deben hacerlo y personarse en las actuaciones.

Además, como los derechos de las víctimas son independientes de su posible participación en el proceso penal, tendrán acceso a información concreta sobre la causa: fecha y lugar del juicio, notificación de sentencias y resoluciones de medidas cautelares y de libertad del encausado, siempre y cuando lo soliciten y exista una situación de peligro que lo justifique. También se les informará de cómo interponer la denuncia y se les ofrecerán servicios asistenciales, asesoramiento legal, acceso a medidas de protección y una vía de contacto para recibir información sobre el estado del asunto. Además, dispondrán de servicios de traducción e interpretación gratuita para que puedan ejercer sus derechos. Ejecución penal La ejecución de las penas mantiene su naturaleza estrictamente estatal, pero se facilitarán cauces de participación a las víctimas de delitos de terrorismo, homicidio, lesiones, contra la libertad e indemnidad sexual penados con más de cinco años de cárcel o cuando se trate de hechos de los que se pueda derivar una situación de peligro para la víctima. El Estatuto prevé que puedan recurrir las decisiones de especial trascendencia que se adopten, como la concesión de la libertad condicional o el alzamiento del periodo de seguridad, si no se ha indemnizado el delito cometido o si existe peligro para la víctima. Para evitar una segunda victimización, entre otras medidas, se evitará el contacto de las víctimas y sus familiares con los infractores, y se adoptarán medidas para facilitarles los interrogatorios, como que puedan estar acompañadas. Especialmente vulnerables El Estatuto prevé un régimen asistencial y jurídico que dota de mayor protección a las víctimas especialmente vulnerables: menores, personas con discapacidad, víctimas de delitos sexuales, de trata de seres humanos, de terrorismo, de violencia sobre la mujer y de grandes siniestros con víctimas múltiples.

19.6. LA JUSTICIA REPARADORA11 Y LA MEDIACIÓN PENAL Este fue el contenido de un importante seminario que se realizó en la universidad de Lleida en noviembre de 2008, auspiciado por la Sociedad Científica Española de

Victimología, y moderado por el profesor José María Tamarit, presidente de la Sociedad12. La justicia reparadora parte del presupuesto de las cargas negativas de la justicia penal tradicional y de que el conflicto es más una infracción social que una violación de la norma. La mediación constituye una forma de justicia reparadora y es la más utilizada en Europa, mientras que en el ámbito anglosajón se conocen también otras modalidades que introducen a la comunidad como parte activa en la resolución del conflicto (conferencing, circles, etc). La justicia reparadora (o restauradora), de acuerdo a Tamarit tiene su base en los principios de voluntariedad que, “precedida de una adecuada información, debe manifestarse en cualquier momento del proceso”, y de igualdad entre las partes (víctima y delincuente). Ahora bien, en la mediación penal no podemos olvidar que ha habido un ofensor y un ofendido, es decir, alguien que ha dañado y una persona que ha sido objeto de esa agresión, por lo que resulta especialmente relevante otorgar una especial atención a los derechos y necesidades de las víctimas. De este modo, el proceso de restauración sólo debería iniciarse si resulta claro que éste va a suponer una situación más beneficiosa para la víctima que la derivada del proceso penal. En todo caso, ambos procesos deberían no contaminarse, esto es, “que una vez iniciado el procedimiento restaurativo se suspenda el penal y que una

vez acabado el proceso reparador se garantice que éste no pueda ser utilizado en el proceso penal”. La justicia reparadora puede ser aplicable tanto antes como después de que el tribunal emita una sentencia: La justicia reparadora antes de la sentencia puede tener reflejo en la pena impuesta (aplicación atenuante de reparación, siempre y cuando se supere la asimilación de la reparación a la civil) o dejarse de imponer en algunos países, aun cuando en España el sobreseimiento sólo puede ser admisible en la actualidad en derecho penal de menores. En este último ámbito, la mediación puede tener sentido en los delitos de cierta gravedad, donde existe un cierto impacto para la víctima siendo quizás inconveniente en los delitos de bagatela. Por otra parte, la mediación después de la sentencia puede conllevar la suspensión en la ejecución de la pena (donde se exige una indemnización en la medida de la propia capacidad), la sustitución de la pena (en la que se existe un esfuerzo por reparar el daño) e incluso permite una vía de adelantamiento de la libertad condicional cuando el penado acredite la participación efectiva y favorable en programas de reparación de las víctimas.

Para la profesora Clara Casado, podemos distinguir tres etapas en el desarrollo de la justicia restaurativa en Europa. La primera comienza en 1981 en Noruega y consta de pequeñas experiencias con delincuentes juveniles, si bien ya empiezan a relacionarse de modo formal los profesionales interesados en estas estrategias. La segunda etapa comienza a finales de los años 90: los programas mejoran en complejidad y son más numerosos, adoptándolos formalmente diversos países. Fruto de esta mayor presencia es la Recomendación del Consejo de

Europa 99(19) sobre mediación en materia penal y la Decisión Marco de la Unión Europea de 2001 relativa a la víctima en el proceso penal. La última etapa, en la que estamos actualmente, se caracteriza por la existencia de diferentes programas en Europa y la mayor presencia de la cooperación entre los diversos países europeos: Existe un mayor apoyo en la justicia restaurativa pero también se es más consciente de los riesgos de institucionalización de la misma. En la mayor parte de países europeos existe una cobertura legal, sobre todo en justicia juvenil, aun cuando la justicia restaurativa ha sido esencialmente un movimiento de base (“grass-roots”) con motivaciones diversas y un fin común. También han existido experiencias desde arriba, esto es, supuestos en los que se ha introducido una legislación para dar cumplimiento a la Decisión Marco de la Unión Europea de 2001 sin haber llevado a cabo experiencias previas (Grecia, Turquía). Ello tendrá implicaciones en el momento de la concretización práctica. En cuanto a la estructura organizativa de los servicios de mediación, [existe] una organización institucionalizada, autónoma o mixta. La institucionalizada se refiere a la integración de la mediación en el sistema penal, por ejemplo, en fiscalía o en los servicios de probation (Chequia, Bélgica) o una agencia dentro del sistema penal (Irlanda del Norte). En cambio, la estructura organizativa autónoma se refiere al desarrollo de los programas por parte de ONGs externas, mientras que el modelo nórdico pertenece a la estructura mixta, donde el ente público posee una finalidad de control y supervisión y quien presta el servicio son voluntarios en el nivel local (Finlandia, Noruega).

¿Es adecuado aplicar la mediación a los casos de violencia de género? Para la profesora Patricia Esquinas no tiene sentido el rechazo que el feminismo radical ha dispensado siempre a la mediación en este tipo de delitos,

“entendida tanto como alternativa como complemento del sistema de justicia penal, puesto que puede constituir una vía para conseguir la capacitación de la mujer (“empowerment”)”. Esta autora identificó como posibles ventajas de la mediación para la víctima la posibilidad de que ésta “se exprese libremente, como sujeto libre y capaz para gestionar su relación, adquiriendo una credibilidad frente a terceras personas.”. Y señala una idea importante: Escuchar el relato de la víctima en el lenguaje en que el agresor y aquélla están acostumbrados a interactuar, impide que el maltratador pueda argüir que no entiende o que es ajeno a todo lo que se está diciendo, pudiendo generar una dinámica emocional en la que vea a la víctima como un individuo y no como una prolongación de sí mismo, como primer paso para la responsabilización por el daño causado. Además, la intervención de la justicia restaurativa en delitos de violencia de género, de naturaleza claramente relacional, permite analizar el conflicto subyacente al mismo, mientras que éste es extraño al proceso judicial penal. Pese a ello, la reprivatización del delito de violencia de género y la naturaleza psicológica de la mujer, tendente a ceder en los conflictos, parecen ser algunos de los inconvenientes detectados en la aplicación de la mediación.

Esquinas apeló a la prudencia a la hora de aplicar procesos restaurativos en casos de violencia de género, descartando su intervención en los casos en los que exista una violencia sistemática y en los que la víctima no sea capaz, siquiera potencialmente, de defender sus intereses. También fue de sumo interés la aportación al seminario de la profesora Guardiola Lago, quien analizó la justicia reparadora en la ejecución penal. Esta surge en los años

80 a partir de experiencias en EE.UU, Canadá y Suiza, extendiéndose después al Reino Unido y Bélgica, facilitada por el reconocimiento progresivo de los derechos de las víctimas durante el cumplimiento de la condena. Guardiola diferencia tres posibles orientaciones de la justicia reparadora en la ejecución penal: “Por un lado, aquellas más orientadas a la indemnización de la víctima, entre las que se puede mencionar los ‘Herstelfonds’ en Bélgica, que pretenden indemnizar parcialmente a la víctima con el trabajo del interno a la vez que intenta fomentar una comunicación entre el interno y la víctima. Por otro lado, una orientación más centrada en el intercambio de experiencias entre autor y la víctima a modo de terapia, donde predomina la idea de curación y perdón. Este es el caso de algunas culturas aborígenes o ciertas iniciativas de orientación religiosa que se dan, por ejemplo, en Canadá […] Por último, existe una orientación de justicia restaurativa en ejecución de penas donde interviene más la comunidad, desarrollado con mayor profundidad en el ámbito anglosajón”. Es interesante la reflexión que realiza esta autora a propósito de la evaluación de los resultados del proceso de mediación entre víctima y delincuente: ésta ha de resultar en un beneficio para ambos; la disminución de la reincidencia y otros resultados posibles positivos (como el ahorro económico y la mayor agilidad del sistema de

justicia) han de verse como “efectos colaterales”. ¿En qué consisten esos beneficios ‘directos’ de la mediación? Diversos estudios realizados en el Reino Unido y Canadá —prosigue Guardiola Lago— ponen de manifiesto que “un gran número de presos están dispuestos a responsabilizarse por el daño causado y poseen la suficiente empatía para llevar a cabo una mediación, en la que descubren o aumentan la conciencia sobre el impacto de sus actos, adquieren una nueva mirada hacia el mundo exterior a la prisión, menos cerrada en un pensamiento institucional, y aumentan el compromiso con el tratamiento y la prevención de la reincidencia. En cuanto a las víctimas, los estudios ponen de manifiesto que la mediación en la ejecución penal aporta que las mismas se sientan satisfechas de ser escuchadas, comporta que la percepción del delincuente sea menos estereotipada, mejora la confianza de las víctimas en sus relaciones con otras personas y disminuye el miedo, la cólera y los síntomas del estrés postraumático”. Finalmente, la profesora Guardiola entiende que en este ámbito de la ejecución penal la justicia restaurativa puede entenderse como complementaria del sistema de justicia penal (a diferencia de la opinión manifestada anteriormente por Tamarit); es más, esto resulta obligado a tenor de lo expuesto por el art. 17 de la Decisión Marco del Consejo de Europa de 2001, antes mencionado.

Terminamos este apartado con las experiencias de mediación que se relataron en ese seminario, relativas al País Vasco, en el siguiente cuadro de La Realidad Criminológica. LA REALIDAD CRIMINOLÓGICA La mediación en Bilbao y Barakaldo (Carlos Romera) Estos servicios están compuestos por equipos multidisciplinares y son servicios públicos que dependen de la Dirección de Ejecución Penal del Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad social del Gobierno Vasco, junto con el Servicio de asistencia al detenido, el de asistencia a la reinserción de penados, y el servicio de asistencia a las víctimas. Los servicios de mediación, en la actualidad cuatro, son gestionados por organizaciones privadas. Principalmente son los Jueces quienes derivan casos a mediación, adquiriendo en este caso un rol fundamental el secretario judicial, que en un buen número de ocasiones es quien identifica los asuntos susceptibles de ser derivados. Carlos Romera constató que en la práctica se produce un fenómeno de contagio entre jueces. Existen procesos de mediación tanto en delitos como en faltas, y tanto en un momento anterior a la sentencia como en fase de ejecución. Una vez identificado un caso susceptible de ser derivado a mediación, el Juez dicta una providencia, auto o diligencia de ordenación en la que deriva el asunto a mediación y establece un plazo de dos meses para llevar a cabo la mediación. Asimismo, el Juez envía una carta a las partes anunciándoles la posibilidad de llevar a cabo una mediación y que los servicios de mediación se pondrán próximamente en contacto con ellos. Se ha constatado en la práctica que esta carta resulta muy útil en orden a facilitar el trabajo de los servicios de mediación. Éstos trabajan en un sistema de comediación y en base a un protocolo que exige, como criterios para tratar un asunto en mediación, unas ciertas condiciones subjetivas de las personas implicadas, atendiendo a sus capacidades personales y teniendo en cuenta la situación coyuntural en la que se encuentren además de una significación subjetiva de participación en el hecho por parte del autor, con independencia de su calificación jurídico-penal. Asimismo, se exigen elementos objetivos, tales como hechos flagrantes o cuando existan claros indicios de criminalidad. La mediación se recomienda especialmente en relaciones enconadas entre las partes con varias denuncias cruzadas, en delitos contra la propiedad, lesiones, maltrato, amenazas, injurias, calumnias, coacciones, violencia familiar o delitos contra los derechos y deberes familiares.

19.7. UNA VISIÓN SISTÉMICA DE LA VICTIMOLOGÍA En la actualidad existe una importante corriente de opinión dentro del ámbito de la Ciencia Social que aboga por vincular la investigación criminológica con los estudios que tradicionalmente tienen asiento bajo la rúbrica de los Derechos Humanos. En este encuentro, la víctima del delito deja de ser identificada sólo con la delincuencia común, para ampliar su definición a las víctimas de prácticas corruptas e injustas, incluyendo las que son afectadas por razones de discriminación, de abuso de poder por parte del Estado o incluso por la acción de las guerras (“víctimas inocentes”). En este apartado no pretendemos hacer una simbiosis entre lo que ofrece la Criminología y los Estudios de Derechos Humanos (ver al respecto Barberet, 2006), pero sí ofrecer una perspectiva de la importancia que tiene considerar el fenómeno de la victimización como política esencial dentro de una política criminal integral, más allá de lo que tradicionalmente se considera la atención a las víctimas de los delitos comunes.

19.7.1. Una visión sistémica De este modo, en el cuadro 19.5 podemos ver que, en el marco de un Estado de Derecho, las víctimas de delitos comunes (homicidios, robos, etc.) son sólo una parte de

todas las víctimas. Otro tipo de víctimas lo constituyen las personas que resultan negativamente afectadas por el tránsito dentro del sistema de justicia, la ya conocida “victimización secundaria”, según la cual al padecimiento derivado del delito hay que añadir la penalidad de un trato insensible y costoso (en varios sentidos) a cargo del sistema que ha de reprimir la delincuencia e impartir justicia. Una tercera categoría a destacar incluye a las víctimas de maltrato doméstico (mujeres en particular, pero también hombres, sea cual sea su número) y de abuso infantil, no tanto porque no sean víctimas más o menos habituales —que por desgracia lo son— sino porque la peculiaridad de su topografía delictiva (el hogar, la relación de parentesco, el secretismo y dificultad de detección que jalona esa acción violenta) requiere de un acercamiento preventivo y de represión bien diferentes al tradicional que se lleva a cabo en la delincuencia común. Y finalmente tenemos una cuarta categoría, la conformada por las personas que sufren prácticas sociales y administrativas notablemente injustas, contrarias a la letra o —al menos— al espíritu de las leyes que gobiernan en una democracia. Como luego se verá, si bien en esta categoría se acomodan casos que pueden no ser objeto de un delito tipificado, existe un importante potencial criminógeno en el mantenimiento de esas prácticas discriminatorias.

CUADRO 19.5. Una visión amplia de las víctimas del delito

Por otra parte, el cuadro 19.6 indica las fuentes de victimización o victimarios correspondientes a esas categorías, mientras que el cuadro 19.7 revela la interconexión de todas ellas a la hora de producir más delincuencia y, por ello, más víctimas. Así, en primer lugar, las prácticas corruptas, abusivas y discriminatorias tienen como resultado, entre otros, una mayor victimización secundaria por parte del sistema de justicia. Es el caso, por ejemplo, cuando inmigrantes, mujeres o minorías étnicas (o cualesquiera otros grupos) reciben un trato que aumenta su penalidad, dificulta su acceso a los resortes de la justicia (entre otras formas, generando en las personas afectadas el sentimiento de que no “vale la pena” acudir a ella) y facilita la revictimación al hallar el agresor que su delito queda impune. La víctima, por consiguiente, ve que su estado de vulnerabilidad no ha mermado o incluso ha aumentado como consecuencia de la acción de la justicia fallida. CUADRO 19.6. Fuentes de victimación FUENTES DE VICTIMIZACIÓN • LOS

DELINCUENTES DE CUELLO BLANCO, FUNCIONARIOS CORRUPTOS Y LOS QUE NIEGAN EL

TRATO DIGNO CONSAGRADO EN LAS LEYES

• EL SISTEMA DE JUSTICIA CON SUS LIMITACIONES Y PROCEDIMIENTOS INEFICACES • LAS FAMILIAS QUE INCURREN EN ABUSOS O UNA CRIANZA NEGLIGENTE • LOS DELINCUENTES COMUNES

CUADRO 19.7. Cómo víctimas y delincuentes se relacionan en una visión sistémica

Pero en segundo lugar, las víctimas de la corrupción y la discriminación tienen que enfrentarse también al efecto psicológico de su menor visibilidad social. Por ello no son inusuales los sentimientos de frustración, anomia y privación relativa, muy documentados en la literatura criminológica a propósito de los grupos de ciudadanos que viven en el margen de lo que se considera bienestar promedio de la sociedad en la que habitan. En tercer lugar, una parte importante de las víctimas de abuso y discriminación tenderán a tener más dificultades en la socialización de los hijos. ¿Por qué? Sencillamente, cuanto más tiempo y energía psicológica dediquen a protegerse de las inclemencias sociales, menos tiempo tendrán para ocuparse de sus hijos. Si bien el efecto de la mera pertenencia a un estrato socio-económico bajo tiene que separarse del que resulta de la acción ilegítima (o al menos contraria a los principios de probidad del capital social) de grupos de poder o instituciones por lo que respecta a la capacidad educadora de estas familias, parece lógico pensar que, por ejemplo, cuando un grupo tiene dificultades para obtener un empleo o para progresar en la escala de movilidad social, además de verse en mayor medida afectado por sentimientos de anomia y frustración, esas carencias repercutirán negativamente en la socialización de los hijos. Ahora bien, no solamente se produce un efecto negativo

en la socialización de los hijos, sino que la corrupción, la discriminación y el abuso de poder abarcan también la generación de delitos. ¿Por qué tendría que tener esto un efecto facilitador de la violencia en el hogar (malos tratos y abuso infantil)? No hay duda de que una de las causas sobresalientes en estos comportamientos radica en el incremento de estrés social que tienen que soportar las familias, estrés claramente asociado con vivir situaciones que fomentan la anomia, la frustración y la privación relativas. Finalmente, y en cuarto lugar, a su vez, las víctimas de una deficiente socialización y de malos tratos en la infancia son, sin duda, más proclives (aunque de ningún modo están determinados a serlo) a ser delincuentes en su vida juvenil y adulta, lo que tiene como efecto el incremento de las víctimas de la delincuencia común. Pero no sólo esto, sino que hallamos un segundo efecto: el incremento de la revictimación, pues también es conocido que las víctimas de agresión en la infancia tienen una mayor prevalencia que los niños que no han sido maltratados en las poblaciones de padres agresores de sus hijos. De este modo nos damos cuenta de la profunda relación que la victimización tiene sobre la delincuencia. Víctimas y delincuentes no sólo forman los actores necesarios de la realidad delictiva (por más que en ocasiones quiénes sean

los delincuentes y quiénes las víctimas sea difícil de asignar por el carácter asociado o difuso de unos y otros, por ejemplo el crimen organizado o el delito corporativo), sino que se alimentan mutuamente como si estuvieran conectados en un sistema de vasos comunicantes.

19.7.2. El ejemplo de la violencia contra la mujer Cuando se menciona el problema de la violencia de género o doméstica, generalmente se menciona la poca efectividad de la leyes penales para reducir esa delincuencia (y la flamante Ley Integral no parece ser una excepción), a lo que se suele añadir inexorablemente que es “una cuestión de actitud social y de educación”. Con ello, se destina la solución al limbo de lo inefable o de lo futurible, sin querer ver que otros ámbitos de la Victimología y de la Criminología se hallan fuertemente relacionados. En particular destacaremos los siguientes. En primer lugar, el maltrato infantil, por las razones ya aludidas anteriormente, y que se resumen en que los chicos que sufren violencia en la infancia tienden a actuar de modo violento en su edad adulta. Esta tendencia, como es lógico, afecta de modo relevante a la pareja afectiva, pero también a sus hijos. Estamos pues frente a un ciclo de violencia que, por muy obvio que sea, pocos mencionan a la hora de hablar de la prevención de la violencia de

género. Pero la discriminación social, en la medida en que aumenta el estrés de los individuos que se relacionan afectivamente, también contribuye al incremento de la violencia de género: la privación relativa, la frustración y la anomia se suman para erosionar el autocontrol de hombres poco preparados para hacer frente a una vida difícil, a lo que sin duda ayuda el abuso del alcohol que puede asociarse con esas condiciones (Garrido, 2001). Otro campo de gran trascendencia es el caldo de cultivo de la delincuencia común. Cuanta mayor delincuencia común exista, habrá mayor número de sujetos que, en un estilo de vida antisocial, contemplen la violencia doméstica como una opción más de ese estilo de vida. Y en verdad, si entendemos que el fracaso escolar en esta sociedad competitiva es una causa importante de exclusión, no será del todo descabellado señalar que aquellas poblaciones más afectadas por ese fracaso constituirán en mayor medida hombres adultos con mayor probabilidad de golpear a sus parejas. En efecto, aunque no lleguen a desarrollar una carrera delictiva, los hombres que en una sociedad se sientan fracasados (algo cada vez más sencillo por el mayor nivel de exigencia que se requiere en el mercado laboral, progresivamente menos tolerante con el fracasado escolar) y que tienen un papel secundario en la sociedad del bienestar y del consumo,

pueden buscar en el dominio de las relaciones afectivas una fuente sustitutiva de satisfacción (por supuesto existen otras vías, como los delitos en el puesto de trabajo), una alternativa a su resentimiento por no formar parte de la clase media que prospera. Esa exclusión social puede fomentar todavía más la violencia contra la mujer si esos hombres, a su vez, forman parte de una minoría que tiene problemas de integración, como es el caso de los famosos distritos islamistas en Francia, segregados por una arquitectura de los años 60 y 70 que condenaba a sus moradores a regirse por sus propios códigos endogámicos. Se sigue de lo anterior que, junto a medidas específicas para luchar contra la violencia doméstica (relacionadas con el agresor, la víctima y con el funcionamiento del sistema de justicia), se hace necesario adoptar una postura sistémica como la defendida en este apartado. De manera inadvertida pero no menos cierta, empezamos a entender que las víctimas de los delitos pueden ser el producto del desarrollo de otras víctimas del delito y de otros ámbitos que los que generalmente asignamos como propios o característicos de esa categoría.

19.7. CONCLUSIÓN Las víctimas del delito piden, cada vez más, una consideración no sólo en el plano de la comprensión humana de su condición, sino en el pleno reconocimiento

legal que refrende la moralidad diáfana de lo que representan en una sociedad democrática: el resultado del trato injusto que debe ser expresamente minimizado (ya que no, por desgracia, evitado) por la sociedad y sus instituciones. Ese reconocimiento expreso es lo que denunciaba, con la valentía que le caracterizaba, el profesor Beristain (2005, p. 96), cuando escribió: “En bastantes centros de enseñanza de algunas profesiones de España, cuando los terroristas cometen un asesinato, algunos docentes al comenzar la clase invitan a un minuto de silencio, pero otros no lo hacen. Y propugnan que no debe hacerse, porque “la hora de clase no es para eso”. Las víctimas del terrorismo son víctimas del crimen, pero sólo desde hace algunos años hemos aprendido a reconocerlas como tales. En la comprensión de la amplitud de la victimización en la sociedad contemporánea podremos profundizar en terrenos cada vez más amplios del delito en todas sus manifestaciones, aunque ello suponga cruzar algunas lindes no demasiado transitadas por la Criminología (como las víctimas del crimen organizado, la corrupción o las prácticas abusivas criminales de los Estados). Tal y como hemos explicado, esa visión sistémica de la delincuencia y la victimización puede dar importantes frutos en el futuro, al abrir nuevas vías de prevención.

Profesores e investigadores de Criminología de la Universidad de Murcia. De izquierda a derecha: Marta Aguilar Cárceles, Rosa Patró Hernández, Samuel Rodríguez Ferrández y David Lorenzo Morillas Fernández. En la actualidad sus líneas de investigación se centran en el ámbito victimológico y las repercusiones criminológicas del trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH). La oferta formativa de la Universidad de Murcia incluye el Grado en Criminología, dos másteres, uno en criminología aplicada a la ejecución de penas y otro en criminalística; así como un Título Oficial de Doctorado Interuniversitario en Criminología con las Universidades de Granada y Miguel Hernández de Elche. PRINCIPIOS CRIMINOLÓGICOS Y POLÍTICA CRIMINAL 1. La victimología aporta perspectivas importantes y nuevas a la compresión del problema delictivo; sin embargo, no se puede estudiar a la víctima de una forma aislada, sino en el contexto de las teorías y métodos que aporta la Criminología. Ello no es óbice para reconocer que la victimología constituye un ámbito de estudio de gran proyección, al que algunos autores reconocen un estatus de independencia con respecto a la Criminología. 2. La victimización es una experiencia traumática, que puede causar graves problemas para la salud y el bienestar de la persona victimizada. Estos efectos no se limitan a delitos violentos, sino que también pueden ocurrir como resultado de,

por ejemplo, un robo en casa. 3. El riesgo de ser víctima de un delito no se distribuye de forma igual en toda la población, sino que toca con más frecuencia a unas personas que a otras. La teoría del “estilo de vida” puede explicar una parte del fenómeno de la multivictimización, y de que existan grupos de la población de elevado riesgo. Los estudios sobre factores de protección frente a la victimización nos ayudan a entender, precisamente, este fenómeno desde la óptica de la resiliencia. 4. La asistencia a la víctima del delito pretende aliviar los daños sufridos por el suceso delictivo, y humanizar su contacto con el aparato policial y judicial. A pesar de los avances recientes legislativos, todavía es una realidad que falta desarrollarse en muchos países del mundo, entre ellos España. 5. La justicia de la restauración y la mediación suponen marcos de actuación donde se acentúa la capacidad de la víctima para decidir tanto en el proceso penal como en la ejecución de la pena impuesta al delincuente. 6. Uno de los principales problemas que tiene actualmente la mediación, y en realidad otras formas de aplicación de los principios de la justicia restaurativa, es que faltan estudios con la metodología adecuada que orienten sobre los beneficios y problemas que puedan derivarse de aquéllos. No obstante, hay datos importantes que sugieren importantes efectos positivos tanto en la psicología de las víctimas como en la de los delincuentes que han compartido este tipo de experiencias. 7. Una visión sistémica de la victimología ayuda a ampliar la política de prevención del delito al poner de relieve cómo la experiencia de victimización, en un sentido amplio, facilita el desarrollo de actividades delictivas. CUESTIONES DE ESTUDIO 1. ¿Por qué la Victimología es una parte muy importante de la Criminología? 2. ¿En qué consiste la teoría de estilo de vida? 3. ¿Qué es la multi-victimización? ¿Puedes citar factores de protección frente a la victimización? 4. La parte imputada en un asunto criminal tiene derecho a un abogado de oficio, la parte perjudicada, no. ¿Por qué existe esta diferencia? 5. ¿Qué tipo de ayuda es más esencial para la víctima de un delito violento? ¿Quién se responsabiliza de esto? 6. ¿En qué consiste la mediación? 7. ¿Qué debemos entender por una visión sistémica de la victimización? 8. ¿Cómo puede entenderse la prevención de la violencia contra la mujer bajo esa perspectiva? 9. Haz un estudio sobre las instituciones que, de un modo u otro, prestan atención a las víctimas en tu localidad.

1 Declaración de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 29 de noviembre, 1985 (Resolución 40/34), detallada en el Manual Internacional

de Asistencia a la Víctima, Naciones Unidas 1998. 2 Sobre la historia de la victimología: ver Rodríguez Manzanera (1990), Herrera Moreno (1996), Landrove Díaz (1990). 3 Skogan (1981), y una revisión en Sparks (1977). 4 Departamento de Justicia de EE UU, 1992, Apéndice III. 5 Antonio Elorza y Julio Antonio Guija: “La percepción social de la víctima y del agresor”, dentro del curso “La violencia y sus víctimas: De los sentimientos a la ley”. UIMP, Santander, 1-2 Agosto 2012. 6 Elaboración propia a partir de la encuesta del CIS nº 1995 y de la estadística policial de 1996 sobre homicidios. 7 Fuente: Stangeland 1995: p. 145, cfr. Díez Ripollés et al., 1996: p. 66. 8 Los autores de esta obra agradecen al magistrado de la Audiencia Provincial de Valencia, Carlos Climent Durán, su contribución a este capítulo. 9 Véase en DOUE-L-2012-82192, http://www.boe.es/diario_boe/txt.php? id=DOUE-L-2012-82192 10 Ver http://www.lamoncloa.gob.es/ConsejodeMinistros/Enlaces/111012enlaceestatuto victimadeldelito.htm 11 Los términos justicia “reparadora”, “restauradora” y “restaurativa” suelen emplearse indistintamente, según los autores. 12 Ver una memoria con las aportaciones de los ponentes recogidas por María Jesús Guardiola Lago en http://www.fundacionfive.com/wpcontent/uploads/Formacion26b.pdf. Las referencias de este apartado pertenecen a este texto, salvo que se indique otra cosa.

Parte IV

CONTROL Y PREVENCIÓN DEL DELITO 20. LA POLICÍA 20.1. LA POLICÍA Y EL ORDEN SOCIAL 901 20.1.1. La seguridad ciudadana como tarea policial 902 20.1.2. La policía y las redes sociales 905 20.1.3. La policía judicial 906 20.1.4. El esclarecimiento de los delitos 908 20.2. MODELOS POLICIALES 910 20.2.1. La policía tradicional 910 20.2.2. La policía profesional 911 A) Burocratización 912 B) Motorización 912 C) Burocratización excesiva 913 D) Escaso efecto preventivo de los coches-patrulla 914 E) El tiempo de respuesta no es tan importante: no todas las

llamadas son urgentes 915 F) La investigación policial da pocos resultados 916 G) Una cierta discrecionalidad es necesaria 917 20.2.3. El modelo “bombero” y el modelo “cartero” 918 20.2.4. La policía orientada a la solución de los problemas 919 20.2.5. Mediación Policial 927 20.2.6. La Policía Local y la mediación 929 20.3. PERSPECTIVAS FUTURAS 931 20.3.1. Control democrático de las actuaciones policiales 931 20.3.2. Aprovechar los recursos en la sociedad civil 932 20.3.3. Aprovechar los recursos dentro de la propia organización 932 20.3.4. Reformar los distintos cuerpos de policía actuales 933 PRINCIPIOS CRIMINOLÓGICOS Y POLÍTICA CRIMINAL 934 CUESTIONES DE ESTUDIO 934

20.1. LA POLICÍA Y EL ORDEN SOCIAL Este libro no es el lugar apropiado para una exposición completa acerca de las organizaciones policiales en España y su historia, tampoco para una disertación jurídica en torno a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. El capítulo pretende analizar la policía desde una perspectiva concreta: ¿Qué impacto tiene la policía sobre la delincuencia? ¿Cómo puede mejorarse dicha influencia? El sentido común nos dice que la relación entre la policía y la delincuencia es sencilla: cuanta más policía, menos delincuencia. Eso es lo que, con frecuencia, reclama la opinión pública, preocupada por la inseguridad ciudadana: un mayor número de policías en la calle.

Sin embargo, en esta ocasión el sentido común se equivoca. Si fuera tan sencillo neutralizar la delincuencia, se podría esperar que el número de policías por cada mil habitantes reflejara fidedignamente el nivel de seguridad ciudadana. Pero ello no es así. Los países mediterráneos tienen más efectivos policiales que los países del norte de Europa, sin que esto signifique necesariamente un mayor nivel de seguridad pública. Italia es el país europeo que tiene una ratio más elevada de policías, seguido por España; por cada policía en Inglaterra, hay dos en España. ¿Qué relación existe entre los efectivos policiales de un país y sus tasas delictivas? Como veremos en este capítulo, la presencia policial es importante para prevenir y controlar los delitos, pero cuando esta presencia se produce en determinados lugares y momentos. Es lo que hace la policía, y no la mera acumulación de efectivos policiales, lo que resulta determinante para su efectividad. Por otra parte, la realidad cambiante de la sociedad global hace que la policía tenga una necesidad constante de adaptación e innovación ante los nuevos retos, lo que viene a subrayar la complejidad de su tarea en los tiempos actuales (Fundación Policía Española, 2010). Se suelen distinguir dos tareas principales de actuación de la policía. La primera es la de seguridad ciudadana, es decir, prevenir los delitos y los desórdenes sociales, la segunda tarea es la de policía judicial, dedicada al

esclarecimiento de los delitos. Vamos a comentar con más detalle cómo se realizan estas dos funciones.

20.1.1. La seguridad ciudadana como tarea policial Hay una gran variedad de situaciones en las que se demanda la actuación de la policía. La gran mayoría de estas actuaciones no tienen mucho que ver con la delincuencia, puede tratarse, por ejemplo, de: Transportes: traslado de detenidos, mensajes y citaciones para los juzgados. – Disputas vecinales: problemas de ruido o de comportamiento. Con mucha frecuencia, se trata de problemas continuados y llamadas repetidas a la policía. – Disputas domésticas: malos tratos en la pareja, o amenazas por parte de un ex-marido. – Problemas de salud mental: comportamiento anómalo de personas con problemas psíquicos; por ejemplo, un hijo mayor de edad, que vive con su madre y amenaza a los vecinos. – Accidentes de tráfico: la Policía Local o la Guardia Civil suelen ser los primeros que acuden al lugar. Prestan los primeros auxilios, desvían el tráfico, preparan un atestado sobre los hechos, e investigan

posibles delitos. – Detención de personas reclamadas: búsqueda y captura de sospechosos, delincuentes en busca y captura y fugados de prisión. – Desorden público: mendicidad, prostitución, vandalismo – Delitos in fraganti: un vecino avisa a la policía, al observar a personas sospechosas, por ejemplo, manipulando coches aparcados en la calle. A partir de los ejemplos anteriores, se aprecia, por tanto, que la policía se enfrenta a un abanico muy amplio de problemas, interviniendo en situaciones muy diversas y a menudo difíciles, por lo que se exige gran profesionalidad por parte de los agentes que acuden a los diferentes lugares a los que son requeridos. ¿Podrían concentrarse más las actividades policiales en la delincuencia, dejando los problemas sociales, de salud mental y otros a las administraciones que les correspondan? Esta es una separación de funciones difícil de realizar, ya que en muchas de las intervenciones policiales no criminales se realiza también un trabajo preventivo importante. Si nadie interviene cuando un perturbado mental amenaza a los vecinos, la situación podría derivar en una agresión, e incluso un homicidio (ver cuadro siguiente de La Realidad Criminológica). Si nadie recoge al menor que se ha escapado de casa y está pidiendo dinero por la calle, es

posible que acabe introduciéndose en un mundillo de drogas, hurtos, prostitución, etc., y pueda convertirse en un delincuente habitual. Por eso, es difícil limitar la actuación policial a situaciones estrictamente definidas como delictivas. También hay que tener en cuenta que la asistencia ofrecida por la policía a los ciudadanos que reclaman ayuda policial aumenta su predisposición a colaborar en el esclarecimiento de posibles delitos. Es curioso que la opinión púbica tenga una imagen de la policía tan distorsionada, donde se le asocia generalmente a acciones peligrosas para atrapar a delincuentes, cuando, como hemos visto, su mayor actividad reside en actividades cotidianas de ayuda y prevención (Torres, 1996). LA REALIDAD CRIMINOLÓGICA: TRIPLE CRIMEN EN VALENCIA Publicado en Las Provincias (composición propia de varios artículos) La pedanía valenciana de Castellar-Oliveral no ha salido todavía del estado de conmoción en que quedó tras el triple homicidio perpetrado en la noche del viernes por Francisco Planells, un vecino de toda la vida de esta tranquila población. Tanto el Ayuntamiento de la capital como los vecinos del presunto homicida no hayan una explicación lógica al acto sanguinario que costó la vida a un chico de 13 años, su padre y una mujer de 80 años, mientras otras dos, la madre del menor y un hombre que trató de disuadir a Francisco, continúan hospitalizados con heridas de gravedad. “Solo puede haber sido un arrebato o una perturbación”, aseguran. Lo cierto es que el presunto autor de las tres muertes es “un chico encantador” que minutos antes de la tragedia paseaba a su niña de siete meses por las calles de Castellar, esperando a que su mujer llegara del trabajo. Un joven con trabajo, amigos y familia al que parecía sonreírle la vida, hasta que decidió dejar a su niña en casa de unos vecinos, se armó con un cuchillo de cocina, con mango de plástico, y comenzó a aporrear las puertas del vecindario. El primero en abrir fue el chico de enfrente, el menor de la familia que comparte

planta con el presunto homicida. El menor sería la primera víctima de Francisco, que después mató al padre e hirió gravemente a la madre al salir ésta en defensa de su hijo. Algunos vecinos no le abrieron la puerta, pero otros, como una mujer de unos 80 años alarmada ante los golpes y los gritos, sí lo hicieron. Fue la tercera víctima mortal, antes de que Francisco Planells atacara al vecino del ático, que hizo frente al agresor. Mantenía con él una buena relación, como con el resto de vecinos, según los testigos, pero la transformación no tenía vuelta atrás. Le clavó el cuchillo en la espalda, donde quedó incrustada la punta, y lo dejó mal herido. Poco después apareció en la escena del crimen un policía local de paisano que, alertado al ver a una persona ensangrentada por el balcón, decidió entrar en el edificio y se encontró la masacre. Intentó reanimar a algunas de las víctimas, y en esas vio bajar por las escaleras a Francisco, con el mango del cuchillo en la mano y salpicaduras de sangre en la ropa. Le preguntó qué hacía y la respuesta no sonó convincente: “No sé que ha pasado”. El aspecto aturdido del presunto homicida y el hecho de que arrojó la empuñadura del arma del crimen a las escaleras llevaron al agente a detener al sospechoso y avisar a la Policía Nacional.

Se podría decir que se llama a la policía en todas las situaciones que la sociedad civil es incapaz de resolver un problema o conflicto. El cuadro 20.1 presenta una ilustración del rol policial en la sociedad moderna.

20.1.2. La policía y las redes sociales CUADRO 20.1. Las “redes sociales” y la policía

Las necesidades y problemas sociales cotidianos, que en los ejemplos presentados en el cuadro 20.2 caen como una especie de flechas desde arriba, son atendidos y resueltos normalmente por las “redes sociales” ordinarias. La malla o cesta más grande de atención a las necesidades de los individuos es la familia, capaz generalmente de resolver más problemas que las demás instituciones. Otro sistema dispuesto a actuar de forma amplia es el sanitario, que podría intervenir en, por ejemplo, la problemática relacionada con un toxicómano, un enfermo mental, etc. En otras dificultades y conflictos intervienen el sistema escolar, los servicios sociales, etc. Sin embargo, cuando fracasan estas redes sociales generales y ordinarias, los problemas suelen terminar en el cesto más amplio situado en la parte inferior de la figura: la policía. Es decir, cuanto

peor funcionan los redes sociales corrientes, y menos problemas atienden y resuelven, más problemas le caen encima a la policía. En una sociedad como la nuestra, cada vez más anónima, donde los ciudadanos difícilmente se atreven a intervenir ellos mismos en problemas callejeros y vecinales, se acude cada vez con mayor frecuencia a la policía. Y éste parece ser un proceso creciente. Por ejemplo, en EEUU y en el norte de Europa, se denuncian dos a tres veces más delitos, en proporción a la población, que en España1. Pero en España también existe una tendencia al alza por lo que se refiere a las tasas de denuncia delictiva, según se vio en el capítulo 4 y en otros capítulos precedentes.

20.1.3. La policía judicial Dentro de la organización de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, hay unidades de policía científica y brigadas de investigación que se dedican al esclarecimiento de los delitos. En varias autonomías y municipios grandes, la Policía Autónoma y la Policía Local también han establecido brigadas de investigación de delitos concretos, por ejemplo, contra el medio ambiente, delitos contra menores, etc. Es decir, no existe una única organización de policía judicial a disposición de los Juzgados de Instrucción, o del Ministerio Fiscal, sino que el juez puede ordenar a cualquier autoridad pública la

averiguación de los hechos puestos en su conocimiento. La Ley de Enjuiciamiento Criminal autoriza al juez para poner la investigación criminal en manos de, por ejemplo, un guarda forestal jurado o el alcalde del pueblo2. Eso es una reminiscencia de épocas anteriores. Una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal se encuentra en fase de preparación desde hace más de diez años (ver cuadro la Realidad Criminológica).3 LA REALIDAD CRIMINOLÓGICA LA POLICÍA JUDICIAL EN ESPAÑA3 Dentro de la organización de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, hay unidades de policía científica o brigadas de investigación que se dedican al esclarecimiento de los delitos. Tienen un carácter muy especializado en respuesta a la especialización que se ha venido produciendo en muchas actividades delictivas. Así, dentro de la Guardia Civil están las Unidades de Seguridad Ciudadana (USECI) y los Centros Operativos de Servicios (COS), centrados en materia de seguridad ciudadana; la Agrupación de Tráfico; la Intervención de Armas y Explosivos (ICAE); el Grupo de Acción Rápida (GAR), en el ámbito de la actividad antiterrorista; el Servicio de Criminalística, en temas de identificación, balística, grafística, química y medio ambiente, biología e ingeniería; el Equipo de Mujer-Menor (EMUME) y los Puntos de atención especializada (PAE), sobre violencia de género y contra menores; el Servicio de Costas y Fronteras; el Servicio Fiscal, en materia de contrabando; el Servicio Marítimo y la Unidad de Actividades Subacuáticas; el Servicio Aéreo; el Servicio de Rescate e Intervención en Montaña; el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona); la Agrupación de Reserva y Seguridad, integrada por los Grupos de Reserva y Seguridad, Escuadrón de Caballería y Unidades de Reconocimiento del subsuelo, en materia de orden público; el Servicio de Seguridad de la Casa de S.M. El Rey; la Unidad de Seguridad de Presidencia del Gobierno; el Grupo de delitos telemáticos (GDT); el Servicio de Desactivación de Explosivos y Defensa (NRBQ: nuclear, radiológica, biológica y química); y la Unidad de Protección y Seguridad, centrada en la protección de instalaciones y edificios públicos (véase en http://www.guardiacivil.es/es/institucional/especialidades/index.html para más

detalles). Por su parte, la Policía Nacional también cuenta con diversos grupos de acción policial especializada, como el Grupo Especial de Operaciones (G.E.O.), de carácter antiterrorista; el TEDAX, sobre desactivación de artefactos explosivos; la Brigada de Investigación Tecnológica (B.I.T.); la Brigada Central de Estupefacientes (B.C.E.); la Unidad de Subsuelo y Protección Ambiental; las Unidades de Intervención Policial (U.I.P.); la Unidad contra redes de inmigración y falsedades documentales (U.C.R.I.F.); la Brigada de Delincuentes Extranjeros (B.E.D.E.X.); y la Brigada de Respuesta a la Inmigración Clandestina (B.R.I.C.) (véase con un mayor desarrollo en http://www.policia.es/cnp/cnp_unidades.html) En varias autonomías y municipios grandes, la Policía Autónoma y la Policía Local también han establecido brigadas de investigación de delitos concretos, por ejemplo, contra el medio ambiente, delitos contra menores, delitos relacionados con el tráfico viario, ventas de drogas al por menor, mendicidad, causación de ruidos, incendios y emergencias, daños en el patrimonio cultural, etc. Es decir, no existe una única organización a disposición de los Juzgados de Instrucción, o del Ministerio Fiscal, sino que el juez puede ordenar a cualquier autoridad pública la averiguación de los hechos puestos en su conocimiento. Esto es lo que se denomina Policía Judicial en el artículo 283 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que son auxiliares de los Jueces y Tribunales competentes en materia penal y del Ministerio fiscal, quedando obligados a seguir las instrucciones que de aquellas autoridades reciban a efectos de la investigación de los delitos y persecución de los delincuentes.

La investigación criminal es un método para la reconstrucción de hechos pasados y pretende contestar cuatro preguntas básicas: dónde, cuándo y cómo ocurrió el hecho, y quién lo hizo. La criminalística o la ciencia forense en general tiene mucho en común con la arqueología, la antropología, la biología, la física y la química, mientras que la recopilación de información aportada por testigos está más relacionada con la psicología; así que se puede decir que la criminalística es una ciencia aplicada, con métodos y teorías derivados de

varias ciencias básicas.

20.1.4. El esclarecimiento de los delitos En el cuadro 20.2 se observa que las cifras de esclarecimiento policial varían bastante según el tipo de delito. Esta figura, basada en datos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil correspondientes a 1996 (Ministerio del Interior, 1996), indica que entonces uno de cada cuatro delitos se esclarecían. Los homicidios tenían las cifras más elevadas de esclarecimiento, con un 90,6%, mientras que los robos en domicilios se resolvían solamente en un 12,5%, y las sustracciones de vehículos en un 7,5%. Según se conoce, la gran diversidad de estos porcentajes de esclarecimiento delictivo no dependería tanto del esfuerzo policial que pueda realizarse como de la información ofrecida por quienes presentan la denuncia o por los testigos de los hechos. En delitos contra la persona suelen declarar ante la policía tanto la propia víctima como testigos que puedan haber presenciado el suceso, los cuales generalmente pueden identificar al agresor; mientras que en muchos delitos contra la propiedad, muy a menudo ni la víctima ni otras personas han visto al ladrón o ladrones, de ahí que muchos de estos delitos queden ocultos e impunes. CUADRO 20.2. Esclarecimiento policial de los delitos

Fuente: Elaboración propia a partir de la estadística policial de Serrano Maillo (1996).

Según la información facilitada por la policía española, las tasas de esclarecimiento de delitos habrían aumentado a lo largo de las últimas décadas, situándose en el 39,1% en 2010 y en el 39,9% en 2011 (Ministerio del Interior, 2011). La colaboración de los ciudadanos es el factor más importante para poder esclarecer delitos, y así disuadir de la comisión de delitos (Petersilia, 1987; Osterburg y Ward, 1992). La preparación técnica de los policías y su capacitación para analizar pruebas es decisiva para comprobar, con el mayor grado de veracidad posible, que la persona imputada es realmente aquella que cometió el delito. Sin embargo, si no se aportan pistas desde el primer momento para esclarecer el delito (por testigos directos del hecho o mediante otras pruebas recogidas por la policía), es probable que éste se quede sin resolver. Además, para una mayor eficacia policial, la “policía judicial” o científica debería trabajar en estrecha colaboración con la policía dedicada a la seguridad ciudadana.

20.2. MODELOS POLICIALES 20.2.1. La policía tradicional

Equipo de investigación en la Facultad de Psicología de la Universidad de Salamanca. Jaume Masip (izquierda) es Profesor de Psicología Social; Eugenio Garrido (centro), es Catedrático de Psicología Social y Profesor del Centro de Formación de la Policía Nacional en Avila. Carmen Herrero (derecha) es Profesora Titular de Psicología Social, Profesora del Título propio de Criminología y del Centro de Formación de la Policía Nacional. Sus principales ámbitos de interés científico son el testimonio visual, la detección de la mentira, la psicología de la delincuencia, la psicología policial, la toma de decisiones judiciales, la percepción social del delito y la victimología.

En décadas pasadas la policía tradicional en los países democráticos procuraba, a partir de su frecuente movilidad a pie o en bicicleta, conocer a la gente de sus barrios y resolver problemas cotidianos. Aun así, lo cierto es que los problemas de orden público continuaban teniendo el mayor peso en su actuación (revueltas, protestas, etc.). La policía tracional se caracteriza por: • Un alto nivel de discrecionalidad, es decir que la Policía puede decidir actuar en algunos casos, mientras que en otros puede abstenerse de hacerlo. Los responsables policiales están muy atentos a la opinión pública y a las cuestiones de imagen; los desheredados y los ciudadanos “poco visibles” (inmigrantes ilegales, marginados, etc.) se sienten poco protegidos por este tipo de policía. • Desde este modelo policial, la detención pueden ocurrir con múltiples finalidades como, por ejemplo,

para meramente imponer un castigo, o para conseguir información, sin que las garantías legales sean un impedimento grave a tales efectos. Este modelo policial tradicional podría caracterizarse a partir de gran parte de la actividad que desarrollan las fuerzas policiales en la Rusia actual. Un ejemplo, a estos efectos, particularmente dramático, lo constituyó el celebre caso de asesinato serial conocido como “El Asesino del Ajedrez”. Este hombre cometió numerosos crímenes a lo largo de quince años (1992-2006), entre la desidia general de la policía, ya que actuaba en una zona empobrecida de Moscú, matando a gente de la que nadie se preocupaba, salvo sus familiares. Solamente cuando los medios de comunicación empezaron a publicitar los crímenes intervino la policía, deteniéndolo en un plazo corto de tiempo, lo que reveló bien a las claras que existían dos clases de víctimas en Rusia: las que tenían influencia sobre la opinión pública, y las que no4. Este estilo policial se parece bastante al estilo vigente en varios condados de EEUU en los años cincuenta y sesenta (Skolnick, 1975, Wilson, 1968, Reiss, 1971), donde la discriminación racial era todavía una realidad humillante y los sheriffs imponían su ley sin demasiadas cortapisas.

20.2.2. La policía profesional La reacción contra el estilo policial anterior dio lugar a

lo que se puede llamar el “modelo profesional”, desarrollado entre los años setenta y ochenta del siglo pasado. Los componentes básicos del modelo profesional se pueden resumir en los siguientes puntos:

A) Burocratización En este modelo se consideró importante delimitar, con arreglo a la Ley, las competencias policiales, las situaciones en las cuales se autoriza su intervención, y los derechos de los detenidos. Se pretende desvincular a la policía de la política, y potenciar la vigilancia judicial de la actividad policial5. Estas reformas conllevan: • Más “papeleo”, insistencia en que todas las actuaciones de la policía queden documentadas por escrito. • Mayor nivel de disciplina interna. • Una organización jerárquica y centralizada, con una mayor división de tareas entre cada brigada o unidad.

B) Motorización A diferencia de la policía tradicional, que patrullaba a pie desde varias comisarías pequeñas y dispersas por la ciudad o desde cuarteles de la Guardia Civil en cada

pueblo, el modelo profesional implica centralización en macro-comisarías, y atención al público desde una única sala de denuncias, y desde una central de llamadas y comunicaciones. Las innovaciones básicas son: • El teléfono e internet. Con la extensión de la red telefónica, particularmente a partir de la telefonía móvil, los ciudadanos pueden fácilmente llamar por teléfono en caso de urgencia. Por otra parte, la amplia disponibilidad de internet facilita también el uso del correo electrónico y otros sistemas de comunicación telemática. • El coche. La actividad policial se concentra más en mantener una flota de coches patrulla, conectados a la central por radio, y que acuden al lugar donde se requiere asistencia policial. • El ordenador. Se establecen bases de datos sobre penados, detenidos y personas buscadas, un sistema que permite la identificación rápida de personas, a través de huellas dactilares u otras características. Registros sobre vehículos matriculados, propiedades y licencias también son disponibles en caso de necesidad. • Investigación. En el modelo tradicional, se investigaban los delitos según interés y capacidad. La policía “profesional” no establece sus propias prioridades, sino que es instruida para realizar los

mismos pasos de investigación en todos los delitos denunciados. En un robo con fuerza en las cosas en el domicilio, por ejemplo, se desplaza la policía científica al lugar, con el fin de buscar huellas dactilares y elaborar un atestado sobre la inspección ocular realizada. Estas reformas han contribuido, sin duda, a una policía más legalista, democrática y eficaz. El modelo, inspirado en reformas policiales de otros países occidentales desde décadas, todavía no ha sido implantado en España en su totalidad, básicamente por la variedad de organizaciones existentes (Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Local y Autonómica) con solapamiento de competencias en muchos casos, y escasa coordinación de recursos. No obstante, este modelo policial —todavía un futuro deseado para los que pretenden reformar la policía española— ya ha sido llevado a la práctica en otros países, y ya ha mostrado sus defectos. Vamos a resumir los puntos principales de la crítica contra el modelo profesional.

C) Burocratización excesiva La insistencia en el control sobre las actuaciones policiales, tanto la instrucción judicial como el control jerárquico interno, puede crear más preocupación por la gestión interna y por los informes y atestados que hay que

redactar, que por los problemas de los ciudadanos. La policía puede llegar a cumplir estrictamente con la legislación vigente y, sin embargo, carecer de iniciativa propia para resolver problemas y esclarecer los delitos. En la literatura sobre la policía se suele distinguir entre actuaciones “reactivas” y “proactivas”, según quien toma la iniciativa de la movilización policial (Reiss y Bordua, 1967). La actuación “reactiva” se produce a petición de las autoridades o de los ciudadanos, mientras la “proactiva” se pone en marcha a iniciativa de la propia policía. Si un ciudadano llama a la policía y se envía un coche patrulla, la actuación es reactiva, mientras que si un coche patrulla observa algo sospechoso en la calle y se detiene para investigar, actúa en una forma proactiva. Cuanto más se formaliza a la policía, mayor automatismo se producirá en la respuesta policial, y una menor actividad proactiva. Un estudio internacional sobre modos de actuación de la policía en varios países (Bayley, 1985) mostró gran variedad en la iniciativa propia de la policía, siendo más frecuente la actuación reactiva. Más de un 90% de las actuaciones policiales tuvieron lugar a requerimiento requerimiento de otras partes, mientras la iniciativa propia o proactiva representó el restante 10%.

D) Escaso efecto preventivo de los coches-

patrulla Según la concepción de la policía profesional, la dotación de funcionarios con un alto nivel de formación, con mejores recursos técnicos y con un modelo más profesional de gestión, provocaría que la policía tuviera un mayor efecto disuasorio. Se han realizado algunos experimentos controlados sobre la eficacia de las patrullas policiales que circulan por la ciudad en espera de llamadas. El primero se efectuó en Kansas City a principios de los años setenta3. La teoría vigente de la época fue que las patrullas motorizadas, al circular por las calles, aumentaban la visibilidad de la policía; así los ciudadanos se sentían más seguros y se prevenía la delincuencia. Además, con el sistema de radio-patrullas se podría responder inmediatamente a las llamadas, acudir al lugar y detener a los sospechosos. Para mostrar este efecto, la ciudad fue dividida en tres zonas, compuestas por barrios con características demográficas parecidas. En una zona, de control, los coches patrullaban de forma normal. En otra zona, la reactiva, los coches patrulla tenían la instrucción de no circular a menos que fuera para atender a una llamada de urgencia. En la tercera zona, la proactiva, intensificaron dos o tres veces

el número de patrullas. La hipótesis del estudio era que la delincuencia iba a bajar en la zona proactiva, con un determinado desplazamiento de la delincuencia común hacia la zona de control y la zona reactiva. Para comprobar esta hipótesis, el equipo de investigadores realizó entrevistas a una muestra de la población de cada zona, antes y después del año que duró el experimento controlado. Las entrevistas se centraron en las opiniones sobre la policía, el miedo al delito, si consideraban su barrio seguro y si últimamente habían sufrido algún tipo de delito. También analizaron los datos policiales sobre tipos de actos delictivos en cada zona. Los resultados del estudio fueron devastadores para la hipótesis propuesta: no se apreció ninguna diferencia entre las tres zonas. Los ciudadanos ni siquiera se habían dado cuenta de que se habían intensificado las patrullas, y la delincuencia no había aumentado ni disminuido, ni tampoco se había desplazado como consecuencia del experimento. Todavía peor fue que el miedo a la delincuencia había aumentado en la zona proactiva, en que se había intensificado la presencia de patrullas policiales Los datos del estudio fueron presentados en un seminario al que asistieron varios jefes de policía, que dudaron de su validez. Entre otras críticas a la investigación, comentaron que la distinción entre las tres

zonas del experimento no había sido completa. Los coches patrulla correspondientes a la zona proactiva con mucha frecuencia cruzaron a otras zonas para atender una urgencia. Sin embargo, este experimento fue repetido en tres ciudades diferentes con los mismos resultados. Por otro lado, un estudio experimental en un área pequeña en Nueva York indicó que el número de coches patrulla tendría que aumentarse 40 veces para obtener un descenso significativo en la delincuencia. La conclusión de estas investigaciones es que las mejoras en los dispositivos materiales (coche, radio, ordenadores) y un aumento en el número de policías tienen escaso efecto en la delincuencia si no se consigue una mayor colaboración con los ciudadanos. Proyectos posteriores, concentrándose en este aspecto, han mostrado eficacia en disminuir la delincuencia (Goldstein, 1990; Kelling y Coles, 1996).

E) El tiempo de respuesta no es tan importante: no todas las llamadas son urgentes Diversos proyectos de investigación posteriores al precedente intentaron discernir por qué el aumento de coches patrulla no producía efectos, ni en la satisfacción ciudadana con la policía, ni en el esclarecimiento de los delitos. En un estudio se analizó en concreto el efecto del tiempo de respuesta policial ante las llamadas recibidas (Van Kirk, 1978:84, citado en Petersilia, 1987:11). La

cercanía de un coche patrulla y la velocidad del vehículo fueron inicialmente consideradas vitales para la eficacia policial, pero, muy al contrario, el factor de eficacia más importante resultó ser el tiempo que tardaron los ciudadanos en realizar la llamada de aviso a la policía. Si el suceso había ocurrido una hora antes de la llamada, no importaba mucho si la respuesta policial se realizaba dentro de los 5 o los 15 minutos siguientes. En cualquier caso, sería demasiado tarde para prevenir el delito, detener al delincuente o identificar a los testigos. Un delito común (sea contra la propiedad o contra la persona) se realiza en muy pocos minutos, y, con mucha frecuencia, se trata de segundos. Un atraco callejero no suele durar más de 45 segundos, desde que se amenaza con un arma al transeúnte hasta que el ladrón ha desaparecido con el botín. Por rápida que sea la respuesta policial, suelen llegar demasiado tarde. Ello explica que, en la gran mayoría de los casos, el tiempo de respuesta policial no sea muy relevante, ni para la satisfacción de la persona que avisó a la policía, ni, peor aún, para incrementar la probabilidad de esclarecer el delito. Además, cuando alguien decide llamar a la policía, con frecuencia la situación ya ha dejado de ser urgente. Se avisa, por ejemplo, sobre un daño ocurrido en un local durante la noche. En este caso, según el modelo “profesional” pautado, se suele enviar un coche patrulla al

lugar del suceso, aunque la situación ya no exige una respuesta rápida e inmediata. La actuación policial ante un aviso o llamada tiende a ser mecánica, quizás exigida por la necesidad de ofrecer una respuesta que resulte significativa y tranquilizadora para la ciudadanía, aunque ello no suponga muchas veces un aumento de la eficacia.

F) La investigación policial da pocos resultados El estudio científico clásico sobre la investigación criminal (Petersilia, 1987; Osterburg y Ward, 1992) indicó que la gran mayoría de los delincuentes identificados por la policía lo fueron a través de la información aportada por los testigos, o bien por la actuación de los policías de patrulla que llegaron al lugar. La investigación policial posterior sirvió para analizar las pruebas y documentar una hipótesis sobre los hechos, pero aclaró muy pocos delitos que no estuvieran ya medio resueltos cuando llegó la policía. La colaboración vecinal y la correcta actuación de los policías de seguridad ciudadana son esenciales, no solamente para prevenir los delitos, sino también para identificar y detener a los autores. En una provincia española, dos de cada tres autores de robo detenidos fueron identificados por la víctima, por vecinos o al intentar vender lo robado. Solamente una de cada tres identificaciones se realizó por medio de la

policía científica, como resultado de huellas dactilares u otras pruebas materiales encontradas durante la inspección ocular en el lugar del delito. Con lo anterior no se trata de despreciar los importantes logros de la policía moderna al establecer los Sistemas Automáticos de Identificación como el AFIS (para las huellas dactilares), donde se emplean bases de datos informatizadas, y los nuevos procedimientos de identificación genética. Se trata, sin duda, de ayudas técnicas muy importantes para el esclarecimiento de los delitos, pero muchas veces los contactos informales con los vecinos del lugar, despreciados por el modelo “profesional”, son más decisivos para la resolución de los casos que cualquier sistema informatizado y cualquier laboratorio técnico.

G) Una cierta discrecionalidad es necesaria En este contexto podemos definir la “discrecionalidad” como la posibilidad de decidir con prudencia, y dentro de ciertos márgenes, acerca de si un hecho será perseguido o no como delito. La profesión jurídica difícilmente acepta que esta valoración pueda realizarla una persona que no sea juez o fiscal. Sin embargo, en miles de situaciones cotidianas se toman decisiones de este tipo. En primer lugar, las adoptan los ciudadanos mismos, al poner en conocimiento de la policía solamente una pequeña parte de las infracciones observadas. Posteriormente, la policía

interviene jurídicamente, con la correspondiente persecución criminal, sólo en algunas situaciones, generalmente las más graves o de mayor alarma pública, mientras que otras muchas se resuelven de una forma u otra, pero sin que llegue a abrirse un procedimiento judicial. En realidad, con el modelo profesional policial se pretende restringir la discrecionalidad y arbitrariedad una vez que los sucesos llegan a la atención de los agentes de la autoridad. Se percibe, con toda la razón, como injusto y discriminatorio que la policía pueda hacer la “vista gorda” y dejar pasar algunas infracciones, mientras otros presuntos delincuentes son perseguidos con toda la fuerza de la Ley. Sin embargo, diversos estudios realizados años atrás sobre la actuación policial (por ejemplo: Banton, 1964; Skolnick, 1975; Bayley, 1985) indicaron que cierto margen de discrecionalidad resulta inevitable. Las situaciones en las que la policía interviene son tan variadas y complejas que ella misma tiene que interpretar y definir en cada caso la situación. Presentamos a continuación un ejemplo de una investigación danesa, donde los criminólogos observaron, desde el asiento trasero del coche policial, las actuaciones de los policías de patrulla: “Perseguíamos un coche a las dos de la madrugada. Estaba circulando casi en la mitad de la carretera, y el conductor parecía

cansado. Aparcó al lado de la carretera, supuestamente frente a la casa donde vivía. La policía pidió su documentación, y, siendo obvio que estaba bebido, fue avisado para que entrara en el coche policial. Antes de preguntarle cuántas copas había tomado, el oficial le avisó: “Usted no tiene ninguna obligación de declarar”. Aun así, no le importaba declarar y aceptó soplar en el globo. Resulta que había asistido a una fiesta para funcionarios de correo (era cartero de profesión) y había bebido bastante. Había tomado seis o siete cervezas, y, según él, no se sentía capaz de conducir el coche adecuadamente. Los policías le observaron un momento y un oficial dijo: “Pues, en este caso, ya ha tenido Ud. suficiente. ¡Váyase a la cama!” (Koch, 1980:72-73).

Un factor importante para no intervenir en este caso fue que no había ocurrido ningún accidente, y que el conductor ya había llegado a casa. Además pudo influir favorablemente su comportamiento humilde y su disposición a colaborar con la policía, así como el hecho de que, en el caso de haberlo detenido, los agentes tendrían que haberse desplazado a la comisaría y realizar los trámites correspondientes, trabajando horas extra. A última hora de su turno, ninguna patrulla policial está muy dispuesta a detener a ciudadanos por infracciones menores, con las complicaciones horarias que ello podría acarrearles. Es posible que en un país como España, donde los procedimientos judiciales se rigen de un modo muy estricto por el principio de legalidad —lo cual da poca discreción a la fiscalía en el momento de calificar el delito —, la mayor rigidez y el formalismo judicial se compensen con más discrecionalidad policial. Este sería

un buen tema de análisis e investigación criminológica en diversos contextos policiales. Las recomendaciones modernas para reducir la arbitrariedad e injusticia en el aparato policial no pretenden eliminar una relativa discreción, sino mejorar el control interno en el cuerpo policial y establecer unas normas de conducta y una ética profesional que anime a los policías a priorizar la persecución de los delitos más graves, dejando en un segundo término sucesos de menor importancia. La decisión de qué es importante y qué no lo es tiene, a la postre, un carácter sustancialmente político, de modo que la transparencia informativa y la discusión pública sobre las prioridades policiales resultan imprescindibles. En muchos países, las juntas locales de seguridad se convierten en asambleas con participación ciudadana amplia. Se discute, por ejemplo, el problema del ruido en bares abiertos a la calle, la persecución o no de mendigos y personas sin hogar, la actuación correcta en casos de malos tratos y amenazas domésticas. No obstante, el debate público sobre la política criminal también tiene sus riesgos. En muchas ciudades norteamericanas el efecto de esta presión política sobre la seguridad dio lugar a una policía más dura, que aplicó una generalizada “tolerancia cero” (siguiendo la teoría de “las ventanas rotas”) a infracciones menores de desorden público (Ciencia Policial, N.º 38, 1996), pero no tiene por

qué ser necesariamente así. Como veremos más adelante, la participación ciudadana y la transparencia en la actividad policial también pueden originar actividades de mediación y de movilización de recursos sociales orientados a la prevención de la delincuencia.

20.2.3. El modelo “bombero” y el modelo “cartero” Algunos estudios contribuyeron a un cambio de la filosofía policial en muchos países a partir de los años setenta. Fue una reivindicación en busca de la expansión de la policía cívica, patrullando a pie, como siempre lo han hecho los “bobbys” ingleses. Se trataba de sustituir el modelo tecnócrata, basado únicamente en coches patrulla y respuesta rápida, por un modelo que permitía más contacto personal entre la población del barrio y los agentes policiales. Se puede decir que se sustituyó el modelo “bombero”, que aparece en situaciones de emergencia, apaga el fuego y se va, por un modelo “cartero”, que pasa todos los días por una ruta conocida, los ciudadanos lo conocen de vista y pueden dirigirse a él o ella. No se trata de eliminar la respuesta rápida y motorizada, sino de complementarla con otras formas de patrullar que sirvan para conocer mejor un sector de la ciudad y los múltiples problemas que no son fuegos aislados que se apagan, sino síntomas de problemas

subyacentes que se repiten con frecuencia. En este nuevo modelo también se cuestiona el sistema semi-automático de enviar un coche patrulla ante cualquier llamada de los ciudadanos. Cuando se establece que, efectivamente, existe una urgencia, se envía, por supuesto, una patrulla al lugar. En otras situaciones se puede concertar una cita más tarde, a una hora que convenga. Y, en muchas circunstancias, la respuesta apropiada es derivar la llamada a otro tipo de agencia o servicio, distintos de la policía. La unificación de teléfonos de urgencia en una sala conjunta, con un solo número a marcar, es una reforma importante, que ha salvado muchas vidas en EEUU, donde este sistema se estableció hace varias décadas. En la Unión Europea se estableció en 2008 el 112 como número de teléfono de emergencias para todo tipo de problemas graves y urgentes, incluidas emergencias sanitarias, de incendios, salvamento y seguridad ciudadana.

