Señor Juez Penal Penal Municip Municipal al de de Bucaram Bucaramanga anga REPARTO REPARTO E. S. D. Yo, XXXXXXXXXXXXXX mayor de edad, identificado como aparece al pie de mi firma, actu actuan ando do en nomb nombre re prop propio io,, acud acudo o a su desp despac acho ho a soli solici cita tarl rle e el ampa amparo ro constitucional establecido en el artículo 86 de la Constitución Política denominado ACCION ACCION DE TUTELA TUTELA en en contra contra de la EPS COOMEVA COOMEVA y/o y/o quien quien correspo corresponda nda a fin de de que se sirva hacer las siguientes o similares: DECLARACIONES
1. Ordenar Ordenar al DIRE DIRECTOR CTOR DE LA EPS COOMEVA COOMEVA y/o y/o quien quien corresp corresponda onda que en el término término de 48 horas autorice autorice los gastos/vi gastos/viátic áticos os (transpor (transporte te intermunicip intermunicipal, al, transporte urbano, alojamiento y alimentación) mío y de un acompañante ( este último de ser necesario, con la debida justificación médica) desde el muni munici cipi pio o de Ocañ Ocaña a a Buca Bucara rama mang nga a (y vice viceve vers rsa) a) mien mientr tras as teng tenga a que que desplazarme de mi lugar de origen a otras ciudades con el fin de recibir tratamiento para la patología de alto costo VIH/Sida que padezco la cual consta en los documentos que se anexan; ya que no puedo sufragar dichos gastos por mi cuenta y tampoco cuento con apoyo familiar en este sentido.
1. Prev Preven enir ir al DIRE DIRECT CTOR OR de la EPS o ARS ARS de que en ning ningún ún caso caso vuel vuelva van n a incurrir en las acciones que dieron mérito a iniciar esta tutela y que si lo hacen serán sancionadas conforme lo dispone el art. 52 del Dcto 2591/91 (arresto, multa, sanciones penales) 2. Ord Ordena enar al FOSYGA SYGA rem rembols bolsar ar a la EPS los los gast gastos os que que rea realice lice en el cumplimiento de esta tutela conforme lo dispuesto por la Corte Constitucional en la sentencia 480/97. PRUEBAS
Documental: 1. Fotocopi Fotocopia a de mi cédula cédula de ciudadan ciudadanía ía 2. Fotocopi Fotocopia a Resumen Resumen de historia historia clínica clínica y demás demás.. HECHOS
1.
Esto Estoy y afi afililiad ado o a la la EPS EPS COOM COOMEV EVA A y requ requie iero ro inte interv rven enci ción ón médi médica ca en un luga lugarr distinto al lugar de origen (vivo en Ocaña).
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2.
La EPS COOMEVA se ha negado a colaborarme con el auxilio de transporte y manutención para la atención del problema de salud que padezco, en una ciudad distinta a mi lugar de origen.
3.
No tengo como sufragar los gastos de transporte y manutención ya que me hallo en estado de extrema pobreza y no cuento con empleo fijo ni con apoyo económico de otros familiares; cada vez que llego a consultas o exámenes en la ciudad de Bucaramanga y me toca obligatoriamente pernoctar varios días (a espera de autorizaciones o realización de exámenes, interconsultas), paso muchas necesidades ya que no tengo como pagar un hospedaje ni dinero para mi manutención y los pasajes intermunicipales, tampoco para los pasajes urbanos.
4.
