SISTEMA NACIONAL DE CONTROL

“AÑO DE LA CONSOLIDACION ECONOMICA Y SOCIAL DEL PERU”

UNIVERSIDAD JOSE CARLOS MARIATEGUI FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS, EMPRESARIALES Y PEDAGÓGICAS

ESCUELA DE DERECHO

TEMA

:

EL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL

CURSO

:

DERECHO ADMINISTRATIVO

DOCENTE

:

ABOG. RICARDO ORDOÑEZ

ALUMNO

:

ALEJANDRINA UMIRE MAMANI HEBERT LLAIQUI HECTOR CHIRAPO CCALLUHUARI

CICLO

:

IV

MODALIDAD

:

SEMI-PRESENCIAL.

MOQUEGUA – PERU

INTRODUCCION  No cabe duda que en el ámbito de las modernizaciones del estado, la administración pública es un aspecto clave y ella debe entonces consolidar procesos de reforma que la proyecten en el sentido de los desarrollos de los países y especialmente, en términos de desprenderse de la  burocracia excesiva, transformándose en órganos simples de acceder y fuertemente cercanos a los ciudadanos que la aprecian históricamente como impenetrable y muy difícil de acceder en forma simple. Junto con aquellas medidas que han reducido la intensidad de los trámites en el aparato publico, ha surgido también con mucha fuerza la idea de una administración cada vez más virtual al servicio de los ciudadanos, siendo estos protagonistas de esta modernidad, a través de los sitios web del estado y lo que con aumentos progresivos ello ha sido internalizado por la gente, que entiende que puede resolver sus trámites a través de escenarios virtuales. En esas condiciones resultará una auténtica emergencia consolidar un Estado que funcione con altos niveles de transparencia, en donde la información sobre los recursos públicos disponibles y sus asignaciones fluya con facilidad a todos los ciudadanos beneficiarios y usuarios el Estado, generando de esa forma un amplio proceso de participación ciudadana en los compromisos financieros de la administración. El Estado necesita entonces desarrollar alternativas apropiadas de acción para prevenir la corrupción en todas su formas, creando en el seno de un sistema nacional de control, una especie de cultura de la probidad, que garantice el comportamiento ético de los servidores   públicos y permita armonizar y coordinar los esfuerzos y acciones de control en todos los ámbitos y especialidades. En este plano entonces la idea de una auditoria interna general de Gobierno, sin duda contribuye a potencia el control de lo público, en un escenario de fuertes exigencia por las políticas de modernización, y de esa forma el desarrollo de una red articulada de auditores ministeriales, así como los comités de auditorias sectoriales y las unidades de control interno institucionales, representan una fuerza importante que contribuye al desarrollo de la capacidad de observación de la propia administración, en escenarios internos muy complejos y en ambientes externo de máxima turbulencia. En un escenario en el que se propicia un Sistema Nacional de Control Público, resulta de máxima relevancia consolidar una política de auditoria general de Gobierno que a su vez

constituya un valioso aporte a la Modernización del Estado y a la mayor eficiencia, eficacia, economicidad y también a la transparencia de la gestión pública. El control del Estado se refiere a la función de fiscalización de la probidad pública y del uso de los recursos públicos que está a cargo de las propias agencias del Estado a través de un sistema  balanceado de pesos y contrapesos, con la finalidad de hacer transparentes y eficientes los actos de las autoridades, funcionarios y servidores públicos. A este tipo de control es al que se le conoce como control horizontal, es decir el que se produce entre “poderes equiparables” representados por instituciones que tienen un nivel de responsabilidad en el Estado y cuyos servidores y funcionarios, en consecuencia, están en la obligación de rendir cuentas por los actos que realizan. Si bien existen una gran diversidad de instancias de control (desde el Congreso de la República, el Pod Poder er Judicia Judicial,l, la institu institución ción del Ombuds Ombudsman man o Defens Defensor oría ía del Pueblo Pueblo,, los sistem sistemas as administrativos que funcionan a manera de controles al interior de las instituciones públicas, entre otros), este folleto se enfocará en el ámbito de las instituciones que forman parte del llamado Sistema Nacional de Control.

NOCIONES Y CONCEPTOS El Sistema Nacional de Control es el conjunto de órganos de control, normas, métodos y procedimientos —estructurados e integrados integrados funcionalmente— funcionalmente— destinados a conducir  y desa desarr rrol olla larr el ejer ejerci cici cioo del del cont contro roll gube gubern rnam amen enta tall en form formaa desc descen entr tral aliz izad ada. a. Su actuaci actuación ón comprende comprende las activida actividades des y accione accioness en los campos campos administ administrati rativo, vo,  presupuestal, operativo y financiero de las entidades y alcanza al personal que presta servicios en ellas, independientemente del régimen que las regule (Artículo 12 Ley Nº 27785). El ejercicio del control gubernamental por el Sistema Nacional de Control en las entidades, se efectúa bajo la autoridad normativa y funcional de la Contraloría General de la Repú Repúbl blic ica, a, la mi mism smaa que que esta establ blec ecee los los li line neam amie ient ntos os,, disp dispos osic icio ione ness y  procedimientos técnicos correspondientes a su proceso, en función a la naturaleza y/o espec especia iali lizac zació iónn de dicha dichass entid entidade ades, s, las las modali modalida dades des de contro controll aplic aplicab ables les y los objetivos trazados para su ejecución. Dicha regulación permitirá la evaluación, por los órganos de control, de la gestión de las entidades y sus resultados (Artículo 14 Ley Nº 27785). BASE LEGAL Ley Nº 27785 Ley Nº 28716 Ley N°

CONFORMACIÓN El Sistema Nacional de Control está conformado por los siguientes órganos de control: a) La Contraloría Contraloría General, como ente técnico rector.

 b) Todas las unidades orgánicas responsables de la función de control gubernamental de las entidades que se mencionan en el Artículo 3 de la presente Ley, sean éstas de carácter sectorial, regional, institucional o se regulen por cualquier otro ordenamiento organizacional (*) , conocidas como OCI.

c) Las sociedades de auditoria externa independientes, cuando son designadas por la Contraloría General y contratadas, durante un periodo determinado, para realizar  servicios de auditoria en las entidades económica, financiera, de sistemas informáticos, de medio ambiente y otros. (*) Mediante la Ley N° 29555 de 12 de julio de 2010 - “Ley que implementa la incorporación progresiva de las plazas y presupuesto de los Órganos de Control   Institucional a la Contraloría General de la República”, se establecen las normas que regulan la incorporación progresiva de las plazas y el presupuesto de los órganos de control institucional a la Contraloría General de la República, de acuerdo a lo previsto en la décima tercera disposición final de la Ley Nº 29465, Ley de Presupuesto del  Sector Público para el Año Fiscal 2010, a efectos de consolidar la independencia y autonomía del órgano de control institucional en el ejercicio del control gubernamental  en las entidades a su cargo”. ATRIBUCIONES a. Efectuar la supervisión, vigilancia y verificación de la correcta gestión y utilización de los recursos y bienes del Estado, el cual también comprende supervisar la legalidad de los actos de las instituciones sujetas a control en la ejecución de los lineamientos  para una mejor gestión de las finanzas públicas, con prudencia y transparencia fiscal, conforme a los objetivos y planes de las entidades; así como de la ejecución de los   presupuestos del Sector Público y de las operaciones de la deuda pública.   b. Formular oportunamente recomendaciones para mejorar la capacidad y eficiencia de las entidades en la toma de sus decisiones y en el manejo de sus recursos, así como los procedimientos y operaciones que emplean en su accionar, a fin de optimizar sus sistemas administrativos, de gestión y de control interno.

c. Impulsar la modernización y el mejoramiento de la gestión pública a través de la optimización de los sistemas de gestión y ejerciendo el control gubernamental con especial énfasis en las áreas críticas sensibles y en los actos de corrupción administrativa. d. Propugnar la capacitación permanente de los funcionarios y servidores públicos en materias de administración y control gubernamental. Los objetivos de la capacitación estarán orientados a consolidar, actualizar y especializar su formación técnica,  profesional y ética. Para dicho efecto, la Contraloría General, a través de la Escuela   Nacional de Control, o mediante convenios celebrados con entidades públicas o  privadas ejerce un rol tutelar en el desarrollo de programas y eventos de esta naturaleza. Los titulares de las entidades están obligados a disponer que el personal que labora en los sistemas administrativos participe en los eventos de capacitación que organiza la Escuela Nacional de Control, debiendo tales funcionarios y servidores acreditar cada dos años dicha participación. Esta obligación se hace extensiva a las Sociedades de Auditoria que forman parte del Sistema, respecto al personal que empleen para el desarrollo de las auditorías externas. e.

Exigir a los funcionarios y servidores públicos la plena responsabilidad por sus

actos en la función que desempeñan, identificando el tipo de responsabilidad incurrida, sea administrativa funcional, civil o penal, y recomendando la adopción de las acciones   preventivas y correctivas necesarias para su implementación. Para la adecuada identificación de la falta en que hubieren incurrido funcionarios y servidores públicos, se deberá tener en cuenta las pautas de identificación del deber incumplido, reserva,  presunción de licitud, relación causal; las cuales serian desarrolladas por la Contraloría General. Como resultado de las acciones de control efectuadas, los informes respectivos con el o sustento técnico y legal constituyen pruebas preconstituidas para el inicio de las acciones administrativas y/o legales que sean recomendadas en dichos informes. En el caso de que los informes generados de una acción de control cuenten con la  participación del Ministerio Público y/o la Policía Nacional, no corresponderá abrir 

investigación policial o indagatoria previa, así como solicitar u ordenar de oficio la actuación de pericias contables.

f. Brindar apoyo técnico al Procurador Público o al representante legal de la entidad, en los casos en que deban iniciarse acciones judiciales derivadas de una acción de control, prestando las facilidades y/o aclaraciones del caso, y alcanzando la documentación

probatoria

de

la

responsabilidad

incurrida.

