PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTARIO DEFINICIONES: El Juicio Contencioso Tributario es el que se inicia cuando un contribuyente ha sido lesionado en sus derechos por la administración Tributaria, acudiendo el contribuyente a un órgano jurisdiccional especializado para que resuelva el litigio que se ha planteado con la impugnación de la resolución. Es aquel procedimiento judicial al cual un contribuyente puede acudir cuando una resolución de la administración tributaria le afecta en sus intereses. Se presenta ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, quien conocerá en única instancia. CARACTERÍSTICAS: - ESPECIALIZACIÓN: Los Magistrados que integren las salas de lo contenciosos administrativo, deben poseer especialización en materia tributaria. - OFICIOSIDAD: Este procedimiento debe ser impulsado de oficio. - NO PROCEDE LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA. - PARA IMPUGNAR RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA TRIBUTARIA NO SE EXIGIRÁ AL CONTRIBUYENTE, PREVIO PAGO O GARANTÍA. Artículo 166 [1] del Código Tributario. - SE FORMALIZARÁ POR ESCRITO: El plazo para interponerlo es de tres meses contados a partir del primer día hábil siguiente a la fecha en que se hizo la última notificación de la resolución que concluyó el recurso de revocatoria o de reposición ante el Ministerio de Finanzas Públicas (artículo 23 [2] de la ley de lo Contencioso administrativo).
PARA PLANTEARLO SE REQUIERE: - Que se haya agotado la vía administrativa. - Que la resolución cause estado, que no sea susceptible de impugnarse en la vía administrativa por haberse agotado los recursos administrativos. - Que la administración actué en base a sus facultades regladas.
DEMANDA: La demanda Contenciosa Administrativa Tributaria, es el medio a través del cual la persona que ha sido, o siente que ha sido perjudicada por un acto de la administración tributaria, que ya no puede ser impugnado por medio de recurso alguno, por haber sido agotada la vía administrativa, y que conforme al último párrafo del Artículo 19 de la Ley de lo Contencioso Administrativo, no haya podido remediarse por medio de los recursos puramente administrativos, requiere del juzgador que revoque la resolución controvertida. La demanda se presentará en el plazo de tres meses contados a partir del primer día hábil siguiente a la fecha en que se hizo la última notificación de la resolución que concluyó el recurso de revocatoria o de reposición ante el Ministerio de Finanzas Públicas y deberá cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 61 del Código Procesal Civil y Mercantil y 28 de la ley de lo Contencioso Administrativo. La demanda Contencioso Tributaria de conformidad con el artículo 30 de la Ley de lo Contencioso-Administrativo, podrá presentarse directamente a la Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo a la cual vaya dirigido, o a un Juzgado de Primera Instancia departamental, quien lo trasladará al tribunal que deba conocer de él.
Dicha demanda deberá contener los siguientes requisitos que se encuentran establecidos en el artículo 28 [8] de la Ley de lo Contencioso Administrativo: I. Designación de la Sala de Tribunal de lo Contenciosos Administrativo al cual se dirige. II. Nombre del demandante o su representante, indicación del lugar donde recibirá notificaciones y nombre del abogado bajo cuya dirección y procuración actúa; III. Si se actúa en representación de otra persona, la designación de ésta y la identificación del título de representación, el cual acompañará en original o en fotocopia legalizada; IV. Indicación precisa del órgano administrativo, a quien se demanda y el lugar en donde puede ser notificado; V. Identificación del expediente administrativo, de la resolución que se controvierte, de la última notificación al actor, de las personas que aparezcan con interés en el expediente y del lugar en donde éstas pueden ser notificadas, todo ello cuando fuere el caso; VI. Indicación precisa del órgano administrativo a quien se demanda y el lugar en donde puede ser notificado; VII. El ofrecimiento de los medios de prueba que rendirá; VIII. Las peticiones de trámite y de fondo; IX. Lugar y fecha; X. Firma del demandante. Si éste no sabe o no puede firmar, lo hará a su ruego otra persona, cuyo nombre se indicará, o el abogado que lo auxilie; y XI. Firma y sello del abogado director o abogados directores. El actor acompañará los documentos en que funde su derecho, siempre que estén en su poder; en caso contrario, indicará el lugar donde se encuentren o persona que los tenga en su poder, para que el tribunal los requiera en la resolución que le dé trámite a la demanda.
