Trabajo Monografico Accion Popular Mejorado

Año de la Promoción Promoción de la Industria Industria Responsable

“

y Del Compromiso Climático Climático

”

FACULTAD

: DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS

ESCUELA

: DERECHO

CURSO

: DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL

TEMA

: PROCESO DE ACCION POPULAR

DOCENTE

: SOLORZANO RODRIGUEZ MOISES

INTEGRANTES :  JOEL TORRES SENA  KERRY TORRES DOLORES  ERIKA BLANCO FARRO  ANTONELLA CANALES PUJADA  ROMY PEREZ RIOS  AYUMI PUNTILLO SALVADOR

CICLO

:V

HUACHO

– PERU

2014

Proceso de Acción Popular _________________________ _____________ _______________________ ______________________ ______________________ _________________________ ______________

DEDICATORIA: Primeramente a dios por habernos permitido llegar hasta este punto y haberme dado salud, ser el manantial de vida y darnos lo necesario para seguir adelante día a día para lograr nuestros nuestros objetivos. objetivos. A nuestros padres por habernos apoyado en todo momento, por sus consejos, sus valores, por la motivación constante que nos han permitido ser una persona de bien y por sus ejemplos de perseverancia que los caracterizan y nos han infundido en nuestro andar.

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PRESENTACIÓN El presente trabajo monográfico reúne todas las investigaciones que hemos realizado como alumnos de la escuela de derecho acerca de los procesos de acción popular en el derecho procesal constitucional, estos son textos breves con orientaciones, análisis de la problemática observada en la práctica, a partir de los diversos criterios jurisprudenciales, jurisprudenciales, principalmente principalmente del Tribunal Constitucional y contenidos precisos para el desarrollo de la materia y están dirigidos a nuestros compañeros de clase.

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INTRODUCCIÓN El objeto de nuestro presente trabajo consiste en orientarnos sobre que es el proceso constitucional de “Acción Popular” ya que es una herramienta útil para combatir los

excesos reglamentarios del Poder Ejecutivo, que por medio de Decretos Supremos o Resoluciones de Superintendencia de carácter general pueden estar infringiendo el texto de las leyes tributarias t ributarias o en forma directa la Constitución. Así mismo, el proceso de Acción Popular, tal como es concebido hoy día, tuvo su génesis en la Constitución Peruana de 1933, se tramita exclusivamente en el Poder Judicial. La Acción Popular es el remedio para defender la constitucionalidad y legalidad frente a las normas administrativas que la contradicen; es decir, es un medio de control constitucional y legal de tipo jurisdiccional sobre normas inferiores como son las de nivel administrativo. La controversia en una Acción Popular constituye una discusión de puro derecho, en el que debe determinarse si la norma de inferior jerarquía contraviene la Constitución o la ley. Los efectos de la sentencia no son particulares, sino generales, es decir, su ámbito de vigencia es para un colectivo y no una determinada persona. Tanto el proceso de acción popular, la acción de inconstitucionalidad y el proceso competencial tienen como rasgos comunes el de servir a la defensa objetiva de la Constitución. En el proceso de inconstitucionalidad. inconstitucionalidad.

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DEDICATORIA: DEDICATORIA: ...................................................................... ................................................................................................................................ .......................................................... 1 PRESENTACIÓN.............................................................................................................................. .............................................................................................................................. 2 INTRODUCCIÓN ................................................................... ............................................................................................................................. .......................................................... 3 1.- ACCIÓN POPULAR ............................................................................................ ..................................................................................................................... ......................... 5 2.- ANTECEDENTES ..................................................................................................................... ........................................................................................................................ ... 5 3.- PROCESO DE ACCIÓN POPULAR ............................................................................................... 7 I. DEFINICIÓN: ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ 8 II. NATURALEZA............................................................... .......................................................................................................................... ........................................................... 8 III. FINALIDAD................................................................... ............................................................................................................................. .......................................................... 8 IV. RELACION CON EL PROCESO DE INCONSTITUCIONALIDAD. ................................................ 9 V. CARACTERÍSTICAS CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO DE ACCIÓN POPULAR ....................................................... 9 VI. NORMATIVIDAD VIGENTE Y SUS ALCANCES.......................................................... ...................................................................... ............ 10 VII. NORMAS OBJETO DE CONTROL.................................................................. ......................................................................................... ....................... 10 VIII.- TIPOLOGIA DE INFRACCIONES CONSTITUCIONALES. ...................................................... 11 IX.- LEGITIMIDAD PARA OBRAR ............................................................................................... ............................................................................................... 14 X.- COMPETENCIA E INSTANCIAS........................................................... ............................................................................................. .................................. 16 XI.- CAUSALES DE IMPROCEDENCIA IMPROCEDENCIA ........................................................................................ 18 XII.- TIENEN LA POTESTAD PARA INTERPONER DEMANDA DE ACCIÓN POPULAR:................ 18 XIII.- TRÁMITE DEL PROCESO ............................................................................ ................................................................................................... ....................... 19 XIV.- EFECTOS DE LA SENTENCIA .............. ................................................................................. ............................................................................... ............ 27 CONCLUSIONES............................................................................................................................ ............................................................................................................................ 28 BIBLIOGRAFIA ...................................................................... .............................................................................................................................. ........................................................29

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1.- ACCIÓN POPULAR Las ideas básicas, que nos trae en principio el termino, <>, es que se trata de una actividad de carácter judicial que puede ser emprendida por cualquier persona o grupo de personas contra algo que perjudica a la colectividad y para que ello se subsane o se deje sin efecto, De ello podemos deducir que el titular de la acción, no obligatoriamente es el perjudicado, asimismo que la acción es popular, porque cualquiera del pueblo puede emprenderla y porque beneficiara a toda una colectividad, o una parte significativa de ella.

2.- ANTECEDENTES Esta acción de garantía garantía tiene dos tipos de antecedentes, antecedentes, uno de tipo de control jurídico – penal y otro de control constitucional. En el primer tipo de antecedentes, ha estado destinado a formular denuncias contra autoridades que cometían delitos contra los deberes de función, a fin de que se les emprendieran los procesos correspondientes, y en su oportunidad fueran debidamente sancionados. En este primer nivel de antecedentes, en el siglo que ha terminado, encontramos en la constitución de 1920, el art. 157°, que puntualiza lo siguiente: <<

Producen

acción

popular

contra

magistrados

y

jueces,

la

prevaricación, el cohecho, la abreviación o suspensión de las formas judiciales, el procedimiento ilegal contra las garantías individuales y la prolongación indebida de los procesos sumarios>>.