Los diversos órganos del Sistema Nacional de Control ejercen estas atribuciones y las que expresamente les señala la Ley Nº 27785 y sus normas reglamentarias (artículo 13 de la Ley Nº 27785); asimismo, ejercen su función de control gubernamental con arreglo a lo establecido en la citada Ley y las disposiciones que emite la Contraloría General para normar sus actividades, obligaciones y responsabilidades, siendo su cumplimiento objeto de supervisión permanente por el ente técnico rector del Sistema (artículo 21 de la Ley Nº 27785). ORGANISMOS INSTITUCIONALES

DEL

SISTEMA

NACIONAL DE

CONTROL LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA La Constitución Política del Perú le confiere a la Contraloría General de la República, ente rector del Sistema Nacional de Control, la calidad de institución constitucionalmente autónoma, a la cual se le ha confiado el control de la gestión de los recursos del Estado. Así, la Contraloría General coadyuva al despliegue de la función legislativa y fiscalizadora del Congreso de la República y da cuenta de su actividad funcional ante diversos órganos parlamentarios, en el marco de los principios de autonomía e independencia inherentes a las entidades superiores de control.

La Contraloría General apoya a las Comisiones Ordinarias, Investigadoras y Especiales del Congreso, brindándoles el soporte técnico requerido para la ejecución de sus

investigaciones. De modo particular, debe resaltarse los vínculos de colaboración con la Comisión de Fiscalización y Contraloría, que se traducen en una continua coordinación, la canalización de solicitudes de investigación, así como, la valoración de las principales investigaciones realizadas por la máxima entidad de control. Igualmente, la Contraloría General absuelve los pedidos de información que efectúan los congresistas y órganos del Congreso en uso de las atribuciones de control político que ejercen el Parlamento sobre los funcionarios y entidades públicas. Otro aspecto de la labor de control se traduce en la obligación de presentar ante el Congreso el Informe de Auditoría a la Cuenta General de la República, instrumento que  permite recomendar medidas para el mejor uso de los recursos públicos a través de la evaluación

de los estados

financieros

y

presupuestarios

del

Estado.

Así mismo la Contraloría General cumple su función asesora al emitir opiniones técnicas relativas a proyectos de ley, las cuales son acogidas por las comisiones dictaminadoras y el Pleno del Congreso, permitiendo fortalecer el sustento de la iniciativa legislativa aprobadas por el parlamento.

Finalmente, la Contraloría General tiene entre sus atribuciones la facultad de interponer    proyectos de ley dentro del ámbito de su competencia funcional, para lo cual ha formulado sendas propuestas legislativas orientadas a fortalecer la gestión del Estado.  Base legal: Artículo 13° de la Ley N° 27785 “Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República”.

Atribuciones Son atribuciones de la Contraloría General, las siguientes: a) Tener acceso en cualquier momento y sin limitación a los registros, documentos e información de las entidades, aun cuando sean secretos; así como requerir información a  particulares que mantengan o hayan mantenido relaciones con las entidades; siempre y cuando no violen la libertad individual.  b) Ordenar que los órganos del Sistema realicen las acciones de control que a su juicio sean necesarios o ejercer en forma directa el control externo posterior sobre los actos de las entidades.

c) Supervisar y garantizar el cumplimiento de las recomendaciones que se deriven de los informes de control emanados de cualquiera de los órganos del Sistema. d) Disponer el inicio de las acciones legales pertinentes en forma inmediata, por el Procurador Público de la Contraloría General o el Procurador del Sector o el representante legal de la entidad examinada, en los casos en que en la ejecución directa de una acción de control se encuentre daño económico o presunción de ilícito penal. e) Normar y velar por la adecuada implantación de los Órganos de Auditoría Interna, requiriendo a las entidades el fortalecimiento de dichos órganos con personal calificado e infraestructura moderna necesaria para el cumplimiento de sus fines. f) Presentar anualmente al Congreso de la República el Informe de Evaluación a la Cuenta General de la República, para cuya formulación la Contraloría General dictará las disposiciones pertinentes. g) Absolver consultas, emitir pronunciamientos institucionales e interpretar la normativa del control gubernamental con carácter vinculante, y de ser el caso, orientador. Asimismo establecerá mecanismos de orientación para los sujetos de control respecto a sus derechos, obligaciones, prohibiciones e incompatibilidades previstos en la normativa de control. h) Aprobar el Plan Nacional de Control y los planes anuales de control de las entidades. i) Efectuar las acciones de control ambiental y sobre los recursos naturales, así como sobre los bienes que constituyen el Patrimonio Cultural de la Nación, informando  periódicamente a la Comisión competente del Congreso de la República.  j) Emitir opinión previa vinculante sobre adquisiciones y contrataciones de bienes, servicios u obras, que conforme a ley tengan el carácter de secreto militar o de orden interno exonerados de Licitación Pública, Concurso Público o Adjudicación Directa. k) Otorgar autorización previa a la ejecución y al pago de los presupuestos adicionales de obra pública, y de las mayores prestaciones de supervisión en los casos distintos a los adicionales de obras, cuyos montos excedan a los previstos en la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, y su Reglamento respectivamente, cualquiera sea la fuente de financiamiento. l) Informar previamente sobre las operaciones, fianzas, avales y otras garantías que otorgue el Estado, inclusive los proyectos de contrato, que en cualquier forma comprometa su crédito o capacidad financiera, sea que se trate de negociaciones en el  país o en el exterior. ll) Designar de manera exclusiva, Sociedades de Auditoría que se requieran, a través de Concurso Público de Méritos, para efectuar Auditorías en las entidades, supervisando sus labores con arreglo a las disposiciones de designación de Sociedades de Auditoría que para el efecto se emitan. m) Requerir el apoyo y/o destaque de funcionarios y servidores de las entidades para la ejecución de actividades de control gubernamental.

n) Recibir y atender denuncias y sugerencias de la ciudadanía relacionadas con las funciones de la administración pública, otorgándoles el trámite correspondiente sea en el ámbito interno, o derivándolas ante la autoridad competente; estando la identidad de los denunciantes y el contenido de la denuncia protegidos por el principio de reserva. ñ) Promover la participación ciudadana, mediante audiencias públicas y/o sistemas de vigilancia en las entidades, con el fin de coadyuvar en el control gubernamental. o) Participar directamente y/o en coordinación con las entidades en los procesos  judiciales, administrativos, arbitrales u otros, para la adecuada defensa de los intereses del Estado, cuando tales procesos incidan sobre recursos y bienes de éste.  p) Recibir, registrar, examinar y fiscalizar las Declaraciones Juradas de Ingresos y de Bienes y Rentas que deben presentar los funcionarios y servidores públicos obligados de acuerdo a Ley. q) Verificar y supervisar el cumplimiento de las disposiciones sobre prohibiciones e incompatibilidades de funcionarios y servidores públicos y otros, así como de las referidas a la prohibición de ejercer la facultad de nombramiento de personal en el Sector Público en casos de nepotismo, sin perjuicio de las funciones conferidas a los órganos de control. r) Citar y tomar declaraciones a cualquier persona cuyo testimonio pueda resultar útil  para el esclarecimiento de los hechos materia de verificación durante una acción de control, bajo los apremios legales señalados para los testigos. s) Dictar las disposiciones necesarias para articular los procesos de control con los Planes y Programas Nacionales, a efecto de visualizar de forma integral su cumplimiento, generando la información pertinente para emitir recomendaciones generales a los Poderes Ejecutivo y Legislativo sobre la administración de los recursos del Estado, en función a las metas previstas y las alcanzadas, así como brindar asistencia técnica al Congreso de la República, en asuntos vinculados a su competencia funcional. t) Emitir disposiciones y/o procedimientos para implementar operativamente medidas y acciones contra la corrupción administrativa, a través del control gubernamental,  promoviendo una cultura de honestidad y probidad de la gestión pública, así como la adopción de mecanismos de transparencia e integridad al interior de las entidades, considerándose el concurso de la ciudadanía y organizaciones de la sociedad civil. u) Establecer los procedimientos para que los titulares de las entidades rindan cuenta oportuna ante el Órgano Rector, por los fondos o bienes del Estado a su cargo, así como de los resultados de su gestión. v) Asumir la defensa del personal de la Institución a cargo de las labores de control, cuando se encuentre incurso en acciones legales, derivadas del debido cumplimiento de la labor funcional, aun cuando al momento de iniciarse la acción, el vínculo laboral con el personal haya terminado. w) Establecer el procedimiento selectivo de control sobre las entidades públicas  beneficiarias por las mercancías donadas provenientes del extranjero.