20.2.4. La policía orientada a la solución de los problemas Este modelo ha sido conocido también como “policía orientada hacia la comunidad”, “policía de barrio” o “policía de proximidad”. Externamente, se trata de establecer una policía que tenga más contacto personal con el vecindario, con una forma de patrullar que permita

a los ciudadanos consultar a los agentes de autoridad, e informar sobre problemas o sucesos sospechosos. Pero en un sentido interno, es mucho más. Como veremos más adelante, la policía de proximidad es una de las estrategias que pueden resultar idóneas en muchos lugares de nuestras sociedades, pero no delimita todo el campo: lo que define a la policía orientada a los problemas es su capacidad para, en coordinación con los residentes de su área de actuación, definir y resolver problemas sociales cotidianos, no sólo delitos, sino también otros que afectan a la seguridad y a la “salud social” de los ciudadanos. A veces se dice que en la ciudad española moderna el sentido de comunidad ha desaparecido, y que nadie asume la responsabilidad por determinados sucesos en el barrio. Sin embargo, los policías que patrullan la calle a pie en muchos casos apenas pueden caminar cien metros antes de que alguien se acerque para comentarles algo. La policía de proximidad (el modelo “cartero”) pretende profundizar en estos contactos con los vecinos. Si los mismos policías patrullan diariamente el mismo barrio, serán capaces de acumular más información sobre sucesos frecuentes, prevenir conflictos graves y esclarecer más delitos. El concepto de “comunidad” suele indicar un área geográfica donde un grupo de personas tienen intereses o actividades en común, quizás compartiendo las mismas

normas y valores. No obstante, la práctica policial es diversa, y tal vez sería más correcto hablar de una policía de proximidad, y del barrio o distrito como concepto geográfico de actuación, y olvidarse del concepto más amplio de “comunidad”. El autor americano Herman Goldstein (1979, 1990) lo llamó “la policía orientada a resolver problemas”, y este nombre ha prosperado desde entonces en el contexto anglosajón. Se trata de establecer una colaboración entre la policía y las personas directamente afectadas por un problema, generalmente un delito, pero también por otras situaciones que pueden influir sobre la seguridad o salud de esas personas o del barrio. El grupo de ciudadanos al que la policía debe dirigirse dependerá de cada caso: si se trata de una serie de agresiones sexuales que han causado gran alarma social en una ciudad, tal vez sea conveniente solicitar pistas y datos sobre dichas agresiones, quizás a través de los medios de comunicación. En el caso de aparcamiento ilegal y masivo de coches que colapsa una zona, puede ser que se acerquen a la policía, para intentar resolver el problema, los representantes de una comunidad de propietarios o de una cámara de comercio. En otras situaciones pueden establecerse contactos y colaboración con grupos marginados de la zona. Los problemas causados por la prostitución callejera, por ejemplo,

pueden reducirse si la policía anima a las prostitutas para que avisen cuando una chica menor de edad trafica en la calle, o cuando aparece una prostituta que se dedica a robar a sus clientes. No es imprescindible que exista una comunidad perfectamente formada y organizada para que la policía pueda extender su red de contactos, aunque el mayor sentido comunitario en un barrio sin duda facilitará la labor policial. Por otra parte, es importante también que la policía y la justicia puedan actuar rápido en caso de que los responsables del problema no accedan a lograr un acuerdo que satisfaga a los perjudicados. El ejemplo siguiente ilustra el modo en que una situación problemática puede deteriorarse en perjuicio de todos. Aunque este es un caso extremo, nos recuerda que también es conveniente disponer de una normativa clara y un control vecinal que puedan prevenir los problemas, antes de que éstos se enquisten. Cuando los argumentos se agotan, una policía de proximidad respaldada por una capacidad resolutiva judicial que mostrara desde el principio qué conductas se iban a permitirse y cuáles no quizás hubiera podido evitar la situación presentada a continuación. LA REALIDAD CRIMINOLÓGICA: Un bar recalcitrante Informativos Canal Sur, 15-3-12 La Audiencia Provincial de Sevilla ha condenado a cuatro años de cárcel a los dos propietarios de un bar ubicado en un bajo de un edificio de localidad sevillana de Dos Hermanas por el “excesivo” volumen de la música que ponían a diario y en horario nocturno, lo que ocasionaba ruidos “intolerables” en el interior de las viviendas de

algunos vecinos, que sufrieron incluso depresiones e “intenso” estrés. En la sentencia de la Sección Séptima de la Audiencia Provincial se relata que, desde agosto de 2007 hasta mayo de 2008, ambos acusados, Gabriel B.P. y Sara B.M., ponían la música en su bar ‘El Coyote’ “a diario en horario nocturno y, en especial, durante las madrugadas de todos los fines de semana”. El volumen “notoriamente excesivo” de la música ocasionó “ruidos intolerables” en el interior de las casas de algunos vecinos, especialmente en las viviendas de dos de ellos, pero a pesar de que los imputados “conocían las graves molestias” que “continuadamente” causaban a los vecinos, “quienes les mostraban sus quejas a causa del ruido nocturno procedente del bar”, no depusieron su actitud. Asimismo, y a pesar de las “constantes” inspecciones de la Policía Local, alertada tras las denuncias vecinales, los procesados “volvían a conectar la música tras la marcha de los agentes que continuamente acudían al lugar de madrugada”. Así, los agentes realizaron hasta diez inspecciones en las que comprobaron “el exceso de ruido” e incluso las medidas puestas por los acusados “para no ser descubiertos”. La sentencia recoge que incluso el Ayuntamiento de la localidad abrió al bar un expediente sancionador una vez “comprobados los ruidos abusivos”, ya que éstos superaban el límite permitido en seis decibelios diurnos y en 16 nocturnos, todo lo cual llevó a que el 14 de diciembre de 2007 el Consistorio ordenara como medida provisional el precinto del foco emisor de ruidos, lo que fue notificado al procesado. Posteriormente, el 14 de enero de 2008 y “tras comprobar el excesivo acústico y el relatado incumplimiento de las resoluciones del Ayuntamiento”, éste ordenó la suspensión de la actividad del bar, lo que también fue notificado al acusado, a pesar de lo cual ni él ni la procesada, “que decía ser también” dueña del negocio, “atendieron nunca los requerimientos” del Ayuntamiento. Los acusados “burlaron” las órdenes del Ayuntamiento Los agentes, por su parte, comprobaron que para “burlar” la orden de 14 de diciembre de 2007 los acusados, “si bien mantenían el precinto de reproductor de música y el limitador de sonido, habían conectado un ordenador y un televisor a un amplificador para emitir música a elevado volumen sin pasar por el limitador”. A pesar de las reiteradas inspecciones de los policías, que llegaron a precintar el aparato de música y a ordenar la suspensión de la actividad del bar, los agentes constataron el 14 de mayo de 2008 que, “abierto el bar, el precintado y la orden de cierre estaban tirados en el suelo”, por lo que volvieron a precintar el establecimiento delante del acusado. La Audiencia señala que los vecinos de las viviendas aledañas “se han visto” durante este periodo de tiempo expuestos “reiteradamente” a ruidos que, “por su frecuencia, intensidad, duración, falta de control sobre la fuente y sonoridad han afectado gravemente a su sosiego, descanso nocturno y conducta”, generándoles la

situación “intenso estrés, con el consiguiente riesgo de afectar gravemente a su salud general”.

Como hemos dicho, en el modelo de actuación de la policía orientada a la solución de problemas no se trata únicamente de que la policía esté cerca de la gente, sino de que exista un procedimiento definido de realizar la labor policial, un protocolo que oriente sobre cómo enfrentar los problemas del barrio. Eck y Spelman (1987) diseñaron el protocolo representado por el acrónimo SARA en inglés (resultaría DARE, en español), que implica los siguientes pasos: “Scanning” (detección), en el que la policía identifica los problemas relevantes en su área de actuación que se relacionan con el delito o con problemas de seguridad y de alteración de la convivencia, y posteriormente determina la prioridad de cada uno; “Analysis” (análisis) de las características de esos problemas (su frecuencia, tipología, gravedad); “Response” (respuesta), paso a partir del cual la policía desarrolla e implementa medidas diseñadas para resolver el problema, y finalmente “Assessment” (evaluación), en el que se mide la eficacia de la intervención. Parece obvia la relación existente entre este modelo policial y el paradigma del delincuente racional en Criminología (que incluye junto a la elección racional la teoría de las actividades rutinarias y la prevención situacional del delito), ya comentado en otro capítulo anterior.

La investigación hasta la fecha ha apoyado la eficacia de estos programas, generalmente desarrollados en Estados Unidos, pero el alcance más exacto de sus logros lo podemos considerar merced a la revisión sistemática que realizaron en 2008 David Weisburd y colaboradores. En esta revisión, los autores localizaron diez estudios rigurosamente diseñados, donde se evaluaban diversos proyectos policiales, y 45 en los que la metodología no era tan rigurosa, ya que no constaban de un grupo de comparación, limitándose a comparar las tasas delictivas o de los problemas que se establecieron como objetivos en los diversos proyectos antes y después de la intervención policial. A continuación se describe el proyecto descrito por Baker y Wolfer (2003) con objeto de clarificar más este modelo de trabajo de la policía. Se trataba de un proyecto desarrollado en una pequeña ciudad de Pensilvania dirigido a erradicar el vandalismo y el consumo de drogas y alcohol en un parque. Durante el proceso de identificación y análisis del problema la policía se había percatado de que el parque estaba lleno de basura y tenía una vegetación descuidada y muy crecida, que hacía que los jóvenes se pudieran esconder fácilmente de la policía y no ser vistos cuando bebían, consumían drogas o se dedicaban a romper farolas y otros equipamientos del parque. Mediante el empleo de mapas del delito y de encuestas de prevención del delito, los

oficiales concluyeron que el problema afectaba únicamente al área delimitada por el parque y sus alrededores. Como implementación de la respuesta policial apropiada se redujo el exceso de arbustos y vegetación que impedía ver claramente a los usuarios del parque, se pusieron vallas nuevas, cámaras de seguridad, y se mejoró la luminosidad del lugar. Junto a esto, los policías incrementaron su presencia en el parque. También colaboraron con los residentes para establecer un servicio de vigilancia vecinal (“neighborhood watch”), cuyos integrantes llamarían a la policía si veían a jóvenes en el parque cuanto este ya se había cerrado o si realizaban actos ilegales. Weiburd et al. (2008) llegaron a los siguientes resultados. En primer lugar, en el análisis de los estudios que comparaban los datos antes y después de la intervención en una zona (N = 45), la reducción de la delincuencia y los problemas asociados fue muy relevante, obteniéndose una media de un 44% de disminución después de la intervención policial. En segundo lugar, los valores son más modestos cuando se toman en cuenta solo los diez estudios considerados rigurosos: la reducción alcanza números estadísticamente significativos, pero todavía se halla en el intervalo del diez al veinte por ciento de descenso del delito. En tercer lugar, establecieron una serie de características que se

asociaban con los programas que conseguían mayores efectos en la intervención: 1. Un amplio respaldo del departamento de policía al modelo de trabajo orientado a los problemas. 2. La selección de unos objetivos realistas, es decir, que estuvieran dentro de las posibilidades de los policías y del distrito bajo su protección. 3. En general se obtuvieron mejores resultados cuando el programa se centraba en un tipo de problema o delito en particular (por ejemplo, venta de droga, vandalismo, robos), en oposición a ocuparse de todos los delitos o problemas de una zona en particular, lo que destacaba la importancia de focalizar los esfuerzos en un mismo punto en cada ocasión. Los autores de la revisión señalaron lo siguiente: “Una conclusión importante (…) es que el modelo orientado a los problemas puede ser aplicado con éxito a muchos tipos de problemas en una gran variedad de situaciones. Los estudios más eficaces trataron problemas tan variados como la reincidencia de ex convictos que estaban en libertad condicional, las agresiones registradas en zonas definidas o los lugares donde se vendía drogas” (p. 34). Ahora bien, hemos de ser cautos en la interpretación de cuáles son las estrategias que funcionan mejor, siguen diciendo los autores, porque muchos de esos programas incluían varias de modo simultáneo. No obstante,

terminan diciendo, “es importante recordar que no estamos evaluando una estrategia policial determinada, sino un proceso [el descrito antes como SARA] que emplea la policía para desarrollar las diferentes estrategias. A pesar del número escaso de estudios analizados, hemos hallado un impacto global positivo del modelo policial orientado a los problemas a través de diferentes unidades de análisis, diferentes tipos de problemas y diferentes tipos de medidas” (p. 34). Una variedad muy popular en Estados Unidos del modelo orientado a los problemas recibe el nombre de Estrategias de Disuasión Focalizadas en el Delito (“Pulling Levers”) (Braga y Weisburd, 2012), que se ocupan sobre todo de responder de modo preventivo a las bandas juveniles y a la violencia cometida por o entre grupos. Su fundamento se halla en la investigación reciente que señala que la policía puede ser efectiva en la prevención del delito, y que tales reducciones no son compensadas por el fenómeno del desplazamiento del delito a otras áreas cercanas a donde se implementó el programa preventivo policial (Weisburd et al., 2006). Una idea que resume esta filosofía es la expresada por Durlauf y Nagin (2011: 9-10), en el sentido de que “se ganaría mucho en la prevención de la delincuencia cambiando los recursos desde la cárcel a la policía”. Primero aplicada en la ciudad de Boston para luchar

contra la violencia de las bandas durante los años 90, se fundamenta en la idea de que la disuasión del delito puede lograrse mediante una acción “focalizada” con el concurso de medidas variadas para aumentar el riesgo de captura de los delincuentes, “al tiempo que se emplean formas nuevas y creativas para utilizar herramientas tradicionales e innovadoras en la actividad policial, tales como el comunicar directamente a los delincuentes los incentivos y castigos con los que se van a encontrar” (Braga y Weisburd, 2012: 7-8). En su forma más simple, esta aproximación consiste en seleccionar un problema delictivo particular tal como el homicidio juvenil; luego se establece un grupo de trabajo de conveniencia formado por diversas instituciones o asociaciones, como la policía, los servicios sociales y otros trabajadores de la comunidad. Posteriormente se lleva a cabo una investigación para identificar patrones de conducta delictivos, grupos y delincuentes relevantes en la zona, una vez hecho lo cual se elabora una respuesta a tales personas y grupos mediante el empleo de una variedad de sanciones (“pulling levers”) para que detengan su actividad ilegal. Finalmente intervienen los servicios de la comunidad para orientarles y proveerles de vías de desarrollo prosocial, mientras que éstos y la policía de modo frecuente se comunican con ellos para explicarles por qué están siendo objeto de este programa de intervención.

En la actualidad se está llevando a cabo una revisión sistemática para determinar cuáles son los beneficios alcanzados en la reducción del delito, ya que mientras varios estudios apoyan su eficacia en problemas como violencia de bandas, venta de drogas y liberados condicionales adictos que reinciden, todavía no se dispone de una investigación rigurosa que determine su eficacia en un sentido amplio (la revisión sistemática resumida anteriormente sobre proyectos basados en el modelo orientado a los problemas no incluyó este tipo de programas). No obstante, los datos iniciales son prometedores y sin duda este modelo de intervención está recibiendo mucho apoyo en Estados Unidos, lo que proyecta su influencia a Europa. Un ejemplo de la adopción en nuestro contexto de estos principios lo constituye el programa SAFELAND, en el que participan policías locales de varios países europeos y entre ellos España, a través de la Policía Local de Valencia, con su proyecto experimental de 30 meses de duración en el barrio de Nazaret de esta ciudad6. Siguiendo las fases o etapas de enfrentamiento de los problemas comentadas anteriormente (policía orientada a la solución de los problemas), en el programa se busca aumentar la habilidad del policía para trabajar con víctimas y la comunidad, para evitar conflictos, resolver y mediar disputas, proporcionar información respecto de

estrategias de prevención del crimen y promover habilidades en el campo de la comunicación interpersonal. Junto con esto, el programa define una serie de lugares como objetivos prioritarios de intervención: los llamados en inglés “hotspot” o “puntos calientes”, algo básico para el desarrollo de la investigación en la acción (action research). Una vez elaborados los mapas hot spots, se dispone de planos detallados de las áreas que registran un porcentaje superior a la media de hechos delictivos o de desorden, y por ello donde las personas tienen un riesgo superior al promedio de ser víctimas de estos sucesos. Esta herramienta es útil para favorecer el desarrollo de medidas de prevención adaptadas a las características urbanísticas y sociodemográficas del barrio. Para identificar los objetivos geográficos de intervención prioritarios, se tuvieron en cuenta los siguientes criterios; Estadísticas de Criminalidad de la Zona (Tasa de Criminalidad); se analizó el número de hechos delictivos denunciados y se combinó esa información con el análisis de las personas detenidas y motivos de su detención; de igual modo también se consideró el resultado anual de las intervenciones policiales realizadas en la zona (incautaciones de drogas, incautaciones de armas, personas identificadas etc.). Características de la Población; análisis de la

población, estatus socioeconómico... Existencia de organizaciones destinadas a la reducción de la delincuencia y que están realizando programas de prevención en la zona. Acceso de la población a los recursos y programas de prevención. En palabras de los promotores del Proyecto SAFELAND: – Se trata de promover la seguridad mediante políticas activas de prevención situacional, junto a más policía comunitaria, más “alarmas comunitarias” y mayor enlazamiento policía-comunidad. El uso de patrullas de policía “de barrio” supone una prevención de la criminalidad, al conllevar un inmediato control del desorden del lugar. Al fin y al cabo, se reconoce la importancia de los factores sociales y ambientales como puntos de considerable influencia en el ámbito de la criminalidad. – Con este tipo de técnicas se ha desarrollado la prevención situacional, lográndose una reducción del 10% en la denuncia de delitos, destacando el descenso en agresiones personales, robos y actos vandálicos. Por otro lado en zonas concretas del barrio hemos conseguido reducir un 72% los delitos de hurto en interior de vehículo. – Estas técnicas se combinaron con un programa de

mejora del entorno urbano para aumentar la sensación de seguridad. Con nuestro proyecto tratamos de crear espacios Crimífugos; aquellos diseños urbanos que inhiban, disuadan o disminuyan la probabilidad de cometer delitos.

20.2.5. Mediación Policial La mediación policial es un excitante campo de actuación, y en España tenemos antecedentes realmente interesantes. Gallardo (2012), gran impulsora de la mediación policial en España junto con Antonio Berlanga (uno de los promotores del proyecto SAFELAND), señala que la policía local ha hecho siempre mediación, pero que ahora se trata de “dotar a este proceso de una técnica, de un método estructurado y sistemático” (p. 3), con el objetivo de que “el ciudadano se sienta más seguro, haciéndose cargo de los problemas que se producen en la demarcación en la que [los policías] realizan su trabajo y evitando que los conflictos acaben en un punto sin retorno ni salida, o alargándolos de forma innecesaria e indefinida en el tiempo” (p. 4). Gallardo y Cobler (2012) han publicado el primer libro de mediación policial en nuestro país, donde exponen los logros de esta técnica, a cargo de la policía local, en la población valenciana de Villarreal. Todo esto tiene pleno sentido. Hay una variedad de situaciones en las que la mediación es una estrategia

cualificada para la resolución de conflictos: la seguridad pública, la escuela primaria y secundaria, la convivencia entre diferentes culturas y, finalmente, la conducta violenta entre miembros de bandas juveniles. Y no cabe duda de que la capacidad de prevenir y reparar conflictos es una herramienta necesaria de la formación para la vida, porque los conflictos forman parte de ella, y el fracaso en resolverlos constituye un indicador importante de graves problemas personales y sociales. ¿Qué tienen todas esas situaciones en común? Por una parte, la existencia de un conflicto entre personas o grupos que puede tener un final violento (en un sentido psicológico o físico, incluyendo la pérdida de propiedades) hacia algunos de sus miembros. Por otra parte, el hecho de que, a priori, son susceptibles de llegar a una solución al margen de la intervención del sistema de justicia. Este último punto tiene su importancia. A nuestro modo de ver, la pérdida de la sociedad civil de su capacidad de control social informal, en la prevención y en la resolución informal de las disputas o conflictos, son dos resultados indeseables, consecuencias de la propia disminución de la densidad de esa sociedad civil o, dicho con otras palabras, de la dilución del del llamado “capital social”, que es la capacidad que tienen las personas para prestarse ayuda mutua.

Reflejo de todo ello es la mayor judicialización de la vida pública, en conflictos como las disputas vecinales, el bullying en la escuela, la convivencia entre parejas o entre los padres y los hijos. Esto conlleva, como sabemos todos, un sistema judicial saturado, donde nadie parece encontrar una respuesta ágil y satisfactoria a sus demandas. Esta situación, sin embargo, es comprensible: a medida que los ciudadanos se sienten más desamparados y aislados en la resolución de sus problemas, más tienden a invocar la intervención de los poderes públicos. Y justamente la existencia de un mundo incierto, sin asideros sólidos en la vida familiar y laboral, conduce al incremento de esos sentimientos. Por otra parte, no faltan sectores de la sociedad que postulan la judicialización de los conflictos como forma prioritaria de intervención, destacando los componentes retributivos como ejemplarizantes, aunque la investigación nos diga que ese no es el camino correcto, al menos para la generalidad de los casos. La policía orientada a los problemas enfatiza la intervención antes de que los jóvenes o los adultos tengan que enfrentarse con el juez. La mediación policial sigue esta línea, buscando que los ciudadanos resuelvan sus conflictos en el marco de una relación donde ambos pueden ganar más que si deciden recurrir a los tribunales. Obsérvese que en las anteriores situaciones mencionadas es muy frecuente que

se llame a la policía local. Por ello, estas llamadas pueden constituir buenas ocasiones para que se produzca la mediación. Nada más natural para una policía de “proximidad” que intentar imbuir también con su actividad diaria pautas eficaces de solución de conflictos a los ciudadanos a los que sirve. Piénsese que en la mediación las dos partes han de poner su esfuerzo en escuchar el punto de vista del otro, pero también tienen la oportunidad de ventilar su ira o frustración al exponer sus argumentos. Esa confrontación cara a cara de dos personas que se sienten legítimamente perjudicadas ha de ser moderada por el mediador, haciendo que la confrontación devenga en colaboración para solucionar el problema. El policía es aquí el mediador, el facilitador de la obtención de un acuerdo donde antes había una disputa amenazante. En Estados Unidos, en ciudades como Nueva York, Pasadena y Seattle, la mediación se ha incorporado rutinariamente en otro sentido: como medio de resolver las quejas y reclamaciones que tienen los ciudadanos contra la actuación de algún policía. Después de unos inicios titubeantes, en la actualidad es un método que cuenta cada vez con mayor aceptación entre los agentes de policía. En su aplicación de cinco años en la ciudad de Denver los resultados mostraron una mayor satisfacción en los participantes que aceptaron el proceso de

mediación que aquellos casos en los que las reclamaciones siguieron el camino habitual de ser investigadas por el departamento de asuntos internos. También se resolvieron en un tiempo mucho más breve, y en general se observó una mejora en la actitud de los policías que aceptaron la mediación hacia la relación con el público7.

20.2.6. La Policía Local y la mediación Por lo que respecta a la policía local, su labor como agentes de prevención comunitaria, es decir, actuando de forma proactiva y no meramente como respuesta al conflicto y al delito, entraña diversos beneficios. Tales beneficios derivan de su papel en la propia realización de la mediación, pero también como aquellas personas que —en otros países— pueden derivar a los implicados a las agencias encargadas de realizar la mediación. En primer lugar, actuando como mediadores contribuyen a ganar el respeto de los ciudadanos así como una mayor cooperación. Esto tiene la ventaja de que los propios ciudadanos confían más en la policía, y tienen más voluntad a la hora de colaborar con ella en sus tareas, informando de delitos o facilitando la realización de sus cometidos. Esto es importante, porque la policía orientada a la comunidad ha mostrado indicios prometedores de que es

una estrategia eficaz en la prevención del delito, especialmente en los barrios o comunidades donde abundan las disputas entre los ciudadanos, ya que tales problemas son particularmente apropiados para ser objeto de una mediación. Por otra parte, la intervención en estos contextos permite no sólo solucionar los conflictos, sino evitar que éstos lleguen a convertirse en delitos o en delitos más graves. Esto es claramente una estrategia proactiva. Esta labor preventiva tiene otro beneficio importante: liberar tiempo de trabajo para ocuparse en otras tareas policiales. Diversas experiencias de mediación en EEUU señalan una importante disminución en el número de llamadas policiales por disputas y conflictos entre vecinos después de la implantación de un programa de policía comunitaria donde se empleaba la mediación. Otro beneficio redunda en los propios policías: estos hallan su labor más significativa, otorgándoles la satisfacción de apreciar de modo más intenso su función de servidores públicos. En primer lugar, porque son más reconocidos por los ciudadanos, y en segundo lugar porque su mayor participación en la solución de los conflictos les permite ser algo más que ‘apagafuegos’, para verse en mayor grado como agentes implicados en el bienestar de los demás. No es ningún misterio por qué la mediación consigue esto. Cuando un policía recibe una

formación adecuada en las habilidades que componen esta estrategia, éste aprende a considerar diversos cursos de acción, a emplear todos los recursos disponibles de su trabajo y de la comunidad así como su imaginación, y a emplear habilidades para establecer relaciones positivas con los ciudadanos, actuando de manera confiada y significativa, aunque con gran flexibilidad. Un ejemplo particularmente notable es cuando el conflicto implica a personas en gran estado de excitación por la ira; la mediación eficaz permite difuminar esa cólera antes de que se produzca un hecho grave. En barrios con mezcla de diversas culturas esa labor puede ser particularmente modélica, ya que enseña a los implicados la necesidad de lograr la paz mediante el consenso, sin necesidad de que intervenga el sistema de justicia. Es claro que el delito es una realidad que surge de la interacción de dos o más personas, y así, las labores de la policía, al mediar para encontrar una solución pacífica, está contribuyendo a dinamizar la propia colaboración entre los miembros de cada grupo para encontrar soluciones al margen de la justicia, la cual está más que saturada. Esa mediación busca en la propia interacción entre las personas (que contribuye al delito) la solución al conflicto presentado, lo que ayuda a dar protagonismo a la colectividad donde surge ese conflicto.

La labor mediadora de la policía, por lo dicho hasta ahora, tiene la virtud de ayudar a restaurar el control social informal, el sistema de prevención del delito más eficaz (ver capítulo 24 y el concepto de “eficacia colectiva”). Cuando la gente se siente implicada en lo que sucede en una zona, allí donde viven, se une para controlar el espacio y para intervenir en los inicios del conflicto, antes que escale hasta convertirse en un delito o en un delito grave. Los barrios degradados, con gente donde nadie se preocupa por nadie, constituyen un terreno abonado para la violencia y la delincuencia. Es obvio que el sistema de justicia es siempre una opción, y los policías siempre pueden decir que los participantes en un conflicto pueden recurrir a él, pero que quizás antes podrían intentar otras cosas. Por otra parte, es claro que determinados hechos exigen la intervención necesaria de la justicia. Sin embargo, en aquellos casos como riñas, perturbación de la paz, agresiones controladas, o hechos para los que hay dudas de que habrá suficientes evidencias como para que prosperen los asuntos en los juzgados, la labor de la mediación puede realmente marcar la diferencia. Ahora bien, es obvio que hay dificultades importantes. En primer lugar, la labor del policía como agente de mediación tendría que ser potenciada. Si el policía local se limita a detener al supuesto o supuestos culpables y a

llevarlos ante el juez o ante la Policía Nacional, porque de este modo se recompensa su labor, entonces la mediación tenderá a verse como un trabajo no ‘realmente policial’, y con ello se impondrá el modelo policial reactivo, orientado a responder exclusivamente al hecho, sin que tengan posibilidad alguna de establecer vínculos significativos con la comunidad y, por ello, de ser eficaces como constructores de la red social y del consiguiente control social informal. Es cierto que algunos policías tendrían que cambiar también sus actitudes, aprendiendo que realmente un policía –particularmente el local- contribuye a crear comunidad, lejos de modelos de “superpolicías” eficaces por su capacidad de controlar a delincuentes peligrosos, sin que esto, por supuesto, cuando la situación lo requiera, deje de ser importante. Por ello la existencia de cursos adecuados de formación en habilidades de mediación sería un elemento muy decisivo en ese cambio de mentalidad y de modelo de trabajo. Finalmente, qué duda cabe que las policías encargadas de tales funciones deberían contar con un mínimo de recursos necesarios. Una policía saturada de trabajo tendrá muchas más dificultades para la mediación, aunque ésta, a medio plazo, disminuya la conflictivad de una zona.

20.3. PERSPECTIVAS FUTURAS 20.3.1. Control democrático de las actuaciones policiales A nadie le gusta otorgar más poderes a la policía. Sin embargo, cuando necesitamos ayuda urgentemente, no llamamos ni al Juez de Instrucción, ni a nuestro abogado ni al Defensor del Pueblo, sino a la policía, sabiendo que ella va a acudir a ayudarnos a la hora que sea. Junto con los bomberos y el servicio de urgencias de los hospitales, es la única parte de la administración pública que está dispuesta a resolver problemas las 24 horas del día. Eso se nota, entre otras cosas, en las encuestas del CIS, donde se muestra que los españoles se fían más de la policía que de la justicia. Mientras la generación política de la transición española se ha dedicado más al establecimiento de las garantías en abstracto y constitucionales de la gestión pública, la tarea actual es conseguir que el sistema funcione con la mayor eficacia. Y eso implica conseguir una policía en la que uno pueda confiar. Una policía desprestigiada y excesivamente restringida en su actuación esclarece menos delitos, y está menos capacitada para resolver situaciones antes de que lleguen a constituir delitos. Los abusos de poder que puedan ocurrir durante las actuaciones policiales no pueden controlarse simplemente por vía judicial, que

generalmente solo llegará a los casos más graves. Lo más eficaz en esta y otras direcciones puede ser mejorar el prestigio, formación y la preparación de los policías, estableciendo un control interno eficaz dentro del mando policial, y una participación democrática de los policías en las juntas locales de seguridad ciudadana.

20.3.2. Aprovechar los recursos en la sociedad civil Lo más importante para prevenir delitos, atender a las víctimas y detener al delincuente, es la actuación de los ciudadanos mismos, y su colaboración con la policía. En el caso de ciudadanos que desconfían de la policía y están poco dispuestos a colaborar con la justicia, la eficacia policial es baja: la realidad de países como México o Rusia son buena prueba de ello. Los programas inscritos bajo la rúbrica de “policía comunitaria” o de “barrio”, y el modelo orientado a la solución de los problemas, todos ellos tienen en la relación con la sociedad civil uno de sus elementos definitorios. Mientras que la utilización racional de las unidades policiales en la tarea de represión del delito en las llamadas “zonas calientes” (hot spots) ha probado su utilidad, es claro que una perspectiva amplia en la prevención del delito requiere de la participación ciudadana y de las instituciones civiles. Como se verá con detenimiento en el capítulo 24, la policía amplifica su

efecto si trabaja en pos de lograr una comunidad cohesionada y preocupada por el bienestar y seguridad del vecindario (la llamada “eficacia colectiva”; Sampson et al., 1997).

20.3.3. Aprovechar los recursos dentro de la propia organización La policía ha cambiado profundamente durante los años de democracia en España. Hoy día se integran titulados universitarios en las filas de la Policía local, Nacional y la Guardia Civil; es decir que el agente de la autoridad que deja una multa en su coche, podría ser un licenciado o graduado en Criminología o en Derecho, y entre los agentes que acuden a una riña doméstica, puede encontrarse una psicóloga o una criminóloga. Esta nueva generación de titulados superiores que engrosan las filas de la policía podrían, si les dieran las oportunidades para ello, asumir mayores responsabilidades técnicas y, probablemente, de manera más innovadora e eficiente. A partir de ello, podrían ser capaces de hacer respetar y cumplir las leyes, pero también de concebir, organizar y aplicar mejores proyectos preventivos y de resolución de conflictos y problemas sociales.

20.3.4. Reformar los distintos cuerpos de policía actuales

El modelo policial español, con la Guardia Civil prioritariamente en zonas rurales, la Policía Nacional en las ciudades, la Policía Local al servicio de los ayuntamientos y diversas policías autonómicas en varias regiones españolas, es confuso, complejo y escasamente coordinado. La población española se ha instalado masivamente en ciudades, la rapidez de la movilidad y las comunicaciones se ha desarrollado de un modo extraordinario, y, como resultado de ello, la delincuencia es ahora más movediza y difícil de detectar y perseguir. Faltaría una colaboración más operativa entre los distintos cuerpos policiales, o una integración funcional de todas las fuerzas de seguridad. Hay zonas residenciales en España donde la Guardia Civil tiene responsabilidad sobre el monte y la zona alta. La Policía Local patrulla con regularidad para detectar vecinos que realizan obras sin permiso municipal, y la Policía Nacional se limita a investigar los robos denunciados por los ciudadanos. Todo esto muy a menudo transcurre sin que se comparta información entre los diferentes cuerpos policiales, pareciendo existir más bien un sentimiento de lejanía y competencia entre ellos. Sin embargo, estos conflictos competenciales suelen ser en la práctica, y también en la percepción de los ciudadanos, poco constructivos e incluso contraproducentes en la lucha eficaz contra la

delincuencia. Un posible modelo, susceptible de resolver estos problemas, es el centralizado: mejorar la colaboración entre cuerpos policiales o bien fusionar completamente la Guardia Civil con la Policía Nacional y la Policía Local. Suecia es un ejemplo de la aplicación de este modelo. Otra solución es el modelo federal: unificar todos los cuerpos policiales existentes en cada comunidad autónoma en un solo organismo. La policía suiza y alemana operan de esta forma. Otro modelo es más bien municipal: capacitar a la Policía Local para que pueda también investigar delitos y tener mayor autonomía, reduciendo simultáneamente las competencias de las Fuerzas de Seguridad del Estado. Este modelo es más parecido a la policía inglesa, con autonomía y responsabilidad local, manteniendo una coordinación nacional. Una reforma policial, en conjunción con una reforma del proceso penal, debería estar en la agenda política de las primeras décadas de este siglo XXI. Y sería muy deseable que estas futuras reformas de la policía no se basasen simplemente en las meras preferencias políticas de cada partido gobernante, sino fundamentalmente en la investigación científica sobre el impacto social y la eficacia de cada uno de los posibles modelos policiales.

PRINCIPIOS CRIMINOLÓGICOS Y POLÍTICA CRIMINAL 1. La policía es un componente importante del control formal, dado que el esclarecimiento del delito y la detención inmediata probablemente disuade más que el trato judicial posterior. 2. La policía ejerce gran discreción, tomando decisiones sobre lo que será procesado como delito y lo que no. 3. Las tasas de esclarecimiento de delitos varían fuertemente según el tipo de delito, dependiendo, básicamente, de la información aportada por la víctima o testigos del hecho. 4. La disuasión policial no ocurre automáticamente como resultado del número de efectivos policiales, sino depende, en gran manera, de la colaboración entre policía y ciudadanos. 5. La policía más eficaz es la que se orienta a la solución de los problemas, lo que se basa en un fortalecimiento del control social informal y la elaboración de estrategias focalizadas a resolver problemas (delitos, desórdenes sociales) dentro del barrio en el que actúa. Utiliza un protocolo de actuación basado en cuatro pasos: Detectar el problema, Analizarlo, Responder ante el mismo y Evaluar la eficacia de la respuesta. 6. La mediación es una herramienta muy prometedora que ayuda al desarrollo de la mejor colaboración entre ciudadanos y policía, al tiempo que permite prevenir que los conflictos se desarrollen. 7. La policía puede mejorar en su capacidad técnica con buenos programas de formación que la orienten a dinamizar los recursos con los que cuenta, en particular la colaboración de los vecinos y de los profesionales de otras instituciones de asistencia. 8. El progreso en la tecnología de investigación, aunque importante, es siempre secundario a disponer de unas buenas hipótesis de investigación que nos lleven con éxito a los responsables de los delitos. Y esto implica saber recoger una buena información, hacer las preguntas correctas, y tener acceso a las personas que puedan proporcionarnos esa información. CUESTIONES DE ESTUDIO 1. Compara los datos ofrecidos en este capítulo con las teorías de la disuasión del capítulo 5 ¿En qué tipo de disuasión puede influir la actuación policial? 2. Los ciudadanos, en varias encuestas realizadas a nivel nacional, se manifiestan más satisfechos con la policía que con el Poder Judicial. ¿A qué se debe esta diferencia? 3. ¿Qué tipo de control pueden ejercer los ciudadanos sobre la policía a través de órganos democráticos? ¿Quién está representado en la Junta Local de Seguridad en tu ciudad? ¿Con qué frecuencia se reúne esta junta? ¿Qué tipo de asuntos discute? 4. ¿Tú crees que en general, en tu barrio, hay una buena relación con la policía? Si no

es así, ¿cómo podría mejorarse?

1 Datos totales de denuncias en los EE UU incluyen solamente los “index crimes”, los nueve delitos más graves según la FBI. Los datos anuales se encuentran en Sourcebook of Criminal Justice Statistics, Department of Justice. Datos europeos en Councel of Europe – crime statistics. 2 LEC Art. 283. Las tareas de la Policía Judicial están redactadas de forma diferente en la Ley Orgánica del Poder Judicial, art. 283, poco coherente con la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Herrero Herrero, 1995). 3 Agradecemos al Magistrado D. Carlos Climent la realización de este cuadro. 4 Ver http://es.wikipedia.org/wiki/Alexander_Pichushkin 5 Este tipo de estructura policial aparece bien representada en la película de Don Siegel “Harry el sucio”. 6 Documento de la Policía Local de Valencia no publicado. Ver: Proyecto Europeo Safeland - Safe Living Across European Cities. www.safelandproject.eu 7 Ver http://www.denvergov.org/Portals/374/documents/Mediation_Journal_Article_224-09.pdf

21. DELINCUENCIA JUVENIL Y JUSTICIA DE MENORES 21.1. PARTICIPACIÓN DE LOS JÓVENES EN LA DELINCUENCIA 935 21.1.1. Datos de Autoinforme 936 21.1.2. Cifras oficiales 941 21.1.3. Infracciones significativas de los jóvenes que producen mayor alarma pública 942 A) Infracciones contra la propiedad 942 B) Infracciones relacionadas con las drogas 943 C) Delitos violentos 944 D) Agresiones sexuales 944 21.1.4. Reincidencia de los jóvenes 944 21.2. INTERVENCIONES TEMPRANAS 948 21.2.1. Programas familiares 948 21.2.2. Programas infantiles individualizados 949 21.2.3. Intervenciones escolares y comunitarias 950 21.3. INTERVENCIONES CON MENORES INFRACTORES 951 21.3.1. La cuestión de la edad penal 951 21.3.2. La justicia juvenil en los países europeos 953 21.4. LA LEY ORGÁNICA DE RESPONSABILIDAD PENAL DEL MENOR (LEY 5/2000) 956 21.4.1. Medidas previstas y aplicadas 959 21.4.2. Intervenciones con menores infractores desarrollas en España 963 21.4.3. Investigación empírica 967 A) Equidad de la Ley 967 B) Desjudicialización e interés del menor 967 C) Libertad vigilada 969 D) Opinión pública: ¿Educación o castigo de los menores infractores? 972 PRINCIPIOS CRIMINOLÓGICOS Y POLÍTICA CRIMINAL 973

CUESTIONES DE ESTUDIO 974

21.1. PARTICIPACIÓN DE LOS JÓVENES EN LA DELINCUENCIA La delincuencia juvenil constituye una de las mayores preocupaciones sociales en todos los países. También es uno de los temas más investigados en Criminología, y en el que se proponen y adoptan más iniciativas legales e intervenciones preventivas. Por todas estas razones, la delincuencia juvenil y la justicia de menores requieren un análisis específico en este manual de Criminología.

21.1.1. Datos de Autoinforme Comencemos por intentar conocer la magnitud de los delitos e infracciones juveniles, para lo que nos serán útiles, en primera instancia, los análisis a partir del método de autoinforme. En una de las investigaciones pioneras realizadas en España con esta metodología, Negre y Sabaté (1991) hallaron que, de una muestra de 1.000 escolares barceloneses de 12 a 17 años, 333 (es decir, el 33,3% de ellos), se confesaban autores de algún delito. De éstos, un 21,92% habían sido detenidos por la policía, aunque solo un 1,59% de ellos habían sido presentados ante los tribunales tutelares de menores. En una investigación posterior, relativa a ciudades

españolas de más de 50.000 habitantes, Rechea, Barberet, Montañés y Arroyo (1995), evaluaron mediante una escala de auto-informe, el Questionnaire for the International Study on Self-Report Delinquency, creado por el ISRD-working group de la European Society of Criminology (Aebi, 2009), a 2.100 jóvenes, en un rango de edad entre 14 a 21 años. El 81% de los jóvenes encuestados reconoció haber realizado alguna infracción o delito a lo largo su vida, incluyendo en tales infracciones el consumo de drogas, algo que, aunque pueda constituir un correlato de riesgo para la conducta infractora (ya que en muchos casos se asocia a ella), no constituye un delito en sí. Si el análisis se centra en hechos claramente delictivos (con excepción de infracciones del código de circulación y de las ordenanzas municipales, actos de vandalismo e implicación en peleas), el porcentaje de participación se sitúa en torno al 20% de los jóvenes. Si se atiende a las posibles infracciones graves realizadas en el último año (no a lo largo de toda la vida), los porcentajes son, lógicamente, más bajos: la mayoría de las conductas delictivas no llega a una prevalencia del 3%. En un estudio de autoinforme realizado en la ciudad de Salamanca (Garrido Martín, Gómez y Heras, 2000), se aplicó el mismo cuestionario anterior, con ciertos añadidos, a una muestra de 1.051 jóvenes, varones y mujeres. Los datos tendieron a coincidir en lo esencial

con los de la investigación de Rechea et al. (1995): mientras que las conductas infractoras poco graves, como tomar alcohol (realizada “alguna vez” por el 84,6% de los jóvenes, y por un 81,5% “en el último año”), fumar marihuana (37,9%; 27,7%) o conducir sin permiso (33,5%; 15,8%), fueron relativamente frecuentes, los actos claramente antisociales, como golpear a alguien no familiar (6%; 2,5%), prender fuego (4,3%; 0,9%), robar una cartera o bolso (2%; 0,3%), o llevarse una bicicleta o moto (1,7%; 0,2%), fueron muy poco habituales. Por otra parte, se observó que el hecho de mostrar interés en las tareas escolares y manifestar el deseo de trabajar duro para obtener un título académico, eran elementos que diferenciaban a los chicos con menos comportamientos infractores de aquéllos que realizaban un mayor número de actos antisociales y delictivos. Estos datos apoyarían la perspectiva ya aludida de que los delitos oficialmente conocidos serían en realidad solo una pequeña parte de los que se cometen (Fernández Molina et al., 2009; Rutter, Giller y Haguell, 2000). En estudios internacionales se han obtenido datos semejantes a los resultados españoles que se acaban de comentar. Por ejemplo, un análisis sobre una muestra de 1.603 estudiantes daneses de educación superior, varones y mujeres, con una edad promedio próxima a 20 años, evidenció que el 98% había participado anualmente en

alguna infracción, generalmente no grave (consumo de alcohol u otras drogas, fugas del hogar, peleas…) (Gudjonsson et al., 2006). En un nuevo estudio de autoinforme, con jóvenes de 14 a 18 años, desarrollado en 2006 en desde el Centro de Investigación en Criminología de la Universidad de Castilla-La Mancha, se evaluó a 3.077 menores, en proporciones semejantes de chicos y chicas (Fernández Molina et al., 2009; Rechea, 2008). Según este informe, 13 años sería la edad en que mayoritariamente los jóvenes españoles manifiestan haber cometido su primera infracción legal, aumentando la frecuencia infractora con la edad, hasta los 17 años, siendo las infracciones más comunes las siguientes: bajar música mediante Internet (66% de la muestra), consumir bebidas alcohólicas siendo menores de edad (63%), haberse emborrachado (41%), consumir cannabis (28%), y participar en peleas (22%). Mientras que otras conductas violentas y contra la propiedad de mayor entidad que las anteriores no superan el 5%. En el cuadro 21.1 se presenta la participación autoinformada por los jóvenes de estas conductas más graves, según intervalos de edad. CUADRO 21.1. Tipo de infracciones auto-informadas por adolescentes en España, por tramos de edad

(Redondo et al., 2011, a partir de datos del informe sobre Conductas antisociales y delictivas de los jóvenes de España —Rechea, 2008—). Nota: La muestra de este estudio se conformó principalmente por jóvenes de 12 a 17 años, con excepción de algunos casos de mayores de 18 años que cursaban niveles escolares inferiores a los correspondientes a su edad (por repetir curso u otras circunstancias).

Como es bien sabido, los varones llevan a cabo un mayor número de conductas infractoras y antisociales que las mujeres. En el estudio de autoinforme de Rechea (2008; también en el estudio de autoinforme anterior, de Rechea et al., 1995) el porcentaje de chicas infractoras fue inferior al de varones en todos los comportamientos ilícitos y antisociales analizados: participar en peleas, violencia contra las personas, vandalismo, consumo y venta de drogas, y delitos contra la propiedad. Las únicas excepciones a lo anterior tuvieron que ver con el consumo de alcohol y cannabis, y con el robo en tiendas, infracciones en que el número de chicas que decían haberlas cometido fue superior al de varones. En el cuadro 21.2 puede verse la distribución por sexos de la participación en distintas conductas infractoras, correspondiendo el tono oscuro a los chicos y el más claro a las chicas. CUADRO 21.2. Porcentaje de conductas ilícitas y antisociales autoinformadas por adolescentes en España, según sexo

(Fuente: Redondo et al., 2011, a partir de datos del informe sobre Conductas antisociales y delictivas de los jóvenes de España —Rechea, 2008—)

Fernández Molina et al. (2009) contrastaron los resultados de delincuencia juvenil autoinformada obtenidos en España en los análisis de autoinforme de 1992 (Rechea et al., 1995) y de 2006 (Rechea, 2008), lo que ofrece una comparación interesante de la evolución de los delitos juveniles entre principios de los noventa y la segunda mitad de la década de los dos mil. En el cuadro 21.3 se recogen las prevalencias respectivas, para 1992 y 2006, de conductas antisociales que los jóvenes manifestaron haber cometido “alguna vez” a lo largo de su vida.

CUADRO 21.3. Comparación de la delincuencia juvenil autoinformada en España, entre 1992 y 2006: prevalencia de conductas antisociales que los jóvenes informaron haber cometido “alguna vez” a lo largo de la vida (excluido el consumo de drogas) 1992 (%) 2006 (%) Prevalencias que aumentan (significativamente) Robar en tiendas o grandes almacenes

21,9

26,5

2

4,7

Robar un coche o moto

0,3

2,1

Robar algo de un coche

0,8

4,6

Amenazar o golpear para conseguir algo

0,8

2

Venta de drogas ilegales

0,4

8,2

1

1,3

Entrar en un edificio para robar

24,2

3,6

Llevar armas

16,7

11,3

Peleas

30

26,3

Agresión que necesitó atención médica

3,7

1,8

Vandalismo

54

15,8

Robar una bici o motocicleta

Prevalencias que se mantienen Tirón Prevalencias que disminuyen (significativamente)

(Fuente: elaboración propia a partir de Fernández-Molina et al., 2009)

Como puede verse, entre 1992 y 2006 se produjo en España un cierto cambio en la topografía de los comportamientos antisociales llevados a cabo por los jóvenes. Aumentó la participación juvenil en conductas como el robo en tiendas o grandes almacenes, los robos de bicicletas, de vehículos y de objetos en el interior de

los vehículos, la venta de drogas y, ligeramente, las conductas de amenazar o golpear para conseguir algo. En cambio, se redujo sustancialmente la prevalencia del allanamiento de locales para robar, el portar armas, la implicación en peleas, las agresiones graves que requirieran atención médica, y el vandalismo. La edad media de inicio en estas conductas se situó entre 13 y 14 años. La evolución de las infracciones entre los dos periodos evaluados fue parecida a la precedente por lo que se refiere a la prevalencia informada por los jóvenes para el periodo de un año anterior a la realización de las respectivas encuestas. Si los datos anteriores se agrupan en categorías más globales (infracciones contra la propiedad, violencia contra las personas, y otras conductas antisociales), se constata una tendencia general a la disminución de las prevalencias delictivas entre 1992 y 2006.

21.1.2. Cifras oficiales A continuación se presentan distintos datos oficiales sobre las infracciones de los menores en España, referidos a menores condenados en 2011, bien por delitos o bien por faltas. En primer lugar, el cuadro 21.4 recoge el número y el porcentaje de chicas y varones condenados en función de la edad, en el rango de responsabilidad penal de los menores, que cubre el intervalo entre 14 y 17

años. CUADRO 21.4. Menores condenados según edades y sexo (año 2011) Edad

Mujeres 20%

Varones

14

321

15

413

17,5% 1.945 82,5%

16

527

16,4% 2.680 83,6%

17

547

14%

1.284

3.333

80%

86%

Total 1.808 16,4% 9.242 83,6%

(Fuente: Instituto Nacional de Estadística)

Este cuadro pone de relieve algunas cosas a las que ya se ha hecho referencia con anterioridad. Lo primero, es la evidente mayor participación de los varones en el delito, siendo autores en promedio del 83,6% de los delitos, frente a un 16,4% de participación delictiva de las mujeres. El segundo aspecto relevante es cómo, además, la participación proporcional de las chicas en la delincuencia se va reduciendo con la edad, desde un 20% a la edad de 14 años a un 14% a la edad de 17. CUADRO 21.5. Principales infracciones penales por las que son condenados los menores (año 2011) MENORES CONDENADOS TOTAL DELITOS Homicidios Lesiones

7.760

% de los delitos

14

0,18

1.065

13,7

Delitos sexuales

117

1,5

Contra la libertad (detenciones ilegales, amenazas, coacciones)

133

1,7

Delitos de tortura y contra la integridad moral

512

6,6

3.327

42,8

Sustracción de vehículos

193

2,5

Hurtos

431

5,5

Daños

472

6

Contra el orden público (atentados contra la autoridad, desórdenes públicos, tenencia de armas)

231

3

25

0,3

Contra la salud pública (tráfico de drogas)

184

2,4

Contra la seguridad vial

669

8,6

Resto

387

5

Robos

Allanamiento de morada

TOTAL FALTAS

3.290

% de las faltas

Contra las personas

1.725

52,4

Contra el patrimonio

1.422

43,2

139

4,2

4

0,1

Contra el orden público Contra los intereses generales TOTAL INFRACCIONES

11.050

(Fuente: Instituto Nacional de Estadística)

Por lo que se refiere a los delitos cometidos por los menores, el cuadro anterior refleja la mayor participación de los jóvenes en delitos contra la propiedad, tales como robos (que suponen el 42% del total), hurtos, sustracción de vehículos y daños, mientras que es más reducida su participación en delitos graves contra las personas, como

lesiones (el más frecuente, con un 13,7%), homicidios o delitos sexuales. También es relevante el porcentaje de participación en delitos contra la seguridad vial (que representan un 8,6 del conjunto) y contra la salud pública, generalmente por tráfico de drogas (un 2,4% del total). En cambio, en las faltas, que son hechos de menor gravedad, existe una preponderancia de faltas contra las personas (52,4%), seguidas de aquellas contra el patrimonio (43,2%).

21.1.3. Infracciones significativas de los jóvenes que producen mayor alarma pública A) Infracciones contra la propiedad La mayoría de las infracciones juveniles son claramente instrumentales para la obtención de gratificaciones materiales. Para algunos jóvenes, sobre todo para aquéllos pertenecientes a sectores de la población con más carencias, la finalidad de muchos hurtos y robos sería la de procurarse algunos bienes deseados o necesitados. Para otros, incluso perteneciendo a familias con acomodo suficiente, ciertas infracciones contra la propiedad comienzan a ser una manera fácil y eficaz de obtener de modo inmediato y carente de esfuerzo aquello que desean. A partir de estas consecuencias gratificantes, las conductas delictivas contra la propiedad pueden consolidarse en unos y otros.

La mayoría son delitos menores como el hurto, pero otros pueden comportar diversos grados de fuerza o violencia. En 2006 se produjeron en España 6.201 detenciones de jóvenes por robos con intimidación o con violencia, cifra que representa el 13,6% del total de las 45.550 detenciones de jóvenes acontecidas en ese año.

B) Infracciones relacionadas con las drogas Según datos del Ministerio de Sanidad y Consumo, relativos a los años 2007/2008 el 72,9% de la población española afirmaba haber ingerido alcohol durante el año precedente, un 10% haber consumido cannabis, un 3% cocaína en polvo y casi un 1% otros tipos de drogas. La edad de inicio del primer consumo de sustancias tóxicas se encuentra entre los 16 y los 20 años. Las más empleadas por los jóvenes de entre 14 y 18 años son el alcohol (81,2%), el tabaco (44,6%), el cannabis (35,2%) y los tranquilizantes o pastillas para dormir (17,3%). El consumo del resto de sustancias (cocaína, éxtasis, alucinógenos, etcétera) es muy minoritario, situándose entre el 0,5% y el 2% la proporción de consumidores habituales. Internacionalmente se estima que entre un 40% y un 60% de los delitos (especialmente los violentos) se hallan conectados con el consumo de sustancias tóxicas, tanto legales (como puede ser el alcohol) como ilegales.

En España, durante el año 2006 se efectuó un total de 490 detenciones de jóvenes, un 1% del conjunto de las detenciones de jóvenes, por delitos relativos al tráfico de drogas (frente a ello, se detuvo por estos delitos a 16.766 adultos). A lo anterior habría que sumar todas las infracciones relacionadas, de manera más o menos directa, con el consumo de drogas, como son muchos robos, agresiones, extorsiones, etcétera.

C) Delitos violentos Muchas agresiones entre jóvenes pueden ser el resultado de recíprocas provocaciones entre individuos, o bien pueden tener un carácter más bien grupal, y producirse en defensa del que consideran su propio “territorio” en el barrio, del logro de su primacía sobre un grupo rival, o en protección de sus señas de identidad frente a las agresiones de los grupos “enemigos”. También puede producirse violencia xenófoba contra extranjeros e inmigrantes, o contra grupos sociales específicos, como puedan ser travestís, indigentes u otros. En España, se detiene anualmente a algo más de doscientos jóvenes en relación con delitos de homicidio, lo que supone en torno a un 0,5% del total de las detenciones de jóvenes, y por delitos de lesión a casi tres mil jóvenes (en torno a un 6,5% del total de las detenciones). Aunque en conjunto el número de jóvenes

detenidos se redujo durante el periodo 2002-2006, hubo un aumento de las detenciones por delitos de homicidio y lesiones, del 11,57% y del 28,95% respectivamente.

D) Agresiones sexuales Los delitos sexuales corresponden a una mínima proporción de la delincuencia tanto en autores jóvenes como adultos. En 2006 se detuvo a 713 jóvenes por su presunta relación con un delito de carácter sexual, aproximadamente una décima parte de la población adulta detenida por estos mismos delitos (que ascendió a 7.809 personas). El perfil de los agresores sexuales no suele diferir mucho del de otros delincuentes juveniles agresivos y violentos: sujetos impulsivos, con bajo autoconcepto, poca tolerancia a la frustración, que menosprecian la figura femenina, con retraso en su desarrollo madurativo y con serias carencias afectivas, muy influenciables, con rasgos de agresividad física y verbal, con falta de internalización normativa y de sentimientos de culpa, y con dificultades de aprendizaje. Muchos suelen pertenecer a familias con problemas de afecto y violencia entre sus miembros, y en las que el modelo educativo ha sido de negligencia y falta de control.

21.1.4. Reincidencia de los jóvenes

Redondo, Martínez-Catena y Andrés (2011) revisaron diversos estudios españoles sobre reincidencia delictiva de los jóvenes. Por ejemplo, Bravo, Sierra, y del Valle (2007) analizaron una muestra de 382 jóvenes (327 varones y 55 chicas) que habían cumplido alguna medida judicial entre 2001 y 2003 en el Principado de Asturias. La edad media de apertura del expediente judicial por delito fue de 16,7 años para los varones, y ligeramente superior, de 17 años, para las chicas. Los delitos más frecuentes cometidos por los varones fueron robos con fuerza y, en segundo término, lesiones. En cambio, a pesar de tener una tasa mucho más baja que en los varones, los delitos más frecuentes en las chicas fueron robos con intimidación y lesiones. La tasa de reincidencia global de la muestra fue del 29,6% para un período de seguimiento de entre 1 y 4 años. Capdevila, Ferrer, y Luque (2006) analizaron en Cataluña la reincidencia delictiva, durante un periodo de seguimiento de 2 a 3 años, de una amplia muestra de 2.903 jóvenes (2.534 varones y 369 chicas) que habían cumplido diferentes medidas en justicia juvenil. El 82% de los sujetos de la muestra era de origen español. Además se tuvieron en cuenta las diferentes medidas judiciales cumplidas por los menores (mediación y reparación, asesoramiento técnico, medidas cautelares, otras medidas en medio abierto, prestaciones en beneficio

a la comunidad, libertad vigilada e internamiento). Los datos más relevantes de este estudio fueron los siguientes: 1) la edad media de apertura del expediente judicial fue de 16,05 años; 2) el 65,8% de la muestra había cometido un delito contra la propiedad, un 17,3% un delito de lesiones, un 4,3% una infracción contra la seguridad colectiva, y un 0,7% un hecho contra la libertad sexual; 3) la tasa general de reincidencia fue de 22,73%. En un análisis específico de los programas de mediación y reparación con menores infractores en Cataluña, desarrolladas en 2011, se obtuvo una tasa de reincidencia promedio del 26,1% (CEJFE, 2012). San Juan, Ocáriz, y de la Cuesta (2007, 2009) efectuaron una evaluación de las medidas en medio abierto del plan de justicia juvenil de la comunidad autónoma del País Vasco, para el periodo 2003-2004, incluyendo dicho estudio el análisis de la reincidencia delictiva y los factores asociados a ella. La tasa global de reincidencia para el conjunto de la muestra, para un periodo de seguimiento de 5 años, fue del 21,5%. Sin embargo, en un análisis más pormenorizado, se observó que aquellos jóvenes que habían cumplido medidas judiciales en medio abierto volvieron a delinquir en un 40,4%, mientras quienes habían cumplido medidas de internamiento en régimen cerrado reincidieron en un 59%. En este tipo de análisis comparativo siempre debe tenerse

presente, y así lo señalan los propios autores de este estudio (véase también Redondo, Funes y Luque, 1994), que la mayor reincidencia del grupo que había sido sentenciado a internamiento puede ser prioritariamente debida, no al tipo de medida que les fue impuesta, sino al hecho sustantivo de su mayor riesgo delictivo real (evidenciado en las infracciones más graves que habrían cometido con anterioridad). Sin embargo, San Juan et al. (2007) no hallaron, en este caso, una relación estadística significativa entre la gravedad de los primeros delitos cometidos por los jóvenes y su reincidencia posterior. Alternativamente a ello, encontraron que los dos principales predictores de la reincidencia delictiva de esta muestra fueron el fracaso escolar de los jóvenes y el tipo de medida judicial (internamiento vs. medio abierto) que les había sido inicialmente aplicada. García, Ortega, y De la Fuente (2010; Ortega, García, y De la Fuente, 2009) efectuaron un meta-análisis sobre las tasas de reincidencia (en realidad, su análisis se dirige, en términos positivos, a medir la no reincidencia, como signo de reinserción social) de los menores que habían cumplido medidas de justicia juvenil en España. La reincidencia se definió, a efectos de esta investigación, como la vuelta del menor al sistema de justicia juvenil, una vez que con anterioridad había sido sentenciado por un delito. En este meta-análisis se integraron 17 estudios

previos, publicados entre 1995 y 2008, en los que en total se había evaluado a 16.502 menores. La edad media de los sujetos era 14,68 años y en un 85,75% eran varones. La tasa promedio de no reincidencia del conjunto de estos estudios españoles, ponderada por sus correspondientes tamaños muestrales, fue de 73,88%, con una desviación típica de 11,27. Ello significa que la tasa promedio de reincidencia fue de 26,12%. Los factores de riesgo que mostraron mayor capacidad explicativa de la reincidencia fueron tener antecedentes penales familiares (R2=0,81), haber sufrido maltrato físico (R2=0,56), problemas físicos familiares (R2=0,54), carecer de trabajo (R2=0,9192), uso de violencia en el delito (R2=0,65), y tiempo de seguimiento de la reincidencia (R2=0,86). Estos datos confirman, en coherencia con la investigación internacional, la multifactorialidad de la conducta delictiva juvenil, para la que, tal y como se ha puesto de relieve a lo largo de este manual de Criminología, no pueden identificarse influencias únicas, sino que diversos factores de riesgo, de distinta naturaleza, parecen contribuir globalmente al riesgo delictivo. En un análisis más reciente, el Àrea d’Investigació i Formació Social i Criminològica (2011), del Centre d’Estudis Jurídics, ha ofrecido datos anuales de la reincidencia de los menores en Cataluña a lo largo del periodo 2005-2010, siendo especialmente interesante su

análisis diferencial de las tasas de reincidencia correspondientes a las medidas de libertad vigilada y a internamiento. Son las siguientes: CUADRO 21.6. Evolución de las tasas de reincidencia de menores infractores en Cataluña, para aquellos que cumplieron medidas de internamiento y de libertad vigilada.

(Fuente: elaboración propia a partir del Àrea d’Investigació i Formació Social i Criminológica, 2011)

En el conjunto de las investigaciones sobre reincidencia de los menores que se han revisado en este apartado, se obtuvieron también algunos resultados acerca de los correlatos o factores de riesgo más frecuentemente

asociados a la reincidencia. El cuadro 21.7 resume tanto los estudios aquí recogidos como los factores de riesgo más preponderantes. CUADRO 21.7. Algunos estudios españoles de reincidencia juvenil y correlatos principales asociados a la reincidencia Estudios

Muestra (comunidad): edad promedio

Capdevila, Ferrer y 2.903 (Cataluña): Luque (2006) 16,5 Bravo, Sierra y del Valle (2007) San Juan, Ocáriz y De la Cuesta (2007, 2009)

García, Ortega y De la Fuente (2010): Meta-análisis de 17 estudios previos

Tasa de reincidencia (años de seguimiento)

Correlatos principales asociados a la reincidencia

-Varones -Menor edad -Más riesgos 382 (Asturias): 29,6% (1-4 sociofamiliares Varones: 16,7 (antecedentes, años) Chicas: 17 patologías) -Maltrato físico Todos los jóvenes en vivir con la medio abierto en el 21,5% (5 -No familia/tener domicilio periodo 2003-2004 años) fijo (País Vasco) -Trastorno mental, hiperactividad, impulsividad, consumo de drogas -Fracaso escolar/formación/trabajo 16.502 (España): 26,12% -Amigos/pareja 14,68 años (86% (Sd=11,27) delincuentes varones) -Más antecedentes/delitos violentos -Experiencia de internamientos 22,7%

(Fuente: elaboración propia a partir de Redondo et al., 2011)

21.2. INTERVENCIONES TEMPRANAS

Loeber et al. (2011) revisaron las intervenciones terapéuticas y preventivas tempranas llevadas a cabo con menores, en etapas previas a la actuación formal de la justicia juvenil, o de manera paralela y combinada con la intervención de dicho sistema (Farrington, 2012).

21.2.1. Programas familiares Para prevenir la conducta delictiva posterior, se han desarrollado diversas intervenciones familiares tempranas, durante la infancia, entre las que se encuentran las siguientes: visitas domiciliarias especializadas, generalmente de una enfermera, al efecto de la mejora del cuidado de niños pequeños en contextos familiares de riesgo; programas de enriquecimiento intelectual en edad preescolar; y entrenamiento paterno en crianza infantil. Diversos resultados confirman la eficacia preventiva de programas de esta naturaleza. Por ejemplo, Welsh et al. (2012) examinaron, en el marco del Elmira Nurse Family Partnership Program, en el Estado de Nueva York, la utilidad de una educación infantil mejorada, a partir de visitas domiciliarias efectuadas por una enfermera desde la etapa del embarazo de la madre a los primeros años de vida del niño. Se constató que, a la edad de 15 años, los hijos de madres de alto riesgo que habían recibido visitas domiciliarias habían sido detenidos un número de veces significativamente menor que los sujetos del grupo

control (cuyas madres no recibieron dichas visitas). Un seguimiento posterior de estos jóvenes, a la edad de 19 años, halló también que las hijas (aunque no los hijos varones) cuyas madres habían recibido visitas domiciliarias, contaban con menos detenciones y condenas. A pesar de ello, en este estudio no se evaluó específicamente si los niños que recibieron la intervención temprana cometieron menos delitos durante su etapa, algo posterior, como jóvenes-adultos.

21.2.2. Programas infantiles individualizados También se han llevado a cabo intervenciones infantiles tempranas, algunas de las cuales han mostrado, en contraste con los grupos de control sin tratamiento, reducciones significativas de la conducta antisocial, que se mantuvieron parcialmente hasta la edad adulta. Welsh et al. (2012) destacaron los resultados obtenidos por un programa de intervención temprana denominado Proyecto de Desarrollo Social de Seattle, que combinaba entrenamiento de padres, formación del profesorado, y entrenamiento en habilidades a los niños a partir de la edad de seis años. A la edad de 27 años, el grupo de intervención puntuó significativamente más alto en nivel educativo y económico, salud mental y salud sexual, aunque no en abuso de sustancias y conducta delictiva (Hawkins et al., 2008).

Un meta-análisis sobre treinta y cuatro programas dirigidos a favorecer el autocontrol, en niños de hasta 10 años de edad, evidenció una mejora significativa del autocontrol y una reducción relevante de la conducta delictiva (Piquero, Jennings, y Farrington, 2010). El autocontrol es moldeable, al menos parcialmente, y su mejora produce beneficios a largo plazo. Sin embargo, resulta menos claro hasta qué punto la mejora del autocontrol se asocia a una maduración cerebral acelerada, a una más rápida superación de la impulsividad y las conductas de búsqueda de sensaciones durante la adolescencia, a un descenso individual de la curva de edad del delito, y a un acortamiento de la curva edaddedito durante la edad adulta temprana.

21.2.3. Intervenciones escolares y comunitarias Algunas intervenciones basadas en la mejora del control escolar, aunque no todas, ha producido reducciones del comportamiento delictivo durante la transición entre la adolescencia y la etapa adulta temprana. No obstante, se requieren más investigaciones para conocer cuáles son los programas escolares y, especialmente, comunitarios, más eficaces (por ejemplo, Comunidades que cuidan — Communities That Care—, intervenciones de orientación y otras). Programas de empleo, como el denominado en Estados Unidos Corporaciones de empleo (Job Corps),

son en general eficaces en la reducción de los delitos cometidos por jóvenes-adultos. Tres tipos de intervenciones integradoras, que concitan elementos individuales, familiares y comunitarios, son la Terapia multisistémica (MST), el Tratamiento enfocado a supervisar el proceso de crianza infantil (TTFC), y la Terapia familiar funcional (FFT), todas las cuales han mostrado eficacia para reducir la reincidencia en la edad adulta temprana. La terapia multisistémica (MST) fue concebida por Henggeler y sus colaboradores (Edwards, Schoenwald, Henggeler, y Strother, 2001; Henggeler y Borduin, 1990), a partir de interpretar el desarrollo infantil bajo la influencia de las diferentes capas ambientales —familia, escuela, instituciones del barrio, grupos religiosos, sociedad— que se van solapando. Se considera que los individuos “anidan” entre todos estos sistemas interrelacionados (individual, familiar, extrafamiliar y de los amigos), los cuales influyen sobre su desarrollo y su comportamiento de maneras recíprocas. En estos diversos sistemas existirían tanto factores de riesgo como factores de resistencia o fortalecimiento (Edwards et al., 2001). Desde esta perspectiva, se interpreta que los problemas de conducta se mantendrían debido a la aparición de transacciones problemáticas, ya sea específicamente en uno de estos sistemas o bien en alguna de sus posibles

combinaciones. Las intervenciones propuestas por la terapia multisistémica se desarrollan en la propia familia, o en las interacciones de ésta con los otros sistemas relacionados (escuela, grupo de amigos, barrio y comunidad más amplia) (Littell, 2005). La terapia multisistémica utiliza todas aquellas técnicas terapéuticas que han mostrado mayor eficacia empírica con delincuentes juveniles, es decir, técnicas esencialmente cognitivo-conductuales (véase con más detalle en el capítulo 23): reforzamiento, modelado, reestructuración cognitiva, control emocional, etcétera. Al igual que otras terapias familiares, la terapia multisistémica se aplica en lugares de conveniencia de las familias (la propia casa, la escuela, una iglesia, un local del barrio), con la finalidad de facilitar al máximo la participación de los miembros familiares (Edwards et al., 2001). La terapia implica contactos intensivos y frecuentes, a veces diarios, y cada terapeuta se encarga de entre 4 y 6 familias. Durante los últimos años ha habido numerosas evaluaciones de la terapia multisistémica, que han obtenido los mejores resultados existentes hasta el momento en el tratamiento de los delincuentes juveniles y de otros problemas de conducta tales como adicción a drogas (Cullen y Gendreau, 2006; Schoenwald, Heiblum, Saldana, y Henggeler, 2008; Welsh et al., 2012). En un experimento aleatorio, en el que se efectuó un

seguimiento a largo plazo de los sujetos entre las edades de 14 y 28 años, Schaeffer y Borduin (2005) mostraron que los participantes en Terapia multisistémica claramente presentaron menores tasas de reincidencia (50% vs. 81%), incluida una menor proporción de nuevas detenciones por delitos violentos (14% vs. 30%), y menor tiempo de internamiento en centros de adultos. Según lo visto en este epígrafe, existen múltiples intervenciones comunitarias tempranas, fuera del sistema de justicia, susceptibles de reducir la reincidencia de los jóvenes y evitar su persistencia delictiva.