En la constitución de 1933, encontramos en el art. 231, que puntualizaba lo siguiente: << hay acción popular para denunciar los delitos contra los deberes de función y cualquier otro que cometan los miembros del Poder Judicial, en ejercicio de sus funciones.

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También la hay para denunciar los delitos contra la ejecución de las resoluciones judiciales que comentan los funcionarios del Poder Ejecutivo>>.

Pero el tipo de acción popular que hemos señalado anteriormente dentro del marco de las constituciones de 1920 y 1933, si bien están insertadas en dichas Constituciones, tienen un carácter procesal penal, como una forma de denuncia, ya que formulada esta, la acción la prosigue el órgano jurisdiccional, en este caso el juez instructor, y su finalidad es contribuir a la moralización de la administración de justicia. Dentro del marco de la Constitución de 1979, ha seguido funcionando este tipo de acción popular. Es así que al señalar en el art.11 del Dec. Leg. 52, sobre el Ministerio Publico, al conceder a este la titularidad de la acción penal publica, dice que la ejercita de oficio, a instancia de parte agraviada o mediante acción popular, si se trata de delito de comisión inmediata o de aquellos contra los cuales la ley la concede expresamente. Esta legislación sigue vigente, y representa un medio de control popular de la legalidad de los jueces. Pero el otro tipo de acción popular que nos interesa mayormente para el presente trabajo, es el de tipo constitucional, y que tiene a la calidad de garantía. Sobre este tipo también tenemos como antecedente más o menos próximo, el contenido de la Constitución de 1933, que en su art.133, decía lo siguiente: <>.

Tal como puede apreciarse se trataba de una acción de garantía llamada a controlar la constitucionalidad y la legalidad, frente a normas de carácter administrativo, emanadas del Poder Ejecutivo. Sin embargo en la práctica, esta institución no fue aplicada por mucho tiempo, alegándose que no existía

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reglamentación, pero, por otra parte, debemos pensar que fue por obsecuencia y subordinación al poder ejecutivo. Recién en el año 1963, se incluye en la ley 14605, Ley Orgánica del Poder Judicial, una norma que en forma muy general, señala el procedimiento. El art. 7 de dicha ley, dice lo siguiente: <>.

No obstante la existencia de tal norma, las poquísimas ejecutorias que se expidieron fueron adversas, señalándose que para emprender la acción popular, se requería tener interés legítimo en dicha acción sentido jurisprudencial que desnaturaliza desnaturaliza la acción. La Constitución de 1979, puntualiza con mayor énfasis, a la Acción Popular, como una Garantía Constitucional, en la última parte del art. 295°, en los siguientes términos: <>.

Esta norma está incluida sobre una nueva tónica constitucional, en un capítulo especial, como es el de las Garantías Constitucionales, sin embargo, tampoco resultaba de aplicación, en ausencia de una ley que la desarrollara y señalara su procedimiento. Después de ocho años de vigencia de la Constitución, se promulgo la ley 2468, exactamente el 20 de diciembre de 1988, denominada Ley Procesal de la Acción Popular.

3.- PROCESO DE ACCIÓN POPULAR

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I. DEFINICIÓN: La acción popular es un proceso constitucional que sirve como mecanismo de la defensa de la Constitución mediante el cual se pretende la expulsión del sistema jurídico de una norma (o parte de ella) subsidiaria a la ley, que atenta preceptos constitucionales o legales y se ejerce a través de los órganos jurisdiccionales del Estado. Este proceso puede ser comparado por analogía con el de inconstitucionalidad. inconstitucionalidad.

II. NATURALEZA a) Objetivo: Defensa de la Supremacía normativa de la Constitución.

Constitucionales. b) Subjetivo: Protección de los Derechos Constitucionales.

III. FINALIDAD Al interponer la demanda de acción popular, prima facie, no se persigue la tutela de intereses subjetivos, sino la defensa de la jerarquía normativa de la Constitución y las leyes. Sin embargo, aun cuando se trata de un proceso fundamentalmente objetivo, es decir, un proceso en el que se realiza un juicio de compatibilidad abstracta entre dos fuentes de distinta jerarquía de una lado, la Constitución y/o la ley (como parámetros), y del otro, os reglamentos, las normas administrativas y las resoluciones de carácter general (como las fuentes sometidas a control), también se puede afirmar que este proceso tiene una dimensión subjetiva, en la medida que son fines esenciales de todos los procesos constitucionales constitucionales garantizar la primacía de la l a Constitución y la vigencia efectiva de los derechos constitucionales, tal y como se señala en el artículo II de título Preliminar del Código Procesal Constitucional. En este sentido, y como lo afirmo el Tribunal Constitucional, son constantes las ocasiones en las que el juez constitucional, a efectos de evaluar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las normas, debe tener en cuenta los supuestos concretos en los que estas han sido o pueden ser aplicadas. Esta afirmación evidencia que a dicha dimensión objetiva la acompaña una subjetiva. Así, no puede soslayarse soslayarse que aunque el control concentrado de las normas tiene una finalidad inmediata, depurando del ordenamiento a aquellas disposiciones que contravengan el principio de jerarquía normativa, tiene como 8


fin mediato impedir su aplicación, es decir, impedir que estas puedan generar afectaciones concretas (subjetivas) a los derechos fundamentales de los individuos. Por ello, como lo ha señalado en su jurisprudencia el Tribunal Constitucional, es deber del Juez constitucional tener presente que el proceso orientado por antonomasia a defender la supremacía de la Constitución (para el proceso de inconstitucionalidad y aplicable al de acción popular), siempre tendrá también, en última instancia, la vocación subjetiva de preservar los derechos fundamentales de las personas. A rt í c ul o 75.- Fin alid ad

.