x) Ejercer el control de desempeño de la ejecución presupuestal, formulando recomendaciones que promuevan reformas sobre los sistemas administrativos de las entidades sujetas al Sistema. y) Regular el procedimiento, requisitos, plazos y excepciones para el ejercicio del control previo externo a que aluden los literales j), k) y l) del presente artículo, así como otros encargos que se confiera al organismo Contralor, emitiendo la normativa  pertinente que contemple los principios que rigen el control gubernamental. z) Celebrar Convenios de cooperación interinstitucional con entidades públicas o  privadas, nacionales o extranjeras. Las atribuciones antes señaladas no son taxativas, comprendiendo las demás que señale esta Ley y otros dispositivos legales. DESCONCENTRACIÓN DE LA CONTRALORÍA GENERAL La Contraloría General cuenta con Oficinas Regionales de Control como órganos desconcentrados en el ámbito nacional, con el objeto de optimizar la labor de control gubernamental y cuyo accionar contribuirá activamente con el cumplimiento de los objetivos del proceso de descentralización del país; encontrándose facultada para establecer Oficinas adicionales, en ejercicio de su autonomía administrativa y de acuerdo con el avance gradual del referido proceso. Dichos órganos desconcentrados tienen como finalidad planear, organizar, dirigir, ejecutar y evaluar las acciones de control en las entidades descentralizadas bajo su ámbito de control. Las competencias funcionales y su ámbito de acción, serán establecidos en las disposiciones que para el efecto emita la Contraloría General ÓRGANO DE AUDITORIA INTERNA Las entidades comprendidas en los incisos a), b), c) y d) del Artículo 3º de la presente Ley, así como las empresas en las que el Estado tenga una participación accionaria total o mayoritaria, tendrán necesariamente un Órgano de Auditoría Interna ubicado en el mayor nivel jerárquico de la estructura de la entidad, el cual constituye la unidad especializada responsable de llevar a cabo el control gubernamental en la entidad.

El Titular de la entidad tiene la obligación de cautelar la adecuada implementación del Órgano de Auditoría Interna y la asignación de recursos suficientes para la normal ejecución de sus actividades de control. El citado Órgano mantiene una relación funcional con la Contraloría General, efectuando su labor, de conformidad con los lineamientos y políticas que para tal efecto establezca el Organismo Superior de Control. Vinculación del Jefe del Órgano de Auditoría Interna con la Contraloría General El Jefe del Órgano de Auditoría Interna mantiene una vinculación de dependencia funcional y administrativa con la Contraloría General, en su condición de ente técnico rector del Sistema, sujetándose a sus lineamientos y disposiciones. En el desempeño de sus labores, actúa con independencia técnica dentro del ámbito de su competencia. Designación y separación del Jefe del Órgano de Auditoría Interna La designación y separación definitiva de los Jefes de los Órganos de Auditoría Interna, se efectúa por la Contraloría General de acuerdo a los requisitos, procedimientos, incompatibilidades y excepciones que establecerá para el efecto. Las entidades sujetas a control proporcionarán personal, recursos y los medios necesarios para el ejercicio de la función de control en dichas entidades, de acuerdo con las disposiciones que sobre el particular dicte la Contraloría General. LOS SISTEMAS DE CONTROL INTERNO Definición y Componentes Se denomina sistema de control interno al conjunto de acciones, actividades, planes,  políticas, normas, registros, organización, procedimientos y métodos, incluyendo la actitud de las autoridades y el personal, organizados e instituidos en cada entidad del Estado, para la consecución de los objetivos indicados en el artículo 4º de la presente Ley.

Constituyen sus componentes: a) El ambiente de control; entendido como el entorno organizacional favorable al ejercicio de prácticas, valores, conductas y reglas apropiadas para el funcionamiento del control interno y una gestión escrupulosa;   b) La evaluación de riesgos; en cuya virtud deben identificarse, analizarse y administrarse los factores o eventos que puedan afectar adversamente el cumplimiento de los fines, metas, objetivos, actividades y operaciones institucionales; c) Actividades de control gerencial; son las políticas y procedimientos de control que imparte la dirección, gerencia y los niveles ejecutivos competentes, en relación con las funciones asignadas al personal, a fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos de la entidad; d) Las actividades de prevención y monitoreo; referidas a las acciones que deben ser  adoptadas en el desempeño de las funciones asignadas, a fin de cuidar y asegurar  respectivamente, su idoneidad y calidad para la consecución de los objetivos del control interno; e) Los sistemas de información y comunicación; a través de los cuales el registro,   procesamiento, integración y divulgación de la información, con bases de datos y soluciones informáticas accesibles y modernas, sirva efectivamente para dotar de onfiabilidad, transparencia y eficiencia a los procesos de gestión y control interno institucional; f) El seguimiento de resultados; consistente en la revisión y verificación actualizadas sobre la atención y logros de las medidas de control interno implantadas, incluyendo la implementación de las recomendaciones formuladas en sus informes por los órganos del Sistema Nacional de Control; g) Los compromisos de mejoramiento; por cuyo mérito los órganos y personal de la administración institucional efectúan autoevaluaciones conducentes al mejor desarrollo del control interno e informan sobre cualquier desviación o deficiencia susceptible de corrección, obligándose a dar cumplimiento a las disposiciones o recomendaciones que se formulen para la mejora u optimización de sus labores.

Forman parte del sistema de control interno: la administración y el órgano de control institucional, de conformidad con sus respectivos ámbitos de competencia. Implantación y Funcionamiento Implantación del control interno .Las entidades del Estado implantan obligatoriamente sistemas de control interno en sus   procesos, actividades, recursos, operaciones y actos institucionales, orientando su ejecución al cumplimiento de los objetivos siguientes: a) Promover y optimizar la eficiencia, eficacia, transparencia y economía en las operaciones de la entidad, así como la calidad de los servicios públicos que presta;   b) Cuidar y resguardar los recursos y bienes del Estado contra cualquier forma de  pérdida, deterioro, uso indebido y actos ilegales, así como, en general, contra todo hecho irregular o situación perjudicial que pudiera afectarlos; c) Cumplir la normatividad aplicable a la entidad y sus operaciones; d) Garantizar la confiabilidad y oportunidad de la información; e) Fomentar e impulsar la práctica de valores institucionales; f) Promover el cumplimiento de los funcionarios o servidores públicos de rendir cuenta  por los fondos y bienes públicos a su cargo y/o por una misión u objetivo encargado y aceptado. Corresponde al Titular y a los funcionarios responsables de los órganos directivos y ejecutivos de la entidad, la aprobación de las disposiciones y acciones necesarias para la implantación de dichos sistemas y que éstos sean oportunos, razonables, integrados y congruentes con las competencias y atribuciones de las respectivas entidades. Funcionamiento del control interno El funcionamiento del control interno es continuo, dinámico y alcanza a la totalidad de la organización y actividades institucionales, desarrollándose en forma previa, simultánea o posterior de acuerdo con lo establecido en el artículo 7º de la Ley Nº

27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República. Sus mecanismos y resultados son objeto de revisión y análisis permanente por la administración institucional con la finalidad de garantizar la agilidad, confiabilidad, actualización y perfeccionamiento del control interno, correspondiendo al Titular de la entidad la supervisión de su funcionamiento, bajo responsabilidad. Obligaciones y Responsabilidades Obligaciones del Titular y funcionarios Son obligaciones del Titular y funcionarios de la entidad, relativas a la implantación y funcionamiento del control interno: a) Velar por el adecuado cumplimiento de las funciones y actividades de la entidad y del órgano a su cargo, con sujeción a la normativa legal y técnica aplicables.  b) Organizar, mantener y perfeccionar el sistema y las medidas de control interno, verificando la efectividad y oportunidad de la aplicación, en armonía con sus objetivos, así como efectuar la autoevaluación del control interno, a fin de propender al mantenimiento y mejora continua del control interno. c) Demostrar y mantener probidad y valores éticos en el desempeño de sus cargos,  promoviéndolos en toda la organización. d) Documentar y divulgar internamente las políticas, normas y procedimientos de gestión y control interno, referidas, entre otros aspectos, a: i. La competencia y responsabilidad de los niveles funcionales encargados de la autorización y aprobación de los actos y operaciones de la entidad. ii. La protección y conservación de los bienes y recursos institucionales. iii. La ejecución y sustentación de gastos, inversiones, contrataciones y todo tipo de egreso económico en general.