EMPLAZAMIENTO: El emplazamiento o vocatio, es el elemento o poder de la jurisdicción por medio del cual se faculta al órgano jurisdiccional citar a las partes a juicio o también, se puede decir que es el llamamiento que hace el tribunal a las partes para que acudan ante su presencia a dirimir una controversia o bien, para que dentro de los primeros cinco días interpongan las excepciones previas que consideren pertinentes. Este llamamiento lo realiza el Tribunal a través de la resolución que admite para su trámite la demanda, la cual tiene el carácter de auto, con este acto se traba la litis en el proceso. El Tribunal recibida la demanda, si llena los requisitos establecidos en la ley, solicita mediante oficio a la Superintendencia de Administración Tributaria el expediente administrativo, bajo apercibimiento que en caso de incumplimiento se certifique lo conducente al funcionario responsable por el delito de desobediencia y que, a la misma se le dará trámite con lo dicho por el demandante. Sin embargo, la institución administrativa podrá presentar el expediente administrativo en cualquier estado del proceso. Recibido o no el expediente, el tribunal dicta la resolución por la cual admite para su Trámite la demanda y les corre audiencia por el plazo de quince días comunes a la Superintendencia de Administración Tributaria, Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de Cuentas cuando se trate de asuntos relacionados con la Hacienda Pública, o a terceros interesados en el asunto, de acuerdo con lo regulado en el Artículo 553 del Código Procesal Civil y Mercantil deberán de hacerse las notificaciones respectivas, hasta este momento es cuando se traba la litis y las partes están debidamente legitimadas para intervenir en el proceso, podrán contestar la demanda y manifestar su oposición a la pretensión. Quienes sean legitimados a través de la notificación podrán interponer las excepciones previas dentro del plazo de cinco días, esto según el Artículo 36 de la Ley de lo Contencioso Administrativo, éstos interrumpen el curso normal del proceso y se tramitan en la vía incidental, su fundamento lo encontramos en los Artículos 135, 136, 137, 138, 139, 140 y 141 de la Ley del Organismo Judicial. Resuelta la excepción previa, el sujeto procesal que la interpuso tiene cinco días para contestar la demanda según lo dispuesto por el artículo
36 de la Ley de lo Contencioso Administrativo y plantear las excepciones perentorias que crean convenientes, las cuales serán resueltas en sentencia.
CONTESTACION DE LA DEMANDA Es la actitud tomada por el demandado dentro del plazo de quince días que establece el Artículo 38 de la Ley de lo Contencioso Administrativo, compareciendo al proceso manifestando su total oposición a las pretensiones del demandante y, propone probar en el juicio los hechos en que funda su negativa, estimando que no son ciertos los argumentos o derechos manifestados por el demandante y podrá interponer las excepciones perentorias que considere necesarias para atacar el fondo de la pretensión y plantear la reconvención. O en el caso que se presenten Excepciones Previas, estas se tramitarán en la vía incidental y al ser resueltas, sin son declaradas con lugar, depuran el proceso, pero si por el contrario son resueltas sin lugar, la demanda deberá ser contestada dentro del plazo de cinco días, contados después de la última notificación y deberá de contener los mismos requisitos de la demanda. Se da el caso de que la excepción previa es declarada sin lugar y la parte que resulta agraviada interpone el recurso de reposición, este supuesto no tienen una regulación legal especifica en cuanto al tiempo en que tiene el interponerte del medio de impugnación, para contestar la demanda, es en este momento cuando se da la interpretación analógica, en el entendido de que se toma el tiempo que tiene el interponerte en las excepciones previas que es de cinco días. Luego de trascurrido el tiempo para contestar la demanda cualquiera de las partes que se haya apersonado al proceso podrá solicitar la apertura a prueba. El Tribunal en este momento