21.3. INTERVENCIONES CON MENORES INFRACTORES 21.3.1. La cuestión de la edad penal Loeber et al. (2011) sintetizaron diversas características susceptibles de diferenciar a los menores infractores, en relación con los delincuentes adultos, y que, por ello, deberían ser tomadas en cuenta a la hora de adoptar decisiones judiciales relativas a los jóvenes que han infringido las normas penales (véase cuadro 21.8). CUADRO 21.8. Características de los menores que pueden ser relevantes para las decisiones judiciales 1. Que el menor tenga una madurez de juicio reducida. 2. Que presente una capacidad limitada para tomar decisiones frente a las oportunidades delictivas que se le presentan.

3. Pobre funcionamiento ejecutivo, del razonamiento, pensamiento abstracto, y planificación. 4. Mayor susceptibilidad a la influencia de gratificaciones inmediatas que al influjo de posibles consecuencias indeseables a largo plazo. 5. Pobre control de impulsos, menor propensión a asumir riesgos, y mayor tendencia a cometer delitos por diversión más que en función de decisiones racionales. 6. Menor estabilidad de los hábitos delictivos, mayor moldeabilidad, mayores posibilidades de recuperación. 7. Menor culpabilidad, responsabilidad disminuida, menos merecedor de castigo. 8. Pobres emocionabilidad y autorregulación. 9. Menor capacidad para la evitación del propio daño. 10. Menor capacidad para comunicarse con abogados, tomar decisiones legales, comprender y participar en los procedimientos legales y en el juicio oral. 11. Mayor susceptibilidad a la influencia de los compañeros.

(Fuente: Loeber et al., 2011)

Según pusieron de relieve Stouthamer-Loeber et al. (2008) y Le Blanc y Fréchette (1989), el hecho jurídico de la mayoría de edad a los 18 años resulta poco relevante para los procesos de desistencia delictiva. En realidad, muchos delincuentes juveniles, incluidos los que ya han sido procesados o sentenciados, suelen dejar de delinquir, de forma natural, en edades algo posteriores a los 18 años. Según ello, el procesamiento y condena de estos jóvenes por el sistema de justicia criminal, al inicio de la primera edad adulta (18-20 años), probablemente contribuye a alargar sus carreras delictivas, más que a acortarlas. Como ya se vio, una proporción relevante de delincuentes (de alrededor del 10-30%) comenzaría a delinquir durante la primera edad adulta (Piquero et al., 2012), siendo dicha proporción mayor si se atiende a

cifras oficiales de delincuencia que a datos de autoinforme, dado que muchos delitos juveniles autoinformados no aparecen en los registros oficiales. Por ejemplo, una investigación en la que se combinaban datos de auto-informe y oficiales, a partir del Estudio de la Juventud de Pittsburgh (PYS) (Stouthamer-Loeber, 2010), obtuvo que solo el 3,5% de los varones había tenido una carrera delictiva entre moderada y grave en la franja de edad de 20 a 25 años, y una proporción suplementaria del 5,4% había cometido delitos entre moderados y graves en el periodo de 17 a 19 años. Sin embargo, estos porcentajes también dependen considerablemente del criterio de delincuencia que se adopte. Si se incluyen los delitos menos graves, lógicamente aumenta el porcentaje de quienes pueden ser considerados delincuentes de inicio adulto. Por ejemplo, Blokland y Palmen (en prensa) evaluaron una muestra de sujetos detenidos por la policía, pero no condenados por delito. A partir de este criterio hallaron que casi la mitad de los detenidos jóvenes-adultos no tenía antecedentes delictivos juveniles, resultado que es concordante con el obtenido por Blumstein et al. (1986). No obstante, Zara y Farrington (2010) encontraron que un 23% de los delincuentes de hasta una edad de 50 años había sido condenado por primera vez después de la edad de 21 años. Es decir, existe una amplia gama de estimaciones acerca de la prevalencia de inicio tardío en la

delincuencia.

21.3.2. La justicia juvenil en los países europeos En los países europeos existen grandes diferencias en relación con las medidas legales previstas para los jóvenes delincuentes (Killias, Redondo, y Sarnecki, 2012). En España, y en la mayor parte de los estados europeos, la edad de responsabilidad penal juvenil se sitúa en 14 años, momento a partir del cual el joven infractor entra en el sistema de justicia juvenil. No obstante, hay países en que la responsabilidad penal juvenil puede iniciarse a los 8 o 10 años (así sucede en Chipre, Grecia, Suiza y Reino Unido), mientras que en otros se eleva a 16 años e, incluso, a 18. Igualmente la edad de responsabilidad penal completa, en que debe aplicarse la ley penal adulta (que en general se sitúa en torno a los 18/21 años) es muy heterogénea entre países. Por ejemplo, las legislaciones de Dinamarca, Finlandia, Islandia y Noruega establecen que los jóvenes mayores de 14 o 15 años puedan ser juzgados como adultos. En cambio, las normas de Alemania y Austria permiten que jóvenes de 18 y 20 años sean sentenciados bajo el sistema de justicia juvenil. Desde una perspectiva europea comparada, es también relevante la duración total máxima de las medidas de control juvenil que pueden imponerse a los menores infractores (sumados los tiempos correspondientes a

posibles medidas sucesivas, tales como medidas cautelares, internamiento, libertad vigilada, supervisión comunitaria, etcétera). En el cuadro 21.9 se presenta, para 31 países europeos, el máximo de meses que los jóvenes pueden estar sometidos al control de la justicia juvenil. La primera columna del cuadro, en la que aparecen los países, permite comprobar, a partir de los paréntesis debajo de algunos de ellos, que, de los treinta y un países comparados, solo cinco permiten la aplicación de medidas a menores de 14 años (Francia, Georgia, Holanda, Italia y Turquía). En relación con la franja de edad de 14 a 15 años (segunda columna del cuadro), la duración máxima del control judicial juvenil es muy heterogénea: en seis países (Bélgica, Croacia, Escocia, Eslovenia, Irlanda del Norte y Portugal) dicho control no está previsto legalmente; en los restantes, las duraciones totales de las medidas impuestas a los menores pueden oscilar entre un mínimo de 3 meses (Islandia) y un máximo de 360 meses (Italia y Turquía); por último, Inglaterra y Gales prevén la posibilidad legal de control juvenil indefinido. En lo referido a la franja de edad de 16 a 17 años (tercera columna del cuadro), la duración máxima de las medidas juveniles aplicables oscila, para la mayoría de los países, entre un mínimo de 3 meses (en Islandia) hasta un máximo de 360 meses (para los casos de Eslovenia, Italia

y Turquía). Además, cuatro países prevén la posibilidad de control juvenil indefinido (Bélgica, Escocia, Francia, e Inglaterra y Gales). En esta comparación entre países europeos, España se situaría en un sector intermedio por lo que se refiere a las duraciones máximas previstas para el control judicial de los menores infractores (incluyendo los casos más graves de participación en delitos de terrorismo y de comisión de varios delitos): 108 meses para menores de 14 a 15 años, y 216 meses para los de 16 a 17 años. CUADRO 21.9. Duración máxima de las medidas aplicadas (en meses) a los menores infractores bajo el sistema de justicia juvenil País

Menores de 14 a 15 años

Menores de 16 a 17 años

Albania

150 meses

150 meses

Alemania

120 meses

120 meses

Armenia

84 meses

120 meses

Austria

120 meses

180 meses

Bélgica

imposibilidad legal de posibilidad de procesamiento internamiento indefinido

Bulgaria

120 meses

Croacia

imposibilidad legal de 120 meses procesamiento

Dinamarca

96 mesesa

Escocia

imposibilidad legal de posibilidad de procesamiento internamiento indefinido

Eslovaquia

72 meses imposibilidad legal de

120 meses

96 meses

132 meses

Eslovenia

procesamiento

360 meses

España

108 mesesb

216 meses

Estonia

120 meses

120 meses

Finlandia

144 mesesc

144 meses

Francia (posibilidad de 240 mesesd internamiento hasta 240 meses)

posibilidad de internamiento indefinido

Georgia (posibilidad de hasta 120 meses)

internamiento 120 meses

180 meses

240 meses

240 meses

Grecia Holanda (posibilidad de hasta 12 meses)e

internamiento 12 meses

24 meses

Hungría

180 mesesf

Inglaterra y Gales

posibilidad de posibilidad de internamiento indefinido internamiento indefinido

Irlanda del Norte

imposibilidad legal de 48 meses procesamiento

Islandia

3 mesesh

Italia (posibilidad de hasta 12 meses)

240 mesesg

3 meses

internamiento 360 meses

360 meses

Polonia

300 mesesi

300 meses

Portugal

imposibilidad legal de 36 meses procesamiento

Rep. Checa

120 mesesj

120 meses

Rusia

120 meses

120 meses

Suecia

48 mesesk

48 meses

Suiza

12 mesesl

48 meses

Turquía

(posibilidad de hasta 144 meses)

internamiento 360 mesesm

Ucrania

180 meses

360 meses 180 meses

Para jóvenes de 15-17 años En delitos de terrorismo y si el menor es responsable de más de un delito c Para jóvenes de 15-17 años d Duración máxima de las medidas de internamiento para jóvenes de 13-16 e Duración máxima de las medidas de internamiento para jóvenes de 12-15 f En caso de acumulación de medidas g En caso de acumulación de medidas h Desde los 15 años i Desde los 15 años j Para jóvenes de 15-17 años k Desde los 15 años l Para jóvenes de 15 años m Si el joven ha sido procesado bajo ley del terror (jóvenes menores de 15 años no pueden ser procesados bajo esta ley) a

b

(Fuente: Killias et al., 2012)

Según Killias et al. (2012), en Europa coexistirían dos sistemas de justicia juvenil bien distintos, entre los que España ocuparía una posición intermedia. Por un lado, algunos países tienen un sistema más duro y punitivo, permitiendo la ejecución de medidas muy largas con jóvenes infractores mayores de 16 años o, incluso, la aplicación de la ley penal adulta. Contrariamente, otro conjunto de países dispone de un sistema de justicia juvenil con medidas más cortas y orientadas a la resocialización y educación de los menores.

21.4. LA LEY ORGÁNICA RESPONSABILIDAD PENAL MENOR (LEY 5/2000)

DE DEL

Investigadores y profesores del Centro de Investigación en Criminología de la Universidad de Castilla-La Mancha: de izquierda a derecha: David Vazquez Morales, Raquel Bartolomé Gutiérrez, Cristina Rechea Alberola (Directora), Esther Fernández Molina, Gloria Fernández-Pacheco Alises, Eva Aizpurua González, y Pilar Tarancón Gómez. El Centro de Investigación en Criminología tiene como líneas principales de investigación la delincuencia juvenil, cuestiones de género y victimación, justicia de menores y percepciones y actitudes hacia el castigo. El Centro ofrece un Master Oficial y un Doctorado en Criminología y Delincuencia Juvenil.

Pocos ámbitos han sido tan controvertidos en la

Criminología aplicada española de estos últimos años como el sistema de justicia juvenil. Prácticamente, desde que se aprobó en el año 2000 la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor (en adelante, LORPM), empezaron a surgir críticas feroces sobre ella, en el sentido de que se trataba de una ley blanda y, por otro lado, no contaba con los necesarios recursos económicos para su puesta en práctica. En realidad, la nueva ley tenía muy poco de blanda, pero probablemente esto no se supo explicar de modo adecuado, y, para solventar su supuesta debilidad punitiva, antes de que entrara en vigor, el Gobierno ya había incrementado la sanción máxima en centro cerrado, para el sector de edad juvenil de 16 y 17 años, de cinco a ocho años. Antes, con el código penal que precedió al vigente de 1995, los mayores de 16 años tenían responsabilidad penal plena e ingresaban en prisión, pero la redención de penas por el trabajo, que entonces existía, favorecía que en general un delincuente juvenil de 16-18 años cumpliera penas de prisión inferiores a ocho años. La diferencia simbólica entre la precedente situación y la nueva, probablemente radicaba en que el público, al oír las palabras “prisión” o “cárcel”, automáticamente pensaba en algo mucho más duro, mientras que cuando oía “reformatorio” imaginaba una especie de casa de colonias recreativas. Lo anterior no se corresponde en absoluto con la

realidad. Un centro de menores no es, desde luego, una colonia de vacaciones estivales, pero tampoco debería pretenderse que se asemejara a una cárcel, sino que fuera algo mejor, pensado para jóvenes en pleno proceso de desarrollo y socialización. En este apartado se describirá la justicia de menores, en lo relativo a las medidas previstas por la ley, las principales intervenciones aplicadas con jóvenes infractores, y las evaluaciones sobre lo hecho hasta ahora. La Ley de Responsabilidad Penal del Menor (ley 5/2000) actualmente en vigor hace referencia a la responsabilidad jurídica de los menores por delitos que puedan cometer. Dentro del concepto menores se incluye a aquellos jóvenes que se hallan en la franja de edad que va desde 14 a 18 años1. Esta ley amplió considerablemente la gama de medidas judiciales que podían imponerse a los jóvenes menores de edad, destacando entre ellas la asignación de tareas socioeducativas coherentes con las necesidades de cada menor, y la exigencia legal de que toda medida de internamiento fuera seguida de un período en libertad vigilada (Barquín y Cano Paños, 2006). Afirmaba la ley en su exposición de motivos (punto 6) que “…la redacción de la presente Ley Orgánica ha sido conscientemente guiada por los siguientes principios generales: naturaleza formalmente penal pero

materialmente sancionadora-educativa del procedimiento y de las medidas aplicables a los infractores menores de edad, reconocimiento expreso de todas las garantías que se derivan del respeto de los derechos constitucionales y de las especiales exigencias del interés del menor, diferenciación de diversos tramos de edad a efectos procesales y sancionadores en la categoría de infractores menores de edad, flexibilidad en la adopción y ejecución de las medidas aconsejadas por las circunstancias del caso concreto, competencia de las entidades autonómicas relacionadas con la reforma y protección de menores para la ejecución de las medidas impuestas en la sentencia y control judicial de esta ejecución”. En el punto 7 se explicaba esa doble condición de ley sancionadora y educativa: “La presente Ley Orgánica tiene ciertamente la naturaleza de disposición sancionadora, pues desarrolla la exigencia de una verdadera responsabilidad jurídica a los menores infractores, aunque referida específicamente a la comisión de hechos tipificados como delitos o faltas por el Código Penal y las restantes leyes penales especiales. Al pretender ser la reacción jurídica dirigida al menor infractor una intervención de naturaleza educativa, aunque desde luego de especial intensidad, rechazando expresamente otras finalidades esenciales del Derecho penal de adultos, como la proporcionalidad entre el hecho

y la sanción o la intimidación de los destinatarios de la norma, se pretende impedir todo aquello que pudiera tener un efecto contraproducente para el menor, como el ejercicio de la acción por la víctima o por otros particulares”. Y es que en el Derecho penal de menores debían de primar, como elemento determinante del procedimiento y de las medidas que se adoptasen, el “superior interés del menor”. Y en este punto es donde entra en juego la importancia de los conocimientos criminológicos, ya que tal “interés ha de ser valorado con criterios técnicos y no formalistas por equipos de profesionales especializados en el ámbito de las ciencias no jurídicas, sin perjuicio (…) de adecuar la aplicación de las medidas a principios garantistas generales (…)”.

21.4.1. Medidas previstas y aplicadas Las principales medidas que se pueden imponer a un menor que ha cometido un delito son las siguientes: 1. Internamiento en régimen cerrado. Los jóvenes sometidos a esta medida residirán en un centro de menores y desarrollarán en el mismo las convenientes actividades formativas, educativas, laborales y de ocio. 2. Internamiento en régimen semiabierto. En este tipo de medida, los menores residirán en el centro, pero podrán realizar, fuera del mismo, actividades formativas,

educativas, laborales y de ocio, de acuerdo con el programa individualizado de ejecución de la medida. Así pues, la realización de tales actividades fuera del centro quedará condicionada a la evolución seguida por el individuo y al cumplimiento de los objetivos previstos en las mismas. 3. Internamiento en régimen abierto. Quienes se hallen en esta medida llevarán a cabo todas las actividades del proyecto educativo en los servicios normalizados del entorno, residiendo en el centro como domicilio habitual, con sujeción al programa y régimen interno del mismo. 4. Internamiento terapéutico en régimen cerrado, semiabierto o abierto. En estos centros se realizará una atención educativa especializada o tratamiento específico, destinado a jóvenes que padezcan anomalías o alteraciones psíquicas, dependencia de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas o sustancias psicotrópicas, o alteraciones graves de la conciencia de la realidad. 5. Tratamiento ambulatorio. Los menores sometidos a esta medida deberán asistir al centro designado, con la periodicidad requerida, y seguir las pautas fijadas para el tratamiento de la anomalía o alteración psíquica, adicción al consumo de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas o sustancias psicotrópicas, o alteraciones en la percepción que padezcan. 6. Asistencia a un centro de día. Los menores a

quienes se aplique esta medida residirán en su domicilio habitual y acudirán a un centro, plenamente integrado en la comunidad, a realizar actividades de apoyo, educativas, formativas, laborales o de ocio. 7. Permanencia de fin de semana. Esta medida obliga al joven a permanecer en su domicilio o en un centro hasta un máximo de treinta y seis horas entre la tarde o noche del viernes y la noche del domingo, a excepción del tiempo dedicado a las tareas socio-educativas asignadas por el Juez que deban llevarse a cabo fuera del lugar de permanencia. 8. Libertad vigilada. Implica el seguimiento de la actividad del menor y su asistencia a la escuela, centro de formación profesional o lugar de trabajo que se establezca, con la finalidad de contribuir a superar los factores que determinaron la infracción cometida. Asimismo, esta medida obliga a seguir las pautas socioeducativas que se señalen de acuerdo con el programa de intervención aprobado por el Juez. Asimismo, la persona sometida a libertad vigilada queda obligada a mantener entrevistas periódicas con el profesional o profesionales bajo cuya tutela se encuentra, y a cumplir las reglas de conducta impuestas por el Juez, que podrán ser algunas de las siguientes: • Obligación de asistir con regularidad al centro docente correspondiente.

• Obligación de someterse a programas de tipo formativo, cultural, educativo, profesional, laboral, de educación sexual, de educación vial u otros similares. • Prohibición de acudir a determinados lugares, establecimientos o espectáculos. • Prohibición de ausentarse del lugar de residencia sin autorización judicial previa. • Obligación de residir en un lugar determinado. • Obligación de comparecer personalmente ante el Juzgado de Menores o profesional que se designe, para informar de las actividades realizadas y justificarlas. • Cualesquiera otras obligaciones que el Juez estime convenientes para la reinserción social del sentenciado. 9. La prohibición de aproximarse o comunicarse con la víctima o con aquellos de sus familiares u otras personas que determine el Juez. Esta medida impedirá al menor acercarse a ellos, en cualquier lugar donde se encuentren, así como a su domicilio, a su centro docente, a sus lugares de trabajo y a cualquier otro que sea frecuentado por ellos. 10. Convivencia con otra persona, familia o grupo educativo. El joven sometido a esta medida deberá convivir, durante el período de tiempo establecido por el

Juez, con otra persona, con una familia distinta a la suya o con un grupo educativo, adecuadamente seleccionados para orientarle en su proceso de socialización. 11. Prestaciones en beneficio de la comunidad. La persona sometida a esta medida, que no podrá imponerse sin su consentimiento, ha de realizar las actividades no retribuidas que se le indiquen, de interés social o en beneficio de personas en situación de precariedad. 12. Realización de tareas socio-educativas. En este caso el menor ha de realizar, sin internamiento ni libertad vigilada, actividades específicas de contenido educativo, encaminadas a facilitarle el desarrollo de su competencia social. 13. Amonestación. Consiste en una reprensión del menor, llevada a cabo por el Juez de Menores, y dirigida a hacerle comprender la gravedad de los hechos cometidos y las consecuencias negativas que los mismos han tenido o podrían haber tenido, instándole a no volver a realizar dichas conductas en el futuro. 14. Privación del permiso de conducir ciclomotores y vehículos a motor, o del derecho a obtenerlo, o de las licencias administrativas para caza o para uso de cualquier tipo de armas. Esta medida podrá imponerse como accesoria, cuando el delito o falta se hubiere cometido utilizando un ciclomotor o un vehículo a motor, o un arma, respectivamente.

15. Inhabilitación absoluta. La medida de inhabilitación absoluta produce, sobre el que recayere, la privación definitiva de todos los honores, empleos y cargos públicos que pudiera tener, incluidos posibles cargos electivos, así como la incapacidad para obtener los mismos, o para ser elegido para cargo público, durante el tiempo de la medida. En la cuadro 21.10 se muestra el total de medidas que fueron ejecutadas en 2008 en España y la tasa correspondiente por cada 100.000 menores de la población. CUADRO 21.10. Total de medidas juveniles que fueron ejecutadas o estaban en ejecución en 2008 Total 2008 MEDIDAS PREVISTAS EN EL ART. 7 (LRPM)

Tasas / 100.000

38.531

1033,4

Internamiento régimen cerrado

1.285

34,5

Internamiento régimen semiabierto

4.068

109,1

150

4,1

Total de internamientos

5.503

147,6

Internamiento terapéutico

589

15,8

1.450

38,9

347

9,6

1.438

38,6

17.251

462,7

399

15,5

Internamiento régimen abierto

Tratamiento ambulatorio Asistencia centro de día Permanencia de fin de semana Libertad vigilada Prohibición de aproximarse a la víctima

Convivencia con otra persona, familia u otro grupo educativo

589

15,8

Prestaciones en beneficio a la comunidad

7.964

213,6

Realización de tareas socioeducativas

2.672

71,7

Amonestación

171

15,5

Privación de permiso de conducir

158

15,4

0

0,0

Inhabilitación absoluta

(Fuente: Redondo et al., 2011, a partir de la Estadística básica de medidas impuestas a los menores infractores —datos 2008—, Dirección General de Política Social, de las Familias y de la Infancia del Ministerio de Sanidad y Política Social, 2010).

En el cuadro 21.11, todas las anteriores medidas se han agrupado en tres grandes categorías, en función de su naturaleza: punitivas, comunitarias y socioeducativas. CUADRO 21.11. Medidas penales juveniles ejecutadas en España en 2008

(Fuente: Redondo et al., 2011, a partir de la Estadística básica de medidas

impuestas a los menores infractores —datos 2008—, Dirección General de Política Social, de las Familias y de la Infancia del Ministerio de Sanidad y Política Social, 2010). Nota: Las medidas punitivas incluyen el total de los internamientos más los internamientos terapéuticos y la prohibición de aproximarse a las víctimas. Las medidas socioeducativas incorporan la convivencia en otro grupo educativo, las prestaciones en beneficio de la comunidad y las tareas socioeducativas. Y las medidas comunitarias aglutinan el resto de las medidas aplicadas.

Como puede verse, en la Justicia de menores existe, en consonancia con la naturaleza educativa de la LRPM, un predominio en la aplicación de medidas comunitarias, seguidas de las intervenciones socioeducativas, y una menor proporción de medidas de un cariz más punitivo, tales como los internamientos.

21.4.2. Intervenciones con menores infractores desarrollas en España Más allá de las medidas formales o legales ejecutadas con los menores infractores, es importante también conocer cuáles son las intervenciones y programas específicos que se llevan a cabo con ello. Según datos de los servicios de justicia juvenil de las distintas comunidades autónomas españolas, que fueron recogidos y sintetizados por Redondo et al. (2011, 2012), en España se realizan muy diversas intervenciones educativas y tratamientos con infractores juveniles, que pueden clasificarse en las siguientes siete categorías principales:

1) intervenciones educativas y escolares, 2) prelaborales y laborales, 3) educación psicosocial, 4) intervenciones psicoterapéuticas y tratamientos, 5) intervenciones en salud y trastornos mentales, 6) ocio y tiempo libro, y 7) intervenciones con menores y sus familias. En el cuadro 21.12 se recogen, a continuación, dichas categorías de intervención, las actuaciones y programas aplicados en el marco de cada categoría, así como una hipótesis de Redondo et al. (2011) acerca de aquellos factores de riesgo con los que dichas actuaciones podrían guardar una relación más estrecha. CUADRO 21.12. Actividades e intervenciones desarrolladas en el sistema de Justicia juvenil español con los menores infractores Categorías de las intervenciones

Factores de riesgo frecuentes en delincuentes juveniles, que podrían estar relacionados con las intervenciones que se efectúan

Actividades desarrolladas

Cursos de neolectores y alfabetización Cursos de formación reglada 1) Actividades Talleres de alfabetización educativas y castellano para extranjeros escolares Talleres de escritura Taller de fomento de la lectura Taller de nuevas tecnologías

de

Déficit en habilidad lectora Bajo rendimiento académico Desvinculación/ fracaso y escolar Absentismo escolar Abandono de la escuela secundaria

Talleres prelaborales y cursos de formación ocupacional: carpintería, informática, albañilería, jardinería… Programa de experiencias profesionales para el empleo: visita de empresas, entrevistas a Déficit

en

aspiraciones

2) Actividades profesionales, prácticas prelaborales y profesionales… laborales Programa de orientación e inserción laboral Talleres de técnicas de búsqueda de empleo Habilidades sociales específicas para el empleo Planes ocupacionales

laborales Muchos cambios de puesto de trabajo Desempleo frecuente

Capacitación doméstica Programa “Ahórrate la cárcel” Prevención violencia de género Relaciones interpersonales (habilidades sociales, comunicación, autocontrol, resolución de problemas interpersonales, responsabilización del delito, 3) Actividades violencia…) de educación Educación afectivo sexual psicosocial Prevención de violencia familiar Educación maternal Seguridad vial Prevención de drogodependencias Prevención conductas violentas Prevención conductas xenófobas Cuidado de animales Dilema moral y valores

Hostilidad e irritabilidad Impulsividad Propensión a mentir y engañar Acoso a otros Bajas habilidades interpersonales Falta de empatía/ altruismo Locus de control externo Creencias y actitudes favorables al comportamiento antisocial (y de neutralización de culpa) Déficit de razonamiento moral Déficit en role-taking y roleplaying Bajos autoestima/ autoconcepto

Programa específico maltrato familiar Tratamiento sustancias tóxicas Programa manejo de la agresividad Programa manejo de la hiperactividad Programa control de impulsos y habilidades sociales Programa específico delitos de agresión sexual 4) Programa específico delitos de Intervenciones Mismos factores de riesgo violencia familiar psicoterapéuticas Programa específico para menores anteriores (consolidados)

y tratamientos

sometidos a medidas de larga duración por delitos graves y de alarma social Programa de tratamiento basado en el Sistema de Créditos Positivos/Negativos Programa de mediación y resolución de conflictos Programa de gestión del riesgo de reincidencia

Educación para la salud: primeros auxilios, hábitos higiénicos y dietéticos, creencias sobre el consumo de tabaco, alcohol y otras drogas 5) Actividades e Revisiones médicas intervenciones Tramitación de tarjetas sanitarias en salud y Tratamiento de patologías físicas del trastornos menor mentales Tratamiento y prevención de trastornos mentales: depresión, ansiedad, enuresis, otros trastornos mentales, drogodependencias, etc. Trastornos sexuales Taller prevención VIH

Problemas de atención Trastorno de estrés posttraumático Esquizofrenia Tendencias suicidas Déficit de atención con hiperactividad

Programa de optimización del tiempo de ocio Tiempo libre organizado (actividades culturales, deportivas, sociabilidad, etc.) y tiempo libre no 6) Actividades organizado (limitaciones en de ocio y tiempo horarios, amistades y lugares, etc.) libre Taller educación física y deportiva Visitas a diferentes salas de ocio y fiestas Relación con el grupo Juegos y lectura

Pocos amigos Amigos delincuentes Pertenencia a una banda juvenil Tendencia al aburrimiento Búsqueda de nuevas experiencias y sensaciones

Promover la implicación de la familia Programa de apoyo familiar

Programa de atención a conductas violentas dentro del ámbito familiar Sesiones diseñadas para la mejora 7) Actividades e de las relaciones paterno-maternointervenciones filiales con los menores Intervención con grupos de padres y y sus familias madres Programa de entrenamiento a padres y madres Intervención sobre las relaciones intrafamiliares (conflictividad, fugas, comunicación, etc.) Expresión de las emociones y sentimientos

Bajos ingresos familiares Dependencia social Familias monoparentales Familias numerosas e incompetencia parental Tensión Desacuerdo familiar Conflicto entre padres e hijos Maltrato del niño Crianza inconsistente/ punitiva/ abandono/ rechazo

(Fuente: Redondo, Martínez-Catena y Andrés, 2012)

21.4.3. Investigación empírica La investigación de la delincuencia juvenil, y en particular del funcionamiento y posible eficacia de la ley de menores, ha suscitado un creciente interés en Criminología.

A) Equidad de la Ley Por ejemplo, Pérez Jiménez (2005) analizó el funcionamiento del sistema de justicia juvenil a partir de la teoría del etiquetado o labelling approach. Su punto de partida, o hipótesis, fue la siguiente: “Considero que en el procedimiento penal de menores la selección [la inclusión de estos en el sistema], no solo se produce, sino que refuerza el proceso estigmatizador iniciado en otras instancias informales, siendo la situación de desventaja

social la que tiene un mayor efecto en la posibilidad de ser etiquetado como delincuente […]” (p. 135). A continuación Pérez Jiménez definió operativamente las “medidas más restrictivas” como aquellas que, dentro de la LORPM, suponen un internamiento del menor (incluyendo también el internamiento abierto y el terapéutico) o bien la permanencia de fin de semana en su propio domicilio o en un centro. Para valorar la posible situación “personal y sociofamiliar más desfavorecida” de los menores, la autora se basó en los informes del equipo técnico de los juzgados, que pudieran poner de manifiesto dicha condición. Su estudio empírico incluyó dos muestras complementarias: una de 242 casos de menores, incoados en tres juzgados de Andalucía en los años 1998, 1999 y 2000, conforme al procedimiento de la previa ley de menores LO 4/92; y una segunda muestra integrada por 300 casos, juzgados también en Andalucía, pero de conformidad a la vigente ley 5/2000. La hipótesis de partida de la autora no pudo ser confirmada a partir de los datos. Tanto en la primera muestra como en la segunda abundaron tanto los jóvenes que provenían de situaciones personales y sociales favorables como aquellos en situaciones desfavorables. Y tales factores no parecieron guardar relación con el tipo de medidas, más o menos restrictivas, impuestas por los tribunales de menores.

B) Desjudicialización e interés del menor Rechea y Fernández Molina (2006) evaluaron la utilización que jueces y fiscales realizaban de las medidas previstas por la ley vigente, y, en concreto, en qué grado se empleaban con los menores actuaciones tendentes a desjudicializar los casos, es decir, a evitar que el joven pasase por las diferentes etapas y situaciones a que puede verse sometido en el marco del sistema de justicia juvenil. Con tal fin, distinguieron entre las acciones desarrolladas: a) por el fiscal, el cual, de acuerdo con el artículo 18 de la LORPM, puede suspender el proceso si el menor es primario y el delito no es grave; y b) las llevadas a cabo por el juez, quien, en virtud de la filosofía implícita en la justicia de la restauración, puede ofertar a las partes el cierre del procedimiento, con tal de que el delincuente juvenil se avenga a reparar el daño causado a la víctima, o bien participe en alguna actividad social acordada, o llegue a conciliarse de algún otro modo con la víctima mediante un proceso de mediación. Según datos de 2002, es decir, prácticamente al inicio de la aplicación de la nueva ley de menores, las autoras hallaron que un porcentaje importante (del 43%) del conjunto de las causas judiciales iniciadas con menores, finalizaba realmente con una intervención desjudicializadora, que generalmente se adoptaba a iniciativa del propio fiscal.

En segundo término, Rechea y Fernández Molina (2006) analizaron el tiempo que tardaban en finalizarse los procedimientos judiciales. Para ello estudiaron el funcionamiento de los juzgados de menores de CastillaLa Mancha durante el año 2002. Encontraron que, por término medio, desde que el delito se había cometido hasta que el juzgado lo sobreseía, cuando así se consideraba para el mejor interés del menor, pasaba un periodo 20,2 meses, tiempo que se reducía a 4,6 meses si se contaba desde el momento, no de la comisión del delito, sino de incoación del expediente judicial. Para la aplicación de mediación y reparación, los periodos medios transcurridos fueron de 8,1 y 5,6 meses, respectivamente. Y para aquellos casos en que los expedientes habían terminado en una medida judicial, lo que significaba que el procedimiento había llegado a su conclusión, los valores fueron de 13,8 meses desde que el delito se hubo cometido, y de 9,3 meses desde que se abriera el expediente. De este modo se comprobó un resultado lógico: cuanto más penetra un caso en el procedimiento del sistema de justicia juvenil más tiempo tarda en concluirse. Una tercera línea de análisis de Rechea y Fernández Molina (2006) se dirigió a evaluar la fase de la sentencia, y en particular el grado en que las medidas impuestas atendían al principio del “superior interés del menor”

(artículo 3.1. de la LORPM), considerando para ello las necesidades educativas, sociales, etc., del joven (valoradas por el equipo técnico), por encima de otros factores como la edad, el tipo de delito y su gravedad, y si el joven era reincidente o primario. A este respecto, las autoras consideraban la duración de las medidas impuestas por la reforma de la LO 7/2000 como “demasiado largas si el propósito de la ley era actuar en el mejor interés del menor, [ya que] si la rehabilitación no ha tenido éxito con una medida de dos años, la probabilidad de éxito de una medida con una duración superior es mínima, no importan las circunstancias personales o familiares que concurran en el joven”. De ahí que fueran muy críticas con la reforma, antes analizada, que aumentó la duración de las medidas de internamiento en caso de delitos muy graves (violaciones y homicidios), hasta los 8 años para los jóvenes en la franja de edad de 16-17 años (4 años para los menores de 16 años), y para el supuesto de delitos terroristas (10 años y 5 años, respectivamente). Las autoras consideraban que no era una buena idea que la ley atase de manos a los jueces, al imponer obligatoriamente unas medidas de internamiento en el caso de delitos graves, ya que, en su opinión, las circunstancias personales y sociales deberían ser los elementos decisivos a este respecto, y no meramente la naturaleza del delito cometido.

C) Libertad vigilada En un estudio específico sobre la aplicación de la medida de libertad vigilada a infractores juveniles, concretamente en una muestra de 60 menores de las provincias de Zaragoza, Málaga y Toledo, Bernuz, Fernández, y Pérez (2009a) constataron que la “libertad vigilada” puede ser un buen instrumento de intervención con menores infractores, permitiendo conjugar objetivos de educación y de control. Toda la información necesaria para esta evaluación se recogió mediante un cuestionario diseñado al efecto, que permitió obtener datos relativos a: 1) variables del menor [edad, residencia, delito cometido, e información psicosocial sobre la familia del menor; la información familiar permitió clasificar a los menores, a este respecto, en cuatro categorías: a) sin problemática familiar, b) con problemática familiar leve, c) con problemática moderada, y d) con problemática grave]; 2) tramitación del expediente (posible medida cautelar, conformidad o no con la medida, posible existencia de condiciones de suspensión, etcétera); 3) desarrollo de la ejecución de la medida (fechas de los diversos trámites, programa individualizado de ejecución de medida, etcétera); 4) resultados (asistencia a las entrevistas y actividades, grado de cumplimiento de los objetivos establecidos, valoración realizada por los técnicos, etcétera). Para la obtención de esta información, además

de los propios expedientes, también se entrevistó a los educadores que habían tenido a su cargo la ejecución de las medidas. La muestra estaba integrada en un 80% por varones, y mayoritariamente por jóvenes de nacionalidad española, con un 16,7% de menores inmigrantes. Una proporción elevada de menores (40%) pertenecía a familias con problemáticas, entre moderadas y graves, en lo referido a la educación de los hijos así como a circunstancias de drogadicción o comportamiento delictivo de los padres. Un alto porcentaje (64,7%) presentaba problemas de conducta, tales como amenazas o agresiones a compañeros, y también violencia verbal y física con su familia. En un 63,3%, los jóvenes infractores evaluados tenían como amigos a otros chicos y chicas “problemáticos”, consumidores de drogas y con frecuentes conductas agresivas y delictivas. Muchos de ellos (hasta un 33,3%) presentaban trastornos en su desarrollo cognitivo, emocional y comportamental. En relación con el historial delictivo y judicial de los menores, un 56,6% tenía antecedentes en la Fiscalía o los Juzgados de menores, habiendo cumplido aproximadamente la mitad de ellos medidas previas de libertad vigilada y, en algunos casos, de internamiento. En sus análisis, estas autoras consideran que la dimensión “control” de conducta del menor se haría

explícita en las interacciones del educador y el menor a partir de sus entrevistas periódicas, de las llamadas del educador a los diversos servicios a que acude el menor (escuela, talleres, posibles trabajos, programas de deshabituación a drogas, intervenciones familiares, etcétera) y, también, mediante los informes de seguimiento del menor. Por su parte la dimensión “educación” se concretaría durante la ejecución de la medida a través de los contenidos específicos en los que el educador y otros profesionales trabajan con el menor. Por ejemplo, en el área del conflicto judicial (que ha dado lugar a la medida judicial impuesta) el educador suele tratar con el menor, durante las entrevistas, la cuestión de su propia responsabilización por el hecho o hechos delictivos cometidos, así como también sobre las emociones y reacciones de cada menor ante la medida que le ha sido impuesta, y sobre los controles que el propio educador tiene sobre él. En el área de desarrollo individual y de salud se trabaja con él mediante talleres diversos, programas de deshabituación a drogas, etcétera. En el área familiar y social se hace lo propio en relación a contenidos relativos a los familiares y otras personas significativas del contexto próximo del sujeto. Por último, en el área formativo-laboral, los educadores y monitores de formación suelen motivar al menor en relación con la continuación de su propia participación, le acompañan en

la selección de la formación que más le atrae y puede convenirle, le entrenan en la búsqueda de empleo, etcétera. Así, la medida de libertad vigilada, bien realizada, puede cumplir, en opinión de Bernuz et al. (2009a) un extraordinario papel mixto, en que se combinen de modo equilibrado la educación y el control del comportamiento de los jóvenes infractores. Los principales resultados de la ejecución de la presente medida de libertad vigilada fueron los siguientes: • Las intervenciones más frecuentemente propuestas en el marco de los Programas Individualizados de Ejecución de Medida fueron las siguientes: 1) promoción, búsqueda y mantenimiento del empleo (en un 68,3% de los casos evaluados), 2) talleres de habilidades sociales, drogas o sexualidad (61,7%), 3) control de tóxicos y prevención (48,3%), 4) actividades formativas y de refuerzo de los estudios (41,7%), 5) comportamiento adecuado en casa (36,7%), 6) entrevista y tratamiento familiar (36,7%), 7) evitar compañías antisociales (28,3%), 8) actividades de tiempo libre (23,3%), 9) tratamiento psicológico o médico (20%), 10) no cometer delitos (18,3%), 11) reflexión sobre el delito (16,7%), 12) apoyo educativo o de comportamiento (15%), 13) comportamiento adecuado en el colegio, trabajo,

talleres, etcétera (13,3%), y 14) comportamiento adecuado con educadores, acudir a citas, etcétera (10%). • En los expedientes evaluados no se constató una clara correspondencia entre las necesidades educativas detectadas y las concretas intervenciones llevadas a cabo. A veces se propusieron intervenciones orientadas a objetivos que no habían sido identificados, al menos de manera explícita, como necesidades del menor y, viceversa, se habían detectado necesidades educativas a las que después no se asignó una intervención específica. • A la hora de llevar a cabo las intervenciones, los educadores utilizaron tanto las propias actuaciones y posibilidades como, también, recursos ajenos, especialmente de los ámbitos de la salud, la formación y el trabajo. Los educadores entrevistados consideraron que existía una gran carencia de medios de salud mental y apoyo psicológico para jóvenes, terapias y control de drogodependientes, y apoyo multidisciplinar a familias problemáticas. • La mayoría de los menores (el 83%) acudió regularmente a las entrevistas con los educadores y al resto de las actividades que les habían sido asignadas (el 78%), incluido el plan de trabajo del Programa Individualizado (el 63,5%).

• En general se observó una correlación positiva (y estadísticamente significativa) entre la asistencia del menor a las entrevistas y actividades establecidas y su cumplimiento del plan de trabajo e implicación en el proceso educativo de la libertad vigilada. Como medidas de eficacia, se valoraron los logros en las siguientes áreas de actuación: familiar, formativo/laboral, grupo de amigos, aspectos personales (psicológicos y relativos a posibles adicciones) y responsabilización. Los mejores resultados se obtuvieron en las áreas de responsabilización y formativo/laboral, resultados moderados en el área familiar, y resultados bajos en las áreas personal y del contacto con amigos problemáticos. La consecución plena de los objetivos se logró entre el 46,7% y el 63% de los casos. Pese a ello, se constató la existencia de un pequeño grupo de menores con los que, incluso asistiendo a las actividades previstas, no se lograron los resultados deseados. Bernuz et al. (2009b), en consonancia con los datos de su evaluación, valoraron positivamente las intervenciones realizadas en el marco de la libertad vigilada, aunque sugirieron la necesidad de idear nuevas estrategias de control, de educación y de reinserción para la ejecución de esta medida.

D) Opinión pública: ¿Educación o castigo de los menores infractores? En relación con los menores infractores, es frecuente que se aduzca que la opinión pública lo único que valora y requiere es un castigo firme y ejemplarizante, argumento que ha sido el punto de partida de las diversas reformas llevadas a cabo para endurecer la ley de menores. Si embargo, los ciudadanos no suelen mostrar a este respecto una opinión tan unívoca, sino que acostumbran a manifestar tanto una demanda de defensa social y castigo de los delincuentes juveniles como, al mismo tiempo, la necesidad de su rehabilitación y reinserción social. Por ejemplo, en un estudio de opinión del Observatorio de la Actividad de la Justicia (2012), preguntados acerca de diferentes opciones de castigo de los delincuentes jóvenes, los ciudadanos encuestados puntuaban con notas elevadas y parecidas (entre 6,5 y 8,2 puntos sobre 10) las siguientes alternativas de actuación con los menores (p. 92): – La única forma de evitar que los jóvenes delincuentes vuelvan a cometer delitos es castigarles debidamente (6,9). – Enviar a los jóvenes delincuentes a prisión no tiene mucho sentido porque esto solo incrementa la

delincuencia ya que las prisiones son escuelas de delincuencia (6,3). – Como la mayoría de jóvenes delincuentes cometen delitos una y otra vez, la única manera de proteger a la sociedad es enviarlos a prisión cuando son jóvenes y mantenerlos allí (5,1). – Deberían establecerse penas más duras para la mayoría de los delitos que cometen los jóvenes (7). – Una forma de prevenir la delincuencia juvenil es reforzar la disciplina, e incluso si es preciso la mano dura, en la familia y en la escuela (6,8). – Debería proporcionarse más ayuda y apoyo a la familia de los delincuentes juveniles (6,5). – Una forma de prevenir la delincuencia juvenil es dedicar más recursos a los centros escolares y a sus actividades extraescolares (8,2). PRINCIPIOS CRIMINOLÓGICOS Y POLÍTICA CRIMINAL 1. Sería necesario confeccionar estadísticas de delincuencia juvenil en España que integrasen las cifras correspondientes a los diferentes cuerpos policiales (nacionales y autonómicos), y también la actuación en el conjunto del estado de los juzgados y administraciones autonómicas en materia de menores infractores (casos atendidos, medidas impuestas, intervenciones aplicadas, etc.). 2. Tal y como revelan los estudios sobre reincidencia y —en menor medida— los estudios de autoinforme, solo un pequeño número de menores mantienen una actividad delictiva sostenida. El sistema de justicia juvenil debería orientarse, principalmente, a tratar de interrumpir la carrera delictiva de estos menores infractores crónicos. 3. La alarma social existente en España acerca de la delincuencia juvenil, provocó que la Ley 5/2000 naciera ya con una inmediata reforma que aumentó la dureza de las medidas aplicables a los menores, dureza que se ha consolidado en reformas

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posteriores. A pesar de todo, las estadísticas muestran que la gran mayoría de los delincuentes juveniles recibe una medida extrajudicial o una medida comunitaria o de amonestación. Probablemente, uno de los retos más importantes que tiene la justicia de menores reside en la calidad de las intervenciones que se realizan con los menores, por encima de la cuestión de la seguridad y la dureza de las medidas impuestas. Urgiría avanzar en dirección a construir una metodología moderna de evaluación, predicción y elaboración de programas, de acuerdo con los principios de la evidencia científica. Un sistema de gestión del riesgo y de tratamiento adaptado a las necesidades de los jóvenes haría mucho más por disminuir la reincidencia que el puro aumento de las sanciones. Diversos resultados de investigación apoyan que la mayor eficacia para la disminución de la reincidencia de los menores puede lograrse a partir de una combinación equilibrada de medidas comunitarias y la aplicación en ellas de intervenciones orientadas a solventar las necesidades educativas, psicológicas y sociales de los menores. Han mostrado ser útiles para ello las terapias cognitivoconductual y multisistémica, posibles tratamientos farmacológicos, justicia restaurativa, tutorización y supervisión de los casos, programas de educación, y formación profesional. Lo mismo sería aplicable a las intervenciones y seguimientos que deberían realizarse tras la liberación de los jóvenes de instituciones cerradas. Para fomentar el desistimiento delictivo, deberían ofrecerse también programas de empleo y de mejora de la interacción social, así como otras intervenciones destinadas a reducir las transiciones vitales desordenadas y problemáticas, tales como abandonar la escuela secundaria sin graduarse, o como la paternidad adolescente. Otros programas útiles pueden ser aquellos especialmente dirigidos a barrios de alta criminalidad, que se orienten a reducir las oportunidades delictivas, tales como “patrullas policiales de lugares de concentración de delitos” y prevención situacional del delito, evitación de la adscripción de los jóvenes a bandas juveniles, y reducción del tráfico de drogas. A la luz de los efectos positivos que a largo plazo tienen los programas de visitas domiciliarias para mejorar el cuidado sanitario y la educación temprana de los bebés en contextos familiares de riesgo, los programas de capacitación de los padres para la crianza infantil, y, en general, las intervenciones familiares, se deberían aplicar de forma más amplia y efectuarse seguimientos para evaluar sus efectos sobre la futura delincuencia juvenil.

9. Por lo que respecta a la actuación del sistema de justicia juvenil, en España se ha hecho una labor importante para adaptarla a las necesidades que plantea hoy la delincuencia de menores. Como resultado de ello, en las diferentes comunidades autónomas españolas se llevan a cabo múltiples intervenciones, de diversa índole,

con los menores y sus familiares. Aun así, deberían efectuarse mayores esfuerzos para definir y estructurar mejor dichas actuaciones y programas, en conexión con las necesidades específicas de los diversas categorías y grupos de menores infractores, así como para evaluar empíricamente su eficacia. 10. También debería prestarse especial atención a la cuestión, a veces impopular en tiempos de frecuente invocación de políticas de “tolerancia cero”, de la reaceptación adecuada de los delincuentes juveniles en la vida comunitaria (familiar, laboral, de ocio, etcétera). La condena y estigmatización de los infractores juveniles en el marco de las instituciones de justicia puede tener graves efectos perniciosos para su vida presente y sus posibilidades sociales futuras. En un paralelismo inverso al etiquetado que acompaña a muchos procesos de control penal, la reinserción social de los jóvenes infractores probablemente requeriría un proceso final de “des-etiquetamiento”, que formalizase su vuelta a la comunidad social y reinstaurase su consideración pública como no-delincuentes. CUESTIONES DE ESTUDIO 1. ¿Qué se puede concluir de los datos de autoinforme sobre la extensión de la delincuencia juvenil en España? ¿Y en relación a las estadísticas oficiales? 2. ¿Cuáles son las categorías delictivas en que participan en mayor grado los menores? 3. ¿Qué indica la investigación existente acerca de la reincidencia delictiva de los jóvenes? ¿Existe relación entre la reincidencia juvenil y la reincidencia adulta? ¿Hay continuidad entre ambas? ¿Qué características tienen los menores reincidentes? 4. ¿Cuál es la consideración existente en los países europeos acerca de las edades de responsabilidad penal juvenil y adulta? ¿Y sobre la duración de las medidas aplicables a los menores? Se sugiere, como ejercicio para los alumnos, la búsqueda de dichas edades en otros países y regiones del mundo. 5. ¿Qué son las intervenciones tempranas en materia de delincuencia? ¿Cuáles son sus finalidades? Buscar programas específicos de intervención temprana. 6. ¿Qué novedades introdujo la Ley de Menores de 2000? ¿Qué medidas establece para los menores? 7. ¿Cuáles son las principales intervenciones aplicadas con los menores infractores en España? ¿Y en otro países? ¿Y en tu comunidad autónoma en particular? 8. ¿Cuáles han sido algunas de las líneas de investigación empírica de la justicia de menores en España? Buscar nuevos artículos y estudios a este respecto.

1 Las leyes que regulaban el comportamiento antisocial de los menores delincuentes fueron objeto de un amplio debate en España, en las décadas que siguieron a la transición política, en diferentes sectores de las ciencias sociales y, por supuesto, en los ámbitos de la Criminología y el derecho.

En particular, el problema radicaba en que la legislación de menores precedente se remontaba a la Ley de Tribunales Tutelares de Menores del año 1948, cuya reforma parcial se llevó a cabo en 1992, dando lugar a la Ley Reguladora de la Competencia y el Procedimiento de los Juzgados de Menores (ley 4/92). A pesar de la reforma introducida por esta última, varios autores la calificaron de “parche” y poco profunda en sus contenidos (véase Muñoz, 1992), de ahí que la ley actual 5/2000 fuera saludada como un avance importante —si bien en medio de una abierta polémica por mor de la falta de recursos que acompañaron su nacimiento y su supuesta blandura— como la “ley de justicia juvenil de la democracia”. Antes de estudiar en profundidad la ley actual, es importante hacer un poco de historia. A pesar de las críticas que en su momento recibiera la reforma introducida por la Ley 4/92, hubo acuerdo amplio en que las modificaciones que introdujo la ley 4/92 eran necesarias. Especialmente, dos eran los artículos de la ley de 1948 que suscitaban la indignación de los juristas: el artículo 9 y el 15 (Beristain, 1985; Prieto, 1985; Movilla, 1983). El primero establecía que los tribunales de menores habían de entender, además de las acciones y omisiones que el código penal califica de delito o falta, de “los casos de menores de dieciséis años prostituidos, licenciosos, vagos y vagabundos siempre que, a juicio del Tribunal respectivo, requieran el ejercicio de la facultad reformadora”. Por supuesto, este artículo vulneraba el principio de legalidad, según el cual nada puede castigarse si previamente no ha sido tipificado. Por su parte el artículo 15 resultaba claramente incómodo con la legalidad vigente de aquellos años y, de hecho, la promulgación de la Ley de Menores de 1992,nació técnicamente como consecuencia de que el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional dicho artículo. El problema radicaba en que en él se regulaba el proceso de actuación del Tribunal en el que, a diferencia de lo que acontece en el caso de los adultos, no intervenía un abogado defensor, ni tenían que realizarse prácticas probatorias para dilucidar la culpabilidad del menor. En definitiva, faltaban las garantías procesales propias del procesamiento de los mayores de edad penal. Decía Prieto (1985, pp. 7-8) al respecto, que “…se diseña un procedimiento claramente inquisitivo, donde el juez dispone de absoluta libertad para utilizar los medios que estime más

oportunos (…) En puridad, el juez de menores es también defensa y acusación, y el proceso un monólogo donde no cabe la contradicción”.

22. JUSTICIA CRIMINAL Y SISTEMA PENITENCIARIO 22.1. SISTEMA DE JUSTICIA CRIMINAL Y CONTROL DEL DELITO 975 22.2. LAS ALTERNATIVAS 981 22.3. EL SISTEMA PENITENCIARIO 986 22.3.1. Evolución de las cifras penitenciarias 989 A) Prisiones y punitividad en Europa 997 B) Extranjeros en prisión 1000 22.3.2. Efectos negativos del encarcelamiento: prisionización 1001 22.4. REINCIDENCIA 1008 22.5. COSTES SOCIALES Y ECONÓMICOS DE LOS DELITOS Y SU CONTROL 1011 22.6. FINALIDADES DE LAS PENAS E IDEAL DE REHABILITACIÓN 1016 PRINCIPIOS CRIMINOLÓGICOS Y POLÍTICA CRIMINAL 1022 CUESTIONES DE ESTUDIO 1022

Una vez analizada en el capítulo precedente la justicia de menores, en éste nos ocuparemos de la justicia criminal adulta. En concreto, se prestará atención a la estructura y funcionamiento del sistema de justicia criminal, las penas y sus alternativas, el sistema penitenciario (evolución del encarcelamiento, e inconvenientes y posibles efectos negativos), la reincidencia en el delito, los costes sociales y económicos que comporta la delincuencia, y los debates actuales sobre

las finalidades de la justicia criminal, incluyendo el ideal de rehabilitación de los delincuentes.

22.1. SISTEMA DE JUSTICIA CRIMINAL Y CONTROL DEL DELITO Los principales mecanismos formales que utiliza el estado para el control de la delincuencia son la policía, los tribunales de justicia y las prisiones. Los diversos estados cuentan con un importante número de funcionarios policiales, judiciales y penitenciarios, y destinan ingentes presupuestos públicos a las finalidades de control del delito. A partir de todos estos mecanismos, las sociedades confían lograr distintas mejoras en relación con la seguridad: reducción del volumen de sujetos implicados en actividades delictivas y de la gravedad de estas acciones, mejor atención y ayuda a las víctimas de los delitos, mayor agilidad y eficacia de los órganos encargados de la justicia y, tal vez, menor coste económico de todos estos recursos y servicios. En el cuadro 22.1 se recoge, de forma esquemática, el funcionamiento del sistema de justicia criminal. Las infracciones del código penal dan lugar a la intervención del sistema policial (al que se ha hecho referencia en un capítulo precedente), del sistema judicial, y, en los casos más extremos, en que los individuos son condenados a penas privativas de libertad, del sistema penitenciario.

CUADRO 22.1. Sistema de justicia criminal

Fuente: adaptación a partir de Redondo et al. (1997), El cost de la justícia penal: privació de llibertat i alternatives. Barcelona: Generalitat de Catalunya, p. 63.

En España, la Administración de justicia se halla integrada por cuatro órdenes jurisdiccionales: el civil, el penal, el contencioso-administrativo y el social. El orden jurisdiccional penal es, con diferencia, el que presenta una mayor magnitud. Del conjunto de 9.355.526 asuntos ingresados en 2010 en el conjunto de los tribunales de

justicia, 6.639.356 correspondieron a cuestiones penales. La dotación de jueces era en 2011 de 4.696 plazas, integradas en 3.265 órganos jurisdiccionales, además de un número muy superior de otros funcionarios de la Administración de Justicia (Consejo General del Poder Judicial, 2011). En el capítulo 4 se presentaron datos acerca del número de sentencias penales que se dictan anualmente en España, que en 2011 fueron globalmente 221.590. Por lo que se refiere a los delitos y penas más graves, 33.438 personas fueron condenadas por delitos contra la propiedad, 21.458 por delitos de lesiones, 1.479 por delitos sexuales y 557 por delitos de homicidio. Al constatar estas cifras de condenados, una pregunta necesaria es en qué medida estas condenas penales podrían influir en la probabilidad de reincidencia posterior de los sujetos sentenciados (prevención especial) y, más ampliamente, de los ciudadanos en su conjunto (prevención general). Una consideración relevante de la Criminología clásica, razonada ya por el propio Beccaria a finales del siglo XVIII, es que para que un castigo sea eficaz debería ser administrado de forma inmediata, tras haberse cometido un delito. Y así se constata, en efecto, de acuerdo con la investigación sobre aprendizaje humano: para que las consecuencias de un comportamiento (gratificantes o

aversivas) puedan influir sobre la probabilidad futura del mismo (aumentándolo o reduciéndolo), debe seguir, de forma inmediata, a la realización del comportamiento. Sin embargo, contrariamente a lo anterior, una de las características más destacables y conocidas del funcionamiento de la justicia penal es su parsimonia y lentitud, de modo que generalmente suele transcurrir bastante tiempo entre que un delito se produce y que el delincuente es detenido, procesado y condenado (en el mejor de los casos, en que ello sucede). Aunque la duración de los procesos penales se ha reducido considerablemente en los últimos años, puede estimarse que todavía el tiempo que transcurre entre la comisión de un delito grave y la aplicación de un castigo formal, como es la condena a prisión, puede superar en muchos casos uno o dos años. Desde la perspectiva del delincuente, ¿qué influencia puede tener sobre su conducta el hecho de pensar que si su caso llegase a los tribunales, uno o dos años después, podría ser condenado a prisión? De acuerdo con la investigación criminológica disponible, parece que muchos delincuentes (y, especialmente, muchos encarcelados), que generalmente piensan en el “aquí y ahora”, ni siquiera van a considerar esa posibilidad, o bien podrían considerarla como un riesgo incierto, que con un poco de suerte podrán evitar. Se sabe que,

psicológicamente, lo más eficaz para controlar el delito, no es tanto la imposición a los delincuentes de severas condenas como la inmediatez en la aplicación de las consecuencias punitivas establecidas. De otro modo, cuando el delincuente es sentenciado con una gran demora temporal, puede incluso tener dificultades reales, si ha cometido diversos delitos a lo largo de ese periodo, para recordar qué hecho concreto motiva la pena que ahora se le impone. Quizás, en el caso de personas socialmente integradas, que tienen un buen trabajo, una vivienda u otras propiedades, una familia prosocial, amigos a los que se hallan vinculados, etc. (es decir, todos esos elementos que la criminología identifica como factores de control informal), la posibilidad de ir a prisión, incluso varios años después, y el riesgo de perder relaciones y bienes como los mencionados, puedan ser decisivos para disuadirles de cometer un delito. En cambio, para personas que viven esencialmente al día, y no cuentan con algunos de los frenos aludidos (trabajo, familia, propiedades, amigos prosociales, etc.), como es el caso de muchos de los delincuentes que son condenados, es menos probable que el riesgo de males futuros inciertos (como la posibilidad de ir a prisión) influya decisivamente en su conducta presente. De este modo, existe una grave contradicción entre el

funcionamiento complejo y lento del proceso penal y nuestros conocimientos criminológicos sobre la psicología humana. Aunque conocemos que la conducta humana es influida prioritariamente por sus consecuencias inmediatas, la persecución y el castigo legal de los delitos funciona de modo que no es capaz de dar un respuesta inmediata a la delincuencia. Lo anterior no es debido, precisamente, a la inexistencia de legislación o a su falta de detalle: las leyes penales y procesales son amplias, complejas y diversas, y en ellas se recogen múltiples normas, muy pormenorizadas, y que, pese a todo, dan lugar a confusión y se muestran, en algunos casos, incoherentes entre sí. Todo ello dificulta su aplicación concreta. Contrariamente, existen pocas indicaciones legales sobre el funcionamiento de la policía. En paralelo, las elevadas exigencias formales en cuanto a la obtención de pruebas influyen negativamente sobre el desarrollo del proceso y retrasan considerablemente sus diversas fases, en comparación con lo que sucede en otros países europeos. Uno de los factores que más contribuye a enlentecer el proceso penal en España es la necesidad de comunicación escrita de la mayor parte de los trámites procesales que tienen lugar entre las diferentes instancias y partes que intervienen. Muchos países cuentan con sistemas procesales de mayor oralidad, de modo que el juez

convoca el juicio oral y la mayoría de las pruebas y argumentaciones de las partes se efectúan en su presencia. Además, la fiscalía prepara su actuación en estrecha colaboración con la policía. Esta mayor inmediatez suele acortar la duración del proceso, facilitando la presencia de los testigos y la calidad de la información que éstos pueden ofrecer. La demora de los juicios en España hace que, pasado un tiempo prolongado, resulte más difícil localizar a algunos testigos relevantes, o que éstos tengan mayor dificultad para recordar con precisión lo sucedido. Otro problema grave es el escaso contacto existente entre los diversos órganos que intervienen en la persecución de los delitos. De hecho, la policía, encargada de recoger y presentar las pruebas ante los tribunales — pruebas que constituyen los elementos esenciales del proceso y del juicio oral— suele ser escasamente dirigida por el juez de instrucción, quien, de este modo, influye poco en la investigación criminal. La falta de información y coordinación entre jueces, fiscales y policía puede provocar en muchos casos una investigación de los delitos incompleta o defectuosa, de modo que un número elevado de procesados podría ser absuelto por carencias formales en la obtención de las pruebas. La tasa de absoluciones en España, sobre los casos juzgados, es, en comparación con otros países europeos, elevada, de en torno al 20/30%. La explicación más inmediata de ello no es probable que sea

que en otros países se condene a más inocentes, sino más verosímilmente que en España deba absolverse a más culpables por carencias en la formalización legal de las pruebas. Todos estos problemas suelen tener también reflejo en la opinión negativa que los ciudadanos manifiestan en España sobre el funcionamiento de la administración de justicia. Según han puesto de relieve los estudios de Toharia y sus colaboradores durante las últimas décadas (por ejemplo, Toharia, 1975, 2003; Toharia y García de la Cruz, 2005), los españoles no tienen una imagen de la justicia como algo armónico y equilibrado, sino que más bien ponderan su actuación como contradictoria y extremada. Resulta favorable que, en general, se atribuya elevada credibilidad y competencia a los jueces, a quienes se considera honestos, imparciales, independientes y preparados, valorándose positivamente el trato que ellos y el resto del personal de los juzgados dispensan a los ciudadanos. Sin embargo, se valora muy negativamente la poca accesibilidad de la justicia y su lentitud y mal funcionamiento, valoración que incluso habría tendido a empeorar con el paso del tiempo (en 2005, el 44% de encuestados opinaba que la justicia funcionaba “muy mal o mal”, frente a un 28% en 1987). Ante ello, la inmensa mayoría de los ciudadanos (el 75% de los encuestados en 2005) afirmaba que, ante un conflicto con otra persona,

preferiría “llegar a un acuerdo… aun a costa de perder algo de lo que en justicia podría corresponder[le] pero evitando así la intervención de terceros o el recurso a los tribunales” (Toharia y García de la Cruz, 2005, p. 16). Según el Barómetro de opinión pública en España correspondiente a febrero de 2011 (CIS, 2011), los tribunales de justicia obtenían una nota de 4.64 (sobre 10), que era sustancialmente más baja que la obtenida por la Guardia Civil (6.32) y la Policía (6.15), aunque superior a la lograda por El Parlamento (3.96) y el Gobierno (3.36). En una encuesta de opinión del Observatorio de la Actividad de la Justicia (2012), ante la pregunta “¿Cómo diría usted que funciona en la actualidad en España la Administración de Justicia?”, la proporción de entrevistados que valoraron que la Administración de Justicia funcionaba “mal o muy mal” llegó a su máximo histórico, con un 65%, superando en un 27% a las valoraciones del año 1987, y en un 19% a las correspondientes al año 2010. En síntesis, la imagen que se obtiene de este análisis crítico es la de que la justicia penal muestra graves problemas de lentitud, descoordinación, y falta de eficacia. A pesar de ello, también es cierto que durante los últimos años se ha ido adquiriendo una mayor conciencia sobre estos problemas, y que se comienzan a dar pasos para su paulatina mejora y solución.

En el terreno de la mera opinión, los autores de esta obra valoran que, con la finalidad de mejorar el funcionamiento de la justicia criminal, se requeriría atender a aspectos como los siguientes: • Modernización del funcionamiento de las oficinas judiciales, adaptándolas a los parámetros de gestión de cualesquiera organizaciones laborales, cuyos elementos imprescindibles son la planificación, el establecimiento de objetivos específicos, el diseño de estrategias racionales para su logro, y la evaluación periódica de sus resultados. • El gran movimiento de papel que actualmente se produce en los procedimientos criminales no es garantía de su mayor veracidad y justicia. Se requeriría una renovación profunda del sistema procesal español, con eliminación de múltiples trámites, plazos, diligencias, escritos, comunicaciones, oficios, notificaciones y otras burocracias propias de siglos pasados, dando prioridad a la oralidad e inmediatez en el procedimiento. • Probablemente, la mejora más importante podría ser, en efecto, la generalización de los juicios orales y rápidos, en los que las pruebas y los testigos fueran directamente presentados ante juez, sin necesidad de pasar por muchas de las diligencias que ahora les preceden, y que poco aportan a menudo al

esclarecimiento de los hechos. Por ejemplo, actualmente las declaraciones realizadas por los testigos ante la policía necesitan una ratificación “judicial”, pese a que, en la práctica, dicha declaración acabe efectuándose con frecuencia, no en presencia del propio juez (como idealmente pretende el procedimiento), sino ante un funcionario auxiliar del juzgado. • Renovación del sistema de adscripción profesional de fiscales y jueces —y del resto del personal judicial— que avance en mayor grado, adentrado ya el siglo XXI, hacia un sistema de provisión de vacantes sobre una base preferente de méritos de formación y especialización en campos concretos (delincuencia juvenil, violencia de género, crimen organizado, etc.), por encima del tradicional criterio de la antigüedad. • Establecimiento de un sistema de información y recuento de la delincuencia y la justicia basado en técnicas estadísticas estándares, que permita a los propios operadores de la justicia, a los poderes públicos, a los científicos sociales y a los ciudadanos interesados, conocer, con veracidad y rigor, la magnitud y evolución de estas realidades sociales. • Todas estas reformas y mejoras no podrán hacerse, a nuestro juicio, exclusivamente desde dentro del propio sistema judicial, como prioritariamente se pretende en

la actualidad. El saber de leyes y las buenas voluntades no habilitan, en absoluto, para una gestión eficiente del problema criminal y de las organizaciones profesiones que se ocupan de su represión y control. Además, los fuertes intereses corporativos que son inherentes al ámbito de la justicia, y que están sobrerrepresentados en todos los órganos de decisión actuales, pueden constituir, más que una ayuda, una rémora importante para la reforma del sistema de justicia criminal. Ni la organización, gestión y control del sistema educativo pueden corresponder prioritariamente a los profesores, ni la de la sanidad a los profesionales sanitarios, ni la del ejército a los militares, ni, tampoco, la de la justicia debería atribuirse esencialmente a los jueces, fiscales, abogados y funcionarios que trabajan en ella. Es decir, la “imagen experta” (en leyes) no es la única que debe ser tomada en cuenta, ya que, en definitiva, “los tribunales existen para servir a quienes los utilizan y no al revés” (Leggatt, citado en Toharia y García de la Cruz, 2005).

22.2. LAS ALTERNATIVAS Durante las últimas décadas se ha producido, según se comentará a continuación, un gran crecimiento del número de encarcelados en todo el mundo. Este

crecimiento ha tenido lugar muy por encima, y en buena medida al margen, de la propia evolución de las cifras de delincuencia, que, en muchos casos, en lugar de aumentar, se han reducido. Este ha sido el caso de Estados Unidos, en donde Taylor (1992) y otros investigadores informaron que durante la década de los ochenta se habían producido dos fenómenos contradictorios: por un lado, una disminución de un 10% en las tasas de la delincuencia; por otro, paralelamente, un aumento superior al 100% en la población carcelaria, con la consiguiente multiplicación de los onerosos presupuestos asignados a la justicia criminal. Esa misma tendencia al alza continuó en años posteriores.

Esther Giménez-Salinas, prestigiosa jurista y criminóloga, ex-rectora de la Universidad Ramón Llull, y Nils Christie, destacado criminólogo noruego, en un congreso en Barcelona en 1987. La doctora Giménez-Salinas ha sido una de las grandes impulsoras de la Criminología en España. Christie es uno de los decididos defensores del abolicionismo, y su pluma provocadora le ha llevado a influir poderosamente entre los criminólogos críticos de Europa y Estados Unidos.