iv. El establecimiento de los registros correspondientes respecto a las transacciones y operaciones de la entidad, así como a su conciliación. v. Los sistemas de procesamiento, uso y control de la información, documentación y comunicaciones institucionales. e) Disponer inmediatamente las acciones correctivas pertinentes, ante cualquier  evidencia de desviaciones o irregularidades. f) Implementar oportunamente las recomendaciones y disposiciones emitidas por la  propia entidad (informe de autoevaluación), los órganos del Sistema Nacional de Control y otros entes de fiscalización que correspondan. g) Emitir las normas específicas aplicables a su entidad, de acuerdo a su naturaleza, estructura y funciones, para la aplicación y/o regulación del control interno en las  principales áreas de su actividad administrativa u operativa, propiciando los recursos y apoyo necesarios para su eficaz funcionamiento. Responsabilidad del Sistema Nacional de Control Es responsabilidad de la Contraloría General de la República, los Órganos de Control Institucional y las Sociedades de Auditoría designadas y contratadas, la evaluación del control interno en las entidades del Estado, de conformidad con la normativa técnica del Sistema Nacional de Control. Sus resultados inciden en las áreas críticas de la organización y funcionamiento de la entidad, y sirven como base para la planificación y ejecución de las acciones de control correspondientes. Responsabilidad La inobservancia de la presente Ley, genera responsabilidad administrativa funcional, y da lugar a la imposición de la sanción de acuerdo a la normativa aplicable, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal a que hubiere lugar, de ser el caso. Actuación del Órgano de Control Institucional El Órgano de Control Institucional, conforme a su competencia:

a. Efectúa control preventivo sin carácter vinculante, con el propósito de optimizar la supervisión y mejora de los procesos, prácticas e instrumentos de control interno, sin que ello genere prejuzgamiento u opinión que comprometa el ejercicio de su función, vía control posterior.  b. Actúa de oficio, cuando en los actos y operaciones de la entidad, se adviertan indicios razonables de ilegalidad, de omisión o de incumplimiento, informando al Titular de la entidad para que adopte las medidas correctivas pertinentes. c. Verifica el cumplimiento de las disposiciones legales y normativa interna aplicables a la entidad, por parte de las unidades orgánicas y personal de ésta. Competencia normativa de la Contraloría General de la República La Contraloría General de la República, con arreglo a lo establecido en el artículo 14º de la Ley Nº 27785, dicta la normativa técnica de control que oriente la efectiva implantación y funcionamiento del control interno en las entidades del Estado, así como su respectiva evaluación. Dichas normas constituyen lineamientos, criterios, métodos y disposiciones para la aplicación y/o regulación del control interno en las principales áreas de su actividad administrativa u operativa de las entidades, incluidas las relativas a la gestión financiera, logística, de personal, de obras, de sistemas computarizados y de valores éticos, entre otras. A partir de dicho marco normativo, los titulares de las entidades están obligados a emitir  las normas específicas aplicables a su entidad, de acuerdo a su naturaleza, estructura y funciones, las que deben ser concordantes con la normativa técnica de control que dicte la Contraloría General de la República. Informe al Congreso de la República ; La Contraloría General de la República incluye los resultados de la evaluación efectuada por el Sistema Nacional de Control sobre el control interno en las entidades del Estado, en el informe anual que sobre su gestión presenta al Congreso de la Republica, conforme lo dispuesto en el literal k) del artículo 32º de la Ley Nº 27785.

Asimismo, remite un informe referido a las acciones recomendadas e implementadas al respecto a la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso de la República, en forma semestral. SOCIEDAD DE AUDITORIA Las sociedades de auditoría, para efectos de esta Ley, son las personas jurídicas calificadas e independientes en la realización de labores de control posterior externo, que son designadas por la Contraloría General, previo Concurso Público de Méritos, y contratadas por las entidades para examinar las actividades y operaciones de las mismas, opinar sobre la razonabilidad de sus estados financieros, así como evaluar la gestión, captación y uso de los recursos asignados. El proceso de designación y contratación de las sociedades de auditoría, el seguimiento y evaluación de informes, las responsabilidades, así como su registro, es regulado por la Contraloría General. Ejercicio funcional Los órganos del Sistema ejercen su función de control gubernamental con arreglo a lo establecido en la presente Ley y las disposiciones que emite la Contraloría General para normar sus actividades, obligaciones y responsabilidades, siendo su cumplimiento objeto de supervisión permanente por el ente técnico rector del Sistema.

CONTROL GUBERNAMENTAL El control gubernamental consiste en la supervisión, vigilancia y verificación de los actos y resultados de la gestión pública, en atención al grado de eficiencia, eficacia, transparencia y economía en el uso y destino de los recursos y bienes del Estado, así como del cumplimiento de las normas legales y de los lineamientos de política y planes de acción, evaluando los sistemas de administración, gerencia y control, con fines de su mejoramiento a través de la adopción de acciones preventivas y correctivas pertinentes. El control gubernamental es interno y externo y su desarrollo constituye un proceso integral y permanente.  Base legal: Artículo 6° de la Ley N° 27785, “Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República.” PRINCIPIOS DEL CONTROL GUBERNAMENTAL Son principios que rigen el ejercicio del control gubernamental:

a) La universalidad, entendida como la potestad de los órganos de control para efectuar, con arreglo a su competencia y atribuciones, el control sobre todas las actividades de la respectiva entidad, así como de todos sus funcionarios y servidores, cualquiera fuere su jerarquía.  b) El carácter integral, en virtud del cual el ejercicio del control consta de un conjunto de acciones y técnicas orientadas a evaluar, de manera cabal y completa, los procesos y operaciones materia de examen en la entidad y sus  beneficios económicos y/o sociales obtenidos, en relación con el gasto generado, las metas cualitativas y cuantitativas establecidas, su vinculación con políticas gubernamentales, variables exógenas no previsibles o controlables e índices históricos de eficiencia. c) La autonomía funcional, expresada en la potestad de los órganos de control  para organizarse y ejercer sus funciones con independencia técnica y libre de influencias. Ninguna entidad o autoridad, funcionario o servidor público, ni terceros, pueden oponerse, interferir o dificultar el ejercicio de sus funciones y atribuciones de control. d) El carácter permanente, que define la naturaleza continua y perdurable del control como instrumento de vigilancia de los procesos y operaciones de la entidad. e) El carácter técnico y especializado del control , como sustento esencial de su operatividad, bajo exigencias de calidad, consistencia y razonabilidad en su ejercicio; considerando la necesidad de efectuar el control en función de la naturaleza de la entidad en la que se incide. f) La legalidad, que supone la plena sujeción del proceso de control a la normativa constitucional, legal y reglamentaria aplicable a su actuación. g) El debido proceso de control, por el que se garantiza el respeto y observancia de los derechos de las entidades y personas, así como de las reglas y requisitos establecidos.

h) La eficiencia, eficacia y economía, a través de los cuales el proceso de control logra sus objetivos con un nivel apropiado de calidad y óptima utilización de recursos. i) La oportunidad, consistente en que las acciones de control se lleven a cabo en el momento y circunstancias debidas y pertinentes para cumplir su cometido.  j) La objetividad, en razón de la cual las acciones de control se realizan sobre la   base de una debida e imparcial evaluación de fundamentos de hecho y de derecho, evitando apreciaciones subjetivas. k) La materialidad, que implica la potestad del control para concentrar su actuación en las transacciones y operaciones de mayor significación económica o relevancia en la entidad examinada. l) El carácter selectivo del control, entendido como el que ejerce el Sistema en las entidades, sus órganos y actividades críticas de los mismos, que denoten mayor riesgo de incurrir en actos contra la probidad administrativa. ll) La presunción de licitud, según la cual, salvo prueba en contrario, se reputa que las autoridades, funcionarios y servidores de las entidades, han actuado con arreglo a las normas legales y administrativas pertinentes. m) El acceso a la información, referido a la potestad de los órganos de control de requerir, conocer y examinar toda la información y documentación sobre las operaciones de la entidad, aunque sea secreta, necesaria para su función. n) La reserva, por cuyo mérito se encuentra prohibido que durante la ejecución del control se revele información que pueda causar daño a la entidad, a su  personal o al Sistema, o dificulte la tarea de este último. o) La continuidad de las actividades o funcionamiento de la entidad al efectuar  una acción de control.

 p) La publicidad, consistente en la difusión oportuna de los resultados de las acciones de control u otras realizadas por los órganos de control, mediante los mecanismos que la Contraloría General considere pertinentes. q) La participación ciudadana, que permita la contribución de la ciudadanía en el ejercicio del control gubernamental. r) La flexibilidad, según la cual, al realizarse el control, ha de otorgarse  prioridad al logro de las metas propuestas, respecto de aquellos formalismos cuya omisión no incida en la validez de la operación objeto de la verificación, ni determinen aspectos relevantes en la decisión final. Los citados principios son de observancia obligatoria por los órganos de control y pueden ser ampliados o modificados por la Contraloría General, a quien compete su interpretación. El control gubernamental es interno y externo y su desarrollo constituye un  proceso integral y permanente. Control Interno El control interno comprende las acciones de cautela previa, simultánea y de verificación posterior que realiza la entidad sujeta a control, con la finalidad que la gestión de sus recursos, bienes y operaciones se efectúe correcta y eficientemente. Su ejercicio es previo, simultáneo y posterior. El control interno previo y simultáneo compete exclusivamente a las autoridades, funcionarios y servidores públicos de las entidades como responsabilidad propia de las funciones que le son inherentes, sobre la base de las normas que rigen las actividades de la organización y los procedimientos establecidos en sus planes, reglamentos, manuales y disposiciones institucionales, los que contienen las políticas y métodos de autorización, registro, verificación, evaluación, seguridad y protección.