calificará si la pretensión es punto de derecho para omitir la apertura a prueba y señalar día y hora para la vista, en esta etapa procesal encontramos uno de los principios fundamentales del derecho Administrativo Tributario denominado de Impulso Procesal de Oficio. APERTURA A PRUEBA: En el Proceso Contencioso Administrativo Tributario, el término de prueba es de treinta días, y está el supuesto que si antes de vencerse el término de prueba las partes ha aportados todas las pruebas ofrecidas en la demanda o contestación según sea el caso, el mismo puede darse por vencido. Solamente, y de conformidad con la ley pueden recibirse las pruebas ofrecidas en la demanda o en su contestación. A las partes le corresponde la carga de la prueba. Tanto el Código Tributario como la Ley de lo Contencioso Administrativo, no enumera medios de prueba específicos, por lo cual el acude a lo dispuesto en el Código Procesal Civil y Mercantil. Es la etapa procesal en donde los sujetos procesales tienen la oportunidad de introducir los medios de prueba ofrecidos, para probar los hechos expuestos en la demanda o desvirtuar la pretensión del actor de la misma, mismos que al no ser ofrecidos en su oportunidad serán lógicamente rechazados por el Tribunal Contencioso Administrativo. El tribunal puede prescindir de esta etapa cuando las cuestiones que se discuten sean de puro derecho o cuando a su juicio no sea necesaria la recepción de medios de prueba por existir suficientes elementos de convicción en el expediente administrativo esto según lo estipulado en el Artículo 41 y 42 de la Ley de lo Contencioso Administrativo, indica que puede declararse el vencimiento anticipado del período de prueba cuando se hubieren recibido todos los medios de prueba ofrecidos. VISTA Y AUTO PARA MEJOR FALLAR Al concluir el período probatorio, se hace constar de oficio y en autos, se detalla la prueba producida por las partes, y se señala día y hora para la vista. La vista, es una audiencia señalada por el Tribunal dentro de los quince días después de vencido el período probatorio por medio de la cual se le pone a la vista los autos a las partes que intervinieron en el proceso para que estas hagan sus alegatos definitivos, para lo cual se señala día y hora especifico por el órgano jurisdiccional competente. Esta etapa procesal la encontramos regulada en el Artículo 43 de la Ley de lo Contencioso Administrativo el cual estipula que: “Vencido el período de prueba, se señalará día y hora para la vista”. Artículo que no señala plazo específico para que el órgano jurisdiccional competente señale la audiencia para que las partes presenten sus alegatos, circunstancia por la cual con fundamento en el Artículo 26 de dicha ley, norma legal que permite la integración del Artículo 142 de la Ley del Organismo udicial, el cual establece que: “ Plazo para resolver. Las providencias o decretos deben
dictarse a más tardar al día siguiente de que se reciban las solicitudes; los autos dentro de tres días; las sentencias dentro de los quince días después de la vista, y ésta se verificará dentro de los quince días después de que se termine la tramitación del asunto, salvo que en leyes especiales se establezcan plazos diferentes, en cuyo caso se estará a lo dicho en esas leyes.” Trascurrido el día y hora para la vista si el Tribunal lo considere necesario podrá emitir Auto para Mejor Fallar, dentro del término de diez días por una sola vez, mismo que es facultativo y se puede llevar a cabo ya sea a petición de parte o de oficio por parte del Tribunal si éste lo considera necesario, en este acto procesal dentro del Proceso Administrativo Tributaria se ha practicado en diversos casos la exhibición de libros de contabilidad y de comercio, regulado en los Artículos 100 y 189 del Código Procesal Civil y Mercantil, prueba que ha tenido buenos resultados a favor del contribuyente ya que con la misma se ha desvirtuado lo manifestado por el auditor fiscal y por consiguiente se le han dado elementos de convicción al juzgador para sustentar el criterio al momento de valorar la prueba aportada en el proceso.