Será necesario seguir viajando a la ciudad de Bucaramanga para los controles que requiera de acuerdo a mi enfermedad VIH/Sida. FALLOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
JURISPRUDENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL SOBRE PAGOS DE TRANSPORTE
La Corte Constitucional mediante Sentencia T-962/05 se pronunció con relación al tema así: “Suministro de gastos de transporte a los afiliados al régimen subsidiado de salud como medida para garantizar el componente de accesibilidad de su derecho fundamental a la salud
De acuerdo con el literal D del artículo 1° del Acuerdo 72 de 1997 del CNSSS, se encuentran incluidos en el POS-S solamente el transporte de los pacientes hospitalizados por enfermedades consideradas de alto costo y el traslado interinstitucional por urgencia. Por tanto, el trasporte cuyo suministro solicita la tutelante no es, en principio, responsabilidad de la ARS a la que se encuentra afiliada, razón por la cual la Sala debe ocuparse de los casos en los que procede la inaplicación de las normas relativas a la cobertura del POS-S en eventos como el que ahora se estudia. Lo primero que debe mencionarse al respecto es que es obligación de las entidades administradoras del sistema de salud - EPS o ARS – no someter a sus usuarios a tramites internos y burocráticos, y evitar en la medida de sus posibilidades cualquier traumatismo que interfiera en el normal desarrollo de sus tratamientos médicos, lo que incluye la obligación prestar los servicios en los lugares de residencia de sus usuarios, y de no ser ello posible, hacerlo en lugares cercanos. Para sustraerse de estas obligaciones, las EPS y ARS no puede aducir argumentos de tipo presupuestal, pues como de manera reiterada ha sostenido esta Corporación, la garantía de los derechos fundamentales a la salud y a la vida
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no puede dar espera, ni es justo someter a los usuarios a dilaciones que no les son imputables.1 Ahora bien, de no ser posible la prestación de los servicios en los lugares de residencia de los afiliados, la Corte ha señalado que el transporte de éstos hasta los sitios donde podrán recibirlos, en principio, está a cargo del mismo usuario o de sus familiares cercanos, como manifestación del deber de solidaridad que la Carta asigna a los particulares en su artículo 95. 2 No obstante, también ha indicado que en aras de garantizar el derecho fundamental a la salud de los usuarios y, en particular, su componente de accesibilidad 3, el juez de tutela puede ordenar a las EPS o ARS, con cargo a los recursos del FOSYGA o del subsidio a la oferta, según sea el caso, el suministro de pasajes y gastos de manutención y alojamiento en otra localidad, siempre que en el caso concreto advierta las siguientes circunstancias: (i) que se encuentre demostrado que ni el paciente ni su familia cuentan con ingresos suficientes para sufragar el costo del traslado a la localidad donde debe ser suministrado el servicio, (ii) que se encuentre acreditado que la prestación de éste es indispensable para garantizar el derecho a la salud o a la integridad del paciente, y (iii) que pese a haber desplegado todos los esfuerzos exigibles, no existan posibilidades reales y razonables de que la EPS o ARS pueda ofrecer el servicio en el lugar de residencia del usuario. 4
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Ver al respecto la sentencia T-539 de 2003, M.P. Rodrigo Escobar Gil. En este fallo la Corte su ocupó del caso de una afiliada al régimen contributivo que padecía cáncer de páncreas a quien, por tal motivo, sus médicos tratantes le ordenaron la práctica de tac de contraste y una ecografía trasvaginal, así como el suministro de quimioterapia. En vista de que estos servicios no le podían ser prestados en su lugar de residencia – Calarcá – su EPS le informó que debía desplazarse a Manizales y a Bogotá para recibirlos. Sin embargo, la tutelante alegaba que, en primer lugar, dichos exámenes y tratamiento podían prestársele en Armenia, ciudad contigua a su residencia, y que en el evento de que así no fuera, solicitaba se le suministraran los pasajes para desplazarse por no contar con recursos suficientes para sufragarlos. La Corte tuvo que declarar que existía un hecho superado, toda vez que la peticionaria falleció antes del fallo; no obstante, dejó claro que las EPS no podían someter a sus afiliados a tramites innecesarios ni aducir razones de tipo presupuestal para la no celebración de contratos con IPS cercanas a la residencia de sus usuarios para la prestación de los servicios que requieran. Ver en el mismo sentido las sentencias T-797 de 2003, M.P. Rodrigo Escobar Gil y T-745 de 2004, M.P. Manuel José Cepeda. 2 Ver al respecto las sentencias T-900 de 2002, M.P. Alfredo Beltrán Sierra, T-197 de 2003, M.P. Jaime Córdoba Triviño, y T-350 de 2003, M.P. Jaime Córdoba Triviño, entre otras. 3 Sobre el componente de accesibilidad del derecho a la salud, la Corte manifestó en la sentencia T-350 de 2003, lo siguiente: “ Ese derecho, según lo señalado por la jurisprudencia de la Corte, incluye la accesibilidad al servicio, entendida como el ejercicio de las ‘acciones que permiten a las personas acudir a los recursos o servicios ofrecidos. Eso, en materia de seguridad social, implica la posibilidad de llegar y de utilizar tales servicios o recursos. Significa, por consiguiente, que debe existir un enlace entre la accesibilidad y la atención en salud y a la seguridad social’. Por lo tanto, la accesibilidad y el acceso al servicio público de salud son un todo inescindible, siendo posible el amparo constitucional del derecho en aquellos casos donde se acredite al imposibilidad objetiva del suministro de los medios suficientes y adecuados para hacer uso de la atención asistencial”. 4 Ver al respecto las sentencias T-467 de 2002, M.P. Eduardo Montealegre Lynett, T-900 de 2002, M.P. Alfredo Beltrán Sierra, T-197 de 2003, M.P. Jaime Córdoba Triviño, T-350 de 2003, M.P. Jaime Córdoba Triviño, T-739 de 2004, M.P. Jaime Córdoba Triviño, T-004 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño y T-408 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño, entre otras. 3