El control interno posterior es ejercido por los responsables superiores del servidor o funcionario ejecutor, en función del cumplimiento de las disposiciones establecidas, así como por el órgano de control institucional según sus planes y programas anuales, evaluando y verificando los aspectos administrativos del uso de los recursos y bienes del Estado, así como la gestión y ejecución llevadas a cabo, en relación con las metas trazadas y resultados obtenidos. Es responsabilidad del Titular de la entidad fomentar y supervisar el funcionamiento y confiabilidad del control interno para la evaluación de la gestión y el efectivo ejercicio de la rendición de cuentas, propendiendo a que éste contribuya con el logro de la misión y objetivos de la entidad a su cargo. El Titular de la entidad está obligado a definir las políticas institucionales en los  planes y/o programas anuales que se formulen, los que serán objeto de las verificaciones a que se refiere esta Ley. Control Externo Se entiende por control externo el conjunto de políticas, normas, métodos y  procedimientos técnicos, que compete aplicar a la Contraloría General u otro órgano del Sistema por encargo o designación de ésta, con el objeto de supervisar, vigilar y verificar la gestión, la captación y el uso de los recursos y  bienes del Estado. Se realiza fundamentalmente mediante acciones de control con carácter selectivo y posterior. En concordancia con sus roles de supervisión y vigilancia, el control externo  podrá ser preventivo o simultáneo, cuando se determine taxativamente por la   presente Ley o por normativa expresa, sin que en ningún caso conlleve injerencia en los procesos de dirección y gerencia a cargo de la administración de la entidad, o interferencia en el control posterior que corresponda. Para su ejercicio, se aplicarán sistemas de control de legalidad, de gestión, financiero, de resultados, de evaluación de control interno u otros que sean útiles

en función a las características de la entidad y la materia de control, pudiendo realizarse en forma individual o combinada. Asimismo, podrá llevarse a cabo inspecciones y verificaciones, así como las diligencias, estudios e investigaciones necesarias para fines de control. Acción de control La acción de control es la herramienta esencial del Sistema, por la cual el  personal técnico de sus órganos conformantes, mediante la aplicación de las normas, procedimientos y principios que regulan el control gubernamental, efectúa la verificación y evaluación, objetiva y sistemática, de los actos y resultados producidos por la entidad en la gestión y ejecución de los recursos,  bienes y operaciones institucionales. Las acciones de control se realizan con sujeción al Plan Nacional de Control y a los planes aprobados para cada órgano del Sistema de acuerdo a su  programación de actividades y requerimientos de la Contraloría General. Dichos planes deberán contar con la correspondiente asignación de recursos   presupuestales para su ejecución, aprobada por el Titular de la entidad, encontrándose protegidos por el principio de reserva. Como consecuencia de las acciones de control se emitirán los informes correspondientes, los mismos que se formularán para el mejoramiento de la gestión de la entidad, incluyendo el señalamiento de responsabilidades que, en su caso, se hubieran identificado. Sus resultados se exponen al Titular de la entidad, salvo que se encuentre comprendido como presunto responsable civil y/o penal. Responsabilidades y sanciones derivadas del proceso de control Las acciones de control que efectúen los órganos del Sistema no serán concluidas sin que se otorgue al personal responsable comprendido en ellas, la oportunidad de conocer y hacer sus comentarios y aclaraciones sobre los

hallazgos en que estuvieran incursos, salvo en los casos justificados señalados en las normas reglamentarias. Cuando en el informe respectivo se identifiquen responsabilidades, sean éstas de naturaleza administrativa funcional, civil o penal, las autoridades institucionales y aquellas competentes de acuerdo a Ley, adoptarán inmediatamente las acciones para el deslinde de la responsabilidad administrativa funcional y aplicación de la respectiva sanción, e iniciarán, ante el fuero respectivo, aquellas de orden legal que consecuentemente correspondan a la responsabilidad señalada. Las sanciones se imponen por el Titular de la entidad y, respecto de éste en su caso, por el organismo o sector jerárquico superior o el llamado por ley. RESPONSABILIDAD DE LA RESPONSABLE DEL CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES Los titulares y funcionarios de las Entidades del Estado se encuentran obligados a implementar los sistemas de control interno, debiendo emitir para ello la normativa correspondiente dentro de los lineamientos establecidos en las Normas de Control Interno, aprobados por este Organismo Superior de Control, con Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG; así como se encuentran obligados a documentar y divulgar internamente, las políticas, normas y procedimientos de gestión y control interno. Su omisión por parte de dichos funcionarios genera responsabilidad administrativa funcional, así como responsabilidad civil o penal, de ser el caso, siendo susceptible de la imposición de sanción de acuerdo a la normativa aplicable a cada caso en particular.  Base legal: Artículos 6º y 8º de la Ley Nº 28716 – Ley de Control Interno de las  Entidades del Estado, Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG. LAS

NORMAS

CONTRALORIA

DE

CONTROL

INTERNO

EMITIDAS

POR

LA

Las Normas de Control Interno constituyen lineamientos, criterios, métodos y disposiciones para la aplicación y regulación del control interno en las principales áreas de la actividad administrativa u operativa de las entidades; esto es, sirven de marco de referencia en materia de control interno para la emisión de la respectiva normativa institucional, así como para la regulación de los procedimientos administrativos y operativos derivados de la misma, siendo la obligación de los titulares y funcionarios responsables su implementación, a través de la emisión de normas propias de acuerdo a las características de cada entidad, siempre de acuerdo a los lineamientos establecidos  por la Contraloría General de la República.  Base legal: Resolución de Contraloría Nº 320-2006-CG. ¿ De acuerdo con la Ley de Control Interno ¿en qué caso se generaría responsabilidad administrativa, civil o penal para el funcionario o titular de la entidad? En principio, generan responsabilidad, las acciones u omisiones imputables a los auditados (funcionarios o servidores públicos), que en ejercicio de sus funciones, infringen algún precepto que guía su gestión. En este sentido, genera responsabilidad administrativa quienes han contravenido el ordenamiento jurídico administrativo y las normas internas de la entidad a la que  pertenecen, así como por el desempeño de una gestión deficiente o negligente. Generan responsabilidad civil, quienes en el ejercicio de sus funciones, hayan ocasionado un daño económico a la Entidad o al Estado. Genera responsabilidad penal, quienes en ejercicio de sus funciones han efectuado un acto u omisión tipificado como delito por  las leyes en materia penal. De acuerdo con lo anteriormente señalado, y con la finalidad de evaluar la responsabilidad, es necesario efectuar la revisión de la participación directa o indirecta del auditado en cada ciclo de la actividad u operación durante la cual se produce la observación. Como consecuencia de ello, se procederá a la imputación y exigencia concreta de las responsabilidades incurridas (administrativa, civil o penal), previo

análisis razonado de los hechos constitutivos del daño o riesgo expuesto, deber  incumplido y relación de causalidad con el auditado. Por consiguiente, en el supuesto que el Titular y los funcionarios encargados omitan cumplir con la obligación de desarrollar normas específicas para implementar el control interno, conforme a la obligación dispuesta en el artículo 4° de la Ley de Control Interno de las Entidades del Estado, dicha omisión podría acarrear una presunta responsabilidad administrativa funcional, sin perjuicio de la responsabilidad civil o  penal a que hubiere lugar, siempre que objetivamente se verifique negligencia, daño económico producido a la entidad, o la intención dolosa que conlleve a la tipicidad de algún delito.  Base legal: Artículo 8° de la Ley N° 28716, Ley de Control Interno de las Entidades del   Estado, Novena Disposición Final de la Ley Nº 27785 “Ley Orgánica del Sistema  Nacional de Control y de la Contraloría General de la República”. ¿La Contraloría General de la República establece algún sistema de control interno en las municipalidades? Se entiende por Sistema de Control Interno al conjunto de acciones, actividades, planes, normas, organización y métodos, para promover la eficiencia, eficacia, transparencia y economía en las operaciones de la entidad y resguardar los recursos del Estado. En ese sentido, los titulares de las Municipalidades son los responsables de la implementación y funcionamiento del Sistema de Control Interno.  Base legal: Artículo 8° de la Ley Nº 27785, y artículos 3°, 4° y 6° de la Ley Nº 28716 –   Ley de Control Interno de las Entidades del Estado. ¿Cuales son los componentes del Sistema de Control Interno? Son sus componentes: a) El ambiente de control; entendido como el entorno organizacional favorable al ejercicio de prácticas, valores, conductas y reglas apropiadas para el funcionamiento del control interno y una gestión escrupulosa;

 b) La evaluación de riesgos; en cuya virtud deben identificarse, analizarse y administrarse los factores o eventos que puedan afectar adversamente el cumplimiento de los fines, metas, objetivos, actividades y operaciones institucionales; c) Actividades de control gerencial; son las políticas y procedimientos de control que imparte la dirección, gerencia y los niveles ejecutivos competentes, en relación con las funciones asignadas al personal, a fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos de la entidad; d) Las actividades de prevención y monitoreo; referidas a las acciones que deben ser  adoptadas en el desempeño de las funciones asignadas, a fin de cuidar y asegurar  respectivamente, su idoneidad y calidad para la consecución de los objetivos del control interno; e) Los sistemas de información y comunicación; a través de los cuales el registro,   procesamiento, integración y divulgación de la información, con bases de datos y soluciones informáticas accesibles y modernas, sirva efectivamente para dotar de confiabilidad, transparencia y eficiencia a los procesos de gestión y control interno institucional; f) El seguimiento de resultados; consistente en la revisión y verificación actualizadas sobre la atención y logros de las medidas de control interno implantadas, incluyendo la implementación de las recomendaciones formuladas en sus informes por los órganos del Sistema Nacional de Control. g) Los compromisos de mejoramiento; por cuyo mérito los órganos y personal de la administración institucional efectúan auto evaluaciones conducentes al mejor desarrollo del control interno e informan sobre cualquier desviación o deficiencia susceptible de corrección, obligándose a dar cumplimiento a las disposiciones o recomendaciones que se formulen para la mejora u optimización de sus labores.  Base legal: Artículo 3° de la Ley N° 28716, Ley de Control Interno de las Entidades del   Estado.