En Europa, y particularmente en España, la situación no ha sido muy distinta. En casi todos los países de nuestro entorno se ha observado este mismo fenómeno paradójico: estabilización o disminución de las cifras globales de delincuencia y, sin embargo, crecimiento acelerado del volumen de encarcelados. Sin embargo, no todos los sujetos que son ingresados en prisión han cometido delitos igualmente graves, o de tal alarma pública, que la única solución posible sea su encarcelamiento. Consecuentemente, muchos de ellos tal vez podrían ser condenados, sin especial peligro social, a penas más comunitarias, reservando las penas de cárcel para los delincuentes más violentos y de mayor riesgo. Una perspectiva complementaria al análisis de las cifras de encarcelados, se refiere al estudio de la relación entre coste y efectividad de las penas de prisión. En España, los presupuestos destinados a las prisiones, a lo que se hará referencia más extensa en un epígrafe posterior, han aumentado considerablemente a lo largo de las últimas décadas. Bien es verdad que este crecimiento

presupuestario no solo ha obedecido al incremento de la población encarcelada en sí, sino también a las diversas mejoras, tanto estructurales como funcionales, introducidas en el sistema penitenciario. Pero sí que, en buena medida, el mayor gasto en prisiones guarda relación directa con la hiperpoblación carcelaria a la que se ha llegado. Todas estas reflexiones plantean abiertamente la pregunta de si es realmente necesaria una utilización tan generalizada y masiva de las medidas penales de encarcelamiento. O si, por el contrario, no debería optarse por un mayor empleo de sanciones alternativas diversas, que redujeran la población penitenciaria, abarataran los costes del sistema de justicia criminal y, tal vez, tuvieran mayor efectividad disuasoria y rehabilitadora que la prisión. Las legislaciones de casi todos los países europeos de nuestro entorno prevén en sus legislaciones diversos tipos de medidas alternativas, que, en algunos casos, están siendo aplicadas de modo amplio. Una dificultad conceptual y práctica, implícita en los actuales sistemas de medidas alternativas y sustitutivos penales, es su permanente referencia a la pena de prisión, de la que constituyen una especie de alter ego. De este modo, privación de libertad y alternativas son intercambiados con frecuencia, tanto en una dirección como en la

contraria. Es decir, a menudo el individuo es condenado a una pena de cárcel, que después es sustituida por una medida alternativa, que, si es incumplida, puede nuevamente tornarse en prisión. Sin embargo, tal y como argumentaban Cid y Larrauri (1997), las alternativas deberían ser consideradas opciones penales en sí mismas, y no, como ahora sucede, meros ajustes o transformaciones proporcionales de la pena de prisión. Según ello, deberían desarrollarse “principios [penales] que guíen la aplicación de alternativas en función de su severidad, sin que sea necesario configurarlas en comparación a la cárcel” (Cid y Larrauri, 1997: 21). Desgraciadamente, el Código penal de 1995 defraudó ampliamente a este respecto. A pesar de introducir algunas sanciones alternativas a la privación de libertad, concretadas, en particular, en la suspensión y la sustitución de la prisión, estas alternativas fueron muy inferiores a las que ya existían, en la década de los noventa, en otras legislaciones penales europeas, como las de Alemania, Francia, Holanda, Italia, Reino Unido, Suecia, Suiza y Portugal. Las previsiones del Código penal de 1995 se limitaban a posibilitar, por un lado, la suspensión de penas privativas de libertad de hasta dos años de duración para delincuentes primarios, o de hasta tres años en caso de toxicómanos, y, por otro lado, a permitir la sustitución de penas de prisión de hasta dos

años, por arrestos de fin de semana o por multa (Cid, 2008). La única previsión de una pena claramente alternativa a la prisión, era la posibilidad de sustituir los arrestos de fin de semana por trabajos en beneficio de la comunidad (Torres Rosell, 2006a). En todo caso, la ley prohibía expresamente el reemplazo directo de la pena de prisión por la prestación de trabajos comunitarios, lo que coartó las posibilidades de aplicación de esta última pena y, en consecuencia, también, la aplicación por los Tribunales de penas de cumplimiento en la comunidad. En el cuadro 22.2 puede verse la distribución porcentual de las penas aplicadas en diversos países europeos, según datos de 1999, incluyendo multas, penas alternativas (más suspensión de pena), y penas privativas de libertad. CUADRO 22.2. Distribución de las penas aplicadas en diversos Países Europeos (sobre datos de 1999): multas, penas alternativas (más suspensiones de pena), y penas de privación de libertad

(Fuente: Redondo et al., 2006)

Como puede verse en el cuadro anterior, mientras que en Alemania, Inglaterra/Gales, Portugal, Suecia, Suiza, Francia y Países Bajos, sobresalía en 1999, en el total de las sanciones impuestas, el empleo de las multas y las penas alternativas (más la suspensión), en Italia y, en mucho mayor grado en España, predominaba el uso de la privación de libertad. Posteriormente, las reformas legales acaecidas en España en 2003 contribuyeron a ofrecer una mayor disponibilidad de penas alternativas. Una novedad destacable fue la supresión de los arrestos de fin de semana, lo que tuvo una doble consecuencia (Torres Rosell, 2006b). Una más punitiva, al otorgarse un mayor peso a la pena de prisión, que pudo desde entonces ser ejecutada como pena corta a partir de los tres meses (y no de seis meses, como establecía originariamente el Código penal de 1995). La segunda consecuencia, más favorable, se concretó en el impulso dado a la pena de trabajos en beneficio de la comunidad: se estableció como pena principal para algunos delitos (hurto de uso de vehículos, conducción bajo los efectos del consumo de alcohol o drogas, y determinados supuestos menores de la violencia de género —Larrauri, 2010), y, también, como pena sustitutiva de penas de prisión de hasta un año y, excepcionalmente, de hasta dos años. Lo anterior ha dado

lugar a una amplia utilización de la pena de trabajos en beneficio de la comunidad en todos estos supuestos. En el cuadro 22.3 se presenta la evolución seguida en España, durante el periodo 2000-2011, por las Medida Alternativas y, específicamente por las penas de Trabajos en Beneficio de la Comunidad, que representaron en 2011 más del 85% del total de las Medidas Alternativas aplicadas. La mayoría de las sentencias de Trabajos en Beneficio de la Comunidad corresponden a delitos de Seguridad Vial (un 68%, en 2011), y en una parte más pequeña a delitos de Violencia de Género (19%), y a otros delitos (13%). CUADRO 22.3. Evolución en España de las cifras globales de Medidas Alternativas (incluidas también Suspensiones y Sustituciones de pena y de medidas de seguridad), y, específicamente, de Trabajos en Beneficio de la Comunidad (TBC), en fase de ejecución de sentencia (2000-2011)

(Fuente: elaboración propia a partir del Informe General 2011 de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, Ministerio del Interior, y del Departamento de Justicia de Cataluña)

Como puede verse en la figura, a partir de 2005 se inició un aumento geométrico de la imposición de penas alternativas, que alcanzó su mayor volumen en 2010 (con 243.283 medidas). La reforma del Código penal de 2010 supuso, como puede constatarse, una disminución notable en el número de sentencias de este tipo, especialmente en relación con infracciones contra la seguridad vial.

22.3. EL SISTEMA PENITENCIARIO A lo largo de la historia se ha empleado la reclusión de las personas como instrumento para preservar a los poderosos, a los gobiernos y a la sociedad de aquéllos que los amenazaban o atacaban, incluyendo en ello también los delitos. En muchas ocasiones, y particularmente siglos atrás, la finalidad de esta reclusión fue asegurar a los presos en espera de atroces finales, como el tormento y la muerte. La portada del célebre libro de John Howard, sobre el estado de las prisiones.

Más recientemente, el encarcelamiento de los delincuentes se convirtió en una finalidad en sí mismo (Cerezo, 2007). Los reos de los delitos comenzaron a ser condenados a permanecer en prisión, recluidos y privados

de libertad, durante prolongados períodos de tiempo. De este modo se los segregaba de la sociedad, se impedía que cometieran nuevos delitos, y se propiciaba que expiaran su culpa. Pronto, el uso de la privación de libertad como principal medida penal se expandió y generalizó en todo el mundo. Las cárceles del siglo XVIII fueron ingentes depósitos humanos, en que se acumulaban, tal y como pusieron de relieve diversos reformadores, como el pensador y filántropo británico John Howard (17261790), sospechosos y delincuentes convictos, pero también muchas personas desvalidas, como vagabundos, pobres, prostitutas, y enfermos mentales. Desde entonces hasta ahora, la pena de privación de libertad ha proliferado universalmente como principal medida punitiva para reprimir la delincuencia, y las prisiones de la inmensa mayoría de los países se encuentran repletas de delincuentes, convictos o en espera de juicio. Desde la segunda mitad del siglo XIX hasta nuestros días las prisiones han evolucionado poco a poco, haciéndose paulatinamente más humanas y respetuosas con los derechos de los internados, las inquietudes de los profesionales que trabajan con ello y las expectativas de la sociedad (Mapelli, 2007; Zamble y Porporino, 1988). Aunque la pena de privación de libertad ha mantenido una orientación esencialmente retributiva, en muchos estados

la retribución penal intenta hacerse compatible con el ideal de reeducación y rehabilitación de los delincuentes encarcelados. Así es, por ejemplo, en España, donde la Constitución de 1978 estableció que las penas privativas de libertad habrían de orientarse hacia la reeducación y la reinserción social de los condenados. Este precepto constitucional fue desarrollado por la Ley Penitenciaria de 1979, que asignó a las instituciones penitenciarias españolas la doble finalidad de la reeducación y reinserción social de los condenados y la custodia de todos los encarcelados (Serrano Gómez y Serrano Maíllo, 2012). Estas finalidades rehabilitadoras también están presenten en diversas legislaciones latinoamericanas como, por ejemplo, Chile y México (Zaragoza y Barba, 2008), entre otros países. En 2011, en el conjunto del sistema penitenciario español había ingresados 70.488 encarcelados. De ellos aproximadamente un 17% era presos preventivos, que estaban a la espera de juicio, mientras que la mayoría (83%) cumplían una pena de privación de libertad. La proporción de mujeres era de un 7,6%. Los penados encarcelados son, en su mayoría, autores de delitos contra la propiedad, a los que siguen en frecuencia los delitos contra la salud pública o por tráfico de drogas, los delitos contra las personas (sobre todo, las lesiones y otros delitos

relacionados con la violencia de género), los delitos contra la libertad sexual, y los delitos contra la seguridad vial. De acuerdo con la legislación penitenciaria española existen cuatro grados de tratamiento, o modalidades de cumplimiento de las penas privativas de libertad (Benítez, 2007; Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, 2011): el primer grado, de severo control regimental, se aplica a delincuentes peligrosos que observan un comportamiento violento en prisión (en él están en torno al 1,8% de los penados); el segundo grado, asociado a un régimen de vida ordinario dentro de las prisiones, se asigna inicialmente a la mayoría de quienes cumplen una pena privativa de libertad (en segundo grado se hallan más del 78% de los penados); se ubica en tercer grado de tratamiento, o régimen abierto, a aquellos encarcelados que se encuentran en las últimas etapas del cumplimiento de sus condenas y se consideran más preparados para reemprender una vida social apropiada fuera de la prisión (alrededor de un 20% de los penados). El último grado del sistema progresivo lo constituye la libertad condicional, que, para internos procedentes de régimen abierto, puede suponer la excarcelación anticipada y condicionada al buen uso por el sujeto de esta libertad a prueba (Cid y Tébar, 2010). En 2011 hubo en la administración penitenciaria dependiente del Ministerio del Interior un

total de 8.778 nuevos penados en libertad condicional, lo que supuso un 16% de total de la población penada ese mismo año. En 2006, la tasa de liberados condicionales en Cataluña era del 9,9% de los penados (CEJFE, 2009). Cid y Tébar (2010) estimaron, sobre datos del subsistema penitenciario catalán, que, a lo largo del periodo 19962008, finalizaron su condena en libertad condicional un promedio del 22,8% de los penados.

Los planos de la prisión de Newgate, histórico centro de reclusión de la ciudad de Londres, levantado en 1777 sobre los cimientos de una antigua prisión medieval, y demolido en 1904.

22.3.1. Evolución de las cifras penitenciarias En el cuadro 22.4 se presenta la evolución de la población penitenciaria en España a lo largo del periodo 1990-2011. CUADRO 22.4. Evolución en España de la población penitenciaria (19902011)

(Fuente: elaboración propia a partir e datos de la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias y del Departamento de Justicia de Cataluña)

Puede observarse el aumento casi constante de la población penitenciara a lo largo de las décadas recientes (véase también en Benítez, 2007). Dicho aumento ha sido parcialmente paralelo al incremento de la población

española, aunque ha ido más allá de dicho incremento poblacional, tal y como ponen de relieve las tasas de encarcelados en función de la población. España tenía en 2001 una tasa de 127 recluidos por 100.000 habitantes, lo que ya nos situaba entonces en la franja superior de las ratios de presos del conjunto de los países europeos occidentales. En 2012, con 148 encarcelados por cada 100.000 habitantes, hemos llegado a ocupar el primer lugar de Europa occidental en cuanto a presos por habitantes (no es éste con toda probabilidad el ranking más honorífico al que se pueda aspirar). La buena noticia es que, desde 2010 en adelante, la población penitenciaria ha bajado un poco, como resultado de la reforma del Código penal de 2010, que rebajó la penalidad para algunos delitos, y también de una relativa disminución de la población nacional. Del mismo modo que las tasas y tipos de criminalidad pueden ser distintos según sociedades, también los diferentes países estructuran el control de su criminalidad de modos diversos. Unos utilizan la privación de libertad con mayor frecuencia e intensidad (es decir, con penas de mayor gravedad y duración), mientras que otros diversifican más sus medidas penales, y prevén la aplicación de más medidas alternativas a la privación de libertad (véase cuadro 22.2). A pesar de estas diferencias, la privación de libertad

continúa siendo una de las medidas penales más extendidas y aplicadas universalmente para la represión y el control de la delincuencia. Debido a ello, las tasas de encarcelamiento pueden ser un indicador pertinente del grado en que cada país concreto controla su delincuencia a partir del mecanismo penal más riguroso (la prisión) y, también, del grado en que carece de otros mecanismos jurídicos y sociales alternativos. Garland (2001) se refirió al fenómeno del “encarcelamiento masivo” (mass imprisonment) como aquel que reúne dos características distintivas: una, es que la cifra de encarcelados es muy superior a las tasas penitenciarias que un país había tenido en años anteriores; el segundo, sería contar con una tasa de encarcelados sustancialmente más elevada que otros países y sociedades análogos. Según ello, España encajaría de pleno en la definición de “encarcelamiento masivo”, ya que, por un lado, tiene una ratio de presos muy superior a las cifras que ha tenido históricamente, y, por otro, dicha tasa también se halla muy por encima de las de los países europeos de su entorno.

Sala de control de una moderna prisión canadiense

Díez Ripollés (2006) calificó, triplemente, el uso desproporcionado de la prisión como anticuado, ya que representaría una ausencia de esfuerzos para hallar y explorar alternativas, injusto, al suponer prolongadísimas estancias en prisión, lo que además conduciría a un gran hacinamiento carcelario, e ineficaz, ya que, mediante el puro uso del encarcelamiento, se desaprovecharían los múltiples medios de intervención social de los que dispone el Estado. Según el Grupo de Estudios de Política Criminal, que aglutina a diversos juristas y jueces españoles que defienden una política criminal más liberal y progresista que la existente, tres serían las razones fundamentales que

podrían haber explicado el aumento considerable de la población penitenciaria española entre 1996 y 2008, a las que Cid (2008) añadió una cuarta razón, y para todas las cuales encontró apoyo empírico: 1) el incremento de las penas en el Código Penal de 1995, 2) la escasa utilización de las penas alternativas previstas en el mismo, 3) la aplicación restrictiva de los mecanismos de reinserción penitenciaria (particularmente, la libertad condicional), y 4) el endurecimiento en 2003 y 2004 de las penas en materia de violencia doméstica. A partir del Código penal de 1995 se produjo una reducción del número de entradas en prisión, pero un aumento sustancial en el tiempo de encarcelamiento efectivo de los sujetos, tal y como es ilustrado en la comparación efectuada por Cid (2008) de las penas asignadas por uno y otro código penal (el precedente y el vigente de 1995) a una serie de delitos de alta prevalencia (véase cuadro 22.5). CUADRO 22.5. Comparación de las penas para una serie de delitos seleccionados, entre los códigos penales de 1973 y de 1995 Delitos

Código penal de 1973 Pena mínima

Pena mínima efectiva (con la máxima redención posible)

Código penal de 1995 Pena mínima y efectiva

Hurto

1 mes

15 días

6 meses

Robo con fuerza

6 meses

3 meses

1 año

25 meses

24 meses

3 meses

24 meses

Robo en habitada Robo

casa 50 meses 6 meses

50 meses

25 meses

42 meses

Tráfico de drogas 28 (duras) meses

14 meses

36 meses

Lesiones

1 mes

15 días

6 meses

Violación

12 años

6 años

6 años

Homicidio

12 años

6 años

10 años

Robo armado

(Fuente: elaboración propia a partir de Cid, 2008)

Como puede verse fácilmente en el cuadro anterior, a resultas de los cambios producidos en la penalidad por los delitos recogidos en la tabla (que constituyen el grueso de los delitos principales por los que están privados de libertad la mayor parte de los encarcelados), la permanencia en prisión de los condenados se habría casi duplicado (Cid, 2008). Aguilar, García España y Becerra (2012) analizaron la realidad y las políticas penitenciarias de los últimos años, a partir tanto de datos penitenciarios específicos como de un estudio de opinión mediante entrevistas telefónicas con expertos y profesionales penitenciarios. Se recogen a continuación los resultados más significativos de esta investigación: • España se sitúa, por lo que se refiere a sus cifras de encarcelados, por encima de la media de los países europeos de nuestro entorno, mostrando también mayores tasas de población penitenciaria femenina y de presos extranjeros extracomunitarios.

• El aumento de la población carcelaria se debe esencialmente al mayor tiempo promedio de estancia en prisión (solo superada en Europa por Portugal y Rumanía), no a que ingresen más personas. • Los encarcelados en España son, en un 65%, autores de delitos contra el patrimonio o contra la salud pública (tráfico de drogas). • Las prisiones españolas presentan uno de los índices de ocupación, o tasa de internos por plaza, que es de 141%, más elevados de Europa. • Durante los últimos años se ha producido un desarrollo novedoso de programas e iniciativas orientadas a la convivencia dentro de las prisiones y a la reinserción, tales como la creación de los llamados “módulos de respeto” (una especie de comunidades terapéuticas en que los posibles conflictos se resuelven mediante el diálogo y la negociación comunitarios), mantenimiento de un número elevado de permisos de salida, aumento de los terceros grados, empleo creciente de medios telemáticos, programas de tratamiento diversos, creación de Centros de Inserción Social (CIS), aumento de las concesiones de libertad condicional, etc. • En general, la conflictividad y la violencia en las prisiones han continuado siendo muy bajas, e incluso se han reducido.

• Los expertos entrevistados manifestaron las siguientes opiniones principales: o Mayoritariamente consideraron que las elevadas cifras de encarcelamiento existentes en España eran debidas a la mayor dureza del Código penal vigente, a las prácticas judiciales que comportan un uso exagerado de la prisión preventiva, y a los mayores obstáculos actualmente existentes para posibles acortamientos de la pena (al haber desaparecido la figura de la redención de penas por el trabajo). o La menor violencia y conflictividad carcelarias del presente (en comparación con décadas anteriores) se podrían explicar a partir del perfil diferente de los presos actuales (con menores niveles de marginalidad y drogadicción), una arquitectura penitenciara más segura, los mayores niveles de bienestar existentes en la vida en prisión, y la “falta de estructuras de oportunidad diferencial” para la violencia, tanto dentro de las prisiones como fuera de ellas, al no existir en la calle un clima de opinión pública favorable a expresiones conflictuales por parte de los presos. o Desde la última legislatura de gobierno socialista (período 2008-2011), se habría producido un cierto giro hacia la potenciación de medidas de rehabilitación y reinserción, por encima de la

filosofía de mayor dureza y seguridad precedentes, que podría obedecer a razones diversas, ya sean humanitarias, de descongestión de las prisiones, de proyección de una mejor imagen en Europa a este respecto, o de mayor control del gasto penitenciario. o Por último, los expertos consideraron que algunas de las prioridades del sistema penitenciario español, de cara el futuro, deberían ser un análisis más científico de la realidad y gestión penitenciaria, la anteposición de los derechos de las personas internadas sobre otras consideraciones del régimen y del tratamiento en las prisiones, la descongestión carcelaria, y, más ampliamente, la reforma del Código penal en dirección a acortar las actuales penas de prisión y a desarrollar en mayor grado las penas alternativas. A pesar de todos los anteriores razonamientos, tal y como ha puesto de relieve González Sánchez (2011), la mayor punitividad del Código penal de 1995 sería una explicación incompleta del crecimiento de la población carcelaria en España. La cifra penitenciaria viene aumentando desde la transición democrática (después de 1975), y, en realidad, experimentó su mayor crecimiento entre 1984 y 1994 (antes de la vigencia del nuevo código), por lo que los factores explicativos de esta mayor tendencia al encarcelamiento han de más amplios y estructurales que la mera reforma penal de 1995.

González Sánchez (2011) encuentra, en línea con las tesis de Garland (2005), que la tendencia a un mayor encarcelamiento trasciende el caso español, siendo bastante más general y amplia, como prueba el hecho de que muchos países occidentales han experimentado esta misma inclinación expansiva de las cifras carcelarias durante las últimas décadas, a partir de una “presión mediática desmedida” que habría contribuido al “declive del ideal de rehabilitación y el aumento de apoyos para la pena entendida como retribución” (p. 4:11). LA REALIDAD CRIMINOLÓGICA Muchos presos para tan pocos delitos (El País, 5 de agosto de 2009) España tiene la tasa de encarcelamiento más alta de Europa y una de las más bajas de criminalidad – Crecen las voces que abogan por suavizar el Código Penal y favorecer la redención de las penas. El extendido tópico de que en España los presos entran por una puerta y salen por otra ni es cierto ni se sustenta en ninguna cifra oficial. Es el país de la UE con la tasa de encarcelamiento más alta y, por el contrario, de los que tienen menor índice de criminalidad: 20 puntos por debajo de la media. Varias razones explican esta paradoja: la dureza de las penas para los delitos habituales —robo y tráfico de drogas—; el continuo endurecimiento del Código Penal y la incorporación de nuevos delitos; la imposibilidad de redimir condena y la cicatería del Estado para conceder la libertad condicional. “Las prisiones españolas están llenas de pobres, enfermos y drogadictos. Suman más del 70%. La cárcel se está convirtiendo en el único recurso asistencial y esa no es su función”. Mercedes Gallizo, secretaria general de Instituciones Penitenciarias lleva años recordando la función resocializadora que debería tener la cárcel, pero admite que ese principio constitucional está cada día más lejano. El Código Penal de 1995 originó un aumento de la población penitenciaria que llena a un ritmo acelerado las nuevas cárceles. Hace tres años había 63.800 presos. Ahora son 76.485. La tasa de encarcelamiento se sitúa en España en 166 reclusos por 100.000 habitantes, por delante de Gran Bretaña (153) —que siempre había encabezado la lista— Portugal (104), Francia (96) e Italia (92). Sin embargo, la tasa de criminalidad (infracciones penales por cada mil habitantes), es una de las más bajas de los Quince. La relación del año 2008 la encabeza Suecia (120,4), seguida de

Reino Unido (101,6). En España es de 47,6, por delante solo de Grecia (41,2), Portugal (37,2) e Irlanda (25,2). “Hace ya muchos años que se constata que la tasa de encarcelamiento no guarda relación con la criminalidad, sino con la política penal. Lo que ocurre en España no es que los jueces metan a más gente en la cárcel, sino que pasan mucho tiempo”, dice José Luis Díez Ripollés, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Málaga y director del Instituto Andaluz de Criminología. El delito principal que han cometido más del 40% de los penados (22.416 reclusos) fue contra el patrimonio y el orden socioeconómico, según los define el Código Penal. En lenguaje más inteligible: robos, tirones y atracos. “Depende de cómo sea el tirón se puede castigar hasta con cinco años. ¿Debe ir a la cárcel esa persona si ha delinquido por primera vez?”, se pregunta Eduardo Navarro, magistrado de la Sección Sexta de la Audiencia de Barcelona, con 20 años de experiencia, 17 de ellos en juzgados de instrucción. “La sociedad no entiende que no sea así. Los incidentes que he tenido como juez han sido por no enviar a alguien a la cárcel”, afirma. Díez Ripollés ratifica que algunas penas son desproporcionadas. “No es razonable que un delito urbanístico se castigue con un máximo de dos años de cárcel, lo mismo que un hurto agravado, porque al final siempre acaban en la cárcel los mismos”. Es el inicio de una tela de araña en la que queda atrapado el preso y que él ayuda a tejer en muchas ocasiones, pues los índices de reincidencia se sitúan entre el 40% y el 70%. El perfil del recluso español apenas ha variado con los años. Es un hombre, de 30 a 40 años y condenado por robo o tráfico de drogas. Las reclusas suponen el 8% del total de la población. La mayoría están condenadas por tráfico de drogas (48,4%). El llamado Código Penal de la democracia de 1995 que impulsó el ex ministro de Justicia Juan Alberto Belloch eliminó la redención de pena por trabajo o estudio y estableció el cumplimiento íntegro. Eso significa que la mayoría de las condenas se pagan “a pulso”, en lenguaje carcelario, y que se aplica en muy pocas ocasiones la secuencia lógica en la vida penitenciaria: prisión preventiva, segundo grado, permisos, tercer grado, libertad condicional y libertad definitiva. Siete de cada diez penados están en segundo grado, y así pasan la mayor parte de su estancia entre rejas, sin lograr permisos. Solo el 15,1% cumple condena en régimen abierto, y los que logran la libertad condicional suponen el 11%. “Es totalmente innecesario estar tanto tiempo en la cárcel. El cumplimiento íntegro no es bueno desde ningún punto de vista porque aumenta la reincidencia”, sostiene José Cid, profesor de Derecho Penal de la Universidad de Barcelona, que ha analizado el fenómeno en el libro El incremento de la población reclusa en España entre 1996 y 2006. El abogado madrileño José Luis Galán lleva en la profesión más de 35 años y sigue en el turno de oficio. Tiene claro que la situación se hace cada más vez insostenible y

que urge un cambio legislativo en sentido contrario al incremento punitivo de los últimos años. “Lo que no se puede hacer es buscar el aplauso fácil. No siempre se legisla para sacar votos, porque, si no, no habría impuestos. Hay que cambiar las normas que se aplican para que la cárcel sea el último recurso, no el primero y único”, asegura. A renglón seguido reprocha al PSOE la aplicación de una política punitiva que, de manera sustancial, coincide con la del PP. “La izquierda se ha abonado a la chita callando a esa política represora. Cuando no se ha puesto al frente de la procesión, ha ido detrás con el capirote y gran mansedumbre”. Galán también cuestiona que algunas conductas estén tipificadas como delito. “Diga lo que diga el Tribunal Constitucional, es disparatado que las amenazas del marido a la esposa sean delito. Y con la última reforma sobre seguridad del tráfico se han pasado”. Ahora hay en España 3.721 presos penados cuyo delito principal es de violencia doméstica, desde un asesinato —una minoría—, a lesiones o amenazas. También hay 816 reclusos por delitos al frente del volante. “La delincuencia patrimonial de escasa importancia no es razonable que se castigue con penas que comportan la entrada en prisión”, dice Díez Ripollés. Con tres matices: que sean delitos graves, que los cometan reincidentes o altos sectores de la sociedad. “A esos solo se los puede intimidar con la cárcel”, afirma el jurista. Y es que los delincuentes de cuello blanco que acaban entre rejas son una excepción. Casi nadie discute el efecto ejemplarizante que eso causa en la sociedad, aunque tarden en entrar porque pagan mejores abogados y agotan todos los recursos, muchas veces con el beneplácito de los tribunales. “El Código Penal es duro con el débil y débil con el duro”, asegura Díez Ripollés. “Los tribunales tienden a ser más comprensivos con determinados delitos porque la ley es interpretable”, opina la abogada barcelonesa Lidia Lajara, con 16 años de experiencia como penalista. “Hay muchos tipos de jueces y sería injusto no reconocer que muchos creen en la rehabilitación y apuestan por ella”, dice José Cid. Lo que ocurre es que las administraciones no les ofrecen la posibilidad de imponer medidas alternativas. “Hay que decir que los jueces de Cataluña somos unos afortunados y que sí podemos imponer penas al margen de la cárcel de las que en otras comunidades no han oído ni hablar”, dice el juez Navarro. “Otra política criminal es posible”, afirma el catedrático Díez Ripollés, y las penas alternativas para delitos menores son un ejemplo. Ayudarían a descongestionar las prisiones y reducirían el gasto público. Una medida así cuesta 3,05 euros diarios, y el coste de un preso es de 78,29 euros al día, según un estudio de la Generalitat catalana, la única comunidad con competencias en prisiones. “No se puede dejar de castigar al delincuente, pero sin tanta dureza y aplicando las políticas que ya han dado resultados en otros países”, dice Díez Ripollés. Como en Finlandia, recuerda, que a principio de los ochenta tenía una de las tasas de encarcelamiento más altas de Europa y ahora está a la cola.

A) Prisiones y punitividad en Europa Las tasas diferenciales de encarcelamiento existentes en Europa, entre los países mediterráneos, centroeuropeos, nórdicos y del Este europeo, probablemente estarían reflejando, más que grandes diferencias en sus respectivas magnitudes delictivas, modos distintos de encarar el problema criminal (Cruells y Maestres, 2009; GiménezSalinas, 1998). Según las cifras europeas de encarcelados en 2013, en los países nórdicos había una tasa promedio de 63 encarcelados por cada 100.000 habitantes, en los países centroeuropeos de en torno a 98 encarcelados, en los países mediterráneos de aproximadamente 133, mientras que en los estados del Este de Europa las tasas rondarían un media de 260 recluidos (véase detalle sobre diferentes países europeos en cuadro 22.6). Estas diferencias tan grandes en las ratios de delincuencia, ¿indicarían realmente tanta disparidad en las cifras de criminalidad de unos países y de otros? Muy probablemente la respuesta sería que no. Que la diferencia estribaría más bien, según se viene argumentando en este epígrafe, en los modos y mecanismos distintos, que tienen los diferentes estados, de canalizar y de controlar el fenómeno delictivo (Ruidíaz García, 1996), unos con un menor recurso al encarcelamiento y otros con una mayor utilización de la pena de prisión.

CUADRO 22.6. Tasas de población penitenciaria en Europa (2013)

La tasa de cada país refleja el número de encarcelados por cada cien mil habitantes. Los países se han dividido en cuatro grandes bloques de carácter territorial y sociocultural (Países Nórdicos, Centroeuropeos, Mediterráneos, y Países del Este), para los que a su vez se ha obtenido una tasa promedio de encarcelados (t). (Fuente: elaboración propia a partir de la información publicada por el International Centre for Prison Studies, University of Essex: www.prisonstudies.org)

Aebi y Kuhn (2000) confirmaron que, en efecto, no existe una vinculación directa entre las tasas de criminalidad nacionales y sus respectivas cifras de encarcelamiento. Para ello analizaron, en relación con diversos países europeos, la relación entre cada “tasa de encarcelamiento” y su correspondiente “tasa de delincuencia”, “número de condenas de prisión impuestas” y “duración de las mismas”. Sus resultados mostraron que, o bien no existía correlación entre la tasa de encarcelamiento y la tasa de delincuencia, o bien, cuando tal correlación se daba, era negativa (r = -.27; aunque no significativa); es decir, paradójicamente, cuanto más baja era la tasa de delincuencia, mayor era la proporción de encarcelados. En cambio, sí que presentaban una alta correlación con las tasas de encarcelamiento los factores “frecuencia de sentencias de prisión” (r =.63) y “duración de las condenas impuestas” (r =.94). En el cuadro 22.7 puede verse un análisis, para cinco

países europeos, de la duración media de las penas de prisión (incluidas todas las penas aplicadas, que pueden oscilar, lógicamente, desde unos pocos meses a decenas de años), según datos del trienio 2002-2004. Fácilmente se constata que la duración promedio en España prácticamente dobla a la media de Francia, triplica a la de los Países Bajos y Portugal, y es diez veces superior a la duración promedio de la prisión Suiza. CUADRO 22.7. Duración promedio de las penas de prisión en distintos países europeos (sobre datos del trienio 2002-2004)

(Fuente: Redondo et al., 2006)

B) Extranjeros en prisión Otra prueba fidedigna de la desvinculación entre tasas

de delincuencia y de encarcelamiento es aportada por las ratios de encarcelados extranjeros en distintos países europeos (véase cuadro 22.8), que suelen ser en general más altas que las proporciones de ciudadanos extranjeros residentes en los respectivos países (CEJFE, 2011; García España, 2007). Dentro de ello, existen países europeos (Suiza, Italia, España, Noruega, Suecia, Alemania, y Países Bajos) cuyas tasas de encarcelados extranjeros son muy elevadas, superando con creces el 20% del conjunto de su población penitenciaria, mientras que otros países (Inglaterra/Gales, Irlanda, Finlandia, Francia y Portugal) tienen porcentajes de extranjeros en prisión más moderados, de entre el 12,6% y el 18,8%. ¿Significan estas elevadas tasas de extranjeros en prisión que éstos delinquen en mayor medida que los ciudadanos autóctonos? La respuesta más probable es que no, que los extranjeros no parecen contribuir de forma incrementada a la delincuencia de los diversos países (Arbach et al., 2013; Capdevila y Ferrer, 2012; García España, 1999, 2007; Neiderhofer, 1997). La explicación más probable de lo anterior es que los inmigrantes concitarían en mayor grado circunstancias adversas, tales como su frecuente situación de ilegales, una mayor atención policial sobre ellos, una mayor proporción de varones jóvenes entre las poblaciones de emigrantes (como es bien sabido, los varones jóvenes delinquen con

mayor frecuencia que las mujeres), mayores dificultades para subsistir, etc., circunstancias todas que podrían incrementar la probabilidad de que más inmigrantes que autóctonos pudieran acabar siendo detenidos y encarcelados (Martínez, Stowell, y Lee, 2010; Sampson, 2008). CUADRO 22.8. Porcentaje de extranjeros encarcelados en distintos países europeos (2013). Junto a cada país se incluye, entre paréntesis, su población penitenciaria global.

(Fuente: elaboración propia a partir de la información publicada por el International Centre for Prison Studies, University of Essex: www.prisonstudies.org)

22.3.2. Efectos negativos del encarcelamiento:

prisionización Ya en 1959, Florence Nightingale (citada en Liebling y Maruna, 2005) argumentaba que el primer principio de un hospital debería ser el de no hacer más daño, lo que también ha sido reiteradamente afirmado para las prisiones. En el marco de la investigación carcelaria, cuenta ya con una amplia tradición el estudio de los perjuicios psicológicos que la prisión produciría en los internados. La experiencia del encarcelamiento puede influir negativamente sobre las pautas de comportamiento de los presos. Los delincuentes que han pasado mucho tiempo en prisión se enfrentan al mundo exterior, al salir en libertad, con una perspectiva y modos de interacción que corresponden al funcionamiento existente en el interior de las prisiones, lo que hace que dichas pautas puedan resultar muy poco realistas y adecuadas para las exigencias de la vida social. Actividades normales de la vida diaria, como puedan ser subir a un transporte público (lo que puede implicar una gran proximidad física a otras personas, o que te miren fijamente), u observar que alguien se aproxima en un baño público con el simple objetivo de lavarse las manos, etc., pueden ser interpretadas por expresos como acciones precursoras de una posible agresión. Es decir, la vida prolongada en prisión puede dar lugar a una socialización disfuncional y

errónea, y “en tal sentido el sistema que se ha diseñado para ocuparse de los delincuentes se hallaría entre los más iatrogénicos de la historia, al favorecer todas aquellas cualidades que en teoría se propone eliminar” (Miller, citado en Liebling y Maruna, 2005, p. 1). Al igual que sucede en estas contradictorias instrucciones de emergencia que se dan en algunos trenes acerca del uso del martillo rompecristales, las paradojas también están servidas por lo que se refiere a las supuestas finalidades disuasorias y preventivas del sistema penal/penitenciario y, sin embargo, sus frecuentes efectos perjudiciales y intragénicos en el favorecimiento de la reincidencia delictiva.

Dos experimentos bien conocidos acerca del influjo que tienen los contextos opresivos sobre el comportamiento y las actitudes de los seres humanos se realizaron en psicología social a principios de los años setenta. Uno de ellos, en torno al seguimiento de instrucciones dadas por personas con autoridad, fue el realizado en 1974 en la Universidad de Yale (Estados Unidos) por Milgram, quien se interesaba por las motivaciones que podían haber tenido los miles de alemanes que ayudaron a la destrucción sistemática de judíos y otras personas durante el nazismo. Milgram (citado en Liebling y Maruna, 2005) presentó su experimento a los participantes como un estudio sobre los efectos del castigo en el aprendizaje, aunque en realidad estaba estudiando los posibles procesos de obediencia ciega para administrar castigos a personas que supuestamente lo merecían. Persuadió a

participantes voluntarios para que administraran choques eléctricos crecientes a un estudiante que teóricamente estaba dando respuestas incorrectas a un test de aprendizaje. El experimentador daba instrucciones para que aplicaran las descargas eléctricas y les animaba a continuar. Aunque algunos sujetos rechazaron administrarlas y mostraron ansiedad al respecto, el 65% de ellos aplicaron descargas eléctricas que ellos creían superiores a 450 voltios, hipotéticamente poniendo en peligro la vida del estudiante que las recibía. Milgram concluyó que una serie de individuos llevan a cabo sus tareas de una manera obediente, dominada o administrativa, más que regida de forma moral, lo que denota la capacidad de las personas para, si se dan ciertas condiciones, dejar de lado su humanidad. Otro experimento clásico (también citado en Liebling y Maruna, 2005) es el desarrollado en 1973 en la Universidad de Stanford (Estados Unidos) por Zimbardo, en el cual se simuló una prisión durante varias semanas. Contrató a diversos estudiantes de psicología para participar en dicho experimento, pidiéndoles que asumieran roles o bien de guardianes o bien de prisioneros. Los guardianes se implicaron en su rol con tal vehemencia que pronto comenzaron a infligir severos castigos y privaciones a los prisioneros. Éstos se vieron sometidos a tal estrés que hubo que suspender el

experimento antes de lo previsto. Las conclusiones de Zimbardo fueron que, al igual que sucede en otras situaciones de poder, las prisiones pueden transformar los puntos de vista de quienes habitan en ellas, ya sean presos o guardianes, y pueden producir efectos perniciosos importantes sobre los encarcelados. Diversos escritos académicos sobre las prisiones y las narrativas personales sobre los efectos del encarcelamiento han sido reflejados mediante metáforas relativas al tiempo (Jamieson y Grounds, 2005): así diversos libros al respecto, se han titulado “Tiempo muerto” (Rives, 1989, Dead Time), “Haciendo tiempo” (Matthews, 1999, Doing Time), “Perdiendo el tiempo” (Evans, Santiago y Haney, 2000, Undoing Time), o “Fuera del Tiempo” (McKeown, 2001, Out of Time). La idea central es que la experiencia de los encarcelados durante su encarcelamiento puede ser relatada mediante metáforas del tiempo: los presos pasan el tiempo, matan el tiempo, o están en un tiempo muerto. Sykes (citado por Liebling y Maruna, 2005) señaló ya en 1958 los cinco perjuicios más importantes que puede producir el encarcelamiento sobre los sujetos encarcelados. Son los siguientes: 1. La pérdida de la libertad (per se): es decir, el encarcelamiento aparta a un ciudadano de su familia y de sus amigos, le hace perder la condición de ciudadano en

muchos sentidos y suscita, en definitiva, rechazo por parte de la sociedad. 2. Privación de bienes y servicios, tales como todas aquellas posesiones materiales de uso corriente, o de tiempos y actividades de ocio, etc. 3. Frustración de los deseos sexuales: más allá de la existencia, en algunos sistemas penitenciarios (como es el caso de algunos países europeos y latinoamericanos), de comunicaciones íntimas (vis-a-vis, en España), la privación de libertad implica en general una situación de privación sexual involuntaria (Carcedo, López y Orgaz, 2006). 4. Privación de autonomía: es decir, la regulación de la vida carcelaria no deja mucho margen para las elecciones personales en relación con actividades, trabajo o rutinas personales. 5. Privación de seguridad: además, los encarcelados se ven forzados a vivir con personas desconocidas, que son delincuentes, y que en algunos casos pueden producirles miedo e inseguridad. En relación con los efectos psicológicos de la prisión, Clemmer (1940) fue el primero que se refirió al efecto prisionización. A partir de investigaciones mayoritariamente realizadas en prisiones norteamericanas, la prisionización fue concebida en términos de la asimilación por los encarcelados de hábitos, usos,

costumbres y cultura de la prisión, así como de una disminución general del repertorio de conducta de los mismos, como resultado de su estancia prolongada en un centro penitenciario (Clemmer, 1940; Pinatel, 1979; Goffman, 1987; García García, 1987). Estos efectos tendrían lugar tanto durante el período del encarcelamiento de los sujetos como en su posterior vida en libertad (Cullen, Jonson, y Nagin, 2011; García y Sancha, 1985). Algunos investigadores, entre ellos el propio Clemmer (1940), adujeron la existencia de una relación lineal y ascendente entre la duración del internamiento carcelario y el proceso de prisionización. Otros autores han concluido una relación en forma de U invertida, de modo que el mayor grado de prisionización se alcanzaría hacia la mitad del tiempo de encarcelamiento (Reidl, 1979). Entre los efectos más destacables de la prisionización se encontrarían los siguientes1: – Un aumento del grado de dependencia de los sujetos encarcelados, debido al amplio control conductual a que se ven sometidos dentro de las prisiones. – Una devaluación de la propia imagen y una disminución de la autoestima, concebidas como la valoración que el individuo realiza y mantiene respecto de sí mismo (Coopersmith, 1959). En términos generales, se ha sugerido que el “sistema

social informal” de la prisión influiría negativamente sobre la autoestima y la autopercepción de los sujetos (Smith y Hogan, 1973). – Un incremento de los niveles de dogmatismo y autoritarismo de los presos, que se traduciría en su mayor adhesión a valores carcelarios (Baron, 1968). – Por último, algunos autores señalan que en el proceso de prisionización también se produciría un aumento en el nivel de ansiedad de los encarcelados (Sykes, 1958). Pese a la creencia extendida que asocia el constructo prisionización a deterioros psicológicos de los encarcelados, muchos estudios de alta calidad metodológica no han logrado demostrar que el encarcelamiento prolongado produzca un deterioro sustancial de la personalidad y otras variables psicológicas del individuo, tal y como habían previsto Clemmer o Sykes. Sin embargo, se ha puesto de relieve la gran dificultad existente para identificar y evaluar la diversidad de respuestas y efectos posibles que puedan tener lugar como resultado de la prisionización. Muchos estudios se han centrado en aquello que les sucede a los sujetos durante su encarcelamiento, pero muy pocos han analizado efectos a más largo plazo. El efecto prisionización no pudo ser confirmado tampoco, en la mayoría de sus extremos, en una investigación realizada en España (Pérez y Redondo,

1991). En una muestra de 108 sujetos de la prisión de Ocaña II, no se evidenció una relación significativa entre variables de personalidad como la “autoestima”, el “autoritarismo” y el “nivel de ajuste personal” (cuyo deterioro ha sido el medidor habitual del constructo prisionización), y el tiempo que los sujetos habían permanecido ingresados en prisión. Tampoco se mostró relación alguna entre el tiempo de encarcelamiento y la reincidencia posterior de los sujetos en un seguimiento de entre tres a cinco años. Una interpretación que sugerimos para estos resultados es que el constructo prisionización y los perjuicios a él asociados han sido detectados en prisiones —la mayoría norteamericanas— caracterizadas por una gran rigidez de funcionamiento, mientras que en prisiones con un régimen más blando —como son en general las prisiones españolas y lo era en particular la de Ocaña II, en el tiempo en que se efectuó la investigación española referida— no se producirían tan perniciosos efectos psicológicos y delictivos. La cuestión relevante aquí quizá pase por matizar la posibilidad de que no todas las prisiones sean, intrínsecamente y por igual, perjudiciales para sus moradores; más bien, podría argüirse que ciertos estilos y sistemas de organización carcelaria rígidos, y estimularmente precarios, producirían a los presos graves perjuicios, que se han descrito como prisionización2.

Zamble y Porporino (1988) fueron más lejos en la relativización de los efectos perniciosos del encarcelamiento y consideraron que los estilos de adaptación y las capacidades de los delincuentes serían bastante impermeables al influjo de la prisión. Las condiciones del encarcelamiento actuarían más bien como estímulos que podrían instigar o favorecer que, cuando se presentan las oportunidades apropiadas, se detonen las propensiones persistentes de los individuos. Murray (2005) puso de relieve los efectos que el encarcelamiento podría tener, no solo sobre los propios presos, sino, indirectamente, sobre sus parejas (aislamiento social, dificultades económicas, mayores problemas para el cuidado de los hijos, traumas psicológicos, etc.) y también sobre sus hijos. Matthews (1983) se refirió a los hijos de los presos como ‘las víctimas olvidadas del delito’. Se ha constatado que el proceso de encarcelamiento paterno es, para los hijos, un marcador de riesgo incrementado de trastornos mentales y problemas de conducta, aunque no está claro si se trata de un mero correlato asociado, o es realmente un factor causal para el desajuste. En todo caso, un modo probable de prevención de los efectos adversos del encarcelamiento, tanto para el encarcelado como para su familia, es el mantenimiento entre ellos de un contacto regular y positivo.

Liebling y Maruna (2005) sugirieron algunas direcciones futuras para el estudio del los efectos del encarcelamiento, tales como las siguientes: 1. Estudio del deterioro de la salud física y mental como resultado del encarcelamiento a largo plazo. Aunque muchos internados reciben en las prisiones tratamientos médicos y atenciones sanitarias que probablemente no recibirían en libertad, los riesgos de la cárcel para la salud (p.e., Hepatitis B y C, Sida, etc.) son altos, debido a las rutinas y condiciones del confinamiento (p.e., proximidad física de enfermos, prácticas sexuales de riesgo, o consumo de drogas por vía parenteral). También son elevados los riesgos de daños psicológicos (Irwin y Owen, 2005), tales como pérdida de la propia iniciativa y privacidad, incitación a prácticas homosexuales, frustraciones diversas, posible explotación económica al trabajar por salarios mínimos, separación de sus hijos, encarcelamiento de mujeres embarazadas durante el proceso de gestación, etc. (Cuarema y Nicolás, 2013). 2. Evaluación del estrés postraumático que pueden experimentar algunos sujetos como resultado del cumplimiento de condenas prolongadas y de las condiciones estrictas de dicho cumplimiento. El estrés postraumático puede acabar plasmándose (Grounds, 2004) en un endurecimiento de su personalidad, un aumento de su rigidez cognitiva, una menor empatía, etc.,

todo lo que se vincula de pleno con el proceso de “prisionización”. 3. Estudio de los efectos del encarcelamiento sobre las familias de los presos, especialmente esposas e hijos, como víctimas secundarias de la prisión. 4. Análisis de los efectos de la prisión sobre la reincidencia, ya que los datos hasta ahora existentes (Cullen et al., 2011; Nagin, Cullen, y Jonson, 2009; Gendreau, Goggin y Cullen, 1999; Luque, Ferrer y Capdevila, 2005; Redondo et al., 1994; Sánchez Meca, Marín y Redondo, 1996) sugieren incrementos ligeros de las tasas de reincidencia, especialmente a medida que la prisión es más dura. 5. Estudio del influjo de la prisión sobre el propio personal penitenciario y sus familias. El profesor Hans Toch (2005), un clásico del estudio del clima social de las prisiones, señaló que para paliar el impacto destructivo que las actuales prisiones podrían tener sobre los encarcelados, es muy necesario que las actividades penitenciarias transciendan los objetivos de custodia, que el personal conozca individualmente a los sujetos internados, que se desarrollen actividades de grupo en que participen encarcelados y personal, que se implique a ciudadanos externos en el trabajo dentro de las prisiones, que se motive a los encarcelados a participar en la elección de trabajos en la prisión, que se utilicen las

sanciones disciplinarias con moderación y se evite el uso de castigos colectivos, y que la institución penitenciaria asuma, en definitiva, que hay individuos ‘malos’ que pueden llegar a ser gente ‘buena’, y a tener una vida socialmente útil y respetuosa con las leyes, si cuentan con la ayuda necesaria para ello.

Investigadores y profesores del Instituto Vasco de Criminología / Kriminologiaren Euskal Institutua. De izquierda a derecha: Miguel Alonso, Ana I. Pérez Machío, Paco Etxeberria, José Luis de la Cuesta (Director), Laura Pego, Ignacio Muñagorri, Miren Odriozola, Isabel Germán, Izaskun Orbegozo, Luz Muñoz, Isabel Trespaderne (Secretaria académica), y Gema Varona.

22.4. REINCIDENCIA En diferentes países europeos y americanos existe una larga tradición en el análisis de la reincidencia en el delito (véase, por ejemplo, Tournier y Barre, 1990; Tournier, Mary y Portas, 1997). Diversos estudios en países europeos obtienen tasas promedio de reincidencia, para periodos de seguimiento de entre 3 y 5 años, de en torno al 40-45%. Estudios efectuados en Estados Unidos refieren tasas de reincidencia algo más elevadas, que se sitúan, para periodos de seguimiento de 3 años, en el 51,8% (Langan y Levin, 2002). En España el análisis científico de la reincidencia fue un aspecto criminológico descuidado durante décadas, aunque parcialmente enmendado en los últimos años (Serrano Gómez y Serramo Maíllo, 2012). La primera investigación española sobre la reincidencia en el delito se efectuó en 1992 con una muestra de 485 sujetos, que habían sido excarcelados desde las prisiones de Cataluña en 1987, después de haber cumplido una condena de privación de libertad superior a tres meses (Redondo, Funes y Luque, 1993; véase

también en capítulo 10). La reincidencia global de esta muestra, para un seguimiento promedio de tres años y medio, fue de 37,9%. En esta investigación se constató una estrecha relación entre la edad de los sujetos y su mayor o menor reincidencia. En síntesis, reincidieron más en el delito los individuos más jóvenes, y reincidieron menos los menos jóvenes. Según se vio, muchas carreras delictivas suelen comenzar muy tempranamente, a la edad de 10, 12 ó 14 años. Se afianzan y adquieren su momento más álgido entre los 16 y los 20 años. A estas edades, los sujetos pueden experimentar períodos de encarcelamiento de varios años. Cuando salen de nuevo a la calle, tras cumplir estas primeras condenas de privación de libertad, muchos de ellos son aún individuos jóvenes, con gran vitalidad para reincidir en el delito. En segundo lugar, puede concluirse también que todas aquellas medidas penales y penitenciarias que aligeran la condena de un sujeto (como, por ejemplo, la reducción del período de encarcelamiento, su pase a régimen abierto, o su liberación condicional) parecen operar en un sentido “reinsertador”, facilitando que el individuo no vuelva a delinquir. En el estudio de Redondo et al. (1993), de los sujetos que accedieron a la libertad condicional, solo reincidieron un 20,4%. Por el contrario, el mayor endurecimiento del cumplimiento de las condenas (su

cumplimiento íntegro, la ubicación de los sujetos durante largos períodos en régimen cerrado, y la denegación del régimen abierto y de la libertad condicional) fue un predictor de posterior reincidencia. De aquellos encarcelados que no accedieron a la libertad condicional, reincidieron el 53,1% y, lo que resulta aún más negativo, de quienes terminaron sus condenas en situación de régimen cerrado, reincidieron un 78%. A los diez años del primer estudio de reincidencia, se efectuó en Cataluña una segunda investigación, en este caso a partir de la población de sujetos excarcelados en 1997 de los centros penitenciarios catalanes (Luque, Ferrer y Capdevila, 2004, 2005). La muestra estuvo integrada en esta ocasión por 1.555 personas de las que se efectuó un seguimiento de un mínimo de 4,5 años y un máximo de 5,5 años. La tasa global de reincidencia fue del 37,4%, muy semejante a la tasa del 37,9% obtenida en el estudio realizado diez años antes, aunque para un periodo de seguimiento algo menor (de en torno a 3,5 años). Los hombres reincidieron en mayor proporción (38,2%) que las mujeres (28,5%). Por tipologías delictivas, reincidieron más los delincuentes que habían cumplido penas por delitos contra la propiedad (36,6%), seguidos de los que las habían cumplido por delitos sexuales (22,2%), los condenados por delitos contra las personas (17,6%) y, en última instancia, los que habían

cometido delitos contra la salud pública, generalmente de tráfico de drogas (16,6%). Los sujetos excarcelados tras haber cumplido la última parte de su condena en libertad condicional, reincidieron en una tasa muy inferior (15,6%) que los que excarcelados sin haber accedido a la liberación condicional (44,3%). Mediante un análisis de regresión logística se pudo determinar que las variables que predecían la reincidencia de manera significativa eran las siguientes: la variable sexo (ser varón), el peor comportamiento en prisión, el cumplimiento íntegro de la pena (sin libertad condicional), la menor edad del primer ingreso en prisión, el mayor número de ingresos previos, y el haber pasado más tiempo en prisión. Más recientemente, un nuevo estudio de reincidencia en Cataluña analizó una muestra de 1.403 sujetos excarcelados en 2002 y evaluados durante un periodo de seguimiento de cuatro años (Capdevila y Ferrer, 2009). En este caso la reincidencia promedio fue del 40,3%, con una mayor proporción de reincidentes, como en los estudios anteriores, entre los delincuentes contra la propiedad (50%), y entre aquellos que no habían accedido a la libertad condicional (51,3%). En 2001 se publicó un estudio de reincidencia sobre una muestra de 330 sujetos que habían pasado por la Central Penitenciaria de Observación (organismo dependiente de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias), y

que habían sido excarcelados entre 1993 y 1996 (Serrano Sáiz, Romero y Noguera, 2001). Se analizó un periodo de seguimiento de tres años, tras la excarcelación de cada sujeto. La reincidencia global acumulada fue del 46,7%, reincidiendo el 30,6% durante el primer año, el 12,7% en el segundo año y el 3,4% en el tercero. Por tipologías delictivas, la mayor tasa de reincidencia correspondió a los delincuentes contra la propiedad (58,8%), después a los delincuentes sexuales (31,6%), a los condenados por delitos contra las personas (26,7%), y a los sentenciados por delitos contra la salud pública —muchos de ellos correspondientes a tráfico de drogas— (24,4%). Se ha de tener en cuenta que en este estudio probablemente se analizó una muestra de sujetos que presentaban de inicio mayor riesgo de reincidencia que los de las muestras catalanas, debido al hecho de que haber sido trasladados a la Central Penitenciaria de Observación evidenciaría alguna problemática especial relativa a su clasificación penitenciaria (lo que puede incluir problemas de comportamiento en prisión y otros factores de riesgo asociados a una mayor probabilidad de reincidencia). Estas circunstancias pueden haber condicionado que en esta evaluación se obtuviera una tasa de reincidencia 10 puntos superior a los estudios catalanes anteriormente mencionados.

22.5. COSTES SOCIALES Y ECONÓMICOS DE LOS DELITOS Y SU CONTROL La delincuencia en sí y, posteriormente, la represión y el control de la misma, comportan grandes costes personales y sociales, entre los que deben computarse también las pérdidas materiales que se derivan de los delitos y las inversiones económicas requeridas para la mejora de la seguridad (Cohen, Piquero y Jennings, 2010; Welsh y Farrington, 2011). Los costes personales conciernen, sobre todo, a los daños y el sufrimiento experimentados por las víctimas de los delitos, tanto directas o primarias, las personas que padecen un robo o una agresión, como aquellas víctimas indirectas o secundarias, como familiares, amigos, y, a la postre, el conjunto de la comunidad social que es perjudicada de múltiples maneras por la delincuencia (Piquero, Jennings, y Farrington, 2011). Cuantos más hurtos y robos, mayor temor a salir a la calle; cuantas más agresiones sexuales, más oprimidas y con menor libertad se sienten las mujeres; cuantos más problemas de corrupción, más medidas de control y mayor rigidez y lentitud en la gestión pública, etc. Muchos de los perjuicios e inconvenientes de la delincuencia están creados, además de por los delitos en sí, por un miedo exagerado al delito y por las medidas de control excesivas con las que se reacciona frente a posibles delitos futuros.

Es decir, a los perjuicios directamente ocasionados por la delincuencia hay que añadirle también los inconvenientes derivados de las precauciones tomadas contra ella, que, en muchos casos, reducen la calidad de vida del conjunto de los ciudadanos. El coste económico inmediato de la delincuencia es el valor de los bienes robados. A esta cifra hay que sumar los gastos de prevención estática de la delincuencia, como las inversiones en cerraduras, alarmas y verjas, y en personal dedicado a reprimirla: guardias y vigilantes, policías, jueces y funcionarios penitenciarios. Piquero et al. (2011), a partir del datos del Estudio Cambridge sobre Desarrollo de la Delincuencia, estimaron que un varón delincuente crónico comportaría un costo anual de 18 libras (unos 21 euros) por ciudadano británico, o, en términos globales, un costo total de 742 libras (unos 865 euros) por contribuyente. En España, en un estudio realizado hace años (Serrano Gómez, 1986) se estimaba, en base a datos de las compañías de seguros y de la inversión en prevención por parte de particulares, que a mediados de los años ochenta en España se gastaban anualmente en seguridad unos 50 euros por individuo. Añadiendo el costo de los servicios estatales correspondientes a prevención y lucha contra la criminalidad, la suma se elevaba a unos 80 euros por persona y año. Treinta años después, los gastos directos

del delito por persona y año ya son superiores a los 350 euros anuales por habitante. Durante las últimas décadas, España ha realizado una fuerte inversión en la construcción de cárceles, y el número de reclusos se ha multiplicado por cuatro. Además, la seguridad privada es uno de los sectores de la economía que más crece, y el número de vigilantes y personal de seguridad privada se ha cuadriplicado. El delito, como comentaba Serrano Gómez (1986: 250) “crea empleo”. Recapacite el lector sobre la secuencia de gasto público que comporta la persecución de los delitos y de los delincuentes (especialmente, de los más graves), su procesamiento y enjuiciamiento, y, finalmente, la aplicación de las penas impuestas. Anualmente se destinan grandes presupuestos a las dotaciones de los cuerpos de policía que se encargan de la indagación de los delitos y la detención de los culpables, a la maquinaria de la Administración de justicia y, cómo no, a la ejecución de las medidas que son dictadas por los tribunales, entre las cuales las más costosas son, sin duda, las penas de prisión. A mero título de ejemplo, en España se gastan no menos de mil cien millones de euros en la sola gestión de las instituciones penitenciarias. Paralelamente, la construcción de un nuevo centro penitenciario, que disponga de unas 1.000 plazas, tiene un coste no inferior a ochenta millones de Euros.

En los países anglosajones, particularmente en Estados Unidos y Reino Unido, se realizan a menudo estudios económicos de la justicia penal, en términos de análisis coste-beneficio, es decir, contrastando la eficiencia de aquello que se gasta en relación con los resultados que se obtienen (Welsh y Farrington, 2011). Contrariamente a ello, en España no suelen realizarse estudios de índole económica acerca del encarcelamiento y la justicia, lo que no deja de ser particularmente sorprendente en etapas de grave crisis y dificultades económicas. Una excepción a esta carencia general de estudios económicos la constituyó una investigación de Redondo, García, Blanco, Anguera y Losada (1997), quienes analizaron los costes del sistema penitenciario catalán en sus distintos apartados de gasto: los gastos necesarios para su gestión (instalaciones y administración), los presupuestos invertidos en seguridad de las prisiones, aquéllos dirigidos a promover la salud de los encarcelados y, por último, los gastos efectuados para facilitar la educación y reinserción social. De todas estas partidas económicas, las destinadas en conjunto a instalaciones y administración y a vigilancia eran, a todas luces, las más gravosas. De los 88 millones de euros gastados en el sistema penitenciario catalán en 1994, 59,3 millones de euros, lo que suponía el 67,68% del presupuesto, correspondieron a administración y

seguridad. Se invirtió un total de 16,7 millones de euros, el 19,14% del presupuesto en calidad de vida, y 11,5 millones de euros, un 13,16% del global, en rehabilitación y reinserción (al que correspondía un 16% del conjunto del personal penitenciario, incluyendo criminólogos, psicólogos, sociólogos, pedagogos, maestros, educadores, trabajadores sociales y monitores diversos). De todos los análisis económicos efectuados por Redondo et al. (1997), destacó el elevado coste por interno que comportaba el encarcelamiento: en 1994 las prisiones catalanas gastaron anualmente trece mil euros por cada preso, lo que equivalía a unos 36 euros por día (para el año 2012, esos gastos se estimaban en unos 30.000 euros anuales, equivalentes a unos 82 euros diarios). Ello sin contar la exorbitante cifra que comportaba la creación de cada nueva plaza penitenciaria, que en 1994 no era inferior a 48.000 euros. Ello significaba que, al precio de la estancia en prisión, había que añadir unos 28 euros diarios por interno, en concepto de amortización de los gastos de construcción de la plaza penitenciaria ocupada. En 2006 la construcción de cada nueva plaza podría estimarse en no menos de 90.000 euros. Y en 2011 solo la Administración penitenciaria dependiente del Ministerio del Interior gastó en la gestión de las prisiones un presupuesto global superior a mil doscientos millones de euros (Secretaría General de

Instituciones Penitenciarias, 2011). En el apartado de las relaciones entre costes económicos del encarcelamiento y beneficios logrados, Redondo et al. (1997) concluyeron que, en general, se obtenían mejores resultados en indicadores de beneficio, como una mayor proporción de sujeto en programas de educación y rehabilitación, una tasa más elevada de permisos y salidas programadas concedidos, y una superior proporción de internos en régimen, en los centros más pequeños (que, sin embargo, resultaban ser los más costosos por interno, desde un punto de vista económico). Por el contrario, los centros más grandes, aunque comportan cierto ahorro económico, mostraban mayores dificultades para acometer los objetivos de reeducación y reinserción social previstos por la ley. LA REALIDAD CRIMINOLÓGICA Las prisiones de EEUU rebajan las penas para ahorrar costes (El Economista.es, 14/07/2009) Las cárceles estadounidenses y la justicia no se libran del azote de la crisis. Las cuentas de buena parte de los gobiernos estatales se encuentran bajo mínimos y las bancarrotas atormentan importantes áreas como California. Sin dinero ni siquiera para costear los salarios de empleados públicos, mantener las prisiones y a sus inquilinos se ha convertido en un verdadero suplicio. Algunos departamentos correccionales, como el del estado de Washington, han puesto en práctica algunas técnicas originales para ahorrar algunos dólares como por ejemplo lavar la ropa de los encarcelados con agua fría, reciclar y hacer compost con las sobras de la cocina o, incluso, recolectar agua de lluvia, algo que permite ahorrar hasta 4,6 dólares por prisionero. Sin embargo, estas medidas no están siendo suficientes para frenar los ingentes costes de manutención de prisiones y, por eso, se han tenido que comenzar a aplicar métodos alternativos de sentencia para no seguir aumentando el número de reclusos

en el país. Según explicaba el Washington Post, tribunales dedicados a juzgar a traficantes de drogas, conductores ebrios y otras fechorías, están optando por imponer condenas de arresto domiciliario o libertad condicional para evitar enviar nuevas personas a la cárcel. A día de hoy, mantener a una persona en centro penitenciario estadounidense viene a costar alrededor de 79 dólares diarios mientras que una libertad vigilada o monitorizada solo cuesta 3.50 dólares, por lo que el ahorro es más que evidente. Ocho prisiones ya han cerrado sus puertas Según Adema Gelb, director del Proyecto de Seguridad, del Pew Center, “la economía está obligando a muchos estados a tomar decisiones sobre la marcha”. “Hemos observado que se están tomando nuevos caminos para garantizar la seguridad pública a un coste mucho más barato”, añadió. En estados como Michigan, el tomar decisiones de este estilo no ha evitado que se hayan tenido que cerrar un total de ocho prisiones, ya que con un déficit de 1.400 millones de dólares, las autoridades estatales no podían permitirse el lujo de poder mantener abiertas dichas cárceles. Otros casos, como el de Texas, ponen los pelos de punta. Dicho estado cuenta con más de 155.000 encarcelados y el mayor número de condenados a muerte del país, dado el conservadurismo que caracteriza a su sistema judicial. Los expertos proyectan que para 2012, el estado necesitará otras 17.000 camas para cobijar a los nuevos reclusos algo que supondría tener que construir hasta ocho prisiones por un valor total de casi 1.000 millones de dólares. De momento, parece que se están llevando a cabo progresos mínimos para reducir costes, algo que podría poner en peligro el funcionamiento del sistema de prisiones y las decisiones judiciales a lo largo y ancho del país. Algunos ciudadanos temen que la falta de fondos y la toma de decisiones alternativas acabe por relajar la justicia y no condenar como se debe a los criminales. Otros creen que precisamente esta situación demuestra lo contrario, que los jueces más conservadores encarcelan demasiado pronto a los culpables. El Reino Unido cerrará seis prisiones inglesas por su alto coste (Agencia EFE, 10/01/13) Londres, 10 ene (EFE).- Seis prisiones inglesas serán cerradas y otras tres quedarán parcialmente clausuradas por su alto coste de mantenimiento, lo que permitirá un ahorro de 63 millones de libras (77 millones de euros) anuales, informó hoy el Gobierno. Según un comunicado emitido hoy por el Ministerio de Justicia, las cárceles afectadas, algunas de ellas viejas y construidas en tiempos victorianos, están en Essex, Canterbury, Gloucester, Portsmouth, Somerset y Shrewsbury, con capacidad para albergar a 2.600 presos. En cuanto a los centros penitenciarios que serán parcialmente clausurados son los de las localidades británicas de Chelmsford,

Hull y el de la Isla de Wight. Al tiempo que comunicó esos cierres, Justicia anunció sus planes de construcción de una nueva “súper cárcel” con capacidad para 2.000 presos, que será la mayor prisión de todo el Reino Unido, un 25% más grande que las instalaciones que existen en la actualidad. Con relación a ese proyecto, el ministerio reveló que se llevarán a cabo planes de viabilidad acerca de la ubicación del nuevo centro penitenciario en Londres, el noroeste de Inglaterra y el norte de Gales. “Nuestra estrategia es asegurarnos de que contamos con lugares suficientes para hacer frente a la demanda de los tribunales a la vez que garantizamos lo mejor para el contribuyente”, explicó el ministro británico de Justicia, Chris Grayling. En la nota, este titular también señaló que hay que “rebajar el coste del sistema de prisiones, gran parte del cual es viejo y caro”. “No obstante, no quiero que los tribunales se encuentren en una posición en la que no puedan enviar a un delincuente a la cárcel porque no hay lugares disponibles”, agregó. Los recortes llegan a las cárceles El Govern admite serias dificultades para pagar la factura penitenciaria y aplica recortes en la cárcel | Con la supresión de la merienda, se ahorra medio millón de euros al año sin afectar a la dieta del preso (La Vanguardia.com, 7/07/12) En las cárceles de Catalunya ya no hay merienda gratis. El Govern ha suprimido la pieza extra de fruta, el yogur o el zumo, repartidos con el menú del almuerzo y que muchos reclusos guardaban para la hora de la merienda. La retirada de ese complemento en la alimentación penitenciaria se incluye dentro de las medidas de ahorro que Justícia ha empezado a aplicar en los gastos de toda la infraestructura relacionada con la comida. La supresión de la merienda va a suponer un ahorro de medio millón de euros al año y con toda la reestructuración (se ha doblado el precio que los funcionarios pagaban por los menús dentro de la cárcel y se han reducido los horarios de cafetería) se prevé ahorrar dos millones de euros por ejercicio. La supresión de la merienda parece haber levantado más polémica en el Parlament, donde todos los grupos — excepto CiU— pidieron el jueves que vuelva a repartirse ese tentempié (…). Justícia insiste en que la alimentación de los reclusos (en las cárceles catalanas se sirven hasta media docena de menús diferentes) “sigue siendo de calidad” sin esa merienda —que nunca se ha repartido en el resto de las prisiones de España— y revela que el Govern tiene serias dificultades para pagar la factura penitenciaria. Solo de hipotecas por las cinco nuevas prisiones impulsadas por el anterior Govern se pagan, cada año, cincuenta millones de euros, tal como indica Ramon Parés, director de Serveis Penitenciaris. Se calcula que cada preso (…) cuesta entre 70 y 80 euros diarios. Todo lo que se pueda ahorrar, sin que afecte a las políticas de rehabilitación o a calidad de vida de los presos, “supone un respiro a la hora de hacer frente a esta factura”, afirma Parés. Aunque hay pequeños lujos que, en aras de mantener la paz

entre rejas, no se han suprimido. Los reclusos ya no meriendan gratis, pero siguen viendo la televisión de pago en sus celdas (…).