IV. RELACION CON EL PROCESO DE INCONSTITUCIONALIDAD. INCONSTITUCIONALIDAD. Su finalidad común, preservar la supremacía de la Constitución y la jerarquía normativa consagrada en esta, convierte a los procesos de inconstitucionalidad inconstitucionalidad y de acción popular en figuras análogas, aunque con algunas diferencias como veremos más adelante. Por estos puntos comunes, los artículos 75 al 83 de Código Procesal Constitucional contienen las disposiciones generales aplicables a los procesos de acción popular y de inconstitucionalidad, existiendo sobre todo similitud en la admisibilidad y procedencia de las demandas. Por ello, a entender de Cesar Landa Arroyo, desde el punto de vista sustantivo, la acción popular está estrechamente vinculada con el proceso

de

inconstitucionalidad, en la medida en que su objetivo también se asegurar el orden constitucional objetivo, además del legal; pero examinando las normas inferiores a la ley.

V. CARACTERÍSTICAS CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO DE DE ACCIÓN POPULAR 

Protegen la constitución de las leyes de la normatividad administrativa del ejecutivo y otros organismos organismos públicos a fines del estado, que que las contradigan y las contravengan.



Se formula contra reglamentos y normas administrativas y contra resolución y decretos de carácter carácter general, cualquiera sea autoridad de la que emanen.



Se entabla ante el poder judicial. 9

de la

Proceso de Acción Popular _________________________ _____________ _______________________ ______________________ ______________________ _________________________ ______________ 

Como puede inferirse, las normas normas administrativas pueden prevenir del poder ejecutivo, de los gobiernos regionales o los gobiernos locales, aun de las corporaciones y entidades públicas autónomas, dejando en claro que tales normas son de carácter general.

VI. NORMATIVIDAD NORMATIVIDAD VIGENTE Y SUS ALCANCES La norma constitucional vigente es la contenida en el artículo 200 200 inciso.5 de la carta de 1993 cuyo texto es el siguiente: La acción popular procede por infracción de la constitución y de la ley contra los reglamentos, reglamentos, normas administrativas, resoluciones resoluciones y decretos decretos de carácter general cualquier sea la autoridad de que emanen.

Y en el nivel legal en código procesal constitucional, art .84 al 97. Como puede apreciarse , esta acción de garantía es el remedio para defender la constitucional y la legalidad, frente a las normas administrativas que las contradicen. Es pues un medio de control constitucional constitucional y legal de tipo jurisdiccional sobre normas inferiores como son

las de nivel administrativo

se diferencian del Habeas Corpus y la Acción de Amparo en que que mientras estas defienden la constitución frente a actos, la acción popular la defiende frente a normas.

VII. NORMAS OBJETO DE CONTROL La acción popular procede contra normas de menor jerarquía que contravienen la Constitución o las leyes, expedidas por cualquier autoridad del Poder Ejecutivo, gobiernos regionales y locales, y además personas de Derecho Público. Según el artículo 76 del Código Procesal Constitucional, “La demanda de acción popular procede contra los reglamentos, normas administrativas y resoluciones de carácter general, cualquiera que sea la autoridad de la que emanen, siempre que infrinjan la Constitución o la ley, o cuando no hayan sido expedidas o publicadas en la forma prescrita por la Constitución o la ley, según el caso.”

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Dichas normas, que eventualmente pueden resultar inconstitucionales, son las siguientes:

1.- LOS REGLAMENTOS. Son un conjunto de reglas que rigen una actividad. Vienen dados por la facultad reglamentaria que está confiada al Poder Ejecutivo en diferentes niveles y jerarquías (gobierno central, gobiernos regionales y locales); con lo cual proliferan infinidad de reglamentos en todas las l as áreas.

2.- LAS NORMAS ADMINISTRATIVAS. Es la regla o criterio que rige las relaciones jurídicas en la Administración Publica.

3.- LAS RESOLUCIONES DE CARÁCTER GENERAL. Vienen a ser los actos o decisiones emitidas por la autoridad administrativa en ejercicio de sus funciones.

VIII.- TIPOLOGIA TIPOLOGIA DE INFRACCIONES INFRACCIONES CONSTITUCIONALES. CONSTITUCIONALES. El artículo 75 del Código Procesal Constitucional establece que la infracción a la jerarquía normativa de la Constitución y las leyes puede ser tanto por la forma como el fondo; parcial o total; y, directa o indirecta.

En este punto es interesante anotar las reflexiones de Morón Urbina al respecto, pues según la tipología de las infracciones constitucionales la afectación supone dos situaciones concretas: que un reglamento atente contra la Constitución; o, que un reglamento atente contra una ley (ya sea por la forma o por el fondo; parcial o total; y, directa o indirecta). Es aquí donde advierte que, en virtud de las disposiciones constitucionales contenidas en el artículo 118, que señala que los reglamentos no pueden desnaturalizar o transgredir una ley, y el artículo 51, referido al principio de supremacía normativa, no podemos escindir entre reglamento ilegal y reglamento constitucional. Es decir, todo reglamento vulneratorio de la ley será a su vez inconstitucional por vía indirecta. Aunque si considera que es posible identificar un supuesto de reglamento que pueda ser inconstitucional, sin ser necesariamente ilegal.

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1.

INFRACCIONES CONSTITUCIONALES POR LA FORMA O POR

EL FONDO. A.

Infracción constitucional por forma.

Una infracción constitucional de forma se configura en tres supuestos: a)

Cuando se produce un quebrantamiento del procedimiento previsto para

la emisión de la norma, es decir, que no ha respetado las normas que la Constitución o la ley han establecido para su producción. Como sería el caso de un edicto dado por un concejo distrital pero que no es ratificado por el consejo provincial; un decreto supremo expedido sin el voto del consejo de ministros cuando este exigido así por la ley. b)

Cuando ha regulado una materia que ha sido reservada para otro tipo de

norma u otra especifica fuente formal del Derecho. c)

Cuando ha sido expedida por un órgano constitucional o legalmente

incompetente. Por ejemplo un decreto de alcaldía aprobado por quien carece jurídicamente de la condición condición de alcalde.

B.

Infracción constitucional por fondo.

La infracción por el fondo se produce cuando la norma cuestionada contraviene derechos, principios, normas o valores reconocidos por la Constitución o por la ley o con relevancia constitucional o legal. Es decir, cuando resulta atentatoria no de las normas procedimentales o del iter de expedición de dicha norma reglamentaria, sino de las normas normas sustanciales reconocidas en la Constitución y/o en la ley.