¿Cuáles son las obligaciones y responsabilidades del Titular y funcionarios relativas a la implementación y funcionamiento del control interno? Son obligaciones del titular y funcionarios de la entidad, relativas a la implementación y funcionamiento del control interno: a) Velar por el adecuado cumplimiento de las funciones y actividades de la entidad y del órgano a su cargo, con sujeción a la normativa legal y técnicas aplicables.  b) Organizar, mantener y perfeccionar el sistema y las medidas de control interno, verificando la efectividad y oportunidad de la aplicación, en armonía con sus objetivos, así como efectuar la auto-evaluación del control interno, a fin de propender al mantenimiento y mejora continua del control interno. c) Demostrar y mantener probidad y valores éticos en el desempeño de sus cargos,  promoviéndolos en toda la organización. d) Documentar y divulgar internamente las políticas, normas y procedimientos de gestión y control interno, referidas, entre otros aspectos, a: I. La competencia y responsabilidad de los niveles funcionales encargados de la autorización y aprobación de los actos y operaciones de la entidad. II. La protección y conservación de los bienes y recursos institucionales. III. La ejecución y sustentación de gastos, inversiones, contrataciones y todo tipo de egreso económico en general. IV. El establecimiento de los registros correspondientes respecto a las transacciones y operaciones de la entidad, así como a su conciliación. V. Los sistemas de procesamiento, uso y control de la información, documentación y comunicaciones institucionales. e) Disponer inmediatamente las acciones correctivas pertinentes, ante cualquier  evidencia de desviaciones o irregularidades.

f) Implementar oportunamente las recomendaciones y disposiciones emitidas por la  propia entidad (informe de autoevaluación), los Órganos del Sistema Nacional de Control y otros entes de fiscalización que correspondan. g) Emitir normas específicas aplicables a su entidad, de acuerdo a su naturaleza, estructura y funciones, para la aplicación y/o regulación del control interno en las  principales áreas de su actividad administrativa u operativa, propiciando los recursos y apoyo necesarios para su eficaz funcionamiento.  Base legal: Artículo 6° de la Ley N° 28716, Ley de Control Interno de las Entidades del   Estado. 16. ¿Qué es el control externo? El control externo es el conjunto de políticas, normas, métodos y procedimientos técnicos, que compete aplicar a la Contraloría General de la República u otro órgano del Sistema  por  encargo o designación de ésta, con el objeto de supervisar la gestión, captación y uso de los recursos y bienes del Estado. Se realiza fundamentalmente mediante acciones de control con carácter selectivo y posterior.  Base legal: Artículo 8° de la Ley Nº 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República.

VIII. Sobre las Acciones y los Informes de Control 1. ¿Qué es una Acción de Control? La acción de control es la herramienta esencial del Sistema Nacional de Control, por la cual el personal técnico de sus órganos conformantes, mediante la aplicación de normas y procedimientos de control gubernamental, efectúa la verificación y evaluación

objetiva de los actos y resultados producidos por la entidad en la gestión y ejecución de los recursos, bienes y operaciones institucionales. Se realizan con sujeción al Plan   Nacional de Control y a los planes aprobados por cada órgano del Sistema. Como consecuencia de las acciones de control se emiten los informes correspondientes, los mismos que se formulan para el mejoramiento de la gestión de la entidad, incluyendo las responsabilidades que se hubieran identificado.  Base legal: Artículo 10° de la Ley N° 27785. Cómo se atienden las solicitudes de acciones de control que presenten las entidades sujetas al ámbito del Sistema Nacional de Control ante la Contraloría General de la República? Las solicitudes de acciones de control deberán ser presentadas directamente al Contralor  General de la República por el Titular o máxima autoridad de los organismos constitucionalmente autónomos; así como por los funcionarios competentes de los órganos del Estado que las formulan. Dichas solicitudes serán objeto de evaluación por   parte de los órganos de línea competentes, conforme a la naturaleza y contenido de la documentación o evidencias que se adjuntan a la petición y los antecedentes u otra información que pudiera obtenerse como resultado de la búsqueda en los archivos de la Contraloría General de la República.  Base legal: Numeral 6.1 de la Directiva N° 002-2004-CG/SGE “Normas para la atención de solicitudes de Acciones de Control por parte de entidades sujetas al ámbito del Sistema Nacional de Control ante la CGR”, aprobada por Resolución de Contraloría N° 038-2004-CG. ¿Cómo se evalúa una solicitud de acción de control? Acreditado el sustento e información pertinente y atendiendo a los recursos, evaluaciones de riesgo, capacidad operativa y carga de trabajo, la Contraloría General de la República aprobará y programará la respectiva acción de control solicitada, para su ejecución por parte del órgano de línea competente y de ser el caso, encargará dicha labor a los órganos conformantes del Sistema Nacional de Control.

Si la solicitud de acción de control carece de mérito o sustento debido, la documentación proporcionada podrá ser considerada como antecedente para una eventual acción de control, y motiva el archivo de la petición, lo que se comunicará oportunamente a la autoridad solicitante.   Base legal: Numeral 6.2 de la Directiva N° 002-2004-CG/SGE, aprobada por   Resolución de Contraloría N° 038-2004-CG. ¿Qué tipo de irregularidades, respecto a la conducta de los servidores y funcionarios públicos, son evaluadas por la Contraloría General de la República y el Sistema Nacional de Control? La Contraloría General de la República y el Sistema Nacional de Control evalúan, respecto a la conducta de los servidores y funcionarios públicos, los siguientes tipos de irregularidades: - Acciones que contravienen el ordenamiento jurídico administrativo y las normas internas de la entidad a la que pertenecen (responsabilidad administrativa funcional). - Acciones u omisiones en el ejercicio de sus funciones que ocasionan daño económico a la entidad a la que pertenecen o al Estado (responsabilidad civil). - Acciones u omisiones en el ejercicio de sus funciones, tipificadas como delitos (responsabilidad penal).  Base legal: Artículos 6° y 11° y Novena Disposición Final de la Ley N° 27785. ¿Cuál es el proceso que se sigue en las auditorías gubernamentales? El proceso que siguen las auditorías gubernamentales consta de tres fases: - Planificación.- Comprende las etapas de revisión general y de revisión estratégica. Durante este proceso el equipo de auditoría se dedica básicamente a obtener una adecuada comprensión y conocimiento de las actividades y operaciones ejecutadas por  la entidad a examinar, y se llevan a cabo ciertas acciones limitadas de revisión.

- Ejecución.- Durante este proceso se recopilan documentos, se realizan pruebas y análisis de evidencias, se comunican hallazgos de auditoría, a fin de acumular bases suficientes para la formulación de observaciones, conclusiones y recomendaciones efectivas y debidamente respaldadas. - Informe.- En este proceso el equipo de auditoría formaliza sus observaciones en el informe de auditoría. Este documento, que es producto final del examen, deberá detallar  además de los elementos de la observación, los comentarios de los funcionarios y servidores de la entidad auditada, la evaluación final de tales comentarios, conclusiones y recomendaciones. El informe de auditoría, después de su control de calidad, mediante el que se confirman los requisitos de calidad y confiabilidad, es finalmente aprobado y remitido a la entidad auditada, en la forma y modo establecidos por la Contraloría General de la República.  Base legal: Artículos 15°, 16°, 17°, 18° y 19° de la Guía de Planeamiento y Auditoría Gubernamental, aprobada por Resolución de Contraloría N° 152-98-CG, y Normas de  Auditoría Gubernamental – NAGU. ¿Qué tipo de responsabilidades se determinan en un examen especial? En los informes derivados de las acciones de control que efectúen los órganos del Sistema Nacional de Control, se pueden identificar responsabilidades ya sean de naturaleza administrativa funcional, civil o penal. En este caso, las autoridades institucionales adoptarán inmediatamente las acciones para el deslinde de la responsabilidad administrativa funcional y aplicación de la respectiva sanción, e iniciarán, ante el fuero respectivo, aquellas de orden legal que consecuentemente correspondan a la responsabilidad señalada. Las sanciones se imponen por el Titular de la entidad y, respecto de éste en su caso, por el organismo o sector jerárquico superior o el llamado por Ley.  Base Legal: Artículo 11° de la Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República.

¿En la estructura del Informe Administrativo, pueden incluirse comentarios además de aspectos considerados como otros aspectos de importancia? Si bien la NAGU 4.40 “Contenido del Informe” no contempla comentarios en su estructura, sin embargo, de existir información importante relacionada con los objetivos del examen requiere ser revelado en el informe de auditoría y si éste no se encuadra en el contexto del rubro “Otros aspectos de importancia”, no existe prohibición expresa sobre el particular, que impida su inclusión en el informe, de haber mérito para ello. ¿Los Informes de Control pueden ser impugnables en la vía administrativa y/o ser susceptibles de revisión? Los Informes de Control emitidos por el Sistema Nacional de Control constituyen actos de la administración interna de los órganos conformantes de éste, por lo que de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 1.2, del artículo 1° y el artículo 206° de la Ley N° 27444, resultan actos inimpugnables, no obstante ello, pueden ser revisados de oficio por la Contraloría General, quien podrá disponer su reformulación, cuando su elaboración no se haya sujetado a la normativa de control, dando las instrucciones precisas para superar  las deficiencias, sin perjuicio de la adopción de las medidas correctivas que correspondan.  Base legal: Artículo 24º de la Ley Nº 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República y numeral 1.2, del artículo 1° y el  artículo 206° de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. ¿Existe algún impedimento normativo o reglamentario para que un profesional contratado por locación de servicios, jefatura una Comisión de Auditoría? Al respecto, se ha determinado que las NAGU y demás directivas de control gubernamental establecen requisitos de orden personal y profesional del auditor y otras relativas a la planificación y ejecución de la auditoría gubernamental, sin haber  referencia al tipo de vínculo laboral o contractual que deba mantener el jefe de una comisión de auditoría.