SENTENCIA: La sentencia, es el acto procesal por excelencia de los que están atribuidos al órgano jurisdiccional, mediante la cual se le pone fin al proceso. Mario, Aguirre Godoy cita a Jaime Guasp, quien dice que sentencia es: “ aquel acto del órgano jurisdiccional en que éste emite su juicio sobre la conformidad o inconformidad de la pretensión de la parte con el derecho objetivo y, en consecuencia, actúa o se niega a actuar dicha pretensión, satisfaciéndola en todo caso”. Finalmente podemos decir que sentencia es la forma por excelencia de ponerle fin al proceso. EJECUCIÓN Es la fase del proceso que la encontramos regulada en el Artículo 47 de la Ley de lo Contencioso Administrativo, el cual indica que firme la resolución que puso fin al proceso, se devolverá el expediente al órgano administrativo con certificación de lo resuelto, a este acto procesal en la práctica se le denomina ejecutoria. En el entendido de que la resolución se encuentra firme, cuando la sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo haya sido notificada y que hubiere trascurrido el plazo de quince días hábiles que regula el Artículo 626 del Código Procesal Civil y Mercantil, sin que la misma no haya sido impugnada por los recursos legales establecidos, encontrándose por consiguiente, firme. O el supuesto que la misma haya sido impugnada mediante el recurso de casación y el mismo, al ser resuelto, fuere declarado sin lugar, y no interponen los recursos de aclaración y ampliación los sujetos procesales que en él intervienen. Posteriormente la Honorable Corte Suprema de Justicia envía los antecedentes al Tribunal de origen, con certificación de lo resuelto quedando firme si dentro del plazo de treinta días, la parte que resulte afectada por lo resuelto no interpone una acción de amparo. El Artículo 48 de la Ley de lo Contencioso Administrativo establece el cumplimiento de la sentencia en el Proceso Contencioso Administrativo, el cual indica: “La sentencia señalará un plazo prudencial al órgano administrativo que corresponda, para que ejecute lo resuelto. La sentencia es ejecutable en la vía de apremio ante los tribunales competentes del ramo civil o ante la competencia económica coactiva, según sea el caso”. La ejecución de la sentencia en el Proceso Contencioso Administrativo Tributario, es muy compleja, por la característica del juicio ejecutivo en la vía de apremio, cuando es el particular por medio del cual debe ejecutarse la sentencia en éste proceso, porque una de las primeras medidas a tomar en ésta clase de juicio para garantizar el cumplimiento de la obligación, es el embargo de bienes y, contra el Estado.
ESQUEMA DEL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Tres meses para interponerlo: si fuera el caso se dará un plazo para subsanar faltas, si fueran insubsanables se rechazará. (Arts. 23,31)
5 días para solicitar los antecedentes al órgano administrativo, si no cumple se le procesará por desobediencia, además se entrará a conocer el recurso, teniendo como base el dicho del actor. (art. 32)
10 días para que el órgano administrativo envíe los antecedentes, si no los envía se da trámite a la demanda, sin perjuicio de que la administración puede presentar el expediente en cualquier etapa del proceso. (Art. 32)
Tres días para dictar la resolución de trámite
15 días de emplazamiento a: órgano administrativo, PGN, interesados y Contraloría General de Cuentas si fueren casos de hacienda pública. (Art. 35)
Dentro del 5º. Día del emplazamiento, se pueden plantear excepciones previas, si se declaran sin lugar, 5 días para contestar la demanda. (Art. 36)
30 días para abrir a prueba el proceso
15 días de vista
10 días auto para mejor fallar (Art. 44)
15 días para dictar la sentencia. (Art. 45)
HONORABLES MAGISTRADOS DE LA SALA SEGUNDA DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO: CESAR LUIS DE LA VEGA FERNANDEZ, de cincuenta años de edad, casado, guatemalteco, comerciante, con domicilio en el departamento de Santa Rosa, respetuosamente ante ustedes comparezco y,