2.

INFRACCIONES CONSTITUCIONALES PARCIALES O TOTALES.

La totalidad o parcialidad de las infracciones constitucionales no se encuentra referida a un quantum de la fuente afectada (la Constitución o la ley), sino de la fuente lesiva (reglamentos, normas administrativas y resoluciones de carácter general). Por lo que se deberá analizar el contenido dispositivo y el contenido normativo para ver cuando de la norma afecta la Constitución o la ley.

A.

Infracciones constitucionales parcial. 12


Una norma es parcialmente inconstitucional o ilegal cuando solo una fracción de su contenido contraviene la norma suprema o la ley. En este último supuesto, cuando la invalidez recaiga en el contenido dispositivo (texto lingüístico del precepto), se dejaran sin efecto las palabras o frases que se consideren inválidas. Por otro lado, si dicha invalidez reside en su contenido normativo, es decir, en alguna de las interpretaciones atribuidas a la disposición cuestionada, todo órgano del Estado estará impedido de aplicar los sentidos interpretativos declarados inconstitucionales o ilegales.

B.

Infracciones constitucionales total

Una norma infralegales totalmente inconstitucional o ilegal cuando todo su contenido dispositivo o normativo es contrario al texto constitucional o legal.

3.

INFRACCIONES CONSTITUCIONALES DIRECTAS E INDIRECTAS

- EL BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD A.

Infracción constitucional directa

Este tipo de infracción se comprueba a través de la confrontación de la norma cuestionada con la disposición constitucional o legal que sirve de parámetro, es decir, que queda verificada sin necesidad de apreciar, previamente, la incompatibilidad de la norma enjuiciada con alguna(s) otra(s) norma(s). Aquí calzan aquellos supuestos en los que el parámetro de control de constitucionalidad o legalidad se reduce únicamente a la Constitución o a la ley respectivamente.

B.

Infracción constitucional indirecta

A contrario sensu, la infracción indirecta es aquella que para su comprobación no solo basta confrontarla con la disposición constitucional o legal; sino que por el carácter abierto de las disposiciones constitucionales es necesario que se les confronte con una norma que pertenezca al parámetro de constitucionalidad o de legalidad. Es decir, incorpora al parámetro otras normas además de la propia Constitución o la ley que se dice vulnerada. Esto se configura con un norma (“norma interpuesta”) a la que la Constitución o la ley o norma de rango

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infralegal le encomendó estableces los límites para la producción de otra norma de igual o inferior jerarquía normativa. Para ellos se utiliza la técnica de interpretación contenida en el artículo 79 del código Procesal Constitucional, que si bien solo hace referencia expresa a la labor del Tribunal Constitucional, debe ser aplicada también para el proceso de acción popular. En dicho artículo se establece que las normas que forman parte del parámetro son las que determinan la competencia o las atribuciones de los órganos del Estado Estado o de ejercicio de los derechos fundamentales conforme conforme a la Constitución y la ley. Entonces,

hablamos

de

vulneración

“indirecta”

porque

la

invalidez

constitucional o legal de la norma impugnada no puede quedar acreditada con un mero juicio de compatibilidad directo frente a la Constitución o la ley, sino que debe verificarse primero su disconformidad con una norma perteneciente al parámetro de constitucionalidad. En todo caso, será el Pode Judicial el que establezca con la claridad que normas forman del “bloque” en cada caso

concreto, para saber si estamos ante una infracción indirecta.

IX.- LEGITIMIDAD PARA OBRAR 1. LEGITIMIDAD PARA OBRAR ACTIVA La legitimidad para obrar o legitimatio ad causam es la cualidad emanada de la ley para requerir una sentencia favorable, situación que coincide en la mayoría de los casos con la titularidad de la relación jurídico sustancial; ahora bien, en la acción popular la legitimidad para obrar activa es aformal y material, por los sujetos facultados para presentar una demanda. Viene a ser una legitimidad para obrar popular, abierta y amplia, pues puede ser incoada por "cualquier persona", en ese sentido el artículo 84 del Código Procesal Constitucional habilita a cualquier ciudadano a formular su pretensión sobre la materia de este proceso constitucional", a diferencia del proceso de inconstitucionalidad donde solo pueden accionar una lista cerrada de sujetos determinada en la propia Carta Magna. Cabe señalar que por disposición expresa de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo (Ley Nº 26520, artículo 9, inciso 2) el Defensor del Pueblo está 14


facultado, en el ejercicio de sus funciones, para interponer la demanda de acción popular en tutela de los derechos constitucionales y fundamentales de cualquier persona. A) Representación Judicial por abogado.

Las partes pueden otorgar facultades generales de representación al abogado patrocinante. Siguiendo al artículo 80 del Código Procesal Civil, en el escrito de demanda, el interesado o su representante pueden otorgar o delegar al abogado las facultades generales de representación a que se refiere el artículo 74 del mismo código. En estos casos no se requiere observar las formalidades del artículo 72, pero sí que se designe el domicilio personal del representado y su declaración de estar instruido de la representación o delegación que otorga y de sus alcances. Además téngase en cuenta que el artículo 290 de la Ley Orgánica del Poder Judicial considera implícitas las facultades de representación del abogado, aun cuando su cliente no se las haya otorgado expresamente, de ese modo, en los procesos sin necesidad de la intervención i ntervención de su patrocinado, el abogado puede presentar, suscribir y ofrecer todo tipo de escritos, con excepción de aquellos para los que se requiere poder especial con arreglo a ley. En esa lógica, también se señala que el abogado no requiere poder especial para interponer medios impugnatorios en representación de su cliente, según se desprende de la disposición autoritativa contenida en el mismo artículo.