22.6. FINALIDADES DE LAS PENAS E IDEAL DE REHABILITACIÓN “[Al corregir a vuestros semejantes…] buena parte de los humanos, parecéis imitar a esos malos maestros que, mejor que enseñarles, prefieren azotar a sus discípulos. Decrétanse contra el que roba graves y horrendos suplicios, cuando sería mucho mejor proporcionar a cada cual medios de vida y que nadie se viese en la cruel necesidad, primero, de robar, y luego, en consecuencia, de perecer.” Tomas Moro, 1516. Utopía.

En relación con la prevención del delito y las finalidades de las penas, los ciudadanos suelen mostrar opiniones ambivalentes, en las que se consideran tanto la necesidad de medidas sociales de apoyo a los jóvenes y a quienes han cometido un primer delito, como la conveniencia de una mayor dureza con los delincuentes reincidentes. En el estudio de opinión pública del Observatorio de la Actividad de la Justicia (2012), al que ya se ha hecho referencia, se halló que los ciudadanos opinaban de forma bastante unánime que si hubiera más trabajo y más control y vigilancia policial habría menos delincuencia; por otra parte un 66% de encuestados consideraban que debería invertirse un mayor presupuesto para lograr la rehabilitación de los delincuentes de modo que puedan convertirse en ciudadanos más respetuosos de la ley. No

obstante, si fracasan la prevención, la disuasión y la rehabilitación, tres de cuatro españoles apuntan por un trato más duro a lo delincuentes, que implique penas más severas, e incluso la cadena perpetua en delitos muy graves. Entre las finalidades atribuidas, desde diferentes perspectivas, a las penas que se imponen por los delitos, se encuentran las siguientes: 1) el castigo de los delincuentes, con el objetivo de disuadirlos de futuros actos delictivos, en razón de un mayor temor a nuevos castigos penales; 2) su inocuización criminal, impidiendo, particularmente a partir de su encarcelamiento, que puedan cometer nuevos delitos, y protegiendo así a la sociedad; y 3) su tratamiento y reinserción, a partir de intervenciones técnicas de carácter educativo, laboral, psicológico, etc. Según Redondo (2004), cuando los operadores de la justicia y los ciudadanos en general reflexionan y se posicionan acerca de las anteriores finalidades del sistema penal, suelen producirse debates cruzados en tres dimensiones implícitas diferentes, estrechamente conectadas con las tres finalidades a que se acaba de hacer referencia. La cuestión de si la pena debe tener una finalidad primordialmente punitiva y disuasoria, se vincula estrechamente a una dimensión simbólica, o de significado, del sistema penal. Por su parte, la función de inocuización se entrelaza con las valoraciones acerca de la

vertiente protectora o de defensa social del sistema penal, y en consecuencia, del grado de severidad o permeabilidad que éste debería tener. Por último, la perspectiva sobre la finalidad rehabilitadora de la pena guarda estrecha relación con una dimensión técnica, que pondera la efectividad de las distintas técnicas de tratamiento y rehabilitación de los delincuentes. Veamos estas dimensiones valorativas con más detalle. La dimensión simbólica de las penas hace referencia al significado preferente que se confiere al castigo penal. En ella, el debate suele decantarse, o bien por el realce del castigo (generalmente, la prisión) como prioridad para los infractores de la ley penal, o bien por medidas de mayor contenido social, en que las propias víctimas (programas de relación con las víctimas, por ejemplo, mediación o reparación), o la sociedad en su conjunto (servicios o trabajos en beneficio de la comunidad), puedan jugar un papel educativo-social sobre los delincuentes. El debate posee aquí un carácter esencialmente moral y político (Sherman, 2002), y tiene que ver con la consideración de si los ciudadanos que quiebran la ley deben ser meramente castigados y encerrados en las cárceles, o si, por el contrario, debe avanzarse hacia medidas sociales menos punitivas, que puedan lograr, sin embargo, efectos disuasorios semejantes. La investigación ha explorado, de modo parcial y provisional, la capacidad disuasoria que

tiene el sistema penal (y, en concreto, la prisión) tanto sobre los propios delincuentes convictos (la denominada prevención especial) como sobre los ciudadanos que no han delinquido (prevención general) (véase capítulo 10). Respecto de la eventual capacidad del sistema punitivo para disuadir a los delincuentes habituales de cometer nuevos delitos (es decir, para reducir su reincidencia), los datos de la investigación refutan más que avalan dicha capacidad disuasoria (Barberet, 1997; Zimring y Hawkins, 1973). En relación con la capacidad disuasoria del sistema jurídico-penal sobre los ciudadanos no delincuentes —es decir, con respecto a su capacidad de prevención general—, los resultados de la investigación confirmarían parcialmente que la amenaza penal podría contribuir a disuadir de cometer delitos, a aquellas personas que habitualmente no los cometen. La segunda dimensión valorativa del sistema penal, vinculada en parte a la anterior, posee un carácter prioritariamente utilitario: haría referencia a la vertiente protectora o inocuizadora atribuida a las penas de prisión, en la medida en que segregan a los delincuentes e impiden que cometan nuevos delitos, al menos durante el tiempo que dura su cumplimiento. De acuerdo con ello, esta dimensión bascularía entre dos posibles extremos: uno, el logro del mayor grado posible de seguridad y control en el cumplimiento de las condenas, y el otro, la asunción de

algunos riesgos en la seguridad, en favor de objetivos positivos aunque inciertos como la rehabilitación. En lo concerniente al sistema penitenciario español, lo anterior tendría ello tiene que ver fundamentalmente con los regímenes y contextos de cumplimiento de penas privativas de libertad: en régimen cerrado, ordinario o abierto, y la concesión o no a los encarcelados de permisos y de la libertad condicional anticipada. El extremo más estricto de esta dimensión de defensa social vendría a considerar que la mejor opción es la máxima protección y, en consecuencia, que los delincuentes, especialmente los más violentos y peligrosos, deberían cumplir sus penas en regímenes cerrados y de máximo control, que impidan a toda costa su evasión. Opciones más blandas y liberales asumirían, en cambio, otras posibles medidas y situaciones de riesgo moderado, como los permisos de salida, los regímenes abiertos, el arresto de los sujetos en su propio domicilio, o la utilización de controles mecánicos como las pulseras electrónicas (sistema que ya se utiliza en España con algunos penados). Según Redondo (2004), el posicionamiento personal y social en las dos primeras dimensiones de las penas (simbólico-punitiva y protector-inocuizadora), a las que acabamos de referirnos, podría guardar relación con dos factores principales: 1) el nivel de violencia y

delincuencia —real o simbólicamente construida— que hay en una sociedad, y 2) su grado de desarrollo social y democrático. En principio, cabría esperar que a mayor violencia y menor desarrollo social, más duras sean las medidas penales empleadas en una sociedad, y más estricto sea su cumplimiento (es decir, más duros sean el sistema penal y el sistema de ejecución de penas); y viceversa, que a menor violencia/delincuencia (real o construida) y mayor grado de desarrollo social, más suaves y comunitarias serán las medidas penales establecidas y aplicadas (mayor suavidad del sistema penal/penitenciario). La tercera dimensión sugerida por Redondo (2004), en relación con las finalidades del sistema criminal, tiene un cariz científico, y se refiere a la efectividad de las intervenciones y técnicas de rehabilitación aplicadas con los delincuentes. Más concretamente, al grado en que las distintas técnicas y programas de tratamiento utilizados logran reducir la reincidencia futura de los sujetos tratados. Esta dimensión técnica, relativa a las intervenciones y programas de tratamiento utilizados, hace referencia a qué es lo que se ofrece a los delincuentes mientras cumplen una condena penal, a qué se les aporta en términos de educación, formación laboral, habilidades sociales, apoyo social, etc., de cara a que puedan mejorar sus competencias personales y

posibilidades sociales para una vida social integrada. Durante las últimas décadas se han aplicado —sobre todo en prisiones, aunque también a veces en la comunidad— múltiples programas de tratamiento con diversas tipologías de delincuentes, entre ellos delincuentes juveniles, delincuentes violentos y contra la propiedad, y agresores sexuales. Nos referiremos detenidamente al tratamiento de los delincuentes y su posible eficacia en el capítulo siguiente. Baste por ahora decir que los tratamientos con delincuentes logran reducciones promedio de la reincidencia de entre el 5% y el 30% (sobre tasas medias de reincidencia del 50%) (Redondo y Frerich, 2013). Así, la efectividad de las medidas penales, por lo que concierne a la disminución de la reincidencia delictiva, tiene que ver prioritariamente con los contenidos educativos y rehabilitadores ofrecidos a los delincuentes y condenados, no tanto con las dimensiones simbólicas socialmente atribuidas al castigo, o con la dureza de ejecución de las medidas penales. Sin contenidos educativos y rehabilitadores, es una gran quimera esperar que las penas de prisión (o cualesquiera otras medidas penales), tengan per se virtualidades preventivas y reinsertadoras. Y, contrariamente a ello, si se trabaja con los delincuentes de manera sistemática e intensiva, mediante programas que han mostrado efectividad, pueden obtenerse buenos resultados

preventivos en diferentes contextos penales. Es evidente que cuanto más abiertos y comunitarios sean los contextos en que tales programas se lleven a cabo mayores serán las oportunidades para que los sujetos puedan poner en práctica, en la realidad social, las nuevas habilidades aprendidas. Pero si tales habilidades no les han sido enseñadas previamente (lo que también puede hacerse en las prisiones) difícilmente podrán ejercerlas en la vida social. La tesis central de la argumentación de Redondo (2004) es que en los modernos estados democráticos y desarrollados (e, idealmente, en todos los países) el planteamiento más comprensivo, racional y avanzado para el control y prevención de la delincuencia debería congeniar equilibradamente todas las finalidades y valoraciones a que se ha aludido. La defensa de la seguridad pública y el tratamiento de los delincuentes no son objetivos contradictorios, sino que pueden ser complementarios y de resultado sinérgico o multiplicativo. El sistema penal de un país desarrollado habría de servir para disuadir del delito y proteger a la sociedad de los delincuentes más violentos y peligrosos pero, a la vez, debería ofrecer y aplicar el mayor número posible de intervenciones y programas de tratamiento y reinserción, específicamente dirigidos a procurar la rehabilitación social de los delincuentes y a reducir sus

tasas de reincidencia en el delito. Con frecuencia se afirma que las prisiones tienen una contradicción ontológica: no puede prepararse a los delincuentes para la vida en libertad desde la privación de libertad. Esta aseveración expresa, sin duda, cierta verdad, ya que las prisiones ni fueron concebidas originariamente como lugar de rehabilitación y reinserción social, no son el contexto idóneo para llevar a cabo tales procesos, que en realidad tienen que producirse fuera de las prisiones, en la comunidad social. Sin embargo, ello no impide que la estancia en prisión pueda constituir una ocasión propicia para ofrecer y enseñar a los encarcelados múltiples habilidades y competencias que podrían serles útiles en la vida social (educación y cultura, nuevos valores, formación laboral, autocontrol, habilidades sociales, etc.), y para ayudarles a recomponer unos vínculos familiares y sociales más favorables para su futuro. En suma, nada impide que la privación de libertad pueda ser transformada, como se afirmó, en lúcida expresión, en un “tiempo útil” (Arnanz, 1988), por oposición a un tiempo inútil o perdido. Diversas razones justifican, a nuestro juicio, la conveniencia de mantener el “ideal de rehabilitación” en el sistema criminal y en las prisiones. Una importante, de cariz histórico pero también de vigencia actual, es que el ideal de la rehabilitación ha propiciado una progresiva

humanización de las penas de prisión y las instituciones penitenciarias, en lo relativo al trato que se da a los encarcelados, las condiciones de higiene de las prisiones, la salubridad de los edificios, y el aumento de los servicios y del personal destinados a tareas educativas, rehabilitadoras y sociales. El ideal de la rehabilitación ha favorecido, durante décadas, también la investigación criminológica: solo una perspectiva que cree en la capacidad humana para cambiar y mejorar, se interesa por indagar los factores que se vinculan a la delincuencia. Muchos de los conocimientos criminológicos presentados en esta obra ilustran esta perspectiva posibilista y esperanzada. Finalmente, una tercera razón importante por la que es necesario, en nuestra opinión, que el ideal de la rehabilitación forme parte de los objetivos de la justicia criminal y del sistema penitenciario es la evitación o la reducción de las futuras acciones delictivas. Según se detallará en el capítulo siguiente, muchos de los programas de rehabilitación ejercen un efecto muy favorable sobre los encarcelados que los siguen y sobre su futuro comportamiento. Trabajar con delincuentes en tesitura de rehabilitación es hacerlo con la ilusión y la esperanza de que, con la necesaria ayuda, ellos pueden cambiar su futuro.

Grupo de Investigación en criminología aplicada a la penología (UAB). De izquierda a derecha: Helena Mulero; José Cid; Beatriz Tébar; María Contreras; Ariadna Andreu; Anna Meléndez; Joel Martí; Aina Ibáñez y Eugenia Albani. Líneas de investigación: Desisitimiento y reinserción; Prisiones: tercer grado y libertad condicional; Métodos de investigación en criminología; Justicia restauradora; Penas alternativas a la prisión; Teorías ecológicas y prevención comunitaria; Teorías criminológicas.

PRINCIPIOS CRIMINOLÓGICOS Y POLÍTICA CRIMINAL 1. Es un principio criminológico bien establecido que las consecuencias punitivas de un comportamiento, como lo son las penas, para que resultaran disuasorias y efectivas, deberían seguir inmediatamente a los delitos. Debido a ello, es difícil que el sistema penal pueda ser eficaz en la prevención de los delitos mediante las penas. 2. La Administración de justicia podría modernizarse y hacerse más eficiente a partir de mejorar el funcionamiento de las oficinas judiciales, y de reformas procesales profundas que permitieran una mayor generalización de los procedimientos y juicios orales rápidos. Desde una perspectiva criminológica, sería particularmente necesaria y urgente la modernización de las estadísticas judiciales y fiscales, de modo que permitan un conocimiento más veraz de las tasas delictivas. 3. Las penas alternativas, como los Trabajos en Beneficio de la Comunidad, pueden constituir una buena base para el trabajo preventivo con los infractores y delincuentes, a partir de aplicar durante su cumplimiento medidas educativas y de tratamiento apropiadas. Además, las medidas alternativas pueden tener otras muchas ventajas, como una menor estigmatización de los condenados, una mayor facilitación de su inserción social y, también, un menor coste económico. 4. Las cifras de delincuencia de un país y sus tasas de encarcelamiento no siempre son paralelas. Más bien, suele existir una gran desconexión entre estos dos fenómenos, que en teoría deberían estar estrechamente interrelacionados. Una prueba de esta incoherencia es la gran diversidad de tasas penitenciaras existentes en distintos países y regiones de Europa, a pesar de que no haya tan claras diferencias en sus cifras delictivas. 5. Las elevadas tasas de extranjeros en prisión no tienen por qué significar que los extranjeros residentes en un país cometan más delitos que los ciudadanos autóctonos. Muchos de estos encarcelamientos pueden ser debidos a infracciones cometidas por los extranjeros en el marco de verse afectados por múltiples carencias y problemas, de índole social y económica, que guardan estrecha

relación con su situación de inmigrantes o “extranjeros”. 6. Contra lo que a menudo se dice, el Código penal de 1995 comportó un gran endurecimiento de las penas privativas de libertad, lo que ha hecho que, en promedio, los encarcelados permanezcan en prisión mucho más tiempo, promoviéndose con ello un incremento constante del número de encarcelados. 7. El encarcelamiento puede comportar un proceso de “prisionización” en los sujetos internados, y producir en ellos múltiples efectos negativos, entre los que se incluyen el aumento de su dependencia o pérdida de autonomía, la disminución de su autoestima, la adquisición de valores carcelarios y delictivos, una ansiedad elevada, y un mayor riesgo de futura reincidencia. 8. En España, al igual que en otros países europeos, las cifras promedio de reincidencia no son superiores al 50%. No puede afirmarse, como a menudo se hace sin tomar en consideración las investigaciones existentes a este respecto, que todos o la mayoría de los delincuentes reincidan en el delito, ya que esto no corresponde a la realidad. La mayoría de los delincuentes acaban desistiendo, de una manera natural, de la comisión de delitos. 9. Aunque ni las prisiones tienen como finalidad originaria la rehabilitación de los delincuentes, ni tampoco son los lugares idóneos para acometer dicho objetivo, el tiempo de estancia en prisión puede ser empleado de una manera “útil” para mejorar la educación y las habilidades de vida de los encarcelados. Las prisiones se han beneficiado a lo largo de la historia del “ideal de la rehabilitación”, que ha contribuido a su humanización y mejora. 10. En las sociedades democráticas y avanzadas los sistemas jurídico-penal y penitenciario deberían hacer compatibles, para el logro de una mayor eficacia, la defensa de la seguridad pública y el tratamiento y rehabilitación de los delincuentes. CUESTIONES DE ESTUDIO 1. Buscar datos de la ciudad, provincia o comunidad autónoma de residencia acerca de los procedimientos instruidos en los tribunales de justicia. ¿Cuántos de ellos corresponden a asuntos penales? ¿Se parecen dichas cifras a las proporciones globales existente en el conjunto de España? Comparar las cifras obtenidas acerca de los delitos con las correspondientes a la policía. 2. Entrevistar a personas a quienes se conozca que estén inmersas en procesos judiciales (ya sean civiles, penales, contenciosos o laborales) y analizar los tiempos de duración de los distintos trámites implicados en los mismos y las razones por los que éstos pueden demorarse. 3. Diseñar, en grupos de alumnos que trabajen independientemente, posibles cuestionarios para evaluar la opinión pública acerca del funcionamiento y eficacia de la Administración de justicia. Poner los cuestionarios elaborados en común y confeccionar uno conjunto, tomando ideas y propuestas de los diversos grupos.

Los diversos cuestionarios creados podrían aplicarse a muestras seleccionadas, analizando sus resultados. 4. Buscar información sobre el funcionamiento de la justicia en España y en otros países y resumir dicha información, comparándola y presentándola en clase, para el desarrollo de un debate y propuesta sobre posibles mejoras al respecto. 5. Analizar ejemplos de casos actuales de cumplimiento de medidas alternativas y describir qué actividades o programas (educativos, de trabajo, de tratamiento, etc.) se desarrollan en concreto durante el cumplimiento de dichas medidas. 6. Buscar información actualizada sobre coste-efectividad de diferentes medidas penales (prisión y alternativas), y analizar sus respectivos beneficios y costes (sociales y económicos). 7. ¿Cuántos presos hay en tu ciudad, provincia o comunidad autónoma? ¿Cuáles son sus principales características sociodemográficas y delictivas? ¿Sería posible obtener el permiso necesario para realizar una visita de estudio a la prisión de tu ciudad? ¿Cuáles son sus condiciones materiales y de población penitenciaria? 8. Buscar y analizar información histórica sobre las tasas de encarcelados en España y en otros países del mundo. Debatir las razones y factores que pueden haber condicionado los aumentos o reducciones de las cifras de encarcelamiento en distintos periodos. 9. Averiguar la proporción de extranjeros que hay en la prisión de tu ciudad o provincia. Analizar los motivos jurídicos de su encarcelamiento. ¿Cuáles son los delitos que más frecuentemente han cometido? ¿Están todos presos por algún delito, o pueden existir otras razones para estar en prisión? 10. Si fuera posible, un buen ejercicio práctico acerca de los efectos de la prisión en los encarcelados, podría ser entrevistar a una más personas que hayan cumplido penas de prisión, describiendo y debatiendo luego sus vivencias y relatos. 11. ¿Cuáles son las tasas de reincidencia en el delito? ¿Son iguales para las diversas tipologías de delincuentes? 12. Diseñar un pequeño cuestionario con preguntas acerca de cuáles serían las medidas más adecuadas para luchar contra la delincuencia y aplicarlo a algunas personas. Analizar las respuestas obtenidas.

1 Los factores integrantes del constructo prisionización fueron identificados en investigaciones realizadas en su mayor parte en prisiones norteamericanas. Las cárceles norteamericanas se caracterizan por elementos de gran rigidez como, por ejemplo, el uso de uniformes y de numeración en el vestuario, aislamientos prolongados, estricta disciplina, etc. (Hood y Sparks, 1970; García y Sancha, 1985). Por otra parte, se ha aducido que, desde una perspectiva metodológica, muchos de los estudios que sirvieron de base a las conclusiones sobre prisionización tienen algunas carencias importantes. Un número considerable de estudios no

obtuvo mediciones del nivel que los sujetos tenían en las variables de prisionización con anterioridad a su entrada en prisión. Se limitaron a efectuar una sola evaluación transversal de los sujetos, que, en el mejor de los casos, compararon con poblaciones no carcelarias. En otras ocasiones, las investigaciones no tomaron en consideración variables moderadoras como la tipología y gravedad de los delitos cometidos por los sujetos, la duración de sus condenas, sus carreras delictivas previas o los contextos exteriores de los que provenían (Clemmer, 1940). Paralelamente, los estudios que ponen en relación la estancia en prisión de los sujetos con su conducta posterior se han circunscrito al análisis de la variable reincidencia. En las investigaciones pioneras de los años cuarenta y cincuenta se sugería una relación directamente proporcional entre prisionización y tendencia a la reincidencia. Más recientemente, se ha puesto en duda esta relación simple. Una de las perspectivas al respecto sugiere que el proceso de criminalización solo guardaría una relación accidental con la estancia en prisión. Por ello, la ulterior reincidencia de los sujetos vendría más bien asociada con características personales y conductuales de los mismos, o con las del ambiente a que éstos retornan (Pinatel, 1979; Bondeson, 1989). 2 Así fue constatado por González Navarro (1991) en una investigación en la que analizó una muestra representativa de internos en régimen abierto. Con la finalidad de estudiar las diferencias existentes entre el cumplimiento de las condenas en situación de “internamiento ordinario” y en “medio abierto”, se efectuaron múltiples entrevistas a los propios sujetos analizados, a técnicos y directivos penitenciarios, y a profesionales vinculados a diferentes recursos sociales. La conclusión fundamental de esta investigación fue que el cumplimiento de condenas en contacto directo con el medio social —esto es, en forma menos rígida, tal y como sucede en el régimen abierto— atenúa los efectos negativos de los procesos de prisionización.

El Rey Juan Carlos rodeado de jueces durante el acto oficial de apertura del año judicial

23. TRATAMIENTOS TERAPÉUTICOS CON DELINCUENTES 23.1. ANTECEDENTES Y ACTUALIDAD DEL TRATAMIENTO DE LOS DELINCUENTES 1025 23.1.1. Perspectiva internacional 1027 23.1.2. Desarrollo en Europa 1029 A) Reino Unido 1029 B) Países nórdicos 1030 C) Centroeuropa y Europa mediterránea 1030 D) Países europeos de habla alemana 1031 E) Holanda y Bélgica 1032 23.2. MODELO DE REHABILITACIÓN RIESGONECESIDADES-RESPONSIVIDAD Y OBJETIVOS DEL TRATAMIENTO 1032 23.3. TIPOLOGÍAS DELICTIVAS Y PROGRAMAS DE TRATAMIENTO 1036 23.4. ENTRENAMIENTO EN NUEVAS HABILIDADES 1037 23.5. DESARROLLO Y CAMBIO COGNITIVO 1040 23.6. TERAPIAS DE CONTROL EMOCIONAL 1045 23.7. INTERVENCIONES PARA MANTENER LOS LOGROS DEL TRATAMIENTO 1046 23.8. UN EJEMPLO PRÁCTICO: EL TRATAMIENTO DE LOS AGRESORES SEXUALES 1047 23.8.1. Tratamiento cognitivo-conductual 1047 23.8.2. Ingredientes terapéuticos y habilidades de los terapeutas 1048 A) Autoestima 1049 B) Educación sexual 1049 C) Mejora de las habilidades afectivas y sexuales 1050 D) Erradicación de distorsiones cognitivas 1051

E) Autocontrol emocional 1051 F) Empatía con las víctimas 1052 G) Prevenir las recaídas 1054 23.8.3. Tratamientos aplicados en España 1056 23.9. EFICACIA GENERAL DE LOS TRATAMIENTOS 1058 23.9.1. Efectividad global: Revisiones y meta-análisis 1058 23.9.2. Carrera delictiva y eficacia del tratamiento 1062 PRINCIPIOS CRIMINOLÓGICOS Y POLÍTICA CRIMINAL 1065 CUESTIONES DE ESTUDIO 1066

23.1. ANTECEDENTES Y ACTUALIDAD DEL TRATAMIENTO DE LOS DELINCUENTES El tratamiento de los delincuentes, tanto juveniles como adultos, constituye una de las estrategias más sólidas de que se dispone en la actualidad para la reducción del futuro riesgo delictivo de los delincuentes tratados. Los tratamientos actuales se fundamentan en las explicaciones y otros conocimientos sobre la delincuencia a que se ha aludido con anterioridad, tales como la teoría del aprendizaje social y los análisis de carreras criminales. El tratamiento con infractores intenta promover cambios en sus conductas, cogniciones y emociones, las cuales les han llevado reiteradamente a cometer delitos. Pretende ofrecer a los delincuentes tratados nuevas habilidades de vida, nuevos modos de encarar su mundo y unas estructuras de interacción emocional que sean más equilibradas, prescindan de la agresión y resulten más

solidarias y compasivas con las necesidades y el sufrimiento de otras personas (McGuire, 2001c). Las prisiones son el contexto principal en el que se han desarrollado muchos de los programas con delincuentes que se aplican internacionalmente, y así ha sido también en España. Pese a ello, no se considera aquí que las prisiones sean el marco ideal para tratar a los delincuentes, sino que, contrariamente a ello, es firme creencia de los autores de esta obra que se debería encarcelar a menos personas y durante menos tiempo; y que las sociedades modernas deberían trascender el empleo masivo y rutinario de la prisión y evolucionar, poco a poco, hacia sistemas más civilizados y comunitarios de control de la delincuencia (Redondo, 2009). Ello permitiría que muchos de los delincuentes menos violentos y peligrosos fueran tratados y controlados mediante servicios comunitarios adecuados, reservándose las penas de prisión para los criminales más violentos y persistentes. Existen normas penitenciarias internacionales (particularmente, de Naciones Unidas y del Consejo de Europa) que prescriben cuáles son los grandes objetivos y servicios que deben utilizar los estados para la ayuda social y el tratamiento de los delincuentes y encarcelados. Dichas normas prevén la educación, la atención a la salud mental, la orientación de la prisión como servicio público,

la formación y especialización del personal penitenciario, la investigación y evaluación de los programas aplicados, y los objetivos del régimen y el tratamiento de los condenados a privación de libertad. Sin embargo, el tratamiento de los delincuentes no es per se una solución o remedio al problema delictivo. Como se ha puesto de relieve sobradamente a lo largo de este texto, la criminalidad es siempre un problema complejo, influido y condicionado por múltiples factores. De ahí que la mejor prevención también deberá ser siempre multifactorial, a partir de combinar distintas intervenciones, desarrolladas en diferentes contextos, y en relación con los diversos actores implicados en el delito (agresores, víctimas, comunidad social y ambiente físico). Nos ocuparemos de la prevención de la delincuencia en el siguiente y último capítulo de este libro.

23.1.1. Perspectiva internacional Si se echa la vista atrás en la historia de la Criminología europea, puede constatarse que ya los primeros positivistas, Cesare Lombroso y Enrico Ferri, sugirieron el empleo de sistemas de rehabilitación, llegando el propio Lombroso a afirmar que ciertos delincuentes podrían ser rehabilitados en condiciones adecuadas, tales como “un ambiente saludable, entrenamiento apropiado, hábitos laborales, y la inculcación en ellos de

sentimientos humanos y morales (…)”, a la vez que evitándoles en la mayor medida posible las tentaciones para el delito (Brandt y Zlotnick, 1988). Desde una perspectiva conceptual y teórica del tratamiento, durante las primeras décadas del siglo XX la terapias psicológicas tuvieron, tanto en Europa como en EEUU, bajo la influencia de Freud y sus discípulos, una orientación fundamentalmente psicoanalítica (Kroner y Takahashi, 2012). El psicoanálisis considera que los comportamientos patológicos (la conducta delictiva, entre ellos) son en realidad síntomas externos y manifiestos de disfunciones y conflictos psicológicos más profundos e inconscientes (que tendrían lugar en el “yo”, o personalidad individual, como resultado de la lucha constante entre el “supero-yo”, o los controles y normas impuestos, y el “ello”, o los instintos); de ahí que su estrategia terapéutica fundamental se orientara a hacer aflorar, y hacer conscientes dichos conflictos internos, lo que sería requisito imprescindible para solucionar los problemas de comportamiento. A partir de los años cincuenta emergieron, particularmente en Estados Unidos, las terapias conductuales (Dollard y Miller, 1950), que, sobre la base de los nuevos conocimientos adquiridos acerca del aprendizaje y re-aprendizaje de la conducta (aprendizaje por asociación de estímulos, estimulación y control

ambiental del comportamiento, reforzamiento y mantenimiento de la conducta, etc.), prescribían la modificación directa y sistemática del comportamiento manifiesto. Este planteamiento psicológico considera, contrariamente al psicoanálisis, que los conflictos y el malestar interno de los individuos no serían sino meros subproductos emocionales, etc., del mal ajuste conductual del sujeto a su medio social, de ahí que mejorando tal ajuste, podrían mejorar también las disfunciones afectivas. A partir de las décadas de los setenta y los ochenta, las terapias conductuales evolucionaron hacia abordajes más integrales de los problemas de comportamiento, y se desplegaron en los denominados tratamientos cognitivoconductuales. En éstos, además de favorecer el cambio de la conducta disfuncional en sí, también se atiende a la resolución de otros déficits relacionados, tales como los errores y déficits cognitivos, y los problemas emocionales (la ira descontrolada, por ejemplo), a la vez que se entrena más ampliamente al sujeto en habilidades de conducta e interacción social. En el plano internacional, el inicio y paulatino desarrollo de los tratamientos con delincuentes se produjo después de la Segunda Guerra Mundial y, con mayor vigor, a partir de finales de los años setenta. Así sucedió también en España, poco a poco, a partir de la aprobación

de la nueva ley penitenciaria de 1979. En EEUU, país pionero en el desarrollo moderno del tratamiento de los delincuentes, se llevaron a cabo múltiples aplicaciones de programas de tratamiento con infractores, tanto juveniles como adultos, durante las décadas de los años cincuenta y sesenta. Sin embargo, en la década de los setenta se produjo en ese país un fuerte cuestionamiento del tratamiento de los delincuentes y un movimiento abiertamente contrario a la rehabilitación (Cullen y Gendreau, 2006; Palmer, 1992), de modo que la “prisión se vino a considerar útil en sí misma, con el único objetivo de infligir dolor” (Haney y Zimbardo, 1998: 712). Este movimiento anti-rehabilitación halló uno de sus argumentos fuertes, aunque no el único, en la conclusión pesimista a la que había llegado Martinson a mediados de los setenta, acerca de que los tratamientos con los delincuentes “no funcionaban” (Koehler, Lösel, Akoensi, y Humphreys, 2012). Sin embargo, desde principios de los años ochenta, diversos autores cuestionaron esta conclusión negativa, que consideraban precipitada y excesiva (Latessa, 2004), y pusieron de relieve que diferentes programas con distintas categorías de delincuentes habían producido en ellos mejoras y cambios relevantes, que se habían concretado en una disminución de las tasas de

reincidencia de los grupos tratados (Andrews y Bonta, 2010; Hollin y Palmer, 2006; Ross y Fabiano, 1995). En años posteriores, y hasta la actualidad, se han aplicado, en diversos contextos y países, múltiples programas con infractores juveniles y adultos de diferentes tipologías (violentos, contra la propiedad, sexuales, adictos a drogas, maltratadores familiares, etc.) (MacKenzie, 2012; Redondo, 2008a). En la actualidad muchos tratamientos con delincuentes se orientan a mejorar sus habilidades sociales, cambiar sus actitudes, pensamiento y comportamiento en relación con el contexto social en el que viven, y a hacer más funcionales y controladas sus expresiones emocionales (Ho y Ross, 2012; Redondo y Frerich, 2013). Durante las últimas décadas del siglo XX, y hasta la actualidad, Canadá ha sido el país con mayor desarrollo en materia de programas de tratamiento y rehabilitación de sus delincuentes, tanto en las prisiones como en la comunidad, pudiendo por ello servir como ejemplo para otros muchos países. Su oferta de intervenciones y tratamiento es muy amplia y variada e incluye programas nacionales de prevención de la violencia familiar, el Programa Razonamiento y Rehabilitación (R&R), al que se hará referencia más adelante, un programa de manejo de las emociones y la ira, uno de entrenamiento en actividades de tiempo libre, de habilidades de crianza de

los hijos, de integración comunitaria, de delincuentes sexuales, de prevención del abuso de sustancias tóxicas, de prevención de la violencia, de prevención del aislamiento en regímenes penitenciarios cerrados, y un conjunto específico de programas para mujeres delincuentes (Brown, 2005). Durante las últimas décadas, el ideal de la rehabilitación de los delincuentes ha continuado siendo un objetivo preventivo y técnico de amplia aceptación. Aun así, en años recientes se ha producido también la emergencia paralela de acercamientos punitivos radicales, que pueden aglutinarse en torno a las tan invocadas políticas de “tolerancia cero” (Díez Ripollés, 2007; Garland, 2005; Larrauri, 2007b; Redondo, 2009). Estas políticas han conducido al endurecimiento de las leyes penales en distintos países americanos (con Estados Unidos a la cabeza) y europeos, reformas punitivistas para las que se han tomado frecuentemente como buques insignia, y chivos expiatorios, a los delincuentes juveniles violentos, los delincuentes sexuales, y, en España de modo particularmente intenso, a los maltratadores familiares (Larrauri, 2007a).

23.1.2. Desarrollo en Europa A continuación se resumen, a partir de Redondo (2008a) y Redondo y Frerich (2013), los desarrollos más

importantes, operados en los países europeos occidentales, en materia de tratamiento de delincuentes.

A) Reino Unido El Reino Unido cuenta probablemente con la mayor oferta de programas de tratamiento de delincuentes en Europa, muchos de ellos en el contexto de las prisiones, los cuales suelen ser acreditados por un comité internacional de expertos (McGuire, 2006). Tales programas se dirigen a grupos específicos de infractores, tales como individuos con problemas para el control de la ira, delincuentes juveniles o adultos, agresores sexuales, etc. El objetivo central de estos programas es el entrenamiento de los participantes para el desarrollo de mejores habilidades cognitivas y sociales (puede verse con mayor detalle en www.justice.gov.uk/). También se dispone de intervenciones específicas para la preparación de la excarcelación de los sujetos (entrenamiento en habilidades para la vida doméstica, para el empleo, para el propio cuidado y salud, para la prevención del consumo de alcohol y drogas, etc.), con la finalidad de facilitar su reintegración social. Por otro lado, en paralelo al servicio penitenciario, el sistema de probation también ofrece, para aquellos sujetos que cumplen medidas alternativas, programas semejantes a los anteriores (Brown, 2005).

B) Países nórdicos Los países nórdicos tienen, según vimos, las tasas de encarcelamiento más bajas del conjunto de países europeos, a pesar de tener unas cifras de delincuencia equiparables, no más bajas, a las existentes en otros estados como Reino Unido, Francia, Alemania o España, que, sin embargo, tienen tasas de encarcelamiento sustancialmente más altas. Lo anterior significa que muchos infractores condenados cumplen sanciones, no en prisión, sino en la propia comunidad. De ahí que muchas de las intervenciones con delincuentes tengan lugar en el marco de los propios servicios comunitarios, y, en muchos casos, se ofrezcan desde los propios servicios públicos generales (educación, salud mental, etc.). En Suecia, el sistema penitenciario también dispone de programas estandarizados de tratamiento en las prisiones, incluyendo terapia cognitiva para la mejora de las habilidades de afrontamiento de problemas, y tratamientos de la adicción al alcohol y otras drogas (http://www.government.se). Existe una oferta de tratamiento semejante en Noruega. En este país, la mayor parte de los tratamientos psiquiátricos y psicológicos se administran por especialistas designados por los tribunales. La participación en un tratamiento requiere el consentimiento libre del sujeto, sin que en ningún caso pueda ser impuesto (http://www.krus.no/en/). Por último,

en Finlandia existe también una amplia oferta para los delincuentes, como base de su reinserción, de actividades relacionadas con el trabajo, la educación, el control del consumo de drogas, etc. (www.vankeinhoito.fi/14994.htm).

C) Centroeuropa y Europa mediterránea Contrariamente a los países nórdicos, los países centroeuropeos y mediterráneos, y en particular España, tienen elevadas tasas penitenciarias (aunque no son pocas tampoco las medidas penales alternativas a que se ha llegado durante los últimos años; sin que quede muy claro, ciertamente, a qué cosa son alternativa, habida cuenta que el aumento geométrico de las medidas alternativas no se ha traducido en una reducción paralela de las cifras penitenciarias). Como resultado de lo anterior, en España la mayoría de los programas de tratamiento con delincuentes se aplican en los centros de menores y, de modo mucho más amplio, en las prisiones. España cuenta a este respecto con una dilatada tradición y un razonable desarrollo de programas de tratamiento penitenciario, en los que trabajan múltiples técnicos cualificados. Además la legislación penitenciaria española es claramente favorable a la aplicación de todo tipo de intervenciones y tratamientos rehabilitadores con los encarcelados. Todo ello se ha plasmado en una oferta

amplia, tanto en la administración penitenciaria estatal como catalana, de tratamientos específicos para delincuentes jóvenes, violentos, sexuales, maltratadores, adictos a drogas, infractores con trastornos mentales u otras incapacidades, prevención de suicidios, y diversas intervenciones educativas y sociales para encarcelados extranjeros. El sistema penitenciario francés ofrece en su legislación la posibilidad de tratamiento rehabilitador para delincuentes jóvenes. Además, se insiste en la necesidad de que, siempre que sea posible, las sanciones legales para los jóvenes deben reemplazarse por medidas comunitarias. Asimismo, se intenta favorecer el acceso de los delincuentes jóvenes a educación, la formación profesional y el trabajo (http://monusco.unmissions.org/). También en Italia y Portugal existen algunas referencias normativas a la intervención con jóvenes. Sin embargo, no hay mucha información relativa a la existencia fehaciente de programas de tratamiento sistematizados con adultos (en consonancia con los estándares en otros países europeos, según lo aquí referido) ni en Francia, ni en Italia, ni en Portugal. La misma carencia parece deducirse también de la escasez de contribuciones científicas y empíricas que aparecen en la bibliografía internacional en esta materia (particularmente de los meta-análisis internacionales), al respecto de la

aplicación de tratamientos en estos países europeos, más allá de las aportaciones que puedan efectuarse en relación con las controversias y debates jurídicos e ideológicos.

D) Países europeos de habla alemana En Alemania se prevé que en los servicios penitenciarios se efectúe una detallada evaluación psicodiagnóstica con antelación a decidir si cada sujeto en particular requiere psicoterapia (tratamiento más clínico e individualizado) o medidas socio-terapéuticas. En las que se denominan prisiones socio-terapéuticas existen centros específicos para jóvenes y se ofertan a los internos diversas actividades educativas, entrenamiento laboral, y terapias grupales. A los agresores sexuales se les ofrece una terapia social integrada, que incluye control mental, habilidades de autocontrol, autoafirmación, desarrollo de firmes interacciones emocionales, intervención en prevención de recaídas, y fortalecimiento de factores protectores naturales (http://www.bmj.de/). Por otro lado, Suiza (http://www.ejpd.admin.ch) y Austria (http://strafvollzug.justiz.gv.at/) cuenta con ofertas terapéuticas para internos con trastornos mentales, particularmente adicción a drogas.

E) Holanda y Bélgica Holanda cuenta con el denominado sistema TBS

(‘terbeschikkingstelling’, o detención discrecional por parte del gobierno), que permite prolongar la detención o encarcelamiento de aquellos individuos considerados peligrosos y con algún trastorno mental que disminuye su capacidad de autocontrol y de responsabilidad criminal. Un sistema similar existe también en Bélgica, ofreciéndose tratamiento especial a los delincuentes con enfermedades mentales. En unión a lo anterior, en Holanda se ofrece evaluación y tratamiento psicológico para los encarcelados comunes (que no presentan trastornos mentales). Tales tratamientos consisten en psicoeducación, motivación para la participación activa en el propio tratamiento, psicofarmacoterapia, atención y consejo psicológico en casos de crisis (https://www.nifpnet.nl/). También en Bélgica se ofertan a los infractores condenados tratamientos psicológicos o psiquiátricos individuales, actividades para la promoción del bienestar dentro la prisión, e intervenciones para preparar la futura liberación de los presos (http://justitie.belgium.be).

23.2. MODELO DE REHABILITACIÓN RIESGO-NECESIDADESRESPONSIVIDAD Y OBJETIVOS DEL TRATAMIENTO

El modelo conceptual más reconocido y aceptado sobre el tratamiento de los delincuentes es el Modelo de RiesgoNecesidades-Responsividad, de Andrews y Bonta, que se fundamenta en la teoría del aprendizaje social (de Bandura y Walters —1983—, en su versión psicológica, y de Burgess y Akers —1966—, en un formato criminológico). El modelo establece tres principios básicos del tratamiento de los delincuentes (Andrews y Bonta, 2010; Cooke y Philip, 2001; Cullen y Gendreau, 2006; Howell, 2003; Ogloff y Davis, 2004): 1. El principio de riesgo, que tiene dos proposiciones centrales: 1) para administrar a los delincuentes una intervención apropiada a sus características personales, es necesario evaluar previamente y predecir el nivel de riesgo de reincidencia de cada individuo; y 2) los individuos con alto nivel de riesgo deben recibir intervenciones más intensivas. Asimismo, se establece una diferenciación importante entre factores de riesgo estáticos, relativos a características profundas del sujeto o a su pasado, que no son modificables, y factores de riesgo dinámicos, o “necesidades criminogénicas” (tales como cogniciones o actitudes delictivas), que se consideran directamente conectados al comportamiento infractor, y que resultan modificables (Israel y Hong, 2006; Polaschek y Reynolds, 2001). 2. El principio de necesidad, que significa que, aunque

en apariencia son muy diversos los factores que pueden constituir objetivos hipotéticos del tratamiento (mejoras educativas, laborales, de variables psicológicas como la asertividad, la autoestima, etc.), para reducir la reincidencia de los delincuentes, el tratamiento debe enfocarse a sus “necesidades criminogénicas” (Polaschek y Reynolds, 2001). Éstas se refieren a aquellos factores dinámicos de riesgo que, para cada delincuente en particular (y para muchos delincuentes, en general), guardan relación empírica directa con la conducta delictiva. La investigación ha evidenciado que son necesidades criminogénicas factores tales como tener actitudes antisociales, tener amigos/compañeros delincuentes, abusar de sustancias tóxicas, mostrar déficit en la capacidad de resolución de problemas y presentar alta hostilidad (Ogloff, 2002). Andrews y Bonta (2010) se refirieron a los que denominan los “cuatro grandes” factores de riesgo: 1) las cogniciones antisociales, 2) las redes y vínculos pro-delictivos, 3) la historia individual de comportamiento antisocial, y 4) los rasgos y factores de personalidad antisocial. 3. Por último, el principio de responsividad1 se refiere a aquellas condiciones y circunstancias que pueden dificultar que los sujetos respondan o reaccionen adecuadamente al tratamiento. Pueden ser internas (como un bajo nivel intelectual o la falta de motivación) o

externas (las características del terapeuta, la baja calidad de la relación terapéutica, o el contenido inadecuado del programa de tratamiento). La derivación aplicada del principio de responsividad es que, en función de las dificultades concretas que pueda presentar cada sujeto, el tratamiento debe aplicársele de aquella manera en que pueda resultarle más beneficioso. En el cuadro 23.1 se representa gráficamente el modelo de Andrews y Bonta, añadiendo entre los factores estáticos y dinámicos definidos por estos autores, un tercer grupo de factores, que Redondo (2008a) denominó “factores parcialmente modificables” (o factores estáticodinámicos). La base científica para ello sería que algunas características humanas (por ejemplo, algunos rasgos de personalidad tales como la impulsividad, la empatía y otros) ni son completamente estáticas e inmodificables, ni son plenamente dinámicas y plenamente cambiables. A pesar de su origen personal y tendente a la estabilidad, dichos factores permiten, sin embargo, ciertos cambios o reformas parciales. Es decir, una persona impulsiva probablemente propenda a reaccionar impulsivamente toda su vida, pero, a la vez, puede aprender, con esfuerzo y entrenamiento (por ejemplo, mediante un tratamiento), a anticipar y controlar mejor e inhibir sus arrebatos de comportamiento. CUADRO 23.1. Tratamiento y reducción del riesgo de reincidencia:

posibilidades y límites: Factores estáticos, dinámicos y parcialmente modificables

Los pasos habituales que se recomienda seguir para el diseño y la aplicación de programas de tratamiento con delincuentes son los siguientes: a) En primer término, deben evaluarse las necesidades y carencias de los sujetos, especialmente las relacionadas con su actividad delictiva. b) En función de las necesidades identificadas, deben especificarse los objetivos del programa de tratamiento. c) Hay que tomar en consideración un modelo teórico plausible del comportamiento delictivo y de su tratamiento. d) Elegir, si ya existe, un programa acorde con las necesidades de tratamiento identificadas o, en su

defecto, diseñar una intervención ex profeso. e) Debe aplicarse el programa de manera completa, tal como se ha previsto hacerlo. f) Ha de evaluarse su eficacia, lo que habitualmente implica medir diversas variables psicológicas y de conducta, desde el principio de todo este proceso. Aquel proceso de desarrollo y mejora personal que podría tener lugar en un sujeto, como resultado de su participación en un tratamiento, es denominado cambio terapéutico. Dicho proceso puede implicar cambios en sus modos de pensar y en sus actitudes, en sus reacciones emocionales y sentimientos hacia otras personas, o en sus comportamientos y hábitos. Como efecto ideal de los cambios operados durante el proceso terapéutico se espera que el sujeto tratado acabe resolviendo, o mejorando sustancialmente, los problemas que le llevaron al tratamiento en cuestión. Por otro lado, la motivación para el tratamiento haría referencia al grado en que un sujeto que ha tenido una previa trayectoria delictiva desea participar en un tratamiento y variar su comportamiento y su modo de vida, abandonando la delincuencia (Brezina y Topalli, 2012; Cherry, 2005; Miller y Rollnick, 2002). Muchos delincuentes que participan en tratamientos no contarán, al menos inicialmente, con una motivación genuina de cambio de conducta. Sin embargo, la experiencia indica

que, poco a poco, la propia práctica puede ir favoreciendo la aparición de una motivación más auténtica para cambiar. Así, la motivación puede ser conceptuada, no como una precondición para el tratamiento, sino como un objetivo inicial del mismo (Gillis y Grant, 1999). Según McNeil (2003), los principales factores que interaccionarían para fortalecer o dificultar la motivación para el desistimiento del delito serían los siguientes: 1. La mayor edad y nivel de maduración de los sujetos. Los tratamientos pueden influir sobre la madurez de los individuos, posibilitando el desarrollo en ellos de nuevas habilidades y rutinas más prudentes y prosociales. 2. Las transiciones vitales y los vínculos sociales. Las transiciones vitales son momentos relevantes, de cambio de etapa personal o de vivencias emocionales intensas (como puedan ser, por ejemplo, encontrar un buen trabajo, casarse —o divorciarse—, ser padre, perder a un ser querido, o el hecho de haber sido víctima de un grave delito (Howell, 2003). Constituyen periodos especialmente favorables para realizar transformaciones vitales significativas y, en consecuencia, pueden ser aprovechados para promover y reforzar la motivación del sujeto para replantearse aspectos importantes de su vida anterior. Los tratamientos también pueden y deben favorecer diversos vínculos prosociales, de contacto educativo, familiar, laboral, etc.

3. Las narrativas subjetivas, las actitudes y la motivación. Diversas investigaciones cualitativas han puesto de relieve que la probabilidad de desistencia del delito se asocia a un aumento del interés y preocupación por otras personas (pareja, hijos, compañeros y amigos) y a la consideración del futuro.

23.3. TIPOLOGÍAS DELICTIVAS PROGRAMAS DE TRATAMIENTO

Y

Los tratamientos con delincuentes se han dirigido especialmente a las siguientes categorías delictivas: 1. Delincuentes juveniles. Según se vio en el capítulo 21, uno los mejores modos de prevención del delito son los programas familiares. Actualmente, uno de los tratamientos juveniles más contrastados empíricamente es la denominada terapia multisistémica (MST), de Henggeler y sus colaboradores (Edwards et al., 2001). Otro programa multifacético altamente eficaz con jóvenes delincuentes es el Entrenamiento para Reemplazar la Agresión (programa ART) que tiene tres ingredientes principales (Goldstein y Glick, 2001): a) entrenamiento en 50 habilidades consideradas de la mayor relevancia para la interacción social, b) entrenamiento en control de ira (identificar disparadores y precursores, usar estrategias reductoras y de reorientación del pensamiento,

autoevaluación y autorrefuerzo), y c) desarrollo moral (a partir del trabajo grupal sobre dilemas morales). 2. Agresores sexuales. Constituyen, debido a la complejidad y persistencia del comportamiento sexual antisocial, uno de los retos más importantes a que se enfrenta el tratamiento psicológico de los delincuentes. Los ingredientes terapéuticos más comunes en estos programas son el trabajo sobre distorsiones cognitivas, desarrollo de la empatía con las víctimas, mejora de la capacidad de relación personal, disminución de actitudes y preferencias sexuales hacia la agresión o hacia los niños, y prevención de recaídas (Marshall y Redondo, 2002). El tratamiento de los agresores sexuales se describirá con más detalle en un epígrafe posterior. 3. Maltratadores. En la actualidad se considera que la violencia de pareja es un fenómeno complejo en el que intervienen diversos factores de riesgo que incluyen tanto características personales como culturales y de interacción. Los programas de tratamiento internacionalmente aplicados aglutinan técnicas terapéuticas como las siguientes (Dobash y Dobash, 2001; Echeburúa y Redondo, 2010): autorregistro de emociones de ira, desensibilización sistemática y relajación, modelado de comportamientos no violentos, reforzamiento de respuestas no violentas, entrenamiento en comunicación, reestructuración cognitiva de creencias

sexistas y justificadoras de la violencia, y prevención de recaídas. En España existen programas de tratamiento para maltratadores tanto en prisiones como en la comunidad. El programa que se aplica en prisiones, diseñado en origen por Echeburúa y su equipo, incluye los siguientes ingredientes (Echeburúa, Fernández-Montalvo y Amor, 2006): aceptación de la propia responsabilidad, empatía y expresión de emociones, creencias erróneas, control de emociones, desarrollo de habilidades y prevención de recaídas. Más recientemente, en la comunidad autónoma gallega se ha puesto en marcha el denominado “Programa Galicia de reeducación psicosocial de maltratadores de género”, que se aplica, bajo supervisión judicial, en la comunidad. Dicho programa, que se desarrolla en 52 sesiones a lo largo de un año, incorpora técnicas de autocontrol de la activación emocional y de la ira, reestructuración cognitiva, resolución de problemas, modelado y entrenamiento en habilidades de comunicación (Arce y Fariña, 2007). Las técnicas y programas de tratamiento con delincuentes pueden estructurarse en cuatro categorías (Redondo, 2008a), que serán descritas con detalle en los epígrafes siguientes: a) enseñanza de nuevas habilidades y hábitos, c) desarrollo y reestructuración del pensamiento, c) regulación emocional y control de la ira, y d) mantenimiento de los logros terapéuticos y prevención de

recaídas.

23.4. ENTRENAMIENTO HABILIDADES

EN

NUEVAS

Es notorio que muchos delincuentes requieren aprender nuevas habilidades y hábitos de comunicación no violenta, de responsabilidad familiar y laboral, de motivación de logro personal, etc. En psicología existe una amplia tecnología, en buena medida derivada del condicionamiento operante, para la enseñanza de nuevos comportamientos y para el mantenimiento de las competencias sociales que ya puedan existir en el repertorio de conducta de un individuo (Cruzado y Labrador, 2004; Redondo, 2008a). Entre las técnicas que sirven para el desarrollo de conductas, destaca el reforzamiento positivo, consistente en aplicar consecuencias gratificantes para el individuo, que incrementan la frecuencia del comportamiento al que siguen (Cherry, 2005). Los refuerzos positivos pueden ser tanto materiales como sociales, o también el propio autorreforzamiento. Los refuerzos más útiles con delincuentes suelen ser cosas ‘naturales’, apropiadamente aplicadas, tales como elogiar, agradecer, comentar algo, ofrecer tiempo libre, emitir informes positivos, dar mayor responsabilidad u oportunidades, reconocer el esfuerzo, etc. El reforzamiento negativo, tan útil y beneficioso

como el positivo, consiste, no en castigar a un sujeto, como a menudo se malinterpreta, sino en premiar su conducta apropiada mediante la retirada contingente de consecuencias aversivas o restricciones que podía estar experimentando. Un modo útil y prudente de enseñar nuevos comportamientos sociales es a través del moldeamiento de conducta, que consiste en ‘trocear’ un comportamiento complejo en pequeños pasos y reforzar al individuo por sus aproximaciones sucesivas, paso a paso, a la conducta final que se le pide. Las mejores técnicas para reducir comportamientos inapropiados son la extinción de conducta, consistente en retirar de manera sistemática todas aquellas consecuencias gratificantes que contribuyen a mantener un comportamiento problemático, y la enseñanza a los sujetos de nuevos comportamientos alternativos que les permitan obtener las gratificaciones que antes lograban mediante su conducta inapropiada. Los comportamientos que se quieren favorecer pueden ser animados mediante estímulos antecedentes que, como instrucciones o sugerencias, los hagan más probables. Por supuesto, después se requiere que dichos comportamientos sean reforzados a partir de consecuencias positivas para los sujetos. En instituciones, como prisiones y centros de

delincuentes juveniles, se han aplicados los denominados programas ambientales de contingencias, que organizan el conjunto de una institución cerrada a partir de principios de reforzamiento de conducta. Otra de las grandes estrategias de desarrollo de comportamientos prosociales es el modelado de dichos comportamientos por parte de otros sujetos, lo que facilita la imitación y adquisición de la conducta en los ‘aprendices’ (Bandura y Walters, 1983; Méndez, Olivares y Ortigosa, 2005). El modelado se ha utilizado con éxito en numerosos programas de tratamiento de delincuentes. Uno de los programas más famosos y aplicados es el Modelo de Familia Educadora, en el que un grupo de unos ocho jóvenes delincuentes reside y es educado en una casa a cargo de un matrimonio de profesionales especialmente entrenados para el uso de técnicas conductuales (Fixsen, Blase, Thimbers y Wolf, 2001). El modelado de conducta es también la base de la técnica de entrenamiento en habilidades sociales, que es una de las estrategias más empleadas con los delincuentes. Suele aplicarse a partir de los siguientes pasos (Caballo, 1998; Garrido, 1993; Gil y García Sáiz, 2004; Redondo, 2008a): 1. Instrucciones: se informa a los individuos sobre la habilidad específica que se les va a enseñar (iniciar una conversación, pedir una cita, o proponer una relación,

etc.) y acerca de los pasos necesarios para llevar a cabo dicha habilidad. 2. Modelado: un ‘modelo’ (el terapeuta u otra persona del grupo) muestra a los ‘aprendices’ (los participantes en el tratamiento) los aspectos más relevantes de la habilidad que se entrena. 3. Ensayo de conducta: el sujeto reproduce la conducta mostrada, yendo desde habilidades muy sencillas y fácilmente imitables (por ejemplo, saludar a otra persona, iniciar una conversación) a otras más elaboradas (por ejemplo, pedir una relación amorosa, manifestar asertivamente una queja…), de modo que se favorezca un creciente aprendizaje a la vez que la generalización o traslación de lo aprendido a las rutinas de la vida diaria. 4. Reforzamiento positivo y retroalimentación (generalmente mediante el realce y la alabanza por parte del terapeuta) de los logros de los sujetos en su imitación y mejora de cada habilidad enseñada, sugiriéndoles la manera de resolver las dificultades y fallos que puedan presentarse. 5. Práctica de las habilidades en situaciones reales, llevando a cabo auto-registros de las situaciones experimentadas y de las propias conductas, anotaciones que luego serán comentadas en el contexto de la terapia. Un aspecto muy importante del trabajo con infractores juveniles y delincuentes adultos es que el entrenamiento

en habilidades sociales no debería limitarse a enseñarles la mera mecánica de las conductas sino también las competencias cognitivas, actitudinales y valorativas que deben acompañar a cada comportamiento (Marshall, Bryce, Hudson et al., 1996). Aquí serán aspectos de la máxima relevancia los siguientes: mejorar la capacidad individual para reflexionar acerca de la necesidad que todas las personas tienen de querer y ser queridas, y de expresar a otros y de recibir de otros la manifestación de sus sentimientos de afecto; desarrollar nuevas habilidades de expresión de emociones y afectos personales; y mejorar la competencia para la manifestación de afectos y deseos a otras personas. A partir de esta técnica se han concebido y aplicados distintos programas tales como el “programa de habilidades de tiempo libre” y el “programa de entrenamiento en habilidades de crianza de los hijos”, ambos de los Servicios Correccionales Canadienses.

23.5. DESARROLLO COGNITIVO

Y

CAMBIO

Como ocurrió con la terapia psicológica en general, en lo relativo al tratamiento de los delincuentes también se redescubrió en la década de los ochenta la relevancia de intervenir sobre la cognición (Brandes y Cheung, 2009; Garrido, Morales y Sánchez-Meca, 2006; Lipsey y

Landerberger, 2006; Prentky y Schwartz, 2006; Tong y Farrington, 2006). El trabajo científico decisivo para ello fue el desarrollado por Ross y sus colegas en Canadá, quienes revisaron numerosos programas de tratamiento que habían sido aplicados en años anteriores. Concluyeron que los programas más efectivos habían sido aquéllos que, pese a sus diferencias, había incluido componentes dirigidos a cambiar los modos de pensamiento de los delincuentes. Como resultado de este análisis, concibieron un programa multifacético denominado Reasoning and Rehabilitation (R&R), que adaptaba e incorporaba distintas técnicas de autores previos, que habían mostrado ser altamente eficaces (Ross y Fabiano, 1985). Este tratamiento fue aplicado con carácter general en el sistema penitenciario canadiense a partir de 1990, así como también en otros países como EEUU, Reino Unido, Suecia, Noruega, Alemania, Austria, Nueva Zelanda, y también España (Brown, 2005; McGuire, 2005; Garrido, 2005a, 2005b; Robinson y Porporino, 2001). En esencia este programa se dirige a trabajar sobre habilidades de pensamiento de los sujetos. Les enseña a ser más reflexivos, en lugar de reactivos, frente a los estímulos ambientales, más anticipativos y planificadores de sus respuestas a los problemas, y con un pensamiento y un razonamiento más abiertos. Para enseñar estas

habilidades se utilizan técnicas de modelado y de reforzamiento. Los terapeutas deben ser entrenados para ser capaces de enseñar mediante diálogo ‘socrático’; es decir, no para presentar a los sujetos las respuestas correctas ante una situación problemática, sino para elicitar, mediante preguntas y sugerencias diversas, la búsqueda de buenas soluciones personales ante diferentes problemas. En su diseño original, el programa R&R contemplaba la aplicación de 36 sesiones de 2 horas. Una de las primeras evaluaciones de este programa fue realizada por Ross et al. (1988) en el denominado “Experimento Pickering”, en el que se comparaban tres grupos de sujetos en probation (supervisión en la comunidad), seleccionados al azar, que habían recibido respectivamente el programa Razonamiento y Rehabilitación, un programa de “habilidades de vida”, y la medida de probation habitual (sin ninguna intervención terapéutica especial). Claramente, el programa Razonamiento y Rehabilitación obtuvo mejores resultados que las intervenciones de los otros dos grupos, de manera que del grupo R&R solo reincidieron el 18,1% de los sujetos, mientras que del grupo de “habilidades de vida” reincidió un 47,5% y del grupo de probation ordinaria un 69,5%. Se han realizado numerosas actualizaciones y adaptaciones del programa Razonamiento y

Rehabilitación para diversas necesidades y categorías de delincuentes, especialmente en el Reino Unido (McGuire, 2006; Hollin y Palmer, 2006). El denominado Pensamiento Correcto en Probation (Straight Thinking on Probation, STOP) es una adaptación de los Servicios de Probation de Gales para personas que cumplen medidas comunitarias. El programa Potenciación de Habilidades de Pensamiento (Enhanced Thinking Skills, ETS) y el programa Piensa Primero (Think First) son versiones utilizadas en Inglaterra y Gales tanto en prisiones como en medidas comunitarias. Existe una versión española de este programa que se aplica con delincuentes juveniles, denominada “Programa de Pensamiento Prosocial”, diseñada por Garrido y sus colaboradores (Garrido, 2005a, 2005b). El tratamiento se dirige al entrenamiento directo en habilidades, actitudes y valores coherentes con una interacción social más apropiada y eficaz. Asimismo, el entrenamiento cognitivo facilitará que los jóvenes tengan mayores destrezas para evitar las conductas agresivas y delictivas. Los componentes o módulos del programa son los siguientes: 1. Autocontrol. Entrena a los sujetos en la habilidad de ‘pararse a pensar’ antes de actuar, valorando las diferentes alternativas de comportamiento. 2. Meta-cognición. Les prepara para pensar de manera

auto-crítica, bajo el presupuesto de que la reflexión les ayudará a controlar mejor las posibles instigaciones ambientales hacia el delito. 3. Habilidades sociales. Les entrena en distintas rutinas y comportamientos útiles para la vida prosocial. 4. Habilidades de resolución de problemas interpersonales. Se enseña a analizar los problemas interpersonales, a comprender y considerar los valores, conductas y sentimientos de los demás, y a reconocer la manera en que el propio comportamiento afecta a los otros y por qué éstos responden como lo hacen. 5. Pensamiento creativo o lateral. Se enseña a pensar en alternativas de respuesta. 6. Razonamiento crítico. Se educa para pensar de manera más lógica, objetiva y racional, sin deformar los hechos o externalizar la culpa de lo que sucede. 7. Toma de perspectiva social. Se enseña a considerar los puntos de vista, sentimientos y pensamientos de otras personas (a lo cual haría referencia el concepto de empatía). 8. Mejora de valores. Se intenta cambiar la visión egocéntrica del mundo que presentan muchos delincuentes y reemplazarla por una perspectiva en que tomen en consideración las necesidades de los demás.

9. Manejo emocional. Se les entrena en control de la cólera, la depresión, el miedo y la ansiedad. El programa se estructura en 12 sesiones terapéuticas, en las que los contenidos anteriores se trabajan de forma transversal, combinando en cada sesión ejercicios correspondientes a distintos ingredientes terapéuticos. Se han efectuado numerosos estudios evaluativos sobre este programa en diferentes países, tanto con delincuentes juveniles como adultos. La inmensa mayoría de estas evaluaciones ha ofrecido resultados satisfactorios tanto en la mejora de variables psicológicas tales como la empatía de los sujetos, su asertividad, la disminución de sus distorsiones cognitivas, la reducción de su impulsividad, etc., como en medidas específicas de conducta de agresión y reincidencia delictiva (Robinson y Porporino, 2001). Tong y Farrington (2006) revisaron la efectividad del programa Razonamiento y Rehabilitación para reducir la reincidencia delictiva, a partir de 16 estudios evaluativos en que se efectuaban 26 comparaciones independientes entre grupos tratados y controles. Toda esta información fue integrada en una meta-análisis, cuyo resultado principal evidenció una reducción significativa de la reincidencia de 14 puntos en los grupos tratados. Resulta notable el hecho de que dicha eficacia apareciera de modo sistemático y consistente, tanto en aplicaciones realizadas

en la comunidad como en instituciones, y tanto para delincuentes de alto riesgo como de bajo riesgo. En España se han efectuado también varias evaluaciones del programa Razonamiento y Rehabilitación en su versión adaptada como Programa del Pensamiento prosocial. Martín Rodríguez y Hernández Ruiz (2001) evaluaron tres programas de inserción social para delincuentes multireincidentes, que se sucedieron, entre septiembre de 1987 y diciembre de 1999, en prisiones de las dos provincias canarias de Tenerife y Las Palmas. Estos programas consistían en intervenciones educativas amplias y multifacéticas, en las que se incorporaban los siguientes ingredientes: educación reglada, formación ocupacional, entrenamiento en habilidades sociocognitivas (programa Razonamiento y Rehabilitación) e intervención social. Concretamente, se evaluó, mediante instrumentos psicométricos, la mejora de las destrezas socio-cognitivas y de comportamiento de los sujetos dentro de la prisión. Así mismo, se examinó el impacto de los distintos componentes del programa sobre su nivel de integración social, una vez que regresaron a la comunidad. Los principales resultados de esta evaluación mostraron que el programa socio-cognitivo por sí solo no produjo cambios sustanciales en las anteriores medidas. Sin embargo, la combinación del entrenamiento sociocognitivo con la intervención social generó resultados

significativos en la reducción de la reincidencia delictiva, y en el incremento de la integración familiar, laboral y social de los sujetos tratados. Una de las aplicaciones y evaluaciones recientes del Programa de Pensamiento Prosocial en jóvenes se efectuó por el Equipo de Medio Abierto de Lleida, dependiente de la Dirección General de Justicia Juvenil de Cataluña, y por los propios autores del programa (Alba, Burgués, López et al., 2007). La muestra fue pequeña, de 5 sujetos (de entre 15 y 18 años), seleccionados al azar de entre los que cumplían alguna medida en medio abierto en la ciudad de Lleida. Para la evaluación, se emplearon el Inventario de gestión e intervención para jóvenes (IGI-J), que evalúa factores de riesgo y protección para el delito (al que se ha hecho referencia con anterioridad), y un Cuestionario de indicadores externos de cambio terapéutico, construido a los efectos de esta evaluación. Los principales resultados, de carácter cualitativo dado lo reducido del grupo, fueron los siguientes: • La intervención tuvo una influencia positiva para que algunos jóvenes dejaran de relacionarse con amigos conflictivos (lo que constituye, como es bien conocido, uno de los principales factores de riesgo para el inicio y mantenimiento de las carreras delictivas juveniles). • Se ayudó a algunos menores a mejorar su capacidad de

reconocimiento de problemas, de petición de ayuda para solucionarlos, de expresión de sentimientos y de estructuración de metas de futuro más realistas. • Se observó una mejora sustancial de las relaciones familiares padres-hijos, como resultado de un cierto aprendizaje de manejo y autocontrol de emociones. El Programa del Pensamiento Prosocial (PPS) ha obtenido también buenos resultados en el desarrollo de la competencia social de jóvenes escolares de secundaria. En concreto, en una aplicación del mismo a 275 estudiantes de secundaria en situación de riesgo (debido a tratarse de jóvenes expulsados de la escuela por diversos problemas de disciplina). en las Comunidades Autónomas de Asturias, Valencia y Andalucía. El programa logró mejorar variables como la “toma de perspectiva social”, las habilidades de “afrontamiento” de los problemas de comunicación e interacción, la expresión de “pensamiento alternativo”, la “búsqueda de ayuda” por parte de los sujetos, y también produjo una mejora en su “aceptación de las normas” (López Latorre, Garrido, Rodríguez, y Paíno, 2002). Antequera, Cano, y Camps (2008) evaluaron la aplicación del denominado Programa de Intervención para la Mejora del Autocontrol y la Asertividad en Jóvenes con Medidas Judiciales en Medio Abierto. Este programa, derivado del Programa de Pensamiento

Prosocial, tiene como objetivos mejorar las actitudes y habilidades sociales, y reducir los déficits cognitivos que presentan muchos jóvenes infractores, todo lo cual puede asociarse a su mayor probabilidad de reincidencia. Se compone de los siguientes módulos de intervención: 1) reestructuración cognitiva; 2) habilidades sociales y asertividad; 3) valores y empatía; 4) resolución de problemas interpersonales; y 5) prevención de recaídas. La muestra evaluada estuvo compuesta por 9 varones de entre 17 y 20 años que realizaron en 2002/2004 este programa de tratamiento durante el cumplimiento de una medida de medio abierto (libertad vigilada o tareas socioeducativas) por la comisión de un delito violento. Se hallaron diferencias significativas entre las medidas pre y post-tratamiento; de manera que tras la finalización del programa los jóvenes obtuvieron mejores puntuaciones en el conocimiento de los constructos entrenados en la intervención (Z= -2.041, p=0,041). Asimismo mejoraron su conocimiento de los factores de riesgo asociados a la conducta violenta (Z= -2.060, p=0,039). Por último, se constató que ninguno de los jóvenes de la muestra había reincidido a lo largo de un período de seguimiento de 1617 meses. El anterior programa fue objeto de una nueva evaluación a partir de una muestra de 37 jóvenes de entre 15 y 20 años que participaron en él en 2008 (Redondo,

Cano, Álvarez, et al., 2008; Redondo, Martínez-Catena y Andrés, 2012). Para ello se utilizó un diseño de evaluación de comparación de grupos con medidas pre y post tratamiento. El grupo tratamiento, integrado por 21 sujetos, recibió el programa tras valorarse su necesidad de intervención psicológica. Los 16 sujetos del grupo control, que no recibieron tratamiento, fueron seleccionados en función de que contaban con características personales, familiares y delictivas similares a los del grupo de tratamiento. Se empleó para esta evaluación metodología tanto cualitativa como cuantitativa, realizando entrevistas semi-estructuras a todos los jóvenes y aplicándoles los siguientes instrumentos de evaluación. Como variables criterio se evaluaron, en ambos grupos, y en los periodos pre y post, las variables psicológicas empatía, impulsividad, agresividad, distorsiones cognitivas, autoestima y habilidades sociales; además, en el grupo de tratamiento se ponderó el nivel de conocimientos sobre los contenidos del programa adquiridos por los menores, y su satisfacción con el desarrollo del programa. Los principales resultados obtenidos fueron los siguientes: • Se produjo un efecto positivo del tratamiento (y estadísticamente significativo) sobre las variables

habilidades sociales, agresividad y autoestima. Es decir, los jóvenes mejoraron sus habilidades sociales y su autoestima, y disminuyeron su agresividad hacia los otros. • El tratamiento también produjo un incremento estadísticamente significativo en la adquisición de conocimientos relacionados con los contenidos del programa. • Los jóvenes se mostraron satisfechos con el programa realizado. • Sin embargo, no se detectó una influencia del tratamiento estadísticamente significativa sobre las variables empatía, distorsiones cognitivas e impulsividad.