EXPONGO: I). DE LA ASISTENCIA TECNICA: Actúo bajo la dirección y Procuración de la Abogada Ana Paola Peralta Ortega de Echeverria. II). DEL LUGAR PARA NOTIFICAR: Señalo como lugar para recibir notificaciones la oficina profesional de mi abogada ubicada tercera calle casa ciento sesenta y seis, Residencias San Angel IV, zona dos, de esta ciudad capital. III).DEL OBJETO:
Comparezco con el objeto de interponer DEMANDA
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA en contra de la SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, la cual puede ser notificada en las oficinas centrales situadas en la séptima avenida tres guión setenta y tres de la zona nueve, de esta ciudad capital. Asimismo, por mandato legal, es procedente notificar como parte del presente proceso a la Procuraduría General de la Nación en sus oficinas centrales ubicadas en la quince avenida nueve guión sesenta y nueve de la zona trece de esta ciudad capital. IV). DEL ACTO ADMINISTRATIVO QUE SE IMPUGNA: Recurro en contra de la resolución del Directorio de la Superintendencia de Administración Tributaria número setecientos setenta y cinco guión dos mil tres ( 775-2003), dictada el cuatro de septiembre del año dos mil tres, dentro del expediente administrativo identificado con el número SAT: dos mil dos guión cero veinticuatro guión cero cinco guión cero cero cero cero catorce (SAT: 2002-024-05-000014), la cual fue notificada el diecisiete de diciembre de dos mil tres.
RELACION DE HECHOS: 1. Por este manifiesto mi inconformidad en contra de la resolución del Directorio de la Superintendencia de Administración Tributaria numero setecientos setenta y cinco guion dos mil tres (775-2003), dictada el cuatro de septiembre del año dos mil tres, por medio de la cual resuelve: “I) DECLARA PARCIALMENTE SIN LUGAR el RECURSO DE REVOCATORIA interpuesto por CESAR LUIS DE LA VEGA FERNANDEZ, en contra de la resolución SCRS-0224-2003, de fecha 25 de abril de 2003, emitida por la Superintendencia de Administración Tributaria; en consecuencia, II) CONFIRMA PARCIALMENTE la resolución recurrida, en cuanto a los ajustes al IMPUESTO AL VALOR AGREGDO, siguientes: 1) Al crédito fiscal, por Q.9,657.68; periodos de agosto y octubre de 2000 y de enero a mayo de 2001; 2) Crédito fiscal,
por Q 21,090.94, los periodos de noviembre y diciembre de 2000; los cuales generan impuesto a cobrar de Q 31,357.88 y multa de Q31,357.88, equivalente al 100% del impuesto omitido. 3) (sic) Multa por infracción a deberes formales, de Q 1,000.00. Debiéndose cobrar también los intereses resarcitorios correspondientes…” De tal manera que recurro la resolución emitida por la Superintendencia de Administración Tributaria en cuanto a los puntos expresamente transcurridos con anterioridad. 2. Quiero indicarles Respetables Magistrados que en ejercicio de mi actividad mercantil al ser propietario de la empresa mercantil denominada “Gasolinera Texaco Barberena”, propiedad que acredito con la fotocopia legalizada de la respectiva patente de comercio que adjunto al presente memorial, la Superintendencia de Administración Tributaria emitió en mi contra la resolución anteriormente identificada por este acto recurro. De tal manera que para principiar deseo referirme al ajuste confirmando mediante la resolución que impugno concerniente al crédito fiscal del Impuesto al Valor Agregado por la cantidad de nueve mil … Combustible a granel del proveedor “Texaco Guatemala Inc.!; violando con tal Disposion el artículo 11 numeral 3 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado (Decreto 26-92 del Congreso de la Republica) y los artículos 14 15 del Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado (Acuerdo Gubernativo 311-97), vigentes en los periodos auditados. En efecto, el articulo 11 numeral 3 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado dispone que: “La base imponible de las ventas será el precio de la oper ación menos los descuentos concedidos de acuerdo con prácticas comerciales. Debe adicionarse a dicho precio, aun cuando se facturen o