2. LEGITIMIDAD PARA OBRAR PASIVA Esta viene a ser la otra cara de la legitimidad para obrar, la que se refiere al demandado, en ese sentido, la demanda de acción popular se interpone contra el órgano emisor de la l a norma objeto del proceso. Si dicha norma fue expedida con participación de más de un órgano emisor, se demandará al de mayor jerarquía. Si se trata de órganos de igual nivel jerárquico la demanda se dirige al primero que suscribe el texto normativo. En el caso de normas dictadas por el Poder Ejecutivo se debe demandar al ministro que la refrenda y si fuesen varios al que haya firmado en primer término. 15


3. LA DEFENSA DEL ESTADO El procurador público ejercita la representación y defensa en los procesos del sector al que pertenece o de la entidad dependiente de dicho sector; en general, este actúa en calidad de demandante, demandado, denunciante, denunciado o parte civil, pudiendo prestar confesión en juicio en representación del sector o ministerio, convenir en la demanda, desistirse de ella o transigir en el proceso. En cumplimiento de su trabajo guarda relaciones de coordinación y cooperación con el Consejo de Defensa Judicial del Estado y da cuenta de la situación de los procesos y acciones judiciales en defensa de sus derechos e intereses, rindiendo anualmente un informe de su gestión. Conforme al artículo 7 del Código Procesal Constitucional, la defensa del Estado o de cualquier funcionario o servidor público la asume el procurador público que corresponda, o el representante legal que el funcionario o servidor designe sin perjuicio de que los funcionarios f uncionarios demandados puedan intervenir por propio derecho; sin embargo, la no participación de cualesquiera de estos no invalida ni paraliza el procedimiento. Este mismo artículo del Código Adjetivo faculta al procurador público para que, antes de que el proceso constitucional sea resuelto en primera instancia, ponga en conocimiento del titular de la entidad su opinión profesional motivada cuando considere que se afecta el derecho constitucional invocado en el petitorio de la demanda, artículo que también encajaría para el supuesto de los procesos de acción popular si tenemos en cuenta la doble dimensión de los procesos constitucionales.

X.- COMPETENCIA COMPETENCIA E INSTANCIAS 1. LA COMPETENCIA NEGADA AL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL La Constitución de 1993 no señala de manera expresa el órgano competente que conoce de la acción popular, dejando dicha tarea a la ley. Como señalamos antes, el Código Procesal Constitucional aborda esta materia en su artículo 85, señalando que es función exclusiva del Poder Judicial, optando por mantener la competencia regulada por la legislación anterior.

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Ante esta decisión del legislador, algunos juristas nacionales han cuestionado el porqué no es el Tribunal Constitucional el órgano encargado de conocer el proceso de acción popular, pues "resulta incongruente que la acción popular siga siendo competencia de la justicia ordinaria, cuando es a la jurisdicción constitucional a quien le corresponde la función del control constitucional y eventualmente legal; en este sentido, la acción popular, si bien podría tramitarse en sede judicial, debería, en última instancia, ser resuelta en sede constitucional, a fin de integrar las decisiones judiciales dentro de la supremacía de interpretación de la Constitución, a cargo del Tribunal Constitucional”;

argumento

razonable

que

lograría

concentrar

par a

conocimiento de ese colegiado los procesos en defensa de la legalidad constitucional, más aún si la regulación actual insiste con iniciar el trámite en una Sala de la Corte Superior para luego ser apelada y elevada a la Corte Suprema, lo cual en opinión de Espinosa-Saldaña no se justifica, pues interponer este tipo de demandas a nivel de Corte Superior y luego recargar a la Corte Suprema con este tipo de casos no ayuda en su tarea de tribunal casatorio.

2. REGLAS DE COMPETENCIA Si bien todos los jueces cuentan con jurisdicción esto es, aquella potestad que les es delegada por el Estado para conocer y resolver conflictos, no todos los órganos jurisdiccionales son competentes para conocer de cualquier asunto. Se conoce a la competencia como la aptitud del juzgador para conocer de un determinado asunto y que nace de la ley; en ese sentido, el artículo 85 del Código Procesal Constitucional señala cuál es el juez competente para conocer de la demanda de acción popular. La competencia para conocer dicho proceso corresponde exclusivamente exclusivamente al Poder Judicial, de la siguiente manera: 

Cuando la norma impugnada es de carácter regional o local es competente la sala de turno que corresponde, por razón de la materia, de la Corte Superior del Distrito Judicial al que pertenece el órgano emisor de la norma cuestionada de inconstitucionalidad o ilegalidad.

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Proceso de Acción Popular _________________________ _____________ _______________________ ______________________ ______________________ _________________________ ______________ 

En los demás casos, es decir decir cuando las normas son dictadas dictadas por el Gobierno central, es competente la Sala de la Corte Superior de Lima que corresponda.

A diferencia del proceso de inconstitucionalidad, inconstitucionalidad, en el que existe instancia única ante el Tribunal Constitucional, para el caso de la acción popular existen dos instancias. Así, en apelación, corresponde la competencia a la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de la República.

XI.- CAUSALES DE IMPROCEDENCIA En el proceso de calificación de la demanda, la acción popular no procede en los siguientes casos: 

Cuando es interpuesta interpuesta después de transcurridos cinco años años contados a partir de la fecha de publicación de la norma impugnada (artículo 87, CPConst.). Como se aprecia, se trata de la prescripción de la acción. Así, se sanciona la falta de cuestionamiento a la norma y se otorga seguridad jurídica respecto a la vigencia posterior de esta. No obstante ello, permanece vigente la posibilidad de que lis jueces ejerzan control difuso.



Cuando se interpone interpone la demanda de acción popular contra una norma norma respecto de la cual ya se ha emitido un pronunciamiento sobre el fondo, basada en la misma infracción infracción (artículo 82, último párrafo, párrafo, CPConst.). Al respecto, estamos ante un supuesto de cosa juzgada. En este caso debemos precisar que no solo deberá declararse improcedente la demanda si existe otra sentencia de acción popular que se pronuncie sobre el fondo, sino también si hay sentencias de inconstitucionalidad que se hayan pronunciado sobre el fondo de lo pretendido.

Personas facultadas para interponer la demanda del proceso de acción popular.

XII.- TIENEN LA POTESTAD PARA INTERPONER INTERPONER DEMANDA DE ACCIÓN POPULAR: POPULAR: a. Los ciudadanos peruanos en ejercicio pleno de sus derechos.

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b. Los ciudadanos extranjeros residentes en el Perú. c. Las personas jurídicas constituidas o establecidas en el Perú, a través de sus representantes legales. d. El Ministerio Público.