Así, por ejemplo, en la sentencia T-197 de 2003, M.P. Jaime Córdoba Triviño, la Corte concedió el amparo solicitado por un beneficiario del régimen contributivo que padecía crisis epilépticas multifocales desde los 14 meses de edad, y quien debía desplazarse hasta la ciudad de Cartagena para recibir atención especializada en la Fundación Instituto para la Rehabilitación de la Epilepsia, toda vez que el tratamiento que se le había suministrado en su municipio no había surtido los resultados esperados. Esta Corporación entonces encontró, por una parte, que el peticionario era una persona discapacitada que no podía desplazarse sólo hasta el lugar donde se le realizaría el nuevo tratamiento, y, por otra, que su familia carecía de recursos para hacerse cargo de su traslado junto con un acompañante. Por estas razones, en vista de la importancia que revestía la atención médica que se reclamaba, la Corte ordenó a la EPS suministrar los pasajes, con posibilidad de repetir contra el FOSYGA. Luego, en la sentencia T-797 de 2003, M.P. Rodrigo Escobar Gil, la Corte se ocupó del caso de una afiliada al régimen contributivo residente en Valledupar, que padecía enfermedad de hodgkin y que requería de manera urgente valoración oncológica y la práctica de quimioterapias. La EPS a la que se encontraba afiliada no tenía contrato con ninguna IPS que pudiera suministrar estos servicios en su lugar de residencia, por lo que había sido remitida a otra ciudad. En tanto la tutelante no contaba con recursos para sufragar su traslado y, por otro lado, dado su grave estado de salud y la urgencia de las quimioterapias, la Corte ordenó a la EPS celebrar un contrato con una IPS de Valledupar que pudiera practicar el tratamiento o, en su defecto, sufragar el traslado y los gastos de alojamiento de la demandante en la ciudad a la que fuera remitida. Por último, en la sentencia T-745 de 2004, M.P. Manuel José Cepeda, la Corte ordenó a la Secretaría de Salud del Departamento del Tolima contratar una IPS en la ciudad de Ibagué que pudiera suministrar las sesiones de quimioterapia que la menor tutelante – vinculada al sistema de salud - requería de manera urgente, o, en su defecto, sufragar el costo de los pasajes de ésta y su acompañante a la ciudad donde se le pudiera suministrar el servicio. En necesario resaltar que, de acuerdo con la jurisprudencia de esta Corporación, las EPS o ARS también están obligadas a cubrir el costo de los pasajes de los acompañantes de los pacientes que deban trasladarse a otra localidad para recibir atención médica, por su puesto, con cargo a los recursos públicos, cuando además de reunirse los requisitos antes mencionados, el juez de conocimiento advierta que el paciente no puede valerse por sí mismo ni está en capacidad de viajar sólo, como ocurre en el caso de los menores de edad y los discapacitados.
Es por ellos que en las sentencias T-295 de 2003, M.P. Manuel José Cepeda Espinoza, y T-350 de 2003, M.P. Jaime Córdoba Triviño, la Corte ordenó a las EPS a las que se encontraban afiliados los menores accionantes residentes en la ciudad de Leticia y quienes padecían síndrome de down y síndrome de west, respectivamente, suministrar tiquetes aéreos a sus acompañantes con el objeto de que los menores pudieran desplazarse a la ciudad de Bogotá para recibir controles médicos especializados.”
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DERECHOS VIOLADOS
De lo narrado se establece la violación a los siguientes Derechos Fundamentales consagrados en la Constitución Política y en Tratados Internacionales que versan sobre Derechos Humanos y que conforme lo ordena en art. 93 de nuestra Carta prevalecen sobre el orden interno y que los derechos y deberes consagrados en nuestra Constitución deben interpretarse conforme a los Tratados Internacionales ratificados por nuestro país. PRIMERO: DERECHO A UN ADECUADO NIVEL DE VIDA
Este derecho fundamental se encuentra consagrado en el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos que, conforme lo dispuesto por el Art. 93 y 94 de la Constitución prevalece sobre el orden interno y la enunciación de derechos y garantías contenidos en nuestra Constitución y Convenios Internacionales no debe entenderse como negación de otros que son inherentes a la persona humana, así no figuren expresamente. El Art. 25 reza: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar , y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios ...” (subrayas y negrillas no originales) Para nuestro caso se ha violado este derecho en virtud a que la entidad se niega a brindar el auxilio de transporte y manutención, convirtiéndose esto en una barrera para el acceso a los servicios de salud. SEGUNDO: DERECHO A LA VIDA EN CONEXIDAD CON LA SALUD Y LA SEGURIDAD SOCIAL