contabilicen en forma separadas los siguientes rubros:… 3. Cualquier otra suma cargada por los contribuyentes a sus adquirentes que figure en las facturas.” (El subrayado no aparece en el texto original). Como puede establecerse, la norma legal antes dicha establece que a la base imponible de las ventas debe adicionarse cualquier otra suma cargada por los contribuyentes a sus adquirentes que figure en las facturas, por tal razón, si en el presente caso, en las facturas auditadas y ajustadas por la Administración Tributaria, aparece una suma cargada a mi persona correspondiente a un impuesto de combustible, dicha suma debe tomarse en cuneta como parte de la base imponible para el cálculo del Impuesto al Valor Agregado. Además, el artículo 14 del Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado complementa el artículo 11 numeral 3) de la Ley indicada y reafirma que la suma a mi cargada forma parte de la base imponible para el cálculo del Impuesto al Valor Agregado a mi favor, al establecer: “Forman parte de la base imponible en las ventas y en los servicios los siguientes rubros que se hubieren devengado en el periodo impositivo:…6. Cualquier otra suma cargada por los contribuyentes a sus adquirentes que figuren en las facturas o tiquetes”. Por si fuera poco, el artículo 15 del Reglamento indicado, vigente en los periodos auditados, aclara los dos artículos citados con anterioridad al preceptuar: “Forma parte d e la base imponible del IVA, el monto de otros impuestos incluidos o cargados en el precio de venta de los bienes o de los servicios prestados.” Como puede notarse, dicho artículo
es más específico y habla de impuestos incluidos o cargados en el precio de venta. Por
todo
lo
anteriormente
manifestado
los
ajustes
relacionados
resultan
improcedentes, y en consecuencia, también el pago los correspondientes impuestos, multas e intereses resarcitorios. Por último, quiero referirme a la multa de mil quetzales que según la Administración Tributaria me impone por infracción a deberes formales. Al respecto, dicha multa es improcedente, por cuanto los libros respectivos se se han llevado de acuerdo a lo que estipula la ley, específicamente el artículo 37 de la Ley del Impuesto al valor Agregado.
FUNDAMENTO DE DERECHO: Consagra al Constitución de la Republica en el artículo 2: “Deberes del Estado. Es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la Republica…la seguridad…” Asimismo, establece la Constitución Policita de la República de Guatemala en el artículo 221: “Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Su función es de contralor de la juridicidad de la administración pública y tiene atribuciones para conocer en caso de contienda por actos o resoluciones de la administración y de las entidades descentralizadas y autónomas del Estado, así como en los casos de controversias derivadas de contratos y concesiones administrativas. Para ocurrir a este Tribunal, no será necesario ningún pago o caución previa…”. El artículo 239 de la Constitución de la Republica determina: “Principio de legalidad. Corresponde con exclusividad al Congreso de la Republica, decretar impuestos ordinarios y extraordinarios, arbitrios y contribuciones especiales, conforme a las necesidades del Estado y de acuerdo a la equidad y justicia tributaria…”. Por último el artículo 243 de la Constitución preceptúa: “El sistema tributario debe ser justo y equitativo. Para el efecto las leyes tributarias serán estructuradas conforme al principio de capacidad de pago…”. En ese orden de ideas, interpongo la presente demanda contenciosa administrativa, con al cual inicio el proceso correspondiente para controlar la juricidad de la actuación de la administración pública, en este caso, de la administración tributaria, pues como ya lo he expresado detalladamente en el apartado de la relación de hechos, mediante la resolución recurrida se violan en mi perjuicio por parte de la Superintendencia de Administración Tributaria, mi derechos constitucionales de equidad y justicia y de capacidad de pago.