Cabe mencionar que no es necesario que se tenga interés para obrar para entablar la demanda.

XIII.- TRÁMITE DEL DEL PROCESO El proceso de acción popular se tramita conforme a las disposiciones pertinentes del Código Procesal Constitucional (artículos 75 al 97). El trámite es el siguiente:

1. TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA A) Postulación de la demanda

La demanda de acción popular se presenta por escrito y debe reunir los siguientes datos y anexos como requisitos mínimos (artículo 86, CPConst.): 

La designación designación de la la sala ante ante la cual se interpone. interpone.



El nombre, identidad del demandante y su domicilio domicilio legal y procesal.



La denominación denominación precisa y el domicilio del órgano emisor de la norma norma materia de la demanda.



La expresión expresión de la norma objeto de la demanda.



Dentro del petitorio debe incluirse la indicación indicación de la norma o normas normas constitucionales y/o legales que se suponen contravenidas por la que es objeto del proceso.



La exposición exposición de los fundamentos fundamentos de la pretensión. pretensión.



La firma del demandante demandante o de su representante representante o de su apoderado y la del abogado. ·



Copia simple de la norma objeto del proceso proceso precisándose precisándose el día, mes y año de su publicación.

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A la demanda se deben acompañar copias suficientes de esta y de los documentos que se adjuntan; así como los recaudos r ecaudos que exige la ley. El proceso de acción popular, como todo proceso constitucional, debe ser tramitado con preferencia en relación con los demás procesos judiciales que tenga a su cargo la Sala competente. Por ello, la tramitación debe ser diligente y expeditiva, bajo responsabilidad, y en ningún caso la presentación de la demanda· podrá ser rechazada por el personal administrativo del despacho judicial (artículos 13 y 42, CPConst.). CPConst.). Asimismo, téngase en cuenta que en virtud de la quinta disposición final del Código Procesal Constitucional, los procesos constitucionales se encuentran exonerados del pago de tasas judiciales.

B) Plazo para interponer la demanda

El artículo 87 del Código Procesal Constitucional regula el plazo para la interposición de la demanda, aquí puede verse como, por el paso del tiempo, se pierde el derecho de ejercer una acción, sin que ello signifique que los jueces no puedan hacer hacer uso de su facultad del control difuso. A diferencia de la anterior, en la actual legislación no existe diferencia de si se trata de normas violatorias de la Constitución o violatorias de la ley; el plazo para interponer la demanda de acción popular prescribe a los cinco años contados desde el día siguiente de publicación de la norma cuestionada. C) Desistimiento.

Desistir es ceder, abdicar, renunciar, apartarse de algo. Cuando hablamos de desistimiento en un proceso constitucional nos referimos a la .conducta del demandante dirigida a renunciar a la pretensión plateada por él en su demanda. Si bien este aspecto no está regulado en el Código Adjetivo, debe entenderse 20


que el demandante no puede desistirse, pues la demanda de acción popular no está dirigida a promov.er la defensa ·de intereses particulares, sino a promover Ia tutela de un interés general a través de la defensa de la constitucionalidad y/o legalidad de las normas infralegales, por ello una vez admitida a trámite la demanda y habilitada la competencia de la Sala correspondiente queda inexorablemente constituida la relación jurídicoprocesal. D) Calificación de la demanda

Si bien es cierto que la demanda no puede ser rechazada por el personal administrativo del juzgado, el Código obliga a los jueces a calificar l iminarmente la demanda, es decir, que verifiquen el cumplimiento de los requisitos de forma (de lo contrario se declarará su inadmisibilidad) o de fondo (cuyo incumplimiento genera la improcedencia). Una vez interpuesta la demanda, la Sala correspondiente se pronuncia sobre su admisibilidad, dentro de un plazo máximo de cinco días (artículo 88, CPConst.). En caso se resuelva la inadmisibilidad de la demanda, se precisará el requisito incumplido y el plazo para subsanarlo. Si se declara improcedente la demanda, y la resolución fuese apelada, se notificará al demandado (artículo 88, CPConst.). E) Emplazamiento y publicación de la demanda

Según se señala en el artículo 89 del Código Procesal Constitucional, la resolución que admite la demanda se publica, junto con una relación sucinta de los hechos de la demanda, por una sola vez en el diario oficial El Peruano, si la demanda se promueve en Lima o, en todo caso, en el medio de comunicación escrito oficial de publicidad del distrito judicial que corresponda. Asimismo, la sala corre traslado al órgano emisor de la norma impugnada (artículo 89, CPConst.), en ese sentido: 

Si dicha norma ha sido expedida expedida con la participación participación de más de un un órgano emisor se notifica al de mayor jerarquía.



Si se trata de órganos de igual igual nivel jerárquico, la notificación se dirige al 21


primero que suscribe el texto normativo. 

Si la norma ha sido emitida emitida por el Poder Poder Ejecutivo, el el emplazamiento se hará por intermedio del ministro que la refrenda; si fuesen varios, por el que haya firmado en primer término.



Si el órgano emisor emisor ha dejado de operar, corresponde corresponde notificar al órgano órgano que asumió sus funciones.

F) Contestación de la demanda

El llamado "auto admisorio" además de ser la resolución que contiene la admisión a trámite de la demanda, es el auto que contiene los siguientes actos: el traslado de la demanda y el emplazamiento al demandado, además de concederle un plazo para que este se pronuncie sobre la demanda planteada en su contra. El plazo para contestar la demanda es de diez días, contados a partir de su fecha de notificación al órgano emisor y deberá contener los mismos datos y anexos pertinentes de la demanda (artículo 91, CPConst.). G) Requerimiento de antecedentes

Asimismo, la Sala puede, de oficio, ofi cio, ordenar en el auto admisorio que el órgano emisor remita, junto con la contestación, el expediente conteniendo los informes y documentos que dieron origen a la norma cuestionada, dentro de un plazo no mayor de diez días improrrogables, contados a partir de la fecha de notificación de dicho auto con el que se corre traslado de la demanda, bajo responsabilidad. La Sala dispondrá las correspondientes medidas de reserva pertinentes para los documentos y expedientes que así lo requiera (artículo 90, CPConst.). H) Acumulación de procesos