 Base legal: Normas de Auditoría Gubernamental. ¿Cuál es el procedimiento de comunicación de hallazgos? ¿Qué sucede si la persona comprendida en los mismos se encuentra fuera del país u hospitalizada? La comunicación de hallazgos es el proceso mediante el cual, una vez evidenciadas las  presuntas deficiencias o irregularidades, se cumple con hacerlas de conocimiento de las  personas comprendidas en los mismos, estén o no prestando servicios en la entidad examinada, con el objeto de brindarles la oportunidad de presentar sus aclaraciones o comentarios debidamente documentados y facilitar, en su caso, la adopción oportuna de acciones correctivas. Esta comunicación se efectúa por escrito y su entrega al destinatario es directa y reservada, de no encontrarse la persona, se le dejará una notificación para que se apersone a recabar los hallazgos en un plazo de dos (2) días hábiles, prorrogables por  única vez por (3) días hábiles. En caso de no apersonarse o de no ser ubicadas las personas comprendidas en los hallazgos materia de comunicación, serán citados para recabarlos dentro de igual plazo, mediante publicación, por una sola vez, en el Diario Oficial El Peruano u otro de mayor  circulación en la localidad donde se halle la entidad auditada. Los hallazgos podrán ser  recabados personalmente o a través de representante debidamente acreditados mediante carta poder con firma legalizada. En el caso especifico de la comunicación a auditados que se encuentran en el exterior, aún cuando la NAGU 3.60 no regule expresamente dicha situación, resulta procedente que la Comisión de Auditoría, en ejercicio de su función y en resguardo de los derechos del auditado, agote los mecanismos necesarios para el efecto, pudiendo aplicar  supletoriamente las normas procesales vigentes. En el caso que la persona se encuentre con descanso médico, deben manejarse los tiempos con tolerancia.  Base legal: Normas de Auditoría Gubernamental-NAGU 3.60.

¿Puede brindar el Órgano de Control Institucional la copia de los documentos que sustentan los hallazgos que le fueran comunicados a un ex funcionario radicado en el exterior, solicitado por su abogado? Debe existir la certeza de que el ex funcionario comprendido en el hallazgo y que radica en el exterior – a través de su abogado debidamente acreditado – solicita realmente copia de la documentación que sustenta dicho hallazgo, a efectos de ser proveída y evitar posibles nulidades del procedimiento de auditoría, según el criterio de  jurisprudencia establecido por el Tribunal Constitucional en el Expediente N° 11992003-AA/TC; debiendo el Órgano de Control Institucional estar atento a que la entidad cumpla con brindar las facilidades que pudiera requerir la persona comunicada para fines de la presentación de sus aclaraciones o comentarios documentados.  Base legal: NAGU 3.60 Comunicaciones de Hallazgos, aprobado y modificado por   Resolución de Contraloría N° 162-95-CG, 141-99-CG y 259-2000-CG. Sentencia del  Tribunal Constitucional del 02.Ago.2004, dictada en el Expediente Nº 1199-2003 AA/TC  ¿Es viable el uso de memorando electrónico para la comunicación de hallazgos por parte de una comisión de auditoría durante la ejecución de una determinada acción de control? El ejercicio del control gubernamental se efectúa con arreglo a lo establecido en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República y en las disposiciones que emite la Contraloría General para normar sus actividades, obligaciones y responsabilidades; para tal efecto, el proceso de comunicación de hallazgos, regulado en la NAGU 3.60 aprobada con Resolución de Contraloría Nº 2592000-CG, señala expresamente que dicha comunicación es por escrito y su entrega al destinatario es directa y reservada, debiendo acreditarse la recepción correspondiente,  por lo que dicho medio de comunicación no resulta factible.  Base legal: NAGU 3.60 aprobada por Resolución de Contraloría Nº 259-2000-CG. 14. ¿Se encuentran vigentes las Normas Técnicas de Control Interno, aprobadas por Resolución de Contraloría Nº 072-98-CG?

Mediante Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG, publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 03 de Noviembre de 2006, se aprobaron las Normas de Control Interno, y se dejó sin efecto la Resolución de Contraloría N° 072-98-CG, que aprobó las Normas Técnicas de Control Interno para el Sector Público, así como sus modificatorias y demás normas que se le opusieran.  Base legal: Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG. ¿Se puede considerar las Normas de Control Interno como criterio válido para las acciones de control? Las Normas de Control Interno constituyen lineamientos, criterios, métodos y disposiciones para la aplicación y regulación del control interno en las principales áreas de la actividad administrativa u operativa de las entidades; esto es, sirven de marco de referencia en materia de control interno para la emisión de la respectiva normativa institucional, así como para la regulación de los procedimientos administrativos y operativos derivados de la misma, siendo la obligación de los titulares y funcionarios responsables su implementación, a través de la emisión de normas propias de acuerdo a las características de cada entidad, siempre de acuerdo a los lineamientos establecidos  por la Contraloría General de la República.  Base legal: Artículo 10º de la Ley N° 28716 – Ley de Control Interno de las entidades del Estado.  Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG. IX. Sobre la implementación de Recomendaciones y Medidas Correctivas 1. ¿Cuál es la competencia de los Órganos de Control Institucional para efectuar el seguimiento de medidas correctivas? Los Órganos de Control Institucional son los responsables de efectuar el seguimiento, verificación y registro de las medidas correctivas dispuestas por el titular de la entidad  para la implementación de las recomendaciones contenidas en los informes de acciones de control practicadas en dicha entidad.

 Base legal: Numeral 4) Disposiciones Generales (F) de la Directiva N° 014-2000CG/B150 “Verificación y Seguimiento de Implementación de Recomendaciones   Derivadas de Informes de Acciones de Control”, aprobada por Resolución de Contraloría N° 279-2000-CG. 2. ¿En qué momento se presentan los resultados de la verificación y seguimiento de las recomendaciones? Los Órganos de Control Institucional deberán presentar los resultados de verificación y Seguimiento de las recomendaciones en forma impresa y en diskette, correspondiente a los siguientes períodos: - Primer Semestre (enero-junio) a más tardar el 31 de Julio del año en ejecución. - Anual (enero-diciembre) a más tardar el 31 de enero del año siguiente.  Base legal: Disposición Específica 2 de la Directiva N° 014-200-CG/B150, aprobada  por Resolución de Contraloría N° 279-2000-CG y Resolución de Contraloría Nº 2002006- CG. 3. ¿Cuándo prescribe la responsabilidad administrativa? La responsabilidad administrativa propiamente dicha no tiene plazo de prescripción. Al igual que en el caso de las responsabilidades civil y penal, lo que prescribe es la posibilidad de iniciar alguna acción para procesar y eventualmente sancionar al funcionario o servidor  al que se le determina responsabilidad administrativa. Al respecto, y a manera de ejemplo es  pertinente revisar lo que señala el Reglamento de la Ley de la Carrera Administrativa: “El  proceso administrativo disciplinario deberá iniciarse en el plazo no mayor a un año (1) contado a partir del momento en que la autoridad competente tenga conocimiento de la comisión de la falta disciplinaria, bajo responsabilidad de la citada autoridad. En caso contrario se declarará prescrita la acción sin perjuicio del proceso civil y penal a que hubiere

lugar”  Base legal: Artículo 173° del Reglamento de la Ley de la Carrera Administrativa. 4. ¿Qué tipo de responsabilidad civil asumen los funcionarios y servidores públicos? De conformidad con la definición establecida en la Novena Disposición Final de la Ley  N° 27785, la responsabilidad civil de los funcionarios y servidores públicos es de carácter  contractual y solidaria.  Base legal: Novena Disposición Final de la Ley N° 27785 “Ley Orgánica del Sistema  Nacional  de Control y de la Contraloría General de la República” y Artículo 1321° del Código Civil. 5. ¿Puede la Contraloría General de la República sancionar administrativa o penalmente a los funcionarios responsables? La Contraloría General de la República no puede directamente sancionar ni administrativa ni  penalmente a los funcionarios, ésta emite Informes de Control, como consecuencia de la realización de acciones de control en donde identifica mediante evidencia suficiente y competente, responsabilidades de naturaleza administrativa funcional, civil o penal, los cuales son puestos en conocimiento de las autoridades institucionales y aquellas competentes de acuerdo a Ley, a fin que sean éstos los que adopten las acciones para el deslinde de la responsabilidad administrativa y aplicación de la respectiva sanción o inicien ante el fuero respectivo aquellas de orden legal que correspondan. En consecuencia, la sanción administrativa funcional compete a cada entidad y la civil y/o  penal al órgano jurisdiccional. Sin embargo, hay un caso particular en donde la Contraloría General de la República, en cumplimiento de su misión y atribuciones tiene la facultad de aplicar directamente sanciones, siempre en observancia de los principios de legalidad y debido procedimiento, y es por  la comisión de las infracciones contenidas en el artículo 42° de la Ley por parte de las