MEDIOS DE PRUEBA: 1. DOCUMENTOS: 1.1 Fotocopia de las facturas números doscientos ochenta y nueve, doscientos noventa y tres, doscientos noventa y siete, doscientos noventa y nueve, trescientos tres y trescientos seis y de los cheques números setecientos setenta y tres mil quinientos setenta, setecientos noventa y tres mil doscientos noventa y cuatro, setecientos setenta y tres mil cuatrocientos ochenta, setecientos setenta y tres mil cuatrocientos noventa y tres, setecientos setenta y tres mil quinientos veintidós y doscientos cuarenta y tres mil setecientos ochenta y uno, todos correspondientes la cuenta numero treinta guion cero cero cero cero doscientos veintitrés guion cinco del Banco
del Agro, Sociedad Anonimia, girados a favor del proveedor Mario Alberto Ruano Carranza, documentos se adjuntaron en el memorial de evacuación de audiencia de fecha veinte de agosto del año dos mil dos ante la Superintendencia de Administración Tributaria y en el memorial que se presentó ante la misma entidad durante el periodo de prueba de fecha nueve de octubre de dos mil dos, dentro del expediente administrativo identificado con el numero SAT: dos mil dos guion cero veinticuatro guion cero cinco guion cero cero cero cero catorce (SAT:2002-024-05-000014), el cual obra en poder de la Superintendencia de Administración Tributaria. 1.2 Fotocopia de las facturas que se acompañaron en el memorial de evacuación de audiencia de fecha veinte de agosto del año dos mil dos, presentado ante la Superintendencia de Administración Tributaria, las cuales aparecen debidamente detalladas en el cuadro numero dos acompañado a dicho del memorial de evacuación de audiencia dentro del expediente administrativo identificado con el numero SAT: dos mil dos guion cero veinticuatro guion cero cinco guion cero cero cero cero catorce (SAT:2002-024-05-000014), el cual obra en poder de la Superintendencia de Administración Tributaria. 1.3 Resolución de la Superintendencia de Administración Tributaria numero setecientos setenta y cinco guion dos mil tres (775-2003) dictada el cuatro de septiembre del año dos mil tres, dentro del expediente administrativo identificado con el numero SAT: dos mil dos guion cero veinticuatro guion cero cinco guion cero cero cero cero catorce (SAT: 2002-024-05-000014), el cual obra en poder de la Superintendencia de Administración Tributaria. 1.4 Expediente administrativo identificado con el numero SAT: dos mil dos guion cero veinticuatro guion cero cinco guion cero cero cero cero catorce (SAT:2002-024-05000014), el cual obra en poder de la Superintendencia de Administración Tributaria y que contiene los antecedentes relacionados al presente caso, expediente que por tal razón deberá ser requerido a esa institución. 1. Reconocimiento judicial quien en su oportunidad procesal propondré. 2. Dictamen de expertos que en su oportunidad propondré. 3. Medios científicos de prueba, los cuales que en su oportunidad procesal propondré. 4. Presunciones legales y humanas que de los hechos se deriven.
PETICIONES: I. DE TRÁMITE: a. Que con el presente memorial y documento adjunto se inicie la formación del expediente respectivo. b. Se tenga como mi abogada directora y procuradora a la profesional propuesta. c. Se tome nota del lugar que señalo para recibir notificaciones. d. Que se solicite el envío de los antecedentes respectivos. e. Al encontrarse los antecedentes en el tribunal, se examine la presente demanda y por encontrarse apegada a derecho, se admita para su trámite.