Esto se refiere a la tramitación de dos o más procesos que han sido iniciados por separado. La orden de acumulación puede ser a pedido de parte o de oficio con la finalidad de evitar pronunciamientos jurisdiccionales contradictorios. contradictorios. Así, si existe una pluralidad de personas que han ejercido separadamente su derecho de acción y el juzgador lo hubiese prevenido, a pedido de parte o de 22


oficio podrá ordenar la acumulación de los procesos cuando estos sean conexos, es decir, cuando se trate de demandas que contienen sustancialmente el mismo petitorio. El órgano jurisdiccional ordena o desestima la acumulación de procesos mediante resolución. Este auto que concede o deniega la acumulación no podrá ser impugnado en ningún caso. I) Vista de la causa

La Sala señalará día y hora para la vista de la causa dentro de los diez días posteriores a la recepción de la contestación o vencido el plazo para contestarla. En la vista de la causa, las partes o sus abogados pueden formular informes orales o alegatos escritos; en este último caso se leerá el documento en la audiencia. A la vista de la causa, las partes pueden presentar su informe oral (artículo 92, CPConst.). Es importante recordar que los abogados de las partes pueden informarse del expediente por la oficina de secretaría, hasta tres días antes de la vista de la causa. J) Sentencia

La Sala emite sentencia dentro de los diez días posteriores a la fecha de la vista de la causa. Contra la sentencia de la sala procede el recurso de apelación que se interpondrá dentro del quinto día, y será conocido por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de la República. K) Consulta

Siguiendo a la ley procesal anterior, el artículo 95 del Código Procesal Constitucional contempla con precaución que si no se interpone recurso de apelación contra la sentencia que ampara la demanda, de todos modos los autos se elevan en consulta obligatoria a la Sala de Derecho Constitucional y 23


Social de la Corte Suprema, a efectos de obtener la ratificación o. confirmación de lo resuelto en la sentencia. La consulta se .absolverá dentro de los cinco días posteriores a la recepción del expediente sin trámite previo. L) Recurso de apelación

La pluralidad de la instancia no es solamente un principio. y derecho de la función jurisdiccional, sino también una manifestación implícita del derecho constitucional que tiene toda persona al debido proceso, consagrado en el artículo 139, inciso 6, de la Constitución. Al apelar una sentencia, no solo estamos frente un trámite de apelación de cualquier resolución, sino que por tratarse de una resolución que pone fin al proceso, se nos abren las puertas de una segunda instancia, buscándose un nuevo examen de la decisión tomada con respecto de la pretensión contenida en la demanda. M) Medidas cautelares

Una medida cautelar tiene como finalidad asegurar provisionalmente los efectos de la decisión jurisdiccional definitiva y la neutralización de los perjuicios irreparables que podrían ocasionarse durante el proceso; y si bien la tutela cautelar no se encuentra contemplada expresamente en la Carta Magna, el Tribunal Constitucional ha señalado que dicha tutela cautelar se constituye en una manifestación implícita del derecho al debido proceso, consagrado en el artículo 13 9, inciso 3, de la Constitución. Con ello, se llega a afirmar que la medida cautelar tiene una "finalidad constitucional" concluyendo que no existiría ni debido proceso ni Estado Constitucional de Derecho ni democracia, si una vez resuelto un caso por la autoridad judicial, resultase imposible el cumplimiento de la decisión adoptada por esta, dado que existen procesos que por su duración, aunque tramitados dentro de los respectivos plazos pueden constituir un serio peligro para eficacia del Derecho; señalando que se trata de un "instrumento del instrumento" parafraseando a Calamandrei.

2. TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA A) Vista de la causa e informe oral

24


Recibidos los autos por la Sala de la Corte Suprema, esta correrá traslado por el plazo de cinco días simultáneos y señalará día y hora para la vista de la causa, la que se llevará a cabo dentro de los cinco días posteriores a la recepción de la absolución del traslado. En dicho acto, las partes o sus abogados pueden formular informes orales (artículo 93, CPConst.). El pedido de informe oral a la vista de la causa se formula al presidente de la Sala por el abogado patrocinante o la parte que solicite informar sobre hechos. En ningún caso los abogados intervinientes pueden causar el aplazamiento de la vista señalada, pudiendo ser sustituidos en cualquier momento, hasta en el mismo acto del informe oral por otros. La vista de la causa solo se suspende por no conformarse Sala. En tal caso, ese mismo día el presidente dispone una nueva designación para que dicha vista se lleve a cabo dentro de los cinco días hábiles siguientes. Incurre en responsabilidad el magistrado que sin causa justificada ocasiona la suspensión de la vista. Los abogados están obligados a absolver las preguntas y aclaraciones que deseen hacerles los magistrados en el curso de sus informes. El presidente de la Sala llama al orden al informante que exceda los límites del respeto y de la decencia, o si incurre en disgresiones ajenas a los hechos controvertidos, o se excede en el tiempo señalado para el informe. B) Multas

La Sala puede imponer multas a cualquier persona, investida o no de función pública, que incumpla los requerimientos de comportarse con sujeción a lo dispuesto en el artículo 109 del Código Procesal Civil. Este artículo se refiere a los deberes de las partes, abogados y apoderados: 

Proceder con veracidad, veracidad, probidad, lealtad lealtad y buena buena fe en todos sus actos e intervenciones en el proceso; 25

Proceso de Acción Popular _________________________ _____________ _______________________ ______________________ ______________________ _________________________ ______________ 

No actuar temerariamente en el ejercicio de de sus derechos procesales; procesales;



Abstenerse de usar expresiones expresiones descomedidas descomedidas o agraviantes en sus intervenciones;



Guardar el debido respeto respeto al juez, a las partes y a los auxiliares auxiliares de justicia;



Concurrir ante el juez cuando este los cite y acatar sus sus órdenes en en las actuaciones judiciales; y



Prestar al juez su diligente colaboración para las actuaciones procesales, bajo apercibimiento de ser sancionados por inconducta con una multa no menor de tres ni mayor de cinco Unidades de Referencia Procesal (URP).