23.6. TERAPIAS EMOCIONAL

DE

CONTROL

Está bien documentado que la ira, y otras emociones negativas conectadas a ella, pueden jugar un papel destacado para el comportamiento violento y delictivo (Andrews y Bonta, 2010; Title, 2006; McGuire, 2006). Así lo ha puesto de relieve tanto la investigación empírica como se ha aducido desde el plano más teórico. La teoría general de la tensión, de Agnew, establece que el comportamiento de agresión y delictivo puede ser una de

las opciones de elección para eliminar las fuentes de tensión que afectan gravemente al individuo (como la imposibilidad de lograr sus objetivos, ser privado de gratificaciones. o ser sometido a situaciones aversivas) (Agnew, 2006). Por su lado, la teoría de la personalidad de Eysenck propone que los individuos con alta extraversión tendrían una baja sensibilidad al castigo y mayores dificultades para condicionar una adecuada ‘conciencia moral’ e inhibir la ira y la agresión (Eysenck y Gudjonson, 1989). Las técnicas de regulación emocional parten del supuesto de que muchos delincuentes tienen dificultades para el manejo de situaciones conflictivas de la vida diaria, lo que puede llevarles al descontrol emocional, y a la agresión tanto verbal como física a otras personas. En ello suele implicarse una secuencia que incluye generalmente tres elementos: carencia de habilidades de manejo de la situación, interpretación inadecuada de las interacciones sociales (por ej., atribuyendo mala intención a otras personas) y exasperación emotiva. En consecuencia, el tratamiento se orienta a entrenar a los sujetos en todas las anteriores parcelas. Así como sucede que algunos individuos tienen dificultades para condicionar el miedo, otros pueden condicionar un temor excesivo e irracional ante situaciones de interacción social, lo que podría afectar

gravemente a sus relaciones y rutinas de la vida diaria. Las técnicas de regulación emocional de la ansiedad fueron el primer desarrollo psicológico para reducir la ansiedad fóbica ante situaciones temidas (aquí, de modo destacado, ante situaciones sociales). La desensibilización sistemática es un procedimiento terapéutico en el que una jerarquía de estímulos temidos se aparea paulatinamente (generalmente en la imaginación) con relajación profunda del sujeto (Wolpe, 1978). Como quiera que la relajación y la ansiedad son dos respuestas fisiológicamente incompatibles, se espera que la ansiedad acabe siendo inhibida. Más recientemente se ha desarrollado la técnica de exposición, consistente en “exponer” al sujeto a las situaciones que teme, de modo que pueda experimentar lo injustificado de sus temores y, así, erradicarlos (Echeburúa y de Corral, 2004). La técnica de “inoculación de estrés” interpreta la ira como el resultado de la interacción entre una excesiva activación fisiológica experimentada por el sujeto y una interpretación distorsionada de dicha activación como amenazante (Meichembaum, 1987; Novaco, Ramm y Black, 2001). El tratamiento de la ira, de Novaco y sus colaboradores, se basa en la inoculación de estrés e incluye los siguientes componentes esenciales: autorregistro de ira y construcción de una jerarquía de situaciones en que la ira se precipita, reestructuración

cognitiva, relajación, entrenamiento en afrontamiento y comunicación en la terapia, y práctica en la vida diaria.

23.7. INTERVENCIONES PARA MANTENER LOS LOGROS DEL TRATAMIENTO Según se ha visto, el tratamiento puede cambiar aspectos personales relevantes de los delincuentes con el objetivo de reducir su riesgo delictivo futuro. Sin embargo, la experiencia indica que dichos cambios no siempre son definitivos y que a menudo se producen retornos ‘imprevistos’ a la actividad delictiva, o recaídas en el delito. Es más probable que ello suceda cuando el sujeto entra en contacto con sus ambientes habituales, y se expone de nuevo a los factores de riesgo situacionales que pueden estar en el seno de su propia familia o junto a sus amigos. Así, uno de los grandes objetivos actuales del tratamiento con delincuentes es promover la generalización de los logros terapéuticos, obtenidos en la terapia, a los contextos habituales del sujeto, y facilitar el mantenimiento de dichas mejoras a lo largo del tiempo (Lösel, 2001; Redondo, 2008a). Con los anteriores propósitos se han concebido y aplicado dos grandes tipos de técnicas. Las técnicas de “generalización y mantenimiento”, más tradicionales,

tienen como objetivo la transferencia proactiva de las nuevas competencias adquiridas por los delincuentes durante el programa de tratamiento. Para ello emplean estrategias como las siguientes (Milan y Mitchell, 1998): programas de refuerzo intermitentes (en lugar de continuos), entrenamiento amplio de habilidades por diversas personas y en múltiples lugares, inclusión en el entrenamiento de personas cercanas al sujeto (que luego estarán en sus ambientes naturales), uso de consecuencias y gratificaciones habituales en los contextos del individuo (más que artificiales), y control estimular y autocontrol. Una técnica más reciente y específica es la de “prevención de recaídas”, que comenzó siendo diseñada para el campo de las adicciones y después se trasladó al del tratamiento de los delincuentes (Laws, 2001; Marlatt y Gordon, 1985). Su estructura general consiste en entrenar al sujeto en: a) detección de situaciones de riesgo de recaída en el delito, b) prevención de decisiones aparentemente irrelevantes, que pese a parecer inocuas le podrán en mayor riesgo, y c) adopción de respuestas de afrontamiento adaptativas. A continuación se ejemplificará con más detalle esta técnica en su aplicación al campo de la agresión sexual.

23.8. UN EJEMPLO PRÁCTICO: EL TRATAMIENTO DE LOS AGRESORES

SEXUALES 23.8.1. Tratamiento cognitivo-conductual El modelo de tratamiento aplicado por Marshall y su equipo en Canadá ha sido el fundamento originario de la mayoría de los programas con infractores sexuales aplicados en el mundo (Brown, 2005; Budrionis y Jongsma, 2003; Echeburúa y Guerricaechevarría, 2000; Marshall y Fernández, 1997; Marshall, 2001; Ward, Hudson y Keeman, 2001). Los Servicios de Prisiones británicos han diseñado y aplicado distintos programas con delincuentes sexuales, parecidos al modelo estándar desarrollado en Canadá (Hollin y Palmer, 2006). El Programa de tratamiento de delincuentes sexuales (Sex Offender Treatment Programme, SOTP) tiene como elemento central la confrontación de las justificaciones y excusas empleadas por los infractores. El SOTP Adapted Programme es una versión para sujetos con disminución intelectual. Existe una versión extensiva de este programa (Extended SOTP) para sujetos de alto riesgo que ya han realizado el programa estándar (SOTP). También se ha creado una modalidad para infractores de bajo riesgo, y últimamente una versión de continuación del tratamiento (Betterlives Booster SOTP Programme) para delincuentes de alto riesgo. También existen versiones de los anteriores

programas, con intensidades posibles de entre 50 y 260 horas de intervención, para el tratamiento en la comunidad de los infractores sexuales. Estos tratamientos típicamente funcionan en un formato grupal, en el que uno o dos terapeutas trabajan con un grupo de 8 a 10 sujetos. Se comienza evaluando las necesidades de intervención de los individuos y su riesgo de reincidencia futura; y, en función de si sus necesidades y riesgo son altos, moderados o bajos, son incluidos en una de las tres posibles modalidades de programas. Los sujetos con necesidades y riesgo elevados reciben un tratamiento más amplio e intenso que los restantes grupos (Marshall, Eccles y Barbaree, 1993; O’Reilly y Carr, 2006). Los terapeutas intentan crear un estilo de trabajo que haga compatible el rechazo de las distorsiones cognitivas y justificaciones de los sujetos con ofrecerles, paralelamente, el apoyo que necesitan para cambiar y rehacer su vida (Marshall, 1996). Este acercamiento equilibrado, entre la confrontación de sus conductas y justificaciones pasadas y el apoyo para mejorar en relación con el futuro, ha mostrado una buena efectividad con los agresores sexuales (Beech y Fordham, 1997). Waite et al. (2005) aplicaron un mismo programa de tratamiento con dos niveles de intensidad distintos y evaluaron la reincidencia durante un periodo de seguimiento de diez años, hallando que la mayor

intensidad se asociaba a una menor reincidencia. Por otro lado, en relación con la intensidad de un tratamiento, se recomienda evolucionar desde niveles más intensos de intervención, seguimiento y control de los sujetos, para ir evolucionando progresivamente hacia etapas de intervención y controles más espaciados y diluidos.

23.8.2. Ingredientes terapéuticos y habilidades de los terapeutas Los tratamientos con delincuentes sexuales han incluido los siguientes ingredientes de intervención principales (Hunter y Figueredo, 1999; Redondo, 2008a; Redondo et al., 2012).

A) Autoestima La autoestima se refiere a la valoración que tiene un sujeto acerca de sí mismo y de su propio comportamiento, al grado en que un individuo se halla satisfecho de quién es y de cómo es. Una autoestima de razonable a elevada se asocia a personas emprendedoras y que se proponen nuevas metas en su vida, mientras que una autoestima baja se vincula a desánimo e inhibición conductual, a un cierto abandono de uno mismo. El nivel de autoestima que una persona posee guarda también relación con el éxito que ha tenido en sus iniciativas y en los proyectos que ha emprendido, en cómo le ha ido su vida.

Se ha constatado reiteradamente que los delincuentes de diversas tipologías —y particularmente los abusadores y agresores sexuales— presentan una autoestima más baja que los sujetos no delincuentes (Marshall, Champagne, Sturgeon y Bryce, 1997). La comisión de un delito sexual, y su correspondiente procesamiento y condena, se asocian por lo común a una devaluación importante de la propia imagen y a una bajada de la autoestima. Existe riesgo de que ello se traduzca en un notable desánimo respecto del futuro y de las propias capacidades y posibilidades para manejarlo. Esta es la razón por la que muchos tratamientos de agresores sexuales comienzan por este módulo de trabajo sobre autoestima como una condición necesaria para motivar a los sujetos a trabajar activamente para mejorar y cambiar positivamente su futuro (Redondo et al., 2012).

B) Educación sexual En el capítulo 15 se argumentó la necesidad, para la prevención de las infracciones sexuales, de una apropiada socialización sexual. De modo paralelo, en el marco del tratamiento de los agresores sexuales, resulta imprescindible ofrecer a los sujetos la información y educación sexual adecuadas en términos biológicos, psicológicos y sociales. Así como, también, enseñarles a expresar sus propias emociones y sentimientos afectivos y

sexuales, así como a reflexionar acerca de los diversos significados y expectativas que tales expresiones pueden comportar para uno y otro sexo, y para distintas personas. Por lo que se refiere a sus experiencias delictivas pasadas, para comenzar se requerirá también ayudarles a hacerse conscientes de que pueden haber utilizado el sexo como “estrategia de afrontamiento” de sus problemas emocionales y de relación, pero que en realidad tal estrategia es ineficaz para la resolución efectiva de dichos problemas. A la vez, se les deben enseñar estrategias de afrontamiento más apropiadas, variadas y eficaces para enfrentarse a sus dificultades personales y emocionales (la estrategia más empleada en esta dirección, para múltiples problemas de comportamiento. ha sido la técnica de resolución de problemas —D’Zurilla, 1993; D’Zurilla y Goldfried, 1971). Por último, la educación sexual también habrá de ocuparse de aspectos tan importantes como los siguientes: mejorar la capacidad de reflexión de los sujetos para interpretar significativamente la sexualidad como una forma de comunicación, placer, satisfacción y felicidad, pero al mismo tiempo como una relación especial entre dos personas, que se aceptan y respetan recíprocamente; mejorar la conciencia y disposición de los individuos para el cambio terapéutico en el marco del tratamiento; y educarles sobre la relación psicológica entre emociones,

pensamientos y conductas, que resulta de la mayor relevancia tanto para comprender la precipitación de la agresión sexual como para poder controlarla.

C) Mejora de las habilidades afectivas y sexuales El Entrenamiento en Habilidades Sociales (EHS) es, según se vio, una de las técnicas más conocidas y aceptadas para el tratamiento de delincuentes (Redondo, 2008a; Ross y Fabiano, 1985). El presupuesto central es que un comportamiento social competente requiere tres componentes relacionados (Hollin y Palmer, 2001; Méndez, Olivares y Ros, 2005): percepción social, habilidad para reconocer, entender e interpretar convenientemente las señales sociales, tales como la expresión facial de emociones, las indicaciones y respuestas de otras personas, etc.; la cognición social, o habilidad para generar mentalmente alternativas de respuesta viables para responder a las interacciones y demandas sociales; y actuación social, o capacidad para llevar a cabo conductas apropiadas en la comunicación y la interacción sociales, tales como escuchar a otros, mantener un buen contacto visual con los interlocutores, modular el tono de voz de acuerdo con los contenidos y las situaciones comunicativas, responder a las críticas, ser asertivo en la comunicación, etc.

Es notorio que muchos infractores presentan graves déficits en todas estas competencias interpersonales, lo que les acarrea muchos conflictos legales (Blackburn, 1994; Glick, 2003). El entrenamiento en habilidades sociales se ha empleado con delincuentes juveniles y adultos para enseñar muy diversas competencias (Ross y Fabiano, 1985; Garrido, 1993): desarrollar sus habilidades conversacionales, favorecer su “introversión” y reflexión, aumentar su autoestima, sus habilidades de comunicación, su capacidad para expresar asertividad, para el afrontamiento de situaciones de riesgo, y sus habilidades de interacción con figuras de autoridad.

D) Erradicación de distorsiones cognitivas Son múltiples y diversas las distorsiones cognitivas y justificaciones que pueden amparar las conductas de abuso y de agresión sexual, de ahí la importancia que tiene su inclusión como objetivos terapéuticos, en los tratamientos. Para modificar el modo de pensar de los infractores se han empleado distintas técnicas psicológicas. La más utilizada ha sido la reestructuración cognitiva, que parte de la consideración de que muchos trastornos psicológicos y de conducta son el resultado de automatizaciones sesgadas o irrealistas en el procesamiento de la información; algunos pensamientos

automáticos pueden acabar convirtiéndose en firmes ‘distorsiones cognitivas’ o patrones erróneos de interpretación de las interacciones sociales (percibiéndolas como amenazantes, provocadoras, etc.) (Beck, 2000; Carrasco, 2004; Méndez, Olivares y Moreno, 2005), algo muy frecuente en los delincuentes. Mediante la técnica de reestructuración cognitiva puede ayudarse a los sujetos a ‘caer en la cuenta’ de que sus distorsiones cognitivas guardan una estrecha relación con sus conductas infractoras; y a partir de ello se estaría facilitando que puedan reorganizar más racionalmente su pensamiento y su conducta. También se ha empleado, para incidir en el pensamiento de los infractores, el denominado “programa de solución cognitiva de problemas interpersonales”; en él se entrena a los sujetos para que sean capaces de reconocer y definir los problemas interpersonales, identificar los sentimientos vinculados a ellos, y aprender a generar soluciones innovadoras (diferentes de las que han venido utilizando habitualmente), soluciones que deben tomar en cuenta las diversas consecuencias que se asocian a las distintas opciones de conducta (Redondo, 2008a).

E) Autocontrol emocional Muchos de los comportamientos de abuso o agresión sexual pueden precipitarse como resultado de emociones

extremas (tensión, ira, deseo de venganza…) debidas a la dificultad de los sujetos para el manejo apropiado de situaciones conflictivas (Agnew, 2006; Andrews y Bonta, 2006; Kingston, Firestone y Yates, 2012; Tittle, 2006). En todos estos supuestos están implicadas tanto la carencia de habilidades como las interpretaciones inadecuadas de las interacciones sociales (por ejemplo, atribuyendo mala intención a la otra persona) y, finalmente, una exasperación emotiva que puede implicar el enfurecimiento y una posible agresión. Para paliar estas dificultades, las técnicas para regular las emociones de los individuos y enseñarles cómo controlar sus posibles explosiones iracundas, han consistido en entrenar a los sujetos en una o más de las facetas del comportamiento implicadas en la agresión (Novaco y Renwick, 1998; Novaco, Ramm y Black, 2001). Es decir, en dotarles de mejores habilidades fácticas para enfrentarse eficazmente a las situaciones de conflicto, enseñarles a arbitrar nuevas y más benignas interpretaciones del comportamiento de otras personas, y entrenarles para controlar sus estados de tensión y ansiedad. Así mismo, serán objetivos y aspectos relevantes del entrenamiento en habilidades sociales los siguientes: comprender la conexión existente entre ira/enfado crónico y las conductas agresivas (y sus posibles agresiones

sexuales); desarrollar estrategias para controlar la ira; adquirir habilidades para expresar el enfado de forma adecuada, y para ser asertivos (es decir, para manifestar abiertamente sus quejas y deseos a otras personas pero de forma no agresiva); aprender a detectar los precursores situacionales y fisiológicos que anteceden a sus respuestas coléricas; debatir acerca de las similitudes y diferencias que puede haber entre aguantarse, negociar o agredir en situaciones específicas de conflicto; aprender a relajarse mediante “entrenamiento en relajación”.

F) Empatía con las víctimas La empatía es aquella capacidad de las personas para ‘sentir con’ otra persona (Echeburúa et al., 2002), siendo solidario con su posible sufrimiento, y para acomodar la propia conducta en coherencia con esos sentimientos positivos. Muchos delitos se cometen en ausencia o por insuficiencia de emociones tales como la compasión con el sufrimiento ajeno, la solidaridad y el altruismo. Según lo que se conoce a este respecto, muchos abusadores y agresores sexuales no carecerían de empatía hacia otras personas en general, sino que más bien estarían faltos de ella por lo que concierne a sus propias víctimas (Fernández, Marshall, Lightbody y O’Sullivan, 1999). Ello parece deberse a su incapacidad para reconocer el daño que han causado (Covell y Scalora,

2002). Por esto un objetivo del tratamiento es sensibilizarlos sobre el dolor que las víctimas experimentan como resultado de la agresión. En un estudio de Martínez, Redondo, Pérez y García-Forero (2008) se exploraron las relaciones entre empatía y agresión sexual, así como los posibles efectos beneficiosos que puede tener el tratamiento psicológico sobre la mejora de la empatía. Los violadores que recibieron tratamiento mejoraron su empatía por encima de los grupos de delincuentes no-sexuales y de violadores no-tratados. También constituyen objetivos importantes del entrenamiento empático los siguientes: conocer los efectos generales negativos que producen en las personas el uso de la fuerza y la agresión; identificar las consecuencias del empleo de la fuerza y la violencia sobre otras personas, y específicamente sobre niñas y niños, y mujeres; educar a los sujetos en relación con los perjuicios indirectos que asimismo producen las agresiones sexuales sobre las víctimas secundarias (padres, hermanos, pareja de la víctima, etc.); reflexionar sobre las emociones, pensamientos y comportamientos negativos, y a veces patológicos, que experimentan las víctimas en relación con las agresiones que han sufrido (miedo generalizado, depresión, trastornos afectivos y sexuales…); recordar y describir vivencias personales de

victimización, que los propios agresores sexuales puedan haber sufrido a lo largo de su vida, haciendo especial énfasis en los sentimientos y consecuencias asociados a tales experiencias, y sugiriendo posibles analogías con las vivencias negativas de víctimas de agresión sexual. (Véase un ejemplo en el cuadro siguiente sobre la realidad criminológica.) LA REALIDAD CRIMINOLÓGICA A continuación, se presentan algunos de los ejercicios que se emplean para desarrollar la empatía hacia la víctima, en el Programa de control de la agresión sexual, que se aplica actualmente a los delincuentes sexuales en España. DESCRIBIR A TU VÍCTIMA: Describe a tu víctima poniendo especial atención a aquellas cualidades positivas de ella que utilizaste y manipulaste para conseguir el contacto sexual. Para poder realizar esta tarea contesta a las siguientes preguntas: ¿Cómo es la persona a la que agrediste? ¿Qué cualidades positivas tiene? ¿De qué cualidades positivas de ella te aprovechaste para conseguir el contacto sexual? DESCRIBIR LOS HECHOS: Describe, con mucho detalle, lo que hiciste, poniendo especial atención en tus conductas y aclarando los errores de pensamiento y las mentiras que utilizaste. Debes describir, también, cómo utilizaste esas buenas cualidades de tu víctima para conseguir el contacto sexual. Para realizar esta tarea contesta a las siguientes preguntas: ¿Qué hiciste? (descripción detallada) ¿Qué hiciste para aprovecharte de esas buenas cualidades de tu víctima? ¿Qué pensamientos erróneos tenías? ¿Qué mentiras utilizaste en ese momento? ¿Qué mentiras has mantenido hasta ahora? SOY TOTALMENTE RESPONSABLE: Recuerda que esto es un informe de responsabilidad en el que debes reconocer que todo lo ocurrido fue culpa tuya y que la víctima hizo lo correcto denunciando los hechos. Para realizar esta tarea debes contestar a las siguientes preguntas: ¿De qué cosas eres responsable? ¿Qué derechos de tu víctima, como persona, violaste? ¿Quién actuó correctamente? ¿Pensaste en sus sentimientos? ¿Pensaste en sus súplicas, lloros, negativas, etc.? DESCRIBIR TODOS LOS DAÑOS FÍSICOS Y PSICOLÓGICOS: Describe los daños físicos y psicológicos, prestando especial atención a todas las formas o maneras en las que le hiciste daño a tu víctima principal (y a tus víctimas secundarias); incluye también los posibles daños y consecuencias futuras que podría padecer. Para realizar esta tarea contesta a las siguientes cuestiones: ¿Qué daños físicos le has causado?

¿Qué daños psicológicos le has causado? ¿Qué cosas no se volverá a atrever a hacer? ¿Por qué lugares no querrá volver a pasar? ¿Qué problemas podrá tener en un futuro? RESPONDER A LAS PREGUNTAS DE LA VÍCTIMA: Hay muchas cuestiones que tu víctima querría saber, y que quizá tú nunca te las has planteado, o mejor dicho, nunca has sabido responder. A continuación tienes una lista de preguntas que muchas víctimas de violación se hacen. Sé sincero al contestar. Posiblemente, si tu víctima tuviese la oportunidad. te haría estas mismas preguntas: ¿Por qué me hiciste esas cosas a mí? ¿Volverías a hacérmelo otra vez? ¿Por qué yo? ¿Qué hice? ¿Por qué no me hacías caso, ni me escuchabas, ni atendías mis súplicas? ¿Por qué no aceptas un NO por respuesta? ¿Por qué no sabes que las relaciones sexuales deben de ser consentidas por ambas partes? ¿Por qué debo creer que no volverás a hacerlo nunca más? ¿Cómo podré estar segura de que no reincidirás? ¿Cuánta gente sabe hoy en día lo que hiciste? ¿Cómo crees que me siento? ¿Por qué nunca podré olvidarlo? Fuente: Cuaderno de prácticas (Ministerio del Interior, 2006b)

G) Prevenir las recaídas En el caso de algunos infractores y agresores sexuales la repetición delictiva podría funcionar de manera semejante a las recaídas en las conductas adictivas, de forma que en ciertas circunstancias acabaría precipitándose como si resultara inevitable (McMurran, 2002). En la actualidad se valora que la anticipación y prevención de las reincidencias debe constituir un objetivo proactivo del propio tratamiento, por encima de limitarse a esperar que la prevención acontezca de un modo natural, algo que no siempre sucede (Milan y Mitchell, 1998; Redondo, 2008a). Las técnicas de prevención de recaídas enseñan a los agresores sexuales, paso a paso, cuáles son los principales factores personales y sociales que pueden ponerles en riesgo de volver a cometer un delito y qué controles

pueden utilizar para contrarrestarlos, del modo siguiente (Laws, 1989, 2001; Pithers, 1990): 1. El individuo debe adquirir conciencia de que, antes o después, aparecerán situaciones de riesgo asociadas a su conducta infractora (consumo de drogas, momentos y situaciones de cercanía con niños, amistades facilitadoras de comportamientos de agresión sexual, etc.). 2. El sujeto es prevenido acerca de que, ante estas situaciones, es frecuente que se tomen decisiones aparentemente irrelevantes. Se entiende por tales ciertos cursos de acción que, aunque a primera vista podrían parecer inocuos a efectos de un delito sexual (quedar con ciertos amigos, dar un paseo por un parque, comprar pornografía adulta, consumir alcohol…), sin embargo en realidad le estarían acercando a posibles situaciones de riesgo. Contrariamente a lo anterior, el sujeto debe aprender a tomar otras opciones de conducta, más normalizadas y adaptativas, que no le aproximen a la recaída o reincidencia en el delito. 3. No obstante, incluso si ha tomado ya una decisión aparentemente irrelevante, que le pone en mayor riesgo, ello no significa que todo esté perdido y que necesariamente deba verse abocado a reincidir; aún puede emitir respuestas adaptativas de afrontamiento, que le alejen de la situación y de la probabilidad de recaída. 4. Por último, el sujeto debe aprender que, según qué

opción de las dos anteriores tome, experimentará un sentimiento o bien de ruptura de la abstinencia o bien de mantenimiento de la abstinencia; el primero podría desanimarle y contribuir a aumentar su riesgo de recaída mientras que el segundo fortalecería su abstinencia delictiva. La prevención de recaídas también debe dirigirse a los siguientes aspectos: promover, de manera anticipada y proactiva, la generalización y el mantenimiento de las mejoras y logros obtenidos durante el tratamiento; enseñar a los sujetos a identificar en sí mismos (estados afectivos, consumo de alcohol o drogas…), y en el ambiente social (ocio desestructurado, encuentro con posibles víctimas, riñas o disputas con otros…), posibles factores facilitadores o precipitantes de conductas antisociales; entrenarles para ser capaces de analizar su propia conducta y los problemas que pueden aparecer en diversas situaciones personales y sociales, así como para tomar en consideración diferentes alternativas de acción que pueden llevar a distintos resultados (unos prosociales y otros delictivos); entrenarles en estrategias de afrontamiento más efectivas para prevenir las conductas infractoras y delictivas. Desde el ámbito del tratamiento de la agresión sexual se ha incorporado a la prevención de recaídas el concepto de ‘cadena cognitivo-conductual’, en que diversos eventos (o

eslabones) conductuales y cognitivos son interpretados por el individuo (de modo distorsionado) como un ascenso irremediable hacia la recaída en el delito. CUADRO 23.2. Ejemplo de cadena de recaída típica en el caso de los agresores sexuales

23.8.3. Tratamientos aplicados en España Hasta ahora la mayoría de los programas realizados en este campo en España se han llevado a cabo en las prisiones, con delincuentes adultos. Tanto la legislación penitenciaria española como las normas internacionales en esta materia, prevén que las administraciones penitenciarias apliquen programas con delincuentes violentos y sexuales, y tomen las medidas de control necesarias para facilitar su reintegración social y evitar su reincidencia. En las prisiones españolas se inició la aplicación de programas de tratamiento con agresores sexuales en 1996 (Garrido y Beneyto, 1996, 1997). Posteriormente, el formato del programa original fue revisado y adaptado por un equipo de técnicos de Instituciones Penitenciarias y publicado oficialmente por el Ministerio del Interior (2006a, 2006b). Este tratamiento se dirige tanto a violadores como a abusadores de menores, y tiene como objetivos principales los siguientes (Garrido y Beneyto, 1996): 1) mejorar sus posibilidades de reinserción y de no reincidencia; 2) favorecer un análisis más realista de sus actividades delictivas, que reduzca sus distorsiones y justificaciones delictivas; y 3) mejorar sus capacidades de comunicación y relación interpersonal. Este programa con adultos se aplica, en modalidad

grupal, en una o dos sesiones terapéuticas semanales, de dos horas de duración. La intervención se completa actualmente entre uno y dos años. Se contempla adaptar una versión intensiva que reduzca este periodo a un año, toda vez que la evidencia clínica general muestra que los resultados finales no mejoran linealmente a mayor duración del programa. El esquema del Programa de control de la agresión sexual actualmente aplicado con agresores sexuales adultos es, en consonancia con todo lo que se viene comentando, el siguiente (Ministerio del Interior, 2006a): 1) Entrenamiento en relajación, para enseñar a los sujetos a controlar sus estados de tensión; 2) análisis de la historia personal, en que cada sujeto efectúa un repaso crítico de su propia vida; 3) distorsiones cognitivas, en donde se confronta al individuo con sus errores de pensamiento e interpretación acerca de su conducta delictiva, uso de la violencia, conducta sexual, los roles sociales de las mujeres, etc.; 4) conciencia emocional, cuyo objetivo es que los sujetos mejoren su conocimiento y capacidad de apreciar emociones en sí mismos y en otras personas; 5) comportamientos violentos, en que se analiza la cuestión de las conductas de agresión y daño a las víctimas; 5) mecanismos de defensa, que atiende al trabajo sobre las justificaciones del delito; 6) empatía con la víctima, en que se desarrolla la capacidad del sujeto para ser

consciente y solidario con el sufrimiento de otras personas y particularmente de sus víctimas; 7) prevención de la recaída, módulo que prepara al sujeto, de modo parecido a como se hace en los tratamientos de adicciones, para que sepa anticipar situaciones de riesgo de repetición del delito y poner en marcha respuestas de afrontamiento de dicho riesgo; 8) estilo de vida positivo, que enseña a los sujetos a programar su vida cotidiana (horarios, rutinas diarias, objetivos, etc.); 9) educación sexual sobre el funcionamiento de la sexualidad humana, especialmente por lo que se refiere a su interpretación como una actividad de comunicación y respeto recíproco de los deseos de las personas; y 10) modificación del impulso sexual, módulo opcional de técnicas psicológicas (sensibilización encubierta o recondicionamiento masturbatorio) para la reducción del impulso sexual ante estímulos inapropiados que impliquen el uso de la violencia o interacciones sexuales con menores. Para la evaluación a gran escala de este programa se efectúa una comparación de los resultados obtenidos en diversas medidas psicológicas antes y después del tratamiento. Para ello, Redondo, Martínez y Pérez (2005) adaptaron diversas escalas psicológicas específicas que permiten la evaluación de variables como ‘capacidad de intimidad’, ‘asertividad’, ‘ansiedad ante estímulos sexuales’, ‘distorsiones cognitivas’ sobre violación o

sobre abuso de menores, y ‘empatía’ ante víctimas de violación o de abuso sexual. En una reciente evaluación de este programa en sendas muestras de 117 violadores y 71 abusadores de menores, a partir de un encargo de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, se ha obtenido que el tratamiento aplicado con los agresores sexuales produce mejoras terapéuticas significativas en factores tales como autoestima social, asertividad, disposición al cambio de conducta, distorsiones cognitivas, impulsividad, agresividad y empatía. Todas estas mejoras guardan relación con la motivación delictiva y, en definitiva, con un menor riesgo de reincidencia sexual (Redondo y Luque, 2011). En una evaluación específica de la reincidencia sexual a partir de una muestra de 49 delincuentes adultos tratados en las prisiones de Cataluña, tras un periodo de seguimiento de cuatro años, reincidió en delitos sexuales el 4,1% de los agresores sexuales tratados, frente al 18,2% de reincidencia por parte del grupo de control, no tratado (Redondo et al., 2005). Es decir el tratamiento logró bajar la tasa de reincidencia en 14 puntos. Este resultado de eficacia es muy relevante, si se atiende al tamaño del efecto promedio de los tratamientos de los agresores sexuales, que internacionalmente se sitúa en reducciones promedio de entre 5 y 8 puntos (sobre tasas base de reincidencia de entre el 15% y el 20%) (Gillis y Gass,

2010; Lösel y Schmucker, 2005; Prentky y Schwartz, 2006).

23.9. EFICACIA GENERAL TRATAMIENTOS

DE

LOS

23.9.1. Efectividad global: Revisiones y metaanálisis Para conocer la eficacia de los tratamientos de los delincuentes de una manera global, desde mediados de los años ochenta hasta ahora se han realizado múltiples revisiones y meta-análisis al respecto, muchos de ellos, especialmente los primeros, sobre programas aplicados en Estados Unidos y Canadá. Más recientemente, también se han efectuado diversas revisiones acerca de programas con delincuentes implementados en Europa. A continuación se presenta, a partir de Redondo y Frerich (2012), una síntesis de diversas revisiones que mayoritariamente incluyen programas de tratamiento aplicados en países europeos, aunque algunas también incorporan tratamientos realizados en países no europeos, especialmente en Estados Unidos (cuadro 23.3).

La Campbell Collaboration es una institución académica internacional, a la que también pertenecen los autores de esta obra, dirigida a la evaluación y diseminación de resultados en relación con aquellos programas de prevención y tratamiento del delito que han resultado más efectivos. En la foto, de izquierda a derecha, algunos de los miembros de su comité directivo: Martin Killias (U. de Zurich, Suiza), Brandon Welsh (Northeastem University, USA), Peter van der Laan (NSCR, Netherlands), Hiroshi Tustomi (University of Shiznoka, Japon), Peter Neyrond (Cambidge University), Jacque Mallender (Matrix Knowledge, UK), Chirs Holligan (University of the West of Scotland), Charlotte Gill (George Mason University, USA), Jerry Lee (Jerry Lee Foundation, USA), Friedrich Lösel (University of ErlangenNuremberg, Germany), y David Farrington (Cambridge University, UK). CUADRO 23.3. Síntesis de revisiones sobre programas de rehabilitación en países europeos (1987-2012) Autores y tipo de revisión

Principales estrategias de tratamiento aplicadas

Tamaño del efecto o efectividad promedio

DIFERENTES TIPOLOGÍAS DE DELINCUENTES Lösel, F., Köferl, P., y Weber, F. (1987) Prisiones Meta-análisis: 16 terapéuticas programas

Efectos moderados, entre r=. 000 y r= .309, lo que indica que mientras que algunas intervenciones sociosocioterapéuticas no obtuvieron ningún efecto (r=.000), otras lograron efectos medio-altos (de hasta el 30,9%).

Redondo, S., Garrido, V., y Sánchez-Meca, J. Efectos entre moderados y altos, (1997) desde r=.119 a r= .419 (12%-42%), Meta-análisis: 57 Diversas técnicas de obteniéndose la mayor reducción de programas (4.284 tratamiento la reincidencia en centros juveniles y delincuentes tratados/ prisiones 3.444 controles) Redondo, S., SánchezTécnicas conductuales Meca, J., y Garrido, V. Tamaño del efecto promedio: r= .12 y cognitivo-

(1999) Meta-análisis: programas

conductuales (las más (12% de reducción de la reincidencia 32 efectivas) en los grupos tratados)

Grietens, H., y Hellinckx, W. (2003) Revisión de 5 metaanálisis previos

Programas conductuales y cognitivo-conductuales (los más efectivos)

Tamaños del efecto promedio positivos, con d entre 0.09 y 0.31; reducción promedio de la reincidencia = 9%

Lösel, F., y Schmucker, M. (2005) Meta-análisis: 69 Programas cognitivo- 37% menor reincidencia en estudios (con 80 conductuales (los más delincuentes tratados que en no comparaciones efectivos) tratados independientes): 23.181 delincuentes tratados y no tratados Tong, L.S.J., y Farrington, D.P. (2006) Programa Meta-análisis: 16 “Razonamiento y estudios (26 rehabilitación” (R&R) comparaciones independientes)

Reducción significativa de la reincidencia del 14% en los grupos tratados en comparación con los controles

La tasa de reincidencia fue Killias, M., y Villetaz, significativamente mayor tras el Sanciones privativas de P. (2008) cumplimiento de sanciones libertad vs. noRevisión sistemática: privativas de libertad que de privativas de libertad 23 estudios sanciones y medidas en la comunidad DELINCUENTES JUVENILES Redondo, S., SánchezMeca, J., y Garrido, V. Distintos programas de Tamaño del efecto promedio: r= .21 (2002) tratamiento (con (21% de reducción de la reincidencia Meta-análisis: 23 adolescentes varones) general en los grupos tratados) programas Sánchez-Meca Redondo, S. publicado) Meta-análisis: programas

y (no 17

Distintos programas de Promedio: r= .18 (18% de reducción tratamiento de la reincidencia)

Lösel, F., y Beelmann, A. (2003) Meta-análisis: 84 estudios (135 comparaciones de efectividad): 16.723 infractores juveniles tratados y no tratados (edades: 4-18 años)

Entrenamiento en habilidades sociales (prevención de la conducta antisocial juvenil)

Mayor efectividad en relación con las mediciones de variables sociales y cognitivas /menores efectos en conducta antisocial; mejores efectos con programas orientados a la intervención sobre riesgos específicos que a programas de cariz generalista

Garrido, V., Morales, L.A., y Sánchez-Meca, J. (2006) Meta-análisis: 30 estudios Terapias cognitivoexperimentales o r= .07 (7% de reducción de la conductuales (las más cuasi-experimentales: reincidencia) efectivas) 2.831 delincuentes juveniles violentos y crónicos tratados y 3.002 no tratados (1221 años)

Koehler, J.A., Lösel, F., Akoensi, T.D., y Humphreys, D.K. (2012) Meta-análisis: 25 estudios: 7.940 delincuentes

OR= 1.37 (eficacia de los tratamientos considerados generalmente como efectivos, habitualmente cognitivoIntervenciones conductuales) conductuales y OR=1.90 (eficacia de aquellos cognitivo-conductuales tratamientos coherentes con los (las más efectivas) principios riesgo-necesidadresponsividad, que llevaron a una reducción del 16% del riesgo de reincidencia)

DELINCUENTES CON TRASTORNOS MENTALES Entrenamiento en habilidades de Duncan, E.A.S., Nicol, resolución de M.N., Ager, A. y problemas; en manejo y Dalgeish, L. (2006) autocontrol de la ira y Revisión sistemática: la agresión; prevención 20 estudios de conductas autolesivas; otras

d= .93 (entrenamiento en habilidades de resolución de problemas); d= .78 (intervención sobre el comportamiento autolesivo) Efectos entre morados a altos

estrategias DELINCUENTES ADICTOS A DROGAS Holloway, Bennett, Farrington, (2006) Meta-análiosis: evaluaciones

Tratamiento de K.R., metadona; T.H., comunidades OR= 1.41 (el tratamiento de drogas D.P. terapéuticas; fue efectivo en la reducción de la supervisión postreincidencia) 28 liberación; tribunales especializados en materia de drogas

DELINCUENTES SEXUALES Schmucker, M., y Lösel, F. (2008) Revisión sistemática: 80 estudios: 23.181 delincuentes sexuales

Castración quirúrgica; medicación antiandrogénica, tratamiento cognitivoconductual (el más efectivo)

OR= 1.70 (reincidencia sexual); OR= 1.90 (reincidencia violenta); OR= 1.67 (reincidencia global) Efectos positivos en la reducción de la reincidencia

(Fuente: Redondo y Frerich, 2013)

En conjunto, los meta-análisis recogidos en la tabla han evaluado y comparado entre sí más de quinientos programas de tratamiento o intervenciones con diferentes categorías de delincuentes, la mayoría de ellas desarrolladas en países europeos (aunque aquí se han priorizado las revisiones europeas, existen muchas más relativas a programas aplicados en EEUU, Canadá y otros países anglosajones). La conclusión global que puede extraerse de estas revisiones es que los tratamientos de la delincuencia tienen un efecto parcial pero significativo en la reducción de las tasas de reincidencia y en la mejora de otras variables de riesgo delictivo (Hollin y Plamer, 2006; Koehler et al., 2012; McGuire, 2004; Redondo 2008a).

Puede estimarse que globalmente los tratamientos aplicados con los delincuentes logran en promedio una reducción de la reincidencia delictiva de alrededor de 12 puntos, en un rango muy variable de efectos que oscila desde una efectividad nula a disminuciones de la reincidencia de hasta 42 puntos (sobre tasas base de reincidencia que pueden oscilar, según categorías de delincuentes y estudios, entre 20%-75%) (Cooke y Philip, 2001; Cullen y Gendreau, 2006; Koehler et al., 2012; Lösel, 1996, 1998; McGuire, 2004; Redondo, SánchezMeca y Garrido, 1999). La mayoría de los programas evaluados en los metaanálisis precedentes integraron tratamientos con delincuentes de diferentes categorías delictivas, así como con delincuentes juveniles. Tres meta-análisis revisaron, respectivamente, intervenciones con infractores que padecían trastornos mentales, delincuentes con problemas de adicción a drogas, y agresores sexuales. En todos los casos, los grupos de tratamiento obtuvieron mejores resultados en promedio que los grupos de control. En relación con las técnicas de tratamiento aplicadas, las intervenciones conductuales y cognitivo-conductuales (incluyendo el programa R&R, entrenamiento en habilidades sociales, habilidades de resolución de problemas, etc.) resultaron las más efectivas con todos los grupos y categorías de delincuentes. Además, un meta-

análisis (Killias y Villetaz, 2008) comparó la eficacia de las sanciones privativas de libertad frente a las no privativas de libertad o comunitarias, obteniendo que éstas resultaban más efectivas para la reducción de las tasas de reincidencia.

23.9.2. Carrera tratamiento

delictiva

y

eficacia

del

Los resultados del tratamiento que se acaban de comentar hacen referencia a grupos o muestras globales de delincuentes, por lo que las tasas de efectividad obtenidas son promedios que sintetizan los efectos del tratamiento sobre los individuos concretos. Sin embargo, el tratamiento se dirige realmente a producir cambios y mejoras en sujetos particulares, que sean susceptibles de interrumpir o acortar sus respectivas carreras delictivas. Según se ha visto en capítulos anteriores, la carrera delictiva de un delincuente típico usualmente comienza en la adolescencia, adquiere su intensidad máxima entre los 18 y los 22 años, y en una minoría de casos persiste durante algunos años más. ¿Cómo puede contribuir el tratamiento de los delincuentes a reducir las carreras delictivas de los individuos ya iniciados en el delito? Según se sabe, el tratamiento, mediante el que se enseñan a los delincuentes nuevas habilidades de comportamiento, así como también inhibiciones de conducta, puede

contribuir a disminuir la intensidad y duración de las carreras delictivas individuales (Israel y Hong, 2006). A partir de este decremento individual del riesgo, puede esperarse que las tasas grupales de reincidencia también disminuyan, aunque no es esperable que, por la sola influencia de los tratamientos, se produzca una erradicación completa de la reincidencia delictiva. En síntesis, el tratamiento puede reducir la reincidencia esperada en proporciones de alrededor de 1/3 (y, dependiendo de la calidad de las intervenciones, de entre 1/5 y 1/2). Probablemente, esas son las posibilidades y límites del impacto del tratamiento. Así quiere ilustrarse mediante el ejemplo de la figura siguiente, relativa al efecto del tratamiento con los delincuentes sexuales. Del conjunto de quienes cometieron un delito sexual, una gran mayoría (el 80% de los sujetos) no es esperable que reincida, atendidos los datos internacionales en esta materia. Del porcentaje del 20% de delincuentes sexuales que sí que es probable que vuelvan a delinquir, a partir de la aplicación de tratamientos puede lograrse que entre el 5% y el 10% no lo hagan, mientras que, en función de lo anterior, restaría una reincidencia residual de entre el 10% y el 15% (cuadro 23.4). Es decir, un resultado de eficacia socialmente significativa, en una materia tan delicada y compleja como la agresión sexual, pero ciertamente de magnitud moderada y relativa.

CUADRO 23.4. Ejemplo: disminución de la reincidencia de los delincuentes sexuales como resultado del tratamiento

Para concluir, a continuación se resumen los elementos principales que caracterizan a los programas que resultan más efectos con los delincuentes (Andrews y Bonta, 2010; Cullen y Gendreau, 2006; Lipsey y Landerberger, 2006; Hollin y Palmer, 2006; Koehler et al., 2012; Lösel, 1996; McGuire, 2004; Redondo, 2008): • Los programas efectivos se fundamentan en una base teórica sólida, que dé cuenta tanto de la explicación del comportamiento antisocial como de los factores relevantes que pueden facilitar su prevención. En tal sentido, constituye el fundamento más sólido para los programas de tratamiento, la teoría del aprendizaje social, en sus dimensiones de modelado del comportamiento, reforzamiento de conducta, trabajo con los sujetos en la propia comunidad social, y evitación de las estrategias punitivas. • Son más efectivos con los delincuentes los programas estructurados y directivos. • Aquéllos que entrenan a los sujetos en habilidades y hábitos prosociales. • Que promueven la reestructuración de su pensamiento, de sus actitudes y de sus valores. • Son más eficaces los programas más potentes, en términos de un mayor tiempo de aplicación, una mayor intensidad y una mayor integridad en la

administración de todos y cada uno de los ingredientes que los componen. • Es una garantía de eficacia que los programas sean multifacéticos, esto es que incorporen distintas técnicas e ingredientes, dirigidos a diversos factores de riesgo dinámicos, tanto individuales como familiares y sociales. • Es un buen criterio también para mejorar la eficacia de los programas, el que se evalúen los niveles de riesgo de los sujetos y, en función de tales valoraciones, se diseñé la intensidad de los tratamientos. Un mayor riesgo debe implicar programas más intensivos. • Mejora la eficacia contar con terapeutas con adecuadas habilidades personales y técnicas, que hayan sido entrenados de modo específico en la aplicación del programa. • Es muy conveniente, para maximizar la eficacia de los tratamientos y asegurar la evaluación comparativa, que pueda disponerse de manuales estandarizados de cada programa, que guíen adecuadamente el trabajo terapéutico. • La continuidad de los programas y su aplicación con la máxima integridad requieren que los directivos de las instituciones en que se desarrollen dichos programas (en medidas comunitarias, en centros juveniles y en prisiones) se muestren comprometidos con los

tratamientos de los delincuentes. Es decir, los programas de tratamiento no viven y se sustentan meramente sobre meros pronunciamientos retóricos en torno a la rehabilitación y reinserción social de los delincuentes, sino sobre apuestas firmes y decididas al respecto, lo que incluye la dotación suficiente (y lo más generosa posible) de recursos personales y materiales para su desarrollo. • Por último, los programas efectivos deben incorporar estrategias específicas de generalización a la comunidad, tales como pueden ser los módulos de prevención de recaídas. PRINCIPIOS CRIMINOLÓGICOS Y POLÍTICA CRIMINAL 1. Los tratamientos con delincuentes constituyen una estrategia sólida para la reducción del riesgo delictivo y la futura reincidencia, pero por sí solos no son la solución de la delincuencia, cuya prevención y control requieren medidas mucho más amplias y diversificadas. 2. El desarrollo moderno de los tratamientos con delincuentes aconteció, principalmente en Norteamérica y en Europa, a partir de la Segunda Guerra Mundial, y de forma decidida a partir de la década de los ochenta del pasado siglo. 3. El modelo de rehabilitación de delincuentes más avalado científicamente es el denominado modelo de riesgo-necesidades-responsividad. El principio de riesgo establece que la intensidad del tratamiento debe estar guiada por el nivel de riesgo del individuo. El principio de necesidad afirma que el tratamiento debe orientarse a contrarrestar aquellos factores de riesgo dinámicos que específicamente se vinculan a una mayor probabilidad delictiva (cogniciones antisociales, vínculos pro-predictivos, rasgos de personalidad antisocial, adicciones…). El principio de responsividad sugiere que un programa de rehabilitación debe ofrecerse, para que resulte más efectivo, tomando en consideración los posibles condicionantes y dificultades de cada sujeto participante en el mismo. 4. Uno de los objetivos importantes del tratamiento de los delincuentes es la enseñanza y el entrenamiento de nuevas habilidades y hábitos, con la finalidad de que adquieran comportamientos alternativos, pacíficos y prosociales, para la

resolución de sus necesidades y propósitos materiales y sociales. Para ello se cuenta con técnicas de reforzamiento y extinción de la conducta, modelado y entrenamiento en habilidades sociales. 5. Las estrategias de tratamiento más utilizadas y efectivas con delincuentes son las denominadas técnicas cognitivo-conductuales, que se dirigen a desarrollar y mejorar su pensamiento y sus competencias de interacción social. Se trata de intervenciones complejas que suelen combinar módulos de autocontrol, habilidades sociales, resolución cognitiva de problemas interpersonales, pensamiento creativo o de generación de alternativas de conducta, razonamiento crítico, toma de perspectiva social, y otros ingredientes terapéuticos. 6. En el tratamiento de la conducta violenta e infractora también es relevante intervenir sobre los posibles problemas emocionales que presentan los sujetos, en el sentido de capacitarles para un mayor dominio y regulación de sus propias emociones de ira, que suelen anteceder a no pocos delitos. 7. Por último, en los tratamientos actuales se considera también imprescindible preparar a los sujetos para prevenir la posible recaída o reincidencia delictiva, aprendiendo a anticipar las situaciones de mayor riesgo delictivo, y adoptando a tiempo las decisiones y conductas más convenientes para rebajar la probabilidad de reincidir. 8. La aplicación de tratamientos produce reducciones promedio de las tasas de reincidencia delictiva de alrededor de 12 puntos (para tasas promedio de reincidencia base del 50%), en un rango muy variable de efectos que oscila entre la efectividad nula y decrementos delictivos de hasta 42 puntos de la reincidencia base. CUESTIONES DE ESTUDIO 1. ¿En qué momento se iniciaron históricamente los tratamientos con delincuentes? ¿Cuándo se produjo su desarrollo moderno? ¿En qué países se aplican actualmente tratamientos con delincuentes y en cuáles no? ¿Qué razones podrían explicar que se implementen o no tratamientos en un país concreto? 2. ¿En qué consiste el modelo de rehabilitación riesgo-necesidades-responsividad? ¿Qué relación existe entre dicho modelo y los factores de riesgo para el delito denominados estáticos y dinámicos? 3. ¿Cuáles son los objetivos preferentes de los tratamientos con delincuentes? ¿Han de ser distintos los objetivos del tratamiento en función de las diversas categorías y tipologías delictivas? Razona la respuesta. 4. ¿Por qué es importante entrenar a los delincuentes en nuevas habilidades de vida? ¿Cuáles son las principales técnicas que se han empleado para ello? 5. Efectuar una simulación en clase de la técnica de entrenamiento en habilidades sociales, a partir de propuestas de los alumnos sobre conductas que sería conveniente desarrollar en el marco de un tratamiento con delincuentes juveniles.

6. ¿Qué aspectos de la cognición han sido objeto de atención en los tratamientos de los delincuentes? Realizar una simulación sobre reestructuración cognitiva de alguna distorsión cognitiva que pueda ser frecuente en maltratadores, ladrones de casas, o delincuentes de cuello blanco. 7. ¿Cómo pueden relacionarse las dificultades y problemas emocionales con la conducta delictiva? ¿Cómo intentan los tratamientos regular las emociones? 8. ¿En qué consiste la técnica de prevención de recaídas? Sugerir ejemplos de posibles secuencias de recaída, o reincidencia delictiva, en delincuentes juveniles, ladrones de casas, traficantes de drogas, defraudadores, maltratadores, etc. 9. ¿Es España un país desarrollado o infra-desarrollado por lo que se refiere a la aplicación de tratamientos con delincuentes? ¿Cuáles son las razones para considerar una cosa o la otra? 10. ¿Qué eficacia contrastada presentan los tratamientos aplicados con delincuentes? ¿Es mayor la efectividad con los delincuentes jóvenes o con los adultos? Razonar la respuesta dada.

1 En inglés, “responsivity”. También podemos emplear como sinónimo “individualización”.

24. PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA 24.1. EL PARADIGMA DE LA RESISTENCIA (RESILIENCIA) 1070 24.1.1. El paradigma de la resistencia 1070 A) Cómo surgió el paradigma de la resistencia 1070 B) Presupuesto primero: el estrés siempre causa problemas 1071 C) Presupuesto segundo: los efectos del estrés o de los factores de riesgo no son unívocos 1071 D) Presupuesto tercero: hay niños invulnerables 1072 E) Presupuesto cuarto: la resistencia es un resultado del emparejamiento factores de estrés/factores de protección 1073 F) Presupuesto quinto: el concepto de “resistencia” exige un nuevo modelo de prestación de servicios de prevención 1074 24.1.2. La Prevención primaria o el modelo de salud pública 1075 24.1.3. Los programas de intervención temprana 1077 24.1.4. Los programas de intervención temprana ahorran dinero 1079 24.2. LA PREVENCIÓN MEDIO-AMBIENTAL 1080 24.2.1. Evaluación empírica de las medidas de prevención 1083 24.3. MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VIOLENCIA 1087 24.3.2. Los efectos de los mass media en la violencia y la agresividad 1089 A) Los estudios empíricos 1089 B) Las explicaciones teóricas 1092 24.3.3. Los efectos moderadores sobre la violencia imitada en los medios 1092 A) Efectos del sujeto que observa 1092 B) Características del contenido violento que se observa 1093 C) El ambiente social 1093 D) El uso y contenidos de los medios 1094

24.3.4. Implicaciones e investigación más reciente 1094 24.4. LA EFICACIA COLECTIVA: FAMILIAS Y BARRIOS INTEGRADORES 1096 24.5. ¿EFICACIA COLECTIVA O “VENTANAS ROTAS”? 1099 24.6. LA CRIMINOLOGÍA POSITIVA 1100 24.7. DELINCUENCIA, VIOLENCIA Y SOCIEDAD EN EL SIGLO XXI 1103 PRINCIPIOS CRIMINOLÓGICOS Y POLÍTICA CRIMINAL 1108 CUESTIONES DE ESTUDIO 1108

La prevención es la palabra que está en boca de todos; siempre se recurre a ella para definir el mejor y más definitivo de los recursos al que siempre deberíamos aspirar. Y lo cierto es que —hay que decirlo— ello es, indefectiblemente, siempre verdad. Pero también es cierto que las buenas intenciones no bastan, y que no todos los programas preventivos son eficaces. Por ejemplo, los primeros programas de prevención para evitar el consumo de marihuana entre escolares en los EEUU, en los que se les informaba de los daños que podía causar esta droga, tuvieron el efecto contrario a lo deseado: a los jóvenes que recibieron la información se les despertó el interés por fumar marihuana. Hay en la bibliografía otros ejemplos de programas preventivos que, a pesar de que parecían estar guiados por el sentido común, y que un “hombre medio” sin duda hallaría razonables, constituyeron sin embargo sonados fracasos1. Los programas preventivos pueden ir dirigidos a:

–

El delincuente (programas psicoeducativos, intervención familiar) – La víctima potencial (medidas de auto-protección) – La comunidad (cambios en el barrio/ciudad/sociedad) – El medio ambiente físico (arquitectura, sistemas de protección) Cada una de estas áreas a su vez se divide en tres clases de prevención: – Primaria – Secundaria – Terciaria Estos conceptos han sido tomados de la medicina, donde la prevención primaria se dirige a evitar que aparezca el problema de que se trate, y para ello se fortalecen los recursos del individuo o de su medio social. Por ejemplo, en Criminología dar apoyo económico y orientación a mujeres que van a ser madres solteras con problemas económicos es un ejemplo de prevención de este tipo, ya que se sabe que en estas circunstancias aumenta la probabilidad de que los hijos inicien carreras delictivas. Ahora bien, si buscamos que los chicos de doce o trece años que ya tienen, en su repertorio de conductas, precursores de la delincuencia, como peleas frecuentes o absentismo escolar, se lleven mejor con sus compañeros y asistan regularmente a clase, entonces estamos aplicando

un programa de prevención secundaria. Finalmente, la prevención terciaria es sinónimo de “tratamiento”, y se realiza cuando el sujeto ya ha desarrollado una carrera delictiva. Los tratamientos en las cárceles o centros de reeducación juvenil entran en esta categoría. Así llegamos a la siguiente clasificación de programas preventivos: CUADRO 24.1. Tipos de prevención Prevención primaria Prevención secundaria Orientado hacia:

Establecer condiciones reducen oportunidades

que

Prevención general Política social y sanitaria Política laboral, y Delincuente urbanística Protección de menores Adopción de menores Víctima

Prevención terciaria

Estrategias para evitar Disminuir daños que los problemas se evitar repeticiones consoliden

Prevención individual Político social Trabajo social reinserción, Terapia para rehabilitación drogadictos

y

de

Comportamiento en el Estrategias para evitar encuentro con el Terapia de crisis riesgos delincuente Restitución Autodefensa Colaboración ciudadana para Ayuda en situación de esclarecer los delitos crisis Apoyo a vecinos que han sufrido un delito

Comunidad

Control informal Vigilancia vecinal

Medio Ambiente

“Espacio defendible” Arquitectura Sistemas de protección: Dinero electrónico Cerraduras Coches antirrobo de Alarmas, etc. serie

Reparación Evitar deterioro en edificios o zonas públicas

Este cuadro presenta ejemplos de prevención primaria, secundaria y terciaria, dirigidas hacia distintos grupos de personas. Se puede intervenir con el presunto delincuente, dar consejos a la presunta víctima, cambiar factores en la comunidad, o modificar el medio ambiente físico. Para un conocimiento más completo de todas estas estrategias hay que consultar monografías y revistas especializadas en la prevención de la delincuencia2. En este capítulo presentamos las tendencias más importantes de la actual criminología preventiva.

24.1. EL PARADIGMA DE RESISTENCIA (RESILIENCIA)

LA

En las últimas décadas, los esfuerzos para el desarrollo de la adolescencia han sido de dos tipos: programas para prevenir los problemas de conducta (p.ej., Johnson, Pentz, Weber, et al., 1990) y programas diseñados para promocionar conductas competentes (Garrido y López, 1995). Esta separación en el ámbito aplicado ha alcanzado el terreno académico, de tal manera que en ambos se ha producido un interesante cambio de paradigma donde la discusión se ha centrado en la relación existente entre los factores de riesgo y los factores protectores, y en su efecto combinado en el desarrollo del joven (Hawkins, 1992; Perry y Jessor, 1985). Uno de los puntos centrales en esta

nueva perspectiva es el concepto de “resistencia” (resiliency) (Dugan y Coles, 1989; Hawkins y Catalano, 1992), a partir del cual se considera que los chicos, las familias, las comunidades y las escuelas tienen tanto características de riesgo como de protección. El resultado final en un individuo es el producto de las interrelaciones específicas de éste con sus diferentes ambientes.

24.1.1. El paradigma de la resistencia Martin Bloom (1996a, 1996b) se ocupó de analizar las principales características del paradigma de la resistencia. Siguiendo en lo fundamental sus obras, vamos a presentar una descripción de la aparición de dicho paradigma y de sus principales elementos. En primer lugar detengámonos en el mismo concepto de “resistencia” (resiliency). Se refiere al hecho de que en ocasiones surgen niños saludables o ‘normales’ del seno de ambientes insanos (Garmezy, 1971). Esta realidad — que haya niños que crezcan de modo competente en ambientes psicosociales deficitarios— ha sido constatada por investigadores independientes en lugares tan diversos como Hawai, Inglaterra y Estados Unidos. Y, por supuesto, es una realidad fácilmente constatable en los barrios marginales de las grandes ciudades, en donde, a pesar de los múltiples factores de riesgo existentes, la mayoría de jóvenes no acaban siendo delincuentes.

A) Cómo surgió el paradigma de la resistencia El fenómeno de la resistencia encierra una paradoja, y parece ir en contra del sentido común; sin embargo, parece que determinadas personas son capaces de lograr un gran potencial de adaptación a situaciones adversas, mientras que otras desarrollan una vida desajustada en su edad adulta. A continuación Bloom (1996a) nos presenta diversos presupuestos que los científicos han ido elaborando para intentar comprender este fenómeno.

B) Presupuesto primero: el estrés siempre causa problemas Durante los años 50 y 60 se mantenía la idea de que altos niveles de factores de estrés (o de riesgo) siempre causaban problemas. Esta creencia se incrustaba en cualquiera de los dos paradigmas psicológicos que dominaban esos años. En efecto, tanto en el psicoanálisis como en el conductismo la conducta del ser humano se concebía como una realidad modelada bien por el ambiente interno del individuo (el primero), bien por el ambiente externo que le rodeaba (el segundo). Lo anterior nos lleva al presupuesto primero en la reconstrucción histórica del concepto de resistencia, que operaba en los comienzos de la década de los 60: unos niveles elevados de estrés biopsicosocial en individuos vulnerables producirán de modo natural altos niveles de

disfunción. Tanto para el psicoanálisis como para el conductismo, este individuo vulnerable se obviaba, ya que se pensaba que no podía hacer gran cosa frente a los factores de estrés del ambiente o del inconsciente. Ello dio lugar a que florecieran los servicios de atención para las personas aquejadas de esas circunstancias (tanto en el ámbito privado como público). Había un gran acuerdo alrededor de este primer presupuesto, toda vez que una gran cantidad de investigación lo corroboraba. Sin embargo, surgió una anomalía en el sentido científico kuhniano: cuando se pensaba que se disponía de un conocimiento seguro, surgieron investigaciones que revelaban que determinadas niños que vivían en ambientes estresantes eran capaces de crecer como adultos sanos. Esto llevó al presupuesto 2º.

C) Presupuesto segundo: los efectos del estrés o de los factores de riesgo no son unívocos En efecto, poco a poco se iba abriendo camino el presupuesto segundo: altos niveles de estrés en sujetos vulnerables, producirán unas veces una conducta social funcional, y otras veces una conducta social disfuncional. Ahora bien, para que este presupuesto fuera capaz de generar conocimiento científico, era necesario desarrollar la investigación. Ello no era fácil, a causa de los

diferentes tipos de personas (pacientes) implicados, y de los numerosos factores de riesgo a analizar, unos de tipo biológico (como complicaciones perinatales), otros de naturaleza familiar (padres alcohólicos, maltratadores, divorciados, etc.), o finalmente de espectro más amplio, como crecer en condiciones de pobreza o de guerra. La característica definitoria de esos primeros estudios era que un cierto número de niños expuestos a condiciones inadecuadas de desarrollo salían adelante de modo competente, si bien esta proporción variaba según los diferentes estudios. Por ejemplo, en la investigación de Werner (1989a, 1989b) con una muestra de Hawai, uno de cada tres niños vulnerables se había convertido en un adulto bien ajustado. Anthony (1977), dictaminó que un 30% de niños de San Luis que estaban en riesgo de generar una psicosis (como sus padres) habían crecido con un buen desarrollo psicosocial. También en esa ciudad norteamericana, Robins (1966) halló que el 60% de los niños de los suburbios llevaban una vida integrada cuando llegaron a la edad adulta. ¿Cómo explicar este fenómeno? La respuesta que dieron los científicos de la época fue reconsiderar su perspectiva sobre el estrés o riesgo y sobre el concepto de vulnerabilidad. Por otra parte, surgieron dos importantes cambios que impulsaron profundamente la investigación. En primer lugar, la emergencia de la teoría cognitiva, lo

que suponía enfatizar el hecho de que “aquello que sucede en la cabeza de la gente” (los pensamientos) influye sobremanera en el comportamiento, junto con las fuerzas internas o las influencias del ambiente. Y en segundo lugar, el movimiento de la salud mental comunitaria destapó en los años 60 los esfuerzos orientados a promover cambios estructurales para encontrar soluciones colectivas a problemas que difícilmente podían hallar remedio en una atención individual. La conclusión parecía obvia; había que intensificar los programas de prevención para actuar antes que los problemas se instalaran en la vida de las personas en riesgo de desajuste, de la índole que éste fuera.

D) Presupuesto invulnerables

tercero:

hay

niños

La respuesta provocada por esos cambios se plasmó, de acuerdo a Bloom (1996a), en este tercer presupuesto: unos altos niveles de estrés, operando en individuos invulnerables, no interferirán con el desarrollo de la conducta social ajustada. Se puso toda la atención en el sujeto que padecía la situación estresante. Se acuñó así el concepto de “individuo invulnerable”, o “invencible”, con la esperanza de que ello implicara una condición absoluta. Pero esa idea no funcionó, porque pronto se hizo evidente que los

datos empíricos no apoyaban esta idea de invulnerabilidad “todo o nada”. En una palabra, los sujetos mostraban diversos grados de competencia; ciertos rasgos que eran característicos de un grupo determinado de niños competentes, no aparecían en otros; o bien se era competente en unas situaciones, pero no en otras. Es entonces cuando entró en escena otro concepto para sustituir al de invulnerabilidad: el de resistencia.

E) Presupuesto cuarto: la resistencia es un resultado del emparejamiento factores de estrés/factores de protección Ahora, en la nueva consideración de este individuo, se busca la presencia de factores protectores, es decir, variables asociadas con el logro subsecuente de resultados positivos (Werner, 1990). Estaba claro, a partir de este nuevo concepto, que era necesario identificar cuáles eran esos factores protectores, tanto en el individuo, como en los grupos primarios y secundarios. Se llega así al presupuesto cuarto: puede desarrollarse como un adulto competente cuando el peso de los factores protectores es superior al de los factores de estrés/riesgo. No es sorprendente que se distingan tres niveles de factores protectores (individuo, familia y sociedad), ya que se corresponden con las categorías de los factores de estrés o de riesgo. Ahora bien, ¿cuál es el mecanismo por

el que actúan esos factores de protección? Algunos autores aseguran que los factores de protección actúan filtrando el impacto de los factores de estrés; por ejemplo, si un niño tiene una afición, ello podría servirle como válvula de escape ante los problemas en su casa. Pero esto es una idea circular, ya que una correlación no implica causalidad (es decir, no hubiéramos identificado las aficiones a menos que se relacionaran con la protección). Es necesario comprender lo que significa “filtrar” en el caso de los niños resistentes: ¿implica una protección completa, o bien una exposición gradual que construye una especie de inmunidad psicológica? El presupuesto cuarto nos sitúa prácticamente en la situación en la que hoy estamos, en donde la investigación conceptual y empírica está en pleno desarrollo. En los últimos años se ha empleado el concepto de “factor de protección” con una cierta ambigüedad. Algunos autores han sugerido que un factor de protección es meramente el polo opuesto de un factor de riesgo. Por ejemplo, si una deficiente supervisión parental es un factor de riesgo, entonces la supervisión adecuada sería un factor de protección. Pero en este caso parece que estemos empleando dos términos (riesgo/protección) para una misma variable (supervisión a cargo de los padres). También se ha sugerido que un factor de protección interacciona con un factor de riesgo para minimizar o

filtrar sus efectos, de tal modo que el impacto de un factor de protección es analizado en la presencia de ese factor de riesgo (por ejemplo, una buena inteligencia y vivir en un barrio donde abundan los compañeros de edad delincuentes). Para remediar esa situación, Loeber et al. (2008) propusieron que una variable que predijera una baja probabilidad de implicarse en actividades delictivas se denominara un “factor de promoción” o “de mejora” (promotive factor), mientras que se reservara el término de factor de protección para referirse a las variables que predijeran una baja probabilidad de cometer delitos en aquellas personas que estuvieran expuestas a diversos factores de riesgo. Finalmente, Lösel y Farrington (2012) se afirman en esta terminología: existen factores de protección que son “directos” o de “promoción” del bienestar: estos son los que predicen una baja probabilidad de meterse en problemas sin tomar en cuenta otros factores; es decir, se tiene en cuenta el efecto de esa variable sobre el sujeto. Por otra parte existen factores de protección que “amortiguan” o “filtran”3 el efecto negativo de los factores de riesgo que están presentes en la vida del sujeto; por consiguiente tales factores de protección interaccionan con los factores de riesgo y por ello “moderan”, atenúan, o —en el mejor de los casos— anulan su impacto. En la actualidad se investiga la

presencia de estos factores de protección en el desarrollo vital de los jóvenes, principalmente a través de estudios longitudinales (Lösel y Farrington, 2012).