f. Oportunamente se notifique la presente demanda a la Superintendencia de Administración Tributaria y a la Procuraduría General de la Nación en los lugares señalados para el efecto, dándoles audiencia por el plazo establecido en la ley. g. Se tengan por ofrecidos los medios de prueba individualizados en el apartado respectivo. h. En su oportunidad procesal se abra a prueba el presente proceso por el plazo de treinta días. i. En su momento procesal se señale día y hora para la vista. II. DE SENTENCIA: Que al resolver se declare: I) CON LUGAR la presente demanda que promuevo en contra de la Superintendencia de Administración Tributaria, por no haber dictado conforme a derecho la resolución numero setecientos setenta y cinco guion dos mil tres (775-2003), proferida el cuatro de septiembre del año dos mil tres, dentro del expediente administrativo identificado con número SAT: dos mil dos guion cero veinticuatro guion cero cinco guion cero cero cero cero catorce (SAT:2002-024-05000014), por medio de la cual se declara parcialmente sin lugar el recurso de revocatoria por mi persona interpuesto y se confirma parcialmente la resolución recurrida, y en consecuencia: A. Se revoque la resolución antes referida en los puntos expresamente impugnados por el presente recurso, por no ajustarse a la ley; y, B. Se desvanezcan los siguientes ajustes confirmados mediante la resolución recurrida: POR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO: 1) Al crédito fiscal, por nueve mil seiscientos cincuenta y siete quetzales con sesenta y ocho centavos (Q. 9657.68), correspondiente a los periodos de agosto y octubre del año dos mil y de enero a mayo del año dos mil uno; 2) Crédito fiscal, por veintiún mil noventa quetzales con noventa y cuatro centavos (Q. 21,090.94), correspondiente a los periodos de noviembre y diciembre del año dos mil; los cuales generan un impuesto a pagar de treinta y un mil trescientos cincuenta y siete quetzales con ochenta y ocho centavos (Q. 31,357.88) y multa de treinta y un mil trescientos cincuenta y siete quetzales con ochenta y ocho centavos (Q. 31,357.88), equivalente al cien por ciento del impuesto omitido; 3) Multa por infracción a deberes formales de mil quetzales (Q. 1,000.00); y por ende, improcedente el cobro de los impuestos respectivos y sus respectivas multas e intereses resarcitorios; II) Se condene en costas a la parte demandad.
CITA DE LEYES: Artículos mencionados y los siguientes: 5, 12, 28, 29, 30, 44, 46, 203, 221 de la Constitución Política de la República de Guatemala; 161 al 168 del Código Tributario; 1, 2, 3, 4, 18, 19, 22, 23, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 41, 43, 45, 47 de la Ley de lo Contencioso Administrativo; 26, 28, 29, 44, 61, 63, 66, 67, 68, 69, 70, 79, 107, 128, 129, 164, 177, 178, 191, 194,195, 572, 573 del Código Procesal Civil y Mercantil; 141, 142, 143, 197, 198 de la Ley del Organismo Judicial. Acompaño tres copias del presente memorial y del documento adjunto. Guatemala, dieciséis de marzo del año dos mil cuatro.
A RUEGO DEL PRESENTADO QUIEN POR EL MOMENTO NO PUEDE FIRMAR Y EN SU AUXILIO:
CONCLUSIONES: • Lesionado los intereses del contribuyente (administrado), a través de una resolución emitida por la Administración Tributaria, éste puede acudir al procedimiento judicial, denominado “Proceso Contencioso Tributario”, previo a cumplir con determinados requisitos, regulados específicamente; en el Código Tributario, decreto número 6-91, conjuntamente con la Ley de lo Contencioso Administrativo; • La competencia del “Proceso Contencioso Tributario”, le corresponde al Órgano Jurisdiccional denominado; “Tribunal de lo Contencioso Administrativo”, quien en las facultades plenas conocerá en única instancia; • Agotada la vía administrativa, por medio de la resolución que concluyó el recurso de revocatoria o de reposición, cualquiera que fuese el caso, ante el Ministerio de Finanzas Públicas, podrá interponerse el Recurso Contencioso Tributario en un plazo de tres meses, contados a partir del primer día hábil siguiente a la fecha en que se realizó la última notificación de la resolución mencionada al inicio; • El Proceso Contencioso Tributario, se distingue por las características de las cuales está envestido: a) Especialización, b) Oficiosidad, c) La no procedencia de la caducidad de la instancia, d) La no exigencia al contribuyente de pago o garantía, previo al procedimiento y e) Es formalmente escrito.
BIBLIOGRAFÍA: 1. CALDERON Hugo Aroldo. Derecho Procesal Administrativo. 2. NAJERA Flores Lizett y DIAZ Carmen Duvon. Derecho Financiero II. 3. CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA. Código Tributario. 4. CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA. Ley de lo Contencioso Administrativo.