Los actos efectuados con manifiesto propósito dilatorio o que se asimilen a cualquiera de los casos previstos en el artículo 112 del Código Procesal Civil serán sancionados con una multa no menor de diez ni mayor de cincuenta URP. Dicha sanción no excluye la responsabilidad civil, penal o administrativa que pudiera derivarse del mismo acto. En el mismo sentido, la Ley Orgánica del Poder Judicial dispone que los magistrados sancionan a los abogados que formulen pedidos maliciosos o manifiestamente ilegales, falseen a sabiendas la verdad de los hechos, o no cumplan los deberes en dicha ley. Las sanciones pueden ser de amonestación y multa no menor de una (01) ni mayor de veinte (20) Unidades de Referencia Procesal, así como suspensión en el ejercicio de la profesión hasta por seis meses. Las sanciones son comunicadas a la Presidencia de la Corte Superior y al Colegio de Abogados del Distrito, Judicial respectivo. En la Corte Superior de Justicia de Lima es el Área de Ejecución de Multas de dicha Corte quien se encarga de las labores destinadas a la ejecución del cobro de multas. C) Sentencia de segunda instancia

La Sala de la Corte Suprema dictará sentencia dentro de los diez días posteriores a la vista de la causa, no procediendo contra aquella recurso de casación. En todo caso, deben resolverse en un plazo máximo improrrogable de tres meses calendario, sin perjuicio de la normativa procesal expresa que 26


señale un plazo menor, especialmente en las acciones de garantía. Esta sentencia será publicada íntegramente al día siguiente de su expedición en el mismo medio de comunicación en el que se publicó el auto admisorio. Dicha publicación no sustituye a la notificación de las partes part es (artículo 96, CPConst.). D) Costos del proceso y demandas temerarias

El artículo 97 del Código Procesal Constitucional señala que de ser estimada a demanda, los costos serán asumidos por el Estado. Como se sabe, en los procesos constitucionales el Estado solo puede ser condenado al pago de costos. Pero al mismo tiempo, el Código prevé obligaciones para los potenciales demandantes en una acción popular, pues si la demanda resulta infundada o improcedente, el juez podrá imponerle el pago de los costos, siempre que se haya considerado que incurrió en manifiesta temeridad. Para aquello no expresamente regulado en el Código Procesal Constitucional, los costos se imponen conforme a los artículos 41 O al 419 del Código Procesal Civil que resultan de aplicación supletoria en estos casos.

XIV.- EFECTOS DE DE LA SENTENCIA Las sentencias fundadas podrán determinar la nulidad con efecto retroactivo de las normas impugnadas. En tal Supuesto, la sentencia determinara sus alcances en el tiempo (artículo 81, CPConst.). Esto si resulta ser diferente en los procesos de inconstitucionalidad donde siguiendo el esquema clásico la norma no tiene efectos retroactivos, en cambio en la acción popular el juez, al determinar la nulidad con efectos retroactivos, debe especificar sus alcances en el tiempo. Las sentencias que declaran la ilegalidad o inconstitucionalidad no permiten recibir procesos fenecidos en los que se haya hecho aplicación de las normas declaradas inconstitucionales, salvo que se trate de procesos en los que se ha aplicado normas penales o tributarias (artículo 83, CPConst.).

27


También se declara la inconstitucionalidad o la ilegalidad de aquella norma que por conexión o consecuencia resulte vinculada a la norma cuestionada, aunque ello no forme parte del petitorio constitucional (artículo 78, CPConst.). El

juez

constitucional

puede

fundar

sentencia

de

declaración

de

inconstitucionalidad o ilegalidad en la infracción de cualquier norma constitucional o legal, aunque esta no haya sido invoca expresamente ni en la demanda ni en el transcurso del proceso (artículo VIII del Título Preliminar, CPConst.). La sentencia que declara fundada la demanda impondrá los costos que el juez establezca, que los asumirá el Estado. Si la demanda fuere desestimada, este podrá ordenar al demandante que asuma los cotos cuando estime que incurrió en manifiesta temeridad (artículos 97, CPConst.). La declaración de ilegalidad o inconstitucionalidad de una norma no implica que las disposiciones legales que ella hubiera derogado recobren vigencia (artículo 83, CPConst.). Para que ellos suceda se requerirá que la administración disponga la vigencia de dichas normas infralegales derogadas.

CONCLUSIONES 

La Acción Popular como garantía constitucional cabe definirla como proceso constitucional de tipo jurisdiccional encargado del control constitucional y legal contra las normas reglamentarias o administrativas contrarias a la constitución y a la ley



Desde el punto de vista del Derecho Procesal se denomina acción popular, a la acción judicial por la cual los poderes públicos y, en general, cualquier ciudadano, está legitimado para instar la actuación de la administración de justicia en defensa de intereses i ntereses colectivos o difusos.

28

Proceso de Acción Popular _________________________ _____________ _______________________ ______________________ ______________________ _________________________ ______________ 

El proceso constitucional de Acción Popular se interpone en consecuencia en contra de las normas de inferior jerarquía que la ley, pero que contravengan la Constitución u otras leyes.

 Cualquier

persona está en condiciones y capacidad de interponer la

acción popular, cuando considere que una norma de inferior jerarquía que la ley, vulnera la Constitución u otra ley.  Sustantivamente

la Acción Popular está estrechamente vinculada a la

acción de inconstitucionalidad contra las leyes en la medida que su objeto también es asegurar el orden constitucional objetivo, además del legal pero examinando las normas inferiores a la ley.  Hay

Acción Popular para denunciar los delitos de función y cualquier

otro que cometan los miembros del poder judicial, en ejercicio de sus funciones. 

La contestación deberá cumplir con los mismos requisitos de la demanda, en lo que corresponda. El plazo para contestar la demanda es de diez días.

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LIBROS: 

CODIGO PROCESAL CONSTITUCIONAL CONSTITUCIONAL



CONSTITUCION POLITICA DEL PERU COMENTADO



DICCIONARIO JURIDICO



PROCESOS DE ACCION POPULAR Y COMPETENCIAL – GACETA JURIDICA



CODIGO PROCESAL CONSTITUCIONAL CONSTITUCIONAL COMENTADO



DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL CONSTIT UCIONAL – ABC



DICCIONARIO ILUSTRADO LATIN

30

Trabajo Monografico Accion Popular Mejorado

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