F) Presupuesto quinto: el concepto de “resistencia” exige un nuevo modelo de prestación de servicios de prevención Bloom (1996a, 1996b) piensa que la escasez de recursos y la explosión demográfica exigen un nuevo paradigma de prestación de servicios de prevención. Y que éste se halla en la prevención primaria. Ésta, puede definirse como “las acciones planeadas que buscan prevenir un problema predecible, proteger un estado de salud o de funcionamiento adaptado ya existente, y promover algún objetivo de salud deseable”. De este modo, la prevención primaria implica esos tres elementos —prevención, protección y promoción— dentro de una perspectiva sistémica, donde cada elemento afecta y es afectado por los otros (1996a, pp. 95-96). Vamos a ver esto con más detalle a continuación.

24.1.2. La Prevención primaria o el modelo de salud pública Una asunción importante que está en la base del trabajo en prevención primaria es el reconocer que ya no es posible confiar únicamente a los sistemas de justicia, de

bienestar social y de salud mental la responsabilidad de combatir la violencia en nuestras sociedades. En efecto, la prevención primaria, nacida en el ámbito de la medicina dentro del modelo de salud pública, puede constituir una aportación muy significativa al respecto. Este modelo “considera que la conducta violenta sigue un patrón similar a los observados en otros fenómenos epidémicos de salud pública. De ello se sigue que podemos identificar y controlar su incidencia, así como detectar a los grupos de más alto riesgo. Si esta perspectiva es correcta, resulta factible identificar métodos para la predicción y prevención de la violencia” (Weiss, 1996, p. 201). El modelo de la salud pública se caracteriza por emplear una perspectiva multiprofesional y una gran diversidad de métodos para conseguir sus objetivos. Para ello analiza la confluencia de los diferentes factores que interaccionan en el escenario social, con objeto de determinar objetivos modificables y emplear, finalmente, diversas estrategias educativas, ambientales o de cualquier otra índole (Lapidus y Braddock, 1996). Lo anterior señala la necesidad de contar con profesionales bien cualificados en una amplia variedad de disciplinas, en relación a la prevención de la violencia, como la medicina, la educación, la arquitectura, la política social, el derecho, la psicología, la sociología, la economía y las ciencias de la información (Centers for

Disease Control, 1993). Además, implica a multitud de grupos y organizaciones, desde grupos de voluntarios hasta los “media”. Esta complejidad señala uno de los puntos débiles más notables que tiene la puesta en práctica de esta política preventiva: es siempre difícil que las profesiones más directamente vinculadas con la violencia —justicia, trabajo social, educación, salud mental, etc.— trabajen en colaboración, compartiendo conocimientos y experiencias. Establecer un objetivo común (reducir la violencia en cualquiera de sus manifestaciones) a través de un programa coordinado de trabajo permitiría aunar esfuerzos, sin renunciar a que cada colectivo ayudara desde su propia especialidad. El conocimiento del Injury Control as a science (“el control de las lesiones como una ciencia”), y de sus logros en el campo de los accidentes de tráfico, nos ayudará a comprender mejor la necesidad de cambiar la perspectiva estrecha de la prevención por una perspectiva más amplia, multidisciplinar. Con los accidentes de tráfico se produjo un cambio cualitativo en la prevención cuando se pasó de emplear un modelo de culpabilidad del conductor a otro de una matriz de tres componentes: vehículo, conductor, ambiente y sus interacciones. Ello permitió comprender que existían otros factores en juego además del sujeto que va al volante, y permitió salvar muchas vidas desde entonces.

Una estrategia similar podría aplicarse a la violencia interpersonal. Por ejemplo, mucha gente cree que la violencia no es un fenómeno predecible, y que solo puede ser combatida con las armas del sistema de justicia. Sin embargo, hoy es notorio que el típico episodio violento ocurre entre personas conocidas que discuten bajo los efectos del alcohol y de las drogas, o bien entre esposos que llegan a la agresión en un contexto de odio acumulado y penuria social. “En realidad la violencia está marcada por la intencionalidad, por el intercambio de roles entre las víctimas y los perpetradores, y por una compleja red de factores de riesgo social —incluyendo la pobreza, el racismo y el desempleo— que puede contribuir a la conducta violenta” (Lapidus y Braddock, 1996: 187). Weiss (1996) pone como ejemplo de acción enmarcada dentro del modelo de la salud pública la Coalición para la prevención de la violencia de Los Ángeles, creada en el departamento de Salud Pública en 1991, y que consta de 400 personas que son expertas en diferentes áreas de la prevención de la violencia, tales como el derecho, el sistema de justicia, la medicina, el sistema escolar, organizaciones comunitarias, los negocios o la medicina. Sus metas son tres: reducir la disponibilidad de las armas de fuego, cambiar las normas comunitarias para que la violencia no resulte aceptable, y crear y promover

alternativas a la violencia. Para lograr tales fines emplea acciones muy variadas y con una perspectiva amplia de tiempo, incluyendo el control de licencias de armas y el estudio de medidas de restricción de puntos de venta, la influencia sobre los “media” en el condado de Los Ángeles, y la enseñanza de habilidades de resolución de conflictos en escuelas, en el sistema de justicia y en empresas públicas y privadas. Un leit motiv constante en la prevención primaria es el de desarrollar, enriquecer, fomentar. Una de las cualidades del sistema de prevención de Bloom (1996a, 1996b) visto anteriormente, es que destacaba que “muchos de los correlatos de la resistencia no implican factores protectores del riesgo, sino promoción y potenciación, conductas de curiosidad y optimismo” (1996a: 98). De este modo, “podemos cambiar nuestra óptica y buscar entre los niños en riesgo de los barrios bajos sus potencialidades y recursos, ya que es probable que éstos sean, en su balance con los factores de riesgo, las experiencias significativas capaces de construir la situación que denominamos resistencia” (1996a:98). Entonces, parece claro que una contribución importante de la prevención primaria consiste en la necesidad de intervenir reduciendo factores de riesgo y desarrollando los recursos y factores protectores del individuo y de los sistemas en los que vive. Es decir, hemos de ampliar

nuestros programas para considerar los factores preventivos, los protectores y los factores de promoción o de desarrollo de potencialidades. Así por ejemplo, si enseñamos habilidades sociales a niños pequeños, estamos previniendo las posibles dificultades con que pueden encontrarse los niños impulsivos o muy tímidos. Pero si actuamos sobre las escuelas de un barrio para que no decaiga la motivación de los profesores y de los alumnos, entonces nos movemos en el plano de la protección de un estado que necesita ayuda para permanecer funcionando de modo adecuado o saludable. Finalmente, si introducimos adultos que supongan una fuente de apoyo a niños con problemas, modelando actitudes positivas, estaremos haciendo tareas de promoción de objetivos deseables (Bloom, 1996a). Es este balance global positivo el que produce el fenómeno que designamos como “niño resistente”. Visto desde el interior del sujeto, éste hace una valoración personal de los factores que él posee y de los que cuenta en el ambiente, y decide que “vale la pena seguir adelante”, que los puntos positivos superan a los negativos. Cómo se realiza esa valoración personal no se conoce del todo, pero bien podría tratarse de la “personalidad optimista” de la que habla Seligman (1991), que es aquélla que interpreta los estímulos de forma constructiva incluso en medio del caos familiar o

social.

24.1.3. Los programas de intervención temprana Dentro de la concepción del modelo preventivo primario de la salud pública destacan con luz propia los programas de prevención primaria temprana dirigidos a los niños. Sus metas explícitas se orientan a la mejora del ambiente de aprendizaje y de las competencias emocionales y sociales de los niños, en la confianza de que tales intervenciones les alejarán de un futuro marcado por el delito y el fracaso social. David Farrington ha sido uno de los más decididos impulsores de esta política preventiva, poniendo de relieve tanto su eficacia en la disminución del delito como en su capacidad de ahorrar dinero a los contribuyentes (Farrington y Welsh, 2007; Welsh y Farrinton, 2011). Los más relevantes se llevan a cabo en la familia y la escuela, suelen durar un tiempo prolongado (al menos dos años en la mayoría de los casos de la intervención familiar) y normalmente implican tanto a los profesores como a los padres, en cualquiera de esas dos modalidades (familia y escuela) (Sherman et al., 2002). Más en detalle, podemos caracterizar del siguiente modo el conjunto de ingredientes de éxito de estos programas de prevención (Farrington y Welsh, 2007): a) Se fundamentan en una base teórica sólida, derivada de la psicología del aprendizaje social.

b) Utilizan estrategias de enriquecimiento cognitivo y de autocontrol. c) Las intervenciones están altamente estructuradas. d) Se dirigen a reducir los factores de riesgo presentes y a fortalecer los factores de protección, esto es, aquellos recursos positivos que posee el niño y su ambiente. e) Los programas eficaces de prevención actúan tanto en el niño como en sus padres. El primero suele recibir enseñanza en habilidades sociales y de enriquecimiento cognitivo, mientras que los segundos trabajan para mejorar las habilidades de comunicación y de crianza de los hijos. También se presta ayuda social en casos necesarios. f) Los programas más ambiciosos incluyen también otros escenarios de la vida del niño como objetivos de intervención: es el caso de aquellos que buscan influir en la escuela mediante colaboraciones con los profesores, en el grupo de pares y en otras instituciones de la comunidad. g) Los programas eficaces también incluyen atención a madres solteras durante el embarazo y en los primeros años de la vida del niño. Sin embargo, no se ha demostrado que exista una relación estrecha entre la edad de los niños y los efectos preventivos obtenidos, lo que significa que nunca es demasiado tarde para

que la intervención merezca la pena. Estos programas de prevención temprana se fundamentan, por una parte, en toda la investigación que ya poseemos acerca del origen y desarrollo de la delincuencia (véase capítulo 11); por otra parte, en diferentes revisiones sistemáticas y meta-análisis que han demostrado de forma sólida la efectividad de sus resultados (Manning et al., 2010; Piquero, Jennings y Farrington, 2009). Dos programas servirán pata ilustrar su funcionamiento. El primero es el ya célebre “Perry Preschool Project” (Schweinhart et al., 2005), desarrollado en Ypsilanti, en el estado de Michigan, donde 123 niños fueron asignados o bien a un grupo experimental o bien a uno de control. Los niños del programa experimental recibieron educación preescolar durante dos años, cuando tenían entre tres y cuatro años; en las clases los niños eran estimulados intelectualmente para que desarrollaran habilidades de pensamiento y de razonamiento. Además, se les ofrecía también visitas semanales a sus hogares, para reforzar el aprendizaje en el aula. El último seguimiento a ambos grupos se produjo cuando cumplieron los 40 años de edad. Comparados con los niños del grupo control, los niños que asistieron al programa experimental informaron de menos detenciones por delitos violentos (36% por 58% los niños del grupo control), por delitos de drogas (14%

por 34%), delitos contra la propiedad (36% por 58%) y evidenciaron menor probabilidad de ser detenidos cinco o más veces (36% por 55%). También se observaron en el grupo experimental otras mejoras: un 77% obtuvo el título de Graduado en Secundaria (por 60% el grupo control), un 76% presentaba buenos registros de empleo (por el 62%) y también ganaban salarios más elevados que los niños que no formaron parte del experimento. El segundo programa que presentamos es el “ChildParent Center Program” en Chicago (Reynolds et al., 2007) que, al igual que el proyecto Perry, provee a niños con problemas sociales de 3 y 4 años de edad un ambiente preescolar enriquecido, complementado por apoyo familiar, hasta que los niños cumplen 9 años. Es uno de los proyectos más antiguos de Estados Unidos ya que comenzó en 1967, y actualmente está en vigor en 24 vecindarios empobrecidos de Chicago. Se evaluó mediante una muestra de 1.500 niños, divididos entre el grupo experimental y un grupo de comparación. A la edad de los 24 años, el grupo experimental —en comparación con el control— tenía significativamente menos detenciones por delitos graves (17% por 21% el grupo control), menor tasa de encarcelación (21% por 26%) y un porcentaje mayor de obtención del grado de secundaria (71% por 64%).

24.1.4. Los programas de intervención temprana

ahorran dinero Los beneficios de los programas eficaces de intervención temprana no incluyen solo la mejora en la escuela y en la vida, previniendo el delito y otros problemas sociales, sino que también ahorran dinero al contribuyente (Welsh y Farrington, 2011). Por ejemplo, de los análisis de costo-beneficio aplicados al proyecto de Chicago, se estima que por cada dólar gastado en él la sociedad ahorra siete dólares. Esta diferencia de seis dólares sería el resultado del dinero ahorrado en educación compensatoria, el sistema de justicia y la atención a las víctimas del delito, mientras que otra parte procede de la mejora de la calidad de vida del sujeto. Por su parte, se estima que el proyecto Perry produce 17 dólares de beneficio por dólar gastado, un dinero que se desprende por ahorros en educación, bienestar, sistema de justicia e ingresos por impuestos. Ahora bien, no es solo que estos programas ahorren dinero a los estados, es que comparados con las políticas de mano y dura de encarcelamiento, en todos los sentidos la comparación también les favorece, si hablamos de las inversiones que ambos modelos necesitan, y si tenemos en cuenta el monto de delincuencia que ambos logran prevenir (Welsh y Farrington, 2011). Estos autores señalan que “solo cuando las cárceles se reservan para los delincuentes más graves y violentos sus beneficios

empiezan a superar sus costos” (p. 1305). En un mundo tan mercantilizado como este, este beneficio monetario de los programas de prevención temprana no debe ser relegado a un segundo término, puesto que no solo es que reduzcan en mayor medida el dolor humano derivado del crimen, sino que además liberan dinero para que se pueda gastar en educación o servicios sociales. Mark Cohen y Alex Piquero (2009) estimaron que una carrera delictiva estándar —que incluya la juventud y la edad adulta, generalmente hasta finales de los veinte o principios de los 30 años, así como los gastos derivados del abuso de drogas y otros problemas sociales asociados con el delito — costaba a los norteamericanos entre 2.6 y 4.4 millones (de 2007) de dólares. Es, desde luego, mucho dinero como para despreciar la importancia del dinero “salvado” por los programas de prevención. Esta perspectiva preventiva, finalmente, no está tan alejada de la mentalidad del público como muchas veces se cree: si son preguntados de modo conveniente, tanto los ciudadanos norteamericanos como los europeos, y entre ellos los españoles, son favorables a las medidas sociales y educativas para ser aplicadas en el caso de niños y jóvenes que presentan problemas de integración social (Farrington y Welsh, 2009; Varona, 2008)

24.2.

LA

PREVENCIÓN

MEDIO-

AMBIENTAL Este tipo de prevención asume, de acuerdo con las teorías de la elección racional y de la oportunidad, que los delincuentes piensan y actúan como todos los demás, lo que implica “una visión menos demonizada y patológica del delincuente” (Medina Ariza, 1997). La prevención medioambiental pretende eliminar los objetivos más fáciles, o hacer más reales las consecuencias negativas de la delincuencia. Estas estrategias también pueden denominarse con el rótulo de prevención situacional, por concentrarse más en los factores y circunstancias inmediatas, cercanas a la decisión de delinquir. Medina (2011: 336) escribe: Dado que la delincuencia, desde este punto de vista, no es un síntoma de inadaptación social o un efecto de causas sociales, sino simplemente el producto del egoísmo humano que aprovecha las tentaciones del entorno, no tiene sentido, por tanto, incidir en esos problemas sociales para prevenir la delincuencia. Este modelo […] pretende simplemente hacer el delito menos atractivo para los potenciales delincuentes. En opinión de estos autores, no solamente esto es más efectivo, sino que además nos evita entrar en un debate sobre qué tipo de sociedad es la que produce sujetos con menos tendencias criminales y, por lo tanto, contribuye a mantener el campo de la prevención del delito al margen del debate político. Si queremos prevenir eficazmente el delito debemos reducir las oportunidades para el mismo a través de la modificación del medio ambiente o las situaciones.

Clarke (2004) ha propuesto que toda esa perspectiva se agrupe bajo el epígrafe de “la ciencia del delito”, para

distinguirse de la Criminología y su énfasis en la criminalidad o tendencia a buscar las causas del delito (en oposición al interés en el delito como fenómeno y su prevención) y su mayor apuesta por ocuparse del delincuente y su rehabilitación, en lugar de considerar a las víctimas y los costos que el delito tiene para la sociedad como un todo (citado en Medina, 2011). Clarke (1992:13) distingue entre tres estrategias básicas como propias de la prevención situacional, resumidas en el cuadro 24.2. CUADRO 24.2. Estrategias para prevenir la delincuencia4 Incrementar el esfuerzo

Incremente el riesgo

Endurecimiento de objetivos • Control de acceso • Desviación de transgresores • Control de facilitadores

• Control de entrada y salida • Vigilancia formal • Vigilancia por empleados • Vigilancia natural

•

Reducir la ganancia •

Desplazamiento del objetivo • Identificación de la propiedad • Reducción de la tentación • Impedir el uso

Fuente: Clarke, 1992.

El primer grupo incluye medidas que incrementan el esfuerzo necesario para cometer un delito. El endurecimiento de objetivos incluye las barreras físicas para proteger bienes. Cualquier protección, en forma de puerta blindada, ventanas con rejas y cerradura con barrotes, se puede forzar. Sin embargo, una cerradura que tarda media hora en abrirse ofrece una protección adecuada en la vida diaria, mientras que una que se abre

en un instante pone al propietario en situación de riesgo. El control de acceso incluye, por ejemplo, porteros, recepcionistas, y, en aplicaciones de la informática, la contraseña. La desviación de transgresores consiste en evitar la acumulación de personas conflictivas en el mismo lugar a la misma hora. Es poco conveniente, por ejemplo, que todos los bares en la misma zona cierren simultáneamente. Establecer rutas de autobuses nocturnos puede prevenir agresiones y vandalismo. Los facilitadores son elementos que agravan la delincuencia, por ejemplo armas de fuego. Otro ejemplo de un facilitador es el sistema tradicional de telefonía, que no indicaba quién era la persona que llamaba, algo que ha cambiado sustancialmente con la nueva tecnología, especialmente en los móviles. Ello es susceptible de prevenir ciertos delitos o riesgos como, por ejemplo, el acoso sexual telefónico. La estrategia de incrementar el riesgo consiste en elementos que aumentan la posibilidad de detección. Este bloque de medidas consiste en el conocido control de entradas y salidas, por ejemplo, en tiendas que colocan un dispositivo en las mercancías que dispara una alarma si no se pasa por la caja. La vigilancia formal incluye a la policía y los guardias de seguridad, mientras que la vigilancia por empleados depende de la motivación y la formación de los dependientes en tiendas, los empleados

en bares, etc. La vigilancia natural es la disposición de los demás ciudadanos a intervenir o avisar cuando observan situaciones sospechosas. Esta vigilancia puede ser inhibida o reforzada por detalles arquitectónicos, así que las teorías sobre el espacio defendible (Newman, 1972) entran en este apartado. La estrategia de reducir la ganancia hace la delincuencia menos rentable o menos atractiva. El desplazamiento de objetivos consiste en, por, ejemplo, evitar que la caja contenga dinero durante la noche, y sustituir transacciones en metálico por tarjetas o dinero electrónico. La identificación de la propiedad, con marcas, un chip electrónico o el número de DNI grabado en objetos de valor, complica la posibilidad de venta de objetos robados. Reducir la tentación consiste en eliminar los blancos más fáciles y visibles. No es ninguna excusa, ni para el robo ni para la agresión sexual, que el objetivo sea fácil. Sin embargo, se deben de tomar precauciones para evitar una “tentación” excesiva. Sistemas para impedir el uso son, por ejemplo, los que inmovilizan un coche cuando ha sido robado5. Ninguna de estas estrategias, dice Clarke, son nuevas. Los remedios los conocen la policía, los porteros, y los jardineros del Ayuntamiento. Se trata de sistematizar, realizar y evaluar estas formas de inhibir la delincuencia. Con mucha frecuencia, no se ponen en la práctica:

• Porque a los que conocen estas estrategias no les corresponde tomar decisiones, sino cumplir órdenes. • Por dispersión de la responsabilidad: nadie se siente directamente responsable de la prevención del delito, y unas instituciones echan la culpa a otras. • Por la “visión hidráulica” de la delincuencia, dominante en muchos círculos, que les hacen descartar de antemano la eficacia de medidas medioambientales o situacionales. Según esta perspectiva, si se obstruye una vía de cometer delitos, éstos simplemente van a aparecer en otro lugar, como en una manguera agujereada. Vamos a discutir la eficacia de estas medidas más detenidamente en el próximo apartado.

24.2.1. Evaluación empírica de las medidas de prevención Según la perspectiva de la “teoría hidráulica”, mientras no se cambien los factores subyacentes que conducen a la carrera delictiva, cualquier medida que complique el delito en un lugar tendrá el resultado, simplemente, de que la delincuencia se desplazará a otro. Es decir, que si se instala una cerradura mejor, eso aumentará el riesgo para el vecino de al lado, mientras el número total de delitos quedaría igual. Como señala Repetto (1976), hay varios tipos de

desplazamiento: • A otro tipo: Se cometen otros tipos de delitos diferentes a los que se venían realizando antes. • A otro objetivo: El desplazamiento se produce hacia otro blanco próximo, parecido al inicial pero menos protegido. • A otros métodos: Se mejoran las técnicas delictivas utilizadas, innovándolas. • A otro lugar: Se da una reorientación hacia objetivos situados en otras áreas. • A otro tiempo: Se elige una nueva franja horaria para la comisión del delito. Barr y Pease (1990) añaden un importante matiz a las teorías sobre el desplazamiento del delito: hay que distinguir entre el desplazamiento benigno y maligno: “El desplazamiento se denominará benigno tras la aplicación preventiva de un programa cuando haya un resultado positivo para el conjunto global que compone la delincuencia. El desplazamiento maligno produce más cambios negativos en la delincuencia y trata de cualquier efecto que facilita su reubicación y empeora la situación delictiva” (Soto, 2013:4). Si, por ejemplo, las medidas de seguridad físicas en bancos (caja de apertura retardada, doble puerta en la entrada, cristal antibala en el mostrador) cristalizaran en la

toma de rehenes a punta de pistola, estaríamos ante un desplazamiento maligno. Por otra parte, si los presuntos atracadores realizan un “reciclaje profesional” y se convierten en traficantes de drogas, estará abierta la discusión en este caso de si el desplazamiento es maligno o benigno. Finalmente, cuando el daño producido por el delito desplazado es una actividad delictiva menor de la que existía antes de la intervención, como cuando los robos con violencia dejan paso a los robos sin ésta, entonces estamos claramente ante un desplazamiento benigno. Ahora bien, existe otro concepto relacionado con el desplazamiento, denominado efecto de difusión de beneficios, definido como el efecto positivo general tras la aplicación de medidas preventivas, que va más allá de la reducción del delito o delitos que eran objeto de la intervención preventiva. Por ejemplo, si la reducción de robos no solo afecta a la zona donde se ha implementado un programa de prevención, sino también a una zona adyacente, estamos ante un fenómeno de difusión, o de irradiación, de los beneficios del programa (Clarke y Weisburd, 1994; Soto, 2013). Un estudio sobre la delincuencia en la Costa del Sol (Stangeland, Durán y Díez Ripollés, 1998) evaluó el impacto de la campaña contra la delincuencia común en Marbella. Se había reforzado la Policía Local, con un

estilo más ofensivo contra el pequeño narcotraficante, la prostitución callejera y los robos, y, también, se había remodelado el casco urbano de forma que señalaba claramente al forastero: “Aquí hay vigilancia”. La evaluación, basada en datos de encuesta, de la Fiscalía, Policía Nacional y la Guardia Civil y charlas informales con delincuentes comunes, indicó que se consiguió un descenso en la delincuencia de un 37% entre 1990 y 1995. Datos de los municipios limítrofes mostraron que no había habido ningún desplazamiento masivo de delincuencia hacia las zonas adyacentes. La delincuencia en el resto de los municipios costeros también había descendido, pero no tanto como en Marbella. La tendencia favorable en Marbella duró hasta 1999. Los programas de prevención, para mantener su eficacia, tienen que ser renovados constantemente, adaptarse a nuevas formas de delincuencia y a nuevos grupos de delincuentes. Con posterioridad, Soto (2013) analizó los datos de una investigación realizada por Cerezo y Díez Ripollés (2010), que pretendía determinar el grado de eficacia de 41 cámaras de videovigilancia instaladas en el centro histórico de Málaga en abril de 2007. Estos autores compararon los delitos existentes en esa parte de la ciudad antes de la implantación de las cámaras con los delitos cometidos hasta marzo de 2008. La investigación analizó

6.245 delitos, distribuyendo geográficamente las infracciones en dos áreas: área de tratamiento (calles con cámaras y calles cerca de las calles con cámaras) y área de control (calles con características similares a las calles cerca de las cámaras). Los resultados mostraron los siguientes resultados: CUADRO 24.3. Delitos por áreas antes y después de la intervención (Soto, 2013) ZONAS

DESPUÉS DE ANTES DE LA LA INTERVENCIÓN TOTAL INTERVENCIÓN (AÑO 1) (AÑO 2)

A.- Área de intervención (10 calles con cámaras)

982

963

-19 (-1,9%)

B.- Área de desplazamiento (10 calles cerca de cámaras)

755

852

+110 (+14.6%)

C.- Área de control (10 calles con características similares a las calles cerca de cámaras)

751

740

-11 (-1.4%)

Los datos mostraron que el efecto del desplazamiento fue superior al efecto de difusión (áreas B y C), aunque en el área objeto de la intervención se produjo una reducción ligera de la delincuencia (1.9%) Hesseling (1994) resumió 55 estudios sobre el desplazamiento de la delincuencia. Unos se basaban en entrevistas con delincuentes, otros en la comparación de áreas adyacentes, unas con medidas de prevención, y otras no.

De los 55 estudios revisados por Hesseling, 33 detectaron algún efecto del desplazamiento del delito. Sin embargo, es destacable que el aumento de la delincuencia en otras áreas normalmente era menos extenso y menos nocivo que la delincuencia originariamente prevenida. Otros 16 estudios no encontraron tendencias de desplazamiento del delito, mientras 6 detectaron la difusión de beneficios: en áreas cercanas, donde no se realiza ningún intento directo de prevenir el delito, también bajó la delincuencia. En total, se puede concluir que las medidas preventivas no resultan automáticamente en un desplazamiento hacia otros blancos. El efecto global es un considerable descenso en la delincuencia, mientras la magnitud del delito desplazado con mucha frecuencia es menos nociva que la magnitud prevenida. Una gran parte de los estudios sobre la prevención ambiental o situacional tratan de reducir una serie de delitos menores: grafiti, hurtos en almacenes, mendicidad, prostitución y vandalismo. Muchos críticos descartan estas estrategias por no ocuparse de los delitos graves, sino más bien pequeños delitos y comportamientos vinculados al orden público. Sin embargo, en los últimos años han aumentado nuestros conocimientos sobre la relación entre estas infracciones menores y los delitos más graves. Primero, está bien documentado que el miedo a la

delincuencia está motivado precisamente por pequeñas señales de desorden. Este miedo, según la “teoría de las ventanas rotas”, hace que los vecinos se aíslen en sus casas y no intervengan en asuntos comunitarios. Segundo, existe una relación entre los delitos menores y la delincuencia más grave. Las muestras de desorden y descuido señalan que nadie se preocupa ni vigila, y eso atrae a los delincuentes (Skogan, 1990). Más recientemente, Guerette y Bowers (2009, citado por Medina, 2011) examinaron 10 estudios de prevención situacional que permitían evaluar el desplazamiento. En el 26% de estos estudios se documentaba alguna forma de desplazamiento, y en 13 se pudo analizar de modo detallado este fenómeno. La conclusión fue que el delito reducido por la prevención situacional era superior al delito desplazado. Demostrada la eficacia de la prevención situacional, los críticos de esta perspectiva se han dedicado a poner reparos éticos, en general expresando el miedo a construir una sociedad “orwelliana”. El profesor Medina (2011) realiza un análisis brillante de esas críticas, y subraya cómo las medidas de prevención situacional resultan mucho menos intrusivas para el ciudadano si se comparan con la penas del sistema de justicia, aunque destaca que esta corriente no debería dejar aparte las repercusiones morales de tales medidas con la excusa de que son

“moralmente neutras”, por cuanto que toda acción que influye en la sociedad, de manera explícita o implícita, promueve un determinado sistema de relaciones humanas y, por ello, de valores.

24.3. MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VIOLENCIA 24.3.1. Los medios de comunicación como forma de aprendizaje Sutherland, en su modelo sobre la asociación diferencial (aprendizaje de valores y técnicas delictivas), descartaba que los medios de comunicación tuvieran mucho efecto sobre el aprendizaje del comportamiento delictivo. El aprendizaje más eficaz, según él, ocurría en círculos más cercanos, en la familia o en las pandillas de amigos. Sin embargo, los medios de comunicación en su época eran la radio, el cine y los periódicos; el televisor y los juegos de ordenador no existían, y las imágenes de la época eran menos agresivas. Es posible que si Sutherland conociera la explosión exponencial de los medios de información de la actualidad, hubiera cambiado de idea. Un cartel del siglo XIX en Francia ilustra la pericia de los dibujantes para captar la atención del público mediante el crimen

Los jóvenes en España de hoy día ven, como media,

cuatro horas de televisión diariamente. Un análisis de contenido de una semana de programación en cinco cadenas españolas mostró que los espectadores eran expuestos al visionado de un amplio número de hechos delictivos, muchos de ellos violentos: 427 homicidios o asesinatos 42 secuestros 654 peleas o luchas 686 disparos de armas de fuego 26 suicidios 67 robos y hurtos 31 escenas de utilización de drogas

Fuente: Boletín Criminológico Nº 21, 1996.

Un trabajo realizado por la Asociación Americana de Psicología indicóque un niño estadounidense medio había visto al terminar la enseñanza primaria un total de 8.000 asesinatos y 100.000 escenas violentas (Rico, 1992). Los datos españoles que hemos comentado indican cifras algo inferiores aunque cercanas. El estudio español además mostró que los programas con más escenas violentas eran las teleseries para niños; aunque la violencia más realista, detallada y morbosa se emite en las películas de noche, accesibles a una cantidad considerable de niños a través del televisor en su cuarto. Mayor impacto progresivo en niños y jóvenes están teniendo los juegos de ordenador, entre los que no son escasos los de contenidos bélicos, violentos o discriminatorios. Teniendo presente este panorama, cabe preguntarse al menos cómo serán en su vida adulta los niños adictos a estas temáticas, qué lenguaje utilizarán, cuáles serán sus hábitos o

inclinaciones, y si existirá algún tipo de relacion significativa entre las grandes dosis de violencia simbólicamente vivida y su posible actuación violenta. Una hipótesis sobre el efecto de las escenas violentas en los espectadores es la de la catarsis: en vez de actuar agresivamente para aliviar tensiones y frustraciones de la vida diaria, uno se siente satisfecho al ver la violencia en la televisión. La violencia televisiva tendría entonces, según esta hipótesis, un efecto de reducción de la actuación violenta. Además se ha comentado que en las películas, contrariamente a lo que ocurre en la realidad, la policía normalmente aclara los delitos, los buenos se salvan y los malos reciben su merecido castigo. Así las películas policíacas tendrían un efecto de refuerzo de valores legales. La hipótesis contraria es la de un efecto modelo: el espectador aprende normas y técnicas de cómo se cometen los delitos directamente de la pantalla. Se fija menos en el castigo que pueda recibir el delincuente, y más en su forma de actuar. Los niños modernos pasan menos tiempo directamente con amigos y más horas frente al televisor o el ordenador; estos han sustituido una gran parte del ámbito social, y la pantalla proporciona los modelos de cómo se comportan los adultos. Lo importante no es, quizás, el aprendizaje de las técnicas, sino el cambio gradual en la percepción de lo que es una

conducta normal, y la aceptación gradual de pautas de comportamiento. Una investigación realizada sobre la base de 2.500 estudios sobre los efectos de la violencia televisiva presentaba más apoyo a la última hipótesis, sobre el efecto de modelado, y descartaba la hipótesis de la catarsis y del refuerzo de valores (National Institute of Mental Health, 1982). Casi ninguno de estos estudios encontró efectos positivos derivados de la exposición a la violencia. Así también la investigación que vamos a presentar a continuación ha descartado por completo el supuesto efecto catártico de la contemplación de la violencia en los medios.

24.3.2. Los efectos de los mass media en la violencia y la agresividad Anderson et al. (2003) llevaron a cabo una exhaustiva revisión acerca del estado de la cuestión sobre la relación existente entre agresividad observada en televisión y otros medios masivos de información (videojuegos en particular) y la posterior conducta agresiva o violenta manifestada por el observador, si bien también prestaron atención a otras mediciones de la agresividad como la expresión emocional (generalmente en forma de ira) o la cognitiva (creencias o actitudes que apoyan la violencia). Los autores advierten de que “no hay un consenso

unánime que distinga de modo claro la ‘violencia’ de otros tipos de agresión menos severos, pero tampoco esto es necesario para entender los resultados existentes acerca de la violencia en los medios. Nosotros empleamos el término violencia para referirnos a los modos más severos de agresión física, que pone a la víctima en un riesgo grave de resultar herida” (p. 83). Anderson y sus colegas no desean reclamar para los efectos de la violencia en los medios todo el protagonismo, sino que solo pretenden poner de relieve su influencia como “uno de los muchos factores potenciales que ayudan a modelar la conducta, incluyendo la agresiva” (p. 83). Los autores intentaron contestar, con su revisión, a estas cinco cuestiones: (1) ¿Qué dice la investigación sobre los efectos —a corto y a largo plazo— de la observación de la violencia en los medios de comunicación?; (2) ¿de qué modo influyen esos efectos en los que la observan?; (3) ¿cuáles son las características de la presentación de la violencia en los medios que resultan más influyentes en producir esos efectos, y quiénes son los observadores más susceptibles de verse afectados?; (4) ¿cuál es la presencia y la accesibilidad de la violencia en los medios en la sociedad actual?, y (5) ¿qué implicaciones prácticas pueden derivarse de la investigación anterior? Presentamos brevemente los principales resultados a estas

preguntas.

A) Los estudios empíricos Hay muchos estudios clásicos realizados en la segunda mitad del siglo XX que demostraron que la observación de violencia en una película o en una serie de televisión tenía como resultado un aumento de la agresividad en los espectadores. Se trata de estudios experimentales, rigurosos, con muestras aleatorizadas, que también destacaron la mayor capacidad de ser violentos de los espectadores que se hallaban emocionalmente excitados cuando veían el programa, así como de aquellos que habían presenciado la unión de la violencia con la actividad sexual. Los estudios recientes de revisión de todas estas investigaciones han utilizado la técnica del meta-análisis; así, Paik y Comstock (1994) encontraron un tamaño del efecto de r =.38, tomando en consideración 217 estudios experimentales realizados entre 1957 y 1990. Ello significa que en todos estos estudios los grupos experimentales (que habían visualizado violencia) realizaron en promedio un 38% más de comportamientos violentos que los grupos controles (que no habían visualizado violencia). Cuando solo consideraron aquellos estudios que habían analizado la influencia de la violencia en los medios sobre la agresión calificada de ‘violencia física contra las personas’, el valor de 71 estudios

independientes todavía se mantuvo en un importante r de .32 (o una violencia superior en un 32%). Finalmente, el efecto fue sustancialmente más pequeño cuando lo que se midió fue un acto violento grave contra la persona (r =.13). Los estudios transversales de los últimos cuarenta años apuntan en la misma dirección, aunque ahora la metodología cambia —al ser correlacional— y nos dicen que cuanto más tiempo ve una persona la televisión (o los programas de violencia que emite este medio u otros), más agresividad mostrará en su conducta, en sus emociones y en su pensamiento. El estudio meta-analítico de Paik y Comstock (1994) halló un tamaño del efecto de r =.19, y cuando correlacionaron la cantidad de violencia observada con la agresión física hacia otra persona el tamaño del efecto fue de r =.20. Ahora bien, tal y como indican Anderson et al., estos estudios transversales, por sí solos, no dilucidan si la violencia en los medios causa agresión, si los jóvenes agresivos son los que desean más ver esos contenidos violentos, o si hay algún otro factor que predispone a los jóvenes a ver más contenidos violentos en los medios y por ello son más agresivos con los demás. Es la limitación que tienen los estudios correlacionales. Por ello se precisan también estudios longitudinales, donde se puede investigar en el desarrollo de los jóvenes el efecto de ver

contenidos violentos desde una edad temprana. Un estudio representativo de esta metodología de investigación es el realizado por el grupo de Huesmann en cinco países (Huesmann et al., 2003), en el cual muestras representativas de chicos de clase media fueron examinadas en tres ocasiones a medida que cumplían 6, 9 y 11 años de edad. La capacidad predictiva de la conducta agresiva derivada de ver televisión violenta varió sustancialmente en función del país y del sexo de los niños; sin embargo, cuando 300 participantes de la muestra de Estados Unidos fueron examinados de nuevo 15 años después, se pudo observar una correlación significativa entre haber visto televisión violenta en la infancia y una medida compuesta de agresión (física, verbal e indirecta, un ejemplo de esta última sería calumniar a alguien) en la edad de los 20 años, tanto para los hombres (r =.21) como para las mujeres (r =.19). Estas correlaciones mantuvieron su significación estadística cuando la agresión medida era violencia física, con conductas como atacar con un cuchillo o revólver o golpear a alguien6. ¿Se mantienen estos resultados en el caso de nuevos formatos de entretenimiento, como los videos musicales, o de nuevos medios, como los video-juegos? Los estudios son, lógicamente, más escasos, pero sus resultados son resumidos de este modo por Anderson et al. (2003). Así,

en el caso de los videos musicales, concluyen que “los estudios experimentales proporcionan evidencia sustancial de que ver videos musicales violentos genera actitudes y creencias que llevan a que los jóvenes acepten la violencia, al menos a corto plazo” (p. 90); y en el caso de los video-juegos violentos —donde existe una importante investigación creciente, en particular con diversos estudios experimentales y ya dos revisiones meta-analíticas realizadas— señalan: “Estos estudios ofrecen apoyo para relacionar el juego con videos violentos y una mayor probabilidad de mostrar agresividad. Los estudios experimentales demuestran que, a corto plazo, los video-juegos violentos causan un incremento en pensamientos, actitudes y conductas agresivas; causan así mismo un aumento de la excitación emocional y una disminución en la conducta prosocial [de solidaridad y ayuda hacia los otros]. Por su parte, los estudios transversales relacionan la exposición repetida a los video-juegos violentos con la conducta agresiva y violenta en el mundo real. Finalmente, los estudios longitudinales señalan la existencia de efectos a largo plazo en la agresión y la violencia como consecuencia de participar en video-juegos violentos” (p. 93).

B) Las explicaciones teóricas Las teorías que se han empleado para explicar los

efectos de la violencia en los medios de comunicación sobre la conducta de los niños y jóvenes suelen encuadrarse bajo la categoría de modelos sociocognitivos, o de procesamiento de la información. Estos modelos se centran en cómo la gente percibe, piensa, aprende y actúa como resultado de sus interacciones con el mundo social, un mundo que incluye la observación y la participación en situaciones sociales reales, desde luego, pero también las interacciones en la realidad virtual de la ficción. Dentro de esas teorías, es importante distinguir entre efectos a corto plazo y efectos a largo plazo, porque si bien algunos de estos procesos psicológicos contribuyen a ambos resultados, se cree que la mayoría influencia en particular a uno de ellos. Así, por una parte, los investigadores creen que los efectos a corto plazo son producidos en especial por los siguientes procesos psicológicos y de aprendizaje: observación e imitación, activación fisiológica y excitación, y el fenómeno de priming o de activación de ideas merced a determinados estímulos ambientales. Por otra, los efectos a largo plazo se deben sobre todo al aprendizaje observacional, a la automatización del proceso de guiones o esquemas agresivos, y a la desensibilización o habituación emocional a la visión de la violencia.

24.3.3. Los efectos moderadores sobre la

violencia imitada en los medios No todos los niños son igualmente afectados por los contenidos violentos que observan en los medios: algunos estudios indican que niños diferentes son influidos de modo diverso por la violencia que perciben. Igualmente, no todos los contenidos violentos en los medios tienen el mismo efecto. Por consiguiente, es importante examinar las características de los individuos, del contenido del programa violento y del ambiente social del sujeto que puedan incrementar o disminuir —esto es, moderar— la influencia de la violencia observada en los medios sobre la conducta agresiva.

A) Efectos del sujeto que observa En cuanto a las características del sujeto que observa la violencia, parece que los efectos en relación con el sexo son muy parecidos, en particular en los estudios más recientes, quizás porque en la actualidad la agresión realizada por una chica no está tan mal vista por la sociedad como lo estaba con anterioridad, por lo que ahora también estaría menos inhibida la violencia femenina observada en los medios. Por lo que respecta a la edad, parece que todavía no comprendemos bien la forma en que la edad del sujeto influye en la agresividad que aprende por observar contenidos violentos en los medios, ya que los resultados hasta ahora encontrados son

poco concluyentes. ¿Qué sucede con la agresividad que poseen los sujetos antes de ver los programas violentos? Ya disponemos de diversas investigaciones que señalan que los niños que tienen el rasgo de agresividad manifiestan un umbral más bajo para verse afectados por los contenidos violentos que observan; además, muestran una mayor preferencia por ver ese tipo de programas. El concepto de “determinismo recíproco” de Bandura (1977) ayuda a entender la generalidad de los resultados hallados: diferentes tipos de personas buscan distintos tipos de contenidos en televisión, y también son afectados de modo diferente por esos contenidos. Así, los niños con una fuerte predisposición agresiva se verán más atraídos por los contenidos violentos, quizás porque ello les ayuda a justificar su visión del mundo y su propia conducta agresiva, y además —como se ha indicado previamente— pueden verse más influidos por esa violencia que tanto les atrae. Ambos factores sirven para incrementar el efecto de la violencia que observan en sus comportamientos cotidianos.

B) Características del contenido violento que se observa No todos los contenidos violentos tienen el mismo riesgo para los observadores. Diversos estudios señalan

que el modo en que se presenta la violencia puede alterar su significado para la audiencia, así como moderar sus reacciones cognitivas, emocionales y comportamentales. Por ejemplo, en ocasiones se ha comprobado que los efectos de la violencia en los medios pueden fortalecerse si la violencia parece muy real (y no claramente una ficción, como en los dibujos animados) y es realizada por caracteres con los que el observador se puede identificar (Huessman et al., 2003). También hay estudios que señalan que el efecto de imitación de la violencia observada se incrementa cuando dicha violencia es considerada como una respuesta legítima y justificada, y cuando los observadores no pueden ver los efectos destructivos de la violencia en las personas que la sufren (es decir, se hurta la posibilidad de que el espectador empatice con el receptor de la violencia).

C) El ambiente social ¿Cuál es el efecto de aspectos como la cultura, el vecindario o los padres? En el caso de la cultura, una conclusión provisional podría ser esta: los ambientes culturales que muestran un fuerte rechazo de la violencia mitigan la imitación de la violencia observada a través de los medios, lo que podría explicar el caso de Japón, un país donde se ve mucha violencia en televisión, cine y video-juegos, pero que se halla entre los países con menor

delincuencia del mundo. Otra variable a considerar aquí es el nivel socioeconómico del barrio: en promedio, los niños de bajo nivel socioeconómico ven más televisión y más violencia en ella que los de nivel más elevado, aunque no parece que, a igualdad de televisión consumida, los efectos difieran porque un niño pertenezca a un nivel u otro. La influencia de los padres sí que parece muy relevante: aquellos padres que controlan el acceso de sus hijos a la televisión que estos ven (tanto en duración como en el tipo de programas), y que dedican un tiempo a discutir e interpretar con sus hijos el significado de los programas que han observado, tienden a minimizar la influencia negativa de la violencia que observan sus hijos.

D) El uso y contenidos de los medios Con frecuencia se repite en la prensa y otros medios de comunicación que hay en nuestra sociedad un fenómeno muy preocupante para el tema que nos ocupa aquí: el tiempo desorbitado que los niños invierten en ver televisión, algo que es —por desgracia— completamente cierto. Con la excepción de ir a la escuela y dormir, no hay ninguna otra cosa que les suponga tanto tiempo. Según se documentó con anterioridad, los niños ven miles de asesinatos y juegan con video-juegos muy violentos.

En un porcentaje abrumador, los ejemplos de violencia son vistos bajo luz muy favorable, y sin que se observe castigo o reproche alguno por ejercitarla.

24.3.4. Implicaciones reciente

e

investigación

más

Los autores de la revisión referida (Anderson, Berkowitz, Donnerstein, et al., 2003) señalan que la naturaleza interactiva de los nuevos medios (internet, video-juegos) puede llevar a que esos efectos negativos, discutidos en este apartado, aumenten con el tiempo. Y extraen la siguiente implicación: “La exposición a la violencia de los medios es solo uno de los factores de riesgo de la agresión y la violencia. Puede ser, sin embargo, uno de los más fáciles de modificar, con tal de que los padres elijan otras formas de entretenimiento para sus hijos, o que el propio niño decida invertir su tiempo en otras cosas. No obstante, lo cierto es que los contenidos violentos de los medios están entrando en nuestros hogares, e invitan a la participación activa de incluso niños pequeños, generalmente sin que sus padres les supervisen” (p. 105). Ahora bien, desde la aparición del importante trabajo de Anderson y colaboradores han surgido nuevos estudios que enfatizan esa conclusión de los autores en el sentido de que “La exposición a la violencia de los medios es solo

uno de los factores de riesgo de la agresión y la violencia”. Por ejemplo, para Hetsroni, quien revisó también la literatura existente hasta 2011, “el efecto directo sobre la conducta de la exposición rutinaria a los programas violentos en televisión es muy pequeño para los criterios de la ciencia social, llegando a explicar únicamente hasta un tres por ciento de la varianza” (Hetsroni, 2011:141), y tal efecto es todavía menor — disminuyendo hasta el uno por ciento— cuando los actos de violencia real que realiza el sujeto, tras ver la televisión, se utilizan como pruebas de dicho efecto. En el mismo sentido, Ferguson (2011), estudiando los efectos de la violencia de los video-juegos y de la televisión en una muestra de 302 jóvenes (con un 52% de chicas), tampoco halló ningún efecto sobre los actos antisociales graves que realizaron, una vez que se controló el efecto de los síntomas depresivos y de los rasgos de la personalidad antisocial que presentaban. Estos dos factores, por el contrario, sí que eran capaces de predecir el comportamiento violento. La conclusión, entonces, que actualmente parece contar con el mayor apoyo, es la siguiente (Hetsroni, 2011:146): “Es posible establecer alguna relación entre ver televisión violenta y desarrollar una cierta tendencia a ser violento (…) Sin embargo, la atención dada a esta relación por la comunidad científica, los políticos y la gente es del todo desproporcionada con respecto a esa influencia (…). En comparación con la influencia notable que ejercen sobre la violencia factores tales como la familia, los amigos, la escuela y el

sistema de bienestar, la televisión queda en un lugar muy secundario, y parece claro que sirve como cabeza de turco”.

Quizás, entonces, es posible concluir que el venerable Sutherland tenía razón… está claro que ver basura televisiva no es bueno para nadie, y que ver miles de muertes cruentas tampoco enaltece el espíritu. Pero otra cosa diferente es considerar a los medios que promueven esos programas responsables importantes del nivel de violencia de una sociedad. De hecho, esa violencia a la que se exponen los chicos no ha parado de aumentar en la televisión y en los otros medios que han invadido el mundo en los últimos diez años (internet, video-juegos), pero la violencia no ha aumentado en absoluto en un sentido genérico (los datos de España son bien reveladores al respecto). Seguro que algunos programas afectan muy negativamente a algunos chicos particularmente vulnerables, pero esa es, definitivamente, otra cuestión7. No obstante, es seguro que la investigación acerca de los efectos de los medios sobre la violencia continuará en el futuro. Por ahora, la conclusión es esta: ver violencia de modo repetido y masivo facilita tener actitudes violentas y, en un sentido modesto, ayuda a provocar conductas violentas en ciertos sujetos.

24.4. LA EFICACIA FAMILIAS Y

COLECTIVA: BARRIOS

INTEGRADORES Una de las ideas más importantes que ha aparecido en los últimos años para la prevención comunitaria es la de “eficacia colectiva”, desarrollada por Sampson et al. (1997), a partir del descubrimiento de que los elementos estáticos de un barrio o comunidad (edad, nivel económico, etnia, etc.) no podían explicar de modo conveniente la criminalidad que albergaba, porque faltaba encontrar los procesos o mecanismos por los que los vecindarios influían en la vida de los residentes, esto es, los elementos dinámicos que caracterizan el comportamiento del lugar evaluados mediante entrevistas a las personas que vivían en los lugares estudiados. Robert J. Sampson, a quien ya conocemos por su extraordinario trabajo desarrollado en el estudio de las etapas de vida y su relación con la delincuencia, realiza así su segunda gran aportación a la Criminología. Para ello se sirve del Proyecto sobre el desarrollo humano de los vecindarios de Chicago (Project on Human Development in Chicago Neighborhoods), un proyecto compuesto de múltiples estudios que está investigando las vidas de los niños, las familias y los barrios desde hace quince años. El proyecto incluye un estudio longitudinal de 6.000 niños, 9.000 residentes en cerca de 300 vecindarios y la observación social sistemática de 22.000 manzanas en la ciudad.

Sampson halló que la influencia del barrio sobre la gente se producía a través de dos mecanismos interrelacionados: el nivel de cohesión y apoyo mutuo que se prestaba la gente, y el grado de control social informal que se ejercía sobre la conducta desviada, de tal modo que ambos elementos se potencian. Así, una comunidad es alta en eficacia colectiva cuando los residentes comparten valores y hay una confianza recíproca, lo que les lleva a implicarse en actividades que buscan el bien común: los residentes se preocupan por el bienestar de los demás, y están motivados para trabajar unidos en la solución de problemas comunes como la delincuencia y otros problemas sociales. De manera destacada, lo anterior incluye la voluntad de los adultos en general y de los padres en particular para controlar y corregir la conducta de los niños que no son suyos. Y en efecto, la investigación más reciente señala que la eficacia colectiva se asocia con menores tasas de delincuencia y de relación de los chicos con jóvenes delincuentes en los barrios donde aquella es elevada (Simons et al., 2005; Sampson et al., 1997). El lector ha de darse cuenta de la importancia de este hallazgo: Sampson demostró que la delincuencia no variaba en función del nivel socioeconómico del lugar, sino del nivel de cohesión social y voluntad de cooperar en la solución de los problemas que mostraban sus miembros, esto es, la eficacia colectiva.

La importancia de este concepto ha de ponerse en relación con el de “eficacia parental” (Wright y Cullen, 2001), el cual se corresponde con el estilo educativo de los padres definido por Baumrind (1991) como “autoritativo” [authoritative parenting], caracterizado por proporcionar tanto control y estructura (esto es, supervisión y establecimiento de normas) como apoyo emocional y atención a sus necesidades. Al igual que ocurre en el caso de la eficacia colectiva, estas dos dimensiones de la educación de los padres también se alimentan mutuamente: los padres imponen normas y control a sus hijos como consecuencia del amor que les profesan. Más de tres décadas de investigación apoyan que este es el mejor modelo para el desarrollo óptimo de los niños, y el que resulta más eficaz en la prevención de la desviación y conducta antisocial de los hijos, evitando también que se asocien con jóvenes delincuentes (Simons et al., 2005). La razón de esto es que, mediante este doble proceso de apoyo y control [supportive control] los padres generan escenarios donde los chicos aprenden normas y valores prosociales, lo que incluye las escuelas donde estudian y los amigos con los que se juntan. Pues bien, resulta evidente que tanto la eficacia colectiva como la eficacia parental (“padres autoritativos”, que no “autoritarios”) comparten unos mismos principios de actuación: conductas de apoyo y

cuidado combinadas con conductas de control. Y dado que, además, ambos conceptos se relacionan con una mayor prevención de la delincuencia y una menor asociación de los jóvenes del barrio con los delincuentes juveniles, esperaríamos que aquellos vecindarios que contaran tanto con una eficacia colectiva como parental elevada sumaran sus esfuerzos en la prevención de la delincuencia, obteniendo un efecto amplificador o potenciado. Esta hipótesis es la que justamente pusieron a prueba Simons et al. (2005), en su investigación longitudinal realizada en las ciudades norteamericanas de Georgia e Iowa, que incluyó en torno a 800 niños afroamericanos entrevistados con sus padres la vez primera cuando contaban con 10 años de edad (en 1998) y la segunda vez al llegar a los 12 años (en 2000): Establecimos que las relaciones definidas por el binomio ‘apoyocontrol’ —ya sea entre padres e hijos, profesores y alumnos, maridos y esposas, patrones y empleados, o vecinos y jóvenes del barrio— tenderán a reducir la presencia de la conducta antisocial (p. 995).

Esto fue justamente lo que hallaron los investigadores: la eficacia colectiva y la parental tuvieron un efecto reductor de la delincuencia independiente, pero al mismo tiempo se observó que la eficacia colectiva tenía un efecto amplificador de la labor preventiva de la eficacia parental: “nuestros resultados sugieren que se produjo un efecto de amplificación, en el sentido de que la labor preventiva de

los padres resulta aumentada cuando se produce dentro de un contexto definido por una alta eficacia colectiva” (p. 1020). ¿Cuál es el mecanismo por el que se produce este efecto? La respuesta se halla en la labor de control social informal que realizan los vecinos: estos supervisan y corrigen a los chicos del barrio, aunque no sean los suyos propios. Las derivaciones de estos resultados para la política criminal son del todo relevantes, en particular esta: el control que ejerce el sistema de justicia (el control formal) es más efectivo cuando se lleva a cabo en un barrio donde existe un sentimiento de unión y colaboración entre los miembros (apoyo), que facilita también el control social informal. Vemos de este modo que los programas comunitarios de la policía y estrategias como la mediación van bien encaminadas, porque actúan —como vimos en el capítulo correspondiente— para desarrollar la solidaridad entre los vecinos y su implicación en la prevención de los problemas y la delincuencia de donde residen.

24.5. ¿EFICACIA COLECTIVA “VENTANAS ROTAS”?

O

Las estrategias preventivas conocidas como “tolerancia cero” derivan de las ideas del influyente artículo escrito por James Q. Wilson y G.L. Kelly titulado “Ventanas

rotas” (Wilson y Kelly, 1982), donde se expone cómo los pequeños actos antisociales y el deterioro físico (peleas, juego ilegal, abuso del alcohol y de las drogas en la calle, grafiti, basura, prostitución, coches abandonados, casas con “ventanas rotas”, mobiliario urbano estropeado, zonas sin luz, etc.) son un reclamo para los delincuentes, quienes acudirán a vivir o “trabajar” allí porque la gente decente pierde la voluntad de hacer cosas en la comunidad, desmoralizada, y los que puedan permitírselo se marcharán: “Si las ‘ventanas rotas’ no se reparan, se envía un mensaje a toda la comunidad de residentes en el sentido de que los delitos también van a ser tolerados” (Delisi, 2003: 666; ver capítulos 10 y 20). La ciudad de Nueva York empezó a tener una disminución espectacular del crimen en los años 90, un fenómeno que se extiende a la actualidad. A pesar de que es un tema controvertido si la causa fundamental fue la política criminal impuesta por el alcalde Giuliani, que retomaba los planteamientos de las “ventanas rotas”, lo cierto es que las estrategias policiales basadas en la “tolerancia cero” se hicieron muy populares en Estados Unidos y en el mundo, y de hecho hoy en día esa expresión se ha hecho de uso común, en el sentido de no tolerar ni la desviación más pequeña con respecto a un estado de cosas deseable8. No obstante, como decimos, la investigación acerca de si la tolerancia cero es una

estrategia general eficaz preventiva del delito permanece una cuestión sometida a discusión. Hay estudios que avalan su eficacia, y otros que la niegan (Braga y Welhs, 2012). Ahora bien, una cuestión fundamental radica en si esta política se contrapone a la que plantea Sampson con su concepto de eficacia colectiva. Lo cierto es que el propio Sampson no niega que la tolerancia cero pueda dar sus frutos a la hora de prevenir el delito: “Los intentos para mejorar el vecindario evitando el desorden (…) son admirables y pueden producir resultados muy positivos”, han escrito Sampson y Raudenbush (2004: 337). Sin embargo, a su juicio, se trata de una política limitada, por dos razones. La primera es que la percepción del “desorden social” no depende únicamente de los hechos físicos evidentes de deterioro que puede haber en un barrio, sino que parcialmente es una percepción socialmente construida, ya que en su investigación demostró que en la visión de deterioro resultaba un factor determinante la presencia de minorías étnicas en el barrio. En otras palabras, si en un barrio existían poblaciones numerosas de minorías étnicas (afroamericanos, hispanos), le gente tendía a percibir el barrio de modo más negativo, más “desordenado”(singularmente para los de raza blanca), porque —razonan los autores— tales minorías se han asociado tradicionalmente a situaciones de delincuencia y

desorden social. La segunda razón es que la tolerancia cero no hace nada por mejorar la eficacia colectiva del lugar donde se aplica. Entonces, a su juicio, eliminar esos signos de desorden puede que no sea suficiente si dejamos sin promover la solidaridad social y la voluntad de colaborar y controlar la comunidad, que es justamente lo que Sampson señala como más exitoso en la prevención del delito.

24.6. LA CRIMINOLOGÍA POSITIVA En los últimos años la Criminología ha ido desarrollando una serie de teorías y de datos de investigación que nos orientan no solo acerca de las causas del delito y su control, sino acerca de los procesos que facilitan el abandono de la delincuencia y aquéllos que sirven para prevenirla. En nuestro conocimiento, los profesores Ronel y Elisha (2011) han sido los primeros en publicar un trabajo con el título de “Criminología positiva”, la cual se centra “en las características, procesos e influencias positivos en la vida de una persona en relación con la criminología” (p. 306). Lo cierto es que una vez acuñado y popularizado el concepto de “psicología positiva” (que busca la promoción del bienestar en vez de centrarse en las patologías) era cuestión de tiempo que se empleara el término de “criminología positiva” para intentar relacionar

conceptualmente todo lo que sabemos en torno a “los factores que pueden ayudar a las personas en situaciones de alto riesgo [de cometer delitos] para que no se impliquen en situaciones de desviación social o delincuencia, así como para que cesen en esas conductas en etapas posteriores de sus vidas [una vez que ya han cometido delitos]” (p. 306). Se entiende, de este modo, el concepto de “positivo”, ya que en vez de orientarse hacia la explicación de por qué aparece el crimen, se interesa por “todo lo positivo”, es decir, todos aquellos procesos y fenómenos que ayudan a potenciar las cualidades prosociales de las personas y de las comunidades, con objeto de que el delito y la desviación sean menos probables en su vida. Muchos de los elementos que citan los autores han sido objeto de análisis ya en este libro, entre los cuales destacamos los siguientes. 1. Los factores de protección y la resiliencia. Hemos visto anteriormente la importancia de estos conceptos en la moderna perspectiva preventiva de la delincuencia, por lo que no necesitamos extendernos aquí: se trata de estudiar y fomentar los procesos y patrones que se relacionan con el desarrollo prosocial y la prevención de patologías y la delincuencia en contextos donde se hallan claros factores de riesgo: “La investigación ha mostrado que aunque la exposición a un factor patógeno suele tener

un efecto negativo, algunos individuos poseen estilos de afrontamiento que hacen que ese factor se defina como un desafío (…) Por ello, en ciertas circunstancias, un factor de riesgo en interacción con un individuo dado puede ser transformado en un factor que promociona el crecimiento y el desarrollo hacia un estilo de vida saludable, en oposición a implicarse en el delito” (pp. 307-308). Esos factores de protección individuales, sociales y comunitarios constituyen un objeto de estudio claro de la criminología positiva. 2. El desistimiento del delito. Nos ocupamos de esta cuestión en el capítulo sobre la delincuencia común: estudiar por qué la gente abandona el delito en vez de por qué se inicia en él es un cambio importante de perspectiva, y aunque Hirschi (1969) y su teoría del control ya planteó una respuesta, la investigación actual busca penetrar en el proceso definido de por qué ocurre esto. Las obras de Sampson y Laub (1993) y Maruna (2001; 2002) son aquí notables. A ambos los comentamos ya previamente, pero aquí queremos señalar más en detalle el trabajo de este último. Maruna estudió las historias de vida de 65 exconvictos ingleses, quienes habían desistido del delito y logrado reconstruir una existencia socialmente integrada. En su búsqueda de los factores que explicaban ese progreso, el autor halló que este se debía sobre todo a un cambio tanto en la

consciencia del sujeto acerca de su vida como en su conducta. Muchos de los exdelincuentes y adictos atribuyeron el cambio de sus personalidades a la ayuda que recibieron de terceras personas, familiares sobre todo, o bien de alguien que creyó en ellos. De este modo el exdelincuente desarrolla una historia alternativa acerca de quién es él en realidad y de su pasado, donde ahora comparte unos valores convencionales que realmente definen su personalidad; los delitos fueron el producto de errores propios, de las circunstancias, de la mala suerte. La historia del pasado (la narración que explica esos hechos) ya no sirven para el presente. 3. La Criminología para la paz. Aquí se recoge toda la moderna perspectiva en la que se destaca la importancia de la justicia restauradora y la rehabilitación como alternativa al modelo de castigo y de venganza basado en penas privativas de libertad cada vez más duras: “La Criminología para la paz busca reducir la violencia y el crimen empleando medios que promueven la paz, tales como la ayuda mutua, los servicios a la comunidad y la justicia restauradora (…) [ y se propone] la reparación de las relaciones sustituyendo el castigo, el ostracismo y la estigmatización por valores humanísticos” (p. 312). Precisamente se ha llamado a la justicia restauradora una nueva era en el ámbito de la ejecución penal, dado que busca “responder a las necesidades sociales, emocionales

y materiales de la víctima, al tiempo que se preocupa por la reintegración de los delincuentes después de que estos se han hecho responsables de sus delitos” (p. 313). La mediación, compensación, restitución… todas estas estrategias caben aquí, y aunque su uso generalizado es una utopía en el mundo actual, permanece como un horizonte prometedor para incorporarse como alternativa en muchos casos donde las víctimas y delincuentes puedan convenir en su utilización. 4. La vergüenza reintegradora. Recoge toda la línea de trabajo desarrollada por John Braithwaite (1989), quien halló que el factor más importante en la persona para evitar el delito era el sentimiento de vergüenza. Ahora bien, la vergüenza que él plantea consiste en condenar las acciones, no al actor. Las sociedades facilitan la reintegración de los delincuentes si reconocen que estos no son únicamente sus delitos, sino personas que merecen una segunda oportunidad. Ellos necesitan aceptarse como seres humanos que han cometido errores, ya que sabemos que todas las personas necesitan una visión del yo mínimamente positiva para vivir una vida ajustada. 5. Los programas de prevención temprana. Toda la investigación numerosa que avala la eficacia de proyectos de intervención temprana en la vida de los niños (que incluye a la familia y la escuela) es una clara demostración de que crear capacidades sociales y

emocionales en ellos ayuda a prevenir el delito. Proyectos como Head Start y Perry son claros ejemplos de éxitos que, además, resultan mucho más económicos que enviar a la gente a prisión muchos años después (Welsh y Farrington, 2011). Todos esos programas desarrollan factores de protección y fomentan los recursos que tienen los chicos y sus ambientes: habilidades de relación interpersonal en el aula, enseñanza enriquecida, atención para las diferencias individuales, prácticas educativas en el hogar, desarrollo del vínculo afectivo con las madres, atención de necesidades urgentes por parte de los padres (alcoholismo, drogas, subsistencia), son todo ello objetivos de estos programas que dan claros dividendos a la sociedad. Como núcleo esencial de la intervención está la familia. Como escribiera el conocido investigador sobre patología social infantil Garbarino (1995), la estabilidad familiar es un factor de protección tanto para el individuo y la sociedad, y por “estabilidad” ha de entenderse realizar de modo adecuado la crianza de los hijos. La Criminología Positiva, por consiguiente, pone el énfasis en los siguientes puntos: a) En el desarrollo de caminos o metodologías para abandonar el delito o bien prevenirlo; b) En potenciar los recursos del individuo y de su ambiente, c) En potenciar un sistema de justicia que busca integrar

los derechos de delincuentes y víctimas, y que en muchos casos debe dejar paso a soluciones alternativas en el marco de la salud pública y de acuerdos entre las partes.

24.7. DELINCUENCIA, VIOLENCIA SOCIEDAD EN EL SIGLO XXI

Y

Steven Pinker, un profesor de la Universidad de Harvard que ya deslumbró con una obra anterior titulada “La tabla rasa”, ha publicado recientemente un voluminoso ensayo (The better angels of our nature, “Los mejores ángeles de nuestra naturaleza”, 2011) en el que, con gran despliegue de argumentos y datos que los avalan, demuestra que hoy en día, a comienzos de este siglo, el mundo disfruta de la época menos cruel y violenta de la historia. En su opinión, “el declinar de la violencia es el desarrollo más significativo y menos apreciado en la historia de la especie humana” (Pinker, 2011:692). ¿Por qué? Porque Pinker asume que los lectores permaneceremos escépticos ante esta aseveración, tan imbuidos estamos de que, al contrario, el mundo cada vez es más desalmado y lleno de criminales de todo tipo, desde genocidas hasta asesinos en serie y violadores sádicos. Pero Pinker arma sus argumentos de modo muy sólido, buceando en la historia, y tomando disciplinas de análisis muy numerosas, desde la biología hasta la sociología, la economía, la antropología y la teoría evolutiva, pasando

por supuesto por la criminología y la psicología. Veamos su tesis en detalle. Ese declinar de la violencia se aplica a la violencia familiar, las sociedades, la existente entre las tribus e incluso entre los estados. La gente que vive en esta época moderna tiene una menor probabilidad de morir a manos de los demás, o de sufrir actos de violencia y crueldad. ¿Cuáles han sido las causas de este proceso? En primer lugar está lo que Pinker denomina “El Proceso de Pacificación”, es decir, la aparición de los Estados y el uso monopolístico de la fuerza para la imposición de la justicia. Mientras que los estudios arqueológicos estiman que aproximadamente un 15 por ciento de los humanos prehistóricos murieron de muerte violenta por sus congéneres debido a las guerras, la cifra más elevada de homicidios en el periodo en que ya habían surgido los Estados es del 3 por ciento (correspondiente al siglo XVII y a la primera mitad del siglo XX, donde hubo dos guerras mundiales). En segundo lugar figura “El Proceso de Civilización”, íntimamente unido al anterior. Para el desarrollo del argumento del proceso de pacificación, Pinker había utilizado muchas cifras de muertes vinculadas con las guerras. Aquí el profesor de Harvard quiere destacar que no solo disminuyeron los muertos por razones de guerra, sino los homicidios en general. Así, en Europa la probabilidad que tenemos de ser asesinados es de diez a

cincuenta veces menos que la que tenían los europeos que vivían en el siglo XVI, algo que también se aplica a la sociedad norteamericana. La razón está en la expansión de la civilización, es decir, el desarrollo de la cultura que tomó cuerpo con el progreso de los Estados y del comercio. En pocas palabras, cuando la gente empezó a sentirse segura bajo el amparo de leyes soberanas y se entregó a conocer otras tierras y culturas para comerciar, la cultura floreció y con ella el desarrollo de las capacidades humanas para el entendimiento y el diálogo. Durante la época de la Ilustración, en los siglos XVII y (sobre todo) XVIII algo trascendental aconteció en Europa: la gente comenzó a valorar de forma negativa comportamientos y negocios violentos que antes se veían de forma natural, tales como la esclavitud, la tortura, el despotismo, el duelo y los métodos sádicos de tortura. Las voces se levantaron incluso para proteger a los animales. Pinker llama a este tercer proceso “La Revolución Humanitaria”. La paz parece instalarse en Europa a partir de 1815, y todo el siglo XIX observa un desarrollo cultural extraordinario. Ese periodo finaliza bruscamente en la primera mitad del siglo XX, con sus dos guerras mundiales. Pinker nos recuerda, sin embargo, que los 55 millones de muertos que dejó la II Guerra Mundial no están muy lejos de los 40 millones que los historiadores atribuyen a las guerras ocasionadas por la despiadada

conquista llevada a cabo por los mongoles en el siglo XIII. En esa comparación ha de tenerse en cuenta que el mundo en aquella época solo tenía un séptimo de la población que existía a mitad del siglo XX, lo que en términos reales implica que la matanza de los mongoles supuso un holocausto humano de mayor envergadura. Desde 1945, hemos sido testigos de un nuevo fenómeno, conocido como la “Larga Paz”, durante la cual han declinado todo tipo de atrocidades, incluyendo guerras civiles, genocidios, actos de represión sangrientos e incluso el terrorismo. Pinker señala que de nuevo seremos escépticos ante esta afirmación, pero tal y como hizo anteriormente nos proporciona estadísticas rigurosas que confirman aquella. La tendencia final que discute Pinker es la “Revolución de los Derechos”: todas aquellas iniciativas dirigidas a proteger a las minorías contra la violencia, así como las voces y leyes defendiendo a las mujeres, los niños y los animales. Es claro que queda en estos ámbitos mucho por conseguir, pero el autor pide que reflexionemos sobre los grandes avances logrados en los últimos años en comparación a hace solo treinta o cincuenta años, cuando —recuerda Pinker— podía verse en la televisión, por ejemplo, a un marido pegando palmetazos en el trasero a su mujer ¡por no haberle comprado la marca correcta de café!