entidades sujetas a control, sus funcionarios o servidores, las sociedades de auditoría y las  personas jurídicas y naturales que manejen recursos del Estado, o a quienes haya requerido información o su presencia con relación a su vinculación jurídica con las entidades.  Base legal :  Artículos 11°, 41° y 42° de la Ley N° 27785, “Ley Orgánica del Sistema  Nacional de Control y de la Contraloría General de la República ” 6. ¿Existe la posibilidad de publicar en la página web de los Gobiernos Regionales 22 y Locales los informes que emite el Órgano de Control Institucional, considerando que no han sido implementadas las recomendaciones? Los gobiernos regionales y locales sólo podrán hacer pública o proporcionar la información generada u obtenida con ocasión de una acción o actividad de control respecto de la cual haya cesado el principio de reserva. Para el Informe Anual que emiten los Jefes de los Órganos de Control Institucional a los Consejos Regionales y Municipales, según corresponda, sobre las funciones y estado del control del uso de los recursos y fondos públicos de sus respectivas entidades, el cual si es público, la Contraloría General de la República ha emitido la Directiva N° 002-2005-CG/OCI-GSNC que regula su estructura y contenido.  Base legal: Artículo 77° de la Ley N° 27867 – “Ley Orgánica de los Gobiernos  Regionales”,  Artículo 30° de la Ley N° 27972 - “Ley Orgánica de Municipalidades“ numeral 7.8 de la  Directiva N° 003-2004-CG/SGE, aprobada por Resolución de Contraloría N° 0612004-CG y  Directiva N° 002-2005-CG/OCI-GSNC, aprobada por Resolución de Contraloría N° 549-2005CG. 7. Si no existe un Órgano de Control Institucional en la entidad auditada, ¿qué

órgano conformante del Sistema Nacional de Control se encargará de dar seguimiento a la implementación de medidas correctivas? La Contraloría General de la República encargará en aquellas entidades que carecen de un Órgano de Control Institucional, a un órgano conformante del Sistema para que realice la labor  de efectuar la verificación, seguimiento y registro en el sistema informático establecido  por la Contraloría General, de las medidas correctivas dispuestas para implementar las recomendaciones consignadas en los informes emitidos por la Contraloría General, los Órganos de Control Institucional y las Sociedades designadas y contratadas.  Base legal: Numerales 3 y 4, Disposiciones Generales f), de la Directiva N° 014-2000CG/B150 “Verificación y Seguimiento de Implementación de Recomendaciones Derivadas de  Informes de  Acciones de Control”, aprobada por Resolución de Contraloría N° 279-2000-CG. 8. ¿En qué momento o acción se dará por implementada una recomendación que de inicio a procesos administrativos o judiciales? Una vez iniciado el proceso administrativo o el judicial, es decir para este último, emitido el auto apertorio de instrucción o admisorio de la demanda, se dará por concluida la implementación de la recomendación, procediéndose a registrar su conclusión en el Formato 5-B: “Verificación y Seguimiento de la Implementación de Recomendaciones” – Situación de los Procesos Administrativos e Inicio de las Acciones Judiciales. Sin embargo, para el caso de los procesos judiciales, el órgano designado deberá continuar con el seguimiento del estado de los mismos, informando a la Contraloría General por única vez mediante el Formato N° 6-A: “Acciones Judiciales” – Información General, y semestral y

anualmente mediante registro del reporte en el Formato N° 6-B “Acciones Judiciales” –  Seguimiento de Procesos Judiciales.  Base legal: Literal b) del numeral 2, y literales a) y b) del numeral 3, Disposiciones  Específicas G), de la Directiva N° 014-200-CG/B150 “Verificación y Seguimiento de  Implementación de   Recomendaciones Derivadas de Informes de Acciones de Control”, aprobada por   Resolución de Contraloría N° 279-2000-CG.

Glosario de Términos EXAMEN ESPECIAL.- Se denomina examen especial a la auditoría que puede comprender o combinar la auditoría financiera -de un alcance menor al requerido para la emisión de un dictamen de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadascon la Auditoría de gestión - destinada sea en forma genérica o específica, a la verificación del manejo de los recursos presupuestarios de un período dado, así como al cumplimiento

de

los

dispositivos

legales

aplicables.

También tiene como objetivos específicos, entre otros, determinar si la programación y formulación presupuestaría se ha efectuado en función de las metas establecidas en los  planes de trabajo de la entidad, evaluar el grado de cumplimiento y eficiencia de la ejecución del presupuesto, en relación a Ias disposiciones que lo regulan y al cumplimiento de Ias metas y objetivos establecidos, así como determinar la eficiencia, confiabilidad y la oportunidad con que se evalúa el presupuesto de las entidades. Asimismo, se efectúan exámenes especiales para investigar denuncias de diversa índole y ejercer el control de Ias donaciones recibidas así como de los procesos licitarios, del endeudamiento público y cumplimiento de contratos de gestión gubernamental, entre otros.

AUDITORÍA DE GESTIÓN.- Su objetivo es evaluar el grado de economía, eficiencia y eficacia en el manejo de los recursos públicos, así como el desempeño de los servidores y funcionarios del Estado, respecto al cumplimiento de las metas  programadas y el grado con que se están logrando los resultados o beneficios previstos  por la legislación presupuestal o por la entidad que haya aprobado el programa o la inversión

correspondiente.

La auditoría de gestión puede tener, entre otros, los siguientes propósitos: 1. Determinar si la entidad adquiere, protege y emplea sus recursos de manera económica 2.

y

Establecer

las

causas

eficiente.

de

ineficiencias

o

prácticas

antieconómicas.

3. Evaluar si los objetivos de un programa son apropiados, suficientes o pertinentes y el grado

en

que

produce

los

resultados

deseados.

AUDITORÍA FINANCIERA.- La Auditoría financiera, a su vez, comprende a la auditoría de estados financieros y la auditoría de asuntos financieros en particular. La auditoría de estados financieros tiene por objetivo determinar si los estados financieros del ente auditado presentan razonablemente su situación financiera los resultados de sus operaciones y sus flujos de efectivo de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados. Este tipo de Auditoría es efectuada usualmente en las entidades sujetas al Sistema Nacional de Control por Sociedades de Auditoría designadas

por

la

Contraloría

General

de

la

República.

La Auditoría de asuntos financieros en particular se aplica a programas, actividades, funciones o segmentos, con el propósito de determinar si éstos se presentan de acuerdo con

criterios

establecidos

o

declarados

expresamente.

VEEDURÍA.- Constituye una modalidad de Control Preventivo que implica la acción de presenciar el desarrollo de las operaciones o actividades a cargo de la Entidad, cumpliendo

tres

(03)

finalidades

principales:

i) Alertar al Titular de la Entidad o quien haga sus veces, de la existencia de riesgos que   pudieran afectar la transparencia, probidad o cumplimiento de objetivos y de la normativa ii)

Disuadir

correspondiente; intentos

de

actos

de

corrupción;

iii) Recabar información que será utilizada para fines del control posterior, de ser el caso.

La veeduría será ejecutada de manera selectiva a algunas actividades comprendidas en las

operaciones

llevadas

a

cabo

por

la

entidad.

ACCIÓN RÁPIDA.- Se entenderá por Acción Rápida a la participación pronta y abreviada que, con arreglo a lo dispuesto en la presente Directiva y en ejercicio de sus atribuciones, compete efectuar exclusivamente a la Contraloría General de la República (en adelante Contraloría); y que tiene por objeto la verificación en un plazo sumario de hechos sujetos a control presuntamente irregulares, cuyo carácter significativo, manifiesto y/o de interés público, sustente debidamente la necesidad de la presencia y/o actuación inmediata del control gubernamental en cautela de los intereses del Estado. INFORME MACRO DE GESTIÓN PÚBLICA.- Documento que tiene por objeto determinar el grado de efectividad e impacto, en la población objetivo, de los programas gubernamentales de alcance nacional o aspectos administrativos transversales y relevantes en la administración pública; y, a partir de los resultados obtenidos por las unidades orgánicas de la Contraloría General de la República en los procesos de control gubernamental: i) ii)

identificar

los

recomendar

problemas acciones

y

principales generales

riesgos de

de mejora

gestión, y

iii) establecer lineamientos de política de control. Son de especial interés, los programas sociales de lucha contra la pobreza, los programas básicos y de emergencia en educación, salud, vivienda, medioambiente, saneamiento y electrificación rural, y los programas

de

asistencia

alimentaria.

SUPERVISIÓN TÉCNICA DE ACCIÓN DE CONTROL DEL OCI.- Revisión del trabajo realizado por los Órganos de Control Institucional en el desarrollo del control gubernamental. INFORME PREVIO OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO.- La Contraloría tiene la atribución de informar previamente sobre las operaciones, fianzas, avales y otras garantías que otorgue el Estado, inclusive los proyectos de contrato, que en cualquier  forma comprometa su crédito o capacidad financiera, sea que se trate de negociaciones en

el

país

o

en

el

exterior.