Consagrado así: En la Constitución Política de Colombia en el Art. 11. En la Declaración Universal de Derechos Humanos en el Art. 3. En el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el Art. 6. En la Convención Americana Sobre Derechos Humanos en el art. 4 Este derecho se viola en forma indirecta. Al no poderme desplazar para recibir atención médica en otra ciudad distinta al lugar de origen, habrá una barrera que limite el pleno goce de mi derecho a la vida. El derecho a la salud y seguridad social se encuentran así: - En la Constitución Política de Colombia en los arts. 47, 48 y 49. 5
- En la Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 22 - En el Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales, art.9 y 10 h, 12 Y 14.2.B. - En la Convención Americana de Sobre Derechos Humanos, art.26. TERCERO: LA IGUALDAD
Consagrado así: En la Constitución Política de Colombia en el art. 13, en la Declaración Universal de Derechos Humanos en el art. 2, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en el art. 3, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el art. 3, en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos en el art. 24. Se violó este derecho, ya que a algunas personas afiliada a la misma EPS si les están costeando el trasporte y la manutención, tanto del paciente como de su acompañante (de requerirlo). CUMPLIMIENTO ART. 37 DCTO 2591/91: JURAMENTO
Manifiesto bajo juramento que no he presentado ninguna otra acción de tutela por negación de gastos/viáticos. PETICIONES
Ordenar al DIRECTOR DE LA EPS COOMEVA y/o quien corresponda que en el término de 48 horas autorice los gastos/viáticos (transporte intermunicipal, transporte urbano, alojamiento y alimentación) mío y de un acompañante ( este último de ser necesario, con la debida justificación médica) desde el municipio de Ocaña a Bucaramanga y viceversa mientras tenga que desplazarme de mi lugar de origen a otras ciudades con el fin de recibir tratamiento para la patología de alto costo VIH/Sida que padezco la cual consta en los documentos que se anexan. Ya que no puedo sufragar ∗
dichos gastos por mí cuenta y tampoco cuento con apoyo familiar en este sentido.
NOTIFICACIONES •
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Puedo ser notificado en _____________________________
la
ciudad
de
Bucaramanga
en:
A la EPS COOMEVA en: Carrera 34 No. 44 80, Bucaramanga. Teléfono: 6435555
Alojamiento y manutención si así fuera el caso, cuando me toque obligatoriamente pernoctar varios días a espera de autorizaciones o realización de exámenes, interconsultas. ∗
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Instrucciones - recomendaciones SÁQUELE UNA SOLA COPIA A ESTA HOJA YA QUE ES SOLO PARA USTED, NO PARA PRESENTAR EN EL JUZGADO: 1. 2. 3. 4. 5.
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7.
8.
9. 10. 11.
Sacar 3 fotocopias del texto de tutela y 4 de los documentos relacionados en el capítulo de pruebas documentales. Llevar el texto de la tutela y sus anexos en original y tres copias al Palacio de Justicia. Horario 8 a.m. a 4 p.m. días hábiles. Ese mismo día le informan a que juzgado le corresponde conocer su caso. El juzgado tiene 10 días hábiles para resolver, a partir del recibo de la tutela. Si la tutela sale a favor REVISE que todo lo que expidió en donde dice PRETENSIONES sea lo mismo que ordene el juzgado. De no ser asi, dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación debe presentar un escrito (memorial) al juzgado pudiendo que el fallo sea ADICIONADO. Si la tutela es negada se presenta un escrito dirigido al Juzgado que conoce inicialmente del caso diciendo IMPUGNO EL FALLO. Si la persona desea, puede decir las razones por las cuales esta en desacuerdo con el juzgado, es decir puede decir: Manifiesto que impugno el fallo. Lo anterior debido a que 1. 2. 3. Etcétera. Hay que tener en cuenta cuales fueron las razones que tuvo el juez para negar y atacarlas. Igualmente lo que respondió la ARS, ARS o ESE. Cuando un fallo es impugnado, corresponde al Tribunal (O a la segunda instancia), es decir al juez o tribunal que jerárquicamente sigue en grado al juzgado que dictó la sentencia de primera instancia, decidir. Allí hacen un análisis del caso y dictan una segunda sentencia que es DEFINITIVA. Todas las tutelas del país van a la Corte Constitucional para una eventual revisión. Como su nombre lo dice eventual, no significa seguridad. En la Corte hacen un resumen de la tutela y al igual que todas las que llegan pasa a unos abogados encargados de decidir que casos revisan y cuales no. Si el caso es revisado, nuevamente se tiene una oportunidad para que confirmen o revoquen la decisión. Si una tutela es tomada en revisión se aconseja a la persona que pase un escrito al magistrado que tiene el caso en estudio para pedirle que la conceda, expresando los motivos por los cuales debe hacerlo. Si la tutela no es revisada, se devuelve al Juzgado que inicialmente conoció del asunto, para que el juez se encargue de su cumplimiento.
Cuando se tenga el fallo definitivo que tutele sus derechos, es necesario sacar una fotocopia del mismo para llevar a la entidad demandada. Recomendamos que la persona deje otra copia para su archivo.
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