¿A qué se han debido esos cambios tan notables y beneficiosos en la historia? ¿Se deben a las mejoras y progresos que se han producido en campos como el gobierno, la salud, la educación, la prosperidad económica o el comercio, o el aumento de estatus de las mujeres que ha facilitado el refuerzo del sentimiento de cuidado en la sociedad? Este punto es de crucial importancia, ya que la evolución creó el diseño del cerebro humano, y tal cerebro tiene la capacidad de liberar el componente violento del hombre (los “demonios internos”) o bien su contenido altruista (“los mejores ángeles de nuestra naturaleza”, expresión que Pinker toma de Abraham Lincoln). La respuesta primera y más genérica es que son las circunstancias materiales, junto con los inputs culturales, los que determinan si los “demonios” o los “ángeles” tienen las de ganar. Pero hace falta concretar más, y eso es lo que intenta en lo posible Pinker. En su opinión, todos los procesos comentados anteriormente (el comercio, los gobiernos legítimos y consolidados, el aumento del estatus de la mujer y su influencia pacificadora, e incluso la imprenta con su capacidad para diseminar las ideas de la revolución humanitaria) ayudaron a explicar ese declinar en la historia de la violencia, pero él destaca un elemento por encima de cualquier otro: la Razón. En efecto, la Razón, a

medida que se cultiva, nos lleva en su progreso a ir incluyendo a más y más seres vivos como merecedores de nuestra consideración y respeto9. Parte del fundamento de esta aseveración descansa en el conocido efecto Flynn: el hecho notable, señalado por el filósofo James Flynn, de que las puntuaciones obtenidas en los test de inteligencia han ido aumentando con el tiempo desde que empezaron a administrarse, algo que no puede atribuirse en su mayor parte a la mejora habida en la educación, por cuanto que los test de inteligencia miden la capacidad de razonamiento, y están libres de influencias culturales (como las enseñanzas escolares). La respuesta, entonces, habría que situarla en el aumento de la capacidad de razonamiento en la persona a lo largo del tiempo, algo que se ve favorecido por el hecho de que nuestro mundo cada vez más vive en un ambiente mucho más simbólico y abstracto. Pinker arguye que un razonamiento más expandido nos permite separarnos de nuestras experiencias más inmediatas y desarrollar así nuestras ideas en términos más abstractos y universales. Esto, a su vez, nos lleva a que nos comprometamos más en un sentido moral, lo que produce una mayor aversión hacia el uso de la violencia. Es este tipo de capacidad de razonamiento la que ha ido progresando a lo largo de la historia, y en particular a partir de la Ilustración y desde luego notablemente en el

siglo XX, en cuya época hemos sido testigos de una especie de “efecto Flynn moral”, que nos aleja del impulso a ser violentos y que justifica en particular todo este periodo conocido como la Larga Paz y la Revolución de los Derechos. La Razón —sigue aduciendo Pinker— nos lleva a avances morales que, mientras no evitan del todo la violencia, la restringe hacia fines que pretenden la mejora del bienestar social. Es decir, la razón prefiere un tipo determinado de moralidad: preferimos la vida a la muerte, la felicidad al sufrimiento, y comprendemos que vivimos en un mundo en el que los seres humanos podemos marcar la diferencia en cuanto a cómo podemos vivir. De ahí que queramos decir a los demás que no deberían dañarnos y que al mismo tiempo nos esforzaremos en no dañarles a ellos. Es cierto que la idea de que deberíamos tratar a los otros como nosotros quisiéramos que éstos nos trataran es muy antigua, impresa en muchas civilizaciones. Pero Pinker cree que ha sido el progreso de la razón el que ha permitido que tal Regla Esencial se haya convertido en un mensaje cada vez más influyente en la vida de las sociedades. Ahora bien, pese a todo, es cierto que el futuro está por hacerse, y que nadie puede decir si ese declinar de la violencia se mantendrá y expandirá en los decenios o siglos venideros. ¿Sucederá el llamado “choque de civilizaciones” entre Occidente y los devotos del Islam,

como el asesino múltiple Anders Brievick sugirió para justificar la matanza que perpetró en la isla de Utoya en 2011? ¿Habrá cambios en el medio ambiente tan drásticos que influirán negativamente sobre el orden económico y político del mundo, generando fenómenos de violencia y crimen hasta ahora no previstos? ¿El terrorismo tendrá una expansión insospechada que lleve a nuevos y cruentos conflictos? Nadie puede responder a estas preguntas. Pinker es optimista, pero sabe que no existe garantía de que el mundo continúe indefinidamente en este declinar de la violencia. El reto más grande para la civilización humana no es la tecnología, sino la organización de la sociedad. Pinker demuestra que hemos avanzado de modo sustancial a lo largo de la historia, pero obviamente no podemos sentirnos satisfechos. La capacidad cívica de la sociedad humana puede ser la clave de nuestra propia supervivencia. Somos muchas personas en un planeta pequeño, fuertemente contaminado y con recursos naturales limitados. Una sociedad tradicional donde la única autoridad social respetada es la familia, es poco capaz de resolver problemas comunes. Una sociedad donde nadie se fía de nadie, con un pobre capital social es, por ejemplo, menos capaz de solventar los conflictos entre la población y sus minorías, evitar la contaminación del medio ambiente o luchar contra la corrupción. Es

también, como hemos visto en este capítulo, una sociedad más insolidaria y violenta. El desarrollo de normas consensuadas y respetadas de convivencia exige mucho más que el rutinario proceso de dictar nuevos decretos y leyes. Pinker habla de “expandir los círculos de la empatía (moralidad) y de la razón” como grandes avenidas para progresivamente tener sociedades menos violentas. Y esto exige saber emplear bien nuestros recursos naturales y sociales y buscar vías de organización donde no existan desigualdades profundas ni sectores de la población en situaciones de alienación intolerables. Otra cuestión se refiere al debate entre seguridad y libertad, puesto en el tapete de modo drástico por el terrorismo islámico. ¿Cómo podemos conseguir el cumplimiento básico de las normas de convivencia, sin caer en un sistema opresivo y policial? La sombra del terrorismo global es una amenaza, incubada en el siglo pasado, pero que ha tomado forma en el presente con efectos devastadores. La Criminología no puede contentarse con dar ideas para solucionar los problemas domésticos. Al mismo tiempo que queremos sentirnos seguros, deseamos buscar un equilibrio en la política criminal, la libertad individual y los intereses de la comunidad. Equilibrar estos extremos es una cuestión política, y el papel de los criminólogos no es defender sus convicciones ideológicas personales, sino aportar

información fiable sobre las consecuencias de las diversas estrategias de control y prevención de la delincuencia. El investigador español Juan José Medina, profesor de criminología de la Universidad de Manchester, experto en prevención del delito.

PRINCIPIOS CRIMINOLÓGICOS Y POLÍTICA CRIMINAL Todo este capítulo pretende ser una reflexión final sobre cómo enriquecer nuestras posibilidades de reducir el delito en el futuro. Aquí van sintetizadas estas ideas últimas: 1. Desarrollando la prevención primaria en el marco de un modelo amplio e integrado de salud pública. La prevención medio-ambiental no es excluyente de la anterior, sino que las complementa. Parece sensato “dificultar el trabajo” a los delincuentes potenciales. 2. Adoptando medidas protectoras frente a la violencia de los media, y desafiando a la “cultura de la violencia”. 3. Considerando de modo prioritario la necesidad de ayudar a las comunidades y barrios a elevar sus cotas de capital social y, de este modo, su implicación en la mejora de la vida colectiva y la prevención del delito. 4. Buscando modelos políticos que fomenten la igualdad entre los grupos sociales, y aplicando el sentido común y la eficiencia como criterios para la administración de justicia. “La capacidad cívica de la sociedad humana puede ser la clave de nuestra propia supervivencia”. 5. Fomentando las diferentes perspectivas que han sido capaces de reducir o prevenir el delito de acuerdo con la investigación de la moderna “Criminología positiva”. CUESTIONES DE ESTUDIO 1. ¿Cuáles son las características del modelo de salud pública? ¿Cómo se puede aplicar a la lucha contra el delito? 2. ¿Qué factores de protección podrías señalar como más influyentes en su capacidad de inhibir la delincuencia? 3. ¿Qué conclusión podrías extraer acerca de la relación entre los conceptos de “eficacia colectiva” y “tolerancia cero”? 4. ¿Por qué resulta difícil estudiar el efecto de los “media” en la violencia de los espectadores? 5. ¿Qué se puede concluir acerca de esos efectos en general? 6. ¿De qué modo podría estudiarse el ahorro económico que supone para la sociedad el desarrollo de los programas de prevención temprana en detrimento del uso expansivo de la cárcel?

7. ¿Qué tienen en común los diferentes desarrollos encuadrados en la Criminología Positiva? 8. ¿Qué reflexiones te provoca la tesis de Pinker acerca del declinar de la violencia en la historia?

1 Véase, a modo de ejemplo, la investigación de Petrosino et al. (2001). Estos autores revisaron nueve estudios que evaluaron convenientemente el efecto de programas de prevención secundaria conocidos como “el susto imborrable” (scared straight). En estos programas, los chicos realizan durante unas horas una visita guiada a una prisión, generalmente de las “duras”, y asisten en grupo a sesiones de conversación con presos colaboradores quienes, de modo realista y muchas veces a modo de shock emocional, les explican lo que les espera si siguen haciendo el idiota en sus vidas, y prosiguen con sus fechorías. Sabemos, apreciado lector, que estará pensando ahora: “¡Buena idea! Así sabrán a dónde se van a meter”. Pero la investigación concluye que, actualmente, los únicos efectos demostrables son que estos programas aumentan la conducta delictiva de los jóvenes expuestos a los mismos, en comparación a grupos que hicieron de control. ¡El “sentido común” no siempre sirve para orientar a la ciencia! 2 Por ejemplo, los volúmenes de la serie “Crime Prevention Studies”, o las revistas “Studies on Crime and Crime Prevention”, “Security Journal” e “International Journal of Risk, Security and Crime Prevention”. 3 En inglés el verbo es “to buffer”: buffering protective factors. 4 Esta idea está plenamente recogida desde hace varios años en la obra del profesor Beristáin (1985). Posteriormente, abundó en la llamada a los esfuerzos preventivos integrados: “En pocas palabras, la escuela, la familia y la ciudad pueden y deben llevar a cabo programas globalizantes para prevenir a los menores en riesgo, para sancionarlos con medidas no penales sino recreadoras (‘juveniles’), para ilusionarles e integrarles en la comunidad urbana más que privarles de libertad o castigarles” (“Menores infractores-víctimas ante las Naciones Unidas y el Consejo de Europa”. Eguzkilore, 1996, p. 191). 5 En 1997 Clarke y Homel añadieron cuatro técnicas más bajo la rúbrica de “incrementar los sentimientos de vergüenza y culpabilidad del delincuente” (citado en Medina, 2011): establecimiento de reglas (para

regular la conducta en diversos contextos; por ejemplo acerca del acoso sexual en el trabajo); el fortalecimiento de la condena moral, tendente a incrementar la vergüenza por cometer el delito; el control de desinhibidores de la conducta delictiva, como el alcohol o la propaganda racista; y los procedimientos que facilitan la conformidad, es decir, la conducta moralmente aceptable, como programas de subsidios para los taxis que recojan a conductores ebrios. 6 Otro estudio longitudinal posterior confirma esos resultados: Johnson et al. (2002) comprobaron que la cantidad de televisión observada por su muestra (evaluada a los 14 y a los 22 años) correlacionaba con la violencia grave mostrada a los 16 y 22 años de edad (r =.17). Cuando, igualmente, se observó que la violencia vista a la edad de 22 años era capaz de predecir la violencia física a los 30 años (un valor de rango medio, r =.35), se confirmó la idea de que los efectos de la observación de la violencia en los medios sobre la conducta agresiva de los espectadores puede extenderse hasta la edad adulta. Es importante señalar, para terminar este punto, que esos resultados fueron hallados a pesar de que se tuvo cuidado de controlar el efecto de ciertas variables que podrían moderar los resultados, como nivel socioeconómico, cuidados recibidos de los padres, inteligencia o tipo de escuela al que asistían los jóvenes. Es cierto que los chicos más agresivos tienden a preferir unos contenidos más violentos en televisión, pero parece que ver televisión violenta tiene un efecto independiente en la agresividad exhibida posteriormente. 7 Al igual que la televisión puede enseñar conductas agresivas, también puede modelar conductas prosociales, si bien el poco interés de los productores de televisión hace difícil ese tipo de programación. El ejemplo de “Barrio Sésamo” (Sesame Street, un programa infantil muy popular en todo el mundo) es muy elocuente. Además de facilitar el aprendizaje de conceptos necesarios para el desarrollo intelectual, esta serie ha demostrado que puede enseñar inteligencia social o personal, desarrollando habilidades como la empatía, el compartir, y valores prosociales. Y sin duda resulta aquí necesario sugerir el empleo de los medios de comunicación social para la enseñanza de habilidades de vida. Estas son “esas habilidades que nos permiten tener éxito en los ambientes en los que vivimos. Comprenden habilidades de conducta (p.ej., habilidades de comunicación efectiva con amigos y adultos) y cognitivas

(p.ej., habilidades para una buena toma de decisiones)” (Danish y Donohue, 1996: 36). Estas habilidades son necesarias en la familia, en el trabajo, en la escuela, en la comunidad. A medida que el joven crece va necesitando ser competente en mayor número de ambientes. Danish y Donohue (1996) mencionan como ejemplo el programa de los sábados por la mañana en la televisión americana, para niños de 7 a 12 años, “Chicos como tú y como yo”, dirigido a enseñar los conceptos de empatía, autodeterminación, perseverancia y capacidad de mantener ideales personales. Para los autores, este es un buen ejemplo de cómo hacer un “programa prosocial” y que resulte entretenido. La investigación cualitativa muestra que los jóvenes espectadores están muy interesados en averiguar los modos en que chicos como ellos resuelven de manera creativa y prosocial los desafíos de la vida diaria. 8 Sobre los problemas que puede causar esa perspectiva considerada de un modo generalizado como panacea para resolver los problemas criminales ver Redondo (2010). 9 Esa metáfora la toma Pinker de una idea expuesta por el activista y filósofo Peter Singer en una obra suya de 1981.

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Índice analítico A abuso de sustancias: 19, 530, 537, 540, 649, 658, 660, 661, 663, 665, 667670, 672, 679, 684, 685, 688, 949, 1029 abuso sexual infantil: 28, 166, 697-700, 704-707, 715, 717, 726, 734, 1154 acción situacional: 292, 315-317, 320, 487 actividades rutinarias: 306, 307, 451, 466, 491, 493, 505, 584, 586, 588, 599, 796, 922 adaptación: 103, 115, 272, 322, 354, 395, 499, 567, 648, 703, 741, 869, 902, 976, 1006, 1041, 1070 Administración de justicia: 54, 976, 1012, 1022, 1023 afecto familiar: 15, 363, 365-367 agresión: 15, 20, 53, 62, 67, 88, 119, 120, 127, 133, 140, 154, 155, 159, 178, 181, 230, 257, 258, 264, 282, 285, 321, 323, 327, 353, 354, 357, 359, 360, 371, 373, 375, 387, 410, 446, 447, 472, 487, 495, 514, 515, 530, 545, 547, 549, 567, 640, 648, 676, 681, 682, 689, 691, 692, 697, 702, 708-720, 723725, 727-729, 732-734, 738, 739, 743, 745, 748, 750, 752, 753, 762, 763, 764, 776, 781, 786, 789, 833, 845, 861, 871-873, 881, 888, 895, 903, 965, 1002, 1011, 1026, 1036, 1042, 1045, 1047, 1050-1053, 1055-1057, 1061, 1063, 1076, 1082, 1089-1092, 1094, 1095, 1131, 1148, 1150, 1151, 1169 agresión sexual: 20, 67, 119, 120, 133, 154, 155, 514, 515, 567, 689, 691, 692, 697, 711, 712, 714-720, 723-725, 727, 728, 732-734, 743, 752, 872, 873, 881, 965, 1047, 1050, 1051, 1053, 1055-1057, 1063, 1082, 1131, 1148, 1150, 1169 alcohol y drogas: 603, 655, 667, 676, 688, 759, 1029 alternativas: 20, 23, 38, 70, 120, 157, 158, 178, 197, 242, 243, 287, 316, 382, 395, 430, 432, 448, 449, 475, 481, 505, 552, 617, 735, 743, 763, 972, 975, 981, 983-986, 991, 992, 994, 997, 1015, 1021-1023, 1030, 1041, 1050, 1055, 1065, 1076, 1103, 1117, 1119

altruismo: 457, 462, 527, 850, 965, 1052 amplificación de la desviación: 422, 424, 463 anomia: 89, 127, 238, 262, 270-275, 277, 278, 319, 320, 417, 435, 562, 563, 894-896 anomia institucional: 274, 320 anomia y tensión: 270 anormalidades cromosómicas: 335 apego: 14, 240, 241, 249, 267, 289, 290, 298-301, 305, 319, 320, 366, 413, 513, 532, 644, 765, 766, 768 apoyo social: 16, 248, 263, 285, 287, 297, 415, 435, 454-461, 463, 464, 564, 655, 663, 773, 778, 874, 875, 1019 aprendizaje: 13, 15, 25, 28, 109, 111, 112, 120, 127, 134, 143, 237, 238, 240, 242, 246, 248, 250, 258, 259, 262, 264, 280, 281, 288-290, 299, 302, 305, 306, 309, 318, 327, 363, 364, 371, 374, 387-389, 392-402, 405-409, 413, 414, 447, 469, 470, 502, 519, 526, 527, 543, 549, 552, 563, 684, 685, 723, 724, 738-740, 743, 765, 773, 774, 824, 944, 977, 1002, 1025, 1027, 1032, 1039, 1043, 1064, 1077, 1078, 1079, 1087, 1088, 1092, 1096 aprendizaje social: 15, 120, 143, 246, 259, 262, 280, 281, 289, 290, 299, 302, 305, 309, 363, 393, 400-402, 405-409, 447, 502, 543, 563, 739, 740, 743, 774, 1025, 1032, 1064, 1078 apropiación indebida: 50, 786, 824, 881 área de transición: 105, 106 armas: 45, 110, 159, 195, 279, 290, 436, 451, 504, 523, 527, 541, 542, 587, 593, 594, 600, 613, 615, 616, 621, 629, 630, 631, 639, 655, 656, 676, 708, 709, 812, 813, 815, 821, 827, 829, 830, 843, 845, 849, 926, 940, 942, 961, 1076, 1082, 1087 asesinato: 18, 36, 154, 349, 356, 359, 382, 495, 607, 616-618, 626, 627, 656, 713, 736, 744, 761, 762, 786, 789, 816, 818, 822, 823, 877, 884, 897, 911, 997 asesinos en serie: 42, 623, 625, 822, 1103 asesinos múltiples: 45, 609, 617, 619, 623, 655, 656

asociación diferencial: 11, 15, 77, 111, 112, 127, 128, 143, 259, 363, 392, 395, 396, 398-402, 414, 419, 447, 785, 787, 1087 asociacionismo: 110 atavismo: 94, 96, 109, 377 atracos: 69, 174, 282, 283, 449, 480, 509, 573, 593, 594, 796, 995 autocontrol: 14, 70, 148, 267, 290, 292, 306-314, 319, 320, 351, 352, 371, 373, 382, 389, 390, 391, 405, 410, 411, 456, 484, 519, 539, 557, 562, 563, 615, 642, 650, 652, 672, 686, 776-778, 793, 794, 824, 896, 949, 965, 1020, 1032, 1037, 1043, 1047, 1061, 1065, 1078, 1153, 1164 autoinformes: 142, 156, 159, 212, 213, 364

B bandas juveniles: 19, 277, 279, 607, 636, 924, 927, 973 barrio: 67, 68, 105, 164, 183, 190, 221, 249, 269, 279, 282, 283, 289, 290, 304, 305, 319, 360, 371, 422, 436, 437, 443, 482, 506, 508, 511, 513, 524, 525, 528, 541, 550, 558, 567, 569, 583, 585, 587, 634, 638, 743, 744, 781, 869, 914, 919, 920, 922, 925, 926, 932, 934, 944, 950, 1068, 1074, 1077, 1094, 1096, 1097, 1098, 1100 barrios integradores: 25, 1067, 1096 biotipologías: 14, 321, 327, 328 búsqueda de sensaciones: 15, 311, 334, 338, 363, 371, 387, 388, 391, 404, 949

C cambio cognitivo: 24, 1025, 1040 carrera delictiva: 18, 49, 260, 342, 364, 413, 520, 521, 523, 530, 542, 553, 569, 570, 573, 596-598, 605, 634, 648, 673, 725, 728, 874, 896, 952, 973, 1062, 1068, 1080, 1083 castigo: 13, 23, 57, 80, 84, 85, 86, 89, 99, 126, 237, 240, 250, 251, 253, 264, 273, 307, 309, 338, 339, 346, 367, 382, 385, 389, 390, 393, 395, 414, 417,

424, 453, 454, 461, 463, 468, 480, 482-487, 527, 552, 654, 724, 768, 773, 774, 776, 779, 844, 855, 911, 935, 952, 956, 972, 977, 978, 1002, 1017, 1019, 1045, 1088, 1094, 1102, 1119, 1122, 1128, 1131, 1160 ciencia: 30, 34, 38, 41, 45-47, 50-53, 55, 66, 74, 75, 77, 92, 99, 113, 123, 125, 131, 135, 138, 173, 175, 181, 238, 239, 252, 253, 265, 271, 325, 410, 454, 459, 462, 479, 627, 736, 784, 803, 854, 863, 864, 908, 1068, 1075, 1081, 1095, 1118, 1125, 1151 cifras penitenciarias: 24, 975, 989, 1030 cifras policiales: 12, 179, 185, 186, 202, 206, 208, 209, 232, 369 cociente intelectual o C.I.: 377, 379, 381, 529 cognición interpersonal: 381 comunidad terapéutica: 993 condenas penales: 12, 179, 196, 977 condiciones económicas: 433, 434, 437, 442, 444, 490, 497, 633, 814, 817 condiciones sociales: 88, 111, 415, 436, 437, 492, 556 conflicto medios-fines: 271 conflicto social: 13, 115, 237, 251, 252, 259, 264, 427 consecuencias de la conducta: 311, 404 continuidad delictiva: 17, 315, 519, 525, 533, 536, 540, 542, 569 contrato social: 75, 78, 80, 1161 control emocional: 24, 381, 413, 950, 1025, 1045 control formal: 68-70, 262, 480, 599, 806, 864, 934, 1098 control informal: 17, 68-70, 302-306, 426, 455, 465, 485, 486, 510-512, 517, 628, 978 control paterno: 15, 49, 301, 363, 365-368, 570 control social: 11, 13, 14, 16, 34-36, 45, 47, 49, 56, 65, 68-70, 75, 89, 108, 114, 115, 126, 170, 237, 238, 246, 248, 253, 257, 262-264, 267-269, 274, 280, 281, 284, 287-292, 297, 300-306, 314, 319, 320, 407, 415, 416, 422, 425, 429-431, 433, 446, 448, 449, 452, 453, 463, 517, 527, 543, 598, 599,

690, 743, 824, 843, 844, 927, 930, 931, 934, 1097, 1098, 1120, 1149 correlatos psicofisiológicos: 360 corrupción: 21, 42, 45, 57, 58, 171, 186, 192, 214, 698, 754, 768, 783-786, 789, 792, 795, 800-803, 805-807, 810, 813, 814, 819, 821-825, 873, 882, 894, 897, 1011, 1107, 1152, 1156 crianza familiar: 15, 363, 364, 550, 559 crimen organizado: 21, 28, 37, 45, 615, 618, 637, 783, 808-818, 820-822, 824, 825, 895, 897, 981 criminalística: 12, 129, 172, 174, 178, 897, 908 criminología: 11, 25, 28, 45, 46, 51, 71, 77, 85, 87, 88, 91, 93, 99, 116-120, 122, 123, 127-130, 158, 246, 252, 253, 257, 260, 261, 264, 265, 270, 321, 324, 360, 401, 410, 427-429, 431-433, 449-455, 459, 462, 463, 488, 495, 497, 511, 520, 523, 542, 548, 608, 689, 690, 715, 737, 745, 843, 846, 864, 897, 978, 1021, 1069, 1100, 1101, 1103, 1107, 1109, 1112, 1113, 1122, 1126, 1131, 1133, 1143, 1149, 1162, 1163, 1171 criminología aplicada: 608, 897, 1021, 1112, 1133, 1149 criminología biosocial: 321, 360 criminología crítica: 117, 120, 252, 427, 428, 429, 431-433, 450, 452, 453, 463, 511, 1109 criminología del desarrollo: 28, 542 criminología positiva: 25, 1100, 1101 criminólogo: 34, 325, 427, 599, 863, 867, 878, 982 crisis económica: 69, 191, 192, 197, 209, 434, 440-442, 592, 610, 784, 788 cuestionario: 137, 139, 152, 157, 189, 221, 576, 609, 612, 746, 747, 866, 936, 969, 1023, 1163 curva de edad del delito: 260, 534, 535, 949

D definiciones: 20, 60, 61, 75, 112, 113, 114, 127, 130, 143, 244, 250, 397, 398, 399, 402-404, 406, 407, 409, 412, 414, 422, 443, 617, 618, 671, 735,

768 delincuencia corporativa: 785, 787, 789 delincuencia económica: 21, 28, 120, 442, 783-786, 795, 807, 824 delincuencia juvenil: 17, 45, 62, 104, 106, 108, 118-120, 130, 133, 134, 156, 189, 212, 214, 239, 245, 287, 297, 310, 314, 324, 365, 397, 413, 533, 542, 576, 632, 635, 652, 682, 787, 935, 939, 940, 956, 967, 973, 974, 981, 1128, 1131, 1145, 1158, 1159, 1171 delincuencia ocupacional: 786, 789 delincuencia sexual: 20, 28, 66, 98, 218, 413, 689, 691, 692, 694, 697, 714, 719, 733, 734, 1148 delincuente: 18, 19, 35-39, 49, 62, 64, 84, 86, 90, 93-97, 101, 104, 111-114, 118, 156, 278, 286, 296, 307, 327, 334, 345, 348, 364, 382, 387, 390, 393, 394, 397, 400, 406, 409, 419, 421, 430, 449, 451, 467, 482, 492, 502, 503, 505-508, 517, 522, 523, 533, 573, 578, 594, 596, 597, 599, 600, 601, 602, 604-607, 618, 632, 633, 640, 641, 647, 651, 653, 658, 665, 675, 681, 687, 777, 785, 788-794, 799, 807, 824, 825, 829, 846, 847, 860, 864, 866, 867, 873, 881, 888, 890, 898, 903, 915, 922, 932, 957, 967, 968, 977, 978, 997, 1011, 1015, 1033, 1062, 1068, 1069, 1080, 1081, 1083, 1088, 1133, 1148, 1151, 1175 delincuente común: 18, 573, 596, 601, 647, 825, 847 delincuente contra la propiedad: 18, 573, 600, 601, 602, 604, 606 delincuente psicópata: 19, 607, 640 delincuentes juveniles: 73, 98, 105, 132, 150, 189, 279, 438, 460, 487, 499, 521, 570, 599, 609, 632, 651, 654, 676, 678, 740, 774, 775, 792, 888, 944, 950-952, 964, 972, 973, 974, 1019, 1029, 1038, 1041, 1042, 1050, 1061, 1062, 1066, 1098, 1159 delincuentes persistentes: 17, 260, 287, 519, 544, 545, 547, 570 delito: 11, 12, 14, 16-18, 21-23, 28, 29, 33, 35, 37-40, 45-47, 49, 50, 55, 56, 58-63, 65-75, 77, 79-81, 84-86, 88, 89, 91, 93, 94, 96-103, 109, 112-114, 116-120, 126, 127, 132, 143, 147, 153-156, 161-163, 167, 169, 174, 175, 179, 181-183, 185-191, 193, 195, 196, 198-201, 206, 211, 213, 214, 217, 218, 220, 225, 227, 228, 230, 232, 233, 235, 240, 244, 245, 248, 250-253,

255, 258-260, 263-265, 267, 270, 278-280, 284-286, 288, 291, 293, 295, 297-299, 301, 303, 306-312, 314-319, 324, 326, 328, 335, 338, 339, 344346, 349, 351, 353, 356, 360, 369, 370, 376, 385, 390, 395, 397-401, 408412, 415, 418, 421, 423, 428, 429, 431, 433-436, 438, 442, 443, 445, 449456, 458, 459, 464-467, 469-474, 476, 480-482, 484, 486-490, 492-497, 499-505, 507-523, 525, 530, 532-539, 541-543, 545-547, 549, 551, 553563, 566, 568-570, 573, 577, 580, 581, 585, 587, 590, 596-599, 601-606, 609, 613, 616, 629, 632, 633, 636, 644, 646, 648, 655, 660, 663-665, 670, 676, 679, 681, 684, 688, 690, 692, 701-703, 709, 713, 714, 717, 719, 721, 722, 725, 728-731, 733, 735, 744, 750, 755, 756, 760, 763, 777, 780, 781, 783, 785-793, 796, 801, 806, 807, 809, 811, 812, 819, 821, 823, 824, 829, 846, 847, 849, 856, 859-862, 864-866, 868-871, 873-875, 878, 880-887, 889, 892, 893, 895-899, 908, 910, 914-918, 920, 922-925, 929, 930, 932, 934, 936, 941, 944, 945, 946, 949, 952, 955, 957, 959, 961, 965, 968, 969, 971, 973, 975, 977, 978, 995-997, 1007-1009, 1011, 1012, 1016, 1020, 1022, 1023, 1026, 1027, 1035, 1036, 1041, 1043, 1044, 1046, 1047, 1049, 1054-1057, 1059, 1063, 1066, 1069, 1077, 1079-1084, 1086, 1099-1103, 1107, 1108, 1119, 1127, 1128, 1143, 1149, 1151, 1154, 1158, 1162-1164, 1168, 1170, 1172 delito/tendencias delictivas: 218, 307, 312, 334 derecho penal: 46, 47, 49, 50, 95, 97, 114, 123, 251, 431, 433, 452, 475, 511, 756, 783, 853, 863, 864, 878, 884, 888, 1143, 1151, 1152, 1156 derivación: 56, 421, 1033 desamparo aprendido: 20, 735, 743 desempleo: 88, 91, 108, 153, 181, 182, 202, 249, 269, 282, 283, 285, 290, 319, 436, 437, 438, 439, 441-444, 458, 463, 464, 492, 510, 527, 528, 562, 564, 592, 632, 738, 741, 764, 773, 776, 818, 1076 desigualdad: 16, 88, 127, 141, 293, 415, 435, 436, 437, 444, 463, 464, 509, 562 desistimiento delictivo: 20, 142, 517, 537, 538, 973 desorganización social: 11, 13, 77, 103, 105, 106, 108, 112, 127, 262, 267, 269, 397, 400, 412, 435, 436, 437, 527, 632 desviación primaria/secundaria: 418, 419, 463

desviación social: 62, 75, 270, 642, 1100, 1132 dieta: 360, 1015 diferencias individuales: 28, 258, 263, 264, 309, 310, 312, 363, 364, 385, 569, 793, 1102 dispersión muestral: 148 disuasión: 16, 81, 251, 318, 435, 465-467, 475, 477, 478, 481-484, 486, 487, 516, 517, 579, 585, 806, 924, 934, 1017 disuasión informal: 516

E economía sumergida: 849 ecosistema delictivo: 518 edad penal: 23, 533, 935, 951, 958 educación infantil: 55, 727, 949 efecto de difusión de beneficios: 1084 eficacia colectiva: 25, 279, 314, 318, 411, 436, 930, 932, 1067, 1096-1100, 1108 eficacia de los tratamientos: 1058, 1061, 1064 elección racional: 16, 28, 255, 259, 260, 262-264, 307, 449, 452, 465, 466, 469, 470, 471, 472, 474, 485, 487, 505, 516, 517, 549, 602, 603, 788, 806, 922, 1080, 1164 empatía: 370, 371, 372, 379, 382, 410, 456, 459, 527, 532, 551, 563, 604, 642, 643, 644, 646, 647, 652, 653, 661, 671, 674, 675, 687, 710, 711, 720, 722, 729, 765, 777, 793, 890, 965, 1007, 1034, 1036, 1037, 1042, 1044, 1045, 1052, 1053, 1057, 1058, 1096, 1107 empuje social: 14, 321, 343 encarcelamiento: 24, 39, 120, 419, 443, 461, 468, 477, 485, 516, 546, 975, 983, 987, 991-995, 997-1001, 1003-1007, 1009, 1012, 1013, 1017, 1022, 1023, 1030, 1032, 1080, 1130

encuesta: 131, 138, 145, 151, 154, 157, 158, 163, 176, 187, 212, 214, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 481, 575, 578, 582, 583, 591, 701, 745, 757, 865, 868, 870, 873, 980, 1085, 1110 encuestas de autoinforme: 212, 578 encuestas victimológicas: 182, 232, 233, 869 enfermedad mental: 386, 540, 640, 649, 657, 659, 660, 662, 667, 685, 688 enseñanza universitaria: 121 entrenamiento en habilidades sociales: 1039, 1050, 1052, 1062, 1065, 1066 entrevista: 12, 129, 131, 132, 157, 161-165, 176-178, 189, 215, 584, 586, 669, 704, 712, 746, 841, 874, 971 Ertzaintza: 184, 199, 207 Escuela clásica: 11, 77, 78, 79, 85, 127 Escuela de Chicago: 99, 269, 270, 291, 320, 416, 444, 488, 510 Escuela neoclásica: 452 especialización delictiva: 309, 597, 721, 725 estadísticas judiciales: 180, 193, 196, 232, 1022, 1167 estadísticas policiales: 150, 185, 199-201, 205, 233, 581, 611, 759, 866, 1109 estructura social: 224, 249, 272, 273, 285, 295, 303, 406, 407, 445, 446 estudios de familias de delincuentes: 329 estudios de gemelos: 329, 331, 332, 333, 392 estudios de hijos adoptivos: 329, 334 estudios genéticos: 321, 335 etiqueta: 303, 419, 645, 862 etiquetado: 63, 114, 135, 148, 238, 242, 259, 262, 264, 371, 415-424, 426, 428, 463, 485, 519, 549, 552, 569, 769, 967, 974

F factores de protección: 25, 340, 341, 524, 531, 532, 566, 570, 874, 875, 876,

898, 1067, 1073, 1074, 1078, 1101, 1102, 1108 factores de riesgo: 14, 25, 45, 48-50, 72, 120, 260, 264, 311, 321, 337, 340, 341, 344, 370, 372, 376, 414, 436, 444, 520, 522-526, 528, 531, 532, 536, 537, 545, 548, 553, 554-556, 559, 563, 566, 567, 569, 570, 598, 599, 605, 632-634, 655, 662, 721, 732, 733, 738, 765, 781, 867, 873-875, 946, 947, 950, 964, 965, 1011, 1033, 1036, 1043, 1044, 1046, 1064, 1065-1067, 1070, 1071, 1074, 1076-1078, 1094, 1095, 1101, 1111, 1159 factores sociales: 11, 50, 54, 72, 77, 86, 87, 91, 93, 95, 209, 210, 232, 242, 262, 267, 314, 326, 331, 406, 423, 523, 547, 564, 664, 856, 869, 926 factor género: 447 familia: 20, 40, 41, 49, 114, 124, 151, 189, 218, 240, 241, 268, 269, 274, 275, 281, 283, 286, 290, 299, 302-305, 308, 330, 344, 345, 349, 360, 364, 365, 367, 370, 379, 394, 402, 407, 414, 445, 455, 460, 482, 492, 516, 524, 528, 529, 536, 537, 540, 544, 557, 558, 564, 591, 594, 615, 616, 619, 633, 637, 639, 655, 670, 671, 679, 698, 701, 710, 719, 733, 735-737, 739, 741-743, 748, 753, 756, 759, 769, 772-774, 777, 778, 781, 805, 833, 845, 860, 873, 876-878, 884, 904, 905, 948, 950, 961, 962, 966, 969, 970, 973, 978, 1003, 1007, 1046, 1073, 1077, 1078, 1081, 1087, 1095, 1096, 1102, 1107, 1162 finalidades de las penas: 1016 fraude telemático: 21, 783, 789, 794, 824 fuentes de tensión: 282, 283, 284, 286, 1045 funcionalismo: 63, 242

G ganancias-pérdidas: 16, 465, 473 genética: 14, 103, 243, 321, 323, 329-331, 333, 335, 336, 340-343, 347, 357, 358, 392, 448, 526, 544, 670, 671, 738, 916 Guardia Civil: 90, 184, 192, 198, 199, 203-207, 211, 216, 573, 577, 595, 803, 815, 848, 903, 906, 908, 912, 913, 932, 933, 980, 1085

H

habilidades sociales: 710, 721, 965, 971, 1019, 1020, 1028, 1039, 1044, 1045, 1050, 1052, 1061, 1062, 1065, 1066, 1077, 1078, 1132, 1150 herbívoros y carnívoros: 802 herencia: 41, 102, 103, 127, 257, 329-332, 335, 342, 343, 345, 356, 360, 428, 654, 798 hipótesis: 12, 51, 87, 96, 98, 102, 105, 106, 129, 130, 135, 136, 138, 139, 141-143, 168, 177, 178, 197, 198, 210, 211, 237, 242, 248, 262, 270, 272, 275, 277, 333, 337, 344, 346, 352, 357, 358, 360, 374, 376, 378, 412, 434, 441, 447, 458, 477, 478, 504, 600, 601, 616, 639, 643, 660-662, 688, 721, 724, 760, 761, 762, 790, 796, 821, 822, 837, 875, 914, 916, 934, 964, 967, 1088, 1098 hogares benignos: 14, 321, 343 homicidio: 20, 47, 60, 147, 195, 198, 370, 424, 435, 436, 444, 457, 504, 517, 542, 607, 609, 614-616, 618-620, 622, 623, 629, 634, 655, 735, 736, 758761, 768, 822, 823, 836, 869, 876, 883, 884, 887, 903, 925, 944, 977, 1110, 1118, 1125 hormonas: 340, 352, 353, 374, 375 hurto: 18, 68, 147, 149, 150, 154, 201, 203, 217, 225, 288, 328, 367, 422, 504, 509, 515, 536, 543, 547, 549, 553, 573, 576-578, 596, 665, 786, 872, 881, 926, 943, 985, 996, 1145

I idea pública atractiva: 426 Ilustración: 11, 77, 78, 79, 85, 127, 801, 1104, 1106 imitación: 11, 77, 88, 89, 109, 110, 112, 127, 128, 143, 148, 248, 258, 326, 367, 393, 395, 399, 404, 406, 407, 409, 414, 549, 563, 620, 1038, 1039, 1092, 1093, 1094 impulsividad: 15, 140, 141, 146-149, 175, 248, 258, 288, 290, 310, 311, 319, 324, 334, 339, 363, 368, 371, 372, 382, 387-391, 525, 532, 536, 539, 541, 549, 550, 551, 553, 557, 559, 560, 563, 570, 600, 642, 648, 667, 671, 672, 674, 686-690, 722, 766, 773, 778, 948, 949, 1034, 1042, 1044, 1045, 1058

incendiarios: 19, 657, 658, 681, 682-685, 688 incendios: 679, 680, 681, 683, 688, 907, 919 inferioridad biológica: 96 infractores adolescentes: 260, 570 infractores sexuales juveniles: 718, 730 ingredientes terapéuticos: 1036, 1042, 1065 inicio adolescente: 541 inicio delictivo: 318, 542 inicio tardío: 424, 542, 547, 952 instrumentos de investigación: 54, 74, 132 inteligencia: 15, 66, 96, 105, 242, 248, 258, 262, 263, 285, 287, 327, 339, 340, 352, 363, 364, 377, 378, 379, 380, 381, 388, 414, 445, 514, 526, 527, 536, 541, 557, 617, 641, 656, 674, 843, 846, 857, 874, 875, 1074, 1091, 1096, 1105, 1106, 1131 inteligencia emocional: 381, 514, 527 interacción: 14, 15, 35, 63, 65, 75, 112, 162, 244, 254, 259, 273, 277, 279, 321, 323, 327, 340, 342, 343, 347-349, 353, 358, 360, 363, 366, 367, 368, 373, 374, 379, 398, 409, 413, 423, 491, 494, 495, 509, 532, 539, 547, 551, 555, 559-561, 563-565, 569, 643, 659, 710, 717, 738, 743-745, 768, 773, 864, 873, 930, 973, 1001, 1026, 1028, 1036, 1037, 1041, 1044, 1046, 1050, 1051, 1065, 1101 interdisciplinariedad: 50, 244 interés del menor: 23, 935, 958, 959, 967-969 intervención educativa: 728, 1131 intervenciones con menores: 964 intervención temprana: 25, 460, 461, 654, 688, 949, 974, 1067, 1077, 1079, 1102 investigación: 11, 12, 16, 18, 20, 22, 25, 30, 34, 42, 46, 50-54, 66, 68, 72, 74, 75, 104, 106, 110, 119-121, 125, 129-138, 140, 142-144, 147, 149-152, 154-157, 163-166, 168, 169, 171-178, 199, 200, 214, 221, 232, 237, 241,

243, 245, 246, 248, 249, 251, 252, 254, 257, 258, 260, 261, 280, 282, 296, 300, 304, 310, 311, 313, 315, 322-326, 328, 329, 331, 335-337, 339, 340, 342-344, 346-350, 352, 358, 360, 363-366, 368, 375-378, 380, 381, 383, 385, 388, 391, 392, 396, 397, 407, 410-412, 415, 430, 431, 433, 435, 438, 439, 442-444, 448, 449, 452, 456, 458, 460, 461, 463, 464, 478, 479, 480, 482, 483, 485, 501, 514, 515, 517-519, 523, 532, 534, 553, 566, 573, 575, 576, 586, 588, 596-599, 604, 606, 608, 612, 617, 632, 634, 636, 643-646, 649-654, 659, 660, 662-672, 674, 679, 681, 685, 699, 701, 703, 705, 709, 714, 723, 724, 735, 737, 740, 744-751, 757-759, 764, 765, 770, 773, 775, 777, 780, 785, 788, 789, 793, 794, 795, 803, 808, 819, 823, 841, 846, 856, 861-863, 865, 868, 873, 874, 875, 892, 897, 901, 906, 907, 910, 913, 915918, 922, 924-926, 928, 934, 936, 946, 952, 956, 967, 973, 974, 977, 979, 993, 1001, 1006, 1009, 1012, 1017, 1018, 1020, 1021, 1026, 1033, 1045, 1067, 1068, 1071-1073, 1078, 1085, 1088, 1089-1091, 1094, 1096-1102, 1108, 1112, 1130, 1131, 1154, 1155, 1158, 1159, 1163, 1167 investigación empírica: 11, 50, 129, 133, 134, 143, 177, 178, 252, 391, 431, 463, 651, 759, 862, 974, 1045 investigación en la acción (action research): 926

J justicia criminal: 23, 153, 406, 632, 731, 816, 864, 952, 975, 976, 980, 981, 982, 983, 1021 justicia de menores: 106, 120, 935, 956, 957, 973, 974, 975 justicia penal: 39, 47, 49, 78, 86, 101, 244, 414, 428, 432, 453, 467, 686, 730, 754, 819, 876, 885, 887, 889, 891, 977, 980, 1012, 1157, 1161, 1162, 11701172

L lesión: 137, 181, 203, 282, 340, 345, 347, 448, 607, 613, 629, 655, 708, 755, 756, 944 Ley de Ayuda y Asistencia a las Víctimas del Delito: 885 leyes de la imitación: 88, 109, 128

Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor: 23, 935, 956 ley penal: 48, 59, 62, 399, 953, 955, 1017 libertad vigilada: 430, 676, 731, 945-947, 953, 958, 960, 961, 969-972, 1014, 1044 libre albedrío: 93, 100, 101, 242, 244, 250, 251, 264, 449, 452 lucha de clases: 115

M mafia (cosa-nostra): 810, 817 maltrato a la mujer: 20, 739, 742, 781, 863 maltrato a los ancianos: 778, 780 maltrato infantil: 551, 720, 744, 767, 769, 770, 773, 775, 776, 781, 895, 1150 malversación: 785, 786, 795, 801, 803, 807, 824 marxismo: 52, 242, 245 mecanismos de control: 47, 49, 75, 127, 254, 262, 264, 306, 416, 417, 422, 424, 463, 467 mediación: 23, 35, 394, 430, 452, 774, 863, 878, 885-891, 898, 901, 918, 927-931, 934, 945, 965, 968, 1017, 1098, 1102 mediación policial: 927, 928 medidas alternativas: 552, 983, 991, 997, 1022, 1023, 1030 medios de comunicación: 25, 29, 42, 47, 49, 50, 189, 190, 293, 398, 402, 469, 528, 573, 619, 655, 733, 735, 819, 829, 842, 867, 911, 920, 1087, 1089, 1092, 1094, 1096 menores infractores: 23, 73, 728, 729, 935, 945, 947, 951, 953, 954, 958, 962, 963, 964, 969, 972-974, 1150, 1159 meta-análisis: 24, 390, 410, 435, 536, 644, 661-663, 705, 718, 730, 946, 949, 1025, 1031, 1042, 1058, 1060-1062, 1078, 1090 método científico: 11, 12, 50, 54, 75, 92, 94, 127, 129, 131, 172, 423, 431 miedo al delito: 29, 71, 120, 126, 153, 186-189, 227, 228, 232, 453, 511-514,

690, 914, 1163, 1172 modelo de rehabilitación riesgo-necesidades-responsividad: 1066 modelo de salud pública: 25, 360, 1067, 1075, 1108 modelos policiales: 934 mordida: 802 Mossos d’Esquadra: 199, 206, 207 motivación delictiva: 18, 81, 442, 492, 519, 559, 561, 569, 570, 1058 motivación situacional: 502, 503, 504, 517, 518 motivos de la violación: 20, 689, 711, 1181 muestra: 12, 50, 97, 129, 138-140, 142, 145, 147-157, 168, 169, 171, 172, 177, 182, 183, 185, 189, 191, 212, 215, 219, 222, 227, 289, 290, 291, 304, 311, 332, 348, 349, 351, 371, 376, 379, 421, 422, 424, 435, 437, 458, 460, 476, 477, 484, 486, 487, 497, 504, 505, 507, 521, 535, 538, 547, 550, 553555, 567, 568, 570, 575, 576, 587, 588, 598, 599, 613, 632, 645, 649, 652, 656, 664-667, 670, 684, 699, 701, 703, 706, 708, 709, 714, 719, 720-722, 730, 739, 740, 745, 747, 750, 754, 757, 772, 775, 789, 794, 823, 843, 860, 866, 874, 875, 878, 914, 931, 936-938, 944, 945, 946, 952, 961, 967, 969, 980, 1006, 1009, 1010, 1039, 1043, 1044, 1057, 1058, 1072, 1079, 1090, 1091, 1095, 1096, 1148, 1159 muestreo: 12, 129, 150-152, 178 multi-victimación: 22, 859

N neuroimagen: 337, 339, 349, 1157 neurología: 340 neuropsicología: 340 neurotransmisores: 15, 321, 340, 348, 352, 375 nicotina: 14, 321, 347, 348

O observación: 50, 54, 92, 93, 104, 108, 115, 127, 130, 136, 142, 161, 162, 165-168, 170, 177, 178, 238, 239, 241, 250, 253, 279, 359, 392, 405, 416, 417, 518, 586, 665, 717, 729, 733, 1089, 1091, 1092, 1097, 1110 observación directa: 108, 136, 162, 166, 167, 416 observación documental: 165 observación experimental: 168 observación participante: 104, 142, 170 obstetricia: 14, 321, 340, 347 Oficina de asistencia a la víctima (AVD): 885 oportunidad diferencial: 320, 437, 787, 824, 994 oportunidad/es delictiva/s: 259, 260, 465, 517, 567, 568, 570, 717 orden social: 22, 273, 277, 400, 901, 1131

P pandilla o banda: 170, 247, 268, 276-278, 287, 482, 541, 542, 714 paradigma científico: 251, 253 paradigma de la resistencia: 24, 25, 1067, 1070 paradigma del conflicto: 259 paradigmas criminológicos: 250, 251, 253, 264 parto: 14, 321, 347-349 patología social: 108, 268, 269, 1102 pena de muerte: 17, 81, 246, 247, 465, 483 penas privativas de libertad: 467, 976, 984, 987, 988, 1018, 1022, 1102 pensamiento crítico: 382 perfil del delincuente: 18, 573, 600, 606, 665 persistencia delictiva: 264, 552, 951

personalidad: 15, 54, 66, 70, 102, 105, 115, 117, 146, 242, 258, 262, 263, 293, 313, 325, 327, 328, 329, 333, 344, 350, 363, 364, 370, 371, 377, 383, 385, 387-389, 392, 393, 408, 418, 449, 526, 537, 545, 558, 600, 615, 617, 636, 640-646, 650, 653, 654, 658, 660, 661, 663-675, 679, 680, 682-688, 703, 711, 714, 738, 739, 762, 773, 775, 790, 793, 824, 834, 841-843, 10051007, 1027, 1033, 1034, 1045, 1065, 1077, 1095, 1101, 1111, 1170 perspectivas feministas: 445-447, 463 población: 12, 37, 60, 66, 105, 106, 129, 137-140, 149-154, 156, 163, 164, 171, 177, 180, 182, 184, 185, 204, 207, 208, 212, 217, 221, 224, 227, 304, 332, 335, 353, 359, 365, 377, 430, 435, 438, 439, 441, 444, 449, 468, 504, 522, 535, 563, 564, 575, 590, 592, 597, 611, 629, 639, 652, 659, 670, 680, 685, 686, 692, 693, 695, 705, 745, 761, 770, 771, 776, 780, 781, 792, 802, 809, 833, 848, 849, 857, 866, 868, 882, 898, 903, 905, 914, 919, 926, 927, 933, 943, 944, 961, 982, 983, 988-990, 992-996, 998, 1000, 1001, 1009, 1023, 1104, 1107, 1119, 1139, 1171 población penitenciaria: 180, 184, 983, 989, 990, 992, 993, 995, 998, 1000, 1001, 1023 pobreza: 87, 90, 95, 97, 106, 108, 117, 127, 202, 269, 279, 286, 293, 314, 349, 370, 379, 429, 434-438, 442, 444, 464, 490, 492, 509, 519, 545, 558, 559, 562, 564, 628, 641, 760, 773, 775, 833, 1072, 1076 policía: 12, 22, 23, 42, 45, 49, 54, 59, 67, 69, 70, 75, 132, 137, 144, 150, 163, 164, 168, 171, 173, 174, 179, 180, 181, 184, 185, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 198, 199, 202, 203, 205, 206, 209, 214, 220, 221, 229, 233, 279, 304, 336, 369, 404, 446, 451, 462, 467, 480, 482, 492, 498, 499, 501, 508, 511, 512, 552, 566, 576, 592, 601, 609, 612, 616, 622, 625-627, 636, 637, 669, 736, 738, 740, 748, 749, 753, 757, 784, 796, 802, 810, 811, 813, 817, 818, 820-822, 827, 832, 843, 846, 849, 869, 872, 873, 885, 901-906, 908934, 936, 952, 975, 978, 979, 980, 1012, 1022, 1082, 1083, 1088, 1098, 1112, 1139, 1148, 1160, 1170 policía foral de Navarra: 199, 206, 207 policía judicial: 22, 612, 901, 902, 906, 910 policía local: 904, 927, 928, 929, 931 policía nacional: 130, 184, 192, 198, 199, 203, 205-207, 211, 612, 904, 906-

908, 910, 913, 931, 933, 1085 policía profesional: 22, 901, 911, 914 policía tradicional: 22, 901, 910, 912 positivismo: 11, 36, 77, 90, 92, 97, 98, 99, 100, 101, 127, 241 positivismo en España: 11, 77, 99 postmodernismo: 462, 463, 464 predicción: 20, 72, 75, 98, 120, 123, 126, 211, 335, 337, 376, 432, 477, 478, 483, 529, 530, 547, 555, 602, 608, 634, 649, 655, 689, 730, 731, 732, 741, 973, 1075, 1110 predictores de la delincuencia: 376 prevención: 17, 18, 20, 21, 25, 28, 30, 36, 37, 40, 45, 54, 55, 67, 69, 70, 7275, 83, 84, 86, 88, 98, 101, 123, 126, 127, 143, 168, 214, 241, 248, 252, 263, 264, 279, 314, 315, 319, 320, 324, 360, 361, 371, 372, 384, 399, 418, 429, 430, 448, 449, 451, 455, 456, 458, 460, 461, 463, 465, 467-469, 475, 479, 486, 504, 507-509, 515-519, 523, 563, 565, 566, 569, 579, 605, 608, 655, 670, 688, 690, 698, 701, 727, 728, 734, 735, 741, 758, 763, 766, 775, 780-783, 790, 795, 807, 845-847, 849-853, 856-858, 860, 864, 867, 875, 890, 895, 897-899, 903, 918, 922-927, 929, 930, 932, 966, 971, 973, 977, 1007, 1011, 1012, 1016-1018, 1020-1022, 1026, 1029, 1031, 1032, 1036, 1037, 1044, 1047, 1049, 1054-1057, 1059, 1061, 1064-1069, 1072, 10741078, 1080, 1081, 1083-1086, 1096-1102, 1107, 1108, 1112, 1118, 1123, 1131, 1137, 1149, 1154, 1158, 1161, 1171 prevención de recaídas: 1032, 1036, 1037, 1044, 1047, 1054-1056, 1065, 1066 prevención especial: 86, 101, 467, 475, 479, 486, 517, 977, 1018 prevención general: 17, 73, 86, 465, 467, 468, 475, 479, 486, 517, 766, 977, 1018, 1112 prevención medio-ambiental: 25, 469, 1067, 1080, 1108 prevención primaria: 456, 566, 728, 1068, 1069, 1074-1077, 1108 prevención secundaria: 319, 566, 728, 1068 prevención terciaria: 728, 1068

principio de placer: 251, 260, 295, 400, 505 principio de utilidad: 86, 516 prisión: 24, 59, 66, 70, 82, 87, 131, 145, 149, 155, 184, 374, 419, 423, 424, 430, 433, 468, 475-479, 482, 484, 516, 533, 538, 576, 577, 586, 694, 714, 730, 732, 755, 763, 781, 790, 799, 803, 834, 882, 883, 890, 903, 957, 972, 975, 977, 978, 982-985, 987-989, 991-994, 996-1008, 1010-1013, 1015, 1017-1023, 1026, 1028, 1030, 1032, 1043, 1068, 1102, 1111, 1113, 1118, 1119, 1125, 1130, 1131, 1147, 1150, 1154, 1172 prisionización: 24, 975, 1001, 1004-1007, 1022 privación de estatus: 276 programas de tratamiento: 24, 264, 408, 461, 538, 654, 666, 687, 765, 781, 993, 1019, 1020, 1025, 1028, 1029, 1031, 1034, 1036-1038, 1040, 1056, 1059, 1060, 1061, 1064, 1065 programas familiares: 1036 psicobiología: 643 psicofisiología: 325, 340, 344 psicología del delincuente: 601, 606 psicología evolucionista: 15, 322, 355, 356, 360 psicópata: 19, 340, 389, 607, 623, 640, 641, 643, 644, 646-648, 650, 651, 654, 673, 679, 687 psicopatía: 18, 19, 322, 325, 330, 338-340, 386, 562, 607, 617, 626, 639, 640-646, 648-656, 658, 662-664, 673-679, 685-688, 834, 1146, 1157

R rasgos físicos: 321 razonamiento abstracto: 382 razonamiento moral: 379, 383, 527, 646, 965 reacción social: 34, 47, 48, 49, 50, 58, 259, 423 realismo crítico: 16, 415, 448, 450, 463, 464

receptación: 18, 573, 589 recompensa: 171, 311, 389, 411, 472, 931 reforzamiento diferencial: 143, 401, 404 reforzamiento social: 405 reincidencia: 54, 72, 91, 98, 119, 126, 155, 156, 328, 372, 376, 408, 414, 420, 422, 424, 438, 461, 467, 475, 476, 477, 478, 479, 516, 536, 555, 608, 676, 718, 726, 730-734, 748, 765, 890, 924, 944-948, 950, 951, 965, 973975, 977, 996, 1002, 1005-1011, 1018-1020, 1022, 1023, 1028, 1033, 1034, 1042-1044, 1048, 1055-1058, 1060-1063, 1065, 1066, 1131, 1139, 1146, 1156, 1158, 1159, 1165, 1169, 1171 reincidencia de los jóvenes: 951 retribución: 39, 878, 987, 995 robo con fuerza: 18, 59, 168, 173, 543, 573, 576, 580, 588, 596, 811, 913 robo con violencia: 60, 80, 192, 217, 225, 442, 507, 543, 576, 592, 593, 596, 601, 604, 611, 655, 818 robo de conflictos: 22, 859 robo en casa: 18, 229, 573, 591, 869, 871, 898

S seguridad ciudadana: 22, 71, 156, 190, 214, 218, 221, 432, 449, 609, 901, 902, 906, 910, 916, 919, 932, 1110, 1124, 1149 sistema endocrino: 374 sistema judicial: 22, 247, 823, 859, 876, 885, 928, 976, 981, 1014 sistema nervioso: 325, 337, 338, 339, 345-347, 348, 350, 360, 374, 375, 383, 386, 387 sistema penitenciario: 24, 82, 975, 976, 983, 986, 988, 994, 1013, 1018, 1021, 1030, 1031, 1040, 1158 socialización sexual: 715, 728, 733, 1049 sociobiología: 322, 354, 355, 360

somatotipos: 328 subculturas: 54, 242, 257, 275-279, 281, 293, 319, 320, 417, 426, 436, 527, 563, 788, 824 sustitutivos penales: 983

T tamaño muestral: 154, 155, 156 tasa de encarcelados: 991 técnicas de neutralización: 132, 295, 296, 409, 790, 792, 794, 807 temperamento: 334, 346, 388, 547, 1170 tensión: 13, 246, 257, 262, 264, 267-270, 272, 274-278, 280-291, 307, 319, 320, 352, 354, 370, 375, 417, 549, 550, 562, 682, 738, 739, 851, 1045, 1051, 1052, 1057 teoría básica: 101, 102 teoría científica: 51, 238, 239, 240, 241, 264, 431-433 teoría de la asociación diferencial: 15, 111, 128, 258, 363, 392, 395, 396, 398, 401, 414, 447, 785, 787 teoría de la búsqueda de estimulación: 346 teoría de la contención: 292, 293 teoría de la neutralización y la deriva: 292 teoría de la personalidad delictiva: 15, 363, 383 teoría del apoyo social: 415, 454-456, 463, 464 teoría del aprendizaje social: 15, 120, 143, 246, 259, 262, 289, 302, 309, 363, 400-402, 406-408, 502, 739, 740, 743, 774, 1025, 1032, 1064 teoría de las actividades cotidianas: 246, 489-491, 500, 502, 518, 744, 871 teoría de las ventanas rotas: 172, 466, 510, 512, 518, 1086 teoría del autocontrol: 292, 310, 311, 312, 313, 1164 teoría de la vergüenza reintegradora: 424-426 teoría del control social informal según edades: 292, 320, 598

teoría del delito como elección: 259, 469, 472, 474 teoría del intercambio social: 742 teoría de los vínculos sociales: 240, 241, 246, 297, 302, 311, 313, 425 teoría del patrón delictivo: 466, 505, 507, 508, 517 teoría general de la tensión: 246, 262, 280-282, 284, 285, 287, 289-291, 320, 1045 teoría general de sistemas: 20, 735, 741 teoría integradora del potencial antisocial cognitivo: 260, 544 teorías criminológicas: 28, 72, 237, 238, 240-246, 248, 254, 255, 261-265, 292, 297, 309, 315, 320, 354, 412, 445, 449, 463, 544, 561, 563, 787 teorías de las etapas vitales: 263 teorías del control social: 280, 281, 290, 291, 425 teorías feministas: 415, 446 teorías multifactoriales: 262 terapia psicológica: 1040 terrorismo: 21, 37, 38, 42, 45, 133, 192, 483, 573, 616, 618, 750, 812, 824, 827-836, 838-840, 843-847, 849-851, 853-858, 861, 863, 882, 883, 887, 897, 954, 955, 1105, 1106, 1107 testosterona: 353, 374-376, 723, 1151 tipologías: 72, 126, 147, 195, 202, 206, 220, 249, 328, 515, 534, 570, 711, 722, 733, 734, 772, 780, 850, 858, 1010, 1019, 1023, 1028, 1049, 1066, 1111 tipologías de violadores: 711, 734 toxinas: 15, 321, 340, 352, 353 trabajos en beneficio de la comunidad: 184, 882, 984, 985, 1017, 1170 trastorno antisocial de la personalidad: 641, 644-646, 653, 663-669, 671, 673, 679, 680, 686 tratamiento: 24, 37, 38, 45, 73, 97, 98, 118-120, 142, 143, 162, 168, 170, 248, 264, 384, 408, 454, 461, 468, 488, 523, 538, 566, 585, 599, 607, 608,

654, 656, 664-666, 679, 686, 687, 690, 729, 730, 737, 750, 765-767, 773, 781, 832, 860, 879, 882, 884, 890, 949, 951, 959, 965, 971, 973, 988, 993, 994, 1017, 1019, 1020, 1022, 1023, 1025-1041, 1044-1050, 1052-1066, 1068, 1085, 1117, 1118, 1125, 1131, 1137, 1146, 1148, 1150, 1151, 1154, 1156, 1158, 1159, 1161 tratamiento cognitivo-conductual: 1061, 1117, 1148 tratamiento de los agresores sexuales: 24, 1025, 1036, 1047, 1049, 1158 triángulo de la delincuencia y del control: 493 triángulo del fraude: 791

U utilidad esperada: 471, 516, 549, 550, 552

V variación estacional de los delitos: 212 versatilidad delictiva: 20, 635, 689, 725 víctima: 22, 65-68, 162, 185-187, 194, 199, 205, 220, 232, 295, 296, 336, 356, 382, 430, 437, 462, 473, 487, 492, 493, 500, 502, 575, 588, 594, 601, 604, 608, 609, 612-616, 625, 626, 646, 660, 681, 682, 691, 698-700, 702, 703, 708, 709, 711-714, 719, 720, 722, 724, 729, 734, 736, 743-746, 752, 756, 757, 759, 760, 770, 786, 789, 792, 798, 799, 823, 829, 836, 859-864, 866-870, 873, 874, 876-890, 892, 893, 896, 898, 904, 908, 916, 934, 959, 960, 962, 968, 1035, 1053, 1054, 1057, 1068, 1069, 1089, 1102, 1111, 1116, 1133, 1134, 1137, 1151, 1156, 1160 víctimas de abuso sexual: 701, 711 víctimas de violación: 1054, 1058 victimización: 12, 16, 29, 67, 71, 120, 132, 145, 151, 155, 156, 166, 168, 179, 185-188, 190, 213-223, 225, 227, 228, 230, 232, 233, 282, 283, 319, 369-371, 415, 437, 445, 463, 492, 501, 502, 513, 514, 535, 557, 692, 695, 697, 699, 701, 711, 716, 744, 747, 860, 862, 864-868, 870-875, 879, 885887, 892, 893, 895-898, 1053, 1109, 1111, 1124, 1130, 1138, 1151, 1168

victimología: 22, 67, 68, 75, 120, 737, 780, 859, 861, 863, 864, 867, 892, 898, 910, 1113, 1125, 1137, 1139, 1153, 1168 vínculos sociales: 14, 240, 241, 246, 262, 267, 269, 289, 292, 297, 302, 311, 313, 425, 519, 530, 538, 563, 599, 1035 violación: 20, 47, 60, 62, 108, 201, 205, 218, 244, 283, 356, 398, 424, 462, 482, 504, 626, 646, 674, 689, 690, 695, 698, 701, 703, 708, 709, 711-714, 720, 722, 723, 733, 746, 747, 768, 779, 860, 881, 887, 1054, 1058, 1156 violencia comunitaria: 20, 735, 742, 743 violencia en las prisiones: 993 violencia familiar: 20, 735-737, 740-742, 744, 745, 750, 767, 773, 778, 781, 891, 965, 1029, 1103, 1132 violencia hacia la mujer: 20, 742, 763

Z zonas de oportunidad: 584

Notas biográficas de los autores SANTIAGO REDONDO ILLESCAS es Profesor titular de Criminología y Psicología de la Universidad de Barcelona. También ha sido profesor invitado en diversas universidades españolas y de otros países para impartir cursos y conferencias sobre temáticas como la criminalidad en las sociedades actuales, la delincuencia juvenil, el tratamiento y la rehabilitación de los agresores y delincuentes, las explicaciones científicas del delito, las agresiones sexuales y el maltrato de pareja. Ha sido consultor en materia de política criminal en varios países de Latinoamérica, por invitación de organismos internacionales como el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el Banco Interamericano de Desarrollo, y el Banco Mundial. Es autor de una teoría integradora sobre la delincuencia denominada Modelo del Triple Riesgo Delictivo (TRD). Ha publicado numerosos artículos científicos, capítulos de libros y libros. Sus libros más recientes son, además de su coautoría de las tres previas ediciones de Principios de Criminología (Valencia, 1999, 2001 y 2006), Manual para el tratamiento psicológico de los delincuentes (Madrid, 2008), In-tolerancia cero: un mundo con menos normas, controles y sanciones también sería posible (Barcelona, 2009), y ¿Por qué víctima es femenino y agresor masculino? La violencia de pareja y las agresiones sexuales, en coatoría con el profesor Enrique Echeburúa (Madrid, 2010). VICENTE GARRIDO GENOVÉS es Profesor titular de la Universidad de Valencia, donde imparte Criminología y Pedagogía. Ha escrito numerosos libros de Criminología, Pedagogía aplicada a la delincuencia y Psicología Forense, entre ellos (además de los realizados en colaboración con Santiago Redondo) El psicópata (Valencia, 2000), Cara a cara con el psicópata (Barcelona, 2004), Los hijos tiranos: El síndrome del emperador (Barcelona, 2006), ¿Qué es la Psicología Criminológica? (Madrid, 2006), Perfiles Criminales (Barcelona, 2012) y El secreto de Bretón (Barcelona, 2013, con Patricia López). Posee la Cruz de San Raimundo de Peñafort otorgada por el Ministerio de Justicia. Actualmente combina la investigación con la literatura de género negro, introduciendo elementos característicos de la Criminología

Forense; ha publicado dos novelas de gran éxito junto con Nieves Abarca: Crímenes Exquisitos y Martyrium (Barcelona, 2012 y 2013)